Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Conscientes de la difícil realidad por la que atraviesa el municipio de Talcahuano y teniendo en vista el proceso de cambios profundos que vive nuestro país, cuyos objetivos tienden a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, estimamos que es consustancial al nuevo sistema emplear recursos que permitan erradicar definitivamente los problemas socioeconómicos y culturales que pesan sobre este sector de nuestra población.

Diversos estudios que se han hecho nos revelan que es preciso tomar urgentes medidas para lograr un perfecto y equilibrado desarrollo en el área de Talcahuano. En efecto, entre varios antecedentes, cabe consignar que el crecimiento demográfico fue explosivo, situación que se ve, agravada por las difíciles condiciones de su topografía, circunstancia que hace indispensable readecuar su infraestructura a los efectos de posibilitar un desarrollo que permita un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.

En este mismo orden de ideas, cabe recordar que la localidad de Talcahuano representa un asiento de industrias de importancia nacional, al punto de que recientes estadísticas han establecido que el conjunto de empresas que cumplen labores productivas absorben un campo ocupacional de 12.000 personas, con una producción bruta de Eº 2.097 millones; que constituye el principal centro pesquero regional, ya que los puertos de Talcahuano y San Vicente son los lugares de desembarque de la flota industrial y de la comercialización de la pesca artesanal; y, por último, representa el principal puerto militar y comercial del sur del país, en el que la Empresa Portuaria de Chile y los Astilleros y Maestranza de la Armada tienen ubicados respectivamente una de sus más importantes sedes de producción.

De lo anterior se desprende que todo esfuerzo económico destinado a Talcahuano debe ser apoyado en el entendido de que dichas disponibilidades tienen por objeto cubrir necesidades reales de la zona y, entre otras, promover un fuerte avance en las obras de urbanización y servicios, que no sólo redundarían en beneficio de la ciudad misma sino que también comprendería a poblaciones marginales que, debemos reconocer, han sufrido una postergación permanente.

Con el mérito de las consideraciones precedentes propongo, con el carácter de urgente en todos sus trámites constitucionales, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Destínase a la I. Municipalidad de Talcahuano durante el año 1972 la cantidad de Eº 30.000.000 a fin de ejecutar obras de urbanización y servicios.

De los fondos indicados en el inciso precedente, Eº 9.000.000 deberán ser invertidos directamente por la mencionada Corporación, y Eº 21.000.000 por los Servicios, Organismos, Instituciones o Empresas que tengan a su cargo la ejecución de las obras que se aprueben.

Artículo 2º.- Para los mismos fines señalados en el artículo anterior, destínase para el año 1973 hasta el año 1976, inclusives, la suma de Eº 50.000.000 anuales, cantidad que a partir del año 1974 será reajustable conforme al alza que experimente el costo de la vida.

Artículo 3º.- Los aportes especiales a que se refiere esta ley se financiarán con el ingreso que produzca la tributación de la Compañía de Aceros del Pacífico.

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens. Orlando Millas Correa.

2.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La Ley Nº 17.336 de 2 de octubre de 1970, contiene en sus disposiciones las normas relativas a la propiedad intelectual y a la protección del derecho de autor. Sin embargo, su aplicación ha sido mucho más rica en situaciones que la previsión del legislador y es así como hoy día se encuentran innumerables casos en que la cónyuge e hijas de artistas, intelectuales y científicos que han trabajado durante toda su vida en la noble tarea del engrandecimiento del patrimonio cultural de Chile, no tienen, después de fallecido el autor, ningún medio de subsistencia.

Además, asume verdadera relevancia aclarar el alcance del artículo 87 de la misma ley y establecer que las multas que ella impone deben destinarse al incremento de las actividades culturales que el Ministerio de Educación tiene por misión realizar, puesto que el texto actual de ese artículo es confuso.

Es necesario, pues, dar solución a estas situaciones por razones de justicia, gratitud y reconocimiento hacia los creadores, artistas e intelectuales y aclarar el sentido de una disposición que permitirá profundizar las actividades culturales, por lo que vengo en someter a vuestra consideración para ser tratado con urgencia, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Reemplázance los siguientes artículos de la Ley Nº 17.336, de fecha 2 de octubre de 1970, por los siguientes:

Artículo 10.- La protección otorgada por la presente ley dura toda la vida del autor, la de la cónyuge y la de sus hijas solteras, viudas o de las que siendo casadas, se encontrare su cónyuge afectado por una imposibilidad definitiva para todo género de trabajo, y se extiende por treinta años más contados desde el fallecimiento del autor, respecto de sus herederos, legatarios y cesionarios.

La protección establecida en el inciso anterior, tendrá efecto retroactivo respecto al cónyuge y las referidas hijas del autor.

Artículo 87.- Las multas impuestas por esta ley incrementará los fondos del artículo 76, inciso final, para ser destinados a actividades culturales por el Ministerio de Educación Pública.

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens. Aníbal Palma Fourcade.

3.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Nº 1353.Santiago, 21 de julio de 1972.

Por oficio Nº 1786, de fecha 21 de junio del año en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar que el H. Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que denomina a la actual calle San Diego, de Parral, Pablo Neruda.

El Gobierno no puede menos que elogiar la finalidad del proyecto de ley aludido, ya que con ello se rinde un merecido homenaje a Pablo Neruda, cuya figura incuestionable de las letras hispanoamericanas y del mundo, lo hizo acreedor al Premio Nóbel de Literatura del año 1971.

No obstante lo anterior, se ha estimado conveniente perfeccionar el mencionado proyecto de ley y, agregar al mismo, una disposición que permita también asignar el nombre del poeta Pablo Neruda a una calle de Valparaíso, de conformidad al acuerdo adoptado en este sentido por la Municipalidad respectiva.

Consecuente con lo manifestado, se complementaría su texto con un artículo en el cual se dejaría sin aplicación el artículo 8º de la Ley Nº 7767, por cuanto determina que, en ningún caso, podrá darse a avenidas, calles, pasajes, plazas y demás lugares de uso público el nombre de personas vivas.

En atención a lo expuesto y, en uso del derecho que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al proyecto de ley en referencia:

1) Reemplázase la denominación Artículo único.- por la siguiente: Artículo 1.- , y agrégase después de San Diego de las palabras la comuna de.

2) Agréganse los siguientes artículos nuevos:

Artículo 2º.- La calle Cementerio situada en la comuna de Valparaíso, barrio Playa Ancha, denomínase Pablo Neruda.

Artículo 3°.- Para los efectos de la aplicación de la presente ley, no regirá el último inciso del artículo 8º de la Ley Nº 7767.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.) : Salvador Allende G. Clodomiro Almeyda M.

4.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Nº 1354, Santiago, 22 de julio de 1972.

Por oficio Nº 1789, remitido con fecha 24 de junio del año en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar que el H. Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Linares para contratar empréstitos con la Corporación de Fomento de la Producción, el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias, hasta por la suma de Eº 2.200.000 y, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional, hasta por US$ 100.000.

El producto que se obtenga de estos empréstitos será destinado al plan de inversiones específicamente contemplado en su texto y será financiado con el rendimiento del uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna mencionada y que corresponde al de la letra e) del artículo 16 de la Ley Nº 17235, determinado para que las Corporaciones Edilicias puedan efectuar el servicio de la deuda de los empréstitos que obtengan por ley especial.

El referido proyecto de ley consulta, además, otras disposiciones que se señalarán más adelante con motivo de las observaciones que, en uso del derecho que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular a continuación:

Artículo 1

Por este artículo se autoriza a la Municipalidad de Linares para contratar empréstitos por Eº 2.200.000 con la Corporación de Fomento de la Producción e instituciones bancarias. A este respecto cabe señalar que dicha Corporación es beneficiaría de un crédito por Ley Nº 14945, cuya deuda asciende en la actualidad a la suma de Eº 53.714,39, existiendo además un préstamo, sin ley especial, con el Banco del Estado de Chile que no ha sido enteramente servido.

Con relación a lo manifestado en el párrafo precedente, cabe agregar que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se encuentra preocupado del estudio de una Planificación a nivel nacional en el otorgamiento y servicio de créditos por intermedio de Organismos Nacionales, para los efectos de controlar de esta manera la situación financiera de los municipios del país, razones que hacen desestimar la autorización que se concede por este artículo.

Por tanto suprímese el artículo 1.

Artículo 2

El artículo del rubro, que autoriza a la misma Municipalidad para contratar con el Banco Interamericano de Desarrollo empréstitos por US$ 100.000, no procedería mantenerlo, si se estima que en conformidad con la política financiera, el Gobierno ha centralizado en el Comité Asesor de Crédito Externo, CACE, la planificación de estudio de la contratación de créditos externos, de manera que se podría considerar que toda operación crediticia en esta área debe ser estudiada, tratada y resuelta por el Organismo ya indicado y en ningún caso podría ser materia de una ley.

Por tanto, elimínase el artículo 2Artículo 3. Artículo 4, Artículo 5, Artículo 6, Artículo 7, Artículo 8, Artículo 9.

Suprímense los artículos 3 al 9, señalados al rubro, por cuanto ellos se relacionan con los empréstitos cuyo artículo fue rechazado.

Artículo 10

Este artículo autoriza a las Municipalidades en general para que estas puedan crear, pactar o constituir sociedades comerciales u organismos autónomos o empresas municipales. A este respecto cabe observar que ellas están configuradas, orgánicas y jurídicamente en el Proyecto de Ley sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, pues ya se encontraría en sus últimos trámites de estudio y próximo a ser enviado al H. Congreso Nacional.

Por tanto, suprímese el artículo 10.

Artículo 12

Por este artículo se dispone que la Municipalidad de Linares podrá construir el edificio a que se refiere el artículo 11 en el inmueble que indica de su dominio. Este habría que rectificarlo para suprimirle una frase que menciona la destinación del aporte a que se refiere el Nº 8 del artículo 3 y que corresponde al plan de inversiones que, por las razones antes anotadas tendría que ser suprimido.

Conforme a lo anterior, Suprímese en el artículo 12, después de la palabra inmueble lo siguiente: y también los valores del aporte a que se refiere el Nº 8 del artículo 3 de esta ley, y colóquese el punto (.) después de la palabra inmueble.

Artículo 14,

Incisos primero y segundo

El artículo del rubro tiene por objeto facultar al Presidente de la República para que a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ceda a la Municipalidad de Linares, los terrenos, casas, elementos y enseres que existen en el embalse Ancoa, para que ella habilite allí un balneario popular.

La Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas y Transportes refiriéndose a los terrenos de que tratan los incisos citados al rubro, deja constancia que ellos fueron expropiados y el campamento construido para la realización del proyecto embalse Ancoa y su posterior administración durante la operación de la obra. Como en la actualidad su construcción se encuentra momentáneamente paralizada, dicha Dirección tiene ocupado parcialmente el campamento para atender a su conservación, a la de las obras que están ejecutadas y en parte a la administración de las obras del Canal Melado, mientras se adopta la resolución sobre la solución definitiva de diseño que tendrá el proyecto. Por estas razones no sería posible mantener la referida disposición, porque produciría un entrabamiento en las funciones que tiene que desempeñar la aludida Dirección de Riego.

Por tanto, suprímese del artículo 14, sus incisos primero y segundo.

Artículo 14, inciso tercero

Por el inciso tercero se faculta al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Municipalidad de Linares un predio del Servicio Nacional de Salud.

Esta disposición es impracticable en esos términos, por cuanto dicho Servicio es una institución autónoma, con patrimonio propio, distinto del fiscal, de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 10383, cuyos órganos son el Consejo Nacional de Salud y el Director General, a quien le corresponde, además, la representación legal, y, en consecuencia, el Presidente de la República no tiene atribuciones legales para disponer de los bienes del Servicio Nacional de Salud. Para alcanzar el objetivo que persigue la disposición correspondiente al rubro, es necesario sustituir al comienzo del inciso tercero la frase referida.

Por tanto,

Sustitúyese la parte inicial del inciso tercero, del artículo 14 que dice: Asimismo, facúltase al Presidente de la República para transferir a título gratuito a la Municipalidad de Linares un predio del Servicio Nacional de Salud, por la siguiente: Facúltase al Servicio Nacional de Salud para transferir a título gratuito, a la Municipalidad de Linares, un predio de su dominio...

De acuerdo con los artículos que se propone suprimir, el Artículo 11 pasará a ser Artículo 1, el Artículo 12 pasará a ser Artículo 2, el Artículo 13, pasará a ser el Artículo 3 y el Artículo 14, pasará a ser Artículo 4.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens. Clodomiro Almeyda M.

5.-OFICIO DEL SENADO

No 13627. Santiago, 19 de junio de 1972.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédese personalidad jurídica a la Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile, la que se regirá por sus Estatutos y por las normas canónicas y eclesiásticas aplicables a dicha institución religiosa.

La personalidad jurídica que se concede por el inciso anterior regirá por el solo ministerio de la ley, a contar desde el depósito de un ejemplar de sus Estatutos en el Ministerio de Justicia.

Artículo transitorio.- Los Estatutos de la Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile deberán ser propuestos, para su aprobación, al Ministerio de Justicia, dentro del plazo de sesenta días de publicada esta ley, y deberán contener, en forma especial, las siguientes menciones:

a) Su representación legal, judicial y extrajudicial;

b) Los órganos que conformarán la Arquidiócesis, su integración y la forma en que sesionarán y adoptarán sus acuerdos;

c) Las facultades y obligaciones de su Consejo;

d) El domicilio de la Arquidiócesis, y

e) El patrimonio de la misma..

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

6.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13636.Santiago, 19 de junio de 1972.

Co motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Deróganse todas las disposiciones legales, de carácter general o especial, que establecen la pérdida o la disminución del desahucio legal o de los derechos previsionales como sanción principal o accesoria por la comisión de delitos o infracciones administrativas o de cualquier otro carácter establecidas en la ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere afectar a las personas a que se refiere la presente ley.

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley Nº 14.852, por el siguiente:

Artículo 7°.- Las autoridades y funcionarios a que se refieren los números 1º, 2º y 3º del artículo 28 de la Constitución Política del Estado, los Subsecretarios, los Secretarios Abogados de Intendencia y los Alcaldes que postularen como candidatos en una elección de Diputados o Senadores, cesarán de pleno derecho en el ejercicio de sus cargos a contar de la fecha de inscripción de su candidatura.

Artículo transitorio.- Las personas que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren perdido o disminuido sus derechos previsionales a título de sanción principal o accesoria por la comisión de delitos o de infracciones administrativas o de cualquier otro carácter establecidas en las leyes, podrán recuperarlos siempre que lo soliciten dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley. Estos derechos se readquirirán desde la fecha de la respectiva solicitud.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

7.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13645. Santiago, 21 de julio de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que la asignación o gratificación de zona a que se refiere el artículo 86 del D. F. L. Nº 338, de 1960, y otras disposiciones legales vigentes sobre la misma materia, constituyen un derecho de todos los trabajadores del Sector Público, tanto de la administración centralizada como de la descentralizada y autónoma, ya sea que ellos estén sujetos al Estatuto Administrativo, al Código del Trabajo o a otros estatutos legales.

El mayor gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con cargo a la Ley de Presupuestos de la Nación.

Esta disposición se aplicará a contar del 1º de enero de 1972.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

8.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13637.Santiago, 19 de julio de 1972.

Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Otórgase un nuevo plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para que las Municipalidades puedan ejercer la facultad concedida en el artículo 1º de la ley Nº 15.629, modificado por los artículos 141, Nº 1, de la ley Nº 16.840, 8º de la ley Nº 17.031 y 4º de la ley Nº 17.283, y por el artículo único de la ley Nº 17.456.

Al hacer uso de la autorización referida en el inciso anterior, los municipios de las comunas que en virtud del artículo 1º de la ley Nº 16.282 hayan sido declaradas como afectadas por el sismo ocurrido el 8 de julio de 1971, podrán con el voto de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios en los cuales existían de hecho, a la fecha del mencionado sismo, poblaciones de tipo popular, aún cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aún cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del radio urbano dé las correspondientes comunas.

Todas las escrituras e inscripciones que sean necesarias para materializar lo dispuesto en al citada ley Nº 15.629 y en el presente artículo, serán absolutamente gratuitas para los interesados.

Las respectivas Municipalidades, deberán levantar y protocolizar planos de las poblaciones que se acogieron a los beneficios otorgados en la ley Nº 15.629 y en este artículo.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

9.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13639. Santiago, 19 de julio de 1972.

Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- La Empresa de Comercio Agrícola establecerá un poder comprador permanente, sin limitación de calidad o de cantidad, para adquirir toda la producción de papas de la provincia de Chiloé que sea apta para el consumo humano.

Artículo 2º.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior la Empresa de Comercio Agrícola empleará sus oficinas de Castro, Chonchi y Quellón y, dentro del plazo de noventa días desde la promulgación de la presente ley, abrirá y mantendrá oficinas en Ancud, Achao y cualquier otro centro productor de papas dentro de la provincia de Chiloé.

Artículo 3º.- El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre de cada año, fijará el precio mínimo que pagará la Empresa de Comercio Agrícola por cada kilogramo de papa que compre de conformidad al artículo 1º. Este precio regirá desde el día 16 de septiembre hasta el día 15 del mismo mes del año siguiente.

El precio que se determine de conformidad al inciso primero se reajustará anualmente en el porcentaje de alza que experimenten los costos de producción de la papa, el que en caso alguno podrá ser inferior al que se aplique al salario mínimo campesino en el lapso señalado en el inciso precedente de vigencia del precio de la papa en el período inmediatamente anterior.

Si la Empresa de Comercio Agrícola, durante el período de vigencia del precio de compra de papas en la provincia de Chiloé referido en el inciso primero, pagare un precio superior por el mismo producto en la provincia de Llanquihue, deberá reajustar aquel al de ésta en forma automática.

Artículo 4º.- La Empresa de Comercio Agrícola facilitará en préstamo de uso a los productores que le vendan su producción de papas los sacos u otros envases necesarios para el producto que adquiera, libre de todo costo para el productor.

Artículo 5º.- El Ministerio de Agricultura, con cargo a los recursos contemplados en su presupuesto para bonificación de productos agropecuarios, premiará con un 50% los fertilizantes y semillas de papas que vendan a los productores de Chiloé el Banco del Estado, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Instituto Corfo-Chiloé, la Corporación de la Reforma Agraria o cualquier otro organismo del Estado en el que éste tenga interés. A este efecto se considerará el precio base de los fertilizantes o semillas de papa puesto el producto en Puerto Montt y no será objeto de recargo de ninguna naturaleza por su entrega a los productores puesto en Chiloé.

