Labor Parlamentaria

El señor AMPUERO.-

Para terminar mis observaciones de la sesión anterior, señor Presidente, quiero expresar mi anhelo de que no reincidamos en la insinceridad a que me he referido, a fin de que el Senado -donde todos los sectores manifestaron su pesar por lo sucedido en la mina-, tenga presente en la memoria, en la forma más viva, la tragedia ocurrida allí y entienda que debe haber responsables, o por acción o por omisión; que alguien está en el infausto principio de este drama.

Por cierto, y conforme a las propias doctrinas militares, "el responsable es el que manda".

Pienso que los socialistas populares, al formular nuestras objeciones a este ascenso y anunciar nuestros votos contrarios al mensaje, estamos cumpliendo un deber de Senadores y nuestro deber, moral para con el pueblo.

La señora CAMPUSANO.-

Señor Presidente, la obligación constitucional de que los ascensos de los jefes superiores de las Fuerzas Armadas cuenten con el asentimiento del Senado, deriva de la conveniencia que existe, a juicio del constituyente, de que los hombres en quienes la República confía el mando de la fuerza armada den garantías de que la usarán con discreción y mesura, de acuerdo con los intereses generales del país. Esa es la base constitucional de la facultad' que ahora ejercitamos, y con relación a ella debemos enfocar el problema del ascenso del Coronel Pinochet al cargo de General de Brigada.

En la primera sesión de la Comisión de Defensa expresamos claramente el pensamiento de los Senadores comunistas de votar contra este ascenso. Por desgracia, la representante de nuestro partido en esa Comisión viajó al norte pensando que la tramitación de los ascensos se demoraría mucho más. Esta es la razón por la cual en la votación correspondiente no figura el voto, comunista sumado al del Honorable señor Ampuero.

Todo Chile sabe que hay una gran mancha en la hoja de servicios del Coronal Pinochet, que lo inhabilita., sin duda, para tener mando dé tropas. Esa mancha fue su actuación como jefe de la zona de emergencia y, por lo tanto, responsable directo de la masacre allí perpetrada el 11 de marzo de 1966. Todo ello evidencia que carece de las mínimas condiciones de prudencia y criterio que debe tener un jefe militar. Son conocidas y debidamente comprobadas las circunstancias en que se produjo ese bochornoso hecho de sangre que el Honorable señor Ampuero ha revivido en su intervención.

A las bombas lacrimógenas siguieron las balas disparadas al cuerpo de los obreros con un saldo terrible de ocho muertos, entre ellos dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada; y treinta y cuatro heridos, entre quienes se hallaba una muchacha de 14 años.

Para encubrir el crimen, porque eso fue en realidad, se inventó una explicación "tremebunda", donde el Coronel habló de agitadores sociales, y el Ministro de Defensa, señor Carmona, al justificar la actuación de sus subordinados, declaró que una poblada provista de armas de fuego había atacado a la tropa, la cual, en legítima defensa, tuvo que disparar.

A esta altura de los hechos, esas invenciones han quedado estigmatizadas en lo que realmente son: invenciones.

Ante este ascenso, es preciso establecer si en ese episodio el jefe militar mostró tino, responsabilidad y consideración hacia el pueblo que le ha entregado las armas. Un breve análisis, un recuento de los hechos nos lleva a la conclusión de que su actuación fue negativa.

El problema en debate no entraña ni un enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas ni una censura a ellas. La cuestión es muy diversa: estamos pronunciándonos acerca de un oficial determinado, con una actuación concreta, que aspira a recibir la más alta distinción de su carrera: el generalato.

La regla general de conducta de los comunistas en estas materias ha sido aprobar los ascensos militares, que casi siempre recaen en oficiales eficientes que dan garantías de que usarán con prudencia la fuerza confiada, a su mando.

En esta ocasión, deberemos alterar nuestra pauta. Y no podía ser de otra manera. El Coronel Pinochet, contra el cual no tenemos ningún prejuicio y cuyos antecedentes antes de los sucesos de El Salvador lo mostraban como un soldado ni mejor ni peor que tantos otros, no puede ser ascendido a general, pues, a nuestro juicio, carece de las condiciones indispensables para ese cargo.

Por cierto que más de alguien tratará de interpretar torcidamente esta actitud. Pero no confundamos a las Fuerzas Armadas con el Coronel Pinochet. Son demasiado fuertes y graves los motivos para dejarlos pasar sin un examen atento. Los hechos de El Salvador constituyen una vergonzosa para el Gobierno, principal si no el único responsable, por haber masacrado trabajadores y mujeres, traicionando su programa; por haber lanzado al Ejército, bajo el mando de un oficial desatinado, a una aventura horrible, muy lejana de su tradición gloriosa y heroica.

Estimamos que realizan una labor contraria al interés nacional quienes, directa o indirectamente, buscan abrir un abismo entre los militares, marinos y aviadores y el pueblo, ya sea utilizándolos para romper huelgas o reprimir a los trabajadores, como ocurrió precisamente en El Salvador y en, tantas otras masacres que la historia de Chile recordará; o bien, haciendo ambiente para contraponer los militares a los civiles; o transformando al militar en un "robot", en una máquina que obedece ciegamente, de acuerdo a un cartabón prusiano, antidemocrático y brutal.

El Secretario General del Partido Comunista, SenadorLuis Corvalán, sintetizando nuestra posición, con ocasión del homenaje al sesquicentenario de la batalla de Maipú, expresó lo siguiente: "Los comunistas pensamos que la única misión de nuestras Fuerzas Armadas debe consistir en la de ser guardianes de la soberanía nacional. Por eso mismo, estimamos básico suprimir en definitiva la práctica funesta de utilizar al Ejército en los conflictos sociales. Ello tiende a separar al pueblo de las Fuerzas Armadas, con todos los peligros que ello significa para la defensa nacional y no concuerda con sus fines específicos. En consecuencia, consideramos primordial rechazar la intromisión del Pentágono en las instituciones armadas, como asimismo, la orientación encaminada a transformarlas en fuerzas de choque contra las luchas del pueblo".

Aparte esta formulación que atribuye la responsabilidad a quienes corresponde, vale decir sobre las clases dominantes, hemos hecho planteamientos específicos ante los diferentes problemas relacionados con los institutos castrenses.

