Labor Parlamentaria

El señor PENNA.-

Señor Presidente, en la sesión 17ª, celebrada el día 26 de enero de 1971, la Cámara de Diputados acordó crear una Comisión Especial Investigadora encargada de conocer de los antecedentes de las transacciones de acciones bancarias y su adquisición por parte de organismos del Estado, otorgándole un plazo de treinta días para emitir su informe, la que fue integrada en la sesión 18ª, de 2 de febrero de 1971.

El día miércoles 3 de febrero se constituyó la Comisión. Estaba integrada por los Diputados señores Acevedo, Alamos, Alessandri, don Gustavo; Basso, Fuentealba, don Clemente; Fuentes, don César Raúl; Lavandero, señora Lazo, Monares, Páez, Penna, Pontigo y Scarella.

La Comisión acordó invitar a diversas autoridades, personas e instituciones, entre las cuales cabe destacar a las siguientes: el señor Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla; los señores Carlos Carvallo, Gerente de la Bolsa de Comercio de Santiago; Joaquín Morales Abarzúa, Superintendente de Sociedades Anónimas, Compañías de Seguros y Bolsas de Comercio; Edmundo Ernst, Jefe del Departamento de Valores de la misma entidad; Pedro Valente, Contador de la mencionada Superintendencia; Manuel Matamoros, Superintendente de Bancos; Alejandro Barahona, Secretario General de la Superintendencia de Bancos; Luis Morand, Abogado Jefe de la Superintendencia de Bancos; Jorge Carrasco, Abogado de la Superintendencia; Alfonso Campos Menéndez, Presidente de la Asociación de Bancos; Pablo Langlois, Secretario General de la misma entidad; Víctor Saavedra, Secretario General de la Federación Bancaria; Luis Díaz Solís, Secretario Sindical; Manuel Acuña, Secretario de Finanzas de la misma; Andrés Del Campo, Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Banco del Estado de Chile; Alfonso Inostroza, Presidente del Banco Central de Chile; Jaime Barrios, Gerente General; Humberto Trucco, Fiscal; Orlando González, Gerente, todos de la misma entidad; Kurt Dreckmann, Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción; Roberto Ceballos, Secretario General; José Rodríguez Elizondo, Fiscal; Darío Pavez, Gerente General; Albán Lataste, Presidente del Banco del Estado de Chile; Carlos Lazo, Vicepresidente; Washington Bertrand, Gerente General; Carlos Guerra, Fiscal; Héctor García, Gerente del Departamento de Comisiones de Confianza del mismo Banco; Carlos Ortega, Presidente de la Federación de Sindicatos del Banco de Chile; Rafael Alvarez, Fiscal Subrogante del Banco del Estado de Chile; Waldo Ortúzar, Fiscal de la Comisión Antimonopolios; Héctor Humeres, Contralor General de la República; y Rolando Pantoja, abogado de dicha Institución.

Todas esas personas, de diversas reparticiones e instituciones que tienen que ver con la actividad bancaria y económica del país, fueron citadas e hicieron declaraciones que iluminaron el problema.

La Comisión tiene su origen en un discurso que pronunciara el señor Presidente de la República, don Salvador Allende, el día 30 de diciembre de 1970, transmitido al país por cadena nacional y publicado en todos los órganos de prensa, en el cual anunció la estatización del sistema bancario. Anunció que dentro de los próximos días, no más allá de los treinta, enviaría un proyecto de ley para estatizar la banca; pero también ofreció algunas alternativas para comprar las acciones bancarias. Dijo que se ofrecería entre el 11 y el 30 de enero, una oportunidad para comprar todas las acciones de la banca privada. Esta opción sería por intermedio del Banco del Estado, a través de sus agencias en todo el país, y de acuerdo a ciertas condiciones. Se pagaría el precio promedio que habían tenido las acciones de los bancos durante el primer semestre del año 1970. Anticipó también que en el proyecto que enviaría se anunciaba la adquisición por parte del Estado, a quince años y con un cinco por ciento de interés anual, de todas las acciones bancarias; pero que se daría la opción de venderlas a menos plazo y en una escala que, posteriormente, fue acordada por la Corporación de Fomento, en su mandato al Banco del Estado, que era la entidad compradora. El ofrecimiento era por la totalidad de los valores que tengan los accionistas y no por parte de las acciones.

Se ofrecía, como ya hemos dicho, pagar el precio promedio del primer semestre.

Pero, a partir del 4 de septiembre, cuando el señor Allende salió triunfante en esa elección, hubo una baja muy grande en el valor de las acciones bancarias que se transaban. La verdad es que llegaron casi al cincuenta por ciento. El señor Carvallo, Gerente de la Bolsa de Comercio de Santiago, dijo textualmente en la sesión 2ª, del martes 9 de febrero de 1971: El mercado había alcanzado un punto que estaba en un índice más o menos de 5.400, que tomado en relación con la posición de hoy, es de 2.400, o sea, el índice de precios ha bajado en 3.000 puntos. Hasta aquí las palabras del señor Carvallo, Presidente de la Bolsa. Por ello, esto significaba que el Gobierno, a esa altura, a las personas que habían adquirido acciones entre el 4 de septiembre y el 30 de diciembre, les estaba ofreciendo prácticamente el doble del precio a que las habían adquirido; o sea, una utilidad que sobrepasaba el ciento por ciento. Por eso, algunos parlamentarios creímos conveniente saber quiénes eran los que habían adquirido acciones en ese lapso de tiempo, ya que al venderlas, como dije, obtendrían una utilidad demasiado grande. Cualquiera persona que hubiere conocido el secreto o estado informada, habría hecho una utilidad que, a nuestro juicio, no era viable en un país como Chile. Por eso, pedimos, con fecha 5 de enero, esta información a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, para que nos indicaran las personas que habían comprado y vendido acciones, en qué número y el precio específico en cada caso.

Lo curioso y aquí me quiero detener antes de entrar en el problema mismo es que la Superintendencia de Sociedades Anónimas, en un oficio que tiene fecha 6 de enero, o sea, dos días después que enviamos el oficio de la Cámara, dice: Sobre el particular, debo manifestar a usted que esta Superintendencia no cuenta con los antecedentes solicitados ni tiene legalmente acceso a su fuente de origen, cual es la documentación de los bancos consistente en sus archivos de traspaso de acciones y registro de accionistas.

Por la razón indicada, el infrascrito se encuentra en la imposibilidad de proporcionar a esa Oficina la información solicitada.

Firmado: Superintendente Subrogante.

Sin embargo, posteriormente, la Comisión pudo disponer de un informe con la nómina que envió la Superintendencia de Bancos, la otra entidad a la cual se la habíamos pedido.

Yo quiero repetir aquí algo que dije en la Comisión...

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Penna, tiene la palabra el señor Acevedo.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, el señor Penna ha dicho que estima curiosa la respuesta de la Superintendencia de Bancos, porque no le indicaba los nombres de las personas que habían adquirido las acciones. Pero olvidó decir, cuando se refirió a los bancos, que son éstos los que llevan el reajuste individual de los accionistas. De tal suerte que cada Banco que transa acciones deja señalado quién ha vendido y quién ha adquirido el paquete de acciones. Esa información la entregaron a posteriori, naturalmente en forma global, porque en ningún caso el antecedente está en la Superintendencia de Bancos ni en la de Sociedades Anónimas.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PENNA.-

Cuando se supo del oficio que había enviado la Cámara, el 5 de enero, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, el señor Ministro de Hacienda, en declaración pública, dijo que no había nada que temer, porque ellos ya tenían en ese momento todos los antecedentes y datos necesarios; de manera que, por eso, encuentro curiosa la rápida respuesta de que no tenían acceso legal y carecían de información.

Sin embargo, debo repetir que la nómina enviada posteriormente a la Comisión por la Superintendencia de Bancos es incompleta, inexacta y, a juicio de la Comisión, constituye prácticamente una burla al Parlamento. Hay nombres cambiados, nombres de compañías a las que se les cambian las letras y no dice si son sociedades anónimas o sociedades limitadas. Esto último es muy importante, porque una sociedad anónima tiene que estar registrada, cuando se constituye, en la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y una sociedad limitada puede hacerlo en cualquier notaría del país; de manera que habría que buscar, prácticamente, a través de todo Chile.

El señor ACEVEDO.-

No informe de mala fe.

El señor PENNA.-

Estoy dando cuenta de los acuerdos de la Comisión, señor Diputado.

Además de la nómina, abrió un resumen, ampliamente publicado y difundido, cuya primera hoja no coincide en absoluto con el detalle que viene adentro, ni en nombres ni en cifras. Tanto es así, que la Comisión acordó enviar esta nómina a Impuestos Internos, para pedirle antecedentes sobre la situación tributaria de las personas que compraron o vendieron acciones al Banco del Estado, en virtud del mandato de la CORFO.

La Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos, por oficio Nº 1.786, de 10 de marzo de 1971, incorporado en el anexo de documentos de la versión de la sesión 8º, página 39, expresó lo siguiente:

1) Para la ubicación de cada contribuyente en los roles del Servicio, es indispensable conocer el lugar en que efectuó su declaración de impuestos o en su defecto su domicilio particular actual, ya que los antecedentes deben obtenerse de la comuna correspondiente a cada uno y no podrían ser consultados los roles de todas las comunas del país desde Arica a Porvenir en forma indiscriminada, a menos que se hiciera uso de un plazo adecuado para ello.

2) Asimismo, es necesario individualizar a cada accionista mediante su nombre o nombres de pila, apellido paterno y apellido materno, por cuanto así se encuentran enrolados en los registros del Servicio. Al respecto cabe señalar que en la nómina citada o sea, en lista que nos envió la Superintendencia de Bancos figuran personas con un solo apellido y otras sin apellido paterno ni materno y que sólo incluyen el del cónyuge, lo cual dificulta e imposibilita respectivamente su ubicación en los roles con que cuenta el Servicio.

3) En consecuencia, agradecería a usted que si fuera posible, nos proporcionara los antecedentes indicados, lo cual nos permitirá efectuar una labor eficiente y oportuna.

El señor GUASTAVINO.-

¿No puede elevarse un poco este informe?

El señor PENNA.-

Más todavía. La Comisión citó en forma conjunta a los señores Superintendentes de Bancos y de Sociedades Anónimas. En esa ocasión el Superintendente de Sociedades Anónimas trajo una nómina de las acciones vendidas o compradas por bancos, informe que tenía unas doscientas páginas. Habría que comparar este informe con el que mandó al principio, en el que decía que no tenía acceso legal a esos antecedentes. Sin embargo, ahí se comprobó que disponía de todos los documentos. Como digo, este informe tenía unas doscientas páginas y, lamentablemente, en la Cámara no hay una oficina técnica que pudiera tabular los datos por persona. Así fue determinado en la Comisión, como consta en el acta de la sesión 6ª, página sexta. No obstante, un esfuerzo superficial de análisis de comparación comprueba que, por los menos, hay muchas personas que han comprado y vendido acciones y que no aparecen en el informe de la Superintendencia de Bancos.

Hay otro asunto, además. La Comisión prácticamente se vio impedida, desde la partida, de hacer una severa investigación, porque no contó nunca con colaboración, especialmente de las dos Superintendencias; más de la Superintendencia de Bancos que la de la de Sociedades Anónimas. Y es difícil determinar quiénes fueron los que compraron y vendieron acciones, porque en la Bolsa de Comercio la adquisición se hace en una fecha y se legaliza la transferencia en fecha muy distinta...

El señor GUERRA.-

Los vivos.

El señor PENNA.-

De manera que una persona pudo haber comprado acciones antes del 30 de diciembre y haber hecho la transferencia en una fecha posterior.

Se nos aseguró en aquella oportunidad que no se iban a comprar acciones cuya transferencia se hubiera legalizado después del 30 de diciembre. Sin embargo, posteriormente, ha habido acuerdo por los cuales se autoriza comprar este tipo de acciones. Esa nómina no ha llegado a la Cámara de Diputados, a pesar de que la hemos pedido en repetidas ocasiones...

El señor AMUNATEGUI.-

¿Por qué será?

El señor GUERRA.-

Nunca va a llegar esa nómina.

El señor PENNA.-

Además, hemos pedido con insistencia una lista de las personas y de las entidades que han vendido acciones después del 11 de enero, fecha en que el Banco del Estado inició la adquisición por cuenta de la Corporación de Fomento, y hasta la fecha no ha llegado.

Como la Comisión tuvo un plazo muy corto y posteriormente se han suscitado hechos, envié oficio al Banco del Estado, en forma personal, en abril, pidiendo esa nómina. Todavía no ha llegado. Posteriormente le pedí a la Contraloría General de la República tengo los oficios aquí y la contestación al oficio Nº 846 pero hasta esta fecha tampoco ha llegado la nómina de las personas que han vendido acciones al Fisco.

Por estas razones no fue posible a la Comisión determinar si ha habido o no ha existido especulación o aprovechamiento ilícito y político en la compra de acciones del Banco del Estado, como se deja expresa constancia en la conclusión cuarta del informe aprobado.

Sin embargo, tomando como base este informe de la Superintendencia de Bancos, que es poco fidedigno, yo diría cocinado, en él se reconoce que se transaron entre el 4 de septiembre y el 30 de diciembre, más o menos 19 millones de acciones de los bancos particulares y 4,8 millones de acciones de los bancos regionales; o sea, unos 23,8 millones de acciones en total, por las que se pagaron alrededor de 20 millones de escudos.

Por los antecedentes dados anteriormente y este informe desordenado y grande que nos envió la Superintendencia de Sociedades Anónimas, llego a la conclusión de que el total de las acciones transadas ascendió a 25 millones de escudos...

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede usar de la palabra el señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Señor Presidente, el señor Penna es Diputado informante y dispone del tiempo necesario para rendir su informe, de acuerdo con las conclusiones a que llegó la Comisión. Por otra parte, también es Diputado de la Democracia Cristiana, cuyos parlamentarios disponen de 28 minutos, en esta sesión, para hacer los cargos que estimen convenientes.

El señor Penna, saliéndose de su papel de Diputado informante, está haciendo aquí acusaciones que podrían hacerlas los Diputados democratacristianos, porque para eso tienen asignado tiempo. El tiene que limitarse, de manera imparcial, a rendir el informe de lo que dijo la Comisión, y no emitir juicios en contra de ciertas cosas. Eso, indudablemente, le está permitido a la Democracia Cristiana y no al Diputado informante.

El señor PENNA.-

Estos 25 millones de escudos adquiridos en acciones, entre el 4 de septiembre y el 80 de diciembre, fueron comprados, por el ofrecimiento del Gobierno de pagar el precio promedio del primer semestre, en 50 millones de escudos. O sea, las personas que adquirieron estas acciones entre el 4 de septiembre y el 31 de diciembre y las vendieron al Gobierno han obtenido una utilidad del 100%.

Estas son las conclusiones que se sacan al analizar las cifras oficiales, los datos que nos proporcionaron las entidades de Gobierno.

Se dispuso que la compra y venta de acciones se efectuaría por la CORFO, como entidad compradora, representada por su mandatario, el Banco del Estado de Chile, conforme a las siguientes condiciones:

a) Las acciones se valorizarán al precio promedio en qué fueron transadas en la Bolsa de Comercio, durante el primer semestre de 1970;

b) Si el precio de las acciones que se ofrece en venta no sobrepasare los Eº 1.000, se pagará al contado en dinero efectivo;

c) Si el precio de las acciones fuere superior a Eº 1.000 y no sobrepasare los Eº 10.000, se pagará entregando al vendedor Certificados de Ahorro Reajustables emitidos por el Banco Central de Chile, los que serán liquidables a su presentación;

d) Si el precio de las acciones fuere superior a Eº 10.000 y no sobrepasare los Eº 50.000, se pagará entregando Eº 10.000 en Certificados de Ahorro Reajustables a la vista y el saldo a dos años plazo, y

e) Si el precio de las acciones fuere superior a Eº 50.000, se pagará en la parte en que exceda dicha cantidad en Certificados de Ahorro Reajustables a 7 años plazo, en 5 cuotas anuales y sucesivas, con 2 años iniciales de gracia y un 5% de interés anual.

Para el cumplimiento de esto, la CORFO contrató con el Banco Central un empréstito por la cantidad de 400 millones de escudos, y se dispuso la emisión de dos nuevas series de Certificados de Ahorro Reajustables, las que se denominarán, respectivamente, B y C, entendiéndose que todos los certificados actualmente emitidos o por emitir que no pertenezcan a alguna de estas dos series especiales, pertenecerán a la serie A, aun cuando nada se exprese en el título al respecto.

Los Certificados de la serie B podrán emitirse hasta por un monto de 80.000.000 de escudos, y sólo podrán ser tomados por el Banco del Estado de Chile en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, a nombre de las personas naturales o jurídicas que hayan vendido a dicho Banco acciones de los bancos comerciales chilenos y hasta por el monto máximo en cada caso de Eº 40.000.

Estos Certificados estarán sometidos a las normas generales vigentes o que rijan en el futuro para los Certificados de la serie A, con la sola excepción de que deberán ser emitidos a un plazo mínimo de dos años desde la fecha de su emisión.

Los Certificados de la serie C podrán emitirse hasta por un monto de 220 millones de escudos y sólo podrán ser tomados por el Banco del Estado de Chile, en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, a nombre de las personas naturales o jurídicas que hayan vendido a dicho Banco sus acciones de los bancos comerciales chilenos, sin que exista limitación para el monto que, en cada caso, podrá tomarse a nombre de cada beneficiario.

Estos Certificados se regirán por las normas generales vigentes al respecto, con las siguientes diferencias:

1º Su plazo de emisión no podrá ser inferior a dos años como mínimo y a siete años como máximo, pudiendo el Banco del Estado tomar por cuenta de su mandante los Certificados a nombre de los vendedores de acciones de los bancos nacionales, los cuales tendrán plazo de rescate, de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años.

2º Este tipo de certificados ganará sólo un interés del 5% anual, cualquiera sea el tipo de interés que se haya fijado para las restantes series de Certificados de Ahorro Reajustables.

La compra se hace según las siguientes modalidades: como ya se dijo, con Bonos CAR a 2, 3, 4, 5, 6 y hasta siete años plazo, con tres series de bonos y, además, de acuerdo con tres cláusulas especiales:

a) En casos calificados, tales como aquellos que digan relación con sucesiones, instituciones de beneficencia y sin fines de lucro, en casos de fuerza mayor, y, en general, cuando sea de conveniencia social, el Banco podrá establecer formas, condiciones y modalidades de compra de acciones distintas a las contenidas en el mandato que se prorroga;

b) Dentro del término del mandato y en casos calificados o cuando fuere necesario para su debida ejecución, el Banco podrá celebrar con los dueños de acciones contratos de promesas de compraventa sobre dichos valores, estableciendo los plazos, requisitos y demás modalidades necesarias para la celebración del contrato definitivo de compraventa, y

c) Finalizado el plazo del mandato que se prorroga, el Banco deberá continuar realizando todas aquellas actuaciones y gestiones necesarias para que la CORFO figure como dueña de las acciones en los Registros de Accionistas de los Bancos respectivos y para que reciba los títulos correspondientes.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señor Penna, le ruego que hable un poco más en voz alta, porque no se le escucha.

El señor GUASTAVINO.-

¡El sabe que eso es mejor!

El señor PENNA.-

Como quedó demostrado en la Comisión, estos casos calificados fueron utilizados discriminatoriamente. Quedó demostrado, incluso, que se mucha cuestión de la amistad personal. Hubo un caso, el del señor Francisco Walker Linares, a quien, a pesar de sus 70 años, no se le había pagado el precio de las acciones; vino a reclamar porque a otras personas les habían pagado.

