Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El Ejecutivo está consciente de los graves problemas que acarrearía a los trabajadores el no recibir oportunamente el reajuste de sus sueldos y salarios. Los ingresos se han visto deteriorados durante el transcurso de un año por el efecto de un proceso inflacionario que llegó a un 34, 9% y es necesario reponerles la pérdida de capacidad adquisitiva de sus rentas.

Frente a la posibilidad de no poder pagar el reajuste oportunamente atendida la tramitación del Proyecto en el Congreso se estima de gran necesidad que se cuente con una autorización para pagar, como anticipó, el reajuste del Sector Público y para poner en vigencia las normas que reglamentan el reajuste del Sector Privado.

Se ha estimado conveniente incluir en este proyecto de ley las reglas fundamentales que regirán los reajustes de remuneraciones con el fin de que el Honorable Congreso tenga claro conocimiento de la forma en que se pagarán los anticipos de reajuste.

En mérito de las consideraciones expuestas, vengo en someter a vuestra aprobación para que sea incluido en el período extraordinario de sesiones con el carácter de urgente, el siguiente

Proyecto de ley:

TITULO I

Anticipo reajuste del sector público

Artículo 1º.- Autorízase al Presidente de la República para otorgar en calidad de anticipo, el reajuste a que se refieren los incisos siguientes, con las normas y modalidades en ellos establecidos:

1) Reajústanse, a contar del 1º de enero de 1971, en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1970, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1970 de los trabajadores del sector público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias y las asignaciones familiares, de alimentación, las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.

Los trabajadores a que se refiere el inciso anterior, cuyas remuneraciones totales al 31 de diciembre de 1970, sin excluir las que se fijan en función de sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos, salvo la gratificación de zona, fueren iguales o inferiores a un sueldo vital mensual, recibirán un 5% de reajuste adicional sobre dichas remuneraciones.

Los trabajadores a que se refiere el inciso primero, cuyas remuneraciones permanentes totales al 31 de diciembre de 1970, computadas en la forma establecida en el inciso anterior, fueren superiores a un sueldo vital e iguales o inferiores a dos sueldos vitales mensuales, recibirán un 3% de reajuste adicional sobre dichas remuneraciones. La remuneración de estos servidores no podrá ser inferior a la que corresponda a los que percibían un sueldo vital.

Los trabajadores, cuyas remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1970, computadas en la forma establecida en los incisos precedentes, fueren superiores a dos sueldos vitales mensuales, no podrán quedar con una remuneración inferior a la que corresponda a los que percibían dos sueldos vitales.

Para determinar el derecho a los reajustes adicionales, en los casos de los trabajadores que desempeñen dos o más cargos compatibles, se considerará la suma total de las remuneraciones que percibían en todos los cargos.

Los reajustes adicionales a que se refiere este artículo no incrementarán las escalas, se pagarán anexos al sueldo base serán imponibles en un porcentaje en que lo sea el sueldo y se considerarán sueldo base para todos los efectos legales. En el caso de los jornales, sólo se hará esta distinción cuando se trate de personal sujeto a escalas.

2) A los empleados de la Empresa Portuaria de Chile, se les aplicará el reajuste del artículo 1° de esta ley, incluidas las asignaciones establecidas en los Decretos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 280, de 1969, 98 y 306, de 1970.

A los obreros de la Empresa referida, se aplicará el reajuste del Nº 1 de este artículo sobre las remuneraciones imponibles.

En el mismo porcentaje se reajustarán, asimismo, los valores considerados en los incisos duodécimo y décimo tercero del artículo 7º de la ley Nº 16. 260, declarados permanentes por el artículo 210 de la ley Nº 16. 464.

3) La gratificación de zona, los viáticos, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que sean porcentajes del sueldo, se aplicarán sobre el sueldo reajustado desde el 1º de enero de 1971.

4) Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas. Los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de este Título.

En todo caso, los obreros del sector público no podrán gozar de un salario inferior al fijado como mínimo para los obreros del sector privado.

5) Las remuneraciones que resulten afectadas por los aumentos de la presente ley y las cantidades imponibles y no imponibles de ellas, se ajustarán al entero más cercano divisible por doce.

Esta disposición no se aplicará al valor de la hora de clase.

6) No tendrá derecho a reajuste de remuneraciones el personal cuyos estipendios estén fijados en oro o en moneda extranjera, mientras subsista para él esta forma de remuneración.

7) Con lo dispuesto en el Nº1) de este Título, se entiende cumplido lo ordenado en el artículo 33, inciso segundo, de la ley Nº 15. 840.

8) Para los efectos de la aplicación del reajuste de la presente ley a los trabajadores de las Municipalidades, no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley Nº 11. 469 y 109 de la ley Nº 11. 860.

Facúltase a las Municipalidades para modificar los Presupuestos correspondientes a 1971, con el objeto de considerar los mayores gastos que les impone esta ley.

9) Autorízase a las Instituciones Descentralizadas para adecuar las remuneraciones de sus personales, sin necesidad de Decreto Supremo, para el solo efecto de dar cumplimiento a la presente ley, entendiéndose modificados sus respectivos presupuestos.

10) Elévase, a partir del 1º de enero de 1971, del 70% al 80%, el límite máximo de las remuneraciones imponibles a que se refiere el artículo 99 de la ley Nº 16. 617, modificado por el artículo 57 de la ley Nº 17. 073. El 20% restante de dichas remuneraciones, mantendrá la calidad jurídica establecida en ese artículo.

La primera diferencia mensual determinada por la aplicación de este artículo, quedará a beneficio de los personales respectivos y no será depositada en las Cajas de Previsión correspondientes.

11) Los trabajadores que en virtud del reajuste que dispone el presente Título queden en goce de remuneraciones imponibles iguales o inferiores a 2 sueldos vitales mensuales del año 1971, estarán exentos de la obligación de aportar tas Cajas de Previsión la primera diferencia mensual que se produzca.

Los trabajadores y jubilados que obtengan remuneraciones imponibles superiores a las indicadas en el inciso primero, deberán integrar, cuando proceda, como primera diferencia mensual, el exceso que sobre ella se produzca. Esta diferencia se descontará en seis cuotas mensuales.

12) Los reajustes de pensiones a que hubiere lugar, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, deberán pagarse sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados.

En tanto se dicten las resoluciones que determinen el nuevo monto de las pensiones que se reajustan de acuerdo con la renta de sus similares en servicio activo, las Instituciones pagadoras las cancelarán provisionalmente, con un aumento equivalente al porcentaje de alza del índice de precios al consumidor durante 1970, sobre sus montos vigentes al 31 de diciembre del mismo año. Sobre las pensiones así estimadas, se deberán efectuar los descuentos legales correspondientes.

