Labor Parlamentaria

1.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con fecha 4 de febrero de 1966 se publicó en el Diario Oficial la ley 16.426, que en su artículo 19 estableció el Seguro Obligatorio de Accidentes en beneficio de los pasajeros de vehículos de locomoción colectiva.

Posteriormente, la norma indicada, fue reemplazada en la forma establecida en el artículo 25 de la ley 16.582, de 24 de noviembre de 1966, permitiéndose que por la vía reglamentaria, los beneficios del seguro alcancen incluso a la indemnización de las lesiones o muerte, sufridas por los peatones con ocasión de accidentes causados por vehículos de la locomoción colectiva.

Por el presente proyecto de ley, se desea perfeccionar el sistema establecido por las normas ya indicadas, incluyéndose en los beneficios del seguro a los choferes y auxiliares de los vehículos de locomoción colectiva y a los servicios especiales de transportes de pasajeros que no se encuentran actualmente favorecidos con el seguro.

Con el fin señalado precedentemente, proponernos a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado con urgencia en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Reemplázase el inciso primero del artículo 19 de la ley 16.426, reemplazado por el artículo 25 de la ley 16.582, por el siguiente:

Establécese el seguro obligatorio de accidentes de los pasajeros y de los choferes y auxiliares de viaje en los servicios de locomoción colectiva del país, y en los servicios especiales que deban ser autorizados por la Subsecretaría de Transportes, tales como los que se hacen sacando a los vehículos de sus recorridos habituales en viajes a la costa o similares y los de turismo.

Artículo 2°.- Modifícase el inciso sexto del texto vigente del mismo artículo 19 de la ley 16.426, suprimiendo su punto final y agregando la siguiente frase:

y para establecer el sistema de financiamiento del seguro en el caso de los servicios que, debiendo ser autorizados por la Subsecretaría de Transportes, no estén sujetos al sistema de tarifa por boleto de pasaje que haga aplicable la norma del inciso cuarto.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Pascual Barraza.

2.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Los artículos 148 y 108 de las Leyes de Presupuesto N°s. 17.271 y 17.399, que rigieron durante los años 1970 y 1971, dispusieron que las horas extraordinarias sólo darían lugar al beneficio del pago de dicho trabajo.

Respecto del Personal de la Empresa Portuaria de Chile, la Contraloría General de la República ha interpretado el alcance de las normas indicadas, dictaminando que el pago de remuneraciones percibidas por concepto de horas extraordinarias no debe ser considerado para el cálculo de los beneficios otorgados por el artículo 6° de la ley 13.023, que obliga a pagar los feriados, licencias y permisos de los trabajadores portuarios, sobre la base del promedio de las remuneraciones de los últimos 6 meses.

Con el objeto de evitar, al personal de la Empresa Portuaria de Chile, restituir los beneficios percibidos considerando, dentro del promedio de remuneraciones de los últimos 6 meses, lo obtenido por concepto de horas extraordinarias, proponemos a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado con urgencia en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que el artículo 148 de la ley N° 12.271 y el artículo 108 de la ley N° 17.399 no han sido aplicables a los trabajos realizados en forma habitual y permanente los días domingos y festivos y, asimismo, los realizados en días hábiles de 12 a 14 y de 00 a 08 horas y, los días sábados pasadas las 12 horas, por el personal de empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile.

Declárase bien cancelados los montos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 13.023 fueron percibidos por el personal de empleados y obreros de la Empresa Portuaria de Chile por los años 1970 y 1971.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Pascual Barraza.

3.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Santiago, 17 de noviembre de 1972.

Por intermedio del Oficio N° 2.294, de 18 de octubre de 1972, remitido al Ejecutivo con fecha 19 del mismo mes, V. S. me comunicó el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que beneficia a los personales de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas.

En uso de las facultades que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en devolver a usted el referido proyecto, con las observaciones que señalaré.

En el artículo 1° del proyecto, se cambia el status jurídico del personal de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas, de empleado particular u obrero, al régimen de empleado público, expresándose en el inciso final de este artículo, que este cambio de status regirá a partir del 1° de agosto de 1972.

El Ejecutivo estima que es inconveniente que este cambio de status tenga efecto retroactivo, toda vez que de promulgarse de esta manera el artículo señalado, acarrearía graves dificultades administrativas no sólo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, sino también a los institutos previsionales afectados.

Por lo demás, consideramos que una buena técnica legislativa hace aconsejable que estos cambios de régimen previsional rijan sólo hacia el futuro y no con efecto retroactivo, por los innúmeros problemas que ello acarrea para los afectados con dicho cambio.

Por ello se propone suprimir el inciso final de este artículo.

El artículo 2° del proyecto, deroga el Capítulo I del Título III del Reglamento General del Servicio aprobado por Decreto Supremo N° 5.311 de 19G8 y sus posteriores modificaciones con excepción de los artículos 96 y 97 del ya referido Reglamento General.

En el trámite parlamentario se suprimió la referencia que el Ejecutivo hacía al artículo 86 de dicho Reglamento, que dejaba vigente esta disposición, por medio de la cual se faculta al señor Secretario General para nombrar personal interino, suplente, a contrata y a honorarios, previa autorización general que para este efecto debe otorgar el Consejo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Esta disposición reglamentaria tiene por objeto otorgar más agilidad al Servicio y permitir que los cargos que vaquen en él, puedan ser ocupados de inmediato, sin necesidad de que el Consejo tenga que aprobar cada una de estas designaciones en forma específica cada vez que se produzcan. De no ser así, el trabajo del Consejo se vería sumamente entorpecido y, como una consecuencia lógica, se entrabaría la marcha del Servicio.

En consideración a lo anterior se propone se restituya el guarismo 36 seguido de una coma, después de la frase: con excepción de los artículos, en el artículo 2° del proyecto de ley.

El artículo 5° del proyecto fija la escala de remuneraciones del personal de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas regidas por la ley N° 15.720.

Ahora bien, por un error del cálculo, en las dos primeras categorías, es decir 1ª Categoría, que corresponde al Secretario General y 2ª Categoría, que corresponde a los Jefes de Secciones de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, no se colocó el sueldo base que correspondía sino uno mayor y como este personal por propio acuerdo, expresó que no desea un mejoramiento especial, sino sólo un aumento de renta que les permita mantener su sueldo anterior, por el mayor porcentaje de imponibilidad que este cambio previsional significa, se propone sustituir en la Escala Directiva, Profesional y Técnica el guarismo 12.283, que corresponde a la 1ª Categoría, por el guarismo 12.049 y el guarismo 10.362, que corresponde a la 2ª Categoría, por el guarismo 10.261.

El artículo 6° del proyecto expresa en su inciso primero, segunda parte, que las Auxiliares Dentales y las Auxiliares de Alimentación formarán parte da las plantas de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas con grado 10 de la Planta Administrativa y grado 14 de la Planta de Servicios Menores, respectivamente.

Ahora bien, de acuerdo al porcentaje de reajuste que se otorga a las Auxiliares Dentales, en realidad corresponde que este personal forme parte de la Planta Administrativa en grado 11 y no en grado 10 como se expresa en el proyecto.

Con referencia a las llamadas Auxiliares de Alimentación, existe en las Juntas de Auxilio Escolar y Becas un grupo de estas funcionarías las llamadas Auxiliares de Alimentación de Hogares y Colonias, que por el tipo de trabajo que desarrollan, deben formar parte de la Institución en grado 12 de la Planta de Servicios y no en grado 14 como se expresa.

Por lo tanto, con el fin de aclarar debidamente esta situación se propone sustituir en el inciso 1° de este artículo 6° la frase que dice Asimismo, las Auxiliares Dentales y las Auxiliares de Alimentación formarán parte de estas Plantas en el grado 10 de la Planta Administrativa y el grado 14 de la Planta de Servicios Menores por otra que refleje la verdadera situación de este personal

En el inciso final del artículo 1°, que crea en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas las Plantas de Cirujanos Dentistas y Médicos Oftalmólogos, se expresa que los encasillamientos a que esta disposición dé origen, se harán en los mismos puestos y especialidades que actualmente se encuentran desempeñando estos profesionales.