Se inició la compra de acciones sin haber estudiado mucho el problema y sin haber tomado las mínimas providencias legales. Así, el Vicepresidente de la CORFO dio poderes que tuvieron que ser convalidados por el Directorio, posteriormente. Se emitieron bonos CAR de las series B y C sin tener el visto bueno de la Comisión Nacional del Ahorro, como manda la ley, requisito que debió cumplirse con posterioridad ante las reclamaciones de la Comisión Investigadora.

Se dijo, señor Presidente, que se mandaría un proyecto de ley en el plazo de 30 días. Después, el señor Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla, manifestó en la Comisión, en la sesión 8ª, del 11 de marzo: El Supremo Gobierno no seguirá comprando acciones a través del Banco del Estado, pero la CORFO hará uso de su facultad para seguir comprando acciones sobre todo, para finiquitar una serie de conversaciones que hay, que podríamos llamar paquetes de acciones y no la venta de acciones al menudeo que ha predominado en el Banco del Estado. (Página 4 de la versión oficial de esa sesión). Además, expresó que Su Excelencia el Presidente de la República había resuelto de que el proceso de estatización de la banca iba a realizarse a través de un proyecto de reforma constitucional. No dio plazos pero me imagino que va a esperar que pase este período eleccionario. (página 8 de la versión oficial de la citada sesión 8ª). Han pasado siete meses y el proyecto no llega. Estoy seguro de que, si el proyecto hubiera sido enviado en la oportunidad en que el Presidente de la República dijo, ya sería ley, porque no creo que hay consenso en este sentido. El Diputado señor Huepe planteará la posición del Partido Demócrata Cristiano respecto de este asunto. Yo soy Diputado informante.

El señor PENNA.-

También se planteó, señor Presidente, el problema de la inconstitucionalidad de la medida con respecto a la Ley Antimonopolios. El señor Waldo Ortúzar estuvo en la Comisión y, consultado por los señores Fuentes, don César Raúl; Alessandri, don Gustavo, con el objeto de tener mayores antecedentes sobre el particular dijo:

Hoy dos disposiciones que se refieren a esta ley 13.305: una es el artículo 172 y la otra el 174. El artículo 172 se refiere en su inciso segundo, que sólo por ley se puede reservar el ejercicio de una actividad comercial o industrial al Estado o a empresas en las cuales el Estado tenga aportes o interés.

El artículo 174 se refiere al caso en que ya no importa esa reserva o estanco, sino que pueden ser casos aislados, o casos de alguna significación más reducida, porque si bien son típicamente injustos, o sea, están constatados como monopolios en el artículo 173, pueden pasar a ser lícitos si los autoriza el Presidente de la República, por decreto supremo, previo informe de esta Comisión Antimonopolios y siempre que se autorice para ejecutar estos actos solamente al Estado o a empresas fiscales o municipales, etcétera.

Por ello, la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer de los antecedentes de las transacciones de acciones bancarias y su adquisición por parte de organismos del Estado, recomendó la aprobación de siete conclusiones, las cuales contaron con la opinión absolutamente contraria de los Diputados don Clemente Fuentealba y don Juan Acevedo, quienes seguramente también manifestarán aquí su oposición a este tipo de acuerdo.

¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente? ¿Tenía plazo el Diputado informante?

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

El señor Diputado informante no tiene tiempo determinado, pero todo el tiempo que ocupe alargará esta sesión de las 12,30 horas en adelante.

El señor PENNA.-

Para acortar mi informe, pido que se inserten las conclusiones en la versión oficial, porque si no tendría que leer tres páginas.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Señor Presidente, los Diputados nacionales estimamos de la mayor importancia que la Cámara se haya abocado al estudio de las conclusiones a que llegó la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer los antecedentes de la adquisición de acciones bancarias por parte de organismos del Estado.

Hemos llevado esta situación con extraordinaria cautela. No somos partidarios de suponer intenciones ni mucho menos de hacer juicios críticos desprovistos de toda veracidad. Creemos que se debe respetar a quienes legítimamente ejercen el poder. Pero también estamos conscientes de que no podemos eludir la responsabilidad constitucional que se nos entrega, en orden a fiscalizar los actos del Supremo Gobierno.

En nuestro concepto, han transcurrido siete meses desde que se inició una mascarada de tipo legal tendiente a dar un nuevo zarpazo a las libertades públicas existentes en nuestra nación, capítulo negro de nuestra historia, cuyas consecuencias muchos aún no alcanzan a distinguir. Se ha tratado de dar forma legal y ecuánime a la estatización de la banca privada y, sin embargo, esto no ha sido otra cosa que un proceso plagado de falsedades, injusticias, arbitrariedades e ilegalidades.

Comprendo que una terminología como ésta podría parecer por demás dura. Por eso, cuando se hace una afirmación de esta especie, es necesario tratar de probar el aserto que se sostiene. De ahí, entonces, que me permitiré hacer una historia cronológica, lo más breve posible, de la manera en que se ha ido desarrollando esta operación.

Esta operación la inició el Presidente de la República por cadena radial, el 30 de diciembre pasado, durante la cual anunció la nueva política bancaria y crediticia. Y al efecto manifestó que enviaría la próxima semana es decir, antes del 7 de enero de 1971 un proyecto de ley para estatizar el sistema bancario. Luego agregó: No obstante esta decisión, el Gobierno quiere ofrecer otra alternativa que, además de acelerar el proceso, represente una buena opción para todos los accionistas, especialmente para los más pequeños.

El Presidente de la República, cuando pronunció este discurso, sabía que requería de una ley para estatizar el sistema bancario. Ahora el país entero y la Cámara saben que el Presidente no cumplió su promesa. No sólo no llegó en los próximos 7 días el proyecto, sino que tampoco llegó en los próximos 7 meses, infringiendo principios de orden moral y, ciertamente, de orden legal.

Pero hay más que eso, Honorable Cámara. Dijo que el sistema empleado era para beneficiar, en especial, a los pequeños accionistas, pero el tiempo nos ha demostrado que los realmente beneficiados han sido algunos tenedores de grandes paquetes de acciones, a quienes les han sido comprada la totalidad de ellas al contado, en detrimento, por cierto, de aquel inmenso número de pequeños e indefensos accionistas, que, creyendo en lo manifestado por el Gobierno, corrieron a canjear sus títulos por bonos que serían redimidos hasta 7 años plazo.

También creemos que es urgente que el país sepa cómo se han adquirido todos los paquetes de acciones que pertenecían a bancos extranjeros, e incluso cómo se están haciendo las transacciones con las sucursales de bancos extranjeros en nuestro país.

El señor PARETO.-

¡Se hacen fuera del país y muy bien pagadas!

¿Me permite una interrupción?

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

En este momento me llega la información de que habría sido cerrado el negocio del Banco Francés e Italiano con la CORFO, en la linda suma de cuatro y medio millones de dólares, lo que equivale a decir que este Banco habría sido adquirido por el Estado en un valor superior al pagado por el Banco de Chile.

El señor Pareto me había solicitado una interrupción. Con el mayor agrado se la concedo.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, en un diario de Santiago aparece un título muy sugestivo, que yo quisiera que en el tiempo del Partido Comunista fuera contestado.

El señor GUASTAVINO.-

¡Vamos a ver!

El señor PARETO.-

Dice el Bank of America: Razonable y satisfactorio acuerdo con Gobierno Chileno.

El señor ACEVEDO.-

¿Qué diario?

El señor PARETO.-

La Segunda. Es un cable fechado en San Francisco. Es decir, los americanos encuentran muy favorable y satisfactorio el acuerdo con el Gobierno chileno, y yo he escuchado permanentemente a los Diputados comunistas manifestar que lo que es bueno para los americanos es malo para Chile. Así que ahora tendría que aplicarse el mismo juicio que han tenido permanentemente para los tratos con los americanos.

¡Aquí está la información! Es un cable americano de San Francisco.

Muchas gracias.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Señor Presidente, no sólo han sido favorecidos los tenedores de grandes paquetes de acciones, sino también los especuladores impenitentes que, luego del 4 de septiembre, compraron a vil precio, enormes cantidades de acciones, que ahora están enajenando al Gobierno, pagadas al contado, por un precio superior a 3 veces el valor de la adquisición.

Pero todo esto, con ser grave, en mi criterio, no reviste la tremenda gravedad que sí tiene el hecho de que el Gobierno esté actuando al margen de claras disposiciones constitucionales, puesto que ha eludido, en todas las formas, enviar al conocimiento de esta Cámara el proyecto de ley prometido.

En esta confabulación de organismos públicos, como lo definía la Comisión Investigadora, todo, a mi juicio, se ha hecho en forma zigzagueante. Cumplido el plazo señalado por el Presidente de la República para enviar el proyectos tantas veces mencionado, inició la adquisición de estos valores la CORFO, a través del Banco del Estado, por una resolución unilateral del Vicepresidente, sin consultar al Consejo, la que debió ser convalidada con posterioridad, con lo que queda en evidencia que en la CORFO no hay más autoridad que el Vicepresidente, y que el Consejo es meramente decorativo.

El señor GUASTAVINO.-

Esa es una conclusión suya.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Ahora, siguiendo con el desarrollo de esta truculenta operación, el 13 de enero se reunió el Consejo del Banco Central de Chile y acordó emitir dos nuevas series de certificados de ahorro B y C, CAR; los primeros se emitirían a dos años plazo y los segundos serían redimidos, por iguales partes, a dos y siete años. Nuevamente se opera de facto, porque el Consejo del Banco Central no cumplió, como lo ha expresado el señor Diputado informante, con lo establecido en el artículo 16 de la ley Nº 17.318, que obligaba a requerir, previamente, el acuerdo de la Comisión Nacional del Ahorro.

Pero más tarde, como si esto fuera poco, nuevamente se innovó la forma en que serían redimidos los bonos de la serie C. Y ya no se estableció que serían redimidos por iguales partes, entre dos y siete años, sino que se dijo que serían redimidos en un plazo no inferior a los dos años. Esta situación, lógicamente, también va en detrimento de los accionistas más pequeños, que concurrieron a enajenar sus acciones, que recibieron bonos de la primitiva serie C, en que iban siendo redimidos a los dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete años, por partes iguales. Al modificarse esta situación a través de los bonos C, se puede pagar el total del crédito pendiente y ser redimido a los dos años.

Pareciera que estos hombres nuevos, nuevos en el Consejo del instituto emisor, no hubieran tenido conocimiento de las disposiciones legales vigentes, ya que las transgredieron con tanta desaprensión. Pero, ¿cómo salvaron esta nueva ilegalidad? En la siguiente forma: una vez que yo hice la denuncia en la Comisión Investigadora, fue citada a posteriori la Comisión Nacional del Ahorro, y sus miembros, como sumisos hombres nuevos de este nuevo régimen, acordaron la aprobación de dicha emisión. El señor Ministro de Hacienda sostuvo la legalidad de lo obrado, aduciendo que, como aún no estaban impresos físicamente por el Banco Central este tipo de bonos, el acuerdo de la Comisión Nacional del Ahorro estaba tomado conforme a derecho. Es una curiosa explicación que muchos, ciertamente, no llegamos a comprender, pero que necesariamente nos ha llevado a meditar sobre la composición de estos Consejos o Comisiones, donde no existe la posibilidad de deliberar, ya que simplemente se acata lo que el jerarca ordena.

También se solicitó, en forma reiterada, que se paralizara la adquisición de las acciones bancarias hasta que no se enviara el proyecto de ley anunciado por el Presidente de la República. Entonces concurrió a la Comisión de esta Cámara el Ministro de Hacienda, el jueves 11 de marzo, y señaló, en nombre del Gobierno, que no se enviaría el proyecto de ley, pero que, en cambio, inmediatamente después de la elección de Regidores, del 4 de abril, se enviaría un proyecto de reforma constitucional que posibilitaría la estatización de la banca privada. Como puede apreciar la Honorable Cámara, el Ministro de Hacienda también faltó a su promesa, pues hasta el día de hoy no ha llegado el proyecto de reforma constitucional.

El señor ACEVEDO.-

No ha sido necesario.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Como es de conocimiento de los señores Diputados, planteamos fundamentalmente la ilegalidad de la compra de acciones bancarias por parte de organismos del Estado por infringir claras disposiciones de la ley Nº 13.305. Para tales efectos, denunciamos el hecho y nos hicimos parte ante el Tribunal Especial creado por la propia ley, denominado Comisión Antimonopolio, y compuesto por un Ministro de la Corte Suprema, el Superintendente de Bancos y el Superintendente de Sociedades Anónimas.

En el mes de febrero pasado, tras ingentes esfuerzos, la Comisión Especial Investigadora logró que el Tribunal Especial se constituyera; pero el hecho cierto es que hasta el día de hoy, 11 de agosto aún no ha emitido un fallo al respecto. Sin embargo, el señor Fiscal de la Comisión, sí, entregó un informe.

Señor Presidente, como creo que todo esto es del más alto interés nacional, y dado que se encuentran impresos en los boletines de la Cámara todos los documentos que dicen relación con esta situación, todos los debates habidos en el seno de la Comisión respectiva, y como habría dos informes, los dos ciertamente interesantes, a los cuales deberíamos tener fácil acceso, me permito solicitarle que, cuando haya quórum, quiera requerir el asentimiento de la Sala a fin de que sean insertados en los boletines de la presente sesión tanto el informe del señor Waldo Ortúzar como el emitido por el Consejo de Defensa del Estado. Dejo formulada la petición al señor Presidente para cuando haya quorum en la Sala.

No tengo tiempo, desgraciadamente, de entrar a analizar el informe del señor Fiscal de la Comisión Antimonopolios; pero, en mi criterio, se trata de una pieza jurídica terminante y contundente, la cual, tras un prolijo estudio en Derecho, acoge en todas sus partes la reclamación interpuesta y declara que la compra de acciones bancarias, efectuada por la Corporación de Fomento a partir del 11 de enero último, es contraria al Título V de la ley 13.305 y deberá ser dejada sin efecto.

Ahora, señor Presidente, en cuanto al informe elaborado por el Consejo de Defensa del Estado, deseo señalar que tuve conocimiento de él por una conferencia de prensa a la cual citó el señor Subsecretario el día 22 de julio recién pasado. Allí sostuvo la muy peregrina teoría de que no se podía hablar de monopolio de la banca, porque nada en Chile impedía la creación de nuevos bancos particulares. Esto me parece a mí algo así como si, por ejemplo, los asesinos del joven González, en Rancagua, que, como es de conocimiento público, ha sido asesinado por elementos de la Unidad Popular, alegaran el día de mañana que aquí no ha habido un asesinato, porque podría bajar Cristo del Cielo e, igual que en la tumba de Lázaro, decirle al joven González: Levántate y anda, y por este procedimiento ellos estarían evitando la comisión de un delito.

Señor Presidente, volviendo a la Comisión Antimonopolios, a mí me parece que el hecho de que hasta el día de hoy aún no haya emitido un fallo, viene a concretar, una vez más, una situación de abierta arbitrariedad, como muchas de las que estamos presenciando en nuestro país. Pero, con todo, desearía dejar, ciertamente, a salvo al señor Ministro de la Corte Suprema, que constituye también la Comisión, porque su proceder, su forma de actuar ha sido muy diferentes de la que han usado sus otros dos miembros, porque ellos se han olvidado de que son jueces, de que están actuando dentro de un Tribunal Especial, ya que, sin embargo, han emitido todo tipo de opiniones sobre estas materias.

El señor GUASTAVINO.-

Como el juezPenna, Diputado informante.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

No, señor. Me parece que la actuación del señor Superintendente de Bancos, del señor Matamoros, en especial, ha sido extraordinariamente desafortunada. Desafortunada, entre otras cosas, porque en conferencia de prensa, en declaración pública, ha dicho que él siente odio odio, entre comillas por el personal ejecutivo de un banco en el cual prestó sus servicios por muchos, muchos años. Entonces, cabría preguntarse, señor Presidente, que si este odio, este sentimiento ruin es el que inspira el actuar del señor Superintendente de Bancos, indudablemente, también tendrán que ser ruines los métodos y procedimientos que emplee para obtener su fin.

Pero, con todo, señor Presidente, en nuestro criterio, no sólo el Banco Central actuó impúdicamente en la campaña de desprestigio de la banca privada, gastando para estos efectos, en prensa y radio, más de mil millones de pesos, sino que también la Superintendencia de Bancos actuó directamente en la campaña de propaganda, como lo puedo demostrar con un panfleto que fue repartido, aparentemente, por el Banco del Estado, pero que, sin embargo, viene franqueado directamente por la Superintendencia de Bancos. Como testimonio efectivo de lo que estoy aseverando, también le pido, señor Presidente, que cuando haya quórum en la Sala, recabe el asentimiento de ella para que pueda ser insertado en el boletín de la presente sesión.

Pero, siguiendo con la actuación del señor Superintendente de Bancos, deseo señalar que la Comisión Especial Investigadora y la Cámara, por oficio, le solicitaron que nos hiciera llegar los antecedentes acerca de en qué cantidades habían caído en multa los bancos privados por desencaje, en el segundo semestre de 1970. El señor Superintendente de Bancos, dando respuesta al oficio, dijo que no podía entregar las cifras, porque estaban sujetas a reserva, conforme al artículo 18 de la Ley General de Bancos y al artículo 26 del D.F.L. 313, de 1960, en relación con el artículo 5º de la ley 13.609. Pero, ¿qué sucedió más tarde, señor Presidente? Más tarde, sucedió que como no estaba logrando la Corporación de Fomento, o el Estado, la captación de las acciones bancarias privadas con la prontitud que deseaban, pues, de inmediato el Superintendente llamó a una nueva conferencia de prensa y dio, en forma pública, en esa conferencia de prensa, todos los antecedentes, los mismos que le había negado a la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el señor Superintendente, entonces, no sólo olvidó que le había negado esta información a la Cámara, sino que también olvidó todas las disposiciones legales que había señalado para no enviar estos antecedentes a conocimiento nuestro.

Señor Presidente, deseo señalar que, al intervenir en este debate, los Diputados nacionales no lo hacemos con el objeto de mantener situaciones. ..

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Huepe, tiene la palabra el señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Señor Presidente, agradezco al Comité de la Democracia Cristiana la interrupción, que me permite terminar mis observaciones en el plazo más breve posible.

Decía, señor Presidente, que los Diputados nacionales, al intervenir en este debate, no lo hacemos con el objeto de mantener situaciones estáticas, ni pretendemos sostener que la organización del sistema bancario chileno haya sido la mejor. Bien sabemos que su imagen se encontraba muy deteriorada. Es un hecho sabido que los economistas modernos sostienen que la política económica y social no está determinada por los hechos reales, sino por la opinión formada acerca de estos hechos.

Así, por ejemplo, se ha hablado hasta la saciedad de las enormes utilidades que obtenían las empresas bancarias, y quedó demostrado en la Comisión Investigadora que en el año 1970 la utilidad total de dichas empresas alcanzó a 79 millones 266 mil 369 escudos. En cambio, el Banco Central, sin realizar ninguna inversión para estos efectos, por el solo concepto de intereses por préstamos de encaje, obtuvo en igual período la suma de 89 millones 41 mil 700 escudos, que es bastante más elevada que el total de lo obtenido por la banca privada en el año pasado. Este es uno de los contrasentidos que es necesario destacar.

Hoy, ciertamente, la situación de las empresas bancarias ha variado; ha variado de la noche al día. A través de los balances que hemos tenido la oportunidad de conocer hasta este momento, algunos bancos acusan grandes pérdidas, porque se ha usado nuevamente el discutido expediente de llevar a la quiebra a la empresa bancaria privada, como medio de forzar a sus accionistas a enajenar las acciones a favor del Estado, procedimiento que, en mi concepto, es abiertamente inmoral. ¿Y cómo se ha logrado? En forma muy sencilla. Se les han elevado los costos a las empresas bancarias, se les han rebajado los intereses, pero, sin embargo, los tributos, los impuestos, esos sí se han mantenido estables. Me parece perfectamente natural y lógico que se propendiera a una rebaja en el costo del crédito; pero este menor valor del costo del crédito se podía haber obtenido a través de la rebaja de la tributación, y no liquidando a las empresas bancarias.

