Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Por no haberse elaborado aún en su totalidad el segundo informe de la Comisión de Trabajo referente al proyecto sobre revalorización de pensiones otorgadas por la Caja de Empleados Particulares -materia que será considerada en cuanto este dictamen llegue a la Sala-, corresponde tratar el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación. Justicia y Reglamento recaído en la iniciativa legal que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la salud pública.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 46°, en 12 de septiembre de 1967.

Informes de Comisión de:

Legislación, sesión 11°, en 13 de noviembre de 1968.

Legislación (segundo), sesión 32ª, en 7 de enero de 1969.

Discusión:

Sesión 13°, en 20 de noviembre de 1968. (Se aprueba en general).

El señor BARROS.-

¿Me permite la palabra, señor Presidente?

Quiero referirme un poco en particular y también algo en general a las disposiciones del proyecto que fueron objeto de estudio y de enmiendas, y respecto de las cuales nosotros formulamos indicaciones. Particularmente, deseo referirme a los artículos 2º y 3º, disposiciones sobre las cuales presenté varias indicaciones, la mayoría de las cuales fue rechazada.

Como conocedor de los problemas sobre delitos contra la salud pública, creo que puedo ilustrar un poco a la Sala en este aspecto.

En lo tocante al artículo 2º y a la enmienda que estamos analizando, envié una indicación que expresaba lo siguiente: "Comprobada la infestación de alimentos perecibles o la presencia de vectores que destruyan cosechas o sembrados, el o los funcionarios responsables de la importación o contaminación serán suspendidos de sus funciones o sometidos a sumario. Comprobada, además, su negligencia inexcusable, recibirán las -penas consignadas en el inciso anterior."

Este artículo se refiere a la propagación de plagas vegetales o enfermedades animales. Es obvio que quienes incurran en este delito deben' merecer también sanciones,. y aún más severas quienes, presumiendo de expertos, ingresan al país papas con nematodos dorados, o frutas con mosca azul; compran mantequilla rica en bacilos colifecalis o dejan podrirse los alimentos en las aduanas. Que no vuelva a ocurrir lo sucedido en tiempos de un Ministro de Economía de ||AMPERSAND||quot;feliz" recordación -el señor Domingo Santa María, que fue premiado con la Embajada ante los Estados Unidos-, quien, junto con el señor Belisario Velasco, es responsable de la internación de la plaga del nematodo dorado. ¿Dónde quedaron las sanciones? Creo que un Gobierno popular sería el único capaz de aplicarlas.

Por eso, y en virtud del tenor de estos preceptos, me abstendré de votarlos.

En cuanto al artículo 3º, sin duda alguna que en esta disposición están consignados los mayores crímenes y delitos contra la salud pública. Al respecto, daré lectura a la primera indicación que formulé dice así:

"Sin embargo podrán desempeñarse como médicos, dentistas o químicos farmacéuticos en barcos, islas o lugares apartados aquellas personas que acreditaren título profesional en el extranjero o estudios avanzados en el país. Dicha calificación la hará el Servicio Nacional de Salud.

"Las matronas, enfermeras y asistentes sociales que se encontraren en similar situación que los profesionales mencionados, podrán, previa autorización del Servicio Nacional de Salud, ejercer su profesión en aquellos lugares."

¿A qué obedecía esa indicación? Ocurre que, por falta "de profesionales o mala distribución de éstos, hay lugares inhóspitos donde, en vez de aceptar a una "meica" o a un "compositor", es preferible que la persona sea atendida por un profesional extranjero que, por motivos ajenos a él, no pudo revalidar su título; por un estudiante de medicina de los últimos cursos, o por un alumno que haya hecho su internado.

De atenernos al texto literal del articulado, por mucho que lo hayan pulido los sesudos penalistas invitados y los colegas del Servicio Nacional de Salud, deberíamos concluir que medio Chile tendría que estar en la cárcel cumpliendo penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multas de uno hasta diez sueldos vitales.

Yo me pregunto, ¿no ejerce ilegalmente nuestra profesión de médico una matrona sin título, la "meica" campesina, el "compositor", el que "ve por las aguas", la gitana que entrega el talismán de salud, la adivina que proporciona brebajes, el farmacéutico o la vendedora del mostrador en la botica, que "receta" a petición del cliente?

En Europa y Estados Unidos, según me parece, apenas las aspirinas son entregadas sin receta. Eso lo hemos comprobado quienes traspasamos las fronteras continentales.

¿No hay acaso estudiantes de medicina capaces de ejercer profesionalmente, si muchos de ellos, los de los últimos cursos o del internado, se sienten capacitados para desempeñarse? Esto lo hemos hecho todos los profesionales del ramo de biología.

Los estudiantes de Odontología emplean términos como "bolichar" cuando ganan algunos pesos extras en consultorios clandestinos donde hacen extracciones y obturaciones. ¡Cuántos laboratoristas dentales meten manos en la boca! ¿A quién llama esto la atención? Yo conozco profesionales titulados en otros países, y aun egresados de 4º, 5º y 6º año de medicina de nuestra escuela, sin título ni revalidación de título, que ejercen más o menos olímpicamente en Chile. Se está estudiando también, por parte de nuestros profesionales y profesores, la manera de establecer una carrera médica más Corta que la actual, precisamente para prestar atención en los campos, en los lugares inhóspitos. En el propio Estados Unidos hay profesionales que tienen grados médicos más bajos que otros. Como es natural, no pueden ejercer en las grandes urbes, en las grandes concentraciones humanas; en cambio, pueden hacerlo en los campos. Los hay en Chile, en las islas; los ha habido también en los barcos.

Hace más de treinta años viajé a Ecuador a bordo del Mapocho, en calidad de médico, y tenía sólo 5º año de medicina. Por lo demás, todos los profesionales colegiados tenemos en Chile un código de ética, y el nuestro nace con Hipócrates.

¿Por qué, entonces, la Comisión retiró mi indicación que autorizaba a las personas que tuviesen estudios avanzados de medicina para desempeñarse en los lugares inhóspitos, y la trasladó a uno de los artículos del Código Sanitario? Sobre el particular, tenemos, por ejemplo, el caso de Le Corbusier, que ni siquiera fue arquitecto, no obstante lo cual se alzó como uno de los grandes pensadores en la rama de la arquitectura mundial y fue considerado uno de sus pioneros en el propio Japón, donde es admirado. ¡Si tampoco Pasteur era médico! Al analizar el caso de don Andrés Bello, redactor del Código Civil chileno, podemos comprobar que no era abogado. Entonces, si nos atenemos a ciertas consideraciones respecto de otros profesionales, llegaremos a la conclusión de que esas personas no habrían podido ejercer en la forma como lo hicieron.

También fue mirada en solfa mi segunda indicación, que decía: "La alteración de los componentes normales de bebidas de consumo popular tales como leche de vaca en sus proporciones de grasa, azúcar y proteínas; la alteración en la normal graduación alcohólica de los vinos y asimismo el título máximo alterado de alcaloide por cucharadita de polvo de café harán a sus productores o adulteradores "acreedores a las sanciones contempladas en el inciso primero".

Los adulteradores de bebidas o comestibles existen por miles en nuestro país. ¿Quién puede decir que la leche fresca que se expende es específicamente leche? ¿Tiene la dosificación exacta o tolerable en cuanto a lactosa, albúmina o grasa? No, señor Presidente. La leche no es leche pura de vaca, porque se la ha industrializado para venderla: se le han sacado las albúminas, las proteínas, para convertirlas en queso o en quesillos; se la ha desprovisto de la grasa, a fin de transformarla en mantequilla. La leche que recibe el pueblo es, en la práctica, agua con tiza. ¡Esto es una estafa!

¿Deberían o no estar en la cárcel estos adulteradores con todas las de la ley?

El vino de garrafa tampoco es vino y el Si Café es "no café", donde campea el polvo de soya y el café apenas deja huellas de su paso por la memoria de las personas que lo producen. Sabemos que los granitos dé café semejan a los gonococos, unos bichitos muy conocidos en los lugares nocturnos de diversión. Pues bien, tales granitos pasan inadvertidos en los productos que mencioné.

Los embutidos no son todos de cerdo y las latas no corresponden al 100% del producto que se anuncia. Se vende charqui de caballo por de vacuno. Las latas o los plásticos con pescado ahumado han provocado gravísimas intoxicaciones. Esto lo sabemos todos nosotros. Con el queso ocurre algo parecido. ¿Cuántas muertes ha habido como consecuencia de quesos fermentados, mal preparados? ¡Y tanto que persiguen a los vendedores de mote con huesillos, producto tan inocuo, pero tan rico, que no gusta a estos señores roedores de la salud!

En cuanto a los estupefacientes, ya hay legislación nacional e internacional. No han tenido que preocuparse de ese problema.

Pero pensemos en el monstruoso atentado a la salud pública que se comete cuando se lanzan bombas paralizantes, bombas hilarantes de protóxido de nitrógeno o bombas que originan reacciones intestinales peligrosas, como vómitos y diarreas. ¿Es ésta la forma de atentar contra las multitudes? ¿Se puede denigrar de esta manera la personalidad humana? ¿No es éste un atentado criminal contra la salud pública? La simple bomba lacrimógena, si cae en un recinto cerrado y la recibe una persona alérgica, puede provocar un espasmo laríngeo y la muerte por asfixia.