13) Para los efectos del presente Título, se declara que la palabra trabajadores comprende a empleados y obreros.

14) Auméntase, en el mismo porcentaje fijado en el inciso primero del Nº 1 del artículo 1º de la presente ley, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D. F. L. Nº 68, de 1960 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 2º.- El anticipo a que se refiere el artículo 1º se otorgará en el mes de enero y se descontará del reajuste que se conceda en 1971.

Artículo 3º.- El gasto fiscal que se produzca como consecuencia de la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al ítem 08/01/03. 006 Provisión de fondos para mayores remuneraciones del Presupuesto vigente.

El Presidente de la República podrá autorizar a los Servicios e Instituciones del Sector Público para pagar el anticipo establecido en esta ley, con cargo a sus propios presupuestos, sin necesidad de decreto de fondos y ordenar que, posteriormente, se efectúen los traspasos correspondientes.

TITULO III

Anticipo reajuste del sector privado

Artículo 4º.- Los patrones o empleadores del sector privado deberán otorgar a sus empleados y obreros, en calidad de anticipo, el reajuste a que se refieren los incisos siguientes, con las normas y modalidades en ellos establecidos:

1) Reajústanse, desde el 1º de enero de 1971, en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1970, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones pagadas en dinero efectivo, vigentes al 31 de diciembre de 1970, de los empleados y obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1970 fueren iguales o inferiores a un sueldo vital mensual, recibirán un 5% de reajuste adicional sobre dichos sueldos.

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1970 fueren superiores a un sueldo vital e iguales o inferiores a dos sueldos vitales mensuales, recibirán un 3% de reajuste adicional sobre dichos sueldos. El sueldo imponible de estos trabajadores no podrá ser inferior al que corresponda a los que percibían un sueldo vital.

Los empleados cuyos sueldos imponibles al 31 de diciembre de 1970 fueren superiores a dos sueldos vitales mensuales, no podrán quedar con un sueldo imponible inferior al que corresponda a los que percibían dos sueldos vitales.

Los reajustes adicionales a que se refiere este artículo se aplicarán también a los obreros que, a la misma fecha, percibieron salarios imponibles equivalentes a los sueldos vitales indicados en los incisos precedentes.

2) Las remuneraciones de los emplea dos y obreros del sector privado sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales se reajustarán de común acuerdo entre las partes.

3) El salario mínimo para todos los obreros, incluidos los menores de 18 años y los aprendices, de ambos sexos, será, a partir del 1º de enero de 1971, de Eº 2, 50 por hora.

El sueldo mínimo mensual para todos los empleados, incluidos los menores de 18 años y los aprendices, de ambos sexos, será, a partir del 1º de enero de 1971, igual al sueldo vital mensual de ese año, más un 5% del sueldo vital mensual de 1970.

En ningún caso los trabajadores sujetos a contratos o convenios colectivos, actas de avenimiento o a fallos arbitrales podrán gozar de una remuneración inferior a la señalada en los incisos anteriores.

Derógase el artículo 2º de la ley Nº 7. 295, el inciso segundo del artículo 9 del D. F. L. Nº 244, de 1953, y cualquiera otra disposición que permita rebajar el salario mínimo o el sueldo vital de cualquier trabajador.

4) El reajuste de los salarios de los garzones, camareros y ayudantes se aplicará sobre la parte fija pagada en dinero, con exclusión del porcentaje legal de recargo.

5) La hora semanal de clase de los profesores a que se refiere la ley Nº 10. 518, se reajustará, a contar del 1° de enero de 1971, en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1970, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

6) No se reajustarán las remuneraciones convenidas o pagadas en moneda extranjera.

7) En el caso de los empleados y obreros cuyos contratos de trabajo contemplen remuneraciones a trato, los empleados o patrones, según el caso, harán efectivo el porcentaje de reajuste a que se refiere el Nº 1 sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.

8) Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajustes que no hayan sido modificados expresamente por este Título, pero los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de esta ley.

9) Las disposiciones del presente Título se aplicarán a las empresas e instituciones del Estado que, en conformidad a las normas que las rigen, tengan facultad para celebrar contratos colectivos de trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá también para la Polla Chilena de Beneficencia, la Empresa de Agua Potable de Santiago, el Servicio de Agua Potable de El Canelo y las Empresas Bancarias del Estado.

Se regirán por las disposiciones de este Título el reajuste de remuneraciones da los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimientos o fallos arbitrales.

10) Los patrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado como anticipo a cuenta de reajuste del año 1971.

No serán imputables los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley Nº 7. 295, los que no serán postergados como consecuencia de las disposiciones de esta ley.

11) Las referencias a sueldos vitales contenidas en este Título se entenderán hechas a sueldos vitales mensuales, escala A), para la industria y el comercio del departamento donde se presten los servicios.

Cuando por la naturaleza del trabajo los servicios deben prestarse en dos o más departamentos, la referencia se entenderá hecha al sueldo vital más alto.

12) Lo dispuesto en el Nº 11 del artículo 1º se aplicará también a los reajustes que obtengan los trabajadores del sector privado en virtud de las disposiciones de este Título, incluso a los que fijen por convenios o contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, cualquiera que sea la fecha en que comiencen a regir durante el año 1971.

Artículo 5º.- El anticipo a que se refiere el artículo 4º se otorgará en el mes de enero y se descontará del reajuste que se conceda en 1971.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Américo Zorrilla Rojas.

2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

En el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1970, se publica la ley Nº 17. 382, la cual contiene algunas disposiciones de extraordinaria gravedad para el manejo de la política bancaria y de comercio exterior, razón por la cual es indispensable que se procede a su derogación a la mayor brevedad.

En primer lugar, y aun cuando en el hecho no puede recibir aplicación práctica por no existir presupuesto general de divisas, el Supremo Gobierno considera que debe eliminarse el artículo 11 de esta ley, precepto en el cual se establece que los presupuestos en moneda extranjera para las importaciones de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes se incrementarán anualmente en la misma proporción en que aumente el Presupuesto de Divisas. A nuestro juicio, deben ser las autoridades monetarias quienes determinen las disponibilidades de divisas que se asignarán a las importaciones de la región, siendo desde todo punto de vista inconvenientes las rigideces establecidas por ley.