Señor Presidente, la prensa marxista, de otra parte, repitió incansablemente que el crédito nacional estaba monopolizado por unas cuantas personas que controlaban los bancos. Quedó también demostrado que, del crédito total que se otorga en Chile, solamente el 10 por ciento lo distribuían los bancos privados, y de este 10 por ciento, la mitad tiene un destino obligado, de acuerdo con 23 diferentes sistemas impuestos por ley o por resolución del Banco Central; de manera que la cuota de libre distribución llegaba solamente al 5 por ciento, lo que viene a confirmar que el anhelo del Gobierno no es estatizar el crédito, sino terminar con la empresa privada, como medio de obtener el control político del país.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que, por haberse estatizado la banca privada, se han perdido líneas de crédito por más de 350 millones de dólares, unido esto a la enorme merma que han tenido las reservas del Banco Central en dólares y moneda dura, podemos prever que estamos enfrentados a una grave crisis de comercio exterior. Para la solución de esa crisis, tememos, señor Presidente, que se pueda reeditar el sistema de las previas de importación, que fue el más arbitrario e inmoral procedimiento de regular el comercio exterior en otras épocas.

Por último, y para terminar, deseo manifestar que el país entero tiene conciencia de que nosotros no defendemos intereses bastardos, de que nosotros no defendemos privilegios de grupos, y sólo anhelamos la prosperidad del país. Pero, entonces, cabe preguntarse por qué defendemos con tanto ahínco el modificar y perfeccionar el sistema de la banca privada y no deseamos que sea suprimida, por qué exigimos al Gobierno que no se siga burlando al Parlamento y que se envíe el anunciado proyecto de ley, para que éste sea debatido. En dos palabras, señor Presidente, porque estamos realmente convencidos de que para preservar la dignidad de las personas, para que pueda subsistir el régimen de libertad política y espiritual, y evitar así caer en una oprobiosa dictadura, es indispensable que exista libertad económica. Si deseamos la libertad en el sector político y espiritual, hemos de introducir igualmente en el sector económico un orden correspondiente. Ya nadie discute que son incompatibles el sistema colectivista planificado en lo económico con un orden espiritual y político libertario. Por estas razones, hemos tenido una posición tan firme frente al problema en debate. Los Diputados nacionales seguiremos luchando con igual tesón por hacer posible que en nuestra patria perduren la libertad y la democracia.

Agradezco muchísimo la gentileza del Comité Demócrata Cristiano.

El señor HUEPE.-

...señor Presidente, quisiera, en nombre de los Diputados democratacristianos, referirme a un problema, a nuestro juicio, mucho más de fondo, que está en debate en esta ocasión: el problema de la reforma bancaria propiamente tal. Aquí se está analizando, concretamente, la legalidad o ilegalidad de la compra de acciones que el Gobierno, a través de la CORFO, efectuó a los particulares. Sobre eso, tanto en el criterio del Diputado informante, que fue el acuerdo de la Comisión, como en el de otros Diputados que hablarán en esta oportunidad, hay una posición muy clara del Partido en rechazar categóricamente los abusos en que se incurrió y el procedimiento que se usó, ajeno a la voluntad del país y a la voluntad del pueblo, reflejadas en los distintos sectores del Parlamento. El procedimiento usado lo rechazamos categóricamente. Pero no queremos quedarnos en una situación negativa y en una posición sólo de rechazar lo que el Gobierno ha planteado. Queremos decirles, con toda franqueza, a los parlamentarios oficialistas que el Partido Demócrata Cristiano ha elaborado un proyecto de reforma bancaria que, por razones formales que analizaré posteriormente, fue declarado inconstitucional, pero ahora, como esas objeciones van a ser obviadas, este proyecto será enviado nuevamente al Congreso, en el curso de la próxima semana. Entonces, tomando éste como base y en conformidad con lo ofrecido por el Presidente de la República, hace ya más de siete meses, cuando prometió que en el plazo de siete días, en esa oportunidad, enviaría un proyecto de ley para reformar la banca, y la verdad es que estos siete días se han transformado en siete meses, durante los cuales esperamos que ese ofrecimiento del Presidente de la República se haga realidad en conjunto...

El señor ACEVEDO.-

Sus Señorías tuvieron seis años para hacerlo y no hicieron nada, a pesar de la mayoría que tenían aquí...

El señor HUEPE.-

...y tomando como base nuestro proyecto, abramos una discusión realmente seria en este Parlamento para modificar fundamentalmente toda la estructura de la banca privada. Esperamos que esto sea una realidad y esperamos hacerlo en conjunto con todos los sectores políticos de este Parlamento.

El señor ACEVEDO.-

Hace seis años que venimos esperando eso.

El señor AMUNATEGUI.-

Está haciendo de consueta.

El señor HUEPE.-

No necesitamos consejos de los Diputados del Partido Comunista. El Partido Demócrata Cristiano presentó, en su oportunidad, un proyecto de reforma bancaria, y ustedes saben que esa iniciativa fue frenada y obstaculizada por otros sectores de este Parlamento. Ustedes lo han anunciado a través del propio Presidente de la República, quien ha faltado a la palabra que él mismo empeñara, y llevamos siete meses esperando ese proyecto, mientras se están usando procedimientos tortuosos para tratar de comprar las acciones de la banca privada.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA (don Eduardo (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados dirigirse a la Mesa.

Puede continuar Su Señoría.

El señor HUEPE.-

En todo caso, la crítica fundamental planteada a los bancos privados y que nosotros compartimos plenamente es que el poder de estos bancos lo tiene un reducido grupo de accionistas, que controlan créditos por sumas muy superiores.

A este respecto, yo quiero dar sólo este dato: del total de las colocaciones de los bancos, sólo el diez por ciento es financiado con capital de éstos, a lo sumo. Todo lo demás proviene de los depositantes. Es decir, del total de los créditos que otorgan los bancos particulares de nuestro país, el capital que se ha colocado solamente alcanza al diez por ciento.

Hemos visto en este país el ejemplo de muchos bancos creados por familias para el servicio de sus propios intereses, que en la práctica colocan una pequeña parte de capital y recogen muchas utilidad y esas mismas familias obtienen el crédito, aunque pertenece a miles y miles de chilenos, y lo usan únicamente en su propio beneficio y en sus propias empresas.

No estamos por esos abusos, y lo hemos dicho categóricamente. Estamos por una modificación sustancial del sistema de la banca privada en nuestro país. En este esquema en que sólo una mínima parte de las colocaciones procede del capital de la banca privada y el resto proviene del capital de sus ahorrantes, vemos que realmente carece de importancia fundamental quien tenga la propiedad de las acciones; lo importante es el uso que se dé al crédito que se está otorgando, la forma cómo se otorgue y en qué condiciones se otorgue, y si acaso se concede para servir los planes de desarrollo del país.

En esta perspectiva, la propiedad de las acciones deja de ser importante.

El señor HUEPE.

Proponemos que los accionistas que no han vendido sus acciones puedan, incluso, ser obligados a cumplir esta transacción. Esto lo veremos posteriormente, en la discusión del proyecto de ley sobre reforma bancada.

Lo importante, como decía anteriormente, está cómo se maneja el crédito.

En lo global, estamos absolutamente de acuerdo en que el Estado debe controlar y orientar el crédito para que esté en concordancia con los planes de desarrollo que se fijen en el país. En lo particular, creemos que va a existir una diferencia fundamental con lo que están planteando los sectores oficialistas. A nuestro juicio, los ahorrantes y los trabajadores de los bancos pueden manejar concretamente la administración de los bancos; reconocemos su derecho, por tener mejor conocimiento del problema bancario. A nuestro juicio lo realmente importante es la gestión de la administración de los bancos, más que la propiedad de las acciones.

Esta gestión se efectúa a dos niveles. En primer lugar, la orientación del crédito, a nivel global, tiene que ser indudablemente manejada por el Estado. El banco, por otra parte, es uno de los negocios más controlados, diría, en cualquier estructura de empresas que se dé el país, porque es una empresa donde el precio del producto, por decirlo así, lo fija el Estado. El precio del producto es la tasa de intereses; el volumen de transacción es el monto del crédito que podrían entregar los bancos y está fijado por el Banco Central a través del encaje. Ahora, el tipo del producto, la forma cómo se entrega el crédito, en qué líneas, también se determina por el Banco Central, que puede entregarlo a través de la línea de presupuesto de caja, por ejemplo, o a través de créditos selectivos y de los numerosos instrumentos que tiene ese Banco para orientar globalmente el crédito en nuestro país. Pero desde ese punto de vista, una vez definidos los criterios sobre los cuales se deben establecer los créditos en nuestro país, viene, en seguida, el problema del crédito individual, decidir a quién se asigna, siempre que cumpla con la orientación correspondiente del Estado. A nuestro juicio, eso debe estar en manos fundamentalmente de los trabajadores y ahorrantes o depositantes y, por supuesto, también del Estado, con un Consejo donde participen todos los sectores. Pero no solamente debe depender del Estado, porque sabemos los abusos en que se puede incurrir, y no únicamente en este campo, sino en muchos otros.

La diferencia esencial con el planteamiento de los sectores oficialistas está en una estatización que pretende entregar el control absoluto de todo al Estado y una real y verdadera socialización donde los trabajadores tengan participación en la gestión y administración de las empresas.

El Partido Demócrata Cristiano presentó un proyecto de ley, en el que incluyó todo un esquema de participación, que va desde la gestión de los bancos hasta una participación en las utilidades, con un tope del 20 por ciento, que tengan los bancos en el ejercicio. Se propone un sistema de participación, en distintos niveles, no sólo en el Consejo Directivo, sino en las distintas secciones de las empresas bancarias, y el establecimiento de una carrera funcionaría, para que, realmente, desde la base podamos tener funcionarios eficientes, bien preparados para trabajar con mayor eficacia en la gestión del banco. Y se establece también un sistema de capacitación, mediante la creación del Instituto de Capacitación Bancaria.

La empresa bancaria se presta especialmente para mayor participación de los trabajadores, ya que sus empleados constituyen un grupo realmente homogéneo y, además, en esa actividad la experiencia y el conocimiento del negocio bancario influyen extraordinariamente en el buen manejo de los bancos. Por esa razón, y sin entrar en esta oportunidad en un análisis detallado de nuestro proyecto de reforma bancaria, reiteraremos la presentación de este proyecto en el curso de los próximos días. Y dejamos planteado un desafío a que realmente se concrete lo anunciado por el Presidente de la República, y entremos en este Parlamento en una discusión seria sobre un proyecto de reforma bancaria.

Las razones que se adujeron para la inconstitucionalidad del proyecto que presentó primitivamente la Democracia Cristiana, meramente formales, fueron tres, en lo substancial.

Primero, el hecho de que en dicho proyecto se creaba un Consejo Superior de Administración Bancaria. En realidad, no había creación de un organismo distinto, sino la transformación de la Superintendencia de Bancos en este Consejo de Administración Bancaria, con un consejo integrado por representantes del Parlamento y representantes del Estado. Nosotros mantendremos, para obviar este problema, la existencia de la Superintendencia de Bancos, modificando la composición de consejo.

En segundo lugar, se adujo como razón de inconstitucionalidad que en dicho proyecto se creaba el Instituto de Capacitación Bancaria y, por lo tanto, por crearse una nueva institución, debía tener el patrocinio del Ejecutivo. Nosotros reiteraremos esta idea en el nuevo proyecto y pediremos al Ejecutivo su patrocinio; incluso entregaremos un articulado que pueda servir de base para el proyecto que envíe el Ejecutivo. El Instituto de Capacitación Bancaria permitirá que realmente en todo el sistema bancario exista la carrera funcionaría, lo que nos asegura eficiencia, honradez y responsabilidad en el manejo de los bancos y, al mismo tiempo, hará posible que quede ajena a todo tipo de influencias, especialmente políticas.

Y, por último, se adujo como causa de inconstitucionalidad que en el artículo 19 de nuestro proyecto se daba a los actuales accionistas de los bancos una opción para vender al Estado la totalidad de sus acciones, y se planteaba una modalidad de pago con 20% al contado y el saldo a un número determinados de años plazo. Se objetó esta parte del artículo, porque no se colocaba allí el financiamiento para pagar la cuota al contado. Nosotros, en la reiteración de este proyecto, establecemos que la parte al contado se pagará con cargo a las utilidades del Fisco por su participación en el Banco Central. Creemos que, al indicar el financiamiento adecuado para el pago de dicha cuota, quedará obviada esta última razón de inconstitucionalidad que se había aducido.

En resumen, señor Presidente, creemos que no es el problema de fondo el que estamos debatiendo esta mañana. Aquí se está objetando un procedimiento, a nuestro juicio ilegal e inmoral. Pero no nos interesa detenernos ahora en este problema; nos interesa proyectarnos mucho más al futuro. Hacemos un llamado a los colegas para tomar como base el proyecto que la Democracia Cristiana ha elaborado, con la participación de profesionales técnicos y, fundamentalmente, trabajadores bancarios, a fin de entrar en una discusión seria y profunda de este problema de tanta importancia para nuestro país.

Nada más, señor Presidente.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, esta sesión en la que podrían decirse muchas cosas y tenemos que limitarnos, por la tiranía del tiempo, a puntualizar sólo algunos conceptos está destinada a que cada partido político, de acuerdo con su prisma, su punto de vista, su filosofía, los intereses que representa, la moral con que actúa en la vida pública, dé su opinión respecto de un hecho sociopolítico y económico que tiene que ver con la liquidación de un centro de poder económico en la sociedad chilena: la oligarquía bancaria, el negocio de la banca privada. Este problema, como aquí lo ha dicho el DiputadoHuepe, requiere una solución que reclamaba y reclama la inmensa mayoría del país. En el programa presidencial del señor Tomic estaba la liquidación de la oligarquía bancaria; estaba la nacionalización de la banca privada. En el programa presidencial de la Unidad Popular, del actual Presidente de la República, Salvador Allende, también se consagraba este punto de una programática, como entendiéndolo básico y sustantivo para el desarrollo económico del país.

En consecuencia, a lo de fondo: el Gobierno, independientemente de que se hable así o de otra manera del procedimiento empleado, está cumpliendo, en la cosa fundamental, con un anhelo y un clamor de la inmensa mayoría del país. Y esto es eminentemente democrático; esto significa, realmente, llevar a la práctica lo que se dijo durante años, clavando en Chile la conciencia de una nueva actitud respecto de este negocio.

En cuanto a los problemas de fondo, también hay que mencionar lo que se refiere a la legalidad o ilegalidad de la compra de acciones bancarias. Hemos escuchado, aquí, un informe del Diputado señor Marino Penna, que mereció, naturalmente, nuestras ironías y mereció nuestras observaciones, porque, realmente, ha sido un informe increíblemente pedestre. Pero, además, un informe que representa una especie de canto del cisne de la banca privada de Chile, porque el informe con camiseta que aquí ha entregado el señor Penna, simplemente ha representado, de punta a punta, no lo que planteaba el programa de la candidatura de don Radomiro Tomic, sino que lo que interesaba al Partido Nacional. Por eso, yo me he permitido decir aquí: ¿quién iba a hablar por el Partido Nacional, si ya lo había hecho el señor Penna?

Respecto a la legalidad o ilegalidad, hay que limitarse, concretamente, a cuestiones concluyentes. Tengo en mi mano el informe de la Contraloría General de la República, en el que se establece con claridad meridiana, este problema de la legalidad en la adquisición de acciones bancarias. Me permito leerlo, señor Presidente.

Dice: XIII) En síntesis, y merced a las consideraciones que anteceden, la Contraloría General estima que en el Derecho chileno se dan dos amplias esferas de Derecho: la del Derecho Público y la del Derecho Privado; que las instituciones jurídicas del Derecho Privado no se aplican a la actuación de los entes públicos, en cuanto a organización, competencia y formalidades, a menos que lo sean como supreconceptos institucionales; que por ello, la nulidad en el Derecho Público se rige por normas constitucionales y legales, distintas del Código Civil; que en el ámbito administrativo interno, las causales de irregularidad de un acto dictado por una autoridad administrativa dan origen a la invalidación, teniendo, esas autoridades, el deber de invalidar sus actos contrarios a derecho; que el vicio de incompetencia interna puede ser regularizado mediante la convalidación, que es un vehículo de regularización jurídica que sanea el vicio de incompetencia; que, por último, y con los antecedentes tenidos a la vista, cabe considerar que la operación de compra de acciones bancarias...

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

¿Me permite una interrupción?

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Señor Guastavino, el señor Zaldívar le solicita una interrupción.

El señor GUASTAVINO.-

No.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor GUASTAVINO.-

...compra de acciones bancarias, dispuesta por un órgano incompetente Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación de Fomento de la Producción y luego convalidada por el órgano respectivo Consejo de ese organismo, implica sanear el acto primitivo, el que debe tenerse por legítimo.

El señor PENNA.-

¡Se equivocó de informe!

El señor GUASTAVINO.-

Y lo que interesa a la Cámara de Diputados, y esto es lo real y lo de fondo, es que se fiscalicen actos en cuanto a legitimidad o ilegitimidad, y la Contraloría General de la República sanciona como legítimo el acto a que estamos haciendo referencia.

El señor PENNA.-

¡Es otra cosa!

El señor GUASTAVINO.-

El señor Alessandri, don Gustavo, ha dicho concretamente que la autoridad jerárquica y superior en la CORFO es el señor Kurt Dreckmann, quien manda, y el Consejo de la CORFO sería decorativo; él es la jerarquía absoluta. Ocurre que, ahora, los nacionales, en su desesperación argumental, llegan a decir, entonces, que ya no es el Partido Comunista el que tiene la suma del poder omnímodo en sus manos, sino que en una institución tan importante como la CORFO, resulta ser el Partido Radical.

Yo no sé; pero, en verdad, se pisa la cola el señor Alessandri, simplemente, en sus deseos de tratar de levantar un conjunto de argumentos que vayan en contra de la estatización bancaria.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor GUASTAVINO.-

Aquí, el problema que está planteado es el problema...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

...de que se está eliminando un centro de poder oligárquico. El señor Alessandri dice que él habla en nombre de muchos pequeños accionistas. Y los pequeños accionistas suben y bajan en este hemiciclo, y van de un lado para otro del hemiciclo, en boca de los Diputados Nacionales. Yo me pregunto: ¡Pobrecitos los grandes accionistas! No tienen a nadie que los defienda. No tienen en este Parlamento ningún representante que hable por ellos. Pero la verdad de las cosas es que todos sabemos, y lo ha tenido que reconocer el señor Huepe, que familias enteras eran dueñas de bancos en nuestro país. En este país, los Edwards, los Yarur, los Said, los Matte, han tenido bancos para ellos, para usar el crédito a su amaño, para usar el depósito de miles de ahorrantes...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

La realidad es que, ahora, el crédito lo tienen los pequeños industriales y comerciantes...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

...porque, por encima de los alaridos de cualquiera, lo cierto es que, por ejemplo, irredargüiblemente...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados no interrumpir al señor Guastavino. Puede continuar Su Señoría.

El señor GUASTAVINO.-

Por ejemplo, señor Presidente, el Banco de Osorno y La Unión ha dado más de 800 créditos a pequeños agricultores, industriales y comerciantes que antes no tuvieron acceso a ese banco. Lo cierto es que se ha rebajado el interés bancario en un 25%. Lo cierto es que hoy se ha entregado más de mil créditos, con un 12% máximo, a pequeños agricultores y comerciantes, a través del Banco del Estado. Lo cierto es que hoy este pingüe negocio para unos pocos, pasa a ser un instrumento y un canal de crédito para desarrollar la economía chilena, de la empresa privada no monopólica, de aquellas empresas que no pertenecen a consorcios que estrangulan la vida económica del país.