Hace pocos años me tocó presenciar en Valparaíso el siguiente caso: con motivo del lanzamiento de una bomba en la calle Clave, en el barrio del puerto, falleció un lactante, víctima precisamente de espasmo laríngeo. ¡Y aquí no ha pasado nada! Ello aconteció en la plaza Echaurren de esa ciudad.

Con ocasión del atentado que se cometió últimamente en contra de los muchachos de la Universidad Técnica, una delegación del Senado visitó al señor Ministro del Interior. En esa oportunidad, yo hice una pregunta capciosa a ese Secretario de Estado: "Señor Ministro -le dije-, "¿dispone de otras bombas el Grupo Móvil de Carabineros?". La respuesta fue: "Sí, señor Senador. Aparte las bombas lacrimógenas, se dispone de bombas pestilentes, hilarantes, de reacción intestinal y de humo", como una que encontramos en la calle, que se había lanzado sobre los estudiantes. Y aquí, en la Comisión encargada de estudiar el proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos contra la salud pública, a la cual se invitó a representantes del Servicio Nacional de Salud, organismo que ni siquiera tiene director -el cargo se halla acéfalo en estos momentos-, esos personeros han dicho que no saben de la existencia en Chile del tipo de bombas que he mencionado.

Hago la denuncia respectiva y solicito oficiar al Ministro del Interior, para que se sirva informarme si es efectivo o no lo es que el Cuerpo de Carabineros ha recibido, aparte las vulgares lacrimógenas, bombas paralizantes, pestilentes, hilarantes, diarreicas y de humo. Si ese Secretario de Estado respondiera en forma negativa, estaría mintiendo, pues delante de la Comisión de Senadores que lo visitó dijo que se disponía de tales elementos.

Sigamos con los atentados.

Hace muy poco tiempo leí en el cable una noticia donde se informaba que una distinguida benefactora británica solicitaba que el Gobierno dispusiera la colocación, en la etiqueta de los productos anticonceptivos, de una leyenda que advirtiera el peligro de provocar coágulos mortales. Esto se ha advertido en algunos estados de Norteamérica. ¡No fue aceptada esa petición! Los médicos sabemos que ello puede acontecer; no obstante para los comerciantes de drogas tan socorridas como los anticonceptivos, es preferible no darlo a conocer al público.

Yo me pregunto, ¿cuántas muertes se han producido por uso indiscriminado de insecticidas, herbicidas, Talvox, Zelio, Tanax en polvo, etcétera, que se venden sin siquiera rotularlos con la palabra "veneno", y, aún más, que se expenden a perdonas irresponsables o analfabetas, que ignoran su peligro?

El precepto que sugerí pasó totalmente inadvertido para la Comisión. En virtud de él se prohibía a las farmacias expender productos tóxicos de uso externo sin rotular en el frasco respectivo la palabra "veneno". En Chile se expende todo tipo de fungicidas, insecticidas y otras sustancias similares, que pueden estar al alcance de los niños. Inclusive, se venden fuegos artificiales como las inofensivas "pulgas coléricas", que vienen envueltas en papel plateado. Sabemos que hace pocos días murió un lactante en el Hospital Arriarán debido a la ingestión de pulgas coléricas.

¿No se invadió Santiago hace un año con "spray" de Dieldrín, Clordano o Malathion, elementos empleados para combatir la mosca azul? Este polvo caía en las casas, automóviles, huertas y gallineros del Gran Santiago.

El "smog" es conocido como uno de los grandes peligros para la salud pública. ¿Acaso se ha estudiado la forma de importar coches, camiones o vehículos de locomoción colectiva que procesen el óxido de carbono, para no contaminar la atmósfera? Esto no lo conocen los señores representantes del Servicio Nacional de Salud que concurrieron a la Comisión respectiva del Senado, en circunstancias de que en el mundo entero se está hablando de ello.

¡Cuántas veces hemos viajado en microbuses destartalados, donde los escapes de gases asfixian a los pasajeros! Menos mal que las distancias son cortas, porque de lo contrario deberíamos rememorar al criminal Eichmann, quien mataba judíos en camiones herméticamente cerrados, que llevaban el escape libre hacia adentro.

En cuanto a las aguas, ¿no sabemos que ha habido muertes por contaminación con arsénico en Antofagasta, el mismo elemento empleado por los Papas Borgia, los históricos envenenadores? En Chile, el medicamento específico contra la intoxicación arsenical, el "BAL", está monopolizado en Antofagasta. Hace pocos días, para tratar un envenenamiento arsenical en Viña del Mar, se consiguieron por milagro cuatro dosis en el Hospital Naval.

¡Cuántas veces esa "maravillita", entre comillas, llamada ECA ha debido lanzar toneladas de carne podrida y otros productos al mar!

Si continuamos con la ventilación de las minas donde el gas metano trae esporádicamente un cortejo de muertes, tendremos un cuadro patético de la inseguridad industrial y el delito contra la salud pública.

Ruidos que ensordecen con más de 100 decibeles, campanas de iglesias que despiertan a los vecinos al amanecer, cuando muchos trabajadores necesitan dormir un poco más. ¿Quién reclama contra esto?

En suma, creo que ésta es una de las leyes más hipócritas que dictaremos, una de las legislaciones más celestinas que hemos conocido. Repito: de aplicarse correctamente, medio Chile debería estar preso.

Tengo la seguridad de que ella quedará en el papel. Y si he formulado indicaciones, sólo es porque creo en ellas desde una posición romántica, y en la esperanza de que algún día un Gobierno popular pueda aplicarla, para sancionar a los verdaderos criminales de la salud.

Por eso, me abstendré de votar.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Legislación, tengo el deber de formular algunas observaciones a propósito de las palabras pronunciadas por el Honorable señor Barros.

Desde luego, deploro sinceramente que Su Señoría no haya concurrido a la Comisión cuando presentó esas indicaciones, porque, de haberlo hecho, habría tenido la oportunidad de comprobar la seriedad con que examinamos sus ideas y las razones que tuvimos para acoger sólo parte de ellas.

Considero absolutamente gratuita la suposición de que hayamos prescindido de sus indicaciones sólo por prejuicio. Al contrario, en la medida en que nos pareció que podían ser aceptadas, las admitimos e incorporamos al proyecto. Así, en el informe respectivo se consigna una modificación al artículo 289 del Código Penal, en virtud de la cual se aplican penas al funcionario a cargo del respectivo control sanitario que, por negligencia inexcusable, hubiese dado lugar a la propagación de una enfermedad animal o a una plaga vegetal.

Si se ha establecido expresamente esa idea sugerida por el señor Senador, parece un poco injusto atribuirnos el propósito de prescindir de sus sugerencias.

En seguida, la Comisión estimó que el régimen del ejercicio de la profesión de médico, matrona u otro que afecte a la conservación o recuperación de la salud, no es propio del Código Penal, pues estas materias deben consignarse en el Código Sanitario o, subsidiariamente, en las leyes de los colegios profesionales respectivos. De manera que cuando se nos propuso establecer reglas en el Código Penal acerca de casos de excepción de ejercicio anticipado de la profesión de médico por parte de aquellos egresados que en la práctica hayan finalizado sus estudios, nosotros consideramos que ello estaba consignado de manera suficiente en el artículo 313 A de ese texto legal, en cuanto limita la sanción del ejercicio ilegal de la profesión a quien carece de título profesional competente o de la autorización legal para el efecto. En consecuencia, hay una autorización conforme a la ley en casos excepcionales, que habilita a aquel que no ha obtenido aún el título.

El informe contiene las razones que la Comisión tuvo en vista para desechar algunas indicaciones del Honorable señor Barros. Recuerdo, por ejemplo, el caso de aquellas normas propuestas para evitar el uso de elementos o sustancias paralizantes. Para incorporar un precepto referente a esos eventos, nos vimos en la necesidad de atenernos al informe técnico del Servicio Nacional de Salud. La comisión especial designada por esta institución para informar sobre el particular a ese órgano de trabajo del Senado nos aseveró en forma categórica que los gases expelidos por los motores de combustión interna no eran dañinos para la salud en un ambiente abierto.

Creo que no podemos formarnos juicio en contrario si no se nos allegan antecedentes de convicción suficientes que nos autoricen para adoptar determinaciones de esta especie. En consecuencia, mal podíamos incorporar al Código Penal una regla para un evento que, según los técnicos oficiales, no se producirá.

No deseo alargar mis observaciones, porque entiendo que el informe de la Comisión es muy completo, y cualquiera duda podría absolverse haciendo la consulta en forma directa.

El señor AYLWIN.-

Aparte lo expresado por el Honorable señor Chadwick, insisto en que la Comisión de Legislación y Justicia, con la intervención de los miembros que a ella concurrimos, estudió con toda minuciosidad e interés estas indicaciones. Tan así es que las tratamos en una sesión, las dejamos pendientes para seguirlas considerando en otra reunión especial previo conocimiento de informes técnicos sobre la materia, y, en definitiva nos pronunciamos sobre ellas. Resulta, pues, totalmente injusto hacernos el cargo de haber prescindido de tales proposiciones.