Artículo 6º.- La Empresa de Comercio Agrícola no se podrá negar a recibir y cancelar oportunamente la producción de papas a que se refiere el artículo 1º de esta ley en cualesquiera de las oficinas que contempla el artículo 2º. La negativa injustificada será sancionada con la suspensión de hasta seis meses del o los funcionarios que resulten responsables, por la Contraloría General de la República, a requerimiento del interesado o de cualquier otra persona. En caso de reincidencia la pena se podrá doblar.

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio del derecho del productor afectado a solicitar del juez de letras que corresponda a su domicilio el pago del valor de la producción injustificadamente rechazada y cualquier perjuicio que hubiere sufrido como consecuencia del mismo rechazo. Este juicio se tramitará conforme a las reglas del juicio sumario, el juez apreciará la prueba en conciencia y el demandante podrá comparecer personalmente, sin necesidad de patrocinio de abogado.

Artículo 7º.- La Empresa de Comercio Agrícola invertirá, con cargo a su presupuesto de capital vigente, los fondos que se requieran para la construcción y habilitación de las bodegas necesarias para la recepción, selección, almacenamiento y despacho de la producción de papas que adquirirá de acuerdo con las disposiciones de esta ley, en los lugares señalados en su artículo 2º.

Artículo 8º.- La Empresa de Comercio Agrícola, anualmente, consultará los fondos que se requieran para la proyección, construcción y funcionamiento de una planta deshidratadora de papas y una planta productora de almidón, ambas en la provincia de Chiloé, destinadas a absorber los excedentes de papas frescas no aptas para el consumo humano directo.

Artículo 9º.- Los productores de papas de Chiloé tendrán preferencia para optar a créditos de los organismos del Estado, para la siembra, cultivo y cosecha de la papa. Dichos créditos alcanzarán hasta el 75% del valor estimado por el organismo de crédito de la cosecha respectiva, en el caso de productor que sea miembro de una cooperativa campesina, afiliado a un comité de pequeños agricultores o miembro de un sindicato o asentamiento campesino, y de hasta un 55% en otro caso. Los intereses de dichos créditos no serán superiores a los que en la oportunidad en que se otorguen, cobre la Corporación de la Reforma Agraria por los préstamos a los asentados campesinos para fines similares.

Artículo transitorio.- El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del plazo de 30 días de publicada esta ley, fijará el precio mínimo que pagará por cada kilogramo de papa que compre la Empresa de Comercio Agrícola de acuerdo con la presente ley. Este precio regirá hasta que corresponda aplicar el procedimiento permanente de fijación de precios que se establece en el artículo 3º.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

10.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13627Saniago, 19 de julio de 1972.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Abónanse, por gracia, y para todos los efectos legales, en la hoja de servicios del señor Sergio Guilisasti Tagle, Jefe de la Oficina de Informaciones del Senado, tres de los catorce años servidos como periodista profesional, entre 1946 y 1963.

El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

11.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13626.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, a determinados parientes de los obreros chilenos fallecidos en el derrumbe producido el día 24 de diciembre de 1971 en la mina de Río Turbio en territorio argentino.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.714, de fecha 4 de mayo de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

12.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13628.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, al señor Edmundo Horta Lucabeche.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.639, de fecha 5 de abril de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

13.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13631.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, al señor Maximino Aburto Jaque.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.643, de fecha 4 de abril de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

14.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13630. Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña Elvira Echeverría de la Lastra.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.500, de fecha 21 de diciembre de 1971.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

15.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13629.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña Margot Benavente Pérez.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.641, de fecha 4 de abril de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

16.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13640.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de esa H. Cámara que establece modificaciones al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, en lo relativo a sus ex servidores, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Ha suprimido la frase inicial dice A contar de la vigencia de la presente ley,; ha puesto con mayúscula la primera letra del término suprímese; ha remplazado la expresión la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, y ha eliminado la coma (,) que sigue al término Quinquenios y la expresión , de 24 de mayo de 1968.

Artículo 2º

Ha suprimido la frase que dice A contar de la fecha de vigencia de la presente ley, y ha puesto con mayúscula la primera letra del vocablo el que precede al término personal.

Artículo 3º

En el primer inciso de la letra a), ha sustituido la frase que dice que pague la Caja de Previsión de la Defensa Nacional por que paguen las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros, y la expresión incluidas la bonificación profesional, sobresueldos, pensiones de retiro por inutilidad y las, por la siguiente:, además, por tales los aumentos de bonificación profesional, sobresueldos, pensiones de retiro por inutilidad y de.

Ha rechazado el segundo inciso de la letra a).

Ha remplazado la letra b) por las siguientes:

b) Deduciendo de la imposición del 8% establecida en las letras a) y b) del artículo 5º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 31, de 1953, y de la imposición establecida en las letras a), b) y c) del artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 348, de 1953, complementado por el Decreto Supremo Nº 301, de 31 de diciembre de 1971, de la Subsecretaría de Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1972, una cantidad que sea igual a la que resultaría de aplicarse un 0,75% sobre las remuneraciones imponibles del personal en servicio activo, afecto a dichas Cajas y de las pensiones imponibles de retiro y montepío causadas con anterioridad al lº de julio de 1964, incluyéndose sobresueldos, pensiones de retiro por inutilidad y las pensiones de montepío originadas por fallecimiento en acto determinado del servicio.

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

Si en un período anual los fondos provenientes de la letra anterior fueren insuficientes, la diferencia será de cargo de la Caja respectiva. Si, por el contrario, se produce un excedente, las Cajas en referencia deberán depositarlo en una cuenta especial o invertirlos en valores reajustables en el Banco Central, Caja de Amortización de la Deuda Pública o Asociaciones de Ahorro y Préstamo. No obstante, el Consejo de cada Institución, por la unanimidad de los Consejeros asistentes, podrá acordar que tales excedentes sean invertidos en el otorgamiento de otros beneficios o préstamos de auxilio social.

Artículo 4º

En el inciso primero, ha suprimido la coma (,) escrita a continuación del término, montepío, la primera vez que éste figura, y ha remplazado la frase que dice el artículo 115 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, por la siguiente: los artículos 115 del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Defensa Nacional, y 48 letras a), b) y c) del D. F. L. Nº 2, del Ministerio del Interior, ambos de 1968.

Artículo 5º

En el inciso primero, ha sustituido la expresión del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, por la siguiente: de los mencionados Decretos con Fuerza de Ley Nºs. 1 y 2.

Artículo 6º

En el inciso primero, ha suprimido la frase que dice a contar de la vigencia de la presente ley.; ha remplazado la expresión Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968 por D. F. L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, y ha agregado la siguiente frase, sustituyendo el punto (.) final por una coma (.) : y el inciso segundo del Nº 2) del artículo 44 del D. F. L. Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior.

Ha reemplazado su inciso segundo por el siguiente:

En consecuencia, el personal en retiro y sus beneficiarios de montepío que se hallaren en las situaciones descritas en las letras b) y c) del artículo 131, en los Nºs. 1º9 y 2º9 del artículo 132 y en el Nº 2) del artículo 44 de los mencionados decretos con fuerza de ley, respectivamente, podrá hacer valer el derecho conferido en el inciso que antecede.

A continuación como artículo 7, ha consultado los artículos 7, 8, 9 y 10 del proyecto de ley de esta Cámara, redactado en los siguientes términos:

Artículo 7º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional:

A.- En el inciso cuarto del artículo 200, reemplázase la conjunción y que figura entre las palabras tercero y cuarto por ana coma (,), sustúyese la coma (,) que figura a continuación del ordinal cuarto por la conjunción y y agrégase a conmuación, antes de la forma verbal percibirán, el adjetivo quinto.

B.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 200:

En el caso del personal soltero sin hijos que fallezca en las circunstancias que establece el artículo 199, si el padre legítimo, en su caso, no pudiere gozar de montepío por no reunir las condiciones exigidas por la ley, le sucederá la madre legítima aún cuando estuviere casada con aquél. A falta de ésta, le sucederán los hermanos solteros huérfanos hasta los 21 o 23 años si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o incapacidad absoluta.

C.- Remplazase el Nº 2º del artículo 202, por el que se indica a continuación:

2º.- Ser hijo, hija o hermana soltera huérfana mayor de 21 años, o 23 si fuese estudiante, a menos que acrediten invalidez o incapacidad absoluta. La hermana soltera huérfana tampoco tendrá derecho cuando perciba una renta igual o superior a un sueldo vital y medio, escala A), del departamento de Santiago.

D.- En el artículo 38 transitorio, sustituyese el vocablo mujeres, que figura a continuación del sustantivo hijas, por la frase que se indica en seguida: y hermanas solteras huérfanas.

Artículo 7

Como se expresó en su oportunidad, ha pasado a ser letra B del artículo 7 del proyecto aprobado por el Honorable Senado.

Artículo 8

Como se expresó en su oportunidad, ha pasado a ser letra C del artículo 7 del proyecto aprobado por el H. Senado.

Artículo 9

Como se expresó en su oportunidad, ha pasado a ser letra D del artículo 7 del proyecto aprobado por el H. Senado.

Artículo 10

Como se expresó anteriormente, ha pasado a ser letra A del artículo 7 del proyecto aprobado por el H. Senado.

A continuación, ha consultado como artículo 8º y 9º, nuevos, los siguientes:

Artículo 8º.- Aclárase el artículo 2º de la ley Nº 17.388 en la siguiente forma:

1.- La referencia al inciso quinto contenida en la letra a) debe entenderse hecha al párrafo quinto del inciso primero, y

2.- La referencia al inciso sexto que pasa a ser séptimo, contenida en la letra b), debe entenderse hecha al inciso segundo, que no cambia de ubicación.

Artículo 9º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 121 del D.F.L. Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior:

En el caso del personal soltero sin hijos que fallezca en las circunstancias que establece el artículo 120, si el padre legítimo no pudiere gozar de montepío por no reunir las condiciones exigidas por la ley, lo sucederá la madre del causante, no obstante estar casada con aquél. A falta de la madre le sucederán los hermanos solteros huérfanos hasta los 21 años, o 23 si fueren estudiantes, a menos que acreditaren invalidez o incapacidad absoluta.

Artículo 11

Ha pasado a ser artículo 10, con las enmiendas que a continuación se indican:

Ha redactado el encabezamiento en la siguiente forma:

Artículo 10.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, las que empezarán a regir a contar del 1º de enero de 1972:.

Ha puesto con mayúscula cada una de las letras con que se signan las modificaciones que esta disposición introduce al D. F. L. Nº 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional.

letra a)

Ha sido sustituida por la siguiente:

A.- Introdúcense al artículo 2º las siguientes modificaciones:

1º.- Reemplázanse las letras c) y e) por las que se expresan a continuación:

c) Fijar anualmente los porcentajes de revalorización que deben aplicarse, de acuerdo con los grados, número de quinquenios y años de servicios computables;.

e) Fijar anualmente el monto de las pensiones mínimas, señaladas en el artículo 9º de la presente ley;.

2º.- Suprímese la letra f).

letra b)

Ha sustituido la palabra indispensable, que figura entre la forma verbal estime y la preposición para, en el artículo 5º que esta letra reemplaza, por indispensables.

letra c)

En el inciso primero del artículo 7º que se reemplaza, ha sustituido la expresión del sueldo en actividad por de la remuneración imponible.

letra d)

Ha suprimido los términos la y de pensiones, que aparecen antes y después del vocablo revalorización, la primera vez que figura en el artículo 8º que se reemplaza.

letra e)

En el inciso que se agrega al artículo 9º del mencionado D. F. L. Nº 4, ha sustituido la expresión gozarán de una pensión mínima anual equivalente por tendrán derecho a percibir una pensión anual no inferior, y ha agregado comas (,) antes y después de la expresión escala A).

letra h)

Ha sustituido, en la letra e) que se reemplaza, el artículo el que precede al sustantivo aporte, por el artículo un, y el punto (.) final por un punto y coma (;).

letra i)

Ha sido redactada en los siguientes términos:

I.- Agrégase la siguiente letra c,) nueva, al artículo 12, sustituyendo el punto final del mismo por una coma, seguida de la conjunción y:

c) Cubrir los gastos a que se refiere el artículo 5º...

letra j)

Ha agregado las palabras de Pensiones, entre el término Revalorizadora y la expresión de la Defensa Nacional.

letra 1)

Ha sido suprimida.

Los artículos 6º y 7º, transitorios, que esta letra agregaba al citado D.F.L. Nº 4, han sido consultados como artículos 3º y 4º, transitorios, respectivamente, redactados en los términos que se indicarán en su oportunidad.

letra m)

Ha pasado a ser letra L), sin otra modificación.

Artículo 12

Ha pasado a ser artículo 11, con las siguientes enmiendas:

Ha agregado al final del inciso primero, reemplazando el punto (.) por una coma (.), la expresión del Ministerio de Defensa Nacional..

En el inciso tercero, ha remplazado la palabra les que figura a continuación del sustantivo beneficio, por le, y ha agregado, a continuación de la expresión Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, el término mencionado.

Ha consultado los siguientes incisos finales, nuevos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos que anteceden, este mismo personal conservará, por excepción, el derecho a jubilar en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 del D.F.L. Nº 338, de 1960, siempre que, a la fecha de vigencia de la ley Nº 17.276, comprobaren haber cumplido más de 65 años de edad.

La pensión de retiro respectiva se calculará de acuerdo con las disposiciones del D.F.L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 13

Ha pasado a ser artículo 12, con la sola enmienda que consiste en sustituir la referencia al artículo 11, letra h), por otra al artículo 10 letra H).

A continuación, como artículos 13, 14 y 15, ha consultado los siguientes, nuevos:

Artículo 13.- Acláranse el artículo final del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Defensa Nacional, y el artículo 153 del D. F. L. Nº 2, del Ministerio del Interior, ambos de 1968, en el sentido de que todas las disposiciones generales y especiales consultadas en otros textos legales, que regulen materias contempladas en los aludidos decretos con fuerza de ley, no serán aplicables a los personales regidos por los Estatutos que dichos decretos con fuerza de ley contienen.

Artículo 14.- Reemplázase en el inciso final del artículo 186 del D.F.L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, la frase la Resolución o Decreto de montepío se dictará seis meses después, por: la Resolución o Decreto de Montepío se dictará dentro de los seis meses después.

Artículo 15.- Suprímese en el inciso final del artículo 180 del D.F.L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, la frase que sigue después de Fuerza Aérea..

Artículos transitorios.

Artículo 1º

Ha rechazado el inciso primero.

El inciso segundo, que ha pasado a ser inciso único, ha sido redactado en los siguientes términos:

Artículo 1º.- Las pensiones de retiro vigentes a la fecha de la publicación de la presente ley estarán afectas a revalorización sin considerar el límite de 50 años de edad.

A continuación, como se señaló anteriormente, ha consultado como artículos 3º y 4º transitorios, nuevos, los artículos 6º y 7º contenidos en la letra 1) del artículo 11 del proyecto de ley de esa H. Cámara, redactados en la forma que a continuación se indica:

Artículo 3º.- El personal en retiro afecto al D.F.L. Nº 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, que a la fecha de su publicación se encontraba acogido a otros regímenes previsionales en que no exista incompatibilidad entre la pensión y el sueldo que estuviere percibiendo, podrá reconocer en el organismo de la nueva afiliación los períodos que le hayan sido considerados para aquella pensión, siéndole aplicable el artículo 4º de la ley Nº 10.986.

Este derecho podrá ejercitarse en el plazo de un año contado desde que entre en vigencia esta ley y se pagará a contar de la fecha de la correspondiente resolución, la que, además, hará perder el derecho a la pensión señalada en el inciso anterior.

Artículo 4º.- Decláranse ajustados a derecho los pagos efectuados a los pensionados y montepiados de la Defensa Nacional, en cumplimiento de las disposiciones contempladas en el D.F.L. Nº 4, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, aún cuando no hubieren sido legalizados mediante resolución ministerial, y los pagos efectuados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 de la ley Nº 17.416, aún cuando los beneficiarios no hubieren dado cumplimiento a las exigencias estatuidas en los artículos 8º, letra a), y 10 del citado decreto con fuerza de ley.

Finalmente, ha agregado como artículos 5º y 6º transitorios, nuevos, los siguientes:

Artículo 5º.- También tendrán derecho al beneficio establecido en el inciso que se agrega al artículo 200 del D.F.L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, en virtud de la letra B del artículo 7º de esta ley, los asignatarios de montepío cuyos causantes hubieren fallecido en acto determinado del servicio con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Este derecho deberá ser impetrado dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 6º.- Otórgase un nuevo plazo, de 180 días, para que el personal en retiro y beneficiarios de montepío de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile pueda acogerse a los beneficios que establece el artículo 9º de la ley Nº 17.389.

Asimismo, dicho personal, retirado en cualquier época, tendrá derecho, dentro del mismo plazo establecido en el inciso anterior, a solicitar la modificación de su correspondiente pensión de retiro, en el evento que acreditare que a la fecha de su baja de la Institución, padecía de algunas de las enfermedades contempladas en el artículo 102 del D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Defensa Nacional, y en los artículos 97 y 98 del D.F.L. Nº 2, del Ministerio del Interior, ambos de 1968, primando esta causal de baja sobre cualquier otra.

Lo dispuesto en el inciso precedente será aplicable a los beneficiarios de montepío, cuando acreditaren que el causante de su respectiva pensión se encontraba en la situación descrita anteriormente.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

17.-OFICIO DEL SENADO.

Nº 13.632. Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que beneficia, por gracia, a don Javier Verino Aguilera Bustos, con la sola enmienda que consiste en reemplazar, en el inciso primero de su artículo único, la expresión a don Javier Verino Aguilera Bustos, por la siguiente: a los padres de don Miguel Angel Aguilera Morales, con derecho a acrecer entre ellos.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio número 1.430, de fecha 18 de noviembre de 1971.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

18.-OFICIO DEL SENADO.

Nº 13.638. Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien insistir en la aprobación de las modificaciones que introdujo al proyecto de ley que establece normas sobre indígenas y que esa H. Cámara rechazó.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.777, de fecha 15 de junio de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

19.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13.635.Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien no insistir en la aprobación de los textos primitivos del proyecto que modifica la ley Nº 11.622, sobre arrendamientos, respecto de los cuales S. E. el Presidente de la República formuló observaciones que el Tribunal Constitucional, en fallo de fecha 25 de enero de 1972, estimó sustitutivas de las disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.769, de fecha 14 de junio de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

20.-OFICIO DEL SENADO.

Nº 13.634. Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien rechazar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público el terreno denominado Parque La Estrella, de la comuna de Barrancas, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 1.443, de fecha 23 de noviembre de 1971.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

21.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13.633. Santiago, 19 de julio de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que beneficia, por gracia, al señor Oscar Madariaga Villegas.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 2.009, de fecha 22 de agosto de 1960.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

22.-OFICIO DEL SENADO

Nº 13.641.Santiago, 19 de julio de 1972.