Y, en este caso particular, es decir ante el ascenso de un oficial a los grados más altos de su carrera, los comunistas pensamos, de acuerdo a nuestros planteamientos democráticos, que es preciso exigir a quienes deben mandar tropas, condiciones muy especiales, garantías en todo sentido, prescindencia política y vocación democrática, tino y prudencia.

Por todas las razones expuestas, votamos responsable y abiertamente contra el ascenso a General del Coronel Pinochet.

El señor BARROS.-

También votaré contrario el ascenso, porque cada cierto número de años se está repitiendo la historia de represión a la clase obrera por algunos elementos de las Fuerzas Armadas.

La negra historia de Silva Renard en la Escuela Santa María, de Iquique, se repitió en el mineral El Salvador por el Coronel Pinochet, quien, como se expresó anteriormente en forma perfectamente clara y taxativa, ordenó aquella grave matanza de trabajadores.

Concuerdo con lo que aquí se ha expresado en forma perfectamente clara, que votar contra el Coronel Pinochet no es inferir agravio al Ejército.

El señor MIRANDA.-

Señor Presidente, me correspondió actuar en forma directa en los sucesos de El Salvador, y presenciar las consecuencias inmediatas de la desacertada actuación del Coronel Pinochet, materia sobre la cual me pronuncié en el Senado a los pocos días de haber ocurrido los hechos.

Como digo, he observado esos acontecimientos en forma desapasionada y estimo que, pese al tiempo transcurrido, la actuación de ese oficial debe impedir que el Senado acepte su ascenso al grado superior. La Honorable señora Campusano y el Honorable señor Ampuero han expuesto en esta oportunidad, en detalle, la actuación que cupo al jefe militar de El Salvador. Cuando ocurrieron los hechos yo me encontraba en el mineral de Potrerillos, a pocos kilómetros de El Salvador, lo cual me permitió comprobar, en compañía de los Diputados señores Aguilera y Sepúlveda, la desatentada actuación de ese Coronel.

En cambio, ¿qué sucedió en Potrerillos? Allí estaba a cargo de las fuerzas un oficial de inferior graduación, un teniente de Ejército, quien procedió a despejar el local del sindicato -medida que también adoptó el Coronel Pinochet en El Salvador-, con la gran diferencia de que ese joven oficial procedió con absoluta, tranquilidad y en pleno acuerdo con los dirigentes sindicales. Sin embargo, el Coronel Pinochet, demostrando falta absoluta de tino y de no poseer el mínimo criterio, provocó una situación tan deplorable que costó la vida a ocho obreros.

Tan pronto recibí informaciones sobre lo ocurrido en El Salvador, me dirigí al lugar de los hechos en compañía del Diputado señor Aguilera, y allí encontré al Diputado señor Sepúlveda. Juntos concurrimos a la oficina del Coronel Pinochet a quien le hicimos notar que era absurda la medida consistente en mantener a. la tropa alineada frente al local sindical después de ocurridos los hechos, en los instantes mismos en que los compañeros de los obreros caídos se habían reunido allí en espera de que fueran levantados los cadáveres y mientras eran retirados los heridos y llevados al hospital de El Salvador. Fueron inútiles nuestras alegaciones en el sentido de que la medida no sólo era absurda, sino que, además, envolvía el grave peligro de que se repitieran los sucesos, en vista de lo exaltado de los ánimos de los obreros.

Nada logramos conseguir con el señor Pinochet, hasta que pude: comunicarme telefónicamente con el Ministro de Defensa Nacional señor Carmona. Sólo entonces, y en obedecimiento a instrucciones del señor Ministro, pudo imponerse nuestro criterio en el sentido de que las tropas fueran retiradas del lugar donde se encontraban, apuntando aún sus fusiles y ametralladoras al sitio en que estaban reunidos los obreros.

A mi juicio, es innegable que este jefe militar carece de las condiciones de idoneidad y buen criterio y, por lo tanto, no debe ser ascendido al grado superior.

Entretanto, el Teniente de Ejército a cargo de las tropas en Potrerillos notificó el desahucio a los obreros despedidos y lo hizo en la forma más serena posible. Por su parte, en El Salvador, el Coronel Pinochet dio instrucciones de notificar los desahucios en la forma que ha relatado el Honorable señor Ampuero.

No deseo continuar insistiendo sobre esta materia, pues tengo la más absoluta conciencia de que, evidentemente, este jefe militar carece de los mínimos atributos para ser elevado al generalato. Con todo, dejo constancia de que el Gobierno ni siquiera ha realizado las diligencias indispensables para esclarecer finalmente lo ocurrido en El Salvador, por todo lo cual estimo que no podemos dar nuestros votos al ascenso que debatimos.

El señor GORMAZ.-

En contra del Coronel Pinochet se han imputado los siguientes cargos, los cuales, según se ha dicho, afectarían a su actuación como jefe de zona en estado de emergencia, interventor del mineral de El Salvador y Gobernador del departamento de Chañaral.

1.-Haber establecido un sistema de control de entrada y salida, vulnerando disposiciones constitucionales que no pueden estar comprendidas en las facultades normales de un jefe de plaza.

2.-Haber desahuciado 120 obreros escogidos al azar, de una lista entregada por la compañía.

3.-Haberse notificado los desahucios por personal de la empresa, el que iba acompañado de una guardia militar y premunida de una virtual orden de allanamiento, con lo cual se creó un clima de terror que produjo amedrentamiento.

4.-Haber relegado, virtualmente, a quienes fueron desahuciados, a puntos como Pueblo Hundido.

5.-Haber sido irreflexivo, precipitado y torpe al disponer la requisición del local sindical de El Salvador.

Si examinamos los cargos a la luz de las atribuciones de que gozaba el Coronel Pinochet, es fácil colegir que ellas, no obstante el cariz dramático que se les ha dado,-carecen de toda base y, por tanto, no resisten el menor análisis.

En efecto, veremos una a una las atribuciones que autorizaron el Supremo Gobierno y al Coronel Pinochet para obrar en la forma como lo hicieron.

A) El Coronel Pinochet, cuando dispuso las medidas de control de entrada y salida, se desempeñaba como jefe de zona de emergencia de! departamento de Chañaral.

Ahora bien, la letra f) del artículo 34 de la ley 12.927, expresa:

"Corresponde al Jefe Militar, especialmente:

"f) Controlar la entrada o salida de la zona de emergencia y el tránsito en ella y someter a la vigilancia de la autoridad a las personas que se consideren peligrosas".

