Labor Parlamentaria

Con los dos que siguen, los señores Morales y Maira, comunican que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días.

Con la última, el Diputado señor Duberildo Jaque renuncia al Comité Radical y se incorpora al Comité de Izquierda Radical.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Es para el Supremo Gobierno del más alto interés destacar como ejemplo para la juventud de la Patria, la gesta naval en que le cupo destacada actuación al ilustre marino Carlos Condell.

Por ello, haciéndose eco del deseo del cuerpo docente, Centro de Padres y Alumnos de la Escuela Mixta Nº 403 de esta ciudad, se presenta ante el Honorable Congreso para ser incluido en la actual Convocatoria, con carácter de urgencia en todos sus trámites, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Desígnase con el nombre de Carlos Condell a la Escuela Básica Mixta Nº 403 de esta ciudad.

(Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Alejandro Ríos Valdivia.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El artículo Nº 114 del Decreto con Fuerza de Ley (G) Nº 1, de 1968, en sus letras c) y d) se remite, en cuanto a los beneficios allí contemplados, a la ley aplicable al personal de la Administración Civil del Estado, estableciendo que éstos regirán en las instituciones de la Defensa Nacional de acuerdo a sus propias modalidades. La ley Nº 17. 654, que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores Público y Privado para el presente año dispone, en su artículo N° 3, que estos beneficios y otros análogos, de cualquiera naturaleza y que sean porcentajes del sueldo, se aplicarán sobre el sueldo reajustado desde el primero de enero de 1972.

La Ley Nº 17. 638, de 7 de abril pasado, que estableció la nueva Escala de Sueldos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, no incluyó entre sus disposiciones una norma de tenor similar a la que se ha hecho referencia, produciéndose así una discriminación en la forma de calcular estos beneficios y su correspondiente percepción. Se estima que es de toda justicia solucionar el problema a que se ha hecho mención, en el sentido de que tanto el personal civil como el dependiente del Ministerio de Defensa Nacional disfrute de estos emolumentos calculados en la misma forma y cancelados a contar de la misma fecha.

En mérito de lo expuesto, y consciente el Ejecutivo de la importancia que tiene la materia analizada precedentemente, viene en someter a vuestra consideración para ser tratado en el actual período de sesiones y con la urgencia que esa Honorable Cámara quiera tener a bien dispensarle, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase al artículo 3° de la Ley Nº 17. 638 de 7 de abril de 1972, el siguiente inciso 3º:

La gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que sean porcentajes del sueldo, se aplicarán sobre el sueldo reajustado desde el 1º de enero de 1972.

(Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

En diversas oportunidades, el Gobierno ha sometido a la consideración del Honorable Congreso iniciativas tendientes a normalizar la situación de algunos grupos de trabajadores que, por diversas causas, han resultado quedar afectos a estatutos, regímenes previsionales o beneficios remuneratorios distintos, sin razón alguna que lo justifique. En esta ocasión, y dentro de igual finalidad, se proyecta dar solución al problema creado años atrás a funcionarios que, por permuta, fueron trasladados desde el Servicio Nacional de Salud al Servicio de Seguro Social. Dichos funcionarios, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República, pasaron a gozar de las remuneraciones asignadas a sus nuevos empleos, con prescindencia de las que percibían en los cargos de origen al momento de permutar. Tal circunstancia, indudablemente, los ha perjudicado, por lo que el Gobierno estima que debe normalizar esta situación, reestableciéndoles sus derechos, merced a una iniciativa que así lo consagre y limitada en cuanto a sus efectos, a los verdaderamente afectados -aquellos funcionarios que permutaron- con anterioridad al 14 de enero de 1961, fecha del primer dictamen de la Contraloría General de la República- y que se encuentran actualmente en funciones.

Por las consideraciones expuestas vengo en someter a la aprobación del H. Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que los ex funcionarios del Servicio Nacional de Salud, que por permuta efectuada con anterioridad al 14 de enero de 1961 quedaron incorporados en la Planta del Servicio de Seguro Social, y que se encuentran actualmente en funciones, han tenido y mantienen el derecho a gozar de las remuneraciones que percibían en el Servicio Nacional de Salud a la época de su incorporación, incluyéndose lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Nº 10. 343, desde el año 1954.

Santiago, 16 de junio de 1972. (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Don Abdón Andrade Coloma, ex Rector fallecido del Liceo Coeducacional de La Unión prestó a la educación pública de Chile abnegados servicios desarrollando una vasta labor docente.

A través de su desempeño funcionario el señor Andrade demostró un celo ejemplar en el cumplimiento de sus labores educativas con unánime aplauso de los que fueron sus jefes, compañeros y alumnos, sellando sus actividades como rector del Liceo Coeducacional de La Unión, plantel que, gracias a sus desvelos alcanzó un alto nivel.

Por las consideraciones precedentes el Supremo Gobierno hace suya la aspiración de un gran sector de la ciudadanía de La Unión y somete a la consideración de esa H. Corporación el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo Único.- Otórgase al Liceo Coeducacional de La Unión el nombre de Abdón Andrade Coloma.

(Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Alejandro Ríos Valdivia.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

En General Subdirector de Carabineros (R) don Voltaire Villanueva Donfel fue llamado a retiro temporal con fecha 28 de julio de 1954, computando, hasta esa fecha 29 años, 5 meses y 3 días de servicios. En ese mismo año, 1954, la Caja de

Previsión de Carabineros de Chile le reconoció un período de afiliación y desafiliación como empleado particular de 15 meses, por servicios prestados entre los años 1925 y 1926.

Actualmente el General (R) señor Villanueva goza de una pensión de retiro equivalente a la 1% Categoría con cinco quinquenios, sin que haya sido posible incorporar a su pensión la percepción del sexto quinquenio.

Considerando que el General (R) don Valtaire Villanueva Donfel ha sufrido en el último tiempo de una grave afección cardíaca que lo ha obligado a someterse a más de cinco intervenciones quirúrgicas y siendo de justicia reconocerle el tiempo servido como empleado particular, es que vengo a proponer al H. Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Reconócese al General Subdirector de Carabineros en retiro don Valtaire Villanueva Dolfel, el período de afiliación comprendido entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 1925, y el de desafiliación comprendido entre el 1º de diciembre de 1925 y el 31 de marzo de 1926, para los efectos de la ley Nº 10. 986 y, especialmente, para los del artículo 6º de la ley Nº 15. 575.

El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al Item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Santiago, 27 de junio de 1972.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con fecha 4 de noviembre de 1971 se suscribió en Santiago, entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Socialista de Checoslovaquia, un Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica.

Como es sabido, Checoslovaquia ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico, lo que le permite dedicar una importante porcentaje de sus recursos a la investigación científica y técnica. De ahí que dicho país goza de gran prestigio internacional en este campo.

Para los planes nacionales de investigación científico-técnica, ligados al programa general de desarrollo de nuestra economía, es de clara conveniencia contar con la cooperación de países de tecnología avanzada, como Checoslovaquia, que ha alcanzado grandes progresos principalmente en lo que respecta a la construcción de maquinaria industrial y de vehículos motorizados, la tecnología de alimentos, la producción de cristales y en otros rubros.

El Convenio que se somete a la consideración de Vuestras Señorías tiende precisamente a reglamentar la amplia cooperación científico-técnica que dicho país puede prestar al nuestro.

El Convenio en referencia consta de 9 artículos y desde un punto de vista técnico se ajusta en su estructura a los nuevos Convenios de Cooperación Científico-Técnica que se han suscrito con diferentes países de Europa occidental y oriental.

La cooperación prevista en el Convenio se refiere a la prospección conjunta de recursos naturales: a la creación de centros de perfeccionamiento; al intercambio de expertos, equipos y maquinarias; al otorgamiento de becas; al estudio conjunto de proyectos; y a la transferencia de tecnologías.

El artículo 3º establece que la asistencia técnica en las áreas mencionadas, se concretará a través de Acuerdos Complementarios, es decir, sigue el procedimiento tradicional en estas materias, cual es de suscribir un Convenio marco como el que se somete a consideración de Vuestras Señorías, y luego Convenios Complementarlos de carácter operativo directamente con los organismos nacionales que recibirán asistencia técnica.

El artículo 6º otorga a los expertos checoslovacos las mismas franquicias que concede la legislación chilena a los expertos de Naciones Unidas.

El Convenio asigna gran importancia al funcionamiento de la Comisión Mixta Chileno-Checoslovaca, creada en virtud del artículo 9º del Convenio Comercial, suscrito con ese país en la misma fecha que el presente Convenio, estableciendo que el Programa de realización de la cooperación científica técnica será fijado anualmente por las Partes en dicha Comisión Mixta.

En atención a las razones expuestas, es que vengo en someter a la consideración de Vuestras Señorías el siguiente proyecto de acuerdo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 N. os 5 y 16 de la Constitución Política del Estado:

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, suscrito en Santiago el 4 de noviembre de 1971.

20 de junio.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Clodomiro Almeyda Medina.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con fecha 4 de noviembre de 1971 los Gobiernos de Chile y de la República Socialista de Checoslovaquia suscribieron en Santiago un Convenio Comercial.

La suscripción de este Convenio representa una nueva manifestación de la política del Gobierno tendiente a estrechar e intensificar las relaciones de Chile con todos los países del mundo.

Este acuerdo se basa principalmente en el deseo de ambas partes contratantes de incrementar sus relaciones comerciales, a fin de lograr sobre la base del beneficio mutuo, un sustancial aumento del intercambio recíproco.

Asimismo, una de las razones básicas que el Gobierno ha tenido en cuenta para formalizar un acuerdo de esta naturaleza con la República Socialista de Checoslovaquia, radica en la necesidad de contar con la cooperación checoslovaca para el desarrollo industrial de Chile. En efecto, debido al gran adelanto logrado por ese país en lo relativo a la industria de maquinarias y equipos y otros productos, su experiencia puede ser de gran utilidad para nuestro desarrollo industrial.

En concordancia con este propósito, en el artículo noveno letra d) del Convenio se ha incluido una disposición que señala que ambas partes estudiarán Las posibilidades de cooperación para el establecimiento de industrias en Chile, de acuerdo con los programas de desarrollo y la política industrial de ese país, agregando que se contemplará también la posibilidad de exportaciones chilenas hacia Checoslovaquia de productos de empresas constituidas como resultado de dicha cooperación.

Por otra parte es preciso mencionar que en este instrumento las partes contratantes acuerdan concederse mutuamente el trata de la nación más favorecida en lo que se refiere a gravámenes y otros impuestos que afecten la importación de mercaderías, así como en lo relativo a las reglamentaciones y formalidades administrativas que apliquen en su comercio con cualquier otro país.

Además, digno de destacarse en el Convenio que se somete a la consideración de Vuestras Señorías, resulta la disposición por medio de la cual ambas partes propician que las corrientes de exportación de Chile a Checoslovaquia estén constituidas, en una proporción creciente, por artículos manufacturados y semielaborados de interés para la República Socialista de Checoslovaquia.

Otra de las estipulaciones del acuerdo que debe subrayarse es aquella contemplada en el artículo noveno, por medio de la cual se crea una Comisión Mixta Intergubernamental constituida por representantes de ambos países designadas expresamente para tal efecto. Dicha Comisión tiene por objeto promover el desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países; evaluar e impulsar el desarrollo del intercambio comercial y fomentar la colaboración científica y tecnológica.

Finalmente, es necesario tener presente la cláusula que establece que los productos que sean objeto del intercambio comercial entre los dos países estarán sujetos a las condiciones de precio y de calidad internacionales.

Por las razones expuestas, que demuestran la importancia del Convenio en referencia para el interés de Chile, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 Nº 5 y 72 Nº 16 de la Constitución Política del Estado, vengo en someter a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Comercial suscrito entre Chile y la República Socialista de Checoslovaquia, en Santiago el día 4 de noviembre de 1971.

(Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Clodomiro Almeyda Medina.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Como es del conocimiento de Vuestras Señorías, el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) suscribieron, el 23 de abril de 1971, un acuerdo internacional por el que se creó el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el cual expirará el 31 de diciembre de 1976. Al darle vida a este proyecto se tuvo en cuenta que los programas de producción y distribución de libros se encuentran en un estado de deficiente desarrollo en los países latinoamericanos, con una industria que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas sobre la materia, pese al creciente aumento de la población.

El Centro tendrá su sede en Bogotá, pero podrá extender sus programas a los países de América Latina y procurará descentralizar sus actividades. En su constitución se establece que serán miembros activos del mismo, con derecho pleno, todos los países de América Latina, de unidad lingüística hispánica, cuyos Gobiernos hayan manifestado al Gobierno (de Colombia), la voluntad de participar en las actividades del Centro.

Entre sus finalidades principales se cuentan las siguientes:

A.- Coordinar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas de la región que estén orientadas a la producción, difusión y distribución del libro en Latinoamérica. B.- Lograr el desarrollo y la armonización del Mercado del Libro en dicha zona. C.- Compilar las estadísticas y la documentación relativa a la producción, distribución y demanda de libros en los países de la región. D.- Hacer los estudios respectivos a fin de recomendar la estrategia más adecuada para la promoción de la lectura en dicha zona del continente. E.- Realizar estudios relativos a los derechos de autor, con una visión global y práctica, a fin de que no suceda, como ahora está aconteciendo, que por leyes inconsultas sobre la materia (y destinadas a proteger a los autores), se les está perjudicando, por cuanto han hecho imposible la confección de grandes antologías o recopilaciones. F.- Desarrollar planes para la formación de profesionales en las industrias gráficas y editoriales y expertos en la distribución de libros. G.- Fortalecer los servicios de bibliotecas escolares y públicas y promover la formación de bibliotecarios.

En cuanto a los bienes del Centro se concede inmunidad de jurisdicción para los mismos, la inviolabilidad de sus locales y archivos, el derecho a llevar sus cuentas en la moneda que deseen, la exención de impuestos directos y de derechos de aduana; y para los representantes de los Estados miembros que participen en el Consejo o el Comité Ejecutivo del Centro, las mismas franquicias contempladas en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947. Del mismo modo, el Director y el Subdirector del Centro, como sus familiares, gozarán de las franquicias e inmunidades que otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Si se tiene en cuenta que el citado instrumento contiene valiosos elementos destinados a fortificar, no sólo al Pacto Andino, sino que a todos los países de habla hispana del continente en lo que concierne a la producción y distribución de libros propugnando de esta manera a la integración cultural latinoamericana. El Gobierno de la República considera que este acuerdo suscrito por Colombia y la UNESCO, constituye un paso importante en el camino de una seria difusión del libro y de la cultura. El Gobierno de la República estima conveniente y beneficioso adherir a él.

Consultado el Ministerio de Educación, ha expresado su conformidad con tal medida. En cuanto a la contribución económica de Chile al proyecto que nos ocupa, ella ha sido fijada, provisionalmente, en dos mil quientos dólares anuales. Puedo informar a Vuestras Señorías que, recientemente, el 14 de diciembre de 1971, el Presidente de la República de Colombia promulgó la ley que puso en vigencia dicho acuerdo, y que ya han adherido también a él la República Argentina, la República Dominicana y el Uruguay.

Por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de los artículos 45, Nºs 3 y 72, Nº 16 de la Constitución Política del

Estado, vengo en someter a la consideración de Vuestras Señorías, el siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Colombia y la UNESCO relativo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina.

Santiago, 22 de junio de 1972.

(Fdo. ): Salvador Allende G.- Clodomiro Almeyda M.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con fecha 8 de julio de 1971, el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Rumania suscribieron en Bucarest un Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. Este Convenio fue acordado con motivo del viaje a Rumania de una Misión Comercial chilena, destinada a desarrollar la cooperación económica y el intercambio comercial entre los dos países.

A través de conversaciones sostenidas por dicha Comisión, pudo comprobarse la importancia que reviste la cooperación rumana para nuestro país en diversos campos, tales como la comercialización de los productos forestales, los diferentes aspectos de la producción de la industria química y de fertilizantes fosfóricos y nitrogenados.

El Convenio en referencia, que consta de once artículos, se ajusta en su estructura, desde un punto de vista técnico, a recientes Convenios de Cooperación Científico-Técnica, que se han suscrito con países de economía de mercado, así como con otros países de economía centralizada.

Los artículos 1º y 2º señalan los objetivos que debe perseguir la asistencia técnica entre los dos países en las áreas que ambos reconozcan como de interés; y en ellos se señala que la cooperación científico-técnica debe referirse en especial a la realización conjunta de investigaciones y de experimentos; al intercambio de expertos, equipos e instrumentos; al otorgamiento de becas; a la exploración conjunta de ciertos recursos naturales; a la organización de centros de entrenamiento y de perfeccionamiento profesional; al intercambio de información y documentación; al intercambio de experiencia en el campo de la investigación científica y técnica.

El artículo 3º establece que la asistencia técnica se concretará a través de acuerdos complementarios, es decir, sigue el procedimiento tradicional en estas materias, cual es el de suscribir un Convenio marco, como el que se somete a consideración de Vuestras Señorías, y luego convenios complementarios de carácter operativo directamente con los organismos nacionales que recibirán la asistencia técnica.

El artículo 6º otorga recíprocamente a los expertos todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se incluyen algunas franquicias aduaneras.

El Convenio dispone además la creación de una Comisión Mixta de Cooperación Científico y Técnica, que se reunirá anualmente con el objeto de fijar los programas periódicos de actividades y evaluarlos.

En atención a las razones expuestas, es que vengo a someter a la consideración de Vuestras Señorías el siguiente proyecto de acuerdo, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 43 Nºs 5 y 72 Nº 16 de la Constitución Política del Estado:

Artículo único.- Apruébase el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Rumania, suscrito en Buca-rest el 8 de julio de 1971..

Santiago, 9 de junio de 1972.

(Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González. .

