Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

Por razones de transtornos administrativos internos, derivados del comienzo del año escolar y por. los innúmeros problemas que debió afrontar el Ministerio de Educación, no se dictó el correspondiente decreto que fijaba el día del mes de abril en que debió realizarse la colecta pública destinada a erogar fondos para el hermoseamiento de las regiones adyacentes al mausoleo erigido a Gabriela Mistral, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 14.693 y 16.719.

Como el Supremo Gobierno no desea que los fondos que pueden recolectarse por esta colecta no pudiesen ser captados en el presente año y no pudiendo fijar por simple decreto una nueva fecha para la realización de la misma, es que vengo a someter a vuestra consideración en la actual Convocatoria Extraordinaria, con el carácter de urgente el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- La colecta pública destinada a erogar fondos para el hermoseamiento de las regiones adyacentes al mausoleo erigido a Gabriel Mistral se llevará a efecto entre los días 1° de octubre y 31 de diciembre del presente año.

La rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República se efectuará, por esta sola vez, dentro de los 90 días siguientes a la realización de la colecta.

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes suspéndese, por este año, la aplicación del artículo 2º, inciso primero, y artículo 3º, inciso primero, de la ley Nº 14.693, modificados por el artículo 6º de la ley Nº 16.719.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El Supremo Gobierno desea materializar su reconocimiento a la incansable labor del ex Ministro de la Vivienda y Urbanismo don Carlos Cortés Díaz, en las luchas de la clase obrera y honrar con su nombre a la Escuela Industrial de Taltal, su ciudad natal.

Su ejemplo de trabajo lo hizo destacar en el ejercicio de la Cartera de la Vivienda y Urbanismo, siendo el primer obrero . que ocupó tan alto cargo.

Por las consideraciones precedentes, se estima indispensable rendir un homenaje a tan digno ciudadano y por ello somete al Honorable Congreso Nacional, a fin de que se tratado en la actual Legislatura Extraordinaria y con urgencia en todos sus trámites constitucionales, el siguien

Proyecto de ley:

Artículo único.- Otórgase a la Escuela Industrial de Taltal el nombre de "Carlos Cortés Díaz".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Mario Astorga Gutiérrez."

3.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El Supremo Gobierno desea exteriorizar un homenaje a la personalidad del General René Schneider Chereau, a fin de fijar en la mente de las generaciones jóvenes la exaltación de las virtudes ciudadanas de quienes ofrendan su vida por respetar, cumplir y defender la Constitución y la ley cuando puedan verse convulsionadas por actos del todo ajenos a nuestra tradición democrática.

En mérito de las consideraciones precedentes el Ejecutivo somete a la consideración del Honorable Congreso Nacional para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Otórgase a la Escuela Nº 7 de Toconao, El Loa, provincia de Antofagasta el nombre de "General René Schneider Chereau."

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Mario Astorga Gutiérrez."

4.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA. REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La Ley Nº 17.341, de 9 de septiembre de 1970, en su artículo 1º, liberó a los profesores primarios que ejerzan su cargo en escuelas rurales, de la obligación de pagar sus pasajes en los servicios de locomoción colectiva estatal o particular, mientras se desarrolle el período escolar.

Con posterioridad a su dictación, la enseñanza media se ha expandido más allá de las áreas urbanas, creándose cursos de ese nivel en zonas rurales, de tal modo que, el beneficio otorgado por el legislador a los maestros primarios debería extenderse además, en justicia, a los profesores que se desempeñan en estos establecimientos.

Por ello es que, el Supremo Gobierno viene en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.341 en la forma que a continuación se expresa:

1º Suprímese en su párrafo primero, la expresión "primarios".

2º Reemplázase en ese mismo párrafo, la palabra "escuelas", por la de "establecimientos".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Mario Astorga Gutiérrez."

5.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Con una expresión orgánica y sistemática de la política con que el Gobierno de la Unidad Popular rectificará las numerosas deficiencias que exhibe el sistema de seguridad social, proponemos a vuestra consideración un proyecto de ley que legisla sobre todo el sistema de asignaciones familiares.

El programa de la Unidad Popular, a cuya realización el Gobierno se siente solemnemente comprometido, contempla el propósito de "unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social, manteniéndose todas las conquistas legítimas alcanzadas y eliminando todos los privilegios abusivos, la ineficiencia y la burocratización, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados, extendiendo la atención y el sistema previsional a todo el sector de trabajadores que aún no lo tienen, entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que funcionarán dentro de lar normas de la planificación".

En concordancia con esta declaración programática, entre las primeras medidas del Gobierno Popular se señala la igualdad en las asignaciones familiares, para cuyo efecto, de modo expreso, se contempla la nivelación en forma igualitaria de este beneficio.

El cuadro actual del sistema de asignaciones familiares exhibe una distorsión extraordinariamente significativa en la medida que se proyecta, con caracteres muy definidos, en la configuración de un cuadro de difícil manejo y, lo que es más grave, con irritantes diferenciaciones en los montos de un beneficio que, doctrinariamente, está y debe estar concebido con un criterio uniforme, ya que el mecanismo protector persigue dar cobertura al estado de necesidad que le produce al trabajador el crecimiento de la familia, la alimentación, la educación y el cuidado de los hijos y de las otras personas a su cargo.

Es así como, pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno en sus primeros meses, para atenuar estas diferenciaciones y, en lo posible, eliminarlas, la diferenciación se mantiene. Para el presente año, por ejemplo, el Servicio de Seguro Social tiene una asignación familiar bruta de Eº 90,00 (Eº 85,00 líquidos) en tanto la Caja de Previsión del Banco de Chile alcanza a Eº 324. Estos son los dos extremos que se pueden exhibir como valores resultantes de los diversos regímenes actualmente vigentes y, como nivel medio entre estos extremos, está la asignación familiar que paga la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que para el período indicado tiene un valor único de Eº 160.

Como se ve, la discriminación en el monto del beneficio es de tal naturaleza y tan ostensible que economiza toda otra explicación pormenorizada. Si a ello se agrega la diferenciación en los regímenes financieros, en la administración y en el sistema de causantes y beneficiarios, es preciso concluir que se hace necesario introducir, a la mayor brevedad, rectificaciones en todo el sistema para lograr su uniformidad en sus variadas y múltiples expresiones.

La política del Gobierno en la conducción de la seguridad social, está estructurada en este rubro sobre la base de una concepción amplia, en el sentido de que no sólo se considere lo que tradicionalmente hasta ahora se ha llamado asignación familiar propiamente tal, sino que se involucra plenamente el principio de las llamadas prestaciones familiares. Este concepto, que corresponde a una orientación ya incorporada no sólo en la doctrina sino que en la legislación internacional, tiene una significación mucho más amplia puesto que a través de los mecanismos reguladores se incorporarán al sistema de prestaciones tradicionales que están íntimamente vinculadas con los valores que los sistemas preservan en todo lo relacionado con la atención social que requiere la familia y, en especial, la madre y el niño. De ahí que en el proyecto que se somete a vuestra consideración se contemplen disposiciones financieras que persiguen regularizar con un estatuto jurídico prestaciones sociales tan importantes como la dación de leche y el programa materno infantil, con la participación del Servicio Nacional de Salud.

Desde otro ángulo, el proyecto descansa fundamentalmente en tres principios rectores de la seguridad social: la uniformidad, por cuanto a través de sus disposiciones queda perfectamente establecido que para el futuro en que las prestaciones serán iguales para todos los trabajadores, suprimiéndose de este modo, al artificial y regresiva distinción entre empleados y obreros consagrada actualmente en los textos legales y que el Gobierno de la Unidad Popular, en cumplimiento de su programa tiene entre sus metas eliminar ; la generalidad, en razón de que los beneficios se extiendan también a los niños huérfanos de padre y madre, expósitos o abandonados, actualmente al cuidado de las Instituciones organizadas con este fin; la solidaridad, en cuanto se crea un Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, al cual concurren por igual todos los empleados y que sirve de herramienta efectiva para lograr una mejor redistribución de rentas.

Consecuente con lo expresado en el párrafo anterior y en concordancia con los enunciados programáticos del Gobierno de la Unidad Popular, toda asignación que se conceda a partir de la vigencia del nuevo sistema será de un monto igual: asimismo, las asignaciones concedidas con anterioridad a su vigencia serán respetadas en sus condiciones de concesión y en sus montos vigentes cuando sean superiores a las que se fijen con el nuevo mecanismo, y serán reajustadas en el año 1972 en relación al aumento que experimente el índice de Precios al Consumidor. En este esquema financiero también queda incorporado, por primera vez, el Fisco, que actualmente concede el beneficio sin que contribuya con aportes al Fondo respectivo, de modo que esta sola circunstancia permite apreciar las proyecciones del proyecto que apunta, como ya se ha dicho, con criterio solidario y universal, no sólo a establecer montos uniformes, sino que también busca y encuentra su uniformidad en los llamados aportes patronales. Para que se aprecie la importancia de tan trascendental iniciativa, debe considerarse que para el presente año el costo estimativo de la seguridad social es del orden de Eº 20.000 millones y que dentro de este costo los recursos destinados al sistema de la asignación familiar ascienden, aproximadamente, a una tercera parte. Para el próximo año se estima, y tal es la cifra que sirve de base a la estructura financiera del Fondo Nacional que éste alcanzaría un nivel de recursos del orden de los Eº 8.500 millones, a cuyo financiamiento deberán concurrir los empleadores con una cotización del 19,5% de las remuneraciones imponibles que paguen a sus trabajadores, y éstos, con una imposición también de carácter general, de 1%, de esas remuneraciones, como consecuencia de lo cual, en algunos sectores representativos del 80% de la masa de trabajadores se rebaja en un 1% la cotización actual, y en los demás, se la establece. A lo anterior debe agregarse el aporte patronal de 2,6% para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con lo cual se mantienen los niveles de cotizaciones que actualmente hacen los empleadores, salvo el caso de la Caja de Previsión de Empleados Particulares en que tiene un ligero aumento de 0,5%. Asimismo, engrosarán los recursos del Fondo, todos los tributos, imposiciones y aportes que actualmente financian los fondos particulares de asignación familiar, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de los trabajadores afectos a las diversas Cajas Hípicas.

De esta forma, se estima que para el próximo año existirá un fondo de reparto nacional del orden de los Eº 8.500 millones cuyo financiamiento se formará de la siguiente manera:

19,5% cotización patronal Eº 7.735,8 milis.

1,0%) cotización trabajadores activos y pensionados…. 479,8 milis.

Otros recursos consistentes en transferencias que se harán al Fondo de las reservas de los fondos particulares, sus excedentes e impuestos 267,1 milis.

Eº 8.482,7 mills.

En lo tocante a la administración del nuevo sistema, el proyecto contempla la creación de un Servicio de Prestaciones de Seguridad Social que tendrá a su cargo todo el manejo del sistema con una adecuada organización jurídica, financiera y administrativa. Este Servicio, que también absorberá las actuales funciones de administración que tiene la Comisión Revalorizadora de Pensiones, será administrado por un Comité Resolutivo en el que tendrán representación paritaria los trabajadores y el Gobierno.

Se ha estimado necesario aprovechar la oportunidad para incorporar en el proyecto disposiciones tendientes a la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social que, como órgano consultivo y asesor del Ministro del Trabajo y Previsión Social, relacione y coordine a nivel superior todas las enunciaciones de carácter político que se requieran en la conducción de la seguridad social.

En mérito de lo anteriormente expuesto, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional para ser tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

TITULO I

Sistema Nacional de Prestaciones Familiares

Artículo 1º.- Establécese un sistema nacional de prestaciones familiares al que quedarán afectos todos los trabajadores y personas a que se refiere esta ley.

Artículo 2º.- Serán beneficiarios de asignaciones familiares:

a) Los trabajadores dependientes o por cuenta propia de los sectores público y privado;

b) Los mismos trabajadores a que se refiere la letra anterior en goce de subsidio de cualquiera naturaleza o pensionados;

c) Los beneficiarios de pensión de viudez y la conviviente en el caso del artículo 24 de la ley Nº 16.386, y

Las instituciones reconocidas por el Presidente de la República que tengan a su cargo la crianza de niños huérfanos de padre y madre o abandonados.

d) Los beneficiarios a que se refieren las letras a), b) y c), para tener el carácter de tales, deberán estar afiliados a un régimen de previsión que contemple entre los beneficios que actualmente concede el de la asignación familiar.

El Presidente de la República, por sí o a petición de las respectivas asociaciones gremiales, sindicatos o colegios profesionales, podrá incorporar al sistema nacional de asignaciones familiares, por sectores de actividades u oficios, a todas las personas que no disfruten, conforme a las leyes actuales o futuras, del beneficio de la asignación familiar.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República determinará la oportunidad, modalidades y fuentes de financiamiento de la incorporación al sistema de asignaciones familiares de los sectores antes indicados, sin más limitaciones que las siguientes:

a) Los trabajadores que se incorporen al sistema deberán estar afiliados a un régimen previsional, y

b) Su incorporación se efectuará en las mismas condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 3º.- Causarán asignación familiar:

a) La cónyuge o el cónyuge inválido;

b) La criatura que se halla en el vientre materno por todo el período del embarazo;

c) Los hijos y los adoptados hasta los 18 años de edad y los mayores de esta edad y hasta los 23 años que sigan cursos regulares en la enseñanza normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidas por éste;

a) Los hijos de uno cualquiera de los cónyuges, en las mismas condiciones señaladas en la letra anterior;

e) Los descendientes huérfanos de padre y madre o abandonados por éstos, en los términos de la letra c);

f) Los hermanos huérfanos en los mismos términos de la letra c) ;

g) La madre viuda, y

h) Los ascendientes mayores de 65 años o incapacitados.

No regirán los límites de edad establecidos en las letras c), d), e) y f), respecto de los causantes afectados de invalidez, calificada por el servicio médico respectivo.

Los beneficiarios señalados en la letra c) del artículo 2º sólo podrán invocar como causantes de asignación familiar las mismas cargas por las cuales tenía derecho al beneficio el causante de la pensión respectiva.

Articulo 4º.- Serán requisitos comunes para gozar del beneficio, que las personas enumeradas en el artículo 3º vivan a expensas del beneficiario que las invoque y que no gocen de una renta, cualquiera que sea su origen o procedencia, igual o superior al monto fijado para la asignación familiar que causaren.

Artículo 5º.- Los causantes no darán derecho a más de una asignación familiar por cada uno de ellos, aun cuando el beneficiario estuviere acogido a diversos regímenes previsionales y desempeñare trabajos diferentes y aun cuando puedan ser in. vocados en esta calidad por dos o más personas.

Corresponderá percibir la asignación familiar al afiliado a cuyas expensas viva el causante, salvo que éste, siendo mayor de edad, pida el pago directo del beneficio. Las asignaciones causadas por hijos menores se pagarán también directamente a la madre con la cual viven, si ésta lo pide. Todo lo cual se entenderá sin perjuicio de las resoluciones judiciales que se dictaren al efecto.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrá solicitar de la respectiva institución el derecho a la asignación familiar y su pago directo, la persona a cuyo cargo se encuentre el causante en caso de que el beneficiario se rehuse a hacerlo.

En el caso de la letra b) del artículo 3º el derecho y pago de la asignación familiar corresponderá a la afiliada embarazada o a su cónyuge afiliado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º de este artículo, para lo cual se considerará a la mujer como causante del beneficio.

Artículo 6º.- La asignación familiar se devengará desde el momento en que se solicite y acredite la existencia de la causal que la genera y hasta un período de 30 días hacia atrás, contado desde esta fecha; se pagará hasta el último día del mes en que el causante mantenga su calidad de tal.

En el caso de la criatura que se halla en el vientre materno, el pago se hará exigible a partir del 5º mes de embarazo y de la fecha del certificado competente de embarazo y de control, extendiéndose con efecto retroactivo.

Artículo 7º.- En caso de nulidad de matrimonio la asignación familiar causada por uno de los cónyuges expirará el último día del mes en que quede ejecutoriada la sentencia que la declare.

Artículo 8º.- En el caso de los afiliados en actividad, la asignación se pagará mensualmente considerándose cada mes como de 30 días, y el monto que corresponda guardará directa relación con el período por el cual el beneficiario haya percibido remuneración imponible, de manera que si dicho período resultare disminuido, el beneficio se reducirá proporcionalmente.

Sin embargo, si el período por el cual se recibiere remuneración imponible alcanza a 25 o más días en el mes respectivo, la asignación se devengará completa.

Artículo 9º.- Los beneficiarios de subsidios y los pensionados recibirán el beneficio en proporción directa al período durante el cual mantenegan dichas calidades.