Por su parte, la letra m) de esta misma disposición legal agrega:

"m) Impartir todas las órdenes o instrucciones que estime necesarias para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona".

De la simple lectura de las atribuciones que acabo de mencionar, queda demostrado que el Coronel Pinochet obró dentro de la ley al establecer el control de entrada al mineral y salida de él.

Si a lo expresado agregamos el hecho de que es costumbre mantener un control estricto de entrada a minerales de la envergadura de la de El Salvador, y salida de él, aún en tiempos normales, ya que, existen una barrera y personal de vigilancia diurno y nocturno, no se ve la razón que habría podido tener el Coronel Pinochet para eliminar ese control que se realiza en tiempos normales, precisamente durante un período de agitación provocado por una huelga, ilegal.

B) Tengo en mi poder documentos que demuestran que el Coronel Pinochet no desahució 120 obreros elegidos al azar.

En efecto, al declarase la huelga ilegal y dictarse el decreto de reanudación de faenas, se dio cuenta al interventor de los trabajadores que no habían cumplido con esa orden al no presentarse a trabajar. Pues bien, todos los denunciados fueron desahuciados por quien tenía facultad para ello.

El Coronel Pinochet procedió a adoptar la medida de desahucio con posterioridad al decreto supremo de reanudación de faenas sin tener en consideración otra cosa que el incumplimiento de la orden emanada de la autoridad legítimamente constituida. Tan así es que entre los afectados había 13 miembros de una colectividad política que no es precisamente extremista.

Ahora bien, los trabajadores que comprobaban haber tenido motivos justificados para no presentarse al trabajo, tales como enfermedad, feriado o ausencia del mineral, fueron recontratados por el interventor.

No podemos olvidar que el Coronel Pinochet era interventor de una industria en estado de huelga ilegal, que se había suspendido una actividad de la producción nacional y que, por tanto, se estaba atentando contra la normalidad de las actividades nacionales, delito previsto y penado en el artículo 11 de la ley Nº 12.927, de Seguridad Interior del Estado.

Si él, en su calidad de interventor militar, no hubiere procedido como lo hizo, habría dejado de cumplir con la misión encomendada e incurrido, por ello, en el delito que sanciona el artículo 299, Nº 3", del Código de Justicia Militar.

C) Sin lugar a dudas, los cargos que en esos instantes desempeñaba el Coronel Pinochet le imponían las siguientes obligaciones :

1.-Mantener el orden público en su territorio jurisdiccional;

2.-Procurar la normalización de las faenas en el mineral, dentro de un lapso razonable, y

3.-Asegurar la libertad de trabajo.

Si el Coronel Pinochet hubiera permitido que los desahucios se notificaran sin el auxilio de la fuerza pública encargada de proteger al funcionario de la Compañía, habría dado lugar a que se promovieran incidentes...

El señor CHADWICK.-

¡A las tres de la mañana!

El señor GORMAZ.-

. . ., y con ello.....

El señor CHADWICK- ¡Y en sus domicilios!

El señor GORMAZ.-

Yo dejé hablar tranquilamente a Su Señoría.

Decía que, con ello, el Coronel Pinochet habría dejado de cumplir su obligación de mantener el orden público.

Recordemos que se trataba de notificar a personal que habiendo dejado de cumplir con un decreto de reanudación de faenas, habría incurrido en un delito contra la seguridad interior del Estado. Por otra parte, la ley de Régimen Interior, D. F. L. 22, de 1960, autoriza a los gobernadores para ordenar detenciones y allanamientos.

Resulta ingenuo afirmar que con las medidas adoptadas se creó terror y amedrentamiento, pues se usó de fuerza pública para evitar disturbios e incidentes y para resguardar una función, y no puede decirse que se impone el terror por el hecho de tratar de evitar desmanes.

D) Si era obligación del Coronel Pinochet velar por la libertad de trabajo, es lógico pensar que él no podía permitir a las personas desahuciadas y que ya nada tenían que hacer en el mineral, que continuasen dentro de él.

Era, pues, de elemental prudencia, lograr que tal personal abandonara el lugar a la brevedad. Si tales elementos no salían, todo intento por normalizar las faenas sería infructuoso.

En otros términos, la medida adoptada tuvo por objeto evitar que el personal desahuciado fuese usado como elemento disociador por quienes tenían interés en procurar la no solución del conflicto.

E) El Coronel Pinochet, antes de disponer la requisición del local sindical, hizo publicar dos bandos llamando al personal al trabajo, y la renuencia de éste hizo necesario extremar las medidas de seguridad mediante el arribo de nuevas fuerzas al mineral. El local era necesario –por ser el más adecuado- para acomodar al personal militar, y por ello se dispuso su requisición, en virtud de la facultad señalada en la letra g) del artículo 34 de la ley 12.927 que autoriza a la autoridad militar para hacer uso aun de locales de particulares.

Señor Presidente, el legislador ha confiado ciertas y determinadas misiones al personal de las Fuerzas Armadas. Esas misiones, no obstante apartarse de las funciones específicas propias de esos institutos, les han sido entregadas porque se confía plenamente en la imparcialidad, rectitud y severo cumplimiento de las leyes que ellos siempre han observado. Así, los actos eleccionarios tienen ahora una seriedad que nadie pretende discutir. En casos de conmoción o calamidad pública, se les confía también determinado territorio.

Hasta ahora quienes han desempeñado estos últimos cargos habían sido dejados al margen de la pasión política.

Desafortunadamente, la conducta funcionaría del Coronel Pinochet, en su triple calidad de jefe de la zona, gobernador e interventor, está siendo revisada y calificada con criterio netamente político y sin importar que ese oficial se limitó a cumplir estrictamente con disposiciones legales vigentes y órdenes de la autoridad legítimamente constituida.

Sentar un precedente como el que ahora se pretende establecer, con un jefe que sólo cumplió celosamente con su deber, hace temer un sombrío futuro en cuanto a la eficacia que hasta ahora han demostrado nuestras Fuerzas Armadas.

En efecto, de prosperar el criterio sustentado por ciertos Honorables colegas, cabe formular una interrogante: ¿Con qué moral van a actuar en lo sucesivo un Jefe de las Fuerzas Armadas y su tropa si saben que tarde o temprano pueden ejercerse represalias políticas, las cuales van a influir decisivamente en su carrera?

Contestar a la interrogante propuesta es de importancia, pues todo jefe militar se verá abocado a lo siguiente:

Primero.-Si cumple con la misión encomendada y tal misión no es de gusto de determinado sector político, verá frustrada su carrera cuando representantes de ese sector tengan en sus manos dar lugar o no a su ascenso.