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El D. F. L. Nº 3, publicado en el Diario Oficial de 31 de agosto de 1968, fijó nuevas remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Entre los sobresueldos que conforman estas remuneraciones se contempla un porcentaje adicional, fluctuando entre un 10 y un 20%, en beneficio del personal que presta servicios en especialidades peligrosas o nocivas para la salud. El Ejecutivo considera de justicia extender este beneficio a los personales médicos y para-médicos que prestan servicios en el Laboratorio Médico y en el Servicio de Rayos X de la Caja de Carabineros, ya que en la actualidad carecen de él. Por estas consideraciones, vengo en proponer al Honorable Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- El beneficio establecido en la letra e) del artículo 11 del D. F. L. Nº 3, de 6 de agosto de 1968, será aplicable también al personal de médicos, técnicos laborantes, practicantes y auxiliares que prestan sus servicios en el Laboratorio Médico de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, como asimismo a los médicos, técnicos laborantes y auxiliares del Servicio de Rayos X de la misma Institución por sus actividades peligrosas y nocivas para la salud.

El gasto que demande la aplicación de este artículo será de cargo a los fondos que para los Servicios de Medicina Preventiva se consultan en el Presupuesto anual de la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile.

Santiago, 20 de junio de 1972.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La Corporación de Servicios Habitacionales, creada en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la ley Nº 16. 391, de fecha 16 de diciembre de 1965, cuenta entre su personal de empleados, por así disponerlo expresamente el artículo 35, a quienes prestaban servicios en la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y, además, a aquellos que con anterioridad a la indicada fecha tenían la calidad de empleados contratados por la Corporación de la Vivienda y que ingresaron a sus plantas.

Los primeros, por así disponerlo en forma expresa el artículo 47 de la citada ley, conservaron la condición jurídica y el régimen previsional de que gozaban a la sazón, esto es, el régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Los segundos, por el contrario, y como consecuencia de la declaración contenida en la ley Nº 17. 300 en el sentido de que no recibía aplicación a su respecto la norma del citado artículo 47 de la ley Nº 16. 391, debieron pasar a depender del régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a contar desde la fecha en que se incorporaron a las plantas de la Corporación de Servicios Habitacionales, salvo quienes, en uso de la facultad concedida por el artículo 3º de la primera de las leyes citadas, optaron por mantener la afiliación que, a esa fecha, tenían en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

No obstante, como quiera que la ley N° 17. 300 se dictó con fecha 2 de agosto de 1970, en el lapso intermedio la Corporación de Servicios Habitacionales hizo las correspondientes imposiciones en la Caja de Previsión de Empleados Particulares y sólo superó la situación producida en el mes de julio de 1971.

Las imposiciones cotizadas en la Caja de Previsión de Empleados Particulares respecto del personal que, en mérito a las disposiciones de la ley Nº 17. 300, debió pasar a depender del régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, son, pues, indebidas.

De lo anterior se infiere que el personal de la Corporación de Servicios Habitacionales tiene un doble régimen de previsión: el de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para quienes provenían de la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y para los empleados particulares contratados por la Corporación de la Vivienda con anterioridad al 16 de diciembre de 1965 que hicieron uso del derecho de opción consagrado en el artículo 3º de la ley Nº 17. 300 y el de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para aquellos de estos funcionarios que no hicieron uso de tal facultad, incluidos quienes han ingresado a la referida Corporación con posterioridad al 16 de diciembre de 1965.

Pues bien, la iniciativa legal que someto a vuestra consideración tiende, en primer término, a superar los problemas creados por la aplicación de la ley Nº17. 300 y, al mismo tiempo, pretende unificar el régimen de previsión del personal de la Corporación de Servicios Habitacionales.

Se deja, no obstante, a salvo la posibilidad de que aquellos funcionarios que así lo deseen, puedan optar por mantener su actual afiliación a la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

En segundo lugar, mediante esta iniciativa legal, se pretende sancionar, definitiva e irrevocablemente, el depósito de imposiciones que, en forma indebida y por las razones expuestas, se hizo en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con el propósito de evitar el traspaso de las mismas a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, esto es, para superar las consecuencias distorsionadoras que todo traspaso de imposiciones trae consigo.

En igual forma, esta iniciativa legal ha debido abordar el problema que se creará al personal de la Corporación de Servicios Habitacionales con motivo del cambio de régimen de previsión y es así como se propicia la idea de liberar al personal que ingresó o que ingrese al régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas de la obligación de cotizar la imposición que se establece en el artículo 14, letra d), del D. F. L. Nº 1. 340 bis.

Este tratamiento de excepción se justifica si se tiene presente que, de acuerdo con la citada disposición, están sujetos a esta imposición quienes no la han sufrido con anterioridad, cosa que no ocurre con este personal, ya que al ingresar al régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares debieron, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26 del decreto Nº 357, de 1925, cotizar en ella la mitad del primer mes de sueldo.

No es posible olvidar, tampoco, que este cambio de régimen se encuentra determinado por la ley, de manera que estos funcionarios, sin que haya ley que los faculte, no podrían excepcionarse de dar cumplimiento a una norma imperativa en tal sentido.

Además, cabe destacar que el solo cambio de régimen de previsión implicará para este personal entrar a cotizar una imposición personal mayor que aquella a que están obligados en la actualidad. En efecto, el depósito que, por este concepto, deben hacer en la Caja de Previsión de Empleados Particulares asciende a un 13, 8325%, en tanto que en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas éste implica un 18, 75%.

Finalmente, se legisla en relación con el desahucio en favor de aquellos funcionarios a quienes les resulta actualmente aplicable la norma contenida en el artículo 11 del D. F. L. Nº 56, de 1960, esto es, en relación con aquellos a cuyo respecto se aplican las disposiciones que, sobre esta materia, se contienen en el D. F. L. Nº 338, de 1960, y, al efecto, se reconoce el lapso que media entre el 16 de diciembre de 1965 y la fecha en que pasaron o pasen, según sea el caso, a depender del régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Para los efectos de determinar el monto de las imposiciones que deban integrarse por este concepto, se- aplica un procedimiento semejante al que opera-, por disposición del D. F. L. Nº 2, de 1970, respecto del personal de empleados semifiscales que en él se indican.

Por las consideraciones expuestas, pues, y con el solo propósito de superar un problema que se hace más grave a medida que el tiempo transcurre, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Los funcionarios de la Corporación de Servicios Habitacionales proveniente de la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social y los empleados particulares contratados por la Corporación de la Vivienda con anterioridad al 16 de diciembre de 1965, que pasaron a integrar sus plantas con motivo de la dictación y vigencia de la ley Nº 16. 391 y que imponen en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, quedarán afectos al régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas a contar desde el 1º del cuarto mes siguiente al de la publicación de la presente ley.

Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los funcionarios que deseen mantener su actual afiliación al régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, tendrán un plazo de tres meses contado desde el 1º del mes siguiente al de la publicación de la presente ley para manifestar su voluntad en tal sentido.

El solo transcurso del plazo indicado, sin que se ejerza esta facultad, será suficiente para que opere el cambio de régimen que se dispone en el artículo primero.

Artículo 3º.- Se mantendrán en la Caja de Previsión de Empleados Particulares las imposiciones cotizadas en ella respecto del personal a que se refiere el artículo primero.

Artículo 4º.- El personal de la Corporación de Servicios Habitacionales que haya ingresado al régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas con motivo de la dictación y vigencia de la ley Nº 17. 300 o que ingrese a él en virtud de lo dispuesto en esta ley, quedará exento de cotizar la imposición establecida en el artículo 14, letra d), del D. F. L. Nº 1. 340 bis, de 1930.

Artículo 5º.- Los funcionarios de la Corporación de Servicios Habitacionales indicados en los artículos anteriores a quienes se aplique la disposición del artículo 11 del D. F. L. Nº 56 de 1960, esto es, los empleados afectos a las disposiciones del D. F. L. Nº 338 sobre jubilación y desahucio, a cuyo respecto no se haya efectuado la cotización del 6% al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, deberán efectuarla por el lapso que media entre el 16 de diciembre de 1965 y la fecha en que pasaron o pasen, según sea el caso, a depender del régimen de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, sin perjuicio de continuar haciéndola en el futuro.

Las imposiciones que los interesados deban integrar por este concepto respecto de los años de servicios anteriores prestados en esta calidad entre las fechas que se han indicado, se descontarán del respectivo desahucio. Para estos efectos, tales imposiciones se calcularán aplicando la tasa del 6%, tomando como base imponible la remuneración que se considera para otorgar el beneficio y presumiéndose que el interesado ha gozado de rentas inferiores según una escala decreciente de un 4% por año.

Santiago, 20 de junio de 1972.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 541.- Santiago, 23 de junio de 1972.- Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre Transporte Aéreo suscrito con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (Boletín Nº 989-72-1 de la Honorable Cámara de Diputados).

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Hernán del Canto Riquelme.

OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 542.- Santiago, 23 de junio de 1972.- Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, he resuelto conceder el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite al proyecto de ley que beneficia por gracia, a doña Maria Georgina Quitral Espinoza (Rayen Quitral), pendiente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo. ): Salvador Allende Gossens.- Hernán del Canto Riquelme.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13380.- Santiago, 21 de junio de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales, según corresponda, otorgarán gratuitamente títulos definitivos de dominio a los actuales ocupantes de los terrenos y viviendas que integran las siguientes poblaciones de emergencia construidas en la provincia de Chiloé con ocasión de los terremotos del año 1960:

1.- Diez poblaciones de sitios con viviendas donadas por la Cruz Roja norteamericana, ubicadas en Achao, Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Tenaún;

2.- Ramón Freire Emergencia, de Ancud;

3.- Inés de Bazán, de Ancud;

4.- Nueva Ten-Ten, de Castro;

5.- Ruiz de Gamboa, de Castro, y

6.- Manuel Rodríguez, de Castro.

En caso de haberse otorgado título de dominio respecto de alguna de las viviendas antes aludidas, las Corporaciones mencionadas en el inciso anterior deberán, dentro del referido plazo, extender las correspondientes escrituras de cancelación de la deuda pendiente y de alzamiento de los respectivos gravámenes, existentes a la fecha de esta ley, sin perjuicio de retener las cantidades que a cualquier título hubieren percibido en relación con dichas transferencias.

Si una misma vivienda estuviere ocupada por más de una familia, el título gratuito se otorgará al jefe del grupo familiar que primero la hubiere ocupado, conservando la otra familia el derecho a seguir habitándola hasta que cualquiera de las Corporaciones nombradas le proporcione solución a su problema habitacional.

Las transferencias gratuitas a que se refiere este artículo tendrán lugar aun cuando los actuales ocupantes no cumplan los requisitos exigidos para ser postulantes o asignatarios de viviendas.

Estas donaciones no estarán sujetas al trámite de insinuación y, para los efectos de los impuestos a que haya lugar, se considerará su valor en el costo de construcción original determinado por alguna de las Corporaciones citadas.

Los inmuebles así transferidos serán inembargables y, sin autorización previa de la Corporación de la Vivienda o de la Corporación de Servicios Habitacionales, según el caso, no podrán enajenarse dentro de los diez años siguientes a la inscripción del respectivo título de dominio.

Los Notarios y los Conservadores de Bienes Raíces deberán autorizar las escrituras y practicar las inscripciones a que diere lugar la aplicación de este artículo, con el solo certificado que otorgue la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales, según corresponda, sin que sea necesaria la recepción municipal de las viviendas.

Artículo 2º.- Asimismo, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, los Notarios autorizarán y el Conservador de Bienes Raíces respectivo inscribirá los títulos de dominio de los terrenos y viviendas que integran la Población Norte, de Antofagasta, que forman parte de la Junta Vecinal Nº 16 de esa ciudad, aun cuando la superficie y el frente total de ellos sea inferior al mínimo exigido en la legislación vigente.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13779.- Santiago, 21 de junio de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase al artículo 32 de la ley Nº 17. 365 el siguiente inciso final:

Sin perjuicio de lo anterior, en la ciudad de Viña del Mar y en aquéllas de la provincia de Valparaíso que acuerde el respectivo municipio, la jornada de los trabajadores del comercio se distribuirá de la siguiente manera: cuatro horas en la tarde de los días lunes y ocho horas diarias de martes a sábado, ambos inclusive. . .

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13372.- Santiago, 21 de junio de 1972.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Otórgase a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz, ubicada en Las Garzas de Pupilla, comuna de Palmilla, el nombre de Rebeca Cádiz de Alvarado. .

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13377.- Santiago, 23 de junio de 1972.

Con motivo de las mociones e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Denomínase Educadora Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, departamento de Castro, provincia de Chiloé. .

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13371.- Santiago, 23 de julio de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Facúltase al Consejo Nacional de Salud para condonar hasta el 80% de las sumas adeudadas al Servicio Nacional de Salud, por la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Doctora Ernestina Pérez Limitada, de Rengo, por concepto de saldo de precio y de la aplicación de reajustes e intereses en la compraventa de los terrenos que esta Cooperativa adquirió en dicha ciudad al Servicio, según consta de la escritura pública ante el Notario deSantiago, don Alvaro Bianchi Rosas, de fecha 6 de junio de 1969. .

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13468.- Santiago, 23 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites INTEL-SAT.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 624, de fecha 15 de marzo de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13465.- Santiago, 23 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga nuevos recursos al Departamento de Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 778, de fecha 20 de junio de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

-OFICIO DEL SENADO

Nº 13470.- Santiago, 23 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que denomina General René Schneider Chereau a la Escuela Nº 7 de Toconao, El Loa, provincia de Antofagasta.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 654, de fecha 12 de abril de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ) Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13374.- Santiago, 21 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada el 10 de julio de 1964, y las Actas del XVI Congreso de la Unión Postal Universal, suscritas en Tokio el 14 de noviembre de 1969.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 621, de fecha 15 de marzo de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13373.- Santiago, 21 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Enmienda del artículo 56 del Convenio de Aviación Civil Internacional.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 656, de fecha 12 de abril de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13375.- Santiago, 21 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que denomina Pablo Neruda a la calle San Diego, de Parral.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 536, de fecha 29 de diciembre de 1971.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13376.- Sanitago, 21 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga la nacionalidad chilena al PadreGustavo Le Paige.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 321, de fecha 16 de septiembre de 1971.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

OFICIO DEL SENADO

Nº 13466.- Santiago, 23 de junio de 1972.

El Senado ha tenido a bien rechazar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que dicta nuevas normas por las cuales deberá regirse el Colegio de Asistentes Sociales de Chile, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1. 765, de fecha 13 de junio de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, pasa a informaros el proyecto de origen en una moción del señor Sergio Merino, que crea una planta refinadora de azúcar de remolacha en la provincia de Cautín.

Hace 16 años, en 1956, bajo la Administración del Presidentedon Carlos Ibáñez se colocó la primera piedra para la construcción de una planta refinadora de azúcar de remolacha de IANSA, en la provincia de Cautín, sin que hasta la fecha se haya cristalizado dicha iniciativa, con evidente perjuicio para la zona y también para el país.

En efecto, la provincia de Cautín es la que proporciona mayor cantidad de cereales al país y que tiene una gran población mapuche y la estructura de la tenencia de la tierra descansa en el minifundio, en poder de esos pobladores.

Cautín es productor de materias primas y carece de industrias básicas para el desarrollo de su infraestructura. Su clima, naturaleza de los suelos, forma de explotación agrícola, régimen de tenencia de la tierra, hacen altamente recomendable la explotación de la remolacha, la que actualmente debe ser trasladada a la planta de IANSA de Llanquihue para su procesamiento, con el consiguiente aumento de costo por concepto de fletes, el que requiere ser bonificado.

La instalación de esta industria en la zona permitirá aumentar el mercado ocupacional, ya que dará trabajo a mujeres y menores que laboran en la recolección de la remolacha, lo que constituye un aporte a la solución de los problemas de tipo social y de cesantía que afectan a la localidad, y permitirá también lograr un mejor aprovechamiento de los suelos, porque al existir un poder consumidor y comprador habrá un aumento de los cultivos y cosechas.

La Comisión, por unanimidad aprobó en general el proyecto y en particular, los dos artículos de que consta.

Por el artículo 1° se dispone que la Industrial Azucarera Nacional procederá a construir una planta refinadora de azúcar de remolacha en Cautín, dentro del plazo de dos años.

En el artículo 2º se dispone que la ejecución de dicha obra se financiará con los recursos que deberá proporcionar la Corporación de Fomento de la Producción, para cuyo efecto se le faculta para contratar créditos internos o externos.

Por estas consideraciones y las que os dará el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Re. construcción os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- La Industria Azucarera Nacional procederá a construir en la provincia de Cautín una planta refinadora de azúcar de remolacha, en el plazo de dos años a contar desde la publicación de esta ley.

Artículo 2º.- Los recursos que se requieran para dicho objeto deberán ser proporcionados por la Corporación de Fomento de la Producción, la que queda facultada para contratar los empréstitos internos o externos que sean necesarios.

Sala de la Comisión, a 22 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Frei (Presiden-te), Cabello, Klein, Lavanderos, Merino, Naudon, Ramírez Vergara y Rodríguez.

Diputado informante se designó al señor Merino.

(Fdo. ): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de Comisiones.

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de simple que autoriza a la Polla Chilena de Beneficencia para realizar, por una sola vez, un sorteo extraordinario a beneficio de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.

Cabe hacer presente, que la Cámara, en sesión 6ª, celebrada el día miércoles 14 del presente, acordó prorrogar hasta el jueves 22 del mes en curso el plazo de que disponía la Comisión para despachar esta iniciativa legal.

La circunstancia de que el presente año tiene la calidad de bisiesto, permite a la Polla Chilena de Beneficencia contar, por esta vez, con una fecha libre para efectuar un sorteo extraordinario.

El proyecto en informe, junto con autorizar este sorteo, libre de todo impuesto, gravamen o derecho, tanto fiscal como municipal, propone que sea a beneficio exclusivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.

Para ello, se ha tenido en cuenta La conveniencia de propender directa e indirectamente al mejoramiento del standard físico de la ciudadanía a través de la conscripción anual, como asimismo del significativo aporte que las Fuerzas Armadas prestan al desarrollo integral del Deporte Nacional. Y se ha considerado también la importancia que reviste el hecho de que sus integrantes puedan estar debidamente preparados para representarlas en el Comité Olímpico, lo que, sin duda, contribuirá al mejor desempeño del equipo chileno en los Séptimos Juegos Panamericanos, que se realizarán en Santiago durante el año 1975.