En sesión de fecha 18 del actual, se dio cuenta de una moción suscrita por el H. Senador señor José Musalem, con la cual inicia un proyecto de ley que establece un impuesto que afectará a los pasajeros que inicien un viaje desde el Aeropuerto de Pudahuel a los países que señala, en beneficio de la Municipalidad de Renca, el que, dadas las disposiciones que contiene, debe tener su origen en esa H. Cámara, en conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

En consecuencia, remito a V. E. el referido proyecto de ley, a fin de que algún señor Diputado, si lo estima conveniente, le otorgue el patrocinio constitucional correspondiente.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña. Pelagio Figueroa Toro.

23.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Sepúlveda y Marín, que denomina Avenida Costanera Enrique Vicente a la vía que indica, entre Valparaíso y Viña del Mar.

Esta iniciativa tiene por objeto rendir un homenaje a don Enrique Vicente Vicente, destacado hombre público que fuera Alcalde e Intendente de la provincia de Valparaíso.

Don Enrique Vicente Vicente nació en Santiago el 16 de abril de 1912; hizo sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile de Valparaíso y su tesis para optar al título de abogado fue El régimen jurídico del Fisco Chileno.

El solo título de su memoria de prueba constituye ya un antecedentes de su inquietud y vocación por el quehacer público.

Luego de recibido en el año 1937 ingresó al Consejo de Defensa del Estado del cual se retiró en calidad de Consejero en el año 1959.

Su labor funcionaría y profesional estuvo también acompañada de la inquietud docente, donde desempeñó la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso, de la cual llegó a ser Secretario de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios.

En 1964 fue designado Alcalde de Valparaíso y en el año 1965 asumió el cargo de Intendente de la provincia, el que desempeñó con brillo ejemplar durante todo el período de la anterior Administración.

En el año 1965 Enrique Vicente, interpretando el clamor de la ciudad entera, planteó a nivel presidencial la urgente necesidad de llevar a cabo el proyecto elaborado por la Oficina del Plan Regulador Interprovincial y el Ministerio de Obras Públicas, para la construcción de la Vía Costera elevada Valparaíso Viña del Mar.

Después de largas jornadas de estudio y de trabajo, en las que colaboraron todos los sectores y equipos técnicos de la Administración Pública, de las Facultades Universitarias, los Ministerios de Obras Públicas, de la Vivienda, las Municipalidades de Viña del Mar y de Valparaíso, la Oficina de Planificación Nacional y otras entidades, se logró llegar a un criterio definitivo sobre el problema y se llamó a propuestas públicas, en noviembre de 1968, para construir el tramo Valparaíso Viña del Mar, de la Carretera Internacional a Mendoza, llamada Vía Elevada.

Sólo en el mes de abril de 1969, se iniciaron las faenas y el comienzo de ellas desató una acre polémica que en definitiva, fue a la postre, totalmente superada.

Enrique Vicente Vicente dedicó todo su empeño a dicha labor, en desmedro de sus otras actividades y también de su propia salud.

Al término de su mandato, como Intendente de la provincia, entregó a su sucesor una obra ya iniciada, que continúa en marcha y de cuyos beneficios disfrutarán en breve plazo los habitantes de la provincia y que también servirá de incen • tivo al turismo en favor de nuestro país.

Enrique Vicente Vicente falleció el 29 de marzo de 1972.

Con el objeto de perpetuar su memoria y ejemplo para las futuras generaciones, se propone darle su nombre a la citada Vía Elevada en construcción.

El proyecto fue aprobado en la Comisión por la unanimidad de los miembros presentes.

Por estas consideraciones y las que os dará el señor Diputado Informante vuestra Comisión de Gobierno Interior os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Denomínase Avenida Costanera Enrique Vicente, a la vía, en actual construcción, que corre apegada al mar entre Estación Barón, desde el acceso de Avenida Argentina, en la ciudad de Valparaíso, hasta su conexión con el Puente denominado Caleta Abarca, en la ciudad de Viña del Mar.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 1972.

Acordado en sesión 74ª, celebrada el día 18 del presente, con asistencia de los señores Pérez (Presidente); Andrade, Carrasco, Ferreira, Klein, Lavandero, Ríos, don Héctor; Rodríguez, Señoret, Sepúlveda, Tudela y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Sepúlveda, don Eduardo.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión.

24.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado que destina recursos para la Municipalidad de Florida, de la provincia de Concepción.

La referida municipalidad destinará el monto de los recursos que se le otorgan, mediante la iniciativa en informe, ascendente a un millón de escudos, a financiar la ejecución de un plan de obras de adelanto local con motivo de celebrarse en noviembre próximo, el bicentenario de la fundación de la comuna.

En el artículo 1º del proyecto se consulta la construcción de un mercado, un matadero, una piscina municipal, la colocación de pastelones y soleras en veredas y la ampliación de la red de alumbrado público.

El proyecto de ley dispone que el Presidente de la República pondrá a disposición de la Municipalidad la mencionada suma de un millón de escudos y en el inciso final del artículo 1º se prescribe que se financiará con el excedente, de beneficio fiscal, que se producen en los sorteos de las boletas de compraventas.

El artículo 2º faculta a la Municipalidad de Florida, para que con el voto de los dos tercios de los regidores en ejercicio, se pueda alterar la distribución de los fondos, o se destinen a la ejecución de otras obras.

Por asentimiento unánime la Comisión prestó su aprobación al proyecto en los mismos términos en que fue remitido por el Honorable Senado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento, debe conocer la Comisión de Hacienda el artículo 1° del proyecto.

Por estas consideraciones y las que os dará oportunamente el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior os recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- El Presidente de la República pondrá a disposición de la Municipalidad de Florida, provincia de Concepción, la suma de un millón de escudos para ejecutar las siguientes obras:

1.- Construcción de un mercado municipal, Eº 240.000;

2.- Construcción de un matadero municipal, Eº 240.000;

3.- Colocación de pastelones y soleras en las veredas, Eº 220.000;

4.- Construcción de una piscina municipal, Eº 80.000, y

5.- Ampliación de la red de alumbrado público, Eº 220.000.

El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al 70% que se produzca en la cuenta especial F48, de acuerdo con las normas del artículo 244 de la ley Nº 16.617, modificado por el artículo 15 de la ley Nº 16.773.

Artículo 2º.- Con el acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrá alterarse la distribución de los fondos indicada en el artículo precedente o destinarse a la ejecución de obras distintas de las que en él se señalan.

Sala de la Comisión, a 18 de abril de 1972.

Aprobado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Pérez (Presidente), Carrasco, Ríos, don Héctor; Señoret, Mosquera y Vergara.

Diputado informante se designó al señor Mosquera.

(Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión.

25.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar una iniciativa de ley, originada en un proyecto remitido por el Honorable Senado y despachado favorablemente por la Comisión de Gobierno Interior, que destina recursos para la Municipalidad de Florida, de la provincia de Concepción.

Esos fondos que ascienden a la suma de un millón de escudos, se otorgan a dicha Municipalidad con el objeto de financiar la ejecución de un plan de obras de adelanto local, con motivo de celebrarse, en el mes de noviembre próximo, el bicentenario de la fundación de la comuna.

Reglamentariamente, correspondía a la Comisión de Hacienda pronunciarse sobre el artículo 1º, en el que se establece que el mencionado programa de obras públicas se financiará con cargo al 70% del excedente de beneficio fiscal que se produce en los sorteos de las boletas de compraventas y que se encuentra depositado en la cuenta especial F48.

Al respecto, cabe hacer presente que, de acuerdo con informaciones proporcionadas por el Departamento de Planificación del Servicio de Impuestos Internos a la Comisión de Hacienda del Honorable Senado, el excedente mensual promedio que arroja la cuenta respectiva es del orden de los Eº 4.000.000 en tanto que las obligaciones que afectan a estos recursos ascienden hasta esta fecha, para todo el año 1972 sin considerar este proyecto a la suma de Eº 7.294.258.

En consecuencia, la mayoría de la Comisión de Hacienda acordó proponer a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe en los mismos términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Andrade, Barahona, Cerda, De la Fuente, Frías, Fuentes, don Samuel; Iglesias, Lazo, doña Carmen; Páez y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante al señor Cerda.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

26.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Honorable Cámara:

La Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción pasa a informar el proyecto de ley de origen en una moción de los señores Sepúlveda, Valenzuela, Alamos e Iglesias, que modifica la legislación relativa a las cooperativas.

Las cooperativas se rigen por el Decreto R. R. A. Nº 20, de 1963, que fijó el texto refundido del Decreto con Fuerza de Ley Nº 326, de 1960.

El desarrollo experimentado por el movimiento cooperativo en el país ha dejado de manifiesto la necesidad de enmendar diversas disposiciones de las normas que le son aplicables, con la finalidad de perfeccionarlas y actualizarlas de acuerdo a los requerimientos del proceso económico y social.

En tal sentido es indispensable procurar que las elecciones de representantes se efectúen de la manera más directa posible para garantizar la libre expresión de la voluntad de los socios.

Por otra parte se ha podido comprobar que el aporte de la inversión de las cooperativas de viviendas en materia habitacional ha significado aproximadamente un 15% del total utilizado en el rubro y que es de innegable conveniencia elevar dicho porcentaje con el objeto de facilitar a los sectores de menores recursos el cumplimiento de sus aspiraciones.

Es así como estas instituciones que no persiguen fines de lucro y tienen costos administrativos y de operación bajos han llegado a obtener, a igual inversión, mayor cantidad de metros cuadrados edificados que los otros sistemas y, por lo tanto, viviendas de menor precio.

La iniciativa en informe tiende, justamente, a hacer más expedita la legislación vigente sobre estas materias.

Con tal propósito los artículos 1º y 2º, que reemplazan a los artículos 41 y 42, respectivamente, y el 3º, que agrega un artículo transitorio nuevo al Decreto R. R. A. Nº 20, de 1963, eliminan el voto por poder y sólo permiten, en los casos que se señalan, la elección por medio de delegados, junto con establecer las normas para modificar los estatutos correspondientes en tal sentido, dentro del plazo que se fija.

El artículo 4º autoriza la incorporación de otras instituciones a los organismos que agrupan a las cooperativas, siempre que aquellas no persigan fines de lucro.

Los artí6culos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 se refieren expresamente a las cooperativas de vivienda, y de ellos los cuatro primeros benefician a la zona afectada por el terremoto ocurrido el 8 de julio último.

Para ello contemplan, básicamente, las siguientes ideas:

a) Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo deberán considerar los terrenos para los efectos del ahorro previo;

b) El ahorro en dinero se rebaja en un 50%, y la diferencia, que deberá ser aportada por la Caja Central de Ahorros y Préstamos, se paga en un plazo máximo de cinco años, para lo cual se elimina el tope relacionado con la renta;

c) Las viviendas no podrán tener más de 70 metros cuadrados edificados;

d) Se suprime el límite de edad para el seguro colectivo de desgravamen;

e) Se otorgan facilidades para la constitución de cooperativas de viviendas, y

f) Se establece una línea de créditos especial por parte de la Corporación de Servicios Habitacionales.

Los artículos 9º y 10, que inciden en el artículo 102 del Decreto R. R. A. Nº 20, de 1963, complementan las disposiciones vigentes sobre arrendamiento de las viviendas de las coperativas y sobre expulsión de socios.

La Comisión incorporó al texto del proyecto cuatro artículos nuevos, también relacionados con las cooperativas de vivienda, y que tienden a aclarar algunas normas y a facultar al Presidente de la República para hacer extensivas otras que significan franquicias para los referidos organismos.

En conformidad con lo establecido en el Nº 3º del artículo 153 del Reglamento Interior de la Corporación, corresponde hacer presente que los artículos 11, 12, 13 y 14 deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Por estas consideraciones la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción acordó, por unanimidad, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa, concebida en los siguientes términos

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Reemplázase el artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963, por el siguiente:

Artículo 41.- Las Juntas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias, y su constitución y atribuciones se regirán por lo que dispongan los respectivos estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Reemplázase el artículo 42 del Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963, por el siguiente:

Artículo 42.- En las Juntas Generales cada socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que se refiere a la elección de personas, cuanto en lo relativo a las proposiciones que se formulen.

No existirá el voto poder, pero se podrá establecer en los estatutos el sistema de votación por medio de delegados.

Las Juntas Generales deberán constituirse por delegados en los casos siguientes:

a) Cuando la Cooperativa actúe en diversas secciones territoriales del país;

b) Cuando las Cooperativas tengan más de 2.000 socios;

c) Cuando las Cooperativas realicen sus actividades a través de sucursales, y

d) Cuando los sectores de socios sean de distinta naturaleza.

En casos calificados las Cooperativas podrán prescindir del sistema de delegados con autorización especial de la División de Cooperativas. El número de delegados y la forma de elegirlos se establecerá en los estatutos de cada Cooperativa y la División de Cooperativas velará por que dichos sistemas contemplen una, debida representatividad de los socios o de los diferentes sectores y, a la vez, un buen funcionamiento de la Junta.

Artículo 3º.- Agrégase el siguiente artículo transitorio al Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963:

Artículo 5º.- Las Cooperativas deberán modificar sus estatutos para incorporar los sistemas señalados en los artículos 41 y 42 dentro de los 18 meses siguientes a la publicación de la presente ley. Cumplido que sea dicho plazo, la celebración de las Juntas hechas en contravención a lo dispuesto en este artículo, por las Cooperativas, adolecerá de nulidad.

Artículo 4º.- Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 117 del Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963:

Sin perjuicio de lo anterior podrán ingresar como socios a las Uniones y Federaciones, además de las Cooperativas, las personas jurídicas de derecho público o privado que de acuerdo con su objeto no persigan fines de lucro.

Artículo 5º.- Se considerará como parte del ahorro previo que exigen las Asociaciones de Ahorro y Préstamo en la zona damnificada por el terremoto, los terrenos que las Cooperativas hayan adquirido, en un valor que no será inferior al 50% que les hubiera correspondido efectuar.

El ahorro en dinero que deban las Cooperativas enterar, será rebajado en un 50%. Este saldo será enterado transitoriamente por un mayor aporte que deberá efectuar la Caja Central de Ahorros y Préstamos.

En las amortizaciones a los créditos se considerará la devolución de dicho aporte transitorio en un plazo máximo de 5 años, contados desde la fecha del mutuo hipotecarios respectivo.

Para estos efectos no regirán los límites de renta establecidos en las leyes.

Las normas contenidas en este artículo, sólo serán aplicables a las Cooperativas que construyen hasta 70 metros cuadrados de superficie por vivienda, sin incluir espacios comunes cuando se trate de edificación en altura.

Artículo 6º.- El seguro colectivo de desgravamen de las Cooperativas de Vivienda en la zona afectada por el sismo, no tendrá límites de edad de ninguna especie y sus giros serán los que corresponda cancelar como si todos los socios tuvieren la edad promedio que se establezca, sin considerar aquellas personas mayores de 60 años.

Artículo 7º.- Dentro del plazo de 30 días de publicada la presente ley, la División de Cooperativas establecerá un promedio breve y sumario para la constitución de Cooperativas de Viviendas en la zona afectada por el sismo, el que deberá concluir con la dictación del Decreto Supremo que autoriza la existencia legal de la Cooperativa y aprueba su estatuto social en un plazo no mayor de 90 días.

Artículo 8º.- La Corporación de Servicios Habitacionales deberá abrir una línea de créditos, de a lo menos un 15% del presupuesto total de dicha Corporación, destinado a otorgar créditos de urbanización y construcción a las Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales, ubicadas en las zonas afectadas por los sismos del 8 de julio de 1971.

Estos créditos se otorgarán por un monto no inferior a 4.500 cuotas de ahorro para la vivienda por socio, a fin de que las Cooperativas urbanicen y construyan sus terrenos y viviendas. Para este efecto, bastará con la presentación del título de dominio debidamente inscrito a nombre de la Cooperativa, con los proyectos de urbanización aprobados en principio por las respectivas reparticiones municipales y/o públicas. En ningún caso se exigirá ahorro previo.

En orden de precedencia para el otorgamiento de estos créditos en caso de producirse una gran demanda, será el de la inscripción del título de dominio respectivo.

Esta línea de crédito deberá estar abierta hasta el 8 de julio de 1976. En el caso de no comprometerse el presupuesto correspondiente dentro del año presupuestario, pasará a incrementar los ingresos generales de la Corporación.

Artículo 9º.- Agrégase la siguiente frase al inciso primero del artículo 102 del decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963:

En todo caso el arriendo de la vivienda será efectuado por la Cooperativa, teniendo prioridad los familiares propuestos por el socio al Consejo de Administración, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive.

La renta de arrendamiento será cancelada a la Cooperativa, la que abonará dichas cantidades a la respectiva cuenta del socio, hasta el monto de las obligaciones que éste tenga con aquélla. La diferencia restante, si existiera, pasará a formar el fondo de mantenimiento de la Cooperativa, aplicándose de preferencia a la vivienda que lo genere. La contravención a lo dispuesto será causal de expulsión del socio de la Cooperativa.

Artículo 10.- Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 102 del Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963:

El acuerdo de expulsión de un socio de una Cooperativa de Vivienda, sólo podrá ser apelado ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, sometiéndose en todo lo demás al procedimiento común de dichos tribunales.

Artículo 11.- Aclárase que se hace aplicable a las Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Nº 17.416, siempre que los bienes raíces no agrícolas destinados a habitación cuyo monto vigente para el año 1971 sea inferior al valor que resulte de multiplicar el número de viviendas de propiedad de la Cooperativa por cuatro sueldos vitales anuales de la escala A del Departamento de Santiago.

Artículo 12.- Facúltase al Presidente de la República para eximir a las Cooperativas de Vivienda y/o Servicios Habitacionales, que realicen sus operaciones de urbanización y/o construcción de viviendas, en la zona afectada por el sismo del 8 de julio de 1971, del pago de permisos municipales de edificación, siempre que tales obras se inicien antes del 8 de julio de 1973.

Asimismo el Presidente de la República podrá eximir a estas Cooperativas de todo impuesto en los actos que realicen para proceder a la adquisición de sus terrenos.

Esta exención regirá el 8 de julio de 1973.

Artículo 13.- Sustitúyense los últimos cuatro incisos del artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley R.R.A. Nº 20 de 1963, por el siguiente:

Cuando el Presidente de la República haga uso de la facultad señalada en el artículo 1º de la Ley Nº 16.282 se entenderá que las donaciones de bienes raíces que se efectúen a las Cooperativas de Vivienda, ubicadas en la zona que se determine, estarán exentas de todo impuesto y de los trámites de insinuación. En todo caso deberá cumplirse con la autorización antes indicada.

