Labor Parlamentaria

El señor TEITELBOIM.-

¿Se votará la totalidad del informe o cada punto, separadamente, señor Presidente?

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Cada punto del informe, señor Senador.

En votación la primera conclusión.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La primera de las conclusiones que recomienda aprobar vuestra Comisión, es la siguiente:

"Un Senador condenado a pena no aflictiva en un proceso criminal, sin perder su cargo ni los derechos ni prerrogativas inherentes a éste no afectados por la sentencia, queda sujeto al cumplimiento íntegro de la pena principal y de las accesorias que le impongan, encontrándose mientras las cumple suspendido del ejercicio de sus funciones de tal".

El señor TEITELBOIM.-

Deseo fundar mi voto.

Cuando en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se votaron los diversos puntos de la consulta, el Senador que habla, en nombre del Partido Comunista, expresó su opinión contraria, respecto del primer punto consignado en el informe: si un Senador condenado a pena no aflictiva pierde su cargo, derechos y prerrogativas por efecto de la sentencia. Por lo tanto, a nuestro juicio, el Honorable señor Altamirano no está suspendido en el ejercicio de sus funciones de parlamentario.

Por dichas consideraciones, votamos negativamente.

-Se aprueba la primera, de las recomendaciones contenidas en el informe (13 votos por la afirmativa, 8 por la negativa, 1 abstención y 1 pareo).

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La segunda de las conclusiones de la Comisión dice como sigue:

"Remitir este informe y copias de las sentencias dictadas en contra del H. Senador señor Altamirano, a la Excma. Corte Suprema, a fin de que si lo estima conveniente y en la forma que fuera de derecho, ejerza sus facultades discrecionales en materia disciplinaria con respeto a los fallos dictados por los Tribunales, en función de los hechos y razones dadas en el texto de este informe".

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

En votación.

- (Durante la votación).

El señor TEITELBOIM.-

En el debate realizado en la Comisión, los Senadores comunistas sostuvimos que la medida propuesta es completamente improcedente y ociosa.

Creo que la recomendación de comunicar a la Corte Suprema este informe y copia de las sentencias dictadas en contra del Honorable señor Altamirano, a fin de que aquélla, si lo acepta, ejerza sus funciones discrecionales en materia de fallos respecto de la condena emanada de los tribunales, parte de un supuesto falso, cual es que el primer tribunal de la República estaría en ayunas en cuanto a los fallos que afectan al señor Senador.

A nuestro entender, es fácil suponer que la Corte Suprema tiene perfecto conocimiento de ellos. En estas circunstancias, resulta pueril, ilusorio y falto de realismo enviar copia de tales sentencias e, incluso, del informe de la Comisión, a un tribunal que, al fin y al cabo, forma parte y hace cabeza de una misma máquina que ha actuado en forma represiva.

Se dijo en la sesión de esta mañana que los tribunales no actúan en forma discriminatoria. Pero el fallo dictado en Santa Marta de Longotoma por algún tribunal y la decisión absolutoria respecto de la directiva del Partido Nacional, revelan que hace una justicia muy distinta de la que aplicó en el caso del señor Altamirano. Por estas razones, el Senador que habla, en nombre del Partido Comunista, estimó completamente inútil enviar los antecedentes a un tribunal que, naturalmente, ya los conoce. Como no queremos -hacernos cómplices de una esperanza fútil e inmotivada, por cuanto la Corte Suprema no ha dado razones ni muestras de ser acreedora de una confianza tan grande, nosotros nos abstendremos de votar la recomendación de la Comisión.

El señor AYLWIN.-

Yo también, me abstendré, pero fundado en consideraciones totalmente distintas.

Se ha alegado mucho en los juicios respectivos de que habría habido grave injusticia; pero en el mecanismo judicial chileno, se consignan recursos para anular los fallos injustos.

Si se cometió algún error en la resolución de primera instancia, la defensa de nuestro Honorable colega pudo haber ejercido los correspondientes recursos de apelación, casación y queja ante la Corte Suprema. Pero ellos no fueron interpuestos. En estas circunstancias, resulta un poco fuera de lugar que no habiéndose utilizado los mecanismos consignados por la ley, se rasguen vestiduras respecto del fallo y sea esta Corporación quien llene el vacío enviando los antecedentes a la Corte Suprema, para que ésta, si lo tiene a bien, ejerza las facultades que, de ser efectivos los antecedentes invocados, debió emplear en caso de haber tomado conocimiento de los recursos que el afectado pudo interponer.