Por estas consideraciones, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general por unanimidad y también en particular, con la sola enmienda, propiciada por la mayoría de la misma, que consiste en disponer que los fondos correspondientes sean entregados por la Polla Chilena de Beneficencia a la Dirección General de Deportes del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, el que, a su vez, deberá ponerlos a disposición de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.

Por estas razones, la Comisión de Hacienda recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Autorízase a la Polla Chilena de Beneficencia para realizar el 10 de septiembre de 1972 y por una sola vez, un sorteo extraordinario libre de todo impuesto, gravamen o derecho fiscal o municipal, a beneficio exclusivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.

La liquidación del sorteo se hará en la forma establecida en el artículo 2º, letra c), del D. F. L. Nº 120, de 1960 y los fondos correspondientes serán entregados por la Polla Chilena de Beneficencia a la Dirección General de Deportes del Estado, la que, a su vez, deberá ponerlos a disposición de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.

Sala de la Comisión, a 22 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 21 del presente, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Andrade, Barahona, Carrasco, Cerda, Frías, Lavandero, Lazo, doña Carmen; Schleyer y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante al señor Schleyer.

(Fdo. ): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que tiene por objeto consultar fondos en beneficio de las instituciones que indica.

En efecto, la iniciativa legal en estudio, dispone que el Presidente de la República otorgará determinados recursos económicos al Círculo General Baquedano, de Villa Alemana, del que forma parte el personal en retiro de las Fuerzas Armadas; y en Linares, al Círculo de Suboficiales en Retiro, a la Unión de Carabineros en Retiro y al Club de Deportes Lis-ter Rossel.

La Comisión de Hacienda estimó de justicia ir en ayuda de las Instituciones mencionadas y prestó su aprobación al proyecto en informe, con la sola enmienda de extender sus beneficios al Club Aéreo Civil de Temuco, dada la importancia que éste reviste para esa zona.

El gasto que demande el cumplimiento de estas disposiciones se financiará con cargo al 80% del remanente que se produzca en la Cuenta Especial F-48 Fondo Sorteo Boletas de Compraventa.

Aunque en la Comisión no se entregaron antecedentes que permitieran calcular en forma exacta el monto de esos fondos, el debate habido en torno a esta materia permite presumir que ellos son más que suficientes para financiar adecuadamente el proyecto.

Por estas razones, la mayoría de la Comisión de Hacienda acordó proponer a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- El Presidente de la República otorgará al Círculo General Baquedano de Villa Alemana, del que forma parte el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, la suma de E° 1. 000. 000 y una suma igual de Eº 1. 000. 000 a las siguientes instituciones de Linares de acuerdo con la distribución que se indica: E° 400. 000 al Círculo de Suboficiales en Retiro; Eº 400. 000 a la Unión de Carabineros en Retiro, y Eº 200. 000 al Club de Deportes Lister Rossel. Las tres primeras instituciones destinarán los recursos que se les otorgan exclusivamente a la construcción, reconstrucción, ampliación y alhajamiento de sus respectivas sedes sociales, y en cuanto a la última, los destinará a los fines que le son propios.

Asimismo, deberá otorgar la suma de Eº 1. 000. 000 al Club Aéreo Civil de Temuco.

El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al 80% del remanente que se produzca en la cuenta especial F-48 Fondo Sorteo Boletas de Compraventa, de acuerdo con las normas del artículo 244 de la ley Nº 16. 617, modificadas por el artículo 15 de la ley Nº 16. 773. .

Sala de la Comisión, a 22 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 21 del presente, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Andrade, Ba-rahona, Carrasco, Cerda, Frías, Lavandero, Lazo, doña Carmen; Schleyer y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante al señor Lavandero.

(Fdo. ): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto remitido por el Honorable Senado, que amplía los efectos de la ley Nº 16. 260 que concedió amnistía a los infractores de la Ley sobre Reclutamiento para las Fuerzas Armadas.

Los Poderes del Estado se han preocupado de tiempo en tiempo de dictar normas de amnistía que beneficien a aquellos ciudadanos que, por cualquier motivo, ya sea de orden familiar, social u otro, hayan infringido las disposiciones de la Ley de Reclutamiento. Los conflictos de todo orden que una situación irregular en el cumplimiento de sus deberes militares ocasiona a numerosas personas, han motivado siempre la dictación de leyes de esta especie. Es así como, la más reciente data del 24 de mayo de 1968, y está contenida en la letra a) del numeral II del artículo 141 de la ley Nº 16. 840 que amplió los efectos de la ley Nº 16. 260 a los nacidos hasta el 31 de diciembre de 1948.

Como no se había dictado otra ley en el tiempo intermedio hasta esta fecha, se calcula que son aproximadamente 15. 000 jóvenes los que podrían beneficiarse con una iniciativa de esta naturaleza.

El Ejecutivo, en el Mensaje enviado al Senado para proponer el proyecto en informe, estima que es necesario regularizar la situación de los infractores nacidos con posterioridad al 31 de diciembre de 1948 y favorecer a cuatro Clases de contingente en estado irregular.

La Comisión, por asentimiento unánime, prestó su aprobación, en los mismos, términos, al proyecto remitido por el Honorable Senado.

De acuerdo con lo expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Amplíanse los efectos de la ley Nº 16. 260, a los nacidos hasta el día 31 de diciembre de 1952. .

Sala de la Comisión, a 26 de junio de 1972.

Aprobado en sesión 109ª ordinaria de fecha 21 del presente, con asistencia de los señores Merino (Presidente), Acevedo, Diez, Fuentes, don César; Lorca, Maturana, Naudon, Saavedra, doña Wilna; Tejeda, Vergara y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Merino.

(Fdo. ): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informar el Proyecto de Acuerdo, con trámite de urgencia calificada de Simple, por el que se aprueban las modificaciones introducidas a las normas del Convenio Constitutivo del Banco ínter-americano de Desarrollo, que rigen la elección de los Directores Ejecutivos de dicha institución.

Durante el estudio de esta iniciativa colaboraron con la Comisión los señores Luis Orlandini, Subsecretario de Relaciones Exteriores y los funcionarios de la misma Subsecretaría señores Jaime Lagos e Iván Polish; y Federico Walker y Jaime Ponce, del Ministerio de Hacienda.

Por decreto Nº 602, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 7 de diciembre de 1959 y cuya publicación en el Diario Oficial data del 23 del mismo mes de diciembre, adquirió existencia legal el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad internacional de la que Chile forma parte y que tiene por finalidad acelerar el proceso de desarrollo económico; tanto individual como colectivo, de los países que lo integran.

Por medio de la dictación de la ley Nº 13. 904, de 13 de enero de 1960, se consultaron las disposiciones tendientes a dar ejecución en Chile al mencionado Convenio Internacional.

En lo que concierne a la conducta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las operaciones que realiza, debe señalarse que ello queda confiado a un Directorio Ejecutivo integrado por siete personas, cuya designación se lleva a efecto conforme a los preceptos contenidos en la Sección 3 del artículo VIII del Convenio, los cuales se inspiran, esencialmente, en la finalidad de asegurar una representación justa y proporcional en el Directorio Ejecutivo del Banco a los países que integran esta entidad multilateral.

Sin embargo, el hecho de que tanto el número de Directores Ejecutivos como la forma de elegirlos esté consignado en el Convenio mismo priva, indudablemente, de la adecuada flexibilidad y expedición al sistema vigente, impidiéndose, en esta forma, su adaptación a nuevas circunstancias originadas, preferentemente, por el ingreso al Banco de nuevos países miembros, como ha sucedido, en los últimos tiempos, con Jamaica, Barbados, Trinidad-Tobago y Canadá.

En atención a esta situación, y con el propósito de modificarla, la Asamblea de Gobernadores del Banco, sobre la base de los estudios elaborados y del informe del Grupo de Trabajo adoptó en la Reunión Anual celebrada en Lima en el mes de mayo de 1971, la resolución AG-6/71, a través de la que se recomienda a los países miembros la adopción de las decisiones indispensables para modificar las normas vigentes del Banco Interamericano de Desarrollo.

En síntesis, la modificación propuesta o recomendada tiene por finalidad eliminar del Convenio Constitutivo del Banco aquellas normas que actualmente rigen para elegir los Directores Ejecutivos, y proceder, a la vez, a incorporarlas a un Reglamento Especial que la Asamblea de Gobernadores podría, en su caso, adoptarlo y modificarlo por la misma mayoría que se requiere para la enmienda del Convenio Constitutivo mismo, esto es, por la mayoría de los dos tercios del número total de los Gobernadores que represente, a lo menos, los tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros del Banco.

Cabe señalar que, en virtud del procedimiento propuesto, se asegura una mayor flexibilidad para la elección de los Directores Ejecutivos, especialmente, en caso de ingreso de nuevos miembros, que en la actualidad, conforme a los preceptos en vigencia, significa enmendar el Convenio Constitutivo, lo cual entraña necesariamente un sistema complicado carente de la requerida expedición.

Asimismo, al exigirse a la Asamblea de Gobernadores la mayoría anteriormente indicada, se alcanza la necesaria estabilidad de las disposiciones aplicables a la elección de los Directores Ejecutivos del Banco.

Para cumplir con los propósitos señalados, la Asamblea de Gobernadores, además de acordar la proposición de enmienda del Convenio Constitutivo, aprobó un Proyecto de Reglamento que contiene las disposiciones aplicables a la elección de los Directores Ejecutivos.

Las modificaciones propuestas al Convenio mismo consisten, primordialmente, en introducir algunas enmiendas al artículo VIII (Organización y Administración) del Convenio y al Anexo C, relativo a la elección de los Directores Ejecutivos.

En el artículo VIII se proponen dos modificaciones a la Sección 3: la primera tiende a sustituir la letra b) por otra nueva, que consulta, entre otras normas, una de carácter declarativo que preceptúa que los Directores Ejecutivos deberán ser personas de reconocida capacidad y de amplia experiencia en asuntos económicos y financieros y no podrán ser, a la vez, gobernadores; en seguida, esta misma enmienda señala que un director ejecutivo será designado por el país miembro que posea el mayor número de acciones del Banco y que los demás serán elegidos por

los gobernadores de los restantes países miembros; dispone, también, que el número de directores ejecutivos a elegirse, que no será menor de seis, y el procedimiento para su elección, serán determinados por el Reglamento que adopte la Asamblea de Gobernadores por la mayoría de los dos tercios del número total de los gobernadores que represente, a lo menos, tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros; además, esta enmienda prescribe que toda modificación del Reglamento referido requerirá para su aprobación la misma mayoría de votos antes mencionada; y por último se señala que los directores ejecutivos del Banco serán designados o elegidos por períodos de tres años y podrán ser designados o elegidos para períodos sucesivos.

La segunda modificación que se introduce a la Sección 3 tiene por finalidad suprimir la letra j).

A este respecto, la Comisión acordó dejar testimonio en el presente informe de que esta letra j) no aparece formando parte del texto del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 1959, pero habría sido incorporada a dicho texto por resolución adoptada por la Asamblea de Gobernadores el 28 de enero de 1964, según información proporcionada durante el estudio de la iniciativa. Este antecedente y el propósito de no retardar el despacho de estas enmiendas, movieron a la Comisión a aprobarlas en la forma contenida en el texto del Mensaje.

Finalmente, la última modificación al Convenio consiste en suprimir el Anexo C, relacionado con la elección de los Directores Ejecutivos.

El Proyecto de Reglamento propuesto para la elección de Directores Ejecutivos está formado por seis números o cláusulas.

La primera de ellas preceptúa que los gobernadores que tengan derecho a votar de acuerdo con el artículo VIII, Sección 3, b), del Convenio Constitutivo del Banco, elegirán siete directores ejecutivos.

La segunda señala que cada uno de los gobernadores emitirá a favor de una sola persona todos los votos de que disponga el país miembro del Banco que él represente, de acuerdo a lo previsto en el artículo VIII, Sección 3, letra b). Para los efectos de la aplicación del presente Eeglamento, la totalidad de los votos de los países con derecho a participar en la votación señalada en el texto se computará como 100 por ciento.

En la disposición tercera del Reglamento propuesto se establece que, en primer lugar, deberán efectuarse tantas votaciones como sea necesario hasta que cinco personas hayan sido elegidas directores ejecutivos conforme al procedimiento siguiente:

Resultarán elegidos, en primer término, los dos candidatos que hayan recibido un número de votos no inferior a la suma de los que correspondan al país con el mayor número de votos y al país con el menor número de ellos.

En seguida, quedará elegido el candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el tercer mayor número de votos y a los dos países con el menor número de votos.

A continuación, se elegirá director ejecutivo al candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el cuarto mayor número de votos y a los dos países con el menor número de votos.

Por último, se considerará elegido director ejecutivo al candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el quinto mayor número de votos y a los tres países con el menor número de votos.

La tercera norma de este Reglamento previene que los gobernadores que no hubieren emitido su voto a favor de algunos de los directores elegidos en conformidad al párrafo o disposición tercera de este Reglamento, elegirán dos directores ejecutivos en el entendido de que sólo tendrán derecho a presentar candidatos y a votar los países que, individualmente, no tengan más de dos y medio por ciento de la totalidad de los votos. Resultarán elegidos los dos candidatos que reciban el mayor número de votos siempre que, en cada caso, los votos hubieren sido emitidos por tres o más países, debiéndose realizar tantas votaciones como fueren necesarias para llegar a este resultado.

La disposición quinta del Reglamento señala que cada uno de los gobernadores que no emitió su voto en favor de cualquiera de los candidatos deberá votar en favor de uno de ellos. En este caso, el número de votos que, según el artículo VIII, Sección 4, del Convenio, tenga cada Gobernador que haya votado o consignado su voto en favor de algún candidato elegido conforme a este Reglamento, se considerará, para los efectos del artículo VIII, Sección 4), c), como que contribuyó a la elección de ese candidato.

En relación con esta norma quinta, cabe mencionar que el artículo VIII, Sección 4, del Convenio, prescribe que cada país miembro tendrá 135 votos más un voto por cada acción que suscriba en el capital del Banco, y la Sección 4, letra c) del mismo artículo VIII, establece que cada director elegido podrá emitir el número de votos que contribuyeron a su elección, los cuales se emitirán en bloque.

Finalmente, la disposición sexta del Reglamento en análisis previene que la Asamblea de Gobernadores podrá modificarlo en cualquiera de sus sesiones, o por votación sin convocar a reunión, por la mayoría de los dos tercios del número total de los gobernadores que represente, a lo menos, los tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros.

Sin embargo, no obstante que, de acuerdo con el Convenio, las modificaciones deberán ser acordadas por la Asamblea de Gobernadores, como ha ocurrido en el presente caso, dicha Asamblea, en consideración a las normas constitucionales de muchos de los países miembros del Banco, ha estimado conveniente que cada país preste su aprobación a tales enmiendas, conforme a su respectiva legislación.

Queda consignado a través de los antecedentes que preceden que el sistema involucrado en la reforma propuesta, junto con dar mayor flexibilidad a la elección de los directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), garantiza una justa y proporcional representación en el Directorio Ejecutivo a los países miembros de dicha entidad internacional al mantener para la aprobación y modificación del Reglamento de elección de los directores ejecutivos, la misma mayoría o quórum exigido para la modificación del Convenio Constitutivo del Banco, esto es, los dos tercios del número total de los gobernadores que representa, por lo menos, los tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros del Banco.

A modo de antecedente, se señala en el presente informe que Chile, de común acuerdo con la República Argentina, mantiene actualmente un representante alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Proyecto de Acuerdo a que se refiere este informe fue aprobado por asentimiento unánime de la Comisión, y sus disposiciones y las de los instrumentos que incluye no requieren del trámite reglamentario de la Comisión de Hacienda.

Con el mérito de los antecedentes expuestos y de los que, oportunamente, tenga a bien proporcionar el señor Diputado informante, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo único.- Apruébase la modificación de las disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, que rigen la elección de los Directores Ejecutivos del Banco, propuesta en la Resolución AG-6/71 de la Duodécima Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores, celebrada en Lima, del 10 al 14 de mayo de 1971, consistente en la modificación del literal (b) de la Sección 3 del artículo VIII, y en la supresión del literal (j) de la misma Sección del Artículo VIII y del Anexo C, sobre elección de Directores Ejecutivos del Banco del Convenio Constitutivo. .

Sala de la Comisión, a 22 de junio de 1972.

Acordado en sesión del 22 de junio de 1972, con asistencia de los señores Sívori (Presidente), Arnello, Fuentealba Medina, Garcés, Ortega, Solís; señorita Saavedra, doña Wilna; y Clavel.

Diputado informante se designó al señor Ortega.

(Fdo. ): Ricardo Valdés Zeballos, Secretario.

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, originado en una moción de los señores Mosquera, Zaldívar, Recabarren, Lorenzini, Penna, Huepe, Pareto, Argandoña, Monares y señora Retamal sobre el proyecto de ley que establece garantías laborales en Empresas Estatales, intervenidas o requisadas.

La moción en informe tiene por objeto resguardar los derechos de los trabajadores y solucionar múltiples problemas laborales frente a las posibles irregularidades que podrían cometer los gerentes, administradores o interventores en las Empresas del Estado, en las intervenidas, en las requisadas o en las expropiadas.

La moción, en la parte expositiva, señala que de no adoptarse medidas drásticas y oportunas se creará una situación extremadamente grave para numerosos grupos de trabajadores y técnicos que están perdiendo sus empleos por simples razones de orden político, como fruto de un manejo que está creando en las mencionadas empresas una situación de inestabilidad e indefensión, desconocidas hasta la fecha en nuestro país.

Que el derecho al trabajo remunerado y estable es uno de los derechos esenciales de la persona humana, que el Estado, más que ninguna otra persona o entidad debe respetar, garantizar y promover mediante la protección legal y jurídica del respectivo vínculo contractual.