Yo quiero decir que lo que aquí está en juego, concretamente, es la defensa de un statu quo que todo el país proclamó absolutamente injusto y antidemocrático. Yo quiero decir que aquí, cuando se plantea, por boca de los Diputados del Partido Nacional, que esto es una mascarada de tipo legal y que es una acción en contra de las libertades públicas, a través de una confabulación de los organismos públicos: la verdad de las cosas es que ya se está llegando a exageraciones. Pero a mí me parece que se quedan en pequeño los Diputados nacionales, porque lo efectivo es que uno los comprende perfectamente bien.

Se trata de un Gobierno que efectivamente entiende que la revolución significa la transformación de esta estructura de la vida financiera del país. Y este Gobierno, en ocho meses, lleva 13 bancos estatizados, 10 nacionales y 3 extranjeros. Y todo, de carácter legal. Y eso tiene que desesperar a los Amunátegui, Alessandri y compañía.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GUASTAVINO.-

¡Tiene que desesperarlos! ¡Y hay que entenderlos señores Diputados! Cuando aquí la Derecha es mayoría, ha atentado, por años, en contra de la clase obrera y de los campesinos, a los cuales les ha explotado miserablemente y en forma inhumana; también desde los bancos comunistas, socialistas, radicales, de la Izquierda, se han levantado las voces, en forma estruendosa, de parte nuestra, para proferir en contra de esa política reaccionaria, todos nuestros denuestos. Hoy, les toca a ellos, porque el embudo se dio vuelta y la parte ancha ya no está para la derecha económica de este país, y la parte angosta para el pueblo. Hoy, ellos tienen derecho a quejarse y a protestar. ¡Es el sagrado derecho de pataleo! Pero la realidad es que 13 bancos están estatizados, y el año 1971 será un año en que, con la colaboración de la Federación Bancaria de Chile, como lo ha acordado en sus congresos; con la colaboración de los trabajadores bancarios de este país, que están asumiendo responsabilidades de la banca estatizada, con la participación plena en la gestión crediticia de la banca estatizada por parte de estos trabajadores, el año 1971 culminaremos una tarea que corresponde a un deber patriótico, como es la liquidación de este negocio suculento, que no se mide por los balances de los bancos, porque las utilidades reales de la gran oligarquía financiera de este país ha estado en usar el crédito para alimentar y para fortalecer las ganancias y las utilidades en sus empresas privadas.

Hasta diciembre de 1970, señores Diputados, el 58,3% de los depósitos de todos los bancos de Chile era usado por el 2,8/ó de los tenedores de cuentas corrientes. Esta era la realidad. Un enorme depósito de todos los tenedores de cuentas corrientes era para que un grupo de presión económica, un grupo de influencia, la oligarquía financiera, usara este crédito a su amaño y para su propio beneficio.

Yo quiero decir, cuando el DiputadoHuepe, habla de acciones ilegales e inmorales, que claro ha quedado que esto no es ilegal. Si lo fuera, señor Huepe, ¡váyase a los Tribunales de Justicia! Pero habla de que es inmoral. Y el problema está a la vista. Nos hemos reunido en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, con los pequeños industriales y comerciantes. A ellos vayan a discutirles si no tienen ahora un crédito a más bajo interés y con más facilidades, un crédito al cual tienen acceso y al cual antes no tenían acceso.

La realidad concreta es ésta. Esto, señores Diputados, no se legisla en un lecho de rosas; esto se legisla en el fragor de la lucha de clases, en el fragor de la lucha encontrada de intereses. Si la Derecha estuviera aplaudiendo la medida bancaria del Gobierno popular, tendríamos que revisar qué tipo de política estamos poniendo en práctica; pero una prueba de que está caminando en contra de los intereses tradicionales de la antipatria esta medida bancaria también, es que se captura y se conquista el odio de la Derecha.

Lo lamentable es que hable de inmoralidad el DiputadoHuepe, cuando tendría que haber llegado a esta Sala con el examen rendido durante seis años de Gobierno, seis años de Gobierno del sector freísta de la Democracia Cristiana, que termina frustrando, no a seis, a ocho Diputados y a centenares de dirigentes y militantes de la Democracia Cristiana...

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Señor Presidente, al referirnos a las conclusiones a que llegó la Comisión y que ha resumido en siete puntos, nosotros queremos, precisamente entrar en el debate sobre esta materia.

Se dice en las conclusiones, en primer término, que habría una confabulación de los organismos públicos para estatizar la banca privada sin ley, constituyendo esto una irregularidad. Se dice que las actuaciones de la CORFO, del Banco Central y del Banco del Estado, constituyen una infracción a las disposiciones vigentes. Se dice también, en el informe, que el Banco Central no estaba autorizado para emitir la serie de bonos CAR e infringe las disposiciones de la ley Nº 13.305.

En el punto 4º, se hace presente que estas operaciones significaron un valor inferior al 50% del que estos títulos tenían en el primer semestre de 1970, que, indudablemente, registraba el valor aumentado en este 50%.

En otra parte, se dice que no se ha tenido un trato igualitario con la gente que ha vendido las acciones a la Corporación de Fomento de la Producción, por intermedio del Banco del Estado.

La verdad es que, en diciembre del año pasado, se expresó que el Presidente de la República informó sobre la nueva política bancaria y crediticia que aplicará durante su mandato. En ella se consulta una rebaja sustancial de las tasas máximas de intereses, rebaja que está operando en la actualidad; una fuerte redistribución y descentralización del crédito, con el objeto de que éste llegue a todos los sectores de la producción. Nadie puede negar que esto está en práctica y que, hoy día, el pequeño y mediano empresario tiene mucho más crédito que antes, con indudable beneficio para el desarrollo de sus empresas.

Se hablaba, en dicha exposición presidencial, que se pretende estatizar la banca privada. Antes de remitir el proyecto de ley, se estableció que se podía efectuar la compra de algunas acciones privadas de los bancos, con el objeto de empezar la referida estatización.

Pero quiero referirme a cómo partió la denuncia formulada respecto de esta compra de acciones. Recuerdo que el DiputadoPenna expresó, por las radioemisoras, por los diarios y también aquí, en la Cámara, que se habría concretado una actitud de connivencia de personas de la Unidad Popular con personas que compraron acciones después del 4 de septiembre. Encuentro un tanto infantil esta aseveración, por cuanto no es justo achacarles culpabilidad a personas vinculadas con la Unidad Popular, en el sentido de que ellas, en connivencia con el Presidente de la República o con el Ministro de Hacienda, pudieran aprovecharse da la baja de acciones producida después del triunfo del Presidente Allende.

La verdad es que esta baja de las acciones no es culpa de la Unidad Popular, sino de la campaña del terror, iniciada antes de la elección presidencial y que se continuó y confirmó con la declaración que hizo el propio Ministro de Hacienda de ese entonces. Y cuando se tomó la determinación de pagar por las acciones el mismo precio promedio que tenían ellas en el primer semestre del año 1970, se consideró que esto era justo, puesto que si se hubiese hecho lo contrario, si se hubiese pagado el precio que tenían en los meses de enero y febrero, se habría argumentado que el Gobierno se estaba aprovechando de esta baja para perjudicar a los tenedores de acciones.

Se pregunta también el colega quiénes fueron las personas que compraron estas acciones. Tengo un detalle de las firmas, de los bancos y de las empresas que compraron estas acciones y que, por no tener tiempo, no le voy a dar lectura.

La Democracia Cristiana tiene que pensar muy bien la oposición que le está haciendo al Gobierno para estatizar la banca. Es evidente que sus personeros tienen razón cuando hablan de que esta materia debe arreglarse con un proyecto concreto, tratado en la Cámara; pero también deben comprender que si no se procedía con diligencia, si no se efectuaban estas compras en la forma como se han hecho, se habría prestado para muchas especulaciones, las que el Gobierno quiere, desde luego, evitar.

Refiriéndome a los cargos formulados con respecto a la realización de estas operaciones, es necesario, en verdad, explicar también claramente de qué se trata. Se decía que las acciones serían compradas en un valor que no correspondía al real y se señalaba que el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción había actuado ilegalmente, ya que no tenía atribuciones para otorgar el mandato al Banco del Estado para que éste adquiriera las acciones de los bancos privados; que el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción no habría podido ratificar y convalidar el acto ilegalmente ejecutado por su Vicepresidente. Y, aquí, se decía que el Diputado Guastavino no estaba centrado en el debate cuando hablaba de que, precisamente, el informe de la Contraloría General de la República había dado por legítimo este acto que se estaba criticando en el informe de la Comisión y, también, en los juicios emitidos durante el desarrollo del trabajo de la Comisión Especial.

Se expresaba que la Corporación de Fomento de la Producción no ha podido adquirir acciones de los bancos privados, por no quedar comprendida esta operación dentro de los fines de promoción económica que a ella le corresponden.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Nadie ha dicho, eso; así que Su Señoría tampoco está centrado en el debate.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Sí, señor. En el informe de la Comisión se dice que la CORFO no podía comprar estas acciones, porque no le competía a ella. Y ahí están los boletines con la versión de las discusiones que se realizaron, a través de las cuales esto se aclaró previamente.

El señor PENNA.-

¿Me concede una interrupción, colega?

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Siempre que sea con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

No se puede conceder interrupciones con cargo al tiempo de otro Comité. Las interrupciones deben otorgarse con cargo al tiempo del Comité que está haciendo uso de la palabra.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

No quiero perder el derecho a mi tiempo, de tal manera que no puedo conceder la interrupción. Si no fuera con cargo a mi tiempo, la daría con el mayor gusto.

El señor PENNA.-

¿Le puedo pedir una interrupción como Diputado informante?

Varios señores DIPUTADOS.-

No, no.

El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Se ha criticado también la emisión de Certificados de Ahorro Reajustables efectuada por el Banco Central.

El señor PENNA.-

Eso no.

El señor FUENTEALBA (don Clemente).-

Sí, señor; el señor Alessandri también ha objetado esos.

Se ha señalado, además, que el Banco Central de Chile no habría podido incurrir en gastos de propaganda. Esto se dijo en la Comisión y nadie lo puede negar. Y quiero referirme precisamente a ello.

En el informe en derecho elaborado por el Fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, si bien es cierto se reconoce que la actuación realizada por el Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO adoleció de un defecto formal de incompetencia puesto que la facultad de decisión estaba radicada en el Consejo, también se agrega que para evitar trastornos y males que pudieran producir actuaciones lentas e intempestivas muchas veces de funcionarios, agentes u órganos que dentro de un mismo servicio y con el objeto de cumplir fines que le son propios no tienen facultades explícitas para realizar determinados actos, los ejecutan, empero, con el sano y deliberado propósito de superar una emergencia, de finiquitar una situación que no admite espera. Este es el caso de la compra de acciones, que, indudablemente, necesitaba hacerse en un breve plazo.

La verdad es que, como lo decía el DiputadoGuastavino, la Contraloría General ha venido a ratificar este informe del Fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, al decir, por ejemplo, que en este orden de ideas, cabe manifestar que este organismo de control, basado en principios legales y doctrinales, ha admitido la regularización de actos ejecutados por las autoridades administrativas con infracción momentánea de las disposiciones que lo rigen, teniendo fundamentalmente en cuenta los resguardos garantizadores del principio de la legalidad que operan dentro del ordenamiento jurídico, como son los actos de convalidación, de contrario imperio y la responsabilidad civil y administrativa, cuando no política, que está comprometida en toda actuación pública.

Siendo ésta la tesis de la Contraloría General y encuadrándose lo actuado por la irregularidad legítimamente subsanada, cree este Organismo Contralor que no habría mérito, entonces, para inclinarse por la invalidez del acto jurídico convalidado, puesto que ese acto, por efecto del acuerdo de 18 de enero, fue validado o saneado en términos que lo hacen, a posteriori, perfectamente legítimo.

Por eso, la Contraloría General de la República declara, en último término, que la operación de compra de acciones, convalidada por el Consejo de ese organismo implica sanear el acto primitivo e indudablemente, debe tenerse por legítimo.

Se hablaba también de que la compra de acciones no estaba legítimamente hecha por la Corporación de Fomento de la Producción, por cuanto ella no tenía atribuciones para eso. Creo que eso ya ha pasado de actualidad, puesto que, ahora, algunos señores Diputados han manifestado que esto no lo habrían expresado.

La verdad es que la Corporación de Fomento de la Producción tiene atribuciones para esto, porque como organismo estatal de administración autónoma, está facultado para actuar dentro de sus amplios fines de un modo discrecional, en todas las actividades, de cualquiera naturaleza, que tiendan directamente o indirectamente al desarrollo, adelanto y progreso de la producción chilena de bienes o servicios. Para ello está dotada de potestades que le permitan actuar y celebrar todos los actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos que considere necesarios al logro de sus metas. Y la CORFO ha efectuado algunas operaciones de esta naturaleza, como es, por ejemplo, el aporte y la compra de algunas instituciones, lo que, indudablemente, revela que los fines de la Corporación de Fomento de la Producción tienden, precisamente, a ampliar todo el desarrollo económico del país. Es el caso, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en la cual tienen aportes la CORFO, Chile Films y algunas otras instituciones.

Se expresa en el informe y se manifestó en la Comisión Especial que el Banco Central tampoco tendría autorización para emitir bonos de diferentes series con el objeto de comprar estas acciones. El Directorio del Banco Central, con la aprobación de la Comisión Nacional del Ahorro, acordó la emisión de dos nuevas series, B y C, de Certificados de Ahorro Reajustable, los cuales sólo podrían ser tomados por el Banco del Estado de Chile a nombre de personas que hayan vendido a dicha entidad sus acciones de bancos comerciales. No se trata, aquí, de que el Banco del Estado de Chile esté comprando las acciones de los bancos privados y pagándolas con Certificados de Ahorro Reajustable, sino que él adquiere dichas acciones y pide al Banco Central de Chile, en representación de los vendedores, que emita Certificados de Ahorro Reajustable, los que, posteriormente, entrega a éstos, una vez efectuado el traspaso de las acciones.

No existe, en consecuencia, permuta de acciones por Certificados de Ahorro Reajustable, sino que el Banco del Estado, al comprar las acciones, pide al Banco Central por mandato de los vendedores, que emita los certificados de ahorro reajustable a nombre de éstos.

Se hablaba, también, de que el Banco Central no tendría autorización para hacer propaganda o publicidad respecto de las operaciones bancarias que se estaban realizando. La verdad es que so ha objetado esta publicidad efectuada por el Banco Central con respecto a la venta de acciones, indicándose que está impedido de ello por prohibirlo el artículo 110 de la Ley Nº 17.399, que aprobó el Presupuesto General de la Nación. El precepto aludido establece que los servicios e instituciones de la Administración Pública, las empresas del Estado y, en general, todas las instituciones y servicios públicos, no podrán incurrir en gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas. Esta disposición, no obstante la amplitud de sus términos, no es aplicable al Banco Central, entidad que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Contraloría y de la Corte Suprema, tiene el carácter de una sociedad de economía mixta, y, consecuencialmente, no integra la Administración.

Consultada la Contraloría de la República por la Oficina de Informaciones de la Cámara, precisamente a requerimiento de los Diputados que impugnaban esta operación, emitió su dictamen del 9 de febrero pasado, por el que establece que la prohibición contenida en el artículo 110 de la ley Nº 17.399 no es aplicable al Banco Central. De esta manera, los gastos en que ha incurrido el Banco Central por concepto de publicidad o difusión de los certificados de ahorro reajustables, se han ajustado plenamente a la ley.

El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-

Señor Presidente, en forma muy breve, para señalar que la información proporcionada por el colega Guastavino sobre el informe de la Contraloría fue trunca e intencionada, por una razón perfectamente clara: La Contraloría sólo se pronunció sobre la convalidación de lo actuado por el señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento, y no sobre el proceso mismo de la estatización de la banca privada. Así es que me parece que el colega Guastavino, que siempre es tan acucioso en las informaciones que da o en los informes que entrega, en esta oportunidad también debió haber sido más explícito en su argumentación.

De otra parte, el señor Guastavino reclamaba por qué no se recurría a los Tribunales de Justicia en esta materia si la situación era ilegal. Si lo único que hemos deseado, Honorable Cámara, es que se logre recurrir a los Tribunales de Justicia,

pero hay que sortear un trámite previo, y el trámite previo es que la Comisión Antimonopolios, que es un tribunal especial creado por la ley Nº 13.305, dicte un fallo sobre la materia, y, como no hay forma de presionar a la Comisión Antimonopolios para que dicte el fallo, pueden pasar 1, 2, 3, 5 ó 10 años. Entonces, es absolutamente imposible recurrir al tribunal de segunda instancia, que, para estos efectos, es la Corte Suprema.

Mucho se ha hablado, señor Presidente, de que la justicia nuestra es una justicia de clase, que los Tribunales Ordinarios de Justicia no cumplen con su cometido, que hay que modificar esta situación, que hay que ir a una justicia efectiva, y aquí tenemos el caso típico de una justicia de tipo estatal, donde hay dos representantes del Estado, y solamente un representante de los Tribunales Ordinarios de Justicia. ¿Y qué ha sucedido con este tribunal especial? Lo que estoy dando cuenta en la Cámara. Fue requerida la Comisión Antimonopolios en el mes de febrero del año 1971. Sin embargo, estamos a 11 de agosto y aún la Comisión Antimonopolios no dicta el fallo correspondiente. Y hay más: no solo no dicta el fallo correspondiente, sino que hace un instante había solicitado que recabara el asentimiento de la Sala, cuando hubiera quórum, para insertar en la versión de la presente sesión el informe del Fiscal de la Comisión Antimonopolios y, así también, el informe del Consejo de Defensa del Estado, porque, en mi criterio, es objetable el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado, que no es tribunal competente en esta materia, haya emitido un informe...

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Se actúa, se legisla, se quiere sentenciar al fragor de la lucha de clases, y esto tiene múltiples manifestaciones: ha significado todo este proceso de ilegalidad, como se ha actuado en materia de nacionalización de los bancos.

El señor GUASTAVINO.-

¡Eso ha sido siempre!

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Guastavino, ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Nosotros estamos de acuerdo en nacionalizar los bancos, pero en una discusión que no sea al fragor de la lucha de clases, sino que en la intención y rectitud que tiene el pueblo de Chile de discutir sus problemas en el Parlamento, con razones, no con violencia, sea ésta verbal, escrita o de hechos.

Esto se manifiesta también, en las intervenciones y requisiciones de empresas, en la existencia de grupos armados, en la actitud que actualmente tiene un Tribunal de la República, constituido por dos Superintendentes y un Ministro de la Corte Suprema, tribunal que no dictamina en una materia que está sometida a su competencia.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Guastavino, ruego a Su Señoría guardar silencio.

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

Todo esto es violentar la vida nacional, violentar lo que se ha pactado en las garantías constitucionales, violentar, también, la recta intención que tiene el Presidente de la República. Flaco servicio le están haciendo los partidos de la Unidad Popular a las reformas en las cuales nosotros quisiéramos encontrar una concordancia.

Hemos presentado un proyecto para resolver el problema de la empresa bancaria en Chile, para poder darles participación a los trabajadores y depositantes.

El pueblo de Chile también está manifestando su repudio a todas estas actuaciones. Si no, que lo digan las elecciones sindicales en los bancos, donde los empleados están viendo afectados, por este sistema de legislación al calor de la lucha de clases, sus derechos y sus legítimos intereses.

El señor GUASTAVINO.-

¡Es a favor del pueblo...!