Artículo 10.- La asignación que corresponda a las Instituciones a que hace mención la letra d) del artículo 2º, se pagará hasta tanto subsista su responsabilidad respecto de los causantes invocados por ellas.

Artículo 11.- El monto de la asignación familiar será fijado por períodos de un año calendario con arreglo a la facultad establecida en el artículo 36 y de acuerdo con los ingresos presupuestados, descontados los aportes contemplados en el Nº 7 del artículo 27, los gastos de administración y la reserva de enventualidades. Su monto será uniforme, tanto en relación con los causantes que produzcan las asignaciones como respecto de los beneficiarios que las perciban, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de este artículo y en el artículo 2? transitorio.

Los causantes a que se refiere el penúltimo inciso del artículo 39, darán derecho al pago de doble asignación familiar, como asimismo los partos múltiples.

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º transitorio, la asignación familiar no será considerada remuneración para ningún efecto legal y estará exenta de toda clase de impuestos, gravámenes y cotizaciones.

No se podrá, aun cuando mediare acuerdo entre beneficiario y causante, someterla a transacción ni efectuar retención de ninguna especie en ella y será siempre inembargable. Todo lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º.

Artículo 13.- Por la vía reglamentaria se establecerán los sistemas y medios de prueba para la concesión del beneficio, su mantención y los demás procedimientos administrativos que se estimen necesarios para su estricto control señalándose los casos en que deba suspenderse el pago respectivo. En tanto no se dicte este Reglamento, se mantendrán los mecanismos de concesión, control y pago de los beneficios actualmente en vigencia.

TITULO II

Fondo nacional de prestaciones familiares

Artículo 14.- Créase el "Fondo Nacional de Prestaciones Familiares" que se formará con los siguientes recursos:

a) Una cotización de 19,5% calculada sobre el monto de las remuneraciones imponibles de los trabajadores, de cargo de los empleadores y patrones del sector privado. Se entenderán incluidos en esta enunciación los grupos independientes que, a la fecha de la presente ley, contribuyan con la cotización general al financiamiento del respectivo fondo de asignación familiar;

b) Una cotización equivalente al 19,5% calculada sobre el monto de las remuneraciones imponibles que pague el Fisco, de cargo de éste;

c) Una cotización igual a la anterior en su monto y circunstancias, de cargo de las Instituciones descentralizadas del Estado, sean éstas semifiscales, empresas autónomas o de administración autónoma, municipalidades o de cualquiera otra naturaleza;

d) Una cotización de un 1% sobre el monto de las remuneraciones imponibles de cargo de los trabajadores y pensionados afectos al sistema;

e) Los recursos a que se refiere el inciso final del artículo 29, y

f) Los ingresos a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 15.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares aportará al Fondo Nacional de Prestaciones los recursos a que se refiere la letra b) del artículo 3º de la ley Nº 15.478 y la proporción que corresponda al Fondo de Asignación Familiar en conformidad con la ley Nº 9.613 y sus modificaciones.

Artículo 16.- La Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional aportará al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares el mismo porcentaje que actualmente destina a su fondo de asignación familiar de los ingresos a que se refiere la letra f) del artículo 4º del texto refundido de las leyes Nºs. 6.037 y 7.759, contenido en el Decreto Supremo Nº 606, de 1944 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 17.- Las Cajas de Previsión de los gremios hípicos y los hipódromos, según corresponda, aportarán al Fondo Nacional los ingresos que obtengan del porcentaje a las apuestas mutuas específicamente destinados al pago de prestaciones familiares por el Decreto Supremo Nº 807, del Ministerio de Hacienda, de 6 de abril de 1970 en sus artículos 4º letra e), 10 letra d), 16 letra d), 27 letra g) y 28 letra g), y un porcentaje sobre la comisión de apuestas mutuas equivalente al promedio de aquél que durante el año inmediatamente anterior al de la vigencia de la presente ley hayan destinado al pago de asignación familiar en conformidad a lo dispuesto en los artículos 4º letra k), 10 letra j), 15 letra a) 18, 29 y 30 del mismo Decreto Supremo.

Artículo 18.- La Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago, la Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República y la Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, aportarán al Fondo Nacional, un porcentaje sobre las remuneraciones imponibles equivalente al promedio de aquél que durante el año inmediatamente anterior al de la vigencia de la presente ley hayan destinado al pago de asignación familiar de pensionados.

Artículo 19.- El Servicio de Seguro Social aportará al Fondo Nacional los ingresos que perciba para el fondo de asignación familiar, de acuerdo con la ley Nº 17.393, sobre previsión de suplementeros.

Artículo 20.- Los excedentes o déficit que se produzcan en cada ejercicio del Fondo Nacional se incorporarán al presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 21.- El Presidente de la República, a petición del Comité Resolutivo a que se refiere el artículo 35 y previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, podrá modificar en la misma proporción una vez al año y hasta en un 20% la tasa de las cotizaciones y recursos contemplados en el artículo 14, con excepción de aquellos a que se refiere la letra f).

Artículo 22.- El Fondo Nacional de Prestaciones Familiares será de reparto y con cargo a él sólo podrán pagarse los beneficios y aportes que establece esta ley y los gastos que irrogue la administración del sistema.

Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se considerarán remuneraciones imponibles las que lo sean en la actualidad para los respectivos fondos de asignación familiar. En el caso del Fisco y de los organismos que de acuerdo con la legislación vigente, no hacen cotizaciones o aportes a un fondo de asignación familiar, se entenderá por remuneración imponible aquélla por la que se efectúen cotizaciones al fondo de pensiones respectivo o la considerada para el otorgamiento de dicho beneficio.

Artículo 24.- Los recursos del Fondo Nacional serán recaudados y percibidos por las Instituciones de Previsión Social junto con las imposiciones y estarán sujetos a las mismas disposiciones legales que éstas en cuanto a plazo, intereses, sanciones, procedimientos ejecutivos de cobro, privilegios y otras y especialmente a las establecidas en la ley Nº 17.322 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 25.- El patrón o empleador pagará la asignación familiar una vez al mes, junto con el correspondiente pago de remuneraciones y previa la autorización respectiva. En la oportunidad en que entere las cotizaciones y aportes que deba efectuar en la Institución de Previsión que corresponda, hará la compensación que proceda entre éste y el monto de las asignaciones familiares que hubiere cancelado.

El pago de las cotizaciones y aportes y la compensación a que se refiere el inciso anterior, se harán en la Institución de Previsión en que corresponda integrar las imposiciones generales.

Artículo 26.- Las Instituciones de Previsión Social deberán depositar, dentro de los primeros 20 días de cada mes, en una cuenta especial que abrirá y mantendrá la Tesorería General de la República, los fondos que recauden y perciban para el Fondo Nacional, efectuando en esta oportunidad la compensación que corresponda entre lo percibido y lo pagado por concepto de asignación familiar.

TITULO III

Del Consejo Nacional de Seguridad SocialArtículo 27.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad Social que tendrá por finalidad servir de Cuerpo Asesor al Ministro del Trabajo y Previsión Social en todas sus funciones relacionadas con la seguridad social y, muy particularmente, con aquellas enunciaciones de carácter político que se requieran en la materia. Le corresponderá, además:

1º.- Elaborar proyectos de planificación de las actividades de los organismos de previsión, bienestar y de salud en lo que le corresponda legalmente, y someterlos a la consideración o aprobación del Ministro.

Esta función se realizará considerando las orientaciones generales de la Oficina de Planificación Nacional y se practicará con arreglo a las normas superiores de política social comprendiendo al conjunto de los organismos de previsión, bienestar y salud referidos.

2º.- Tomar conocimiento de los informes y estudios que emitan la Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social o cualquier otro organismo vinculado o relacionado directa o indirectamente con la seguridad social sobre el avance y cumplimiento de las metas de los planes.

3º.- Recomendar al Ministro las medidas que se estimen necesarias para la total y oportuna ejecución de los planes.

4º.- Recomendar al Ministro todas las medidas que se estimen necesarias para coordinación de las materias relativas a la seguridad social.

5º.- Proponer al Ministro los sistemas de control y estadísticos que deban adoptar, a nivel nacional, las instituciones de seguridad social.

6º.- Proponer al Ministro proyectos de leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones que se refieren a la seguridad social.

7º.- Proponer al Ministro, previo informe del Ministerio de Hacienda, el monto de los aportes que, con cargo al Fondo Nacional, se destinarán para contribuir al financiamiento de los programas de dación de leche y materno infantil elaborados por el Ministerio de Salud Pública.

Las funciones que por este artículo se asignan al Consejo Nacional de Seguridad Social se entenderán sin perjuicio de aquéllas que, en conformidad a la ley Nº 16.395 y sus modificaciones, le corresponden a la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 28.- El Consejo Nacional de Seguridad Social estará integrado por:

a) El Ministro del Trabajo y Previsión Social;

b) Los Subsecretarios de Previsión Social, de Hacienda y de Salud Pública;

c) El Superintendente de Seguridad Social;

d) El Director de la Oficina de Planificación Nacional;

e) El Presidente, el Secretario General y el Secretario de Organización de la Central Unica de Trabajadores, o las personas en quienes éstos deleguen su representación; y

f) Dos representantes de las Federaciones Nacionales Campesinas.

Los integrantes indicados en las letras b), c) y d), podrán delegar su representación en funcionarios de su dependencia.

Los representantes indicados en la letra f) durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en la forma que determine el Presidente de la República.

Presidirá el Consejo Nacional el Ministro del Trabajo y Previsión Social; en su ausencia, lo presidirá el Subsecretario de Previsión Social; en ausencia de ambos, será presidido por el Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 29.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social velar por que las instituciones sometidas a su fiscalización den adecuado y cabal cumplimiento a las decisiones y normas que adopte el Ministro del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 30.- El Presidente de la República reglamentará el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Social.

TITULO IV

Del Servicio de Prestaciones' de Seguridad SocialArtículo 31.- Créase el Servicio de Prestaciones de Seguridad Social, que se regirá por las disposiciones de la presente ley y que tendrá por objeto:

1º.- Ejercer las funciones que la Ley Nº 15.386 encomienda a la Superintendencia de Seguridad Social, en relación con la administración y operación de la Comisión Revalorizadora de Pensiones y el Secretario de ésta.

2º.- La administración del Fondo Nacional de Prestaciones Familiares.

3º.- Confeccionar, anualmente, el presupuesto del Fondo Nacional y del Fondo de Revalorización de Pensiones para el año siguiente y practicar los estudios y cálculos que permitan fijar el monto de los beneficios y aportes respectivos.

4º.- Preparar los balances anuales del Fondo Nacional y del Fondo de Revalorización de Pensiones.

5º.- Practicar los cálculos y proponer el monto de las reservas presupuestarias del Fondo Nacional.

6º.- Distribuir y aplicar los recursos del

Fondo Nacional y fiscalizar las compensaciones que correspondan.

7º.- Ejercer el control de la concesión y pago de las asignaciones familiares y mantener las estadísticas correspondientes.

8º.- Girar los fondos correspondientes del Fondo Nacional.

Artículo 32.- El Servicio de Prestaciones de Seguridad Social dependerá del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de la Subsecretaría de Previsión Social. La dirección superior del Servicio corresponderá al Comité Resolutivo a que se refiere el artículo 35.

Un funcionario con el título de Administrador será el Jefe Superior del Servicio que se crea por esta ley, será nombrado por el Presidente de la República y de su exclusiva confiana.

El personal del Servicio de Prestaciones de Seguridad Social se regirá por las disposiciones del D.F.L. Nº 338, de 1960, y su régimen previsional será el de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Artículo 33.- Facúltase al Presidente de la República para fijar, dentro del plazo de 90 días contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, la Planta y remuneraciones del personal del Servicio de Prestaciones de Seguridad Social, considerando el que requiera el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esta planta podrá ser revisada por el Presidente de la República dentro de los 12 meses siguientes y, en tal virtud, modificada dentro de los límites presupuestarios que se establecen en los artículos 40 y 42.

El Presidente de la República queda facultado, asimismo, para determinar el personal y los medios con que se instalará y funcionará el Consejo Nacional de Seguridad Social.

Artículo 34.- Para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le encomienda, el Servicio podrá requerir los antecedentes que estime necesarios a los Servicios u Organismos del Estado y a las instituciones de previsión social.

Tales institutos estarán obligados a proporcionarles dichos antecedentes bajo las sanciones que establece el Estatuto Administrativo y/o las que contempla la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 35.- El Comité Resolutivo estará integrado en la siguiente forma:

a) Por el Ministrodel Trabajo y Previsión Social, que lo presidirá;

b) Por el Subsecretario de Previsión Social, que lo presidirá en ausencia del Ministro;

c) Por el Superintendente de Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley Nº 16.395 y sus modificaciones posteriores;

d) Por el Director de Presupuestos;

e) Por un representante del Ministro de Salud Pública, funcionario de ese Ministerio o de sus servicios dependientes;

f) Por el Administrador;

g) Por un representante de la Central Única de Trabajadores de Chile;

h) Por un representante de las Federaciones Nacionales Campesinas;

i) Por un representante de la Confederación de Empleados Particulares de Chile;

j) Por un representante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales;

k) Por un representante de los pensionados, elegido por las Asociaciones Nacionales correspondientes.

Los acuerdos del Comité Resolutivo se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate, decidirá el voto de quien lo presida.

Los representantes a que se refieren las letras g), h), i), j) y k) serán elegidos, censurados o removidos en la forma que lo determinen los respectivos organismos, para lo cual se dictará un reglamento por el Presidente de la República.

En todo caso, la designación o remoción de los representantes señalados en las letras g) a la k) serán sancionadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Todos los miembros, con excepción de los señalados en las letras a), b), c), d), e) y f), durarán tres años en sus funciones. Los demás lo serán por derecho propio, en tanto mantengan sus calidades.

Los integrantes señalados en las letras c, d) y f) podrán delegar su representación en funcionarios de su dependencia.

Los representantes señalados en las letras g), h), i), j) y k) percibirán una dieta mensual equivalente a un sueldo vital, escala A) del Departamento de Santiago. En caso de que por su inasistencia fracasare la sesión del Comité Resolutivo, esta dieta se rebajará en la proporción que corresponda según el número de sesiones a que se hubiere convocado en el mes respectivo.

Artículo 36.- Corresponderá al Comité Resolutivo:

1) Ejercer las atribuciones y funciones que la ley Nº 15.386 encomienda a la Comisión Revalorizadora de Pensiones.

2) Ejercer la Administración superior del Fondo Nacional y del Fondo de Revalorización de Pensiones; aprobar, antes del 30 de noviembre de cada año, los Presupuestos respectivos para el año siguiente, y fijar, en dicha ocasión, el monto de los beneficios, el de las reservas presupuestarias correspondientes y el de las demás partidas que fuere necesario consultar. En la misma oportunidad fijará, a proposición del Ministro del Trabajo y Previsión Social, los aportes a que se refiere el Nº 7 del artículo 27, los que no podrán ser inferiores al 5% de los recursos del Fondo Nacional. Además, en dicha ocasión determinará los gastos de administración del sistema.

3) Aprobar los Balances Anuales correspondientes al ejercicio anterior, antes del 31 de marzo de cada año.

4) Dictar las normas generales sobre cálculos, pago, compensación o sobre cualquiera otra materia relativa al beneficio de asignación familiar.

5) Acordar, en general, la distribución de los recursos del Fondo Nacional, pudiendo delegar parte concreta y determinada de estas funciones en el Administrador.

6) En general, todas las que sean necesarias para la mejor dirección y administración superiores del Servicio de Prestaciones de Seguridad Social.

Artículo 37.- Los acuerdos y resoluciones del Comité Resolutivo, en las materias a que se refiere la presente ley, prevalecerán sobre los acuerdos y resoluciones de cualesquiera otras instituciones, organismos o servicios administrativos del Estado. Con todo, el Servicio de Prestaciones de Seguridad Social estará sometido a la tuición y supervigilancia exclusiva de la Superintendencia de Seguridad Social, la que las ejercerá con arreglo a las normas contenidas en su Ley de Organización y Atribuciones y modificaciones posteriores.

Artículo 38.- El Reglamento señalará las disposiciones por las que se regirá el Comité Resolutivo en su organización y funcionamiento.

Artículo 39.- Corresponderá al Administrador :

1º.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Comité Resolutivo;

2º.- Confeccionar la tabla de las materias a tratar por el Comité Resolutivo, siendo responsable de la oportuna inclusión en ella de las materias a que se refiere el artículo 36;

3º.- La supervigilancia de la conducta funcionaría del personal;

4º.- Ejercer todas las demás funciones propias de la Jefatura Superior del Servicio y las que le señale el Reglamento que dicte el Presidente de la República.