Se señaló en la Comisión, que el proyecto se circunscribe solamente al área donde se han detectado los problemas y se estimó que ésta abarca a unos 150. 000 trabajadores.

El artículo 1º establece que sólo se podrá poner término a los contratos de trabajo de los empleados y obreros a que se refiere esta ley en virtud de las causas específicas contempladas en los números 2, 4. 5 y 6 del artículo 2º de la ley Nº 16. 455.

Estas causales son las siguientes:

2.- La falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada;

4.- Los actos, omisiones e imprudencias temerarias que afecten a la seguridad del establecimiento o de los trabajadores o a la salud de éstos;

5.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías, y

6.- La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo al trabajo, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo-abandono o paralización signifique una perturbación en la marcha de la obra;.

El artículo 2º del proyecto en informe señala que esta iniciativa se aplicará a los trabajadores que pertenecen a las empresas, sociedades o establecimientos en que el Estado, la Corporación de Fomento de la Producción o cualquier entidad o institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma, o perteneciente al sector público sea dueño o haya aportado o adquirido en cualquiera forma más del 50% del capital, o cuando, teniendo un porcentaje inferior, tenga a su cargo la administración. Expresa a continuación que también se aplicará en las empresas, sociedades o establecimientos de cualquiera naturaleza que hayan sido requisadas o intervenidas, cualquiera sea su causa, mientras dure la administración que se ejerza mediante el correspondiente decreto o resolución de la autoridad.

El artículo 3º señala que las infracciones de las normas de esta ley cometidas por las personas responsables de la Administración de las empresas mencionadas serán castigadas con una multa de diez sueldos vitales mensuales, escala A, del Departamento de Santiago, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que establece la legislación común.

Consulta, además, este artículo, que la reincidencia provocará la duplicación de la multa y el nombramiento por el Tribunal de un interventor en reemplazo del infractor, medida contra la cual no procederá recurso alguno.

Los artículos 4º y 5° establecen que cualquier cambio legal que afecte al empleador o a la razón social de una empresa, debido a transferencias, expropiaciones, fusiones o a cualquier otro acto jurídico, no afectará en modo alguno la subsistencia de la organización sindical a que pertenezcan los trabajadores de la respectiva empresa, como tampoco a los derechos y beneficios de cualquiera índole obtenidos en virtud de contratos, actas de avenimiento, fallos judiciales o arbitrales, o de cualquier medio de igual o parecida naturaleza, y que estos mismos derechos y garantías tendrán las organizaciones sindicales y los trabajadores de aquellas empresas que sean objeto de intervención, requisición o administración por parte de la autoridad, mientras dure dicha medida.

El artículo 6º prohíbe contratar nuevo personal a los interventores o administradores que tengan a su cargo empresas de terceros, fijando, en caso de infracción a esta disposición las mismas sanciones señaladas en el artículo 3º, ya comentado.

El artículo transitorio señala la fecha desde la cual se aplicarán las normas de la presente ley y la forma en que se procederá a la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Por las razones expuestas y las que dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- A los empleados y obreros a que se refiere la presente ley sólo se les podrá poner término a sus contratos de trabajo en virtud de las causales específicas contempladas en los números 2, 4, 5 y 6 del artículo 2º de la ley Nº 16. 455, y previa autorización del Juzgado respectivo, de acuerdo al procedimiento que al efecto se señala en la misma ley.

Artículo 2º.- Los trabajadores a quienes se apliquen las disposiciones de esta ley son todos aquellos que pertenecen a las empresas, sociedades o establecimientos en que el Estado, la Corporación de Fomento de la Producción o cualquier entidad o institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma, o perteneciente al Sector

Público sea dueño o haya aportado o adquirido en cualquier forma más del 50% del capital, o cuando teniendo un porcentaje inferior tenga a su cargo la administración.

También se aplicarán estas disposiciones en las empresas, sociedades o establecimientos de cualquier naturaleza que hayan sido requisadas o intervenidas, cualquiera sea su causa, mientras dure la administración que se ejerza en virtud del correspondiente decreto o resolución de la autoridad.

Artículo 3º.- La infracción de las normas de la presente ley por parte de las personas responsables de la administración de las empresas señaladas en las disposiciones anteriores, y sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la legislación común, será castigada con una multa de diez sueldos vitales mensuales, escala A, del departamento de Santiago. El correspondiente reclamo se tramitará de acuerdo a las normas contempladas en al Libro IV del Código del Trabajo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicará y el tribunal decretará el nombramiento de un interventor que reemplazará en sus funciones al infractor. La resolución que decreto esta medida no será objeto de recurso alguno.

Artículo 4º.- Cualquier cambio legal que afecte al empleador o a la razón social de una empresa, debido a transferencias, expropiaciones, fusiones, o a cualquier otro acto jurídico, no afectará en modo alguno la subsistencia de la organización sindical a que pertenezcan los trabajadores de la respectiva empresa, como tampoco a los derechos y beneficios de cualquiera índole obtenidos en virtud de contratos, actas de avenimientos, fallos judiciales o arbitrales, o de cualquier medio de igual o parecida naturaleza.

Artículo 5º.- Los mismos derechos y garantías indicados en el artículo anterior tendrán las organizaciones sindicales y los trabajadores de aquellas empresas que sean objeto de intervención, requisición, o administración por parte de la autoridad, mientras dure dicha medida.

Artículo 6º-Los interventores o administradores que en virtud de requisiciones o intervenciones acordadas por Decretos o Resoluciones de autoridad competente, tengan a su cargo empresas de terceros no podrán contratar, a ningún título, nuevo personal.

A quien infrinja esta disposición se le aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 39 de la presente ley.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los despidos o término de contratos de trabajo que se hayan producido a contar del 1º de enero de 1971 hasta la fecha de vigencia de la presente ley. En estos casos los trabajadores deberán ser reincorporados de inmediato a su trabajo, sin perjuicio de que pueda solicitarse la terminación del contrato, de acuerdo a los términos de la presente ley. Esta reincorporación podrá decretarla, sin más trámite, el juzgado del trabajo respectivo, y el incumplimiento de la correspondiente resolución dará lugar a las sanciones contempladas en esta ley.

Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Arnello, Atencio, Cardemil, Espinoza, don Luis; Frías, Fuentealba, don Luis; Guerra, Ríos, don Héctor; señorita Saavedra, doña Wilna y señor Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Zaldívar.

(Fdo. ): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario.

INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de origen en un mensaje, que aclara el sentido del vocablo ocupantes del artículo 1º de la ley Nº 16. 908, que estableció que el Servicio Nacional de Salud debe transferir los inmuebles de su propiedad ubicados en las ciudades de Concepción y Arica.

En la sesión 8ª, de fecha 16 de mayo del año en curso, la Corporación acordó eximir del trámite de Comisión la iniciativa, la debatió y aprobó en general y, también, acordó enviarla a Comisión para segundo informe, aun cuando no había sido objeto de indicaciones.

De ahí que, si bien es cierto que en este trámite sólo correspondería referirse a las modificaciones introducidas por la Comisión al proyecto, resulta conveniente hacer un muy breve comentario sobre su artículo único que, además, fue aprobado por unanimidad, en los mismos términos concebidos en el mensaje.

El artículo 1º de la ley Nº 16. 908 dispone que El Servicio Nacional de Salud deberá transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales se construyó la Población 21 de Mayo, de Concepción, que igualmente dicho Servicio transferirá a sus actuales ocupantes las viviendas que posee en la ciudad de Arica y que además deberá vender a sus actuales ocupantes las viviendas de su propiedad ubicadas en la Población El Santo, de la ciudad de La Serena.

El proyecto, con la finalidad de permitir que impetren el beneficio otorgado por la ley citada quienes reúnen determinados requisitos mínimos, establece, en primer término, dos condiciones copulativas: que viva en el inmueble y que exista título legítimo para que así sea. En segundo término, clarifica cuál debe estimarse título legítimo.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento, corresponde hacer mención expresa:

1º) De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

En esta circunstancia se encuentra el artículo único del proyecto.

2°) De los artículos suprimidos.

La Comisión no suprimió ningún artículo del proyecto.

3°) De los artículos modificados.

No se modificó el artículo único del proyecto.

4º) De los artículos nuevos introducidos.

La Comisión no introdujo ningún artículo nuevo.

5º) De los artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El artículo único del proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

6°) De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión no rechazó ninguna indicación.

7º) En conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 211 del Reglamento, corresponde declarar reglamentariamente aprobado el artículo único del proyecto.

8°) El texto del proyecto aprobado por la Comisión es el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que el sentido del vocablo ocupantes que utiliza el artículo 1º de la ley Nº 16. 908, debe entenderse que se refiere a quienes habiten personalmente o con su familia un inmueble del Servicio Nacional de Salud y cuya ocupación emane de título legítimo, entendiéndose por tal aquel que provenga de la autoridad competente obrando dentro de sus respectivas atribuciones y que se encuentre vigente.

Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 20 del mes en curso, con asistencia del señor Tagle (Presidente accidental), de la señora Alessandri, doña Silvia, y de los señores Cantero, Klein y Tudela.

Se designó Diputada informante a la señora Alessandri, doña Silvia.

(Fdo. ): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley de origen en una moción del señor Soto, que dispone que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo expropiará los terrenos de la Granja Kútulas, de Antofagasta.

En el año 1960 los señores Juan, Marcos y Jorge Kútulas Arzic adquirieron del Fisco, en la cantidad de Eº 477, 00, que correspondían al avalúo fiscal, un terreno de 28. 829 metros cuadrados de superficie, ubicado en el sector denominado Salar del Carmen, de Antofagasta, con el objeto de instalar una granja avícola.

La autorización requerida emanó del decreto supremo Nº 895, de 8 de julio de 1960, del Ministerio de Tierras y Colonización, y la transferencia se redujo a escritura pública con fecha 13 de enero de 1961.

Con posterioridad la referida granja avícola fue trasladada al barrio industrial de la ciudad de Antofagasta.

A contar del 1º de enero de 1969 y por un plazo de 10 años, la sociedad Kútulas-Razmilic y Compañía obtuvo en arrendamiento un predio fiscal de 342. 125 metros cuadros de superficie, ubicado en el sector de La Chimba, destinado a la instalación de un granja avícola, sin perjuicio de otro predio fiscal que ha arrendado la misma sociedad.

Con ello se ha pretendido facilitar el desarrollo de esta necesaria actividad en la zona norte del país y contribuir a la producción de alimentos.

El Supremo Gobierno tiene especial interés en recuperar el terreno ubicado en el Salar del Carmen, en el cual, en un principio, estuvo instalada la Granja Avícola, para construir allí viviendas económicas destinadas a doscientas familias de escasos recursos, pero el valor fijado por sus actuales propietarios alcanza a la cantidad de Eº 6. 000. 000, que resulta excesiva.

El proyecto en informe autoriza al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para expropiar los referidos terrenos, señala el precio máximo de la operación, establece las personas a quienes deberán ser asignadas las viviendas que se construyan y fija un plazo para el pago de éstas.

Por estas consideraciones, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo acordó, por unanimidad, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa, concebida en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Autorízase al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que, por intermedio de las Corporaciones que de él dependan, expropie los terrenos de la Granja Kútulas, de la ciudad de Antofagasta, para ser destinados a la construcción de casas económicas, que serán adquiridas exclusivamente por los actuales ocupantes de los campamentos Nuevo Amanecer y Villa España, de la ciudad de Antofagasta.

Los adquirentes de estas casas tendrán un plazo para cancelarlas, no inferior a 15 años, y el valor de la expropiación no será mayor que el avalúo fiscal, a la fecha de la expropiación.

Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 20 del mes en curso, con asistencia del señor Tagle (Presidente accidental), de la señora Alessandri, doña Silvia, y de los señores Cantero, Klein y Tudela.

Se designó Diputado informante al señor Klein.

(Fdo. ): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley de origen en una moción del señor De la Fuente, que establece que la Corporación de la Reforma Agraria transferirá, gratuitamente, al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo los terrenos que conforman la Población El Retiro, de Angol.

En parte de los terrenos del fundo El Retiro, de Angol, se construyeron, en el transcurso de varios años, las poblaciones Manuel Antonio Jarpa, El Salvador y María Bisquertt, que ahora, en conjunto, se denominan Población El Retiro, y en la cual viven aproximadamente 600 familias.

Para ello se contó con la autorización del propietario del predio, quien, además, habría iniciado los trámites correspondientes para que cada poblador obtuviese, gratuitamente, el respectivo título de dominio.

Por otra parte, con la colaboración de diferentes organismos, se han logrado importantes beneficios para la citada población, tales como instalación de alumbrado público y domiciliario, trazado de calles y colocación de algunas matrices de agua potable.

La Corporación de la Reforma Agraria, por acuerdo adoptado el 20 de agosto de 1971, expropió el fundo El Retiro y, por estar sus terrenos incorporados en el mismo título, la expropiación incluye, también, a la población del mismo nombre.

Por ello, la Comisión aprobó, por unanimidad, en general y particular, la iniciativa en informe, que tiende a dar solución al problema que afecta a las 600 familias en referencia.

Es así como el artículo único dispone que la Corporación de la Reforma Agraria deberá transferir al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y éste a los respectivos pobladores los terrenos en los cuales ellos tienen construidas sus habitaciones. Dichas transferencias deberán hacerse gratuitamente y los beneficiarios obtendrán el título de dominio correspondiente.

Por estas consideraciones, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo recomienda a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa, concebida en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Los terrenos que comprenden la población El Retiro, ubicada en la comuna de Angol, que pertenece a la Corporación de la Reforma Agraria, por expropiación del fundo El Retiro, según acuerdo Nº 1976, sesión 36ª, de fecha 20 de agosto de 1971 y publicado en el Diario Oficial Nº 28. 039, de 1º de septiembre de 1971, serán transferidos, gratuitamente, por la Corporación de la Reforma Agraria al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para que este Ministerio, por sus departamentos correspondientes, entregue, gratuitamente, el respectivo título a cada uno de los que tienen mejoras en la referida población.

Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 20 del mes en curso, con asistencia del señor Tagle (Presidente accidental), de la señora Alessandri, doña Silvia, y de los señores Cantero, Klein y Tudela.

Se designó Diputado informante al señor Tagle.

(Fdo. ): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

MOCION DEL SEÑOR MONARES

Honorable Cámara:

Debido al extraordinario aumento de población que se ha producido en los últimos años en la ciudad de Rancagua, provincia de O'Higgins, el problema habitacional ha tomado caracteres alarmantes, especialmente para los sectores modestos de la comuna. Pero, quienes más han sufrido las consecuencias del déficit habitacional han sido los empleados del sector público, por lo cual he estimado necesario concurrir con una disposición legal a solucionar este problema para los funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo y del Servicio de Correos y Telégrafos que presten sus servicios en Rancagua y deban residir en dicha ciudad.

Esta disposición no constituye un precedente, ya que en ocasiones anteriores se han solucionado idénticos problemas a través de la vía legislativa, por lo cual vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- La Corporación de Servicios Habitacionales destinará 50 casas o departamentos de los ya construidos o actualmente en construcción en la ciudad de Rancagua, para ser distribuidos y adjudicados a los funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo de O'Higgins y del Servicio de Correos y Telégrafos que presten servicios en Rancagua y deban residir en dicha ciudad. Del número de casas y departamentos indicados, 12 de ellos serán adjudicados al personal de la Inspección Provincial del Trabajo y los restantes al personal del Servicio de Correos y Telégrafos.

(Fdo. ): José Monares Gómez.

MOCION DEL SEÑOR MONARES

Honorable Cámara:

Los recientes temporales que afectaron a diversas provincias de Chile ocasionaron daños de consideración especialmente en la provincia de O'Higgins. Ellos se han sumado a los enormes perjuicios causados el año pasado por la nevazón y el terremoto que asoló la provincia. Las Municipalidades han visto, por otra parte, cercenados cada vez más sus fondos, que las ha imposibilitado de poder realizar la reconstrucción de las obras dañadas y cuya ejecución es urgente.

Por estos motivos he estimado necesario, como una forma de ayudar a dos de las municipalidades más afectadas, como son las de Rancagua y San Vicente de Tagua-Tagua, poner a disposición de éstas, los fondos acumulados en la Corporación de Fomento de la Producción hasta el presente año, por la falta de aplicación del artículo 2º de la ley Nº 15. 689.

En razón de estas consideraciones, vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Con cargo a los fondos acumulados hasta 1972 por falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 15. 689, la Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de los organismos que se indican, las sumas que a continuación se señalan:

a) 50% de dichos fondos para la Municipalidad de San Vicente de Tagua-Tagua.

b) 50% de los fondos para la Municipalidad de Rancagua.

(Fdo. ): José Monares Gómez.

MOCION DE LOS SEÑORES RAMIREZ, DON GUSTAVO, Y CABELLO

Honorable Cámara:

El pueblo de Pelarco, ubicado en el departamento de Talca, cumplirá en los próximos meses 200 años de su fundación. Actualmente es el pueblo cabecera de la comuna de Pelarco, y quienes conocen la zona concuerdan que, a pesar de ser uno de los pueblos más antiguos de la provincia, es quizás uno de los más postergados, faltándole todos los medios urbanísticos. Es un pueblo que se desenvuelve, y más bien vegeta, en el medio agrícola en que vive.

La Municipalidad de Pelarco cuenta eon escasos recursos y el pueblo progresa gracias al esfuerzo de sus autoridades y la comunidad formada por más de 15. 000 habitantes, de acuerdo al censo de 1970.

Hemos creído conveniente presentar este proyecto de ley otorgándole fondos extraordinarios a dicha Municipalidad, que le permitan realizar algunas obras de importancia y poder celebrar con dignidad su bicentenario.

También se ha considerado oportuno modificar en esta misma ley el impuesto al tabaco, en relación al departamento de Lontué, entregando estos fondos directamente a las Municipalidades respectivas e incluyendo en su distribución a la Municipalidad de Río Claro, con el objeto de solucionar problemas de gran urgencia en dichas comunas, como, por ejemplo, la Municipalidad de Río Claro, podría resolver con estos recursos el problema del alcantarillado y agua potable en los pueblos de Cumpeo y Camarico.