A juicio del Gobierno no se justifica este inciso final y aún más, puede producir dificultades en la programación que a este respecto haga la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por lo que se propone suprimir dicho inciso.

El artículo 8°, inciso segundo del proyecto, se dice que las Plantas únicas y sus Escalafones, serán confeccionadas por una comisión paritaria, integrada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Asociación Nacional de funcionarios de Auxilio Escolar.

El Ejecutivo estima que por ser esta una tarea de carácter eminentemente técnico, no se hace necesaria la formación de la comisión paritaria propuesta, toda vez que en el inciso primero de este mismo artículo se establecen de modo claro y preciso como debe procederse en este encasillamiento.

En consecuencia, se propone sustituir dicho inciso por uno nuevo.

El artículo 11 propone que se otorgue a los llamados Consultores Técnicos y a las Auxiliares de Investigación, el beneficio establecido en el artículo 143 del D.F. L. 338 de 1960, que permite al personal que para desempeñar un empleo requieran

de un título profesional universitario, trabajar una jornada semanal de 33 horas y no de 43 horas que es la que rige para el resto de los funcionarios, siempre y cuando estos Consultores Técnicos y Auxiliares de Investigación tengan un título universitario reconocido por el Estado.

El Ejecutivo ha estimado necesario vetar este artículo, ya que de acuerdo al artículo 143 del D.F.L. 338 de 1960 ya citado, este beneficio favorece a aquellos empleados que para desempeñar el empleo requieren un título profesional universitario, situación que no se da en el caso de los llamados consultores técnicos ni en los Auxiliares de Investigación, ya que esos funcionarios no necesitan ningún título para desempeñar sus funciones.

El artículo 12 del proyecto concede personalidad jurídica a la Asociación Nacional de Funcionarios de Auxilio Escolar (ANFAE) y se expresa en él, cuales deberán ser los requisitos mínimos que deben reunir sus Estatutos.

El Ejecutivo ha creído necesario incorporar algunas ideas a este artículo a fin de darle mayor claridad, por lo que se propone agregar una frase en el inciso primero que exprese claramente quienes son socios de ANFAE como asimismo un inciso nuevo que fija un plazo para renovar las directivas y para registrar los Estatutos.

En lo que dice relación con los artículos 14 y 15, el Ejecutivo estima que éstos deben ser suprimidos, ya que su propósito es estudiar una reforma total a la ley N° 15.720, a la mayor brevedad, lo que no hace aconsejable introducir reformas parciales que sólo harían menos operatoria la ley y prueba de ello, es que no ha vetado el artículo 7° transitorio del proyecto; que crea una Comisión que tendrá que estudiar dicha reforma.

Con respecto al artículo 16, el Ejecutivo puede expresar que está de acuerdo con el espíritu de esta disposición en cuanto es necesario disponer para los hijos de los funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de un local destinado a sala cuna y jardín infantil, pero difiere de la redacción del mismo por lo que se propone sustituir dicho artículo por otro que acogiendo esta idea, tiene una distinta redacción.

En cuanto al artículo 6° transitorio, el Ejecutivo estima que debe suprimirse por las mismas razones que se dieron para suprimir el inciso final del artículo 1° permanente.

Finalmente, el Supremo Gobierno propone un artículo nuevo, que tiende a favorecer al personal de rentas más bajas de este Servicio haciendo aplicable a este personal lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 17.828 a partir del 1° de agosto de 1972 y no a contar del 1° de octubre como en dicha ley se expresa.

Por las consideraciones anteriores propongo:

1°.- Suprimir el inciso final del artículo 1° que expresa Estas disposiciones regirán a partir del 1° de agosto de 1972.

2°.- Restituir en el artículo 2° el guarismo 86 seguido de una coma después de la frase: con excepción de los artículos.

3°.- Sustituir en el artículo 5° en la Escala Directiva, Profesional y Técnica el guarismo 12.283 que corresponde a la 1ª Categoría, por el guarismo 12.049 y el guarismo 10.362 que corresponde a la 2ª Categoría, por el guarismo 10.264.

4°.- Sustituir en el inciso primero del artículo 6° la frase Asimismo las Auxiliares Dentales y las Auxiliares de Alimentación formarán parte de estas Plantas en el grado 10 de la Planta Administrativa y el grado 11 de la Planta de Servicios Menores respectivamente por la siguiente: Asimismo las Auxiliares Dentales formarán parte de la Planta Administrativa con grado 11 y las Auxiliares de Alimentación formarán parte de la Planta de Servicios Menores con grado 12 o 14, según sean Auxiliares de Hogares y Colonias o Auxiliares de Escuelas, respectivamente.

5°.- Suprimir el inciso final del artículo 7° que expresa: Estos encasillamientos se harán en los mismos puestos y especialidades que actualmente se encuentran desempeñando dicho profesionales.

6°.- Sustituir el inciso 2° del artículo 8° por el siguiente: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas confeccionará las plantas únicas indicadas en el inciso anterior dentro del plazo de 180 días, contados de la publicación de esta ley.

7°.- Suprimir el artículo 11 del proyecto.

8°.- Agregar en el inciso primero del artículo 12 a continuación de la palabra Trabajo y en punto seguido la siguiente frase: Son socios de la Asociación Nacional de Funcionarios de Auxilio Escolar, todos los funcionarios de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas que tengan nombra miento en ellas como titulares, interinos, suplentes o a contrata.

9°.- Agregar al artículo 12 el siguiente inciso final: Las directivas a que hace mención el N° 4 del inciso 2° del presente artículo, serán renovadas de acuerdo a lo dispuesto en dicho número, dentro del plazo de 60 días contados de la publicación de esta ley. Igualmente los Estatutos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Auxilio Escolar deberán registrarse ante el Director del Trabajo dentro del plazo de 90 días a contar de la vigencia de esta ley.

10.- Suprimir los artículos 14 y 15 del proyecto de ley.

11.- Sustituir el artículo 16 del proyecto, por el siguiente: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Junta Nacional de Jardines Infantiles destinarán por partes iguales, los fondos necesarios para la adquisición, instalación y funcionamiento de Sala Cuna y Jardín Infantil para los hijos de los funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

12.- Suprimir el artículo 6° transitorio del proyecto.

13.- Agregar el siguiente artículo nuevo: Lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 17.828 les será aplicable a los funcionarios de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas a contar del 1° de agosto de 1972 y no a contar del 1° de octubre de 1972 como se expresa en dicha disposición legal.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Carlos Prats G.

4.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

N° 1.250.- Santiago, 15 de noviembre de 1972.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Político del Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:

1.- El que introduce modificaciones al artículo 43 de la ley N° 15.076, sobre Estatuto Médico Funcionario. (Boletín N° 26.702 del Honorable Senado); y

2.- El que faculta a las instituciones privadas que indica para transferir bienes destinados a prestaciones de salud, al Servicio Nacional de Salud. (Boletín N° 1173-72-1 de la Honorable Cámara de Diputados)

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende G.- Carlos Prats G.

5.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

N° 1.263.- Santiago, 20 de noviembre de 1972.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para reorganizar la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Boletín N° 1305-72-1 de la Cámara de Diputados).

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende G.- Carlos Prats G.

6.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE.DE LA REPUBLICA

N° 1.253.- Santiago, 15 de noviembre de 1972.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que faculta a las instituciones privadas que indica para transferir bienes destinados a prestaciones de salud, al Servicio Nacional de Salud (Boletín N° 1173-72-1 de la Cámara de Diputados).