Quiero agregar algo más. Respecto de la indicación del Honorable señor Barros concerniente a la alteración de los componentes normales de bebidas de consumo, como la leche de vaca y otros productos, y de la graduación alcohólica de los vinos, etcétera, la Comisión consideró que esta materia está comprendida en el texto del artículo 315, tal como ha quedado redactado, que expresamente sanciona al "que efectuare otras adulteraciones en dichas sustancias destinadas al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias" ... Es evidente que en ello están comprendidos: la leche a la que se le agregue agua, el café al que falte alguna característica "que le es propia, el vino al que se haya echado agua o que no tenga el grado alcohólico correspondiente, y cualquier otro producto adulterado.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Señor Presidente, he seguido con interés las palabras vertidas por el Honorable colega el doctor Barros.

Como el problema no es nuevo, uno debe traer al recuerdo algunos otros aspectos. Estoy leyendo el proyecto de ley y me encuentro con algunas cosas muy curiosas, que no puedo dejar de observar.

Empezaré por el artículo 214 que se nos propone. Véalo, señor Presidente. Dice así: "El que sin derecho para hacerlo oficiare como Ministro de un culto permitido en la República, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo".

¿Quién ha podido traer un artículo semejante? ¿No está, en Chile, separada la Iglesia del Estado? ¿Qué Ministro debe contar con autorización para ejercer un culto? ¿Qué autoridad ha de facultarlo para "oficiar como Ministro de un culto", como aquí se dice? ¿Quién ha de negarle esa facultad? ¡Es de libre albedrío de cada ciudadano! ¡Se ejerce en la casa, en la sinagoga, en la iglesia, dondequiera! ¿Cómo ha podido filtrarse un artículo de tal naturaleza, cuando la Constitución Política del Estado dice otra cosa? Ella establece, entre otras garantías: "La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas". Nada más. ¿Por qué legislar en esta materia y arrastrar al país por una vía que puede llevar a discusiones bizantinas? Por lo demás, no sé por, qué se incluye este asunto en un proyecto de ley relativo a la salud.

También me llama la atención el artículo 289, que dice: "El que de propósito y sin permiso de la autoridad competente propagare una enfermedad animal ó una plaga vegetal, será penado con presidio menor en su grado medio o multa de tres a diez sueldos vitales." Y continúa: "Si la propagación se produjere por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga, o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de uno a cinco sueldos vitales".

¡Esto resulta un sarcasmo! Hace poco, el Consejo General del Colegio de Médicos Veterinarios denunciaba que la fiebre aftosa estaba diezmando la población ganadera del país, y hasta llegaba a decir que no se podía aplicar el plan ideado para salvarla. Yo hice una breve intervención en el Senado y dije que se estaban perdiendo 300 millones de escudos al año por la desatención de tal proceso sanitario animal.

Entonces, ¿a quién haremos responsable de los delitos de esta índole? ¿Al Gobierno? ¿A las autoridades? Establecer en la ley disposiciones que el Estado comienza por desechar es como legislar "al divino botón". No, señor. No debemos actuar en esta forma.

No hace mucho, un Senador dijo, cuando se discutía un proyecto que se iba a transformar en ley, que sus disposiciones no se podrían cumplir, que eran una simple ilusión.

Pero todavía tengo que decir algo más. Se dispone en el artículo 313 a: "El que, careciendo del título profesional competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva profesión de médico-cirujano, dentista, químico-farmacéutico, bioquímico u otra de características análogas, relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor en su grado medio y multa de uno a cinco sueldos vitales". Es decir, se trata de preservar y conservar la salud pública, y ello ha sido siempre resguardado por medio de diversas disposiciones.

Pero en seguida aparece otro inciso que no deja de ser interesante: "Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilios cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional". Yo lo encuentro un poco hipócrita. Se concede una facultad amplia libremente, para que la ejerza el que quiera, sin más justificación que el apremio.

Hace muchos años me empeñé en el Senado en aprobar una disposición destinada a establecer franquicias que permitieran dar asistencia al ciudadano que la necesitara en los centros alejados de las poblaciones importantes del país. Naturalmente, ello sería fiscalizado por los servicios encargados de la salud pública. Me acuerdo que me referí concretamente a San José de la Mariquina, porque allí ejercía como mecánico dental una persona distinguida que había logrado hacerse estimar por la población. No sé si aún se encuentra en esa localidad. En otras partes me he encontrado también con practicantes distinguidos, respetados, que son verdaderos paramédicos en esas poblaciones lejanas en donde no hay un profesional.

Propuse en aquella ocasión autorizar expresamente a esas personas -que, por lo demás, deben poseer un certificado de competencia y haber seguido ciertos cursos de atención primaria- para desempeñarse mientras no existiera en la localidad un profesional. Y como ejemplo señalaba que, en el caso de San José de la Mariquina, cuando llegara allí un dentista se suspendería la actividad del mecánico dental, el que podría seguir prestando primeros auxilios, tales como suministrar un calmante para un dolor de muelas, que es horrendo. Entre tanto, ¿quién puede atender a los enfermos, sino el que está en la antesala de la profesión, si la autoridad lo faculta para ello previas determinadas limitaciones? Bueno, prestemos un servicio a la comunidad. En el caso a que me referí, por medio de un paramédico dental, por así llamarlo. Igual cosa puede hacer un practicante. Que ellos presten los primeros auxilios. Pero autorizados en forma expresa. No así, "por debajo de la pierna". No, señor: con permiso de la autoridad y en la forma que ésta determine, mientras no llegue a la localidad un profesional para que se desempeñe del modo como la ley lo establece.

No estoy presentándome como defensor de tinterillos, que los hay en todas partes. No. Por lo demás, no son necesarios, pues los abogados abundan. No pretendo dañar la profesión de los hombres de Derecho. Pero en el aspecto que he señalado, estimo que la autoridad debe colaborar dando la autorización respectiva.

No he leído más. Sin embargo, me parece que convendría dejar para segunda discusión el proyecto, o que vuelva a Comisión, dando a ésta un plazo para cumplir su cometido; y que se reparta oportunamente el informe. Esta es una iniciativa de extraordinaria importancia, en la que todos tenemos interés: todos estamos vinculados a la defensa de la salud, queremos atender a las necesidades sociales del país.

De manera que formularía indicación para que volviera el proyecto a Comisión...

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Es necesario que lo apoye un Comité, señor Senador.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Cosa curiosa: cuando yo defendí el caso de San José de la Mariquina, conté, según recuerdo, con la ayuda del Senador conservador de aquel entonces, el señor Prieto Concha, quien estuvo muy de acuerdo con mi tesis.

El señor CURTI.-

Señor Presidente, el Comité Conservador apoya la petición del señor González Madariaga.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿El Honorable señor González Madariaga pide segunda discusión o enviar de nuevo el proyecto a Comisión?

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Enviarlo a Comisión.

El señor AYLWIN.-

Deseo aclarar ante el Honorable señor González Madariaga que la mayor parte de las observaciones que ha formulado Sü Señoría se refieren a artículos del proyecto que no fueron objeto de enmiendas, que están aprobados por la Sala en primer trámite y que, con ocasión del segundo informe, no fueron objeto de indicaciones. En consecuencia, de someterse a nuevo estudio de la Comisión, ésta carecería de toda competencia para pronunciarse sobre tales materias.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde estudiar el proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables señores Foncea y Musalem, que revaloriza y reajusta durante 1969 determinadas pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de Empleados Particulares y revaloriza las concedidas por las instituciones que indica.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los señores Foncea y Musalem):

En primer trámite, sesión 24ª, en 17 de diciembre de 1968.

Informe de Comisión:

Trabajo, sesión 32°, en 7 de enero de 1969.

Trabajo {segundo), sesión 33°, en 8 de enero de 1969.

Discusión:

Sesión 32° en 7 de enero de 1969. (Se aprueba en general).

El señor FONCEA.-

La indicación en debate fue presentada por el Honorable señor Musalem y por el Senador que habla. Lo hicimos por considerar que técnicamente la Superintendencia de Seguridad Social debe fiscalizar a todos los organismos que tienen atinencia con la seguridad social. Sin embargo, por lo que dijo en la Comisión el señor Subsecretario del ramo, nos impusimos de que ella iba a ser resistida por parte del gremio bancario.

La Caja Bancaria de Pensiones está sometida actualmente a la tuición de la Superintendencia de Bancos.

Pensamos, entonces, que no era oportuno agregar la disposición a este proyecto, dado el interés que tenemos en despacharlo en la forma más rápida posible, y el hecho de crear problemas, como sería el que el gremio bancario se opusiera a ella.

El señor CURTI.-

¿Por qué se opondrían?

El señor FONCEA.-

Por tales consideraciones retiramos la indicación, pero con posterioridad la hicieron suya los Honorables Senadores señora Campusano y señor Luengo.

Estamos de acuerdo con ella -repito- pues estimamos que técnicamente la Caja Bancaria de Pensiones debe estar sometida al control de la Superintendencia del ramo. Sólo objetamos la oportunidad. Por eso nos abstendremos de votar esta indicación renovada.