De mayor gravedad aún que el señalado anteriormente, es el precepto que se contiene en el artículo 61 de esta ley al disponer que las agencias, sucursales y oficinas de instituciones bancarias que funcionen en provincias distintas de Santiago y Valparaíso, estarán afectas en sus depósitos exclusivamente a las tasas básicas de encaje indicadas en el artículo 78 del D. F. L. Nº 252 de 1960. En virtud de este precepto y a partir del 1º de enero de 1971, el Banco Central se verá en la imposibilidad de modificar las tasas de encaje para los bancos de provincias distintas de Santiago y Valparaíso.

De aplicarse a los bancos de provincias las tasas mínimas de encaje establecidas en la Ley General de Bancos, a partir del 1º de enero se producirá una liberación entre el 25% y el 30% de los recursos que el sistema bancario mantiene actualmente inmovilizado.

Cálculos preliminares efectuados en el Banco Central hacen suponer que la aplicación de esta disposición permitirá a los bancos una expansión crediticia del orden de Eº 1. 000 a Eº 1. 200 millones, a partir del 1º de enero de 1971. Demás está señalar las consecuencias que produciría una expansión crediticia de esta magnitud.

Cabe señalar, además, la dificultad que existe para adoptar alguna medida que compensara o absorbiera esta cantidad de recursos del sistema bancario.

Por otra parte, y suponiendo que los bancos, con el deseo de mantenerse dentro del sistema de ayuda de encaje, no fueren en el aumento de sus colocaciones más allá de las normas actualmente fijadas por el Banco Central, existiría, en todo caso, el grave problema de que las utilidades de los bancos en el primer semestre de 1971 serían considerablemente incrementadas porque no tendrían que pagar los intereses correspondientes a los montos de ayuda que actualmente están recibiendo del Banco Central.

Es necesario hacer presente que aun cuando se adopte alguna medida compensatoria, subsisten dos problemas debidos a la disposición legal antes referida:

a) Como no es posible aumentar las tasas marginales a que estarán sujetos los depósitos de las instituciones bancarias fuera de Santiago y Valparaíso, habrá una elevación del multiplicador bancario, y

b) No parece haber una forma eficiente de controlar que los bancos, además de la liberación que obtengan por los depósitos realmente existentes en las provincias, no reduzcan sus tasas efectivas de encaje aún más, logrando por acuerdos con sus clientes el traslado de depósitos fuera de Santiago y Valparaíso.

Dentro de otro orden de ideas y siempre con el propósito de regularizar las operaciones de comercio exterior y cambios internacionales, el Supremo Gobierno estima que la situación creada por la existencia del artículo 14 de la ley de Cambios Internacionales ha llegado a ser sumamente inconveniente para el interés nacional.

En efecto, el precepto antes citado establece un sistema para efectuar aportes de capital en divisas que, de hecho, no está sujeto a ningún tipo de reglamentación que admita la adopción de medidas eficientes de control, ya que de acuerdo a su texto, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que transfieran a Chile capitales en divisas, pueden vender libremente esas divisas y obtener un certificado de inscripción en el Banco Central de Chile, el cual los habilita para reexportar libremente los capitales y para reexportar los intereses y beneficios que ellos produzcan.

Por no ser un sistema de inversión selectivo, en la práctica la disposición ha permitido que inversionistas extranjeros, acogiéndose a la disposición en análisis, puedan obtener la moneda corriente necesaria para adquirir empresas de nacionalidad chilena que se encuentran funcionando satisfactoriamente, sin que, en consecuencia, el aporte traiga beneficio alguno para el país.

Por otra parte, y dada la redacción del precepto, se ha entendido que a su amparo pueden también registrarse operaciones de crédito en moneda extranjera, lo cual ha constituido en los últimos tiempos un factor de distorsión absoluta a las medidas de control cualitativo y cuantitativo del crédito, por cuanto si una empresa tiene dificultades para obtener préstamos en moneda corriente, le basta con contratar con un banco extranjero un empréstito en otras monedas de libre convertibilidad para, luego de registrado y liquidado el aporte, poder disponer de los escudos que no pudo conseguir a través de los cauces normales.

Parece, en consecuencia, que la derogación de este precepto es el camino más adecuado, sobre todo considerando que existen otros cauces legales que permiten el ingreso al país de recursos en moneda extranjera.

El Gobierno considera, asimismo, necesario la dictación de una disposición de carácter transitorio que obligue al canje de los certificados que se hayan emitido de acuerdo a la disposición legal que se propone derogar, por cuanto los saldos que estas operaciones arrojan, probablemente no reflejan la realidad de los compromisos del país en orden a la remesa de los capitales y beneficios o utilidades que de ellos provengan, ya que, por una parte es sabido que se han efectuado inversiones que en definitiva no resultaron rentables y cuyos capitales se perdieron, por la otra, es posible que alguno de estos certificados haya sido en el hecho remesado en épocas de libertad cambiaría sin cancelar el título correspondiente, el cual, no obstante, puede haber sido destruido por el interesado.

El canje de los actuales certificados con su consiguiente pérdida de validez con posterioridad a un período determinado, permitiría sanear esa situación anómala.

Por las razones expuestas, vengo en proponeros, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, con el carácter de urgente, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Deróganse a contar del 1º de enero de 1971 los artículos 11 y 61 de la ley Nº 17. 382, del 6 de noviembre de 1970.

Artículo 2º.- Derógase el artículo 14 del decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, N° 1. 272, publicado en el Diario Oficial del 11 de noviembre de 1961, que contiene el texto refundido de la ley de Cambios Internacionales.

Artículo transitorio.- Las personas naturales o jurídicas que hubieren obtenido certificados de inscripción de aportes de capital de conformidad con lo que disponía el artículo 14 del decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N° 1. 272, publicado el 11 de noviembre de 1961, deberán, dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, presentar al Banco Central de Chile tales documentos solicitando su registro y canje. Los certificados que no. se hayan presentado oportunamente para su canje, serán anulados por el Banco Central de Chile y sus tenedores no podrán invocarlos para ningún efecto legal.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Américo Zorrilla Rojas.

3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Honorable Congreso Nacional:

Don Osvaldo Valencia Zapata, quien prestó servicios en el Ejército hasta el año 1942, fue llamado a retiro dicho año por la Junta Calificadora de Oficiales. La Contraloría General de la República declaró ilegal este acuerdo por dictamen Nº 7. 208, de 27 de enero de 1961, en virtud de la atribución que le confería el artículo 36 de la ley Nº 11. 595, cuyo texto primitivo fue sustituido por el artículo 246 del D. F. L. Nº 1, de 1968.

El Ejecutivo, por decreto Nº 671, de fecha 3 de abril de 1961, y en mérito del aludido dictamen de la Contraloría, concedió al señor Valencia nueva cédula de retiro, reajustándole su pensión. Sin embargo, contrariamente a como lo hizo con otros oficiales beneficiados con declaraciones de ilegalidad, no le otorgó el grado jerárquico que le habría correspondido a no mediar la resolución ilegal.

