Labor Parlamentaria

El señor PARRA.-

Señor Presidente, la Comisión Económica para América Latina está celebrando en estos días 20 años de existencia.

Nuestros pueblos tienen bastante que agradecer a esta entidad. A mi juicio, sus trabajos han legitimado ante los ojos de capas importantes del continente, ciertas apreciaciones que durante mucho tiempo sólo fueron formuladas por sectores, a veces restringidos, de los movimientos populares. La dependencia externa de nuestros países y la perniciosa conformación de sus economías nacionales, no podían sino hacerse evidentes cuando se emprendiera, en gran escala, el estudio sistemático, científico y, por tanto, objetivo, de nuestra realidad. Eso es lo que ha hecho la CEPAL. Como consecuencia de su labor, ambos conceptos fundamentales dejan de ser una simple consigna propagandística y pasan a constituirse en un punto de referencia imprescindible para todo el que desee entender nuestro continente, a sus hombres y a sus grupos. Puede afirmarse, entonces, que la CEPAL ha contribuido, de manera importante, a la creación de un patrimonio, cultural mínimo, que sirve de base a confluencias y unanimidades críticas que un trabajo político posterior debe saber ensanchar y utilizar.

Lejos estoy de suponer en sus funcionarios afán alguno de partido. Tampoco propugno que sus conclusiones o consejos deban ser siempre seguidos. Pero resulta, señores Diputados, que cada vez que se describe la realidad honestamente, nuevos motivos para transformarla quedan a la vista. Es desde esta perspectiva que descubrimos tanto provecho en la vida de la CEPAL.

Le ruego, señor Presidente, que, de la manera reglamentariamente adecuada, haga llegar al Director Ejecutivo de la Comisión nuestros saludos y el de los Diputados que quieran hacer lo mismo.

Muchas gracias.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, es de conocimiento público que en el conflicto armado de VietNam habría posibilidades de que los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos y VietNam puedan reunirse para iniciar negociaciones de paz. Hasta el momento se han barajado los nombres de varios pueblos del mundo para fijarlos como sede de tan importante como anhelada reunión. No obstante, hasta la fecha no hay acuerdo para ello.

Nuestro país, que puede exhibir una limpia tradición de respeto a las relaciones internacionales y que ofrece la condición de imparcialidad por ser un país no comprometido, lo que unido a la tranquilidad y respeto que emanan del amor de nuestro pueblo por la paz permanente de todos los pueblos, me llevan al convencimiento, lo mismo que a mi Partido, el Democrático Nacional, de que Chile podría ser el lugar ideal para realizar este histórico encuentro en demanda de la paz de estos pueblos que hoy se desangran en una lucha fratricida.

Viña del Mar podría ser el lugar preciso. El Gobierno cuenta con una casa presidencial adecuada. Además, por encima de estas condiciones, está la madurez de la ciudadanía, los partidos políticos, y la garantía de nuestras fuerzas de orden y seguridad, todo lo cual permite que nuestra tierra chilena sea el lugar indicado para que los dignatarios de los pueblos en litigio, dentro de la más pura y alta inspiración, concierten, una paz justa y definitiva.

Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para enviar oficio, en nombre de la Cámara, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirvan considerar la posibilidad da hacer este ofrecimiento, como una demostración de los anhelos de nuestro pueblo de ver solucionado un conflicto que conmueve profundamente los sentimientos de la humanidad.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar el oficio solicitado por el Diputado señor Aravena.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, quiero formular una denuncia en contra del Banco de Chile. Esta institución bancaria está usando el procedimiento de designar apoderados del Banco a los empleados que están afiliados al sindicato. Es así como en Valparaíso, de poco más de 100 empleados, hasta la fecha tiene designados 40, que no desempeñan ninguna función de apoderados, sino que siguen desempeñándose en sus cargos normales como oficinistas. De esta manera, maliciosa y mañosamente, el Banco de Chile, está debilitando la organización sindical de los trabajadores de esa institución.

Pido que se oficie, en mi nombre y en el de la Cámara, es de desear, al señor Ministro del Trabajo, a fin de que se haga una severa investigación de esta situación, para defender a la organización sindical de los trabajadores del Banco de Chile de Valparaíso. Con toda seguridad, en Santiago debe estar adoptándose este mismo procedimiento.

Eso es todo, Presidente.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar, a nombre de la Cámara, el oficio pedido por el Diputado señor Cardemil.

El señor MORALES (don Carlos).-

Muy bien.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Acordado.

El señor DE LA JARA.-

Señor Presidente, es nada más que para manifestar que con este proyecto de ley, que facilita la construcción de un monumento al huaso chileno, se hace justicia al esforzado hombre de nuestros campos, que mantiene viva la chilenidad.

Para impulsar más el desarrollo de las actividades deportivas de los huasos, se ha formado, hace ya varios años, como la Cámara lo sabe, la Federación de Rodeo Chileno. Ella organiza el rodeo como deporte nacional.

En el día de ayer se ha rendido un justo y merecido homenaje a un hombre de las tierras de BíoBío, a don Edmundo Moller Bordeu, quien fue uno de los fundadores de la Federación de Rodeo. Gracias a su permanente preocupación y entusiasmo, esta Federación hoy día es una realidad y funciona normalmente a lo largo del país. En su calidad de director, mantuvo una actividad permanente en la Federación y, especialmente, como Presidente de la Asociación de BíoBío y Malleco, que era su zona.

Quiero proponer a la Honorable Cámara ya está enviada la indicación a la Mesa que, a continuación del artículo 3º, se agregue un inciso segundo, nuevo, en que se dé la posibilidad de erigir un segundo monumento similar al anterior, en el local de la Sociedad Agrícola BíoBío, frente a la carretera, en homenaje a don Edmundo Moller Bordeu, que ha sido uno de los principales propulsores del rodeo nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor KAEMPFE (Secretario).-

El señor De la Jara y el señor Rioseco han presentado la siguiente indicación al proyecto en debate:

"Agregar al artículo 3º, como inciso segundo, el siguiente:

"Además, se erigirá un segundo monumento, similar al anterior, en el local de la Sociedad Agrícola BíoBío, frente a la carretera longitudinal, en homenaje a don Edmundo Moller Bordeu". "

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Corresponde discutir y votar el proyecto que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público el pasaje denominado "Lucrecia Fernández", de la población Aníbal Pinto, de la comuna de San Miguel.

El proyecto está impreso en el boletín Nº 10. 846. '

Diputado informante de la Comisión de Agricultura y Colonización es el señor Aylwin.

En discusión general y particular el proyecto.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, este proyecto desafecta de su calidad de bien nacional de uso público el pasaje "Lucrecia Fernández", de la comuna de San Miguel.

El objeto de esta desafectación es hacer posible la transferencia gratuita de esos terrenos al Instituto Hijas de María Auxiliadora, que mantiene en ese lugar un colegio destinado a la instrucción primaria, llamado Laura Vicuña.

Según se ha informado en la Comisión, tanto la Gobernación como la Municipalidad de esa comuna han manifestado su aprobación a esta idea, dada la importante función que cumple el establecimiento en un sector modesto.

Los terrenos que se desafectan ascienden apenas a 391 metros cuadrados, que en la actualidad no prestan absolutamente ninguna utilidad y, por el contrario, son foco se expresa en el informe de vagos, delincuentes y personas en estado antisocial.

Como es corriente en este tipo de proyectos, se ha dejado claramente establecido que en el caso de que la Congregación ocupara estos terrenos en un objetivo distinto del ya señalado, perderá inmediatamente sus derechos y los terrenos volverán a poder del Estado.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor SILVA (don Julio).-

Es sólo para confirmar, señor Presidente, lo que acaba de expresar el Diputado informante, señor Aylwin, en el sentido de que la escuela que sería beneficiada por esta transferencia es la escuela gratuita Laura Vicuña. Está ubicada en la calle Sierra Bella, población Aníbal Pinto, comuna de San Miguel, y realmente desarrolla una labor educativa que es de mucha importancia para el sector. A través de esta transferencia, aumentaría considerablemente su capacidad escolar, por lo cual creo de toda conveniencia aprobar este proyecto, todavía más si se considera, como se ha dicho, que ese pasaje es un pasaje ciego, que en realidad no presta ninguna utilidad a la comunidad donde se encuentra.

Nada más, señor Presidente.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, nosotros también vamos a votar favorablemente este proyecto. En la Comisión de Agricultura ya le dimos nuestros votos favorables, por cuanto estimamos conveniente que esta pequeña superficie de terreno, que está perdida, sin uso, en el interior del pasaje Lucrecia Fernández, pase a poder de esta escuela, que, según los antecedentes que hemos tenido a la vista, ha hecho una labor bastante eficiente. Pollo tanto, nosotros creemos justo aprobar este proyecto de ley, sobre todo cuando el terreno va a ser destinado exclusivamente para las funciones docentes, educacionales, de esta Congregación, que da atención gratuita a los educandos. Nada más, señor Presidente.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Corresponde discutir y votar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que concede beneficios a los adquirentes de viviendas de diversas poblaciones de la ciudad de Arica.

Las observaciones al proyecto están impresas en el boletín Nº 10731O.

Ofrezco la palabra sobre las observaciones al artículo 1°.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, he estado en conversaciones con el Diputado señor Astorga y con el señor Pareto, que es Comité Demócrata Cristiano, para votar este veto en una sola votación, sin discusión, en el entendido de que sería rechazado. He tenido de ellos el compromiso de que así podría hacerse por parte de los Diputados democratacristianos.

En ese entendido, como el veto complicaría mucho más el método de entrega de los títulos de dominio a los adquirentes de viviendas de diversas poblaciones de Arica, yo estimaría conveniente hacer una sola votación para los dos artículos, rechazando el veto.

El señor ASTORGA.-

Señor Presidente, en este aspecto, tengo que ser muy franco: realmente, he estado conversando con mi Comité; pero el señor Pareto, que es la persona que ha conversado con el colega Valente, desgraciadamente no aparece en la Sala, razón por la cual no puedo dar fe de dicho acuerdo.

En todo caso, este proyecto ha sido presentado aquí y defendido en las Comisiones por el colega Valente, y es él la persona que tiene todos los antecedentes necesarios en sus manos. Yo, como Diputado por la provincia de Tarapacá, tengo que apoyar las iniciativas que vayan en beneficio de las diferentes poblaciones de Arica. Pero como no puedo, en este momento, hacer efectivo el acuerdo que habría estado en esa conversación entre el colega Pareto y el colega Valente para pedir a mis colegas de Comité el rechazo de este veto, sólo me cabe asumir mi responsabilidad personal al respecto. Pero no puedo pedir a mi Comité el rechazo del veto.

Desgraciadamente, no puedo asumir la responsabilidad de un compromiso que desconozco, mientras no haya llegado mi colega Pareto.