TITULO V

Disposiciones varias

Artículo 40.- En el presupuesto anual del Fondo Nacional deberá consultarse una reserva de eventualidades que no podrá ser superior al 2% de los recursos estimados.

Los gastos de administración del sistema no podrán exceder del 5% de los ingresos del Fondo Nacional, incluyéndose en este porcentaje hasta un 0,2% de dichos ingresos para el Servicio de Prestaciones de Seguridad Social. Este ultimo porcentaje podrá ser variado por el Presidente de la República, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, en la medida en que el Servicio de Prestaciones asuma funciones propias de los organismos pagadores de beneficios, a cuyo efecto podrá introducir las modificaciones que se requieran en las Plantas de las instituciones o servicios y disponer las transferencias de los recursos correspondientes en la forma que estime procedente.

Si se producen excedentes en los gastos de administración, éstos serán reintegrados al Fondo Nacional.

La obligación que establece el artículo 62 de la ley Nº 16.395 se entenderá de cargo del Fondo Nacional y, por consiguiente, deberá ser considerada, asimismo, en el presupuesto a que se refiere este artículo.

Artículo 41.- El porcentaje de los ingresos destinados a los gastos de administración a que se refiere el inciso 2º del artículo anterior, excluido el señalado para los gastos del Servicio de Prestaciones, lo distribuirá el Comité Resolutivo entre las instituciones pagadoras de los beneficios que, hasta la fecha en que comience a regir el nuevo sistema, hubieren obtenido ingresos para su administración de los fondos de asignaciones familiares y los organismos e instituciones que, por disposición de la presente ley o por acuerdo del Comité Resolutivo, deban incurrir en gastos por este capítulo. Esta distribución deberá ser hecha proporcionalmente al número de asignaciones en que intervengan cada institución u organismos considerando la intervención que, en su caso, pueda asumir el Servicio de Prestaciones.

Artículo 42.- En el presupuesto del Fondo de Revalorización de Pensiones podrá contemplarse hasta un 0,2% de los ingresos para atender a los gastos de administración del Servicio de Prestaciones de Seguridad Social.

Artículo 43.- El Servicio de Prestaciones podrá, cuando la buena marcha del sistema lo haga aconsejable, contratar créditos a corto plazo en el Banco del Estado de Chile, los que deberán ser pagados a más tardar dentro del ejercicio siguiente.

Artículo 44.- El aporte de 2,5% de los sueldos y salarios a que se refiere la ley N9 15.720 y sus modificaciones, en favor de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y del Servicio de Seguro Social, será de cargo de los patrones y empleadores a partir de la fecha de la presente ley, tendrá el carácter de imposición para todos los efectos legales, deberá ser enterado y recaudado conjuntamente con las imposiciones provisionales y se calculará sobre las mismas bases establecidas en el artículo 23.

Artículo 45.- Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera, en funcionamiento a la fecha de vigencia del sistema que establece esta ley, subsistirán como entidades recaudadoras de las cotizaciones establecidas en el artículo 14 y pagadoras del beneficio de asignación familiar que se fije con cargo al Fondo Nacional, el que se pagará con arreglo a las demás disposiciones de esta ley.

Otorgarán, asimismo, las prestaciones adicionales contempladas en el Decreto Supremo Nº 640, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1963, y sus modificaciones con los montos y características que hubieren regido durante el año 1971, reajustadas en un 100% del alza del costo de la vida, con cargo a los excedentes y reservas de sus fondos de beneficios sociales al 31 de diciembre de 1971 y a los intereses y rentas de sus inversiones.

A partir del 1° de enero de 1972, prohíbese la incorporación de nuevos adherentes como asimismo, de nuevos beneficiarios y causantes.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6º y 7º transitorios.

Artículo 46.- Todas las estipulaciones individuales o colectivas respecto a la prestación de servicios que establezcan una retribución en dinero relacionadas con la situación familiar de los trabajadores, serán consideradas exclusivamente como pacto sobre remuneraciones para todos los efectos legales.

Artículo 47.- Suprímese la Comisión Revalorizadora de Pensiones creada por la ley Nº 15.386. Las funciones y atribuciones de dicha Comisión corresponderán, en lo sucesivo, al Servicio de Prestaciones de Seguridad Social, con arreglo a lo prescrito en los artículos 31 y siguientes.

Artículo 48.- Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre asignaciones familiares y administración de las mismas contrarias a la presente ley, dictadas tanto para los sectores público como privado.

}

Artículo 49.- La presente ley comenzará a regir a partir del 1º de enero de 1972, sin perjuicio de las medidas que deba adoptar el Presidente de la República con anterioridad para la oportuna vigencia del sistema y el funcionamiento de los órganos que en él se contemplan.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- El personal de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera que eventualmente quedare cesante y que se encuentre en servicio al 31 de diciembre de 1971, será absorbido por los organismos administradores del sistema o por las instituciones de previsión, o por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social o por sus organismos dependientes, en la forma que determine el Presidente de la República, previa calificación de la Superintendencia de Seguridad Social acerca de la causal de terminación de sus servicios.

Artículo 2º.- Las asignaciones familiares autorizadas o devengadas con anterioridad a la vigencia del nuevo sistema, se mantendrán conforme a las condiciones y términos de su otorgamiento, continuarán pagándose con cargo al Fondo Nacional y se reajustarán a contar del 1° de enero de 1972 en un porcentaje igual a aquél en que hubiere aumentado el índice de precios al consumidor durante el año 1971, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

El Comité Resolutivo determinará para el año 1973 y siguientes el monto de la asignación familiar respecto de aquellos trabajadores que, hallándose afectos al sistema, tengan derecho a un beneficio de monto superior al que se fije de cargo del Fondo Nacional.

En ningún caso, las asignaciones así reajustadas podrán ser inferiores a la que fije anualmente el Comité Resolutivo.

Artículo 3º.- En los regímenes convencionales de pago de asignación familiar obrera preestablecidos legalmente, el monto de las asignaciones se considerará dividido en dos partes: una, de monto igual a la que fije anualmente el Comité Resolutivo, se pagará con cargo al Fondo Nacional al cual los patrones deberán concurrir pagando la cotización establecida en el artículo 14, quedando autorizados para

efectuar las compensaciones que correspondan; la otra, constituida por el exceso y demás beneficios en favor de la familia gravará exclusivamente a los patrones y no podrá ser suprimida o rebajada por causa alguna.

Artículo 4º.- Los descuentos legales que se efectúan de las asignaciones familiares vigentes al 31 de diciembre de 1971, subsistirán en la medida que el monto líquido de ellas no resulte inferior a la asignación que se fije por el Comité Resolutivo.

Artículo 5°.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Oiario Oficial, designe provisoriamente los representantes del Comité Resolutivo a que se refiere el artículo 35, el cual funcionará con las atribuciones señaladas por el término de seis meses.

Las funciones que competen al Servicio de Prestaciones de Seguridad Social las desarrollará, hasta tanto éste no se constituya, la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 6º.- Los excedentes que se produzcan al 31 de diciembre de 1971 en los fondos de asignación familiar administrados por las Instituciones de Previsión Social, incluidas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera, serán integrados en un 50% en el Fondo Nacional, y el remanente se destinará por acuerdo de los respectivos Consejos Directivos a obras de bienestar social de todos sus imponentes.

Artículo 7º.- Las Instituciones de Previsión Social, incluidas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera, traspasarán a la fecha en que entre a regir el Sistema Nacional de Asignaciones Familiares que se crea por la presente ley, las reservas legales existentes en sus respectivos fondos, al Fondo Nacional.

Asimismo, las instituciones señaladas en el inciso anterior deberán integrar en el Fondo Nacional, dentro del plazo de 15 días de percibidos, los ingresos para sus fondos particulares de asignación familiar que se produzcan con posterioridad a la vigencia del nuevo sistema.

Artículo 8º.- En caso de que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera no puedan seguir proporcionando las prestaciones adicionales en la forma señalada en el inciso segundo del artículo 45, deberán traspasar al Servicio de Prestaciones de Seguridad Social todos los bienes de su patrimonio. El Comité Resolutivo fijará, en tal caso, las condiciones y modalidades que dichas prestaciones adoptarán en lo sucesivo.

Artículo 9º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 33, el funcionario que actualmente desempeña el cargo de Secretario de la Comisión Revalorizadora de Pensiones deberá ser incluido en la Planta del Servicio de Prestaciones de Seguridad Social, manteniendo su remuneración.

Artículo 10.- El Presidente de la República ordenará los traspasos y suplementos presupuestarios para dar cumplimiento a la presente ley, sin sujeción a las limitaciones que establece el D.F.L. Nº 47, de 1959."

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Oyarce Jara."

6.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Ha sido preocupación preferente del Poder Ejecutivo entregar a los trabajadores los medios suficientes para que las directivas de los organismos gremiales tengan una adecuada representación y sean lo suficientemente eficaces en el logro de los objetivos que les están encomendados.

Es indiscutible que en algunas federaciones de sindicatos profesionales de jurisdicción nacional, la actual representación de cinco (5) directores es insuficiente para satisfacer los propósitos para los cuales fueron creados.

El intenso trabajo que deben desarrollar los directores de estos organismos se ve, en la actualidad, acentuado con el auge de la actividad sindical fomentada por el actual Gobierno.

Ahora bien, en la especie, es absolutamente imposible que la Directiva de la Federación de Sindicatos Profesionales de Estibadores y Desestibadores de Chile (FEMACH), formada en la actualidad por cinco (5) miembros pueda representar eficazmente a sus asociados, ya que el creciente desarrollo de los distintos sindicatos afiliados y en constante emulación hace necesario que esta Directiva deba visitar periódicamente a sus asociados, por lo que se hace necesario ampliar el número de dirigentes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas propongo al Honorable Congreso, para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo Único.- El Directorio de la Federación de Sindicatos Profesionales de Estibadores y Desestibadores Marítimos de Chile (FEMACH) estará compuesto por siete (7) miembros, todos los cuales gozarán de los beneficios que el Código del Trabajo establece en favor de los dirigentes sindicales y permanecerán dos (2) años en sus funciones.

Artículo transitorio. La Federación de Sindicatos Profesionales de Estibadores y Desestibadores Marítimos de Chile (FEMACH) procederá a ratificar a los dos (2) Directores que actualmente cumplen funciones adjuntos a los cinco (5) titulares, en su próxima asamblea anual. Una vez ratificados estos dos Directores se incorporarán de pleno derecho a la Directiva actual, permaneciendo los siete (7) Directores en funciones como período ordinario por el lapso de dos (2) años a contar de la fecha en que fueren elegidos.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Oyarce Jara."

7.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

Por dictamen Nº 871, de 1956, de la Superintendencia de Seguridad Social les fue reconocida a los agentes postales subvencionados del Servicio de Correos la calidad de imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, para los efectos de su régimen previsional.

Sin embargo, desde esa fecha y hasta el 1º de enero de 1968, en que el artículo 41 de la ley Nº 16.840 determinó las normas para que se efectuaran a estos trabajadores las correspondientes imposiciones previsionales, se ha producido para los mismos un vacío no cubierto con imposiciones y que, de acuerdo a las reglas generales, es de cargo de los propios interesados.

Para solucionar este vacío, una condonación de la deuda no es procedente, por cuanto los beneficios previsionales tienen su base financiera en las cotizaciones correlativas y, por ende, no es posible que la Caja asuma todos los efectos previsionales que emanen de un lapso superior a once años no cubierto por imposición alguna. Ello vulneraría todo el sistema previsional de la Caja, así como su estabilidad financiera y la equitativa distribución de las cargas entre todos sus imponentes.

En estas condiciones, el Gobierno estima que el camino adecuado para resolver la situación de estos trabajadores es el de obtener una facultad legal que permita a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas otorgarles un préstamo con el que puedan cubrir el lapso vacante y adquirir como consecuencia plenos derechos previsionales a contar de la fecha en que se les reconoció la calidad de empleados. Dicho préstamo debe ser amortizado en un plazo razonablemente largo, a fin de que no constituya un gravamen excesivo para los beneficiarios, criterio que es el mismo que se ha seguido en casos similares.

En mérito de las razones antes expuestas, vengo en someter a vuestra consideración, para que sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

"La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas facilitará a los agentes postales subvencionados del Servicio de Correos y Telégrafos, en calidad de préstamo, los fondos necesarios para enterar las imposiciones que legalmente correspondan a fin de cubrir los años de imponentes de dicha Caja a cuyo reconocimiento tengan derecho en razón de las actividades desempeñadas como agentes postales subvencionades.

Dichos préstamos se otorgarán en las mismas condiciones de aquellos que se conceden en conformidad al artículo 3º de la ley Nº 10.986.".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Oyarce Jara."

8.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

La ley 15.266, que es la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece en su artículo 29 que las personas que prestan sus servicios en Chile y que ese Ministerio envíe en comisión al extranjero tendrán derecho a pasajes, a sus emolumentos en moneda corriente y a una asignación en dólares, cuyo monto allí se determina, por cada día que permanezcan fuera del país.

Estima el Supremo Gobierno que estas asignaciones, que fluctúan entre 28, 67 y 71,67 dólares por día, son exigüas para los funcionarios de categorías inferiores y excesivas para los altos funcionarios.

Estima, por otra parte, que no bastaría incrementar las asignaciones menores y rebajar las altas para dejar las asignaciones en niveles adecuados, pues las necesidades de los funcionarios enviados en comisión al exterior varían mucho de uno a otro país y aun pueden ser diferentes dentro de un mismo país, según, por ejemplo, que vayan o no en calidad de huéspedes oficiales.

Para evitar asignaciones insuficientes o excesivas es indispensable calificar cada caso. No sólo habrá que considerar el grado del funcionario en el escalafón, sino también la misión que se le ha encomendado, el tratamiento que le dispensará el país que lo recibe y el costo de la vida en éste. Sólo una apreciación flexible de todas estas circunstancias permitirá proporcionar a los funcionarios enviados en comisión el monto justo que demanden sus gastos de vida en el extranjero, evitando disparidades improcedentes y limitando el desembolso de divisas al volumen estrictamente indispensable.

Por lo demás, en la propia ley 15.266 existe un precedente que justifica la determinación de las asignaciones en dólares con un criterio flexible, que tenga en cuenta las circunstancias imperantes y las características de cada caso. El artículo 40 de dicha ley, al ocuparse de los funcionarios que están destinados en el exterior y que deben ausentarse de su sede en cumplimiento de una misión oficial, les reconoce derecho a un viático "de acuerdo a las condiciones que fijará el Ministerio de Relaciones Exteriores el 1º de enero de cada año".

De conformidad con esta norma, el Ministerio determina anualmente la forma de calcular tales viáticos, los que para el año en curso son de 40 dólares diarios, y pueden elevarse, con el recargo que en ciertos países se admite por costo de vida, hasta el tope de 49,20 dólares.

La aplicación de este artículo 40 ha permitido comprobar la ventaja de poder determinar el monto de los viáticos en dóla

res, dentro de ciertos límites, de acuerdo con las cambiantes condiciones del costo de la vida en el mundo internacional. Cree el Supremo Gobierno que se determinarían pagos más justos y más económicos, si se procediera con el mismo criterio para fijar el monto de las asignaciones en dólares que reciben los funcionarios que prestan sus servicios en Chile y son enviados al exterior en misiones oficiales.

Guiado por este espíritu, el Supremo Gobierno ha pensado en la necesidad de derogar los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 29 de la ley 15.266, que son los que establecen la actual escala de asignaciones en dólares para los referidos funcionarios. Esos incisos deben ser reemplazados por otros en que se establezca la posibilidad de determinar con un criterio flexible cuál es la asignación justa que deba recibir un funcionario cada vez que sale en comisión al extranjero.

En mérito de las consideraciones antes expuestas, vengo en proponeros, para ser tratado en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Reemplázanse los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 29 de la ley 15.266, por los siguientes:

"Las personas que envíe al extranjero el Ministerio de Relaciones Exteriores para representar a Chile en reuniones internacionales o cumplir misiones extraordinarias de carácter temporal, tendrán derecho a pasajes, salvo cuando ellos les sean proporcionados por algún organismo internacional, y percibirán, además de sus emolumentos en moneda corriente, una asignación en dólares por cada día que permanezcan fuera del país.

"Esta asignación se determinará en cada caso en el respectivo decreto.

"Para señalar su cuantía, el Ministerio tomará en consideración la categoría del funcionario, la naturaleza de la comisión que se le ha encomendado y el país donde tendrá que desempeñarse.