Articula 14.- Facúltase al Presidente de la República, para que exima del impuesto de timbre fijo a las letras de cambio que suscriban los socios de las Cooperativas de Vivienda y/o Servicios Habitacionales, ubicadas en la zona afectada por los sismos del 8 de julio de 1971, para el cumplimiento de sus obligaciones y que sean giradas por la Cooperativa a la cual estén asociados.

Sala de la Comisión, a 27 de septiembre de 1971.

Acordado en sesión de fecha 15 del mes en curso, con asistencia de los señores Sepúlveda (Presidente Accidental), Alamos, Frei, Guerra, Huepe, Palza y Riesco.

Se designó Diputado informante al señor Sepúlveda.

(Fdo.): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

27.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en una moción de los señores Sepúlveda, Valenzuela, Alamos e Iglesias, y despachado favorablemente por la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, que modifica la legislación relativa a las cooperativas.

Reglamentariamente, correspondía a la Comisión de Hacienda pronunciarse acerca de los artículos 11, 12, 13 y 14.

El artículo 11 exime a las Cooperativas de Viviendas y/o Servicios Habitacionales del pago del impuesto territorial, respecto de los bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación, cuyo monto vigente para el año 1971 sea inferior al valor que resulte de multiplicar el número de viviendas da propiedad de la Cooperativa por cuatro sueldos vitales anuales de la escala A del Departamento de Santiago.

La mayoría de la Comisión estimó excesivo dicho beneficio y acordó rechazar este artículo.

El artículo 12 faculta al Presidente de la República para eximir a las Cooperativas de Viviendas y/o Servicios Habitacionales, que realicen operaciones de urbanización y/o construcción de viviendas, en la zona afectada por el sismo del 8 de julio de 1971, del pago de permisos municipales de edificación y de todo impuesto en los actos que realicen para proceder a la adquisición de sus terrenos.

La mayoría de la Comisión estimó inconveniente restar fondos a las municipalidades, dada la precaria situación económica porque atraviesan esas corporaciones edilicias y acordó, en consecuencia, sustituir esta disposición por otra en la que se restringe esta facultad a la exención de los impuestos que gravan las ventas de los terrenos correspondientes, beneficio que se extiende tanto al comprador como al vendedor de los mismos.

El artículo 13 modifica el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley RRA, Nº 20, de 1963 que fija el texto coordinado, sistematizado y refundido de las disposiciones legales sobre cooperativas con el objeto de establecer que, cuando el Presidente de la República haga uso de la facultad señalada en el artículo 1º de la ley número 16.282 que fija normas para el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes se entenderá que las donaciones de bienes raíces que se efectúen a las Cooperativas de Vivienda, ubicadas en la zona que se determine, estarán exentas de todo impuesto y de los trámites de insinuación.

La Comisión de Hacienda estimó conveniente la modificación propuesta y aprobó por unanimidad el artículo en estudio.

Finalmente, el artículo 14 faculta al Presidente de la República para eximir del impuesto de timbre fijo a las letras de cambio que suscriban los socios de las Cooperativas de Vivienda y/o Servicios Habitacionales, ubicadas en la zona afectada por los sismos del 8 de julio de 1971, para el cumplimiento de sus obligaciones y que sean giradas por la Cooperativa a la cual estén asociados.

La mayoría de la Comisión acordó rechazar este artículo, por cuanto estimó que distorsionaba en forma grave e inconveniente el sistema que rige a esos documentos de cambio.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la H. Cámara la aprobación del proyecto en informe, con las siguientes modificaciones:

1.- Rechazar el artículo 11.

2.- Sustituir el artículo 12 por el siguiente:

Artículo...Facúltase al Presidente de la República para eximir a las Cooperativas de Viviendas y/o Servicios Habitacionales de todo impuesto en las compraventas que realicen para proceder a la adquisición de terrenos, en la zona afectada por el sismo del 8 de julio de 1971. Dicha exención beneficiará tanto al comprador como al vendedor de los mismos.

3.- Rechazar el artículo 14.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Andrade, Barahona, Carda, De la Fuente, Frías, Fuentes, don Samuel; Iglesias, Lazo, doña Carmen; Páez y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante el señor Sepúlveda.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

28.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar un proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Ramírez, don Gustavo y Cabello, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura del Maestro en Talca.

El presente proyecto de ley está destinado a satisfacer un sentido anhelo de los maestros de la provincia de Talca, que, en un número cercano a los 2.600 profesores de los niveles básico, medios, sin considerar funcionarios de ANESE y APEUCH-Talca y profesores de distintas sedes regionales universitarias, la mayoría de sectores rurales, desean tener un hogar para efectuar sus reuniones que emanan del ejercicio de sus funciones de maestros. ¡Estas reuniones, de orden pedagógico, técnico o cultural, los obligan a sesionar con mucha frecuencia en la ciudad de Talca.

El proyecto consta de cinco artículos.

Por el artículo 1º se crea la Casa de la Cultura del Maestro en la ciudad de Talca y se entrega su tuición al SUTE de Talca.

El artículo 2º establece un aporte de Eº 10 que se descontará de la cotización que los maestros de la provincia de Talca pagan a] SUTE, nacional, la que en estos momentos, según se expresó en la Comisión, es de Eº 25.

El artículo 3º establece otro aporté por la misma cantidad, por el plazo da tres años, a beneficio del SUTE de Talca.

Los artículos 4º y 5º otorgan diversos otros beneficios al SUTE de Talca, como ser la suma de Eº 3.000.000, pagadera en cuotas anuales y la transferencia, a título gratuito, de un inmueble para que funcione en él la Casa de la Cultura del Maestro.

Se deja expresa constancia que el proyecto no fue objeto de indicaciones y que fue aprobado, por unanimidad, en los mismos términos en que se encontraba concebido.

De acuerdo al Nº 3º del artículo 153 del Reglamento, el artículo 4° del proyecto deberá ser conocido por la Comisión de Hacienda.

En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos y los que pueda proporcionar en su oportunidad el señor Diputado informante, la Comisión somete a la consideración de la Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Créase la Casa de la Cultura del Maestro en la ciudad de Talca, cuya tuición corresponderá al Consejo Directivo Provincial del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación (SUTE-Talca).

Artículo 2º.- Establécese una cotización mensual de diez escudos que se descontará por planilla a cada profesor, en toda la provincia de Talca, descontándose esta cantidad de la cotización que los profesores pagan en beneficio del SUTE, nacional.

Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, establécese, además, una cotización mensual de diez escudos que se descontará por planilla a cada profesor, durante tres años, en la provincia de Talca, a beneficio del SUTE, provincial de Talca.

Artículo 4º.- Destínase la cantidad de tres millones de escudos, a favor del SUTE, Provincial de Talca, la que se pagará en cuotas anuales de un millón de escudos cada una, con cargo al excedente de la cuenta F48 de Impuestos Internos.

Artículo 5º.- Transfiérese a título gratuito, al SUTE provincial de Talca, para destinarlo a Casa de la Cultura del Maestro, de la ciudad de Talca, el inmueble formado por sitio y casa habitación ubicado en calle 5 Norte de la ciudad de Talca, inscrito a nombre del Fisco a fojas 154 Nº 344 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 1934, cuyos deslindes, según sus títulos, son los siguientes: calle 5 Norte y Anacleto Montero; Sur, Domínguez y otros; Oriente; Miguel A. Gaete calle 6 Oriente.

Sala de la Comisión, a 5 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 28 de junio de 1972, con asistencia de los señores Soto (Presidente), Amunátegui, Carrasco, Retamal, doña Blanca; Riquelme, Ramírez, don Gustavo; Robles y Tudela.

Se designó Diputado informante al señor Ramírez, don Gustavo.

(Fdo.): José Benavides Lizana, Secretario.

29.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en una moción de los señores Ramírez, Vergara y Cabello, despachado favorablemente por la Comisión de Educación Pública, que crea la Casa de la Cultura del Maestro en la provincia de Talca.

Las razones que justifican la creación de esta institución están detalladamente expuestas en el informe de la Comisión técnica.

Reglamentariamente, correspondía a la Comisión de Hacienda pronunciarse sobre el artículo 4º, en el que se establece que el costo de la aplicación de esta iniciativa de ley es de Eº 3.000.000, suma que se pagará en cuotas anuales de Eº 1.000.000 cada una, con cargo al excedente de beneficio fiscal que se produce en los sorteos de las boletas de compraventa y que se encuentra depositado en la cuenta especial F48.

Este financiamiento fue considerado suficiente por la mayoría de la Comisión, la que acordó, en consecuencia, proponer a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en informe, en los mismos términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Andrade, Barahona, Cerda, De la Fuente, Frías, Fuentes, don Samuel; Iglesias, Lazo, doña Carmen; Páez y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante al señor Barahona.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

30.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en un Mensaje, con urgencia calificada de simple, que establece que las ventas de mantequilla destinada a reemplazar el butter-oil, no estuvo ni está afecta a prestación.

La escasez de butter-oil que se observó durante el año 1970 determinó que la Comisión de Abastecimiento del Ministerio de Economía, por acuerdo Nº 108, adoptado con fecha 29 de julio de ese año, resolviera que la mantequilla que vendiera la Empresa de Comercio Agrícola para ser usada en la recombinación de leche descremada, en reemplazo del butter-oil, no pagaría prestación.

De esta manera, la ECA entregó a las diferentes plantas lecheras las cantidades necesarias de mantequilla, a un precio muy inferior al comercial, puesto que dicho producto se consideraba materia grasa, esto es de uso industrial, y no mantequilla propiamente tal.

Al respecto, se informa en la exposición de motivos del Mensaje que El precio fue de Eº 5,20 por kilogramo, en circunstancias que por el mismo kilogramo la Empresa de Comercio Agrícola habría tenido que pagar por el solo concepto de prestación exigida por la ley Nº 8.094, en su artículo 4º, la suma de Eº 9, según establece el decreto Nº 115, del Ministerio de Agricultura, de 24 de marzo de 1970. De esta manera, resulta que la Empresa debería pagar por dicho concepto la suma de Eº 3.094.344, valor que resulta de multiplicar los Eº 9 por el total de kilos destinados a recombinación, esto es, 343.816 kilogramos.

De esta manera, la Empresa de Comercio Agrícola ha sido requerida por el Servicio Agrícola y Ganadero para el pago de la elevada suma anteriormente mencionada.

Con el objeto de solucionar este problema, el proyecto en informe declara que las importaciones de mantequilla efectuadas por ECA durante el año 1970 y las que realice en el futuro, destinadas a ser recombinadas con leche descremada, en sustitución del butter-oil, no se encontraron ni quedarán afectas a prestación.

La Comisión estimó de justicia la medida consultada en el proyecto en informe y le prestó su aprobación en general y particular, por asentimiento unánime, en los mismos términos que aparecen en el Mensaje.

En consecuencia, propone a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que las importaciones de mantequilla, efectuadas por la Empresa de Comercio Agrícola durante el año 1970 y las que en el futuro realice, destinadas a ser recombinadas con leche descremada, en sustitución del butter-oil, no se encontraron ni quedarán afectas a la prestación exigida en el artículo 4º de la ley Nº 8.094 y cuyo monto fija anualmente el Ministerio de Agricultura.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Alessandri, don Gustavo; Andrade, Barahona, Cerda, De la Fuente, Frías, Fuentes, don Samuel; Iglesias, Lazo, doña Carmen; Páez y Sepúlveda.

Se designó Diputado informante al señor Andrade.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión.

31.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA.

Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley, originado en una moción de los señores Cantero, Lorca y Santibáñez, que declara la muerte presunta de don Jorge Martinangelli Rodríguez.

Expresan los autores de la moción y así fue corroborado en la Comisión durante la discusión del proyecto, que don Jorge Martinangelli fue víctima de un accidente ocurrido en Quintay el 29 de agosto de 1971. Este accidente fue un hecho totalmente comprobado y es evidente que debe presumirse, sin lugar a dudas, la suerte corrida por la víctima del mismo. Pero como no ha sido posible rescatar sus restos ni se les ha encontrado en parte alguna, sus deudos deben esperar que transcurran los largos plazos que establece el Código Civil para hacer uso de los derechos que les confieren las leyes en caso de fallecimiento.

El proyecto tiene el propósito de facilitar a sus familiares la pronta declaración de la muerte presuntiva, con el fin de que ellos, con el decreto judicial respectivo, puedan impetrar los derechos de todo orden que puedan corresponderles, especialmente, los que se refieren a materias previsionales o de seguridad social.

Se hizo presente, además, en la Comisión, que el señor Martinangelli fue un destacado ciudadano de Valparaíso, que ejerció por dos períodos el cargo de Regidor de la Municipalidad de ese puerto.

La Comisión introdujo algunas modificaciones al proyecto contenido en la moción, que tienen por objeto mejorar su redacción y perfeccionar su texto, con el objeto de que los deudos del desaparecido puedan reclamar en forma más expedita los derechos que les correspondan.

Con el mérito de lo expuesto y de otras consideraciones que podrá entregar a la Sala el señor Diputado informante, la Comisión aprobó, por unanimidad, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase presuntivamente muerto, para todos los efectos legales, a don Jorge Martinangelli Rodríguez y fíjase como fecha de su muerte el día 29 de agosto de 1971.

El Juez concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, a solicitud de parte interesada.

En lo no previsto por esta ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1972.

Acordado en sesión 111ª, de igual fecha con asistencia de los señores Fuentes, don César (Presidente accidental), Acevedo, Diez, Lorca, Tejeda y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Lorca.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión.

32.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, que modifica el Código Civil en lo relativo a la presunción de muerte por desaparecimiento.

El Código Civil en el Título II del Libro I, se ocupa del principio y fin de la existencia de las personas y dentro de aquel título, en el párrafo 3º, de la presunción de muerte por desaparecimiento, en los artículos 80 y siguientes.

Es sabido que para que se repute presuntivamente fallecida a una persona, debe mediar una declaración judicial, emanada del Tribunal correspondiente al último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. El Código se encarga de precisar los requisitos, plazos y probanzas que es necesario cumplir para que el juez pueda fijar el día presuntivo de la muerte y desde esa fecha conceder, ya sea la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, al cabo de cinco años; o la posesión definitiva, si cumplidos dichos cinco años se probare que han transcurrido setenta desde el nacimiento del causante o si han pasado quince años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese la edad del desaparecido si viviese.

Todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias que se dicten en estos casos, se insertarán en el Diario Oficial, así como la citación del desaparecido, que se publicará por tres veces.

Cualquiera persona que tenga interés en ello, podrá solicitar la declaración de muerte presunta, con tal que pasen, al menos, tres meses después de la última citación.

El proyecto tiene por objeto complementar el Nº 8 del artículo 81 del Código Civil, que dice relación con la problemática que se plantea cuando desaparece, naufraga o sufre un accidente una nave o aeronave y más tarde sus restos son encontrados. Asimismo, se consulta la forma de proceder cuando durante la navegación o aeronavegación cae al mar o a tierra un tripulante o viajero, y desaparece sin encontrarse su cuerpo.

Las situaciones descritas no están contempladas en la letra actual de nuestro Código Civil, por lo que el proyecto viene a llenar un vacío que no fue ni pudo ser previsto cuando se elaboró dicho cuerpo legal, en el siglo pasado, ni en las modificaciones que se han introducido con posterioridad. En efecto, como debe recordarse, últimamente, con relativa frecuencia han ocurrido hechos semejantes a los arriba señalados. En estos casos los herederos o familiares de las víctimas no han podido solicitar la declaración de muerte presunta en el plazo de seis meses que establece el número 8 del artículo 81, no obstante ser de toda evidencia la suerte que han corrido esos tripulantes o viajeros, y han tenido que esperar que se cumpla el plazo general de cinco años desde la fecha del accidente o de las últimas noticias para entrar en posesión de los bienes del desaparecido, y a veces ha sido necesario dictar legislación especial para casos de numerosas víctimas, por el problema social que involucra el hecho.

Con el proyecto se permite obtener la declaración de muerte presunta y la posesión definitiva de los bienes, al cabo de seis meses de ocurrido el accidente.

También el proyecto reduce a diez años el plazo de quince a que se refiere el artículo 82, que ya mencionamos, esto es, que se concede la posesión definitiva si han pasado quince años en el caso del proyecto diez años desde la fecha de las últimas noticias aunque no hubieren transcurrido setenta años desde la fecha del nacimiento del desaparecido.

La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto en informe y propone a la Honorable Cámara que acuerde el siguiente texto:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

a) Intercálanse como incisos segundo y tercero del Nº 8 del artículo 81, los siguientes:

Si se encontrare la nave o aeronave náufraga o perdida, o sus restos, se aplicarán las mismas normas del inciso anterior, siempre que no pudieren ubicarse los cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes, o identificarse los restos de los que fueren hallados.

Si durante la navegación o aeronavegación cayere al mar o a tierra un tripulante o viajero y desapareciere sin encontrarse sus restos, el juez procederá en la forma señalada en los incisos anteriores; pero deberá haber constancia en autos de que en el sumario instruido por las autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas.

b) Reemplázanse en el inciso segundo del mismo Nº 8 del artículo 81 la frase inicial que dice: En este caso no regirá lo dispuesto por la siguiente: En estos casos no regirá lo dispuesto, y

c) Sustitúyese en el artículo 82, la expresión quince años por diez años, las dos veces que aparece.

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1972.

Aprobado en la sesión 79ª, de septiembre de 1971, con asistencia de los señores Merino (Presidente), Arnello, Fuentes, don César; Lorca, Maturana, Mosquera, Millas, Naudon, Salvo, Tejeda y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Arnello.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión.

33.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Tejeda, por el cual se sustituye el artículo 112 del Código Civil, con el objeto de obligar a las personas que deben prestar su consentimiento para el matrimonio de los menores de 21 años, a expresar la causa de su negativa.

De acuerdo a nuestras disposiciones legales vigentes, pueden contraer matrimonio los púberes, esto es, las mujeres mayores de 12 años y los varones mayores de 14.

Sin embargo, el legislador ha considerado necesario que estas personas, cuando no han alcanzado la mayoría de edad, deban obtener el consentimiento de determinadas personas para celebrar el matrimonio, con el objeto de evitar que, llevados por su inexperiencia, inmadurez o sentimientos y pasiones pasajeros, contraigan un vínculo que por estas misma cusas llegue a ser efímero y transitorio.

El artículo 105 del Código Civil establece que no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario... y el artículo 107 y siguientes señalan que los que no hubieren cumplido 21 años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de... las personas que en cada caso se indican, según se trate de hijos legítimos, naturales o simplemente ilegítimos.