Por estas consideraciones me abstengo de votar.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Votaré favorablemente este punto, por tratarse de una materia que interesa en general y no sólo del caso específico del Honorable señor Altamirano. Este puede ser invocado mañana como precedente.

En la primera resolución -excúseme el Senado que me refiera a ella- me pronuncié positivamente. Soy un individuo que me reputo demócrata. No soy revolucionario; respeto la ley escrita. Soy un evolucionista que desea la reforma del estado actual que no satisface las aspiraciones sociales de la comunidad. Más pido y exijo tales cambios por medios legales. Este es mi punto de vista respecto del primer acuerdo, en cuya votación no alcancé a intervenir.

En cuanto al punto segundo, me ha parecido correcta la posición del representante radical en la Comisión de Constitución, en el sentido de que conviene poner en conocimiento de la Corte Suprema el hecho de que mediante dos sentencias dictadas en contra del Senador Altamirano, se le ha condenado cinco veces por el mismo delito. Lo anterior resulta excesivo a juicio de cualquier individuo medianamente informado del espíritu de nuestra ley penal.

También concurro con la opinión del Honorable señor Chadwick, quien ha impugnado el procedimiento por estimarlo atentatorio a los derechos del hombre.

En mi concepto, la Corte Suprema debe intervenir en este proceso. Es inadmisible -repito- que por un mismo hecho se haya condenado cinco veces al Honorable señor Altamirano, con cuya posición simpatizo desde el punto de vista humano.

Voto que sí.

El señor AMPUERO.-

Aunque no con- cuerdo con el tono excesivamente ligero, demasiado cordial de la resolución, ante lo que estimo un error grave del Poder Judicial, y aunque tampoco confío demasiado en la decisión de la Corte Suprema, votaré favorablemente este punto del informe, por una razón muy simple: porque implica un reconocimiento de que el proceso y la sentencia que han recaído en el Senador Altamirano son injustos, atropellan a la legislación chilena y, en consecuencia, le han impuesto una pena que tenemos la obligación de hacer todo lo posible para revocar. Dentro de ese espíritu, apruebo el punto segundo del informe.

Además, deseo hacer una ligera consideración adicional. El Poder Ejecutivo puede dictar decretos inconstitucionales. El Poder Judicial puede dejar sin cumplimiento esos decretos, a causa del mismo vicio. El Parlamento puede dictar leyes ajenas o contrarias a la Constitución Política del Estado, pero existe un recurso de inaplicabilidad que permite al Poder Judicial dejar, como el nombre del recurso lo indica, sin aplicación el precepto legal pertinente.

No considero que pueda excusarse o eximirse al Poder Judicial de la posibilidad de que otro poder público pueda corregir un error tan grave y ostensible como el que parece haberse cometido respecto del Senador Altamirano. La manera directa que tendríamos de corregir ese error consistiría en promover con rapidez una ley de amnistía. Pero a causa del procedimiento ya secular de mutilación del Poder - Legislativo, no podemos iniciar un proyecto de esa naturaleza sino entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año. Este hecho nos coloca en una eventual interdicción para ejercer la facultad privativa del Senado de promover una ley de amnistía.

Por los antecedentes expuestos, voto a favor de la resolución segunda.

El señor CHADWICK.-

En la Comisión de Constitución, tomé la iniciativa de proponer la conclusión sobre la cual nos pronunciamos ahora, que finalmente fue aprobada en forma unánime. Recalco esta circunstancia, porque observo que en la Sala no se sigue igual proceder, salvo el caso del Partido Comunista, que se abstuvo.

Procedí de la manera que señalé, en primer término, por las razones que acaba de dar el Honorable señor Ampuero. Era la única forma permitida a esta Corporación, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, de manifestar oficialmente el juicio que le merecen las dos sentencias mencionadas en los prolongados debates a que ha dado lugar el informe.