"En ningún caso podrá dicha asignación exceder de cincuenta dolores diarios".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

9.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:

El DFL. Nº 274, publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de abril de 1960, creó la Empresa de Comercio Agrícola como una Empresa del Estado, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio y dispuso que sus relaciones con el Gobierno se ejercerán a través del Ministerio de Economía.

De conformidad con las normas que se contienen, al efecto, en los artículos 2º y 5º transitorio del citado cuerpo legal, pasaron a formar parte del personal de la Empresa los empleados y obreros que, a la sazón, prestaban servicios en los frigoríficos de propiedad de la Corporación de Fomento de la Producción y el personal del Instituto Nacional de Comercio en servicio al 6 de abril de 1960.

Los primeros conservaron la afiliación que, a esta fecha, tenían a la Caja de Previsión de Empleados Particulares y quedaron sometidos al artículo 38 del precitado DFL. Nº 274 en cuanto declara que el personal de empleados y obreros de la Institución estará sometido al Código del Trabajo y a sus leyes complementarias y a las disposiciones de este cuerpo legal.

Los empleados del Instituto Nacional de Comercio, por su parte, conservaron la calidad jurídica que tenían a esa fecha y, además, su afiliación a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

El personal a que se ha hecho referencia, esto es, el que provenía de los frigoríficos de la Corporación de Fomento de la Producción y aquel que prestaba servicios en el Instituto Nacional de Comercio ingresó a la Empresa de Comercio Agrícola el 6 de abril de 1960, o sea, el mismo día en que creó dicha Institución.

El artículo 32 de la ley Nº 17.272, de fecha 31 de diciembre de 1969, estableció que los empleados de la Empresa de Comercio Agrícola en servicio activo a esa fecha que hubieren ingresado a la Institución con posterioridad al 6 de abril de 1960 y los que ingresaren en el futuro tendrían el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se les aplicarían las disposiciones de los párrafos 13, 18, 19 y 20 del Título II, el artículo 143 y los títulos 4º y 5º del DFL. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de las demás disposiciones de los Estatutos Internos del personal de la Empresa.

Dado que esta norma, de acuerdo con su tenor literal, sólo debía aplicarse al personal ingresado a la Empresa de Comercio Agrícola "con posterioridad" al 6 de abril de 1960, el personal de empleados provenientes de los frigoríficos de la Corporación de Fomento de la Producción ingresado, como se ha dicho, precisamente el 6 de abril de 1960 quedó al margen de sus disposiciones.

La anotada inconveniencia se superó mediante la disposición del artículo 11 de la ley Nº 17.366, que sustituyó las locuciones "con posterioridad al" por "desde el".

El cambio de régimen establecido por la ley sólo operó a contar desde el 1° de enero de 1970 y, como quiera que la ley nada dice al respecto, las imposiciones que este personal cotizó en la Caja de Previsión de Empleados Particulares entre el 6 de abril de 1960 y la indicada fecha debieron mantenerse en dicha Institución.

En dicho lapso, este personal debió imponer al Fondo de Desahucio establecido en los artículos 37 a 39 de la ley Nº

15.386. No obstante, como quiera que en el régimen de la Caja de Previsión de Empleados Particulares el goce del desahucio está condicionado por el derecho a la jubilación y habida consideración a que las disposiciones de la ley Nº 10.986 no son aplicables, según lo establece su artículo 13, al desahucio, estos empleados no podrán computar para el goce de este beneficio el lapso a que se ha hecho referencia.

Pues bien, el Gobierno, consciente de esta realidad y a fin de superar el estado de cosas a que se ha hecho referencia, ha estimado propiciar un proyecto de ley que aborde el problema que se ha señalado y haga posible, de esta manera, que el personal ingresado a la Empresa de Comercio Agrícola el 6 de abril de 1960 o con posterioridad a esa fecha y que se encontraba en servicio al 31 de diciembre de 1969 pueda computar para los efectos del desahucio a que tendrá derecho una vez que se retire del servicio el tiempo que media entre ambas fechas.

En el proyecto que se someterá a vuestra consideración se ha consignado una disposición en la que establece para el integro de imposiciones que deberá hacer este personal un sistema semejante al que rige en favor de los funcionarios semifiscales a quienes se aplican las normas del DFL. N 2 de 1970 y es así como en su artículo segundo se señala que éstas se descontarán del desahucio a que, en su oportunidad, tendrán derecho estos empleados.

En igual forma, se señala un procedimiento para determinar el monto de las imposiciones retrospectivas, que deberán integrarse por el lapso que se ha indicado anteriormente, tomando como índice de referencia, esto es, como base imponible, la remuneración que se considera para otorgar el beneficio.

Consecuente con lo anterior, me permito someter a vuestra consideración y aprobación el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Los funcionarios o empleados de la Empresa de Comercio Agrícola ingresados a la Institución desde el 6 de abril de 1960 o con posterioridad y en servicio activo al 31 de diciembre de 1969, tendrán derecho a computar para los efectos previstos en los artículos 102 y siguientes del DFL. Nº 338 los años de servicios comprendidos entre las dos fechas que se han indicado.

Artículo 2º.- Los interesados deberán integrar imposiciones por el lapso señalado en el artículo anterior y éstas se descontarán del respectivo desahucio.

Artículo 3º.- Las imposiciones se calcularán aplicando la tasa del 6% establecida en el artículo 107 del DFL. Nº 338, de 1960, tomando como base imponible la remuneración que se considera para otorgar el beneficio, y presumiéndose que los interesados han gozado de rentas inferiores a dicha remuneración, según una escala descendente de un 4% por cada año.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Oyarce Jara."

10.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El subsidio de cesantía es un beneficio de carácter eminentemente social, creado por la ley Nº 7.295, de 22 de octubre de 1942, destinado a posibilitar la subsistencia del empleado particular que se encuentra temporalmente privado de su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

La forma restringida que actualmente señalan las letras b) y c) del artículo 37 de la ley Nº 7.295 hace que la citada finalidad no se cumpla en forma adecuada en aquellos períodos en que hay circunstancias económicas especiales que agudizan las consecuencia del desempleo por restricción del área de colocaciones.

Por tal motivo, el Gobierno estima que es necesario modificar el plazo durante el cual puede gozarse del referido beneficio, como también el monto a que éste puede alcanzar.

Para solucionar el primer punto antes enunciado, esto es, el plazo de otorgamiento del beneficio, es de conveniencia ampliar el período actualmente establecido, en aquellos casos especialmente calificados por el Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, hasta un máximo de un año.

Por las mismas razones anteriores, es de conveniencia modificar la base de cálculo del beneficio, en forma que fluctúe entre un mínimo equivalente al sueldo vital vigente mensual y un máximo de cuatro sueldos vitales mensuales, para cuyo efecto debe tenerse en consideración el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas en los últimos doce meses trabajados.

Finalmente, debe agregarse que el estado financiero actual del Fondo Especial de Cesantía en la referida Caja permite ampliamente cubrir el aumento del subsidio de cesantía en la forma que lo propongo.

En mérito de estas consideraciones, someto a la consideración de Vuestras Señorías el siguiente

Proyecto de ley:

Reemplázanse las letras b) y c) del artículo 37 de la ley 7.295, de 22 de octubre de 1942, y sus posteriores modificaciones por las siguientes:

"Este plazo podrá ser ampliado hasta totalizar 360 días de goce de subsidio de cesantía, en casos especialmente calificados por el Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con el quórum de los 2/3 de sus miembros en ejercicio, y siempre que exista informe favorable previo del Servicio Nacional del Empleo;

c) El monto del subsidio mensual será determinado por el Consejo de la Caja de Empleados Particulares y será equivalente a una cantidad que podrá fluctuar entre el sueldo vital vigente y hasta cuatro sueldos vitales clase "A" del departamente de Santiago. La determinación se hará tomando en consideración el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas por el empleado en los últimos doce meses trabajados."

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens. José Oyarce Jara,"

11.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 969.Santiago, 25 de octubre de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites.

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Toká González."

12.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 2635.Santiago, 22 de octubre de 1971.

Por oficio Nº 1.363, remitido a Su Excelencia el Presidente de la República, con fecha 23 de septiembre ppdo., se comunica que el Honorable Congreso Nacional ha aprobado un proyecto de ley sobre la materia señalada en la suma.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en vetar la totalidad del referido proyecto de ley.

El Gobierno considera que es inoportuno e inconveniente para los intereses generales del país, se legisle en forma parcial y discriminatoria, sólo en favor de un pequeñísimo grupo de interesados.

Es así como el proyecto es manifiestamente discriminatorio, por cuanto confiere beneficios de condonación y consolidación de deudas únicamente en favor de colonos de cinco colonias determinadas y de una cooperativa.

De la misma manera, resulta discriminatorio en cuanto autoriza al Banco del Estado de Chile para otorgar créditos especiales en favor de esas mismas colonias y de esa misma cooperativa.

A este respecto, ha de considerarse que las colonias que se han creado por la ex Caja de. Colonización Agrícola y por la Corporación de la Reforma Agraria tienen, en conjunto, un total de más o menos 5.027 parceleros o colonos; y que también existen numerosas cooperativas de asignatarios de parcelas y huertos, por cada una de las colonias.

A criterio del Ejecutivo, no es procedente, por lo tanto, que se legisle para favorecer casos o intereses particulares, salvo en situaciones muy especiales, como las pensiones de gracia.

Por otra parte, las disposiciones del proyecto echarían por tierra todo un sistema que, en la actualidad, constituye un todo orgánico que sirve de fundamento para que el Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y de la Corporación de la Reforma Agraria, especialmente, pueda elaborar y aplicar políticas o planes sobre parcelas y cooperativas.

Las leyes Nºs. 15.020 y 16.640, así como varios de sus correspondientes decretos con fuerza de ley reglamentarios, contienen disposiciones vigentes que son perfectamente eficaces para poder implantar una política completa en materia de parcelas y cooperativas y sobre asistencia técnica, crediticia y educacional, incentivación de la producción y de aplicación de las sanciones correspondientes

para aquellos que no cumplan o infrinjan la norma.

Sin embargo, el proyecto de ley objeto del presente veto, altera en forma sustancial y, como he dicho, discriminatoria, el todo orgánico antes referido. Esta alteración se produce en los siguientes tres aspectos que paso a analizar:

Forma de pago de las parcelas.- Los proyectos de parcelación que han sido elaborados primero por la ex Caja de Colonización Agrícola y posteriormente por la Corporación de la Reforma Agraria, constituyen verdaderos estudios económicos, un plan a largo plazo, dentro del cual se comprenden diversos aspectos fundamentales o esenciales, tales como rentabilidad de la tierra determinada por su calidad, insumos necesarios, clima, infraestructura ; niveles socioeconómicos y necesidades presentes y futuras del grupo familiar; posibilidades de comercialización; y otros que sirven de base para establecer la superficie de las parcelas, el valor de las mismas y las condiciones, modalidades y plazos en que deben ser pagadas por los adquirentes, plazos que van de veinte a treinta años.

Pues bien, cada proyecto de parcelación que se realiza, tiene un costo y debe contar con un financiamiento adecuado y más o menos seguro.

El financiamiento proviene, en una pequeña parte, del presupuesto de la Corporación de la Reforma Agraria y, en gran parte, de la recuperación proveniente del valor de los terrenos, infraestructura y créditos que se han otorgado a los asignatarios.

En consecuencia, condonar parte del precio de las parcelas de cinco colonias trae por resultado el lógico desfinanciamiento de un proyecto y plan completos, y, en este caso, significaría desfinanciarlos en un fuerte porcentaje de la recuperación por este concepto.

El mismo efecto o consecuencia anterior, produce la condonación de intereses penales y multas y la modificación de los plazos de pago, que se establecen en el artículo segundo del proyecto de ley.

Modificación al sistema crediticio y a los créditos ya otorgados.- También en este aspecto, la legislación vigente contiene las disposiciones suficientes, amplias y variadas sobre crédito a los colonos.

Además, como ha quedado expresado, existen sobre la materia planes de parcelaciones que contienen estudios económicos racionales sobre créditos, y en ellos se contemplan financiamientos basados principalmente en las recuperaciones de los créditos otorgados.

Además, deben observarse las implicancias que el proyecto de ley significa para el Banco del Estado de Chile, en cuanto a la política de créditos y de financiamiento puesta en práctica por esa institución.

Alteración del sistema jurídico existente en materia de otorgamiento de títulos definitivos.- La ley Nº 15.020 y sus reglamentos, con las modificaciones pertinentes introducidas por la ley N° 16.640, establecen un sistema de entrega diferida de títulos de propiedad, condicionado al cumplimiento de exigencias previas destinadas a demostrar si los postulantes a asignatarios son, realmente, un factor de progreso y desarrollo agrícola.

Corresponde a la Corporación de la Reforma Agraria, por disposición expresa de la ley, velar por el cumplimiento de esas obligaciones y aplicar, a los infractores, las sanciones correspondientes, sanciones que van desde la no entrega del título definitivo hasta la exclusión administrativa del parcelero.

Pues bien, el artículo cuarto del proyecto de ley ordena en forma perentoria y terminante que deben otorgarse títulos definitivos de dominio a los parceleros de las cinco colonias beneficiadas, sin considerar si son o no merecedores de este beneficio y dejándolos, así, en condiciones de ventaja muy superiores a la inmensa mayoría de postulantes que son, también, aspirantes a ser titulares de dominio.

El sistema que se pretende implantar, a más de ser injusto y discriminatorio, impide se aplique a los parceleros que se benefician, el mecanismo que el propio legislador ha ideado en orden a obligarlos que cumplan sus obligaciones, y crearles el sentido de la responsabilidad que deben mantener, como única manera de obtener la finalidad última y esencial perseguida, de progreso y de mayor y mejor producción.

En general, el proyecto parece haber sido aprobado por el Honorable Congreso sin haber medido las perniciosas consecuencias que su sanción significarían. Porque, en efecto, si fuere sancionado y convertido en ley de la República, vendría la natural, justa y lógica reacción que ejercerían los parceleros no beneficiados con el proyecto, socavándose aún más el sistema general sobre cumplimiento de obligaciones, concesión de créditos y otorgamiento de títulos definitivos de dominio. Ello, sin perjuicio de que traería, también como resultado, que es estuviere premiando de hecho a personas que, en mayor o menor número, pueden llegar a ser parceleros ineficientes, al permitírseles la obtención de un título sin la debida capacitación que se obtiene a través de años, durante las diversas etapas en que deben ir cumpliendo los requisitos destinados a comprobar su eficiencia.

Con el mérito de las consideraciones que os he dejado expuestas, el Ejecutivo ha resuelto vetar el proyecto de ley referido, con el objeto de que se supriman y dejen sin efecto todos y cada uno de los cuatro artículos que en él se contienen.

Dios guarde a esa Honorable Cámara.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Jacques Chonchol Chait."

13.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 2597.Santiago, 23 de octubre de 1971.

Por oficio Nº 1361, de 20 de septiembre del presente año, Su Señoría se sirvió comunicarme la aprobación por el Congreso Nacional del proyecto de ley en virtud del cual se establecen normas para facilitar la concurrencia de niños a los estadios y cines, en forma gratuita.

Haciendo uso de la facultad que me concede el artículo 53 de la Constitución Política, vengo en formular las siguientes observaciones:

Artículo 1°.- Sustitúyense las expresiones: "el 5%" por "el porcentaje que determine el reglamento", y la palabra "amateur" por "aficionado".

Fundamento.- La sustitución que se propone tiene por finalidad el procurar que sean ocupadas por los niños las aposentadurías que actualmente están vacías, lo cual depende de la trascendencia del partido de que se trate, clase de estadio a que afectarán, o la calidad de fútbol profesional o aficionado, todo lo cual debe ser materia de reglamento.

Artículo 2º.- Sustituyese por el siguiente:

"Los propietarios o personas que exploten, a cualquier título, salas de cine en el país, estarán obligados, de acuerdo al reglamento, a dar funciones gratuitas, una vez al mes, a las que podrán concurrir los niños hasta de doce años de edad y en las que se exhibirán películas cinematográficas calificadas como "aptas para todo espectador" o "con carácter educativo" por el Consejo de Censura Cinematográfica, siempre que dicho Consejo no hubiera estimado agregar para estas útimas "sólo para mayores de 14 años". Estas funciones deberán realizarse entre las 10 y las 12 horas".

Fundamento.- Se propone la sustitución indicada en atención a que el porcentaje de películas "aptas para todo espectador", en relación con la importación total de películas es relativamente bajo, la cuarta parte, de tal manera que la disminución de dos veces a una vez al mes, permitiría el cumplimiento de la ley sin mayores obstáculos.