El artículo 11 de la ley de Matrimonio Civil, por su parte, expresa que se acompañará a la manifestación constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuere necesario según la ley y no se prestare verbalmente ante el Oficial del Registro Civil.

Finalmente, el artículo 39 de la ley del Registro Civil, al señalar los requisitos de las inscripciones de matrimonio establece: 9º Testimonio fehaciente del consentimiento para el matrimonio, en caso de necesitársele.

De las distintas personas que deben prestar el consentimiento para el matrimonio de los menores de edad, sólo el curador y el oficial del Registro Civil a quienes toque intervenir, necesitan basar su negativa en alguna de las causales que taxativamente enumera el artículo 113. Las demás personas, el padre, la madre o los ascendientes, en su caso, no necesitan justificar el disenso. Tienen un derecho absoluto, del cual pueden usar y abusar arbitrariamente.

En efecto, el artículo 112, en su texto actual, dispone que si la persona que debe prestar este consentimiento lo negare, aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá procederse al matrimonio de los menores de 21 años.

El curador y el oficial del Registro Civil que nieguen su consentimiento estarán siempre obligados a expresar la causa y, en tal caso, el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente.

El proyecto en informe transforma la norma del inciso final de este artículo, de excepción y de poca aplicación práctica, ya que no es frecuente que el consentimiento lo otorguen el curador y el oficial del Registro Civil, en general.

En el futuro, cualquiera que sea la persona que deba prestar el consentimiento, deberá expresar siempre la causa de su negativa y el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente, es decir, los Jueces de Letras de Menores.

Se pone término, en esta forma o se corrige, mejor dicho, la aplicación abusiva que suele hacerse de este precepto. Como muy bien expresa el autor de la iniciativa, es frecuente que los Juzgados de Menores se vean abocados a resolver problemas de disentimiento para contraer matrimonio, ante la negativa infundada del padre o madre. Con mucha frecuencia ella no tiene una justificación real, y como el juez carece de competencia para dar la autorización, los menores abandonan el hogar o mantienen relaciones al margen de la ley, creando dificultades familiares de la mayor importancia. Los menos afortunados deben pagar con la privación de la libertad su anhelo legítimo de unirse actual e indisolublemente con el ser amado. Triste destino para dos seres a quienes se les niega el derecho a la felicidad.

Por todas estas consideraciones, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 112 del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 112.- Si la persona que debe prestar el consentimiento lo negare, no podrá procederse al matrimonio de los menores de 21 años.

La causa de la negativa deberá siempre expresarse y el menor tendrá derecho a pedir que el disenso sea calificado por el juzgado competente.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 20 de julio de 1972, con asistencia de los señores Fuentes, don César Raúl (Presidente accidental); Acevedo, Díez, Lorca, Tejeda y Vergara.

Se designó Diputado informante al señor Tejeda.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario.

34.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en una moción del señor De la Fuente, don Gabriel, que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público al sector que indica de la Avenida San Martín, de la ciudad de Victoria.

Con motivo de los sismos ocurridos en el mes de mayo de 1960, varias personas de escasos recursos perdieron sus viviendas en la ciudad de Victoria. Ante esta situación de hecho, la Municipalidad respectivo adoptó una medida de emergencia en ayuda de estas familias, autorizándolas para edificar sus viviendas provisorias en un sector de la Avenida San Martín, de la ciudad de Victoria, provincia de Malleco.

En el transcurso del tiempo, estas viviendas se han transformado en definitivas por las mejoras que sus ocupantes han continuado efectuando en ellas. Esta razón ha movido a la Municipalidad aludida para estudiar la posibilidad de otorgar título definitivo de dominio sobre esos terrenos, pero se lo impide el hecho de que éstos son parte de una calle que, a pesar de no estorbar el tránsito normal ni dificultar el plano regulador de la ciudad, tiene la calidad de bien nacional de uso público.

Se informó en el seno de la Comisión que el Ministerio de Tierras y Colonización estaría de acuerdo con la idea que patrocina la iniciativa legal en informe.

El proyecto permite solucionar el problema y dar satisfacción a un grupo de familias que desean perfeccionar su título de dominio, poder continuar en sus viviendas con seguridad y no tener que, en un futuro, hacer abandono de esos terrenos.

La Comisión de Agricultura y Colonización prestó su aprobación a esta iniciativa en atención a la finalidad que persigue y, además, que al transferir los terrenos que forman parte de una calle no crea situación alguna que pudiere perjudicar la buena marcha de la ciudad de Victoria. Se aprobó en los mismos términos, facultando a la Mesa para mejorar la redacción de la moción, sin alterar su contenido de fondo.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento, se deja expresa constancia de lo siguiente:

lº.- A la Comisión de Hacienda no le corresponde estudiar esta iniciativa legal;

2º.- No se manifestaron opiniones disidentes durante la discusión general, y

3º.- La Comisión no rechazó disposición ni indicación alguna durante el estudio de esta iniciativa.

En consecuencia, se propone que se apruebe el proyecto de ley en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público los terrenos que forman parte de la Avenida San Martín, de la ciudad de Victoria, en la provincia de Malleco, comprendidos en los siguientes deslindes: Sector Norte: Norte, Camino Público de Victoria a Inspector Fernández; Este, Rogelia Lagosviuda de Rogasiz; Sur, Rogelia Lagosviuda de Rogasiz, y Oeste, resto Avenida San Martín, hoy calle San Martín; Sector Sur: Norte, Rogelia Lagosviuda de Rogasiz; Este, Rogelia Lagosviuda de Rogasiz, propiedad de Ja Planta Lechera de Victoria y Alberto Mermoud; Sur, Roberto Mermoud, y Oeste, restos Avenida San Martín, hoy calle San Martín. La cabida aproximada del Sector Norte es de 10.495,50 m2. y del Sector Sur, 15.362,70 m2.

Autorízase al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, los terrenos indicados en el inciso anterior a sus actuales ocupantes, como asimismo, las mejoras de propiedad fiscal que existieren en ellos.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 del mes en curso, con asistencia de los señores De la Fuente (Presidente accidental), Acuña, Alvarado, Fuentes, don César Raúl; Núñez, Salinas, don Anatolio, y Sharpe.

Se designó Diputado informante al señor De la Fuente.

(Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión.

35.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en una moción del señor Fuentes, don César Raúl, que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes, los sitios que forman la población Ismael Martín Mieres, de la comuna de San Nicolás.

En la comuna de San Nicolás, departamento de San Carlos, provincia de Ñuble, el propietario del fundo El Oratorio donó una extensión de terreno equivalente a una cuadra a un grupo de 40 familias, con el objeto de que construyan sus viviendas en las orillas del río Ñuble, ya que trabajaban en la extracción de ripio y arena para construcciones.

Posteriormente, el citado predio ha sido expropiado por la Corporación de la Reforma Agraria y asignado a los campesinos en propiedad el año 1970, pero la donación no se perfeccionó, situación que crea serios problemas a las familias que ocupan los sitios antes mencionados, a pesar de que la Corporación de la Reforma Agraria no ha desconocido la donación, pero insiste en que se regularice el título de estos ocupantes.

Esta razón movió al autor de la moción para patrocinar una iniciativa legal que autorice al Presidente de la República para que, a través del Ministerio de Tierras y Colonización, se transfiera a sus actuales ocupantes los sitios que ocupan en la población Ismael Martín Mieres, de San Nicolás.

La Comisión estudió detenidamente el proyecto de ley en informe y le prestó su aprobación, como también a una indicación que consulta un artículo nuevo, como segundo, que autoriza la transferencia de un terreno fiscal a la Asociación de Rehabilitación de Alcohólicos, de San Carlos.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento, se deja expresa constancia de lo siguiente:

1º.- A la Comisión de Hacienda no le corresponde estudiar esta iniciativa legal;

2º.- Durante la discusión general, no se expresaron opiniones disidentes, y

3°.- La Comisión no rechazó disposición ni indicación alguna durante el estudio del proyecto.

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, en atención a los antecedentes expuestos, os propone que aprobéis este proyecto en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para que, por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuitamente a sus actuales ocupantes el dominio de los sitios que respectivamente ocupan en la población Ismael Martín Mieres, ubicada en la comuna de San Nicolás, del departamento de San Carlos. El Ministerio de Tierras y Colonización inscribirá estos sitios a nombre del Fisco, previamente, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 58 del reglamento del Conservador de Bienes Raíces.

En el otorgamiento de estos títulos no regirán las disposiciones sobre urbanización y loteamiento de terrenos.

Artículo 2º.- Autorízase al Presidente de la República para que, por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuitamente a la Asociación de Rehabilitación de Alcohólicos ARDA, de San Carlos, el inmueble que ocupa, ubicado en calle Chacabuco al llegar a calle Portales, de la ciudad de San Carlos.

Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 del mes en curso, con asistencia de los señores De la Fuente (Presidente accidental), Acuña, Alvarado, Fuentes, don César Raúl; Núñez, Salinas, don Anatolio, y Sharpe.

Se designó Diputado informante al señor Fuentes, don César Raúl.

(Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión.

36.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un Mensaje con trámite de urgencia calificada de Suma sobre el proyecto de ley que dispone la forma de determinar el monto de las pensiones de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos.

En el estudio de esta iniciativa colaboraron con la Comisión el señor Subsecretario de Previsión, don Laureano León; el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, y los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la Superintendencia de Seguridad Social señores Pedro Baeza y Ricardo Smith, respectivamente.

La Comisión escuchó a los dirigentes de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, señores Carlos Núñez y Eduardo Madariaga.

El artículo 13 de la ley Nº 17.324 faculta al Presidente de la República para establecer un sistema de incentivos en beneficio del personal de las Plantas Permanentes de Correos y Telégrafos.

El decreto Nº 1.409 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 22 de octubre de 1970, aprobó el reglamento para establecer este sistema de incentivos.

El artículo 6º del mencionado decreto reglamentario dispone que los fondos de incentivos señalados en los artículos 2º y 3º se distribuirán entre los funcionarios de las plantas permanentes del Servicio de Correos y Telégrafos en la siguiente forma:

A) Un 50% se distribuirá por iguales partes entre todos los funcionarios.

B) Un 50%, proporcional al sueldo base más el sueldo del grado superior de cada funcionario. Para estos efectos no se considerarán los sueldos de asimilación, excepto en los casos de los carteros y mensajeros que se desempeñen en labores internas dadas.

Y agrega que tendrá derecho al incentivo contemplado en esta letra, el personal que, durante el período anterior, haya obtenido calificación en lista 1 o 2, haya cumplido en la debida oportunidad con la destinación dispuesta por el Servicio, salvo que el hecho no le sea imputable y haya cumplido, cuando proceda, los estándares de rendimiento fijado previamente por la Dirección Nacional.

El inciso siguiente regula, a su vez, el cálculo del incentivo de la letra B) respecto del personal de Técnicos de Correos y de Telecomunicaciones, egresados de la Escuela Postal Telegráfica, como asimismo respecto de los funcionarios egresados de los cursos de perfeccionamiento de esa Escuela, promotores telex, mecánicos choferes y mecánicos de telégrafos.

El Mensaje señala que de las disposiciones reglamentarias reseñadas se infiere que el incentivo establecido en la letra A) del artículo 6°, equivalente al 50% de las sumas referidas en el artículo 2° del mismo reglamento, constituye una remuneración propia de los cargos respectivos, en la medida en que se distribuye sin atender a condiciones particulares o subjetivas de satisfacción previa por parte de los servidores favorecidos.

El 50% restante, en cambio, reglado en la letra B) del mencionado artículo 69 exige del funcionario un desempeño calificado requisito personal o subjetivo condicionante del beneficio al mismo tiempo que requiere de otras prestaciones determinadas que hacen de este porcentaje del estipendio una renta propiamente personal anexa.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto Nº 1.356, de 1971, del Ministerio del Interior, los incentivos establecidos en el artículo 69 del citado decreto Nº 1.409 se hicieron imponibles a contar desde el 1º de octubre de 1971.

Por consiguiente, sólo a partir desde la fecha especial de vigencia del decreto modificatorio recién aludido, se consideró el incentivo en las pensiones automáticamente reajustables de los ex servidores de Correos y Telégrafos.

Se hizo presente que sobre el particular, la Contraloría General de la República había emitido un dictamen en virtud del cual quienes cesaron en funciones con posterioridad al 1º de octubre de 1971 y percibieron en servicio, con carácter imponible, el incentivo de la letra B) de ese precepto, han podido incorporar a su jubilación este último porcentaje. De este modo, no podrá computarse en ninguna pensión causada antes del 2 de octubre de 1971 el incentivo de la letra B) del artículo 6° del reglamento, pues sólo a contar desde esta época el interesado estuvo en condiciones de disfrutar de la renta respectiva, sujeta a cotizaciones, y de incorporarla a su pensión inicial.

El Mensaje agrega que la interpretación administrativa del Organismo Contralor, que en conformidad con las disposiciones reglamentarias analizadas es perfectamente procedente, no se ajusta en cambio al espíritu que animó al Supremo Gobierno al dictar el decreto Nº 1.356, modificatorio del decreto 1.409 en virtud del cual se hicieron imponibles los incentivos establecidos en el mencionado artículo 6° a partir del 1º de octubre de 1971.

En efecto, fue su ánimo y voluntad al modificar el texto reglamentario citado que no sólo el incentivo previsto en la letra A) del referido artículo 6° fuera computable para determinar el monto de las pensiones que se reajustan de acuerdo con la renta de los funcionarios en servicio activo, causadas con anterioridad al 2 de octubre de 1971, de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos, sino que también para el efecto señalado fuera considerado el incentivo establecido en la letra B) del indicado artículo.

Tanto es así, que el mayor gasto que representaría para el Fisco la aplicación del decreto Nº 1.356 fue previsto teniendo en cuenta la reajustabilidad de las pensiones perseguidoras de los ex funcionarios del Servicio de Correos y Telégrafos sobre la base de la totalidad de los incentivos del artículo 6° del decreto Nº 1.409 respecto de los servidores que se acogieron a jubilación antes del 1º de octubre de 1971.

Se hizo presente que mantener el régimen de reajustabilidad de las jubilaciones perseguidoras computando sólo el incentivo de la letra A del decreto reglamentario Nº 1.409 del Ministerio del Interior para las pensiones causadas con anterioridad al 2 de octubre de 1971, sería un trato discriminatorio que en ningún caso se justifica en relación con los ex servidores de Correos y Telégrafos que cesaron en sus funciones con posterioridad a esa fecha y que incorporaron a sus jubilaciones el 100% del referido estipendio.

El proyecto en informe tiene por objeto reparar el menoscabo económico que significa la situación expuesta para los exfuncionarios del Servicio de Correos y Telégrafos que se acogieron a jubilación automáticamente reajustable con anterioridad al 2 de octubre de 1971.

Por las consideraciones indicadas y las que os dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara al aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Para los efectos de determinar el monto de las pensiones que se reajustan de acuerdo con la renta de los funcionarios en servicio activo, causadas con anterioridad al 2 de octubre de 1971, de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos, será computable también el incentivo establecido en la letra B) del artículo 6º del decreto Nº 1.409, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 22 de octubre de 1970.

El mayor gasto que represente la aplicación de esta disposición será financiada con cargo al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Acevedo, Amello, Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Monares, Olave, Ríos, don Héctor; Vergara y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Ríos, don Héctor.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

37.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Monares, Arnello y Señoret sobre el proyecto de ley que aclara la ley Nº 17.592 que creó la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes.

La Comisión escuchó al señor Subsecretario de Previsión Social, don Laureano León; al señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones; a los Consejeros de la Caja de Previsión de los Comerciantes, Pequeños Industriales Transportistas e Independientes, señores Eduardo Garín, Julio Chamorro, Adolfo Quinteros; al Secretario Abogado del Consejo General del Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos, don Guy de Moras, y el abogado del Registro, don Fernando Ramírez.

El artículo 29 de la ley Nº 17.066 agregado por el artículo 2º de la ley Nº 17.592 creó una persona jurídica de derecho público autónoma, con patrimonio propio, denominada Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes.

Se hizo presente que a través de la tramitación de la ley Nº 17.592, se había manifestado claramente la intención del legislador de que esta Caja autónoma sería manejada por sus propios imponentes. Sin embargo, a pesar de la claridad de las disposiciones de la citada ley Nº 17.592 se han producido interpretaciones que desvirtúan el carácter que pretendió concedérsele a la Caja de Previsión mencionada, cambiándole su naturaleza y haciendo que la administración por los propios imponentes sea imposible de realizar.

El inciso primero del artículo único declara que el contenido y alcance del artículo 29 de la citada ley Nº 17.592, al calificar la Caja de Previsión de los Comerciantes Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes como una persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio propio, es el de determinar que ella no es una institución semifiscal.

El artículo 44, letra b), de la ley número 17.066, agregado por el artículo 2º de la ley Nº 17.592, señala que para atender las obligaciones que la presente ley establece, la Caja contará con los siguientes recursos:

b) Con una cotización mensual de cargo de los afiliados activos, equivalente al 3% del sueldo patronal previsional, para otorgar los beneficios a que se refiere el artículo 60. Estos recursos se integrarán al Servicio Médico Nacional de Empleados en la forma y oportunidad que determine el Reglamento.

El inciso segundo del artículo único del proyecto en informe tiene por objeto declarar que estos recursos sean entregados al Servicio Médico Nacional de Empleados, mientras la Caja no cree su propio Departamento Médico, en cuyo caso, cesará esta obligación para entrar a financiar con estos recursos el Departamento Médico de la Caja.

En relación con el inciso tercero aprobado, la Comisión acordó dejar expresa constancia en este informe que los señores Arnello y Monares presentaron una indicación para sustituirlo por otro que modificaba y suprimía diversos artículos del Decreto Reglamentario Nº 90 del Ministerio del Trabajo, de 14 de abril de 1972, y que los autores de esta indicación la retiraron para estudiarla con mayor profundidad y presentarla para el segundo informe del proyecto.

El inciso tercero del artículo único del proyecto en informe se refiere a la facultad del Presidente de la República para modificar el Reglamento del Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile.

Por las consideraciones anteriores y las que dará el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara, la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que el contenido y alcance que ha tenido y tiene el artículo 29 de la ley Nº 17.066, de 11 de enero de 1969, agregado por el artículo 2º de la ley Nº 17.592, de 19 de enero de 1972, al calificar la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes como una persona jurídica de derecho público, autónomo, con patrimonio propio, es el de determinar que ella no es una institución semifiscal y que, por lo tanto, no le son aplicables ninguna de las normas, ni preceptos prohibitivos ni limitativos contenidos en las leyes de carácter general que afecten a las instituciones semifiscales.