Atendidos los relevantes méritos profesionales del Coronel Valencia, se estima de toda justicia equipararlo al resto de quienes fueron rehabilitados en virtud de declaraciones de ilegalidad de llamados a retiro hechas por la Contraloría General de la República y que, por tanto, debe otorgársele el grado jerárquico de General de División que le habría correspondido.

Este reconocimiento, además de no importar un mayor gasto al Erario Nacional no crea precedente, toda vez que el citado precepto del artículo 246 del D. F. L. Nº 1, de 1968, establece que el derecho para solicitar la modificación del decreto de llamado a retiro, declarado ilegal, prescribe en el plazo de un año a contar desde la fecha del mismo decreto.

Se adjuntan copias del dictamen Nº 7. 208 y del decreto Nº 671, ambos de 1961.

En mérito de lo expuesto, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para ser tratado en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Otórgase al ex Coronel de Ejército don Osvaldo Valencia Zapata el grado jerárquico de General de División.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Alejandro Ríos Valdivia.

4.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 27.- Santiago, 13 de enero de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que establece un nuevo plazo para que los profesionales y técnicos chilenos que regresen del extranjero puedan acogerse a los beneficios establecidos en los artículos 1° y 2° de la ley Nº 17. 238. (Boletín Nº 599(70)-1 de la Cámara de Diputados).

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende G.- José Tohá G.

5.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 26.- Santiago, 13 de enero de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un nuevo plazo para que los profesionales y técnicos chilenos que regresen del extranjero puedan acogerse a los beneficios establecidos en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 17. 238. (Boletín Nº 599(70)-l de la Honorable Cámara de Diputados).

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

Nº 60.- Santiago, 19 de enero de 1971.

En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado vengo en formular la siguiente indicación al Proyecto de Anticipo de Reajustes para 1971:

Artículo 1º

Reemplazar su Nº 11, por el siguiente:

11) La obligación de aportar la primera diferencia a las cajas de previsión, en los casos en que proceda, se cumplirá en el mes de febrero de 1971, de acuerdo con las normas que se establezcan en la ley de reajustes.

Saluda atentamente a Ud.

(Fdo.): Américo Zorrilla Rojas.

7.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de simple, que crea una Junta para el desarrollo industrial de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín. Esta iniciativa legal fue remitida a la Cámara de Diputados por Su Excelencia el Presidente de la República, quien por oficio Nº 437 le otorgó el patrocinio constitucional necesario, pues la proposición legislativa inicial había sido formulada por el señor Senador don Alberto Baltra.

De acuerdo con lo dispuesto en el número 3º del artículo 72 del Reglamento, esta Comisión, al conocer del proyecto de ley en informe, ha asumido, además de su propia competencia, la de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Durante el debate habido respecto de este proyecto, asistió el autor de la iniciativa, Senador don Alberto Baltra, quien proporcionó a la Comisión interesantes datos y numerosos antecedentes que sirvieron para esclarecer los alcances y objetivos del proyecto y para permitir su más expedito y acertado despacho.

Atendida la urgencia con que debía ser despachado el proyecto en la Comisión, ésta acordó agilizar su aprobación, para permitir que fuera conocido por la Sala, en general, dentro del plazo constitucional de dicha urgencia, en el entendido de que el Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, mediante el retiro de la urgencia, pudiera hacer posible que las Comisiones respectivas informaran en particular esta iniciativa.

El proyecto de ley en informe tiene por objeto crear una corporación jurídica de derecho público, con patrimonio propio, cuya denominación será la de Junta para el Desarrollo Industrial y a la que se encomiendan como finalidades las de programar, fomentar y coordinar la industrialización de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín. Esta corporación tendrá su domicilio en la ciudad de Temuco, sin perjuicio de que existan, además, sedes provinciales en las ciudades de Angol y Los Angeles, y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La necesidad de establecer este organismo se fundamenta, principalmente en objetivos tendientes a dar impulso a la economía de la región que servirá la Junta, con lo cual se supera el estado actual de cosas, que tiende a la concentración económica alrededor de la capital del país y que trae consigo como consecuencia la centralización administrativa y el desaprovechamiento de los recursos de que disponen las diversas zonas de nuestro territorio que están alejadas de Santiago por la natural conformación geográfica del país.

Diversos índices estadísticos son una manifestación del alto grado de centralización de nuestra economía. Más del 30% de la población, el 64% de las empresas industriales y el 44% del producto geográfico bruto se concentran en la provincia de Santiago.

La constatación de estas cifras es suficiente argumento para afirmar que la economía chilena no está debidamente integrada y que la casi totalidad de las restante provincias son áreas marcadamente atrasadas dentro del cuadro de subdesarrollo de nuestro país.

Por otra parte, las cifras indican que las provincias que se favorecen con este proyecto están a enorme distancia de los índices económicos que se dan en las zonas centrales. Bío-Bío contribuye sólo con el 1, 3% de la producción nacional, Malleco con el 1% y Cautín con el 2, 5%. Las tres provincias juntas no logran enterar el 5% del producto nacional chileno.

Debe tenerse presente que Bío-Bío, Malleco y Cautín tienen un superficie total de 43. 616 kilómetros cuadrados, que equivale casi a la extensión de Dinamarca y es 2. 000 kilómetros cuadrados mayor que la de Suiza, y que los recursos naturales que poseen son de enorme magnitud.

En contraste con los países que hemos comparado con esta región, e incluso con otras zonas de nuestra propia nación, las tres provincias mencionadas exhiben una multiplicidad de factores adversos en lo económico y en lo social, que se agregan a los que ya hemos reseñado. La provincia de Bío-Bío, por ejemplo, tiene un nivel de vida que se empina apenas al 60% del que se disfruta como promedio en el resto del país, y la de Cautín llega sólo al 50% de dicho promedio, alcanzando la de Malleco escasamente a un 48%.

Esto último se ha traducido en una emigración masiva de los habitantes de esta zona, como lo acusan las cifras censales del último decenio. Durante este tiempo la población de Malleco no ha experimentado un crecimiento que pueda considerarse, y la de Cautín tuvo un aumento de solamente un 6, 6%, que es muy inferior a la tasa nacional de crecimiento demográfico. Es sabido que la población de Santiago en dicho lapso subió en un 30%.