Segundo.-No puede declinar la designación, pues ello podría implicar desobediencia y la comisión de un delito militar.

Tercero.-Si cumple la misión a gusto de determinado sector interesado, ello puede implicar el dejar de cumplir una parte de su deber y, por ende, se hace reo del delito de incumplimiento de sus deberes, que sanciona el artículo 299, Nº 3, del Código de Justicia Militar.

Vemos, pues, que el militar está cercado por disposiciones de orden penal establecidas para el mantenimiento de la disciplina. Si ahora se pretende agregar a este cerco penal la sanción moral porque la conducta de un jefe no conforma a determinado sector político, se hará imposible el cumplimiento de las obligaciones impuestas por ley a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Esta fue, señor Presidente, la razón que tuvo en vista el señor Ministro de Defensa Nacional para asumir la responsabilidad de lo actuado por la fuerza pública en el mineral El Salvador.

Todo lo expuesto permite afirmar que no podemos atentar contra la eficacia de nuestros institutos armados, so pretexto de aplicar una sanción moral a un jefe que cumplió con las leyes vigentes, con órdenes emanadas de la autoridad legítima y uno de cuyos actos tuvo consecuencias dolorosas y que, estoy seguro, nadie deseó. Ahora bien, estos resultados no dejarán de ser menos dolorosos si, a pretexto de una sanción moral ejemplar, se impone un verdadero juicio de índole política a quien le está vedado inmiscuirse en ella y actuar de acuerdo a intereses que puedan afectar a un sector en un momento determinado.

Por último, señor Presidente, solicito incluir en mi intervención los documentos a que hice referencia en su oportunidad. -Se accede a lo solicitado.

-Los documentos cuya inserción se acuerda, son del tenor siguiente:

"MINISTERIO DEL INTERIOR Zona de Emergencia Departamento de Chañaral JEFATURA

El Salvador, 2 de marzo de 1966.

BANDO Nº 4.

Al personal de empleados y obreros que no concurran a sus labores y a la población en general.

Potrerillos - El Salvador - Barquito.

1º-Considerando que el paro ilegal acordado por las asambleas ocasiona un grave daño a los intereses económicos de los trabajadores y su familia y a la economía del país, el Gobierno, a través de esta Jefatura:

Hace un llamado general a los obreros y empleados a fin de reintegrarse a sus labores.

2º-En relación a lo expresado en el número anterior, esta Jefatura ha adoptado todas las medidas legales del caso, para garantizar y amparar la vuelta al trabajo.

3º-Esta Jefatura reprimirá, con el máximo rigor legal, todo acto que impida el libre ejercicio de este derecho, proporcionando la protección adecuada y necesaria para los trabajadores y sus familiares.

La comunicación verbal o escrita, de una decisión de volver al trabajo, trasmitida oportunamente a la Jefatura, asegurará de inmediato la protección que se señala.

4º-Contra todos los que inciten, directa o indirectamente y por cualquier medio, a mantener el movimiento ilegal, se iniciará la acción criminal correspondiente, contemplada en la Ley de Seguridad Interior del Estado.

(Fdo.): Manuel Pinochet Sepúlveda, Coronel, Jefe Zona Emergencia.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Zona de Emergencia Departamento de Chañaral

JEFATURA

El Salvador, 9 de marzo de 1966.

BANDO Nº 6.

A los trabajadores de Potrerillos, El Salvador y Barquito.

En atención a que en el día de ayer el Supremo Gobierno ha ordenado por decreto supremo Nº 167 la reanudación de faenas de Andes Copper Mining en sus campamentos de Potrerillos, El Salvador y Barquito, para lo cual ha designado Interventor Militar al Coronel que suscribe,

Ordena:

1º-Todo el personal de obreros y empleados de la Andes Copper Mining Co. deberá reintegrarse a sus labores dentro del plazo de 24 horas, a contar de las 8 horas de hoy, 9 de marzo de 1966.

El personal que se encuentre en los campamentos deberá reintegrarse de inmediato a sus turnos respectivos.

2º-En mi calidad de Interventor Militar, Jefe de Zona de Emergencia y Gobernador del Departamento, aplicaré con el máximo rigor todas las medidas que las leyes disponen, a fin de que se reanuden las faenas.

En efecto, el decreto que ordena la reanudación de faenas me autoriza para tomar a mi cargo las actividades de la Empresa, organizar las faenas, poner término a los contratos de trabajo del personal que no se reintegre a sus labores, contratar al personal que sea necesario para poner en trabajo el mineral, sin perjuicio de las medidas que más adelante se señalan.

3º-En el caso que los empleados y obreros no vuelvan al trabajo, serán denunciados a los Tribunales de Justicia por cometer el delito de resistir al cumplimiento do lo ordenado en el decreto, esto es, la reanudación de las faenas.

En consecuencia, comprobada cualquiera resistencia al cumplimiento de la orden de reanudar faenas, se procederá a detener a los culpables, los que de inmediato serán denunciados y remitidos al Tribunal respectivo.

Por otra parte, debo advertir que la suspensión ilegal de faenas que mantienen los trabajadores, constituye, además, un delito contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, pudiendo ser condenados hasta con tres años de presidio.

4º-Todos los servicios de orden y seguridad que se encuentran bajo mi mando han recibido instrucciones para dar estricto cumplimiento a los números anteriores. De la misma manera y, en forma muy especial, dicho personal actuará para mantener inalterable el orden público, la tranquilidad social, la garantía de la libertad de trabajo y la seguridad de los trabajadores y de su familia.

5º-Finalmente, hago un llamado a la razón y cordura del trabajador chileno para que deponga su actitud y vuelvan de inmediato a sus labores, tal como se ha realizado en su totalidad en Barquito y en forma parcial en Potrerillos y El Salvador.

No necesito insistir, porque es de todos Uds, conocido, la importancia vital que representa para la economía y bienestar de •os chilenos, el que este importante yacimiento se encuentre en trabajo, para lo cual el Interventor Militar ofrece la más amplia cooperación y garantías para que nuevamente pongan su esfuerzo y dedicación en beneficio de la localidad y del país entero.

6º-El ejemplo de algunos es halagador; la valentía de nuestro pueblo es indiscutible; por eso, estoy seguro que no será necesario recurrir a aquellos medios que la ley pone en mi mano para obtener lo que se desea.