Declárase, asimismo, que lo dispuesto en la letra b) del artículo 44 de la ley Nº 17.066, agregado por el artículo 2º ,de la ley Nº 17.592, de establecer una cotización mensual del 3% del sueldo patronal previsional para recibir los beneficios a que se refiere el artículo 60 de la misma ley, tiene y ha tenido el alcance de que estos recursos sean entregados al Servicio Médico Nacional de Empleados, mientras la Caja no cree su propio departamento médico, en cuyo caso, cesará esta obligación para entrar a financiar con estos recursos el Departamento Médico de la Caja.

Déjanse sin efecto los artículos que se opongan a las disposiciones de esta ley, del Reglamento Estatutario de la Caja de Previsión mencionada.

Otórgase al Presidente de la República el plazo de 30 días contados desde la publicación de esta ley para hacer uso de la facultad a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 17.592, en los mismos términos que expresa el citado artículo.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1972.

Acordado en sesiones de fechas 19 y 20 del presente, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Acevedo, Amello, Cardemil, Guerra, Fuentealba, don Luis; Monares, Olave, Ríos, don Héctor; Vergara y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Monares.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

38.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 15.386 sobre revalorización de pensiones.

Colaboraron con la Comisión el señor Subsecretario de Previsión Socialdon Laureano León, el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, y los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señores Pedro Baeza y Ricardo Smith, respectivamente.

El Mensaje señala que son cinco los objetivos fundamentales que persigue el proyecto:

1.- Aumentar el monto de las pensiones mínimas;

2.- Hacer más expedita la aplicación de la revalorización de pensiones en atención a que por aplicación de la ley Nº 17.485 ya se alcanzó el objetivo de devolverles el 100% de su poder adquisitivo inicial y, por tanto, de ahora en adelante se les mantendrá dicho poder, reajustándolas en la variación del índice de Precios al Consumidor ;

3.- Ampliar el tope del beneficio de revalorización, elevándolo de seis sueldos vitales del año anterior a ocho sueldos vitales del año de aplicación del beneficio;

4.- Las pensiones del Servicio de Seguro Social pasan a ser de cargo del Fondo de Revalorización de Pensiones e ingresan a éste los recursos con que dicho Servicio sirve actualmente tal obligación;

5.- Rebaja de la edad de 60 años a 50 años para tener derecho a gozar de pensión mínima.

Se hizo presente que en relación con el aumento de las pensiones mínimas se establece una sola pensión mínima para los jubilados en general, equivalente a un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago, desapareciendo la actual diferencia entre jubilados por vejez, con más de 15 años computados, e invalidez, por una parte, que gozaban de una pensión de un 85% de dicho sueldo vital, y, los demás jubilados, que tenían el 75% del mismo sueldo.

La pensión mínima de los obreros afectos a las leyes Nºs 10.383 y 10.662, se eleva, asimismo, del 85% del salario mínimo industrial al 100% de dicha remuneración.

Por otra parte, se eleva la pensión mínima de la viuda, cuando no tuviere hijos con derecho a pensión de orfandad, de un 50% a un 60% de las pensiones mínimas respectivas.

Se señaló que se simplifica el mecanismo de la Revalorización de Pensiones por cuanto en virtud de la ley Nº 17.485, de 9 de septiembre de 1971, las pensiones alcanzaron el objetivo de recuperar el 100% de su poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1970 y, por lo mismo, para mantenerles dicho poder adquisitivo, a partir del 1º de enero de 1972 y siempre que los recursos lo permitan, se reajustarán en un porcentaje equivalente al de la variación del índice de Precios al Consumidor producido en el año inmediatamente anterior.

Se expresa en el Mensaje que en estrecha relación con la nueva modalidad de reajustes, se encuentra el aumento en el tope máximo de aplicación del beneficio de revalorización. En efecto, si bien por aplicación de la ley Nº 17.485 las pensiones recuperaron su poder adquisitivo inicial al 31 de diciembre de 1970, no es menos cierto que esta recuperación operaba hasta un máximo equivalente a seis sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, vigentes en el año anterior al de aplicación del reajuste.

Mediante la elevación de dicho tope a ocho sueldos vitales vigentes al año de aplicación del reajuste, se está logrando una recuperación más efectiva para aquellas pensiones que revalorizadas superaban el tope vigente, por cuanto el nuevo tope está en armonía con el fijado para obtener jubilaciones que establece el artículo 25 de la ley Nº 15.386, equivalente también a ocho sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago.

Al incorporar las pensiones del Servicio de Seguro Social al Fondo de Revalorización de Pensiones se da cumplimiento al mandato general contenido en el artículo 1? de la ley Nº 15.386, que ordena el ingreso al Fondo de aquellas instituciones que carecen de recursos suficientes para pagar las pensiones determinadas por sus leyes orgánicas o por el mecanismo de revalorización.

El Servicio de Seguro Social durante muchos años ha tenido dificultades para el normal pago de sus pensiones. Al incorporársele al Fondo se asegura el oportuno pago al sector más numeroso de pensionados del país.

Por lo tanto, los pensionados del Servicio de Seguro Social, en el futuro, se regirán por las normas contenidas en la ley Nº 15.386, con lo cual se consigue, además, avanzar en la formación del Fondo Unico de Pensiones. No obstante, por el año 1972, los pensionados tendrán como reajuste al que resulte de la aplicación del artículo 47 de la ley Nº 10.383 en caso que resulte superior al sistema general, sin perjuicio del sistema de pensiones mínimas.

Se hizo presente que, concordante con la incorporación antes referida, ingresan como recursos del Fondo de Revalorización de Pensiones todos aquellos que actualmente el Servicio de Seguro Social destina o puede destinar al pago de las pensiones. La misma disposición que ordena el ingreso de tales recursos, deroga en forma tácita, el aporte de la primera diferencia proveniente de los reajustes de todas las pensiones según lo establecido por la letra f) del artículo 128 de la ley Nº 16.464.

La derogación del aporte de dicha primera diferencia beneficia a los pensionados, que en esta forma recibirán los reajustes de todo el año en forma completa.

En conformidad a lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 153 del Reglamento, se transcriben los siguientes textos legales;

Ley Nº 15.386:

1.- Artículo 1º.- Créase el Fondo de Revalorización de Pensiones, que tendrá por objeto financiar un régimen de pensiones mínimas, compensar el deterioro sufrido por las pensiones de regímenes provisionales a causa de la desvalorización monetaria y mantener sus montos revalorizados de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta ley.

En las instituciones de previsión social en que exista un régimen de reajuste automático de pensiones, se aplicará la revalorización con carácter complementario con cargo a los recursos propios de la institución cuando tengan excedentes en sus respectivos Fondos de Pensiones o Fondo Común de Beneficios y de acuerdo con las normas e índices que establezca la Comisión Revalorización de Pensiones. Asimismo, en estos casos el mayor gasto por los nuevos montos mínimos que se fijan a las pensiones, será de cargo de la respectiva institución.

Los organismos a que se refiere el inciso anterior continuarán aplicando las normas de sus respectivos estatutos orgánicos sobre reajuste automático. No obstante, en todos aquellos casos en que el monto de la pensión reajustada resulte inferior al monto de la misma pensión, revalorizada según los índices que establezca la Comisión Revalorizadora, la institución estará obligada a pagar este último monto.

La institución de aquellas a que se refiere el inciso segundo que no dispusiere en un ejercicio de los excedentes suficientes en sus Fondos de Pensiones para dar cumplimiento a lo dispuesto en los incisos anteriores, se incorporará en el ejercicio siguiente al régimen general establecido en la presente ley y le serán aplicables todas sus disposiciones.

La revalorización no se aplicará a las pensiones que por disposiciones generales o especiales gocen del derecho a reajuste automático en relación a sus similares en servicio activo.

Para los efectos de la aplicación de este artículo se considerarán como instituciones de previsión las secciones o departamentos que comprendan grupos específicos de imponentes y que estén regidos por leyes orgánicas especiales.

2.- Artículo 2º.- Los recursos del Fondo de Revalorización se aplicarán a los siguientes fines:

a) A financiar en primer término y de preferencia al mayor gasto que les signifique a las instituciones de previsión afectas al Fondo, el régimen de pensiones mínimas que establece el artículo 26.

b) A revalorizar las pensiones que no excedan de seis sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, y a mantener su valor adquisitivo en conformidad a las disposiciones de la presente ley.

La Comisión, al fijar la distribución anual de los recursos, deberá hacer provisiones para responder al aumento de gastos que pueda producirse por la concesión de nuevas pensiones mínimas y para prevenir posibles déficit.

3.- Artículo 4º.- La revalorización anual de pensiones deberá atenerse a los siguientes factores:

a) Año en que se otorgó la pensión y su monto en esa época. En el caso de las rejubilaciones se tomará como año inicial el de la concesión de la última pensión y, cuando se trate de más de una pensión, el de concesión de cada una de ellas;

b) Valor de las pensiones al 30 de junio del año anterior al que corresponda hacer el pago de la revalorización;

c) Valor adquisitivo que correspondería a la pensión al 30 de junio del año anterior al año en que corresponda hacer el pago de la revalorización. Este valor se determinará sobre la base de la relación que exista entre el índice de precios al consumidor en la fecha indicada y el del año inicial de vigencia de la pensión. Los índices que se considerarán serán los establecidos por la Dirección de Estadística y Censos;

d) El deterioro sufrido por la pensión, que se determinará estableciendo la diferencia entre el monto de la pensión calculada de acuerdo a la letra c) anterior y su monto vigente al 30 de junio del año anterior al año en que corresponda hacer el pago de la revalorización, y

e) Monto de los recursos disponibles en el Fondo de Revalorización de Pensiones para el año en que corresponda hacer el pago de la revalorización.

4.- Artículo 7º.- Estarán afectas al beneficio de la revalorización las pensiones vigentes al 1º de enero del año anterior a aquel en que se aplicará la revalorización.

Las pensiones superiores a seis sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, vigentes al 30 de junio del año anterior a aquel en que se aplique la revalorización, no gozarán del beneficio de la revalorización ni tampoco, por aplicación del mecanismo de revalorización, podrá ninguna pensión exceder de dicho límite.

Si los recursos destinados a revalorizar las pensiones no alcanzaren para devolverles el 75% del deterioro sufrido, los límites anteriores se reducirán a cinco sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, y a cuatro de dichos sueldos vitales, cuando no alcanzaren para financiar el 50% del deterioro de las pensiones.

Para aplicar los límites a que se refiere el presente artículo, se sumarán las pensiones o cuotas de pensiones, actuales o revalorizadas, en su caso, que correspondan a un mismo beneficiario, cualesquiera que sean las instituciones que las paguen, y también los demás ingresos tributables que perciba el pensionado por el ejercicio de cualquier actividad remunerada determinados por su declaración de impuesto a la renta.

Las normas de este artículo se aplicarán por todas las instituciones de previsión que otorguen el beneficio de revalorización, estén o no afectas al Fondo.

5.- Artículo 11.- El Fondo de Revalorización de Pensiones estará integrado por los siguientes recursos:

f) Las instituciones a que se refiere el inciso cuarto del artículo 1°, cuando se incorporen al Fondo de Revalorización estarán obligadas a integrar las cantidades que habrían debido destinar anualmente para otorgar los reajustes de pensiones establecidos o autorizados en su ley orgánica.

6.- Artículo 13.- Serán funciones y atribuciones especiales de la Comisión Revalorizadora de Pensiones, además de las que expresamente le encomienda esta ley:

a) Fijar una vez al año, y antes del 31 de diciembre, el índice de Revalorización que deberá aplicarse a contar del 1º de enero del año siguiente, el que se expresará como porcentaje del valor adquisitivo de las pensiones, establecido en conformidad a la letra c) del artículo 4º;

7.- Artículo 26.- La pensión mínima por invalidez de los empleados de los sectores público y privado, será equivalente al 85% del sueldo vital del departamento de Santiago, escala A) ; la pensión mínima de vejez será del mismo monto si el pensionado hubiese tenido a la fecha de concesión de la pensión, 15 años de imposiciones a lo menos; las demás jubilaciones tendrán un mínimo del 75% de dicho sueldo vital.

La pensión mínima de los obreros de los sectores público y privado, por invalidez o vejez, será equivalente al 85% del salario mínimo industrial.

Las pensiones mínimas de viudez, incluidas las que corresponden a la madre viuda y al padre inválido, en su caso, y orfandad no podrán ser inferiores a un 50% y a un 15% por cada huérfano, respectivamente, de la pensión mínima de invalidez que establecen los incisos anteriores cualquiera que sea el régimen previsional que los rija. Aprovechará a los hijos, merced a un acrecimiento proporcional de estas pensiones, el derecho que se establece en favor de la viuda del causante cuando ella falleciere o hubiere fallecido, incluso si su muerte se produjo antes de la del causante.

En ningún caso la aplicación de estas disposiciones podrá significar disminución de las pensiones mínimas que actualmente perciban los pensionados.

Ley Nº 10.383:

8.- Artículo 47.- El 1º de enero de cada año se reajustarán las pensiones que establecen los artículos anteriores en el porcentaje en que hubiere aumentado el salario medio de subsidios del año precedente sobre el del año en que la pensión fue concedida o tuvo su último reajuste, siempre que dicho aumento fuere superior al 15%.

Igual reajuste se hará a las asignaciones por hijos que, de acuerdo con los artículos 35 y 37, tenga el respectivo pensionado.

Por las consideraciones expuestas y las que dará oportunamente el señor Diputado informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- I.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 15.386, de 11 de diciembre de 1963;

a) Intercálase, en el inciso primero del artículo 1º, a continuación de la coma (,) colocada después de la palabra mínimas antes de la voz compensar, la siguiente frase seguida de una coma (,): el pago de las pensiones otorgadas y que otorgue el Servicio de Seguro Social.

b) Suprímense, en la letra a) del artículo 2º, las expresiones: en primer término y de preferencia y la coma (,) colocada a continuación de ellas.

Agrégase, como letra b) del artículo 2º, pasando la actual letra b) a ser letra c), la siguiente:

b) A pagar, a partir del 1º de enero de 1972, las pensiones otorgadas y que otorgue el Servicio de Seguro Social, y sus reajustes.

Reemplázase, en la letra b), que pasa a ser letra c), la expresión:

seis por ocho.

c) Agrégase al artículo 4º, el siguiente inciso:

En la oportunidad en que las pensiones recuperen el total de su valor adquisitivo, de conformidad a este artículo y siempre que las disponibilidades del Fondo lo permitan, la revalorización se practicará reajustando las pensiones vigentes al 1º de enero del año en que se aplique en un porcentaje equivalente a aquel en que hubiere aumentado el índice de Precios al Consumidor en el año anterior, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas; lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º.

d) Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero del artículo 7º, por los siguientes:

Estarán afectas al beneficio de revalorización las pensiones vigentes al 1º de enero del año en que se aplique.

Las pensiones superiores a ocho veces el sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago, vigente para el año en que se aplique la revalorización, no gozarán de este beneficio, ni tampoco por aplicación del mecanismo de la revalorización podrá ninguna pensión exceder de dicho límite.

Si los recursos destinados a revalorizar las pensiones no fueren suficientes para mantenerlas en un 100 % de su valor adquisitivo, el límite anterior se reducirá en uno o más sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco de dichos sueldos vitales.

e) Sustitúyese la letra f) del artículo 11, agregada por el artículo 128 de la ley Nº 16.464, por la siguiente:

f) Todos los recursos que el Servicio de Seguro Social deba legalmente destinar al pago de las pensiones y de sus reajustes, tales como los contemplados en el artículo 53 y siguientes de la ley Nº 10.383 y sus modificaciones, en el artículo 33 de la ley Nº 15.386, 245 de la ley Nº 16.464, 106 de la ley Nº 16.840, y en todo caso, la totalidad de los excedentes a que se refiere el artículo 105 de la ley Nº 16.840.

f) Agrégase, a la letra a) del artículo 13, suprimiendo el punto y coma (;), la siguiente frase: y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo.

g) Reemplázase el inciso 1º del artículo 26, por el siguiente:

Las pensiones mínimas de jubilación serán equivalente a un sueldo vital, escala A), del departamento de Santiago.

Suprímense en el inciso segundo las expresiones 85% del.

Suprímense en el inciso tercero las palabras de invalidez.

Agrégase al inciso tercero, a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

La pensión mínima para la viuda será, cuando no hubiere hijos con derecho a pensión de orfandad, equivalente a un 60 % de las respectivas pensiones mínimas establecidas en los incisos primero y segundo.

II.- Agrégase como artículo transitorio de la ley Nº 15.386, el siguiente:

Artículo... transitorio.- No obstante lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1º, las pensiones del Servicio de Seguro Social que, en lo sucesivo serán pagadas por el Fondo de Revalorización de Pensiones, tendrán como reajustes en el año 1972 el que resulte de la aplicación del artículo 47 de la ley Nº 10383, siempre que sea superior al establecido por el mecanismo de revalorización.

III.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a este artículo.

IV.- Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de enero de 1972.

V.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto refundido de la ley Nº 15.386 y sus modificaciones, conservando su actual numeración.

Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 26 de la ley Nº 15.386, aquellos que, al 1º de julio de 1972, tuvieren la calidad de beneficiarios de jubilación y que hubieren cumplido o cumplieren 50 años de edad, tendrán derecho a la pensión mínima establecida en la citada disposición legal.

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Acevedo, Amello, Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Monares, Olave, Ríos, don Héstor; Vergara y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Acevedo.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

39.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto, en segundo trámite reglamentario, con urgencia calificada de Simple, sobre el proyecto de ley que hace extensivo a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola el derecho al sueldo del grado superior establecido en el Estatuto Administrativo.

El proyecto fue remitido por la Sala a segundo informe con una sola indicación, que consiste en suprimir el artículo 2° de esta iniciativa legal.

Dicho artículo 2º se aplica a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola, el artículo 16 del D.F.L. Nº 338, de 1960, es decir, les fija una carrera funcionaria al señalar que el ingreso en calidad de titular a cualquier empleo público se hará en el último grado del escalafón correspondiente.

El autor de la indicación hizo presente que había escuchado a los dirigentes, los que le señalaron que el Ejecutivo estaba de acuerdo en aplicarles el artículo 16 citado, debido a lo cual procedió a retirar la indicación, retiro que la Comisión aprobó por unanimidad.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 32 de la ley Nº 17.272, de 31 de diciembre de 1969, en la siguiente forma:

Intercálase a continuación de la palabra párrafos los números 4º y 10.