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende G.- Carlos Prats G.

7.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

N° 2.090.- Santiago, 21 de noviembre de 1972.

Teniendo presente:

Que ha sido preocupación especial del constituyente que durante la tramitación de los proyectos de ley no se incluyan disposiciones ajenas a las ideas matrices que les dieron origen, según lo prescribe el artículo 48 de la Carta Fundamental;

Que, con motivo de la discusión del proyecto de ley que deja sin efecto el contrato principal y el contrato suplementario aprobados por la ley 4.791, como asimismo las disposiciones sobre régimen legal, jurisdiccional o administrativo de excepción pactadas con la Chile Telephone Company y con la Compañía de Teléfonos de Chile, se formuló en el segundo trámite constitucional una indicación consistente en agregar al proyecto un artículo nuevo en que se prohíbe a la Compañía de Teléfonos de Chile aplicar a sus usuarios tarifas discriminatorias en razón del sector o barrio en que habiten, indicación que fue aprobada dando origen al actual artículo 5° del proyecto despachado por el Honorable Congreso Nacional, materia absolutamente ajena al mensaje del proyecto;

Que, en lo que dice relación al fondo del artículo 5°, cabe hacer presente que su alcance no es preciso, pues en virtud de su normativa podría pretenderse que a la Compañía de Teléfonos de Chile le estaría vedado cobrar tarifas de larga distancia, que justamente se establecen en razón del lugar en que se encuentran las personas que se comunican telefónicamente; que, por lo demás, no es aconsejable que la mencionada Compañía esté impedida de cobrar tarifas diversas según el lugar en que habiten los usuarios, pues con ello se estaría imposibilitando que pudieran excepcionarse determinados sectores o barrios de un alza de tarifas telefónicas, atendidas las circunstancias socio-económicas de sus moradores.

Por lo cual, vengo en proponer la siguiente observación a ese proyecto de ley:

1.- Suprímese el artículo 5°.

En conformidad al artículo 53 de la Constitución Política del Estado, devuelvo en consecuencia a ese Honorable Congreso Nacional, el presente proyecto de ley que se contiene en el oficio N° 2.312 de 9 de noviembre de 1972.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Jorge Tapia.

8.-OFICIO DEL SENADO

N° 14.792.- Santiago, 17 de noviembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que cambia el nombre de diversas calles de la ciudad de Castro.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio N° 1.963, de fecha 31 de agosto de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

9.-OFICIO DEL SENADO

N° 14.774.- Santiago, 15 de septiembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que crea el Escalafón de Técnicos de Telecomunicaciones en el Servicio de Correos y Telégrafos.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio N° 2.163, de fecha 14 de septiembre de 1972.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

10.-OFICIO DEL SENADO

N° 14.791.- Santiago, 17 de noviembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica los artículos 30 de la ley N° 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, y 107 le la ley N° 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

Lo que tengo a honra decir a V. E.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

11.-OFICIO DEL SENADO

N° 14.790.- Santiago, 17 de noviembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien rechazar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el artículo 1° de la ley N° 17.253, en el sentido de que las Municipalidades de las comunas en que existan fuentes de aguas minerales podrán traspasar determinados recursos a sus presupuestos ordinarios, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.

Lo que tengo a honra decir a V. E.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

12.-OFICIO DEL SENADO

N° 14.793.- Santiago, 17 de noviembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador, las peticiones de los personales de las instituciones semifiscales de previsión social y otras que indica, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

En el inciso primero, ha sustituido la frase que dice don Enrique Silva Cimma, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador y resolverá sin forma de juicio, la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social, incluido el del Servicio Médico Nacional de Empleados, y del Instituto de Seguros del Estado, por la siguiente: un árbitro arbitrador que resuelva sin forma de juicio, la petición de los personales de las siguientes instituciones: Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República y el Instituto de Seguros del Estado,.

Ha consultado como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

El fallo que emita el árbitro será aplicable a todas las instituciones antes mencionadas y deberá contener la forma y condiciones en que los personales citados recibirán las diferencias que a su favor pudieren resultar.

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

El desempeño del cargo de árbitro no será remunerado.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio N° 2.191, de fecha 14 de septiembre de 1972.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

13.-OFICIO DEL SENADO

N° 14775.- Santiago, 15 de noviembre de 1972.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que otorga a determinados obreros de la Municipalidad de Maipú los beneficios contemplados en la ley N° 16.415, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

Ha intercalado las palabras han pasado o, entre las expresiones a todos los obreros que de contrata y pasan a integrar la Planta.

Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:

Los obreros que hubieren trabajado para contratistas de la respectiva Municipalidad y que hayan pasado a la Planta Municipal se considerarán también incluidos en lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio N° 1.988, de fecha 5 de septiembre de 1972.

Dios guarde a V. E. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro.

14.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un Mensaje sobre el proyecto de ley que beneficia a los trabajadores exonerados por aplicación de la ley N° 8.987.

Colaboraron con la Comisión, el señor Subsecretario de Previsión Social, don Laureano León, y el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones.

Como lo señala el Mensaje, la aplicación de la ley N° 8.987 privó a diversos trabajadores de las Instituciones o Empresas Fiscales, Semifiscales, del Estado, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones y de las Municipalidades, de su fuentes de ingreso, interrumpiéndoles, al mismo tiempo, la continuidad de su relación previsional.

Se hizo presente que la estructura del proyecto está hecha sobre la base de una reparación del daño o perjuicio que sufrieron los trabajadores del sector público por aplicación de la ley N° 8.987.

Se señaló, además, que las sanciones derivadas de la mencionada ley N° 8.987 son muy injustas, ya que hay mucha gente con pensiones miserables por ese motivo.

La iniciativa en informe tiende a solucionar los problemas anotados y aplica a los exonerados por la ley N° 8.987 normas especiales de continuidad de la previsión a fin de que en virtud de ellas puedan obtener pensiones o lograr la reliquidación de aquéllas de que estuvieren disfrutando, merced a la computación de determinados períodos de desafiliación resultantes de la aplicación de las tantas veces citada ley N° 8.987.

Al respecto se expresa en el artículo 1°, que los funcionarios a que se ha hecho mención, exonerados por aplicación de la ley N° 8.987, tendrán derecho a reconocer los siguientes períodos:

a) Los de desafiliaciones o lapsos sin imposiciones, registrados durante la vigencia de la ley N° 8.987; es decir, entre el 3 de septiembre de 1948 y el 6 de agosto de 1957.

b) El de desafiliación mantenida con posterioridad a la fecha de la derogación de la señalada ley y hasta su primera afiliación, si la tuviere, o en caso contrario, todo el lapso posterior hasta la vigencia de la presente ley.

El período que se reconozca en conformidad a lo prescrito en la letra b) no podrá exceder, en caso alguno, del 10% de las afiliaciones registradas con anterioridad a la ley N° 8.987.

El artículo 2° establece que el derecho a solicitar el reconocimiento contemplado en el artículo 1° deberá impetrarse en la Institución de Previsión de última afiliación dentro de los 180 días siguientes a la fecha de publicación del reglamento que para este efecto deberá dictar el Presidente de la República. Los reconocimientos darán derecho a obtener pensión o a reliquidar las que estuvieren disfrutando con arreglo a las normas que rijan en la institución en que se solicitare el beneficio.

El artículo 3°, señala que, será de cargo fiscal la parte de la pensión que correspondiere a los períodos reconocidos en virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 1°.

El reconocimiento de los lapsos de desafiliación o del período a que se refiere la letra b) del mismo artículo se efectuará por el interesado, integrando las imposiciones correspondientes con arreglo a las normas generales contempladas en la ley N° 10.986.