El señor ZALDIVAR (don Alberto).-

El país va a sobreponerse, porque tiene fuerzas para hacerlo, a esta lucha de clases que se quiere imponer en todos los ámbitos de la vida nacional por partidos sectarios, beatos, como es el Partido Comunista, que sólo sabe rezar el rosario de sus consignas.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

En conformidad con lo acordado por la Corporación, corresponde que los señores Diputados que representaron a la Cámara en las reuniones de las Comisiones de trabajo del Parlamento Latinoamericano, que se celebraron en Santiago, den cuenta de su cometido, para lo cual cada uno de ellos dispone de un tiempo de hasta diez minutos.

Ofrezco la palabra.

La señorita SAAVEDRA.-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señorita Wilna Saavedra.

La señorita SAAVEDRA.-

Señor Presidente, como es de vuestro conocimiento, entre los días 5 y 7 de julio del presente año se celebró en nuestro país y en el recinto de la Cámara la reunión preparatoria de la V Asamblea del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en Caracas en este mes.

A este evento asistieron delegaciones de los Parlamentos miembros de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y de nuestro país.

La Delegación de Chile estuvo compuesta por los Senadores señores Humberto Aguirre, Víctor García, Jorge Montes, Tomás Pablo, Tomás Reyes y Ramón Silva; y por los Diputados señores Agustín Acuña, Héctor Campos, Eduardo Clavel, Carlos González, Carmen Lazo, Julio Mercado, Alberto, Naudon, Cipriano Pontigo, Germán Riesco, Edmundo Salinas, Héctor Valenzuela y la Diputada informante.

Asistieron, asimismo, los señores Patricio Aylwin, Presidente del Senado; Eduardo Cerda, Presidente en ejercicio de la Cámara; Luis Dager, Presidente del Parlamento Latinoamericano; Andrés Townsend, Secretario General del Parlamento; Braulio Jatar, Director del Departamento Técnico de Integración Latinoamericano; Alcides Leal, Subsecretario de Relaciones Exteriores; y Alberto Rioseco, Director de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Se constituyeron dos Comisiones de trabajo: la de Integración Económica y la de Integración Política.

La de Integración Económica trabajó sobre la base del proyecto Comunidad

Económica Latinoamericana y la de Integración Política analizó el proyecto Los Parlamentos Latinoamericanos, su vigencia y problemas, cuyo autor es el Senador señor Tomás Pablo.

La Comisión de Integración Económica fue presidida por el Diputado chileno señor Alberto Naudon, con quien representamos en forma oficial a la delegación chilena en esta Comisión y que fue elegido para el cargo por unanimidad. La Comisión de Integración Política fue presidida por el Senador señor Tomás Reyes Vicuña, a quien también le correspondió presidir la Reunión Conjunta de estas Comisiones, realizada el día 7 de julio.

Me corresponde informar respecto de la labor cumplida por los parlamentarios chilenos en la Comisión de Integración Económica, en la cual participamos y asistimos a todas sus reuniones de trabajo.

La base del trabajo de esta Comisión, como se ha dicho, fue el estudio del Proyecto de Comunidad Económica Latinoamericana, preparado por la Dirección del Departamento Técnico de Integración Latinoamericana, cuyo Director es el señor Jatar Dotti, quien en su introducción del proyecto mismo sobre la Comunidad, hizo un análisis histórico de los diferentes intentos de integración realizados en Europa, Asia, Africa y en la propia América Latina.

Dentro de esto, sería importante destacar que el señor Jatar Dotti hizo una relación del proyecto de Comunidad Económica del Atlántico, que estudiarían los países de la Comunidad Económica Europea con Gran Bretaña, Japón, Australia, Canadá y los Estados Unidos, señalando que para América Latina la realización de este proyecto le afectaría directamente.

Expresó que, ante esta realidad, Latinoamérica no puede quedar al margen del movimiento orientado en los cinco continentes para el establecimiento de zonas de libre comercio, de uniones aduaneras, de mercados comunes, de comunicaciones económicas o de bloques comerciales.

Al tratar las experiencias integracionistas de Latinoamérica, se refirió al Mercado Común Centroamericano, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, al Tratado que crea la Asociación del Caribe de Libre Comercio, de Barbados, Guayana, Jamaica, Trinidad Tobago y el grupo de las islas de Barlovento y Sotavento; al Tratado de la Cuenca del Plata, de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; y, finalmente, al Acuerdo de Integración Subregional de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que tiene como meta el establecimiento de una Unión Aduanera.

Continuando con esta introducción, el señor Jatar Dotti definió las diferentes formas de integración económica, calificándolas como sistema de Area Preferencial de Comercio; Zona de Libre Comercio; Unión Aduanera; Mercado Común y Comunidad Económica.

El proyecto de Tratado que estudió en estas reuniones el Parlamento Latinoamericano se refiere, precisamente, a este último sistema de integración: la Comunidad Económica, la cual comprende, además del libre tránsito de mercancías y de factores productivos, una adecuada armonización de política fiscal, monetaria, de crédito, educacional, médico-asistencial, hasta llegar a una verdadera planificación regional.

Este proyecto consta de un preámbulo y seis capítulos, con un total de 167 artículos; pero no me corresponde extenderme en el análisis mismo del proyecto sobre Comunidad Económica de América Latina, sino hacer algunos alcances para destacar la participación de los parlamentarios chilenos que fuimos designados para representar a Chile en estas reuniones.

Debo, sí, referirme, en general, al Capítulo IV, relativo a la estructura institucional que define los órganos fundamentales de la Comunidad, que son los siguientes: el Consejo de Gobierno, el Parlamento Latinoamericano, la Corte Latinoamericana de Justicia, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Económico, Social y Cultural.

Respecto del Capítulo IV, los parlamentarios de Chile expresamos la decisión de no pronunciarnos sobre su importante materia y postergar nuestro pronunciamiento hasta la realización de la V Asamblea del Parlamento Latinoamericano, en razón de no haber dispuesto del tiempo suficiente para estudiarlo. Nosotros consideramos que previamente deberíamos estudiar todos los detalles de este punto en la Comisión de Integración Latinoamericana de la Cámara, para que quienes asistan a la reunión de Caracas puedan llevar la voz oficial del Parlamento chileno.

Sobre esta materia, cabe insistir en algo planteado con mucho hincapié por el señor Valdés, que también asistió a reuniones en Caracas, en el mes de abril de este año, en el sentido de que las delegaciones de la Cámara chilena sean designadas con la debida oportunidad, para que puedan estudiar todos los puntos en referencia y tener una buena participación, como les corresponde.

En este sentido, la delegación chilena también se reservó su inquietud en la reunión de Caracas, porque, precisamente, estábamos estudiando en forma bastante apresurada este Capítulo, este tratado.

Quisiera señalar, enseguida, la intervención que le cupo a los miembros de la delegación chilena. Tanto el señor Silva Ulloa, en la sesión 1ª de la Comisión de Integración Económica, como la Diputada que habla, refiriéndonos al proyecto de la Comunidad Económica de América Latina, manifestamos que, aunque no habíamos dispuesto del tiempo suficiente para estudiar cada una de sus disposiciones, en general no teníamos observaciones y que, por el contrario, estábamos conscientes de que la integración era necesaria para romper el estado actual de la realidad del continente.

En la sesión 2ª, celebrada el 6 de julio, con ocasión de estudiarse el preámbulo del proyecto, que define la orientación filosófica que le sirve de fundamentación al mismo, intervine manifestando que los parlamentarios de Chile aprobábamos en líneas generales el proyecto y hacíamos indicación para agregar en el preámbulo lo siguiente: El objetivo de la integración es el de mejorar la suerte de los pueblos de América Latina y, por ello, no está desvinculada de la lucha por el cambio social. La integración es sólo un camino para asegurar un objetivo más global: el pleno desarrollo de la persona humana latinoamericana. No es, pues, un fin en sí mismo. No estamos por la integración misma. Por ello, la lucha por el cambio social, la liberación del imperialismo y la integración latinoamericana forman parte de la misma meta: la creación de una sociedad más justa.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad, autorizando a la Secretaría General para darle una redacción definitiva y la ubicación más adecuada dentro del texto del preámbulo, quedando, en estas condiciones, integrada la idea contenida en ella, para su discusión en detalle en la reunión de Caracas.

A continuación, el Senador señor Silva Ulloa formuló interesantes observaciones al estudiarse la letra f), artículo 2º, del Capítulo I del proyecto, que se refieren a objetivos de orden general de la Comunidad y cuya redacción primitiva decía: La aproximación y armonización de las legislaciones nacionales, en cuanto sea necesario para llevar a cabo el proceso de integración. En efecto, el Senador señor Silva propuso agregar, como frase final de este objetivo, la siguiente: especialmente las relacionadas con la seguridad social. Fundamentó esta indicación en las dificultades serias que tienen los trabajadores de Latinoamérica en la prestación de servicios en otras naciones, por la diferencia de los sistemas de seguridad social, como es el caso de miles de trabajadores de la zona austral de Chile que trabajan en Argentina y quedan al margen de la previsión social en ambos países.

La interesante sugerencia del Senador señor Silva fue aprobada por la Comisión e incorporada en el texto de la letra f) del artículo 2º citado.

También el mismo Senador propuso otras indicaciones tendientes a cambiar la ubicación de la letra f) del artículo 3º, para que pasara a ser letra a) con la siguiente redacción: propender a la supresión de los factores que determinan la dependencia y vulnerabilidad externas de América Latina, reafirmando el derecho de los Estados a disponer de sus recursos básicos. Fundamentó esta indicación exponiendo que el documento debía reafirmar el derecho de los Estados de disponer de sus recursos básicos.

La moción del Senador recibió la aprobación de la Comisión, quedando incorporado su texto en el proyecto.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¿Me permite, señorita Saavedra? Ha terminado el plazo de diez minutos. Lamentablemente, no estamos en condiciones de pedir el asentimiento para prorrogarle el tiempo.

El señor TUDELA.-

Que se inserte el resto de la intervención.

La señorita SAAVEDRA.-

Podría continuar, señor Presidente, si me da dos minutos más.

La señorita SAAVEDRA.-

Quería destacar que el Senador señor Silva, aparte de esa indicación, que, en realidad, fue aprobada, hizo otra al artículo 51 de la sección IV, que se refiere a la parte Agropecuaria, para agregar la expresión: mediante una efectiva reforma agraria, que elimine progresivamente el latifundio y el minifundio.

Fundamentó esta indicación en que es preciso señalar el problema más dramático de los países latinoamericanos, cual es el de la tenencia de la tierra, por lo que la Comunidad Económica debe tener el propósito de impulsar efectivamente la reforma agraria y terminar con el latifundio y el minifundio, que representan las causas más importantes de que las inmensas mayorías nacionales de los Estados latinoamericanos estén en condiciones extraordinariamente difíciles, sufriendo las contingencias de estar al margen de la civilización contemporánea. Esta indicación también fue aprobada por la Comisión por unanimidad, quedando incorporada al texto del proyecto.

También deseo señalar la participación del Diputado señor Héctor Campos en estas reuniones y, en especial, en su intervención en la sesión 3ª, quien presentó indicación para agregar al final del artículo 11, el siguiente precepto: El derecho a la salud es consustancial a todos los países latinoamericanos, de acuerdo con los principios de la Organización Mundial de la Salud. Las malas condiciones del medio ambiente comunes a muchos países latinoamericanos, condicionan altos índices de morbilidad y mortalidad, que pesan gravemente en el progreso económico de los países miembros de la Comunidad Latinoamericana. Los países miembros deberán uniformar sus servicios médicos y dar al problema de la salud prioridades, dentro de los planes de desarrollo económico y social. Esta indicación también fue aprobada por unanimidad e incorporada al proyecto, en definitiva, en el artículo 12.

Señor Presidente, no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin destacar la dirección presidencial de esta Comisión por parte del Diputadodon Alberto Naudon y del señor Secretario don Clodomiro Bravo, quienes dirigieron en forma extraordinariamente buena el trabajo. También lo fue en la reunión conjunta que tuvimos bajo la presidencia del Senador señor Tomás Reyes.

No podría terminar sin señalar en esta intervención la valiosa participación de los funcionarios de esta Corporación, quienes tuvieron destacada labor durante los días que funcionó el Parlamento Latinoamericano.

Gracias, señor Naudon.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, antes de dar cuenta de nuestro cometido en la reunión del Parlamento Latinoamericano, celebrada en los días 5 y 6 de julio último, deseo agradecer a la colega señorita Wilna Saavedra sus elogiosos conceptos y, al mismo tiempo, la cuenta minuciosa que ha rendido respecto del trabajo realizado por la Comisión Permanente de Integración Económica y Social.

Debo destacar, también, que la colega señorita Saavedra esPresidenta de la Comisión de Trabajo de esta Honorable Cámara, de la de Integración Latinoamericana y del Parlamento Latinoamericano. De esta manera, ella ha tomado, por esta responsabilidad, especial interés en lo referente al Parlamento Latinoamericano, como hemos podido comprobar en la cuenta que ha rendido.

A mí me cupo el alto honor de presidir la Comisión Permanente de Integración Económica y Social, por decisión de nuestros compañeros de la delegación chilena y por acuerdo de los delegados de otros países que estaban representando a sus Parlamentos en este evento, como un homenaje a nuestro Congreso Nacional, actitud que agradecimos en su oportunidad. Sólo quisiera agregar a la cuenta minuciosa de la colega Wilna Saavedra, la lectura del preámbulo de este Proyecto de Tratado de Integración Económica de América Latina, que da su fundamento para que haya una visión de conjunto de su importancia, a través de las razones que en él se indican. Me parece no fue leído, sino que sólo se hizo una referencia por la colega.

Dice este preámbulo: Es evidente que la integración económica constituye un proceso histórico irreversible y un medio idóneo para corregir desajustes estructurales y estimular el desarrollo económico y social;

Es un hecho que América Latina, tratando de eliminar progresivamente la brecha que la separa de los grandes núcleos industrializados, ha decidido modificar sus tradicionales concepciones del desarrollo fragmentario a través de la integración económica, en las distintas formas en que ésta se viene llevando a cabo;

Es un imperativo de orden político, económico, social y cultural impulsar la plena integración de América Latina, a fin de intensificar la solidaridad entre nuestros países, lo que permitirá afirmar su propia personalidad y su misión histórica;

Es una aspiración legítima que la integración latinoamericana constituya un factor determinante en la realización de sus ideales de paz, justicia, libertad, democracia y de efectiva participación en la determinación de las políticas nacionales y regionales;

Es indudable que Latinoamérica está persuadida de la necesidad de que en el proceso de integración deben participar todos los sectores que conforman sus colectividades puesto que, en todos ellos, habrán de reflejarse los compromisos y beneficios derivados de los mecanismos en proceso;

Es necesario procurar la ampliación al máximo de la unidad de propósitos y coincidencias de intereses integracionistas de América Latina;

Es impostergable que los gobiernos latinoamericanos consideren llegado el momento de concretar las declaraciones multinacionales formuladas anteriormente en el Hemisferio, en un solo propósito definitivo con alcances que rebasen los límites tradicionales de la cooperación económica, estructurando para ello una efectiva comunidad de América Latina;

Es procedente crear la Comunidad Económica Latinoamericana, la cual estará vinculada a otras instituciones de carácter permanente, en las que exista también la adecuada representación de los Gobiernos nacionales, con amplias facultades para llevar a cabo su cometido, hasta alcanzar la unificación de decisiones socioeconómicas en el ámbito regional;

Es oportuno, en consecuencia, adoptar un Tratado que instituya esa Comunidad Económica Latinoamericana, a fin de comprometer a los Gobiernos en el propósito definitivo de alcanzar las metas de desarrollo, bienestar y justicia social que demandan las colectividades latinoamericanas.

Este proyecto, aprobado en la sesión conjunta de las Comisiones que celebraron sesiones en Chile, va a ser sometido, con las modificaciones propuestas, a la aprobación de la Reunión Plenaria del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en Caracas, Venezuela.

Nosotros estimamos de interés que se lleve de este Parlamento un estudio serio, profundo sobre esta materia, porque hemos tenido oportunidad de comprobar que generalmente concurrimos en forma improvisada y sin la preparación adecuada, y tenemos que hacer verdaderos esfuerzos para dejar bien puesto el nombre de nuestro Parlamento en los países que visitamos.

Señor Presidente, yo también quiero agregar mi personal felicitación a los funcionarios de la Cámara de Diputados que nos ayudaron con tanta eficacia en este trabajo, que dejó bastante bien puesto, nuevamente, el prestigio de nuestro Parlamento.

Muchas gracias.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Riesco.

El señor RIESCO.-

Señor Presidente, de acuerdo con lo resuelto en Bogotó por la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, se reunieron en Santiago, primero en diciembre del año 1970, y luego entre el 5 y él 8 de julio pasado, las Comisiones Permanentes de Integración Política y de Integración Económica y Social, en labor preparatoria de la 5ª Asamblea General del Parlamento Latinoamericano, que se celebrará en Caracas en el presente mes de agosto. A las sesiones de estudio de las citadas Comisiones Permanentes, asistieron este año delegados de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, además de la delegación chilena, compuesta por parlamentarios de todas las tendencias políticas y representadas en el Congreso Nacional.

Los parlamentarios nacionales, representados en esa ocasión por el Honorable Senador Víctor García, y por los Diputados Agustín Acuña y el que habla, desean expresar hoy día, por mi intermedio, su apoyo a las conclusiones y documentos aprobados en dichas reuniones, y testimoniar así, una vez más, su total y absoluta adhesión a la causa de la integración latinoamericana. Y a la existencia y fortalecimiento de los Parlamentos de las naciones del continente.

En esta reunión, en que repito se trabajó en ambas Comisiones Permanentes, la de Integración Política y la de Integración Económica y Social, se procedió a sesionar separadamente al principio, para luego hacerlo en forma conjunta, y resolver el último día de sesiones.

La Comisión de Integración Política, presidida por el Honorable Senador Tomás Reyes, se abocó al estudio del trabajo elaborado por el Senador chileno Tomás Pablo, titulado La Institución Parlamentaria en América Latina. Realidad y Perspectiva. Luego de un largo debate, en el que se analizó la crisis del Parlamento Latinoamericano, se acordó, por unanimidad, recomendar un proyecto de acuerdo de 5 artículos que contempla, en síntesis, los siguientes puntos:

1º Establecer y reafirmar que la existencia misma de la democracia está íntimamente ligada a la existencia de un Parlamento vigoroso, dotado de las facultades necesarias para cumplir su misión, y como tal es deber de todos los organismos del Estado, y de todo ciudadano, velar por su prestigio y sus prerrogativas, especialmente su función fiscalizadora y su independencia frente a los otros Poderes del Estado. Igualmente, para su buen funcionamiento es necesario dotar al Parlamento de los equipos humanos y materiales necesarios y proceder a la divulgación de sus actividades. Asimismo, dado que el Parlamento constituye el más genuino representante de la opinión pública, es indispensable asegurar su efectiva representación obtenida de una generación electoral.

2º Se acordó la creación de un Fondo Especial destinado a financiar un estudio de carácter jurídico y sociológico acerca de la realidad parlamentaria de las Naciones latinoamericanas.

3º Reiterar a los Parlamentos nacionales la conveniencia de crear Comisiones permanentes dedicadas al estudio y fomento de la integración del área, y, al mismo tiempo, reiterar la conveniencia de que los parlamentarios que integran las delegaciones se aboquen al estudio de tratados internacionales, que necesiten, posteriormente, la aprobación de los respectivos parlamentos.

Poco después, en la sesión conjunta de las dos Comisiones Permanentes, nuevamente se recalcó la importancia del Parlamento, a través de acuerdos que expresan la satisfacción del Parlamento Latinoamericano ante el anuncio de que en Argentina se permitirá próximamente el funcionamiento de su Congreso Nacional.