Las empresas industriales de las tres provincias representan sólo el 2% del total del país. La falta de industrialización acarrea como secuela una serie de manifestaciones negativas en el campo económico, social y cultural. En efecto, mientras que en Chile el analfabetismo de las personas mayores de 15 años de edad llega al 16, 4%, en estas tres provincias la tasa es extraordinariamente alta. En Bío-Bío hay un 29, 2% de analfabetos, en Malleco un 30% y en Cautín un 26, 5%.

Los índices de mortalidad infantil son otro síntoma que permite apreciar el estado de desarrollo o atraso de una región o de un país. A la ya alta tasa de mortalidad infantil que registra nuestro país, de un 105 por mil de menores de un año, la provincia de Cautín tiene un 154 por mil, la de Bío-Bío un 147 por mil y la de Malleco un 138 por mil.

De cada 100 personas que mueren, casi el 70% no recibe atención médica, como consecuencia de que en la provincia de Bío-Bío hay un facultativo por cada 6. 300 habitantes y en Cautín y en Malleco, uno por cada 3. 300.

Frente a estas cifras, acusadoras de retraso, las provincias de la Frontera nos muestran una geografía pletórica de recursos naturales, que hacen más imprescindible la adopción de medidas como la propuesta en esta iniciativa legal, para sacar a un territorio de riquezas inagotables del estado de postración en que ha sido mantenido hasta ahora.

Se asegura que las posibilidades de la producción agropecuaria, pesquera y maderera de Cautín son de tal entidad que esa provincia podría llegar a ser un importante centro industrial productor de alimentos y artículos provenientes de su abundante riqueza forestal. También posee Cautín recursos minerales metálicos y no metálicos, como hierro, manganeso, plomo y níquel, carbonato de calcio, caolín, feldespato, cuarzo, arcillas, tierras de color, mica y asbesto.

Las fábricas de celulosa, la industria azucarera y la planta lechera que funcionan en la provincia de Bío-Bío, son una demostración de la riqueza agropecuaria y maderera de dicha provincia.

Malleco, pese a las limitaciones derivadas de que sus suelos son altamente erosionados, podría, sin embargo, desarrollar la industrialización para el aprovechamiento manufacturero de las frutas, la lechería y la madera, además de producir artículos industriales de sustitución que se compran en el resto del país y que darían lugar a la instalación de empresas que aprovisionaran el mercado provincial.

En términos generales, la industrialización de las provincias de la Frontera tiene que hacerse con el propósito de transformar sus propios recursos naturales, pues resultaría un contrasentido, con la intención de fomentar el desarrollo general de la zona, el instalar manufacturas que ocuparan materias primas traídas desde el extranjero o desde regiones apartadas del lugar.

Se ha cuestionado la idea de que este proyecto de ley agrupe a tres provincias que han sido consideradas separadas, como zonas económicas distintas, por los organismos de estudio que se ocupan de la planificación de nuestra economía. Sin embargo, esta división por zonas económicas bajo la supervisión de organismos de estudio, no se contrapone con la idea contenida en este proyecto, pues el organismo que por él se crea es una institución de ejecución.

El artículo del proyecto contiene tres tipos de materias: las disposiciones que se refieren a la organización de la corporación cuya creación se propone, contenidas en los artículos 1º a 14; los preceptos relacionados con el financiamiento de la Junta, establecidos en los artículos 15 a 18, y las normas sobre estímulos tributarios, comprendidas en los artículos 19 adelante.

La administración y dirección de la Junta estará en manos de un Consejo, integrado de la manera que señala el artículo 2º del proyecto. El mismo artículo indica los lugares de sesiones del Consejo, las calidades que deberán reunir los consejeros, la duración de sus funciones y otras normas aplicables a estos mismos.

El artículo 3º se refiere a la forma de designación del Vicepresidente Ejecutivo y del Secretario General.

Se expresa en el artículo 4° que el Consejo requerirá un quórum no inferior a un tercio de sus miembros en ejercicio para sesionar y que, para adoptar acuerdos, debe reunirse el voto favorable de la mayoría de los consejeros presentes.

Los artículos 5º y 6º regulan el régimen de rentas del Vicepresidente Ejecutivo, del Secretario General y de los Consejeros de la Junta. El artículo 7º señala el plaza para la dictación del Reglamento Orgánico de la corporación que se establece.

Por mandato del artículo 8º, la Junta quedará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Las funciones y atribuciones He la Junta, aparte de los preceptos contenidos en otras disposiciones de esta iniciativa legal, están señaladas en el artículo 9º y la extensión y claridad con que allí figuran, hacen innecesario que los glosemos en este informe.

Cabe destacar que los artículos 10 y 11 tienen por finalidad amparar, impulsar y ayudar a la artesanía regional desarrollada por los aborígenes de la zona.

Según las estadísticas, habitarían en la región alrededor de 280. 000 mapuches. La Junta deberá dedicar preferente atención al estímulo y desarrollo de la artesanía regional, para cuyo objeto podrá proponer al Presidente de la República el otorgamiento de franquicias, que se contemplan en esta ley, a las cooperativas de producción o venta de los productos de la artesanía. Asimismo, la Junta deberá ocuparse de facilitar la comercialización de los artículos provenientes del trabajo de los mapuches.

El artículo 12 fija las normas presupuestarias que regirán a la Junta.

Los artículos 13 y 14 facultan a la Junta para requerir la colaboración y el asesoramiento de los organismos estatales y para percibir honorarios por los estudios que se le encomienden.

Las disposiciones sobre financiamiento de la Junta comienzan con el artículo 15, que la declara exenta de todo impuesto o contribución fiscal, tanto en cuanto a ella misma, como a las operaciones, actos y contratos que ejecute o documentos que suscriba o extienda. Solamente se exceptúa de esta exención, el impuesto a las compraventas y servicios a que se refiere la ley Nº 12. 120.

La Comisión de Hacienda excluyó de esta exención a los impuestos o contribuciones municipales que deba pagar la Junta, en atención al permanente desfinanciamiento que aqueja a los municipios.

La norma contenida en el artículo 16 del proyecto fue aprobado por la Comisión de Hacienda, no obstante que se hizo presente la oposición del Ejecutivo a este tipo de financiamiento, que destina parte de lo producido por los impuestos a la compraventa a fines regionales, ya que se informó durante el transcurso de la discusión que el mismo Ejecutivo presentaría una indicación para sustituir el artículo 16. La indicación tendría por objeto consultar una suma determinada, reajustable, en la Ley de Presupuestos de la Nación por el término de 10 años, a contar de la vigencia de esta ley. La Comisión de Hacienda procedió así, porque la sustitución del artículo en los términos señalados, excedía de sus facultades constitucionales para proponer dicha iniciativa.