Artículo 2º.- Aplícase a los funcionarios de la Empresa de Comercio Agrícola el artículo 16 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1972,

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Acevedo, Arnello, Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Monares, Olave, Vergara, Ríos, don Héctor, y señorita Saavedra, doña Wilna.

Se designó Diputado informante al señor Mario Mosquera (Presidente).

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

40.-INFORME DE LA COMISION DE SALUD PÚBLICA

Honorable Cámara:

La Comisión de Salud Pública pasa a informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Servicio Nacional de Salud para condonar determinadas sumas que le adeuda la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Doctora Ernestina Pérez Limitada, de Rengo, por la adquisición de un bien raíz.

Con fecha 6 de junio de 1969, el Servicio Nacional de Salud vendió a la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Doctora Ernestina Pérez Limitada, de Rengo, un sitio ubicado en la calle Manuel Rodríguez, de esa ciudad, inscrito a fojas 20 vta., bajo el Nº 40, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1891, que deslinda al Norte, con calle Manuel Rodríguez, ex Hospital; al Sur, con calle Agustín Espejo; al Oriente, con camino público, hoy calle El Ciprés, y, al Poniente, con propiedad de don José Bisquert.

El precio de venta del predio referido fue de Eº 119.808, y según consta en la escritura pública respectiva firmada ante el Notario don Alvaro Bianchi Rosas, será pagado en sesenta cuotas mensuales iguales y sucesivas, reajustadas conforme a la variación que experimente el índice de Sueldos y Salarios.

Se expresa en el informe respectivo de la Comisión de Salud Pública del Honorable Senado y en la moción que dio origen al proyecto en informe, que hasta el 30 de abril de 1972 se había pagado la suma de Eº 71.701,41, quedando un saldo de Eº 24.378,79, cantidad a la cual habría que agregarle los reajustes e intereses pactados, que en el período junio de 1969 diciembre de 1970, ascendió a Eº 10.154,83.

La Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Doctora Ernestina Pérez, que está formada íntegramente por funcionarios del Servicio Nacional de Salud y que fue constituida por decreto supremo Nº 772, de 3 de mayo de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, requiere en forma imperiosa alzar cuanto antes la hipoteca respectiva, por cuanto ello les permitiría iniciar en breve la construcción de sus viviendas y solucionar así, en forma definitiva, el grave problema habitacional que afecta a sus integrantes.

Por tratarse de un personal cuyas rentas no les permite pagar de inmediato el saldo de precio antes aludido, se han sostenido conversaciones con las autoridades del Servicio Nacional de Salud, con el objeto de que se les condone parte de las sumas adeudadas, petición que, según lo expresa la moción respectiva, ha sido acogida, pero que requiere de la dictación de una norma legal, por carecer el Servicia de facultad para actuar en ese sentido.

Lo anterior fue ratificado en el seno de la Comisión, por el Asesor Jurídico del Ministerio de Salud Pública, Raúl Arrieta, quien expresó que efectivamente el Servicio está dispuesto a otorgar la condonación referida y que para ello es necesario que se le autorice expresamente por ley.

El artículo único de que consta el proyecto en informe, acoge este planteamiento y es así como faculta al Consejo del Servicio para condonar hasta el 80% de las sumas que le adeuda la citada Cooperativa por concepto de saldo de precio y por la aplicación de reajuste e intereses en la compraventa de los terrenos que adquirió al Servicio.

En mérito de las consideraciones anteriores y de las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado informante, la Comisión de Salud Pública aprobó, por unanimidad y en los mismos términos en que lo hiciera el Honorable Senado, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Facúltase al Consejo Nacional de Salud para condonar hasta el 80% de las sumas adeudas al Servicio Nacional de Salud, por la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Doctora Ernestina Pérez Limitada, de Rengo, por concepto de saldo de precio y de la aplicación de reajustes e intereses en la compraventa de los terrenos que esta Cooperativa adquirió en dicha ciudad al Servicio, según consta de la escritura pública ante el Notario de Santiago don Alvaro Bianchi Rosas, de fecha 6 de junio de 1969..

Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1972.

Aprobado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Ferreira (Presidente), Agurto, Campos, Marín, Monckeberg, Tapia y Tudela.

Se designó Diputado informante al señor Tudela.

(Fdo.): Eugenio Yávar Vallebuona, Secretario de la Comisión.

41.-INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley de origen en una moción del señor Monares, que dispone que la Corporación de Servicios Habitacionales destinará casas o departamentos para los funcionarios de la Inspección del Trabajo de O’Higgins y del Servicio de Correos y Telégrafos de Rancagua.

Concurrió a la sesión de la Comisión en que se consideró la iniciativa del señor Raúl Diez, Subsecretario Subrogante de la Vivienda y Urbanismo.

En la ciudad de Rancagua se ha producido un grave problema habitacional, que afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos.

Contribuyen a esta situación el gran aumento experimentado por la población y el hecho de que muchos de los planes habitacionales han sido destinados sólo, a los trabajadores de la Sociedad Minera El Teniente.

Es así como los funcionarios públicos de diferentes reparticiones han solicitado colaboración en reiteradas oportunidades para buscar una solución adecuada a la escasez de viviendas.

Entre estos funcionarios se encuentran aquellos que laboran en la Inspección Provincial del Trabajo y en el Servicio de Correos y Telégrafos, que prestan servicios y deben residir en la mencionada ciudad.

La Comisión estimó justo incorporar a los beneficios del proyecto a quienes se desempeñan en determinadas calidades en el Servicio Nacional de Salud.

Por otra parte, en la ciudad de Puerto Varas se ha producido una situación similar, que ocasiona graves perjuicios a los funcionarios públicos que allí viven y, con la finalidad de procurar un paliativo al problema, la Comisión aprobó un artículo 2º, mediante el cual se destinan casas para estos servidores del Estado, de aquellas que en el futuro construya CORHABIT.

Por último, se incorporó a la iniciativa un artículo 3º, que entrega al Reglamento de la ley las exigencias que requerirán cumplir los beneficios de ella.

En conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento, corresponde consignar expresamente:

a) De los artículos que no hayan sido aprobados por unanimidad.

Los artículos del proyecto fueron aprobados por mayoría de votos.

b) Síntesis de las opiniones de los Diputados cuyo voto hubiere sido disidente del acuerdo adoptado en la votación general.

El fundamento de la oposición en general al proyecto, según se expresó, deriva, básicamente, de los siguientes factores:

1º) Que no proporciona una solución integral al problema, sino muy parcial;

2º) Que con ello se posterga a otros trabajadores que están haciendo un esfuerzo para obtener viviendas, y

3º) Que no resulta adecuado distribuir las casas por ley.

Por todo ello la Comisión de la Vivienda y Urbanismo acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa, concebida en los siguientes términos

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- La Corporación de Servicios Habitacionales destinará 100 casas o departamentos de los ya construidos o actualmente en construcción en la ciudad de Rancagua, para ser distribuidos y adjudicados a los funcionarios de la Inspección Provincial del Trabajo de O’Higgins, del Servicio de Correos y Telégrafos y del Servicio Nacional de Salud que presten servicios en Rancagua y deban residir en dicha ciudad. Del número de casas y departamentos indicados, 12 de ellos serán adjudicados al personal de la Inspección Provincial del Trabajo 38 al personal del Servicio de Correos y Telégrafos, y 50 a los funcionarios que se desempeñan como auxiliares y personal de servicio del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 2º.- La Corporación de Servicios Habitacionales deberá destinar 25 casas de las que en el futuro construirá en la ciudad de Puerto Varas, para ser distribuidas y adjudicadas a funcionarios públicos que presten servicios en dicha ciudad.

Artículo 3º.- El Reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir los funcionarios de los servicios indicados en los artículos precedentes para optar a las viviendas señaladas.

Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 18 del mes en curso, con asistencia del señor Tudela (Presidente), de las señoras Allende, doña Laura, y Toledo, doña Pabla, y de los señores Barahona, Klein, Monares, Pérez, Solís y Tapia.

Se designó Diputado informante al señor Monares.

(Fdo.): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

42.-INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado, que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales otorgará títulos de dominio a los actuales ocupantes de las viviendas construidas en la provincia de Chiloé, con ocasión de los terremotos de 1960.

Colaboró con la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Raúl Diez, Subsecretario Subrogante de la Vivienda y Urbanismo.

En el año 1960, a raíz de los terremotos que devastaron las provincias del sur del país, los distintos organismos habitacionales elaboraron planes extraordinarios y acudieron en ayuda de los damnificados con soluciones de tipo transitorio.

Fue así como en la provincia de Chiloé se construyeron diversas poblaciones de emergencia en las cuales se instaló a las familias afectadas.

En el transcurso de los años tales ocupantes efectuaron mejoras y ampliaciones en las viviendas que, en muchos casos han significado mayores inversiones que el valor primitivo de dichos inmuebles, por lo que, en la práctica y a pesar del carácter provisorio que tuvieron en un comienzo, esas poblaciones han pasado a ser de tipo permanente.

De ello deriva la conveniencia de otorgar títulos gratuitos de dominio a los referidos pobladores, con lo cual, además, se accede a una justa aspiración de esas familias.

Con tal finalidad el artículo 1º del proyecto impone a las Corporaciones de la Vivienda y de Servicios Habitacionales la obligación de transferir, sin costo para los beneficiarios, los sitios y viviendas de las poblaciones que se señalan.

Se establece, también, que en el caso de haber sido transferidos los inmuebles mencionados en la ley, como ha sucedido en varios de ellos, los organismos correspondientes deberán otorgar escrituras de cancelación y alzamiento de gravámenes y se producirá la extinción de las deudas pendientes.

Los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 1º disponen normas complementarias para efectuar las donaciones y simplifican los trámites que proceden.

El artículo 2º tiende a dar solución al problema que afecta a las numerosas familias que ocupan la Población Norte, de Antofagasta, por cuanto los sitios que poseen, con motivo de las divisiones, subdivisiones y transferencias de que han sido objeto han quedado reducidos en superficie y frente a dimensiones menores que las permitidas por la legislación vigente.

Por estas consideraciones la Comisión de la Vivienda y Urbanismo, por unanimidad, acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa en los términos propuestos por el Honorable Senado, que son los siguientes

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, la Corporación de la Vivienda o la Corporación de Servicios Habitacionales, según corresponda, otorgarán gratuitamente títulos definitivos de dominio a los actuales ocupantes de los terrenos y viviendas que integran las siguientes poblaciones de emergencia construidas en la provincia de Chiloé con ocasión de los terremotos del año 1960:

1.- Diez poblaciones de sitios con viviendas donadas por la Cruz Roja norteamericana, ubicadas en Achao, Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Tenaún;

2.- Ramón Freie Emergencia, de Ancud;

3.- Inés de Bazán, de Ancud;

4.- Nueva TenTén, de Castro;

5.- Ruiz de Gamboa, de Castro, y

6.- Manuel Rodríguez, de Castro.

En caso de haberse otorgado título de dominio respecto de alguna de las viviendas antes aludidas, las Corporaciones mencionadas en el inciso anterior deberán, dentro del referido plazo, extender las correspondientes escrituras de cancelación de la deuda pendiente y de alzamiento de los respectivos gravámenes, existentes a la fecha de esta ley, sin perjuicio de retener las cantidades que a cualquier título hubieren percibido en relación con dichas transferencias.

Si una misma vivienda estuviere ocupada por más de una familia, el título gratuito se otorgará al jefe del grupo familiar que primero la hubiere ocupado, conservando la otra familia el derecho a seguir habitándola hasta que cualquiera de las Corporaciones nombradas le proporcione solución a su problema habitacional.

Las transferencias gratuitas a que se refiere este artículo tendrán lugar aun cuando los actuales ocupantes no cumplan los requisitos exigidos para ser postulante o asignatario de viviendas.

Esta donaciones no estarán sujetas al trámite de insinuación y, para los efectos de los impuestos a que haya lugar, se considerará su valor en el costo de construcción original determinado por alguna de las Corporaciones citadas.

Los inmuebles así transferidos serán inembargables y, sin autorización previa de la Corporación de la Vivienda o de la Corporación de Servicios Habitacionales, según el caso, no podrán enajenarse dentro de los diez años siguientes a la inscripción del respectivo título de dominio.

Los Notarios y los Conservadores de Bienes Raíces deberán autorizar las escrituras y practicar las inscripciones a que diere lugar la aplicación de este artículo, con el solo certificado que otorgue la Corporación de la Vivienda o la Corporación del Servicios Habitacionales, según corresponda, sin que sea necesaria la recepción municipal de las viviendas.

Artículo 2º.- Asimismo, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, los Notarios autorizarán y el Conservador de Bienes Raíces respectivo inscribirá los títulos de dominio de los terrenos y viviendas que integran la Población Norte, de Antofagasta, que forman parte de la Junta Vecinal Nº 16 de esa ciudad, aun cuando la superficie y el frente total de ellos sea inferior al mínimo exigido en la legislación vigente.

Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 18 del mes en curso, con asistencia del señor Tudela (Presidente), de las señores Allende, doña Laura, y Toledo, doña Pabla, y de los señores Barahona, Klein, Monares, Pérez, Solís y Tapia.

Se designó Diputado informante al señor Tapia.

(Fdo.): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

43.-INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

Honorable Cámara:

La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de origen en un mensaje, que propone modificaciones a la ley Nº 16.959, sobre impuesto CORVI del 5%.

Concurrió a la sesión en que se consideró la materia y colaboró con la Comisión en su estudio, el señor Raúl Diez, Subsecretario Subrogante de la Vivienda y Urbanismo.

El decreto Nº 671, de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de enero de 1969, fijó el texto refundido de la ley Nº 16.959, que estableció un impuesto habitacional en favor de la Corporación de la Vivienda, el que sólo puede ser aplicado a la construcción o adquisición, en primera transferencia, de viviendas económicas.

La iniciativa en informe tiende a ampliar y perfeccionar estas normas y de ahí el consenso producido en la Comisión al votarse en general el proyecto.

Con tal finalidad, permite a través de los números 1) y 2) del artículo lº, que los recursos depositados en Asociaciones de Ahorro y Préstamo o aquellos con los cuales se adquieran cuotas de ahorro para la vivienda puedan ser utilizados para formar o enterar ahorro previo en las referidas Asociaciones o ahorro mínimo en la mencionada Corporación, en beneficio de los trabajadores que laboran para el contribuyente respectivo.

Por su parte el Nº 3), que agrega un artículo 13 bis a la citada ley Nº 16.959, faculta la utilización de los fondos de reinversión en los mismos fines señalados y contempla la posibilidad de que los recursos sean trasladados de la Corporación de la Vivienda a Asociaciones de Ahorro y Préstamo o a la Corporación de Servicios Habitacionales, o de las Asociaciones a CORHABIT, para lo cual entrega al Reglamento correspondiente la fijación de las normas complementarias.

Mediante los números 4) y 5) se suprime la reajustabilidad de los préstamos que se concedan a los trabajadores para realizar cualquiera de las operaciones contempladas, siempre que la superficie de la vivienda no exceda de cien metros cuadrados.

El artículo 2º complementa las disposiciones del proyecto al permitir por un plazo determinado que los imponentes de cualquiera institución de previsión, que hayan utilizado préstamos de la respectiva Caja para enterar el ahorro previo en alguna Asociación de Ahorro y Préstamo, puedan adquirir viviendas aun cuando éstas no se ajusten a las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 2.

Por estas consideraciones la Comisión de la Vivienda y Urbanismo recomienda a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa, concebida en los siguientes términos

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16.959, de 10 de enero de 1969:

1) En el artículo 10, inciso primero, sustitúyese el signo punto final (.) por signo coma (,), agregándose la siguiente frase: o al otorgamiento de préstamos al personal de trabajadores del contribuyente, destinados a formar o completar ahorros previo, mínimo o necesario en Asociacíones de Ahorro y Préstamo o en la Corporación de Servicios Habitacionales.;

2) En el artículo 11, inciso tercero, sustitúyese el signo punto aparte (.) por signo coma (,), agregándose la siguiente frase: o para el otorgamiento de préstamos a su personal de trabajadores, destinados a formar o enterar ahorros previo, mínimo o necesario en Asociaciones de Ahorro y Préstamo o en la Corporación de Servicios Habitacionales.;

3) Agrégase el siguiente nuevo artículo 13 bis: Artículo 13 bis. Los contribuyentes podrán conceder préstamos a su personal de trabajadores, con cargo a fondos de reinversión depositados en la Corporación de la Vivienda o en Asociaciones de Ahorro y Préstamo, destinados a formar o completar ahorros previo, mínimo o necesario en Asociaciones de Ahorro y Préstamo o en la Corporación de Servicios Habitacionales, debiéndose depositar en todo caso en la Corporación de la Vivienda, en cuentas especiales de reinversión, las amortizaciones de dichos préstamos.

Para los efectos de los préstamos a que se refieren los artículos 10 y 11 y el inciso precedente, los fondos provenientes de imputaciones o de reinversión podrán trasladarse de la Corporación de la Vivienda a Asociaciones de Ahorro y Préstamo o a la Corporación de Servicios Habitacionales, o de Asociaciones a la Corporación de Servicios Habitacionales, en la forma que indique el Reglamento.

Los fondos a que se refieren los incisos precedentes serán utilizables en los fines indicados aun cuando provengan de la venta de viviendas no económicas, cualesquiera que sean las restricciones generales que se impongan en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 17.683. El traslado de fondos que autoriza el inciso anterior también podrá efectuarse de una a otra u otras Asociaciones de Ahorro y Préstamo, a petición del titular de los fondos.;

4) En el artículo 12, inciso final, sustitúyese el signo punto aparte (.) por signo coma (,), agregándose la siguiente frase: excepto cuando la superficie inicial de la respectiva vivienda no sea superior a 100 metros cuadrados, sin considerar la superficie correspondiente a espacios comunes y la de los bienes comunes que se reputan como tales en el artículo 46 de la ley Nº 6.071.;

5) En el artículo 29, inciso final, sustitúyese el signo punto aparte (.) por signo coma (,), agregándose la siguiente frase: excepto cuando la superficie inicial de la respectiva vivienda no sea superior a 100 metros cuadrados, sin considerar la superficie correspondiente a espacios comunes y la de los bienes comunes que se reputan como tales en el artículo 46 de la ley Nº 6.071.

Artículo 2º.- Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Caja Central de Ahorros y Préstamos autorizarán por un plazo de 180 días la adquisición de viviendas de cualquier tipo a los ahorrantes que tengan el ahorro previo completo con préstamos efectuados de acuerdo al artículo 47 por la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, por la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con el 5% de los empleadores y por los préstamos concedidos por cualquier institución de previsión para la adquisición de viviendas por intermedio de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 16 del mes en curso, con asistencia del señor Tudela (Presidente), de las señoras Allende, doña Laura, y Toledo, doña Pabla, y de los señores Barahona, Klein, Monares, Pérez, Solís y Tapia.