Por otra parte, es oportuno modificar la ley Nº 15. 691 que otorga fondos al departamento de Curepto para construir un liceo; dicha obra está ejecutada y, por tanto, hemos considerado modificar la ley para ceder estos recursos a la comuna de San Clemente, con el fin de construir en ese pueblo un Centro de Educación Media, antigua aspiración de ese sector.

Modificamos al mismo tiempo la ley Nº 17. 199, destinando estos fondos a diversas instituciones de la provincia, con el objeto de permitir su normal funcionamiento o construir o adquirir sedes sociales.

Por las consideraciones antes expuestas, nos permitimos plantear el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de 3. 000. 000 de escudos, con motivo del bicentenario de la comuna de Pelarco.

El gasto que demande la inversión del artículo precedente, se imputará al 70% del remanente que se produzca en la cuenta especial F-48 de Impuestos Internos.

Artículo 2°.- La Municipalidad de Pelarco, en sesión extraordinaria especialmente citada, con acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio aprobará un plan extraordinario de obras de adelanto local que se financiará con los recursos que le otorga el artículo 1º.

Artículo 3º.- Los fondos que destina el artículo 1º de esta ley serán puestos a la disposición de la respectiva Municipalidad de Pelarco, la que llevará una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile y una constancia detallada de su inversión.

Los fondos que se depositen en la referida cuenta especial no pasarán a rentas generales de la Nación al término del ejercicio presupuestario de cada año, debiendo invertirse íntegramente en el objeto indicado y una vez cumplido éste, en los fines que acuerde la Municipalidad por los 2/3 de sus miembros.

Artículo 4°.- La Municipalidad no podrá, en caso alguno, invertir todo o parte de sus fondos que destina esta ley en gastos propios de su presupuesto ordinario.

Artículo 5º- Reemplázase la letra c) del inciso 2º del artículo Nº 14 de la ley N 16. 723, por las siguientes: c) Municipalidad de Sagrada Familia, 4%; d) Municipalidad de Molina, 4%; y e) Municipalidad de Río Claro, 2%. La letra d) actual pasa hacer letra f), sin modificaciones.

Artículo 6°.- Los fondos que correspondan a las Municipalidades de Sagrada Familia, Molina y Río Claro, en conformidad al artículo anterior, serán depositados en cuentas especiales a nombre de

las respectivas municipalidades, y los saldos existentes en ellas al término del año presupuestario no pasarán a rentas generales de la Nación, debiendo invertirse íntegramente en el Plan de Obras que acuerde cada municipalidad, debiendo la Municipalidad de Río Claro destinarlo preferentemente a dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a los pueblos de Cumpeo y Camarico.

Artículo 7°.- Reemplázase, a contar del 30 de junio de 1973, el inciso 2º del artículo 5º de la ley Nº 16. 591, por el siguiente:

Asimismo, la Municipalidad de Talca destinará un 5% a la Municipalidad de San Clemente, para que ésta aporte su producto a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para la construcción del Liceo de San Clemente.

Artículo 8º.- Reemplázase el artículo 4º de la ley N° 12. 760, modificada por las leyes Nºs 14. 579 y 17. 199; los incisos 2º y 3°, por los siguientes:

Establécese un impuesto especial de un 10% sobre el valor de las entradas a cines, teatros y, en general, a las de cualquier espectáculo público que se efectúe en la provincia de Talca.

El producto del impuesto referido en el inciso anterior se depositará en una cuenta especial, a nombre de la Municipalidad de Talca, la que lo distribuirá de la siguiente manera:

a) Un 50% para el Cuerpo de Bomberos de Talca;

b) Un 10% para la construcción de la sede social del Club Deportivo Abate Molina, de Talca;

c) Un 10% para construir la sede social del Club Deportivo Sacachispas, de Talca;

d) Un 10% para la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Talca, para pagar su sede social.

e) Un 10% para la Cooperativa de Ahorro Presidente Balmaceda Ltda. , de Talca, para adquirir o construir su sede social;

f) Un 5% para la Federación Comunal de Asentamientos de Pelarco para financiar sus gastos administrativos; y

g) Un 5% para el Centro Artístico Cultural Holanda, del barrio Oriente de Talca,

Los saldos que se produjeran en esta cuenta al término del ejercicio presupuestario no pasarán a rentas generales de la Nación, debiendo beneficiar exclusivamente en los porcentajes señalados a las instituciones indicadas en el inciso anterior. .

(Fdo. ): Gustavo Ramírez V.- Jorge Cabello P .

MOCION DE LOS SEÑORES PARETO, MONARES, ZALDIVAR, RECABARREN Y CARRASCO.

Honorable Cámara:

En la actualidad existen más de 200 empresas que han sido intervenidas o requisadas por el Gobierno; otras, que han sido nacionalizadas, como la Gran Minería del Cobre, y otras que han pasado a formar lo que el Gobierno ha llamado el Área Social de la Economía. Muchas de estas empresas han seguido operando con fondos públicos, incluso, comprometiendo el crédito del Estado, sin que ningún organismo tenga facultades para fiscalizar sus actividades.

En diversas oportunidades, parlamentarios de diversos partidos políticos han solicitado informaciones sobre la marcha y la gestión de estas empresas, motivados las más de las veces por la desastrosa gestión financiera y' administrativa. El Ministerio de Economía y las propias empresas a las cuales se les ha solicitado las informaciones, se han negado reiteradamente a proporcionar tales antecedentes, y la Contraloría, frente a los requerimientos formulados por los parlamentarios, ha expresado carecer de facultades para realizar las investigaciones necesarias y entregar las informaciones pedidas.

A esto se ha sumado la situación producida por las intervenciones, procedimiento de que se vale el Ejecutivo para reanudar las actividades de las empresas y normalizar su trabajo que, constituyendo medidas de carácter transitorio al término de las cuales los funcionarios que han ejercido estas labores, deben dar cuenta detallada de su gestión a la Contraloría, se han transformado en medidas permanentes y de duración indefinida, que se han prestado para toda clase de abusos y arbitrariedades, incluso desconociendo resoluciones de los tribunales de justicia.

El proyecto que presentamos a vuestra consideración viene a llenar este vacío legal y está concebido en los términos más amplios posibles, de manera que se le otorguen a la Contraloría General de la República toda clase de facultades para proceder a la fiscalización de las empresas del Estado, como también respecto de aquellas que han sido estatizadas o nacionalizadas y especialmente de las que han sido requisadas o intervenidas, nombrando funcionarios que ejercen facultades administradoras.

De esta forma la Contraloría tendrá facultades para realizar una completa fiscalización de auditoría y de la gestión administrativa y podrá informar sobre las medidas de todo tipo tomadas por los interventores y que tan desastrosas consecuencias han causado en la mayor parte de las empresas. Muy especialmente se ha tenido el propósito de que este alto organismo contralor pueda legalmente determinar la responsabilidad administrativa y penal de los interventores por los actos cometidos en su gestión.

Estas consideraciones nos han movida a presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- La Contraloría General de la República fiscalizará, además de las instituciones y servicios señalados en el artículo 1 de la ley Nº 10. 336, las empresas en que el Estado tenga aportes o respecto de las cuales intervenga bajo cualquier concepto en su administración.

El Contralor General de la República podrá dictar las medidas que correspondan para los efectos de cumplir esta fiscalización, adecuándola a las disposiciones de la ley Nº 10. 336.

(Fdo. ): José Monares Gómez.- Luis Pareto González.- Floreal Recabarren Rojas.- Alberto Zaldívar Larraín.- Baldemar Carrasco Muñoz.

MOCION DEL SEÑOR MONARES

Honorable Cámara:

La provincia de O'Higgins ha sufrido en los últimos cuatro años la pérdida de dos parlamentarios que, tras su vida política, dejaron una profunda huella por su integridad personal, su entrega al servicio de los demás y el acendrado espíritu de lealtad a sus ideas y a su provincia.

José Isla Hevia, oriundo de la campesina ciudad de San Vicente, murió trágicamente en un día de noviembre pasado o, más bien como lo expresara la emoción de un colega del Senado, comenzó a irse en los brazos de la muerte cuando el destino, imponderable en la vida de los hombres, marcara con crueldad sus esperanzas y su futuro.

Manuel Rodríguez Huenumán, en cuya sangre se cruzaba el ancestro centenario de una raza indomable, venido de las tierras inhóspitas y sembradas de historia araucana, comenzó su vida de maestro rural en una escuela de Graneros y la continuó en la lucha política por dar un nuevo destino a sus hermanos de sangre y esperanza. La muerte, que lo alcanzó en la plenitud de la vida, lo marcó también como un preludio fatal del destino de su camarada Isla, en un accidente automovilístico al despuntar el alba de una mañana de campo.

De estas muertes han pasado algunos años, pero sigue latente su recuerdo. Ambos tuvieron la vocación de la enseñanza. Manuel, en la modesta escuela de campo que sabe de estrecheces y sacrificios ignorados; José Isla, en sus clases de ayudante de una Cátedra Universitaria en la Escuela de Derecho. Por eso, como una forma de rendirles un homenaje, queremos que sus nombres estén grabados en el frontis de dos escuelas de la provincia de O'Higgins. El primero, en una escuela de la comuna de Graneros, que lo acogió con su cariño y su afecto y en donde reside su familia. El nombre de José Isla, en la Escuela N° 21 de Codegua, que es comuna actualmente, por sus desvelos y sacrificios. Será éste el más justo homenaje de lo mucho que le deben su provincia y sus hombres.

En razón de estas consideraciones, vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Denomínase Escuela Manuel Rodríguez Huenumán a la Escuela Nº 14 del departamento de Rancagua, ubicada en la comuna de Graneros.

Artículo 2º.- Denomínase Escuela José Isla Hevia a la Escuela Nº 21 del departamento de Rancagua, comuna de Codegua.

(Fdo. ): José Monares Gómez.

MOCION DEL SEÑOR ESPINOZA, DON LUIS

Honorable Cámara:

Existe en la provincia de Llanquihue una situación que tiene especial relación con los lamentables sucesos de Pampa Irigoin, hechos ocurridos el 9 de marzo de 1969.

Después de estos luctuosos sucesos, las ciento diez familias que fueron desalojadas de Pampa Irigoin, fueron ubicadas, por el Gobierno de la época, en unos terrenos que quedan en un extremo de la ciudad de Puerto Montt, en el lugar denominado Mirasol, donde procedieron a constituir la nueva población que lleva el nombre de Mártires 9 de Marzo. A estas familias, junto con el sitio sin urbanización, se les asignaron mediaguas de dos por tres metros, agregándose a ello el compromiso de que se les entregarían título gratuito de dominio sobre los sitios, y en el futuro el Ministerio de la Vivienda les asignaría una vivienda prefabricada.

Lamentablemente, las buenas intenciones para reparar el daño causado a estas familias, que vieron destruidos y quemados todos sus enseres, no se concretaron, y el olvido o la tramitación burocrática hizo que estos pobladores, estratégicamente ocultos en uno de los cerros de Puerto Montt, vieran cómo el tiempo pasa y las promesas o acuerdos tomados hace tres años, aún no se cumplen.

Hecho agravado por la circunstancia de que como estos terrenos son del Ministerio de la Vivienda, CORHABIT les está exigiendo a las familias mencionadas un mínimo de sesenta cuotas para optar al título sobre los sitios que ocupan, sin posibilidad de contar aún con la vivienda prometida.

Como entendemos que esta situación es el producto de un compromiso contraído en el Gobierno anterior, con el fin de paliar en parte las penurias y sufrimientos de estos pobladores, vengo en proponer a la consideración de la Honorable Cámara un proyecto de ley que, entiendo, por las razones dadas, contará con el apoyo de todos los sectores:

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- El Ministerio de la Vivienda, a través de la Corporación de Servicios Habitacionales, asignará título gratuito de dominio a las ciento diez familias actualmente radicadas en la población Mártires 9 de Marzo, de Puerto Montt, sobre los sitios que actualmente ocupan.

Artículo 2º.- El Ministerio de la Vivienda, por intermedio de la Corporación de Servicios Habitacionales, entregará a cada una de las familias contempladas en el artículo 1º de esta ley, un préstamo especial consistente en maderas, zinc y clavos, por un monto de Eº 20. 000 por familia, el que será cancelado por los pobladores en un plazo de quince años, en la forma que lo establezca el Ministerio de la Vivienda.

Artículo 3°.- El poblador favorecido por esta ley no podrá ser dueño u ocupante de otro sitio o mejora, y tendrá prohibición de enajenar el sitio o su vivienda hasta después de quince años, contados desde la fecha de la entrega del otorgamiento del título de dominio; a la vez, para invocar los beneficios señalados en los artículos 1º y 2°, deberá acompañar una Libreta de Ahorros CORHABIT con un mínimo de cinco cuotas.

Artículo 4º.- El Ministerio de la Vivienda podrá financiar el préstamo contemplado en el artículo 2º con fondos de su presupuesto ordinario o extraordinario, o con los recursos de que disponga para estos casos.

Artículo 5º.- Para el otorgamiento de les títulos y préstamos señalados en la presente ley, el Ministerio tendrá un plazo improrrogable de noventa días, a contar de la publicación de la misma en el Diario Oficial.

Artículo 6°.- Los títulos o préstamos deberán ser extendidos a nombre del jefe del hogar, sea cual sea su estado civil.

(Fdo. ): Luis Espinoza Villalobos.

MOCION DEL SEÑOR MONARES

Honorable Cámara:

En la ley Nº 17. 253, de diciembre de 1969, se estableció una disposición que favorece a las municipalidades ubicadas en las comunas donde se explotan fuentes de agua mineral, gravando con un impuesta de Eº 0, 025 por botella de 285 cc, con el objeto de financiar un presupuesto extraordinario para obras de progreso comunal.

En el caso concreto de la comuna de Coínco, provincia de O'Higgins, en donde se envasa el agua mineral Cachantún, este impuesto ha tenido un rendimiento en el año 1971, del orden de Eº 1. 591. 352, mientras que el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad alcanza solamente a la suma de Eº 354. 390.

Como la realización de las obras contempladas en el Presupuesto Extraordinario requieren una estructura administrativa más eficiente y amplia, la Municipalidad de Coínco se ha visto entrabada por no contar con los medios humanos y técnicos suficientes para hacer frente a estas necesidades, razón por la cual se hace imprescindible aumentar el Presupuesto ordinario, especialmente para contratar el personal necesario.

Debido a que la única forma que es posible dotar de estos mayores fondos a la Municipalidad es a través de un traspaso de fondos, vengo en presentar a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Autorízase a la Municipalidad de Coínco para transferir a su presupuesto ordinario, el 20 por ciento de los fondos provenientes de la ley Nº 17. 253.

(Fdo. ): José Monares Gómez.

MOCION DEL SEÑOR DE LA FUENTE

Honorable Cámara:

En varias municipalidades del país, de Ingresos reducidos y de un limitado personal, tanto empleados como obreros, se han visto obligados los Alcaldes y los Regidores a mejorar las rentas de sus funcionarios y de sus obreros, para que puedan subsistir y para que puedan continuar así trabajando. El no hacerlo habría significado la renuncia del personal y la imposibilidad de reemplazarlo, por la falta de interés que motiva la baja renta.

Los acuerdos en este sentido, tomados por las municipalidades, en algunas oportunidades con deudas pendientes de alumbrado público y facturas impagas, pueden producir reparos por la Contraloría General de la República a través de su Juzgado de Cuentas, ordenando la restitución de los haberes percibidos por empleados y obreros en virtud de dicho acuerdo.

Estas municipalidades de comunas de bajo ingreso vuelven a tener los mismos problemas que la obligaron a tomar el acuerdo antes mencionado, que les permitió dar solución a la inquietud de sus funcionarios y obreros.

Con el fin de normalizar por una sola vez estas dificultades, vengo a presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Se libera de responsabilidad a los Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales que hayan acordado modificación de sus plantas de empleados y obreros, durante el año 1971 y que regirá en 1972, aun cuando el municipio haya tenido deudas pendientes de cualquier naturaleza.

Los funcionarios y obreros municipales no restituirán el mayor ingreso que hayan percibido y que perciban durante el año 1972, por la modificación de sus plantas.

(Fdo. ): Gabriel de la Fuente Cortés.

MOCION DE LOS SEÑORES SEPULVEDA, FUENTES VENEGAS, CARRASCO Y SANHUEZA

Honorable Cámara:

Ante la urgente necesidad de testimoniar públicamente el reconocimiento a la tarea que en bien de la educación nacional cumple en Chile la enseñanza del sector privado y de reconocer los verdaderos derechos de los establecimientos, constituyen una mayor garantía para la enseñanza particular las normas que favorezcan a los colegios particulares en su desenvolvimiento y desarrollo, en los nuevos conceptos de solidaridad, organización y participación de la comunidad, y buscando una unión más íntima entre las Asociaciones de Padres y Apoderados, las instituciones educacionales en todos los niveles que en ellos participan y en el alumnado, considerando el colegio como la prolongación normal de la obra educadora de la familia, los parlamentarios demócratas cristianos proponemos el siguiente proyecto de ley, que no dudamos será mejorado durante su discusión.

El objetivo principal del proyecto es evitar ciertos abusos en la adjudicación y percepción de las subvenciones fiscales, especialmente las establecidas por las leyes 9. 864 y 10. 343, y corregir defectos legales a través de observaciones que permiten resguardarse debidamente, como los siguientes:

1.- Las disposiciones sólo comenzarán a regir a partir del 1º de enero de 1974.

2.- Sólo pueden gozar de subvención los establecimientos que sigan los planes y programas oficiales de enseñanza que tengan como mínimo los ramos autorizados por leyes o decretos especiales.

Proyecto de ley:

Normas generales

Artículo 1º.- Se reconoce a la enseñanza particular, su función de colaboradora de la educación en Chile, y el Estado preservará la existencia de los establecimientos vigentes, de acuerdo a las normas que establece la presente ley.