Igual referencia se hizo en relación a todos los países del área donde se encuentra impedida o dificultada la labor de los Parlamentos nacionales.

Debo dejar establecido que la moción que se aprobó en este sentido, fue propuesta por el Diputado señor Héctor Valenzuela, presente en esta Sala.

En cuanto a trabajo de la Comisión de Integración Económica y Social, presidida por el Diputado señor Alberto Naudon, se abocó al estudio del Proyecto de Tratado que instituye la Comunidad Económica de América Latina, elaborado por el Departamento Técnico de Integración, dirigido por el doctor Braulio Jatar. Dicho proyecto sería imposible de analizar en breves minutos por su extensión y complejidad y por los numerosos aspectos técnicos de que trata. Basta señalar sus postulados más relevantes, como igualmente el hecho de que, después de analizar las diferentes enmiendas propuestas, fue aprobado por unanimidad con excepción del capítulo IV, Estructura Institucional, que fue dejado para posterior discusión en la sesión conjunta de ambas comisiones, presidida por el Senador señor Tomás Reyes.

El documento aprobado considera un imperativo político, económico, social y cultural la integración de América Latina, y para tal efecto propone instituir la Comunidad Económica Latinoamericana, que compromete a los Gobiernos en la meta de alcanzar el desarrollo, bienestar y justicia social que reclaman sus habitantes.

Se establece que el objeto fundamental de la Comunidad es acelerar el ritmo de su crecimiento con el fin de elevar el producto social disponible, y en este sentido se regula todo lo referente a industria, sector agropecuario, transportes, comunicaciones, infraestructura, turismo, finanzas, inversiones extranjeras, calificación de empresas, movilización y utilización de los recursos humanos, ciencia y tecnología, e, igualmente, coordinación legislativa.

En el aspecto Estructura Institucional, en su capítulo IV, se propone a la Asamblea Plenaria que se va a realizar en Caracas, la creación del Consejo de Gobierno, del Parlamento Latinoamericano, de la Corte Latinoamericana Se Justicia, de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Económico, Social y Cultural. Reitero que este capítulo se acordó tratarlo en la sesión conjunta de ambas Comisiones, y en ella, especialmente en lo relativo con el Parlamento Latinoamericano y con la Corte Latinoamericana de Justicia, no se resolvió nada acerca del tema, ya que las delegaciones se reservaron el derecho a expresar sus opiniones en la sesión plenaria, en Caracas.

En cuanto a la labor desarrollada en esta reunión, como asimismo en la reunión conjunta final, quiero destacar, más allá de las ponencias a que me he referido y que cuentan con el más completo apoyo de los parlamentarios nacionales, la actuación del Honorable Senador Tomás Reyes y del DiputadoAlberto Naudon, que presidieron las diferentes Comisiones. Deseo hacer resaltar la actuación de ellos, no solamente por la forma eficiente en que se desempeñaron, sino por la destacada labor y por la brillantez con que desarrollaron sus actividades, dejando bien puesto el nombre del Parlamento nacional.

Finalmente, quiero poner de relieve la presencia en estas reuniones en Santiago de Chile de los señores Jorge Dager, Luis Lacorte y Andrés Townsed, Presidente, presidente sustituto y Secretario General del Parlamento Latinoamericano, como asimismo la del señor Braulio Jattar, Director del Departamento Técnico de Integración del Parlamento Latinoamericano.

Termino mis palabras, señor Presidente, destacando la labor del personal de esta Honorable Cámara, que permitió desarrollar estas reuniones de las Comisiones Permanentes acá en Santiago, especialmente la labor del Secretario de una de estasComisiones, don Clodomiro Bravo.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Pido la palabra.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Valenzuela Valderrama.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, me hallo en una situación realmente delicada para rendir el informe de la Comisión Política, por una razón muy sencilla. Porque a estas reuniones de la Comisión Política asistieron permanentemente sólo cuatro parlamentarios; tres Senadores: Tomás Reyes, que la presidió, Jorge Montes y Tomás Pablo, y el Diputado que habla.

Por consiguiente, entiendo que la Mesa puede interpretar el acuerdo adoptado por los Comités, en el sentido de que quien presidiera la Comisión pudiera disponer de 10 minutos y, luego, el Diputado que hubiera asistido a esas sesiones pudiera disponer de otros 10 minutos. Como el Senador Tomás Reyes no puede hacerlo aquí, como una interpretación de la Mesa, yo podría disponer de estos 20 minutos para entregar un informe más completo. Parece que hay acuerdo.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Campos, para que el Diputado señor Valenzuela pueda usar de todo su tiempo de una sola vez.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, tengo el honor de dar cuenta de mi actuación como parlamentario representante de Chile en la Comisión de Integración Económica Latinoamericana, que celebró sus sesiones preparatorias de la Asamblea Plenaria del Parlamento Latinoamericano en Santiago, en el mes de julio próximo pasado.

En el espacio de varias sesiones de estudio de la Comisión, analizamos detenidamente el trabajo elaborado por el Departamento Latinoamericano sobre integración económica de Latinoamérica, que tiende a hacer realidad una de las aspiraciones más nobles de esta gran familia de pueblos latinoamericanos, cual es constituir una sola comunidad sobre la base del pleno ejercicio de sus soberanías, de la justicia y de su más resuelto empeño de aelerar su desarrollo moral y material.

Inspirados en estos propósitos integracionistas, los representantes de ocho países de Latinoamérica elaboraron acuciosamente el proyecto que instituye la Comunidad Económica Latinoamericana, en el que se establece un estatuto jurídico que gobernará esta unión de los pueblos del hemisferio sur americano, sobre la base de los siguientes principios y objetivos que consagran en el artículo 1º: de regionalidad, de independencia, de integración, de multinacionalidad, de popularidad, de justicia social, de equiparación, de reciprocidad. En el artículo 2º, se destacan el concepto de aceleración en el desarrollo socioeconómico independiente y autosostenido de toda la región; la corrección del desequilibrio económico-social existentes entre los países miembros; la participación activa de todos los sectores regionales en los esfuerzos y compromisos comunitarios; la unificación de actitudes de la región ante terceros países, bloques; la concertación y coordinación de las políticas nacionales de desarrollo en general; la aproximación y armonización de las legislaciones nacionales, especialmente las relacionadas con la seguridad social, y la vinculación física del área.

Particularmente, señor Presidente, debo informar a la Corporación que, en mi calidad de médico preocupado de los problemas y males que afectan a la persona humana y a su organismo, me preocupé en forma especial de que se estableciera una norma expresa en el capítulo sobre Desarrollo Económico y Social que consagra, artículo 12, el derecho a la salud de todos los habitantes de la región latinoamericana, propendiendo a la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad. Creo que esta disposición contribuirá muy eficazmente a realizar los postulados multinacionales y de hondo contenido social que inspiran y dirigen la acción del Parlamento Latinoamericano.

En esta materia, es preciso que dé a conocer a la Corporación otros antecedentes que obran en mi poder, relacionados con la salud del hombre americano, que deberán tenerse en consideración al ser estudiada y ratificada esta moción en la sesión plenaria del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de Caracas, en fecha muy próxima.

Señor Presidente, la distinguida colega, señorita Saavedra, leyó la moción que yo presenté a la Tercera Reunión. No tengo para qué repetirla. Esta moción, que fue hecha suya por la delegación de Chile, a mi juicio no fue incorporada en todos sus detalles en el artículo 12. Por eso, he elaborado un trabajo para justificar la incorporación plena de mi moción en la discusión que se realizará en Caracas, a fines del mes de agosto. Yo pongo a disposición de la delegación de Chile los antecedentes que tengo para defender en su integridad la moción, tal como la presenté, porque creo que en la forma como fue aprobado no satisface lo que yo quería expresar en esa oportunidad.

Sólo me resta recalcar, señor Presidente, la profunda fe que tengo en el éxito de la misión integracionista del Parlamento Latinoamericano, la que no dudo guiará a todos los delegados de Latinoamérica que concurran a este magno evento internacional en Caracas, quienes harán todo lo humanamente posible para poner en práctica tan elevados y altruistas propósitos, los que podrán, algún día, levantar a Latinoamérica a niveles sociales, culturales y económicos que corresponden a sus nobles razas, a su tradición histórica común y a sus ideales de dignidad, de justicia, de patriotismo y de superación humana.

Para terminar, adhiero a las felicitaciones manifestadas, primero, al Presidente de la delegación de Chile, señor Naudon, que presidió en esta etapa la Comisión de Desarrollo Económico y Social y, muy especialmente, a los funcionarios de la Cámara, que en forma tan capaz y desinteresada ayudaron a la delegación chilena en estas sesiones del Parlamento Latinoamericano.

Nada más.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la palabra el señor Valenzuela Valderrama.

Su Señoría dispone de un total de 17 minutos con la cesión de tiempos hecha por los Diputados señores Campos y Riesco.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Gracias.

Ya en la sesión inaugural, el 5 de julio, el Presidente del Senado, don Patricio Aylwin, destacó que estas reuniones de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano serían de Integración Económica y de Integración Política. La primera trabajaría sobre la base del proyecto denominado Comunidad Económica Latinoamericana, y la segunda analizaría el proyecto de Los Parlamentos Latinoamericanos, su vigencia y problemas.

Refiriéndose a este último tema, el Senador Aylwin dijo: El tema relativo a la importancia y vigencia del Parlamento tiene también especial trascendencia en estos tiempos. El Parlamento, generado por el voto libre, secreto y periódico del pueblo, en el que están representadas proporcionalmente todas las corrientes de opinión, sigue siendo el mejor baluarte de la democracia, porque el debate nacional mata en su raíz cualquier afán de hegemonía, y porque la convivencia entre los adversarios es escuela de tolerancia y respeto mutuos.

Hombres de opuestas posiciones encontramos en el seno del Parlamento la manera de someter nuestras pasiones al dictado de la razón, y aprendemos también a conocernos, respetarnos y apreciarnos, a pesar de nuestras diferencias.

En esta misma sesión inaugural, el Presidente del Parlamento Latinoamericano, DiputadoJorge Dager, expresó: La lucha del Parlamento Latinoamericano, una institución que, por primera vez en la historia del continente, se constituye para alcanzar objetivos de un valor histórico irrenunciable, no sólo está destinada al logro de un objetivo que para nosotros tiene un carácter inaplazable, la integración, sino que, además, a asegurar dentro de cada uno de nuestros países el mantenimiento, la estabilidad y el perfeccionamiento de la soberanía popular, a través del desarrollo y perfeccionamiento de la entidad parlamentaria.

Por eso agregaba el DiputadoDager, en las reuniones que vamos a iniciar en Santiago de Chile, se discutirán dos temas fundamentales: uno, el de la Integración Económica, y el otro, los problemas del Parlamento mismo como institución en Latinoamérica.

Estos dos temas, que concentran lo que, en estos momentos, constituyen aspectos inquietantes en la conciencia de todos los latinoamericanos, serán debatidos, en primer lugar, en cada una de las Comisiones; y, posteriormente, en la reunión conjunta de ambas Comisiones.

Respecto de la Comisión de Integración Política, puedo dar el siguiente informe. Hubo cuatro sesiones sucesivas a las que, como quedó ya dicho, asistieron habitualmente y en forma sistemática cuatro parlamentarios, los tres Senadores ya nombrados, Reyes, Montes y Tomás Pablo, y el Diputado que habla.

La Comisión Política fue convocada con el objeto de estudiar el trabajo que la Junta Directiva encomendó elaborar al Senador chileno Tomás Pablo, titulado La Institución Parlamentaria en América Latina: realidad y perspectivas. El trabajo elaborado por el Honorable Senador Pablo enfoca, fundamentalmente, lo que él estima ser la crisis del Parlamento en Latinoamérica y lo hace desde tres puntos de vista: el político, el institucional y el de técnica interna.

Con respecto a la crisis política, la concretó en el hiperpresidencialismo y en la falta de representatividad de algunos Congresos Latinoamericanos. La crisis institucional la refirió a la pérdida de importancia en la formación de la ley, en la elaboración política sustancial y en la inadecuada forma de fiscalización. Al hablar de la crisis desde el punto de vista técnico, discurrió sobre los problemas derivados del número de parlamentarios en cada uno de los Congresos; acerca de la conveniencia del régimen bicameral o unicameral; sobre la necesidad de un sistema de incompatibilidades; respecto de la continuidad del trabajo legislativo y, finalmente, sobre la falta de información sustantiva.

La tesis central del Senador Pablo está basada en la interrelación que existe entre los Gobiernos democráticos y la existencia del Parlamento, así como en el hecho de que estos Parlamentos deberán constituir el mejor instrumento del cambio.

Los representantes de los diversos Parlamentos asistentes expresaron su complacencia con este estudio y concordaron en que el tema era de una importancia extraordinaria y que su análisis y divulgación producirán necesariamente efectos favorables en todos y cada uno de los Parlamentos de América Latina.

Después de debatir ampliamente las diferentes proposiciones formuladas, la unanimidad de la Comisión Permanente de Integración Política resolvió recomendar al Parlamento Latinoamericano, para sus próximas reuniones, un proyecto de acuerdo que pido que se incorpore al acta de esta cuenta, porque se trata como ya lo recalcó el señor Riesco de un proyecto que consta de 5 artículos, y tiene alguna extensión. Por eso, para no ocupar el tiempo leyéndolo, pido que se incorpore a esta cuenta.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).

A su debido tiempo se solicitará el acuerdo para su inclusión, señor Diputado.

El proyecto de acuerdo, cuya inserción se acordó con posterioridad, es el siguiente:

El Parlamento Latinoamericano

Acuerda:

Primero: Aprobar las siguientes nueve conclusiones contenidas en el trabajo elaborado por el Senador chileno don Tomás Pablo, titulado La Institución Parlamentaria en América Latina: Realidad y Perspectivas:

1) Todos los sistemas políticos contemporáneos que merecen el título de democráticos, exhiben la existencia de un Parlamento dotado de efectivo poder y habilitado para cumplir en forma eficiente sus funciones. En este sentido, la inexistencia del Parlamento o su subordinación, son síntomas claros de la vigencia de un régimen contrario a la democracia. Por ello, debe reafirmarse en forma vehemente que, en la misma medida en que en el régimen democrático se caracteriza por el peso, predominio y representación de la opinión pública en los procesos de elección de los órganos del Estado y de cumplimiento de las funciones de los mismos, el Parlamento, como el más claro y genuino representante de esa opinión pública, es la condición sine qua non para la existencia de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

2) El resguardo del prestigio y prerrogativas del Parlamento es un deber inexcusable de los órganos del Estado y de todo ciudadano de convicción democrática. Al propio Parlamento corresponde el deber de adaptarse paulatinamente a los requerimientos cambiantes de las necesidades del Gobierno político, y adoptar las medidas conducentes a la mejor satisfacción de sus funciones y al reavaluo constante de las políticas puestas en práctica, para hacer de la ley la vía natural de transformación de la sociedad. Con ello, justificará su existencia y realzará su condición de garante y forjador del régimen democrático.

3) Debe acentuarse el predominio del Parlamento en la iniciativa de la función legislativa, sin perjuicio de delimitar su campo de acción para impedir que la ley pierda los caracteres de generalidad, abstracción, unidad y oportunidad de vigencia que condicionan su imperio.

4) Las orientaciones centrales de los sistemas de planificación conforme a los cuales se desarrolle la acción de un Gobierno deben ser sometidas en forma global para su aprobación al Parlamento.

5) Debe darse efectividad a la función fiscalizadora que corresponda al Parlamento, dotándolo de poderes adecuados para ejercer sus atribuciones y capacitándolo para sancionar los actos de Gobierno que sean objeto de su condenación.

6) Debe realzarse el grado de independencia del poder legislativo frente a los demás poderes del Estado y ante el sector privado, creando incompatibilidades estrictas entre la función parlamentaria y la administración del Estado y del poder económico de una nación, como garantía de un cumplimiento objetivo de su misión constitucional, que sólo puede inspirarse en el interés general.

Ello obliga a que la dieta o remuneración parlamentaria, permita al representante, Diputado o Senador, dedicar la mayor parte, sino todo su tiempo, al cumplimiento de sus funciones.

7) El Parlamento debe ser dotado de equipos humanos y de medios materiales capaces de proporcionar una información cabal, exhaustiva y oportuna sobre las materias que entran en la esfera de su competencia. La asesoría legislativa es indispensable para asegurar el acierto de las decisiones que corresponde adoptar al Parlamento. Esta asesoría debe prestarse tanto a la institución parlamentaria misma, como a los parlamentarios individualmente considerados, con carácter objetivo, técnico y científico y a través de organismos o personas apolíticas.

8) Es indispensable difundir, a todos los niveles, información adecuada sobre la verdadera importancia política y jurídica del Parlamento y de la forma en que cumple su misión, para reencontrar en la opinión pública el reconocimiento que merece para ser considerado como garantía clara y única del régimen democrático de Gobierno.

8) Es fundamental, para asegurar una efectiva representación, poner el acento en el régimen electoral que genera el Parlamento. El régimen de comicios debe permitir la participación de todos los sectores nacionales sin discriminación. Al elector debe estarle garantizado que su sufragio será realmente secreto, imposible de ser controlado. En el acto electoral deben poder participar, en pluralidad de listas, las fuerzas políticas que reflejen cualquier sector de opinión nacional y deberá existir siempre un número mayor de candidatos que los cargos por llenar. El electorado deberá tener la posibilidad de estar debidamente informado a través de los diversos medios de comunicación masiva, de las distintas corrientes de opinión, lo que debe ser garantizado por el Estado.

Segundo: Crear un Fondo Especial destinado a financiar un estudio de carácter jurídico y sociológico acerca de la realidad de la institución parlamentaria en los países de América Latina.

Tercero: Reiterar a los Parlamentos Miembros la importancia que reviste el hecho de que en las reuniones internacionales en donde se discutan Tratados que deben posteriormente ser sancionados por el Poder Legislativo, las respectivas Delegaciones del Poder Ejecutivo estén integradas, también, por Parlamentarios.

Cuarto: Aprobar la moción del Diputado chileno señor Héctor Valenzuela Valderrama, en el sentido de reiterar a los Parlamentos de América Latina la conveniencia de crear Comisiones Permanentes dedicadas al estudio y promoción del proceso de integración latinoamericano; y

Quinto: Remitir al Fondo Especial que se crea, con el carácter de meras sugerencias para ser consideradas en el estudio que realice, las dos mociones que se transcriben, presentadas por el Senador señor Adalberto Sena, de Brasil, y por el Diputado señor Julio Adolfo Rey, de El Salvador, respectivamente:

Primera: Salvo caso de secreto de Estado o de evidentes abusos, no debe ser negada ni limitada cualquiera información solicitada al Poder Ejecutivo por algún parlamentario con respecto a los actos o procedimientos de la Administración Pública y de sus agentes.

Segunda: Que el período para el cual sean electos los parlamentarios sea iniciado conjuntamente con el de Presidente de la República y que el Parlamento sea renovado total o parcialmente a la mitad del período presidencial.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, debo destacar, porque lo considero de real importancia y porque fue uno de los puntos que más llamó la atención en estas reuniones de la Comisión de Integración Política, el discurso que pronunció el Senador, representante de Chile y miembro del Partido Comunista, señor Jorge Montes. Destaco el hecho de que se trata de un discurso llevado con mucha altura. Realmente, es un discurso muy serio en el que señaló, desde su punto de vista, las opiniones que le merecían lo que planteó el Senador Pablo.