En seguida, la Corte Suprema debe tomar conocimiento oficial de estos fallos, y debe quedar en condiciones de resolver si ejercita o no ejercita la facultad que le otorga el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental, en virtud del cual ese tribunal "tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los Tribunales de la Nación, con arreglo a la ley que determine su organización y atribuciones". En conformidad a esa facultad, la Corte Suprema ha invalidado sentencias que ha considerado injustas, luego de haberse agotado todos los recursos legales procedentes. Yo diría que ese tribunal actúa de esta manera habitualmente, cada vez que corrige o invalida la sentencia de los tribunales de alzada de la jurisdicción del trabajo, por la vía de la queja. Lo ha hecho en fallo arbitral de única instancia, en los cuales la jurisdicción especial se ha concedido con renuncia expresa de todo recurso que pudieran intentar las partes. Lo ha hecho -repito- reiteradamente. Nosotros, Senadores en ejercicio, que comprobamos el atropello en la persona del Honorable señor Altamirano, tenemos el deber de poner a la Corte Suprema ante su propia responsabilidad derivada de la aplicación del artículo 86 de la Constitución Política. Poseer una facultad y no aplicarla cuando debe hacerse es incurrir en abandono del deber funcionario que impone el ejercicio del cargo.

En mi concepto, los antecedentes deben ser puestos oficialmente, y en nombre del Senado, en conocimiento de la Corte Suprema, para que ésta decida y asuma la correspondiente responsabilidad que podría hacerse efectiva por la vía constitucional que conocemos.

Por eso, esta resolución no configura ni un juego pueril ni una discusión sin sentido, ni importa estar sembrando esperanzas en algo que no ocurrirá. Se trata de utilizar las vías legales pertinentes, de usar los medios de que disponemos para que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde.

Voto que sí.

El señor JULIET.-

Deseo fundar mi voto, aunque éste aparezca al entendimiento de algunos colegas como muy inocente, ingenuo o pueril.

Debo empezar por adherir a este acuerdo. Concuerdo, también, totalmente con lo expresado por los Honorables señores Ampuero y Chadwick.

Esta resolución tiene, en mi concepto, dos propósitos. Primero, tratar de sugerir a la Corte Suprema -y en esto puedo ser ingenuo- que por la vía de las Medidas disciplinarias, económicas y correccionales que le otorga la Constitución, pueda modificar tácitamente un fallo que consideramos abusivo y que, por ello, debe ser corregido.

Por otra parte, el espíritu de la proposición consiste en representar a ese tribunal que no compartimos la forma como ha sido juzgado el Honorable señor Altamirano, y que creemos excesivo el fallo. De esta manera, representamos a los tribunales de justicia que se han excedido en el ejercicio de sus facultades.

No deseo aparecer como inocente. Sólo me inclino por entregar un arma más para su defensa a nuestro Honorable colega.

El señor SEPULVEDA.-

Concurrí a todos los acuerdos propuestos en el informé por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y lo hice con plena conciencia del alcance de ellos.

A mi juicio, la Comisión obró con mucha seriedad, porque conoció primero la posición jurídica positiva en que se encuentra el Honorable señor Altamirano, por fallos ejecutoriados, que nosotros tenemos la obligación constitucional de respetar, y luego llegó a la conclusión de que el señor Senador no está en el ejercicio de sus funciones. Pero también adoptamos otros acuerdos. Uno de ellos es el considerado en el número segundo, en virtud del cual se hace notar que los fallos dictados en contra del Honorable señor Altamirano ponen de manifiesto un error judicial o una falta de justicia en la aplicación de la ley. Porque nos parece abusivo, contrario a derecho y a principios elementales de justicia, que a una persona se le condene varias veces por el mismo hecho, considerándolo constitutivo de diversos delitos. Eso es lo que estamos representando a la Corte Suprema de Justicia mediante este acuerdo, pues es la única vía a que el Congreso puede recurrir con ese objeto.

A mi juicio, constituye una actitud contradictoria, después de oír tantas admoniciones contra los tribunales de justicia y tantas protestas contra el fallo que condenó al Honorable señor Altamirano, votar en contra del único acuerdo positivo, o no concurrir a él destinado a representar a los tribunales esta irregularidad y hacerles ver la posibilidad constitucional y legal de revisar lo ocurrido.

Por eso, con plena conciencia de nuestra responsabilidad hemos propuesto este acuerdo, que es a la vez positivo y sereno, que se puede aprobar sin romper las normas de convivencia de los poderes públicos.

Por las mismas razones, también concurrimos a los demás acuerdos propuestos en el informe. Nos percatamos perfectamente a raíz de este proceso, de que existen vacíos en nuestra ley y en la Constitución, en cuanto a la validez y extensión del fuero parlamentario. Por ejemplo, se pudo comprobar que no es saludable, dentro de nuestro régimen democrático, que los tribunales militares juzguen a los Parlamentarios por las opiniones que éstos viertan dentro del ejercicio de la vida parlamentaria, y de que tampoco resulta positivo el fuero cuando un congresista emite opiniones fuera de esta Sala, para lo cual, a mi juicio, está en pleno derecho.

Por eso, hemos propuesto, junto con la medida de enviar a los tribunales estas conclusiones otras signadas con los números tercero f cuarto, que tienden a legislar para el futuro, a fin de resguardar mejor el fuero parlamentario y la integridad de la justicia frente a casos eventuales como los sucedidos.

Creo que esto es lo más serio y positivo que se puede acordar. Por eso, concurro nuevamente con mi voto.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, aunque no soy jurista ni domino la esencia del tema que se ha estado debatiendo, me siento orgulloso de la discusión suscitada y de las diferentes opiniones vertidas en la Sala. Y, como de alguna manera deseo adherir a lo ya manifestado por otros señores Senadores, quiero dejar constancia de mi protesta y de la aflicción que me produce el vejamen de que fue objeto el Honorable señor Altamirano, por haber cometido el delito de opinar, y particularmente por haber sido juzgado por un tribunal militar, cuyos fallos no podrían tener la fuerza, el peso de los que dicta un tribunal de la jerarquía de la Corte Suprema.

Pienso que es muy sabio lo dicho por el Honorable señor Aylwin, pues efectivamente existen recursos a los cuales no se ha recurrido, como son los de apelación, casación y queja.

Además, ha sido muy inteligente, de sentido común y práctica la posición del Partido Comunista, precisada aquí por el Honorable señor Teitelboim -de ello hay constancia expresa en el informe-, en el sentido de estimar absolutamente inoficioso el trámite.

Pero la verdad es que el mérito total del informe radica en los puntos 3 y 4. Nosotros tenemos la potestad de reformar la Constitución Política del Estado. Tenemos la facultad entregada por el pueblo para dictar leyes y enmendar la Carta Fundamental de la República. Por eso, sugeriría que el Senado adoptara el acuerdo conducente a que la Comisión Especial de Reformas Constitucionales se preocupara de estudiar los puntos a que me he referido, que son parte de las recomendaciones del informe que estamos discutiendo.

El Honorable señor Ampuero, con esa extraordinaria capacidad de jurista que tiene y que soy el primero en reconocer, fue preciso al manifestar que muchas veces el Poder Judicial deja leyes sin cumplir ; que el Ejecutivo, con su facultad de dictar decretos de insistencia, vulnera disposiciones legales, y que nosotros, en cambio, no obstante ser un Poder del Estado, la representación política de la Nación -una especie de fragua en la cual se forjan y preparan, como en un crisol, el conjunto de las fuerzas intelectuales que formarán el Chile del futuro-, estamos inermes, "indefensos.

Por eso, a pesar de reconocer que mi débil opinión no corresponde precisamente a la de un jurista, quiero expresar mi sentir sobre este problema y, sin que ello signifique menoscabar el parecer de los Honorables colegas que con tanta minuciosidad elaboran el informe, deseo reiterar, como protesta y esperanza, el ruego quehice anteriormente en el sentido de que la Comisión Especial de Reforma Constitucional proponga a la brevedad la enmienda constitución que permita resguardar de veras el fuero parlamentario y nos convierta en Poder de la República y no en un remedo de tal. Porque sabido es que nuestro régimen democrático funciona sobre la base del equilibrio e independencia de los Poderes, pero también basado en la deferencia recíproca existente entre ellos. Y en este caso, la Corte Suprema, el Poder Judicial, no la ha tenido para con el Parlamento chileno.

Por eso, como expresión de mi protesta, voto en contra del punto Nº 2 del informe.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, ya en la mañana de hoy precisamos en forma extensa nuestra posición frente al problema integral y, singularmente, respecto de cada una de las conclusiones o recomendaciones sugeridas por la Comisión de Legislación.

Si el número 2 que estamos votando se hubiera expuesto en los términos en que lo han explicado los Honorables señores Chadwick y Juliet, en el sentido de que en el fondo. . .

El señor JULIET.-

Este es el objetivo.

El señor RODRIGUEZ.-

. . . se está representando a la Corte Suprema la carencia de justicia en lo resuelto por ese tribunal en el caso del Honorable señor Altamirano, indudablemente que habría cambiado el espíritu de la resolución colectiva del Senado. Pero, de acuerdo con la forma en que tan malamente se expone en el texto del informe, al decir: "Remitir este informe y copias de las sentencias dictadas en contra del Honorable Senador señor Altamirano, a la Excelentísima Corte Suprema, a fin de que si lo estima conveniente y en la forma que fuere de derecho, ejerza sus facultades discrecionales...Indudablemente que nosotros tampoco tenemos...

El señor SEPULVEDA.-

Tiene que ser así.

El señor RODRIGUEZ.-

... poder suficiente para obligarla.

Por eso en virtud del examen que hicimos en la sesión de la mañana respecto de la acusación que los socialistas formulamos a la Corte Suprema y por estimar que ésta no considerará conveniente ejercer esas facultades, nosotros nos abstendremos.

Repito: lo expresado en el texto de la Comisión en cuanto al número 2 es muy diferente de lo que esta tarde hemos escuchado a los Honorables señor Juliet y Chadwick.

Me abstengo.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Resultado de la votación: 18 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 15 abstenciones.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Las abstenciones influyen. Por lo tanto, habría que repetir la votación.

El señor RODRIGUEZ.-

Que se dé por repetida.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Deseo fundar mi voto, señor Presidente.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

En votación.

-(Durante la votación).

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, anteriormente voté en contra de este acuerdo por constituir una recomendación a la Corte Suprema que parte de la base de que determinados fallos de los tribunales han sido injustos y arbitrarios.

No existe disposición constitucional alguna que autorice al Senado, como Corporación, para fiscalizar los actos propios de los tribunales de justicia. Y no sólo no existe, sino que, a mi juicio, el hecho de que el Parlamento actuando como cuerpo, adopte resoluciones que importen ese principio de fiscalización, atenta al buen funcionamiento de los poderes públicos.

No dudo de que el acuerdo está redactado en términos corteses y hasta un poco dubitativos, pero la esencia del acuerdo consiste en que el Senado considera injustos determinados fallos y llama a la Excelentísima Corte Suprema, sin que nada lo autorice para ello, a ejercitar facultades disciplinarias que son propias y privativas de ese poder.

La Corporación, al adoptar un acuerdo de esa naturaleza, se sale, a mi juicio, de su ámbito constitucional.

Por eso, así como soy celoso para defender las prerrogativas del Senado cuando están amenazadas por otro poder, también lo soy para defender las atribuciones de los demás poderes del Estado, cuando el Senado quiere invadirlos. Cosa muy distinta es que los Senadores en particular, no como Corporación, puedan emitir en esta Sala o fuera de ella las opiniones personales que les merezcan los fallos de los tribunales. Eso -repito- es muy diferente de tomar una resolución por la Corporación misma.

Por esa razón voté negativamente, y prefiero mantener mi criterio.

El señor CHADWICK.-

Se ha cuestionado la legitimidad de la redacción propuesta al Senado por la Comisión de Legislación, y se dice que esta Corporación estaría extralimitando sus facultades al representar a la Corte Suprema los hechos que están en conocimiento de todos, a fin de que ese tribunal, si lo estima conveniente, ejercite las facultades que la Constitución Política del Estado le otorga.

Ante todo, debo advertir que nuestro Reglamento señala, incluso, que el Presidente de la Corporación, por sí solo, puede actuar, en representación del Senado, en resguardo del fuero parlamentario y de la dignidad de la Corporación. Si eso lo puede hacer el Presidente, no cabe poner en duda la facultad de la propia Corporación.