Artículo 2º.- La educación particular y los establecimientos educaciones particulares deberán de ceñirse a las disposiciones de esta ley, y en especial, cumplir con las normas que dé el Estado y el Ministerio de Educación acerca de programas educacionales, regímenes de exámenes, pruebas nacionales y demás normas que afecten el sistema educacional chileno.

Artículo 3º.- Todo el personal docente de las escuelas y colegios particulares, deberá tener título normalista o universitario, según el caso, o su equivalente, en el evento de haber estudiado en el extranjero.

Artículo 4º.- Todo director o rector de establecimiento particular deberá ser profesor normalista o pedagogo, y haber ejercido la docencia por lo menos tres años.

Artículo 5º- Ningún establecimiento educacional particular podrá funcionar, si no tiene, por lo menos, los cursos completos de enseñanza básica.

Artículo 6º.- Todo establecimiento particular deberá desarrollar actividades docentes durante por lo menos ocho horas diarias, durante cinco días cada semana, o treinta y seis horas semanales en jornadas continuas o discontinuas, y en su capacidad total, y si así no Jo hiciere, el local que ocupe deberá ser prestado al Ministerio de Educación para fines de docencia por el espacio de tiempo necesario para que funcione un establecimiento fiscal en ese local. Un reglamento especial regulará las condiciones de estos préstamos de local.

Comunidad educacional y administraciones

Artículo 7°.- En toda escuela o colegio particular deberá existir un centro de profesores y personal paradocente, un centro de padres y apoderados, un centro de alumnos y una asociación del personal auxiliar, que se agrupará en un comité coordinador para conocer de los problemas comunes al establecimiento y recomendar al estamento respectivo las medidas que cada caso requiera. Cooperará, fundamentalmente, a la conexión indispensable entre un estamento educacional y otro. En el caso de que sea una persona natural o jurídica quien tenga la tuición del establecimiento educacional, ésta también estará representada en el Comité Coordinador.

Artículo 8º.- El Comité Coordinador estará constituido por tres representantes

del Centro de Padres, tres representantes de la persona natural o jurídica que tenga a su cargo la tuición del establecimiento educacional, dos representantes del Centro de Alumnos, un representante del personal auxiliar, y un representante de los ex alumnos y el director o rector del establecimiento, que lo presidirá.

Artículo 9º - Cada uno de los centros o agrupaciones que forman la comunidad educacional tendrá como función conocer, estudiar y resolver los problemas que le son propios, y en cuanto afecten a otros estamentos, propondrán la solución correspondiente a éste. Sin embargo, en materia pedagógica o disciplinaria corresponderá al director o rector del establecimiento dirimir el problema planteado, y en el caso de problemas económicos será la persona natural o jurídica que tenga a su cargo la tuición del establecimiento, o el Comité Coordinador, si la comunidad educacional fuere la encargada de la administración o tuición del mismo.

Financiamiento

Artículo 10.- Para los efectos del financiamiento, los colegios y escuelas particulares se dividen en gratuitos y pagados.

Artículo 11.- Son gratuitos aquellos que perciben del Estado los medios económicos necesarios para su funcionamiento; y pagados aquellos en que los padres y apoderados, a través de matrículas y cuotas mensuales, costean el presupuesto anual del establecimiento. En ningún caso podrá ser objeto de lucro la mantención o propiedad de una escuela o colegio particular.

Artículo 12.- La subvención estatal anual de un colegio o escuela gratuita se determinará en la siguiente forma:

a) Se tomará como base para el cálculo, treinta y seis horas semanales de clase por alumno; b) se considerará que cada curso tiene como número ideal, treinta alumnos; c) se estima que el presupuesto de todo colegio se consume en un 80% en el pago del personal docente y sus imposiciones; d) se considerará que cada profesor tiene 15 años de servicios y la remuneración bruta más las imposiciones correspondientes de un profesor fiscal de esa antigüedad, multiplicados por el número de profesores necesarios para atender el número de alumnos de cada establecimiento, de acuerdo a lo expuesto en las letras anteriores determinará el monto del 80% de la subvención. A este porcentaje se le agregará el 20% correspondiente a otros gastos para determinar la subvención fiscal de cada escuela o colegio.

Artículo 13.- Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el rector o director de cada establecimiento educacional gratuito, en el mes de marzo de cada año, hará una declaración jurada del número de alumnos de su establecimiento, que presentará a la Dirección Provincial de Educación que le corresponda, de acuerdo a la ubicación del establecimiento.

Artículo 14.- El Director o Rector que por cualquier circunstancia fuere sorprendido en falsedad en su declaración, será procesado por delito de defraudación de fondos fiscales. El Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Industria y Comercio, por lo menos una vez cada seis meses, destacará inspectores con el objeto de controlar la veracidad de la declaración jurada antedicha.

Artículo 15.- Al momento en que cada Rector o Director de establecimiento educacional gratuito entregue la declaración jurada a que se alude en los artículos anteriores, recibirá de la Dirección Provincial de Educación, el 50% de la subvención que le correspondió el año anterior, y el saldo, que cubrirá la subvención para el año que corresponda a esa declaración, la recibirá en el mes de julio del mismo año. El pago de las subvenciones fiscales tendrá prioridad sobre todo gasto, dentro del presupuesto del Ministerio de Educación.

Artículo 16.- Se prohíbe a los establecimientos educacionales subvenciones por el Estado cobrar suma alguna a los padres o apoderados para el mantenimiento de ellos, y cualquiera infracción a esta disposición será sancionada como delito de defraudación de fondos fiscales.

Artículo 17.- Los colegios y escuelas pagadas podrán cobrar cada año, las matrículas y cuotas anuales que cobraron el año anterior, reajustados en el mismo porcentaje promedio de alza del personal docente que trabaja en el establecimiento educacional respectivo. En el evento que existan profesores pagados directamente por instituciones o Gobiernos extranjeros, los ingresos o aumentos de las remuneraciones de estos profesores no se tomarán en cuenta para determinar el reajuste de las matrículas o cuotas mensuales o anuales de cada establecimiento.

Artículo transitorio Nº 1.- El artículo 3º de la presente ley se aplicará después del tercer año de vigencia de la misma.

Artículo transitorio Nº 2.- El artículo 5º de esta ley se aplicará después de cinco años de vigencia de la presente ley.

(Fdo. ): Eduardo Sepúlveda M.- César Raúl Fuentes V.- Baldemar Carrasco M.- Fernando Sanhueza H.

PRESENTACION

Honorable Cámara:

Son atributo y garantía esencial en una nación civilizada el que sus habitantes puedan vivir con seguridad, con orden y con pleno resguardo de sus personas, sus derechos y su tranquilidad. Y esos atributos y garantía, tan hondamente anhelados por el ser humano, han sido una de las más preciadas conquistas logradas por Chile desde el origen mismo de su vida independiente, al estructurar un sistema democrático basado en la ley y en el respeto a la ley. Un orden de Derecho, donde la misma autoridad que emana sus prerrogativas de la ley, debe cumplirla y hacerla cumplir, reconociendo precisamente las obligaciones, las facultades y ¡as limitaciones que la ley le impone.

En tal ordenamiento jurídico, esencialmente igualitario y celoso en el resguardo de la libertad de los chilenos, se pudo organizar al país y se ha venido éste desarrollando y progresando como nación.

La convivencia social entre los habitantes de Chile, la unidad e integridad de nuestra Patria, la libertad y los derechos fundamentales de cada una de las personas, la tranquilidad pública y la paz social, el orden y la seguridad, que les permiten vivir y progresar, son, en definitiva, el bien jurídico que protege el Estado chileno y que su Gobierno está obligado a asegurar.

El pueblo chileno confía y ha confiado en la estructura jurídica de nuestra nación, como modo básico de convivencia. Por tradición nacional, ya incorporada a la conciencia colectiva, el chileno no ha buscado el camino de ejecutar por su mano, con su propia violencia y criterio, la justicia que crea merezca su derecho. Ha confiado en la ley y en la justicia que la ley es capaz de establecer, y que la autoridad, emanada de la ley, puede aplicar. Esta conciencia, capaz de ordenar la historia de una nación, ha sido capaz de dar a Chile Gobiernos de todas las ideologías, doctrinas y sectores, sin romper jamás el ordenamiento jurídico y la paz social que aseguraba la vida del pueblo. El pueblo chileno confía en la ley, aunque reclame contra lo que estime injusticia. Confía en la fuerza pública, aunque la vea dura y exigente. Confía en la autoridad, cuando la siente inspirada en el servicio al interés nacional. Y, en definitiva, ello es así, porque en la conciencia nacional del chileno se comprende que su propia existencia está unida a lo que Chile ha sido capaz de crear. A su propia existencia como nación.

Responsabilidad del Gobierno de la República

El ordenamiento jurídico es parte esencial de la Nación y su existencia es deber fundamental del Estado. Los poderes del Estado pueden modificarlos, pero acordes a lo que su propia estructura y atribuciones determinan.

Al Presidente de la República, expresión del Poder Ejecutivo, que dicho ordenamiento jurídico establece, le está confiada la alta jerarquía de ser el Jefe Supremo de la Nación y la responsabilidad de administrar el Estado. En consecuencia, le corresponde velar, con la máxima responsabilidad, por el mantenimiento del orden jurídico que la nación se ha dado y administrar el Estado de modo que se resguarden debidamente los derechos, el orden público y la tranquilidad social que garantiza a los ciudadanos.

En efecto, el artículo 71 de la Constitución Política establece que al Presidente de la República le está confiada la administración y gobierno del Estado y que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República.

Para cumplir tales altos fines, el Gobierno está revestido de amplias atribuciones legales, morales y materiales. Está dotado de autoridad, de fuerza pública que debe ser obediente a la ley y a la autoridad, de recursos humanos, materiales y financieros, legales y procesales. Tiene, a su mando, fuerzas policiales para actuar, y tiene recursos legales para accionar ante los Tribunales de Justicia, para sancionar y procesar a los que alteren esos fines.

Es decir, el Gobierno tiene las atribuciones, los medios y los elementos adecuados para cumplir las obligaciones que se le imponen.

Responsabilidad del Ministerio del Interior

El Poder Ejecutivo, las funciones y actuaciones que caben al Presidente de la República, se realizan a través de diversos Ministerios que la ley establece. La esencia importante de tales Ministerios reside en el hecho de que las órdenes del Presidente de la República para ser obedecidas, requieren de la firma del Ministro del departamento respectivo, sin cuya firma -señala la Constitución- no serán obedecidas.

La función de resguardar el orden público y la tranquilidad social, básica y esencial del Estado, corresponde al Ministro del Interior. Su trascendencia se confirma con la sola circunstancia de que en dicho Ministro recae tanto la condición de ser el jefe político del Ministerio, como de corresponderle la sucesión del Jefe del Estado, en el carácter de Vicepresidente de la República.

Para el ejercicio de tan altas funciones, el Ministerio del Interior cuenta, por su parte, con la subordinación que le deben diversas instituciones y servicios públicos. En efecto, dependen del Ministerio del Interior, el Servicio de Gobierno Interior, integrado por los Intendentes y Gobernadores y sus subordinados, que deben velar por la integridad del territorio de su respectiva jurisdicción y mantener la paz y el orden público; el Cuerpo de Carabineros de Chile, cuya ley orgánica dispone que le corresponde la vigilancia y mantenimiento de la seguridad y el orden en todo el territorio de la República (artículo 1? del D. F. L. Nº 213 de 1960), y que depende directamente del Ministerio del Interior, quien dicta sus reglamentos de servicio sobre diversas materias (artículo 2º).

No obstante ser los señalados los servicios básicos para la preservación del orden y la tranquilidad pública, debe anotarse que igualmente corresponde al Ministerio y a los Intendentes que de él dependen, las atribuciones de accionar la Ley de Seguridad Interior del Estado, como asimismo, la jerarquía del Servicio de Investigaciones.

Sin embargo, no es necesario abundar en las obligaciones que corresponden al Ministerio del Interior, ni en los preceptos legales que le señalan tales obligaciones, ni en los que le otorgan facultades. Dicha acción está definida con claridad en el último Mensaje presidencial, ina 23, donde dice: Cabe señalar que la acción de esta Secretaría de Estado radica esencialmente en la preservación del orden público que se traduce en la tranquilidad y seguridad de la población, de acuerdo con las obligaciones que le impone la ley orgánica de Ministerios.

Precisamente en las expresiones orden público, tranquilidad y seguridad de la población, se determinan los alcances de las obligaciones que la ley impone al Ministro del Interior. En dichas expresiones no está comprendido solamente el evitar el alzamiento en contra del Gobierno, sino precisamente toda alteración del orden, de la tranquilidad o la seguridad de los ciudadanos; comprende todo impedimento, tropiezo, privación o entrabamiento del ejercicio de sus derechos a un ciudadano, por la acción de otros, sea mediante tumulto o desórdenes, violencia o fuerza, que impidan la normal aplicación de las leyes.

Por ello es, además, que correlativamente a las obligaciones que se imponen al Gobierno para el resguardo del orden, la tranquilidad y la seguridad públicas, se establecen los delitos en que incurren quienes cometen actos contrarios a tales fines, para imponerles la correspondiente sanción.

Así, en efecto, el artículo 126 del Código Penal sanciona a los que se alcen públicamente con el propósito de arrancar resoluciones por medio de la fuerza a cualquiera de los poderes constitucionales; el artículo 141, a los que encerraren

o detuvieren a otros, privándoles de su libertad; el artículo 144, al que entrare en morada ajena en contra de la voluntad de su morador, estableciendo penas más graves si es con violencia o intimidación; el 158 Nº 4º, al que impidiere a un habitante de la República permanecer en cualquier punto de ella o trasladarse de uno a otro; el 158 Nº 6, al que perturbare la posesión; el artículo 269, al que turbare gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular con cualquier otro fin reprobado; el 296, al que amenazare seriamente a otro con causar a el mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad un mal que constituya delito... En otras palabras, existen en éstas y otras disposiciones legales el fin preciso de proteger la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Chile, estableciendo sanciones a quienes la afecten o destruyen. Y también, como se verá más adelante, sancionando a los funcionarios públicos que no cumplen sus obligaciones legales y no lo impiden, o lo permiten y lo amparan.

Por lo demás, las actuaciones de violencia y el atropello a derechos y a las personas de los ciudadanos por parte de otras personas, sean o no funcionarios públicos, cometidas por inoperancia, debilidad o incumplimiento de las obligaciones que corresponde a las autoridades de Gobierno Interior, y más aún cuando corresponden a una política o a órdenes determinadas por el Ministro del Interior, significan un grave incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que a este personero corresponden. Así lo determinó con claridad tanto la Cámara de Diputados al acusar al ex Ministro del Interior señor José Tohá, como al Senado al acoger la referida acusación y destituir al Ministro.

Deliberado incumplimiento

No obstante la meridiana claridad de las disposiciones constitucionales y legales que imponen al Gobierno de la República y, en particular, al Ministro del Interior la obligación de resguardar el orden público y la tranquilidad y seguridad de la población, ha sido norma deliberada de este Gobierno y de los dos Ministros del Interior que ha tenido, no dar cumplimiento a esas obligaciones.

En efecto, desde el inicio del actual Gobierno y con el pretexto de aplicar una política de persuasión en lugar de lo que, despectivamente, calificó de política represiva, no se ha dado cumplimiento cabal a las referidas obligaciones constitucionales y legales de resguardar el orden público y preservar la tranquilidad y seguridad de la población. Y, fundamentalmente, ello ha sido más rotundo y absoluto cuando quienes alteran el bien jurídico que dichas obligaciones precaven, son o han sido elementos integrantes de grupos marxistas revolucionarios, en lo sustancial adictos al actual Gobierno.

Pero resulta tanto mayor la gravedad del atropello a sus deberes e incumplimiento de sus obligaciones gubernativas por el Ministro del Interior, por cuanto en muchos cientos de los hechos delictuales conocidos han intervenido para, facilitarlos o instigarlos, o para encubrirlos y dejarlos sin sanción, funcionarios públicos y aún autoridades de Gobierno Interior. Y también, en cientos de casos, el Gobierno, con la firma del Ministro del Interior, ha ordenado designar un interventor en la propiedad usurpada, perturbando así ilícitamente la posesión afectada por el delito, prolongando los efectos del mismo y permitiendo que los autores de él aprovechen impunemente los efectos de su acción delictual. Todo lo que precisaremos más adelante.

Sin embargo, reviste mayor gravedad aún, a nuestro juicio, por los efectos deplorables que produce no sólo para los miles de víctimas de este tipo de delitos, sino para todo el país, la criminal imposición que hace el Gobierno al separar al Cuerpo de Carabineros del cabal cumplimiento de sus obligaciones legales, morales y funcionarías. En efecto, y sin perjuicio de precisar más adelante la situación penal que se plantea, debe anotarse que al no cumplir deliberadamente sus obligaciones legales y constitucionales en la materia referida, el Ministro del Interior impide y prohíbe a Carabineros intervenir frente a delitos flagrantes, detener a los delincuentes y poner término al delito. Y, además, no sólo otorga así impunidad a los autores de tales delitos, sino que además ordena a Carabineros impedir la legítima defensa de las víctimas o de quienes colaboren con ellas para poner término al delito.

Con esta actitud, no sólo se está violando la Constitución Política, atropellando la ley dejando sin cumplir imperativas disposiciones legales, sino que además se está arrastrando a hacerlo a Carabineros de Chile, quienes pasan a ser responsables de incumplimiento de sus deberes militares, sancionado como delito en el Código de Justicia Militar. Y con ello, se afecta gravemente la moral personal y funcionaría del digno instituto policial, cuya existencia está unida a su obligación orgánica fundamental de la vigilancia y el mantenimiento de la seguridad y el orden en todo el territorio de la República.

La deliberación en el incumplimiento anotado ha llevado aún a los extremos inauditos de incurrir en abiertos desacatos ante resoluciones expresas de los Tribunales, que ordenaban detener delincuentes flagrantes o poner a su disposición a detenidos... Como también se precisará.