Coincidió con el Senador Pablo en numerosas apreciaciones manifestadas en su proyecto de informe, y dio su opinión respecto a otros puntos. Acerca del problema que nos preocupa dijo el Senador Montes es obvio que cada uno de nosotros interpreta la realidad y busca cómo transformarla de acuerdo a su posición, a su ideología, a sus particulares concepciones políticas, sociales y económicas.

Más adelante, con real altura de miras, destacó algunos hechos que también quiero destacar en esta oportunidad. Son sus palabras: Para hacer posible la libertad del campesino chileno, para que pueda asumir su dignidad de hombre verdadero, y alcanzar una nueva condición humana, es preciso eliminar la lacra del latifundio. En el intento de resolver este problema, como en el anterior, problemas decisivos para nuestro país, nosotros debemos ser justos y decir que la actitud del Partido Demócrata Cristiano chileno permitió realizar las aspiraciones nuestras. Y debemos decir ante ustedes, señores representantes de otros parlamentos de países latinoamericanos, que la nacionalización del cobre que vota el próximo domingo el Congreso Pleno de nuestro país, acontecimiento fundamental en nuestra vida, en nuestra historia y en nuestra dignidad de chilenos, podrá ser posible por el concurso del Partido Demócrata Cristiano.

Se dice que los hombres del Gobierno son sectarios, que no reconocen la labor de otros hombres y de otros Gobiernos. No es efectivo dice el Senador Montes. Reconocemos también que fue en el Gobierno presidido por el señor Frei en el que se dictó la ley de Reforma Agraria que nosotros hoy día, el Gobierno Popular de Chile, aplicamos de una manera intensiva y drástica. Esa ley fue aprobada con nuestro concurso y con el de aquellos que apoyaron al Gobierno de Frei. Esa ley hará posible en el próximo año terminar con el latifundio en nuestra Patria, etcétera.

Creo que es un hecho positivo que un Senador, que fue entonces de Oposición y que sostiene internamente ideologías distintas a otros miembros del Parlamento, destacara con tanta altura sus puntos de vista, lo que fue realmente ejemplar para los demás asistentes a la Comisión del Parlamento Latinoamericano.

Además, el Senador Montes planteó, tenía derecho a ello, porque al Parlamento Latinoamericano no se va como bloque para apoyar o rechazar determinadas tesis, sino que se mantiene la personalidad que cada parlamentario tiene en el universo político de su país; planteó desde su punto de vista, que en nuestro caso, estimamos que la existencia y desarrollo del Parlamento favorece la democratización de todo el sistema y pensamos que el Parlamento unicameral o cámara única resolverá mejor los problemas descritos. Esta afirmación está dice en las medidas de la Unidad Popular. Es bandera nuestra establecer un sistema parlamentario unicameral. Así el Senador Montes, desde su punto de vista, planteó según lo que creía más oportuno, y hablaba en nombre lo dijo de los partidos que apoyaban al Gobierno la tesis de la Cámara Unica.

Como este punto fue motivo de mucha polémica fuera de la sesión, en los pasillos, creí mi deber, haciendo uso también de la libertad que tiene cada parlamentario para exponer sus puntos de vista, plantear los de la Democracia Cristiana en esta materia, con la misma altura de miras y el mismo respeto con que lo había hecho el Senador Montes, refiriéndose a mi Partido y al Gobierno que presidió el señor Frei. Y en ese sentido dijo que, así como declaro que coincido con el Senador del Partido Comunista señor Jorge Montes, integrante de mi delegación, en los aspectos que he señalado, con la misma claridad y franqueza debo expresar que difiero de otros planteamientos formulados por él en su intervención, a lo que me estoy refiriendo.

Más adelante me correspondió explicar lo siguiente: Estimo, señores delegados, que resulta indispensable clarificar esto, desentrañar su verdadero sentido. Es evidente que, frente a esta formulación del Senador Montes, hay que hacer necesariamente una distinción de vital importancia.

Primero, cuando se habla de Cámara Unica, se puede estar postulando una modificación del régimen bicameral según el cual opera el Parlamento chileno, pero sin que se pretenda cambiar el sistema institucional. Tal modificación sería de mucha importancia, mas, en definitiva, no sería sino una modificación formal que no va más allá de propugnar la sustitución de un régimen bicameral por otro unicameral, buscando la agilización o el perfeccionamiento del proceso formador de la ley.

En esta materia destaqué que no hay cuestión de principios ni cuestiones doctrinarias, y que pronunciarse en uno u otro sentido dependería de la claridad con que se presente la alternativa de ventajas y desventajas que juegan en la implantación de tal modificación.

Más adelante planteé que cuando se habla de Cámara Unica se puede estar propugnando un cambio del sistema institucional. En ese caso, el propósito verdadero no es el que aparece en las palabras que, según lo antes expresado, serían en definitiva inofensivas, y entonces sería equivocado entender este cambio como el simple paso de dos cámaras legislativas a una sola. En tal evento, nos hallaríamos frente a la tentativa de sustituir un sistema constitucional por otro, de derribar el sistema vigente y construir otro con nuevas bases, nuevos principios y nuevas estructuras. Y manifesté que tenía razones para pensar así. Dice, textualmente, el programa de los partidos agrupados en lo que se llama Unidad Popular, que sustentan al actual Gobierno:

Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal. Se creará una organización única del Estado, estructurada a nivel nacional, regional y local, que tendrá la asamblea del pueblo como órgano superior del poder. La asamblea del pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión. Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido. Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, Ministros, asamblea del pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos, con la finalidad de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.

Los conceptos transcritos son una parte de la exposición de principios sobre el llamado Nuevo orden institucional o Estado Popular, que contiene el programa de los partidos agrupados en la denominada Unidad Popular y bastan para dejar de manifiesto que la asamblea del pueblo no representa sólo una solución técnica a la alternativa de si debe funcionar una o dos ramas legislativas, sino que el propósito es mucho más ambicioso.

En efecto, se crea una organización estatal única, con lo que desaparece la distinción entre los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El cambio es sustancial, de fondo, pues el Ejecutivo pierde la libertad de iniciativa y su condición de exclusivo depositario de los poderes de gobierno y de administración.

A su vez, el Poder Judicial pierde su independencia.

En el vértice de esta pirámide se sitúa la Asamblea del Pueblo, centro y confluencia de todo el poder. Bajo la dependencia de la Asamblea del Pueblo, o Cámara del Pueblo, o Cámara Unica, quedan todas las autoridades de la República.

Quedó de esta manera demostrado que, cuando en la propia exposición de motivo del programa de la Unidad Popular, se está hablando de Cámara Unica, no se está hablando de sustitución del régimen bicameral por el unicameral, sino que se trata de cambiar un sistema institucional por otro.

Esto es, en síntesis, el fondo del debate que en esta materia se planteó, llevado como digo, con altura de miras, con el más absoluto respeto y reconocimiento de que lo que se había planteado reflejaba exactamente el pensamiento de las colectividades que representaban.

Desde otro punto de vista, saliéndome ya de lo que fue medular y conflictivo, debo destacar que la delegación chilena planteó, con mucho énfasis, la necesidad de hacer aterrizar al Parlamento Latinoamericano en cosas concretas. Se ha dicho que es una Asamblea parlante, viajante e inoperante. Nosotros tenemos la obligación de modificar este remoquete. El desafío de esta hora dijimos tiene para nosotros un sentir muy claro: trabajar por el acercamiento de nuestros pueblos, por derribar las fronteras que tan celosamente hemos guardado y que tan penosa experiencia nos han entregado. Lucha porque la integración avance efectivamente en los planos económico, social, cultural y político, hasta que pueda convertirse en realidad la visión de Bolívar de constituir el gran Estado Latinoamericano. Para esto, debemos dar pasos concretos. Y entre los pasos concretos que propuso la delegación chilena hubo uno que pudimos exhibir como ejemplo.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

Señor Diputado, ¿me perdona? Ha terminado el tiempo de 17 minutos de que disponía Su Señoría.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Con dos minutos más podría completar mi exposición.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para otorgar hasta tres minutos más al señor Valenzuela, don Héctor?

Acordado.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Gracias.

Señor Presidente, destaqué un hecho que nos enorgullece. En 1968, cuando se realizó aquí en Santiago una reunión de Presidentes de Cámaras de Diputados de países del Area Andina, se adoptó, entre otros, el acuerdo de constituir comisiones permanentes de trabajo que se dedicaran al estudio y promoción del proceso de integración latinoamericana. Pues bien, Chile cumplió con este compromiso y ya es, desde hace algún tiempo, realidad en nuestro Parlamento una comisión permanente de trabajo dedicada al estudio de la integración latinoamericana. Pedimos que este procedimiento fuera adoptado por todos los Parlamentos para que así toda la tarea integracionista no fuera sólo el fruto de los gobiernos o de los técnicos, sino de todas las fuerzas vivas representativas del sentir popular, que en su seno más profundo se halla en los Parlamentos, para que la tarea, necesaria, urgente e indispensable, de la integración, pudiera tener la fuerza que sólo la participación del pueblo le puede dar, porque el Parlamento es el que mejor refleja el sentir soberano de los pueblos.

Además, en razón de la acuciosidad de la delegación chilena, se adoptaron otras medidas tendientes a celebrar la voluntad manifestada por el Gobierno argentino en el orden a preparar las vías a fin de llevar al sistema democrático pleno las instituciones de la República hermana. Se hizo constar por parte del Parlamento Latinoamericano la complacencia en este sentido y la decisión de hacerle llegar, junto con nuestra palabra, la voluntad de que no se frustrara más el sentir de este pueblo hermano.

También, por iniciativa chilena, se adoptaron algunos acuerdos tendientes a pedir al Congreso de los Estados Unidos la adopción de un tratamiento justo para los productos económicos latinoamericanos, que son la base de la vida misma de nuestros países.

Finalmente y es mi última palabra destaco la acuciosidad y sentido de responsabilidad con que actuó la delegación chilena; la eficiencia de los Secretarios que actuaron en la Comisión de Integración Política, que estuvo a cargo del funcionario del Senado, señor Rodemil Torres, y la experiencia recogida en esas reuniones, a las que, desgraciadamente, las delegaciones chilenas van sin mayor estudio.

Por eso, de nuestro Congreso debe salir la decisión, primero, de preparar con tiempo las reuniones para el Parlamento Latinoamericano; segundo, de preparar con acuciosidad los estudios y ponencias que Chile debe llevar; y, tercero, de mantener una delegación con cierta estabilidad, para que así el nombre del Parlamento de Chile que es el tercero en antigüedad en el mundo y, por cierto, el más antiguo y prestigiado en Latinoamérica pueda tener siempre la palabra que le corresponde dar.

Este es el informe que rindo en nombre de la representación con que me honró esta Cámara en la Comisión de Integración Política del Parlamento Latinoamericano. Muchas gracias.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

De conformidad con los tiempos especiales concedidos por la Sala, tiene la palabra el señor Guastavino.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, en medio, a veces, de las fragorosas situaciones de la lucha política que se vive en este país, yo quiero referirme esta tarde a un hecho que quisiéramos que realmente se considerara por esta Corporación.

Un trozo muy importante de nuestra patria, que jurisdiccionalmente corresponde a la provincia de Valparaíso, ha sido beneficiado, en estos días, por un decretó presidencial que, como porteños y como chilenos, queremos festejar en esta Corporación. Se trata del decreto en virtud del cual se sistematiza y se da organicidad al desarrollo del departamento de Isla de Pascua.

Yo he creído conveniente poner de relivie esta tarde, en esta Corporación, el hecho de que haya sido convocada a La Moneda toda la representación política de la provincia de Valparaíso, todos los partidos políticos, de oposición y de gobierno, y que se haya contado con un número importante de parlamentarios para que, en presencia de las autoridades del Ejecutivo, se haya conocido este decreto y se haya asistido a la firma, por parte del Presidente de la República, de este instrumento.

Quiero, señor Presidente, leer esta tarde, aquí, algunos acápites de este decretó, que me parece corresponde en un homenaje que se rinde a ese grupo de chilenos y a ese territorio alejado del continente. Por eso, quiero, realmente, esperar que nosotros seamos capaces de reconocer este gesto del Gobierno y del Presidente de la República.

El decreto dice: Que para una adecuada administración de la Isla de Pascua, el Presidente de la República requiere de una asesoría consecuente con la complejidad de los problemas que la misma suscita;

Que es también necesario que los distintos organismos del Estado que de alguna manera deben participar en la preparación y ejecución de los planes económicos, políticos y sociales que afectan a la Isla, actúen coordinadamente;

Que la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) es, de acuerdo con su ley orgánica, el organismo asesor encargado de proponer las orientaciones fundamentales al proceso de planificación, de conformidad a las instrucciones que para estos efectos le imparta el Presidente de la República;

Que es de interés para el país promover el desarrollo económico y social de la Isla, y que se adopten medidas inmediatas y eficaces tendientes a la debida conservación y desarrollo del patrimonio arqueológico, histórico y cultural isleños, y a la preservación de la lengua, tradiciones y costumbres de la población autóctona;

Que para el cumplimiento de los fines expresados precedentemente es indispensable la participación de los isleños;

Que el decreto supremo Nº 534, de 28 de abril de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que creó la Comisión de Isla de Pascua, es insuficiente para los objetivos antes indicados.

Créase una Comisión Nacional, que asesorará al Presidente de la República en todo cuanto diga relación con el desarrollo económico, político, social y cultural del departamento de Isla de Pascua.

Y se da, en este decreto, la composición amplísima de esta Comisión.

Señor Presidente, a través de lo que está indicado en este decreto, a lo cual no puedo referirme con detalles, se está garantizando la posibilidad de que se trabaje en forma orgánica, para desarrollar, así, la vida de esa isla, sin recurrir ya al expediente unilateral de lo que se pueda hacer benefactoramente hacia ese grupo de chilenos. Quiero remitirme al hecho de que ya ODEPLAN ha concebido, por medio de estudios bastante serios que tengo en mi mano, un Plan de Desarrollo Sexenal, desde el año 1971 a 1976, para la Isla de Pascua, en el que se encuentran sintetizados problemas que tienen que interesar, realmente, a todos los chilenos, ya que se trata de dar vida a una isla a la que se quiere defender en su autoctoneidad.

Yo pido que seamos capaces de respetar y de valorizar, verdaderamente, el que se haya llegado a esta conclusión por parte del Gobierno. Y me permito sugerir que la Cámara de Diputados, junto con expresar públicamente este hecho, acuerde el envío de una nota de estímulo y de felicitación al Presidente de la República y a la Oficina de Planificación Nacional de la Presidencia de la República, por la preocupación y la agilidad con que se han encargado de comunicar vertebración y organicidad a toda una política específica de desarrollo para la Isla de Pascua.

Ese es el homenaje que yo he querido rendir, y ésa es la nota con que deseo que se estimule esta política, puesta en práctica a través del decreto del Presidente de la República.

Nada más y muchas gracias, señores Diputados.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se enviará la nota a que ha hecho referencia el Honorable señor Guastavino.

Acordado.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite? Un agregado, señor Presidente...

El señor SANHUEZA (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (de pie).-

Señor Presidente, las esferas gremiales, deportivas y sociales de Talca estuvieron de duelo la semana pasada, con motivo del trágico deceso de uno de sus más valiosos elementos. Miguel Molina Guajardo, un excelente funcionario del Servicio de Impuestos Internos y gran deportista talquino, falleció a los 46 años de edad, a consecuencias de un accidente automovilístico.

El negro Molina, como tan cariñosamente se le denominaba, había logrado ganarse el aprecio de muchas personas, porque siempre fue un hombre cabal. Su muerte ha enlutado principalmente al deporte local, por cuanto en innumerables ocasiones vistió la camiseta piducana de las selecciones de básquetbol; e, incluso, en la década del 40 al 50, fue integrante del equipo de fútbol del Rangers amateur. Posteriormente, al abandonar las prácticas activas, con ese espíritu deportivo que llevaba en la sangre, prosiguió prestando toda su colaboración como dirigente; y, en calidad de entrenador, cumplió una misión muy fructífera, al entregar su mejor experiencia y las más sabias enseñanzas a nuestra joven generación deportiva.

En múltiples ocasiones, me correspondió estar junto a él defendiendo los mismos colores; en otras oportunidades, fuimos adversarios. Pero, siempre, su comportamiento dentro de la cancha estuvo a la altura de un auténtico caballero. Para él no existía la jugada ilícita; sólo le interesaba que las acciones se vieran rubricadas con habilidad, capacidad y talento deportivo.

Aunque ideológicamente no tuvimos los mismos juicios, tengo que reconocer lealmente, en esta ocasión, su más absoluto respeto por las ideas de las cuales discrepaba. Defendió su pensamiento en un plano de correcta armonía y lógica, porque él no concebía el odio. Su premisa fundamental era cultivar la amistad.

De ahí que su prematura partida tenga que ser lamentada no solamente por sus familiares y amigos, sino también por las numerosas instituciones a las cuales perteneció. Y así quedó demostrado el día en que se efectuaron sus funerales, al concurrir más de un millar de personas a despedir sus restos al camposanto.

Molina Guajardo era parte de Talca, un piducano de corazón, que, nacido en un modesto hogar talquino, practicó la superación en la escala de la vida y se entregó por entero a servir a la comunidad que tanto amó.

Por estos motivos, como coterráneo, he estimado un deber moral rendir, en este hemiciclo, mi más sincero homenaje póstumo a quien fue ejemplo de servicio y de convivencia humana. A la vez, expreso mis profundos sentimientos de congoja y aliento a su señora esposa, hijos y familiares, que hoy se sienten entristecidos porque uno de sus seres más queridos ya no está junto a ellos, a quienes todo un pueblo les ha dado la más pura tranquilidad.

Es importante, señor Presidente, en momentos tan difíciles para nuestra patria, tratar de conservar la memoria de seres que constituyeron un ejemplo y que, lejos de sembrar odio y de orientar a nuestras juventudes hacia destinos muchas veces inconfesables, dedicaron su vida al fomento del deporte, a hacer de la amistad un verdadero culto y a cumplir sagradamente sus labores funcionarias, valores todos que nos pueden permitir construir un Chile mejor.

En mérito de lo dicho, señor Presidente, solicito que se envíe un oficio a la Municipalidad de Talca, pidiéndole que tenga a bien perpetuar el nombre de este destacado hombre público talquino acordando llamar, en el futuro, al actual Gimnasio Municipal, Gimnasio Miguel Molina Guajardo. Con ello, estoy cierto, se cumpliría el anhelo y la gratitud de la comunidad deportiva de Talca.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado...

El señor RODRIGUEZ.-

Igualmente, que se envíen las condolencias a la familia.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

...y la nota de condolencia a que se ha referido el señor Rodríguez, en el nombre de Su Señoría.

El señor CLAVEL.-

En nombre de la Cámara, señor Presidente.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, los oficios serán enviados en nombre de la Cámara.

Acordado.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Castilla.

El señor CASTILLA.-

Señor Presidente, hace algunos días, dos ciudades, un país y el mundo entero, conmemoraron, con horror y estremecimiento, la fecha del 6 y 8 de agosto; porque, en esos días, el imperialismo norteamericano dejó caer sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, por primera vez, una bomba atómica. La destrucción de ambas ciudades fue prácticamente total. Y hasta en estos mismos instantes, según nos informan los cables y las noticias, personas que aún viven son víctimas de enfermedades producto de esas explosiones atómicas.

Como consecuencia de estas bombas atómicas del 6 y el 8 de agosto de 1945, a los pocos días, el 15 de ese mismo mes, el Japón se rindió ante los Estados Unidos.

Sin embargo, la humanidad no ha aprendido esta terrible y tremenda lección que dejaron las experiencias nucleares en función de la guerra; pues, en esta misma fecha, nuestro continente es víctima de las experiencias que, con fines pacíficos, según ellos lo dicen, realizan los franceses, realiza Francia en el Pacífico.