Los artículos 17 y 18 agregan dos fórmulas de financiamiento de la Junta, cuyo contenido es fácil entender con la simple lectura de los preceptos citados.

No obstante la importancia que tiene el resto del articulado, pues en él se establecen las normas sobre estímulos tributarios, a través de la concesión de franquicias y exenciones tributarias a quienes se instalen con industrias en las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, no nos extenderemos en el análisis de estas disposiciones, ya que de su sola lectura es fácil desprender su exacto sentido y alcance.

La Comisión de Hacienda, pese a lo exiguo del tiempo de que dispuso para examinar esta iniciativa legal, le introdujo algunas modificaciones que la perfeccionan, que se han incorporando al texto del proyecto de que da cuenta este informe.

Con el mérito de lo expuesto y de las razones y antecedentes que oportunamente dará a conocer el señor Diputado informante, la Comisión de Hacienda propone a la Honorable Cámara la aprobación de la iniciativa legal en informe, concebida en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Créase una Corporación con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, denominada Junta para el Desarrollo Industrial, que tendrá como objetivo programar, fomentar y coordinar la industrialización de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín.

La Junta tendrá su domicilio en la ciudad de Temuco y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Además de la sede regional, habrá sedes provinciales de la Junta en Los Angeles y Angol, a cargo de sendos delegados permanentes, remunerados y con domicilio en la capital de la respectiva provincia.

Artículo 2º.- La administración y dirección de Junta corresponderá a un Consejo, integrado de la siguiente manera:

a) Los Intendentes de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco, a quienes cabrá presidir el Consejo por períodos de un año, según el orden que resulte por sorteo;

b) Un Vicepresidente Ejecutivo, que presidirá en ausencia del titular;

c) Tres Alcaldes designados en votación por los Alcaldes de cada una de las provincias;

d) Un representante de los Colegios de Ingenieros, designado por los Colegios domiciliados en las provincias;

e) Un representante designado por las respectivas sedes universitarias;;

Tres representantes de la Corporación de Fomento de la Producción, uno por cada provincia;

g) Un representante de la Oficina de Planificación Nacional;

h) Tres representantes de los correspondientes Consejos Regionales de la Central Unica de Trabajadores;

i) Tres representantes de los industriales, elegido uno por cada provincia;

j) Tres representantes de los agricultores, elegidos en igual forma, y

k) Tres representantes de los comerciantes, elegidos de la misma manera.

El Consejo sesionará rotativamente en las capitales de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco.

Los miembros del Consejo deben ser chilenos. También pueden serlo extranjeros con más de diez años de residencia en cualquiera de las tres provincias. En todo caso deberán tener domicilio en alguna de ellas.

Los Consejeros indicados en las letras c), d), e), h), i), j) y k) durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Los indicados en la letra h) gozarán de inamovilidad en los términos que señala el artículo 379 del Código del Trabajo, en lo que sea aplicable.

Los Consejeros deberán abstenerse de participar en los debates y votaciones en que tengan interés directo ellos o entidades o personas con las cuales estén unidos por vínculos patrimoniales, de matrimonio o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad inclusive. Para este efecto se considerarán vínculos patrimoniales aquellos que deriven de las calidades de socio, accionista o dependiente de una entidad o persona. La incompatibilidad no regirá respecto de los debates y votaciones en que tengan interés cualesquiera de las instituciones o actividades representadas en el Consejo.

Artículo 3º.- El Vicepresidente Ejecutivo será designado por el Consejo, con el voto de dos tercios de sus miembros en ejercicio, y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Junta. Habrá un Secretario General que será Ministro de Fe para todos los efectos legales, y cuyo nombramiento lo hará el Consejo, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, de una quina propuesta por el Vicepresidente Ejecutivo.

Artículo 4º.- Para sesionar, el Consejo requerirá de un quórum no inferior a un tercio de sus miembros en ejercicio y los acuerdos deben contar con el voto favorable de la mayoría de los Consejeros presentes.

Artículo 5º.- Las rentas del Vicepresidente Ejecutivo y del Secretario General serán las que fije el Consejo por la mayoría absoluta de sus miembros en ejerció y el gasto se imputará al presupuesto corriente.

Ambos cargos serán incompatibles con todo otro cargo fiscal, municipal y de organismos o instituciones fiscales o semifiscales, de empresas autónomas o de administración autónoma y, en general, de personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación.

Artículo 6º.- Los Consejeros recibirán una asignación equivalente al 10% del sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago, por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual de un 50% de ese sueldo. Esta asignación será compatible con cualquier remuneración.

Artículo 7º.- Dentro del plazo de 60 días, contado desde la constitución del Consejo, éste propondrá al Presidente de la República un proyecto de Reglamento Orgánico, que deberá dictarse dentro de los 60 días siguientes.

Artículo 8º.- La Junta estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República en lo que respecta a los ingresos e inversión de sus fondos y al examen o juzgamiento de las cuentas de quienes tengan a su cargo bienes de la entidad.

Artículo 9º.- Además de las funciones y atribuciones que otros artículos de esta ley encomienden a la Junta, corresponderá especialmente a su Consejo:

a) Programar, fomentar y coordinar el desarrollo industrial de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco, e informar al Ejecutivo y otros poderes públicos sobre las materias relacionadas con dicho desarrollo;

b) Proponer al Gobierno la adopción de las medidas encaminadas al desarrollo económico general de esas provincias, principalmente en lo que se refiere al establecimiento de las condiciones necesarias a su industrialización y a una efectiva descentralización económica y administrativa, que fortalezca la actividad regional y simplifique la tramitación burocrática;

c) Preparar y proponer al Presidente de la República un programa anual de inversiones del sector público, de conformidad a las normas técnicas que le imparta la Oficina de Planificación Nacional;

d) En lo que se refiere a los recursos propios, la Junta podrá financiar en todo, o en parte, la ejecución de las obras o proyectos que estime conveniente para promover el desarrollo industrial de las provincias de su jurisdicción. Para este mismo efecto, podrá coordinar su acción con otros organismos públicos o privados;

e) Estudiar e investigar las posibilidades de instalación de nuevas industrias sobre la base de materias primas regionales o con el objeto de sustituir mercaderías que se adquieran en otras provincias y cuya producción propia podría contribuir al desarrollo industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín;

f) Diseñar anteproyectos de inversiones industriales, proponer al Presidente de la República el otorgamiento de las exenciones y franquicias necesarias para impulsarlo y promover su realización mediante las iniciativas y asistencia que juzgue adecuadas;

g) Estudiar y evaluar los proyectos de inversión industrial que se le sometan y, de considerarlos factibles, proponer al Presidente de la República la concesión de las exenciones y franquicias necesarias a la vez que acordar la asistencia que proceda;

h) Impulsar la organización de cooperativas de producción, consumo y servicios;

i) Prestar asistencia en la tramitación de créditos para proyectos factibles;

j) Conceder créditos para la instalación de nuevas empresas industriales o la ampliación de empresas ya establecidas;

k) Aprobar los presupuestos corrientes y de capital que le proponga el Vicepresidente Ejecutivo. Por ningún concepto, los gastos corrientes podrán exceder del 5% del total de los ingresos de la Junta;