Por último, esta Jefatura garantiza que la vuelta al trabajo en estas condiciones, no hará perder a los trabajadores ninguno de sus derechos sindicales o mutuales.

(Fdo.) : Manuel Pinochet Sepúlveda, Coronel, Interventor Militar, Jefe Zona Emergencia y Gobernador de Chañaral.

ES: ANDES COPPER MINING COMPANY

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, durante el día de ayer, al analizar el fallo emitido en contra de nuestro camarada Carlos Altamirano, anticipé nuestro criterio sobre los ascensos militares y sobre un oficial comprometido en la masacre de El Salvador. Y, como fundamento de mi voto, repetiré el breve párrafo expresado en el día de ayer:

"Hay ciertos sectores de prensa, entre ellos "El Mercurio", que expresan que nosotros, o algunos elementos del Frente de Acción Popular, estaríamos ejerciendo la "vendetta" política al no dar curso a los ascensos militares de oficiales que estuvieron comprometidos en masacres obreras. No queremos dilatar ninguna decisión de ascensos. Pero tenemos el deber moral y político de expresar categóricamente que ningún voto socialista será para un oficial de las Fuerzas Armadas que comprometió su responsabilidad derramando sangre obrera. ¡Jamás! Nunca daremos un solo voto para un oficial que no haya sido capaz de evadir la presión del Gobierno para transformarse en brazo ejecutor de masacres tan importantes como la de El Salvador o la de noviembre último, en Santiago.

"De manera que no se especule sobre el particular, porque nuestra decisión es firme y categórica: no habrá jamás un voto nuestro -y así lo espero también de los amplios sectores populares representados en esta Sala- que contribuya a ascender a un oficial de las Fuerzas Armadas -no son tabú para nosotros- comprometido en un acto que haya significado derramar la noble sangre de trabajadores chilenos".

Ahí definimos nuestra actitud permanente respecto de los oficiales de las Fuerzas Armadas que no son capaces de eludir la presión del Gobierno para incurrir en actos tan condenables como los que comentamos.

En segundo lugar, me llama la atención -y creo que los Senadores no han reparado en ello o no se ha explicado suficientemente bien- que el proceso por la masacre de El Salvador está vigente.

No sé si sería útil que el señor Secretario diera lectura a la parte pertinente del informe, pues en ella se expresa que el fiscal, que tuvo a cargo el proceso, dictó sobreseimiento temporal, lo que no implica reconocimiento de la inocencia del Coronel Pinochet.

De esta manera, nuevamente queda de relieve cómo actúa la justicia militar en determinados casos, como en el del colega Altamirano -lo analizábamos ayer- y como en el de ese oficial de Carabineros a quien el juez militar rebajó la pena de cinco años, pedida por el fiscal, a 30 días, por la muerte de un joven obrero de una población de Santiago. En estos casos no existe diligencia ni preocupación para dictar fallos con mayor rapidez.

Aun con el sobreseimiento temporal, entiendo que el Coronel Pinochet sigue en tela de juicio, pues no ha sido eximido de responsabilidad penal. Por lo tanto, mal me parece que un oficial pueda ser ascendido si está sometido a un proceso judicial.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite hacer una breve anotación, señor Senador?

No sólo está vigente el proceso, sino que la Corte Marcial de Santiago se vio en la necesidad de anular todo lo obrado, en razón de que el caso se había llevado adelante con la particularísima irregularidad de haber actuado de secretario del Tribunal uno de los inculpados: el oficial de Carabineros, coautor del delito de violación de domicilio y de detención ilegal de obreros en Potrerillos.

Cuando me tocó revisar personalmente el proceso como abogado de una de las víctimas, pude comprobar que se había hecho actuar como secretario del tribunal a ese oficial, quien con posterioridad declaró bajo promesa decir la verdad, no obstante ser inculpado directo de los hechos. En esa forma se vició todo el procedimiento de la justicia militar.

Naturalmente, hube de apelar a expresiones explícitas para obtener de la Corte Marcial, integrada por tres auditores, que anulara el procedimiento.

Y el señor Pinochet, en la práctica, está soportando inculpaciones sin haberse podido esclarecer su verdadera actuación en los hechos.

Por ahora me limito a expresar esto, pero después agregaré otras cosas.

El señor RODRIGUEZ.-

Agradezco la información del Honorable señor Chadwick, porque aclara mucho más el problema de la situación exacta del Coronel Pinochet desde el punto de vista jurídico y procesal.

Pero no me deja de extrañar que la Comisión haya dado el pase favorable a un oficial que se encuentra sometido a proceso; y no a uno cualquiera, sino uno en el cual se lo culpa, con razón o sin ella - por lo menos, no hay sentencia firme-, como autor de una matanza que conmovió al país y que determinó persecuciones ulteriores en contra, de dirigentes sindicales, en su inmensa mayoría socialistas, persecuciones a numerosos obreros, allanamientos de hogares y hostigamiento a niños y mujeres. Es decir, todo un proceso horrendo, que realmente no puede provocar sino la indignación y condenación categórica de nuestro partido.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Con la venia de la Mesa, debo dar una información al Honorable señor Rodríguez.

Su Señoría se ha extrañado de que la Comisión, existiendo un cargo de esta especie contra un oficial, haya dado el pase pertinente.

El señor RODRIGUEZ.-

He dicho que hay un proceso pendiente.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Sobre el particular, tengo la obligación de informar que los miembros de la Comisión, presentes en la Sala, encomendaron al secretario de ella averiguar lo que sucedía, y para ese efecto se postergó el despacho del mensaje por una semana. En ese lapso, el secretario de la Comisión, señor Valencia, hizo las averiguaciones del caso. Así pudo informar en la segunda sesión que tuvimos una semana después para tratar el asunto que, en realidad, el señor Pinochet no estaba, sometido al proceso al cual Su Señoría se está refiriendo.

Por tales razones y con los antecedentes a la vista, en la Comisión, los cuatro miembros presentes dimos el pase al ascenso. Sólo votó en contra el Honorable señor Ampuero: lo hicieron a favor los Honorables señores Gormaz, Jaramillo y el Senador que habla, según se consigna en el documento que está en poder de la Mesa.