Toda la actuación culpable realizada por el Ministro del Interior en estas materias, como asimismo, su omisión deliberada, lleva implícita la finalidad de no acatar la legalidad vigente -cuando ella obliga a sancionar a personas adictas a grupos marxistas- y permitir el atropello al orden público y a la tranquilidad y seguridad de las personas, por esos mismos elementos.

La deliberada intención de no sancionar y de amparar esos delitos los manifiesta, por otra parte, en forma expresa el propio Presidente de la República en el último Mensaje Presidencial. En efecto, allí sostiene:

Durante mi Gobierno se han producido conflictos y ocupaciones que han afectado a unos 1. 700 predios... Y agrega: Pero si el proceso productivo y la paz se han mantenido en el campo, es porque en vez de represión mi Gobierno ha hecho revolución. Por cada hectárea ocupada se han expropiado decenas de miles.

Tal afirmación constituye una plena prueba de la intención deliberada de permitir la delincuencia y, en vez de mantener el orden y asegurar la tranquilidad y la seguridad de la población, el Gobierno compite revolucionariamente con los delincuentes, expropiando decenas de miles de veces más que lo que ellos ocupan. Pero contra el criterio gubernativo, tal hecho viene a confirmar lo injustificado del criterio de amparar la ilegalidad y los delitos por parte del Gobierno.

Reprimir un delito no es un acto contrario al ordenamiento jurídico, ni al interés social. Es una obligación para el Gobierno de la República.

El mismo criterio de virtual encubrimiento, manifiesta cuando califica de conductas espontaneístas, las actuaciones violentas e ilícitas de los ocupantes o usurpadores, que el Código Penal califica como delitos. El Código Penal obliga a su sanción; la política de Gobierno Interior presupone superarlos revolucionariamente. Pero mientras, el Gobierno reconoce 1. 700 delitos sin sanción alguna.

Si cupiera, sin embargo, alguna duda sobre la predeterminación de la conducta gubernativa, el Mensaje se encarga de precisar: Los problemas de orden público provocados por los intereses en pugna van a aumentar considerablemente. Ante esto, la posición del Gobierno Popular es la que corresponde: las tensiones sociales derivadas del levantamiento de los oprimidos, serán resueltas profundizando la revolución dentro del orden legal y de acuerdo con nuestro programa; los atentados a la convivencia cívica provocados por los sectores privilegiados o los grupos obsecados, serán resueltos por el imperio de la ley...

Es decir, el Gobierno no sólo se permite discriminar en materia de aplicación de su obligación legal, sino que también se transforma en juez, invadiendo las atribuciones judiciales, para determinar el sentido e intención de la acción y la calificación del actor.

Finalmente, el Gobierno reconoce el divorcio evidente que se ha producido entre el ordenamiento jurídico vigente, que debe respetar y hacer respetar, y la realidad impulsada, permitida o buscada por el Gobierno marxista. Así, con eufemismos propios de su orientación ideológica, sostiene: Las profundas transformaciones que Chile está experimentando han producido un claro distanciamiento entre las nuevas necesidades de orden legal y una normativa jurídica tradicional.

Y esa distancia el Gobierno marxista pretende salvarla por la vía del incumplimiento de sus propias obligaciones en materia de resguardar el orden público, la tranquilidad y la seguridad de la población. Y, eliminando los eufemismos y ateniéndonos a la realidad, debe decirse, que lo hace por la vía de tolerar la vía delictual de los grupos armados y la decisión de impedir que la fuerza pública pueda combatirlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.

De manera que resulta irredargüible que el Gobierno marxista, en forma deliberada, considera que responde a su finalidad revolucionaria el actuar como lo hace en materia de orden público y, en especial, frente a las ocupaciones ilegales, a las usurpaciones y actos de violencia en los campos, industrias y predios urbanos. En consecuencia, su actuación es deliberada, y el barrenamiento de las normas constitucionales y legales que tal actuación implica es premeditado, consciente y, de su absoluta y total responsabilidad.

Hechos que alteran el orden público y la seguridad o tranquilidad de la población

No obstante la gravedad que significa para el Gobierno de un país democrático la destitución del Ministro del Interior por acuerdo del Congreso Nacional, en atención a haber afectado gravemente la seguridad pública, haber atropellado las leyes y haber dejado otras sin ejecución, como lo fue el señor José Tohá, su sucesor, el actual Ministro señor Hernán del Canto, ha continuado la misma política contraria a las normas constitucionales y legales que está obligado a cumplir.

El país ha seguido viviendo en la in-quietud y en la incertidumbre. La violencia ejercida por grupos declaradamente marxistas y revolucionarios ha continuado, y se han atropellado las personas y los derechos que le asisten en centenares de casos en los escasos meses que lleva el señor Del Canto en el Ministerio. Se han ocupado predios, robado bienes y violado moradas, amenazando, secuestrando, hiriendo o matando a personas en tales actos. Se han ocupado industrias, negocios y oficinas, también con delitos conexos. Se han ocupado minas, oficinas fiscales y aún Juzgados, impidiendo su funcionamiento o reteniendo a los funcionarios y al juez. En síntesis, puede señalarse, fundadamente, que en el país existen grupos violentistas que actúan al margen de la ley, atropellando la ley y el derecho ajeno, garantido por el orden público, y que encuentran amparo, tolerancia o connivencia de las autoridades de Gobierno Interior, que está bajo la personal responsabilidad del Ministro del Interior.

En efecto, una somera observación de los actos ilícitos, delictuales, ocurridos desde el nombramiento del actual Ministro del Interior en las materias indicadas, nos confirma la gravedad que revisten.

Desde el 28 de enero del presente año, fecha en que juró su cargo el Ministro acusado, hasta el 5 de abril pasado, según documento emanado de Carabineros que se adjunta, fueron ocupados doscientos un predios (201), de los cuales han permanecido usurpados hasta la fecha setenta de ellos. Desde esa fecha, a igual de mayo, fueron ocupados sesenta predios más, más cincuenta y cuatro predios hasta fines de mayo. Sin considerar en estas cifras, que sólo el día 2 de mayo, a raíz de la detención de los autores de los delitos denunciados en el predio Milla-huin por orden del juez del departamento de Melipilla, fueron ocupados 56 predios en la provincia de Santiago.

En los delitos referidos, se han cometido, asimismo, toda suerte de otros delitos, de diversa naturaleza y gravedad. Como se acreditará ante la Comisión de la Honorable Cámara que ésta designe. Muchos de ellos constan en los antecedentes reunidos por Carabineros, y remitidos al Senado. Otros, que también constan a Carabineros, serán precisados ante la Comisión.

Carabineros no interviene por orden del Gobierno

En ninguno de los casos señalados, Carabineros intervino para defender a la víctima del delito de usurpación o de los demás delitos cometidos, ni para poner término al delito, aprehender a los delincuentes y ponerlos a disposición de la Justicia. A ello lo obligan las disposiciones legales vigentes. Pero, sin embargo, por disposición 'del Ministerio del Interior, Carabineros no interviene frente a esos delitos flagrantes.

Las instrucciones dadas a Carabineros en tal sentido, implican colocarlos en la disyuntiva de obedecer al Ejecutivo y, en tal caso, infringir la ley e incurrir en el delito de incumplimiento de deberes militares; o de acatar la ley, desobedeciendo las instrucciones del Gobierno.

La gravedad de la situación producida, resalta de la simple enunciación del problema, sin perjuicio de constituir abiertamente infracciones graves a las obligaciones legales y constitucionales que recaen sobre el Ministro del Interior.

Decretos de intervención para predios usurpados

En vez de cumplir con la obligación legal que le cabe, el Ministro del Interior ha concurrido con su firma a decretar la intervención de los predios usurpados. De esta manera, ha entrado a perturbar definitivamente, o al menos en forma prolongada, la posesión de su propietario. Y, también, por las actuaciones realizadas por los interventores en esos predios, por la permanencia en ellos de los ocupantes, disfrutando de los bienes usurpados, el decreto de intervención pasa a constituir un medio para que los autores del delito de usurpación puedan aprovecharse de los efectos de su delito. Típica figura del encubrimiento.

Desde su nombramiento hasta el 20 de mayo pasado, el Ministro acusado puso su firma a cincuenta y siete (57) decretos de intervención, que afectaban a ochenta predios. Hasta esa fecha, sólo a dos de dichos decretos se les había puesto término. Es necesario agregar, para la debida apreciación de la Honorable Cámara, que la justificación dada en todos esos decretos para imponer la intervención, no corresponde a la realidad. No ha habido en ellos paralización de faenas, sino una forma delictual: usurpación. De modo que no sólo no se justifica legalmente su dictación, sino que involucra una abierta adulteración de la verdad, un fraude, cometido por la autoridad en instrumento público.

Hechos delictuales en ocupaciones de industrias, fábricas, locales comerciales, oficinas y bodegas

En los últimos meses, la misma pasividad gubernativa, imputable al Ministro del Interior, ha permitido toda clase de hechos delictuales en las ocupaciones de innumerables industrias, fábricas, locales comerciales, bodegas y oficinas, con secuestro y retención de personas, con amenazas, lesiones y vejámenes, uso de armas, violaciones de moradas, de correspondencia, etcétera. Incluso se ha llegado a hechos tan graves como el homicidio del industrial don Enrique Núñez, y a las torturas cometidas en contra del dirigente sindical Víctor Cáceres.

Una somera lista de cincuenta casos revela la gravedad que revisten las ocupaciones delictuales que el Ministro del Interior ampara al omitir el cumplimiento de las obligaciones legales que le corresponden, y al impedir que Carabineros cumpla con las suyas propias. Asimismo, la simple anotación de los nombres de las industrias ocupadas, considerando las posteriores actuaciones gubernativas relacionadas con muchas de ellas, confirma la premeditación en el deliberado incumplimiento de la ley por parte de las autoridades de Gobierno Interior en cada caso.

1-2-72 FENSACO (accesorios Eléctr. autos), etcétera, Rancagua.

11-2-72 Fábrica de Conservas Rengo, Rengo.

11-2-72 Fábrica de Envases de Hojalata, Santiago.

11-2-72 Fábrica de Maquinarias, Santiago.

11-2-72 Oficinas Generales Consorcio Nieto, Santiago.

14-2-72 PROALIM, Valparaíso.

19-2-72 Hotel Termas del Flaco, San Fernando.

22-2-72 Planta IANSA, Curicó.

25-2-72 Fábricas de la BarracaMolledo, Chillán y Rucapequén.

3-3-72 Industrias Grau S. A. (Estruc. cemento), Santiago.

3-3-72 Ind; Maderera Leopoldo de Miguel, Temuco.

8-3-72 Planta Nº 2 de Hirmas, Santiago.

8-3-72 Empresa SEG (Ingeniería), Santiago.

- 3-72 Industria Citroen, Santiago.

14-3-72 Sindelén, Santiago.

19-3-72 Planta Poliester Sumar, Santiago.

23-3-72 Vulco (artículos de goma), San Bernardo.

23-3-72 Hilandería Andina, Santiago.

- 3-72 Industria Velcia, Valparaíso.

- 4-72 San Camilo (panadería), Santiago.

5-4-72 5 plantas madereras y materiales de construcción y Oficinas de Soc. Ind. Maderera, Ralco.

- 4-72 Planta Peugeot, Los Andes.

- 4-72 Planta Fantuzzi, Maipú.

8-4-72 Tiendas Peñalba, Ville de Nice y John York, Santiago.

10-4-72 IRT. Ind. Radio y Televisión, Puente Alto.

11-4-72 Dos frigoríficos de la firma FRIGOSAN, Santiago.

12-4-72 Panadería La Preferida, Santiago.

14-4-72 Industria Agrícola Magrinsa, Lautaro.

15-4-72 Industria Textil Pollack, Santiago.

- 4-72 Ind. Acero Limitada IMAN, Santiago.

- 4-72 Industria IMEF, Santiago.

- 4-72 Fábrica de Baterías Helvetia, Santiago.

25-4-72 SIAM Di Tella, Santiago.

22-4-72 Firma DESCO, Santiago.

22-3-72 Bombas GHC, Santiago.

-4-72 Bodegas Vinos Magdaleno, Santiago.

5-5-72 Ind. Fibroquímica Chile Ltda., Santiago.

3-5-72 Ind. Calzados Figalino, Santiago.

10-5-72 Ind. Trevira, Santiago. MADEMSA, Santiago.. FENSA, Santiago.

Ocupaciones de diversa naturaleza

Una confirmación de la absoluta anarquía provocada por la política culpable realizada a través del Ministro acusado, la da, no obstante la naturaleza jurídica y material diversa de cada rubro, la mera constatación de diferentes ocupaciones efectuadas en el período que lleva como Ministro el señor Del Canto.

Gobernaciones, Intendencias y Municipalidades

5-3-72 Gobernación del departamento de Itata.

24-3-72 Intendencia de Linares.

5-3-72 Gobernación de Quirihue.

13-3-72 Gobernación de Parral.

8-4-72 Municipalidad de La Reina.

4-2-72 Gobernación de Arauco.

Instituciones y oficinas fiscales

1-2-72 Itento de ocupación de oficinas de LAN, Punta Arenas.

7-2-72 Oficina Zonal de Obras Públicas, Puerto Montt.

7-2-72 Planta Técnica Cía. Nac. de Teléfonos, Puerto Montt.

11-2-72 Oficina INDAP, Quillota.

11-2-72 Oficina INDAP, Limache.

9-2-72 Cía. de Teléfonos, Osorno.

20-2-72 Quinta Normal, Santiago.

19-2-72 CODINA (devuelta en esta Recría), Antofagasta.

9-3-72 Dirección de Obras Sanitarias, Valparaíso.

10-3-72 Oficinas CORHABIT, Rancagua.

13-3-72 Of. de Inspección Provincial del Trabajo, Linares.

14-3-72 Maestranza de ENDESA, Santiago.

5-4-72 Dirección de Asuntos Indígenas, Temuco.

22-3-72 Dirección de Aguas, Santiago.

17-4-72 Caja EE. PP., Santiago.

22-4-72 Oficinas de DIRINCO, Copiapó.

20-4-72 Ministerio de la Vivienda, Santiago.

20-4-72 Oficina de la CORVI, Santiago.

26-4-72 Oficinas de DIRINCO, Chillán.

26-4-72 Cárcel, Chillán.

1-4-72 Dirección de Obras Sanitarias,

Concepción.

4-4-72 Seguro Social e Instituto de Seguros del Estado, Santiago. 9-4-72 Oficinas Centrales de CORA, Santiago.

29-4-72 Intento de toma del Juzgado de Letras, Peumo.

8-4-72 Oficina de Desarrollo Social, Temuco.

4-4-72 Oficinas de CORA, Chillán.

9-5-72 Juzgado de Melipilla, Santiago.

Establecimientos educacionales

3-2-72 Escuela de Derecho U. de Chile, Santiago.

7-3-72 Liceo de Hombres, Cauquenes.

14-3-72 Local Junta Auxilio Escolar, Cauquenes.

14-3-72 Escuela Superior de Niñas Nº 2, Cauquenes.

15-3-72 Escuela Lo Barnechea, Santiago.

17-3-72 Politécnico de Melipilla, Santiago.

17-3-72 Escuela Industrial Nº 2, Rancagua.

17-3-72 Escuela Nº 90, Rancagua.

21-3-72 Liceo Fiscal de Padre Las Casas, Cautín.

21-3-72 Departamento Química Universidad, La Serena.

29-3-72 Escuela Pública de Copihue, Linares.

5-4-72 Escuela Industrial, Valparaíso.

5-4-72 Liceo 8, Santiago.

5-4-72 Centro Básico de La Cisterna, Santiago.

11-4-72 Liceo 12, Conchalí.

12-4-72 Escuela 315, Los Cerrillos, Santiago.

12-4-72 Escuela 107, Barrancas.

13-4-72 Liceo 3, Santiago.

13-4-72 Se devuelve U. Católica; no está indicada la fecha de la ocupación, Valparaíso.

13-4-72 Liceo de Hombres, San Bernardo.

16-4-72 Escuela Industrial, San Felipe.

20-4-72 Centro Educación Media Comercial, Quilpué.

20-4-72 Centro Básico, Puente Alto.

21-4-72 Escuela Básica Nº 3, Quillota.

22-4-72 Politécnico, San Bernardo.

26-4-72 Liceo Fiscal de Paillaco, Valdivia.- 4-72 Dirección Departamental de Educación Primaria, Puente Alto.

28-4-72 Liceo de Hombres, Villarrica. 6-5-72 U. Técnica del Estado, Punta Arenas.

12-5-72 Sede U. de Chile, Arica.

18-5-72 Departamento de Sociología U. de Chile, Santiago.

26-4-72 Escuela de Obstetricia y Puericultura U. de Chile, Santiago.

31-5-72 Liceo Nº 9, Santiago.

Establecimientos hospitalarios

13-2-72 Consultorio Médico, Doñihue.

1-3-72 Posta de Primeros Auxilios, Linares.

2-3-72 Hospital, Quirihue.

28-3-72 Clínica Psiquiátrica Infantil, Santiago.

17-5-72 Intento de toma del Hospital, enfrentamiento con varios heridos, Lautaro.

Centros Sociales y Comunitarios y varios

3-2-72 Cocina del Balneario Popular Carlos Cortés, Santo Domingo.

1-3-72 Centro de Madres 28 de Abril, Santiago.

13-3-72 Local Centro Comunitario Pobl. J. M. Caro, Santiago.

23-3-72 Casa del Deportista, Punta Arenas. 1-2-72 Iglesia Parroquial, Malloco.

14-4-72 Casino Viña del Mar, Valparaíso.

12-5-72 Hogar de Niños de la Obra Don Guanello, Rancagua.

13-5-72 Cementerio Nº 2 Playa Ancha, Valparaíso. Caminos y calles

21-2-72 Caminos que aislan varios fundos, Ñuble.

22-2-72 Avenida O'Higgins, Chillán. 5-3-72 Camino a Valparaíso en Las Rejas, Santiago.