1) Promover y participar directamente en la prospección de las riquezas naturales y de las posibilidades industriales de las tres provincias, para cuyo efecto deberá destinar anualmente una suma equivalente al 2% de los fondos consultados en el presupuesto de capital;

m) Planificar el aprovechamiento de esas riquezas y posibilidades, de tal manera que los proyectos de inversión que elabore o se le sometan deban corresponder a lo previsto en la planificación del desarrollo industrial de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco;

n) Celebrar convenios de asistencia técnica, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 16. 635 y contratar empréstitos con organismos extranjeros o internacionales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 64 del decreto con fuerza de ley Nº 47, de 1959, y modificaciones posteriores, previo informe favorable del Banco Central de Chile, y

o) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime conveniente para el mejor logro de sus fines.

Artículo 10.- La Junta dedicará atención preferente al estímulo y desarrollo de la artesanía regional, pudiendo, con tal objeto, proponer al Presidente de la República otorgue las exenciones y franquicias contempladas en esta ley a las cooperativas de producción o/y venta que se organicen con tal objeto.

Artículo 11.- La Junta deberá mantener en Santiago y en las otras ciudades que acuerde, ferias permanentes destinadas a la comercialización de los artículos de artesanía producidos en Bío-Bío, Cautín y Malleco, sobre todo en cuanto procedan del trabajo mapuche.

Artículo 12.- Antes del 1º de julio de cada año, la Junta someterá a la consideración del Presidente de la República los proyectos de presupuesto corriente y de capital.

Se aplicarán a la Junta las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos, cuyo texto fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 47, de 1959, en lo que no se opusieren a los preceptos de la presente ley.

Artículo 13.- La Junta podrá requerir la colaboración y asesoramiento de los Ministerios, de las Universidades y de los organismos e instituciones fiscales o semifiscales, de empresas autónomas o de administración autónoma y, en general, de personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o representación.

Artículo 14.- La Junta podrá recibir honorarios por los estudios que le encomienden personas, sociedades o instituciones públicas o privadas.

Artículo 15.- La Junta estará exenta de todo impuesto o contribución fiscal.

De la misma manera, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución y derechos fiscales, las operaciones, actos y contratos que ejecute y celebre, los instrumentos que suscriba o extienda, los permisos que solicite y las obras que ejecute, aun en el caso en que la ley permita u ordene trasladar el impuesto.

Las exenciones establecidas en el inciso anterior no comprenderán los impuestos a las compraventas y servicios a que se refiere la ley Nº 12. 120, con excepción del impuesto que consagra el artículo 9º de dicho texto legal. Sin embargo, si a la Junta le correspondiere soportar el cargo e inclusión de los impuestos a que se refiere la ley citada, estará liberada de tales recargos e inclusión, quedando, en este caso, el respectivo acto o contrato totalmente exento del impuesto de que se trata.

Los actos y contratos en que la Junta sea parte sólo estarán exentos del impuesto de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado hasta el monto de la cuota que le hubiere correspondido pagar, sin perjuicio de la obligación de los terceros que contraten con ella o que intervengan en el correspondiente acto o contrato.

Artículo 16.- Durante cinco años, el cincuenta por ciento de las cantidades que el Fisco recaude en las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco por concepto de impuesto a las compraventas se enterará en las Tesorerías Provinciales respectivas, en sendas cuentas de rentas fiscales, consultándose en el Presupuesto de Gastos de la Nación el ítem correspondiente a fin de que esas Tesorerías, de acuerdo con los ingresos efectivos producidos y sin necesidad de decreto supremo, entreguen a la Junta las sumas recaudadas mensualmente, las que deberán depositarse en una cuenta subsidiaria de la Cuenta Unida Fiscal en el Banco del Estado de Chile.

La Junta girará directamente sobre esa cuenta para el cumplimiento de sus objetivos. Al término del ejercicio presupuestario, tales fondos no ingresarán a rentas generales de la Nación.

Artículo 17.- La Ley de Presupuestos de la Nación consultará anualmente una suma equivalente al 25% del total de los ingresos efectivos obtenidos por la Junta en el ejercicio financiero del año anterior al de la formación del Presupuesto Fiscal correspondiente.

Artículo 18.- El Banco Central de Chile concederá a la Junta préstamos hasta por treinta millones de escudos para inversiones industriales contempladas en su programa general o anual. Estos préstamos serán reajustables, con un 6% de interés al año, un plazo de servicio de cinco años y un plazo de gracia de dos años, en lo que a capital y reajustes se refiere.

Se abonará al servicio de los préstamos el total del producido que arroje la colocación de Certificados de Ahorro Reajustables en las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco. Sin perjuicio de la obligación de dicho Banco de reembolsar el monto de tales certificados a solicitud de los adquirentes, las cantidades anuales abonadas al servicio de los préstamos a la Junta se cancelarán por ésta en cuotas anuales iguales y sucesivas dentro de los cinco años siguientes al último contemplado para el servicio ordinario de la deuda.

Artículo 19.- Las industrias que se instalen en las provincias de BíoBío, Cautín y Malleco, siempre que empleen materias primas nacionales, quedarán exentas hasta en un 90% del impuesto a la renta y de las contribuciones de bienes raíces, exceptuando el porcentaje que corresponde en este último impuesto a las Municipalidades y Cuerpos de Bomberos.

Las industrias que utilicen materias primas nacionales y extranjeras estarán exentas hasta en un 30% de los impuestos aludidos, con la misma excepción hecha en el inciso anterior, siempre que el porcentaje de materia prima extranjera ocupada sea inferior al 40% del valor total de la materia prima consumida en cada ejercicio financiero.

Artículo 20.- Las exenciones tributarias del artículo anterior se harán extensivas a las industrias establecidas con anterioridad a la fecha de la presente ley cuando realicen nuevas inversiones destinadas a aumentar la capacidad productiva. Las nuevas inversiones deben ser equivalentes a un cincuenta por ciento del capital suscrito, determinado con arreglo al balance inmediatamente anterior a la fecha de esta ley y reajustado anualmente en el mismo porcentaje de revalorización del capital propio.