El señor RODRIGUEZ.-

El Honorable señor Aguirre Doolan, con sus observaciones, no ha aclarado en definitiva lo que yo expuse. No me cabe duda de que hubo diligencia por parte de la Comisión para averiguar por medio de su secretario, el estado del proceso; pero en el informe que yo leí rápidamente, en el cual figura la carpeta de ese oficial, aparece claramente establecido que hay un proceso pendiente, que no ha sido finiquitado.

El sobreseimiento temporal, como lo ha declarado el Honorable señor Chadwick, no significa que se haya desligado de responsabilidad al Coronel Pinochet. Por eso dije que, respetando la decisión de la Comisión, que yo estimo equivocada, y que habiendo un proceso pendiente sobre una situación tan grave, me extraña que se haya dado el pase para permitir el ascenso de un oficial comprometido en dicho proceso. Habría, sido mucho más plausible que se hubiese esperado el término del proceso para declarar la inocencia de ese oficial, lo cual podría, seguramente, haber hecho variar el criterio del Senado.

Por eso creo que lo del Coronel Pinochet, ...

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿Por qué no se pide al señor Secretario que dé a conocer los antecedentes que invoca el señor Senador?

Lo que se dice es serio y grave: se trata de un proceso que estaría en marcha, sobre el cual todavía no habría resolución.

El señor RODRIGUEZ.-

La misma solicitud hice yo denantes, señor Senador. Por lo tanto, no tengo inconveniente en que se lea la parte pertinente del informe.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Reviste gravedad el hecho de que en las Fuerzas Armadas la resolución de un proceso se demore tanto tiempo.

El señor CHADWICK.-

Ello en razón de que se anuló todo lo obrado, señor Senador.

El señor ALLENDE (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a la parte pertinente del informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿Su Señoría desea que se dé lectura al certificado del juez militar?

El señor RODRIGUEZ.-

Sin perjuicio de leer la parte del informe a que se refiere el Honorable señor González Madariaga.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Se anuló todo lo obrado, señor Senador.

El señor RODRIGUEZ.-

No se ha, anulado todo lo obrado.

El señor RODRIGUEZ.-

Si me presta atención el Honorable señor González Madariaga, explicaré cómo entiendo el problema.

De los antecedentes de la Comisión, como de las observaciones del Honorable señor Chadwick, se desprende un hecho concreto y una verdad irredargüible: el proceso estuvo mal iniciado; hubo fallas procesales, en virtud de que uno de los oficiales implicados era secretario del tribunal. Se recusó a ese secretario y, por lo tanto, el fallo no fue válido. Las cosas volvieron a su cauce inicial; es decir, el proceso se reinicia, de modo que el Coronel Pinochet sigue en proceso. Sobre él está pendiente una sentencia que puede absolverlo o condenarlo.

En tales circunstancias -repito-, me parece impropio del Senado entrar a invadir atribuciones de otro poder, de acuerdo con lo que se sostenía ayer con mucha pasión respecto del caso del Honorable señor Altamirano, sobre el respeto que se debe a la independencia de la justicia, del Poder Judicial en general. Sin embargo, ahora se olvida ese principio y estamos resolviendo el ascenso de un oficial sometido a un proceso, sobre todo por hechos tan graves como los que estamos analizando.

El señor BULNES SANFUENTES.-

¿Me permite, señor Senador?

Estoy en total desacuerdo con la tesis recién planteada por el Honorable señor Rodríguez.

Conforme a los reglamentos militares, si el Coronel Pinochet no es ascendido en esta oportunidad, debe abandonar su carrera. En consecuencia, el Senado invadiría atribuciones militares en el momento de negar el ascenso de dicho oficial por sucesos sometidos a la consideración de la justicia. Lo condenaría de antemano a poner término a su carrera. De ese modo, aunque el fallo de los tribunales resultare absolutorio para él, ya estaría condenado a una pena: la de abandonar su carrera.

A mi juicio, si queremos respetar el fallo de los tribunales, debemos permitir al Coronel Pinochet continuar su carrera. Si después es condenado, se le aplicarán las penas correspondientes.

El señor RODRIGUEZ.-

En sustancia, nuestra decisión, por lo menos, es no decidir sobre el ascenso del Coronel Pinochet. Lo que estamos pidiendo los Senadores socialistas es dejarlo pendiente. Ello no significa rechazar el ascenso. Sólo pedimos esperar que se dicte el fallo respectivo, para ver si el Coronel Pinochet es culpable o no lo es. Es un problema de elemental prudencia y justicia.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Pero, como he dicho, de acuerdo con la reglamentación militar, tendrá que abandonar su carrera.

Su Señoría sabe de sobra que el militar que no es ascendido debe abandonar la carrera.

El señor RODRÍGUEZ.-

Lo sentimos, pero resulta que el señor Pinochet no es un coronel cualquiera: está implicado en una masacre de obreros y debe sufrir las consecuencias de sus actos y decisiones, por muy empujado que haya estado, como sabemos, por el Gobierno.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

En materia de ascensos, creo que no tenemos por qué estar en espera de los fallos de la justicia, pues basta que un oficial inspire desconfianza por sus actos para que nosotros podamos pronunciarnos sobre la materia.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Eso es otro problema.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Es importante el aspecto de la confianza que a este cuerpo superior le merece el desempeño funcionario.

Voy a agregar algo más, porque es útil decirlo.

Acabo de informarme sobre el proceso seguido en los Estados Unidos en el aspecto racial. Creí, como muchos, que los últimos incidentes provocados por la muerte del Pastor King causarían grandes pérdidas de vidas. Sin embargo, los muertos sólo llegaron a 37, más o menos, en circunstancias de que los incidentes raciales del año pasado causaron 86 decesos en Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa? Las instrucciones impartidas por una comisión designada por el Congreso, que investigó los hechos y recomendó que las fuerzas armadas, en el manejo del orden público, no hiciera uso de las armas de fuego, sino en los casos extremos. Esta simple medida de prevención evitó incidentes gravísimos en Estados Unidos, en estos instantes en que el ambiente está caldeadísimo, como todos sabemos.

En Chile, la fuerza armada anda con las ametralladoras por delante, y así es como se están provocando incidentes que podrían ser evitados con la sola autoridad moral de la fuerza pública.

Es cuestión de "Buen sentido en el gobierno de la cosa pública.

El señor RODRIGUEZ.-

Para finalizar, quiero resumir mi pensamiento e insistir en lo que dije ayer.

En primer lugar, nunca se dará un voto socialista a favor de un oficial de las Fuerzas Armadas comprometido en masacres de obreros.