Por las razones expuestas y las que dará oportunamente el Diputado informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Los trabajadores de las Instituciones Fiscales, Municipalidades, de Organismos o Empresas del Estado, Semifiscales o Fiscales de Administración Autónoma, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o Investigaciones, exonera dos por aplicación de la ley N° 8.987, publicada en el Diario Oficial de 3 de septiembre de 1948, tendrán derecho a reconocer los siguientes períodos:

a) Los de desafiliaciones o lapsos sin imposiciones registrados durante la vigencia de la ley N° 8.987;

b) El de desafiliación mantenida con posterioridad a la fecha de la derogación de la señalada ley y hasta su primera afiliación, si la tuviere, o en caso contrario, todo el lapso posterior hasta la vigencia de la presente ley.

El período que se reconozca en conformidad a lo prescrito en la letra b) no podrá exceder, en caso alguno, del 50% de las afiliaciones registradas con anterioridad a la ley N° 8.987.

Artículo 2°.- El derecho a solicitar el reconocimiento contemplado en el artículo 1° deberá impetrarse en la Institución de Previsión de última filiación dentro de los 180 días siguientes a la fecha de publicación del reglamento que para este efecto deberá dictar el Presidente de la República.

Los reconocimientos oportuna y válidamente impetrados sólo darán derecho a obtener pensión, o a reliquidar aquella de que se estuviere disfrutando con arreglo a las normas que rijan en la Institución en que se solicitare el beneficio o, en caso de no haberlas, de acuerdo con las que fije el reglamento.

Artículo 3°.- Será de cargo fiscal la parte de la pensión que correspondiere a los períodos reconocidos en virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 1°.

El reconocimiento de los lapsos de desafiliación o del período a que se refiere la letra b) del mismo artículo se efectuará por el interesado, integrando las imposiciones correspondientes con arreglo a las normas generales contempladas en la ley N° 10.986. La base imponible de cálculo será en el caso de quien no registrare una afiliación posterior a la derogación de la ley N° 8.987, el último sueldo de que haya gozado el exonerado aumentado según una escala ascendente de un 4% por cada año.

Sala de la Comisión, a 15 de noviembre de 1972.

Acordado en sesión de fecha 14 del presente, con asistencia del señor Mosquera (Presidente), Cardenal, Fuentealba, don Luis; Guerra, Marín, don Oscar; Olave, Ríos, don Héctor; Robles y Salinas, don Anatolio.

Se designó Diputado informante al señor Robles.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

15.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar un proyecto de ley remitido por el Honorable Senado sobre el proyecto de ley que condona los saldos de precios de viviendas adeudados por los beneficiarios de montepío de los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe.

Colaboraron con la Comisión el señor Subsecretario de Previsión, don Laureano León, y el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones.

La iniciativa en informe tiende fundamentalmente a modificar la ley N° 17.077, de 15 de enero de 1968, que otorga indemnización y otros beneficios económicos a los deudos que indica de los trabajadores que hubieren fallecido en el año 1967 por hechos acaecidos o con ocasión de su trabajo y que hubieren provocado la muerte de más de veinte y de menos de veinticinco dependientes.

La citada ley N° 17.077 debido a la limitación en el número de los beneficiarios, no pudo aplicarse a los familiares de las víctimas del hundimiento del metalero Santa Fe, puesto que en ese accidente fallecieron treinta y dos personas.

Cabe señalar, además, que la ley N° 18.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en sus artículos 98 y 99 concedió a los beneficiarios de montepío de los trabajadores fallecidos en la nave Santa Fe el derecho a optar a una vivienda a título oneroso con la única ventaja de no estar sujetos al sistema de puntaje reglamentario de las instituciones de previsión y a la condonación del saldo de las deudas hipotecarias que no estuvieren afectas a seguro de desgravamen en el caso de los que poseían vivienda propia.

Tales beneficios resultan ínfimos en comparación con los que les habrían correspondido de aplicárseles la ley N° 17.077.

La ley N° 17.077 concede los siguientes beneficios a los deudos de los trabajadores a que ella se refiere: a ) indemnización de E° 5.000 a la cónyuge y de E° 2.000 a cada uno de los hijos; b) pensión a la cónyuge sobreviviente de un monto equivalente al 50% de las remuneraciones percibidas por el causante; c) pensión, también mensual para los hijos menores inválidos de cualquier edad y estudiantes hasta de 23 años, de hasta el 20% del promedio de las remuneraciones percibidas por el causante, y d) transferencia gratuita de una casa de la Corporación de la Vivienda a los deudos.

El proyecto en informe concede a los deudos de las víctimas indicadas el derecho a gozar de las pensiones establecidas en la ley N° 17.077, pero sólo a partir desde la fecha en que se publique en el Diario Oficial el proyecto de ley que os informamos. Las Cajas de Previsión respectivas para determinar el monto de las pensiones a que tuvieren derecho los beneficiarios calcularán la pensión a que éstos habrían tenido derecho a la fecha del hundimiento del vapor San Fe, en conformidad a la ley N° 17.077 y reajustarán dicha cantidad, de acuerdo al artículo 8° de esta última ley, según la variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor desde entonces y hasta la fecha que entren a gozarla.

Además, condona los saldos de precio, intereses y demás gravámenes de las viviendas asignadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la ley N° 16.744, ya que si se hubiera aplicado el artículo 9° de la ley N° 17.077 los deudos de estos trabajadores habrían tenido derecho a recibir gratuitamente una vivienda de la Corporación de la Vivienda.

Por las razones expuestas y las que dará el señor Diputado informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación en los mismos términos en que lo hizo el Honorable Senado, del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Los Consejos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos condonarán los saldos de precio, intereses y demás gravámenes, de las viviendas asignadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la ley N° 16.744 a los beneficiarios de montepío de los imponentes de esa institución desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe.

Artículo 2°.- Los deudos de los trabajadores que hubieren fallecido en el naufragio del vapor Santa Fe ocurrido el año 1967, tendrán derecho a gozar, a partir de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial, de los beneficios establecidos en los artículos 3°, 4°, 6°, 7°, 8° y 12 de la ley N° 17.077, de 15 de enero de 1969, determinándose el monto de las pensiones a que tuvieren derecho mediante la aplicación del sistema de reajustes contemplado en dicha ley a partir desde la fecha de su vigencia.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente, Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Marín, don Oscar; Olave, Ríos, don Héctor; Robles y Salinas, don Anatolio.

Se designó Diputado informante al señor Cardemil.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

16.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de Simple sobre el proyecto de ley que establece normas relativas al desarrollo de un plan habitacional especial en favor de los imponentes activos del Cuerpo de Carabineros de Chile.

Colaboraron en la Comisión el señor Subsecretario de Previsión Social, don Laureano León, y el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones.

El proyecto en informe tiende a solucionar el problema habitacional de los miembros del Cuerpo de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones.

Con tal objeto, como lo señala el artículo 1°, la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile destinará durante el período comprendido entre los años 1973-1976, ambos inclusive, una suma no inferior al 0,82% de su presupuesto corriente con cargo a sus excedentes presupuestarios y/o a sus ingresos de capital para desarrollar un Plan Habitacional Especial en favor de sus imponentes activos del Cuerpo de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones.

Para desarrollar el Programa Habitacional Especial a que se refiere esta iniciativa legal se empleará el sistema de préstamos contemplado en el artículo 23 de la ley N° 15.163, los que serán destinados a la adquisición de cuotas de ahorro de la Corporación de la Vivienda o a ser aportados a Asociaciones de Ahorro y Préstamos o entregados a Sociedades Cooperativas de Construcción de Viviendas, para que sean aplicados a convenios de ahorro y préstamo de cualquier clase con la Corporación de la Vivienda u otros organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, o a una operación de préstamo con una Asociación de Ahorro y Préstamos o a las personas que construyan por sus medios en sitios propios.