Artículo 21.- Facúltase al Presidente de la República para rebajar hasta en un 100% los derechos, impuestos y demás gravámenes de efectos equivalentes que se perciban por intermedio de las aduanas, así como los depósitos de importación u otras obligaciones similares, que afecten a la importación de bienes, maquinarias, equipos, herramientas y otros elementos destinados a la instalación de nuevas industrias o a la ampliación de las que existen en las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco.

Artículo 22.- Las exenciones tributarias y franquicias aduaneras dispuestas en los artículos anteriores se otorgan por un período de veinte años, contado desde la fecha de promulgación de esta ley. Las exenciones no incluyen los impuestos global complementario o adicional que pueden a cada industrial, socio o accionista.

Artículo 23.- Las industrias sólo podrán gozar de las exenciones y franquicias que contempla esta ley si capitalizan o reinvierten dentro del territorio de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco, a lo menos el 40% de sus utilidades en actividades industriales, pesqueras o agrícolas.

El reglamento de esta ley determinará la forma y plazo en que deberá hacerse la capitalización o reinversión a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 24.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, las empresas que se acojan a los beneficios de esta ley deberán repartir, entre sus empleados y obreros, a prorrata de sus emolumentos, una participación ascendente al 10% de sus ganancias.

Artículo 25.- Las industrias que deseen acogerse a las exenciones y franquicias de que tratan los artículos anteriores deberán solicitarlo a la Junta, la que, junto con pronunciarse sobre la factibilidad financiera y conveniencia económica del proyecto, comprobará que se hayan cumplido los requisitos y exigencias de esta ley.

Las exenciones y franquicias que el Presidente de la República estime necesario otorgar se concederán por decreto supremo, previo informe favorable de la Junta. A propuesto de la Junta, el Presidente de la República podrá indicar, en ese mismo decreto supremo, que la aplicación de las exenciones tributarias se hará sujetándose a una escala progresivamente decreciente que garantice la eficiencia y la productividad.

Artículo 26.- El Presidente de la República, previo informe favorable de la Junta, aprobado por los dos tercios de los Consejeros presentes, podrá otorgar, total o parcialmente, las exenciones y franquicias de esta ley a las personas naturales o jurídicas que proyecten iniciar cualquiera actividad económica productiva que beneficie directamente a la población mapuche de las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco.

Artículo 27.- Los seguros que contrate la Junta, cualquier título y por cualquier causa, deberán serlo exclusivamente en el Instituto de Seguros del Estado.

Artículo 28.- El Presidente de la República podrá, a propuesta de la Junta y con informe favorable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, establecer plazas de peaje en las provincias de Bío-Bío, Cautín y Malleco, cuyo producido deberá destinarse íntegramente al mejoramiento, mantención, conservación, construcción y ampliación de los caminos de esa provincia.

Artículo 29.- Respecto del departamento de Curacautín, en la provincia de Malleco, la Junta deberá considerar singularmente los problemas de desarrollo y abastecimiento que le afectan debido a sus condiciones peculiares y al hecho de ser territorio fronterizo. Con tal objeto, facúltase al Presidente de la República para adoptar las medidas que estime necesarias.

Artículo 30.- Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Sala de la Comisión, a 19 de enero de 1971.

Acordado en sesión de fecha de hoy, con asistencia de los señores Cerda (Presidente), Alessandri, don Gustavo; Arnello, Carvajal, Fuentealba, don Clemente y Monares.

Se designó Diputado informante al señor Fuentealba, don Clemente.

(Fdo.): José Vicente Frías, Secretario de la Comisión.

8.-MOCION DEL SEÑOR CASTILLA

Honorable Cámara:

Permanentemente, al ejercer el Presidente de la República la facultad absoluta que le entrega nuestra Constitución Política de conceder indultos particulares, se produce en el país, en sus instituciones, una gran controversia en orden a que unos son partidarios de la forma de actuar del Presidente y otros contrarios a ella.

Esta facultad, como es sabido, arranca de los siglos del absolutismo monárquico, donde el perdón era prerrogativa real.

Sin embargo, en un Estado de Derecho como el que vivimos en nuestro país, parece innecesario y hasta disonante que, después de haberse producido procesos que en muchas oportunidades son largos, y de haber actuado la justicia conforme a la ley, una sola persona, en este caso el Presidente de la República borre de una plumada lo que significó largos y acuciosos estudios y mucho tiempo.

Al debatirse nuestra Constitución Política hubo muchas opiniones en torno a la facultad para conceder indultos, así, algunos decían que el indulto debía ser condicional, otros fueron partidarios que esta facultad se ejerciera previo acuerdo de la Corte Suprema.

Por otra parte, numerosos Parlamentarios de diferentes Partidos y en distintas épocas, han presentado proyectos e indicaciones para que esta facultad que le entrega nuestra Constitución al Presidente de la República en su artículo 72 Nº 12 se realice con acuerdo del Senado, con arreglo a la ley, con acuerdo de la Corte Suprema.

Generalmente, la concesión de indultos particulares recae sobre personas que han provocado en el país con sus actuaciones: crímenes, delitos políticos de envergadura, uso de la violencia indiscriminadamente, etcétera, grandes polémicas, atención periodística permanente y, por consiguiente, una gran tensión social y a veces política.

Por ello considero que no es conveniente, ni para el ciudadano que ejerce en este momento el cargo de Presidente de la Nación, ni para una real convivencia y equilibrio entre los Poderes del Estado, base de nuestra democracia, ni para el país, que esta facultad la ejerza una sola persona.

Pienso que debe ser el Presidente de !a República quien tenga la facultad, después de conocer los hechos humanos, sociales, en que se desenvuelve la situación de que se trata, quien decida si es conveniente o no, si es justo o injusto la concesión del indulto y haga valer, conocidos todos estos antecedentes, su opinión a un organismo pluralista, que, agrupando en su seno distintas corrientes de opinión, pueda actuar junto con el Presidente en ejercer esta facultad que muchas veces perdona la vida de un ser, lleva tranquilidad a un sector familiar o social y además reúne el requisito de ser un organismo público donde las opiniones allí vertidas son conocidas por todo el país.

Creo que ese organismo es el Senado de la República.

Por todas estas consideraciones vengo a someter al Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Modifícase el artículo 72, Nº 12, de la Constitución Política del Estado, agregando a continuación de la palabra conceder, la frase con acuerdo del Senado.

(Fdo.): Guido Castilla Hernández.

El acta de la sesión 14º, Extraordinaria, está a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la cuenta.

El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.