En segundo término, hay un proceso pendiente, pues no se ha dictaminado todavía en definitiva sobre la culpabilidad o inocencia de este oficial de Ejército.

En tercer lugar, pienso que hay que vencer un poco el miedo. En verdad, según algunos comentarios de prensa, que no dejan de influir, tal vez, en el ánimo de no pocos Senadores, el Senado no puede postergar siquiera o votar negativamente, en estos minutos de amenazas gol-pistas, el ascenso de un oficial del Ejército. A mi juicio, ese criterio significa mutilar las atribuciones del Senado sobre la materia. Estimo útil perder ya el miedo en estas amenazas.

Por lo expuesto, liberados de esos prejuicios y del medio ambiente artificial que se ha creado con respecto al Senado en su conjunto, en el momento oportuno votaremos con decisión en contra de este ascenso, mientras no se resuelva el problema del proceso al Coronel Pinochet.

El señor CHADWICK.-

Estoy pareado con el Honorable señor Mauras. No voy a votar, y deseo dejar constancia de ello. Además, soy abogado en una causa que afecta al Coronel señor Pinochet, lo que tampoco me permitiría pronunciarme. Sin embargo, estoy obligado, como miembro de esta Corporación, a entregar algunos antecedentes adicionales para que cada cual vote en conciencia y sin alegar la excusa del error.

En este caso, los hechos son absolutamente claros. El Coronel Pinochet aparece como el oficial superior responsable de haber informado al Gobierno de hechos absolutamente falsos. El Ministerio de Defensa Nacional, en la tarde del día 11 de marzo de 1966, y el Presidente de la República, pocas horas después, aseveraron que en el local sindical había 300 individuos especialmente adiestrados y armados para atacar a la fuerza pública. Esa información oficial, reiterada por las más altas autoridades del Estado, sólo puede atribuirse a una falsa información del jefe superior de las tropas que actuaban en el lugar y que estaba en comunicación telefónica con las autoridades de Santiago.

Debo advertir que sobre la existencia de estos 300 individuos especialmente adiestrados y armados, dispuestos a atacar a la fuerza pública, hay una prueba abrumadora de su falsedad: ni una sola arma, ningún antecedentes, ninguna declaración siquiera de los subordinados del Coronel Pinochet, permiten aseverar que este hecho corresponde a la realidad. El transcurso de los sucesos, todo lo que allí ocurrió, demuestra también que esa fue una falsedad. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente militar, dejando de lado las consideraciones políticas, hay un hecho sobre el cual el Senado debe dictaminar: si puede ser ascendido a general un coronel que falta tan gravemente a la verdad.

En segundo lugar, es absolutamente cierto el hecho, no puede discutirse, de que con una semana de anticipación, el viernes 11 de abril, se produjo en Potrerillos y El Salvador la violación de domicilio y el traslado violento de los obreros desde esos lugares a Pueblo Hundido, y su confinamiento en esta localidad. Nadie puede tener dudas sobre la verdad de estos hechos. Si un oficial realiza acciones de esta clase, no puede contar con los votos del Senado para ser ascendido a un cargo de mayor responsabilidad.

Deseo agregar una experiencia personal.

Cuando llegué a El Salvador el sábado 4 de marzo, me encontré con una barrera y la prohibición de entrar. Sólo pude franquearla haciendo valer mi condición de Senador por esa zona y previa consulta al Coronel Pinochet. Fui a hablar inmediatamente con él, y le pregunté qué ocurría con los traslados de obreros de que había oído hablar. Me negó categóricamente que esos traslados hubieran tenido lugar la noche anterior. Fui a comprobar los hechos, y una vez que tuve los testimonios escritos, que después puse a disposición del Senado, celebré una. última entrevista con el Coronel Pinochet, quien me afirmó que los obreros se habían trasladado voluntariamente.

A mi juicio, es una verdadera falta de respeto a mi condición de Senador haber mentido en forma tan descarada un oficial superior del Ejército, faltando deliberadamente a la verdad en la forma como lo estoy relatando. No puede ser ascendido a general de la República un oficial que así actúa.

Por último, señor Presidente, está lo sucedido a los periodistas que habían llegado a El Salvador en la misma mañana del día en que ya se tenía dispuesto por el Coronel Pinochet entrar a sangre y fuego al local sindical. Los periodistas fueron conducidos detenidos al retén de Carabineros y, en seguida, contra su voluntad, enviados en un avión de la tarde que venía a Santiago. No hay la menor duda sobre la veracidad de estos hechos.

Si esta realidad no puede ser desmentida, si está en la consideración del Senado, no cabe ninguna vacilación en el juicio de que un oficial que procede de esa manera no está habilitado para los altos mandos de un ejército republicano. Podrá mandar en un ejército del tipo de los que existen en otros países de América Latina, que a veces llamamos pretorianos; pero en el Ejército de Chile, mientras este país sea regido por leyes y esté bajo el sistema constitucional vigente, no tiene cabida la posibilidad de ascenderlo a general y, con ello, dejarlo en condiciones de asumir las más altas responsabilidades al mando de las reparticiones militares respectivas.

He creído de mi deber poner este hecho en conocimiento del Senado, para que cada cual asuma su responsabilidad. Repito que no puedo votar por considerarme inhabilitado y, además, por estar pareado con el Honorable señor Mauras.

El señor AMPUERO.-

¿Me perdona, señor Presidente? ¿Qué está en discusión?

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Un nuevo mensaje a que ha dado lectura el señor Secretario.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Es el relativo al Coronel Pablo Schaffhauser Acuña.

El señor AMPUERO.-

Quiero decir, para establecer mi propia responsabilidad, que, a mi juicio, hay cierta confusión respecto de la calificación de estos mensajes.

Me parece que ya es doctrina aceptada por el Senado que le corresponde resolver, en general, si determinado oficial tiene o no tiene los méritos profesionales, los antecedentes morales, las condiciones personales que lo habiliten para desempeñar un cargo de alta jerarquía.

El señor FUENTEALBA.-

De eso se trata.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Ruego a los señores Senadores guardar silencio.

El señor AMPUERO.-

La Comisión lo ha entendido de la misma manera, e independientemente del juicio o de los juicios criminales en que pudiera tener responsabilidad el señor Pinochet, después de haber reunido un conjunto de antecedentes, estimó, por mayoría, con el solo voto contrario del Senador que habla, que ese oficial era acreedor al ascenso.