En estas circunstancias, he pedido autorización a mi Comité para apoyar esta iniciativa del señor Valente en forma personal, pero no puedo pedir a mi Comité que vote por el rechazo de este veto.

El señor VALENTE.-

Creo que aquí ha habido un mal entendido. En la conversación que sostuve con el señor Pareto, éste manifestó que, si el señor Astorga estaba de acuerdo en rechazar el veto, los Diputados democratacristianos también lo estarían. De modo que todo dependía del señor Astorga. Como lamentablemente, debido a la ausencia del DiputadoPareto, no ha sido posible ponerse de acuerdo, en todo caso solicito que, si este veto no va a ser rechazado, su discusión y votación queden pendientes; porque está en camino también una gestión de los interesados, quienes están por viajar a Santiago desde Arica, para solicitar del Presidente de la República el retiro del veto.

Si los Diputados democratacristianos no están de acuerdo en rechazar el veto, prefiero que se llegue a una solución por este segundo camino.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto que establece normas sobre pago de la asignación familiar al conductor no propietario de automóviles de alquiler.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es el señor Valenzuela, don Héctor.

El proyecto está impreso en el boletín Nº 10. 833.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, la ley Nº 14. 139, de 21 de octubre de 1960, otorgó a los chóferes de la locomoción colectiva de Santiago el beneficio del pago directo por la Caja de Empleados Particulares de su asignación familiar.

Es indudable que las modalidades de la prestación de servicios de este grupo de trabajadores son, en gran parte, similares a las de los conductores de automóviles de alquiler. Por lo tanto, los motivos que justificaron la excepción al régimen general de pago de la asignación familiar' para el personal beneficiado por la ley Nº 14. 139 citada, concurren también en el caso de los taxistas.

Para dictar esa ley a que hago referencia, se tuvo fundamentalmente en vista el hecho de que el beneficio que se otorgaba a los choferes de la locomoción colectiva solucionaría algunos problemas y dificultades que se presentaban en el pago de la asignación familiar, en perjuicio de ese grupo de trabajadores.

Con el objeto de evitar estos mismos perjuicios que afectan, en la actualidad, a los conductores de taxis, en la misma forma en que recaían en los choferes de la locomoción colectiva, algunos Diputados de la Democracia Cristiana presentamos un proyecto de ley que establece el pago directo de la asignación familiar a los conductores no propietarios de automóviles de alquiler, puesto que a los que son propietarios, por razones obvias, no les afecta ningún problema en relación con este pago.

Desde otro ángulo, el asunto es el siguiente: algunos chóferes de taxis eran, contratados por los propietarios de esos automóviles por una suma alzada al día. Al mismo tiempo, cuando ellos retiraban, de la Caja de Previsión de Empleados Particulares la retención debida por concepto de asignación familiar, o cuando la descontaban, no se las entregaban, sino que se contentaban con darles esa suma alzada que habían acordado. Ello significaba que se burlaba la asignación familiar a los chóferes de taxi no propietarios del vehículo. Lo que ahora se propone por el proyecto es que el pago de la asignación familiar no lo realice el propietario del taxi, sino la Caja directamente, tal como lo estableció la ley Nº 14. 139 para los chóferes de la locomoción colectiva, lo cual ha dado muy buenos resultados en favor de este sector de trabajadores. Y como son las mismas razones, prácticamente, las que han invocado en su favor los chóferes de taxis no propietarios, presentamos este proyecto de ley para que la Caja de Empleados Particulares entregara directamente a ellos el pago de este beneficio de la asignación familiar.

Debo hacer presente que la Comisión, al aprobar este proyecto, lo hizo por la unanimidad.

Nada más.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, los parlamentarios de estos bancos vamos a apoyar este proyecto de ley, porque, sin duda alguna, se trata de un gremio que tiene la misma modalidad del pago, como lo hizo notar el señor Valenzuela, de los chóferes de la locomoción colectiva. El sistema del pago directo de la asignación familiar ha dado muy buenos resultados, ya que los propios choferes son los encargados de presionar a sus empleadores para que depositen oportunamente las imposiciones en la Caja, a fin de que ellos puedan recibir de parte de esa institución el pago de la asignación familiar que les corresponde. Aparte de esto, la modalidad de empleo de estos chóferes de automóviles de alquiler no propietarios es muy distinta de la del empleado particular corriente, puesto que la mayoría de esos chóferes muchas veces no trabajan los meses completos y, tampoco, a un solo empleador.

Por todas estas consideraciones, estimamos que el sistema que se adopta por medio de este proyecto de ley es beneficioso para este sector de imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Nada más.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, este proyecto de ley hace extensivo el sistema del pago directo de la asignación familiar que rige para los choferes no propietarios de la locomoción colectiva, a los chóferes de taxis no propietarios.

Estamos de acuerdo con el planteamiento que se formula en este artículo único, en el sentido de que se pague la asignación familiar a los choferes de taxis no propietarios directamente por la Caja de Empleados Particulares, sin la intervención del empleador como intermediario. En efecto, muchas veces se presentan dificultades para que los choferes propiamente tales obtengan el pago de este benefició. Hay numerosas reclamaciones de estos trabajadores, porque la asignación familiar entregada por la Caja al empleadores retenida y usada en su beneficio particular o en sus propios negocios.

Creo que el proyecto corrige un vacío del sistema de pago de la asignación familiar y, en consecuencia, hace mucho más expedito y más rápido su pago al interesado.

Lo importante sería que la Caja tuviere un plazo perentorio para dictar el reglamento con las normas necesarias para dar cumplimiento a esta ley.

No sé si podría incorporarse una indicación que no he hecho llegar a la Mesa, pero que en este momento insinúo en el sentido de fijar un plazo máximo de 60 días a la Caja para que dé cumplimiento a esta disposición. En caso contrario, la ley podría quedar sin aplicación, dado que esa institución de previsión podría demorar en forma interminable su cumplimiento.

En consecuencia, formulo indicación para que se agregue en el artículo único la frase correspondiente no sé si la Mesa podría interpretar y redactar esta idea a fin...

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¿Me permite una interrupción?

El señor VALENTE.-

... de fijar un plazo de 60 días para que se reglamenten las normas establecidas en esta disposición.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Sin perjuicio de lo que propone el señor Valente, debo informarle que, antes de presentar este proyecto de ley, consulté si la Caja de Empleados Particulares estaba en condiciones de pagar directamente este beneficio, considerando el número de sus empleados, sus mecanismos de pago, etc. Me dijeron que no sólo estaban en la posibilidad de hacerlo, sino que veían con mucho agrado e interés este proyecto y estaban de acuerdo con él. De tal manera que existe buena voluntad de parte de la Caja de Empleados Particulares para dar cumplimiento a esta ley. Esto no quiere decir que no esté de acuerdo con lo propuesto por el colega señor Valente.

Antes de terminar, rogaría al señor Presidente que, dado el asentimiento que existe en la Sala respecto de este proyecto de ley, lo hiciera votar antes de que termine el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho, sin perjuicio...

El señor CORVALAN.-

Señor Presidente, desde hace algún tiempo, los parlamentarios del norte hemos representado ante la Cámara nuestra inquietud respecto de los problemas de la pequeña minería y, particularmente, por la paralización que afecta a determinados minerales de oro de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Esta situación fue analizada ya en la Sala en un debate especial, en el curso del cual tuvimos oportunidad de observar que, debido a los acuerdos monetarios de Bretton Woods, nuestro país no estaba en condiciones de dar a su producción de oro un precio que fuera remunerativo, a fin de que importantes faenas, sobre todo en el norte, pudieran entrar en actividad.

Esta preocupación de los parlamentarios de distintos bancos ha fructificado, pues en el día de hoy el propio Ministro de Minería, en una ceremonia realizada en su gabinete de trabajo, ha dado cuenta al país de las medidas administrativas que se han tomado para iniciar el fomento de la producción de oro, mediante un subsidio de un dólar veinte centavos por gramo a los metales fundidos directamente y que se van a producir a partir de mayo en el norte de Chile.

Quiero dejar constancia, señor Presidente, de que esta medida se ha tomado como una reacción ante el interés que en esta Cámara hemos estado demostrando en repetidas oportunidades, los parlamentarios que representamos a las zonas mineras, reclamando una mayor consideración para este problema.

La minería del oro en el país está detenida desde hace quince años. Por eso, es motivo de orgullo para nosotros el hecho de que durante este Gobierno y bajo el mandato de los parlamentarios nuestros, se haya podido saltar la valla de los compromisos internacionales y con una política ágil del Ministro de Mineríadon Alejandro Hales, tengamos la esperanza de que, a partir del próximo mes, los minerales de Atacama, Antofagasta y Tarapacá, que tienen una considerable producción de oro, entren en actividad, aportando riquezas para el país.

Sin embargo, los Diputados de Gobierno estamos muy interesados en que las críticas que el proyecto, iniciativa de nuestro colega señor Marino Penna, recibió en la Sala, se complementen con las aspiraciones de algunos parlamentarios, en el sentido de que el oro de lavadero y de amalgama tenga también un trato de fomento preferente por parte de la ENAMI.

No desconocemos los problemas que entraña el comercio del oro, ni tampoco los grandes negociados y escándalos provocados por el contrabando de este metal en administraciones anteriores, cuando estaban en actividad los lavaderos de Andacollo. Sin embargo, la modernización de las explotaciones mineras, las técnicas que hoy se ponen en práctica y la honesta administración de este Gobierno, darán satisfacción a las aspiraciones de los Diputados de la provincia de Coquimbo, en orden a que el oro de lavadero y de amalgama también sea considerado en este plan de fomento.

No puedo terminar sin decir que ésta es una ocasión importante, en que la iniciativa parlamentaria, diría yo, se ve reivindicada, porque ha sido un miembro de este Parlamento, el Diputado señor Marino. Penna, con el esfuerzo de todos los parlamentarios de la zona norte, quien ha logrado imponer en el país un nuevo criterio para fomentar esta riqueza tan importante para la actividad productora, para la posibilidad ocupacional de los trabajadores y también para crear la pequeña empresa; porque es en la minería del oro " donde tanto el movimiento de cooperativas mineras como el pequeño productor independiente, tienen vasto campo de acción y en el cual se verá también claramente la labor del Gobierno para fomentar esta industria.

Nada más.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, en este debate debiera haber intervenido el señor Aguilera, quien es Diputado por la provincia de Coquimbo, pero el colega tuvo que ausentarse por un compromiso ineludible y he tenido que tomar la palabra en representación del Comité Socialista.

Cuando en la Cámara se discutió el proyecto de fomento de la minería del oro, nosotros hicimos presente nuestra inquietud, en el sentido de que también debiera entregarse un incentivo para la producción de oro de amalgama y de oro de lavadero. Presentamos asimismo una indicación, en virtud de la cual proponíamos que aquellas pertenencias que no estuvieren en explotación total durante un tiempo determinado fueran entregadas en explotación a los pirquineros, como se llama a los mineros pobres. Sin embargo, esta indicación naufragó, porque no hubo acuerdo de parte de los Diputados de Gobierno.

El señor Corvalán ha puesto mucho énfasis en el hecho de que este Gobierno se ha acordado de estos mineros y que gracias al actual régimen habrá fomento del oro. Sin embargo, después se contradice al expresar que esto se ha conseguido por la intervención de un Diputado. Quiere decir, "entonces, que el Gobierno ni 'siquiera se había acordado de este problema hasta que un Diputado solicitó que se fomentara la minería del oro, porque Chile sólo estaba produciendo 1. 200 kilos al año.

Esta situación no la entendemos. Han transcurrido 3 años del Gobierno del señor Frei, y lo mismo que pasa con el fomento de la minería del oro ocurre con el de toda la industria nacional, incluyendo la extractiva.

Me parece muy estimulante este incentivo que se otorga por medio de esta bonificación de 1, 20 dólares por gramo dé oro, pero insistimos nuevamente en la necesidad de que el Gobierno, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 10, número 10, de la Constitución Política del Estado, declare de utilidad pública, por exigirlo el interés nacional, aquellas pertenencias que, hoy día, no están en explotación y cuyos dueños tampoco tienen interés en trabajarlas y las entregue, a través de los medios legales que posee a los pirquineros o pequeños mineros para su explotación.

Esta medida daría trabajo a mucha gente que, hoy día, está desocupada nunca habíamos visto una cesantía más aguda sobre todo en las provincias del sur, donde también hay oro. No niego que la zona norte tiene el privilegio de poseer minerales auríferos en abundancia, pero nosotros también tenemos lavaderos muy importantes en la zona de Carahue, provincia de Cautín; en la zona de Huilío del departamento de Nueva Imperial, y también en la provincia de Valdivia, en donde están los lavaderos de Madre de Dios, famosos hace veinte años.

Por eso, volvemos a insistir en que, en nombre de la Cámara, se envíe oficio al señor Ministro de Minería para solicitarle que, a través de los medios legales que posee el Gobierno, se decrete la expropiación, por razones de utilidad pública, de interés nacional, de aquellas pertenencias y entregarlas a los pirquineros para su explotación.

Esta indicación la habíamos presentado con el colega señor Pontigo y fue rechazada.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar al señor Ministro de Minería el oficio solicitado por el señor Turna. ¿Habría acuerdo?

El señor CORVALAN.-

En nombre del señor Turna.

Hablan varios señores Diputados a la, vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

El oficio se enviará en nombre del señor Turna.

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, me he impuesto, por la prensa, de que el señor Ministro de Minería ha dado por inaugurado el poder comprador de los minerales auríferos dentro del territorio nacional. No hay duda de que esta iniciativa no deja de tener importancia extraordinaria para el país, especialmente para la zona norte...

El señor LAEMMERMANN.-

¡Que está en muy malas condiciones!

El señor POBLETE.-

... y, sobre todo, cuando en ella se ha evidenciado una alarmante cesantía por el cierre de algunos yacimientos de hierro que se explotaban, hasta hace poco; de tal manera que si esta medida no evita la cesantía en todas sus partes, por lo menos la absorbe en una mínima, ya que abre nuevas posibilidades para que la industria del oro pueda adquirir cierto desarrollo.

De acuerdo con los antecedentes que nos entregó el colega señor Penna, con ocasión del primer trámite constitucional del proyecto, este poder comprador tiene indudablemente sus limitaciones, ya que la disponibilidad está limitada a los recursos o al presupuesto con que se cuenta para comprar minerales de oro.

Tememos mucho que los productores de concentrados sean quienes absorban la mayor parte de este presupuesto; de manera que, en relación con las esperanzas del señor Turna de que los pequeños mineros, los pirquineros y aquellos de escasas disponibilidades sean los más favorecidos con este proyecto, ellos resultarán los menos beneficiados. En todo caso, no hay duda de que debemos abrigar la aspiración de que a medida que este negocio se desarrolle, adquiera mayores proporciones y, como tal, pueda beneficiar entonces a mayor número de productores, especialmente a los pequeños mineros. Desde estos bancos, hemos sostenido qué este poder comprador no sólo debe abarcar al oro de minerales, sino también al de lavadero y al de amalgama, porque es la única forma de desarrollar un verdadero fomento de esta actividad. Me alegro mucho, entonces, de que el colega señor Corvalán haya anunciado ya el propósito de modificar el proyecto que, precisamente, en estos instantes, se encuentra en el Senado de la República.

El señor POBLETE.-

Los Diputados de estos bancos hemos prestado aprobación a este proyecto de ley por estimarlo de evidente beneficio, a pesar de las limitaciones que tendrá, porque el Partido Radical siempre ha estado preocupado de todo lo que sea fomentar la minería nacional. En ninguna iniciativa relacionada con la legislación minera nacional han estado al margen el sello y el pensamiento del Partido.

Por eso, estuvimos totalmente de acuerdo con la idea de legislar sobre esta materia, y creemos que, durante la tramitación ' legislativa, el proyecto mejorará en forma ostensible. Nos alegramos, entonces, de que, hoy día, el señor Ministro de Minería haya anunciado la apertura del poder comprador de los minerales auríferos, lo que, indudablemente traerá un buen beneficio, en especial para las cuatro provincias del norte de Chile.

Eso es lo que quería expresar.

El señor PENNA.-

Señor Presidente, desde hace cerca de un año habíamos estado preocupados de que el Gobierno definiera una política de fomento de la minería del oro. Esta minería, que, durante mucho tiempo, constituyó una industria floreciente, fue deteriorándose desde el año1950 hasta casi desaparecer en la actualidad.

Por eso cuando el señor Ministro de Minería anunció hoy, en una ceremonia,, que desde el 1° de mayo se iniciaría, en la práctica, una política de fomento de la minería del oro sentí bastante satisfacción, porque en algo he contribuido a que esta acción del Gobierno se adelante al despacho del proyecto respectivo, que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado.

La verdad es que, en junio del año pasado, el Banco Central de Chile, a través de una medida administrativa aumentó el precio de venta del oro de 22, 50 dólares a 30 dólares la onza. Con ello se formó un fondo; pero se corrió serio peligro de que éste pasara a rentas generales de la nación. Como miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos, formulé una indicación al proyecto de ley de presupuestos, la cual fue aprobada como artículo 91, para salvar los fondos del año 1967. Con ese dinero, acumulado en virtud de la medida administrativa a que me he referido y que es del orden de los 2 millones 500 mil escudos, se ha podido anunciar hoy, antes del despacho del proyecto de ley general, la iniciación de una política de fomento de la minería del oro. Se van a poner en marcha las faenas de explotación de muchos yacimientos paralizados durante años, prácticamente aterrados, lo que redundará en mayor trabajo y riqueza para el país.

La unanimidad que mi partido consiguió en esta Cámara para aprobar el proyecto mencionado, da la seguridad de que, dentro de poco tiempo, el Senado le dará también su aprobación, con el objeto de garantizar el futuro financiamiento de esta política.

Aquí se ha dicho que se han rechazado todas las indicaciones tendientes a beneficiar con este proyecto de ley al oro de lavadero y al oro metálico o de amalgama. La verdad es que en el inciso segundo del artículo 1° del proyecto aprobado en esta Cámara por eso, me extraña que los Diputados que han hablado sobre esto lo ignorense faculta a la ENAMI para que pueda incluir en los beneficios de la ley al oro de lavadero y al oro metálico o de amalgama, porque hay que tomar algunas precauciones, ya que por el alto valor intrínseco del oro es muy fácil que se produzca contrabando y se efectúen negocios sucios con este metal. Cuando uno examina la historia de los lavaderos se da cuenta de que nunca un minero chico se hizo rico. Los que amasaron fortuna fueron siempre personas disfrazadas con piel de cordero, que ponían almacenes compraban oro a los mineros y contrabandeaban. Por eso se incluyó esa facultad, porque primero hay que estudiar las medidas administrativas y de fiscalización que hay que tomar. De ninguna manera nos estamos oponiendo a que se incluya el oro metálico, sino que solamente estamos proponiendo que la ENAMI adopte ciertas precauciones; de manera que en las medidas administrativas, aun sin la ley, que se aplicarán desde el 1° de mayo, por las que se duplica prácticamente el precio de compra del oro, la tarifa del oro y de concentrados, también esté incluido el oro metálico. Si bien es cierto que se aumenta casi al doble la tarifa del oro metálico y de concentrados, aquél se ha dejado al precio del mercado internacional, al que hace pocos días se acordó en el mercado mundial...

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, mi colega el Diputado señor Pontigo, que se encuentra, en este momento, recorriendo la provincia de Coquimbo, ha estado muy preocupado de activar las gestiones para otorgar incentivos que permitan incrementar la producción de oro.

La falta de incentivos y el bajo precio de este metal ha dado origen, en el pasado, al cierre de diversos yacimientos de lavaderos y, consecuencialmente, a la disminución de la producción de este metal o a una producción insegura e inestable.

En el boletín del Banco Central de Chile del mes de febrero de 1968, en que se dan a conocer las cifras de producción de oro en kilogramos, vemos que desde 1961 hasta 1966, dicha producción ha sido absolutamente inestable. De 54 kilos de oro fino metálico, en 1961, en el año 1962 bajó a 28, para subir el año siguiente a 62, volviendo a bajar el año 1964 a 37, disminuyendo a 12 kilos en 1965 y teniendo un repunte de 76 kilos en 1966. Por eso estimamos que esta bonificación planteada es favorable y digna de acogerse.

Cuando se discutió en la Cámara el proyecto que promovió estos incentivos para la producción del oro, los Diputados comunistas hicimos presente nuestra aprensión en el sentido de que estos incentivos y el pago de las bonificaciones fueran aprovechadas, en su mayor cuantía, por las empresas norteamericanas del cobre, ya que dentro del proceso de elaboración del cobre obtienen el oro contenido en el cobre blister.

En ese proyecto presentamos una indicación que entiendo fue aprobada por la unanimidad de la Cámara en el sentido de eliminar a las empresas del cobre de estos incentivos y de esta bonificación. En consecuencia, en el proyecto va incluida esta exclusión de las referidas empresas.

Pero como el señor Ministro de Minería, antes de la promulgación de la ley, ha anunciado que se van a dar bonificaciones de 1, 20 dólar por cada gramo de oro producido, queremos aprovechar esta discusión, en la cual se han dado cinco minutos a cada Comité, para insistir en nuestros planteamientos, relacionados con la exclusión de estas empresas de esa bonificación.

Los Diputados comunistas somos fervientes partidarios de otorgar incentivos a la producción de oro, por eso hemos dado nuestros votos para aprobar todas las indicaciones planteadas en el Congreso sobre esta materia.

También deseamos aprovechar esta ocasión para solicitar que se envíen oficios al Presidente de la República y al señor Ministro de Minería, solicitando que estas bonificaciones no sean pagadas ni favorezcan a las empresas del cobre sino que a los pequeños productores de este mineral.

Eso es todo.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar el oficio pedido por el Diputado señor Valente.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer lugar, las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que crea una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua y eleva el número de tribunales del país.

Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el boletín Nº 10.708-0, son las siguientes:

Artículo 1º

Agregar, a continuación de las expresiones "un Oficial 2º", las palabras "un Oficial del Fiscal" precedidas de una coma.

(, )

Artículo 9º

Agregar, a continuación de la modificación del artículo 25 del Código Orgánico de Tribunales, la siguiente:

Artículo 28

"Derógase su inciso final". Reemplazar la modificación del artículo 29 por la siguiente:

Artículo 29

"Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 29. Habrá, además, un juzgado de letras de menor cuantía en Pica (Iquique), Pedro de Valdivia (Antofagasta), El Salvador (Chañaral) Andacollo (Coquimbo), Viña del Mar (Valparaíso), Sewell (Rancagua), Linares, Coelemu (Tomé), Talcahuano, SantaJuana (Coronel), Laja, Temuco, Valdivia, Panguipulli (Valdivia), San José de la Mariquina (Valdivia) y Los Lagos (Valdivia).

"Deróganse sus incisos segundo y tercero".

Agregar, a continuación de la modificación del artículo 29, la siguiente:

Artículo 30

"Reemplázase su inciso cuarto por el siguiente:

"El Presidente de la República, previo informe de la Corte de Apelaciones respectiva, podrá modificar el territorio jurisdiccional de los juzgados de letras de menor cuantía indicados en los artículos 28 y 29 y de los que se creen de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo

"Elimínanse, en su inciso final, las expresiones "en el decreto de creación".

Eliminar, en la modificación del artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales, el inciso segundo de la letra f).

Agregar como artículos transitorios nuevos, los siguientes:

"Artículo 5º. El personal de los juzgados que se elevan de categoría en el artículo 3º, continuará desempeñándose en ellos sin necesidad de nuevo nombramiento. Sin embargo, aquellos funcionarios o empleados que no reúnan los requisitos legales establecidos para ser designados en los cargos respectivos, en las categorías que les corresponden con motivo de la elevación a mayor cuantía de dichos juzgados, continuarán ocupando sus actuales categorías en el Escalafón Judicial y sus actuales categorías o grados en las escalas de sueldos.

No obstante, si dentro del término de dos años contados desde la fecha de vigencia de la presente ley, reunieren tales requisitos, pasarán a ocupar las nuevas categorías y grados que corresponden a los respectivos cargos, a contar del mes siguiente a aquel en que los reúnan. En caso contrario deberán ser trasladados a cargos de igual jerarquía de aquellos que ocupaban con anterioridad a la vigencia de esta ley".

"Artículo 6°. Los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Viña del Mar y San José de la Mariquina ejercerán jurisdicción sobre las subdelegaciones de sus respectivos nombres, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de introducir modificaciones a dichos territorios jurisdiccionales de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 30 del Código Orgánico de Tribunales".

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, como todas las observaciones formuladas por el Ejecutivo son muy lógicas y en la Cámara prácticamente hay consenso para aprobarlas, solicito que se consideren en conjunto. Naturalmente, se votarían separadamente, pero se debatirían en conjunto. En esta forma, puede despacharse rápidamente este proyecto, que ha tenido una acogida muy favorable en nuestra Corporación, ya que, prácticamente, sus disposiciones han sido siempre aprobadas por unanimidad en todos los trámites.

El señor ROSALES.-

Señor Presidente, nosotros hemos dado el asentimiento para que se consideren en conjunto todas las observaciones del Ejecutivo al proyecto que crea una Corte de Apelaciones con sede en la ciudad de Rancagua. Sin embargo, quiero permitirme hacer aquí algunas observaciones respecto a un hecho realmente insólito que acaba de ocurrir en esa ciudad y que se refiere a la administración de justicia.

Hace algunas semanas, la fuerza pública desalojó a un campesino que había ocupado un terreno fiscal en Cachapoal. Se siguió un proceso ante el Segundo Juzgado, iniciado por el terrateniente Víctor Blanco; y este magistrado, sin tener ningún antecedente y sin hacer ninguna visita ocular, determinó el lanzamiento de este campesino por la fuerza pública.

Lo extraño es que el terrateniente estuvo defendido nada menos que por el Secretario Abogado de la Intendencia de O'Higgins, un señor de apellido Castillo.

Sobre este asunto solicité un informe al Ministerio de Tierras.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

El señor ROSALES.-

Termino en dos frases, señor Presidente.

Ese Ministerio determinó en su informe que ese terreno es un bien nacional de uso público.

Nosotros, los comunistas, esperamos que con la creación de la Corte de Apelaciones de Rancagua mejore la administración de justicia en toda esa zona, porque lo cierto es que se sigue castigando a los pobres y administrándola en favor de los ricos y poderosos.

Por último, debo decir que estamos de acuerdo con la observación formulada al artículo 1° del proyecto.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, nosotros también estamos de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a este proyecto, que crea la Corte de Apelaciones de Rancagua. Como el señor Rosales, creo que ese tribunal permitirá mejorar, sin duda, la administración de justicia en la zona.

Aprovecho la oportunidad para denunciar ciertos abusos que han cometido las fuerzas policiales de Cautín, asilándose en órdenes emanadas de la Intendencia de la provincia. Por ejemplo, el viernes pasado, en Pillalelbún, en el lugar denominado Pumalal; un grupo de carabineros, acompañado de una veintena de mapuches que pretendían la reapertura de un camino en el sector de una comunidad indígena, atacaron a los comuneros, que no se oponían a que se reabriera, sino que exigían que, dada su pobreza, se les pagara o se les repusiera un cerco que debía ser levantado para dejar expedito el camino. Carabineros procedió en forma violenta...

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

El señor TUMA.-

... y disparó contra los comuneros,...

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

El señor TUMA.-

... hiriendo a uno.

Solicito que se envíe un oficio al señor Ministro del Interior, para pedirle que ordene realizar una investigación sobre estos hechos.

El señor TUMA.-

Lamento que la Sala no haya permitido siquiera denunciar estos hechos abusivos de parte de algunos funcionarios del Cuerpo de Carabineros.

Por lo tanto, vamos a referirnos al proyecto en debate y a expresar que estamos de acuerdo con lo propuesto por el colega señor Valenzuela, en el sentido de acelerar la votación para que este proyecto sea definitivamente despachado en esta sesión.

Nada más, señor Presidente.

El señor ISLA.-

Señor Presidente, nosotros hemos intervenido en los debates de este proyecto de ley, en sus distintos trámites, y a esta altura creemos que la provincia de O'Higgins espera su rápido despacho.

Por esta razón, no vamos a insistir en mayores consideraciones sobre las observaciones del Ejecutivo, que no me cabe duda van a perfeccionar el proyecto en lo relativo al funcionamiento de los servicios judiciales.

En todo caso, lo que interesa es que este proyecto sea rápidamente despachado, repito, por lo que no voy a formular otras consideraciones al respecto.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas también vamos a dar nuestros votos favorables a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, porque casi todas tienen por objeto perfeccionar el proyecto o introducirle modificaciones de redacción.

Esperamos, como el Diputado señores.. Rosales, que la creación de esta Corte de Apelaciones signifique, especialmente en el sector que va a servir, defender al ciudadano, aunque sea gente modesta: campesino, minero o, en fin, trabajador, el que generalmente es perseguido, acosado y acorralado como fiera en pequeños problemas de ocupación de tierras, de ocupación de predios o cualquier problema que, desgraciadamente, deban llegar a la justicia. Nosotros creemos que esto puede darle más categoría, más prestancia a la justicia, al dárseles a todos, por parejo, la posibilidad de conseguir atención; no como sucede desafortunadamente en este instante, en que sólo la gente que tiene dinero puede contratar los servicios de un abogado para defenderse y hacer valer sus derechos. Siempre ha ocurrido esto. Aquí mismo se ha denunciado cómo los propios funcionarios del Gobierno y se ha citado el caso de un Secretario de una Intendencia llegan a defender una mala causa, no en terrenos que sean de propiedad privada, sino en terrenos diríamos de uso público.

El señor ARANCIBIA.-

Justamente por tratarse de terrenos de uso público debe intervenir ese funcionario de la Intendencia.

El señor PALESTRO.-

Por lo tanto nosotros también queremos dar nuestros votos favorables a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a este proyecto que podemos estimarlo de "cajón", pues las disposiciones vetadas evidencian buen criterio. Ahora toda la opinión pública espera que el Ejecutivo demuestre igual ecuanimidad en relación con otras materias, especialmente las relacionadas con la huelga de los profesores y la ocupación de los liceos por parte de los alumnos.

Termino manifestando que daremos nuestra aprobación a estas observaciones.

El señor JAQUE.-

Señor Presidente, sólo deseo expresar que los Diputados radicales concordamos plenamente con el criterio señalado por distintos colegas en cuanto a despachar rápidamente este proyecto de ley, por cuanto crea una Corte de Apelaciones que va a ser de evidente utilidad en la provincia de O'Higgins así como otros tribunales que van a mejorar, indudablemente la administración de justicia y a satisfacer una necesidad de diversas localidades del país.

En consecuencia, los Diputados radicales vamos a prestar apoyo a las observaciones del Ejecutivo, y, en general, a este proyecto de ley tal como lo hemos hecho en todos los trámites anteriores.

Nada más, señor Presidente.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Corresponde tratar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que establece las normas por las cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.

Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el Boletín Nº 10. 455O, aparecen entre los Documentos de la Cuenta de la Sesión 47ª.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, la verdad es que, en el contexto general de este proyecto, muchas de las observaciones del Ejecutivo están más bien destinadas a mejorar su texto, cambiando palabras que no alteran el fondo del articulado; hay algunos artículos, sin embargo, respecto de materias más fundamentales en los que vamos a rechazar los vetos del Ejecutivo. Pero, en la mayoría de los artículos, vamos a aceptar el criterio del Ejecutivo.

Creo que podríamos obviar mucho el largo trámite de ir votando artículo por artículo si discutiéramos en conjunto todas las observaciones del Ejecutivo y procediéramos, en seguida, a votar aquéllas en que hubiera proposición para rechazarlas, sea del Comité de la Democracia Cristiana o de algún otro partido.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente me voy a reservar para intervenir respecto de aquellas observaciones en que tengamos posición discordante con el Ejecutivo y cuando deban defenderse algunas posiciones contrarias sobre este asunto.

Quiero, sí, señalar que nosotros invitamos a esta sesión al señor Ministro de Obras Públicas y Transporte, don Sergio Ossa, pues él ha estado directamente interesado en este proyecto. Nos había prometido su asistencia; pero desgraciadamente, está enfermo en cama. Por este motivo méllame telefónicamente para que diera las excusas correspondientes por su inasistencia a esta sesión.

El señor AGURTO.-

Señor Presidente, nosotros, los parlamentarios comunistas, queremos expresar en esta oportunidad nuestra complacencia por encontrarnos en el último trámite constitucional de este importante proyecto que legisla sobre las Juntas de Vecinos y las organizaciones comunitarias.

La verdad es que el 30 de junio del año pasado la Honorable Cámara de Diputados despachó este proyecto; es decir, va a hacer casi un año y sólo ahora estamos en este último trámite. Naturalmente, este proyecto ya debería haber sido ley de la República, pero cada uno de nosotros recuerda...

El señor ESCORZA.-

¡Hace muchísimos años!

El señor AGURTO.-

... cuáles fueron los motivos por los cuales el Congreso retardó enormemente su despacho. Todos conocemos la insistencia intransigente del Ejecutivo para incorporar en este cuerpo legal la llamada Promoción Popular, y la resistencia que despertó en todos los sectores populares, porque comprobamos que dicha Promoción Popular no era otra cosa sino una organización proselitista al servicio del Gobierno.

Además, queremos dejar constancia esta tarde de que se ha pretendido hacer aparecer a los partidos de Izquierda de esta Cámara como contrarios y como obstaculizadores del despacho de una iniciativa tan importante como ésta, que otorga reconocimiento legal a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

La verdad es que los parlamentarios comunistas hemos sido los más decididos impulsadores para el despacho de esta ley, porque estamos conscientes de que en la medida en que el pueblo de Chile se agrupe en este tipo de instituciones, en esa misma medida será posible hacer efectivos muchos de sus derechos que hoy día no le están reconocidos. La organización del pueblo es la razón de ser de nuestro partido, es la esencia de sus principios y por esa razón, hemos sido decididos partidarios de la dictación de esta ley que le da reconocimiento legal a las Juntas de Vecinos.

Nosotros estamos conscientes de que esta ley no es lo más ideal, no es lo que las organizaciones comunitarias y de vecinos deseaban; pero, en todo caso, es un paso positivo. Sabemos que esta legislación es limitada especialmente en lo que se refiere a recursos económicos, los que están en íntima relación también con los medios financieros que deben tener las municipalidades de nuestro país.

Por ejemplo, en este proyecto se consulta una disposición que permite que las Juntas de Vecinos, anualmente, elaboren sus presupuestos y formulen los planes de trabajo que deben impulsar en sus respectivas poblaciones y que deben ser presentados en las municipalidades. Pero todos sabemos la tragedia financiera, la tragedia económica por que atraviesan los municipios de Chile. Por eso, muchas de estas aspiraciones, sin duda, van a quedar simplemente en anhelos y estas Juntas de Vecinos van a quedar frustradas. Por otra parte, no podemos fijar grandes esperanzas en los medios económicos de los pobladores de Chile.

En consecuencia, nosotros, los comunistas, estimamos que esta ley deberá ser complementada en breve plazo con la ley de nuevo régimen municipal", iniciativa ya presentada al Parlamento, como asimismo con la ley de rentas municipales, que es también una necesidad urgente.

En atención al acuerdo que se ha tomado para referirse en general a este proyecto, quiero comentar algunos artículos que a nosotros, los comunistas, nos parecen contrarios a los intereses de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias, y que han sido vetados por el Presidente de la República.

En primer lugar, tenemos el artículo 22, que elimina los beneficios contemplados para las cooperativas que las juntas de vecinos pueden organizar. Esta observación formulada por el Presidente de la República dice que estas cooperativas, en cuanto a beneficios que puedan otorgárseles, como exención de algunos impuestos, deben regirse por las normas especiales que existan al efecto.

Nosotros sabemos que en el Título V de este proyecto se contempla una serie de beneficios que implican, naturalmente, fomentar la organización de estas cooperativas de consumo, de viviendas, artesanales, etcétera. Aquí el Presidente de la República quiere sujetar estas cooperativas a la legislación especial. Es decir, margina de los beneficios contemplados en el proyecto de ley en discusión a esta clase de organizaciones.

Por eso, me pregunto, señor Presidente: ¿dónde están esas facilidades que se ha pretendido otorgar a este tipo de organizaciones y que el Congreso Nacional, con muy buen criterio, ha querido conceder?

Por esta razón, nosotros votaremos en contra del veto al artículo 22, que se encuentra consultado en el boletín que tenemos a mano.

En este mismo artículo 22 se contiene un veto que limita la incorporación de las Juntas de Vecinos a los servicios de utilidad pública. Nosotros consideramos que el texto despachado por el Congreso Nacional es mucho más favorable en este sentido, porque él dice categóricamente que las directivas de las Juntas de Vecinos pueden incorporarse a estos servicios. Es decir, está contemplado dentro de su estructura el poder incorporarse a dichos servicios y no, como simplemente el veto pretende, que las directivas de estas juntas sean meramente oídas por ellos.

Nosotros nos preguntamos: ¿dónde quedan esos propósitos, tantas veces anunciados, de que hay necesidad de incorporar a nuestro pueblo a los mecanismos de poder, a los mecanismos de decisión? La manera práctica de ser consecuentes con esos principios sería permitiendo que las Juntas de Vecinos, que los pobladores organizados en esta clase de instituciones, pudieran no solamente hacer oír su voz, sino también tomar parte en sus decisiones. Porque podrían ser oídos y después, sencillamente, no ser consideradas sus opiniones.

Por esta razón, también votaremos en contra esta observación formulada respecto de este artículo.

Luego, después, tenemos el veto al artículo 61. Elimina el carácter. imperativo de la disposición aprobada por el Congreso para que la Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales y la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social, cedan en administración gratuita los locales comunitarios construidos con ese objeto.

Nosotros pensamos que debe mantenerse el criterio imperativo del Congreso Nacional, para que sea un mandato. De lo contrario, ¿qué responsabilidad les vamos a dar a las Juntas de Vecinos, si dejamos al arbitrio de los directivos de estas instituciones para que cuando quieran, cuando les parezca bien o cuando les sean simpáticos, sus dirigentes les entreguen la administración gratuita de los locales?

Tenemos, a continuación, el veto al inciso 2º del artículo 63, que margina a los dirigentes de la Confederación Nacional de Municipalidades y de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos de la comisión que debe distribuir los fondos consultados en los Presupuestos de la Nación o de las Municipalidades, para realizar determinado tipo de obras.

Yo me pregunto ¿por qué son marginados? ¿Dónde queda entonces la responsabilidad que nosotros pretendemos darles? ¿Dónde queda la intervención del pueblo organizado, tantas veces anunciada, en las decisiones, planes, distribución de fondos e inversiones?

Después, tenemos el veto al artículo 64, que también margina a los Presidentes de las Juntas de Vecinos para que puedan hacer uso de dos días durante el mes, con el objeto de que los dediquen a actividades de carácter institucional; es decir, para que trabajen por el adelanto de sus poblaciones.

Esta es una iniciativa de los parlamentarios comunistas, que presentamos en el primer trámite constitucional del proyecto, y poco a poco se ha ido limitando. Ahora, el Presidente de la República la limita más, porque deja al margen, justamente, a los Presidentes de las Juntas de Vecinos, en circunstancias de que estoy completamente convencido de que necesitan disponer de más tiempo que los propios dirigentes de Uniones comunales, de Federaciones provinciales o de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos.

Nosotros pensamos qué debe mantenerse el criterio que tuvo el Congreso Nacional para incorporar también en este beneficio que he venido anotando a los Presidentes de Juntas de Vecinos.

Después, el Ejecutivo propone suprimir el artículo 65, que reconoce el derecho para que las Juntas de Vecinos se constituyan en Cabildo Comunal. Quiero recordar que ésta es una aspiración no sólo de las Juntas de Vecinos, sino también de la propia Confederación Nacional de Municipalidades. Así se ha dejado consignado en sus torneos realizados a través del país.

Es cierto que en la actualidad, con o sin una legislación expresa como ésta, las organizaciones comunitarias, las Juntas de Vecinos pueden constituirse en Cabildo. Pero es mucho más importante, mucho más decisivo y tiene mucho más fuerza que una disposición de esta naturaleza quede consignada en este cuerpo legal.

¿Por qué, digo yo, vamos a temer de lo que el pueblo pueda decir reunido en un Cabildo, con participación de las Juntas de Vecinos ?...

El señor AGURTO.-

Gracias, señor Presidente. Gracias colega Jaque.

Tenemos el artículo 66, que faculta a las Municipalidades para enajenar, donar o transferir gratuitamente terrenos de su propiedad y en los cuales se hayan levantado viviendas populares.

Señor Presidente, también en las observaciones del Presidente de la República se suprime este artículo. A mí me parece que con esto se atenta una vez más en contra de esta autonomía que nosotros a diario estamos diciendo que vamos a entregar a los municipios. ¿Dónde quedan, digo yo, estos propósitos que tantas veces se anuncian y que en la práctica, cuando se trata de legislar sobre una materia determinada, no se aplican? En realidad no existe concordancia con los anuncios que se hacen. Por eso, nosotros, los Diputados comunistas, votaremos en contra de la supresión del artículo 66.

Finalmente, para terminar mis observaciones, quiero expresar que estoy completamente convencido de que hay numerosos Diputados del partido de gobierno, del Partido Demócrata Cristiano, que sin duda concuerdan con nuestros planteamientos. Yo quiero hacerles a ellos, en especial, un llamado en esta oportunidad, con el objeto de que todas estas observaciones formuladas por el Presidente de la República sean rechazadas, porque solamente procediendo en esta forma, seremos consecuentes con lo que en muchas oportunidades se ofrece al pueblo en el sentido de incorporarlo a estos mecanismos de poder. Esto es hacer un Gobierno popular, una manera de expresar en los hechos de que éste es realmente un Gobierno del pueblo. Un Gobierno popular justamente se caracteriza porque al pueblo le da participación, facilidades y le reconoce el derecho que tiene para resolver sus propios problemas en los organismos que correspondan.

Nada más, señor Presidente.

El señor JAQUE.-

Señor Presidente, los Diputados radicales, durante toda la tramitación de este proyecto, hemos sido ampliamente partidarios de otorgar personalidad jurídica a los organismos comunitarios y, en especial, a las Juntas de Vecinos, con el objeto de que actúen como colaboradores de los organismos municipales.

Como recordarán los señores Diputados durante la tramitación del proyecto de ley se consultó primitivamente en la Cámara sólo lo relacionado con la organización de las entidades comunitarias; pero en el Senado posteriormente el Ejecutivo pretendió imponer el criterio de incorporar también al proyecto lo relacionado con la promoción popular. Nosotros rechazamos esto último, para evitar que tales organismos estuvieran permanentemente sometidos al control político del Ejecutivo a través de la promoción popular.

Ahora, ya despachado el proyecto por el Parlamento, el Ejecutivo ha formulado observaciones, las que en su mayoría son materia nada más que de procedimiento, que en nada modifican la parte sustantiva de la iniciativa. A nosotros nos habría agradado que el Ejecutivo hubiera sugerido al Parlamento disposiciones más sustantivas, más fundamentales, que hubieran mejorado el proyecto de ley, porque consideramos que, tal como ha sido despachado por el Congreso, serán organismos realmente inoperantes. Basta citar algunas de sus disposiciones, especialmente aquella que dice relación con las atribuciones de estos organismos para comprobar la efectividad de la afirmación que acabo de hacer.

En el artículo 22 se establece que las Juntas de Vecinos podrán "contratar los créditos que sean necesarios con Bancos nacionales u organismos internacionales, para la construcción de sus viviendas y para la urbanización de sus barrios en conformidad a los planes que al respecto las Municipalidades correspondientes hayan acordado. "

Sabe la Honorable Cámara las dificultades que tienen los propios organismos establecidos en la Constitución Política del Estado, los cuales no pueden contratar empréstitos de esta naturaleza, y aún en algunos casos para contratar empréstitos internos deben hacerlo con autorización legal. Mayor será la dificultad, por no decir imposibilidad, que tendrán estas Juntas de Vecinos para contratar los créditos autorizados por el proyecto de ley.

Luego, se dan facultades para "preparar un plan anual de obras de urbanización y mejoramiento, en el que se señalará el orden de precedencia que, a su juicio, se les deberá dar". Y más adelante, también se dan facultades para preparar un presupuesto aproximado de los costos de ejecución de las obras comprendidas dentro de los planes que deberán formular las Juntas de Vecinos.

La verdad es que estos organismos no podrán funcionar de manera eficaz si no cuentan con un financiamiento adecuado, y el qué se consulta en el proyecto es total y absolutamente inoperante. Basta remitirse al artículo 29, en el cual se establece el patrimonio que tendrán las Juntas de Vecinos, para comprobar que los aportes fundamentales con que 'deberían contar son las subvenciones fiscales y municipales en circunstancias que la triste realidad nos indica que éstas no podrán pagarse con la oportunidad ni la amplitud que desearíamos para hacer operantes estos organismos vecinales. En efecto, sabemos que el déficit fiscal del año pasado asciende a 412 millones de escudos y, por lo demás, todos los parlamentarios conocemos la falencia económica por que atraviesan los Municipios. En tales condiciones, es indudable que no podrán hacerse efectivos estos aportes o subvenciones fiscales, y menos los municipales.

Aún más, si bien es cierto que se excluyó del proyecto el capítulo relativo a la Promoción Popular, no es menos efectivo que, en alguna medida, va a continuar existiendo el control político sobre las Juntas de Vecinos, toda vez que, en la formación de ellas y en el otorgamiento de su personalidad jurídica, se da intervención destacada a los Intendentes y Gobernadores. Dependerá, en último término, de lo que éstos informen, la concesión o negación de esta personalidad jurídica.

Por otra parte, en el artículo 35 del proyecto, se establece que las Juntas de Vecinos quedarán bajo la supervigilancia y fiscalización recalco el último término del Ministerio del Interior. No sé en qué forma ni qué será lo que fiscalizará el Ministro del Interior en estas organizaciones. Si se trata de fiscalizar los fondos que se pondrán a disposición de ellas, es obvio que ese Ministerio no tendrá el personal ni la capacitación técnica necesaria para hacerlo, ya que esta fiscalización correspondería, técnicamente, a la Contraloría General de la República o a otro organismo del Estado.

Por eso, estimamos que las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley son meramente superficiales, ya que, en general, sólo se cambian algunas expresiones en determinadas disposiciones. Algunas de estas observaciones las vamos a aprobar y otras las vamos a rechazar. Pero nada se ha hecho para mejorar el proyecto en su parte sustancial, a fin de hacer operantes estos organismos y realmente colaboradores de las municipalidades para que éstas puedan llevar a cabo obras que beneficien a la comunidad y no actúen sólo con objetivos esencialmente proselitistas y burocráticos sin cumplir, en el fondo, la finalidad que se ha tenido en vista, cual es la de mejorar las condiciones urbanísticas de las ciudades, el nivel social de la población y el espíritu progresista diría yo en cuanto a las obras que corresponde realizar a las municipalidades.

En consecuencia, los Diputados radicales vuelvo a reiterar vamos a aprobar, en general estas observaciones relativas a procedimientos y rechazaremos aquéllas que estimamos inconvenientes.

El resto del tiempo lo reservaremos para intervenir en el debate sobre algunos aspectos que estimemos necesario considerar en forma especial.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, los distintos partidos políticos y, en especial, el Partido Comunista, ya han intervenido para analizar el veto del Ejecutivo.

La verdad es que, sin duda, se habría ahorrado tiempo si los Diputados del Partido Comunista hubieran escuchado la proposición que hicimos, hace pocos minutos, porque en algunos aspectos concordamos con lo manifestado por ellos y en otros tenemos, realmente un criterio diferente. Esto habría significado el despacho más rápido de este veto.

Por mi parte, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunas observaciones de tipo general, porque resulta realmente increíble perdónenme los señores Diputados que así tenga que decirlo que parlamentarios de partidos que desde un comienzo entorpecieron, obstaculizaron y atacaron este proyecto de ley, hoy día, cuando está próximo a convertirse en ley de la República, digan que siempre han sido partidarios de reconocer y dar personalidad jurídica a las Juntas de Vecinos, fijando al mismo tiempo sus atribuciones.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Será la historia de este proyecto la que, en definitiva, señale quiénes fueron sus defensores y quiénes fueron sus detractores; quiénes aquí, en la tribuna parlamentaria o en el debate público, fueron contrarios a esta iniciativa y quiénes la presentaron, la defendieron y la llevaron adelante.

Sobre todo quiero referirme a las expresiones que hemos oído a representantes del Partido Radical, en el sentido de que el proyecto, al final, no va a resolver los problemas de los pobladores, las cuales fueron acotadas por los Diputados del Partido Comunista que intervino en el debate, en cuanto a que, careciendo de recursos económicos esta iniciativa no iba a servir, en forma apreciable a la causa popular.

Al respecto, deseo decir como lo reconocen y lo sienten todas las organizaciones de pobladores, de norte a sur de la República que nosotros y ellos tenemos fe, a diferencia de aquellos parlamentarios que carecen de ella, en que la organización del pueblo va a ser capaz de transformar las estructuras de este país, por la presencia activa y militante del mismo pueblo organizado.

En efecto, el pueblo tiene fe; no cree que este proyecto de ley sea algo inoperante y no cree que, mediante él, no se vayan a realizar obras positivas en beneficio de la comunidad, sino que, al contrario, está viendo cómo su esfuerzo se transforma en obras de autoconstrucción y en la solución de mil problemas que existen en los barrios populares.

Puedo citar los que personalmente conozco en la provincia de Valparaíso: colocación de miles y miles de metros de cañerías para llevar el agua potable, trabajo para instalar el desagüe y luz eléctrica en cientos de poblaciones que no tenían estos servicios. Estas son obras que significan ir abriendo calles, ir construyendo muros y, en fin, ir haciendo cosas con las que los pobladores habían soñado y que nunca habían visto realizadas.

Estas obras se han hecho por la acción de la autoridad, pero, sobre todo, por la organización, por la diligencia, por el trabajo y el esfuerzo extraordinario de las propias organizaciones populares; y en esta tarde, cuando algunos parlamentarios han manifestado que no tienen fe, rindo un homenaje a esas organizaciones porque sé que, en definitiva, al llevar adelante este proyecto de ley, nosotros hemos pretendido facilitar la formación de tales organizaciones populares, que van a ser la mejor arma para transformar la historia de Chile, y para permitir a este país días mucho mejores, obtenidos por el esfuerzo de todos los chilenos, con una perspectiva histórica diferente, con la plena v real posibilidad de ir conduciendo al pueblo por el gran camino transformador del mañana.

Señor Presidente, para terminar y entrando en el detalle del articulado mismo, quiero recoger el llamado que nos hacía el parlamentario comunista y contestarle que, siendo nosotros los autores de este proyecto de ley, creemos que son ellos quienes deben pensar como nosotros y no nosotros como ellos; pero, en todo caso, me alegro que haya concordancia entre nosotros respecto de algunos aspectos del proyecto.

Concretamente, hemos dicho que, nosotros votaremos favorablemente las observaciones formuladas por el Ejecutivo, salvo la que se refiere al número primero del artículo 22, en el que se propone agregar: "sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre saneamiento de títulos de dominio", a la facultad que esta disposición ha conferido a las Juntas de Vecinos para que realicen, en representación de los mismos vecinos, los actos, contratos o gestiones necesarios para la regularización de los títulos de dominio de las propiedades en que viven.

Creemos que la ley de loteos brujos, a que hace referencia esta disposición legal y que creó el Comité de Pobladores o el de Vecinos, lo hizo justamente porque, cuando el Congreso estudió el proyecto respectivo, no tenía la seguridad de contar pronto con la ley sobre Juntas de Vecinos. Pero, existiendo ahora esa seguridad, somos partidarios de que las Juntas de Vecinos y no los Comités de Pobladores sean las que tengan facultades para intervenir en todos estos problemas, recurriendo a las disposiciones pertinentes de la ley sobre loteos brujos y a las del texto legal sobre juntas vecinales que estamos despachando. Así se evitará que en un mismo territorio vecinal exista, por un lado, una Junta de Vecinos y, por otro, un Comité de Pobladores, lo cual perjudica la unidad de los vecinos para encarar sus problemas comunes. Creemos que la dualidad en esta materia no favorece la organización popular. Por eso, rechazaremos la observación al número uno del artículo 22.

También rechazaremos la observación al número cinco del mismo artículo, por cuanto una de las finalidades de este proyecto es, justamente, incorporar a la estructura orgánica de los servicios públicos la representación de los pobladores. Uno de nuestros mejores títulos de orgullo es dar la posibilidad de que se incorpore al vetusto edificio legal chileno la sangre nueva, la fuerza vibrante de un pueblo que busca mejores posibilidades. Por eso, rechazaremos el veto al número citado.

También rechazaremos la observación según la cual sólo por decreto supremo se concederán las exenciones que señala el artículo 60 en favor de las organizaciones vecinales y comunitarias. Aunque comprendemos el propósito del Ejecutivo, estimamos que una disposición de esa naturaleza retardará innecesariamente el goce de esos beneficios por parte de los interesados y significará prácticamente una traba de tipo burocrático.

El artículo 63, inciso segundo, se refiere a la ingerencia de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos y de la Confederación Nacional de Municipalidades en la distribución de los recursos que debe hacer, de acuerdo con el inciso primero de este artículo, el Ministerio de la Vivienda. Como estos dos organismos tienen sobrados motivos para participar en esta distribución, también rechazaremos el veto.

En el artículo 64 se pretende suprimir por el veto la posibilidad de que los presidentes de las Juntas de Vecinos gocen del tiempo necesario de dos días para realizar actividades en beneficio de la Junta.

En este artículo, solicitamos Que se divida la votación para rechazar la primera parte, o sea donde se propone suprimir la expresión "Juntas de Vecinos", y aceptar la segunda, que agrega, inmediatamente antes de la frase "que presten sus servicios", como expresión intercalada, la siguiente: "y los demás miembros del Directorio de la Confederación Nacional", porque favorece a los pobladores.

En general, esas son las disposiciones que hemos acordado rechazar. Todas las demás vamos a aceptarlas.

Termino estas palabras dejando constancia de la extraordinaria satisfacción con que por fin vemos hacerse realidad este ansiado proyecto. El Ejecutivo que lo presentó, el Parlamento y en especial los que contribuyeron a hacerlo realidad, pueden estar orgullosos de esta obra, y también los pobladores, que la esperan con extraordinaria fe, porque saben que será la mejor herramienta del pueblo trabajador para conquistar destinos mejores.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, hace pocos días, en la Municipalidad de La Cisterna, el Presidente de la República procedió a firmar la ley denominada de "loteos brujos".

Allí se manifestó, o mejor dicho se ratificó, algo publicado por ese estiercolero periodístico, por ese tarro basurero del periodismo chileno que es el diario La Nación que, por desgracia, es financiado por todos los contribuyentes chilenos al decirse que en la ley sobre loteos brujos, que beneficiará como efectivamente lo hace a miles y miles de chilenos implicados en problemas de orden legal, los Partidos de oposición habíamos sido los principales obstáculos para su despacho, porque sencillamente estábamos haciéndoles el juego a los loteadores brujos.

Todo el mundo sabe, y en la historia de la discusión de esta ley se dejó expresa constancia, que, no los Diputados democratacristianos, sino el propio Ministro de la Vivienda, señor Hamilton, en la última reunión en que se despachara este proyecto, agradeció a todos los sectores de esta Cámara la colaboración que habían prestado para que saliera completo y sin baches de ninguna especie. El propio Ministro lo manifestó en aquella ocasión, y varios parlamentarios de los distintos partidos de Oposición manifestamos y reiteramos que como éste era un problema de tipo nacional y de orden moral, en el cual estaban puestos en juego los modestos emolumentos de muchos miles de familias chilenas, no podía existir un criterio político para encararlo en su aspecto legal y económico; sobre todo, por la implicancia que tenía en los sectores más modestos del país, que veían con emoción la posibilidad de ser, de una vez por todas y para siempre, propietarios de los terrenos que habían adquirido en determinados sectores de Santiago y de Chile.

Por lo tanto, lo que ha dicho el señor Santibáñez en esta ocasión, no es otra cosa que repetir la "MENTIRA" sin ambages, con mayúscula, subrayada y entre comillas, de que los Diputados de los Partidos Comunista, Socialista y Radical fuimos contrarios al despacho de esta ley.

El señor Santibáñez y la Democracia Cristiana saben que nos opusimos y nos opondremos siempre a la creación de organismos tipo promoción popular, porque tenemos mucho respeto por la clase trabajadora y por las mujeres y hombres de nuestro pueblo.

En primer lugar, no queremos, ni querremos, ni aceptaremos nunca que la caridad se eleve a terreno gubernativo, a nivel presidencial. Eso y nada más que eso es y será la promoción popular. Nosotros manifestamos y seguiremos manifestando

en todas las tribunas en las que hagamos uso de la palabra, que no aceptaremos, por ningún motivo, que se oficialice a nivel gubernativo esta caridad, este reconocimiento de la miseria, esta forma de patentizarla a través de un organismo como la promoción popular.

En segundo lugar, no aceptamos la promoción popular, porque estimamos que es un organismo de corte fascista, porque el mismo nombre, la misma denominación del cargo de Consejero Nacional de Promoción Popular huele a generalísimo, a "führer", a "duce", de corte netamente fascista, que no queremos recordar por un instante, y que no creo que nadie en el mundo quiera recordar, pero aquí nuevamente se moderniza el término en la persona del señor Ossa Pretot, Por eso nos opusimos.

Felizmente en el Senado, donde existe una mayoría que le pone coto a las demarsías del Gobierno, sencillamente se impidió que se diera curso, luz verde a esta famosa burla de la promoción popular. Allí no fueron los Diputados, sino los Senadores de todos los partidos, por conversaciones con el señor Ossa Pretot los que acordaron con el Gobierno el retiro de la promoción popular, porque era el único obstáculo que existía para hacer realidad el proyecto que estamos discutiendo.

No es, por lo tanto, que los pobladores nos hayan exigido su aprobación como parece creer el señor Escorza, porgue las juntas de vecinos existían desde antes que naciera la Democracia Cristiana; han desarrollado su acción junto a los municipios desde antes que llegara el señor Frei y la Democracia Cristiana al Gobierno, y encima, gratuitamente. ¡Si las juntas no son de la Democracia Cristiana! De manera que cuando se hable de éstas habrá que decir Juntas de antes de la Democracia Cristiana y después de la Democracia Cristiana, porque estos son organismos que han existido siempre, desde hace mucho tiempo. Un ejemplo: una junta de vecinos de mi comuna de San Miguel existe desde el año 1914, sin promoción popular, con el puro ñeque de los vecinos de las poblaciones, con el puro aporte y esfuerzo de los municipios populares de la comuna. Por lo tanto, ésta no es una creación de los Diputados de la Democracia Cristiana y del Gobierno. Es sólo reconocer, legalmente, la existencia de estos organismos vivos que han estado vigilantes, alertas y trabajando por el progreso de los sectores populares, ayudando, en cierta manera, al desarrollo general de sus respectivas comunas, sin asesores ni promotores, ni nada que se parezca.

En días pasados, en una asamblea de la muy combativa población de la comuna de San Miguel, la gobernación, por sí y ante sí, mandó un par de asesores para tratar de poner orden y dar algunas directivas a los dirigentes de las Juntas de Vecinos sobre Jo que debían hacer o no hacer, Sencillamente, como allí la gente conoce sus obligaciones y lo que es una organización como éstas, no les permitieron ni siquiera hablar, y esto, en pequeña escala, es justamente lo que aquí ha manifestado, expresado y reiterado, porque no queremos por ningún motivo, que estos organismos llamados Juntas de Vecinos se transforman en apéndices del Gobierno, de la acción política y sectaria del Gobierno. Queremos, precisamente, que sean organismos que ayuden al progreso de sus respectivos sectores y poblaciones.

Aunque ya no es tiempo de hacer modificaciones, que tampoco prosperarían por la aplanadora de la Democracia Cristiana, por lo menos es conveniente, ya que dicen que fuimos contrarios al despacho de este proyecto, refrescarles la memoria, diciéndoles que hemos mantenido una actitud permanente para modificar en lo posible, en forma especial, todas las disposiciones de corte típicamente politiquero que en él existen. Ahora, el Gobierno nos envía un veto que apenas roza la médula de este proyecto, porque no va al fondo de las fallas que le hemos encontrado, las que no aceptaremos jamás ni votaremos favorablemente. Ahora, siendo las Juntas de Vecinos organismos de colaboración con los municipios para pavimentar e intentar la realización de obras de alcantarillado, de agua potable y de locomoción colectiva, no veo por qué estos organismos tengan que estar dependiendo del Ministerio del Interior, que justamente es el único Ministerio político del Gabinete. Si se quiere tener una cierta coincidencia o consecuencia con lo que se dice a través de una ley, estas Juntas de Vecinos y a mi juicio era lo lógico, lo cuerdo y de criterio deberían pasar a depender del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o al de la Vivienda. ¿Por qué tiene que depender del Ministerio del Interior, justamente el único político? ¿Por qué tiene que ser el Intendente de la Provincia, el Gobernador o el Subdelegado respectivo el que tenga que dar luz verde, el visto bueno para que funcionen o no funcionen estas juntas de vecinos? ¿Tenemos o no razón cuando expresamos estas dudas? Siempre y lo sabe el señor Santibáñez, en proyectos de este tipo, que sirven a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, que no tienen camiseta ni color político, hemos puesto lo mejor de nuestra parte para mejorarlos y para que en verdad salgan completos. Eso lo ha reconocido el propio Ministro señor Hamilton, no así el basural periodístico de La Nación, que se permite decir que los Diputados de Oposición sencillamente hemos sido enemigos y contrarios al proyecto de ley sobre loteos brujos. ¿Se miente o no se miente en este país? Y ese diario, en el que desgraciadamente se publican las sesiones de la Cámara, se está repartiendo en la comuna de San Miguel, se está regalando; un diario que es financiado por todos los contribuyentes, con el esfuerzo de campesinos, de empleados, de comerciantes medianos y pequeños, de grandes y pequeños industriales, lo están regalando para difundir en mejor forma lo que publican.

El señor PALESTRO.-

Nosotros tenemos la seguridad absoluta de que este proyecto vitalizará, o mejor dicho, revitalizará a este organismo democrático y soberano que es el municipio, en tantas formas atacado por este Gobierno, que durante la campaña de regidores saltó con el "slogan" de que "el gobierno del pueblo comienza en los municipios". Pero todos sabemos que ningún Gobierno, ni el de Alessandri, ni el de González Videla, ni los más reaccionarios de este país, nunca habían atentado contra la autonomía de este organismo soberano y democrático que es el municipio, uno de los pocos que van quedando en este país, donde el pueblo se expresa libremente para elegir a sus representantes y donde existe mayor posibilidad de diálogo, porque en todas las Municipalidades hay regidores y alcaldes de todas las tendencias, que llevan el pensamiento del grupo que representan hasta el seno de estos organismos.

Sin embargo, este Gobierno ha sido tal vez el que más ha atentado en contra del financiamiento de los municipios. Les ha cortado las alas para que no realicen obras y ha hecho todo lo posible por impedir que se revitalicen y adquieran una savia nueva para que efectivamente sean una expresión democrática, para que el gobierno del pueblo, justamente, comience en los municipios.

Todo el mundo sabe que en estos instantes el propio Gobierno está debiendo cerca de dos mil millones de pesos a los municipios. Todos sabemos las' dificultades que encuentran los municipios, especialmente los de Oposición socialistas, o comunistas, o radicales incluso para conseguir que se les dé un modesto préstamo establecido en una ley. Todos sabemos lo que significa un proyecto de empréstito para la respectiva municipalidad. Significa entregarle un aporte de dinero extraordinario para que haga obras extraordinarias. En el mismo proyecto se le fija claramente cuál ha de ser la inversión de ese empréstito. Sin embargo, me atrevería a decir que hasta ahora ningún municipio controlado por la Oposición ha tenido la posibilidad de conseguir esos préstamos. Aquí, en este proyecto, pomposamente se da la autorización para que las juntas de vecinos puedan contratar préstamos en bancos nacionales o internacionales. Sabemos que esto es música celestial, es pura música. Aquí no hay nada serio, nada efectivo. Los municipios, que tienen más prestancia, más peso para solicitar empréstitos, no han podido conseguirlos. Sin embargo, aquí se establece que las juntas de vecinos, formadas por gente modesta, por modestas mujeres de nuestro pueblo, que son las que van a trabajar al fin y al cabo, o los clubes deportivos...

El señor URRA.-

Señor Presidente, después de escuchar el debate de esta tarde, es importante hacer algunas consideraciones que precisen con claridad la verdad que los democratacristianos estamos en condiciones de entregar en una controversia sobre las juntas de vecinos o sobre el proceso promocional general que entre pobladores y campesinos, por ejemplo, se ha venido estimulando en los últimos años con las herramientas que conocen el país y la opinión pública.

Nosotros escuchamos con atención las observaciones del DiputadoMario Palestro. El tiene derecho, naturalmente, en primer lugar, para entregar su verdad en este debate, para entregar sus experiencias o sus puntos de vista. Pero, frente a algunas observaciones que él hacía, creo que es importante también entregar nuestra propia verdad, nuestras experiencias y nuestros puntos de vista.

El afirmaba, hace algunos instantes, que las juntas de vecinos corresponderían, prácticamente, a una especie de monopolio político-social, instaurado por la Democracia Cristiana, y que tendría, naturalmente, su origen en los primeros meses del Gobierno del Presidente Frei. Es importante en este sentido, señalar categóricamente que los democratacristianos no hemos afirmado en ningún debate, en ninguna presentación de antecedentes, en ninguna de las controversias que ha habido en el país, por ejemplo, sobre la ley de loteos brujos o sobre este proyecto, que las juntas de vecinos son creación nuestra o monopolio nuestro.

La organización popular, evidentemente, y la organización de la comunidad, superan ampliamente los cauces partidistas, cualesquiera que sean las fuerzas políticas en pugna en el debate o en la controversia política. Desde este punto de vista, el papel de la Democracia Cristiana este es el aspecto fundamental que tenemos que precisar en este debate se reduce a un estímulo, a un fomento vital y poderoso de la organización comunitaria, que represente verdaderamente una participación protagónica de los propios pobladores o de las personas que, en algún sentido, forman parte en Chile de los no privilegiados, que hoy pasan a ocupar un papel relevante en la comunidad, en la medida en que las juntas de vecinos, los centros de madres, las organizaciones comunitarias en general, reciben personería jurídica, y> en segundo lugar, en la medida en que estas mismas instituciones reciben, prácticamente, personalidad en cuerpo y alma para actuar dentro de la comunidad, y se les reconoce esta personalidad por los Poderes Públicos, por la Administración, por el Supremo Gobierno. Por eso, yo rechazo, desde este punto de vista, las observaciones del colega Palestro. Si en un debate de esta naturaleza se extrema la argumentación, como él recién lo hacía, tratando de relacionar en algún sentido formal denominaciones, por ejemplo, que el país ha conocido para algunos cargos específicos, creados con ocasión de lo que se ha conocido con el nombre de Consejería o Delegación Nacional" de Promoción Popular, debemos decir que la creación de estos cargos o la entrega de estas responsabilidades no dicen relación, en ningún caso, con una inspiración fascista o con una intención de la Democracia Cristiana de conquistar, desde arriba, las organizaciones comunitarias o de hacer pesar en esta forma su presencia dentro de la comunidad. Hay un hecho fundamental que podríamos anotar eh el debate. Lo importante para la Democracia Cristiana no son las formas o los procedimientos, el, cómo debe, en definitiva, la comunidad reconocer la personalidad de los pobladores o del mundo marginal. En ese sentido, el Partido Demócrata Cristiano ha señalado claramente, por ejemplo, en la tramitación de la ley sobre juntas de vecinos, que está dispuesto a conceder a las fuerzas políticas adversarias nuestras algunas opciones en materia de procedimientos, de caminos para llegar a esta tarea y, en definitiva, organizarse para ejecutar estos programas, a conceder lo que sea necesario para alcanzar el objetivo final: el traspaso del poder social, político y económico chileno, y en este caso concreto, el traspaso del poder social a la mayoría de los pobladores organizados en forma responsable. Este es el hecho fundamental.

Si pudiéramos calificar o precisar el sentido que tiene el hecho revolucionario, la acción revolucionaria, ello significa esencialmente, repito, un traspaso del poder social, que no se puede desconocer por círculos de derecha ni por círculos de extrema izquierda. Y cuando en la izquierda, por ejemplo, se extreman algunas argumentaciones y se nos acusa de fascismo o de pretender monopolizar las organizaciones vecinales, repito inspirándonos en un trabajo desde arriba, y no desde abajo, en el fondo lo que se está haciendo no es sino recoger la vieja argumentación derechista para detener cualquier proceso social de cambio en el país o en cualquier país de América Latina.

Creo que los hombres de Izquierda chilenos no tienen derecho a recoger las argumentaciones que la Derecha ha entregado durante mucho tiempo para detener en Chile el proceso de cambio social, para oponerse, como ha sucedido en el campo de la reforma agraria, a la organización campesina, al trabajo de INDAP, al trabajo de CORA, y en este caso, en el plano urbano, al trabajo, a la investigación, al fomento que se está impartiendo a "través de los organismos de Gobierno o de nuestra propia presencia en las organizaciones comunitarias.

Para ilustrar con una sola afirmación y con un solo testimonio estas palabras, quisiera recordar que en lo que se refiere a la provincia de Cautín, en el año 1967, a través de la atención brindada por distintas organizaciones de Gobierno, recibieron asistencia, capacitación, fomento, en definitiva, 1. 369 organizaciones comunitarias.

Recién hacía referencia al trabajó de INDAP, por ejemplo, en la acción agraria, porque, a mi juicio, lo que es la reforma agraria para el campesino es la ley de juntas de vecinos y la ley de loteos brujos para los pobladores que, en el sector marginal urbano, en algún sentido quieren representar también un papel protagónico en los próximos años en nuestro país.

Por eso es importante decir que, tratándose de estimular a las organizaciones comunitarias, de tener en el día dé mañana una mayor participación de los pobladores, de los trabajadores en general, la Democracia Cristiana y, a mi juicio, la mayoría de los partidos políticos en este país, se van a encontrar en el terreno social entregando consideraciones similares en muchos planos, pero que pretenden, en definitiva, lograr un solo objetivo: el traspaso del poder social chileno de una minoría a la mayoría de los trabajadores del país.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, la ley, prácticamente ya sancionada por el Congreso Nacional, que nos preocupa en este instante y que legaliza las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, como lo decía muy claramente el colega Santibáñez, como lo ha profundizado el colega Urra y como lo han reconocido varios otros colegas de otros bancos, es una de las iniciativas más importantes, porque da paso a la organización del pueblo.

Yo me quedo con lo segundo, no con la; reticencia o poca fe, como señaló el colega Santibáñez, con que algunos colegas miran esta ley.

Creo que los pobladores en Chile tienen bastante criterio, bastante libertad para pensar y actuar, y nunca se van a someter a algo que a ellos no les agrade, sea de donde sea. En consecuencia, los cargos que se han hecho en contra de los pobladores durante el debate de esta ley, tanto aquí en la Honorable Cámara como en el Senado de la República, por parte de los parlamentarios opositores a esta iniciativa, están destrozados. Están destrozados, porque, a mi juicio, nunca han pretendido los pobladores ser instrumentos de una idea política que no sientan. Si bien es cierto que reconocen que él Gobierno del Presidente Frei fue el que promovió, con la Democracia Cristiana, la legalización de las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, ello no significa que ellos estén sometidos.

He querido levantar mi voz hoy día por el hecho de que fui dirigente de poblaciones y me siento extraordinariamente interpretado por esta ley. Fui dirigente de la población Magallanes, que conoce el señor Palestro, junto con un camarada nuestro, don Valentín del Carmen Leyton, que en paz descanse. Conozco lo que significa esta ley para salir adelante con una población de autoconstrucción como ésa. Fui también dirigente de la población El Mirador. Sé perfectamente cuál es el sacrificio que representa para los trabajadores que adquieren un sitio salir adelante después con la autoconstrucción.

Esta ley va a permitir darles personalidad suficiente para llegar a obtener la ayuda que necesitan tanto de las esferas estatales como de las esferas comunales, en el caso de las municipalidades. Creo, a la inversa de lo que pensaba el colega señor Palestro, que la legalización de las juntas de vecinos servirá a las Municipalidades, las ayudará y no les mermará en absoluto el poder que tienen, consagrado por la ley misma y que la Constitución Política del Estado reconoce a las Municipalidades del país. Por el contrario, creo que las juntas vecinales y organizaciones comunitarias colaboran con el municipio. En muchos trabajos de adelanto comunal, los pobladores lo han demostrado en diversos lugares del país. Han hecho trabajos comunitarios junto con las Municipalidades. Han construido y remodelado plazas, aquí, en el mismo Santiago. En la población "Arauco", por ejemplo,. se pusieron de acuerdo con la Municipalidad de Santiago y están remodelando una plaza, que estaba prácticamente deshecha. Igualmente, han construido jardines infantiles; han hecho mejoras de aceras y un ciento de otros trabajos, sin tener aún el instrumento que, en este momento, les franquea la ley: el reconocimiento público.

Es eso. No se trata de que nosotros creamos que somos los campeones de la constitución de las organizaciones comutarias. No obstante, quiero decirle al colega Palestro y, especialmente, a los colegas que han pensado que los democratacristianos no nos hemos preocupado de las organizaciones comunitarias, que en todas las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y, fundamentalmente, en los centros de madres, están los militantes del Partido Demócrata Cristiano trabajando, con sentido comunitario, en beneficio de la población donde viven, y no en beneficio propio.

Por eso, quiero terminar mis palabras, diciendo que la comprensión y la lucha de los pobladores junto al Gobierno y a la Democracia Cristiana, permitió que esta ley ya esté hoy día definitivamente a su servicio, y, al mismo tiempo, logró que los opositores se hayan retrotraído de su posición primera y ahora estén todos cantando alabanzas en favor de ella.

Nada más. Muchas gracias.