Expresa, a continuación, que no tendrán aplicación respecto de estos préstamos las disposiciones del decreto supremo N° 214 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en síntesis se refiere a que las instituciones de previsión podrán otorgar a sus imponentes préstamos hipotecarios para comprar viviendas económicas que adquieran en primera transferencia.

El artículo 2° del proyecto en informe dispone que los respectivos Departamentos de Bienestar de la Dirección General de Carabineros y del Servicio de Investigaciones establecerán las normas internas con arreglo a las cuales se concederán los préstamos respectivos, debiendo en todo caso consignarse un procedimiento de selección que se ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto supremo N° 148 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y previa aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

El decreto Supremo N° 148 a que se hace mención señala en síntesis que el solicitante del préstamo no puede ser deudor hipotecario por préstamo concedido para edificación o adquisición de casa habitación o predio agrícola por intermedio de cualquier instituto de previsión o de la Corporación de la Vivienda.

El artículo transitorio del proyecto en informe expresa que el Programa Habitacional Especial a que se ha hecho referencia en el artículo 1°, se desarrollará, asimismo, durante el año 1972, para lo cual queda habilitada la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile para destinar a su financiamiento la suma de E° 15.000.000 con cargo a sus excedentes presupuestarios y/o a sus ingresos de capital, a cuyo efecto se entenderá modificado el presupuesto respectivo.

Por las razones expuestas y las que dará oportunamente el señor Diputado informante, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- La Caja de Previsión de los Carabineros de Chile destinará durante el período comprendido entre los años 1973 y 1976, ambos inclusive, una suma no inferior al 0,82% de su presupuesto corriente con cargo a sus excedentes presupuestarios y/o a sus ingresos de capital, para desarrollar un Plan Habitacional Especial en favor de sus imponentes activos del Cuerpo de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones.

El Programa Habitacional Especial a que se refiere el inciso anterior se desarrollará a través del sistema de préstamos contemplado en el artículo 23 de la ley N° 15.163, los que serán destinados a la adquisición de cuotas de ahorro de la Corporación de la Vivienda o a ser aportados a Asociaciones de Ahorro y Préstamos o entregados a Sociedades Cooperativas de Construcción de Viviendas, para que sean aplicados a convenios de ahorro y préstamos de cualquier clase con la Corporación de la Vivienda u otros organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, o a una operación de préstamo con una Asociación de Ahorro y Préstamos, o a las personas que construyen por sus medios en sitios propios. No tendrán aplicación respecto de estos préstamos las disposiciones del decreto supremo N° 214, de 14 de mayo de 1964, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 2°.- Los respectivos Departamentos de Bienestar de la Dirección General de Carabineros y del Servicio de Investigaciones establecerán las normas internas con arreglo a las cuales se concederán los préstamos respectivos, debiendo, en todo caso, consignarse un procedimiento de selección que se ajuste a las disposiciones contenidas en el decreto supremo N° 148, del Ministerio del. Trabajo y Previsión Social publicado en el Diario Oficial de 6 de septiembre de 1963, en lo que le fuere aplicable, y previa aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

La Caja de Previsión de los Carabineros de Chile dará curso a estos préstamos conforme a las proposiciones que le formulen los Departamentos de Bienestar de la Dirección General de Carabineros y del Servicio de Investigaciones.

...Artículo transitorio.- El Programa Habitacional Especial a que se refiere el artículo 1°, se desarrollará, asimismo, durante el año 1972, para lo cual queda habilitada la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile para destinar a su financiamiento la suma de E° 15.000.000, con cargo a sus excedentes presupuestarios y/o a sus ingresos de capital, a cuyo efecto se entenderá modificado el presupuesto respectivo.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Marín, Olave, Ríos, don Héctor; Robles y Salinas, don Anatolio.

Diputado informante se designó al señor Robles.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

17.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 16.840, que estableció la obligación de llevar un Libro Auxiliar de Remuneraciones.

Colaboraron en el estudio de esta iniciativa legal el señor Subsecretario de Previsióndon Laureano León y el señor Superintendente de SeguridadSocial don Carlos Briones.

La Comisión escuchó al señor Eugenio Chappuzeau, gerente de la Asociación Chilena de Seguridad; a los señores Fernando Elizalde y Manuel Ravest, Gerente y Fiscal de la Corporación de Seguridad y Prevención de Accidentes del Trabajo, respectivamente, y al señor Alvaro Covarrubias, Abogado de la Asociación Nacional de Seguridad.

El artículo 98 de la ley N° 16.840 señala que todo patrón o empleador que tenga cinco o más trabajadores a su servicio deberá llevar un Libro Auxiliar de Remuneraciones el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos y por la Dirección del Trabajo.

El inciso tercero del mencionado artículo establece que los inspectores de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social, tendrán libre acceso al Libro de Remuneraciones para el solo efecto de comprobar que las imposiciones han sido determinadas correctamente.

La iniciativa legal en informe, tiene por objeto dar este mismo derecho a los funcionarios que, en calidad de inspectores designen las Mutualidades de Empleadores, con aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social, para comprobar que las imposiciones de la ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales han sido determinadas correctamente.

Se señaló que el artículo 17 de la ley N° 17.322 contenía una amplia facultad de investigación de mucho mayor amplitud que la contenida en el artículo 98 de la ley N° 16.840, a través de la cual se haría innecesario el proyecto en informe.

El mencionado artículo 17 de la ley N° 17.322 sustancialmente expresa:

Los informes emitidos por los inspectores de los institutos de previsión u organismos auxiliares en sus labores fiscalizadoras constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Los mencionados inspectores estarán facultados para revisar la contabilidad y documentación respectiva de los patrones o empleadores, tanto en el domicilio de éstos como en las oficinas de su respectiva institución, etc....

Sobre el particular tanto el señor Subsecretario de Previsión como el señor Superintendente de Seguridad Social, hicieron presente que a pesar de las amplias facultades de este último artículo, existen objeciones de parte de algunos organismos del Estado sobre las facultades que en este sentido tendrían las mutualidades de Accidentes del Trabajo.

Por las razones expuestas y para precaver cualquiera situación futura sobre la materia, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase, a continuación del inciso tercero del artículo 98 de la ley N° 16.840, el siguiente nuevo inciso:

También tendrán acceso al Libro Auxiliar de Remuneraciones para comprobar que las importaciones de la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, han sido determinadas correctamente, los funcionarios que en calidad de inspectores designen Las Mutualidades de Empleadores, con aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 1972.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Mosquera (Presidente), Cardemil, Fuentealba, don Luis; Guerra, Marín, don Oscar; Olave, Ríos, don Héctor; Robles y Salinas, don Anatolio.

Se designó Diputado informante al señor Olave.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

18/26.- INFORMES DE LA COMISION ESPECIAL DE SOLICITUDES PARTICULARES, RECAIDOS EN LOS PROYECTOS DE LEY QUE BENEFICIAN A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

Elsa Ester Ibarra García.

Antonieta Granger Ferrant.

Lidia Figueroa viuda de Garay.

Nicasio Cortés Ollaván.

Norma González Méndez viuda de Rivas.

Carlos Ramírez Melita.

Margarita Avendaño Baltra.

Antonio Pardo Martínez.

Carlos Osiodacs, Gabriel Salazar y Alfredo Lastarria.

27.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en un Mensaje, con urgencia calificada de simple que autoriza al Presidente de la República para reajustar los aranceles de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 4° de la ley N° 17.570, el Presidente de la República tiene la facultad de reajustar anualmente los aranceles de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, derecho que, en consecuencia, podría ejercer a comienzos del próximo año.

No obstante, teniendo en cuenta que los aumentos de remuneraciones del personal de los sectores público y privado, que normalmente deberían regir a partir del 1° de enero de 1973, se han adelantado al 1° de octubre del año en curso y con el fin de evitar el perjuicio económico que derivaría para estos funcionarios del hecho de ser sus aranceles reajustados en una fecha varios meses posterior a la de los reajustes generales, la iniciativa legal en estudio propone autorizar al Presidente de la República para que reajuste de inmediato esos aranceles hasta un máximo igual al porcentaje fijado en la Ley General de Reajustes.

La Comisión de Hacienda compartió plenamente este criterio por considerarlo de evidente justicia y, sin mayor debate, prestó su aprobación unánime al artículo único de que consta el proyecto en informe., redactado en los mismos términos propuestos, que son los siguientes:

Proyecto de ley:

Artículo único.- El Presidente de la República podrá reajustar los aranceles de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, a partir de la vigencia de la presente ley, y hasta un máximo igual al porcentaje fijado en la Ley General de Reajustes.

Se entenderá que, aplicando lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República ha hecho uso, para 1973, de la facultad que le confiere el artículo 54 de la ley N° 16.250, modificado por el artículo 4° de la ley N° 17.570.

Sala de la Comisión, a 20 de noviembre de 1972.

Aprobado en sesión de fecha 14 de noviembre del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Diez, Klein, Lavandero y Lazo, doña Carmen.

Diputado informante, se designó al señor Acevedo.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario.

28.-INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

Honorable Cámara:

La Comisión de Relaciones Exteriores pasa a informar el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado de Montevideo (ALALC), denominado Protocolo de Caracas, de fecha 11 de diciembre de 1969.

En la discusión y estudio de esta iniciativa colaboraron los señores Raymundo Barrosrepresentante de Chile ante la ALALC, y Jaime Lagos e Iván Polic, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Zona de Libre Comercio y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fueron instituidas por el Tratado de Montevideo, suscrito el 18 de febrero de 1960 por los personeros de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay y en ocasión posterior por Colombia y Ecuador (1961), Venezuela (1966) y Bolivia (1967).

El artículo 2° de dicho instrumento multilateral establece que la Zona de Libre

Comercio deberá perfeccionarse en un lapso no superior a doce años, contado desde la fecha de vigencia del Tratado, norma que guarda concordancia con el artículo 57 del mismo instrumento, cuyas disposiciones señalan que él entrará en vigor, respecto de los tres primeros países que lo ratifiquen, treinta días después de depositarse el tercer documento de ratificación, y en cuanto a los demás signatarios, tendrá vigencia desde el trigésimo día posterior al depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación, en el orden en que ellos fueren depositados.

Cabe hacer presente que el instrumento de ratificación de Chile fue depositado el día 14 de mayo de 1961.

Desde la vigencia de este Tratado, los Estados Miembros adquirieron el compromiso de suprimir, en forma gradual, en cuanto a los aspectos primordiales de su comercio recíproco, los gravámenes y restricciones de toda índole atinentes a la importación de productos originarios del territorio de cualesquiera de los Pactantes.

Esta gradual supresión de restricciones y gravámenes, al tenor del artículo 4° del Tratado, deberá lograrse a través de negociaciones periódicas entre las Partes, cuyos resultados están incorporados en las Listas Nacionales y en la Lista Común.

En las listas nacionales figuran las reducciones anuales de gravámenes y restricciones que cada parte otorga a los demás miembros. En la Lista Común está contenida la nómina de los productos cuyos gravámenes y restricciones las Partes Contratantes, de común acuerdo, adquieren el compromiso de suprimir integralmente para el Comercio intra-zonal durante el término de doce años consultado en las normas del artículo 2° del Tratado, lo cual no tiene otra finalidad que la de alcanzar el cumplimiento gradual y progresivo del programa de liberación del intercambio, a que aspiran los Pactantes.

Esta última finalidad podrá realizarse mediante la inclusión en la Lista Común por los países del área, de mercaderías o productos cuya participación en el monto global del comercio existente entre las Partes alcance, a lo menos, a los porcentajes que se indican: 25% durante el primer trienio; 50% en el segundo trienio; 75% para el tercer trienio; y para el cuarto trienio lo esencial del intercambio.

El 26 de mayo de 1964, durante el transcurso del 2° Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes, se iniciaron las conversaciones conducentes a la formación de la Lista Común correspondiente al primer trienio de vigencia del Programa de Liberación del Intercambio, y ellas culminaron en el 4° Período de Sesiones Ordinarias, al suscribirse en la ciudad de Bogotá el 7 de diciembre de 1964 el Acta de Negociación de la Lista Común.

En el Sexto Período de Sesiones Ordinarias, llevado a efecto en el mes de diciembre de 1966, se adoptó la resolución N° 162, por la cual la Conferencia resolvió realizar la segunda etapa de negociaciones de la Lista Común en noviembre de 1967, vale decir, durante el desarrollo del 70 Período de Sesiones Ordinarias, ocasión ésta en que, a pesar de comprobarse la unánime y decidida intención de los Pactantes de lograr el porcentaje correspondiente al segundo trienio de la Lista Común (50%), las conversaciones iniciadas quedaron inconclusas y no se materializó tal propósito.

Esta circunstancia y el surgimiento de problemas de variada índole que afectaban a la Partes Contratantes y que, a su vez, obstruían y dificultaban la oportuna realización de los compromisos derivados del Tratado de Montevideo, determinaron que los Pactantes llevaran a la práctica en el año 1969, una verdadera evaluación del proceso de integración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, movidos por el loable propósito de elaborar nuevos planteamientos básicos o directrices tendientes a la corrección de las deficiencias existentes y a la solución de los problemas qué hubieren surgido sobre la materia. A través de esta evaluación quedó demostrada la conveniencia de introducir enmiendas al Tratado de Montevideo, con el objeto de lograr un desarrollo económico equilibrado y armónico entre las Partes Contratantes, a la vez que alcanzar una distribución equitativa de los beneficios provenientes del proceso de integración, lo cual significa, en la práctica, aplicar en plenitud los preceptos del artículo 54 del Tratado de Montevideo que, textualmente, dicen que las Partes Contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en orientar sus políticas hacia la creación de condiciones favorables al establecimiento de un mercado común latinoamericano, principios éstos que fueron reiterados en la Declaración de Presidentes de Punta del Este, en el mes de abril de 1967.

Por otra parte, cabe señalar que la facultad de introducir modificaciones al Tratado de Montevideo está consignada en sus artículos 60 y 61, que previenen que ellas deberán formalizarse mediante Protocolos que adquieren vigor tan pronto como hayan sido ratificados por todas las Partes Contratantes y se depositaren los correspondientes instrumentos de ratificación.

En consonancia con lo expuesto anteriormente, durante el 9° Período de Sesiones Ordinarias que la Conferencia de las Partes Contratantes celebró en Caracas en diciembre de 1969, consideró pertinente recomendar la suscripción de un Protocolo Modificatorio del Tratado de Montevideo, cuyo texto ha sido denominado Protocolo de Caracas.

Durante el estudio de la iniciativa en informe, se expresó en la Comisión que las disposiciones derivadas del Tratado de Montevideo comprometen a América Latina al establecimiento de una zona de libre comercio entre los países contratantes que, al término del año 1972, debería encontrarse en plena vigencia, pero el hecho de haberse consignado en dicho instrumentó internacional algunos preceptos difíciles de cumplir y realizar dentro del plazo estipulado, tal aspiración fue quedando paulatinamente sin cumplirse, de lo cual derivó la necesidad de revitalizar tal aspiración, anhelada hondamente por los países del continente.

Esto es, en síntesis, se adujo en la Comisión, la esencia del Protocolo de Caracas, objeto del Mensaje en informe, el que, sin innovar la sustancia del Tratado de Montevideo, procura otorgar un mayor plazo hasta el año 1980 para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter multilateral que se establecen en dicho Tratado.

Se hizo presente, en conclusión, que el Protocolo de Caracas, al que se refiere el presente informe, es el resultado de las dificultades que debieron enfrentar los países signatarios del Tratado de Montevideo, para llevar a la práctica en forma cabal las normas de este instrumento internacional, con la sola excepción de Brasil que, en el año 1967, era el único país signatario que se encontraba en condiciones de ponerlo integralmente en vigencia.

El Protocolo de Caracas debe estar aprobado por las Partes Contratantes a fines del año 1972, y prácticamente, ha sido refrendado por la mayoría de ellas, encontrándose pendiente solamente la aprobación de Chile, Perú y Colombia,

El texto de dicho Protocolo está estructurado en 10 artículos.

El artículo 1° establece la ampliación hasta el 31 de diciembre de 1980, del período de doce años señalado en el artículo 2° del Tratado de Montevideo para el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio.

El artículo previene que la ampliación consultada en el artículo anterior se extenderá a todas aquellas disposiciones que conforman la estructura jurídica de la Asociación de Libre Comercio, en todo lo concerniente a las normas del artículo 2° del Tratado.

El artículo 3° del Protocolo de Caracas estipula que el Comité Ejecutivo Permanente deberá realizar antes del 31 de diciembre de 1973, los estudios previstos en b1 artículo 54 del Tratado de Montevideo, disposición ésta última que determina que el Comité Ejecutivo Permanente debe realizar los estudios, planes y proyectos tendientes al establecimiento de un mercado común latinoamericano.

En relación con los trabajos que se mencionan en este artículo 3° del Protocolo en informe, debe destacarse el hecho de que esta norma prescribe que tanto las conclusiones obtenidas en dichos trabajos como los estudios y la evaluación que se practiquen de la aplicación del Tratado desde la iniciación de su vigencia, permitirán comenzar en el año 1974 las negociaciones colectivas conducentes a agilizar los mecanismos que conduzcan a la consecución de las finalidades que inspiran el Tratado de Montevideo, y al mismo tiempo, si se considera pertinente y oportuno, a la adaptación de dicho instrumento multilateral a una nueva etapa de integración económica, en concordancia con los preceptos del artículo 61 del Tratado.

El artículo 4° del Protocolo dispone que las Partes Contratantes deberán establecer, a más tardar antes del 31 de diciembre de 1974, las nuevas normas a que se sujetará el compromiso de la Lista Común como, asimismo, que a dicha fecha deberán revisar el artículo 5° del Tratado y las disposiciones del Título I del Protocolo sobre Normas y Procedimientos para las Negociaciones.

En el artículo 5° se establece que mientras no se adopten las medidas señaladas en el artículo anterior, no tendrá carácter obligatorio el cumplimiento de los plazos y porcentajes previstos en el artículo 7° del Tratado de Montevideo.

El artículo 6° preceptúa que durante el período a que se refiere el artículo 1° de este Protocolo, las Partes Contratantes deberán proseguir las conversaciones anuales mencionadas en el artículo 4°, letra a), del Tratado.

Este artículo fija los preceptos a que deberá ceñirse el Programa de Liberación del Tratado de Montevideo hasta el 31 de diciembre de 1980, que es la nueva fecha señalada en el artículo 1° de este Protocolo para el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio.

Entre otras normas, este artículo estipula que a partir del Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia y hasta que empiece la vigencia del sistema que surja de la revisión a que se refiere el artículo 4° del Protocolo en informe, cada Parte Contratante deberá conceder a las demás, anualmente, reducciones de gravámenes equivalente; a lo menos, al 2,9% de la media ponderada de los gravámenes vigentes para terceros países. Asimismo, a partir del año 1974 y has a la iniciación de la vigencia del sistema que derive de la revisión a que se refiere el artículo 4P del Protocolo en análisis, en caso de que alguna Parte Contratante tuviera serias dificultades para cumplir con el porcentaje citado (2,9%), podrá conceder reducciones de gravámenes en las condiciones que le sean más favorables, procurando lograr el señalado porcentaje.

Sin embargo, al amparo del artículo 132 del Tratado, los países de menor desarrollo económico relativo concederán dichas reducciones de gravámenes en términos compatibles con la situación en que se encuentren.

El artículo 7° del Protocolo prescribe que los productos incorporados en la Lista Común que consta en el Acta de Negociaciones respectiva, de fecha 7 de diciembre de 1964, suscrita en Bogotá durante el 4*? Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, serán liberados en la oportunidad que se acuerde al establecer las nuevas normas a que se refiere el artículo 4° del presente Protocolo.

Por el artículo 8° se hace presente que en los estudios y negociaciones que se lleven a efecto en cumplimiento de las normas del artículo 3° de este Protocolo, deberá considerarse el propósito de procurar el crecimiento económico equilibrado y armónico entre las Partes Contratantes, como, igualmente, la distribución equitativa de los beneficios derivados del proceso de integración.

Las normas del artículo 9° señalan que b Protocolo no podrá ser firmado con reservas ni éstas podrán ser recibidas con ocasión de su ratificación, y consulta el procedimiento para el depósito de los instrumentos de ratificación, finalmente, el artículo 10 preceptúa que documento en informe será denomina protocolo de Caracas y entrará en vigor tan pronto como todas las Partes Contratantes lo ratifiquen conforme a sus procedimientos legales y depositen los respectivos instrumentos en la Secretaría de Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

El Proyecto de Acuerdo objeto del presente informe fue aprobado por asentimiento unánime de todos los señores Diputados presentes.

Artículos que reglamentariamente deben ser conocidos por la Comisión de Haacienda.

4°, 5°, y 7° del Protocolo que forma parte del Proyecto de Acuerdo.

Con el mérito de los antecedentes expuestos y de los que, oportunamente, tenga, a bien proporcionar la señorita Diputados da informante, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente

Proyecto de acuerdo:

Artículo único.- Apruébase el Protocolo Modificatorio del Tratado de Montevideo (ALALC), denominado Protocolo de Caracas, de 11 de diciembre de 1969.

Sala de la Comisión, a 5 de julio de 1972.

Acordado en sesión de fecha 5 de julio de 1972, con asistencia de los señores Sívori (Presidente), Amello, Agurto, Clavel, Scarella, y señorita Saavedra, doña Wilna.

Diputada informante se designó a la señorita Saavedra.

(Fdo.): Ricardo Valdés Zeballos, Secretario.

29.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de acuerdo con urgencia calificada de simple y despachado favorablemente por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado de Montevideo (ALALC), denominado Protocolo de Caracas, de fecha 11 de diciembre de 1969.

Concurrieron a la Comisión, con el objeto de asesorarla, los señores Jaime Lagos, Jefe del Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; Raymundo Barros, Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; Jorge Culagousky, Subjefe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y don Gastón Ortiz, Abogado de la referida Asociación.

Como se expresa en el informe de la Comisión técnica la esencia del Protocolo de Caracas, objeto del Mensaje en informe, consiste en que, sin innovar la sustancia del Tratado de Montevideo, procura otorgar un mayor plazo hasta el año 1980 para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter multilateral que se establecen en dicho Tratado.

Reglamentariamente, corresponde a la Comisión de Hacienda pronunciarse acerca de los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del Protocolo que forma parte del proyecto de acuerdo.

El artículo 4 estatuye que, a más tardar el 81 de diciembre de 1974, las Partes Contratantes deberán establecer las nuevas normas a que se sujetará el compromiso de la Lista Común y que, asimismo, a la referida fecha revisarán el artículo 5° del Tratado y las disposiciones del Título I del Protocolo sobre Normas y Procedimientos para las Negociaciones, relativo al cálculo de las Medias Ponderadas.

Tanto si mecanismo de la Lista Común como la formación de las Listas Nacionales aparecen claramente explicados en el informe de la Comisión Técnica, razón por la cual resulta innecesario proporcionar mayores antecedentes a su respecto.

Por su parte, al artículo 5° dispone que mientras no se adopte el conjunto de medidas señaladas anteriormente, no será obligatorio el cumplimiento de los plazos y porcentajes previstos en el artículo 7° del Tratado.

El artículo 6° establece que durante el período a que se refiere el artículo 1° del Protocolo, o sea hasta el 31 de diciembre de 1980, las Partes Contratantes deberán proseguir las negociaciones anuales dispuestas por el artículo 4°, letra a), del Tratado de Montevideo, y fija las normas a que deberá ajustarse el Programa de Liberación contenido en ese instrumento.

Al respecto, dispone textualmente que:

A partir del Noveno Período de Sesionas Ordinarias de la Conferencia y hasta tanto comience la vigencia del sistema que surja de la revisión a que se refiere el artículo cuarto de este Protocolo, cada Parte Contratante deberá conceder anualmente a las demás Partes Contratantes reducciones de gravámenes equivalentes por lo menos al 2,9 por ciento de la media ponderada de los gravámenes vigentes para tareeros países.

No obstante, al amparo del artículo 32 del Tratado, los países de menor desarrollo económico relativo concederán dichas reducciones de gravámenes en términos compatibles con su situación.

Asimismo, a partir de 1974 y hasta tanto se inicie la vigencia del sistema que surja de la revisión de que trata el artículo cuarto del presente Protocolo, en caso de que alguna Parte Contratante tuviera serias dificultades para cumplir con el porcentaje citado del 2,9 por ciento, podrá conceder reducciones de gravámenes sin condiciones que le sean más favorables, procurando alcanzar el porcentaje de reducción antes, indicado.

La Parte Contratante que desee acogerse al régimen de excepción, señalado en el párrafo anterior, deberá ponerlo en conocimiento del Comité Ejecutivo Permanente con anterioridad a la celebración de la Conferencia Ordinaria correspondiente, presentando la información que justifique la utilización de este régimen.

Finalmente, y en concordancia con normas anteriores, el artículo 7° del Protocolo dispone que los productos incorporados en la Lista Común que constan en el Acta de Negociaciones respectiva, de fecha 7 de diciembre de 1964, suscrita en Bogotá durante el Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, serán liberados en la oportunidad que se acuerde al establecer las nuevas normas a que se refiere el artículo del presente Protocolo.

La Comisión de Hacienda coincidió plenamente con el criterio sustentado en las normas contenidas en los cuatro artículos sometidos a su estudio y, en consecuencia, acordó por unanimidad recomendar a la Honorable Cámara su aprobación del proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos propuestos por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sala de la Comisión, a 20 de noviembre de 1972.

Aprobado en sesión de fecha 14 de noviembre del año en curso, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Diez, Klein, Lavandero y Lazo, doña Carmen.

Diputado informante, se designó al señor Diez.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario

30.-MOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

Honorable Cámara:

Ha sido norma permanente tanto del Ejecutivo como del Legislativo, prestar su aprobación a proyectos de ley que tengan por finalidad favorecer la labor social que realizan diversas instituciones en el país.

Se trata en este caso de la Agrupación Nacional de Montepiadas de Carabineros de Chile, con personalidad jurídica aprobada por el decreto supremo N° 861, de 4 de junio de 1968, la que reúne en su seno a todas las montepiadas y beneficiarios de pensiones de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.

Esta institución, con representación en todo el país, cumple una importante labor social y humanitaria entre sus asociadas, ya que se preocupa en forma permanente de promover actividades en su favor, como ser cursos de artesanía, de primeros auxilios y otros. A su vez, ha organizado centros de madres, centros juveniles para sus hijos y otras actividades que permite mantenerse en contacto permanente y ayudarse en forma comunitaria.

Como se ha dicho, esta labor la realiza con abnegación y entusiasmo; pero, desgraciadamente, no dispone de un local donde pueda reunir con cierta comodidad a sus socias y mantener los servicios que otorga. Bien podría aumentar cada día su labor social, pero este hecho ha impedido hacerlo con lo que, efectivamente, se perjudica a una cantidad enorme de personas que ven en su institución un apoyo en sus necesidades.

Ahora se presenta una posibilidad de obtener el local mencionado, ya que la Caja de Previsión de Carabineros de Chile dispone de un inmueble en calle Santo Domingo N° 1188, de esta ciudad, en el que funciona el Servicio Médico, pero en el mes de septiembre el citado Servicio se ha trasladado a un nuevo edificio construido especialmente por la Cooperativa de Carabineros, y el inmueble que ocupaba ha quedado vacío y sin destino. Creo que sería la oportunidad qué el Consejo de la Caja de Previsión de Carabineros hiciera justicia a la agrupación de montepiadas de esa misma Caja transfiriéndole el citado inmueble para sus fines estatutarios.

No se perjudica los intereses de la citada Caja, ya que el Servicio Médico ha empezado a funcionar en otro edificio y no se sabe de un destino especial al focal que se desea transferir, por lo que bien se podría acoger esta transferencia.

Por las razones expuestas es que me permito someter a la consideración del Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- La Caja de Previsión de Carabineros de Chile transferirá, a título gratuito, a la Agrupación Nacional de Carabineros de Chile el inmueble de su propiedad, ubicado en calle Santo Domingo N° 1188, de la comuna de Santiago, y que se encuentra inscrito a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, a fs. 361, N° 429 del Registro de Propiedad de 1962.

Artículo 2°.- La institución beneficiada con esta transferencia deberá destinar el inmueble a sede social y al cumplimiento de sus fines estatutarios. En el evento de que diere un uso distinto al citado inmueble, la transferencia quedará nula y la propiedad volverá a poder de la Caja de Previsión aludida.

(Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage

31.-MOCION DEL SEÑOR JARAMILLO

Honorable Cámara:

En numerosas poblaciones construidas y asignadas por la Corporación de la Vivienda y Asistencia Social o a través del Convenio BID-CORHABIT o de autoconstrucción, no se contrata el seguro de incendio y de desgravamen simultáneamente con la entrega material de los sitios o viviendas, por no contar con las respectivas tablas de valores o por otros motivos no imputables a los asignatarios. Por ésta razón mg permito someter a la consideración del Honorable Congreso el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo primero.- Se entenderá contratado el seguro de incendio y/o desgravamen de los asignatarios, o sucesión de éstos respecto de los sitios o viviendas o locales comerciales con vivienda anexa, sean éstas de emergencia o definitivas construidas y/o entregadas por la Corporación de la Vivienda, la ex Fundación de la Vivienda y Asistencia Social, la Corporación de Servicios Habitacionales, ya sea en sus programas ordinarios o a través de convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo o la Sociedad Minera El Teniente u otros análogos o por sistemas de autoconstrucción.

Artículo segundo.- La constitución de los contratos de seguros se perfeccionará por la sola entrega material en asignación del sitio o vivienda acreditada por el acta de conformidad de recepción, o de entrega material, contratos de mutuos o compraventas otorgados por la Institución competente u otros medios que comprueben ante ésta la calidad de asignatario.

Artículo tercero.- La impetración del beneficio de indemnización por los siniestros que se produzcan, estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Estar al día en el pago de los dividendos o en mora no superior a 12 meses, sean éstos provisorios o definitivos, cuyo 0,2% se imputará a la prima de seguro de incendio y el 0,6% a la de desgravamen.

b) El asignatario no deberá estar en mora a la fecha del siniestro, de suscribir el título de dominio respectivo si éste ya estuviera confeccionado por la Institución asignante.

Artículo transitorio.- Todos los siniestros por muerte de los asignatarios mencionados en el artículo de la presente ley y que no se hayan producido con anterioridad a su publicación, se indemnizarán si cumplen con los requisitos establecidos.

(Fdo.): Alberto Jaramillo B.

Las actas de las sesiones 14ª y 15ª, extraordinaria, se declaran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.

El acta de la sesión 16ª, extraordinaria, queda a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

El señor Parga (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.