Pienso que vale la pena meditar un minuto acerca de la proyección que tiene la solicitud de esperar, que se pronuncie sentencia en un juicio criminal, para calificar el mensaje relativo al señor Pinochet. Desde luego, porque, tal como se ha explicado, ese proceso ha sido lento, incorrecto, irregular; ha debido reponerse a su primera fase, después de haberse producido la nulidad del procedimiento empleado, y es de esperar que, por mucho que se aclare ahora la investigación, han de pasar muchos meses antes de que se conozca ese antecedente.

He votado en contra del mensaje, independientemente de lo que ese juicio resuelva en definitiva mediante la sentencia. Pero ocurre que, entre tanto, se produce la situación planteada aquí por el Honorable señor Aguirre Doolan, si no me equivoco que el solo hecho de posponerse este mensaje significa que el Coronel Pinochet no puede ascender.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Lo he dicho en privado y lo ratifico en la Sala.

El Comité Demócrata Cristiano pide segunda discusión para todos los mensajes porque entiende mi pensamiento sobre esta materia: al quedar pendiente uno de ellos, debería ascender otro oficial de menor antigüedad que aquel sobre el cual no se hubiera emitido pronunciamiento, lo que rompería las normas existentes en las Fuerzas Armadas.

El señor AMPUERO.-

Lo que yo quería afirmar es que, desde mi punto de vista, ya existen suficientes antecedentes para juzgar. No hay necesidad de acumularlos en otro informe.

El señor PALMA.-

¿Su Señoría no pide segunda discusión?

El señor AMPUERO.-

No la he pedido nunca.

Por otra parte, si no se desea producir un hecho consumado en forma indirecta, habría que pedir segunda discusión para todos los otros mensajes, lo que tampoco me parece conveniente.

Pienso que, si hay opinión formada en el Senado a favor o en contra, lo correcto sería ir derechamente a la solución del problema que tenemos planteado.

El señor FUENTEALBA.-

Claro.

El señor AMPUERO.-

Si se pide segunda discusión, debemos, por supuesto, atenernos a ella. Pero quiero dejar constancia de que no la hemos solicitado y de que, personalmente, me parece inconveniente.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra en la primera discusión.

El señor RODRIGUEZ.-

He pedido segunda discusión para el mensaje del señor Pinochet, y mantengo mi solicitud.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Nosotros compartimos la opinión del Honorable señor Ampuero.

Creo que cada uno de nosotros y, en especial, los partidos, hemos formulado, responsablemente, las observaciones que nos merece la actitud asumida por el Coronel Pinochet durante sus funciones como jefe de plaza. No me parece prudente postergar nuestro pronunciamiento hasta otra sesión, en circunstancias de que ya -repito- cada uno de nosotros tiene criterio formado sobre el particular.

A nuestro juicio, lo correcto es pronunciarnos en esta misma sesión sobre el ascenso. No nos parece justo postergarlo, porque, como consecuencia de ello, quedarían pendientes otros ascensos, y sabemos perfectamente que, en la práctica, cada promoción significa, como se dice en jerga popular del Ejército, una "corrida", lo que comúnmente se llama "tiraje a la chimenea". Y no deseamos postergar a jefes militares que nada han tenido que ver con los sucesos de El Salvador.

En consecuencia, dejamos en claro que estamos por que este problema se resuelva en esta misma sesión.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUSALEM.-

Señor Presidente, en varias oportunidades -una, el año pasado, otra, hace poco tiempo, y, por tercera vez, ayer-, algunos de nuestros Senadores han solicitado a la Mesa que se nos informe sobre qué miembros de esta Corporación han percibido viáticos de ella por viajes al extranjero como integrantes de delegaciones. Y es nuestro deseo que tal información abarque el período más dilatado que sea posible e indique el monto de tales viáticos.

Quiero preguntar a qué se debe el atraso de la Tesorería del Senado en darnos tales datos, pues aún no los hemos podido obtener. Los señores Senadores saben por qué estamos planteando esta cuestión. Las razones fueron dadas ayer por los Honorables señores Renán Fuentealba y Rafael Agustín Gumucio.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Por desgracia, estamos celebrando una sesión especial, en la cual no pueden tratarse otras materias que aquellas para las que fue convocada.

El señor MUSALEM.-

En efecto, no se puede tratar. Pero creo que por mínima deferencia la Mesa debería darnos respuesta acerca de los motivos por los cuales no se ha absuelto una consulta que venimos formulando desde hace mucho tiempo.

Para la Tesorería del Senado ha de ser bastante sencillo establecer la nómina de los señores Senadores que han salido y los viáticos con que lo han hecho.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Con la venia de la Sala, el señor Secretario podría dar una información sobre el particular.

El señor MUSALEM.-

Un señor Senador envió al Ministerio de Relaciones Exteriores un oficio parcial, para dar, por medio de la prensa, una información tendenciosa, ...

El señor BARROS.-

No es tendenciosa.

El señor MUSALEM.-

...y el Senado es renuente a entregar una información que complementaría la que ha pedido el Honorable señor Barros y que el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió de inmediato.

El señor MUSALEM.-

Pido que se dé respuesta a la consulta que he formulado. Me parece un deber de deferencia mínimo el que mis Honorables colegas permitan que se proporcione una información sobre la materia.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para que el señor Secretario pueda dar la información requerida por el Honorable señor Musalem.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En realidad, la petición hecha por el Honorable señor Barros y reforzada por el Honorable señor Fuentealba acerca de los Senadores que han salido al extranjero con viáticos de la Corporación, ha demandado un trabajo excesivo, porque no hay listas completas al respecto.

Por una parte, existen acuerdos de Comisión que conceden fondos sin especificar nombres. Además, hay acuerdos de Comités que designan a algunos Senadores que posteriormente han sido reemplazados. Junto con eso, hay un control de tesorería, que se está examinando para determinar a quiénes se han entregado fondos.

Creo que ese estudio puede quedar despachado dentro de dos días más. Y se dará la información correspondiente siempre que lo acepte el señor Presidente del Senado.

Estoy revisando las actas, que son muy largas y numerosas, desde el año 1958.

El señor MUSALEM.-

Quisiera saber qué significado tienen las últimas palabras del señor Secretario: "siempre que lo acepte el señor Presidente del Senado". ¿Es una información que depende de la Mesa, o qué?

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Se ha pedido una contestación, y el jefe del Senado es el Presidente. Si él no la firma, yo no puedo ir más allá.