Por este motivo, yo quisiera que esta Cámara, que el Parlamento chileno, se dirigiera a los líderes del mundo, especialmente al Secretario General de las Naciones Unidas, advirtiéndoles este peligro y solicitándoles que agoten todos sus esfuerzos y realicen todas las gestiones en este sentido. Y que en esta batalla tuviéramos participación, aunque fuera pequeña, como representantes del pueblo, con el objeto de conseguir la paz y la convivencia entre todos los hombres.

Por eso, pido que se dirija oficio o un cablegrama al señor Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de exhortarlo a que recuerde las experiencias trágicas ocurridas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 8 de agosto de 1945; y a que se agoten todos los esfuerzos en pro de la paz mundial y de la convivencia de los pueblos; y al Gobierno francés, para protestar, una vez más, sumándonos así al esfuerzo que realiza nuestro Gobierno, para que las experiencias nucleares que efectúa Francia en el Pacífico, terminen también lo más pronto posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Si le parece a la Honorable Cámara, se procederá a enviar el cablegrama y las comunicaciones a que ha hecho mención el señor Castilla.

Acordado.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Entrando en la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto, informado por la Comisión de Obras Públicas y Transportes, que prorroga la vigencia de los artículos 79 de la ley Nº 16.617 y 265 de la ley Nº 16.840 para el desarrollo del departamento de Taltal.

Diputado informante es el señor Recabarren.

El proyecto, impreso en el boletín Nº 187692, es el siguiente:

Artículo único. Las disposiciones contenidas en el artículo 79 de la ley Nº 16.617, del 31 de enero de 1967, modificado por el artículo 265 de la ley Nº 16.840, del 24 de mayo de 1968, seguirán rigiendo desde el año 1970 a 1975 inclusive.

Dentro del Plan a que se refieren las disposiciones señaladas en el inciso primero, se podrán considerar las sumas necesarias para terminar el camino costero a Antofagasta, aunque esas obras no estén dentro del departamento de Taltal.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Se va a dar lectura a una indicación.

El señor LEA-PLAZA (Secretario).-

Indicación del señor Clavel para agregar el siguiente inciso: De los recursos que rinda la presente ley, se destinará parte de ellos al fomento de los minerales de azufre existentes en la región.

El señor RECABARREN.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor RECABARREN.-

Señor Presidente, se trata de un proyecto extraordinariamente simple y, por este motivo, voy a ser muy breve.

Este proyecto lo presentamos junto con el Diputado señor Argandoña. Mediante esta iniciativa, proponemos prorrogar el artículo 79 de la ley Nº 16.617, de enero de 1967, en virtud de la cual se asignan fondos especiales para la reconstrucción de Taltal, azotado, en el año 1966, por un sismo.

El artículo 79 aludido dispone que durante los años 1967, 1968 y 1969 se destinará el 1% de los ingresos de los artículos 26, 27 y 33 de la ley Nº 11.828, es decir, de la llamada ley del cobre, a la reconstrucción de Taltal y a la ejecución de un plan de desarrollo del mismo departamento.

Debo advertir que la ley Nº 16.617 ha estado rindiendo anualmente la suma de seis millones de escudos y ha servido para que en el puerto se instalen industrias pesqueras, se construyan viviendas, edificios públicos; se suministre agua potable, etcétera. Sin embargo, tres años han sido muy pocos y muy breves para entonar la economía y promover el desarrollo de ese puerto. Por eso mismo, los autores de estas idea hemos creído necesario prolongar los beneficios de esta ley hasta 1975, dando asi oportunidad a este puerto para continuar un plan de adelanto, ahora más necesario que nunca, en vista de que se anuncia que la oficina Alemania cerrará, lo que significa que un 75%, más o menos, de lo que vive Taltal quedará inerte.

En vista de estas consideraciones, la Comisión de Obras Públicas recomienda la aprobación de esta iniciativa; y, particularmente, me permito solicitar el apoyo de todos los sectores de esta Cámara, porque, de esta manera, haremos justicia a un pueblo que no hace más de cincuenta años contribuyó grandemente al progreso de Chile y es Chile quien ahora debe darle algo a este pueblo.

Es todo cuanto quería decir, Presidente.

El señor ROBLES.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, los parlamentarios comunistas adoptamos en la Comisión de Obras Públicas una posición de crítica constructiva frente a esta iniciativa. Y esta posición se debió a que en el Gobierno pasado, en la Administración del señor Frei, no se dio cumplimiento a esta ley. Y nuestra posición en detalle fue largamente discutida, en la Comisión, con los colegas Argandoña y Recabarren, de la Democracia Cristiana. Nosotros hicimos valer esta actitud, porque estos recursos, que legalmente le corresponden a la ciudad de Taltal para su progreso y reconstrucción, no fueron invertidos.

Estuvieron en la capital de nuestro país el Alcalde y una Comisión de Regidores, para analizar esta situación con la CORFO y con el Ministro de Hacienda, y en cada una de las declaraciones, la verdad es que estos fondos no aparecen. Nosotros planteamos en la Comisión que la Municipalidad de Taltal, los sectores gremiales, sindicatos, el centro para el progreso y el sindicato de la oficina salitrera Alemania tienen toda la razón para reclamar la terminación de los edificios públicos, como es el edificio municipal, como es también el local en que funcionarán varias oficinas públicas.

El AlcaldeClaudio Gómez y los nuevos ediles vinieron a la capital para plantear esta situación. Y en relación con los recursos que se señalan en este proyecto, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Hacienda, a fin de que se aclare la no entrega de los fondos por la Administración pasada.

La Municipalidad de Taltal se debate en una situación muy seria y grave, al extremo de que no tiene un camión para la extracción de basura; no hay camiones; ni siquiera posee una carretilla para extraer la basura de las calles. La responsabilidad de la situación de esta Municipalidad recae sobre el alcalde anterior, cuya administración nada tiene que ver con el nuevo criterio con que la Unidad Popular enfocará los problemas de esta progresista Municipalidad.

Señor Presidente, la actitud nuestra, adoptada en la Comisión de Obras Públicas, se debe fundamentalmente a que la efectividad de este proyecto, respecto del cual, desde luego, anunciamos nuestros votos favorables, proviene de la acumulación de fondos, realizada con sacrificios, por las Municipalidades de Antofagasta, de Tocopilla, de Calama. Ello significa que estos recursos pueden servir para ayudar a la Municipalidad de Taltal. Es posible que estos fondos, de acuerdo también con el valor del precio del cobre, puedan sumarse también a los buenos resultados de esta acumulación. Por eso, es necesario y correcto que la Corporación de Fomento de la Producción acoja también la petición del Alcalde y de los Regidores de Taltal, a fin de satisfacer, con estos recursos, las necesidades comunales. Se le debe a esa Municipalidad, según me acotaba el colega Mario Riquelme, más de cuatro millones de escudos. La responsabilidad de esta situación no le corresponde al gobierno de la Unidad Popular, sino que también al gobierno pasado. Quiero puntualizar estos hechos como una manera de dejar las cosas en claro. En tales condiciones, los parlamentarios comunistas votaremos favorablemente esta iniciativa, pues favorecerán a la Municipalidad de Taltal, la que necesita estos recursos.

Nada más.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para enviar el oficio a que ha hecho mención el señor Robles.

Acordado.

El señor SOTO.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SOTO.-

Señor Presidente, los parlamentarios radicales vamos a votar favorablemente este proyecto, porque compartimos la idea del informe del DiputadoRecabarren, en cuanto a que es positivo para Taltal seguir disfrutando de los recursos de la ley Nº 16.617, cuya vigencia, mediante este proyecto, se trata de prolongar.

Taltal es un pueblo del norte de Chile que está cada día más venido a menos. Tuvo su época floreciente en el período del auge del salitre; ¡pero, posteriormente, ha venido decreciendo. Tan cierto es esto, que el drama de Taltal se consumó cuando fue marginado de la carretera panamericana. En estos instantes, la crisis del salitre no ha sido superada, por lo cual no es mucho lo que esa industria aporta, y el pueblo de Taltal está viviendo, prácticamente, de la pequeña minería, a través de una planta de la ENAMI que allí funciona. Desde hace un par de meses, se mantiene inactiva una industria conservera, la que era también otra fuente de entrada para este pueblo.

En nombre del Comité Radical, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Economía para que la CORFO intervenga la citada industria conservera, a fin de que la paralización de sus faenas pueda terminar rápidamente.

Por esta razón, los Diputados radicales, con muchísima satisfacción, nos adherimos a la causa de Taltal, votando favorablemente este proyecto.

Nada más.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para remitir el oficio a que ha hecho referencia el señor Soto.

Acordado.

El señor CLAVEL.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, a raíz del terremoto de 1966, que tuviera caracteres trágicos para la ciudad de Taltal, y estando en discusión en el Senado la ley que fijaba la escala de categorías y grados de la Administración Pública, el SenadorJonás Gómez presentó una indicación con el objeto de ir en ayuda de la ciudad de Taltal. Fue así como se generó el artículo 79 de la ley Nº 16.617. La indicación primitiva y agradezco el reconocimiento que hacen hoy los dos parlamentarios democratacristianos al pueblo de Taltal, ya que cuando ella fue presentada no tuvieron la misma sensibilidad entregaba suficientes recursos para el desarrollo y la reconstrucción de Taltal. Desgraciadamente, la mayoría de esa época no aceptó la indicación presentada por el Senador Gómez, y el porcentaje fue rebajado al uno por ciento, lo que hasta hoy día ha sido insuficiente para que Taltal pueda salir de su postración económica, como de su deficiencia habitacional. Es así como al término de la vigencia de esa disposición legal se ha venido a dar la razón a los que defendimos con calor y vehemencia la reconstrucción de Taltal y dijimos que los fondos que se daban no iban a ser suficientes.

Taltal, en ese entonces como ahora, no sólo necesita de la reconstrucción: las faenas en que labora su gente son muy escasas; no tenemos más de dos o tres actividades Una de ellas es la pequeña minería del cobre. Gracias a la Ley Nº 16.617, la planta beneficiadora de ENAMI ha sido ampliada de doscientas a setecientas toneladas, con lo que se ha podido mantener el poder comprador, como también se ha logrado dar un pequeño impulso a la industria de conserva de pescado, aunque sus administrativos no están cumpliendo con las promesas y con las obligaciones contraídas con los directivos de CORFO. Es así como hoy día no está produciendo en la forma que debería hacerlo y, más que eso, no está cumpliendo en la medida de los sacrificios que está haciendo el Estado, considerando los fondos que está poniendo a su disposición.

Si bien Taltal no se encuentra aislada de Antofagasta, la distancia por vía terrestre, por la Carretera Panamericana, es de más de trescientos kilómetros. Esto hace que las mercaderías lleguen a esa ciudad con costos sumamente altos, ya que la mayoría de los productos alimenticios y todo lo que necesita Taltal para sus diferentes actividades llega al puerto de Antofagasta y de ahí, con falso flete, por carretera, a Taltal. Por eso, con muy buen criterio, se ha colocado en este proyecto una disposición que establece que parte de los fondos se ocuparán en la terminación del camino costero que une a ambas ciudades.

Yo me he permitido hacer una indicación para que, de los recursos que produzcan el 1%, que se prorroga desde el año 1970 a 1975, una parte sea destinada por CORFO al desarrollo de los minerales de azufre. Yo espero que la Cámara apruebe esta indicación junto con el proyecto. Y termino manifestando muy honradamente mis agradecimientos a los colegas de la Democracia Cristiana que han presentado esta iniciativa, con la cual están reparando una grave injusticia que cometió su Partido años atrás.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Tagle, don Manuel.

El señor TAGLE.-

Señor Presidente, anuncio los votos favorables del Partido Nacional a este proyecto que beneficia a la ciudad de Taltal y que ha sido presentado por dos Diputados de la provincia de Antofagasta.

Los que hemos tenido ocasión de recorrer la zona norte, nos hemos podido dar cuenta de la vida lánguida que lleva Taltal, ciudad que vive prácticamente de la actividad de una oficina salitrera: Alemania, ya que Flor de Chile está cerrada, de algunas minas pequeñas y del movimiento del Ferrocarril de Taltal a Cachinal.

Por la forma como se trabaja, la oficina salitrera Alemania, con el sistema Schanks, sistema anticuado y antieconómico, cualquier dificultad que se presente puede significar simplemente la muerte del puerto de Taltal. La situación, por lo tanto, es muy precaria.

Creemos de toda justicia que la vigencia de este 1%, que ha permitido poner nuevamente en marcha la industria conservera de pescado y la ampliación de la planta beneficiadora de cobre, dando trabajo a tanta gente que ha quedado desocupada después del cierre de una planta salitrera, sea prorrogada. Asimismo estimamos justas las indicaciones presentadas, como son las que otorgan recursos para construir el camino de Taltal a Antofagasta que se justifica por las razones aquí expuestas y para mejorar la situación de algunos yacimientos cupríferos, y la presentada por el señor Clavel. Por lo tanto, reitero el apoyo de los Diputados Nacionales a este proyecto de ley.

Nada más, señor Presidente.

El señor ARGANDOÑA.-

Pido la palabra.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ARGANDOÑA.-

Señor Presidente, en primer lugar, nosotros agradecemos el amplio apoyo que los distintos sectores de la Cámara han prestado a este proyecto de ley que beneficia al departamento de Taltal. Pero, asimismo, quisiéramos, tomando pie de lo manifestado por el Diputado señor Robles, dejar las cosas en su lugar.

En primer término, toda la legislación última que ha favorecido a la ciudad de Taltal, desde 1966 adelante, fue promulgada durante el Gobierno del PresidenteFrei, y los recursos que otorgaron las diversas leyes han sido invertidos, prácticamente, en su totalidad: en la construcción de un teatro para la ciudad de Taltal, en préstamos para continuar el funcionamiento de la oficina salitrera Alemania, en la puesta en marcha de la fábrica conservera de pescado, en la iniciación de los trabajos del camino de Taltal a Paposo y en el aumento de la capacidad de la planta beneficiadora de cobre, de 200 a 700 toneladas. O sea, todos estos recursos han sido invertidos. Lo que pasa es que en el curso de este año no han sido entregados los fondos para continuar y terminar esta labor que se inició en el período presidencial pasado.

Estamos de acuerdo en lo que ha manifestado el Diputado señor Clavel, en orden a que Taltal está bastante aislada, porque la Carretera Panamericana pasa a buena distancia de ella, y en que es efectivo que esta distancia hace encarecer los artículos que consumen sus habitantes. Pero queremos también dejar claramente establecido que la planificación de la Carretera Panamericana fue hecha durante el Gobierno del Frente Democrático, época en que el señor Clavel era Diputado de uno de los partidos de esa combinación. Sin embargo, pese a toda la campaña que se hizo por parte de los taltalinos para que la Carretera Panamericana pasara por su ciudad, el señor Clavel, en aquella oportunidad, siendo Diputado de Gobierno, no levantó su voz para defender esa posición. Esto que quede claramente establecido.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARGANDOÑA.-

Señor Presidente, para terminar, queremos manifestar que los Diputados democratacristianos vamos a apoyar la indicación del señor Clavel respecto de la necesidad de ir en ayuda de las azufreras del departamento de Taltal, para obtener una mejor explotación de esos minerales.

Nada más.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Con la venia del señor Guerra, puede usar de la palabra el señor Clavel.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, la Cámara me ha oído cómo me he expresado de los parlamentarios de la Democracia Cristiana autores del proyecto, y cómo les he agradecido. Les he dado una lección de caballerosidad. Desgraciadamente, no me han correspondido.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CLAVEL.-

Debo decir que me opuse y fui uno de los más tenaces opositores a que pasara la Carretera por el centro de la pampa. Desgraciadamente, fui derrotado. Pero Taltal comprendió mis esfuerzos. Celebramos un comicio, en el que yo participé, pero no el señor Argandoña, para defender el trazado de la Carretera por la ruta costera.

Dejo sentado en esta ocasión que, desgraciadamente, mi gesto de caballero no ha sido comprendido por el señor Argandoña.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Advierto a los señores Diputados que sólo restan tres minutos para el término de la Tabla de Fácil Despacho.

Tiene la palabra el señor Guerra.

El señor GUERRA.-

¿El señor Argandoña me había solicitado una interrupción?

El señor ARGANDOÑA.-

No.

El señor GUERRA.-

Señor Presidente, sólo para anunciar que he recibido varios telegramas de las diferentes asambleas del Partido Nacional de la provincia de Tarapacá, solicitándome preste mi apoyo a esta moción presentada por los señores Argandoña y Recabarren, por ser muy justa y porque tiende a levantar el nivel económico del puerto de Taltal, y habida consideración también que parte de estos recursos contemplados en el artículo 79, correspondientes al 1% de la Ley del Cobre, se destinarán a la construcción de un camino costero desde Taltal a Antofagasta.

Los Diputados nacionales sabemos que cada caminó que se construye trae consigo un progreso para la zona respectiva. De tal suerte que, como lo anunció el colega Tagle, vamos a aprobar gustosamente este proyecto de ley.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Corresponde discutir el proyecto de ley, originado en una moción, que transfiere a la Municipalidad de Pinto un inmueble ubicado en la localidad del mismo nombre.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior es la señorita Wilna Saavedra.

El proyecto, impreso en el boletín Nº 752712, es el siguiente:

Artículo único. Transfiérese, gratuitamente a la Municipalidad de Pinto, el inmueble fiscal en que funcionó la ex Escuela Nº 21 de la comuna de Pinto, departamento de Chillán, provincia de Ñuble, ubicada en avenida Santa María s/n, inscrita a fojas 606, Nº 1607 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillan, correspondiente al año 1911, con una superficie aproximada de 2646 m2. y cuyos deslindes según el plano Nº 92.139 de Ñuble son los siguientes: Norte: Avenida Domingo Santa María, en 42 metros; Este: Amelia Carrasco, hoy sucesión Elcira Carrasco, en 63 metros; Sur. Paulino Hernández, hoy Mario González, en 42 metros; Oeste: sucesión Irarrázabal, hoy Horacio Mera, en 63 metros.

La Municipalidad de Pinto destinará el inmueble a que se refiere el inciso anterior a Posada Campesina, para proporcionar albergue nocturno a los pequeños propietarios que trafiquen con sus productos a los centros de consumo.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Se va a dar lectura a las indicaciones.

El señor LEA-PLAZA (Secretario).-

Indicación del señor Jaramillo para agregar como artículo 2º, el siguiente:

Autorízase a la Municipalidad de Pinto para establecer un peaje, respecto de todos los vehículos que transiten por el territorio de la comuna, a beneficio de dicha corporación, la que queda facultada para fijar el monto del peaje, el que no podrá exceder de los que fije anualmente el Ministerio de Obras Públicas.

Exceptúase del cobro del peaje establecido en el inciso anterior los vehículos de tracción animal.

Del mismo señor Diputado, para agregar a continuación del inciso segundo del artículo único, lo siguiente:

Además, podrá destinarse para Salón de Actos Culturales y diversas actividades comunitarias.

El señor SANHUEZA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señorita SAAVEDRA.-

Señor Presidente, nada más que para dar cuenta, como Diputada informante, que la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad este proyecto que tiende a dar solución a un problema que afecta a pequeños propietarios de la comuna de Pinto, dé la provincia de Ñuble, que desarrollan como actividad la explotación de la leña y el carbón, que son productos que tienen que llevar desde su lugar de origen a los de consumo. Es gente muy modesta, y no tiene lugar donde permanecer con sus productos. La misma Municipalidad había tratado de buscar una solución a este problema. Se ha encontrado un inmueble en que antes funcionaba una escuela y se ha pensado que él podría servir de posada a estos pequeños propietarios que trafican con sus productos, con lo cual éstos podrán llegar en mejores condiciones a los consumidores.

La Comisión recogió la inquietud....