Labor Parlamentaria

l.- MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

En la actual administración de justicia los sectores populares se encuentran marginados y no cuentan con los medios adecuados para hacer valer sus legítimos derechos. Por falta de información, de medios para costear defensas, por dificultades de movilización, tiempo, etcétera, muchos pobladores y trabajadores no recurren a plantear dificultades y problemas que teóricamente deberían serles solucionados por la justicia.

La realidad nos muestra que la disposición constitucional que asegura a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley no se cumple en absoluto respecto de estos sectores.

El Gobierno, consciente y preocupado del problema, estima que es necesaria la creación de tribunales que sean más accesibles al poblador y al obrero y que estén integrados por ellos mismos para así asegurarles que sus problemas van a ser bien interpretados, lográndose que la disposición anteriormente citada deje de ser una mera enunciación de principios para los sectores populares; se constituya en una garantía que les asegure que sus derechos van a ser respetados; que ellos, como cualquier otro ciudadano, van a disponer de los medios necesarios para tener un acceso fácil a la administración de justicia; que más aún van a poder administrarla en los casos y materias que esta ley indica.

Estos tribunales estarán formados por personas elegidas por el pueblo organizado y conocerán de aquellos hechos que son de poca significación para los grupos sociales de mejores ingresos; pero que para la clase obrera tienen una importancia trascendental, ya que se refieren a la convivencia diaria que son de ordinaria ocurrencia.

La razón por la que las leyes exigen que los jueces sean abogados reside en la complejidad de las normas que deben aplicar. Si no existe tal complejidad, no se justifica la razón. Los Tribunales Vecinales aplicarán normas sencillas para cuyo dominio no se requieren estudios profundos, sino que, principalmente, conocimiento de la realidad humana en la cual se aplican. Quienes tienen conocimiento más exacto de esta realidad, son los propios vecinos del distrito del tribunal.

Además, las partes que comparezcan ante estos tribunales estarán exentas de todo impuesto; las notificaciones se harán por Carabineros o por un vecino en forma gratuita y no habrá condenación en costas; esto permitirá que la administración de justicia sea realmente gratuita, más justa, rápida y eficaz.

Estos tribunales que llamaremos vecinales harán posible que el pueblo encuentre en la justicia una solución a sus problemas. Esto permitirá al poblador y al obrero, organizarse mejor y tener una convivencia más humana y más digna, de acuerdo a su status de chileno, igual ante la ley.

Este proyecto fue elaborado con la cooperación de prestigiosos juristas, profesores de la Facultades de Derecho de las Universidades, psicólogos, jueces, parlamentarios, Central Unica de Trabajadores y Centros Comunitarios. Valiosa ha sido la opinión de don Rafael Fontecilla Riquelme, ex Presidente de la Corte Suprema; de don Enrique Silva Cimma, ex Contralor General de la República; de don Alberto Echavarría Lorca, Profesor de Derecho Procesal y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago; de don Enrique Evans de la Cuadra, Profesor de Derecho Constitucional y ex Subsecretario de Justicia; de don Sergio Politoff y dedon Juan Bustos, Profesores de Derecho Penal; de los Diputados don Pedro Felipe Ramírez y don Luis Tejeda; de don Jorge Tapia, Profesor de Derecho Constitucional; y muchos otros más que sería largo de enumerar.

Ha tenido especial importancia en la elaboración, estudio y discusión de este proyecto la colaboración de los magistrados del Poder Judicial que se encuentran en comisión de servicios en el Ministerio de Justicia: don Oscar Alvarez, Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena; doña Alicia Herrera Rivera, Secretaria de la Corte del Trabajo de Santiago; don Alonso de la Fuente, Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca; don Raúl Gutiérrez y don César Toledo, Relatores de la Corte de Apelaciones de Santiago, y don Guillermo Herrera, Juez de Viña del Mar.

Expuestas estas ideas básicas sobre los motivos que justifican la existencia de Tribunales Vecinales, pasaremos a analizar el contenido del proyecto.

El proyecto consta de 64 artículos permanentes y dos artículos transitorios. Está dividido en cuatro Títulos que tratan de La Organización, De la Competencia, Del Procedimiento y De las Sanciones, nos referiremos separadamente, en líneas generales, a cada uno de ellos.

De la Organización

El Tribunal Vecinal administrará justicia dentro del territorio correspondiente a cada distrito de la República, pero podrán crearse un mayor número en las ciudades, barrios, poblaciones o sectores de éstas cuando las necesidades de justicia lo requieran, aun cuando se trate de un mismo distrito. Igualmente, un Tribunal Vecinal podrá administrar justicia en dos o más distritos. Es decir, no se trata de adaptar en forma rígida el establecimiento de un Tribunal Vecinal al concepto de distrito, división política territorial. Se otorga al Presidente de la República la facultad de determinar, por medio de decreto, la oportunidad en que el Tribunal deba instalarse, señalándose el distrito que le corresponda y los límites de la jurisdicción territorial.

Creado un Tribunal Vecinal no podrá ser suprimido sino en virtud de una ley.

Se determina los días y horas de atención al público, los que son fijados por el Gobernador del respectivo departamento, quien cuidará que a sus audiencias concurra el mayor número de vecinos. Se desea así la activa participación de la comunidad a fin de que sus problemas de orden legal puedan ser atendidos y solucionados en forma rápida y expedita.

Con respecto a su integración, el proyecto establece en su artículo 5º que el Tribunal Vecinal estará integrado por seis miembros, tres de los cuales serán titulares y tres suplentes.

El Presidente del Tribunal Vecinal y su suplente son designados por el Gobernador del departamento en donde se encuentre ubicado su territorio jurisdiccional, eligiéndolos de una quina que le presentará el juez de letras del departamento previa consulta a los organismos laborales respectivos. Los otros miembros serán elegidos por sorteo entre las personas que en elección popular hubieren obtenido las diez más altas mayorías. Para garantizar la corrección del sorteo se dispone la presencia de un notario. Se establece también la existencia de un registro especial de vecinos a cargo del Presidente del Tribunal Vecinal.

El artículo 8º del proyecto establece los requisitos para ser miembro del Tribunal Vecinal y el artículo 9º trata de las inhabilidades para desempeñar el cargo.

Los jueces vecinales son legos, y ello porque se desea la incorporación de las grandes masas poblacionales a la administración de justicia. Se desea que el Tribunal Vecinal sea por su composición, su competencia y su procedimiento, diferente al corte clásico de los tribunales ordinarios.

Se ha pretendido igualmente evitar la intromisión indebida de consideraciones de orden político en el funcionamiento del Tribunal, tal como sucede en la actualidad con los Juzgados de Policía Local en las comunas de escasos recursos donde el cargo de juez es desempeñado por el Alcalde. La circunstancia de que los miembros de los Tribunales Vecinales sean no letrados no constituye una novedad en nuestra legislación. Desde luego tenemos consagrado desde hace muchos años la existencia de los jueces de distrito y de subdelegación en la judicatura ordinaria y nunca este hecho ha sido materia de crítica. En los Tribunales de Alzada del Trabajo existen los vocales que también son jueces legos y, finalmente, en los Tribunales Agrarios, se consagra también esta situación.

De la Competencia

El artículo 25 del proyecto prácticamente define lo que es el Tribunal Vecinal y es allí donde se encuentra la razón de su creación.

Se les otorga competencia en única instancia en causas civiles y de comercio cuya cuantía no sea superior a un sueldo vital. También tendrán competencia para conocer de los juicios de arrendamiento de inmuebles destinados a la habitación cuya renta mensual no exceda de medio sueldo vital.

La razón de esta competencia está en el gran número de causas de este tipo que deben tramitarse en los tribunales ordinarios, sujetos a un procedimiento que, aunque breve, es oneroso para las partes. Además, se trata fundamentalmente de los juicios de arrendamientos de piezas en habitaciones modestas.

Igual razón inspira la disposición que le otorga competencia en materia de determinados juicios del trabajo, siempre que su cuantía no sea superior a dos sueldos vitales.

También se les otorga competencia para conocer de los delitos de vagancia y mendicidad, ultraje a las buenas costumbres, pornografía, injurias leves y hurto de hallazgo y de las faltas contempladas en los artículos 494 Nºs 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21; 495, 496 y 497 del Código Penal.

La sola lectura de estas disposiciones del Código citado nos está indicando que es preferible entregar el conocimiento de estos hechos a un Tribunal Vecinal y no a tribunales letrados en que es necesario poner en marcha todo un costoso aparato judicial y policial para juzgar hechos de ínfima cuantía.

Estos Tribunales tendrán competencia para conocer de la infracción al artículo 117 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, esto es, de la ebriedad, y de las infracciones a la Ley General de Instrucción Primaria Obligatoria.

Reviste especial importancia el otorgamiento de esta competencia, porque es una manera de interesar e incorporar a nuestro pueblo en la campaña de alfabetización que patrocina el Gobierno y que es tarea de honor para cada ciudadano cooperar para su pleno éxito.

El artículo 27 del proyecto se refiere a la competencia para conocer de las infracciones sancionadas en leyes o reglamentos especiales y que por ser poco frecuente su ocurrencia no necesita de mayores comentarios.

El artículo 28 está inspirado en el mismo principio del artículo 25 que nos da la imagen de lo que es un Tribunal Vecinal y, en cierta medida, es su complemento.

El artículo 31 se refiere a las contiendas de competencia entre los Tribunales Vecinales y entrega su conocimiento al juez de letras de Departamento.

Finalmente, en los procesos por faltas, los Tribunales Vecinales podrán decretar la detención del presunto culpable, siempre que esta medida sea procedente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal.

También se otorga a estos Tribunales competencia para conocer y practicar las primeras diligencias del sumario, facultad que tienen actualmente los jueces inferiores no letrados y los de menor cuantía que funcionan en aquellos lugares que no son asiento de Cortes de Apelaciones.

Para velar por el respeto y consideración que la comunidad debe tener hacia el Tribunal Vecinal, éste está facultado para reprimir o castigar los abusos o faltas de respeto que se cometan dentro de la sala de su despacho y mientras sus miembros ejercen las funciones de jueces, pudiendo aplicar amonestación verbal inmediata, multa y arresto.

El Procedimiento

Las características del procedimiento de los Tribunales Vecinales es la publicidad, oralidad, gratuidad, libertad de pruebas y su apreciación en conciencia, y la conciliación obligatoria. Con ello se desea hacer realidad los principios que informan la creación de estos tribunales, vale decir, rapidez, expedición, eficacia y gratuidad de la justicia.

Recibida la denuncia o demanda, el Tribunal Vecinal citará a un comparendo que se celebrará en la fecha más próxima posible; la notificación a las partes se hará gratuitamente por Carabineros, por un miembro del Tribunal Vecinal o por un vecino que éste designe. A esa audiencia las partes deben concurrir con los medios de prueba que estimen convenientes para justificar sus pretensiones y el tribunal podrá decretar se agreguen todos aquellos que, a su juicio, sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos y para el mejor acierto del fallo. El Tribunal Vecinal llamará a las partes cuando proceda a conciliación y si no se produjere, continuará el procedimiento hasta la dictación de la sentencia, la que se pronunciará verbalmente en una audiencia pública y deberá ser acordada por mayoría de votos. Sin perjuicio de lo anterior, levantará acta de lo obrado, dejándose constancia del nombre de las partes, materia de que se trata y de la resolución dictada. Si la sentencia impone una pena restrictiva de la libertad, deberán consignarse además, en forma breve, los fundamentos que la justifican.

Para el cumplimiento de la sanción impuesta en la sentencia o para la práctica de diligencias que el Tribunal Vecinal decrete, puede solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública al jefe de la Unidad Policial más cercana al lugar en donde deba cumplirse la resolución o la diligencia.

Para el cumplimiento de las sentencias en materia civil o laboral, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 574, 575, 576 y 577 del Código del Trabajo, pudiendo el Tribunal Vecinal decretar para tal efecto la retención y descuento por planilla de fondos suficientes si el condenado fuere renuente al cumplimiento.

En contra de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Vecinales no procederá recurso alguno; sin embargo, cuando ellas impusieren penas privativas de libertad, deberán ser elevadas en consulta al juez letrado del departamento.

En las quejas o recursos de quejas que incidan en resoluciones de los Tribunales Vecinales sólo podrá decretarse orden de no innovar cuando aparezcan presunciones graves que se ha cometido falta o abuso, y así lo expresará la resolución que la otorgue; deberá fallarse dentro de quinto día de ingresado el recurso a la secretaría y dentro de quince si se hubiese concedido orden de no innovar, entendiéndose que se rechaza si el tribunal no se pronuncia dentro de esos plazos.

Todas las presentaciones y actuaciones ante los Tribunales Vecinales, que deban hacerse por escrito, lo serán en papel simple.

Este breve análisis del procedimiento demuestra el deseo del Gobierno de que las materias que serán de competencia de los Tribunales Vecinales sean resueltas en forma sencilla, apartándose del formalismo procesal característico de la justicia ordinaria tradicional.

De las Sanciones

El Título IV del proyecto trata de las sanciones que pueden imponer los Tribunales Vecinales y están inspiradas en el vehemente propósito de corregir y educar al sancionado para prevenir la comisión de nuevas infracciones.

El artículo 53 enumera las sanciones en materia penal e infraccional, la mayoría de las cuales son novedosas y están concebidas para ser aplicadas en un orden creciente según la gravedad del hecho cometido. Cuando se imponga una pena privativa de libertad ésta puede ser remitida, y tratándose de penas pecuniarias o de multas, éstas ingresarán a cuentas especiales, destinándose el producto de ellas a la mantención del local en donde funciona el tribunal y, en general, a atender los gastos que imponga la administración de justicia por estos tribunales, en la forma que determine el Reglamento.

Disposiciones Generales

El artículo 62 establece la asesoría jurídica para los Tribunales Vecinales, facultándose al Ministerio de Justicia para establecer los mecanismos más adecuados a tal fin. Con tal propósito se crea en ese Ministerio un Centro Especializado destinado a organizar y llevar a cabo la asesoría y capacitación técnica que requieran los Tribunales Vecinales. Sobre el particular, es útil destacar el generoso ofrecimiento hecho por los estudiantes de los últimos años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

El artículo 63 establece que las referencias que la ley hace al sueldo vital debe entenderse al sueldo vital de la escala A) del departamento de Santiago.

Y, finalmente, el artículo 64 dispone que dentro de sesenta días de promulgada la ley, el Presidente de la República dictará el Reglamento Orgánico de los Tribunales Vecinales.

El artículo 1º transitorio establece que mientras no se instalen los Tribunales Vecinales, los jueces de distrito y subdelegación continuarán desempeñando esas funciones y cesarán en ellas una vez que se instale el Tribunal Vecinal. Parece innecesario ahondar sobre la conveniencia de esta disposición.

El artículo 2º transitorio dispone lo conveniente para atender los gastos que demande la instalación de los Tribunales Vecinales y, en base a datos estadísticos, se estima que a partir del año 1972 deberá destinarse el 5% del presupuesto del Poder Judicial para el financiamiento de estos tribunales.

Estas son las líneas generales, las características del proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales y por los fundamentos filosóficos y jurídicos que inspiran su establecimiento, el Gobierno confía en que Vuestras Señorías le prestarán su aprobación con urgencia, en la actual Legislatura Extraordinaria, al siguiente

Proyecto de ley:

TRIBUNALES VECINALES

TITULO I

De la Organización

Creación.- Relación Territorial

Artículo 1º.- Créase dentro del territorio correspondiente a cada distrito de la República, un tribunal que con el nombre de Tribunal Vecinal, tendrá la organización y las atribuciones que se determinan en la presente ley.

División. Fusión

Sin embargo, cuando las necesidades de justicia lo requieran, podrán crearse uno o más Tribunales Vecinales en las ciudades, barrios, poblaciones o sectores de éstas, o en los centros rurales, industriales o mineros, que se encuentren ubicados dentro de un mismo distrito. Igualmente, se podrá asignar a un solo tribunal el conocimiento de los asuntos que se promuevan en el territorio jurisdiccional de dos o más distritos o de parte de ellos.

Instalación

El Presidente de la República, por medio de un decreto supremo, determinará la oportunidad en que el tribunal habrá de instalarse, señalando en él el distrito que le corresponde. En los casos previstos en el inciso segundo, el decreto respectivo fijará los límites de la jurisdicción territorial, los distritos o sectores que se refunden y la forma en que se distribuirá la competencia.

Supresión

Artículo 2º.- Creado un Tribunal Vecinal no podrá ser suprimido sino en virtud de una ley, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

Ubicación

Artículo 3º.- El Tribunal Vecinal administrará justicia en el lugar que señale el decreto de su instalación, debiendo en todo caso ser fijo, conocido de los vecinos y de fácil acceso al público. En los sectores rurales se procurará que el tribunal funcione en el lugar de mayor concentración poblacional.

Días y horas de atención

Artículo 4º.- Los días y horas de funcionamiento del tribunal serán fijados, con la debida anticipación, por el Gobernador del respectivo departamento, debiendo cuidar que unos y otros lo sean en las oportunidades que puedan concurrir a sus audiencias el mayor número de vecinos.

Las designaciones del lugar y la de los días y horas de atención, serán puestos en conocimiento del público por medio de avisos u otras formas de publicidad.

Composición

Artículo 5º.- El tribunal estará integrado por seis miembros: tres de ellos titulares y tres suplentes. Será su Presidente, aquel cuyo nombramiento corresponde al Gobernador del departamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.

Funcionamiento

El Tribunal deberá funcionar con sus tres miembros titulares y sólo a falta de uno o más de ellos, con los suplentes que corresponda.

Duración del cargo

Artículo 6º.- Los jueces vecinales durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, pero podrán ser reelegidos, por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente.

Gratuidad y obligatoriedad

Artículo 7º.- Las funciones de Juez del Tribunal Vecinal deberán servirse gratuitamente y nadie podrá excusarse de desempeñarlas sino en virtud de causas legales.

Requisitos

Artículo 8º.- Para ser miembro del Tribunal Vecinal se requiere:

1º.- Tener a lo menos veintiún años de edad;

2º.- Saber leer y escribir;

3º.- Tener residencia de por lo menos seis meses, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal;

4º.- Pertenecer a algún organismo o institución laboral o de base, sea de orden local o nacional, tales como sindicatos, asociaciones de trabajadores, juntas de vecinos, centros de madres, asentamientos o cooperativas campesinas, y

5º.- Estar inscrito en el Registro de Vecinos correspondiente.

Impedimentos

Artículo 9º.- No podrán ser jueces vecinales los Ministros de Estado, los Intendentes, Gobernadores, Subdelegados e Inspectores, los miembros del Poder Judicial, las personas que desempeñan algún cargo de elección popular, ni los dirigentes nacionales, provinciales o comunales de partidos políticos.

Tampoco podrán serlo los dementes, los sordos, los mudos, los ciegos, los actualmente fallidos y los que se hallaren procesados o condenados por cualquier crimen o simple delito, a menos que se trate de delito político. Esta última incapacidad cesa respecto de aquel que hubiere sido indultado. No constituye impedimento el ser relativamente incapaz.

Electores

Artículo 10.- Los miembros del tribunal serán elegidos por los vecinos que tengan a lo menos 18 años de edad y que reúnan los requisitos señalados en los números 3º, 4º y 5º del artículo 8º.

Nombramientos

Artículo 11.- El Presidentedel Tribunal Vecinal y su suplente serán designados por el Gobernador del departamento que corresponda a su jurisdicción territorial. Este los elegirá de una quina que para tales efectos confeccionará el Juez de Letras del departamento previa consulta a los organismos laborales o de base del territorio jurisdiccional mencionado.

Los demás miembros del tribunal serán designados por medio de un sorteo que se realizará de entre los que hubieren obtenido las diez más altas mayorías en elección popular, convocada para este objeto por el Gobernador del departamento en el mismo decreto que designa al Presidente del Tribunal Vecinal y su suplente. En este decreto se fijará día, hora y lugar de la elección.

Serán nominadas las cuatro personas que se sortearen primeramente y quedarán como titulares las dos primeras que en la elección a que se refiere el inciso anterior hubieren obtenido las dos primeras mayorías. Las otras dos serán designadas como suplentes.

El sorteo se realizará al día siguiente de la elección anterior indicada ante Notario Público, quien actuará como Ministro de Fe.

El decreto de nombramiento será dictado por el Gobernador.

Iniciación de funciones

Artículo 12.- El Tribunal Vecinal iniciará sus funciones en una audiencia pública y solemne; a ella concurrirá el Gobernador del respectivo departamento, treinta días después del acto electoral a que se refiere el artículo anterior. Desde aquella audiencia se contarán los dos años de duración del cargo de sus miembros.

Inhabilidad

Artículo 13.- Cada Juez Vecinal podrá declararse inhabilitado, de oficio o a petición de parte, para conocer de determinado asunto, por carecer de la debida imparcialidad. Solicitada la inhabilidad a petición de parte, se pronunciará sobre ella el propio tribunal con exclusión del miembro recusado, a menos que éste la acepte de plano.

Suplente

Artículo 14.- Declarada la inhabilidad de un Juez Vecinal, el afectado por ella será reemplazado por el Juez Suplente que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11. Del mismo modo se procederá en los casos de ausencia o impedimento por cualquier causa.

Si la inhabilidad, ausencia o impedimento imposibilitare el funcionamiento del tribunal, el conocimiento del asunto pasará al Juez Letrado del departamento correspondiente.

Obligaciones de los jueces

Artículo 15.- Los jueces vecinales, además de aquellas que son inherentes al cargo, desempeñarán por turno semanal, las siguientes funciones:

1.- Recibir diariamente las denuncias y las solicitudes que presenten las partes o interesados.

2.- Dar cuenta de ellas al tribunal en la primera audiencia.

3.- Formar una lista con los asuntos que se verán en cada audiencia, indicando el nombre del reclamante y del reclamado y la materia de que se trata. Dicha lista se fijará en un lugar visible, con la debida anticipación, en la parte exterior del tribunal.

4.- Las demás que le encomiende el tribunal o le impongan las leyes u organismos administrativos.

Obligaciones del PresidenteArtículo 16.- El Presidente del tribunal tendrá, además, a su cargo la inscripción de los vecinos en el Registro a que se refiere el artículo 24 y la vigilancia del procedimiento en la elección de los miembros de designación popular.

Responsabilidad

Artículo 17.- Los jueces vecinales sólo responderán cuando obraren de mala fe en los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso quedarán sujetos a la responsabilidad que les corresponda de acuerdo a las reglas generales.

La responsabilidad civil afectará solidariamente a los jueces que hubieren concurrido con su voto al agravio que la motiva.

Fuero

Artículo 18.- No se podrá entablar ninguna demanda o querella en contra de los miembros de un Tribunal Vecinal para perseguir su responsabilidad en el caso del inciso primero del artículo anterior, sin que sea previamente calificada de admisible por el Juez de Letras del respectivo departamento, el cual apreciará en conciencia los antecedentes para calificar la mala fe del juez demandado o querellado.

En todo caso, no podrá deducirse la demanda o querella después de transcurridos tres meses contados desde la fecha en que se haya notificado al reclamante la sentencia o se hubiere ejecutado el acto en que se supone cometido el agravio.

Jueces asalariados

Artículo 19.- Los miembros del Tribunal Vecinal que sean trabajadores no podrán ser impedidos para el desempeño de sus funciones de juez y continuarán percibiendo las remuneraciones que legal o contractualmente les corresponda por las labores que no hubieren podido atender en razón del cumplimiento de aquellas que les impone la presente ley.

Se considerarán como trabajados para todos los efectos legales, los días en que estos jueces se desempañaren en el tribunal y tendrá, además, derecho a gozar de dos días de descanso en el mes en sus labores contractuales o legales.

Desde la fecha de la elección y hasta seis meses después de expiradas sus funciones, estos jueces no podrán ser separados de sus cargos laborales sino con acuerdo del juez del trabajo respectivo, fundado en alguna de las causales señaladas en el artículo 2º de la ley Nº 16. 455. De este mismo beneficio gozarán los candidatos a los cargos de elección popular mientras dure el proceso electoral.

Cuenta

Artículo 20.- Los jueces vecinales deberán rendir cuenta de la labor efectuada por el tribunal, a lo menos dos veces al año, ante los vecinos de la jurisdicción, para cuyo efecto los citarán a una reunión pública con la debida anticipación.

Expiración

Artículo 21.- El cargo de Juez Vecinal expira:

1.- Por sobrevenir al juez alguna incapacidad que le impida desempeñarlo.

2.- Por haberse producido alguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º.

3.- Por haber sido condenado por obrar de mala fe en los casos previstos en el artículo 17.

4.- Por sentencia de remoción acordada públicamente en juicio breve y sumario por los dos tercios de los vecinos-electores.

5.- Por renuncia hecha ante el Gobernador que lo designó y aceptada por éste.

6.- Por la expiración del plazo fijado por la ley para su ejercicio.

El Gobernador respectivo calificará la ocurrencia y procedencia de las causales de expiración a que se refieren los números uno y dos, para los efectos de la designación o elección de los que deban reemplazarlos, obrando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 y dentro del término de treinta días contados desde la fecha del hecho que la ocasiona y de la resolución que califica su procedencia.

Impedimento electoral

Artículo 22.- Los jueces vecinales no podrán optar a cargos de elección popular mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber cesado en ellas.

Jueces inferiores

Artículo 23.- Los jueces vecinales se considerarán jueces inferiores para todos los efectos legales.

Artículo 24.- Para los efectos de esta ley en cada territorio jurisdiccional de un Tribunal Vecinal se mantendrá un libro o registro, a cargo del Presidente de éste, que contendrá las inscripciones de los vecinos residentes en él, con indicación del nombre y apellidos, lugar de residencia y organismo laboral o de base a que pertenecen.

TITULO II

De la Competencia

Competencia general

Artículo 25.- Los Tribunales Vecinales conocerán en única instancia de los conflictos que se promuevan dentro de su territorio jurisdiccional que signifiquen una violación a los deberes y obligaciones del ciudadano para con los demás vecinos o la comunidad, especialmente de aquellos que alteran la sana convivencia familiar o comunitaria, que atentan contra la tranquilidad, la salubridad o higiene vecinal o contra el orden social, jurídico o económico de los vecinos, siempre que todos estos asuntos no sean constitutivos de delito ni estén comprendidos dentro de la competencia de los tribunales ordinarios de justicia y de otros tribunales u organismos especiales.

También conocerán en única instancia de las contravenciones administrativas que se cometan dentro de su territorio, cuya resolución haya sido entregada por la ley a la justicia ordinaria, y siempre que la sanción no exceda de una multa equivalente a dos sueldos vitales mensuales.

Competencia especial

Artículo 26.- Los Tribunales Vecinales conocerán, además, en única instancia, de las siguientes materias:

a) De las causas civiles y de comercio en que el valor de lo disputado no exceda de un sueldo vital mensual. Tratándose de juicios de arrendamiento, tendrá competencia para conocer de los de desahucio y restitución de inmuebles destinados a la habitación, cuya renta no exceda de medio sueldo vital mensual, y de los de reconvenciones de pago de los mismos inmuebles, cuya cuantía no excede de dos sueldos vitales mensuales;

b) De las causas del trabajo que se susciten mientras el trabajador presta servicios, hasta por un monto de dos sueldos vitales mensuales;

c) De las acciones a que se refieren los artículos 941 y 942 del Código Civil;

d) De las infracciones contempladas en el artículo 13, letra c), Nºs 5, 14, 15, 16 y 17 de la ley Nº 15. 231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local;

e) De las faltas contempladas en los artículos 494, Nºs 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21; 495, 496 y 497 del Código Penal;

f) De las infracciones al artículo 117 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas;

g) De los delitos de que tratan los artículos 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 373, 374, 419 y 448 del Código Penal;

h) De las infracciones a la Ley General de Educación Primaria y Obligatoria y de su Reglamento, e

i) De los actos de violencia inmotivada, empleados de cualquiera manera y que no constituyan delito.

Competencia delegada

Artículo 27.- Los Tribunales Vecinales podrán conocer, asimismo, de las infracciones sancionadas en las disposiciones legales o reglamentarias del Servicio Agrícola y Ganadero, del Consejo de Censura Cinematográfica, de la Dirección de Industria y Comercio, de la Dirección de Turismo, del Servicio Nacional de Salud, de la Dirección de Pavimentación Urbana, de la Corporación de Reforestación y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y que éstos organismos decidan colocar dentro de la esfera de su competencia. Para estos efectos, los nombrados organismos dictarán los reglamentos en que se señalen específicamente las infracciones cuyo conocimiento entregan a dichos tribunales.

Función preventiva

Artículo 28.- Los Tribunales Vecinales velarán por el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al orden jurídico dentro de su territorio jurisdiccional. Cuando tuvieren noticia de algún hecho que involucre violación a las normas jurídicas y cuyo conocimiento esté entregado a otro tribunal u organismo, deberán denunciarlo ante quien corresponda, proporcionando todos los antecedentes que obren en su poder.

Podrán igualmente cumplir los encargos que la autoridad judicial o administrativa les encomiende, siempre que no entorpezcan al buen funcionamiento del tribunal.

Conocimiento. Prevención. Prórroga. Incompetencia.

Artículo 29.- Requerida la intervención del Tribunal Vecinal para resolver un asunto que la ley ha colocado dentro de la esfera de su competencia exclusiva, no podrá excusarse de su conocimiento.

Aquellos asuntos a que se refieren los artículos 23 y 27, que por su naturaleza o cuantía también competan a los tribunales ordinarios de justicia o a los tribunales u organismos especiales, serán de la competencia del Tribunal Vecinal si previenen en el conocimiento de él; pero si las partes acuerdan someterlo a la resolución de aquéllos, el Tribunal Vecinal se abstendrá de intervenir.

En todo caso, podrá el tribunal declarar de oficio que no puede entrar al conocimiento del asunto cuando consideren que no está comprometido o afectado el interés de la comunidad vecinal o que por su complejidad y los efectos que de él deriven, hagan necesaria la intervención de la justicia ordinaria o especial o del organismo respectivo.

Competencia territorial

Artículo 30.- Será competente para conocer de una infracción el tribunal que corresponda al lugar en donde se hubiere cometido, y, respecto de los asuntos de naturaleza civil o comercial, el del domicilio del demandado o reclamado.

Contiendas

Artículo 31.- Las contiendas de competencia que se susciten entre dos o más Tribunales Vecinales serán resueltas de plano por el juez letrado del departamento que sea común a ellos, y si fueren de distintos departamentos, por el juez que corresponda al que hubiere prevenido en el conocimiento.

Detención y primeras diligencias

Artículo 32.- En los procesos por faltas, los Tribunales Vecinales podrán decretar la detención del presunto culpable siempre que esta medida sea procedente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal.

Estarán asimismo obligados a practicar las primeras diligencias de instrucción del sumario con respecto a los delitos cometidos en el territorio de su jurisdicción, sin perjuicio de dar inmediato aviso al tribunal a quien por ley le corresponda el conocimiento de la causa y disponer la inmediata remisión a éste, del detenido, en su caso.

Desacato

Artículo 33.- Los jueces vecinales están autorizados para reprimir o castigar los abusos o faltas de respeto que se cometan dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones de tales, con alguna de las siguientes medidas:

1ª.- Amonestación verbal inmediata.

2ª.- Multa que no exceda de la décima parte de un sueldo vital mensual. La reiteración facultará al tribunal para duplicar el valor de la multa.

3ª.- Arresto, que no exceda de 24 horas.

Deberán emplear estos medios en el orden expresado y sólo podrán hacer uso de los dos últimos en caso de ineficacia o insuficiencia de los primeros.

TITULO III

Del Procedimiento

Procedimiento exclusivo

Artículo 34.- Los asuntos que sean de la competencia de estos tribunales se sustanciarán y fallarán exclusivamente conforme a las reglas establecidas en este título. Estas normas también serán aplicables a aquellas materias que tengan señalada por la ley un procedimiento diverso.

Características

Artículo 35.- El procedimiento en los asuntos de que conozcan los Tribunales Vecinales será verbal, público y sin forma de juicio.

No obstante, en aquellos casos en que por su naturaleza estuviere afectada la honra de alguna de las partes, podrá el tribunal decretar la privacidad de la audiencia o de la diligencia.

Comparecencia

Artículo 36.- Las partes deberán concurrir en persona a las audiencias, a menos que se encuentren absolutamente incapacitadas para hacerlo, circunstancia que oportunamente calificará el tribunal.

Los relativamente incapaces podrán comparecer por sí solos aún en los casos en que la ley exija la autorización o la intervención de sus representantes legales, salvo los casos en que el tribunal estime necesaria la presencia de éstos.

Tratándose de los absolutamente incapaces, el tribunal designará de oficio un representante, siempre que legalmente carezca de él o el que tuviere no concurriere a la audiencia.

Requerimiento

Artículo 37.- El Tribunal Vecinal entrará a conocer de oficio de las materias que le encomienda esta ley o en virtud de denuncia o solicitud escrita o verbal del interesado, debiendo en este último caso levantarse un acta de ella.

Cuando actúe de oficio dejará constancia en el libro de actas del Tribunal el hecho de haberse iniciado el proceso correspondiente.

Tramitación del requerimiento

Artículo 38.- Recibida la denuncia o solicitud por el Tribunal, o iniciado el proceso de oficio, éste ordenará poner los antecedentes en conocimiento del reclamador en la forma señalada en el artículo siguiente, citando a las partes a una audiencia que se celebrará en la fecha más próxima posible.

Notificaciones

Artículo 39.- Las citaciones y notificaciones que deban hacerse a las partes se practicarán en la residencia de éstas o en el lugar en donde habitualmente trabajan, por un carabinero, por algún miembro del tribunal o por un vecino designado por su Presidente.

El encargado de la citación o notificación pondrá en conocimiento del tribunal el hecho de haberla practicado.

Si el reclamado no asistiere a la audiencia a que ha sido citado, el tribunal podrá suspenderla cuando estime que existen fundados motivos que así lo justifique.

Concurrencia con pruebas

Artículo 40.- Las partes deberán concurrir a la audiencia con todos los medios de prueba que estimen convenientes.

Medios de pruebas

Artículo 41.- Son admisibles como medios de prueba todos los que las partes consideren necesarios y oportunos para la justificación de sus alegaciones o defensas, y ella se rendirá sin formalidad alguna.

Avenimiento

Artículo 42.- Antes de comenzar la audiencia, el Presidente del Tribunal deberá llamar a las partes y tratar de obtener un avenimiento o acuerdo entre ellas.

No logrado el avenimiento o acuerdo deberá instruirlas acerca de los deberes y derechos que les corresponde durante el desarrollo de la audiencia.

Reconocimiento del cargo

Artículo 43.- Si el demandado o inculpado reconoce la demanda o el cargo que se le formula y acepta, además, cumplir la obligación o la sanción correspondiente, el Tribunal Vecinal podrá poner término al procedimiento, levantando acta de lo obrado y dictando la resolución pertinente.

Audiencia

Artículo 44.- La audiencia se verificará en la forma que determine el tribunal en cada caso, debiendo oír a las partes, recibir las pruebas que ofrezcan, solicitar informaciones y, en general, practicar cualquiera gestión o actuación que estime necesaria para la mejor resolución del caso.

Derechos de las partes

Artículo 45.- Las partes durante la audiencia podrán participar en el interrogatorios de los testigos, hacer peticiones y, en general, realizar cualquiera actuación que sea necesaria para la defensa de sus derechos.

Apreciación prueba

Artículo 46.- El tribunal apreciará la prueba rendida en conciencia, tomando en consideración el grado de cultura de las partes y los valores morales imperantes en el grupo social en donde el tribunal desarrolla su actividad.

Fallo

Artículo 47.- Concluida la audiencia, el tribunal dictará sentencia de inmediato, salvo que considere necesario citar a las partes a una nueva audiencia o requerir de algún organismo o persona determinados una información específica relacionada con el asunto.

En todo caso, la sentencia habrá de pronunciarse verbalmente en una audiencia pública y deberá ser acordada por mayoría de votos.

Sin perjuicio de ello, levantará acta de lo obrado, dejándose constancia del nombre de las partes, materia de que se trata y de la resolución dictada. Si la sentencia impone una pena restrictiva de libertad, deberán consignarse además, en forma breve, los fundamentos que la justifican.

Imperio

Artículo 48.- Para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción o la práctica de las diligencias que decrete, el tribunal podrá requerir directamente la fuerza pública al jefe de la unidad policial más inmediata al lugar en donde deba cumplirse la resolución o la diligencia.

En los casos a que se refieren los artículos 25 en su inciso segundo, y 27, el Tribunal Vecinal conminará al sentenciado al cumplimiento del fallo, bajo apercibimiento de ser éste remitido al tribunal u organismo originalmente competente, a fin de que le sean aplicadas las sanciones que la ley especial contempla dentro de la competencia de ellos en base a la infracción establecida en el fallo del Tribunal Vecinal, el que no podrá en ningún caso revisarlo.

Cumplimiento sentencia civil o laboral

Artículo 49.- Para el cumplimiento de las sentencias en materia civil o laboral, se aplicarán las normas contempladas en los artículos 574, 575, 576 y 577 del Código del Trabajo. No obstante, el tribunal podrá decretar que se retengan y descuenten por planilla fondos suficientes al deudor para dicho cumplimiento, si éste se negare a él, los que deberán ser remitidos directamente al tribunal.

Recursos

Artículo 50.- Contra las sentencias del Tribunal Vecinal no procederá recurso alguno. Sin embargo, cuando ellas impusieren penas privativas de libertad, deberán ser elevadas en consulta al Juez Letrado del departamento.

En las quejas o recursos de quejas que incidan en resoluciones de los Tribunales Vecinales, sólo podrá decretarse orden de no innovar cuando de los antecedentes hechos valer por el recurrente aparecen presunciones graves de la falta o abuso cometido, los que deberán expresarse en la resolución que la ordene y, cuando, además, respecto de los tribunales colegiados, ella sea acordada por la unanimidad de sus miembros. La queja o el recurso de queja deberá ser resuelta dentro de cinco días de ingresada la reclamación a Secretaría y si se aceptare orden de no innovar, dentro de quince días del decreto respectivo, entendiéndose en uno y en otro caso que el recurso es rechazado si el tribunal no se pronunciare sobre ella dentro de dichos términos.

Papel simple

Artículo 51.- Tanto las presentaciones como las actuaciones ante el Tribunal Vecinal cuando deban hacerse por escrito, se harán en papel simple.

TITULO IV

De las Sanciones

Finalidad

Artículo 52.- Las sanciones impuestas por los Tribunales Vecinales tienen como finalidad primordial corregir y reeducar al sancionado y prevenir la comisión de nuevas infracciones.

Sanciones

Artículo 53.- En las causas penales o infraccionales que conozcan estos tribunales podrán imponer, conjunta o separadamente, cualquiera de las siguientes sanciones:

1º.- Disculpas al perjudicado.

2º.- Amonestaciones públicas.

3º.- Obligación de reparar el daño causado mediante trabajo o dinero.

4º.- Trabajos de interés comunitario, sin privación de libertad.

5º.- Obligación de seguir algún curso de alfabetización o capacitación.

6°.- Privación del derecho a ocupar cargos directivos en los organismos vecinales o funcionales o suspensión del derecho a participar en ellos.

7°.- Clausura, en los casos que lo contempla la ley.

8º.- Multas hasta por dos sueldos vitales mensuales.

9º.- Penas privativas o restrictivas de libertad, en los casos contemplados por la ley.

Si la falta o delito que se trata tiene señalado por la ley una pena privativa o restrictiva de libertad, el tribunal podrá imponerle dicha pena o sustituirla por alguna de las señaladas en los números 1º a 8º, tomando en consideración las circunstancias del hecho. Igual resolución podrá adoptar respecto de las sanciones que la ley establece para las infracciones administrativas y los delitos o falta de que conocen estos tribunales.

La negativa a cumplir la pena impuesta o su quebrantamiento hará al renuente responsable de! delito de desacato y será sancionado con algunas de las penas señaladas en el inciso primero del artículo 262 del Código Penal. Para estos efectos, el Tribunal Vecinal enviará los antecedentes al Juez Letrado en lo Criminal del respectivo departamento.

Amonestación pública

Artículo 54.- La amonestación pública consiste en la censura hecha públicamente por el tribunal al culpable, poniéndola, cuando sea necesario, en conocimiento de los vecinos a través de la prensa o por otro medio.

Trabajos correccionales

Artículo 55.- Los trabajos de interés comunitario, sin privación de libertad, se impondrán por el tiempo que señale el tribunal, el que no podrá exceder de quince días; serán realizados preferentemente en días domingos y festivos y en el lugar del trabajo del sancionado o en el establecimiento, faena o labor que designe el tribunal dentro de la zona de su residencia.

El sistema de remuneración, control y fiscalización de estos trabajos se establecerá en el reglamento orgánico de esta ley.

Multa

Artículo 56.- Si el Tribunal Vecinal impone pena de multa deberá determinar su cantidad dentro del límite fijado por la ley, atendiendo a la gravedad del hecho, entidad del daño, culpabilidad del hechor y situación económica de éste.

En los casos de trabajadores cuya única fuente de ingresos sea su sueldo o salario, la multa será cancelada en cuotas mensuales que no excedan de un 10 % de dicho sueldo o salario.

Cancelación y destino de multas

Artículo 57.- Las multas aplicadas por los Tribunales Vecinales se cancelarán en la unidad policial más inmediata o directamente a cualquiera de los miembros del tribunal debiendo otorgarse recibo firmado por el que la recibe.

El dinero obtenido por este medio deberá enterarse mensualmente en la Tesorería Comunal correspondiente y las sumas recaudadas se destinarán a la mantención del local en donde funciona el tribunal y, en general, a atender los gastos que imponga la administración de Justicia por estos Tribunales en la forma que determine el Reglamento.

Privación de cargos

Artículo 58.- La privación del derecho a ocupar cargos directivos en los organismos vecinales o funcionales o la suspensión del derecho a participar en ellos, podrá imponerse por el plazo máximo de tres años y se aplicará en aquellos casos en que por la naturaleza de la infracción, falta o delito cometido, el tribunal lo considere conveniente.

Remisión de penas

Artículo 59.- El Tribunal Vecinal está facultado para suspender hasta por un año la aplicación de la pena, cuando considere que existen antecedentes favorables que lo justifiquen.

Si dentro del plazo de suspensión el culpable reincidiere, la sentencia que se dicte en el segundo proceso lo condenará a cumplir la pena suspendida y la que le corresponda por la nueva infracción cometida.

Recomendación

Artículo 60.- En los casos que a juicio del tribunal la conducta del denunciado no alcance a tipificar hecho infraccional pero sí merezca un reproche, podrá hacerle las conminaciones y recomendaciones que estime oportuna y prudentes, a fin de que su actitud frente al grupo familiar o vecinal se ajuste a las normas morales o legales de sana convivencia.

Libertad condicional

Artículo 61.- Si el condenado a penas privativas de libertad o a privación de ocupar ciertos cargos o suspensión de los mismos, demostrare con su irreprochable conducta que se ha corregido, el tribunal podrá, en el primer caso, otorgarle la libertad antes del cumplimiento del plazo de la condena o sustituir la pena impuesta por otra más leve, siempre que se hubiere cumplido la mitad del plazo impuesto por la sentencia.

Disposiciones Generales

Asesoría

Artículo 62.- Los Tribunales Vecinales contarán con la asesoría jurídica necesaria para su acertado funcionamiento. Corresponderá al Ministerio de Justicia establecer los mecanismos más adecuados para proporcionar tal asesoría, pudiendo celebrar convenios con las Universidades del país y requerir el auxilio del Colegio de Abogados. Para estos efectos, créase en ese Ministerio un Centro Especializado destinado a organizar y llevar a cabo la asesoría y capacitación técnica que requieran los Tribunales Vecinales.

Sueldo vital

Artículo 63.- Todas las referencias que en esta ley se hacen a sueldo vital, se entienden hechas al sueldo vital de la escala A) del departamento de Santiago.

Reglamento

Artículo 64.- Dentro del término de sesenta días de promulgada la presente ley, el Presidente de la República dictará el Reglamento Orgánico de los Tribunales Vecinales sobre las diversas materias contenidas en ella.

Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Mientras no se dicte el decreto de instalación de los Tribunales Vecinales, continuarán desempeñando sus funciones en la forma establecida en el Código Orgánico de Tribunales, los jueces de distritos y de subdelegación.

Instalado un Tribunal Vecinal, cesará en el acto en su cargo el Juez de Distrito o de Subdelegación con jurisdicción en el territorio comprendido por aquél.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue la creación, instalación, funcionamiento y asesoramiento y capacitación de los Tribunales Vecinales, se imputarán en los ítem 0. 90 y 035 asignación 003 de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia del Presupuesto de 1971. En los años sucesivos se consultará en la Ley de Presupuestos, un ítem especial, cuyo monto equivalga al 5% del presupuesto del Poder Judicial, para el financiamiento de estos tribunales.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Lisandro Cruz Ponce.

2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Nuestra legislación laboral reconoce, desde el punto de vista formal, diversos derechos a los trabajadores. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los procedimientos y la organización de la judicatura respectiva son factores que, unidos a las condiciones sociales y económicas, hacen difícilmente accesible la justicia laboral a quienes, teóricamente, debe defender.

Es por ello que las modificaciones de fondo de nuestro sistema jurídico deben ser objeto de un serio y profundo estudio, y en tal consecuencia se ha estimado conveniente elaborar algunos proyectos como el presente, que en forma separada e inmediata aborden la solución de la escasez de Tribunales del Trabajo, aumentando su número e introduciendo sustanciales modificaciones en las atribuciones de los funcionarios letrados y de secretaría, mediante todo lo cual se logrará una expansión en su capacidad y un racional aprovechamiento de los servicios que deben prestar.

El presente proyecto crea, en primer término, cinco juzgados del trabajo en Santiago, medida que casi es innecesario justificar. No obstante ello, creemos conveniente dar algunos antecedentes que testimonian el grado de abandono en que se ha mantenido a la judicatura del trabajo.

En efecto, como es de conocimiento público, hace más de 30 años atrás, Santiago contaba con seis tribunales del trabajo, para una población de aproximadamente un millón de habitantes. En 1970, sólo existen 5 juzgados, con una población superior a los dos millones de habitantes.

Por otra parte, debemos señalar que el Código del Trabajo impone a los Tribunales del ramo la obligación de citar a comparendo dentro del quinto día de presentada la demanda, y en la actualidad sólo es posible a estos juzgados fijar comparendo a dos o tres meses plazo, comparendo que, por lo demás, no se desarrolla en una sola audiencia, como señala la ley, sino que en varias audiencias, lo que hace que el proceso laboral, que debiera tramitarse totalmente incluida la segunda instancia en sólo 24 días, si nos atenemos a la letra de la ley, se alarga a 2, 3 y hasta 4 años.

Estos antecedentes por sí solos bastan.

En seguida, mediante este proyecto, se crea un segundo juzgado del trabajo en el departamento Presidente Aguirre Cerda, creación que tampoco es necesario justificar toda vez que es conocido el crecido número de habitantes con que cuenta dicho departamento, como asimismo, el alto grado de concentración industrial existente en su reducido territorio.

Una modificación sustancial que introduce el presente proyecto dice relación con el ejercicio de la función jurisdiccional dentro de cada tribunal. El nuevo artículo 512 entrega al Secretario en los juzgados de 1ª categoría las funciones de Juez Tramitador, dejando a los jueces la función de Sentenciadores. Sin duda que esta disposición pudiere extrañar frente a la estructura tradicional de un tribunal, particularmente de competencia laboral. No obstante ello, hay sobradas razones que abonan la conveniencia de adoptarla.

Es sabido que en la actualidad la función de tramitar los procesos está materialmente en manos de los funcionarios administrativos de los Juzgados del Trabajo, denominados subalternos por las leyes. Parece obvio que es mucho más razonable por no ser posible que el Juez intervenga directamente en las diversas actuaciones del proceso que se entregue esta función a los Secretarios, que son funcionarios letrados y los cuales cuando llegan a Juzgados de 1% Categoría, tienen acumulada una larga experiencia, incluso como jueces, que es desperdiciada, desempeñando funciones fundamentalmente administrativas.

En tales circunstancias, el desempeño de las labores de Juez Tramitador por tales funcionarios, implica obtener un adecuado aprovechamiento de sus capacidades y por qué no decirlo de los recursos que el propio Estado ha invertido en su formación profesional.

Con motivo de la modificación señalada de las funciones del Secretario, se entrega el desempeño de aquellas que actualmente le corresponden a dicho funcionario al Oficial 1º de esos Juzgados. Esta medida no involucra, en manera alguna, un peligro de menoscabo de la eficacia del desempeño de tales labores, ya que un Oficial 1º de Juzgado de 1ª Categoría es un funcionario con una dilatada experiencia administrativa y, de hecho, los que actualmente se encuentran en servicio tienen más de veinte años de trabajo promedio.

Para permitir que el Oficial 1º desempeñe cumplidamente las funciones antes indicadas, se crea un cargo de Oficial 2º, con el fin que éste pueda asumir el cumplimiento de otras tareas de menor entidad, entregadas en la actualidad a los oficiales primeros.

Por otra parte, y para permitir también que los Tribunales del Trabajo de Santiago, en su conjunto, puedan realizar las tareas específicas que les corresponden, se crea una oficina especial, mediante el aumento de la planta de la Oficina de Presupuesto para el Poder Judicial, destinada a atender todo lo que se refiere a manejo de fondos, liberando de esa pesada carga a los funcionarios que son propiamente del orden judicial.

Respecto a la segunda instancia, el presente proyecto contempla la creación de un cargo de Ministro y otro de Relator en la Ilustrísima Corte del Trabajo de Santiago. La justificación de esta medida también es obvia: la sola aplicación de la justicia del trabajo de primera instancia deberá significar necesariamente un sustancial aumento del ya crecido ingreso de la Corte antes citada. Con la creación de los cargos señalados se posibilita el funcionamiento de dos salas en dicho Tribunal, para absorber el incremento del número de causas que conocerá esa Corte.

Otra de las medidas contempladas en el presente proyecto tiene relación con la extensión de la jurisdicción de la Corte del Trabajo de Valparaíso hasta la provincia de Tarapacá.

El fundamento de esta medida es el principio de la especialidad de la justicia del trabajo, que debe mantenerse y afianzarse de acuerdo al criterio que sobre el particular sustentan de manera uniforme todos los tratadistas.

Este principio se encuentra gravemente lesionado en nuestro país, con el fundamento aparente de las dificultades de comunicación que impedirían un rápido fallo de las causas. En la actualidad, las facilidades en materia de transporte particularmente aéreo y el hecho que la Corte indicada tiene un bajo ingreso, pudiendo atender fácilmente y con mayor rapidez que las Cortes de Apelaciones del Norte del país los asuntos del trabajo que se elevan a segunda instancia, hacen aconsejable esta extensión de su jurisdicción.

Modifica también este proyecto el sistema de designación de los vocales empleados y obreros en las Cortes del Trabajo. Las dificultades que implica entregar la presentación de las listas en forma indiscriminada a todos los sindicatos y, muy fundamentalmente el hecho que existe en la actualidad una organización oficial de los trabajadores, que es ampliamente representativa de ellos, la Central Única de Trabajadores, hacen que el Ejecutivo estime conveniente la modificación que se propone sobre el particular.

El artículo 573 del Código del Trabajo, en virtud del principio de la especialidad a que nos hemos referido precedentemente, establece que contra las sentencias de las Cortes del Trabajo no procede recurso alguno. Ahora bien, a través del mecanismo del recurso de queja, la Corte Suprema, que no cuenta con una sala especializada en asuntos laborales, ha entrado de hecho a conocer de las causas del trabajo que, por la vía señalada, llegan a ella.

Sin duda que esto constituye una desnaturalización del espíritu de la legislación del trabajo. A esta circunstancia se pone remedio en este proyecto, por la disposición que se contempla en el artículo 573, mediante la cual se establece que, por vía del recurso de queja, la Corte Suprema sólo podrá aplicar medidas disciplinarias en razón de la falta o abuso en que haya incurrido el tribunal que dictó la resolución que motiva el recurso.

Como lo señaláramos anteriormente, el presente proyecto constituye tan sólo un primer paso en orden a lograr la adecuación de la justicia del trabajo a las necesidades del país en esta etapa de nuestro desarrollo. Próximamente, y en el menor plazo posible, el Gobierno someterá a la consideración parlamentaria otras iniciativas que permitirán dar una solución integral a estos problemas, dentro de la orientación fijada en el Programa de Gobierno que empezamos a cumplir.

Con la presente iniciativa, y dentro de lo que es posible en el corto plazo transcurrido desde la instalación del actual Gobierno, estamos otorgando a los trabajadores del gran Santiago una justicia expedita al servicio de las clases mayoritarias, como lo establece el programa que inspira las labores del Ejecutivo.

Por todas las consideraciones precedentes, es que vengo en someter a vuestra discusión y despacho, con urgencia incluido en la actual Convocatoria, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Créanse los siguientes cargos en la Corte del Trabajo de Santiago: un Ministro, un Relator y un Oficial Ayudante.

Artículo 2º.- Créase un cargo de Oficial Ayudante en las Cortes del Trabajo de Valparaíso y Concepción.

Artículo 3º.- Créanse cinco Juzgados del Trabajo de primera categoría en el departamento de Santiago y un Juzgado del Trabajo de tercera categoría en el departamento PresidenteAguirre Cerda.

Artículo 4º.- Trasládase el Juzgado del Trabajo de Viña del Mar a Valparaíso y elévase a Juzgado de primera categoría.

Artículo 5º.- Créase un cargo de Oficial segundo en cada uno de los Juzgados del Trabajo de Santiago, Valparaíso y ConcepciónArtículo 6º.- Créanse en la planta de la Oficina de Presupuestos para el Poder Judicial tres cargos de Oficial Ayudante con el sueldo asignado en el grado 1° de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno.

Los funcionarios que se designen en estos cargos desempeñarán sus funciones en los Juzgados del Trabajo de Santiago y serán designados por el Presidente de la República, por decreto del Ministerio de Justicia, a propuesta en terna de la Corte del Trabajo de Santiago.

Artículo 7º.- La Oficina que se establece en los Juzgados del Trabajo con el personal indicado en el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:

a) Llevar las cuentas corrientes de todos los juzgados del trabajo;

b) Atender todo lo relativo a remuneraciones y demás pagos que deben hacerse al personal del trabajo de Santiago;

c) Atender todo lo relacionado con gastos menores, adquisiciones, mantención y reparaciones y, en general, todo lo que implique manejo de fondos, sean éstos del Presupuesto del Poder Judicial o de la Junta de Servicios Judiciales;

d) Preparar y presentar las rendiciones de cuentas de los fondos que manejen a la Contraloría General de la República, incluidas aquella que el artículo 514 del Código de Tribunales impone a los tribunales.

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que se indican del Libro Cuarto del Código del Trabajo:

Artículo 495

Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

En las ciudades donde hubiere más de un juzgado, la distribución de las causas se hará de acuerdo a las normas que fije la Corte del Trabajo respectiva.

Artículo 496

Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

En los departamentos en que no haya juez especial del trabajo desempeñará sus funciones el o los jueces de letras de mayor cuantía dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales y tendrán como secretario al que lo sea del tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales que asignan carácter de juez del trabajo a determinados jueces de letras de menor cuantía.

Artículo 499

Agrégase a continuación de la coma (, ) que sigue a la palabra ministros, la frase con excepción de la Corte del Trabajo de Santiago que tendrá cuatro, seguida de una coma (, ).

Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente: Los vocales durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. El nombramiento de los vocales que representen a los empleados y a los obreros se hará de entre los nombres que contengan las ternas respectivas que presentará a la Corte del Trabajo correspondiente el Consejo Provincial de la Central Unica de Trabajadores de la provincia en cuya capital tenga su sede la Corte indicada. Para la designación del vocal patronal tendrán también este derecho las asociaciones patronales con personalidad jurídica del departamento. Si las ternas no estuvieren presentadas con quince días de anterioridad al término de las funciones de los vocales, el Presidente de la República hará libremente la designación.

Artículo 501

Reemplázase las expresiones con sus tres por las palabras con todos sus.

Artículo 507

Sustituyese el inciso tercero por el siguiente:

Los abogados integrantes serán seis por cada Corte del Trabajo y los nombrará anualmente el Presidente de la República. Estos abogados integrantes tendrán derecho a la remuneración asignada a los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones por cada sesión a que asistan, sin que puedan reclamar estipendio por más de una sesión diaria.

Agrégase en el inciso quinto, la siguiente frase final: Los Relatores serán subrogados por el Secretario de la Corte.

Agrégase, en el inciso noveno, a continuación del punto que sigue a la palabra económicos, la siguiente frase: En la misma forma serán subrogados los Oficiales Primeros de los juzgados de primera categoría.

Artículo 511

Sustitúyese en el inciso primero, la expresión juzgados, por las palabras los juzgados del trabajo de segunda y tercera categoría.

Agrégase el siguiente artículo nuevo con el número 512:

Artículo 512

Son funciones de los Secretarios de los juzgados del trabajo de primera categoría:

1°.- Sustanciar los procesos, resolviendo las excepciones, incidentes y demás peticiones que se sometan por las partes a decisión del tribunal, hasta que los declare cerrados;

2º.- Decretar las medidas encaminadas a verificar los hechos controvertidos;

3º.- Cerrar los procesos una vez terminada la prueba que rindan las partes o decrete el tribunal y pasar los autos al juez para su fallo, y

4º.- Efectuar las diligencias probatorias que deban practicarse fuera del tribunal y que el juez de la causa determine como medidas para mejor resolver.

Corresponderá asimismo a estos funcionarios fallar los asuntos derivados de la aplicación de la Ley Nº 16. 455 y de aquellos juicios de cuantía inferior a un sueldo vital anual Escala A) del departamento de Santiago, cuando el recargo existente en el tribunal lo haga necesario, previa resolución del juez, la que sólo podrá dictarse con autorización de la Corte respectiva.

Los jueces de primera categoría, al fallar las causas, deberán liquidar en la misma sentencia las sumas que ordenen pagar. Conocerán asimismo del cumplimiento de las sentencias y de las resoluciones de los servicios del trabajo e instituciones de previsión y deberán velar para que la tramitación de los procesos se efectúe dentro de los plazos legales.

Agrégase el siguiente artículo nuevo como artículo 512 bis:

Artículo 512 bis

Son funciones de los Oficiales Primeros de los juzgados de primera categoría:

1°.- Dar cuenta diariamente al juez, o al secretario en su caso, de las solicitudes que presentaren las partes;

2º.- Autorizar las resoluciones del juez o del secretario y hacerlas saber a los interesados que acudieren al tribunal para tomar conocimiento de ellas;

3º.- Dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicite, de los procesos que tengan archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados del juzgado;

4º.- Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles del tribunal, sujetándose a las instrucciones que el Secretario le diere sobre el particular;

5º.- Autorizar los poderes judiciales que pudieren otorgarse ante ellos;

6º.- Llevar el control de los registros y libros de la Secretaría, y

7º.- Practicar las notificaciones por carta certificada y dejar constancia de ellas en el proceso.

Las funciones señaladas en los números 4, 6 y 7 podrán ser desempeñadas, bajo la responsabilidad del Oficial Primero, por los Oficiales Segundos de la Secretaría.

Una vez al año, el Secretario y el Oficial Primero, harán la distribución de las labores del personal, dejarán constancia de ella, en el Libro de Decretos Económicos y la comunicarán a la Corte respectiva.

La obligación establecida en el inciso anterior pesará sobre el Juez y el Secretario en los Juzgados de segunda y tercera categoría.

Artículo 513

Suprímese la frase: Habrá juzgados del trabajo de primera, segunda y tercera categoría.

Artículo 514

Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

Corte del Trabajo de Valparaíso con las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso.

Reemplázase, su inciso final por el siguiente:

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas será considerada dentro del territorio de su jurisdicción, como Tribunal de Alzada del Trabajo para todos los efectos legales, debiendo regirse cuando funcione en tal carácter, por las disposiciones del presente Título en cuanto le fueren aplicables.

Artículo 515

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 515.- Habrá juzgados del trabajo de primera, segunda y tercera categoría.

Serán de primera categoría los que funcionen en las ciudades asiento de una Corte del Trabajo y su número será el siguiente: diez en Santiago, dos en Valparaíso y uno en Concepción.

Serán juzgados del trabajo de segunda categoría los que tengan su asiento en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, en cada una de las cuales habrá un juzgado; y juzgados del trabajo de tercera categoría los que tengan su asiento en las ciudades de Copiapó, La Serena, Ovalle, San Antonio, Linares, Coronel, Los Angeles, Osorno y Punta Arenas y en cada una de ellas habrá también un juzgado.

En el departamento PresidenteAguirre Cerda habrá dos juzgados del trabajo, que serán de tercera categoría.

Artículo 516

Agrégase, después de punto y coma (; ) que sigue a la palabra Coquimbo, las expresiones los de Santiago, sobre el departamento de Puente Alto;

Derógase su inciso segundo.

Artículo 517

Agrégase, en su inciso final, a continuación de la palabra Secretario, las expresiones o el Oficial Primero, en su caso.

Artículo 520

Agrégase, en su inciso primero, a continuación de la coma (, ) que sigue a la palabra Secretario, las expresiones o el Oficial Primero, en su caso.

Artículo 540

Agrégase, en su inciso final, a continuación de la coma (, ) que sigue a la palabra Secretario, las expresiones o el Oficial Primero, en su caso.

Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 525, primero de los artículos 526 y 529 y en los artículos 531 y 535, en seguida de la expresión juez las palabras o el Secretario, en su caso.

Artículo 573

Agrégase el siguiente inciso segundo: La Corte Suprema, al conocer de los recursos de queja, sólo podrá aplicar medidas disciplinarias por las faltas o abusos en que haya incurrido el Tribunal que dictó la resolución que motiva el recurso.

Artículo 579

Elimínase el punto (. ) seguido que sigue a la palabra porteros y agrégase la siguiente frase, que no hayan cumplido cinco años de servicios.

Artículo 580

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 580: La Corte del Trabajo de Santiago tendrá cuatro Ministros, dos Relatores, un Secretario, un Oficial Primero, tres Ayudantes y un Portero.

Las Cortes del Trabajo de Valparaíso y Concepción tendrán tres Ministros, un Secretario, un Oficial Primero, un Oficial Ayudante y un Portero.

Artículo 581

Reemplázase por el siguiente:

Artículo 581.- Los juzgados del trabajo de primera categoría tendrán el siguiente personal: los de Santiago, un juez, un secretario, un oficial primero, un receptor, cuatro oficiales segundos y un portero; los de Valparaíso, un Juez, un secretario, un oficial primero, un receptor, tres oficiales segundos y un portero; los de Concepción, un juez, un secretario, un oficial primero, un receptor, dos oficiales segundos y un portero.

Artículo 584

Reemplázase por el siguiente:

Artículo 584.- Los Secretarios de las Cortes y Juzgados de Valparaíso y Concepción, de los juzgados de segunda y tercera categoría y los Receptores, deberán rendir fianza equivalente a seis sueldos mensuales.

Artículo 9º.- Los Presidentes de las Cortes del Trabajo podrán cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, encomendar al Secretario practicar diligencias probatorias fuera del Tribunal o la relación de causas en determinados días de la semana. En estos casos los oficiales primeros subrogarán al Secretario.

Los Jueces de 2ª y 3ª categoría, previo acuerdo de la Corte del Trabajo, podrán encomendar al Secretario las funciones que se señalan en el artículo 512. En estos casos los Secretarios serán subrogados en la forma que determina el artículo 507.

Artículo 10.- La Corte del Trabajo de Santiago, integrada por Abogados de conformidad al artículo 507 del Código del Trabajo, se dividirá en dos salas para el despacho de las causas, cuando por el número de asuntos en estado de verse, no sea posible su resolución dentro del término a que se refiere el artículo 565 del Código del Trabajo.

Producido este caso y si no bastaren los relatores en propiedad el Tribunal designará por mayoría de votos los relatores interinos que estime convenientes, quienes gozarán durante el tiempo en que sirvieren de igual remuneración que los propietarios.

Artículo 11.- Los Secretarios de los Juzgados de 1ª categoría figurarán en la Sección C del Escalafón Judicial del Trabajo.

Artículo 12.- Los Tribunales del Trabajo podrán enviar los expedientes por vía aérea, con cargo a los fondos asignados para gastos menores de Secretaría.

Artículo 13.- Podrá el Presidente de la República, a medida que los recursos fiscales lo permitan, crear uno o más juzgados del trabajo o modificar los territorios jurisdiccionales de los actualmente existentes o de los que se creen en conformidad a este artículo, de acuerdo a las necesidades del mejor servicio judicial.

Creado un juzgado del trabajo no podrá ser suprimido sino por medio de una ley.

Artículo 14.- Reemplázase el artículo 6º de la Ley Nº 16. 455 por el siguiente:

Las cuestiones a que dé origen la aplicación de esta ley, serán de competencia de los tribunales del trabajo.

Artículo 15.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 7º de la Ley Nº 16. 899 por el siguiente:

Trasládase el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago al departamento PresidenteAguirre Cerda.

Artículo 16.- El gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputaría Item 10/01/01/035. 003 Provisión de fondos para creación y elevación de juzgados de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia.

Disposiciones transitorias

Artículo 1º.- La Corte del Trabajo de Santiago, durante los primeros 45 días de vigencia de la presente ley, deberá distribuir las nuevas demandas exclusivamente entre los cinco juzgados que se crean en la modificación que se introduce al artículo 515 del Código del Trabajo.

Artículo 2º.- Las causas que estuvieren conociendo los tribunales actualmente existentes, seguirán radicadas en ellos hasta su terminación.

Artículo 3º.- El personal del Juzgado del Trabajo trasladado a Viña del Mar por la Ley Nº 16. 899, continuará desempeñando sus cargos sin necesidad de nuevo nombramiento.

Artículo 4º.- Lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Lisandro Cruz Ponce.

3.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 125.- Santiago, 27 de enero de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Colegio de Viajantes. (Boletín Nº 325 de la H. Cámara de Diputados).

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.

4.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 124.- Santiago, 27 de enero de 1971.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 14. 511, de 3 de enero de 1961, sobre legislación indígena. (Boletín Nº 1. 968 de la H. Cámara de Diputados).

Saluda fraternalmente a V. E.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.

5.-OFICIO DEL SENADO

Nº 9488.- Santiago, 29 de enero de 1971.

Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha tenido a bien aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Créanse Municipalidades en las comunas de Palena y Futaleufú, y concédeseles para este efecto autonomía a cada una de estas comunas.

El territorio de la comuna autónoma de Futaleufú quedará integrado por el mismo territorio que tiene actualmente la comuna de este nombre, cuya cabecera será el pueblo de Futaleufú.

La comuna autónoma de Palena quedará integrada por el territorio de la comuna del mismo nombre, y su cabecera será el pueblo de Palena.

Artículo 2º.- El Instituto Corfo-Chiloé destinará anualmente y por un lapso de tres años contados desde la vigencia de esta ley un aporte equivalente a 25 sueldos vitales anuales, Escala A), del departamento de Santiago, para cada una de las Municipalidades de Chaitén, Palena y Futaleufú, el que se reducirá a 12 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, después de tres años, quedando dicho aporte en carácter de indefinido para estas Municipalidades.

Los aportes indicados en el inciso anterior deberán ser depositados por el Instituto Corfo de Chiloé en las cuentas bancarias de las respectivas Municipalidades, en dos cuotas semestrales, y dentro de los meses de enero y julio de cada año. Dichos aportes pasarán a incrementar los ingresos ordinarios de las referidas Municipalidades.

Artículo 3º.- Las cuentas por pagar de la actual Municipalidad de Chaitén, serán siempre de cargo de esta Municipalidad.

Las contribuciones, patentes, cuentas y demás créditos devengados o producidos en favor de la Municipalidad de Chaitén, pendientes a la fecha en que entrará a regir la presente ley y que corresponden a las nuevas Municipalidades de Futaleufú y Palena, deberán pagarse a la Municipalidad de Chaitén.

Las Municipalidades de Futaleufú y Palena no podrán cobrar ninguna suma de dinero devengada con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, a la Municipalidad de Chaitén, ni tampoco podrán pagar deudas contraídas por ésta.

Artículo 4º.- Autorízase al Presidente de la República para nombrar una Junta de Vecinos compuesta de 5 miembros, a uno de los cuales designará Alcalde, en las Municipalidades de Futaleufú y Palena.

Estas Juntas de Vecinos tendrán a su cargo la administración comunal hasta que entre en funciones la Municipalidad que deberá elegirse en forma ordinaria de acuerdo con la Ley de Elecciones.

Artículo 5º.- Autorízase al Presidente de la República para que dicte las providencias necesarias para organizar en las nuevas Municipalidades los servicios de Tesorería, Carabineros y demás que sean necesarios para la administración comunal.

Artículo 6º.- Los Alcaldes de las Municipalidades de Futaleufú y Palena deberán desempeñar adhonorem las funciones de Juez de Policía Local de la comuna.

Artículo 7°.- Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorización concedida al Presidente de la República por el artículo 2º de la ley Nº 4. 544.

Artículo 8º.- Sustitúyese la letra b) del artículo 3º de la ley Nº 17. 382, por la siguiente:

b) Un 30% será puesto a disposición de las siguientes Municipalidades, en la proporción que a continuación se indica:

Ancud 19%

Castro 19%

Quemchi 4%

Dalcahue 7%

Chonchi 10%

Queilén 6%

Quellón 7%

Puqueldón 4%

Achao 10%

Curaco de Vélez 4%

Chaitén 4%

Palena 3%

Futaleufú 3%

Artículo 9º.- La presente ley entrará en vigencia a los 60 días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar.- Daniel Egas Matamala.

6.-OFICIO DEL SENADO

Nº 9480.- Santiago, 25 de enero de 1971.

En sesión de fecha 19 del actual, el H. Senador señor Víctor García, durante el análisis que se hizo en esta Corporación de los ataques a la independencia del Poder Judicial pidió al Senado dirigir oficio a V. E., en nombre de Su Señoría y en el de los Honorables Senadores del Comité Nacional, sugeriéndole estudiar la posibilidad de que esa H. Cámara designe una Comisión Investigadora que determine si son efectivas las denuncias formuladas recientemente por dieciocho personas y, anteriormente, por una comisión de más de cien juristas, relacionadas con flagelaciones que habrían sufrido numerosos detenidos por el Servicio de Investigaciones.

Adhirieron a esta petición, los Honorables Senadores miembros de los Comités Democratacristianos, Radical, Comunista, Social Demócrata, Socialista y Democracia Radical.

Envío a V. E. el presente oficio en nombre de los expresados señores Senadores y acompaño adjunto el Diario de Sesiones pertinente de esta Corporación.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Ricardo Ferrando Keun.- Daniel Egas Matamala.

7.-OFICIO DEL SENADO

Nº 9592.- Santiago, 2 de febrero de 1971.

El Senado ha tenido a bien aprobar el informe de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores designada para considerar los problemas derivados de la aplicación de la Reforma Constitucional vigente a partir del 4 de noviembre de 1970, al proceso de formación de la ley, dejando expresa constancia de lo siguiente:

a) En los casos contemplados en los Nºs. 2, 3 y 4 de la letra A) y 1 y 2 de la letra B) de dicho informe, debe entenderse que la declaración de inconstitucionalidad de un proyecto de ley o de una parte del mismo hecha por un Presidente de Comisión, debe ser resuelta en definitiva por la Sala de la Corporación, de acuerdo con lo resuelto expresamente por el Senado en sesión de 27 de febrero de 1968;

b) En conformidad al artículo 112 del Reglamento del Senado, el Presidente de la Sala tiene facultad exclusiva para pronunciarse sobre las indicaciones que planteen la inconstitucionalidad de un proyecto o de una parte del mismo, a menos que estime dudosa la cuestión y la someta de inmediato a la decisión de la Sala. A falta de tal indicación, el pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad debe ser adoptado, en todo caso, por la Sala y

c) El Senado, en los casos a que se refiere el informe de la Comisión Mixta en los Nºs. 3 y 4 de la letra A) y 2 de la letra B), a través de la Sala o de la Comisión respectiva, debe desechar o reprobar el proyecto o la parte afectada por la inconstitucionalidad, dejando expresa constancia de ella, pero no puede declararlo inadmisible o inconstitucional, porque los artículos 48, 49 y 50 de la Constitución Política del Estado, que rigen la tramitación del proyecto una vez aprobado por la Cámara de origen, no facultan para hacer semejante declaración.

Lo que tengo a honra comunicar a V. E.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar.- Daniel Egas Matamala.

8.-INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR DIEZ SEÑORES DIPUTADOS EN CONTRA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, DON LISANDRO CRUZ PONCE

Honorable Cámara:

La Comisión de Acusación designada por la Corporación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, atribución 1ª, de la Constitución Política del Estado, pasa a informaros la acusación constitucional deducida el día 21 de enero de 1971, por los señores Arnello, don Mario; Klein, don Evaldo; Godoy, don Domingo; Alamos, don Hugo; Amunátegui, don Miguel Luis; Lorca, don Gustavo; Ríos, don Mario; Monckeberg, don Gustavo; Undurraga, don Luis y Alessandri, don Gustavo, en contra del señor Ministro de Justiciadon Lisandro Cruz Ponce, por haber infringido la Constitución, atropellado las leyes y haberlas dejado sin ejecución.

A.- Relación de las actuaciones de la Comisión.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento Interior, la Corporación, en sesión celebrada el día martes 26 de enero de 1971, procedió a elegir por sorteo a los miembros de la Comisión, la que quedó integrada por los señores Alvarado, don Pedro; Andrade, don Carlos; Jaque, don Duberildo; Sabat, don Jorge; y Ureta, don Santiago.

La Comisión celebró su sesión constitutiva, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento, el día miércoles 27 de enero a las 12 horas y eligió Presidente de ella, por unanimidad, al señor Alvarado, don Pedro.

Por asentimiento unánime, a proposición de la Mesa, adoptó de inmediato, diversos acuerdos relacionados con el desempeño de su cometido:

a) Solicitar la asistencia del Cuerpo de Taquígrafos a todas las sesiones que celebre;

b) A proposición de diversos señores Diputado, invitar al señor Contralor General de la República y a los profesores universitarios señores Jorge Guzmán Dinator, Eduardo Novoa Monreal, Jorge Ovalle Quiroz, Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Silva Cimma.

Con posterioridad, en el transcurso de la sesión, se acordó extender la invitación a los profesores señores Sergio Politoff y Alfredo Etcheberry.

Todas las invitaciones fueron cursadas oportunamente, no concurriendo a la Comisión los señores Guzmán y Etcheberry, cuyas invitaciones fueron dejadas, más tarde, sin efecto, por asentimiento unánime.

El señor Ministro acusado fue citado con el objeto de escuchar su defensa oral o escrita para el día jueves 28 del presente, a contar de las 10 horas.

A proposición de diversos señores Diputados, se acordó dirigir oficio:

a) Al señor Presidente de la Excma. Corte Suprema con el objeto de solicitar el envío de los procesos a que se hace referencia en el Decreto de indulto Nº 2. 071 de 18 de diciembre de 1970, del Ministerio de Justicia y, en el evento de que no pudieran ser remitidos, informe acerca del estado de los procesos, delitos que se encuentran investigados, monto de lo hurtado o robado, nómina de las víctimas y calificación de las sesiones recibidas.

b) Al señor Ministro de Justicia, para solicitar la remisión de los antecedentes que sirvieron de base a la dictación de los decretos de indulto y de insistencia.

c) Al señor Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, solicitando copia de la sentencia dictada por ese Alto Tribunal, con fecha 8 de enero de 1971, recaída en el expediente rol Nº 120. 705, en que se hace presente que la responsabilidad penal de los procesados, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, se habría extinguido conforme a lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 93 del Código Penal, por habérsele otorgado la gracia del indulto, no obstante haber proceso pendiente.

d) Al señor Director de la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República, solicitando copia del libreto del programa de Canal 7 TV, A Tres Bandas, con la intervención del señor Presidente de la Excma. Corte Suprema, don Ramiro Méndez Brañas.

A proposición del señor Andrade, se acordó, por unanimidad, dirigir oficio al señor Director Nacional de Impuestos Internos, para que, si lo tiene a bien, informe a la Comisión acerca de las funciones que desempeña en ese Servicio el señor Jorge Ovalle Quiroz, horario que debe cumplir y controles a que se encontraría sometido.

El señor Ministro acusado envió su defensa por escrito, el día jueves 28 de enero de 1971, la que aparece inserta en el Boletín Nº 611-71-1-A.

A proposición del señor Arnello, por asentimiento unánime, se acordó dejar constancia en el informe, en documento anexo, respecto de los procesos cuyos originales llegaren oportunamente a la Secretaría de la Comisión, de los inculpados que hayan sido encargados reos, de los delitos por los cuales se les procesa, nómina de las víctimas y calificación de las lesiones que hubieren recibido.

Por asentimiento unánime, se acordó conceder un tiempo de hasta diez minutos a cada señor Diputado para fundamentar su voto.

De todo el debate habido en el seno de la Comisión, se tomó versión taquigráfica, la que se encuentra impresa a disposición de los señores Diputados.

La Comisión celebró una sesión, ya que la sesión constitutiva, citada para el día miércoles 27 de enero a las 12 horas, fue objeto de prórrogas sucesivas, por asentimiento unánime, suspendiéndose a las 19. 20 horas del día miércoles 27, reanudada a las 10 horas del día jueves 28 de enero y levantada ese día a las 20. 35 horas, sesionando un total de 9 horas y 55 minutos. Despachó 13 oficios y escuchó a 6 personas.

B.- Síntesis de la acusación constitucional.

En conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 143 del Reglamento, corresponde efectuar una síntesis del contenido de la acusación.

Se imputan al señor Ministro, don Lisandro Cruz Ponce, tres cargos específicos:

a) Haber infringido la Constitución Política del Estado;

b) Haber atropellado las leyes, y

c) Haberlas dejado sin aplicación.

Se expresa que el señor Ministro acusado, habría incurrido en actuaciones u omisiones, en el ejercicio de su cargo, que serían constitutivas de delitos comunes sancionados en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Interior del Estado Nº 12. 927, conducta que, analizada en conjunto, constituye un atentado a la independencia, integridad, autoridad y dignidad del Poder Judicial.

A continuación, se hace un análisis detallado de cada uno de los hechos o actuaciones del señor Ministro de Justicia que configurarían los cargos que se le imputan y éstos son, básicamente, tres:

1) Ilegalidad e inconstitucionalidad de indultos;

2) Inobservancia de leyes y ataques a la independencia del Poder Judicial, y

c) Incumplimiento de deberes constitucionales y legales.

Nos referiremos, en particular, a cada uno de los capítulos de cargos.

1) Ilegalidad e inconstitucionalidad de indultos

Por Decreto Supremo Nº 2. 071, del Ministerio de Justicia, de fecha 18 de diciembre de 1970, firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce, se concedió indulto de las penas, incluso de las accesorias que pudieren corresponderles, a diversas personas en los procesos que se mencionan en causas que se tramitan en distintos Tribunales de la República, en virtud de la facultad que el Nº 12 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado otorga al Presidente de la República.

La Contraloría General de la República, por oficio Nº 88. 536, de 23 de diciembre de 1970, devolvió sin tramitar dicho decreto, por estimar que infringía el Reglamento de Indultos, el artículo 80 de la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales que se señalan en el citado oficio.

El Gobierno, por decreto Nº 2092, del Ministerio de Justicia, de 28 de diciembre de 1970, bajo la firma de todos los señores Ministros de Estado, insistió en el decreto 2071 y la Contraloría General de la República tomó razón de él y procedió a comunicar ese hecho a la Cámara de Diputados, conforme lo ordena su ley orgánica.

Afirman los acusadores que el señor Ministro de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política del Estado, es personalmente responsable de la dictación, envío y reenvío del decreto observado, que lleva su firma.

En seguida, se analizan las consideraciones que tuvo la Contraloría General de la República para reparar, o sea, rechazar el decreto de indulto, que son en síntesis las siguientes:

a) Que el indulto, según los acusadores, sólo puede ser decretado una vez que se ha dictado sentencia condenatoria ejecutoriada;

b) Que los indultos conferidos tienen por objeto sustraer de los Tribunales de Justicia el juzgamiento de los procesos criminales respectivos, con lo que se vulnera el artículo 80 de la Constitución Política del Estado;

c) Que las alegaciones invocadas por el Supremo Gobierno fundadas en los artículos 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal y 93 del Código Penal, son irrelevantes, disposiciones que sólo son aplicables a los indultos de carácter general, dictados por ley.

En el libelo se fundamenta la acusación al señor Ministro de Justicia en la interpretación jurisprudencial y en la doctrina. Se refuerza la tesis con la opinión del Profesor de Derecho Penal don Eduardo Novoa Monreal, actual Presidente del Consejo de Defensa del Estado contenida en su obra Curso de Derecho Penal, quien sostiene que sólo procede el indulto cuando existe sentencia condenatoria ejecutoriada.

Como conclusión se expresa que el señor Ministro acusado firmó ambos decretos, no representó al Presidente de la República la inconstitucionalidad e ilegalidad de los mismos, cuando el efecto pretendido pudo haberse alcanzado a través del mecanismo constitucional respectivo, esto es la ley de amnistía.

2) Inobservancia de leyes y ataques a la independencia del Poder Judicial.

Se señala en el libelo que es función del Ministro de Justicia atender a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y que existe una interrelación entre ambos en algunos aspectos de carácter administrativo y presupuestario; pero, en cuanto a la función jurisdiccional se refiere, el Poder Judicial goza de independencia, consagrada por la Carta Fundamental y las leyes.

Afirman los acusadores que el señor Ministro de Justicia, con infracción a sus obligaciones y a las normas legales vigentes, ha hecho escarnio y motivo de ataque, de difamación, de injurias y calumnias, al Poder Judicial, representado por su más alta jerarquía, que es la Corte Suprema de Justicia. Se agrega que el país ha presenciado una campaña de injurias, calumnias y desprestigio en contra de la Corte Suprema, a través de la prensa, radio, televisión, letreros, etc., todo ello con el propósito de ejercer presión, amedrentamiento y llegar así a someter a los integrantes del Poder Judicial, amagándose, de esta manera, su independencia.

Se sostienen que estos hechos configuran delitos de injuria, calumnia, desacato y contra el orden público, sancionados en los artículos 4º y 6º de la ley Nº 12. 927, sobre Seguridad Interior del Estado.

Se imputa al señor Ministro de Justicia el no haber representado al Gobierno estos hechos; no haber requerido el ejercicio de las acciones legales correspondientes y el haberse sumado a los ataques para desacreditar y desprestigiar a la justicia chilena.

Se señalan como ejemplo de los actos que representarían la adhesión del señor Ministro a estos ataques al Poder Judicial, los siguientes:

a) En los juicios críticos emitidos por él para referirse al fallo de la Corte Suprema que desechó el desafuero del Senador señor Raúl Morales Adriasola.

Se afirma que algunas de las expresiones empleadas son constitutivas de los delitos de injuria, desacato y calumnia.

Asimismo, se expresa que el señor Ministro acusado no ha dado aplicación a la norma constitucional que lo obliga a velar por la conducta de los jueces ni tampoco ha efectuado las gestiones necesarias para que se acuse constitucionalmente a los Magistrados por las supuestas faltas que habrían cometido, según el señor Lisandro Cruz Ponce.

b) Declaraciones en conferencias de prensa, relativas a la irresponsabilidad de los Ministros de la Corte Suprema, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, las que no han sido desmentidas ni rectificadas por el señor Ministro.

c) Declaraciones formuladas durante el desarrollo de la Cuarta Convención Nacional de Magistrados, en las que formuló diversas críticas al sistema judicial chileno, y

d) El texto de la carta pública, con la que rechazó la renuncia formulada por don Enrique Silva Cimma, al cargo de abogado integrante de la Corte Suprema, en la que habría denostado a la Corte Suprema.

Como conclusión se señala que todos esos actos constituyen una presión ilícita, que no se desvirtúa por el hecho de afirmarse que se hacen en nombre del interés popular, de las grandes mayorías o del pueblo sino que, por el contrario, se configura con ello el delito de sedición contemplado en el artículo 3° de la Constitución Política del Estado.

3) Incumplimiento de deberes constitucionales y legales.

En este Capítulo de la acusación se expresa que el señor Ministro acusado ha tenido conocimiento, por publicaciones de prensa del día 6 de enero de 1971, de una reunión de alto nivel en una de las Oficinas del Estado Mayor del Ejército. Según trascendió, el instructor militar se reunió con el Juez Militar, el Ministro de Defensa, altos personeros del Ejecutivo y los abogados del Gobierno Sergio Politoff y Juan Bustos, y nada ha hecho el señor Lisandro Cruz Ponce frente a una situación de tal naturaleza, que vulnera el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales y que constituye una violación a las obligaciones y prohibiciones que afectan a los Jueces, aplicables a los Tribunales Militares. En tal virtud se imputa al señor Ministro haber infringido el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal que, en su número 3º, obliga a los empleados públicos a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

El libelo llega a la conclusión de que por este hecho debe ser sancionado el señor Ministro, ya que constituye incumplimiento grave de sus deberes.

Se concluye finalmente que debe acogerse la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Justiciadon Lisandro Cruz Ponce, por a) infracción a la Constitución, b) atropellamiento de las leyes y c) por haberlas dejado sin ejecución.

C.- Síntesis de la defensa del Ministro acusado.

En conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 143 del Reglamento, corresponde hacer una síntesis de la defensa del señor Ministro acusado.

En primer término, cabe hacer presente que la Comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 citó al señor Ministro a la sesión que debía celebrar el día 28 del presente a las 10 horas, con el objeto de escuchar su defensa.

El señor Lisandro Cruz Ponce, envió su defensa escrita el día 28 de enero de 1971.

En ella, en primer lugar, formula algunas consideraciones críticas sobre la presentación de la acusación misma y la califica como aventura política, sin fundamentos jurídicos y éticos plausibles, y que a la postre constituye un ejercicio abusivo de la facultad que el artículo 39, atribución 1ª de la Constitución Política del Estado entrega a la Cámara de Diputados.

Analiza cada uno de los capítulos de Acusación y se refiere en particular a ellos con el objeto de desvirtuarlos.

I) Supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad de indultos.

Hace una relación de la dictación del decreto Nº 2071, del Ministerio de Justicia, por el cual se indultó a diversas personas, de la representación de la Contraloría General de la República y la dictación del decreto de insistencia.

Califica su actuación como perfectamente ajustada a la Constitución y a la ley y concluye que no hay fundamento para deducir Acusación Constitucional en su contra por este capítulo y concepto.

Fundamenta la improcedencia de la Acusación en las siguientes consideraciones:

a) de carácter formal;

b) en cuanto a la insistencia;

c) los precedentes, y

d) la norma constitucional y su reglamentación.

Nos referiremos en particular a cada uno de los fundamentos de descargo.

a) De carácter formal.- Se argumenta de que la referencia al artículo 21 de la Constitución y el artículo 10 de la ley Nº 10. 336, es impertinente, porque dicha norma sólo es aplicable respecto de los decretos que se dicten en conformidad al Nº 10 del artículo 72 de la Carta Fundamental.

En seguida, dentro del mismo plano formal, se hace presente que la acusación, teóricamente, debió haberse dirigido en contra de todos los Ministros del Gabinete que firmaron el decreto de insistencia y no sólo en contra de uno, y ello no ocurrió debido a que los acusadores tuvieron conciencia de la monstruosidad de sus planteamientos.

b) En cuanto a la insistencia.- Se expresa que el mecanismo de la insistencia, en la doctrina del Derecho Administrativo, es un arbitrio que tiene por objeto resolver el conflicto que deriva de la interpretación de la ley, que en un instante dado puede dar el Ejecutivo y la Contraloría. Es lógico que el sistema dé prevalencia al Ejecutivo, porque al Presidente de la República le corresponde la administración del Estado.

Se destaca que en centenares de oportunidades se han producido situaciones de esta naturaleza, sin que por ello se hayan interpuesto acusaciones constitucionales.

c) Los precedentes.- Se señalan diversos Decretos Supremos del Ministerio de Justicia, Nº. 5. 296, de 1938; 1. 913, de 1946 y 4. 949, de 1952, todos ellos tramitados por la Contraloría General de la República, por los cuales se indultó a personas que se encontraban sometidas a proceso.

Se hace presente que la Acusación Constitucional procede por infracción a la Carta Fundamental o atropello a la ley; pero mal puede darse tal situación frente a una divergencia de interpretación de normas jurídicas entre el criterio sustentado por la Contraloría y el Ejecutivo.

d) El precepto Constitucional y su reglamentación. Se analiza el artículo 72 Nº 12 de la Constitución Política del Estado y se concluye que la facultad del Presidente de la República es discrecional, la que puede ser ejercitada, también, por el Congreso en su caso.

Algunos autores, tal como el señor Enrique Evans, en su obra Relación de la Constitución Política del Estado, (página 129) opina con respecto a esta materia que la Constitución no ha fijado límites al Presidente de la República para el ejercicio de esta atribución.

Se argumenta que el propio Ejecutivo, por razones de carácter práctico se autolimitó su facultad discrecional al dictar el Reglamento de Indultos, aprobado por decreto Nº 3. 590, aplicable a los reos condenados, sin establecer límite respecto de los reos en proceso.

Que este decreto es una norma meramente reglamentaria, dictada en uso de sus facultades discrecionales del Presidente de la República y ha sido modificada en numerosas oportunidades durante su vigencia, con el objeto de disminuir su rigorismo e incluso puede ser derogado por el propio Ejecutivo, ya que como lo califica el Profesor de Derecho Administrativo donPatricio Aylwin, constituyen un tipo de reglamentos autónomos.

El Ejecutivo, por decreto Nº 2. 938, de 11 de diciembre de 1970, modificó el artículo 11 del Reglamento de Indultos para facultar al Presidente de la República para prescindir de los requisitos y tramitaciones del Reglamento y en tal virtud se dictó el decreto de indulto que motiva la Acusación.

Que en esta virtud no procede acusar al Ministro de Justicia por la causal de la letra b) de la atribución 1ª del artículo 39 de la Carta Fundamental, porque ella regula las infracciones a la Constitución y atropello de las leyes, en cambio, en la especie, estamos en presencia de una supuesta infracción a un decreto, dictado en uso de una facultad discrecional y como el precepto constitucional es de derecho estricto exige una interpretación restrictiva.

e) El artículo 80 de la Constitución.- La Acusación supone como precepto infringido el artículo 80 de la Carta Fundamental, que consagra la independencia del Poder Judicial en dos sentidos: que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden ejercer funciones judiciales, esto es, avocarse a causas pendientes o revivir procesos fenecidos.

Se argumenta que el artículo 72 Nº 12 y el artículo 80 no pueden interpretarse en forma que tenga preeminencia el artículo 80 sobre el 72. Si se ejercita la facultad discrecional que la Constitución otorga al Presidente de la República, mal puede vulnerarse el artículo 80, ni afirmar que se atribuye una función judicial.

f) La ley penal y de procedimiento penal.- El artículo 93 Nº 4 del Código Penal establece que la responsabilidad penal se extingue por el indulto, sin distinguir si se trata de indultos generales o particulares.

En seguida, el Nº o del artículo 408, del Código de Procedimiento Penal, establece que procede el sobreseimiento definitivo cuando se extingue la responsabilidad por los motivos designados en el artículo 93 del Código Penal, entre los que figura el indulto.

Luego, el artículo 433 Nº 6 del Código de Procedimiento Penal establece como artículo de previo y especial pronunciamiento la amnistía o indulto, sin precisar si se trata de un indulto de carácter general o particular.

g) Jurisprudencia Judicial.- Se refuerza la argumentación con un fallo de la Corte Marcial de la Armada de Valparaíso, de fecha 10 de julio de 1939, que aprobó la sentencia que sobreseyó definitivamente a don Manuel Barrera Barrera, el que fue indultado por el Presidente de la República, mientras la causa se encontraba en estado de sumario, la que aceptó sin reparo alguno el sobreseimiento definitivo en dicho caso. (Ver Anexo de Documentos Nº XIV).

Como conclusión afirma el señor Ministro acusado que queda plenamente demostrado que no se ha infringido la Constitución ni atropellado la ley al dictar el decreto de insistencia, sino que se ha hecho uso de la facultad legal del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que consagra la insistencia para poner término a un diferendo entre el Ejecutivo y la Contraloría.

Formalmente, no existe atropello a la ley, ya que no hay norma legal alguna que impida conceder un indulto en el caso de un proceso pendiente y técnicamente el Reglamento sobre Indultos no es formalmente una ley y su hipotética infracción no permite fundamentar una acusación, con arreglo al artículo 39, Nº 1, letra b), de la Constitución.

II) Supuesta inobservancia de leyes y ataques al Poder Judicial.

Se advierte que este capítulo de la Acusación es confuso ya que se le acusa por dos causales: una, haber dejado las leyes sin ejecución y la otra, haberlas atropellado. Aquí es donde se demuestra el carácter político partidista de la Acusación y su falta de fundamento y seriedad jurídica.

Se representa que la Carta Fundamental no contempla como causal de acusación la inobservancia de las leyes o ataques a la independencia del Poder Judicial.

Que se pretende fundar una supuesta infracción a la Constitución y por el otro, se imputa dejar sin ejecución las leyes, y se pretende usar los mismos hechos para configurar distintas infracciones, para responsabilizarlo por una sola y misma conducta.

El cargo concreto sería haber criticado a la Corte Suprema y permitir que terceros la criticaran, atentando en contra de las críticas vertidas, e incluso más, hay algo, los acusadores incurren en una confusión al enumerar diversos tipos de delitos que se habrían cometido con ocasión de las críticas vertidas, en incluso más, hay errores de referencia a los artículos del Código Penal que se citan.

Se expresa que con esfuerzo se podría desentrañar el sentido de la imputación de lenidad, al no recabar la acción de la Justicia para sancionar a los terceros responsables de injuriar a la Corte Suprema y el no haber requerido el ejercicio de las acciones disciplinarias en contra de los Jueces, como lo ordena el Nº 4 del artículo 72 de la Carta Fundamental.

Se concluye que una omisión excluye a la otra, y a que si aceptamos la primera, significa que los hechos son falsos; y si se acepta la segunda que son verdaderos.

Se afirma que no existen tales omisiones porque no hay norma constitucional ni legal que ordene ese tipo de representaciones, y la prueba más concreta es que los acusadores no señalan ningún precepto legal como infringido, sino que en forma genérica el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, porque ellas las omisiones imputadas significarían que por la vía de la crítica se vulneraría la independencia del Poder Judicial.

Se analiza el concepto de independencia del Poder Judicial, que garantiza el artículo 80 de la Constitución, para el ejercicio de las funciones propias del mismo, dentro del concepto clásico de división de los Poderes Públicos de Montesquieu, y que jamás las críticas a las actuaciones de un Poder pueden constituir violación de su independencia, ya que pensar de una manera contraria significaría desconocer las bases que inspiran el sistema democrático de gobierno, a saber: a) la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y b) el control de tales funcionarios por la opinión pública.

Se agrega que el Ministro de Justicia no puede coartar la libertad de opinión, que en este caso se traduce en una crítica a la Corte Suprema. El hecho de que el propio Presidente de la República haya criticado la actuación de este Tribunal no significa que el Poder Ejecutivo haya alentado u organizado una crítica al Tribunal Supremo, ya que incluso el propio Ministro del Interior ordenó borrar los letreros supuestamente injuriosos a ese Alto Tribunal.

No es la primera vez que se critica a los Poderes Públicos en Chile, algunos Presidentes de la República han criticado duramente al Congreso Nacional.

Reconoce que como ciudadano ha criticado el fallo pero, en ningún momento, ha atacado o vilipendiado a la Corte Suprema.

Señala el señor Ministro acusado que el propio señor Presidente de la Corte Suprema ha reconocido el derecho del Presidente de la República de discrepar con el fallo de ese Alto Tribunal.

Finalmente, afirma en dicho acto en ningún momento por el hecho de criticar, como simple particular, una sentencia judicial se ha atentado en contra de la independencia del Poder Judicial en los términos que señala el artículo 80 de la Constitución Política del Estado.

Pide, como conclusión, el rechazo de este capítulo de la Acusación.

Finalmente, se hace cargo de la imputación de no haber denunciado a la Justicia el supuesto delito, que se habría cometido con motivo de una reunión en que habrían participado el Juez Militar, el Ministro de Defensa Nacional, altos personeros del Ejecutivo y los abogados Sergio Politoff y Juan Bustos.

Expresa el señor Ministro que este cargo se basa en una falsa información de prensa por lo que se abstiene de hacer consideraciones sobre una Acusación que tiene un fundamento tan inconsistente, ya que la referida reunión nunca tuvo lugar y mal podría ponerse en movimiento una acción judicial para perseguir hechos inexistentes.

I.- Ilegalidad e inconstitucionalidad de indultos.

El libelo acusatorio, desarrollando los cargos específicos que se imputan al señor Ministro acusado, en el Capítulo I se refiere a la ilegalidad e inconstitucionalidad de los indultos decretados por el Presidente de la República.

Con fecha 18 de diciembre de 1970 se dictó el decreto Nº 2. 071, del Ministerio de Justicia, por el cual se concedió indulto particular a las 43 personas que en él se mencionan.

La Contraloría General de la República, devolvió el citado decreto por considerar que él infringía el artículo 80 de la Constitución Política del Estado en relación con el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales, que impiden al Presidente de la República ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes, además del artículo 93 Nº 4 del Código Penal, disposición que a juicio del Organismo Contralor exigiría que los beneficiarios del indulto estuviesen condenados por sentencia ejecutoriada.

A mayor abundamiento, hace presente la Contraloría que la modificación introducida al Reglamento de Indultos por el decreto Nº 2. 038 del Ministerio de Justicia, de 11 de diciembre de 1970, no puede alcanzar a aquellos artículos de ese Reglamento artículos 1º y 2°cuyas exigencias emanan de un texto legal, como sería en este caso el ya citado artículo 93 Nº 4 del Código Penal.

El Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere el artículo 10 de la ley Nº 10. 336, Orgánica de la Contraloría General de la República, con la firma de todos sus Ministros, dictó el decreto de Justicia Nº 2. 092, de 28 de diciembre de 1970, en virtud del cual, por las consideraciones que en él se expresan, ordenó a la Contraloría General de la República tomar razón del decreto Nº 2. 071.

La Contraloría General de la República en cumplimiento de la obligación que le impone la misma norma legal citada, procedió a comunicar a la Cámara de Diputados, por oficio Nº 89. 841, de 30 de diciembre de 1970, la toma de razón del decreto de insistencia, remitiendo copia de todos los antecedentes.

Como fundamentos de la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto de indulto, señalan los acusadores en síntesis, que el indulto particular sólo procede en presencia de una sentencia firme; que los indultos decretados persiguen como finalidad que los Tribunales se vean impedidos de poder seguir procesando e investigando numerosos delitos, lo que vulneraría el artículo 80 de la Constitución Política y, finalmente, que los considerandos del decreto de insistencia carecerían de relevancia.

Nuestra legislación positiva no define el indulto; se limita a señalar en el artículo 93 Nº 4, inciso segundo, algunos de los efectos que produce.

La doctrina lo define como la remisión total o parcial de la pena impuesta por una sentencia judicial firme o su conmutación por otra más breve.

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que indulto es la gracia por la cual el superior remite el todo o parte de una pena o la conmuta, o exceptúa y exime a uno de la ley o de otra cualquier obligación.

Haciendo una breve síntesis de las opiniones emitidas tanto a favor o en contra del decreto de indulto cuestionado, es posible señalar:

A.- En relación a su ilegalidad e inconstitucionalidad.

a) A juicio de los acusadores, las objeciones de la Contraloría General de la República corresponden plenamente a las disposiciones legales y constitucionales vigentes, a la Jurisprudencia de nuestros Tribunales y a la opinión generalizada de los autores nacionales y extranjeros;

b) En nuestra legislación positiva el indulto particular sólo procedería ante una sentencia condenatoria firme según se desprendería de lo dispuesto en los artículos 93 Nº 4 del Código Penal y 1º y 2º del decreto Nº 3. 590, de 1959, Reglamento General de Indultos, es una atribución de carácter judicial que implica suspender algunos de los efectos de una ley que ya ha sido aplicada por los Tribunales de Justicia;

c) Que el indulto particular decretado antes de existir sentencia condenatoria a firme, priva a los Tribunales del derecho y de la facultad de conocer y juzgar las causas criminales, con lo que se vulneraría el artículo 80 de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales que entrega en forma privativa a los Tribunales de Justicia el ejercicio de las funciones judiciales.

d) Que la disposición del artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal debe ser interpretada como una norma legal que forma parte integrante de un todo armónico, concordante con otras disposiciones legales y constitucionales y que ella sólo podría referirse a los indultos generales que se conceden por ley, los que se rigen por las mismas normas de las amnistías;

e) Que si así no fuera, no podría tener efecto la disposición del inciso segundo del Nº 4 del artículo 93 que señala que el indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento, ya que sin sentencia condenatoria no habría pena y sin pena no podría haber reincidencia. El indulto borraría la pena, pero no la pena establecida en la ley, sino que la pena que le correspondería al delincuente, y no se sabría cuál es si no ha sido condenado;

f) Que la facultad del Presidente de la República no es privativa o discrecional, ya que se encuentra limitada por la propia naturaleza del indulto, cuyo objetivo es remitir o conmutar la pena, y por las facultades privativas de otro Poder del Estado, como es el Judicial (artículos 80 de la Constitución Política del Estado y 1º del Código Orgánico de Tribunales).

g) Que tan cierto es que esta facultad de indultar no es privativa o discrecional, que el Reglamento de Indultos decreto Nº 3. 590 de Justicia, de 21 de julio de 1959señala en su artículo 2º que sólo los reos condenados por sentencia ejecutoriada podrán impetrar la gracia del indulto, circunstancia que deberán certificar;

h) Que el artículo 80 de la Constitución Política del Estado prohíbe al Presidente de la República ejercer funciones judiciales, y la única forma de ejercerlas es, precisamente, por la vía del indulto, lo que no puede hacer habiendo proceso pendiente. Del análisis de los artículos 80 y 81 de la Carta Fundamental se desprende claramente que dichas disposiciones se refieren al Presidente de la República y al Congreso, no al Poder Legislativo el que por medio de leyes puede aumentar o disminuir las atribuciones del Poder Judicial. El legislador no es el Congreso, está por sobre el Congreso; el legislador no es el Presidente de la República, está por sobre éste. Por ello es que al dictarse un decreto de indulto general o una amnistía, lo que debe hacerse por ley, no se está violando el artículo 80 de la Constitución Política del Estado;

i) Que el decreto Nº 2. 038, de 1970, que modificó el Reglamento de Indultos, con el objeto de facultar al Presidente de la República para prescindir de los requisitos y tramitaciones establecidos en dicho Reglamento no puede vulnerar los artículos que disponen que el indulto sólo favorece a los reos condenados, ya que esta exigencia no emana del Reglamento sino de un texto legal, en la especie, el inciso segundo del Nº 4 del artículo 93 del Código Penal; el Reglamento no haría otra cosa que reproducir la disposición legal y constitucional que reglamenta o bien, explicar su contenido;

j) Que los fundamentos de la Contraloría General de la República para rechazar el decreto de indulto no son doctrinarios sino que nacen de la ley positiva, el artículo anteriormente indicado;

k) Que el indulto, por definición, sólo remite o conmuta la pena y para que ello proceda, es necesario que el beneficiario de esta gracia esté previamente condenado;

1) Que siendo el tenor literal del artículo 93 Nº 4 claro, no puede, de acuerdo a las normas de hermenéutica legal, dársele una interpretación distinta de la que emana de su texto;

m) Que la toma de razón del decreto de indulto por parte de la Contraloría General de la República, ante la insistencia del Ejecutivo no ha saneado el vicio de ilegalidad e inconstitucionalidad de que adolece, ya que el Organismo Contralor, salvo el caso del artículo 72 Nº 10 de la Constitución Política del Estado, está obligado a tomar razón de los decretos en tales circunstancias.

n) Que la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia es contraria a estos denominados indultos a prevención, es decir, indultos dictados antes de que haya recaído sentencia ejecutoriada en la causa.

ñ) Los indultos dictados en 1938 por el entonces Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, con el objeto de favorecer a las personas procesadas por el asalto a la Caja de Seguro Obrero, que se indican como precedentes de que el indulto puede otorgarse durante la secuela de un juicio, habrían servido de antecedente a la dictación del decreto Nº 3. 934, de 17 de agosto de 1939, que estableció normas parecidas a las vigentes en la actualidad para la tramitación de los indultos, precisamente, con el objeto de impedir que se siguieran otorgando sin haber sentencia ejecutoriada.

Lo mismo puede decirse respecto de la sentencia de la Corte Marcial de la Armada, de 10 de julio de 1939, anterior a la dictación del referido decreto.

o) La responsabilidad política debe ser apreciada y calificada según las circunstancias y el Congreso puede, soberanamente, ponderando estas circunstancias, atribuir responsabilidad a algunos Ministros y no a todos.

Se expresó en el seno de la Comisión que el requisito de que el decreto de insistencia sea firmado por todos los Ministros, se exige no en atención a la naturaleza misma del decreto, como serían, por ejemplo, en los de declaración de guerra, sino sólo por razones de técnica jurídica para que, ante un conflicto de pareceres, prime la voluntad del Ejecutivo por sobre la del Organismo Contralor.

p) La responsabilidad solidaria del artículo 76, no implica una obligación de demandar, de acusar, a todos los implicados en el acto ilegal o inconstitucional, es una opción que puede o no ejercerse máxime si se considera que estamos en un régimen presidencial y no parlamentario. En éste, es evidente, todo acto es acto de Gobierno, de Gabinete y de ellos responden todos los Ministros, ya que está en juego su responsabilidad política.

En un régimen presidencial no se persigue la responsabilidad política de los Ministros, como expresamente reconoce el artículo 39, atribución segunda de la Carta Fundamental. A través del mecanismo de, la acusación se persigue la responsabilidad penal, fundamentalmente, y esta responsabilidad penal nace del hecho de haber firmado el decreto de insistencia y ella es, como es obvio, personal, y afecta a cada uno de los Ministros.

La expresión solidaridad que emplea el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, se refiere a la acción civil que puede derivarse del acto impugnado y no tiene otro sentido que el dar al perjudicado el derecho de proceder contra todos los culpables o contra uno o más de ellos, por la totalidad, a su arbitrio.

El artículo 39 entrega a la Cámara de Diputados una facultad; ella es soberana de ejercerla en la forma que estime conveniente, ya que no existe limitación alguna sobre el particular.

B.- En relación a su legalidad y constitucionalidad.

a) Es efectivo que la mayor parte de los tratadistas, tanto nacionales como extranjeros, como la jurisprudencia casi uniforme de nuestros Tribunales, considera que el indulto, especialmente el particular, sólo procede cuando el indultado ha sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada, pero, no es menos cierto, que dicha opinión se aparta de la ley positiva y limita una facultad discrecional del Jefe del Estado, que nuestra Carta Fundamental le reconoce en el artículo 72 Nº 12.

b) No puede considerarse que el Presidente de la República, al dictar el decreto de indulto Nº 2071, se haya arrogado funciones judiciales o abocado a causas pendientes, ya que sólo ha hecho uso de la facultad que le confiere la Carta Fundamental.

c) Que la Constitución no ha limitado en forma alguna esta atribución del Jefe del Estado.

d) Que la dictación del Reglamento General de Indultos no es sino una autolimitación de esta atribución constitucional por parte del Presidente de la República, al cual deben someterse las solicitudes que los particulares presenten, esto es, se trata de requisitos que deben cumplir las peticiones que hagan los beneficiarios; en manera alguna impiden al Presidente de la República, actuando de oficio, prescindir, derogar o modificar sus disposiciones en casos calificados.

e) Que, a mayor abundamiento, el decreto Nº 2038, de 1970, modificó el Reglamento de Indultos con el objeto de facultar al Presidente de la República para prescindir, en casos calificados, de los requisitos y tramitaciones que él establece y que dicho decreto es anterior a la dictación del decreto de indultos cuestionado.

f) Que si la Contraloría General de la República tomó razón del decreto insistido, es porque el decreto Nº 2071 había sido dictado dentro de las facultades legales y constitucionales del Jefe de Estado, ya que el Contralor no está obligado a tomar razón de todas las órdenes sobre las que insista el Presidente de la República, como estableció el propio Organismo Contralor por dictamen Nº 22. 042, de 10 de julio de 1950.

g) Que el artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Penal establece que procede el sobreseimiento definitivo cuando se haya extinguido la responsabilidad penal del procesado por alguno de los motivos indicados en el artículo 93 del Código Penal, una de cuyas causales es precisamente el indulto.

h) Que el sobreseimiento sólo puede pedirse cuando hay causa pendiente.

i) Que recién ahora, en la reforma al Código de Procedimiento Penal, pendiente en el Honorable Senado, se modifica el artículo 408 Nº 5, al señalarse que procede el sobreseimiento cuando se haya extinguido la responsabilidad penal por alguna de las causales del artículo 93 del Código Penal, con excepción de las indicadas en los números 2 y 4, esto es, cuando se trata del cumplimiento de la condena y del indulto. Sólo cuando entre a regir esta reforma legal podrá sustentarse como doctrina única la expuesta en el libelo acusatorio.

j) Que el artículo 433 Nº 6 del Código de Procedimiento Penal permite alegar entre los artículos de previo y especial pronunciamiento el indulto, materia en la cual nuestro Código se apartó de la doctrina y, para alegarlo, es preciso, obviamente, que haya proceso pendiente.

k) Que en cuanto a los orígenes y alcance del inciso segundo del número 4 del actual artículo 93, este no es otro, según se desprende de las Actas de la Comisión redactora (sesión 22ª), que una simple recomendación a los Tribunales para el efecto de que cuando se hubiera aplicado el indulto a un condenado, no por eso dejaba de ser reincidente.

1) Que si se estimare que el decreto Nº 2. 071 habría violado las disposiciones de los artículos 1º y 2º del Reglamento de Indultos desconociéndose la modificación introducida por el decreto 2. 038 la acusación constitucional estaría mal planteada, pues se trataría de una violación reglamentaria y no de la Constitución ni de la ley.

m) Que el indulto puede otorgarse desde el momento mismo en que nace la responsabilidad penal, según se desprende del propio precepto constitucional que otorga al Presidente de la República la facultad de indultar, sin restringirla al caso del individuo ya condenado y como se desprende de la aplicación uniforme que se ha dado de las leyes de amnistía y de indultos generales.

n) Que el indulto es una causal de extinción de la responsabilidad penal, la que nace desde el momento mismo de la comisión del hecho punible y a la cual puede ponerse término en cualquier instante; la remisión de la pena es sólo uno de sus efectos, aplicable a aquellas personas que hayan sido condenadas. La disposición del inciso segundo del artículo 94 Nº 4, no hace otra cosa, como ya se ha expresado, que señalar los efectos respecto del delincuente reincidente y que, en sus orígenes, no fue otra cosa que una recomendación a los jueces.

ñ) Que al referirse los artículos 408 Nº 5 y 433 Nº 6 al indulto, no puede hacerse una distinción entre indultos generales y particulares. Cuando el legislador ha querido hacer este distingo, lo ha hecho expresamente, como sucede en la Constitución Política del Estado, que considera separadamente ambos tipos. Si en el Código de Procedimiento Penal no lo ha hecho, es porque las disposiciones pertinentes son comprensivas de ambas figuras.

o) Que no puede tomarse en consideración el concepto teórico acerca del indulto, porque, como ya hemos tenido ocasión de expresar, nuestra legislación positiva se aparta totalmente de la doctrina y de la legislación comparada en esta materia, al consultar el indulto como causal de sobreseimiento y como excepción de previo y especial pronunciamiento que, por su naturaleza, presuponen la existencia de un proceso pendiente.

p) Así lo han reconocido, por lo demás, los Tribunales de Justicia al aplicar los decretos de indulto dictados respecto de personas procesadas. Pueden citarse como ejemplos la sentencia de la Corte Marcial de la Armada, de 10 de julio de 1939, y de la Corte de Apelaciones de Talca, de 8 de enero de 1971, que se insertan como anexos del informe.

q) Si se considera que el Presidente de la República al dictar los indultos habría infringido los artículos 1º y 2º del Reglamento, debería tenerse presente que los decretos reglamentarios son dictados por el Presidente de la República libremente, dentro del marco de sus facultades y que en materia de indultos la Constitución misma no señala ningún requisito en especial y que, en consecuencia, bien puede el Jefe del Estado indicar cuáles son las condiciones, los elementos, los requisitos, los beneficiarios de un decreto de indulto.

r) Por lo demás, la dictación del decreto de indulto no priva a la parte del derecho a perseguir la responsabilidad civil de los indultados y el resarcimiento de los perjuicios, pues nos encontramos frente a un derecho inviolable, consagrado en el artículo 10 Nº 10 de la Carta Fundamental, que no podría ser limitado por otras razones que las establecidas en esta misma disposición. De lo único que se vería privado el perjudicado es del ejercicio de la acción penal y esta circunstancia, según se expresó en el seno de la Comisión, no puede estimarse como una violación del artículo 80 de la Constitución Política del Estado ya que hay muchos otros hechos que extinguen la responsabilidad penal y que no vulneran dicho precepto constitucional, como el perdón del ofendido en los delitos de acción privada.

A mayor abundamiento, siempre quedará a salvo la facultad del particular para hacer uso del derecho que le confiere el artículo 42 Nº 2 de la Carta Fundamental ante el Senado.

s) Los Ministros de Estado tienen una responsabilidad personal y una responsabilidad solidaria. Cuando firma, con el resto de los Ministros, un decreto de insistencia, hay una responsabilidad solidaria y colectiva, razón por la cual, no puede acusarse a un solo Ministro por un acto del cual son todos responsables y que, sin su presencia colectiva, no habría podido nacer a la vida jurídica. Formalmente, la acusación estaría mal interpuesta. El artículo 76 de la Constitución es bien claro y preciso al señalar que cada Ministro será responsable personalmente de los actos que firmare y, solidariamente, de los que suscribiere o acordare con los otros Ministros.

En el fondo, el decreto de insistencia es una facultad presidencial y quien responde de ella es quien la utiliza y no podemos olvidar que es al Presidente de la República al que se le otorga la facultad de indultar. Es él el responsable y, subsidiariamente, todos los Ministros de Estado que firmaron el decreto de insistencia.

En el curso del debate, como puede apreciarse de la lectura de la síntesis precedente, en que participaron diversos señores Diputados y connotados profesores universitarios, quedó claramente demostrado que sobre la oportunidad procesal en que debe concederse el indulto particular, existían serias controversias y que la materia en discusión era objeto de una doble interpretación tanto en la doctrina, en la jurisprudencia, en la cátedra y en la norma positiva.

Que el objetivo del decreto de insistencia había sido el de zanjar una divergencia de criterios entre el Ejecutivo y el Organismo Contralor.

Que este decreto había resuelto un problema jurídico, un conflicto derivado de distintas interpretaciones de unos mismos preceptos legales y constitucionales, como son los artículos 80 de la Constitución Política del Estado, 1º y 4º del Código Orgánico de Tribunales; 93 Nº 4 del Código Penal; 408, Nº 5, y 433, Nº 6 del Código de Procedimiento Penal y 1º y 2º del Reglamento de Indultos, lo que no podía servir de base a una acusación constitucional.

II.- Inobservancia de leyes y ataques a la independencia del Poder Judicial.

Cabe señalar, al iniciar el análisis de los hechos y de las consideraciones de derecho relativos a este punto de la acusación que tanto los Diputados acusadores como los que la impugnaron ni, tampoco, las personas invitadas a la Comisión para que ilustraran su conocimiento sobre esta materia, entraron al fondo del problema y, tan sólo, abordaron en forma indirecta su contenido.

Los Diputados acusadores formulan al señor Ministro de Justicia el cargo de no haber velado por la conducta ministerial de los jueces ni haber requerido de la autoridad competente que se inicien los procesos respectivos por los ataques de que ha sido objeto la Corte Suprema. Agregan que las publicaciones aparecidas en algunos diarios, a juicio de ellos, constituirían en forma clara y manifiesta el delito de desacato sancionado por el Código Penal.

Finalmente, le imputan el hecho de haberse sumado en forma directa a las críticas expuestas y no haberlas desmentido posteriormente, en el caso de que dichas publicaciones no reflejaran su pensamiento.

De acuerdo con la ley Nº 12. 927, sobre Seguridad del Estado, en su artículo 6º, se señala que cometen delito contra el orden público los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, o a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. Luego, en el artículo 26 del mismo cuerpo legal, se señala el procedimiento a seguir y se expresa que el proceso respectivo se iniciará a requerimiento de los miembros del tribunal o de su Presidente al Ministerio Público, por lo que no cabría en este caso imputar sólo al Ministro acusado la responsabilidad de iniciar los trámites de rigor para incoar los procesos derivados de las expresiones que se publicaron en contra de la Corte Suprema.

En otro orden de consideraciones, y recordando las imputaciones al Ministro acusado, se señala que con su omisión se habrían cometido delitos de injuria, calumnia y difamación en contra del Poder Judicial.

El artículo 416 del Código Penal define el delito de injuria como toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Del concepto anterior se desprende que las expresiones que se profieran deben tener el ánimo de injuriar y conforme tanto a la doctrina como a la jurisprudencia, no basta sólo usar expresiones que pudieran estimarse rudas o que, en forma objetiva, pudieran ser consideradas como una ofensa, sino que es menester, además, que concurra un elemento subjetivo que queda incluido dentro del mismo concepto de injuria.

Es así como en el caso que analizamos, cabría determinar la intención o el ánimo con que fueron proferidas las declaraciones del Ministro acusado, para llegar a determinar si se configuraría el delito de desacato basado en injuria.

El Ministro de Justicia, en su defensa, expresa que tan sólo hizo uso del derecho a crítica que, como ciudadano, ejerció ante un fallo dictado por el Tribunal Superior, lo que hizo en términos apropiados, sin el más remoto ánimo de injuriar.

A su vez, el artículo 412 del Código Penal define el delito de calumnia, como la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio.

Se expresó en el seno de la Comisión, entre otros, por parte de algunos de los profesores invitados, que del texto de la acusación y de las publicaciones en la prensa, aparece claro que no se imputa a la Corte Suprema delito alguno, sino que se formulan tan sólo críticas, en algunos casos fuertes y vehementes, por algunas de sus actuaciones, las que en ningún momento son constitutivas de delito.

Tanto la Constitución Política del Estado como el Código Orgánico de Tribunales establecen en forma precisa el concepto de Separación de los Poderes.

El artículo 80 señala que la facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.

El Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 4º, a su vez, refuerza este principio al ordenar que es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos del mismo Código.

En la calificación de las expresiones publicadas en la prensa, tanto como dadas por el Ministro acusado como provenientes de artículos de editorial, no puede pensarse que ellas constituyen una amenaza o un amedrentamiento a los Tribunales de Justicia, o que vulneran el principio de su independencia.

El concepto de crítica de un Poder del Estado a otro es permanente y vigente y debe mantenerse, máxime cuando se realiza, como se expresó en el seno de la Comisión, con una finalidad de bien público.

El ejercicio de este derecho no puede constituir desacato, el que tiene un sentido ofensivo, de menosprecio, de rebajamiento de otro Poder o de otro individuo, cuando se ejerce dentro de conceptos que no signifiquen delitos en contra del otro Poder.

III.- Incumplimiento de deberes constitucionales y legales.

Los Diputados acusadores imputan al señor Ministro de Justicia incumplimiento del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, que obliga a los funcionarios públicos o denunciar los delitos de que tengan conocimiento.

Dicha infracción se habría producido al no denunciar oportunamente, una reunión que se habría efectuado en las oficinas del Estado Mayor del Ejército, y a la cual habrían asistido el Juez Militar, el Ministro de Defensa Nacional, altos personeros del Ejecutivo y los abogados señores Sergio Politoff y Juan Bustos, en la cual se habrían vertido declaraciones y opiniones en relación al proceso, en estado de sumario, seguido con motivo del asesinato del General Schneider, en abierta infracción a los preceptos de los artículos 320 del Código Orgánico de Tribunales y 4º del Código de Justicia Militar.

Se expresa que la realización de dicha reunión se conoció por informaciones de prensa, de las cuales es de presumir que el señor Ministro acusado haya tenido conocimiento.

Durante el debate habido en la Comisión, este capítulo de la acusación no fue objeto de discusión ni de parte de los acusadores ni de parte de los impugnadores de la acusación.

El único antecedente aportado que desvirtúa este Capítulo de la acusación, lo proporcionó el señor Sergio Politoff, quien, reconociendo lo inusitado del procedimiento, dio su palabra de honor de que él no había concurrido a dicha supuesta reunión; que no conocía personalmente al señor Ministro de Defensa Nacional y que la información periodística era el fruto de un lamentable error.

Por su parte el señor Ministro acusado en su oficio de defensa, señaló que dicha reunión no había existido en momento alguno, por lo que mal podía haber procedido a poner en ejercicio la acción de la justicia para perseguir hechos inexistentes.

E.- RESOLUCION ADOPTADA POR LA COMISION

Una vez cerrado el debate, la Comisión acordó votar la acusación en un solo todo en base a las consideraciones y a los antecedentes proporcionados durante el debate, sin perjuicio de que cada señor Diputado dispusiera de hasta 10 minutos para fundamentar su voto, lo que hicieron los señores Alvarado (Presidente), Jaque y Ureta.

Votó por la afirmativa el señor Ureta y por la negativa los señores Andrade, Jaque y Sabat.

Se abstuvo el señor Alvarado (Presidente).

La Mesa procedió, en consecuencia, a proclamar la votación dando por rechazada la acusación por tres votos contra uno.

La Comisión de Acusación declara que no ha lugar a la proposición de admisibilidad de la acusación deducida por 10 señores Diputados en contra del señor Ministro de Justicia, por haber infringido la Constitución Política del Estado; haber atropellado las leyes, y haberlas dejado sin aplicación.

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 1971.

Acordada en sesión de fecha 27 del presente, con asistencia de los señores Alvarado (Presidente), Andrade, Jaque, Sabat y Ureta.

Diputado informante se designó al Honorable señor Jaque.

(Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión.

ANEXOS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Departamento Jurídico

Da cuenta de la toma de razón del decreto del Ministerio de Justicia Nº 20902, de 28 de diciembre de 1970.

Santiago, 30 de diciembre de 1970.- Nº 89841.

Esta Contraloría General cumple con poner en conocimiento de V. E. que ha procedido a cursar el decreto del Ministerio de Justicia Nº 2092, de 28 de diciembre de 1970, por el cual el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros, le ordena tomar razón del decreto de la misma Secretaría de Estado Nº 2071 de 18 de diciembre de 1970, que concede indultos a las personas que indica, sometidas a los procesos que en cada caso se individualizan.

Este decreto fue representado por este Organismo mediante el oficio Nº 88. 546 de 23 de diciembre de 1970, por cuanto estimó que la medida contravenía las disposiciones del Reglamento de Indultos, aprobado por decreto del Ministerio de Justicia Nº 3590 de 1959, y lo prescrito en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, en virtud de las razones consignadas en ese oficio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la ley N° 10. 336 de 1964, esta Contraloría remite a V. E. copia de los referidos Decretos Supremos y del mencionado oficio devolutorio.

Dios guarde a V. E.- Humberto Humeres M., Contralor General de la República.

Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Departamento de Toma de Razón y Registro

Medidas disciplinarias

Devuelve decreto Nº 2071, de 1970, del Ministerio de Justicia.

Santiago, 23 de diciembre de 1970. N° 88536.

Materia: Concede indultos.

Causales: Por el decreto del rubro, en uso de la facultad que confiere al Presidente de la República la atribución 12ª del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, indúltanse las penas, incluso las accesorias, que pudieren corresponder a las personas que indica en los procesos que señala.

No se acompaña a los antecedentes del decreto, conforme lo establecen los artículos 1º y 2º del decreto N° 3590, de 1959, del Ministerio de Justicia, sobre Reglamento de Indultos, constancia alguna que certifique que los beneficiarios se encuentren actualmente condenados por sentencia ejecutoriada, en los procesos que se mencionan.

Al respecto, es necesario destacar que la modificación introducida al citado reglamento por decreto Nº 2038 de Justicia de 11 de diciembre de 1970, en cuanto permite que el Presidente de la República puede prescindir de los requisitos y tramitaciones establecidos en el presente Reglamento no ha podido alcanzar a aquellos artículos del decreto Nº 3590, de 1959, que disponen que el beneficio del indulto sólo favorece a los reos condenados por sentencia ejecutoriada, por cuanto dicha exigencia emana del artículo 93 Nº 4 del Código Penal.

Por tal motivo, el Contralor General se ve en la obligación de devolver sin tomar razón el documento que se examina, que indulta a diversas personas cuyos procesos están en tramitación y sobre los cuales no ha recaído sentencia de término, por contravenir, además, la norma citada del Código Penal y por infringir el artículo 60 de la Constitución Política del Estado en relación con el artículo 1º del Código Orgánico de Tribunales que impiden al Presidente de la República ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes.

Dios guarde a US. Humberto Humeres M., Contralor General de la República. Al señor

Ministro de Justicia.

Presente.

CONFIDENCIAL

Concede indulto.

Nº 2071.- Santiago, 18 de diciembre de 1970.

En uso de la facultad que confiere al Presidente de la República la atribución 12ª del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, y

Teniendo presente que en el caso que se trata concurren circunstancias especiales que hacen acreedores a los beneficiarios a que se les indulten las penas que pudieren corresponderles, como asimismo las que se le hayan aplicado, todo lo cual constituye un fundamento suficiente y calificado para que se dispense la gracia del indulto,

Decreto:

1º.- Indúltanse las penas, incluso las accesorias que pudieren corresponderles a las siguientes personas, en los procesos que se señalan en los tribunales que se indican:

a) Proceso Nº 1264, de 1969, del 8º Juzgado del Crimen de mayor Cuantía de Santiago:

Arturo Riveros Calderón, Edmundo Magaña Torres, Raúl Enrique Estroz Cifuentes, Leonardo Farfán Guerra, Juan Gabriel Leonardo Carvajal, René Gaspar Vargas Yáñez y Luis Orlando Moreno Flores;

b) Proceso Nº 494, de 1969, del 8º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago:

Jorge Alberto Silva Luvecce, Juan Esteban Martínez Briceño, Luis Alberto Barraza Botinelli, Rafael Hernán Ruiz Moscatelli y Andrés Nicolás Galanakis Tapia;

c) Causa Rol Nº 1898-68, de la Primera Fiscalía Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago:

Sergio Alfredo Pérez Molina, José Mario Zuleta Peña, Alejandro de la Barra Villarroel, Sergio Zorrilla Fuenzalida, José Bordaz Paz, Dagoberto Osvaldo Pérez Vargas, Pedro Luis Paredes Gómez, Rubén Aedo Barrientos, Humberto Eduardo Sotomayor Salas, Miguel Humberto Enríquez Espinoza, Juan Bautista Van Schouwen Bassey, Víctor de la Fuente González, Edgardo Enríquez Espinoza, Luis Herrera Muñoz, Max Joel Marambio Rodríguez, Andrés Eduardo Pascal Allende, Víctor Raúl Romeo de la Fuente, Luis Alberto Maureira Sandoval y Alvaro Humberto Abel Díaz Pérez;

d) Causa Rol Nº 32432, del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Concepción:

Ingrid Ximena Sucarrat Zamora, Marcia Alejandra Merino Vega y Renato Valdés Olmos;

e) Causa Rol Nº 11-70, del Cuarto Juzgado Militar de Valdivia y proceso Nº 22666, del Juzgado del Crimen de Puerto Montt:

Carlos Oscar Cárcamo Clement;

f) Proceso Rol Nº 35936, del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Linares:

Jorge Bernabé Yáñez Olave, Jorge del Carmen Zurita Figueroa, Sebastián Rommel Ríos Sepúlveda, Ramón Ricardo Rebolledo Miranda y Jaime Bernardo Torres Salazar;

g) Causa Rol Nº 146770, de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago:

Jorge Enrique Espinoza Méndez;

h) Causa Rol Nº 13770, del Juzgado de Aviación de Santiago:

Ornar Marcelo Vásquez Gabarro.

2º.- Indúltanse las penas, incluso las accesorias que pudieren corresponderle a Luis Mario Luciano Cruz Aguayo, en los procesos de la Primera Fiscalía Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago y del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción, Roles 1898-68 y 32432, respectivamente. Indúltansele, asimismo, las penas a que fuera condenado por setencias de ocho de octubre de mil novecientos sesenta y ocho del Tercer Juzgado Militar de Concepción y de nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve de la Corte Marcial de Santiago: Causa: Rol Nº591-67.

Tómese razón y comuniquese.

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Lisandro Cruz Ponce, Ministro de Justicia.

Ministerio de Justicia

Ordena tomar razón del decreto Nº 2071, de 18 de diciembre de 1970, del Ministerio de Justicia.

Nº 2092.- Santiago, 28 de diciembre de 1970.

Hoy se decretó lo que sigue:

Vistos:

1º.- Que por decreto Nº 2. 071, de 18 de diciembre de 1970, del Ministerio de Justicia, se concedió indulto a las personas que en el referido decreto se indican:

2º.- Que la Contraloría General de la República, por oficio Nº 88. 536, de 23 del presente ha devuelto el decreto mencionado sin tomar razón de él, fundándose para tal efecto en lo dispuesto en el artículo 93 Nº 4 del Código Penal y en lo preceptuado por el artículo 80 de la Constitución Política del Estado;

3º.- Que, a juicio del Supremo Gobierno, las razones que ha tenido el Órgano Contralor para devolver el decreto antes aludido carecen de fundamento jurídico bastante, toda vez que:

a) El artículo 408 del Código de Procedimiento Penal establece, en su Nº 5, que procede el sobreseimiento definitivo cuando se ha extinguido la responsabilidad penal del procesado por alguno de los motivos establecidos en el artículo 93 del Código Penal, entre los cuales se encuentra precisamente, el indulto, y

b) El artículo 80 de la Constitución Política del Estado, impide al Presidente de la República ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos, sin que en la especie se presente ninguna de estas situaciones, puesto que el Jefe del Estado, mediante el decreto Nº 2. 071, ya aludido, está haciendo uso de una atribución que le es privativa, sin entrar en conocer de causa alguna, ni menos hace revivir procesos fenecidos;

4º.- Que, con lo expuesto, queda demostrado que los indultos a que nos estamos refiriendo han sido otorgados, conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, y

Teniendo presente

5º.- Que la autoridad del Presidente de la República, Jefe Supremo de la Nación, se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, orden que sin duda alguna está condicionado por la plena vigencia de las garantías democráticas, que de hecho se ven limitadas por diversos factores que no es del caso señalar, los que el Supremo Gobierno está removiendo a fin de garantizar el libre juego de todas las corrientes de opinión, y

6º.- En uso de la facultad conferida al Presidente de la República por el artículo 10 de la ley Nº 10. 336,

Decreto:

La Contraloría General de la República tomará razón del decreto Nº 2. 071, expedido por el Ministerio de Justicia con fecha 18 de diciembre de 1970.

Tómese razón y comuniquese.

(Fdo. ): Salvador Allende G.- José Tohá G.- Clodomiro Almeyda M.- Pedro Vuscovic B.- Américo Zorrilla R.- Mario Astorga G.- Lisandro Cruz P.- Alejandro Ríos V.- Pascual Barraza B.- Jacques Chonchol Ch.- José Oyarce J.- Oscar Jiménez P.- Orlando Cantuarías Z.- Carlos Cortez D.- Humberto Mariones M.

Lo digo para su conocimiento.

Dios guarde a U.

Firma ilegible.

Constitución Política del EstadoArtículo 21.- La Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en el Nº 10 del artículo 72 de la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados.

También enviará copia a la misma Cámara de los decretos de que tome razón y que se dicten con la firma de todos los Ministros de Estado, conforme a lo dispuesto en el precepto citado en el inciso anterior. (Incisos 3º y 4º).

Artículo 39.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1ª.- Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:

b) De los Ministros de Estado, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. Estas acusaciones podrán interponerse mientras el Ministro estuviere en funciones y en los tres meses siguientes a la expiración de su cargo.

Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República por más de diez días sin permiso de la Cámara o, en receso de ésta, de su Presidente.

Interpuesta la acusación, se requerirá siempre de permiso; pero en ningún caso podrá ausentarse de la República si la acusación ya estuviere aprobada por la Cámara.

En caso de ausentarse de la República, deberá previamente comunicar a la Cámara su decisión y los motivos que la justifican.

Artículo 72.- Son atribuciones especiales del Presidente:

10ª.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley, sólo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin grave daño para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley General de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos;

12ª.- Conceder indultos particulares. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso;.

Artículo 76.- Cada Ministro será responsable personalmente de los actos que firmare, y solidariamente, de los que suscribiere o acordare con los otros Ministros.

Artículo 80.- La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.

Código Orgánico de TribunalesArtículo 1º.- La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley.

Artículo 320.- Los jueces deben abstenerse de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley son llamados a fallar.

Deben igualmente abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes, o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal.

Artículo 324.- El cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes imponen a los jueces, los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza y gravedad del delito, con arreglo a lo establecido en el Código Penal.

Esta disposición no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia.

Código de Justicia MilitarArtículo 4º.- Son aplicables a los Tribunales Militares las disposiciones de los artículos 7º a 9º, 11 a 13, 108 a 112, 319 inciso 1º, 320, 324, 325, 326 inciso 1º y 327 a 331 del Código Orgánico de Tribunales.

Código PenalArtículo 93.- La responsabilidad penal se extingue:

1º.- Por la muerte del reo, siempre en cuanto a las penas personales, y respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no hubiere recaído sentencia ejecutoria.

2º.- Por el cumplimiento de la condena.

3º.- Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.

4º.- Por indulto.

La gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes.

5º.- Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada.

6º.- Por la prescripción de la acción penal.

7º.- Por la prescripción de la pena.

Artículo 264.- Cometen desacato contra la autoridad:

3º.- Los que injurian o amenazan:

Segundo: A un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere dado.

Artículo 412.- Es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio.

Artículo 413.- La calumnia propagada por escrito y con publicidad será castigada:

1º.- Con las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de cien mil a doscientos mil pesos, cuando se imputare un crimen.

2º.- Con la de reclusión menor en su grado mínimo y multa de veinte mil a cien mil pesos, si se imputare un simple delito.

Artículo 416.- Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.

Código de Procedimiento PenalArtículo 81.- Los juicios a que se refiere este Título pueden comenzar:

1º.- Por denuncia;

2º.- Por querella;

3º.- Por requisición del Ministerio Público; y

4º.- Por pesquisa judicial.

Artículo 84.- Están obligados a denunciar:

1º.- El Ministerio Público, los hechos criminales que se pongan en su conocimiento;

2º.- Los empleados de la policía de seguridad, todos los delitos que presencien o que lleguen a su noticia;

3º.- Los empleados públicos, los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente los que noten en la conducta ministerial de sus subalternos.

4º.- Los conductores de trenes, jefes de estación y capitanes de buques mercantes chilenos, o extranjeros que naveguen en el mar territorial, los crímenes o simples delitos que se cometan durante el viaje, en el recinto de una estación o a bordo de un buque; y

5º.- Los facultativos que noten en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro crimen o simple delito.

Artículo 408.- El sobreseimiento definitivo se decretará:

1º.- Cuando, en el sumario, no aparezcan presunciones de que se haya verificado el hecho que dio motivo a formar la causa;

2º.- Cuando este hecho no sea constitutivo de delito;

3º.- Cuando aparezca claramente establecida la inocencia del procesado;

4º.- Cuando el procesado esté exento de responsabilidad en conformidad al artículo 10 del Código Penal;

5º.- Cuando se haya extinguido la responsabilidad penal del procesado por alguno de los motivos designados en el artículo 93 del mismo Código;

6º.- Cuando sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a dicha responsabilidad; y

7º.- Cuando el hecho punible de que se trata haya sido ya materia de un proceso en que haya recaído sentencia firme que afecte al actual procesado.

Ley Nº 12. 927

Ley de Seguridad del EstadoArtículo 6º.- Cometen delito contra el orden público:

b) Los que ultrajaren públicamente la bandera, el escudo, o el nombre de la patria y los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores o Diputados, o a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido;

Ley Nº 10. 336

Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la RepúblicaArtículo 10.- El Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, y se pronunciará sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su recepción; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros.

La representación se hará con la firma del Contralor, y, en caso de insistencia, se consignará el hecho en la memoria anual que la Contraloría deberá presentar al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

El Contralor General deberá, en todo caso, dar cuenta al Congreso Nacional y al Presidente de la República de estos decretos dentro de los treinta días de haber sido dictados, enviando copia completa de ellos y sus antecedentes. (Incisos 1º, 2º y 3º).

Reglamento sobre indultos.- Decreto Nº 3. 590, de 21 de julio de 1959, de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 12 de agosto de 1959.

Artículo 1º.- Todo reo que se encuentre condenado podrá solicitar del Presidente de la República la remisión, conmutación o reducción de su pena, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Artículo 2°.- Podrán impetrar estas gracias solamente los reos condenados por sentencia ejecutoriada, circunstancia que deberá certificarse. Además, deberán acompañarse copias autorizadas de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y de casación, si la hubiere.

Artículo 11.- El Presidente de la República podrá disponer, en los casos en que no se trate de delitos contra las personas o de reos reincidentes, que se omita alguno de los trámites indicados en los artículos precedentes.

En los casos de reos condenados por delitos contemplados en leyes especiales, el Presidente de la República podrá prescindir de los requisitos y trámites establecidos en el presente reglamento. (Reemplazado por el artículo que se indica a continuación).

Artículo 11.- En casos calificados, el Presidente de la República podrá prescindir de los requisitos y tramitaciones establecidos en el presente Reglamento. En esta circunstancia, el decreto de indulto deberá ser fundado. Esta facultad no podrá ejercerse respecto de los condenados como autores de los delitos de homicidio calificado, parricidio, infanticidio y robo con homicidio.

(Decreto de Justicia Nº 2. 038, de 11 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de 30 de diciembre del mismo año, que modifica el Reglamento sobre indulto con el objeto de sustituir el artículo 11 del mismo).

Referencia: Da respuesta a oficio que indica.

Nº 242.- Santiago, 27 de enero de 1971.

En respuesta al oficio Nº 9 de 27 de enero último, de esa Honorable Comisión, cúmpleme remitir adjunta copia del oficio Nº 142 de esta Secretaría de Estado por el cual se proporcionó al Honorable Senado la información que ahora solicita esa Honorable Comisión.

Saluda atentamente a Ud.- (Fdo.): Lisandro Cruz Ponce, Ministro de Justicia.

A la Honorable Comisión encargada de conocer de la Acusación contra el

Ministro de Justicia.

Presente.

Ministerio de Justicia Depto. Asesor SGL 15-1-01

Evacua consulta formulada en el oficio que indica.

N° 142.- Santiago, 18 de enero de 1971.

En respuesta al oficio N° 2. 487, de 7 de enero último, de esa Oficina de Informaciones, cúmpleme informar lo siguiente:

1.- Causa Nº 1264, del 8º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago:

a) Arturo Rivera Calderón, reo preso, procesado por los delitos de robo y hurto:

b) Juan Carvajal Barrios, reo excarcelado, procesado como autor del delito de hurto;

c) René Gaspar Vargas Yáñez, reo excarcelado como autor de hurtos;

d) Leonardo Farfán Guerra, reo excarcelado, procesado como autor del delito de robo con intimidación;

e) Edmundo Magaña Torres, reo excarcelado, procesado como autor de robo con intimidación y hurto;

f) Raúl Estroz Cifuentes, reo preso, sometido a proceso como autor de los delitos de robo con intimidación y hurto.

Este proceso se encuentra en estado de sumario.

2.- Causa 1986-70 de la Fiscalía Militar de Santiago: (Primera Fiscalía).

Luis Orlando Moreno Flores se encuentra sometido a proceso por los delitos de maltrato de obra a carabinero de servicio y falsedad documentaría.

La causa está en sumario y el reo, excarcelado.

Erróneamente en el Decreto de Indulto se citó respecto de este reo el proceso Nº 1264, del 8? Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

3.- Causa 494 del 8º Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago:

a) Jorge Silva Luvecce y Juan Martínez Briceño fueron condenados por sentencia de primera instancia a la pena única de siete años como autores de los delitos de robo con violencia y hurto. La causa se elevó en apelación a la Corte de Apelaciones de Santiago;

b) Luis Barraza Botinelli y Rafael Ruiz Moscatelli fueron inculpados en este proceso, encontrándose pendientes las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de ambos;

c) Andrés Galanakis Tapia no ha sido declarado reo ni se ha despachado orden de aprehensión en su contra.

4.- Causa 1892-68 de la Fiscalía Militar de Santiago; 2º Juzgado Militar de Santiago:

a) Alejandro de la Barra Villarroel, José Bordaz Paz y Dagoberto Pérez Vargas, encargados reo como coautores de maltrato a Carabinero y de la figura contemplada en el artículo 480 del Código Penal;

b) Pedro Luis Paredes Gómez, encargado reo como encubridor del delito de estragos;

c) Sergio Zorrilla Fuenzalida, encargado reo como encubridor de dos delitos de robo con intimidación;

d) José Mario Zuleta Peña, encargado reo como autor de delito de robo con intimidación;

e) Sergio Pérez Molina, encargado reo como autor de los delitos de falsificación de instrumento público, maltrato a Carabinero, robo frustrado, robo con fuerza y robo con violencia.

Las demás personas a que se refiere el Nº 3 del oficio que se responde tenían la calidad de simples inculpados con orden de aprehensión pendiente.

El proceso se encuentra en sumario.

5.- Causa Nº 32. 432 del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Concepción:

Se instruyó por los delitos de robo con violencia y amenazas, se decretó el sobreseimiento temporal en rebeldía que fue aprobado por la Corte de Apelaciones respectiva en lo referente a Ingrid Ximena Sucarrat Zamora y Luis Mariano Luciano Cruz Aguayo.

Marcia Alejandra Merino Vega y Renato Valdés Olmos no fueron declarados reos ni se encuentran rebeldes.

6.- Causa Nº 11-70 del 4º Juzgado Militar de Valdivia:

Carlos Cárcamo Clement, encargado reo por desórdenes y maltrato a Carabinero. La causa está en sumario.

7.- Causa Nº 22. 666 del Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Puerto Montt, que según los antecedentes que obran en este Ministerio sería la Nº 22. 676:

En ella se persigue la responsabilidad del vigilante del Presidio de Chin Chin Abraham Campos González, por la evasión de Carlos Oscar Cárcamo Clement.

Se encuentra en sumario.

8.- Causa Nº 35. 936 del Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Linares:

Jorge Bernabé Yáñez Olave, Jorge Zurita Figueroa, Sebastián Rommel Ríos Sepúlveda, Ramón Rebolledo Miranda y Jaime Torres Salazar, todos ellos presos, están encargados reos por el delito de hurto de automóviles.

La causa está en sumario.

9.- Causa Nº 1467-70 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago:

Jorge Espinoza Méndez, encargado reo como autor del delito de maltrato de obra a Carabinero, sin causar lesiones.

Se encuentra cerrado el sumario y evacuado el informe del Fiscal.

10.- Causa Nº 13770 del Juzgado de Aviación de Santiago:

Ornar Marcelo Vásquez Gabarro, encargado reo como autor del delito sancionado en el artículo 58 de la Ley de Navegación y coautor de lesiones.

La causa está en plenario y el reo excarcelado.

11.- Causa Nº 519-67 del 3. er Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Concepción:

Luis Mariano Luciano Cruz Aguayo, excarcelado, condenado por sentencia de segunda instancia a cien días de presidio como autor del delito de secuestro.

Se encuentra el cúmplase de la sentencia.

Saluda atentamente a Ud.

Firma ilegible.

Al señor Jefe de la Oficina de Informaciones del Senado.

Presente.

Valparaíso, 10 de julio de 1939.

Vistos y teniendo, además, presente:

1.- Que, conforme al Nº 5º del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, aplicable en materia de jurisdicción militar de acuerdo con lo que dispone el artículo 146 del Código de Justicia Militar, procede el sobreseimiento definitivo cuándo se haya extinguido la responsabilidad penal del procesado por algunos de los motivos designados en el artículo 93 del Código Penal; disposición ésta última que contempla el indulto entre los motivos que extinguen la responsabilidad penal;

2.- Que es evidente que el citado Nº 5º del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, comprende también la gracia del indulto que se acordare al reo durante la tramitación de la causa, sin que pueda decirse que al referirse él a los motivos designados en el artículo 93 del Código Penal, éstos son los otros que procedan mientras se encuentra pendiente la tramitación del proceso, con exclusión de aquella gracia, ya que el mismo Código de Procedimiento Penal, más adelante, establece en su artículo 469, en forma expresa, que debe sobreseerse cuando se declare haber lugar, entre otras, a la excepción de previo y especial pronunciamiento comprendida en el Nº 6º del artículo 461, que se refiere, precisamente, a la amnistía o indulto;

3.- Que, por otra parte, no puede sostenerse que al hablar el artículo 461, Nº 6º, del indulto, se haya referido únicamente al indulto general; ya que, si la Constitución Política del Estado considera separadamente el indulto general del particular, en sus artículos 44, Nºs 14 y 72, Nº 12, y, en cambio, el Código de Procedimiento Penal se refiere al indulto en términos generales, sin hacer expresa distinción, debe entenderse que varias veces el citado artículo 461 del Código de Procedimiento Penal ha querido comprender a ambos, toda vez que, por las razones dichas, si sólo hubiera querido referirse al general, habría sido necesario, legalmente, que así lo hubiera dispuesto en forma expresa;

4.- Que, es de advertir que la Constitución de 1925, en lo que a la diferencia entre indultos generales y particulares se refiere, es exactamente igual a la de 1833, vigente a la fecha en que empezó a regir el Código de Procedimiento Penal, con la única diferencia externa de que en esta última tales materias se contemplaban, respectivamente, en los artículos 28, Nº 11 y 73, Nº 15, y que este último hacía necesario para la concesión de indultos particulares, el acuerdo del Consejo de Estado, institución que hoy no existe;

5.- Que, es también de considerar, que, al no hacerse tampoco distinción en el artículo 93 del Código Penal entre indultos generales y particulares, y aceptándose en cambio en el Código de Procedimiento Penal, como se ha demostrado, que el indulto puede decretarse aun mientras se encuentra pendiente la tramitación de la causa, no podría el tribunal, de acuerdo con la regla de derecho y de equidad que permite interpretar las disposiciones penales, en caso de duda, en la forma que sea más favorable al reo, desentenderse de este principio y aplicar el artículo 93 en forma restringida y en relación con el solo indulto general, no obstante que la ley no hace distinción alguna sobre esta materia;

5.- Que no puede invocarse tampoco el concepto teórico de ser el indulto el perdón del delito ya juzgado en sentencia de término, porque manifiestamente la legislación procesal chilena no ha recogido ese concepto desde que, como se ha visto ya, consulta el indulto como causa de sobreseimiento y como excepción de previo y especial pronunciamiento que, por su naturaleza, presuponen la existencia de un proceso en tramitación. Y, por otra parte, ese concepto dicta de ser uniformemente aceptado, pues la Ley II del Título XXXII de la Partida 7ª dice: Perdonan a las vegadas los Reyes a los omes las penas que les deuen mandar dar por los yerros que tuían fecho E si tal perdon fizieren ante que den sentencia contra ellos, son porende quitos de la pena que deuen suer, e cobran su estado, e sus bienes, bien assi como deuen ente; fueren ende quanto a la fama de la gente que gelo retraerán, maguer el Rey le perdone. Más si el perdón les fiziere despues que fueren judgados, entonces son quitos de la pena que deuen auer en los cuerpos....

Y, puesto, según el Diccionario Tecnológico de Jurisprudencia de don Pedro Pujol, es indulto, y

7.- Que, por las razones expuestas, siendo una facultad constitucional y privativa del Presidente de la República, el conceder indultos particulares, carácter que reviste el que se hace valer en estos autos, y encontrándose tal gracia contemplada en nuestro Código Penal como causal de extinción de responsabilidad penal, y consecuentemente, en el Procedimiento Penal como una de las situaciones o circunstancias legales que hacen procedente el sobreseimiento definitivo no obstante encontrarse pendiente la tramitación de la causa, y sin que haya, por consiguiente, dictado en ella sentencia de término, sólo corresponde a este tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto.

Y visto, además, lo prescrito en el artículo 121 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, se aprueba la sentencia consultada, de fecha 29 de mayo último, escrita a fs. 97, que sobresee definitivamente con respecto a Manuel Barrera Barrera.

Redactada por el señor Auditor General de la Armada don Osvaldo Prieto Castro.

Anótese y publíquese.- Rodolfo González M.- Osvaldo Prieto Castro.- Salvador de la Piedra.

Pronunciada por el señor Ministro titular de la Iltma. Corte don Rodolfo González Morales, y Vocales titulares señores don Osvaldo Prieto Castro, Auditor General de la Armada y don Salvador de la Piedra, Capitán de Navío en Retiro. Humberto Gamboa N., Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago

Sentencias Criminales

49

Contra Daniel Jordán y otros. Flagelaciones

Indulto particular.- Auto de sobreseimiento

Doctrina:

El Presidente de la República puede ejercer su atribución constitucional de conceder indultos particulares, sólo cuando ha recaído en la respectiva causa criminal sentencia condenatoria ejecutoriada. Esa limitación resulta de la naturaleza misma del indulto, que significa perdón o remisión de una pena y mientras no exista una sentencia condenatoria firme, no cabe perdonar o remitir una sanción que no ha sido aún impuesta.

Leyes aplicadas:

Constitución Política: artículos 72 número 12, y 80.

Código Penal: artículo 93.

Código de Procedimiento Penal: artículo 408 Nº 5º, y 433 Nº6º.

Santiago, 8 de enero de 1947.

Vistos y teniendo presente:

1º.- Que, según el Nº 12 del artículo 72 de la Constitución Política, es una atribución especial del Presidente de la República conceder indultos particulares;

2º.- Que el Presidente de la República puede ejercer dicha atribución sólo cuando ha recaído en la respectiva causa criminal sentencia condenatoria ejecutoriada;

3º.- Que la limitación señalada resulta de la naturaleza misma del indulto, que significa perdón o remisión de una pena y mientras no exista una sentencia condenatoria firme, no cabe perdonar o remitir una sanción que no ha sido aún impuesta, por encontrarse pendientes los recursos o trámites legales dentro del procedimiento criminal, que pueden determinar la absolución del reo;

4º.- Que, consecuente con la definición del indulto, el artículo 93 del Código Penal precisó sus efectos en los siguientes términos:

... La gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes;

5º.- Que la historia fidedigna del establecimiento de la facultad que el artículo 72 Nº 12 de la Constitución Política confiere al Presidente de la República, confirma la tesis sentada precedentemente en orden al alcance de la referida facultad.

En la página 222 de la Recopilación de las actas de las sesiones de la Comisión encargada de redactar la Constitución de 1925, se lee lo siguiente:

El señor Guerra (don J. Guillermo).- Convendría que el indultado, si vuelve a delinquir, cumpliera la primera pena que se le había impuesto.

S. E.- Esa materia está regida por el Código Penal; en tal caso, el delincuente tendría en su contra una circunstancia agravante, porque ha reincidido.

Queda en claro, entonces, que, según el concepto del propio Presidente de la República de 1925, concepto que no fue objetado por ninguno de los miembros de la Comisión que elaboró el texto constitucional, los efectos del indulto están regidos por el artículo 93 del Código Penal y el indultado que vuelve a delinquir tiene el carácter de reincidente, premisas ambas que conducen a la conclusión ineludible de que el ejercicio por el Presidente de la República de la atribución de que se trata presupone la existencia de una condena impuesta por sentencia ejecutoriada;

6º.- Que sostener que es eficaz un decreto de indulto en cualquiera etapa del proceso criminal, y que, en cumplimiento de aquél debe sobreseerse definitivamente en la causa, importa autorizar al Presidente de la República para interferir la jurisdicción de los Tribunales de Justicia en materia penal, ya que, en esa forma, podría impedirse el juzgamiento de una causa criminal, juzgamiento que, en la sentencia definitiva, comprende los extremos de absolución o condena;

7º.- Que no es suficiente para enervar la fuerza de los razonamientos expuestos, la simple referencia que el artículo 408 (438) Nº 5º del Código de Procedimiento Penal hace a los motivos de extinción de responsabilidad penal que designa el artículo 93 del Código Penal. Dicha referencia ha de entenderse lógicamente que comprende sólo las causas de extinción de responsabilidad que son pertinentes o aplicables, puesto que, por ejemplo, el cumplimiento de la condena (Nº 2º del artículo 93) es incompatible con un sobreseimiento, y la prescripción de la pena (Nº 7º) no se concilia con el carácter de procesado, y además supone necesariamente una condena anterior;

8º.- Que tampoco desvirtúa la tesis sustentada en este fallo, la circunstancia de que el artículo 433 (461) Nº 6º del citado Código enumere la amnistía o indulto entre las causales en que el reo puede fundar un artículo de previo y especial pronunciamiento, como quiera que dicho precepto tiene aplicación en los indultos generales, que son materia de ley y están equiparados a la amnistía por sus efectos, apreciación que se acentúa si se observa que una y otra causal, se enuncian alternativamente en el mismo numerando; y

9º.- Que, en virtud de todo lo dicho, ha de llegarse a la conclusión de que es ineficaz o improcedente el indulto expedido por el Presidente de la República, según decreto supremo acompañado a fs. 310, por haberse dictado cuando se encuentra aún pendiente esta causa y, por consiguiente, debe desestimarse la petición de sobreseimiento definitivo que se basa en el susodicho decreto supremo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 80 de la Constitución Política, 1º y 12 del Código Orgánico de Tribunales y 1º del de Procedimiento Penal, se declara que no ha lugar a la petición de sobreseimiento definitivo formulado a fs. 311 por Daniel Jordán y otros.

Rija el decreto de autos de fs. 306 vta.

Acordada contra el voto del Ministro señor Salazar, quien estuvo por acoger la petición de sobreseimiento formulada a fs. 311, teniendo para ello presente las siguientes consideraciones:

1ª.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal, puede decretarse sobreseimiento en cualquier estado del juicio criminal; y de acuerdo con el Nº 5º del artículo 408 del mismo cuerpo de leyes, debe decretarse sobreseimiento definitivo cuando se haya extinguido la responsabilidad del procesado, por alguno de los motivos designados en el artículo 93 del Código Penal, entre los cuales figura el indulto;

2ª.- Que, como aparece del texto de esta última disposición, los diversos hechos mencionados en los 6 números que consigna, constituyen otras tantas causales de extinción de la responsabilidad penal, como textualmente aparece en la primera frase con que el precepto en estudio comienza;

3ª.- Que el Nº 12 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado dispone que es atribución especial del Presidente de la República conceder indultos particulares;

4ª.- Que con el mérito del decreto de indulto agregado a fs. 310 y de conformidad con lo expuesto en los considerandos que preceden y en cumplimiento de la segunda de las disposiciones legales mencionadas en el considerando 1º de esta sentencia, debe expedirse auto de sobreseimiento definitivo en esta causa, puesto que se han reunido los requisitos que ella prevé para declarar imperativamente que así debe hacerse;

5ª.- Que lo expuesto bastaría para acoger la petición de sobreseimiento que se ha formulado por los reos en este proceso, porque siendo facultad privativa del representante del Poder Ejecutivo conceder indultos particulares, no es dado a los Tribunales de Justicia desconocer la validez del decreto por medio del cual la ha ejercitado, puesto que, si al ejercitar esa facultad incurriera en alguna transgresión a la ley, ya sea en relación con la oportunidad en que lo ha hecho o el alcance que diera al decreto de indulto, sólo corresponde hacer efectiva la responsabilidad que esa transgresión trajera consigo, en la misma forma que la Constitución establece;

6ª.- Que, sin embargo de lo dicho, puede agregarse que el decreto de indulto expedido en el presente caso, tiene toda eficacia para poner término a este proceso por medio del sobreseimiento definitivo;

7ª.- Que, en efecto, no es óbice para reconocer tal efecto, consignado en el número 5º del ya citado artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, la disposición contenida en el inciso 2º del Nº 4º del artículo 93 del Código Penal que prescribe que la gracia del indulto sólo remite o conmuta la pena, porque ya se ha dicho que el artículo 93 contiene, como principio general, el de la extinción de la responsabilidad penal, y el precepto establecido en el inciso 2º de su Nº 4º, no constituye una limitación a ese principio, ni importa una definición del término indulto, ni la fijación general de sus efectos; sino que determina el efecto que éste produce con relación al individuo que se encontrare ya condenado al otorgarse esa gracia. Lo expuesto en el considerando 5º del fallo de mayoría no constituye la historia fidedigna de la ley, sino la opinión personal de dos miembros de la Comisión ante una indicación hecha por uno de ellos, para que en la Constitución se fijara otro efecto al indulto, indicación que no fue aceptada por considerarse que esa materia estaba regida por el Código Penal; por lo que ello no puede considerarse una interpretación de dicho cuerpo de leyes, manteniéndose lo que en él se dice;

8ª.- Que, en efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º del Código Penal y 10 del de Procedimiento Penal, la responsabilidad penal derivada de un delito nace en el momento de su ejecución y siendo esta responsabilidad la que se extingue conforme al artículo 93 del primero de los Códigos citados, no puede limitarse el efecto del indulto a la pena que se hubiera aplicado al autor de un delito en un proceso destinado a hacer efectiva esa responsabilidad, porque con ello se privaría del beneficio del indulto al delincuente afecto a responsabilidad penal, no procesado aún o no condenado, porque ello constituiría una contradicción con el principio general establecido en el precepto en estudio o una limitación no consignada en el mismo;

9ª.- Que de lo ya expuesto se deduce que el indulto puede otorgarse desde el momento mismo en que nace la responsabilidad penal que él extingue, o sea, desde la ejecución de un delito que da origen a esa responsabilidad; y, en consecuencia, desde antes de deducirse la acción judicial destinada a hacerla efectiva, durante la sustanciación del proceso respectivo o después de su terminación por sentencia condenatoria ejecutoriada y que es, por consiguiente, erróneo el concepto de que el indulto sólo puede concederse cuando se ha pronunciado fallo condenatorio firme;

10.- Que esto mismo se deduce del propio precepto constitucional que concede la facultad de indultar, sin restringirlo al caso debidamente ya condenado, y se desprende también de la aplicación que uniformemente se ha dado a las leyes que conceden indultos generales a amnistías, leyes que en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal producen el mismo efecto que uno indulto particular; y sólo difiere: el indulto general en que afecta a un número indeterminado de personas, y la amnistía, además de comprender a una, o un número indeterminado de personas, extingue por completo la pena y todos los efectos: y, en cuanto a este último efecto, debe entenderse naturalmente, que él se refiere al individuo que, agraciado con ella, se hubiese encontrado ya condenado al concederse esta gracia. No puede considerarse como una diferencia, capaz de determinar los efectos de la gracia del indulto particular o general o de la amnistía, su origen, porque siendo la misma la fuente de donde emana la facultad de otorgar esas gracias la facultad de otorgar esas gracias, la Constitución Política del Estado, su fuerza obligatoria resulta igual; de lo que se desprende que la misma razón que se invoca para dejar de aplicar un decreto de indulto particular expedido antes de haberse dictado sentencia condenatoria firme, induciría a dejar de aplicar una ley general de indulto, que como se ha dicho, y con relación a cada favorecido, es de igual fuerza obligatoria que un decreto particular. Y de esto mismo y considerando, además, la particularidad prevista en el Nº 3º del mismo artículo 93 del Código Penal, se deduciría que tampoco podría aplicarse una ley general de indulto o una ley de amnistía antes de existir condena;

11.- Que a todas estas inconsecuencias conduce la restricción que pretende darse al término indulto, haciéndolo referirse a la pena ya aplicada por una sentencia, y no a la responsabilidad penal que nace de todo delito y a la cual se refiere el texto general de esa disposición;

12.- Que el legislador ha reconocido el mismo alcance al indulto, como se deduce, por ejemplo, de la Ley Nº 2, 369, de 29 de agosto de 1910, que concedió indulto, entre otros, a todos los procesados, etc. , con lo que deja de manifiesto que lo que se considera extinguida es la responsabilidad penal, y no sólo la pena; y

13.- Que este concepto del legislador se manifiesta también en los artículos 10 y 11 del Código de Procedimiento Penal, que señala la acción que nace de todo delito, en relación con su artículo 39, que prescribe que la acción penal sólo puede dirigirse contra los personalmente responsables; con el 107, que ordena que antes de proseguirse la acción penal debe examinarse si se encuentra extinguida la responsabilidad penal; con el 408 Nº 5º ya citado en esta sentencia, que ordena sobreseer definitivamente en un proceso cuando sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, pone fin a la responsabilidad penal, y, por último, con el artículo 433 Nº 6º que dispone que el reo puede oponer como excepciones de previo y especial procedimiento... 6º La amnistía o el indulto, debiendo en caso de aceptarse esta excepción, sobreseerse definitivamente en la causa como lo ordena el artículo 441 del mismo cuerpo de leyes. No podría darse cumplimiento a estas últimas disposiciones porque quedarían sin sentido si se diera al indulto el alcance restrictivo de referirse sólo a la pena aplicada al responsable de un delito.

Redactó el fallo de mayoría el Ministro señor Silva.

Anótese.

Publíquese.- Pedro Silva Fernández.- Ciro Salazar M.- M. A. Barros.

Pronunciada por los señores Ministros don Pedro Silva F., don Ciro Salazar M. y don M. A. Barros.- R. Salas Rodríguez, Secretario.

CORTE DE APELACIONES DE TALCATalca, 8 de enero de 1971.

VISTOS: Que con los documentos de fojas 36 del expediente tenido a la vista, telegrama de fojas 8, certificado de fojas 7, se ha demostrado legalmente que Jorge Bernabé Yáñez Olave, Jorge del Carmen Zurita Figueroa, Sebastián Rommel Ríos Sepúlveda, Ramón RicardoRebolledo Miranda y Jaime Bernardo Torres Salazar, procesados en el Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Linares fueron indultados;

Que en virtud de lo anterior ya no existe mérito para mantener el auto de procesamiento dictado en contra de los reos nombrados y que se lee a fojas 47 del proceso tenido a la vista, por haberse extinguido su responsabilidad penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 Nº 4 del Código Penal;

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 306, 311, 312, 433 N°6 y 441 del Código de Procedimiento Penal, haciéndose lugar al recurso de amparo de fojas 1, se deja sin efecto el mencionado auto de procedimiento de fojas 47 de fecha 13 de octubre del año pasado, del expediente tenido a la vista y se declara que Jorge Bernabé Yáñez Olave, Jorge del Carmen Zurita Figueroa, Sebastián Rommel Ríos Sepúlveda, Ramón RicardoRebolledo Miranda y Jaime Bernardo Torres Salazar no son reos desde ahora en el proceso Rol 35936 del Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Linares.

Oficíese telegráficamente para la inmediata libertad de las personas nombradas, si no estuvieren privada de ella por otras causas.

De acuerdo con los antecedentes, este Tribunal estima que no hay motivo bastante para efectuar la declaración ordenada en el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal.

El Juez dictará la Resolución que en derecho corresponda en el proceso ya indicado.

Devuélvase el expediente tenido a la vista y archívese.

Firman.- Hernán Correa de la Cerda, Presidente 2ª Sala.

Gabriel Poblete, Ministro Suplente.

Mario Villalobos, Abogado Integrante.

Expediente Rol Nº 120705.

CERTIFICADO

La Comisión de Acusación, por la unanimidad de sus miembros, solicitó de la Excelentísima Corte Suprema, la remisión de todos los procesos a que se hace mención en el decreto de indulto Nº 2. 071, de 1970.

Por oficio Nº 300, de 28 de enero de 1971, dicho Alto Tribunal comunicó que con esa fecha se había oficiado a todos los Tribunales indicados en la comunicación de la Comisión para que enviaran directamente los expedientes y, a los de provincias, por vía telegráfica.

La Primera Fiscalía Militar de Santiago, por oficio Nº 167, de 28 de enero de 1971, remitió a esta Comisión el Proceso 1898-68, haciendo presente que el proceso Nº 1264, del 8° Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía se encuentra acumulado en la causa 2409-70 que instruye dicha Fiscalía, actualmente en la Ilustrísima Corte Marcial.

Por su parte, el señor Juez del Octavo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía remitió a esta Comisión el proceso Nº 494.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se habían recibido otros antecedentes relacionados con los procesos cuya remisión se solicitó.

La Comisión, por unanimidad, acordó dejar constancia, en certificado anexo al informe, en relación a los procesos que llegaran oportunamente a la Secretaría de ella, de los delitos que se encuentran investigados en cada uno de ellos, de los objetos hurtados o robados, nómina de las víctimas y calificación de las lesiones que hubieran recibido, en su caso.

En cumplimiento del acuerdo antes indicado, el Secretario de la Comisión que suscribe, CERTIFICA:

I.- PRIMERA FISCALIA MILITAR.- Causa Nº 1898-68. Contra Sergio Alfredo Pérez Molina y otros.

a) Sergio Alfredo Pérez Molina.- Encargado reo como autor de los delitos de maltrato de obra a Carabineros causando lesiones menos graves al TenienteAlberto Méndez Méndez, de robo con intimidación en las personas, de dinero de propiedad del Banco Londres, Sucursal Santa Elena, de hurto de un automóvil marca FIAT de propiedad de Sofía Jara Schiavetti, de rodo frustrado en perjuicio del Banco del Estado de Chile, sucursal Las Condes, hurto de un automóvil FIAT 1500, de propiedad de Agencias Graham S. A. C, falsificación de instrumento público consistente en falsificación del documento Padrón Municipal de Ñuñoa, a nombre de Bernardo Salazar Rojas.

b) José Mario Zuleta Peña.- Encargado reo como autor de los delitos de robo al Banco de Crédito e Inversiones, Sucursal Bilbao, de un automóvil FIAT 1500 de propiedad de Guillermo Quiroz Rivadeneira y de un automóvil FIAT 1500 de propiedad de Eduardo Pérez Sánchez.

c) Carmen Angélica Rondi Costa.- Encargada reo como cómplice del delito de robo al Banco de Crédito e Inversiones Sucursal Bilbao.

d) José Miguel Benado M.- Encargado reo como autor del delito de asalto y robo al Banco de Crédito e Inversiones, Sucursal Bilbao.

e) Sergio Mario Zorrila Fuenzalida.- Encargado reo como encubridor de los delitos de robo con intimidación en las personas cometido en perjuicio de los Bancos de Crédito e Inversiones y de Londres para la América del Sur.

f) Alejandro de la Barra Villarroel, José Bordaz Paz y Dagoberto Osvaldo Pérez Vargas.- Encargados reos como autores del delito señalado en el artículo 480 del Código Penal, en relación con el artículo 477 Nº 1 del mismo cuerpo legal, al destruir parcialmente, empleando explosivos, la garita de Carabineros ubicada en Avenida Tobalaba con Eliecer Parada, y por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio.

g) Pedro Luis Paredes Gómez.- Encargado reo como encubridor del delito de destrucción de la garita de Carabineros.

II.- OCTAVO JUZGADO DEL CRIMEN DE MAYOR CUANTIA.- Causa Nº 494-69. Contra Jorge A. Silva L. y Juan E. Martínez Briceño.

a) Jorge Alberto Silva Luvecce y Juan Esteban Martínez Briceño, quedan sometidos a proceso en calidad de autores de los delitos de robo con violencia en las personas en perjuicio del Banco Continental y de hurto de un automóvil FIAT 1100, de propiedad de Gloria Correa Opazo. A este último, además, se le declaró reo como autor del delito de hurto de una patente.

Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión.

Santiago 1º de febrero de 1971.

9.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley con urgencia calificada de simple sobre el proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que beneficia a los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales.

La Comisión en el estudio de este proyecto contó con la colaboración del señor Superintendente de Seguridad Socialdon Carlos Briones Olivos y escuchó al señor Presidente de la Asociación Nacional de Empleados y Jubilados Notariales y Pensionados; de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas don Eduardo Becerra y a los señores Alejandro Patricio Capdeville y Manuel Cabezón, Presidente, Secretario y Director respectivamente, del Sindicato Profesional de Empleados de Notarías, Conservadores de Bienes Raíces y Archivo Judicial de Santiago.

La iniciativa en informe, que cuenta con el patrocinio constitucional de Su Excelencia el Presidente de la República, tiene por objeto mejorar el régimen previsional y resolver diversos problemas laborales a los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales y a los pensionados de esos servicios.

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de la Corporación, procede que se deje expresa constancia en este informe de las siguientes menciones:

1º.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentran en esta situación los artículos 5º y 7º.

2º.- Artículos suprimidos.

El artículo 4º.- Acordado por unanimidad.

Se hizo presente que esta disposición era necesaria en el año 1968, fecha en que habían 118 desahucios insolutos, pero que posteriormente en el año 1969 fueron totalmente cancelados, por lo cual no se justifica ahora esta disposición ya que no existen desahucios pendientes.

3º.- Artículos modificados.

El inciso tercero del artículo 1º se suprimió por estimarse innecesario ya que en todo precepto legal va envuelta la derogación de las disposiciones legales anteriores contrarias a él. (Acordado por unanimidad).

El inciso cuarto del artículo 1º se suprimió en razón de que la fijación de remuneraciones presuntivas contradice lo establecido en el inciso primero de dicho artículo que establece que la base impositiva previsional será la remuneración efectivamente percibida por los empleados. (Acordado por unanimidad).

La letra c) del artículo 2º se suprimió debido a que se estimó que el recargo de Eº 0. 40 con que se grava cada hoja de copia autorizada encarece innecesariamente el servicio notarial. (Acordado por unanimidad).

4º.- Artículos nuevos introducidos.

Se aprobaron 2 artículos nuevos:

El primero de ellos dice como sigue:

Artículo....- Sustitúyese al comienzo del inciso segundo del artículo 54 de la ley Nº 16. 250, la frase inicial Cada dos años, por Anualmente.

El artículo 54 de la ley 16. 250 faculta al Presidente de la República para que previo informe de la Corte Suprema fije los aranceles de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que se encuentren sometidos a ese régimen de remuneraciones y agrega que cada dos años el Presidente de la República podrá modificar en todo o en parte dichos aranceles.

La Comisión se inclinó por dar esta facultad anualmente al Presidente de la República con el objeto de mantener con mayor actualidad esos aranceles lo que en el fondo va a significar un mayor beneficio económico a dichos personales. (Acordado por unanimidad).

El segundo artículo nuevo establece:

Artículo....- Existirá inamovilidad de los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, en todos los casos de cesación en el cargo de los funcionarios encargados de dichos oficios y hasta seis meses después del nombramiento del nuevo funcionario, aplicándose en lo demás el artículo 5º de la ley 10. 512. Si por fundadas razones fuere necesario disminuir la planta del personal, esta disminución se hará de consuno por una comisión compuesta por un representante de los empleados, un representante de los empleadores y un Inspector del Trabajo. En Santiago, representarán a los empleados el Presidente en ejercicio del Sindicato Profesional de Empleados; a los empleadores el Presidente en ejercicio de la Asociación de Notarios y el Inspector del Trabajo que designe la Inspección Provincial a requerimiento de cualquiera de las partes.

Se señaló en la Comisión que se hacía notar la importancia de este artículo toda vez que había un cambio de Notario, porque generalmente el nuevo traía otros personales con los que reemplazaba a algunos funcionarios que trabajaban en esa Notaría.

La Comisión aprobó como artículo final el que corresponde al artículo 6º, sin modificaciones.

5º.- De los artículos que en conformidad al artículo 74 deban ser conocidos polla Comisión de Hacienda.

Ninguno.

6°.- De las indicaciones rechazadas.

De los señores Fuentealba, don Clemente; Cademártori y Palestro:

Para sustituir el texto del proyecto por el siguiente:

Artículo 1º.- Existirá inamovilidad de los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, en todos los casos de cesación en el cargo de los funcionarios encargados de dichos oficios y hasta seis meses después del nombramiento del nuevo funcionario, aplicándose en lo demás el artículo 5º de la ley 10. 512. Si por fundadas razones fuere necesario disminuir la planta del personal, esta disminución se hará de consuno por una comisión compuesta por un representante de los empleados, un representante de los empleadores y un Inspector del Trabajo. En Santiago, representará a los empleados el Presidente en ejercicio del Sindicato Profesional de Empleados; a los empleadores el Presidente en ejercicio de la Asociación de Notarías y el Inspector del Trabajo que designe la Inspección Provincial a requerimiento de cualquiera de las partes.

Artículo 6º.- En las oficinas de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales no podrá trabajar más de un familiar directo de los empleadores, entendiéndose por tal a padres, hermanos, cónyuge e hijos, sancionándose con suspensión a los encargados de los oficios por las infracciones comprobadas.

Artículo 7º.- Derógase la letra e) del artículo 62 de la ley Nº 16. 742.

Artículo 8º.- Toda rebaja voluntaria que los funcionarios hagan en los aranceles de estos servicios afectará sólo a la participación que le correspondan a los Notarios, Conservadores o Archiveros Judiciales.

Artículo 9º.- Derógase toda disposición legal vigente que sea contraria a lo prescrito en la presente ley.

Artículo 4º Transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que refunda en un solo texto todas las disposiciones previsionales y laborales referentes a Notarios, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas y Archiveros Judiciales y a sus empleados, que se encuentren actualmente vigentes, incluso el texto de la presente ley, pudiendo dar a sus preceptos la redacción necesaria para coordinarlos y la correspondiente numeración.

Cabe hacer presente que los demás artículos de este proyecto sustitutivo la Mesa los declaró inconstitucionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 1º

Del señor Maturana, para intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión Presidente de la República, la siguiente frase, entre comas: previo informe favorable de la Excelentísima Corte Suprema. Acordado por unanimidad.

Del mismo señor Diputado, para agregar, como frase final, sustituyendo el punto por una coma, la siguiente frase: sin perjuicio que la Corte de Apelaciones respectiva, en casos determinados autorice la fijación de un sueldo menor. Acordado por unanimidad.

Artículo 2º

Del mismo señor Diputado, para sustituir, en la letra a), el guarismo 8% por 7%.

Artículo 3º

Del mismo señor Diputado, para suprimirlo.

Del mismo señor Diputado, para consultar, como artículo final, el siguiente:

Artículo...- Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, letras a) y b), regirá desde la vigencia de nuevos aranceles en que se consideren estos mayores egresos.

Acordado por unanimidad.

Asimismo, se deja constancia que diversos señores Diputados habían formulado indicaciones al articulado del proyecto que la Mesa declaró inconstitucionales, en cumplimiento de los dispuestos en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado.

8º.- Texto de las disposiciones legales pertinentes que el proyecto modifique o derogue.

Artículo 5º de la ley Nº 12. 430:

Artículo 5º.- Declárase que el aumento del 5% al 6% establecido en el Nº 19 del artículo 73 de la ley 10. 343, de 23 de mayo de 1952, rige desde su misma fecha para los efectos de los descuentos de cargo de los empleadores para el Fondo de Desahucio de los empleados de Notarías, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas y Archivos Judiciales, a que se refiere el artículo 4º del texto definitivo del decreto con fuerza de ley 254, de 20 de mayo de 1931, fijado por el decreto supremo 5. 122, de 15 de diciembre de 1944, y modificado por el artículo 1º de la ley 10. 512.

El aumento ya ordenado de estos descuentos para el desahucio de los empleados de esos oficios, por aplicación del artículo 73 de la ley 10. 343, tendrá validez legal y se imputará a los mismos fines establecidos en el inciso anterior.

Artículo 17 de la ley Nº 12. 401:

Artículo 17.- Los pensionados de invalidez, antigüedad, vejez y viudez de la ley 10. 475 tendrán derecho a la asignación familiar que perciban los imponentes de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares en los términos que se establecen en el presente artículo.

Ningún pensionado podrá percibir más de una asignación familiar por una misma carga, y tampoco podrá hacerse valer una misma carga para dos o más personas ante éste o cualquier otro régimen de asignación familiar.

El monto de la asignación familiar de los pensionados será igual al valor de la asignación líquida completa que perciban los imponentes activos.

Todos los pensionados a que se refiere el inciso 1º concurrirán al Fondo Común de Asignación Familiar de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares, con una imposición de 5% de sus pensiones totales, la que les será descontada mensualmente.

En la fijación de la asignación familiar por el mecanismo que establecen los artículos 30 y 31 de la ley 7. 295, se considerarán también los ingresos y gastos que origine el beneficio de asignación familiar de los pensionados.

Las disposiciones del presente artículo regirán desde el 1º de enero de 1957.

Artículo 10 de la ley Nº 12. 430:

Artículo 10.- Fíjase un plazo de 90 días, contado desde la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para que los funcionarios a que ella se refiere, incorporen al actual personal de su dependencia que no lo estuviere, en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y para que puedan acogerse a los beneficios de las leyes 5. 948, 6. 136, 7. 868 y 10. 512, los empleados y personas que no lo hayan hecho, que trabajen a hayan trabajado en las Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales.

Los empleados y funcionarios que se incorporen o reincorporen, tendrán también un plazo de 90 días, contado de la fecha de su ingreso, para declarar servicios prestados con anterioridad y en cualquiera de estos oficios u otras reparticiones.

Artículo 54 de la ley Nº 16. 250:

Artículo 54.- Facúltase al Presidente de la República para que, previo informe de la Corte Suprema, fije los Aranceles de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, que se encuentren sometidos a ese régimen de remuneraciones, y los porcentajes de distribución de aquéllos entre los funcionarios y empleados.

Cada dos años, el Presidente de la República, previo el informe a que se refiere el inciso precedente, podrá modificar, en todo o en parte, dichos aranceles, considerando especialmente las variaciones que haya experimentado el valor adquisitivo de la moneda.

Artículo 5º de la ley Nº 10. 512:

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 477 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:

Artículo 477. Las obligaciones de residencia y asistencia cesan durante los días feriados.

Esta disposición no regirá en el feriado de vacaciones con los Notarios, Conservadores y Archiveros, con los Juzgados que queden de turno, ni con los que determinen las Cortes de Apelaciones para el funcionamiento de sus respectivas salas de verano.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- La base impositiva previsional de los empleados de Notarías, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales será la remuneración efectivamente percibida por ellos.

El monto mínimo de la referida base será una cantidad equivalente al sueldo vital escala A) para el departamento de Santiago y el monto máximo de ella, una cantidad equivalente a seis de los mismos sueldos.

Artículo 2°.- Increméntase el Fondo de Desahucio de los empleados de Notarías, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas y Archivos Judiciales:

a) Con el aumento del 6% al 8% del descuento, de cargo del empleador, a que se refiere el artículo 5º de la ley Nº 12. 430; y,

b) Con el 2% de descuento, de cargo de estos empleados, calculado sobre la base impositiva a que se refiere el artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º.- Los Inspectores de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y de la Caja de Previsión de Empleados Particulares estarán facultados para revisar la documentación de los Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, relacionada con las remuneraciones de su personal. En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras estarán investidos de las facultades, derechos y obligaciones que competen a los Inspectores del Trabajo, en conformidad a las disposiciones de los artículos 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 40 del D. F. L. Nº 2, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 30 de mayo de 1967, publicado el 29 de septiembre de 1967, entendiéndose que las facultades que dichas disposiciones otorgan a la Dirección del Trabajo o a sus Inspectores corresponden, en los mismos términos, a las Instituciones de Previsión o a sus Inspectores, respectivamente.

Los informes emitidos por los referidos Inspectores constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Artículo 4º.- Los pensionados de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en su calidad de ex empleados de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Sociedad Nacional de Minería y los montepiados cuyos correspondientes causantes hayan tenido la misma calidad, tendrán derecho al régimen de asignación familiar establecido en los cinco primeros incisos del artículo 17 de la ley Nº 12. 401.

Los empleados de las Sociedades referidas en el inciso anterior dejarán de ser imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y pasarán a serlo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Lo dispuesto en los incisos anteriores comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5º.- Declárase que las solicitudes presentadas ante la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas por las personas que a continuación se indican, para acogerse a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº 12. 430, lo fueron dentro del plazo que fija dicho artículo:

Lucía Aycinema ToroManuel Báez BrunaLaura Cares CancinoGerónimo Chávez RuizMirko Cickovic MárquezMaría T. Cifuentes ZúñigaGuillermo Cuevas CartagenaFernando Díaz AguileraAlfonso Díaz SanhuezaAna Escobar RodríguezOscar Espinoza SanhuezaHadda Faúndez LedezmaAna M. Garrido TorrealbaMaría Gertosio RodríguezHaydée González LetelierEmilia Gutiérrez PeñaMaría A. Hermosilla MuñozMaría T. Hernández UlrichEduardo Jara SalinasCarlos Le-Roy LópezJulio A. Madariaga PérezRamón Morales RamírezLaura Olmedo MolinaEliana Ortiz MirandaHilda Reyes GarridoHilda Riquelme FuentesCarlos Rojas ArellanoAdriana Sanhueza FuenzalidaSergio Suárez BastidasEnrique Torrens MagdalenaNerta Troncoso GallardoElsa Ubilla ValenzuelaHéctor O. Valenzuela ZuraYenly Vargas Medina, y

Consuelo Vidal Merino.

Artículo 6º.- Sustituyese al comienzo del inciso segundo del artículo 54 de la ley Nº 16. 250, la frase inicial Cada dos años, por Anualmente.

Artículo 7º.- Existirá inamovilidad de los empleados de Notarías, Conservadores y Archivos Judiciales, en todos los casos de cesación en el cargo de los funcionarios encargados de dichos oficios y hasta seis meses después del nombramiento del nuevo funcionario, aplicándose en lo demás el artículo 5º de la Ley Nº 10. 512. Si por fundadas razones fuere necesario disminuir la planta del personal, esta disminución se hará de consuno por una comisión compuesta por un representante de los empleados, un representante de los empleadores y un Inspector del Trabajo. En Santiago, representarán a los empleados el Presidente en ejercicio del Sindicato Profesional de Empleados; a los empleadores el Presidente en ejercicio de la Asociación de Notarios y el Inspector del Trabajo que designe la Inspección Provincial a requerimiento de cualquiera de las partes.

Artículo 8º.- Facúltase al Presidente de la República para que refunda en los textos que considere necesarios todas las disposiciones previsionales y laborales referentes a Notarios, Conservadores de Bienes Raíces, Comercio y Minas y Archiveros Judiciales y a sus empleados, que se encuentren actualmente vigentes, incluso el texto de la presente ley, pudiendo dar a sus preceptos la redacción necesaria para coordinarlos y la correspondiente numeración.

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 1971.

Acordado en sesión de fecha 28 del presente, con asistencia de los señores Cardemil (Presidente accidental), Fuentealba, don Luis, Godoy, Leighton, Monares, Ríos, don Héctor, Rodríguez y Torres.

Se designó Diputado Informante al señor Ríos, don Héctor.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones.

10.-MOCION DE LOS SEÑORES RIOS SANTANDER Y ALAMOS.

Honorable Cámara:

El proyecto de ley que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, intenta cumplir dos objetivos muy claros y de trascendental importancia para el desenvolvimiento de nuestra vida ciudadana En primer término, obliga a todos los ciudadanos ir al resguardo de sus propiedades ante cualquier riesgo de incendio. En segundo término, entrega a los Cuerpos de Bomberos de todo el país un interesante financiamiento para su mejor desenvolvimiento.

El problema del Seguro, indudablemente que es un asunto necesario. Esta ley, no pretende ser la solución total en el problema que nos estamos refiriendo, pues los Parlamentarios podrán observar que en ella no se incluyan ni muebles ni nada que esté unido al menaje de una casa o al vestuario y demás cosas de valor que en ella pudiera haber, pero, entrega un paso extraordinariamente importante y un estudio en profundidad para la futura discusión de leyes complementarias a esta, más amplia, con otros fines que no estarían indicados allí. Los Parlamentarios que firman este proyecto, hemos creído interesante llevar nuestro estudio al seguro de la propiedad, del bien inmueble y creemos, con los primeros pasos que esta ley pueda dar, contar con la experiencia necesaria y cumplir con los otros fines señalados anteriormente.

La prima normal que tradicionalmente se ha señalado para estos fines de Seguro, es de aproximadamente el 2%. Esta prima, que en principio sería poco elevada, se debe fundamentalmente al bajo interés que existiría por la contratación de Seguros. Esta falta de interés, que no se justifica, provoca lamentables pérdidas fundamentalmente en los sectores medios y bajos de nuestra población. No podemos dejar ver al respecto una realidad. Todas nuestras poblaciones se han ido construyendo de material ligero, madera fundamentalmente, hecho este que en los siniestros de incendio provoca irremediables pérdidas a sus ocupantes, los cuales en su inmensa mayoría no cuenta con recursos inmediatos para la construcción, mejor dicho reconstrucción de sus hogares afectados; por tal motivo, creemos extraordinariamente necesario, incluir en nuestra legislación un Seguro Obligatorio, con una prima menor, de un 1, 50% la cual se podrá cancelar en cuotas sin provocar una situación difícil en la economía de nuestros miles de hogares modestos de Chile. Para clarificar un poco la recaudación que este impuesto entregaría al Instituto de Seguros del Estado, institución que sería la encargada de llevar adelante los objetivos de la presente ley, es de aproximadamente Eº 95. 000. 000.

Esta suma serviría a modo de ejemplo para indemnizar alrededor de 1. 000 casas avaluadas en Eº 50. 000 y 45 fábricas o industrias avaluadas en Eº 1. 000. 000.

Por informaciones recibidas de diferentes cuerpos de Bomberos nos hacen suponer que en circunstancias normales debe quedar un excedente que permite cumplir con el segundo objetivo de esta ley, que es como se enunció dar un importante financiamiento al cuerpo de bomberos del país,

Nos parece de gran importancia que el funcionamiento del ISE en este aspecto sea de la mayor eficiencia posible y no se transforme en una nueva oficina burocrática fiscal, puesto que los gastos que ella ocasione deberá deducirse, antes de calcular los excedentes, con perjuicio para el cuerpo de bomberos si es excesivo.

También nos parece de especial interés, beneficio de los contribuyentes el que las compañías particulares sigan funcionando como en la actualidad con el fin, que una sana competencia entre ambos sistemas los favorezca.

Estamos convencidos que el Cuerpo de Bomberos de Chile recibirá un aporte, tal vez el más importante de los que recibe, para desarrollar su labor. En la misma ley se dan algunas normas con el fin de asegurar que dichos beneficios serán repartidos con justicia en las diferentes provincias.

Finalmente debemos plantear un aspecto de enorme importancia que podría crear una situación poco clara o de imposibilidad de aplicar esta ley. Si en alguna ciudad del país se declarase un siniestro de tan enormes proporciones que por sí solo obligara a ocupar un 50%, un 100% o aún más del rendimiento de esta ley, nos parece que debe declararse calamidad pública y acudirse directamente a los recursos del 2% constitucional. Como el disponer de estos fondos es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo será necesario estudiar el procedimiento para su adecuada aplicación.

En consideración a lo anteriormente expuesto venimos en presentar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Con el objeto que todos los ciudadanos e instituciones propietarios urbanos sean favorecidos con un Seguro Contra Incendios:

Créase el Seguro Urbano Obligatorio dependiente del Instituto de Seguros del Estado en la forma que esta ley señala:

Artículo 2º.- Establécese un impuesto de un 1, 5% sobre el avalúo fiscal vigente que afectará a los predios urbanos en beneficio del I. S. E. el que se recaudará por las Tesorerías Comunales conjuntamente con la Contribución de Bienes Raíces, pudiendo convenir el pago por mensualidades en la forma que el reglamento lo determine.

Artículo 3º.- La Tesorería General de la República abrirá una cuenta especial para recaudación de estos fondos, los cuales podrán ser girados por el Instituto de Seguros del Estado para el cumplimiento de los fines que establezca esta ley.

Artículo 4º.- Producido un siniestro, el propietario afectado, en un plazo no superior a cinco días, u otra persona en caso que el primero esté impedido de hacerlo, lo comunicará al I. S. E. y al Cuerpo de Bomberos, en caso que estos últimos no hayan intervenido, los cuales designarán peritos que lo investigarán, avaluarán los daños debiendo evacuar su informe en un plazo no superior de 20 días a contar desde la fecha de la denuncia. Si en el resultado de la investigación se comprobase que el siniestro fue provocado por el propietario afectado perderá todo derecho a indemnización.

Artículo 5º.- Perderán los beneficios establecidos por esta ley aquellos propietarios del inmueble que en el momento del siniestro estuvieren en mora en el pago del impuesto establecido en el Art. 2º.

Artículo 6°.- El I. S. E. no cancelará los daños producidos en un siniestro originado a consecuencia de un terremoto. En caso de duda de si un movimiento sísmico pueda considerarse o no como terremoto se acatará lo que dictamine sobre el particular el Servicio Sismológico de Chile.

b) De los incendios que se produzcan mientras subsista la situación anormal ocasionada por la conmoción terrestre a que se refiere la letra A. de este artículo que priva a la ciudad o localidad de los medios ordinarios de prevención o extinción de los incendios.

c) De las pérdidas o daños que directa o indirectamente, próxima o remotamente tuviere por origen o fueran una consecuencia de guerra, invasión, acto cometido por enemigo extranjero, hostilidades u operaciones guerreras, sea que haya sido declarada o no la guerra, guerra civil, motín, huelga, desorden popular, conmoción civil, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar, naval, aviación o usurpado, ley marcial, estado de sitio o cualquiera de las causas o eventos que terminen la proclamación o mantención de la Ley Marcial o Estado de Sitio, huracán, ciclón, tifón, tornado, erupción volcánica o cualquier otro fenómeno meteorológico a excepción de rayo como asimismo de los incendios que ocurren durante la situación que se produzca con motivo de cualquiera de los acontecimientos mencionados.

Queda entregado a los Tribunales de Justicia la apreciación en cada caso de la naturaleza, extensión y efecto de la situación anormal a que se refieren las letras B y C del presente artículo.

Los Tribunales actuarán a requerimiento del o los afectados.

Artículo 7º.- Si todo o parte de un edificio se cayere o hundiere el presente Seguro desde ese momento dejará de cubrir, los daños que tal situación provoquen un incendio, a no ser que se comprobare por parte de los peritos que tal derrumbe fue producto del incendio, en todo caso se deberá dar aviso inmediatamente al I. S. E. por parte del o los perjudicados.

Artículo 8º.- El afectado podrá reclamar por las tasaciones de los daños y pérdidas ocasionadas por el siniestro. Dicha reclamación se hará en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha del peritaje oficial que le haya notificado. Acogerá dicho reclamo un árbitro designado en cada comuna. Dicho árbitro que tendrá carácter de árbitro arbitrador sin ulterior recurso, lo nombrará la Corte de Apelaciones respectiva de una terna propuesta por la Municipalidad, el cual permanecerá en sus funciones en un período de dos años renovables.

Artículo 9º.- Aceptado el peritaje por el propietario del inmueble afectado o su representante, o evacuado el fallo del árbitro, el I. S. E. procederá a cancelar las indemnizaciones al propietario.

Artículo 10.- No están obligados a cumplir esta ley ni recibirán sus beneficios aquellos propietarios urbanos que contraten seguros con compañías particulares las cuales comunicarán oficialmente al I. S. E. todas las pólizas vigentes, las que se contraten, se renueven como también aquellas que después de quince días de su vencimiento no han sido renovadas.

El propietario de cualquier inmueble que estuviera cancelado el impuesto de esta ley, podrá contratar con una empresa particular otros seguros de los cuales no podrán ser superior a un 100% del avalúo fiscal vigente.

Artículo 11.- Las compañías de Seguros Particulares, deberán cancelar anualmente el 1% de las primas contratadas por seguros contra incendio de inmuebles al E. S. E. el cual lo agregará a los excedentes que se distribuyan a los Cuerpos de Bomberos.

Artículo 12.- El excedente de los dineros recaudados durante el año se destinarán en su totalidad a los Cuerpos de Bomberos en la forma que el artículo 13 señala.

Se entiende por excedente el dinero que resta de dicho impuesto una vez canceladas las indemnizaciones que corresponda a los afectados de incendio durante el año y los gastos que origine el cumplimiento de esta Ley.

El número de peritos u otros funcionarios dedicados al cumplimiento de esta Ley no podrá ser superior a treinta y estarán distribuidos en la forma que el I. S. E. estime más conveniente.

Artículo....- El Cuerpo de Bomberos deberá distribuir el beneficio que esta ley le proporcione en todas las localidades que existan Cuerpos de Bomberos en proporción a lo que rinda el impuesto en cada comuna.

En aquellas comunas en que no esté organizado el Cuerpo de Bomberos, el rendimiento de este impuesto se entregará a la Superintendencia de la capital de la provincia con el solo objeto que fomente la creación de instituciones bomberiles en dichas comunas. En la provincia de Santiago dichos aportes se entregarán a las Superintendencias de los Cuerpos de Bomberos de las capitales de Departamentos respectivos.

Artículo 14.- Se exceptúan el pago del impuesto establecido de la presente Ley el Departamento de la Isla de Pascua y los predios destinados al funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.

Artículo 15.- En un plazo no superior a 90 días desde su publicación en el Diario Oficial el Presidente de la República procederá a dictar el reglamento respectivo.

(Fdo.): Hugo Alamos Vázquez.- Mario Ríos Santander.

11.-MOCION DEL SEÑOR GODOY

Honorable Cámara:

Proyecto de Ley

Artículo único.- Agréganse los siguientes artículos nuevos, a la Ley Nº 16. 465:

Artículo....- Los dueños de predios agrícolas que vendan a sus respectivos trabajadores las casas que éstos habiten y sus correspondientes cercos, deberán ajustarse, en todo caso, a las normas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo....- Las prohibiciones establecidas en el artículo primero de la ley 16. 465, no afectarán a la división de predios de cualquier superficie que deban realizarse como consecuencia de la transferencia a que se refiere el artículo anterior.

Artículo....- Los asentados que habiten en predios que pertenezcan a Cora, o en que esta tenga alguna participación así como los campesinos que vivan en fundos de que sea dueño el Estado o de instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, pasarán a ser propietarios de su casa y de su cerco el día de la publicación de la presente ley.

Artículo....- Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá que la superficie de los cercos susceptibles de ser transferidos a los trabajadores, será la que dichos cercos tenían al 31 de diciembre de 1970, salvo que las partes, de común acuerdo, resuelva una diferente.

Artículo....- El precio de la compraventa será equivalente al valor de la casa y del cerco, el que se determinará de acuerdo con las normas que se indican en los artículos siguientes.

Artículo....- El valor de la venta de la casa deberá ser fijado por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que deberá considerar para estos efectos la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la casa, la superficie de ésta, su antigüedad y el estado de conservación de la misma.

En todo caso, y dentro del plazo de 80 días de publicada la presente ley, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar un Reglamento que contenga las normas generales que aplicará para la avaluación de las casas.

Artículo....- El valor del cerco será determinado por el Servicio de Impuestos Internos sobre la base de la proporción que por su superficie corresponda al cerco en el avalúo fiscal total del predio.

Artículo....- El precio de venta será pagado por los trabajadores en un plazo no inferior a 30 años, en cuota anuales, iguales y sucesivas debiendo cancelarse la primera de ellas el día 2 de mayo del año siguiente a la fecha en que se efectuó la transferencia.

Las cuotas no devengarán interés ni estarán afectas a reajuste.

Artículo....- El Servicio de Impuestos Internos deberá rebajar automáticamente del avalúo del respectivo predio, el valor de los cercos transferidos. Esta rebaja deberá efectuarla tan pronto se perfeccione la compraventa correspondiente.

Artículo....- Los impuestos, como asimismo todos los gastos que se originen en las transferencias a que se refiere la presente ley, serán de cargo del vendedor.

(Fdo.): Domingo Godoy Matte.

12.-MOCION DEL SEÑOR CLAVEL

Honorable Cámara:

Proyecto de ley

Artículo único.- Sustituyese el inciso primero del artículo único de la ley Nº 16. 372, de 15 de noviembre de 1965, por el siguiente:

Las funciones del personal de Tripulantes de Naves Nacionales y Extranjeras que recalen en puertos chilenos haciendo su tráfico hacia el exterior, mientras dure la recalada de éstas en puertos chilenos, deberán ser efectuadas total y exclusivamente por el personal de Marineros Auxiliares de Bahía, en la forma y condiciones que determine el Reglamento, y sin perjuicio de las funciones que actualmente corresponden al personal de Tripulantes Embarcados en dichas naves y las de los demás gremios marítimos.

(Fdo.): Eduardo Clavel A.

Las actas, de las sesiones 15ª y 16ª, extraordinarias, se declaran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.

El acta de la sesión 17ª, extraordinaria, queda a disposición de los señores Diputados.

El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

Se va a dar lectura de la cuenta.