Además, desde el punto de vista de la psicología infantil parece atendible que no es buena la excesiva concurrencia al cine por parte de los menores.

Artículo 6º.- Reemplázase por el siguiente:

"Las infracciones a la presente ley serán sancionadas por los Juzgados de Policía Local, conforme a su ley orgánica".

Se propone la modificación indicada por cuanto el sistema sancionatorio de los Juzgados de Policía Local es más efectivo que el de las Municipalidades, de tal manera que con la modificación propuesta se logrará que se cumpla el objetivo de la ley.

Artículo 7°.- Suprímese.

Fundamento.- La mencionada disposición trata de que por ley se destine una cantidad de dólares para ser invertida en la importación y explotación de películas.

El Poder Ejecutivo reiteradamente ha sostenido la inconveniencia de asignar en la ley cantidades de divisas para fines específicos, por cuanto ello crea una rigidez que es inconveniente para el manejo de la política de comercio exterior y de cambios internacionales, y al mismo tiempo se crea un obstáculo para adoptar medidas que en casos de emergencia pudiere ser necesario tomar.

Además, la disposición mencionada es innecesaria, por cuanto las atribuciones que actualmente tiene el Banco Central permiten asegurar el normal abastecimiento de películas cinematogáficas que sea necesario para su explotación en el país.

No se justifica tampoco el cambio del área bancaria respecto de los "costos de producción", ya que en la actualidad ellos no son considerados como tales, sino como utilidades.

Artículo 8º.- Elimínase.

Fundamento.- Esta disposición entraba el ejercicio de las atribuciones que en materia cambiara posee actualmente el Banco Central, por las mismas razones expuestas respecto del artículo anterior.

Asimismo, al exigirse que el Banco Central se pronuncie dentro del plazo de 15 días acerca de los registros de importación que se le presenten, entendiéndose aprobados si no hubiera una resolución dentro de ese plazo, contraviene lo establecido en la ley 16.101 y crea para la importación de películas extranjeras un régimen de excepción que no se justifica.

Con el mérito de lo precedentemente expuesto, sírvase tener por formuladas las observaciones al proyecto de ley mencionado.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Pedro Vuskovic Bravo."

14.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 31891 Santiago, 13 de octubre de 1971.

Con Oficio Nº 1350, de 15 de septiembre de 1971 y remitido al Ejecutivo con fecha 21 de septiembre del mismo mes, el señor Presidente me envió el proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, que legisla sobre el otorgamiento de los Premios de Literatura, Arte, Periodismo y Ciencia.

En uso de las facultades que se otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado y queriendo el Supremo Gobierno extender el beneficio de la pensión vitalicia que se establece a favor de los agraciados con dichos premios, a sus viudas e hijos menores, como asimismo a las viudas e hijos menores de los que anteriormente a esta fecha obtuvieron el premio indicado, vengo en devolver el referido proyecto con las siguientes observaciones, que inciden en el aspecto señalado.

Propongo la siguiente nueva redacción para el artículo 79 del proyecto:

"Cada uno de los premios que se otorgue de conformidad a los artículos 2, 3, 4 y 5 llevará anexo el derecho del agraciado de percibir una pensión vitalicia de ocho sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago, la que percibirá después que acredite haber cumplido los 45 años de edad.

En caso de fallecimiento del beneficiario de la pensión vitalicia, antes o después de haber cumplido los 45 años de edad a que se refiere el inciso anterior, tendrán derecho a continuar percibiendo esta pensión, su viuda y sus hijos menores, repartiéndose su monto en la forma que fije el Reglamento.

Igual derecho tendrán las viudas e hijos menores de aquellos que hubieren sido agraciados con el otorgamiento de Premios de Literatura, Arte, Periodismo y Ciencia, en conformidad a las Leyes Nºs. 7.368, 11.479 y 16.746, y de acuerdo a las normas que sobre el particular establezca el Reglamento.

Los Jurados de Periodismo y de Ciencias, en su caso, determinarán, anualmente, cuál de las recompensas en que se divide el premio de periodismo o cuál de los miembros integrantes cuando se premie a un equipo de científicos, recibirá la pensión vitalicia, establecida en el inciso primero del presente artículo.

En mérito de lo expuesto, vengo en proponer que se sustituya la redacción del artículo 7º del proyecto en referencia, por la indicada anteriormente, contando con mi aprobación en sus demás artículos.

Saluda atentamente a usted.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Mario Astorga Gutiérrez."

15.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 1988. Santiago, 26 de octubre de 1971.

Por oficio Nº 1359 de 20 de septiembre de 1971, V. E. se sirvió comunicarme la aprobación por el Parlamento del proyecto de ley que se refiere a la publicidad del Instituto Nacional de Estadística.

Haciendo uso de las facultades constitucionales de que estoy investido, contempladas en el artículo 53 de la Constitución Política, vengo en formular a dicho Proyecto las siguientes observaciones:

a) Artículo 2º.- Para suprimirlo.

Fundamento.- El argumento que se ha dado para justificar esta disposición en el sentido de que es conveniente que el índice tenga difusión, no puede resultar convincente desde el momento en que las variaciones mensuales que éste experimenta, se hacen llegar en la actualidad a las respectivas oficinas de Informaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, a los Presidentes de ambas Corporaciones, y a los Presidentes de sus respectivas Comisiones de Hacienda, con lo cual bien pueden estimarse satisfechos los objetivos de difusión que se pretenden, tanto más si se tiene presente, a mayor abundamiento, que resulta dudoso que el Diario Oficial constituya un medio de difusión adecuado para orientar a los consumidores.

Por otra parte, cabe destacar que, dar cumplimiento a la obligación que esta disposición establece, implica tener que publicar 14 inas tamaño oficio por mes, con un costo cuyo monto se considera excesivo.

b) Artículo 3º.- Para suprimirlo.

Fundamento.- Entre los fundamentos que los señores senadores patrocinantes de esta iniciativa expresan para esta disposición, señalan: "La posibilidad de chequear la exacta calidad de los productos que se comparan, para que se informe cuándo se recurre a la reducción o baja de su calidad, como forma de evitar que el índice acuse un alza de precios que para el consumidor lo es, ya que paga el mismo precio por uno de menor calidad." y continúa: "Está demás agregar que estas modificaciones legales no tocan el secreto estadístico necesario para mantener la objetividad del índice".

Sin embargo, corresponde hacer presante a V. E. que, tal como lo ha señalado el mismo Instituto, tradicionalmente la especificación de los productos que integran el índice (composición, marcas, atributos, etc.), se han mantenido en secreto a fin de preservar su objetividad, ya que es obvio que si estas especificaciones se conocen, posibilita la fijación de precio precisamente de esos artículos y no de otros con lo cual, por cierto, se distorsiona su finalidad. De tal manera, pues, que mantener el criterio utilizado en forma habitual por el Instituto Nacional de Estadística en orden a no divulgar estas especificaciones, constituye una palmaria demostración de la probidad con que actúan los organismos del Estado.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Pedro Vuskovic Bravo."

16.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"Nº 1824.Santiago, 20 octubre 1971.

Poor oficio Nº 1355, de 15 de septiembre último, remitido al Ejecutivo con fecha 21 de septiembre, V. E. ha tenido a bien comunicar la aprobación del proyecto de Ley por el cual se introducen modificaciones a la Ley General de Elecciones, Nº 14.852, y a la Ley General sobre Inscripciones Electorales, Nº 14.853.

Sobre el particular, en conformidad a lo prescrito en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones:

a) El Nº 7 del artículo 2º del proyecto contiene un error en cuanto a la ubicación de los signos de puntuación que se hace necesario enmendar, por lo cual vengo en proponer se sustituya la palabra "precedida" por "seguida", manteniendo la coma que sigue a la expresión "colectividad".

b) En el Nº9 del artículo 2º del proyecto se consulta una modificación al inciso cuarto del artículo 21 de la Ley General de Elecciones, estableciendo que sobre el nombre de la lista se colocará el símbolo o emblema del partido o grupo independiente. En seguida se establece una excepción a esta ubicación del símbolo o emblema, en el caso de elecciones unipersonales o cuando una lista tiene un solo candidato, en cuyos casos, dicho símbolo o emblema irá colocado al costado del número y nombre del candidato respectivo.

La razón de esta última disposición obedece a la idea de impedir que el elector sufrague por la lista y por el candidato, anulando de paso su voto.

Esta medida es ciertamente aprobada por el Ejecutivo, y en el caso de elecciones unipersonales no trae consigo problemas de ningún orden. Pero no ocurre lo mismo tratándose de listas que llevan un solo candidato en elecciones pluripersonales.

Debe recordarse, que en tales casos la mayor parte de las listas lleva más de un candidato, y por lo tanto los símbolos de los partidos irán colocados sobre ellas.

El hecho de colocar el símbolo al costado del nombre de un candidato, crea, a juicio del Ejecutivo, diversos problemas que estima conveniente evitar, como son: el de destacar más a ese candidato que al resto, los que, por el hecho de integrar una lista, llevarán el símbolo o emblema encima del nombre de su partido; y el tener que agrandar considerablemente el tamaño de la cédula, puesto que deberá ampliarse el espacio que va a la izquierda de cada lista, para permitir imprimir en él el símbolo de listas que tengan un sólo candidato. Esto ocasiona un gran aumento de los costos de papel, impresión, publicaciones, etc., y origina mayores dificultades de manejo de la cédula, por parte de los electores.

Por lo demás, no existe la posibilidad de que el elector pueda marcar preferencia al símbolo y al candidato conjuntamente, ya que el número 10 del artículo segundo del Proyecto, expresamente establece que tratándose de una elección unipersonal o cuando la lista tenga un solo candidato, no habrá una raya horizontal al lado izquierdo del símbolo.

Es por lo expuesto que os propongo la supresión de la frase "o si la lista tiene un solo candidato" en el N° 9 del artículo 2º.

c) Los números 9, 10 y 11 del artículo 2º establecen modificaciones de la cédula única, creándose el "voto de lista". El elector marcará su preferencia por la lista haciendo una raya sobre la línea que estará ubicada junto al símbolo o emblema del partido.

A juicio del Ejecutivo se ha omitido en esta parte de la modificación lo referente al sufragio de los electores no videntes. En efecto, de no modificarse también el inciso décimo del artículo 21 de la Ley de Elecciones, estos ciudadanos no tendrían la alternativa de votar por un candidato o por la lista, debiendo limitarse a sufragar por los primeros. Para permitirles votar por la lista será necesario que la plantilla facsímil con que sufragan, incluya el símbolo o emblema en relieve, con la respectiva ranura frente a él, para que marquen la preferencia que deseen.

Por tanto os propongo que se agregue un nuevo número al artículo 2º del proyecto en el cual se modifique el inciso décimo del artículo 21 de la Ley de Elecciones, debiendo intercalarse después de la palabra "nombre" la frase "y cada símbolo o emblema".

d) Toda reglamentación que se efectúe con respecto a la manera en que deban sufragar los analfabetos parece incompleta, si no se contempla en ella las normas por las cuales esos ciudadanos participarán en las consultas plebiscitarias incorporadas en la Reforma Constitucional aprobada por Ley Nº 17.284.

En efecto, en este proyecto no se consultan normas que permitan la participación de los analfabetos en las consultas plebiscitarias por lo cual se hace necesario legislar al respecto.

El Ejecutivo, en estas circunstancias considera un deber introducir en la Ley que reglamenta el derecho a sufragio de los analfabetos, normas que permitan a estos ciudadanos participar en igualdad de derechos en las consultas plebiscitarias.

Al mismo tiempo, la idea central del proyecto, es que los analfabetos tengan acceso al sistema electoral vigente en las mismas condiciones que los ciudadanos alfabetos. Sufragan con las mismas cédulas, en las mismas Mesas Receptoras, etc. Por consiguiente, la reglamentación que se efectúe con respecto a la participación de los plebiscitos debe consultar también un sistema de igualdad para todos los ciudadanos, sean ellos alfabetos o analfabetos. Para tales efectos, el Ejecutivo propone se cree un Capítulo separado en la actual Ley de Elecciones en el que se reglamente el derecho a sufragio de los ciudadanos en las consultas plebiscitarias sin hacer distinciones entre ellos. En el sistema que se propone, se mantiene en su integridad el procedimiento empleado para una elección ordinaria, ya que se estima necesario aprovechar la estructura conocida por el elector a través de numerosas y continuas experiencias, lo que permitirá que la consulta plebiscitaria no sea motivo de nuevo aprendizaje y experimentación. Se mantiene en la proposición el sistema de cédula única, procedimientos que garantida que el sufragio sea libre, personal y secreto.

Para las consultas plebiscitarias se introduce el sistema de colores distintos, para las posiciones sustentadas por el Ejecutivo y por el Congreso Nacional, única forma en que el analfabeto pueda participar responsablemente en la consulta.

Se introducen dos tipos de cédulas, según el plebiscito se convoque cuando el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo sea rechazado totalmente por el Congreso Nacional o cuando lo sea, con motivo del rechazo parcial o total de las observaciones del Presidente de la República.

El resto de las normas que contienen estas observaciones, se limitan a complementar y adaptar ciertas disposiciones legales, a las consultas plebiscitarias.

Por lo expuesto, os propongo agregar al Proyecto, un artículo 3º, que crearía un Capítulo III en la Ley Nº 14.852, General de Elecciones, referentes a las consultas plebiscitarias, del siguiente tenor:

CAPITULO III

De las consultas plebiscitarias.

Artículo 201.- Para todos los efectos legales y reglamentarios, se entenderá la consulta plebiscitaria como una elección ordinaria de Presidente de la República, y en su procedimiento se estará a lo que dispone esta ley, sin perjuicio de las modificaciones contenidas en el presente capítulo.

Artículo 202.- El elector votará con una cédula confeccionada por la Dirección del Registro Electoral, que tendrá las características materiales señaladas en el inciso primero del artículo 21, y a la que serán aplicables las normas establecidas en el inciso segundo del mismo artículo.

La cédula se imprimirá con tinta negra, encabezada con la palabra "plebiscito", y estará dividida en dos secciones, una de color rojo que irá a la izquierda de la cédula, y otra de color azul que irá a la derecha de aquélla. Llevará, además, un espacio en blanco para garantizar el secreto del sufragio.

En el caso que el plebiscito haya sido convocado por haber sido rechazado totalmente por el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional, la cédula, en la sección de color rojo, llevará la leyenda: "Acepto el proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente de la República"; y en la de color azul, la leyenda: "Rechazo el proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente de la República".

Al lado izquierdo de ambas leyendas, habrá una raya horizontal, a fin de que el elector pueda con una cruz, marcar su preferencia.

Si el plebiscito hubiere sido convocado, por haber el Congreso rechazado total o parcialmente las observaciones que el Presidente de la República hubiere formulado, el sector rojo de la cédula llevará la leyenda: "Acepto las siguientes observaciones formuladas por el Presidente de la República", y el sector azul, la leyenda: Rechazo las siguientes observaciones formuladas por el Presidente de la República". Bajo dichas leyendas, se colocarán todas las cuestiones en desacuerdo que se someten a la consulta popular, en el mismo orden en que hubieren aparecido en el decreto convocatorio, asignándole a cada una de ellas, el mismo número correlativo que le hubiere asignado dicho decreto.

Al lado izquierdo del número de cada cuestión, habrá una raya horizontal, a fin de que el elector pueda responder a cada consulta marcando la respectiva preferencia.

Las plantillas facsímiles de la cédula, para la emisión del sufragio de los electores no videntes, llevarán ranuras en forma de que, sobreponiendo la plantilla a la cédula, se puede marcar, a través de la ranura, la preferencia que se desee.

Artículo 203.- Las palabras "acepto" y "rechazo" se imprimirán en tipo de imprenta 10 negro recargado y el número de orden de las cuestiones en desacuerdo, se imprimirá en tipo de imprenta de cuerpo 12 negro recargado. Las demás menciones se imprimirán en tido de imprenta de cuerpo 8.

Artículo 204.- Cuando se trate del plebiscito a que se refiere el inciso tercero del artículo 202, se publicará el texto completo del proyecto rechazado junto con el facsímil y carteles señalados en los incisos primero y segundo del artículo 25.

Artículo 205.- En el caso del plebiscito a que se refiere el inciso tercero del artículo 202, el elector marcará su preferencia, haciendo sólo con el lápiz negro que le proporcionará la Mesa, una raya vertical sobre la horizontal que debe existir al lado izquierdo de las palabras acepto o rechazo.

En el caso del plebiscito convocado de acuerdo a lo establecido en el inciso 5º del citado artículo 202, la preferencia del elector deberá hacerla sobre la raya horizontal ubicada al lado izquierdo del número de la o las cuestiones consultadas.

Artículo 206.- Cerrada la votación en la Mesa y una vez practicadas las operaciones que establecen los artículos 82 y 83, se escrutarán separadamente las preferencias obtenidas por cada una de las consultas formuladas.

Artículo 207.- Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca más de una preferencia a una misma cuestión.

Artículo 208.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 89 y 92, las actas de escrutinios y las operaciones ahí establecidas, deberán contener separadamente en letras y en cifras el número de preferencias que hubiere obtenido cada cuestión consultada."

En mérito de las consideraciones expuestas y de conformidad a lo prescrito en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado vengo en devolver el oficio Nº 1355, ya citado con las observaciones respectivas.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Lisandro Cruz Ponce."

17.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"Nº 2468.Santiago, 21 octubre 1971.

Por oficio Nº 1366, de 20 de septiembre último, remitido al Ejecutivo el 23 del mismo mes, la Honorable Cámara de Diputados se ha servido comunicarnos un proyecto de ley, compuesto de dos artículos, por el que se declara, en síntesis, que todas las personas que se han instalado en el curso del Río Salado, para extraer las piritas de cobre en suspensión que él arrastra, serán consideradas, para todos los efectos legales, como titulares en el dominio de los concentrados de cobre que obtengan, siempre que concurran determinadas circunstancias que copulativamente se indican y sin perjuicio de los derechos que deriven o puedan derivar de las mercedes de agua que se otorguen en dichas aguas.

Superiores consideraciones de conveniencia nacional impiden al Ejecutivo prestar su asentimiento y, muy por el contrario, lo mueven a formular su rechazo a este proyecto de ley.

De ahí que, en conformidad al artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las observaciones que al final se consignan y que consisten en la supresión de los dos artículos del proyecto.

Las principales consideraciones tenidas en cuenta por el Gobierno para plantear este veto supresivo, son las siguientes:

1°.- Si bien el proyecto que observamos aparece orientado por un propósito laudable al tratar de solucionar un problema social, hay aspectos económicos y jurídicos de las explotaciones que se realizan en el Río Salado que parece no haberse ponderado suficientemente, en particular en lo que toca a la actuación del Estado, a través de la Empresa Nacional de Minería o una filial de ésta.

En efecto,

a) El artículo primero del proyecto comienza por expresar que la declaración de dominio en favor de los productores de concentrados instalados en el curso del río, es "sin perjuicio de los derechos que deriven o puedan derivar de las mercedes de agua que se otorguen en el río Salado del departamento de Chañaral".

O sea, el proyecto parte de la base de que no existe actualmente ninguna merced de agua concedida en el Río Salado, o, lo que es lo mismo, que nadie tendría derecho a usar de las mismas aguas para extraer los relaves.

Ese juicio es equivocado, ya que por Resolución N? 171/70, de la Dirección General de Aguas, se concedió una merced provisoria de aguas a la Sociedad Minera El Salado Ltda. (Sociedad que se formó

con un 55% de participación en el capital por parte de ENAMI y que de hecho funciona actualmente con total interés estatal, por acuerdo con los socios particulares). Dicha Resolución de merced, debidamente cursada por la Contraloría General de la República, es justamente la que ampara el uso de las aguas del Río Salado que se hace por la nombrada Sociedad en la Planta "Río Salado", de propiedad de la Empresa Nacional de Minería;

b) Aparentemente, se quiso evitar perjuicio a la operación que se realiza a través de las Plantas Recuperadoras de la Empresa Nacional de Minería, y es así como en el requisito del artículo primero signado con la letra a) se alude a Ja Planta que ENAMI opera en la localidad de El Salado (Planta "Río Salado"). O sea, el proyecto ignora totalmente que la ex Planta Gálvez, situada aguas abajo de la Planta "Río Salado" es también operada por la Sociedad Minera El Salado, o sea, por la filial de ENAMI. Al permitirse o fomentarse la instalación indiscriminada de los ocupantes del río, aguas arriba de la Planta "Gálvez", se está causando inconscientemente un gran perjuicio al Estado, por la merma en las producciones de cobre fino de esta Plan Recuperadora.

Podría argumentarse que ni la Sociedad Minera El Salado Ltda., ni ENAMI cuentan aún con una merced que legitime el uso de las aguas del río que se hace a la altura de la Planta "ex Gálvez"; pero, la circunstancia de que ENAMI tenga presentada desde hace varios meses una solicitud de merced sobre las aguas del Río a lo largo de todo el cauce y que esta merced esté casi totalmente tramitada, faltando sólo la Resolución de la Dirección, parece más que suficiente para que no se discrimine respecto de la ex Planta Gálvez, operada bajo el control de ENAMI.

c) Por otra parte, en el requisito signado con la letra c) del artículo primero, cuando se exige "que la actividad que desarrollen (los ocupantes ilegales) en modo alguno menoscabe o limite las obras que tiendan al desvío del río para evitar el embancamiento del puerto de Chañal".

En efecto, las obras de desvío del Río Salado tienen un costo de Eº 20.000.000. alto costo que se justifica precisamente por la necesidad de absorber con dicho trabajo al máximo de cesantes de la zona. Este financiamiento se hará íntegramente con recursos económicos de la Empresa Nacional de Minería, que corresponden a excedentes de la explotación que ella hace de los relaves. En la medida que se fomenta la ocupación y uso indiscriminado de las aguas del Río, por los cientos de particulares instalados a lo largo de su cauce, se está justamente menoscabando y limitando la producción de cobre fino de ENAMI y su filial, se disminuyen sus excedentes y se impide a dicha Empresa que cumpla con los compromisos asumidos con la Dirección General de Aguas (Eªªmensuales, que le exigen llegar a producir, una vez que cuente también con la Planta "Llanta" o "Boca Ancha", no menos de 500 toneladas métricas mensuales de cobre fino) ; y

d) Por último, la exigencia de la letra d) del artículo primero, en orden a que los ocupantes particulares del Río satisfagan, la obligación del artículo 15 de la Ley Nº 16.723 es ilusoria, como lo demostraremos con nuestra observación Nº 3.

2º.- El proyecto en cuestión, al legalizar una "toma" que se ha mantenido pese a los reiterados llamados del Presidente de la República a los ocupantes del Río Salado, perturba notablemente los planes de explotación integral de las riquezas de ese cauce por parte del Estado, con miras al desarrollo económico de la zona.

No debe olvidarse que fue el anterior Gobierno el que puso término a las cuatro mercedes de agua concedidas a particulares (Cía. Minera Exploradora de Minas, señor Joaquín Gálvez Naranjo, Cía. Minera Comercial Sali Hochschild S. A. y Juan Miquel Cortés Herrera), a fin de que se entregara a ENAMI la explotación exclusiva de los relaves del Río Salado y para que, con los excedentes que ésta obtuviera, se contribuyera a financiar las obras de progreso económico y social que se echaban de menos.

No se olvide tampoco que, bajo la anterior Administración, se formó la Sociedad Minera El Salado Ltda. (ENAMI, con 55% y sector Joaquín Gálvez, con 45%), destinada precisamente a la integral explotación de ese Río.

De la existencia y metas de esa Sociedad conoció la Honorable Cámara de Diputados, en la Sesión 14^, de 7 de julio de 1970. En tal oportunidad, la Honorable Cámara, manifestó su confianza en la operación de los relaves del Río Salado a través de aquella Sociedad.

En consecuencia, el actual Gobierno, al postular la explotación del Río Salado por intermedio de la misma filial de ENAMI eso sí que, dando un paso adelante y obteniendo la cesión de los derechos de los particulares al Estado no ha hecho sino continuar con una línea fijada por la anterior Administración y que no se quiso modificar sustancialmente, salvo en el indicado aspecto.

Se acompaña a este veto una copia de la comunicación de 24 de agosto último, dirigida por el Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI al Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en la que se proporciona una información bastante completa sobre los pasos dados y proyectados por dicha Empresa para la plena explotación de las piritas de cobre en suspensión del Río Salado.

Por todos estos antecedentes, confiamos en que, con mayor reflexión, todos los sectores políticos coincidirán con el Ejecutivo en la inconveniencia de este proyecto, que, al obstruir los proyectos del Estado en relación con el Río Salado, pospone las obras de desarrollo económico que la zona de Chañaral requiere impostergablemente.

3º.- En lo que respecta a los ocupantes del Río Salado ubicados aguas abajo de la Planta "Río Salado", el proyecto carece de razón de ser.

Con fecha 13 de septiembre último, la Empresa Nacional de Minería, representada por su Presidente, el señor Ministro de Mineríadon Orlando Cantuarias, y su Vicepresidentedon Eduardo Matta, suscribieron un acuerdo con el Comité de Recuperación del Río Salado, que representa justamente a los ocupantes situados en el referido tramo del cauce (aguas abajo de la Planta "Río Salado").

De conformidad a este Convenio, copia del cual se adjunta, ENAMI aceptó comprar, por una sola vez, la producción total de concentrados de dichos ocupantes (aproximadamente 1.000 toneladas) a una tarifa bonificada. Según el mismo Convenio, continuarán provisoriamente en el Río los ocupantes que sean cesantes reales o trabajadores de bajos ingresos, quienes formarán una Cooperativa (con asesoría de ENAMI), se reubicarán descongestionando al máximo el tramo entre la Planta "Río Salado" y la ex Planta "Gálvez" y seguirán vendiendo a la misma tarifa bonificada hasta que se efectúe el desvío del Río; una vez hecho este desvío, desocuparán el cauce y ENAMI dará trabajo en nuevas faenas a cuantas personas le sea posible.

Llamo la atención al hecho de que este Convenio representa para ENAMI, por concepto de bonificación durante el presente año (a un precio estimado de 50 centavos de dólar la libra de cobre) la suma de Eº 1.380.192.

De esta suma, Eº 706.752 corresponden al impuesto del artículo 15 de la Ley Nº 16.723.

De ahí que dijeramos antes cuan ilusoria era la exigencia de la letra d) del artículo primero del proyecto. La actividad operacional realizada por los ocupantes del Río es tan elemental y antieconómica que, a no mediar la referida bonificación, no habrían aceptado llegar a acuerdo con ENAMI. La misma actividad no puede subsistir a costos reales y es esa otra fuerte razón para oponerse al proyecto de ley que fomenta una situación inconveniente para la economía del Estado.

4°.- Mención aparte merece el caso de los ocupantes instalados aguas arriba de la Planta "Río Salado", y el proyecto de ley a que se refiere este, veto resulta totalmente inaceptable en la parte que ampara la ocupación de ese tramo del cauce.

Ante la Resolución Nº 171/70 de la Dirección General de Aguas, que concede a una filial de ENAMI un derecho de aprovechamiento para explotar los relaves a la altura de la Planta "Río Salado" (frente a Osvaldo Martínez), debe concluirse que nadie puede usar de las aguas del mismo río, con el mismo fin, de una manera que perjudique el referido derecho de aprovechamiento. Así resulta de las disposiciones del Código de Aguas y del Código Penal.

No es posible sostener que la operación de los ocupantes del Río no merma la producción de las plantas situadas aguas abajo. El Gobierno ha recibido directamente las quejas de los trabajadores de las Plantas ex Gálvez, Hochschild y Cortés, quienes han comprobado tal disminución productiva y han visto así disminuidas sus remuneraciones basadas en "tratos" o rendimientos.

Un proyecto de ley aislado, que altera sustancialmente el sistema de Código de Aguas por cuanto desconoce un derecho de aprovechamiento que emana de merced obtenida según ese cuerpo legal revela por esa sola circunstancia su inconveniencia, aparte de las consideraciones económicas también formuladas.

En conclusión, y por todos los fundamentos que preceden, venimos en observar el proyecto de ley que se nos ha comunicado, en el sentido que debe eliminarse su artículo primero, y, asimismo, el artículo segundo que es consecuencia del anterior.

Saluda atentamente a Ud.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Orlando Cantuarias Zepeda."

18.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 2.651.Santiago, 26 de octubre de 1971.

Por oficio Nº 1.376, de 21 de septiembre pasado, y cuya fecha de remisión es del día 27 del mismo mes, V. E. se ha servido comunicar la aprobación por el Honorable Congreso Nacional del proyecto de ley que suprime la reajustabilidad de las deudas habitacionales.

El ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al citado proyecto:

Nº 1º.- En el artículo 1º, letra a), propongo la supresión de las siguientes expresiones: "por la Corporación de Mejomiento Urbano".".

Fundamento: En el proyecto enviado por el Ejecutivo no se incluía a la Corporación de Mejoramiento Urbano dentro de las instituciones señaladas en el artículo 1º. Se indicaba, en cambio, en el artículo 4º del proyecto primitivo, que los saldos de precios provenientes de las ventas de viviendas que efectúe o haya efectuado la Corporación de Mejoramiento Urbano no gozarían del beneficio de la supresión de la reajustabilidad, a menos que el Presidente de la República las eximiera de tal gravamen.

Tal criterio obedecía a que en las construcciones efectuadas por la Corporación de Mejoramiento Urbano debe distinguirse, necesariamente, aquéllas que corresponden estrictamente a planes de remodelación urbana y cuyos adquirentes son personas de ingresos superiores a los que atiende normalmente el Sector Vivienda, y las construcciones de viviendas destinadas a los sectores modestos o medios.

Ejemplo del primer caso de construcciones es la Remodelación San Borja. En ella el Ejecutivo opina que no procede eximir a los deudores de CORMU de la reajustabilidad de sus deudas. Más aún, de aceptarse el texto aprobado por el Congreso Nacional, ocurriría que los adquirentes directos de CORMU, que es de suponer disponen de medios suficientes, quedarían exentos de reajustabilidad, y, en cambio, no gozarían de tal beneficio los que efectuaron las adquisiciones a través de Asociaciones de Ahorro y Préstamo que son la mayoría ya que en el sistema de SINAP se mantiene el régimen normal de reajustabilidad.

Por ello es que el Ejecutivo veta supresivamente las expresiones señaladas y, por la vía del veto aditivo, propondrá nuevamente la norma facultativa señalada.

N° 2.- ºEn el artículo 1º, letra a), propongo intercalar las expresiones "en dinero o materiales," entre el vocablo "Social" y la preposición "para".

Fundamento: La observación propuesta tiene por objeto aclarar que el beneficio de la supresión de la reajustabilidad alcanza no sólo a los préstamos en dinero, sino también a los que se conceden en materiales de construcción y que constituye un sistema muy empleado por CORHABIT.

Nº 3º.- En el artículo 1º, letra a), al final de la disposición, propongo agregar la siguiente frase, reemplazando previamente por signo "punto" (.) el signo "punto y coma" (;) que sigue a la cifra "6.071": "Los préstamos que conceda la Corporación de Servicios Habitacionales para la adquisición de viviendas, gozarán del beneficio que establece esta disposición sólo cuando se apliquen a la compra de viviendas en primera transferencia;".

Fundamento: Se propone la observación precedente para mantener la debida correspondencia y armonía con principios esenciales de la legislación habitacional vigente.

Nº 4º.- En el artículo 1°, letra c) propongo intercalar las expresiones "o materiales", entre el sustantivo plural "sitios" y el vocablo "destinados".

Fundamento: La razón de esta observación tiene el mismo objeto aclaratorio que la del número 2º.

Nº 5º.- En el artículo 1º, letra c) propongo suprimir la conjunción "y" que finaliza dicha letra, reemplazando además el signo "coma" (,) por el signo "punto y coma" (;).

Fundamento: La observación tiene por objeto mantener la concordancia entre las diversas letras del artículo 1º, en atención a que se propondrán posteriormente otras letras.

Nº 6º.- En el artículo 1º, letra d), formulo las siguientes observacoines al inciso primero:

a) Suprimir las expresiones "fines de" colocada entre la preposición "para" y el vocablo "equipamiento";

b) Agregar la siguiente frase final, reemplazando previamente el signo "punto" (.) por signo "coma" (,): "y que no persigan fines de lucro;".

Fundamento: La observación tiene por objeto excluir ciertos préstamos de los que el prestatario puede obtener lucro, como pueden serlo, por ejemplo, los destinados a la construcción de un cine, piscina pública o mercado.

Nº 7º.- Formulo las siguientes observaciones en el artículo 1, letra d), inciso segundo:

Encabezar el inciso en la siguiente forma: "e)";

Intercalar entre signos "coma" (,), la siguiente frase entre el sustantivo "beneficio" y el artículo "los": "siempre que se trate de viviendas de superficie no superior a la señalada en la letra a) del artículo 1°";

c) Suprimir el signo "punto y coma" (;) entre la expresión "Armadas" y el artículo "los", reemplazándola por la conjunción "y"; y colocando signo "punto" (.) después de "Carabineros de Chile".

d) Suprimir toda la frase que sigue a las expresiones "Carabineros de Chile", que comienza con el artículo "los" y termina con el número "17.332."

Fundamento: La observación de la letra b) tiene por objeto mantener la concordancia y armonía de las disposiciones de la ley en cuanto a la superficie máxima de las viviendas que gozarán del beneficio de la supresión de la reajustabilidad. Las observaciones de la letra a) y c) tienen por objeto sólo agrupar en una nueva letra todos los casos que ella involucra, manteniendo la debida concordancia de puntuación, y la supresión propuesta en la letra d) tiene por objeto de dar lugar a establecer una nueva letra f), que se propone seguidamente:

N° 8º.- Propongo agregar una nueva letra f), que seguirá inmediatamente a la letra e), antes del inciso final del artículo 1° del proyecto, del siguiente tenor:

"f) Precios o saldos de precio provenientes de venta de viviendas construidas por la Corporación de la Vivienda en virtud de convenios o contratos celebrados con Empresas de la Gran Minería del Cobre o Sociedades Mineras Mixtas, financiadas en todo o parte con imputaciones al impuesto habitacional establecido en la ley N° 16.959; precios o saldos de previo de viviendas que transfieran a sus trabajadores Empresas de la Gran Minería del Cobre o Sociedades Mineras Mixtas y cuya construcción se haya financiado en todo o parte con fondos provenientes de imputaciones al impuesto citado, y saldos de precio de viviendas que la Corporación de la Vivienda expropie de acuerdo al artículo 29 bis de la ley Nº 16.969."

"Para el goce del beneficio a que se refiere esta letra, será necesario que las viviendas no excedan los límites de superficie señalados en la letra a) de este artículo."

"Las viviendas que se transfieran a trabajadores de la Gran Minería del Cobre o de Sociedades Mineras Mixtas, financiadas en todo o parte con imputaciones al impuesto habitacional, no podrán ser vendidas a un precio superior a su valor de costo."

Fundamento: La observación propuesta tiene por objeto esencial refundir en una letra especial del artículo 1°, las normas de supresión de reajustabilidad que inciden en viviendas financiadas con imputaciones al impuesto CORVI del 5%, dentro de las cuales adquiere especial significado la situación de los trabajadores de la Gran Minería del Cobre.

Tal cual está redactada la frase observada en la letra d) del número anterior haciendo abstración de las viviendas que expropie CORVI de acuerdo al artículo 29 bis de la ley Nº 16.959, ella se aplicaría sólo a los trabajadores de la Sociedad Minera El Teniente S. A., por cuanto esa Empresa es la única que ha encomendado hasta ahora a CORVI la ejecución de sus planes habitacionales.

Ahora, la situación de los trabajadores de las Compañías del Cobre Chuquicamata S. A. y El Salvador S. A., se rige en la materia por el artículo 2º de la ley Nº 17.475, de 4 de septiembre de 1971.

Sin embargo, la Junta de Vecinos y el Comité de Compradores de Villa Ayquina de Calama que agrupa a trabajadores de esos centros mineros, se han dirigido al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo haciendo presente que prefieren quedar sometidos a las normas aplicables a los trabajadores de El Teniente, debido a diversas razones: la ley Nº 17.475 suprimiría la reajustabilidad sólo a partir de la fecha de su vigencia, 4 de septiembre pasado; en cambio, el presente proyecto da efecto retroactivo a tal supresión; el sistema de intereses, que este proyecto entrega al Reglamento que dictará el Presidente de la República, es preferible para ellos al de la ley Nº 17.475, que permite pactarlos hasta el monto del interés corriente bancario; defectos de redacción de la citada ley podrían originar diferencias de orden jurídico en cuanto a su aplicabilidad, etc.

El Ejecutivo ha considerado justificada la petición de tales trabajadores y ha estimado altamente conveniente someter a todos los trabajadores de la Gran Minería del Cobre a normas similares, evitando la aplicación de estatutos legales diferenciados.

Por ello, junto con proponer la norma precedente, en este mismo oficio se propone, por la vía del veto aditivo, derogar el artículo 2º de la ley N9 17.475, del 4 de septiembre de 1971.

Nº 9.Propongo la supresión del inciso final del artículo 1° del proyecto.

Fundamento: La disposición que observo, que faculta a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para conceder, por una sola vez, préstamos para el mejoramiento y ampliación de viviendas cuando se compruebe que las cargas familiares han aumentado desde la fecha del otorgamiento del préstamo primitivo, atenta contra el sistema de excedentes de las Cajas de Previsión Social establecido por el D.F.L. Nº 2, de 1959, con desmedro de las posibilidades de los imponentes que no han obtenido todavía una vivienda por intermedio de esa Caja. Además, al desconocerse el número de imponentes que se encuentran en la situación señalada por dicha norma, se hace imposible calcular siquiera el monto de los fondos que habría que aplicar para servir tal línea de crédito, y, por tanto, la repercusión que su financiamiento tendría sobre los planes habitacionales que para esa Caja debe efectuar la Corporación de la Vivienda.

Nº 10.- Propongo la supresión del artículo 2º del proyecto.

Fundamento: Los préstamos a que se refiere la disposición observada corresponden a operaciones ajenas al Sector Vivienda, que no tienen relación con la supresión de la reajustabilidad de las deudas propiamente habitacionales.

Nº 11.- En el artículo 5º, inciso primero, propongo suprimir toda la parte del inciso que sigue a la forma verbal "establece", o sea, desde la conjunción "aunque" hasta la expresión "ley", colocando signo "coma" (,) después de "establece" y agregando la frase siguiente: "con la limitación de superficies que señala."

Fundamento: Las observaciones formuladas tienen por objeto someter al límite de superficies máximas los beneficios que esta ley concede a las deudas existentes a la fecha de publicación de la presente ley, eliminando al mismo tiempo la referencia innecesaria a la fecha en que cesará la reajustabilidad, pues ésta dependerá de las normas que sobre congelación de las "unidades reajustables" se contienen en el artículo 8º del proyecto.

Nº 12.- Propongo las siguientes observaciones al artículo 6° del proyecto:

a) En el inciso primero, propongo suprimir las siguientes expresiones finales: "relativos a viviendas cuya superficie inicial exceda de 100 metros cuadrados.", reemplazándolas por las siguientes, anteponiendo previamente el signo "coma" (,) : "excepto los concedidos a Cooperativas de Viviendas y a Sindicatos y siempre que las superficies edificadas no excedan del límite señalado en la letra a) del artículo 1°; ni a las operaciones efectuadas en conformidad a las normas contenidas en el D.F.L. Nº 39, de 1959, cuando la superficie edificada exceda los límites de la letra a) del artículo 1º, ni a las ventas en remate realizadas en conformidad al D. F. L. señalado, cualesquiera que fuere su superficie."

b) Suprimir el inciso segundo, el que, junto con otras materias, se regula en la forma que se propone en la letra que sigue:

c) Propongo agregar los siguientes incisos al artículo 6º del proyecto:

"Los inmuebles afectos a deudas que en virtud de esta ley dejen de ser reajustables o deban pactarse sin reajustabilidad, estarán sujetos a la prohibición de enajenar y arrendar, por quince años, contados desde la fecha de la celebración del contrato que originó el crédito o saldo de precio.

"Respecto de las deudas existentes a la fecha de vigencia de esta ley, la nueva prohibición de enajenar no se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. La institución acreedora se abstendrá de alzar la prohibición de enajenar inicialmente inscrita, en tanto no transcurra el plazo de quince años que esta ley establece."

"La institución acreedora podrá, no obstante, autorizar al deudor para arrendar, vender o no habilitar la vivienda o sitio en los casos de fuerza mayor señalados por el Reglamento. El abandono o el arrendamiento de la vivienda o sitio sin la autorización competente, dará derecho a la institución acreedora a demandar la restitución del bien raíz, considerándose los dividendos pagados a la fecha como indemnización por el uso del inmueble. El juicio a que dé lugar el ejercicio de esta acción se ventilará conforme a las reglas del juicio sumario."

"Cuando se autorice el arrendamiento de una vivienda o sitio, el total de la renta se pagará directamente a la institución acreedora, abonándose a título de dividendo a la cuenta del deudor y debiendo éste enterar la diferencia, si dicha renta fuere inferior al dividendo."

d) Propongo agregar el siguiente inciso al artículo 6º del proyecto:

"El Presidente de la República podrá eximir expresamente del régimen de reajustabilidad a los saldos de precio provenientes de la venta de viviendas que efectúe o haya efectuado 1° Corporación de Mejoramiento Urbano, dentro de los límites de superficie señalados en la letra a) del artículo 1°."

Fundamento: Las observaciones formuladas tienen por objeto, en cuanto a la letra a), excluir del beneficio de la no reajustabilidad a todas las deudas provenientes de convenios de ahorro y préstamo celebrados con CORVI y CORHABIT, dadas las especiales condiciones de que gozaron, estableciendo una contraexcepción a favor de Cooperativas de Viviendas y Sindicatos, dada su naturaleza; en relación a las letras b) y c) las observaciones persiguen establecer obligaciones accesorias y justas, que constituyen una contrapartida al goce de la no reajustabilidad, las que, a su vez, podrán tener las excepciones que señale el Reglamento. La letra d) obedece a la fundamentación que se dio en el Nº 1 de este oficio.

Nº 13.- Formulo las siguientes observaciones al artículo 8°:

a) Propongo agregar la siguiente oración al final del inciso segundo: "El valor de la "unidad reajustable oficial" que se fije al 1° de julio de 1972, será igual al vigente en ese mes para la "unidad reajustable provisional."."

b) Propongo suprimir, en el inciso tercero, las expresiones: "que corresponda fijar desde el 1° de julio de 1972, inclusive,".

Fundamento: Las observaciones que se han formulado al artículo 8° tienen por objeto consagrar la suspensión y congelación de las variaciones de la "unidad reajustable" durante el tiempo que ha demorado la tramitación de esta ley y hasta que sus disposiciones entren en vigencia, evitando, al mismo tiempo, que al reanudarse la variación de estas "unidades reajustables", su valor "oficial" sufra un alza desmedida a partir del 1? de julio de 1972, caso éste último en que habría que aplicar la variación de 12 meses al valor de Eº 7.62 fijado por el inciso segundo.

Nº 14.- Propongo la supresión del artículo 10 del proyecto.

Fundamento: La extensión a CORHABIT de la obligación de CORVI de destinar el 10% del aporte fiscal a la construcción de viviendas para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, no sería prácticamente aplicable al caso, ya que, de acuerdo con la división de funciones de las Instituciones de la Vivienda, CORHABIT no tiene ni tendrá facultades para construir viviendas.

Nº 15.- Propongo la supresión del artículo 18 del proyecto.

Fundamento: Según acuerdo entre las partes, el Servicio indicado en la disposición citada continuará por sí mismo y con cargo a sus propios fondos las obras a que ella se refiere.

N° 16.- Propongo agregar los siguientes nuevos artículos:

a) "Artículo...- Derógase el artículo 2º de la ley Nº 17.475, del 4 de septiembre de 1971."

Fundamento: De acuerdo con lo expuesto en el Nº 8º del presente oficio, por la precedente observación propongo la derogación del artículo 2º de la ley Nº 17.475.

b) "Artículo...- Se presumirá que los deudores que invoquen los beneficios de esta ley, aceptan la totalidad de las obligaciones que ella impone como anexas a la supresión de la reajustabilidad, entendiéndose que tales obligaciones quedan incorporadas de pleno derecho a los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia, sin necesidad de que las instituciones acreedoras otorguen escrituras públicas modificatorias o complementarias."

"En cualquier momento y sin necesidad de expresar causa, el deudor podrá renunciar al beneficio de la no reajustabilidad que esta ley establece, continuando bajo el régimen jurídico anterior, el que se entenderá no haberse suspendido en forma alguna."

Fundamento: La supresión de la reajustabilidad de un enorme número de operaciones habitacionales ya escrituradas, hace necesario establecer una presunción que establezca que el beneficio que concede la ley lleva aparejada la aceptación de las cargas que la ley impone correlativamente, sin necesidad de extender escrituras públicas complementarias o modificatorias. Sin embargo, se concede el derecho de renunciar en cualquier tiempo al beneficio de la no reajustabilidad, caso en el cual no se aplicarían las obligaciones conexas pero sí se aplicaría retroactivamente la reajustabilidad anterior.

c) "Artículo...- Hasta la fecha o fechas que determine el reglamento, los que se acojan al beneficio de la presente ley continuarán sirviendo sus deudas en la forma y monto en que correspondería hacerlo a la fecha de publicación de esta ley."

Fundamento: De acuerdo al mecanismo de la presente ley, el servicio de las deudas se determinará posteriormente en base a porcentajes de la renta del grupo familiar. En el intertanto, se hace preciso señalar normas expresas para el pago de las deudas vigentes.

d) "Artículo...Facúltase al Presidente de la República para dictar normas que permitan a los Servicios e Instituciones de la Vivienda celebrar convenios con ocupantes de viviendas y sitios de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos, tendientes a regularizar tal situación."

Fundamento: La ocupación masiva de viviendas del sector público y privado, de todos conocida, presenta enormes problemas para su solución práctica, dada la diversidad de situaciones que se presentan y los diversos ordenamientos legales y reglamentarios que deben aplicarse. Se hace indispensable, por ello, conceder al Ejecutivo facultades que permitan, con el fundamento de una autorización legal expresa, dictar normas reglamentarias flexibles sobre la materia, tendientes a dar solución definitiva a estas situaciones.

e) "Artículo...- No se aplicarán las disposiciones de esta ley a los imponentes de las Instituciones regidas por la ley Nº 8.569."

Fundamento: Las instituciones regidas por la ley Nº 8.569 son la Caja Bancaria de Pensiones, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile y la Sección de Previsión del Banco Central de Chile.

La Caja Bancaria de Pensiones y la Confederación Bancaria han solicitado expresamente que los préstamos que obtengan de su sistema previsional se excluyan del beneficio de la no reajustabilidad, ya que, por razones obvias, el sistema de reajustabilidad amplía las disponibilidades de esas instituciones previsionales, prefiriendo por tanto continuar con el sistema vigente.

Nº 17.- Formulo las siguientes observaciones al artículo 4º del proyecto:

En el inciso primero, reemplázase la frase inicial, que comienza con la preposición "A" y termina con la expresión "asignatarios", por la siguiente: "A medida que las Fuerzas Armadas reciban una dotación de viviendas que les permitan atender sus necesidades institucionales para su personal en servicio activo, informarán a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional la nómina de las propiedades disponibles, el costo de ellas y sus asignatarios.";

b) En el inciso segundo, reemplázase la frase inicial, que comienza con la preposición "A" y termina con la expresión "asignatarios", por la siguiente: "A medida que Carabineros de Chile reciba una dotación de viviendas que le permita atender sus necesidades institucionales para su personal en servicio activo, informará a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile la nómina de las propiedades disponibles, el costo de ellas y sus asignatarios."

Fundamento: Las observaciones formuladas tienen por objeto conciliar los requerimientos institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile con las necesidades habitacionales de los asignatarios, estableciendo un orden de prioridad fundado en la dotación de viviendas que reciban y las necesidades de su personal activo, para pasar después a los demás asignatarios que se señalarán en las nóminas respectivas.

Nº 18.- En el artículo 19, propongo agregar las siguientes expresiones, a intercalarse entre el signo "coma" (,) que sigue al vocablo "ley" y el artículo "los": "tanto la deuda como".

Fundamento: La observación propuesta tiene por objeto congelar tanto la deuda como los dividendos de las propiedades afectas al D.F.L. Nº 39, de 1959, que fueron vendidas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional a sus imponentes. La disposición aprobada solamente congelaba los dividendos, por lo que se produciría una situación de injusticia dada la antigüedad de las viviendas que conviene remediar.

N° 19.- Propongo el siguiente nuevo artículo:

"Artículo... Asimismo, gozarán del beneficio señalado en el artículo que antecede, los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que obtuvieron pronunciamiento de su Consejo, en el sentido de que les era aplicable el artículo 18 de la ley Nº 16.392, y que, por tanto, procedía la modificación de la deuda derivada de la adquisición de bien raíz por intermedio de esa Institución de Previsión."

Fundamento: El artículo propuesto tiene por objeto solucionar la situación de imponentes que adquirieron vivencias en construcción antes de la vigencia del D. F.L. N° 2, de 1959, que estableció el régimen de la reajustabilidad. A pesar de tal circunstancia y de las normas del artículo 18 de la ley Nº 16.392, una interpretación general dada al sistema negó a dichos adquirentes el beneficio de la no reajustabilidad. Se hace preciso, pues, reparar definitivamente la situación de incertidumbre de un grupo de imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

De conformidad a las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, me permito devolver el proyecto de ley que se me ha remitido, relativo a la supresión de la reajustabilidad de las deudas habitacionales, con las observaciones que he formulado a su respecto y que someto a la decisión del Honorable Congreso Nacional.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. Julio Benítez Castillo."

19.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 973.Santiago, 25 de octubre de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:

1.- El que introduce diversas modificaciones al Código Penal. (Boletín N? 25.164 del Honorable Senado) ;

2.- El que modifica la ley Nº 17.161, que creó el Colegio de Bibliotecarios de Chile. (Boletín Nº 25.057 del Honorable Senado);

3.- El que beneficia al personal del Ministerio de Educación Pública reincorporado con motivo de la dictación de la ley Nº 10.990. (Boletín Nº 25.739 del Honorable Senado);

4.- El que dispone que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado transferirá a título gratuito un terreno al Club Deportivo "Arturo Fernández Vial". (Boletín Nº 499(70)2 de la Honorable Cámara de Diputados) ;

5.- El que beneficia, por gracia, a doña Tusnelda Albert Schneider;

6.- El que beneficia, por gracia, a doña Hortensia Verán García viuda de Romo;

7.- El que beneficia, por gracia, a doña Teresa Concha Bernardi;

8.- El que beneficia, por gracia, a don Alfredo Pérez Zambra;

9.- El que beneficia, por gracia, a doña María Luisa Gabler viuda de Fox, y

10.- El que beneficia, por gracia, a doña Amalia Perini Villasecaviuda de Isaac.

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

20.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 976.Santiago, 25 de octubre de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Constitución de la Unión Postal de las Américas y España, y el Protocolo Final del Convenio. (Boletín Nº 872(71)1 de la Honorable Cámara de Diputados).

Saluda fraternalmente a V. E.

Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

21.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 967.- Santiago, 25 de octubre de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, he resueldo conceder el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Yumbel para cobrar y percibir peaje en las vías de acceso a dicha localidad (Boletín Nº 703(71)1 de la Honorable Cámara de Diputados).

Asimismo, en uso de la facultad que me otorga el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir el mencionado proyecto de ley entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones.

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

22.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 970.Santiago, 25 de octubre de 1971.En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado, me permito solicitar a V. E. tenga a bien disponer se devuelva al Ejecutivo el Mensaje N° 34, de fecha 5 de febrero de 1954, del Ministerio de Relaciones Exteriores que iniciaba un proyecto de acuerdo sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, elaborado por la Organización de Estados Americanos, en el año 1948.

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens. José Tohá González."

23.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar un proyecto de ley, originado en un mensaje, con urgencia calificada de "simple", que modifica la Planta del Personal de la Sindicatura General de Quiebras.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la presencia del señor Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios de la Sindicatura General de Quiebras, don Alberto Eyzaguirre Blanco, quien la informó sobre diversos aspectos de la misma.

Como se expresa en la exposición de motivos del mensaje que dio origen al proyecto en informe, "la Sindicatura General de Quiebras es un organismo técnico al que el legislador le entregó en forma exclusiva la tuición de la Ley de Quiebras, la Ley sobre Compraventa de Cosas muebles a Plazo, en lo que al depositario se refiere y, asimismo, la aplicación de diversos otros preceptos legales."

Esta circunstancia explica que cuente con un personal altamente especializado e idóneo, pues debe realizar delicadas funciones técnicas, especialmente cuando colabora con la acción de la justicia en la tramitación de la quiebra.

Desgraciadamente, según se informó a la Comisión, este personal no gozaba de asignaciones especiales ni de otros incentivos y, asimismo, su Planta contenía graves defectos, que era preciso corregir.

Por estas razones, los funcionarios presentaron diversas peticiones al Ejecutivo. Después de prolongadas conversaciones en los Ministerios de Justicia y de Hacienda, se constituyó una Comisión integrada por representantes del señor Ministro de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos y de la Asociación de Funcionarios de la Sindicatura de Quiebras, en la que se estudiaron detenidamente esas peticiones.

El proyecto en informe es el fruto de ese estudio y representa el acuerdo a que llegaron el Ejecutivo y los dirigentes gremiales respecto a la manera de solucionar los principales problemas que fueron estudiados en conjunto.

La aplicación de este proyecto y, especialmente, la vigencia de la nueva Planta que en él se contempla que permanece con los 130 funcionarios con que actualmente cuenta significará un mayor gasto total anual de Eº 2.691.484.

Para financiarlo, el artículo 7º del proyecto en informe aumenta en cinco escudos el impuesto establecido en el artículo 12 de la ley Nº 16.899.

Esta disposición legal gravó primitivamente con un impuesto de Eº 5 los contratos de compraventa de cosas muebles a plazo. Este impuesto se ha ido reajustando y su tasa actual es de Eº 11,08.

El artículo mencionado propone elevar dicha tasa en Eº 5, medida que, según cálculos hechos sobre la base de datos proporcionados por la Dirección de Industria y Comercio, rendirá la suma de Eº 3.000.000, anuales, aproximadamente, lo que permitiría financiar holgadamente el mayor gasto que significará la aplicación del proyecto.

El artículo 1° racionaliza la Planta de la Sindicatura de Quiebras y establece un sueldo anual de Eº 132.312 para el Fiscal y el Síndico General.

No se aumenta el número de funcionarios, que permanece en 130, pero se modifica la estructura de la Planta.

Conviene tener presente que, desde el año 1964, la escala de funcionarios de esa Sindicatura está asimilada, en cuanto a rentas, a la escala del Poder Judicial, circunstancia que se explica, por cuanto esa entidad es un organismo auxiliar de los tribunales de justicia.

Sin embargo, a juicio de los dirigentes gremiales, esta asimilación resultaba insuficiente, porque no permitía el acceso de los funcionarios a todas las categorías que contempla la escala del Poder Judicial, problema que se soluciona en la disposición en estudio.

Por otra parte, se consideran en la Planta Superior algunos cargos, como los de contadores inspectores generales, cuya creación ha sido aconsejada por la experiencia. En efecto, con frecuencia resulta necesario que funcionarios contadores se trasladen a inspeccionar distintas dependencias, ya que la Sindicatura de Quiebras mantiene oficinas en las ciudades en que existe Corte de Apelaciones.

Complementan esta reestructuración de la Planta los artículos 5º y 6º del proyecto.

El primero de ellos dispone que dicho encasillamiento se hará con sujeción estricta al Escalafón de Mérito vigente al 31 de diciembre de 1970 y el artículo 6º establece que dicho encasillamiento no podrá significar eliminación de personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, traslados de localidad, pérdida de su actual régimen previsional o de beneficios establecidos en el Estatuto Administrativo, con lo cual se resguardan convenientemente los derechos de los funcionarios.

El artículo 2º dispone que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 132 del Estatuto Administrativo, se considerarán empleados de las cinco primeras categorías el Síndico General, el Fiscal y aquellos cuyas rentas se asimilan en el artículo 1° del proyecto de ley en las categorías F/C, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de las escalas de sueldos del Poder Judicial.

El mencionado artículo 132 establece los requisitos para obtener una pensión de jubilación reajustable, llamada vulgarmente "perseguidora".

En la actualidad, gozan de ese beneficio los funcionarios de la Sindicatura de Quiebras que se encuentran encasillados en 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categorías de la "Escala Personal Superior".

Con la redacción del artículo 2º que habla de asimilación a "las Escalas de Sueldos del Poder Judicial", se extiende el derecho a gozar de pensión reajustable a los funcionarios que pertenecen a la 5ª categoría de la "Escala Personal Subalterno".

El artículo 4º dispone que los aumentos de grados y/o categorías que experimente el personal de la Sindicatura General de Quiebras con motivo del encasillamiento que se produzca en virtud de la presente ley no se considerarán ascensos para los efectos de los artículos 5° y 6° del DFL. Nº 338, de 1960, que se refieren al beneficio de los quinquenios.

Esta medida es habitual en los casos en que se reestructuran las Plantas de los distintos Servicios.

Dispone, asimismo, el artículo 4º que dichos aumentos de grados y/o categorías no afectarán los derechos que les otorga el Estatuto Administrativo y se entenderán cumplidos, para todos los efectos legales, los requisitos del artículo 132 de esa disposición legal, que trata sobre la pensión de jubilación reajustable.

Se desea obtener, de esta manera, que los empleados que van a cambiar de funciones puedan ejercer sin trabas sus derechos previsionales.

Por estas consideraciones la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto en informe, en los mismos términos propuestos, que son los siguientes:

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- La Planta del Personal de la Sindicatura General de Quiebras establecida en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 15.566, de 4 de marzo de 1964, y modificada por el DFL. Nº 3 del Ministerio de Justicia de fecha 20 de febrero de 1970 (ley 17.272), será la siguiente:

Cat. o

Nº de

Grado

Designación

Empl.

I.Escala Personal Superior

Síndico General (1), Fiscal

.(1)

2

F/C

Contador General (1), Sín

dicos 1° (3), Contadores

Inspectores Generales (3),

Abogados 1º (5)

12

1º Cat. Síndicos 2º (9), Contado

res 1° (6), Abogados 2º

(5), Jefe Administrativo

(1)

21

2º Cat. Contadores 29 (6), Subjefe

Administrativo (1), Asesor

Comercial (1)

8

3a Cat. Contadores 3º (6), Procu

radores 1° (5)

11

4a Cat. Contadores 4º (4), Procu

radores 2º (4)

8

5a Cat. Procurador 3º (1), Secre

tario Sindicatura de Santia

go (1), Secretario Sindica

tura General (1), Jefe de

Bienestar (1)

4

6a Cat. Procurador 4? (1), Conta

dor 5º (1)

2

7a Cat. Secretarios de Asesorías

(6) 6 74

II.Escala Personal Subalterno

5a Cat.

Oficiales 1? (7)

7

6a Cat.

Oficiales 2? (7)

7

7a Cat.

Oficiales 3º (5)

5

Gr. 1º

Oficiales 4 (5)

5

Gr. 2º

Oficiales 5º (5)

5

Gr. 3º

Auxiliares (16), Oficial 6?

(1)

17

Gr. 4º

Oficial 7º? (1)

1

Gr. 5º

Oficial 8º(1)

1

Gr. 6º

Oficial 9? (1)

1

Gr. 7º

Oficial 10º (1)

1

Gr. 8º

Oficiales 11º (3) Auxilia

res (3)

6 56

El Síndico General y el Fiscal tendrán una renta anual de Eº 132.312, la que se considerará tope de la Escala para los efectos de los artículos 59 y siguientes del DFL. N° 338, de 1960, para todos los efectos legales y previsionales respecto del personal de la Sindicatura General de Quiebras, sin perjuicio de mantenerse la asimilación establecida para el solo efecto de las remuneraciones en el artículo 1? de la ley N9? 15.566. Para los efectos del derecho al sueldo del grado o categoría superior, el Síndico General y el Fiscal percibirán la diferencia entre su renta y la inmediatamente inferior.

Artículo 2º.- Para los efectos previstos en el artículo 132 del DFL. Nº 338, de 1960, se considerarán empleados de las cinco primeras categorías el Síndico General, el Fiscal y aquellos cuyas rentas se asimilan en el artículo 1º de la presente ley a las categorías F/C, 1a, 2a, 3a, 4ª y 5ª categorías de las Escalas de Sueldos del Poder Judicial.

Artículo 3º.- Para los efectos del encasillamiento los cargos de Secretario de la Sindicatura de Santiago, Secretario de la Sindicatura General, Jefe de Bienestar y Secretarios de Asesorías serán provistos con los funcionarios oficiales administrativos que al 31 de diciembre de 1970 se encontraban ubicados en las 5a y 7a categorías, grados 1º y 2º de la Escala del Personal Subalterno ocupando los primeros lugares en el Escalafón de Mérito. Los cargos de Contadores Inspectores Generales serán provistos con los funcionarios contadores que al 31 de diciembre de 1970 se encontraban ubicados en la 4a y 5a categorías de la Escala del Personal Superior ocupando los primeros lugares en el Escalafón de Mérito. Los cargos de abogados 1° serán provistos con los funcionarios que al 13 de diciembre de 1970 se desempeñaban como abogados 1°y 2º; y los cargos de Síndicos Iº con los que a la misma fecha se desempeñaban como Síndicos 1º, 22 y 33.

Artículo 4º.- Los aumentos de grado y/o categorías que experimente el personal de la Sindicatura General de Quiebras con motivo del encasillamente que se produzca en virtud de la presente ley no se considerarán asenso para los efectos de los artículos 59 y 60 del DFL. Nº 338, de 1960, y se entenderán cumplidos, para todos los efectos legales, los requisitos del artículo 132 del mismo DFL., manteniendo los funcionarios todos los derechos que les otorga el Estatuto Administrativo.

Artículo 5º.- El encasillamiento del personal a que dé lugar la aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que dispone el artículo 13 de la ley Nº 4.458, de 1929, por el Síndico General dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Dicho encasillamiento se hará con sujeción estricta al Escalafón de Mérito vigente al 31 de diciembre de 1970.

Artículo 6º.- El encasillamiento a que dé origen la aplicación de la presente ley no podrá significar eliminación de personal en actual servicio, disminución de sus remuneraciones, traslados de localidad, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios establecidos por el DFL. N° 338, de 1960.

Artículo 7º.- Auméntase en cinco escudos el impuesto establecido en el artículo 12 de la ley Nº 16.899.

Artículo 8º.- La Planta, remuneraciones y demás modificaciones que se establecen en la presente ley, regirán a contar del 1° de octubre de 1971.

Sala de la Comisión, a 26 de octubre de 1971.

Acordado en sesión de fecha 20 de octubre de 1971, con asistencia de los señores Phillips (Presidente), Acevedo, Andrade, Carrasco, Frías, Fuentes, don Samuel; Páez, Penna y Schleyer.

Se designó Diputado informante al señor Frías.

(Fdo.): Carlos Olivares Santa Cruz, Secretario de la Comisión."

24.-MOCIÓN DEL SEÑOR TAGLE

"Honorable Cámara:

La atención médica y hospitalaria de las Fuerzas Armadas afronta una muy difícil situación, derivada de la necesidad de atender con eficiencia a más de 300.000 personas que corresponden al personal en servicio activo, en retiro, montepiados, cadetes, conscriptos, etcétera, y de no contar para ello con los medios económicos indispensables para proponar la debida atención.

Para paliar, en parte, dicho problema de financiamiento, se recurrió a la dictación del artículo 6º de la ley Nº 17.174, en el cual se establece que el personal activo y en retiro de las Fuerzas Armadas debe aportar un 1 % del total de sus remuneraciones para cooperar al financiamiento de su propia atención médico y dental curativa.

Por otra parte, todas las facturas correspondientes a adquisiciones hechas por el Ministerio de Defensa están recargadas en un 4%, de los cuales 2% se emplea en la construcción de sus hospitales, enfermerías, clínicas, ampliaciones y reparaciones de las mismas que se hacen indispensables para una normal atención, y el otro 2%, como lo establece la letra h) del artículo 53 de la ley 10.383, se entrega como aporte de recursos al Servicio de Seguro Social, sin que las Fuerzas Armadas reciban ningún beneficio de este organismo.

Como la búsqueda de un financiamiento adecuado para la atención médica ha significado un evidente sacrificio para el personal al tener que aportar el 1% del total de sus remuneraciones como lo establece la ley 17.174 y como, por otra parte, la construcción hospitalaria no alcanza a financiarse con el 2% establecido en el recargo de las facturas, creemos perfectamente justo que se busque un financiamiento que permita disponer del total de los fondos que se obtienen del recargo establecido en las facturas por adquisiciones del Ministerio de Defensa Nacional (o sea el 4%) y destinarlo tanto a la atención sanitaria, como a la construcción de los edificios que ella requiere.

Con esta finalidad me permito presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Los recursos obtenidos con el 2% establecido en la letra h) del artículo 53 de la ley 10.383, por recargo en las facturas pagadas por el Ministerio de Defensa Nacional, serán destinados al financiamiento de la atención médica, construcciones hospitalarias y similares y sus respectivos equipamientos, del personal de las Fuerzas Armadas.

(Fdo.): Manuel Tagle V."

Las actas de las sesiones 2° y 3°, extraordinarias, quedan a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la cuenta.

El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.