El señor CHADWICK.-

Lo único que se persigue por medio de esta indicación es corregir un error que actualmente existe. La Superintendencia de Seguridad Social tiene la facultad de dictar las normas a que deben ceñirse la Caja Bancaria de Pensiones y los organismos auxiliares y especiales de previsión bancaria. Me parece de toda necesidad que la institución que dicta tales normas tenga la facultad de fiscalizar su cumplimiento. De otra manera se mantendría un dualismo que sólo serviría para confundir la buena marcha de esas instituciones.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La indicación número siete, que ha sido renovada por los Honorables señores Contreras Labarca, Chadwick, Campusano, Baltra, Luengo, Teitelboim, Curti, Von Mühlenbrock, Bossay, Noemi y Foncea, y González Madariaga, sólo para los efectos reglamentarios, tiene por objeto agregar el siguiente artículo:

"La Caja Bancaria reconocerá todos los años de imposiciones de Cajas de anterior afiliación, que no fueron reconocidos por aplicación del artículo 68 de la ley Nº 8.569 y para tal efecto, los interesados enterarán las imposiciones personales y patronales, debidamente revalorizadas, de acuerdo con el alza del costo de la vida.

"Las Cajas les otorgarán un préstamo, conforme lo dispuesto por la ley Nº 10.986 sobre continuidad de la previsión y los interesados tendrán un plazo de noventa días para impetrar el beneficio de la presente ley."

El señor MUSALEM.-

Advierto a los señores Senadores el riesgo que se corre al aprobar la indicación. De lo que planteó en la Comisión el señor Subsecretario de Previsión Social y de los antecedentes que dio el señor Superintendente de Seguridad Social se deduce que el Ejecutivo vetaría el precepto, con lo cual se corre el albur de que el proyecto no se despache en el curso de enero, sino que se postergue por dos o tres meses más.

Quiero agregar otro antecedente: el derecho de los jubilados a que la Caja Bancaria les reconozca todos los años de imposiciones en entidades de anterior afiliación -lo que constituye la continuidad de la previsión-, está consagrado en la ley de Reajustes promulgada en mayo de 1968. Es decir, hace seis meses el Congreso dio plazo a esos personales para acogerse a la continuidad de la previsión. Por lo tanto, acordar un nuevo lapso después de un período tan breve crea, a mi juicio, inestabilidad en las instituciones de previsión bancaria. Por lo demás, esta disposición no ha sido estudiada.

El señor Subsecretario dijo que para conocer su incidencia habría tenido que revisar cada una de las pensiones.

Insisto en que el proyecto corre el riesgo de ser vetado y, por lo tanto, su despacho demoraría tres meses más.

Los Senadores de estas bancas votaremos en contra de la indicación en debate.

La señora CAMPUSANO.-

Desde hace tiempo el Senado está siendo sometido a un nuevo "cuco" por los Senadores de la Democracia Cristiana: el del veto. Con ello prácticamente se tratan de cercenar las atribuciones que el Parlamento tiene, como es su independencia de hacer las modificaciones que estime convenientes a un proyecto de ley. Creo que la Corporación no lo puede permitir. No se justificaría la existencia del Parlamento si cada vez vamos a estar en todo de acuerdo con el criterio del Ejecutivo. Por eso hemos renovado la indicación.

Cuando se discutió el proyecto de reajustes, también se planteó la amenaza del veto del Ejecutivo; pero varias indicaciones -por la voluntad de la Cámara y del Senado- fueron aprobadas. Tal es el caso de aquella que otorgaba una miserable pensión a las viudas de los fundadores del Seguro Obrero, quienes actualmente nada tienen y perciben una pensión de menos de cien mil pesos. Es decir, en algunas oportunidades el Parlamento puede reunir la fuerza necesaria para imponer su voluntad y oponerse a la del Ejecutivo. Sin embargo, ahora, se desea cercenar nuestras atribuciones.

Por eso hemos renovado la indicación.

Además deseo advertir al Honorable señor Musalem que el plazo dado en la ley de Reajustes del año pasado, rige sólo para el personal en servicio activo y no para los jubilados. Con la legislación en proyecto se beneficiará principalmente a los que fueron imponentes de la Caja de Seguro Obrero o del Servicio de Seguro Social. O sea, a quienes, por el mecanismo de las leyes, que en lugar de ser beneficioso es a veces perjudicial para los trabajadores, no les fueron reconocidos sus derechos, a pesar de haber hecho sus imposiciones.

Por tales consideraciones, los Senadores comunistas votaremos a favor de la indicación, y solicitamos al Senado que la apruebe.

El señor FONCEA.-

Quiero referirme muy brevemente a las expresiones de mi Honorable colega.

Comparto la idea -creo que no hay que insistir en ello- de que el Congreso es soberano para legislar. Sin embargo, en numerosas oportunidades parlamentarios de las bancas a que pertenece la señora Senadora se han limitado a decir en relación con algunas indicaciones, que las votan conforme lo solicitan los dirigentes gremiales.

En el día de hoy concurrieron a la Comisión diez o quince dirigentes gremiales, cuyos nombres se mencionan en el informe. Según se deja constancia en ese documento, ellos pidieron facilitar el despacho del proyecto y evitar un posible veto. Lo expresaron, porque, como hemos manifestado, se trata de un proyecto transitorio, cuyas disposiciones regirán desde el 1º de enero de este año. Después se dictará la legislación definitiva.

Pues bien, si al trámite de la Cámara -donde se corre el riesgo de que estos preceptos sean rechazados- se agrega el posible veto, la iniciativa no será ley hasta abril o mayo próximos, si se considera que el Senado entrará en receso.

Si se va a dictar una legislación definitiva sobre el particular ¿por qué no acogemos ahora la justa petición de los gremios y evitamos obstruir el despacho del proyecto? Además, como lo señalaba el Honorable señor Musalem, el Ejecutivo vetaría esta disposición, en razón de que no hay ningún estudio sobre el particular. Inclusive, el Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, expresó que él requeriría de tiempo para su cabal conocimiento, ya que la iniciativa tiene un costo cuyo financiamiento no se otorga en la disposición pertinente.

Por tales consideraciones, voté en contra en la Comisión. A mi juicio, haríamos mal en aprobar una disposición que de antemano sabemos que será vetada.

La señora CAMPUSANO.-

Quiere decir que en el Congreso hay parlamentarios regalones, cuyas indicaciones sí que cuentan con el apoyo del Ejecutivo.

El señor MUSALEM.-

Recuerde Su Señoría que hemos aprobado dos de sus indicaciones.

La señora CAMPUSANO.-

No hemos querido molestar a los señores Senadores de la Democracia Cristiana. Con nuestra abstención se ha aprobado un artículo, que tiene alrededor de diez apartados, referente a reuniones hípicas extraordinarias, materia que es totalmente ajena a la idea matriz del proyecto. Pero como el Honorable señor Foncea, que es el regalón del Presidente de la República, aseguró que tales disposiciones no se vetarán, ellas fueron aprobadas.

Permítanme los Senadores de la Democracia Cristiana: no podemos seguir legislando conforme a la voluntad de determinados regalones del Primer Mandatario. Debemos dictar las leyes en conformidad a la voluntad del Congreso, aprobando las indicaciones que sean correctas.

El señor FONCEA.-

A mi juicio, dentro del respeto que nos debemos los parlamentarios, los términos usados por la señora Senadora no son los más adecuados, porque nosotros no somos regalones de nadie. Yo por lo menos tengo demasiados años para ser regalón de alguien. De modo que si "Su Señoría ha querido calificarme de "palaciego", está en un error.

La señora CAMPUSANO.-

No quise decir eso, señor Senador.

El señor FONCEA.-

He apoyado la gestión de dos Gobiernos en mi carrera política y creo que a La Moneda no he entrado más de diez veces.

No soy regalón de nadie.

Las indicaciones fueron aprobadas en la Comisión. Di las razones que las justificaban, y no hubo ningún miembro de aquélla que pudiera refutarlas. Desde luego, ellas no requieren de financiamiento: solucionan una situación que requiere un pronunciamiento inmediato del Congreso. Expliqué -para no dilatar el debate no me referiré nuevamente a ello-, y el Honorable señor Luengo es testigo, las razones que abonan nuestra indicación y que son de absoluta seriedad. El Ejecutivo en ningún caso puede vetarla, no porque yo sea regalón de él, sino porque es una norma de rigurosa justicia.

El señor CHADWICK.-

En la discusión general de este proyecto intervine sólo por la vía de la interrupción. No es mi ánimo prolongar el debate, sino hacer posible el más rápido despacho de la iniciativa. Pero hay ciertas cosas que no puedo dejar pasar.

Es evidente que este proyecto, patrocinado por los Honorables señores Foncea y Musalem, tiene su origen en estudios realizados por miembros de la Administración, aprobados previamente por el Ejecutivo. Es decir, esta proposición legislativa expresa la voluntad del Gobierno y autoriza la destinación de fondos que han estado sobrando, con una falta de misericordia para con los empleados particulares que causa horror. Inclusive, se asignaban a distintos financiamientos, menos a dar jubilación a esos servidores. Este olvido se corrige en términos que nos parecen aceptables, dada la situación existente.

Pero no se puede negar que el Ejecutivo hasta ahora ha mantenido inflexible una doctrina que impide al Congreso Nacional intervenir en materia de previsión social, la cual se ha materializado por la conducta de la Cámara de Diputados y por los vetos supresivos que han terminado por borrar, de los proyectos de ley despachados por el Congreso Nacional, los preceptos que en el aspecto previsional favorecían a obreros y empleados.

No empleo ningún calificativo. Ni regalón, ni favoritismo, ni cosa parecida. Digo, sí, que el proyecto obedece a un estudio realizado por la Administración, o sea, por funcionarios dependientes del Ejecutivo, preparado a fin de que dos Honorables Senadores lo patrocinen.

El señor FONCEA.-

No es así.

El señor CHADWICK.-

No sería honrado conmigo mismo si no manifestara estos hechos. Para demostrarlo, basta leer el informe, y espero que el Senado acuerde publicarlo 'in extenso".

El señor MUSALEM.-

No me referiré a la última afirmación del Honorable señor Chadwick, porque no deseo caer en infantilismos.

El señor CHADWICK.-

El concepto de infantilismo es muy personal.

El señor MUSALEM.-

Sólo intervengo para refutar una cuestión de fondo.

Aquí se ha planteado que el Ejecutivo sólo apoya sus ideas y los criterios sustentados por los parlamentarios de Gobierno.

Deseo limitar mis observaciones concretamente a tres indicaciones aprobadas en la Comisión que incorporan artículos nuevos en el proyecto. La Honorable señora Campusano se refirió a una formulada por el Honorable señor Foncea. Las otras dos, las números 9 y 14, las presentó nuestra Honorable colega y se aprobaron porque fueron consideradas de absoluta justicia por el Subsecretario del Trabajo y por el Superintendente de Seguridad Social,...

El señor NOEMI.-

O sea, dos contra una.

El señor MUSALEM.-

...en vista de que no representaban desfinanciamiento.

Con lo expuesto, refuto las aseveraciones del Honorable señor Chadwick y de la Honorable señora Campusano.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Finalmente, los Honorables señores Curti, Von Mühlenbrock, Jaramillo Lyon, Sepúlveda, Enríquez, Durán, Contreras Labarca, Teitelboim, Campusano, Baltra y González Mádariaga, para los efectos reglamentarios, han renovado la indicación número 13, que consiste en establecer el siguiente artículo: "La Asociación de Jubilaciones y Montepíos para los Empleados del Banco Central de Chile, otorgará a sus. imponentes el derecho a recibir una pensión y a reajustar la misma, en la forma que se señala en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, siempre que al momento de jubilar hayan reunido o reúnan los requisitos que prescriben sus Estatutos y la disposición señalada precedentemente. "Para los efectos de determinar el monto de la remuneración que exige la disposición legal antes citada, se entenderá que reúne tal requisito, si al momento de obtener el beneficio de la jubilación el imponente gozaba de una renta igual o superior al sueldo asignado a la 5ª Categoría del Escalafón de la Administración Pública."

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Antes de que declare terminada la discusión del proyecto en este trámite, deseo formular una proposición que, en mi opinión, puede ser de provecho.

Quiero referirme al artículo 79, ya aprobado, que dice:

"Introdúcese al inciso primero del artículo 27 de la ley Nº 7.295, reemplazado por la letra a) del artículo único de la ley Nº 16.612, la siguiente modificación:

"Sustitúyese el punto (.) seguido colocado después de la palabra "técnica" por una coma (,) y agrégase a continuación la siguiente frase: "en el país o el extranjero."

La Mesa y los señores Senadores saben muy bien de qué se trata. Esta legislación de "parches" crea una confusión para todos los que mañana deben aplicar la norma. ¿Por qué no tomamos la costumbre -me permito insinuarlo a Sus Señorías- de agregar, a manera de explicación, el texto definitivo del artículo que se modifica?

Estimo que esta práctica debe ser adoptada por el Senado en el despacho de cada proyecto, a fin de evitar estos "puzzles" legislativos de que se está llenando la legislación positiva del país. Creo que es una idea que puede ser acogida, con buena voluntad, por todos los señores Senadores.

El señor FONCEA.-

Lo que sucede es que el proyecto se despachó después de dos horas de debate.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No importa.

Se trata de una costumbre aplicable a todas las normas y cuerpos legales. De esa manera mejora mucho el trabajo del Parlamento.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Es una simple recomendación a todos los señores Senadores.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Deploro que así lo estime, porque el artículo 8º contiene dos incisos que no sé cómo se aprobaron. En virtud de ellos se pelearán un instituto con otro y se producirán quién sabe qué efectos.

¿Por qué no consulta a la Sala sobre mi proposición ?

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Solicito acuerdo unánime para reabrir debate sobre esta materia, a fin de buscar la manera de...

El señor CHADWICK.-

No veo utilidad alguna en ello.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

- No hay acuerdo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

De esta manera, es imposible legislar bien.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En seguida, corresponde discutir el proyecto de la Cámara, eximido de segundo informe por acuerdo de Comités, que modifica la ley Nº 16.446, que concede pensión a los ex servidores de la ex Empresa Nacional de Transportes Colectivos S. A.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 17°, en 17 de mayo de 1967.

Informes de Comisión de:

Trabajo, sesión 26°, en 23 de julio de 1968.

Trabajo (nuevo), sesión 53°, en 10 de septiembre de 1968.

Discusión:

Sesiones 41°, en 27 de agosto de 1968; 61ª, en 12 de septiembre de 1968 (se aprueba, en general).

El señor FONCEA.-

¿Me permite una pequeña aclaración, señor Presidente?

A mi juicio, el señor Secretario ha incurrido en un error.

Después que el Senado conoció el primer informe del proyecto, se acordó enviarlo nuevamente a Comisión, a fin de que evacuara uno nuevo, por haber merecido una serie de objeciones y reparos. El Senado se abocó al estudio de este nuevo informe, al cual se refirió el señor Secretario, y lo aprobó.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Así lo dije.

Para elaborar el segundo informe, debe estar aprobado el primero.

El señor FONCEA.-

Mi interés es dejar constancia de que lo que se aprobó fue el artículo único del nuevo informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Exacto.

El señor FONCEA.-

No los artículos del primer informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

No dije eso, señor Senador.

Manifesté que la Sala había considerado el primer informe y que después el proyecto se envió otra vez a Comisión para nuevo informe. Evacuado éste, el Senado lo aprobó; pero, debido a las indicaciones, tuvo que volver a Comisión para segundo informe. Sin embargo, los Comités acordaron eximir al proyecto de este trámite, de modo que ahora corresponde votar las indicaciones directamente en la Sala.

El proyecto contiene un solo artículo, pero como se han presentado varias indicaciones que lo modifican, no puede considerarse aprobado en su totalidad mientras la Corporación no se pronuncie sobre ellas.

El señor FONCEA.-

Soy autor de varias indicaciones al proyecto que despacharon la Cámara y la Comisión de Trabajo del Senado en el primer informe. Creo que en este momento no tienen razón de ser y, desde luego, las retiro, en la inteligencia de que aprobamos en general el artículo único que figura en el nuevo informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Además de las indicaciones de Su Señoría, hay otra formulada por el Honorable señor Barros. Si el señor Senador también la retira, se produciría el efecto señalado. De lo contrario, el Senado debería considerar la indicación pendiente, que tiene por objeto sustituir el inciso primero del artículo único.

El señor BARROS.-

- Como en el nuevo informe se contiene la idea, retiro mi indicación.

El señor FONCEA.-

Debo decir unas pocas palabras para no crear falsas esperanzas en los gremios de los ex tranviarios.

El Ejecutivo aceptó el artículo único tal como lo hemos aprobado. Cuando se discutió el proyecto fui muy claro al narrar la entrevista que junto con algunos dirigentes de ese gremio sostuvimos con el señor Ministro de Hacienda, quien, anteriormente, al tener conocimiento de la iniciativa, la había rechazado en su totalidad. Después de la gestión a que me estoy refiriendo, ese Secretario de Estado la aceptó, pero sobre ciertas bases que en este artículo único no se cumplen. Por ejemplo, el señor Ministro manifestó que el Ejecutivo aceptaba el proyecto siempre que las pensiones de gracia se concedieran sólo a quienes sirvieron en la Empresa Nacional de Transportes Colectivos durante el período en que el Estado se hizo cargo de ella, es decir, desde 1945 a 1952, fecha en que terminó sus actividades.

Pues bien, en la Comisión se modificó el artículo y se estableció que las pensiones de gracia se otorgarían a los empleados y obreros que trabajaron en dicha empresa desde el 1º de enero de 1940.

El señor CHADWICK.-

¿No deben ser secretas las votaciones relativas a pensiones de gracia?

El señor FONCEA.-

Insisto en lo manifestado por el señor Ministro de Hacienda, pues algunos de los dirigentes del gremio de ex tranviarios estiman que lo acordado es definitivo.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde tratar las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley que crea el Colegio de Técnicos Agrícolas.

Todas las observaciones fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, salvo aquella consistente en agregar, a continuación del artículo 35, un precepto nuevo que dispone que el título de perito agrícola otorgado por la Escuela Superior de Agricultura "Adolfo Matthei", de Osorno, es equivalente al de técnico agrícola.

La mayoría de la Comisión, formada por el Honorable señor Chadwick (presidente) y el Honorable señor Aylwin, aprobó la observación. Sin embargo, el Honorable señor Juliet expresó que este artículo, que beneficiaba a determinado plantel particular, en definitiva podría redundar en desmedro de la educación del Estado y, en consecuencia, se abstuvo de votar.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 39ª, en 2 de agosto de 1968.

Observaciones:

En segundo trámite, sesión 7°, en 6 de noviembre de 1968.

Informes de Comisión de:

Legislación, sesión 49ª, en 4 de septiembre de 1968.

Legislación (veto), sesión 30ª, en 27 de diciembre de 1968.

Discusión:

Sesión 49°, en 4 de septiembre de 1968 {se aprueba en general y particular).

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

En discusión general y particular las observaciones.

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK.-

La observación que mereció reparos en el seno de la Comisión obedece más bien a un espíritu de ordenamiento de las normas del proyecto, porque primitivamente se consideraba integrantes o afiliados de este nuevo Colegio a los técnicos, prácticos y peritos.

Para simplificar las cosas, el Ejecutivo eliminó la mención de los peritos, porque una observación aditiva les otorga el carácter de técnicos, para todos los efectos de esta ley.

Suprimida la expresión "peritos" en la disposición que señala quiénes pueden ser colegiados en esta nueva institución, resulta injusto que no se apruebe el complemento de la idea, la causa de la supresión de esta mención, pues la escuela a que se refiere está en las mismas condiciones en que se encuentran todas las otras que dan el título de práctico o de perito, bajo la supervigilancia del Ministerio de Educación Pública.

Estas consideraciones me llevaron a aceptar el veto del Ejecutivo, para evitar que se incurra en una injusticia que sería absolutamente gratuita, que nada podría justificar.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En seguida, corresponde ocuparse en las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, informadas por la Comisión de Educación Pública, que incidan en el proyecto de ley que crea el Colegio de Bibliotecarios.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Teitelboim):

En primer trámite, sesión 12ª, en 12 de julio de 1967.

Observaciones:

En primer trámite, sesión 12ª, en 19 de noviembre de 1968.

Informes de Comisión de:

Educación, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 1967.

Educación (veto), sesión 30ª, en 27 de de diciembre de 1968.

Discusión:

Sesión 11ª, en 19 de junio de 1968 (se aprueba en general y particular).

El señor FERRANDO.-

La Comisión de Educación Pública, por unanimidad, estimó conveniente aceptar las observaciones que inciden en los artículos 4º y 6º, porque benefician el trabajo del Colegio de Bibliotecarios que se crea en este proyecto.

Respecto del artículo 21, deseo hacer algunas consideraciones.

Dicho precepto establece que, para ejercer la profesión de bibliotecario, se requiere estar inscrito en el registro del Colegio y estar al día en el pago de las cuotas señaladas en el artículo 28, letra b). Todos estamos de acuerdo en que ello debe ser así. No obstante, resulta que en la actualidad no existe suficiente número de profesionales para ocupar los cargos vacantes, principalmente en la rama de la educación. En efecto, los 149 liceos que cuentan con bibliotecas propias no podrían ser atendidas, por no existir profesionales titulados en la cantidad necesaria para satisfacer tal demanda. Por esta razón, el Ejecutivo agrega el inciso nuevo que prescribe: "No obstante, en los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública, se podrá designar bibliotecarios en calidad de interinos a personas que no se encuentren inscritas en el mencionado registro". Hago hincapié en que se les contrataría en calidad de interinos, pues, en conformidad con el Estatuto Administrativo -en la parte relativa al Ministerio de Educación Pública-, cada vez que se llame a concurso para pro- ver un cargo para el cual se requiera título y no se presente ninguna persona con este antecedente, la vacante se podrá llenar con quien reúna las condiciones más próximas a aquélla, en calidad de interino, con la obligación -establecida en el mismo Estatuto- de llamar nuevamente a concurso cada tres años con el objeto de ocupar el cargo con un profesional titulado, o de hacerlo cuando una persona que reúna este requisito así lo reclame. En este caso, el Ministerio de Educación Pública y la Dirección respectiva tienen la obligación de llamar a concurso. Con esto, se salva perfectamente el temor de que las vacantes de bibliotecario existentes se llenen en forma definitiva. Por otra parte, en la actualidad no habría cómo satisfacer repito- las necesidades de atención de las bibliotecas de liceos, pues no existe el número suficiente de profesionales con el título requerido por el artículo 21 del proyecto.

También estimo de toda justicia el veto recaído en el artículo 1° transitorio. No sé cómo no se entendió que, en vez de ser perjudicial para el Colegio, lo beneficia.

El artículo en referencia otorga plazo de un año, a contar de la fecha de vigencia de la ley para que se puedan incorporar en el registro aquellas personas que, teniendo título de bibliotecario concedido por una universidad extranjera, acrediten haber ejercido la profesión en Chile durante cinco años, y quienes -según establece la letra b)- a la fecha de vigencia de la ley hayan desempeñado el cargo de bibliotecario, sin poseer título, durante un lapso no inferior a dos años y siempre que trabajen como tales. Pues bien, en lo que atañe al personal de bibliotecarios del Ministerio de Educación Pública, el Gobierno, a través del veto, propone una condición más: no sólo que se hayan desempeñado por lo menos dos años, en el cargo, sino, además, que aprueben un curso de formación y regularización que' impartirá el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, para poder inscribirse y gozar de los derechos del caso. O sea, mediante esta indicación se otorga mayor mérito y calidad al Colegio de Bibliotecarios, porque ya no sólo se exige haber desempeñado la profesión por un lapso mínimo de dos años, sino, además, haber cumplido ciertos requisitos de estudios que acrediten a los interesados para gozar de los beneficios del título de bibliotecario.

El señor TEITELBOIM.-

Señor Presidente, este proyecto fue discutido en la Comisión de Educación del Senado, donde tuvimos oportunidad de escuchar la opinión de la Asociación de Bibliotecarios y del Director de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Chile.

Como sabe la Sala, varias observaciones consideradas razonables fueron acogidas por la Comisión. El debate se originó en torno de los artículos 21 y 1º transitorio, como lo expresó el Honorable señor Ferrando.

La opinión de los dos organismos representativos de los bibliotecarios chilenos fue contraria a estos vetos. Ellos dieron razones que, a mi juicio, la Sala debe tener en consideración.

En lo concerniente al veto al artículo 21, que autoriza a los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública para llenar los cargos de bibliotecario en forma interina con personas no inscritas en el registro de la orden, la opinión de los dos organismos mencionados fue adversa. La verdad es que, si se legisla para establecer un Colegio de Bibliotecarios, es menester respetar la significación que debe tener ese instituto.

No es mi propósito hacer comparaciones, pero los integrantes del Colegio Médico, del Colegio de Abogados y de los distintos colegios profesionales de la República deben realizar estudios de las materias propias de su especialidad. Evidentemente, habría un criterio de menosprecio respecto de la profesión de bibliotecario si se piensa qué otros organismos, paralelamente, pueden atribuir estos títulos, en circunstancias de que se trata de una profesión universitaria.

Por otra parte, la legislación consigna una válvula de escape para el posible caso de que en determinado momento no hubiera suficientes bibliotecarios para cubrir las necesidades del país, sobre todo en el plano de la educación. Para estos efectos, en la letra d) del artículo transitorio se estableció que, dentro del plazo de un año a contar de la fecha en que empiece a regir la ley, podrán solicitar su inscripción en el registro del Colegio, con todos los derechos correspondientes, no sólo los que tienen un título conferido por la Universidad de Chile, sino también los que posean uno otorgado por una universidad extranjera, siempre que acrediten haber ejercido esta profesión en nuestro país durante cinco años. Pero también dio este derecho a las personas que, a la vigencia de la ley, hayan desempeñado el cargo de bibliotecario interino, sin poseer título universitario, durante un lapso no inferior a dos años y siempre que actualmente trabajen como tales.

Por consiguiente, tanto en el artículo 21 como en el 1° transitorio, se permite a las personas que están desempeñando cargos de bibliotecarios en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación Pública acogerse a este derecho, es decir, inscribirse en el registro del Colegio dentro del lapso de un año, a contar de la promulgación de la ley.

En mi opinión, el procedimiento es simple y justiciero, pues autoriza a todos aquellos que durante dos años a lo menos, hasta el momento de la promulgación de la ley, hayan ocupado cargos de bibliotecarios para inscribirse en el Colegio con todos los derechos y, desde el punto de vista legal, pasar a ser considerados como bibliotecarios.

Lo demás significa introducir una grieta muy peligrosa en el terreno de esta profesión, perennizar el interinato y cerrar la puerta a aquellos bibliotecarios recibidos-conforme a la ley en la Universidad, puesto que permanecerán eternamente, en calidad de interinos, los bibliotecarios designados por el Ministerio de Educación Pública.

Por la necesidad, de unificar criterios y de realzar esta profesión naciente, pero muy compleja, en una época de difusión de la cultura y de desarrollo tan extremado del conocimiento como la que estamos viviendo, creo necesario que la profesión de bibliotecario goce de dignidad y respeto.

El hecho de aceptar el veto en estas dos materias que rechazamos significaría sentar un precedente gravísimo y hacer que esta profesión nunca sea tal y se mantenga muy por debajo de la de los técnicos agrícolas, por ejemplo, de acuerdo con lo que aprobamos hace algunos instantes. Sería un desprecio notorio para una profesión universitaria respecto de la cual la época que vivimos exige que esté perfectamente estructurada y que se le rinda respeto y tributo, pues el desarrollo cultural del país la necesita.

Por estas razones, la mayoría de la Comisión de Educación rechazó, con argumentos muy fundados, las observaciones del Ejecutivo al artículo 21 y al artículo 1° transitorio. En el mismo sentido votaremos en esta oportunidad.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, votaré favorablemente el informe de la Comisión en esta parte que se debate, porque si una ley especial no entra a pronunciarse sobre el nombramiento de funcionarios interinos, deberá regir el Estatuto Administrativo. De manera que los fueros de los profesionales bibliotecarios quedarán debidamente garantizados.

Como lo ha reconocido el propio Honorable señor Ferrando, cuando en los establecimientos de educación se produce la vacancia de un cargo y no postula el profesional correspondiente, se designa en forma interina a la persona que reúne mayores méritos; pero ésta durará en el cargo hasta que se presente alguien con título profesional que pueda desempeñarlo, o hasta que venza el plazo de tres años, porque entonces es obligación llamar a concurso. Si ésta es la norma general, no veo utilidad alguna en que en esta ley especial se haga referencia a los funcionarios que se desempeñan interinamente en los cargos, pues ello sólo provocará confusión.

En la inteligencia de que regirá la norma del Estatuto Administrativo, estoy de acuerdo con la proposición formulada por la Comisión de Educación.

El señor FERRANDO.-

Señor Presidente, la razón de insistir en el artículo 21 se basa en que el inciso primero establece perentoriamente que, para ejercer la profesión de bibliotecario, se requiere estar inscrito en cualquiera de los Colegios y estar al día en el pago de las cuotas correspondientes. Es decir, tener las condiciones para ser bibliotecario.

Por consiguiente, cada vez que se llame a concurso para llenar uno de esos cargos, postularán, desde luego, los que tengan antecedentes. Pero si no hay ningún candidato que los reúna, como en el inciso primero del artículo 21 se plantea la exigencia estricta de que para ejercer el cargo el interesado debe estar inscrito, quienes deban adoptar resolución no podrán designar a otras personas, por calificadas que sean.

Por eso, para precaver la falta de personal con título en los planteles educacionales donde actualmente existen bibliotecas o en aquellos donde se creen más adelante, es preciso aprobar este artículo y, así, dar validez al Estatuto Administrativo.

En cuanto al segundo punto, creo que la observación del Ejecutivo es de beneficio para el Colegio, pues normalmente han entrado a ocupar esos cargos personas que sólo poseen licencia secundaria. De ahí que, para inscribirse en el Colegio, no sólo se les exija haber desempeñado la profesión durante un lapso mínimo de dos años, sino que, además, haber hecho algún curso que permita acreditar los méritos indispensables para incorporarse a dichos cargos.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En virtud de los acuerdos de Comités, procede ocuparse en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que autoriza la extensión horaria de los médicos radiólogos.

De estas observaciones, que fueron eximidas del trámite de Comisión, la Cámara de Diputados aprobó la relacionada con el artículo 2º, que tiene por objeto reemplazar la frase "a contar desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial", por la siguiente: "a contar desde 1968, inclusive", y rechazó la que agrega un artículo nuevo.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran, en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 52ª, en 5 de septiembre de 1968.

En cuatro trámite, sesión 25ª, en 18 de diciembre de 1968.

Observaciones:

En segundo trámite, sesión 32ª, en 7 de enero de 1969.

Informe de Comisión de:

Salud, sesión 22ª, en 10 de diciembre de 1968.

Discusiones:

Sesiones 22ª, en 10 de diciembre de 1968 (se aprueba en segundo trámite); 25ª, en 18 de diciembre de 1968 (se aprueba en cuarto trámite).

El señor NOEMI.-

¿Me permite la palabra, señor Presidente?

No me referiré a la enmienda al artículo 2º, cuya finalidad es clara. Pero en cuanto al veto aditivo, debo decir que, en realidad, se trata de una disposición que el Senado, tanto en la Comisión como en la Sala, aprobó por unanimidad, y respecto de la cual volvió a insistir en el cuarto trámite, con el propósito de que se pudiera contar con más profesionales para cumplir en mejor forma la ley de medicina curativa.

Por eso, y aun cuando nuestra decisión no surta efecto, nos corresponde insistir en el criterio que antes aprobamos y, por lo tanto, aceptar el veto.

El señor BARROS.-

Señor Presidente, sólo deseo corroborar lo que acaba de expresar el Honorable señor Noemi.

En verdad, en cuanto a la materia objeto de la segunda observación, el Senado se lava las manos, pues el Ejecutivo le ha dado la razón y, con ello, a la petición formulada por el Colegio Médico y por los radiólogos. En efecto, estos facultativos, que tenían una jornada de seis horas, pidieron extenderla a ocho y modificar en este sentido la ley de medicina curativa. Se aceptaba, incluso, que esos radiólogos -especialidad a la cuál muy pocos se dedican, porque no cualquiera posee suficientes medios para adquirir los equipos que requiere su ejercicio-, que son funcionarios, pudieran comenzar a ejercer su profesión en el SERMENA inmediatamente después de haber recibido sus títulos, liberándolos de la obligación de haber ejercido previamente la profesión durante tres años.

Con esto -el fundamento del veto lo dice- se abría la posibilidad de disponer de un mayor número de médicos para extender los beneficios de la medicina curativa a los empleados en actividad y jubilados, sus cargas familiares y a quienes gozan de montepíos y de pensiones de viudez u orfandad.

Los Diputados se equivocaron, pese a que en esa rama del Congreso también hay médicos.

Por consiguiente, nosotros nos desligamos de toda responsabilidad y, a pesar de que no habrá ley sobre la materia, creemos haber cumplido nuestro deber.

La señora CAMPUSANO.-

¿Y qué pasó con la segunda observación?

El señor FIGUEROA (Secretario).-

El Senado aprobó el veto consistente en agregar un artículo nuevo, aunque fue rechazado por la Cámara. Al adoptar este criterio, la Corporación no hace sino ser consecuente con la resolución que tomó en los trámites segundo y cuarto.

La señora CAMPUSANO.-

Deseo oír una explicación sobre el primer veto.

¿Tiene alguna validez la frase introducida por el Ejecutivo: "a contar desde 1968, inclusive? Me parece que se refiere a un sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia.

El señor NOEMI.-

Debido a que la tramitación de este proyecto demoró más de lo previsto, la ley respectiva será publicada en 1969. Por lo tanto, como no se efectuó dicho sorteo, se salva la situación con la frase sugerida por el Gobierno.

La señora CAMPUSANO.-

En todo caso, aunque ya fue aprobado el veto, los Senadores comunistas expresamos nuestra protesta por el hecho de no haberse realizado un sorteo de la Polla en beneficio del Servicio Nacional de Salud.

El señor NOEMI.-

Fue a expresa petición de los interesados.

El señor BARROS.-

Así es.

El señor NOEMI.-

El hecho es que se juntaban dos sorteos, lo que resultaba contraproducente.

La señora CAMPUSANO.-

Su Señoría puede dar las explicaciones que desee. No obstante, queda en claro que se ha eliminado un sorteo que favorecía al Servicio Nacional de Salud.

Sin ir más lejos, ayer escuchábamos las protestas de varios señores Senadores por el hecho de que ese organismo no presta atención a los indigentes del país. A pesar de la serie de dificultades que se enfrentan para atender a esas personas, se priva a dicho Servicio de recursos que le permitirían cumplir tal finalidad.

El señor CURTI.-

Aquí se hizo presente que ese sorteo originaba pérdidas.

La señora CAMPUSANO.-

¿Por qué no marginaron del sorteo a otra institución? ¿Por qué tenía que ser el Servicio Nacional de Salud el perjudicado?

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En virtud del acuerdo de Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, ubicado en séptimo lugar del Orden del Día, que libera de derechos e impuestos a los bienes destinados a los socios de cooperativas.

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Miranda (presidente accidental), Noemi y Von Mühlenbrock, recomienda a la Sala, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los mismos términos en que viene formulado.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 52ª, en 5 de septiembre de 1968.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 24ª, en 17 de diciembre de 1968.

-Se aprueba en general y particular el proyecto, con la abstención de los señores Senadores comunistas y del Honorable señor Luengo.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Ha llegado a la Mesa una indicación del Honorable señor Teitelboim, tendiente a incorporar a este proyecto el siguiente artículo 2º, nuevo: "Artículo...- Las deudas de pavimentación correspondientes a las viviendas de la Población San Genaro, de la comuna de Renca, serán refundidas en una sola, dividiéndose ésta en seguida en 303 partes, en proporción a los frentes de cada propiedad. A las nuevas cuentas les será aplicable la rebaja que señala el artículo 30 de la Ley N° 16.742, debiendo cancelar los propietarios dichas deudas en 36 cuotas mensuales. "La Corporación de la Vivienda dará por cancelados los préstamos por 150.000 y 30.000 escudos que otorgó a la Sociedad Cooperativa de Viviendas San Genaro y terminará durante el año 1969 el Centro Comercial de 1.600 m2., iniciado en la población del mismo nombre, sin costo para aquélla, como compensación por el hecho de haber utilizado la mencionada Corporación para uso de diversas poblaciones vecinas un colector de alcantarillado de 2.500 metros de largo, construido por la Sociedad Cooperativa San Genaro, a su entero costo".

-Por acuerdo de la, Sala, se hace público el siguiente debate producido en torno del proyecto que denomina "Jaime Eyzaguirre" a una calle de Santiago y otorga una pensión de gracia a la viuda e hija de dicho historiador.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión de Gobierno, recaído en el Mensaje del Presidente de la República por el que inicia un proyecto de ley que da el nombre de "Jaime Eyzaguirre" a una calle de Santiago y que concede una pensión de gracia a su viuda e hija.

Este asunto también ha sido informado por la Comisión de Asuntos de Gracia y por la Comisión Revisora de Pensiones, las que recomiendan a la Sala aprobar el proyecto contenido en el boletín Nº 23.791, que consta de dos artículos.

-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 23ª, en 11 de diciembre de 1968.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 32ª, en 7 de enero de 1969.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, tal vez a esta Sala le haya faltado la oportunidad -y por eso no lo ha hecho- de rendir un homenaje, que bien lo merece, al recién fallecido historiador, historiógrafo, escritor, ensayista y profesor Jaime Eyzaguirre. La verdad es que la proposición del Ejecutivo viene a suplir, en parte, esa omisión en que hemos incurrido.

La personalidad de Jaime Eyzaguirre se ha destacado nítidamente en nuestra época, en esta generación, como la de un servidor intelectual de primera categoría dentro del país. Ha realizado su obra con espíritu de altruismo, de generosidad y de sacrificio en verdad sobresaliente. Fue hombre de extraordinarias condiciones intelectuales. Se formó como profesional distinguido y dedicó prácticamente toda su vida al estudio y profundización de la historia de Chile, de las características de la nación. Puso de relieve la personalidad de algunos hombres, como la del propio don Bernardo O'Higgins y de don Federico Errázuriz, gobernantes de este país, respecto de los cuales, durante mucho tiempo, no existieron obras ni estudios que destacaran en profundidad ni valorizaran algunos aspectos importantísimos de la labor que tanto en lo nacional como en lo internacional esos personajes realizaron en sus respectivas épocas.

Es igualmente digna de alabanza la cooperación que el profesor e historiador Eyzaguirre prestó a la política interna del país, aportando sus conocimientos y capacidad en trabajos, que han sido destacados en todas partes, sobre el principal problema que Chile ha tenido con Bolivia: el fronterizo. Aportó, por medio de sus publicaciones, antecedentes de extraordinaria importancia para reforzar las tesis chilenas sostenidas durante muchos años respecto de ese país con el cual, desde hace algún tiempo, estamos viviendo una situación diplomática delicada.

Por eso, estimo que el Parlamento debe aprobar este proyecto de ley. Dar a una calle el nombre del historiador fallecido constituye un homenaje a su memoria. Por otra parte, la iniciativa en debate viene a resolver un problema de carácter humano muy importante, pues, a pesar de haber tenido el profesor Eyzaguirre tantas y tan extraordinarias condiciones, la verdad es que murió dejando a su familia en condiciones económicas precarias. Por este motivo, solicito del Honorable Senado la aprobación del proyecto del Ejecutivo.

Lamento -lo repito una vez más- que la Corporación no haya rendido el homenaje que merece una persona que prestó tantos y tan importantes servicios al país. Seguramente, tal omisión la podremos corregir en lo futuro.

El señor TEITELBOIM.-

Los Senadores comunistas concordamos con el proyecto de ley en debate, por el cual se dispone que la primera calle que se entregue al uso público después de la remodelación del sector donde se encuentra el hospital San Francisco de Borja, o sea, en pleno corazón de la capital, se denomine "Jaime Eyzaguirre".

También hemos prestado nuestra aprobación a la idea de que la viuda y la hija menor del historiador puedan percibir una pensión de gracia equivalente a cinco sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago.

El Partido Comunista lamenta el fin trágico y prematuro de esta personalidad intelectual y universitaria de nuestro país. Lo hacemos con un espíritu que mucha gente tratará de oscurecer, porque a Jaime Eyzaguirre no nos unía ninguna filosofía común desde el punto de vista de la comprensión de la historia, del mundo y de la política. Militaba más bien en la trinchera opuesta. Fue un celoso guardián de la tradición y ponderó, por encima de todo, las viejas raíces. A nuestro' juicio, su mirada estuvo más fija en el pasado que en el futuro; sin embargo, reconocemos en él las virtudes de un hombre que se entregó al ejercicio del trabajo del espíritu, sin tentaciones materiales. Ofrendó su vida en esta batalla de muchos años, sacrificando la posibilidad de un bienestar económico para él y su familia. Lo demuestra el hecho de que, producida su muerte, los suyos más cercanos hayan quedado en una situación que exige de parte de los poderes públicos la asistencia necesaria para poder solventar sus gastos.

El Partido Comunista respeta la visión que ese hombre tuvo del Padre de la Patria don Bernardo O'Higgins; el retrato que hizo del conquistador de este país, don Pedro de Valdivia; los episodios de nuestra vida colonial y de figuras republicanas del siglo pasado, que no son de nuestro afecto político, pues creemos que estuvieron, en ciertos casos, dirigidos por un indiscutible espíritu conservador.

El Partido Comunista deplora el fallecimiento de este chileno que hurgó en el pasado y en los archivos para dar su visión propia de los acontecimientos del país y de sus personalidades esenciales. Y en esta hora de mínimos reconocimientos postumos, con verdadera satisfacción, aprueba también con sus votos los dos artículos del proyecto, para dejar su nombre estampado en una calle central de nuestra capital y para acudir en ayuda de su familia, que ha quedado, por aquello que él hizo de su vida y vocación sin pedir ser debidamente retribuido, en una situación que el Senado de la República debe reparar.

Por estas razones, nuestros votos serán favorables.

El señor BALTRA.-

Nosotros también concurriremos con nuestros votos a la aprobación del proyecto del Ejecutivo. Al hacerlo; el Senador que habla no puedo menos que rendir un homenaje a la memoria de Jaime Eyzaguirre.

Durante muchos años fuimos colegas de la Universidad de Chile, y a partir de 1966, ambos fuimos jefes de Cátedra y, por consiguiente, la convivencia universitaria fue mucho más estrecha.

Sin duda, en la personalidad de Jaime Eyzaguirre se daban cualidades que lo convertían en un verdadero universitario.

Entre Jaime Eyzaguirre y el Senador que habla no sólo había diferencias ideológicas, sino aun abismos en la visión del pasado, presente y futuro; pero eso nada interesa ante las virtudes que, como universitario, lo adornaban.

Fue un hombre que dedicó su vida a la investigación y al estudio. Fue un hombre que encontraba verdadera satisfacción en formar juventudes.

En cuanto a algunos problemas universitarios esenciales, coincidíamos en la apreciación de lo que debía ser la Universidad, concebida no sólo en razón de formar profesionales, sino también de investigar y difundir los conocimientos entre el resto de la masa ciudadana..

Por eso concurrerimos con nuestros votos a la aprobación del proyecto en debate, que significa un reconocimiento a la labor de un eminente hombre de estudio y una reparación que la sociedad hace por medio de la ley, otorgando a su familia una ayuda económica que Jaime Eyzaguirre no pudo proporcionarle, porque, en realidad, fue un hombre que vivió exclusivamente dedicado a la Universidad y la investigación.

El señor CHADWICK.-

Las palabras del Honorable señor Teitelboim, pronunciadas en nombre del Partido Comunista, interpretan brillantemente el pensamiento y el sentir del socialismo popular respecto de este proyecto de ley.

Participamos del respeto que merece una vida entregada al servicio público, sin perseguir propósito alguno de lucro y sin otra mira que la de enaltecer lo que se lleva como un alto valor interior: la interpretación del mundo, de la sociedad y del hombre.

Estábamos también separados -como ha dicho el Honorable señor Baltra-, más que por diferencias, por abismos ideológicos ; pero comprendemos que el ser humano no se agota en la formulación de las ideas y que, tal vez, por encima de ellas, prevalece una calidad superior, que es la que, en definitiva, señala el juicio certero que debemos dar al término de una existencia.

Jaime Eyzaguirre murió trágicamente, sujeto tal vez al signo de su propia pobreza, porque el accidente mismo puede explicarse por lo reducido de sus medios económicos, por ese afán de llegar hasta uno de los suyos, después de agotar una jornada que, como siempre, había sido al servicio de la Universidad y de la nación chilena.

Creemos que lo expresado en sesión secreta debería verterse en una versión pública para, reparar lo que ha sido la postergación de un homenaje, en el cual todos estamos da acuerdo, que el Senado debía rendir a la memoria de Jaime Eyzaguirre. Por ello propongo que las intervenciones de los diferentes Senadoras sean publicadas "in extenso", a fin de dar a conocer a la opinión pública el juicio unánime que merece su recuerdo.