18-3-72 Puente Saca Trapos, San Nicolás.

18-3-72 Camino de Dadinco, Ñuble.

18-3-72 Caminos de acceso a Quirihue, Ñuble.

29-3-72 Camino a Valparaíso en Pudahuel, Santiago.

29-3-72 Calle San Luis, de Macul, Santiago.

10-4-72 Dos caminos en Los Angeles, Bío-Bío.

12-4-72 Camino a Argentina, Los Andes.

Viviendas

19-2-72 114 casas CORVI, Puente Alto. 9-3-72 Casa de Patricio Nember Vives, Santiago.

11-3-72 Pobl. Santa Julia, tomas de departamentos sin terminar, Santiago.

18-3-72 Casa de María Salas de Orellana, calle Rengifo 745, Santiago.

24-3-72 Terreno en construcción por sus pobladores, Chillán.

- 3-72 Casa de pobladora Villa Manuel Rodríguez, ocupada desde agosto

1971, hasta la fecha en poder de sus ocupantes, Santiago.

15-4-72 Departamentos en construcción, Chillán.- 4-72 16 casas en Pobl. Scorpio, Rancagua.

24-4-72 Propiedad de Carmen Quezada, Libertad 650, Chillán. 6-5-72 Poblaciones El Progreso Nºs 2 y 4 de la comunidad Pedro de Valdivia, Santiago.

Terrenos

14-2-72 Terrenos municipales situados detrás de Matadero Lo Valledor, Santiago.

16-2-72 Terrenos destinados a cancha de deportes, Rancagua.

21-2-72 Terreno, Chillán. 2-3-72 Sitio, Talagante.

12-3-72 Dos hectáreas de terreno, Puerto Montt. 3-5-72 Terrenos de CORVI, Conchalí.

12-5-72 Terrenos en Las Condes, alt. 11. 000, toma con participación de camiones municipales, Santiago.

24-5-72 207 sitios urbanizados, Poblaciones Colín y El Esfuerzo, Talca.

Ferrocarriles, Estaciones, Medios y Oficinas de Transportes

15-2-72 Oficina de Chile-Bus, Santiago. 15-3-72 Toma simbólica de líneas de FF. CC. Alameda, Santiago.

17-3-72 Estacionamiento de automóviles, Santiago.

18-3-72 Vía férrea de Ramal Licantén, Curicó.

24-3-72 Estación Mapocho, Santiago. 25-3-72 Oficinas de Administración de

FF. CC, Santiago. 2-4-72 Oficina de Empresa de Transp. Colect. La Reina, Santiago. 5-4-72 Garage de Vía Sur, Santiago. 12-4-72 Inmueble propiedad FF. CC, Concepción.

25-4-72 Oficinas de Radio Taxi 33, Santiago. Radioemisoras

1-3-72 Agricultura, Valparaíso.

5-3-72 Radio Tomé, Concepción.

11-3-72 Radio Soberanía, Linares.

18-3-72 Asaltos a Radio Millaray, Cañete.

Minas

-2-72 Minas: Carolina Sur. Las Cuarcitas. Porvenir. Ojo de Gallo. Rosario, Antofagasta. 12-3-72 Tres minerales en El Loa, Antofagasta. 11-5-72 Oficinas de Administración y Contabilidad del Mineral de Carbón Colico Sur, Arauco. 28-5-72 Planta de sulfuros del mineral de Lagasca, Iquique.

Imputabilidad constitucional, legal y penal

Todos los hechos anotados, con su secuela de delitos, son en definitiva imputables al Ministro del Interior.

En efecto, es responsable el Ministro acusado por no cumplir sus obligaciones constitucionales y legales de mantener el orden público y garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población. Ello implica dejar sin ejecución las leyes que le imponen tales obligaciones y le otorgan las facultades correspondientes.

Es responsable, además, porque esa omisión culpable significa quebrantar las garantías constitucionales de las personas afectadas por tales hechos delictuales, o permitir que bandas organizadas y aún armadas las quebranten, sin que las autoridades que dependen del Ministro acusado intervengan para poner término a los delitos, perseguir y detener a los delincuentes y entregarlos a la justicia.

Es responsable, también, porque atropellando la ley y abusando del poder, impone a la fuerza pública, utilizando ilícitamente el deber de obediencia que ésta tiene, la prohibición de intervenir ante delito flagrante, le obliga a amparar a los delincuentes y a impedir que las víctimas puedan defenderse legítimamente. Incluso, ordena detener a los que ejercen legítima defensa, y llega al extremo de deducir querellas por la Ley de Seguridad en su contra. Todo lo que se acreditará ante la Comisión.

Estas actuaciones e instrucciones del Ministro acusado, configuran diversos delitos, cometidos tanto por los funcionarios del Servicio de Gobierno Interior como de Carabineros, en los cuales cabe responsabilidad precisa al Ministro que ha ordenado esas actuaciones.

Así, se configuran entre otros ya indicados precedentemente, los delitos sancionados en los artículos 253 y 256 del Código Penal, la infracción del artículo 260 del C. Procedimiento Penal, y el delito penado en el artículo 299 del Código de Justicia Militar.

Desacato a los Tribunales de Justicia

La responsabilidad directa del Ministro acusado que emana de los hechos reseñados en la presente acusación, son aún tanto más graves en lo que dicen relación con los múltiples delitos cometidos con ocasión de la ocupación del Juzgado de Letras de Melipilla.

En esa oportunidad, no sólo se cometió el delito sancionado en el ya citado artículo del Código de Justicia Militar, al no actuar Carabineros en presencia de un delito flagrante, sino que no se detuvo a los asaltantes no obstante orden expresa del juez retenido ilegalmente por aquéllos. En la oportunidad referida, se incurría, además, en los delitos sancionados en los artículos 261, 264, 265, 268 y 269 del Código Penal.

Sin embargo, mayor gravedad reviste aún el hecho de que en esa oportunidad, el Intendente de Santiago, cuyo superior jerárquico es precisamente el Ministro del Interior, no sólo no conminó a Carabineros que de él dependen a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el juez, sino que se opuso a ese cumplimiento. El Ministro acusado, por su parte, tuvo conocimiento de esa situación, impartió las instrucciones pertinentes y ratificó lo actuado por su subordinado.

Le cabe, pues, responsabilidad en el atropello a la independencia del Poder Judicial, que implica, y en los delitos e infracciones de ley que se cometieron.

La gravedad de los delitos configurados en esta caso, que no ha motivado la inquietud de cumplir con sus obligaciones al Ministro acusado, es de tal magnitud, que ha movido al Consejo del Colegio de Abogados a presentar querella en contra de los oficiales de Carabineros que no acataron la orden del juez ni detuvieron a los delincuentes flagrantes, y a solicitar el desafuero correspondiente del Intendente de Santiago al Senado, para también querellarse en su contra.

Al Colegio de Abogados lo ha movido la defensa del Estado de Derecho y del respeto pleno de las atribuciones y de la persona de los jueces. A la Cámara de Diputados corresponde acusar al Ministro del Interior, responsable de que tales hechos se produzcan y de las actuaciones ilegales o delictuales de subordinados que obedecen sus instrucciones.

II.- Responsabilidad en delitos comunes de contrabando y fraude al Fisco

Al Ministro acusado cabe una responsabilidad directa en los delitos de contrabando y fraude al Fisco configurados con ocasión de la introducción irregular de diversos bultos traídos al país en un avión de la empresa extranjera Cubana de Aviación.

En efecto, como lo ha determinado la Comisión Investigadora nombrada por la Honorable Cámara de Diputados para investigar la denuncia formulada por diversos órganos periodísticos y radiales, por un Diputado nacional y un Senador demócrata cristiano, con relación a la internación de una veintena de misteriosos bultos traídos por un avión de esa empresa extranjera, en dicha oportunidad se cometieron graves irregularidades y diversos delitos.

La Honorable Cámara tiene a su disposición no sólo las conclusiones terminantes a que se arribó, sino la totalidad de la investigación efectuada, como asimismo, los resultados del sumario de la Contraloría y sus respectivas actas. De todo ello resulta de meridiana claridad que en la especie se han cometido además de irregularidades administrativas por parte del Director de Investigaciones, señor Eduardo Paredes, que justifican la resolución de la Contraloría que le imponen treinta días de suspensión de sus funciones, el delito de contrabando, que se ha denunciado, y el de fraude al Fisco, que ha motivado una querella de los Diputados integrantes de la referida Comisión parlamentaria ante el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago.

La gravedad de los hechos, lo descalificadora de la actuación que en tales hechos cupo al Director de Investigaciones, directamente dependiente del Ministro del Interior, lo abusivo e indebido de la actuación del propio Ministro acusado, queda suficientemente sintetizado en los términos de las conclusiones aprobadas en la Comisión por la totalidad de los Diputados presentes.

Dichas conclusiones que se adjunta, son, en relación directa con el Ministro acusado, del siguiente tenor:

4.- Responsabilidad del Ministro del Interior

La Comisión estima que estos delitos y las irregularidades mencionadas anteriormente se realizaron y configuraron debido principalmente a la intervención y presión personal del señor Ministro del Interior.

La Comisión, en consecuencia, declara que sin la participación directa de este alto funcionario de Gobierno, el personal de Aduana no habría permitido el ingreso de dichos bultos al país en las condiciones señaladas.

La Comisión estima que el conjunto de hechos que rodearon la internación irregular de los bultos que acompañaban el equipaje del señor Paredes y la participación directa de altos funcionarios y autoridades de Gobierno representa un claro intento, de desconocer la potestad de la ley y de disposiciones reglamentarias; constituye, además, un abuso indebido de autoridad y una falta grave a procedimientos de probidad pública a la que debieran sujetarse todos los chilenos sin excepciones.

En efecto, consta fehacientemente en la investigación, que el Ministro del Interior presionó indebidamente al vista de Aduana señor Manuel Sepúlveda Henríquez, para que éste despachara en forma irregular los bultos traídos en dicho avión, sobre cuya venida estaba informado previamente, sin que haya aparecido siquiera otra explicación de su presencia en el aeropuerto.

A juicio de los Diputados que suscriben, al Ministro acusado cabe, frente a los delitos enunciados, cuando menos la calidad de cómplice de ellos, ya que es indudable que colaboró a que se perfeccionaran con actos simultáneos. En estricta verdad, de los antecedentes resulta que su intervención fue determinante, al extremo que de ella impidió que se evitaran, para lo que hubiera bastado que se revisaran los bultos y determinaran los derechos a pagar; forzó o indujo con su autoridad a que se infringiera la ley; y en conocimiento de lo que sucedía, intervino personalmente a que se realicen. Todo lo que podría estimarse que configura responsabilidad de autor. En todo caso, la calificación precisa corresponderá hacerla a los tribunales de justicia respectivos. La actuación del Ministro acusado, al margen de la responsabilidad penal correspondiente, debe ser sancionada por la Honorable Cámara de Diputados, ya que implica atropellamiento de leyes expresas y, además, presión ejercida para dejar sin ejecución las leyes aduaneras respectivas.

III.- Atropello a garantías constitucional les que protegen ejercicio del periodismo

Cabe al Ministro acusado la más grave y directa responsabilidad en los diversos caminos empleados por el Gobierno o sus representantes de Gobierno Interior, con el fin de destruir y violar las garantías constitucionales que aseguran a todos los habitantes de Chile la libertad de expresión y de información, y -en relación con su labor profesional a los periodistas- la libertad de trabajo y su protección, establecidas en los Nºs 3º y 4º del artículo 1º de la Constitución Política del Estado.

Los caminos seguidos por el Gobierno para coartar la libertad de expresión por medio de la prensa libre, son muy diversos. Todo el país tiene conciencia de las reiteradas tentativas hechas en tal sentido, desde los inicios del actual Gobierno. Y sabe también que alcanzan a diversos Ministerios esas responsabilidades, como lo son, por ejemplo, los de Economía y Trabajo en relación con los intentos para aplastar la resistencia de trabajadores y accionistas de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones para ser absorbidos por el Estado, o caer bajo interventores gubernativos.

En el terreno propio que corresponde al Ministerio del Interior, se ha actuado fundamentalmente por la vía del ejercicio abusivo de activar la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los periodistas opositores. Se ha pretendido transformarla en arma de presión y amedrentamiento en su contra. Se ha buscado acallarlos, quebrantarlos, vejarlos y amenazarlos, con un centenar de querellas en su contra. Las más de las veces tan absurdamente infundadas, que han significado la inmediata libertad incondicional del inculpado y el sobreseimiento definitivo en la causa.

Existe, pues, en este aspecto, un evidente abuso de poder que debe ser sancionado por la Honorable Cámara, en resguardo del recto ejercicio de las facultades que la ley establece y que no permiten la desviación abusiva de poder; y, asimismo, en resguardo de la plenitud de las garantías constitucionales de esa manera conculcadas.

Ante la Comisión que la Honorable Cámara designe, se acompañarán y solicitarán de la Excma. Corte Suprema, la totalidad de los antecedentes relativos a este punto.

Pero el Ministro del Interior no ha detenido aquí su actuación abusiva y conculcatoria. Por el contrario, ha iniciado en contra de los periodistas un sistema abiertamente arbitrario, ilegal y aún delictual.

En efecto, con finalidades políticas subalternas, con afán publicitario y con abuso de poder manifiesto, por medio del Intendente de Santiago -en los casos que conocemos-, ordena detener preventivamente a un periodista y luego, muchas horas más tarde, deduce querella o requerimiento ante la Corte de Apelaciones imputándoles supuestos delitos sancionados por la Ley de Seguridad del Estado.

Con tal tipo de acción, no busca otra cosa que perfeccionar el empleo de dicha ley corno arma para vejar y amedrentar a los periodistas, ya que los obliga a permanecer arbitrariamente uno o más días detenidos mientras los Tribunales pueden procesalmente ponerlos en libertad. Tal ha sido el caso del periodista de Tribuna, Alejandro Molina; del director suplente del mismo diario, Luis Azúa, y últimamente, evidenciando, ya que se trata de un sistema inicuo empleado por órdenes del Ministro del Interior, el del director de La Segunda, Mario Carneyro.

Es necesario que la Honorable Cámara aprecie debidamente la gravedad que significa el empleo vengativo y ruin que hace el Ministro señor Del Canto de la detención preventiva, considerando los antecedentes que se adjuntan. Es decir, que la información publicada correspondía a los hechos; que ellos habían emanado del Presidente de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados; que de ella resultaba gravemente comprometido el propio Ministro del Interior; que tales conclusiones fueron respaldadas por la totalidad de los miembros de la referida Comisión presentes en su sesión final. Además, la contundencia del fallo de la Corte de Apelaciones acogiendo el amparo del mencionado periodista señala la improcedencia e ilegalidad de la detención. Y, por último, el acuerdo del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, que confirma la protesta enérgica de un gremio cuyas labores profesionales son esenciales en toda democracia, revela la gravedad de la arbitrariedad cometida.

Pero la actuación del Ministro acusado no sólo reviste las características típicas del abuso de poder y la arbitrariedad aberrante, sino que además configura, al menos, el delito sancionado en el artículo 148 del Código Penal, y el delito establecido-en el artículo 255 del mismo Código. Esto es, agravio inferido por un funcionario público a los derechos garantidos por la Constitución al detener ilegal y arbitrariamente a una persona; y abusos contra particulares, cometiendo vejación injusta contra las personas.

Es, por lo tanto, la obligación moral y política de los Diputados que integran la Honorable Cámara, a nuestro juicio, impedir que subsistan procedimientos ilegales, arbitrarios y aún delictuales, que se ejercen con finalidades inaceptables, en desmedro de los bienes jurídicos que garantizan la Constitución y las leyes penales y procesales chilenas. Más aún, cuando con tales medidas se pretende silenciar a los periodistas en el ejercicio de una libertad y un trabajo que la Constitución asegura.

Conclusiones:

De todo lo anterior, y de los antecedentes acompañados, resulta incuestionable que el Ministro del Interior acusado no ha dado cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales, políticas y morales inherentes a su alto cargo, en la forma y en las circunstancias anotadas.

El Ministro señor Del Canto ha infringido la Constitución al ordenar y permitir que contra la ley se atropellen garantías constitucionales y las atribuciones del Poder Judicial.

El Ministro del Interior ha atropellado las leyes al ordenar y permitir que las autoridades de Gobierno Interior y la Fuerza Pública que de él dependen, abusen del poder, infrinjan obligaciones legales y deban incurrir en delitos por obedecer sus instrucciones.

El Ministro del Interior ha dejado sin ejecución las leyes que le obligan a mantener el orden público y a garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población; y a velar porque los servicios a su cargo cumplan las funciones precisas que en tal sentido les compete.

El Ministro acusado ha comprometido gravemente la seguridad de la Nación, permitiendo, amparando o favoreciendo las acciones violentistas de grupos marxistas, con y sin armas, en los centenares de casos indicados, y, también, al alejar a los servicios de Gobierno Interior y a la fuerza pública, del cabal cumplimiento de sus obligaciones, favoreciendo la anarquía, el caos y la delincuencia.

Todo ello, sin perjuicio de los delitos denunciados y de la responsabilidad que en ellos cabe al Ministro acusado.

Por tanto,

Los Diputados que suscriben, en el cumplimiento de su deber y en el ejercicio de sus atribuciones, vienen en formular en contra del Ministro del Interior, señor Hernán del Canto Riquelme, la presante acusación constitucional por haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, haber dejado leyes sin ejecución, y haber abusado gravemente del poder, en los casos, forma y oportunidades indicadas precedentemente, sin perjuicio de los delitos que tales hechos configuran y de la responsabilidad penal que en ellos le cabe al Ministro acusado.

(Fdo. ): Mario Amello R.- Hugo Alamos V.- Miguel Luis Amunátegui J.- Víctor Carmine Z.- Hardy Momberg R.- Fernando Vargas P.- Sergio Diez U.- Evaldo Klein D.- Silvia Alessandri de C.- Germán Riesco Z. .

Se va a dar lectura a la cuenta.

El señor Parga (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaria.