Labor Parlamentaria

El señor PABLO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensaje.

Uno de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas para la tramitación de beneficios previsionales.

Se califica de "simple" la urgencia.

Oficios.

Seis de la Honorable Cámara de Diputados.

Con los tres que siguen, comunica que ha tenido a bien aprobar los proyectos de ley que se indican:

1) El que declara válidos ciertos acuerdos adoptados por la Municipalidad de Santiago. (Véase en los Anexos, documento 1).

2) El que fija la jornada de determinados servicios públicos. (Véase en los Anexos, documento 2).

Pasan a la Comisión de Gobierno.

3) El que establece que las expropiaciones de predios rústicos deberán realizarse por intermedio de la Corporación de Mejoramiento Urbano. (Véase en los Anexos, documento 3).

-Pasan a la Comisión de Obras Públicas.

Con el último, comunica que ha tenido a bien no insistir en el rechazo de la modificación que introdujo el Senado al proyecto que autoriza la internación de vehículos para empleados de Arica.

-Se manda archivarlo.

Diez de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Educación Pública, de Tierras y Colonización, del Trabajo y Previsión Social, de Salud Pública, y de los señores Contralor General de la República, Director Nacional de Correos y Telégrafos y Directora General del Servicio de Seguro Social, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señora Campusano (1) y señores Aguirre (2), Foncea (3), Luengo (4), Montes (5), Sule (6) y Valente (7):

1) Huelga de campesinos de La Serena. Pago de préstamos autorizados por ley Nº 14.813;

2) Ambulancia para comuna El Carmen;

3) Instituciones beneficiadas con determinado espectáculo;

4) Cancelación de beneficios concedidos por D.F.L. Nº 2, de 1968;

5) Edición de la publicación "La Guerra del Pacífico";

6) Vehículo para hospital de Santa Cruz;

7) Venta de terrenos en Arica. Explotación de minerales por Compañía Lota Schwager.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Uno del señor Contralor General de la República, con el que remite el Estado de Fondos Fiscales y el Balance Presupuestario de Entradas y Gastos, correspondiente al mes de marzo del año en curso.

-Pasa a la Oficina de Informaciones.

Informes.

Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza la modificación de nombres en las partidas de nacimiento. (Véase en los Anexos, documento 4).

Uno de la misma Comisión, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Pablo, que establece la reajustabilidad de determinadas pensiones alimenticias. (Véase en los Anexos, documento 5).

Uno de la Comisión de Educación Pública y uno de la Comisión de Hacienda, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segudo trámite, formuladas al proyecto de ley que dicta normas sobre conservación de obras de artistas. (Véase en los Anexos, documentos 6 y 7).

Uno de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones, en segundo trámite, formuladas al proyecto de ley que libera de derechos la internación de elementos destinados a hospitales y clínicas. (Véase en los Anexos, documento 8).

Uno de la Comisión de Economía y Comercio, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mociones de los Honorables Ss nadores señores Carmona, Olguín y Silva, y del señor Valente, que modifica la ley V 13.039, que creó la Junta de Adelanto de Arica. (Véase en los Anexos, documento 9).

Uno de la Comisión de Agricultura y Colonización recaído en el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria los bienes que pertenecieron a don Francisco Urrutia. (Véase en los Anexos, documento 10).

-Quedan para tabla.

Mociones.

Una del Honorabe Senador señor Acuña, con la que inicia un proyecto de ley que concede amnistía a don Leonidas de la Cruz Lara Durán.

Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Una del Honorable Senador señor Foncea, con la que inicia un proyecto de ley que destina recursos para la realización de un plan de obras públicas en Linares. (Véase en los Anexos, documento 11).

Una del Honorable Senador señor Bal tra, con la que inicia un proyecto de ley que destina fondos para la construcción de un edificio para el Cuerpo de Bomberos de Melipilla. (Véase en los Anexos, documento 12).

Pasan a la Comisión de Obras Públicas y a la de Hacienda, en su caso.

Tres de los Honorables Senadores señores Allende, Bossay y Tarud, con las que inician sendos proyectos de ley que benefician, por gracia, a don Juan Ramón Figueroa Miranda, Julián Segundo Gonza lorena Toledo y José Calderón Argomedo, respectivamente.

Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia.

Una del Honorable señor Valente, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la internación de determinadas mercaderías por los departamentos de Iqui que y Pisagua.

Pasa a la Cámara, de Diputados, donde constitucionalmente debe tener su origen.

Comunicación.

Una del ex Senador señor Sergio Sepúlveda Garcés, con la que renuncia a su cargo de representante del Senado ante el Consejo de la Editorial Jurídica de Chile.

-Se aprueba, y se anuncia para el Tiempo de Votaciones de la sesión del martes próximo la elección del representante al cargo en referencia.

PUBLICACION SOBRE LA GUERRA DEL PACIFICO.

El señor PABLO (Presidente).-

Ha llegado a la Mesa una indicación del Honorable señor Noemi para publicar "in extenso" la nota que acaba de leer el señor Prosecretario.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Acordado.

JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO.

El señor PABLO (Presidente).-

Señores Senadores, se encuentra en la Sala el Honorable señor Pedro Ibáñez. Con el propósito de que pueda participar en los debates y resoluciones del Senado, voy a proceder a tomarle juramento o promesa de estilo.

Ruego a los señores Senadores y demás personas presentes en la Sala y en tribunas y galerías ponerse de pie.

Presta juramento o promesa el Honorable señor Ibáñez.

PUBLICACION SOBRE LA GUERRA DEL PACIFICO.

El señor PABLO (Presidente).-

Puede usar de la palabra la Honorable señora Campusano.

El señor PABLO (Presidente).-

Yo rogaría a los señores Senadores tener presente que se está terminando el tiempo del Orden del Día de esta sesión especial...

El señor ISLA.

Señor Presidente, quisiera hacer una petición.

El señor PABLO (Presidente).-

¿Sobre la Cuenta?

El señor ISLA.

Sí, señor Presidente.

PROPOSICIONES DE ARCHIVO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Informe de la Comisión de Obras Públicas en que propone enviar al Archivo diversos proyectos de ley.

El informe aparece en los Anexos de la sesión 17ª, en 15 de julio de 1969.

El señor PABLO (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.

La señora CAMPUSANO.- La iniciativa que establece normas para la urbanización de poblaciones destinadas a la vivienda popular que se propone enviar al Archivo está relacionada con un problema vigente.

El señor PABLO (Presidente).- La Comisión informa que se ha legislado sobre la materia.

El señor RODRIGUEZ.- ¿Qué número tiene el boletín respectivo?

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Este asunto figura en el primer lugar del Fácil Despacho de la tabla ordinaria.

La Comisión de Obras Públicas, por unanimidad, recomienda enviar al Archivo diversas iniciativas de leyes. Suscriben el informe los Honorables señores Isla (presidente), Ochagavía, Valente y Papic.

La señora CAMPUSANO.- También se propone enviar al Archivo el proyecto que destina fondos para la pavimentación de caminos en la provincia de Atacama.

Se trata de un problema no resuelto. Por ejemplo, existe una importante vía sin pavimentar la que une Copiapó, Inca de Oro y Pueblo Hundido, y diversos sectores, principalmente el minero, insisten en la puesta en marcha de las obras pertinentes.

A mi juicio, la Comisión debió despachar este proyecto y no recomendar su archivo.

El señor RODRIGUEZ.- Sugiero a la Mesa adoptar las medidas conducentes a que, cuando una Comisión formule proposiciones de archivo, se consulte por lo menos a los autores de las mociones correspondientes, pues es factible que alguno de ellos estime que el problema que originó su iniciativa está vigente. Entonces, no parece legítimo que, contrariamente a su voluntad puede suceder que el Honorable colega no esté presente en la Sala, se envíe al Archivo la moción de que es autor.

El señor PABLO (Presidente).- La Honorable señora Campusano se refirió a dos proyectos específicos. En cuanto al primero, la Comisión expresa que se legisló sobre la materia; respecto del segundo, sostiene que perdió su oportunidad.

El señor RODRIGUEZ.- Es posible que se haya legislado en forma incompleta y que la moción contenga disposiciones más orgánicas y amplias.

El señor PABLO (Presidente).- Son iniciativas de larga data en la Comisión, señor Senador.

-Se aprueba el informe.

ENVIO DE DIVERSOS ASUNTOS A COMISION DE REFORMA DEL REGLAMENTO.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Informe de la Comisión de Constitución. Legislación, Justicia y Reglamento en que propone el envío de diversos asuntos a la Comisión Especial encargada del estudio de las reformas que requiera el Reglamento del Senado.

El informe aparece en los Anexos de la sesión 18ª, en 16 de julio de 1969.

El señor PABLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se procedará en los términos sugeridos por la Comisión.

El señor JULIET.-

¿Cómo?

El señor PABLO (Presidente).-

La Comisión de Legislación propone remitir a la Comisión especial constituida para estudiar la reforma del Reglamento diversas mociones y consultas planteadas en su seno.

El señor JULIET.-

Entiendo que algunas, consultas relativas a la interpretación de normas constitucionales están mezcladas con otras referentes a preceptos reglamentarios. Por ejemplo, figura una consulta del ex Senador señor Alessandri acerca de si durante el debate de un proyecto en cuarto trámite constitucional procede o no dividir la votación.

El señor PABLO (Presidente).-

Si bien es cierto que la Comisión Espacial se constituyó para estudiar las reformas que precisa el Reglamento, no lo es menos que debe tener a la vista las consultas emanadas de diversos sectores con el objeto de aclarar dudas. Ya veremos si ellas se absuelven o no algunas datan del año 1960; pero al menos se deja constancia sobre la interpretación de diversas normas reglamentarias. Quien tiene competencia sobre el particular es la

Comisión Especial creada para el efecto.

-Se aprueba el informe.

DENOMINACION DE "MIGUEL AHUMADA NAVARRO" PARA COLEGIO MEDIO DIFERENCIADO DE ARICA.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara de Diputados que denomina "Miguel Ahumada Navarro" al Instituto Comercial de Arica.

El informe de la Comisión de Educación, suscrito por los Honorables señores Ferrando (presidente), García, Silva Ulloa, Sule y Valenzuela, recomienda aprobar la iniciativa, que consta de un artículo, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 41ª, en 27 de agosto de 1968.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 17ª, en 15 de julio de 1969.

-Se aprueba en general y en particular el proyecto.

FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA AMBULANCIA DESTINADA A DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL VALPARAISO SPORTING CLUB.

El señor PABLO (Presidente).-

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

-Se aprueba la indicación y queda despachado también en particular el proyecto.

INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO PARA OBREROS GRAFICOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara de Diputados que otorga indemnización por años de servicio a los obreros gráficos imponentes del Departamento Periodistas de la Caja Nacional de Empleados Públicos.

El informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, suscrito por los Honorables señores Musalem (presidente), Contreras, Lorca y Sule, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, que consta de un solo artículo, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 11ª, en 1º de julio de 1969.

Informe de Comisión:

Trabajo, sesión 18º, en 16 de julio de 1969.

-Se aprueba en general y en particular el proyecto.

1PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE DECLARA VALIDOS CIERTOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Declárase válido para todos los efectos legales, y a contar de la fecha de publicación de la presente ley, el Acuerdo Nº 661, adoptado por la Municipalidad de Santiago con fecha 31 de agosto de 1968, que modifica la Escala de Sueldos de los Empleados y fija la Planta correspondiente de la Municipalidad y de la Dirección de Pavimentación de Santiago para el año 1969.

Artículo 2º.- A los funcionarios profesionales a que se refieren los artículos 73 de la ley Nº 15.840 y 9º de la ley Nº 16.587, no les será aplicable el referido Acuerdo y sus remuneraciones se seguirán rigiendo por las citadas normas legales.

Artículo 3º.- Declárase igualmente válido el Acuerdo Nº 343, adoptado por la Municipalidad de Santiago con fecha 28 de junio de 1966, que se refiere al encasillamiento de su personal de mecánicos. Con el fin de dar cumplimiento a dicho encasillamiento, facúltase a la Municipalidad de Santiago, para que en el plazo de 90 días a contar de la fecha de vigencia de ,1a presente ley, proceda a modificar su Planta de Empleados, sin sujeción a lo dispuesto en los artículos 30 y 35 de la ley Nº 11.469.

Artículo 4º.- Las normas contenidas en los artículos anteriores no podrán significar, en caso alguno, el pago de diferencias de remuneraciones con efecto retroactivo y sólo producirán sus efectos a partir de la fecha de la publicación de la presente ley.

Artículo 5º.- Los obreros de la Municipalidad de Santiago que se desempeñaban como choferes y que fueron encasillados como empleados, manteniendo las referidas funciones, en virtud de la modificación de Planta, aprobada por Acuerdos Municipales Nºs. 576 y 906, de 1967, validada por el artículo 174, inciso tercero de la ley Nº 16.840, tendrán, además, derecho al pago de las horas extraordinarias efectivamente trabajadas, de acuerdo con las normas del Código del Trabajo.

Artículo 6º.- Autorízase a la Dirección de Pavimentación de la Municipalidad de Santiago para emplear el sistema de pago de tratos establecido en el artículo 56 del Reglamento General de la Ley de Pavimentación de Santiago de 1928, con los obreros actualmente encasillados como empleados en virtud de las leyes Nºs. 15.467, 15.944, 16.386 y 16.649."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Héctor Valenzuela, Valderrama. Eduardo Mena Arroyo.

2PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FIJA LA JORNADA DE DETERMINADOS SERVICIOS PUBLICOS.

Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Fíjase para el personal de los Servicios Fiscales de la Administración Pública, de la Contraloría General de la República, de la Empresa Portuaria de Chile, del Servicio Nacional de Salud, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y de las Municipalidades, la jornada de trabajo que determina el artículo 143 del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin alterar el número de horas semanales de trabajo entre los días lunes y viernes, ambos inclusive.

Para los efectos de los artículos 88 y 91 del D.F.L. N 338, de 1960, no se considerarán días hábiles los sábados.

Artículo 2º.- La jornada de trabajo del personal que se desempeña en las empresas de utilidad pública será de cinco días a la semana, de lunes a viernes, ambos inclusive. Para ello, las horas de trabajo semanal se distribuirán entre los días antes indicados.

Artículo 3º.- Todos los plazos legales o administrativos que venzan los días sábados se entenderán suspendidos hasta el día lunes o primer día hábil siguiente."

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama. Eduardo Mena Arroyo.

3PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE QUE LAS EXPROPIACIONES DE PREDIOS RUSTICOS DEBERAN REALIZARSE POR INTERMEDIO DE LA CORPORACION DE MEJORAMIENTO URBANO.

Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Las expropiaciones de predios rústicos que efectúen los organismos fiscales, semifiscales, autónomos, de administración autónoma, empresas del Estado, empresas fiscales y, en general, las personas jurídicas creadas por ley o en que el Estado tenga aporte de capital o representación, deberán hacerse por intermedio de la Corporación de Mejoramiento Urbano.

Artículo 2º.- Para todas las expropiaciones de predios rústicos, que de acuerdo a cualquiera disposición legal, efectúen algunos de los organismos señalados en el artículo anterior, el precio o indemnización será equivalente al avalúo para los efectos de la contribución territorial vigente a la fecha de efectuarse la consignación correspondiente, más el valor de las mejorías no comprendidas en dicho avalúo.

Artículo 3º.- La pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda habitada por su propietario no podrán ser expropiadas sin previo pago de la indemnización. Además, en toda expropiación en zona urbana, autorizada la toma material del inmueble, la entidad expropiante no podrá hacerla efectiva si no acredita, previamente, haberse garantizado la entrega en el mismo sector o en otro que acepten los afectados, una vivienda a cada una de las familias que habitaban en el inmueble, y un local a los comerciantes o artesanos que hubieren dispuesto de ellos en ese inmueble. La asignación de tales viviendas o locales estará sujeta a las normas vigentes de las entidades habitacionales, con la sola excepción de que se efectúe de preferencia en favor de las familias, los comerciantes y los artesanos a que se refiere este artículo.

Artículo 4º.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley se entenderá por predios rústicos el definido en el artículo 1º, letra a) de la ley Nº 16.640, de 20 de julio de 1967.

Artículo 5º.- Declárase que el texto refundido de los artículos 24 a 36 de la ley Nº 5.604, fijado por Decreto Supremo Nº 103, de 21 de febrero de 1968, de Vivienda, publicado el 15 de marzo del mismo año, corresponde al que menciona el artículo 50 de la ley Nº 16.391.

Artículo 6º.- Derógase el inciso final del artículo 26 del Decreto Nº 103 del Ministerio de la Vivienda ( y Urbanismo, del 21 de febrero de 1968.

Artículo 7º.- Agrégase al artículo 65 de la ley Nº 16.391, a continuación de la frase "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo" una coma (,) y, en seguida de ésta, la siguiente frase nueva: "las Instituciones de Previsión".

Artículo 8º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto Supremo Nº 483 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, orgánico de la Corporación de Mejoramiento Urbano, publicado en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 1966:

a) Suprímese el artículo 24;

b) Suprímese en el artículo 24 bis, la palabra "bis", y

c) Reemplázase, en el artículo 42, la frase "en conformidad al artículo 24 de esta ley", por la siguiente: "en conformidad al Nº 4 del artículo 3º de esta ley"."Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama. Eduardo Mena Arroyo.

4SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTÓRIZA LA MODIFICACION DE NOMBRES EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra emitir su segundo informe acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza el cambio de nombres en las partidas de nacimiento.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:

I.- No han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones en este informe los artículos 4º y 5º.

II.- Han sido objeto de indicaciones, todas aprobadas, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

A indicación del Honorable Senador señor Aylwin, aprobada con modificaciones, la Comisión acordó sustituir el artículo 1º del proyecto por el que se transcribe más adelante. Esta sustitución tiene por objeto un tratamiento más integral de la materia a que se refiere el proyecto. En efecto, en parte alguna de nuestra legislación se consagra el "derecho al nombre", como comúnmente se hace en legislaciones extranjeras. El nuevo inciso primero de la disposición lo establece en forma expresa, reconociendo a toda persona el derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizado en su respectiva inscripción de nacimiento.

Establecido este principio general, el resto del artículo consagra la posibilidad de que la persona, en los casos calificados que menciona, pueda cambiar sus nombres o apellidos originarios. Se establecen dos causales aplicables a toda persona especificadas en las letras a) y b) del precepto y otras aplicables a quienes posean nombre o apellidos que no sean de origen hispano. Esta última idea, establecida en forma parcial en el actual artículo 2º del proyecto que ha sido suprimido consiste en permitir a dichas personas que soliciten el cambio judicial del nombre o apellido, sea para traducirlo al idioma castellano, cuando ello sea posible, sea para cambiarlo por cualquier otro que estimen conveniente, cuando los nombres o apellidos sean clara y manifiestamente difíciles para ser escritos o pronunciados en un medio de habla castellana.

El artículo 3º del proyecto, que ha pasado a ser artículo 2º, ha sido sustituido por otro que, aparte señalar las normas de procedimiento a que se sujetará la solicitud de cambio de nombre, introduce en favor de terceros que tengan interés personal y directo, el derecho de oponerse al cambio solicitado. Ha parecido justo a vuestra Comisión que, para evitar situaciones equívocas y profundamente perturbadoras, la persona que, por ejemplo, tiene el mismo nombre que el que pretende obtener el solicitante, pueda formular oposición al cambio, si existen antecedentes que arrojen dudas sobre la vida privada o pública, pasada o futura del solicitante.

Como artículo 3º, nuevo, se ha agregado uno que salva la omisión en que incurría el proyecto, en el sentido de no reglamentar debidamente el cambio de nombre de las personas no nacidas en Chile. Para este efecto, se las obliga a inscribirse previamente, en el Registro de Nacimientos de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, el respectivo certificado de nacimiento o, a falta de éste y cuando existan razones suficientes, otros documentos, igualmente auténticos y legalizados, como los que puedan haberle servido para obtener su residencia en el país.

Por último, se ha modificado el artículo 6°, para dejar claramente establecido que corresponderá al respectivo Oficial de Registro Civil impedir que se impongan al recién nacido nombres extravagantes, ridículos, impropios, etc. Si el solicitante, insiste en su pretensión, este funcionario deberá remitir-Los antecedentes al Juez de Letras del Departamento, quien resolverá en definitiva.

En mérito de las razones expuestas, tenemos a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley que consta de nuestro primer informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Ha sido sustituido por el siguiente:

"Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento.

Sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del Registro Civil, o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación, legitimación adoptiva o adopción, cualquiera persona mayor de edad podrá solicitar, por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos siguientes:

a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente, y

b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean de origen español, podrá solicitar se la autorice para traducirlos al idioma castellano. Podrá, además, solicitar autorización para cambiarlos, si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.".

Artículo 2º

Ha sido suprimido.

Artículo 3º

Ha pasado a ser artículo 2º, sustituido por el siguiente:

"Artículo 2º.- Será competente para conocer de la petición de cambio de nombre el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil del Departamento en que tenga su domicilio el solicitante, a menos que en dicho lugar tenga su asiento un Juez de Letras de Menor Cuantía en lo Civil, en cuyo caso será éste el Tribunal competente.

La solicitud de cambio de nombre deberá publicarse en extracto, por tres veces, en un diario del Departamento en que resida el peticionario, o en el que el Juez determine si allí no lo hubiere, y por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los días 1º ó 15 de cualquier mes, o al día siguiente si dicho Diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto, redactado por el Secretario, contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios.

Dentro del término de sesenta días, contado desde la fecha del último aviso, cualquiera persona que tenga interés en ello podrá oponerse a la solicitud. En tal caso, el asunto se tramitará con el o los opositores conforme a las reglas del juicio sumario y el Tribunal resolverá apreciando la prueba en conciencia.

Si no hubiere oposición, el Tribunal procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria.

En todo caso, será obligatorio oír a los parientes a quienes pueda afectar el cambio solicitado y oír a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. No se autorizará el cambio de nombre o apellido si del respectivo extracto de filiación, que como parte de su informe remitirá la Dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.".

Como artículo 3º, nuevo, ha agregado el siguiente:

"Artículo 3º.- La sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos de una persona, o de ambos a la vez, deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción de nacimiento y no producirá efectos legales mientras tal subinscripción no se efectúe.

Para estos efectos, tratándose de personas nacidas en el extranjero y cuyo nacimiento no esté inscrito en Chile, será menester proceder previamente a la inscripción del nacimiento en el Registro de la Primera Sección de la comuna de Santiago. Para ello se exhibirá al Oficial Civil respectivo el certificado de nacimiento debidamente legalizado o, a falta de éste y en casos calificados, otros documentos que puedan estimarse suficientes.".

Artículo 6°

Ha sido sustituido por el siguiente:

"Artículo 6°.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 31 de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil:

"No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje.

Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo que dispone el inciso anterior, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiere en ello, enviará de inmediato-Los antecedentes al Juez de Letras del Departamento, quien resolverá en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. Estas actuaciones estarán exentas de impuestos.".

En virtud de las modificaciones precedentes, el proyecto de ley en informe ha quedado redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley

"Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento.

Sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del Registro Civil, o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación, legitimación adoptiva o adopción, cualquiera persona mayor de edad podrá solicitar, por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos siguientes:

a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente, y

b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la persona cuyos nombres o apellidos, o ambos, no sean de origen español, podrá solicitar se la autorice para traducirlos al idioma castellano. Podrá, además, solicitar autorización para cambiarlos, si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamente difícil en un medio de habla castellana.

Artículo 2º.- Será competente para conocer de la petición de cambio de nombre el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil del Departamento en que tenga su domicilio el solicitante, a menos que en dicho lugar tenga su asiento un Juez de Letras de Menor Cuantía en lo Civil, en cuyo caso será éste el Tribunal competente.

La solicitud de cambio de nombre deberá publicarse en extracto, por tres veces, en un diario del departamento en que resida el peticionario, o en el que el Juez determine si allí no lo hubiere, y por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los días 1° ó 15 de cualquier mes, o al día siguiente si dicho diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto, redactado por el Secretario, contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios.

Dentro del término de sesenta días, contado desde la fecha del último aviso, cualquiera persona que tenga interés en ello podrá oponerse a la solicitud. En tal caso, el asunto se tramitará con el o los opositores conforme a las reglas del juicio sumario y el Tribunal resolverá apreciando la prueba en conciencia.

Si no hubiere oposición, el Tribunal procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria.

En todo caso, será obligatorio oír a los parientes a quienes pueda afectar el cambio solicitado y oír a la Dirección General del Registro Civil e Identificación. No se autorizará el cambio de nombre o apellido si del respectivo extracto de filiación, que como parte de su informe remitirá la Dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.

Artículo 3º.- La sentencia que autorice el cambio de nombres o apellidos de una persona, o de ambos a la vez, deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción de nacimiento y no producirá efectos legales mientras tal subinscripción no se efectúe.

Para estos efectos, tratándose de personas nacidas en el extranjero y cuyo nacimiento no esté inscrito en Chile, será menester proceder previamente a la inscripción del nacimiento en el Registro de Primera Sección de la Comuna de Santiago. Para ello se exhibirá al Oficial Civil respectivo el certificado de nacimiento debidamente legalizado o, a falta de éste y en casos calificados, otros documentos que puedan estimarse suficientes.

Artículo 4º.- Una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellidos de acuerdo con lo que establecen los artículos anteriores, sólo podrá usar, en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellidos, en la forma ordenada por el Juez.

El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no alterará la filiación; pero alcanzará a sus descendientes legítimos sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello.

Si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir también, en el mismo acto en que solicite el cambio de su apellido, la modificación pertinente en su partida de matrimonio y en las partidas de nacimiento de sus hijos.

Artículo 5º.- El uso malicioso de los primitivos nombres o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Artículo 6º.- Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 31 de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil:

"No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje.

Si el Oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo que dispone el inciso anterior, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiere en ello, enviará de inmediato-Los antecedentes al Juez de Letras del Departamento, quien resolverá en el menor plazo posible, sin forma de juicio, pero con audiencia de las partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en la prohibición. Estas actuaciones estarán exentas de impuestos.".".

Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1969.

Acordado en sesión de fecha 15 de julio de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Fuentealba, Juliet y Luengo.

(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario.

5INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR PABLO, QUE ESTABLECE LA REAJUSTABILIDAD DE DETERRMINADAS PENSIONES ALIMENTICIAS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca de la moción del Honorable Senador señor Tomás Pablo, con la que inicia un proyecto de ley, que establece la reajustabilidad de determinadas pensiones alimenticias.

ley N° 14.550, de 3 de marzo de 1961, facultó al Presidente de la República para fijar el texto definitivo de la ley Nº 5.750, de 2 de diciembre de 1935, sobre procedimiento objeto de llevar a un cuerpo legal que la primera de las leyes citadas había introducido a la de 1935.

El ejercicio por parte del Presidente de la República, de la facultad antes señalada originó la actual ley Nº 14.908, de 5 de octubre de 1962, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

La actual ley, cuyo objeto es reglamentar el procedimiento judicial necesario para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de prestar alimentos en favor de determinadas personas, significó un notable avance en esta materia de innegable importancia social y humana.

El artículo 10 de la citada ley, que es el que se propone modificar en la moción en informe, establece, en su inciso primero, que "El Tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas alimentantes.

Si bien es cierto que en la mayoría de los fallos judiciales que recaen en este tipo de juicios, las pensiones alimenticias están fijadas en sueldos vitales o porcentajes de las rentas de los demandados, no lo es menos que, en un crecido número de casos, por la naturaleza de las actividades o de las rentas de las personas obligadas al pago de alimentos, éstas se fijan en sumas determinadas de dinero.

De lo anterior se desprende que, en numerosísimos casos, los Tribunales continuarán regulando estas prestaciones en sumas fijas de dinero, las que, por la constante desvalorización de nuestro signo monetario, van perdiendo permanentemente su poder adquisitivo con las consiguientes consecuencias que esta situación acarrea a los alimentarios.

Este hecho, según lo expresa la parte expositiva de la moción que os informamos, obligará "a los alimentarios a concurrir, con una periodicidad cada vez más breve, a los Tribunales de Justicia en, demanda del reajuste de sus pensiones, lo que recarga el trabajo de los juzgados respectivos y priva a los interesados de la pronta percepción de un auxilio efectivo.".

Vuestra Comisión, haciéndose eco de la situación que se ha descrito, estimó justificado establecer, en la forma que la moción lo propone, un sistema de reajustabilidad para las pensiones de alimentos que se decreten en el futuro y que no sean fijadas en sueldos vitales o en un porcentaje de las rentas del alimentante.

Dicho reajuste, a juicio de la unanimidad de vuestra Comisión, será, anualmente, un porcentaje igual al del que experimente el sueldo vital, escala A), para los empleados particulares del departamento de Santiago.

Sin embargo, se estimó prudente limitar dicho reajuste respecto de aquellas pensiones superiores al equivalente de cinco sueldos vitales mensuales. En relación a ellas, el proyecto que os proponemos establece que no tendrán derecho a reajuste en la parte de pensión alimenticia que exceda de dichos cinco sueldos vitales mensuales.

Se optó por este sistema de reajuste parcial, ya que, en el caso referido, aparte ser las pensiones de un monto apreciable, corresponden, en lo que a alimentante respecta, a personas que, por la naturaleza de sus actividades, no siempre perciben reajustes determinados, como por ejemplo los profesionales liberales, los comerciantes, etc.

Se tuvo presente, además, lo preceptuado por el artículo 19 de la ley Nº 7.295, y sus modificaciones posteriores. Dicha norma establece que solamente las rentas comprendidas entre uno y cinco sueldos vitales anteriores, tendrán derecho al mismo porcentaje de reajuste que el que experimente el sueldo vital. Las rentas que exceden del tope de cinco sueldos vitales, sólo gozan de un reajuste escalonado; estas razones determinaron que vuestra Comisión no considerase justificado conceder un reajuste indiscriminado a las pensiones alimenticias cualquiera que sea su monto.

En lo relativo al procedimiento para poder acogerse al derecho a reajuste, se establece que el Secretario del Tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar estas pensiones, en conformidad a las normas antes explicadas.

En mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión tiene el honor de proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 14.908, de 5 de octubre de 1962:

a) Agréganse los siguientes incisos finales al artículo 10:

"Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de las rentas del alimentante ni en sueldos vitales, sino en una suma determinada, ésta se reajustará anualmente en el mismo porcentaje en que lo sea el sueldo vital, escala A), para los empleados particulares del departamento de Santiago; pero las pensiones superiores al equivalente de cinco sueldos vitales mensuales no tendrán derecho a este reajuste en la parte que exceda de dicha suma.

El Secretario del Tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a reliquidar la pensión alimenticia, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior.".

b) Intercálase en el artículo 14, entre los números "9º" y "11", lo siguiente: "10,".".

Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1969.

Acordado en sesión de fecha 15 de julio de 1969, con asistencia de los Honorbales Senadores señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Fuentealba, Juliet y Luengo.

(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario.6

6INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA, RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CONSULTA NORMAS SOBRE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, recaídas en el proyecto de ley que consulta normas sobre conservación de obras de artistas nacionales y extranjeros.

La primera observación consiste en conceder las franquicias de internación a las partes, piezas, accesorios y repuestos de instrumentos musicales y elementos para el teatro, la ópera y el ballet, destinados al uso de las Universidades estatales y de las reconocidas por el Estado, a los establecimientos fiscales de enseñanza básica y media, a las bibliotecas públicas y museos del Estado y a las corporaciones de derecho privado de difusión cultural.

La Honorable Cámara de Diputados aprobó la observación, que se fundamenta en que si se conceden franquicias para la internación a los referidos instrumentos y elementos, es necesario también establecerlas respecto de los que son indispensables para su mantención y reparación.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la observación.

La segunda observación consiste en la supresión de la letra e) del artículo 1°, que concede franquicias de internación a películas cinematográficas producidas en el extranjero, cuya dirección técnica hubiere correspondido a una persona de nacionalidad chilena.

La Honorable Cámara de Diputados aprobó la observación, que se fundamenta en la norma que se suprime podría haber permitido burlar el pago de derechos por medio del simple expediente de contratar a una persona de nacionalidad chilena en la dirección técnica de la película respectiva.

Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la observación.

La tercera observación consiste en la supresión del artículo 11, que establece que el Consejo de Censura Cinematográfica no podrá prohibir la exhibición de películas nacionales o extranjeras y que su labor se limitará a establecer una clasificación de la edad de los espectadores.

La Honorable Cámara de Diputados aprobó la observación que se fundamenta en que una materia de tanta importancia, como es la fiscalización de uno de los principales medios de difusión, requiere un estudio particular y extenso.

El Honorable Senador señor García hizo presente que la disposición aprobada por el Congreso Nacional puede producir efectos no deseados por los autores del precepto, ya que a las películas se les aplicaría la legislación general sobre delitos contra las buenas costumbres, la seguridad o la salubridad pública.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Sule, aprobó la observación.

En resumen, Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de recomendaros que aprobéis las tres observaciones recaídas en el proyecto de ley que consulta normas sobre conservación de obras de artistas nacionales y extranjeros.

Sala de la Comisión, a 14 de julio de 1969.

Acordado en sesión celebrada el día 1º de julio del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), García y Sule.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

7INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CONSULTA NORMAS SOBRE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda estudió las dos primeras observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que consulta normas sobre conservación de obras de artistas nacionales y extranjeros y, por unanimidad, acordó recomendaros que las aprobéis, al igual que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados y lo propone el informe de vuestra Comisión de Educación Pública, por los motivos que en éste se expresan.

Asimismo, resolvió recomendaros que insinuéis a la Honorable Cámara de Diputados que en la comunicación del texto del proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República se hagan las enmiendas de referencia en las letras c) y d) del artículo 1º.

Sala de la Comisión, a 16 de julio de 1969.

Acordado en sesión celebrada el día 1 5 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay, García y Silva Ulloa.

(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario.

8INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNACION DE ELEMENTOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES DEL PAIS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor dé informaros las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, recaídas en el proyecto de ley que libera de derechos la internación de elementos para clínicas y hospitales del país.

A la sesión en que se debatieron estas observaciones asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Valente; el Subsecretario de Hacienda, don José Florencio Guzmán; el Jefe de Compraventas de la Dirección de Impuestos Internos, don Guillermo Maturana; el funcionario del Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda, don Juan Vallejos, y el Administrador de la Aduana de Pudahuel, don Leonardo Tamblay.

Asimismo, se escucharon exposiciones de los funcionarios de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, señores Mariano Fontecilla y Hernán Sánchez, y de los representantes de la Cámara Aduanera de Chile, señores Jorge Stephens y Enrique Valenzuela.

La primera observación consiste en la supresión de los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto, que conceden franquicias a elementos destinados a hospitales y clínicas.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que la ley Nº 17.078, de 17 de enero del año en curso, legisló sobre la materia, en forma aún más amplia que la contenida en el proyecto.

Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó recomendaros la aprobación de la supresión de los referidos artículos.

La segunda observación consiste en la supresión del artículo 59, que exime del impuesto a las compraventas a las transferencias que efectúen las industrias alimenticias de Arica, dentro de su respectivo departamento.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que no tiene justificación eximir de un impuesto de general aplicación a una zona determinada del país.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición del Honorable Senador señor Silva Ulloa, acordó recomendaros que aprobéis la observación.

La tercera observación consiste en la supresión del Nº 1 del artículo 1º transitorio, que concede franquicias a las internaciones que efectúen las cooperativas dentales para sus socios.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que la ley Nº 16.840 suprimió todas las franquicias que beneficiaban a las cooperativas respecto de bienes que adquirieran para sus socios y que respecto de la situación transitoria producida en el momento de la derogación, existe una iniciativa de ley específica en tramitación, que concede el beneficio con los debidos resguardos para el interés fiscal y público.

Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Ballesteros, aprobó la observación.

La cuarta y quinta observaciones consisten en la sustitución de los Nºs 2 y 3 del artículo 1º transitorio, que conceden franquicias de internación para determinados elementos importados por el Instituto O'Hig gins de Rancagua y por el Instituto Chileno Alemán Democrático de Cultura de Valparaíso.

La Honorable Cámara de Diputados las aprobó.

Las observaciones se fundamentan, en primer término, en una razón formal: la supresión Nº 1 del artículo.

Asimismo, suprimen del beneficio a las exenciones por derechos de almacenaje y de depósitos previos en el Banco Central de Chile. La primera eliminación está motivada en que existe un sistema general para eximir del pago de la tasa, cuando comienza a pagarse por motivos no imputables al particular. La segunda, en que no se estima conveniente establecer una excepción para dos casos específicos en materia de depósitos previos.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la observación.

La sexta observación consiste en la supresión del Nº 4 del artículo 1º transitorio, que concede franquicias a la internación de un automóvil para la Escuela Particular Nº 347 de Santiago.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que el Ejecutivo estima inconveniente conceder franquicias de importación específicas a un automóvil para el transporte de alumnos de una escuela particular.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, la oposición del Honorable señor Silva Ulloa y la abstención del Honorable Senador señor García, aprobó la observación.

La séptima observación consiste en la supresión del artículo 2º transitorio, que concede recursos a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, para que financie el Congreso Internacional de la mencionada especialidad que se realizó en octubre del año pasado.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que no es conveniente otorgar recursos para financiar un congreso científico ya celebrado.

Vuestra Comisión, por unanimidad, la aprobó.

La octava consiste en la agregación de un artículo nuevo, que concede el régimen de depósito franco a los elementos destinados a las bases antárticas de países extranjeros.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

La observación se fundamenta en que al otorgarse facilidades para agilizar los trámites aduaneros a que deben someterse las mercancías que llegan al país destinadas al abastecimiento de bases extranjeras en la Antártica, las naciones respectivas utilizarán nuestros puertos australes como centros de aprovisionamiento, hecho que tiene innegable importancia para el país.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo.

La novena, décima y décima primera observaciones, consisten, en agregar tres artículos nuevos que modifican el sistema de importación de mercancías destinadas a las misiones diplomáticas.

Según el sistema legal vigente los Jefes de Misiones Diplomáticas y los miembros integrantes de éstas, pueden internar efectos liberados de derechos para su uso y consumo hasta por determinado valor aduanero. En el caso de los Jefes de Misiones dicho valor es de US$ 24.000 para su instalación, y desde el año siguiente a ella, de hasta por US$ 5.000 anuales. Para el resto del personal, dichas sumas bajan a US$ 15.000 y 2.500 dólares, respectivamente. En las cuotas de instalación están comprendidos los automóviles, y en las posteriores no.

Para dar cumplimiento a las referidas normas, el Servicio de Aduanas se ve obligado a practicar el aforo material de las mercaderías, ya que éste es el único medio para conocer el valor aduanero con exactitud.

El Ejecutivo propone la supresión de las cuotas y, en consecuencia, del aforo.

Por otra parte, las mercaderías importadas por los miembros de misiones diplomáticas deben cumplir con ciertas formalidades exigidas por la Ordenanza de Aduanas: presentación de pólizas, pedido arancelario e intervención de un agente de aduanas.

El Ejecutivo propone la supresión de las referidas formalidades. .

Asimismo, propone que la concesión de las franquicias que les corresponden sean otorgadas exclusivamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suprimiendo la intervención de la Aduana, y que el Presidente de la República dicte en un plazo determinado el reglamento necesario para la aplicación del nuevo sistema de franquicias.

La Honorable Cámara de Diputados aprobó las tres observaciones.

Los nuevos preceptos se fundamentan en que la legislación vigente produce dificultades en la internación de los efectos que importan los diplomáticos extranjeros, porque la concesión de las franquicias exige el aforo de la mercadería y diversos trámites formales.

Vuestra Comisión, después de un largo debate y de escuchar las opiniones y antecedentes proporcionados por el señor Subsecretario de Hacienda y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, acordó unánimemente proponeros que los elementos que internen los miembros de las misiones diplomáticas extranjeras quedan sujetos a los límites contenidos en la legislación vigente; que al respecto se supriman los trámites formales para su internación; que se sustituya el aforo material por el aforo teórico, es decir, por el examen documental de las mercaderías importadas, sin perjuicio de la mantención en vigencia de la Convención de Viena que permite el aforo material en determinados casos y en presencia del funcionario diplomático afectado, y centralizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores la concesión de la franquicia, manteniéndose en la Aduana la realización del aforo teórico.

Para ello, con el acuerdo del Ejecutivo, tiene el honor de proponeros que rechacéis el primero de los artículos en informe y aprobéis los dos siguientes. Esta recomendación fue aprobada por la unanimidad de los miembros que componen vuestra Comisión de Hacienda.

La décima segunda observación consiste en la agregación de un artículo nuevo que establece una excepción a la norma contenida en el artículo 242 de la ley Nº 16.617.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

Según el precepto citado, los vehículos importados por el cuerpo diplomático y los que se asimilan a ellos no pueden ser objeto de transferencia durante el plazo de dos años, contado desde su fecha de internación. Las personas que los adquieren después de dicho plazo deben pagar el 50% de los derechos respectivos, los que son rebajados a un 25% después de tres años del ingreso al país de] respectivo vehículo. Sin embargo, si la persona favorecida por la liberación cesa en sus funciones, por cualquier causa, puede enajenar el vehículo antes del plazo señalado, previo pago por el adquirente de la totalidad de los gravámenes vigentes al momento de la importación.

La disposición en informe autoriza al Presidente de la República para que pueda, por Decreto Supremo, en los casos en que exista reciprocidad acreditada, declarar exentos del pago de toda clase de impuestos fiscales o municipales, en parte o totalmente, a los representantes diplomáticos extranjeros acreditados en Chile, en las mismas condiciones que sus respectivos países observen respecto d'e los diplomáticos chilenos.

Es decir, la observación hace aplicable a estos vehículos la norma contenida en la ley Nº 3.427, de 30 de noviembre de 1918.

El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la observación se fundamentaba en que se había interpretado el artículo 242 de la ley Nº 16.617 en el sentido de que había derogado el precepto legal antes citado.

Agregó que la mencionada facultad excepcional había sido ejercida en contadas oportunidades y que era necesaria su mantención por razones obvias.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma y la abstención de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la observación.

A continuación, se estudió la observación décimo tercera, que propone la agregación de un artículo nuevo, que declara para uso exclusivo para la prevención y represión de delitos aduaneros, por el Servicio de Aduanas, a cuatro vehículos decomisados por la Aduana de Chañaral. Para dichos efectos, se estatuye que el mencionado Servicio tomará posesión de ;los vehículos sin el requisito de subasta pública.

El señor Vallejos, del Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda, manifestó que los mencionados automóviles llegaron consignados a la Andes Copper Mining Company, empresa que solicitó la autorización correspondiente a la Corporación del Cobre, la que la denegó en dos oportunidades, pese a lo cual se trajeron al país.

Frente a tal situación operó él sistema legal vigente y se procedió el comiso administrativo correspondiente, que significa el remate de la mercadería y el ingreso total de su producto a arcas fiscales.

Mediante la observación, se evita el trámite de subasta pública, y los vehículos pasan al Departamento de Resguardo y Policía dé la Superintendencia de Aduanas para que éste los destine a la represión del contrabando.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la observación.

La décimo cuarta observación consiste en la agregación de un artículo nuevo que contiene dos disposiciones.

La primera de ellas, exime de la participación de los agentes de aduanas a la internación de mercaderías que (autorice la Junta General de Aduanas con aprobación del Presidente de la República.

La Honorable Cámara de Diputados la aprobó.

Según la legislación vigente, sólo pueden ser efectuados los mencionados trámites directamente por sus dueños, destinatarios, remitentes o portadores, respecto de los equipos de los viajeros, tripulantes y arrieros; de las encomiendas internacionales y demás piezas postales, y de toda clase de elementos en las Aduanas donde haya menos de dos agentes generales en ejercicio.

Como hemos dicho, la observación propone que queden en igual situación las mercaderías que autorice la Junta General de Aduanas con aprobación del Presidente de la República.

Los representantes de la Cámara Aduanera d'e Chile manifestaron que cuando las operaciones de aduanas son efectuadas directamente por las personas interesadas, el Servicio hace todo el trabajo, o sea, abre el cajón y revisa una por una las mercaderías que contiene, por no existir una declaración previa con que cotejarlas.

En los demás casos, esta labor se reduce por la presentación de una declaración previa por parte de personas que tienen nombramiento específico, para el cual deben rendir un examen de capacitación y otorgar una garantía que responde por sus actos.

Agregaron que, además, el texto del artículo no reproduce sus fundamentos, ya que el Ejecutivo en esta parte sostiene que la disposición tiene por objeto agilizar el despacho de medicinas y de algunos repuestos.

A juicio de la mencionada Cámara, la aprobación de la observación, por el contrario, provocará dificultades en el despacho de las mercaderías, obstaculizándose así la tramitación en las Aduanas.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la disposición, básicamente, tiende a resolver el atochamiento que se observa en las Aduanas, especialmente en los aeropuertos por el aumento de la carga aérea. A ellos llegan, agregó, muestras medicinales de poco valor y repuestos que con urgencia requiere la industria para hacer funcionar sus máquinas.

Todas estas operaciones deben hacerse por intermedio de agentes generales de aduanas, los que por su número y funciones no pueden atender el despacho d'e las mercaderías que provocan el atochamiento.

Por lo demás, dijo, la facultad va a ser regulada por la Junta General de Aduanas, organismo que da garantías suficientes.

Por último, manifestó que era imposible dictar una disposición legal que estableciera todas las excepciones a las normas legales vigentes y por ello el Ejecutivo había propuesto que éstas se establecieran por medio de autoridades suficientemente representativas.

El señor Tamblay, Administrador de la Aduana de Pudahuel, manifestó que el sistema legal vigente no contiene excepciones que permitan a los organismos especializados establecer normas excepcionales para la rápida tramitación de mercaderías que exigen, por su naturaleza y monto, un pronto despacho.

Agregó que prueba de ello era que se ponía en duda la legalidad de la resolución de la Superintendencia de Aduanas que autorizó a los interesados para despachar directamente mercaderías de un valor inferior a cien dólares.

El señor Subsecretario de Hacienda corroboró las expresiones reproducidas y agregó que los órganos especializados de la administración requieren de una facultad discrecional para poder afrontar con eficacia las situaciones que día a día se presentan en las Aduanas, especialmente en las de los aeropuertos, teniendo presente lo cambiantes que aquellas son.

El Honorable Senador señor Ballesteros manifestó su conformidad con la observación, debido a que el sistema de agentes de aduanas sin excepciones flexibles, era articulado e imposibilitaba afrontar con éxito las necesidades diferentes que día a día se presentaban en las Aduanas. Agregó que la participación de éstos encarecía, en muchas oportunidades, el comercio exterior, por el subido arancel que cobran, y que a veces dichos agentes se transformaban en financistas de importaciones, controlando directa o indirectamente gran parte del comercio exterior del país.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa dijo que la observación sólo debería haber terminado con las dudas relativas a la legalidad de la resolución que permitió el despacho directo de mercaderías de valor inferior a cien dólares. Agregó que la garantía que se exige a los agentes de aduana es una salvaguardia para el Fisco en los esos en que no se paguen exactamente los derechos correspondientes.

El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que los agentes de aduanas no financiaban las importaciones, sino sólo el pago de los derechos mediante la letra aduanera; que sus conocimientos especializados eran imprescindibles para los usuarios de sus servicios, y que la posibilidad fiscal de repetir en su contra por el no pago de los derechos era sumamente útil al erario.

Agregó que los casos excepcionales indicados por el Ejecutivo podían solucionarse sin necesidad de conceder una facultad tan amplia a la Junta General de Aduanas en esta materia.

El Honorable Senador señor Valente señaló que él habría sido partidario de una disposición que terminara con las dudas legales existentes respecto de la resolución que permite a los interesados despachar directamente mercaderías de escaso valor, pero que el precepto propuesto por el Ejecutivo daba uña facultad tan amplia a la Junta General de Aduanas que permitía a cualquiera persona, en la práctica, despachar mercaderías.

El Honorable Senador señor García sostuvo que el Gobierno, en vez de pretender solucionar una situación legal dudosa, intentó resolver demasiadas cosas, lo que ha provocado el debate en la Comisión. Agregó que, por lo demás, existían intermediarios establecidos por ley para una gran cantidad de materias, menos delicadas que las aduaneras, por lo que era necesario legislar respecto de todas ellas o no hacerlo sobre ninguna.

En seguida, dijo que el 51% de las mercaderías eran despachadas por agentes especiales (Je las propias empresas.

Por último, manifestó que la disposición propuesta entrega facultades al Ejecutivo cuyos límites no estaban en conocimiento del Congreso, por lo que resulta más adecuado rechazarla a fin de evitar que por su aplicación se llegue a situaciones no previstas por el legislador.

El Honorable Senador señor Ballesteros replicó que los agentes generales de aduanas colaboraban hasta cierto punto con el Fisco en el despacho de mercaderías, ya que más bien son la contraparte de éste, porque su misión es defender la situación del particular que a ellos recurre.

Por lo demás, agregó, si su intervención es tan necesaria para la Aduana, las excepciones que la Junta establecerá serán pocas, y si ésta es para el particular que recurre a sus servicios, ellos no dejarán de solicitar su intervención, aunque la Junta General de Aduanas los autorice para actuar directamente.

El Honorable Senador señor Palma declaró que, a su juicio, la aprobación de la observación era indispensable, porque es imposible establecer una norma rígida en la materia, debido a que las condiciones del comercio internacional son cambiantes y la variación del valor de las mercaderías es sumamente rápida.

Agregó que, en todo caso, era mejor dictar un precepto sobre la materia, que podría ser modificado si la experiencia demostraba la necesidad de enmendarlo.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorales Senadores, señores Bossay, García y Silva Ulloa y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma, rechazó esta parte de la observación.

La segunda parte del precepto en informe suprime la facultad de los Administradores de Aduanas para presentar pólizas o solicitudes de destinación en los casos de admisiones temporales de mercaderías sujetas a régimen suspensivo de derechos.

El señor Vallejos manifestó que las admisiones temporales cuando se transforman en importaciones, requieren de la tramitación de una póliza, pero que ésta no puede ser efectuada por los Administradores de Aduanas, debido a que previamente deben tener las autorizaciones pertinentes del Banco Central.

Agregó que, por lo demás, el precepto en informe legaliza el sistema actualmente en operación.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Bossay, García, Palma y Silva Ulloa, y la abstención del Honorable Slev nador señor Ballesteros, aprobó la observación.

La última observación propone la agregación de un artículo nuevo, que autoriza al Presidente de la República para fijar las tarifas de movilización de las mercaderías en las Aduanas de ciertos aeropuertos internacionales y terrestres de Los Andes y de la sección Mapocho.

Asimismo, le permite modificar dichas tarifas cuando las necesidades del país lo aconsejen.

Agrega el precepto que los recursos provenientes de ella ingresarán en una cuenta de depósito especial, con cargo a la cual podrá girar el Superintendente de Aduanas, preferencialmente, para el pago de los jornales del personal que ejecute las referidas operaciones y, en segundo término, para la adquisición de los equipos necesarios.

De la utilización de los mencionados fondos deberá darse cuenta a la Contraloría General de la República.

Por último, deroga todas las disposiciones preexistentes sobre la (materia.

El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el precepto en debate había sido solicitado por los usuarios de las Aduanasí a que se refiere, por el atochamiento de mercaderías producida por falta de movili zadores.

Agregó que los jornaleros que actualmente desempeñan tales funciones son pagados directamente por los interesados, hecho que provoca dificultades en el movimiento de la carga y descarga; atención preferente para los mantenedores del personal, y ausencia de responsabilidad administrativa por parte de ellos.

El señor Tamblay sostuvo que los recintos aduaneros a que se refiere el artículo carecen totalmente de movilizadores, y las personas que actualmente desempeñan tales funciones carecen de responsabilidad frente al Estado.

El Honorable Senador señor Ballesteros sostuvo que las facultades solicitadas no son novedosas, ya que un sistema similar existe respecto de la Empresa Portuaria de Chile, que desempeña idénticas labores.

Aún más, agregó, las tarifas de la referida Empresa son fijadas por el Director de dicha entidad autónoma, con autorización del Presidente de la República, en cambio, el precepto propuesto, autoriza al Jefe del Estado para determinarlas.

El Honorable Senador señor Bossay expresó que era contrario a la fijación de tarifas de los servicios públicos por parte del Presidente de la República. Manifestó, asimismo, su oposición a la creación de entidades estatales con una autonomía tan grande que, incluso, carecen de presupuesto.

El Honorable Senador señor Silva Ulloa hizo presente que no era partidario de legislar en materia tan importante por la vía de las observaciones, ya que ella impide al Congreso abocarse a un estudio completo sobre la materia respectiva. En efecto, ninguna de las Cámaras pueden proponer ni siquiera modificaciones a los textos presentados por el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor García expresó que concordaba, en general, con la disposición, pero que .le parecía inconveniente derogar todas las disposiciones legales preexistentes sobre la materia que se legisla, sin saber exactamente cuáles son éstas.

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa, aprobó la observación, suprimiendo, por unanimidad, la norma objetada por el Honorable Senador señor García.

Por las razones y con las votaciones expresadas anteriormente, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que adoptéis las siguientes resoluciones respecto de las observaciones en informe:

Artículos 1º, 2º y 3º (páginas 21 y 22 del Boletín Nº 24.522).

Aprobarlas (por unanimidad) (la resolución del Senado no produce efectos jurídicos).

Artículo 5° (página 22, segundo precepto).

Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).

Artículo 1º transitorio (último precepto de la página 22 y páginas 23 y 24).

Supresión del Nº 1.

Aprobarla (con una abstención) (la resolución del Senado no produce efectos jurídicos).

Sustitución de los Nºs. 2 y 3.

Aprobarlas (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

Supresión del Nº 4.

Aprobarla (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos).

Artículo 2° transitorio.- (último precepto de la página 24 y primero de la página 25).

Aprobarla (por unanimidad) (la resolución del Senado no produce efectos jurídicos).

1º.- Artículo nuevo (página 25).

Aprobarlo (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

2º.- Artículo nuevo (primero de la página 26).

Rechazarlo (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

3º.- Artículo nuevo (segundo de la página 26).

4º.- Artículo nuevo (primero de la página 27).

Aprobarlos (por unanimidad) (la resolución del Senado produce efectos jurídicos).

5º.- Artículo nuevo (segundo de la página 27).

Aprobarlo (con dos abstenciones) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

6º.- Artículo nuevo (último de la página 27).

Aprobarlo (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

7º.- Artículo nuevo (primero de la página 28).

Números 1, 2 y 3.

Rechazarlos (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

Nº 4.

Aprobarlo (con una abstención) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

8º.- Artículo nuevo (último de la página 28 y páginas 29 y 30).

Aprobarlo (por mayoría de votos) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos), con excepción de su último inciso (página 30), que se propone rechazar (por unanimidad) (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos).

Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1969.

Acordado en sesión de fecha 17 del mes en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay, García y Silva Ulloa.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

9INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO, RECAIDO EN SENDAS MOCIONES DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES CARMONA, OLGUIN Y SILVA Y DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR VALENTE QUE MODIFICAN EL ARTICULO 3° DE LA LEY N° 13.039, QUE CREO LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de informaros acerca de dos mociones que modifican el artículo 3º de la ley Nº 13.039, de 15 de octubre de 1958, que creó la Junta de Adelanto de Arica. Una de dichas mociones la suscriben los Honorables Senadores señores Carmona, Olguín y Silva y la otra el Honorable Senador señor Valente.

El citado artículo 3º de este texto legal trata de la composición de la referida Junta. Ella está integrada por 11 miembros que representan a los diversos sectores del departamento.

En efecto, hay 4 personeros del sector público, 5 de la actividad privada y 2 del sector laboral.

"Sin embargo, durante los casi once años de vigencia de esta ley, las organizaciones comunitarias han alcanzado un considerable desarrollo, habiendo obtenido recientemente un estatuto legal a través de la ley Nº 16.880, de 7 de agosto del año próximo pasado.

Por otra parte, en la práctica ha quedado demostrado que es innecesario que mantenga representante un organismo cuya directiva está totalmente centralizada en Santiago, careciendo, en consecuencia, de arraigo local, cual es la Sociedad de Fomento Fabril. Sobre el particular, cabe hacer presente que también forma parte de la Junta un representante de la industria, designado por la Asociación de Industriales del departamento. Antes de analizar los acuerdos de vuestra Comisión frente a estas iniciativas, puntualizamos lo siguiente:

La moción de los Honorables Senadores señores Carmona, Olguín y Silva, propone simplemente agregar dos nuevos miembros a la Junta. Ellos son: un representante de las Juntas de Vecinos del departamento y uno de los Centros de Madres del departamento.

En cambio, la del Honorable Senador señor Valente consulta la sustitución del representante de la Sociedad de Fomento Fabril por el de los Centros de Madres y la agregación de un representante de las Juntas de Vecinos y otro de la Federación de Educadores de Chile (FE DECH), Seccional Arica.

O sea, la primera moción propone dos agregaciones y la segunda una sustitución y dos agregaciones.

Vuestra Comisión aprobó la agregación del representante de las Juntas de Vecinos, en lo que coincidían plenamente ambas mociones. En seguida, hubo acuerdo también para sustituir al representante de la Sociedad de Fomento Fabril por el de los Centros de Madres. Vale decir, en este último caso, se acogió la proposición del Honorable Senador señor Valente al seguir la vía de la sustitución en lugar de la agregación.

Al adoptar tales pronunciamientos tuvimos en consideración-Los antecedentes enunciados al comienzo de este informe.

Más adelante, tratamos la idea contenida exclusivamente en la moción del Honorable Senador señor Valente, cual es, la agregación de un representante de la Federación de Educadores de Chile (FEDECH), Seccional Arica.

En apoyo de su iniciativa, expresó el señor Senador que en Arica existía una extraordinaria inquietud, que se había traducido en un verdadero movimiento de progreso en el orden cultural y educacional y, para satisfacerla y velar por la solución de los problemas de escolaridad, era preciso que este sector estuviera directamente representado en la Junta. Agregó Su Señoría que el aludido organismo gremial era el más llamado a constituirse ante la Junta de Adelanto de Arica como el perso nero de las necesidades que se advertían en este campo.

Los Honorables Senadores señores Isla y Prado, estuvieron de acuerdo en la idea de integrar la Junta con un representante del sector educacional, pero argumentaron que éste debería ser una persona designada a nivel estatal, por cuanto Sus Señorías estimaban que de esta manera se tendría una visión de conjunto acerca de las cuestiones suscitadas en este orden de cosas y mayores informaciones y medios sobre la manera de solucionarlas.

En votación la modificación de los Honorables Senadores señores Isla y Prado a la idea del Honorable Senador señor Valente, se produjo empate de 2 votos por la afirmativa, emitidos por los dos primeros señores Senadores, y 2 votos por la negativa, que corresponden al citado señor Valente y al Honorable Senador señor Gumucio.

En otras palabras, los Honorables Senadores señores Valente y Gumucio estuvieron por aprobar la idea tal como la proponía aquel señor Senador, o sea, que el representante del sector educacional debería serdesignado por el organismo gremial ya indicado. En cambio, los Honorables Senadores señores Isla y Prado mantuvieron su criterio en el sentido de que tal representante debería ser elegido a nivel estatal.

Hubo acuerdo para no dirimir reglamentariamente este empate y dejar que la Sala, por la vía de la indicación que formularían oportunamente los señores Senadores que sostenían uno u otro criterio, resolviera sobre el asunto.

Con el mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de recomendaros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. Introdúcense al inciso primero del artículo 3º de la ley Nº 13.039, de 15 de octubre de 1958, las siguientes modificaciones:

a) Suprímese las expresiones "De un representante, de la Sociedad de Fomento Fabril;";

b) Agrégase al final de dicho inciso, en punto aparte, lo siguiente:

"De un representante de las Juntas de Vecinos del departamento, y

De un representante de los Centros de Madres del departamento.

Los dos últimos serán elegidos por las respectivas Uniones Comunales a que se refiere la ley Nº 16.880, mediante el procedimiento elaborado por el Reglamento de dicha ley, contenido en el Decreto Nº 1.481, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 1969." ;

c) Suprímese la conjunción "y" que sigue a la denominación "Confederación de Empleados Particulares", sustituyendo la coma (,) que precede a dicha conjunción por un punto y coma (;), y

d) Remplázase el punto (.) que sigue a la denominación "Central Unica de Trabajadores de Arica", por un punto y coma (;)."

Sala de la Comisión, a 16 de julio de 1969.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Isla (Presidente), Gumucio, Prado y Valente.

(Fdo.): Raúl Charlín Vicuña, Secretario.

10INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA TRANSFERIR A LA CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA LOS BIENES NO INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE PREDIO RUSTICO Y QUE PERTENECIERON A DON FRANCISCO URRUTIA URRUTIA.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización ha estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, originado en mensaje del Ejecutivo, que autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria todos los bienes que no estén incluidos en la definición de "predio rústico", contenida en la ley Nº 16.640, y que pertenecieron a don Francisco Urrutia Urrutia.

A las dos sesiones en que se trató esta materia asistieron, además de sus miembros, el señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli, y el Director Jurídico y el Abogado del Departamento de Estudios Jurídicos de la Reforma Agraria, señores Jorge Orchard y Rodrigo Santa Cruz, respectivamente.

A la segunda sesión concurrieron también el Ministro y Subsecretario de Tierras y Colonización, señores Víctor González y Angel Esnola, respectivamente.

El 1º de abril de 1968 falleció intestado don Francisco Urrutia Urrutia o Francisco Urrutia Vásquez, cuyos bienes adquirió el Fisco como heredero abintestato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 995 del Código Civil.

La posesión efectiva de esta herencia le fue concedida al Fisco por resolución del Quinto Juzgado de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía de Santiago, de fecha 29 de abril de 1968, modificada por auto de 30 de mayo del mismo año, y se encuentra inscrita a fs. 11.706, Nº 13.568, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y a fs. 234, Nº 263, del mismo Registro del Conservador de Bienes Raíces de Linares, ambos correspondientes a 1968.

Según informaciones proporcionadas a esta Comisión por el Ministerio de Tierras y Colonización, el monto estimativo de los bienes heredados por el Fisco asciende aproximadamente a la suma de Eº 20.000.000.

El patrimonio hereditario está formado fundamentalmente por los siguientes bienes:

a) Bienes Raíces .

Eº 10.000.000

b) Animales

4.500.000

c) Cuentas por cobrar, dineros en cuentas corrientes, bonos, monedas de oro, joyas, automóviles y otros bienes muebles

3.500.000

d) Utiles y enseres agrícolas

2.000.000TOTAL ... .Eº 20.000.000

Los bienes raíces que componen el haber de la herencia son los siguientes: una casa habitación en Santiago y cinco fundos, de superficie total aproximada de 17.000 hectáreas, ubicados en la comuna de Longaví de la provincia de Linares, denominados Hijuela Quinta de Longaví o Membrillar, Fundo San José, Fundo Esperanza, Hijuela Macal e Hijuela o Fundo Chandía o Campo de la Cruz.

Con anterioridad al fallecimiento del señor Urrutia, el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria había resuelto la expropiación de los cinco fundos antes señalados, con todo lo edificado y plantado en ellos, por Acuerdos Nºs. 836 y 857, de 9 y 16 de noviembre de 1967, respectivamente.

Los acuerdos de expropiación fueron publicados en extracto en el Diario Oficial de 1º de diciembre de 1967 y en el diario "La Provincia", de Linares, los días 29 y 30 del mismo mes y año.

El propietario, señor Urrutia, presentó con fecha 30 de diciembre de 1967, a la Corporación de la Reforma Agraria, solicitud de reconsideración y reserva, fundada en las disposiciones de los artículos 16, 20 y 35 de la ley Nº 16.640.

A la fecha de fallecimiento del causante, la tramitación de esta solicitud se hallaba suspendida, pues el señor Urrutia se encontraba en conversaciones con la Corporación de la Reforma Agraria para hacer entrega de la totalidad de los predios expropiados e, incluso, había puesto término, al 31 de marzo de 1968, a los contratos de trabajo de todo el personal que laboraba en ellos.

El Ministerio de Tierras y Colonización tomó conocimiento de la herencia vacante del señor Urrutia el mismo día de su fallecimiento, mediante denuncio formulado a las 9º horas de ese día 1º de abril de 1968 por doña Silvia Garín Jara y don César Rozas Urzúa. Horas más tarde, al tiempo de comenzar la atención al público .de la Oficina de Partes de ese Ministerio, se presentó a hacer el mismo denuncio don Rafael González Aliaga.

Con motivo de esta denuncia, la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales inició las gestiones tendientes a obtener la posesión efectiva de los bienes del señor Urrutia e intervino los predios agrícolas de propiedad del causante a fin de proceder a la facción de inventario y a la realización de las demás diligencias necesarias para incorporar esos bienes al patrimonio fiscal.

Estos trámites fueron sometidos a un Inspector de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales quien, para proceder con la debida rapidez y eficacia a la confección de los inventarios, particularmente por tratarse, de predios agrícolas en explotación, dotados de gran cantidad de enseres, animales, maquinarias, etcétera, solicitó al Jefe Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria le facilitase funcionarios especializados para colaborar en esta diligencia.

Con posterioridad, por Oficio Nº 3210, de 9 de julio de 1968, la Corporación de la Reforma Agraria requirió al Ministro de Agricultura que oficiara al Ministro de Tierras y Colonización a fin de obtener la transferencia a esa Corporación de los predios rústicos comprendidos en la herencia, para lo cual el Presidente de la República está facultado en virtud del artículo 29 de la ley Nº 16.640.

Esta transferencia fue hecha gratuitamente por Decreto Supremo Nº 1365, del Ministerio de Tierras y Colonización, de fecha 4 de septiembre de 1968, con excepción de ciertos retazos en que se encuentra ubicada la casa patronal de la Hijuela Quinta de Longaví.

Ahora bien, como de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1º, letra a), y 30, inciso final, de la ley de Reforma Agraria, la expresión "predio rústico" sólo comprende la tierra y los inmuebles que adhieren permanentemente a ella, y no los bienes muebles destinados al uso, cultivo o beneficio de la finca, el Presidente de la República únicamente pudo transferir a la Corporación de la Reforma Agraria, por medio del decreto supremo a que se ha hecho referencia, los bienes raíces mismos, pero no las maquinarias, vehículos, animales, aperos de labranza y demás enseres, necesarios para la explotación de dichos predios y que existían en ellos, toda vez que carece de facultad legal para hacerlo.

De manera pues que, de acuerdo con la legislación en actual vigencia, todas esas especies muebles tendrían que ser enajenadas en la forma prevista por el artículo 50 del D. F. L. Nº 336, de 1953, es decir, me diante remate público.

Sin embargo, es de toda conveniencia que el Presidente de la República sea facultado para traspasar a la Corporación de la Reforma Agraria los referidos bienes muebles, debido a que son indispensables para el normal desarrollo de la explotación de esos predios por las sociedades agrícolas de reforma agraria que la Corporación ha organizado en ellos. Esta es, precisamente, la finalidad que persigue la iniciativa de ley en informe y que fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, señora Campusano y señores Ferrando y Lorca.

El proyecto consta de tres artículos.

El primero faculta al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria los bienes no incluidos en la definición de predio rústico, contenida en el artículo 1º, letra a), de la ley Nº 16.640, que el Fisco adquirió por herencia de don Francisco Urrutia y que éste tenía destinados a la explotación de sus predios rústicos ubicados en la comuna de Longaví de la provincia de Linares. Autoriza, asimismo, al Presidente de la República para establecer las condiciones en que se efectuará dicha transferencia y para que, si lo estima conveniente, lo haga total o parcialmente en forma gratuita.

Con motivo de la discusión de este artículo, el señor Ministro de Tierras y Colonización hizo presente que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 36 del D. F. L. Nº 336, de 1953, es necesario otorgar una recompensa a los denunciantes de la herencia vacante del señor Urrutia, la cual puede ser fijada por el Presidente de la República hasta en un 20% del valor líquido del acervo hereditario. Legalmente corresponde pagar este galardón al Ministerio de Tierras y Colonización, el que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 105 de la ley Nº 17.072, una vez que pague la correspondiente recompensa, debe ingresar los fondos que perciba con motivo del cobro de los créditos y de la enajenación de los bienes muebles, semovientes y valores de la herencia de don Francisco Urrutia a una cuenta especial que se abrirá en la Tesorería General de la República, sobre la cual sólo podrá girar el Director de Tierras y Bienes Nacionales a fin de financiar determinadas adquisiciones para ese Ministerio y sus servicios dependientes.

Agregó el señor Ministro que, en la actualidad, el Ministerio a su cargo dispone de la suma de Eº 2.600.000, proveniente de la subasta de las joyas, automóviles y otros bienes muebles hereditarios, cantidad conla cual debería subvenir al pago del galardón y que, una vez efectuado dicho pago, le quedarían fondos que no serían suficientes para atender a las necesidades de ese Ministerio, previstas en el artículo 105 citado, y que revisten el carácter de urgentes e impostergables.

En razón de ello, hizo indicación para que, en el evento de transferirse gratuitamente a la Corporación de la Reforma Agraria los muebles que guarnecen los predios rústicos a que se refiere el proyecto, dicho galardón sea costeado por esa Corporación, criterio que, en definitiva, fue compartido por el señor Ministro de Agricultura.

En relación con este mismo punto, la señora Campusano formuló indicación, que hizo suya el señor Ferrando, para que la distribución del galardón que fije el Presidente de la República se determine en esta ¡misma iniciativa de ley, inspirándose en un principio de equidad en cuanto a la forma de hacer el reparto y con el objeto de resolver posibles problemas que pudieran presentarse en la determinación de los denunciantes con derecho á percibir tal recompensa.

La indicación otorga un 60% del galardón a doña Silvia Garín Jara, un 25% a don César Rozas Urzúa y un 15% a don Ragael González Aliaga.

Ambas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes, señora Campusano y señores Ferrando y Lorca, como asimismo el artículo 1º.

El artículo 2° autorizaba al Presidente de la República para asignar, con cargo al patrimonio del señor Urrutia, las sumas de Eº 500.000 para habilitar una casa destinada al funcionamiento de un Centro Educacional en el Fundo "La Quinta", de Longaví, y Eº 3.000.000 para que el Ministerio de Educación Pública construyera Internados en cuatro establecimientos educacionales de la provincia de Linares.

El artículo 39 contemplaba el pago de una indemnización por años de servicio en favor de los trabajadores que sirvieron al señor Urrutia por períodos superiores a un año y que hubieren cesado en sus funciones, por cualquier causa, en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1967 y la fecha de fallecimiento del causante, como así también en favor de aquellas personas que, hallándose al servicio del señor Urrutia al tiempo de su muerte, no fueren incluidas en los asentamientos o sociedades agrícolas que la Corporación de la Reforma Agraria ha organizado en esos predios, y de quienes, habiendo adquirido la calidad de socios o asentados, fueren posteriormente excluidos.

Los señores Ministros de Agricultura y de Tierras y Colonización formularon indicación para suprimir estos dos artículos, basados en la carencia de fondos disponibles para atender a esos gastos y en que la finalidad que se proponía el artículo 29 del proyecto fue obtenida, en parte, por la vía administrativa, toda vez que por decreto Nº 382, de 24 de abril de 1969, del Ministerio de Tierras y Colonización, se destinó al Ministerio de Educación Pública el inmueble fiscal ubicado en la Hacienda La Quinta, de Longaví, para que se instale en él un establecimiento educacional.

Respecto del artículo 39, el Abogado de la Corporación de la Reforma Agraria hizo presente que la indemnización propuesta resultaba, en cierto sentido, inoficiosa, por cuanto el articulo 82 de la ley Nº 16.640 contempla, precisamente, una indemnización en favor de los obreros que trabajen en predios expropiados cuando, a la postre, no resulten asignatarios de tierras en dichos predios.

Además, se observó que la fórmula consultada en el artículo, difiere del sistema de indemnización previsto en el artículo 82 de la ley de Reforma Agraria, ya que, entre otros aspectos, extiende el beneficio a trabajadores que dejaron de serlo antes de la adquisición de los predios por la Corporación de la Reforma Agraria.

Por otra parte, el señor Subsecretario de Tierras y Colonización advirtió que los pocos empleados que se retiraron de sus labores obtuvieron indemnización en virtud de las sentencias pronunciadas en juicios que siguieron ante los Tribunales del Trabajo, de manera que, en el evento de aprobarse la disposición, se les otorgaría una doble indemnización.

En reacción con el asentamiento de los inquilinos en los predios a que se refiere el proyecto, la Honorable Senadora señora Campusano expresó que todos ellos deberían ser beneficiados con la asignación de tierras, ya que de-Los antecedentes conocidos se desprende que las hay en cantidad suficiente para distribuirlas entre todos.

El señor Ministro de Agricultura señaló que ese es el propósito que se tiene en vista, pero que resulta innecesario declararlo expresamente en la ley, ya que, según el artículo 72 de la ley Nº 16:640, la primera prioridad para ser asignatarios de tierras en un predio objeto de asignación la tienen los obreros que han trabajado permanentemente en él y que, aun en el evento de que los tierras no fueren bastantes para repartirlas entre todos esos trabajadores, la Corporación de la Reforma Agraria tiene la obligación de ubicarlos en otros asentamientos.

De manera que, en resumen, estuvo de acuerdo con la proposición de la señora Campusano en orden a dejar constancia de que el espíritu de la ley es favorecer a todos los campesinos que trabajan en los predios aludidos, pero con la salvedad de que la selección de asignatarios debe hacerse de acuerdo con las normas consultadas en la legislación vigente.

Con el propósito de beneficiar en mayor medida a estos campesinos, la señora Campusano hizo indicación para que la Corporación de la Reforma Agraria abone al pago de las deudas contraídas por los asignatarios de estas tierras una cantidad determinada en relación a los años que hubieren laborado en ellas.

El señor Ministro de Agricultura no participó de este criterio por estimar que la incorporación de un precepto semejante significaría crear un privilegio especial en favor de ciertos campesinos, lo que está en desacuerdo con el propósito que persigue la ley de Reforma Agraria al asignar las tierras a título oneroso y en iguales condiciones para todos los asignatarios.

Los artículos 2° y 3° fueron suprimidos con los votos de los señores Ferrando y Lorca y la abstención de La señora CAMPUSANO.- A su vez, la indicación formulada por la señora Senadora fue rechazada con su voto en contra.

En mérito a las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Pasa a ser artículo único.

Consultar los siguientes inciso finales, nuevos:

"En caso que la transferencia se hicere a título gratuito, la Corporación de la Reforma Agraria deberá costear el pago del galardón que se determine por decreto supremo en favor de los denunciantes, poniendo a disposición del Ministerio de Tierras y Colonización la cantidad que se establezca en el decreto en referencia.

Del galardón que se determine, corresponderá un 60% a la denunciante doña Silvia Garín Jara, un 25 % a su codenunciante don César Rozas Urzúa y un 15% al tercer denunciante don Rafael González Aliaga.".

Artículos 2º y 3º

Suprimirlos.

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Facúltase al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria todos los bienes que no estén incluidos en la definición de predio rústico contenida en el artículo 1º, letra a), de la ley Nº 16.640 y que pertenecieron a don Francisco Urrutia Urrutia o Francisco Urrutia Vásquez, bienes heredados por el Fisco y que el causante tenía destinados a la explotación de predios rústicos que eran de su dominio, ubicados en la comuna de Longaví de la provincia de Linares. Por lo tanto, el Presidente de la República estará facultado para transferir a dicha Corporación todas la maquinarias, vehículos, enseres, animales, semillas, acciones en Cooperativas Agrícolas y cualesquiera otros bienes comprendidos en el inventario de dichos predios.

El Decreto Supremo que se dictare al efecto fijará las condiciones en que se hará la transferencia de los mencionados bienes a la citada Corporación, pudiendo el Presidente de la República hacer dicha transferencia en todo o parte, gratuitamente, si así lo estimare conveniente.

En caso que la transferencia se hiciere a título gratuito, la Corporación de la Reforma Agraria deberá costear el pago del galardón que se determine por decreto supremo en favor de los denunciantes, poniendo a disposición del Ministerio de Tierras y Colonización la cantidad que se establezca en el decreto en referencia.

Del galardón que se determine, corresponderá un 60% a la denunciante doña Silvia Garín Jara, un 25% a su codenunciante don César Rozas Urzúa y un 15% al tercer denunciante don Rafael González Aliaga.".

Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1969.

Acordado en sesiones de fechas 9 de julio de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), señora Campusano, Lorca y Ochagavía, y 16 de julio de 1969, con asistencia del Honorable señor Ferrando (Presidente), señora Campusano y señores Acuña y Lorca.

(Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario.

11MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR FONCEA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE LINARES.

Honorable Senador,

Existen en el país 3 ó 4 ciudades o, zonas que por distintos factores, como son el número de sus habitantes (que ha ido aumentando por las comodidades y servicios públicos), por la enorme concentración de industrias y fuentes de trabajo, por el endémico e irritante centralismo criollo o, simplemente, por los malos hábitos criollos, han pasado a constituirse en verdaderas zonas privilegiadas del país.

Por cierto que cuando a tales colectividades les corresponde celebrar sucesos más o menos importantes acaecidos a través de su historia, se realizan actos oficiales con el debido boato y se promulgan sendas leyes de excepción para otorgarles beneficios extraordinarios y para ordenar, con cargo al erario nacional, obras de envergadura. Es así como las diferencias de esas 3 ó 4 ciudades preferidas por los poderes públicos, como es el caso de Santiago, Valparaíso y Concepción, para citar sólo las principales, son cada vez más manifiestas con respecto al resto del país que, por rara paradoja, es precisamente el que produce las riquezas que han cimentado la prosperidad de Chile. Los que residen en asas zonas abandonadas se sienten desterrados y sólo esperan de la divina providencia o de otro poder, que llegue algún día en que puedan vivir de acuerdo con lo que la técnica ha conquistado para la humanidad.

He estimado necesario hacer este corto exordio para recordar al Congreso Nacional que Linares, capital de la provincia del mismo nombre, recién ha cumplido nada menos que 175 años de dura, tenaz y laboriosa existencia. Empero, un acontecimiento de tal trascendencia, no ha merecido siquiera un comentario de los llamados órganos de publicidad de importancia. Mucho menos se ha tomado la iniciativa de destinar recursos para solucionar algunos de los múltiples problemas de Linares que se arrastran a través del tiempo, actitud ésta que sería un aliciente para esos abnegados compatriotas.

Mientras tanto, se anuncia oficialmente que el túnel de Lo Prado aumenta su ejecución en tiempo record y que en el presente año ya hay 60 mil millones de pesos para continuar esta obra que permitirá abreviar el trayecto entre Santiago y Valparaíso en un cuarto de hora. Al mismo tiempo también hay fondos para continuar ensanchando la Cuesta de Zapata, para terminar el estadio techado del Parque Cousiño 20 millones de escudos, sin considerar que también hubo dinero para inaugurar el Estadio Chile y que lo habrá según se anuncia, para ampliar el Estadio Playa Ancha de Valparaíso, como lo hubo en abundancia para las obras de infraestructura de Portillo que hizo posible la celebración del Campeonato Mundial de Ski. En el Norte Grande se anuncia, se inician y se inauguan puertos, vías de comunicación, caminos, obras de regadío, etcétera, etcétera. La tragedia del terremoto del Sur, al inicio de la Administración de don Jorge Alessandri, sigue penando y los impuestos extraordinarios aprobados en esa ocasión para ir en ayuda de la región entre ellos el impuesto del 10% a los espectáculos deportivos continúan vigentes.

Para qué recordar ese triste episodio de la planta de IANSA programada preferentemente, después de muchas promesas, para la provincia con mayor capacidad de producción de remolacha, como es Cu ricó y que posteriormente, debido a la presión, se acordó, en contra del dictamen de los técnicos, instalarla en la región Austral.

Las anteriores observaciones serían torpemente interpretadas si se pensara que el Senador infrascrito pone el dedo en la llega por simple envidia o para justificar una presunta incapacidad de los parlamentarios de la 6ª Circunscripción.

La verdad es que se hace ya necesario comenzar a hablar sin tapujos ni diplomacia, después de haber agotado prácticamente todos los recursos de la lógica y el buen sentido, para que el plan de desarrollo del país se desenvuelva sin otra consideración que los permanentes intereses de la patria.

Está bien ¡magníficamente bien! que Chile progrese cada día más, pero es inaceptable que ello se haga sin un criterio racional, sometido al dictamen de los técnicos, y no a la simpatía o al temor que para ciertas autoridades abúlicas puedan provocar elementos políticos.

Debo expresar que la provincia de Linares, conforme al último censo del ano 1960, tiene 180.000 habitantes y que con el aumento demográfico de los últimos años esa cifra debe sobrepasar actualmente los 220.000.

Debo agregar que entre los 3 Departamentos Parral, Linares y San Javier de Loncomilla configuran una de las provincias de mayor producción agrícola del país. El trigo, el maíz, la remolacha, el arroz, la cebada, las papas, los frejoles, etcétera, etcétera, se dan con prodigiosa abundancia. Agregúese a ello que Linares es considerada la mejor zona engordera y, entre ovejunos, cabríos, cerdos y vacunos debe ser de las que más contribuyen a la alimentación.

La industria de la vinicultura y todos sabemos la enorme tributación que grava este producto es también uno de los principales cultivos de esta provincia ya casi bicentenaria.

O sea, estamos ante una provincia esencialmente agrícola y en Chile hablar de agricultura sin la ignorancia de los demagogos significa llevar una vida de mucho esfuerzo y pocas compensaciones.

Son estas consideraciones las que me llevan a presentar un proyecto de ley para otorgar a Linares, con motivo de sus 175 años, algunos beneficios.

Desde luego, debo señalar que desde la época del Excelentísimo señor Carlos Ibáñez del Campo no se realiza en Linares ninguna obra de importancia.

Para citar sólo algunos casos, diremos que no existe ni siquiera un gimnasio cerrado, en una zona en que prácticamente son escasas las distracciones sanas. No hay una piscina pública. El abandono ha llegado a tal extremo de que el camino que une la ciudad con el Cementerio, cuya extensión no es de más de 3 cuadras, carece de pavimentación y de calzada, lo que significa que el último viaje de los linarenses en este mundo ni siquiera puede hacerse con un mínimo de comodidad y de decencia. Instituciones tradicionales en Linares como la Unión de Carabineros en Retiro, la Asociación de Ferroviarios Jubilados, el Coro Polifónico, el Club de Deportes Lister Rossel, la Sociedad de Socorros Mutuos "Andrés Bello", etcétera, etcétera, que han prestado destacados servicios a la colectividad por muchas décadas, carecen de una ayuda que les permita desenvolverse.

Un lugar de tanta atracción como son las Termas de Panimávida, donde van en Busca de salud sectores modestos, y que están ubicados a escasos 11,4 kilómetros de Linares, no ha podido aún terminar su pavimentación.

La ciudad de San Javier, con cerca de 40.000 habitantes, carece de un gimnasio cerrado, a pesar de que con el esfuerzo exclusivo de la comunidad se reunieron los fondos para adquirir un predio que luego cedieron gratuitamente a la Dirección de Deportes del Estado para la construcción de un modesto gimnasio, sin que hasta la fecha nada se haya hecho.

Instituciones prestigiosas como los Cuerpos de Bomberos de Linares quizás el más antiguo de Chile y de San Javier, para poder levantar siquiera parte de la obra gruesa de sus cuarteles, han debido recurrir al aporte de los particulares.

El proyecto que presento pretendo sea financiado con las mayores entradas que el Fisco percibirá, en el presente año, por precio del cobre, siendo de advertir que en el cálculo de entradas del presupuesto de la Nación se estimó en 4 centavos de dólar la libra de ese metal.

Estimo que destinar la suma de Eº 20.000.000 para realizar las obras mínimas no es en caso alguno una exageración, tanto si se considera la increíble postergación de esa zona, como si se tienen presentes los ingentes recursos tributarios que ha otorgado a la Nación, aparte de haber impedido la importación de artículos alimenticios que, de acuerdo con la política tradicionalmente vigente en Chile, han debido entregar a un precio muy inferior al alza que, al través de los años ha experimentado el índice del costo de la vida.

Para iniciar una efectiva descentralización y considerando que son los propios interesados quienes mejor conocen los problemas, propongo una Comisión de la zona encargada de hacer una distribución de esos recursos y de velar por que ellos sean invertidos en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, he creído de justicia señalar específicamente un aporte para aquellas instituciones ya enumeradas que tantos y tan señalados servicios han prestado a Linares.

Por estas consideraciones me permito presentar al Honorable Senado el siguiente

Proyecto de ley:

.... Artículo 1º.- El Ministerio de Hacienda destinará la suma de Eº 20.000.000 a las finalidades que se indican en los artículos siguientes de esta ley, con cargo a los mayores ingresos en la cuenta C l impuesto a las utilidades del cobre del Presupuesto de 1969, aprobado por la ley Nº 17.072.

Si los recursos a que se refiere el inciso anterior fueran insuficientes para cubrir el referido gasto, ésta se financiará con cargo a los premios no cobrados de los sorteos establecidos por los artículos 26, 27, 28 y 29 de la ley Nº 12.861.

Artículo 2º.- Con los recursos del artículo anterior la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, procederá a construir un gimnasio cerrado en la ciudad de Linares, otro en la ciudad de San Javier y, una piscina en el local de las Escuelas 1 y 2 de Linares. La Corporación de Obras Urbanas procederá a pavimentar y a ejecutar las calzadas en el camino que va al Cementerio de Linares; y la Corporación de Mejoramiento Urbano procederá a ejecutar las obras de urbanización más necesarias en los barrios marginales de Linares y San Javier. Todas estas obras deberán iniciarse de inmediato y en ningún caso en un plazo superior a los 6 meses a contar desde la promulgación de esta ley.

Artículo 3º.- La Ilustre Municipalidad de Linares deberá entregar a la Dirección de Deportes del Estado, a título gratuito, los terrenos que reúnan las condiciones de superficie y ubicación necesarias para la construcción del gimnasio cerrado de esa comuna.

Artículo 4º.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con cargo a los recursos del artículo 89 de la ley Nº 17.072, dará la primera preferencia a la terminación de los cuarteles de los Cuerpos de Bomberos de Linares y San Javier,

Artículo 5º.- La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con fondos generales y sin recurrir, en consecuencia, a los recursos del artículo primero de esta ley, dará preferencia a la terminación de la pavimentación del camino que une la ciudad de Linares con las Termas de Panimávida.

Artículo 6º.- Una Comisión Especial, presidida por el Intendente de la provincia de Linares y compuesta por los Gobernadores de los departamentos de Parral y San Javier de Loncomilla, por los Alcaldes de Parral, Linares y San Javier, por el Presidente del Rotary Club de Linares, por el Presidente del Club de Leones de Linares, por el Director de la Escuda de Artillería de Linares, por el Prefecto Jefe de Carabineros, por el representante zonal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por el Presidente del Consejo Local de Deportes, por el Director de Educación Provincial Primaria y por un representante de la Central Unica de Trabajadores, tendrá como misión hacer la distribución de los recursos que señala el artículo 1º de esta ley entre las obras que se han, enumerado en el artículo 2º, de acuerdo con la importancia de cada una de ellas y del aporte que se obtenga de la colectividad para su ejecución. Le corresponderá a la Comisión, además, el control y vigilancia de las obras, de manera que cada una de las empresas encargadas de su ejecución cumpla sus obligaciones a plena satisfacción.

Artículo 7º.- Se llamará a propuestas públicas por los organismos públicos correspondientes, para la ejecución de las diversas obras y la Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá amplias facultades para controlar el fiel cumplimiento de las obligaciones consignadas en los respectivos contratos.

Si abierta una propuesta pública no se presentaran interesados o el que lograra la adjudicación de la misma no reuniere los requisitos exigidos, la Comisión, con el voto de los dos tercios de sus miembros, podrá exigir que se dejen sin efecto.

Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la repartición a quien corresponda la ejecución de la obra podrá por decreto disponer que algunas de ellas se ejecuten por administración y en tal caso la Comisión Especial designada tendrá el derecho a dirigir directamente los trabajos.

Artículo 8º.- Con cargo a los recursos del artículo 1º de la presente ley se otorgará un aporte de Eº 50.000 a cada una de las siguientes instituciones : Club de Deportes "Lister Rossel" de Linares, Coro Polifónico de Linares, Sociedad de Socorros Mutuos "Andrés Bello" de Linares, Agrupación Rehabilitadora de Alcohólicos ARDA de San Javier, Asociación de Ferroviarios Jubilados de Linares, Club Deportivo "Colo Colo" de San Javier, Cruz Roja de Linares, Consejo Local de Deportes de Linares, Asociación Rehabilitadora de Alcohólicos ARDA de Parral, Escuela Salesiana del Trabajo "Don Bosco" de Linares y a la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre para que prosiga los trabajos de su gimnasio techado.

(Fdo.) : José Foncea Aedo.

12MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALTRA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE MELIPILLA.

Honorable Comisión:

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Melipilla cumple, en el día de hoy, 59 años de existencia durante los cuales ha entregado a la comunidad sus servicios altruistas y voluntarios.

Desde su fundación, siempre ha tenido el mismo edificio como Cuartel, el cual alberga a tres Compañías de Voluntarios. Es de comprender por lo tanto, el estado materia! de la sede y las dificultades de espacio y funcionamiento en los cuales desarrollan sus actividades un grupo numeroso de Oficiales y Voluntarios de este Cuerpo. El edificio ha soportado el paso de los años e, incluso, un siniestro. Su estado ruinoso hace que la acción de bien público que el Cuerpo desarrolla, no pueda efectuarse con las facilidades del caso, toda vez que la ciudad de Melipilla, y el Departamento en general, es un sector de nuestra Patria en permanente crecimiento.

Más de 240 Voluntarios entregan su activa labor de bien público y no solamente atienden la ciudad, sino todo el Departamento, habitado por más de 100.000 personas, repartidas en un territorio muy extenso.

En la actualidad se hace imprescindible dotar a este Cuerpo de Voluntarios, de un Cuartel que reúna las condiciones que la zona necesita y que sea un estímulo al esfuerzo de muchos hombres que, venidos de todos los sectores sociales, brindan protección voluntaria contra los siniestros de los sectores poblados y rurales del Departamento antes señalado.

El más grande anhelo de los voluntarios de este Cuerpo, es contar con una sede que les permita desarrollar sus actividades en forma eficiente e, inclusive, ampliarlos. Posee la Institución un predio en calle Serrano esquina de Valdés, en la ciudad de Melipilla, donde puede levantarse un nuevo edificio que cumpla con las condiciones que la hora presente exige. La comunidad y las autoridades municipales están aportando su colaboración para llevar a la realidad este deseo de los voluntarios y la ciudadanía. Es necesario, entonces, que el Estado entregue su ayuda económica para la construcción del Cuartel que todo Melipilla espera se construya.

Por estas razones, es que me permito someter a la consideración de esta Honorable Comisión el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único. El Presidente de la República destinará la cantidad de Eº 2.000.000, con cargo a! excedente producido por los premios no cobrados de los Sorteos de Boletas de Compraventa, a objeto de financiar la construcción del nuevo Cuartel de Bomberos de la ciudad de Melipilla, envíos terrenos que esta Institución posee en calle Serrano esquina de Valdés".

(Fdo.) : Alberto Baltra Cortés.