Se designó Diputada informante a la señora Toledo, doña Pabla.

(Fdo.): Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

44.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EDUCACION FISICA Y DEPORTES

Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley Nº 17.638 que reajustó las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, respecto a la gratificación de zona y horas extraordinarias.

Durante su estudio, la Comisión contó con la presencia del señor Subsecretario de Marina, don Jorge Domínguez Kopaitic, quien la ilustró acerca de sus términos y alcances.

El artículo 114 del decreto con fuerza de ley Nº 1, publicado en el Diario Oficial el 7 de octubre de 1968, establece que el personal de las Fuerzas Armadas gozará, además del sueldo asignado a su grado, de diversas bonificaciones, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones y otros beneficios allí enumerados. Dispone, asimismo, que éstos regirán al igual que en la Administración Pública, pero de acuerdo a sus propias modalidades.

Las leyes conocidas como de mini reajuste o de anticipo para el año en curso, incluían al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en estos beneficios. Posteriormente, se dictó la ley Nº 17.654 que reajustó las remuneraciones para los sectores público y privado, disponiendo en su artículo 3º que las bonificaciones, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones y otros análogos, de cualquiera naturaleza y que sean porcentuales del sueldo, se aplicarían sobre el sueldo reajustado a contar del 1º de enero de 1972. En este cuerpo legal no se mencionó al personal de las Fuerzas Armadas, en razón de que se estaba tramitando en la misma época una iniciativa que contemplaba disposiciones análogas para este personal. Sin embargo, por una omisión involuntaria, dicha iniciativa, que posteriormente se transformó en la ley Nº 17.638, por la que se estableció la nueva escala de sueldos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, no contempló una disposición similar a la contenida en la ley Nº 17.654, produciéndose así una situación de menoscabo respecto de este personal en relación con el cálculo y percepción de los citados beneficios.

El objetivo que persigue el proyecto de ley en informe no es otro que el de subsanar, a la brevedad posible, la anomalía comentada, introduciendo en la ley Nº 17.638 una disposición similar a la contemplada en la ley sobre reajuste para los sectores público y privado; beneficios cuyo pago se hará en la misma forma y a contar de la misma fecha que para dichos sectores.

La Comisión de Defensa Nacional, Educación Física y Deportes, por las razones expuestas y las que oportunamente os proporcionará el señor Diputado informante, prestó su aprobación unánime al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase al artículo 39 de la ley Nº 17.638, de 7 de abril de 1972, el siguiente inciso tercero:

La gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que sean porcentajes del sueldo, se aplicarán sobre el sueldo, reajustado desde el 1º de enero de 1972.

Sala de la Comisión, a 24 de julio de 1972.

Aprobado en sesión de fecha 19 de julio del presente año, con asistencia de los señores Monares (Presidente), Agurto, Amunátegui, Barahona y Tagle.

Se designó Diputado informante al señor Barahona.

(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario.

45.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa informar los siguientes proyectos de ley, de origen en Mensajes del Ejecutivo:

El que denomina Carlos Condell a la Escuela Básica Nº 403, de Santiago, con urgencia calificada de simple.

El que designa con el nombre de Comandante Arturo Prat Chacón a la Escuela Fiscal Nº 23, del departamento de Talcahuano.

El que denomina Pablo Neruda a la Escuela Nº 30, de Parral.

El que designa con el nombre de Manuel Rivas Vicuña a la Escuela Fiscal Nº 490, del departamento de Santiago, y

El que denomina Tomás Aníbal Larraguibel Rojas a la Escuela Nº 24, del departamento de El Loa.

Se deja expresa constancia que la Comisión acordó refundir en uno solo los Mensajes en informe, con el objeto de acelerar su tramitación legislativa.

En los fundamentos de los Mensajes que denominan Carlos Condell y Comandante Arturo Prat Chacón, a la Escuela Básica Nº 403, de Santiago, y a la Escuela Fiscal Nº 23, del departamento de Talcahuano, respectivamente, se precisan las razones que se tuvo en vista para presentar estas iniciativas, si es que era necesario buscar una justificación para rendir un homenaje a dos héroes que escribieron con gloria una de las páginas más brillantes de nuestra historia.

El deseo de destacar, como un ejemplo para la juventud de la Patria, la gesta naval en que cupo destacada actuación a Carlos Condell, de resaltar nuestros valores patrios ante la comunidad, para que el nombre de Arturo Prat sirva de ejemplo de valor cívico y de amor a la Patria, llevó a la Comisión a aprobar por unanimidad estos proyectos.

Creemos innecesario caer en la exageración y ahondar en detalles biográficos, ya que lo que interesa es perpetuar con sus nombres, en la mente de las generaciones futuras, la gesta heroica del Combate Naval de Iquique y las enseñanzas cívicas que de ello emergen.

De Pablo Neruda se ha escrito y se seguirá escribiendo, para demostrar la admiración que él despierta en nuestro pueblo. Razones encaminadas a rendirle un homenaje permanente en el campo de la formación de nuestra niñez mueven al Ejecutivo a presentar este proyecto tendiente a dar el nombre de este ilustre vate a una escuela primaria, criterio que ha compartido la Comisión al entregarle su aprobación por mayoría de votos.

La política permanente de destacar los elevados valores humanos de notables personalidades, ligadas estrechamente a la educación, impulsan al Ejecutivo a presentar los dos siguientes Mensajes por los cuales se coloca el nombre de Manuel Rivas Vicuña y Tomás Larraguibel Rojas a las Escuelas Nº 490, del departamento de Santiago, y Nº 24, del departamento de El Loa, proyectos que también la Comisión aprobó en forma unánime.

Por estas consideraciones, la Comisión propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de Carlos Condell a la Escuela Básica Mixta Nº 403, de Santiago.

Artículo 2º.- Desígnase con el nombre de Comandante Arturo Prat Chacón a la Escuela Fiscal Nº 23 del departamento de Talcahuano.

Artículo 3º.- Otórgase a la Escuela de Hombres Nº 30, de Parral, el nombre de Pablo Neruda.

Artículo 4º.- Nomínase a la Escuela Fiscal Nº 490 del departamento de Santiago, con el nombre de Manuel Rivas Vicuña.

Artículo 5º.- Otórgase a la Escuela Nº 24 del departamento de El Loa, provincia de Antofagasta, el nombre del educador Tomás Aníbal Larraguibel Rojas.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio de 1972, con asistencia de los señores Koenig (Presidente accidental), Amunátegui, Carrasco, Retamal, doña Blanca; Ríos, don Mario, y Tudela.

Se designó Diputado informante a la señora Retamal, doña Blanca.

(Fdo.): José Benavides Lizana, Secretario.

46.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

Honorable Cámara.:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar, en conjunto, las siguientes mociones:

De los señores Mercado, Zaldívar y Koenig, que designa con el nombre de Directora Zulema Munizaga Iribarren al Liceo de Niñas Nº 13, de Santiago.

Del señor Monares, que denomina Escuela Manuel Rodríguez Huenumán a la Escuela Nº 14, de Rancagua, y designa con el nombre de Escuela José Isla Hevia a la Escuela Nº 21 del departamento de Rancagua, comuna de Codegua.

Del señor Ferreira, que denomina Juan Quintana Oyarzún a la Escuela Superior Nº 1, de Achao.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó refundir en una sola las mociones precedentes, las que fueron discutidas y votadas en forma separada.

Todas las mociones en informe tienen un fundamento o antecedente común. Las personas cuyos nombres se desea dar a los distintos establecimientos educacionales estuvieron o están, en alguna forma, ligados estrechamente a las labores docentes.

No es necesario repetir, ni siquiera en forma fragmentaria, los fundamentos que se tuvieron en vista para presentar estos proyectos, los que la Comisión compartió e hizo suyos. Baste considerar que todos, sin distinción, resaltan la vida de sacrificios, de entrega, de formación y guía de juventudes, desde el humilde puesto de maestro rural, pasando por el de Directora hasta el de Diputado o Senador, de las distintas personas cuya memoria se desea perpetuar en los frontis de los respectivos establecimientos educacionales, para que sirvan de guía y de ejemplo de las juventudes futuras.

Un maestro, generalmente, trabaja con niños, sembrando como un Divino Maestro, virtudes, honestidades, destrezas, aptitudes y habilidades..., expresa una de las mociones en informe y no podemos ignorar que todas estas cualidades sirvieron de marco a la vida de cada una de estas personas.

Por estas consideraciones y las que en su oportunidad pueda proporcionar el señor Diputado informante, la Comisión propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de DirectoraZulema Munizaga Iribarren al Liceo de Niñas Nº 13, de Santiago.

Artículo 2º.- Desígnase con el nombre de Juan Quintana Oyarzún a la Escuela Superior Nº 1 del departamento de Achao, de la provincia de Chiloé.

Artículo 3º.- Denomínase Escuela Manuel Rodríguez Huenumán a la Escuela Nº 14 del departamento de Rancagua, ubicada en la comuna de Graneros.

Artículo 4º.- Denomínase Escuela José Isla Hevia a la Escuela Nº 21 del departamento de Rancagua, comuna de Codegua.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio de 1972, con asistencia de los señores Koenig (Presidente accidental), Amunátegui, Carrasco, Retamal, doña Blanca; Ríos, don Mario, y Tudela.

Se designó Diputado informante a la señora Retamal, doña Blanca.

(Fdo.): José Benavides Lizana, Secretario.

47.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación Pública pasa a informar dos proyectos del Honorable Senado, de origen en sendas mociones de los Honorables Senadores señores Moreno, Valenzuela y Hamilton, que denominan Rebeca Cádiz de Alvarado a la Escuela Nº 18 de San Cruz y Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11, de Quellón, respectivamente.

La Comisión, por unanimidad, acordó refundir en uno solo los proyectos en informe, con el objeto de acelerar su pronto despacho.

Al mismo tiempo, se acordó dejar expreso testimonio en el informe que el señor Ferreira había presentado a la consideración de la Cámara y se encontraba pendiente en la Comisión, una moción del mismo tenor que la del señor Hamilton. la que fue rechazada por considerar más aconsejable aprobar la iniciativa ya considerada por el Honorable Senado.

Igual tratamiento se acordó a una indicación presentada por el señor Anatolio Salinas por la cual se denominaba Rebeca Cádiz de Alvarado a la Escuela Nº 18, de Santa Cruz.

Doña Eulogia Bórquez Pérez, declarada hija ilustre del pueblo de Quellón, fue la fundadora de la primera escuela de dicha localidad, que hoy lleva el número 11.

Por su gran vocación de maestra, su innata bondad y por su calidad de formadora de muchas generaciones de estudiantes, por más de 50 años, la Municipalidad de Quellón, por unanimidad, en sesión del 29 de enero de 1972, acordó solicitar a los parlamentarios de la provincia, la presentación del proyecto, representando dicho acuerdo el sentir de toda la comunidad.

La Comisión, por estas mismas razones, aprobó por unanimidad el proyecto.

La señora Rebeca Cádiz de Alvarado, Directora de la Escuela Nº 18 de Santa Cruz, ubicada en las Garzas de Pupilla de la comuna de Palmilla, falleció el 22 de abril de 1972, ante la consternación de todos los vecinos, que la vieron luchar hasta los últimos minutos de su vida por los hijos de los campesinos, por el progreso y la cultura de esa comunidad.

Sus grandes virtudes de mujer, de maestra, de esposa, madre y ciudadana, que pudieron apreciar los habitantes de la zona en su corta pero fructífera vida, los llevaron a solicitar la presentación del proyecto en informe, que la Comisión aprobó por unanimidad.

Consideramos importante dejar constancia que ambos proyectos representan el deseo de los habitantes de las Garzas de Pupilla y de Quellón, que desean perpetuar la imagen de estas dos educadoras, para ejemplo de las generaciones futuras.

Por estas consideraciones, la Comisión propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Denomínase Educadora Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, departamento de Castro, provincia de Chiloé.

Artículo 2ºOtórgase a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz, ubicada en Las Garzas de Pupilla, comuna de Palmilla, el nombre de Rebeca Cádiz de Alvarado.

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 19 de julio de 1972, con asistencia de los señores Koenig (Presidente accidental), Amunátegui, Carrasco, Retamal, doña Blanca; Ríos, don Mario y Tudela.

Se designó Diputado informante a la señora Retamal, doña Blanca.

(Fdo.): José Benavides Lizana, Secretario.

48.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

Honorable Cámara:

Concebido como actividad económica sectorial de fundamental incidencia en el desarrollo, el turismo en la provincia de Magallanes ha sido, lamentablemente, poco estimado e insuficientemente impulsado, pese a reunir la provincia en general condiciones excepcionales como para iniciar una seria explotación.

Particularmente, el departamento de Ultima Esperanza, con sus panoramas y paisajes universalmente conocidos, es claro ejemplo de lo señalado y, solo en el último tiempo se observa un despegue de la región sobre la base de los ingentes ingresos que representa la explotación de la industria turística.

Con una población estática en progresivo incremento y permanentes flujos de corrientes turísticas, Ultima Esperanza necesariamente debe ser aprovechada turísticamente como herramienta de desarrollo y, paralelamente para, además de bellezas naturales, ofrecer a sus habitantes y visitas recreo y esparcimiento.

Una posibilidad importante en este sentido la constituiría la puesta en marcha en Ultima Esperanza de un Casino Municipal que evitaría que sus habitantes emigraran transitoriamente en busca de diversión y, por otra parte, abriría la posibilidad de que se multiplique la cantidad de turistas que llegan permanentemente a esa región, sobre todo en los meses de verano.

Su operación, reglamentada en forma estricta como ocurre en Viña del Mar y Puerto Varas, deja fuera de lugar la posibilidad de que se instalación se interprete como fomento a los juegos de azar.

Finalmente, la instalación de un Casino Municipal en Ultima Esperanza representaría, por su ubicación estratégica en la Patagonia, un fuerte imán que atraería turistas argentinos y de otras nacionalidades, de paso en la zona, y, por consiguiente, significaría entrada de divisas.

En atención a los antecedentes precedentemente expuestos vengo en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Autorízase a la Municipalidad de Ultima Esperanza, Puerto Natales, para habilitar y explotar u otorgar en concesión un establecimiento para el esparcimiento y recreación turística en la comuna de Ultima Esperanza, que funcionará bajo el régimen de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 4.283 de 16 de febrero de 1928.

Artículo 2º.- El Casino de Ultima Esperanza, Puerto Natales, funcionará diariamente, incluidos los días domingos y festivos, desde el 1º de diciembre y hasta el 31 de mayo, ambas fechas inclusive. Funcionará, además, en el período comprendido entre el 1º de abril y 30 de noviembre, todos los días sábados, domingos, festivos y sus vísperas de cada semana en el horario que fije el Reglamento.

Artículo 3º.- El 25% de las entradas del Casino se destinarán a la Municipalidad de Ultima Esperanza para obras de adelanto de la comuna.

Otro 25% se distribuirá directamente por la Tesorería General de la República entre los Consejos Locales de Deportes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en parte iguales.

El 25% será entregado a los Cuerpos de Bomberos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir para financiar la adquisición de material, en partes iguales.

Finalmente, el 25% restante será entregado a las Cruz Rojas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir en partes iguales.

Artículo 4º.- Las concesiones del Casino no podrán entregarse sino por períodos hasta de 5 años renovables y de acuerdo con las bases que fije la Dirección de Turismo.

El Presidente de la República dictará el Reglamento correspondiente dentro de los 90 días siguientes de publicada la ley.

(Fdo.): Carlos González Jaksic.

49.-MOCIÓN DE LOS SEÑORES BARRIONUEVO, CLAVEL, GUERRA, NAUDON, RECABARREN Y SHARPE

Honorable Cámara:

En los últimos meses el país ha vivido la inquietud y la zozobra causada por la ola de usurpaciones de la propiedad ajena, conocida comúnmente con el nombre de tomas, ya sea de fábricas, predios agrícolas, establecientes industriales y específicamente de pertenencias mineras.

Que en las provincias del norte del país especialmente en Antofagasta, en sus departamentos de Tocopilla, Taltal y El Loa, los propietarios de pertenencias mineras se han visto seriamente perjudicados por la acción delictuosa de estos grupos disociadores, que buscan por todos los medios la anarquía y la paralización de las actividades productoras del país, para la satisfacción de sus inconfesables fines.

Como nuestra legislación penal no se configura específicamente el delito de tomas de minas, se hace imperioso legislar sobre tan delicado problema nacional, entregando al juez competente un instrumento legal que sancione drástica y ejemplarmente a los autores e instigadores de este tipo de delito y que resguarde al mismo tiempo la propiedad minera.

Finalmente, y como un medio de impedir la propagación en la comisión de esta clase de delitos contra la propiedad minera, se establecen disposiciones prohibitivas para las sociedades de abastecimientos de insumos de la minería o de adquisiciones de minerales provenientes de estas minas usurpadas, todo ello a título de medida precautoria.

Estos antecedentes nos mueven a pre sentar a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Las denuncias sobre tomas de minas se tramitarán ante el Juzgado del Crimen respectivo de acuerdo con las normas que reglan el delito común.

Artículo 2º.- El juez competente al disponer la investigación correspondiente decretará, como medida precautoria, la suspensión de toda operación de compra de minerales o productos por parte de la Empresa Nacional de Minería y que provengan de las minas o plantas cuya toma ha sido denunciada.

Artículo 3º.- La medida precautoria establecida en el artículo anterior se hará efectiva igualmente a la Sociedad Abastecedora de la Minería (SADEMI), en cuanto se refiere a la suspensión de toda provisión de explosivos, materiales, herramientas, maquinarias, reactivos y todo otro elemento de trabajo e insumo que requiera la actividad minera.

Artículo 4º.- A requerimiento del Tribunal el Servicio de Minas del Estado levantará un inventario detallado de las instalaciones, maquinarias, herramientas, servicio e implementos que componen los recursos de la actividad minera del predio tomado.

Artículo 5º.- Los que actúen como instigadores o agitadores en las tomas de minas serán considerados como cómplices del delito y serán solidarios conjuntamente con sus autores o encubridores en el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios en las instalaciones o maquinarias de la mina, debiendo el Tribunal fijar el monto de esta indemnización en la sentencia condenatoria.

(Fdo.): Raúl Barrionuevo B. Eduardo Clavel A. Bernardino Guerra C. Alberto Naudon A. Floreal Recabarren R. Mario Sharpe C.

Las actas de las sesiones 13ª y 14ª, ordinarias, están a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la cuenta.

El señor PARGA (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

FACIL DESPACHO