Para nosotros, como cuerpo colegiado, es absolutamente indiscutible el derecho que tenemos de poner en conocimiento de la Corte Suprema los hechos que afectan al fuero parlamentario y a la dignidad de la Corporación. Es un derecho que incluso puede ejercitar cualquier ciudadano de este país: es el derecho de petición; es el derecho a hacer presentes las circunstancias, con el objeto de que el Tribunal Supremo resuelva si ejercita o no todas las facultades constitucionales mencionadas. Por consiguiente, la objeción formulada, carente, de todo sentido, no puede interpretarse sino como una actitud política tendiente a impedir la manifestación del juicio que nos merece este atentado al fuero parlamentario y a la dignidad del Senado.

Por eso, voto que sí.

El señor BULNES SANFUENTES.-

No, señor Presidente.

Pido la palabra.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

En votación el número 4.

-(Durante la votación).

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, en cualquier país bien organizado sobre todo en una nación democrática, la regla general somete a todos los habitantes a una misma ley penal. O sea, si la comisión de un acto es delito para uno, también debe serlo para todos; de manera que frente a hechos que motivan la condena de un individuo, no puede haber otros a quienes les esté permitido ejecutar el mismo acto sin recibir sanción de ninguna especie. Por excepción, para que se puedan desempeñar las funciones parlamentarias propiamente tales, y no las de dirigente político, para que Diputados y Senadores, en el ejercicio de sus cargos puedan emitir opiniones con absoluta libertad, la Constitución ha establecido que no tendrán responsabilidad penal por las opiniones que manifiesten o por los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Y los tribunales, con muy buen criterio han considerado que los parlamentarios están en ejercicio de sus funciones cuando se desempeñan como Diputados o Senadores dando cumplimiento al mandato específico que la misma Carta Fundamental les otorga.

Significaría establecer un privilegio odioso y que nada justifica, conceder la misma inmunidad para los actos que ejecutan los parlamentarios fuera del ejercicio de sus atribuciones, cuando no actúan ni como Diputados ni como Senadores en cumplimiento del mandato constitucional, sino meramente como dirigentes políticos en actuaciones públicas fuera del Senado o de la Cámara. Extender en la forma referida la inmunidad parlamentaria a dichas actuaciones, significaría rodear a los parlamentarios, cuando proceden en el mismo terreno en que lo hacen otros individuos, de una inmunidad que éstos no tienen. En mi concepto, si ha de otorgarse semejante privilegio, lo más procedente sería concederlo no sólo a los Diputados y Senadores, sino a todos cuantos participan en reuniones políticas o ejecutan actos políticos. No tiene razón de ser el que un presidente de asamblea, el presidente de un partido político o un ex parlamentario deban responder de los delitos que cometan en sus actuaciones públicas, y que estén exentos de tal responsabilidad los Diputados o Senadores cuando no están ejerciendo propiamente sus funciones.

Son graves los delitos que se pueden cometer mediante la expresión de opiniones. Esos actos delictuosos pueden atentar contra las personas -como la injuria y la calumnia-, o contra del Estado y la organización social, como son los delitos de incitación a la subversión y varios otros.

No considero admisible que, sin motivos fundados ni razonables para defender esa inmunidad -y con quebrantamiento de la igualdad ante la ley, que es una de las primeras garantías establecidas por nuestra Carta Fundamental-, los parlamentarios estemos procurando adquirir una inmunidad de la cual carece el resto de los ciudadanos.

Repito que la inmunidad de los parlamentarios es indispensable para el ejercicio de sus funciones tanto en el Senado como en la Cámara, pero extenderla a los actos políticos que se realizan fuera del Congreso, sería otorgar un privilegio irritante que rompería el principio de igualdad ante la ley, que es fundamental en cualquiera democracia.

Voto que no.

El señor AMPUERO.-

En verdad, no quiero refutar en estos instantes la argumentación del Honorable señor Bulnes Sanfuentes. Tendré oportunidad de hacerlo en la propia Comisión Especial de Reformas Constitucionales.

Deseo llamar la atención del Senado acerca de un criterio erróneo con que se está enjuiciando el trabajo de esa Comisión Especial. El debate ha girado alrededor del fuero parlamentario y de la inviolabilidad de los congresistas, materia que se ha pedido desglosar del conjunto de reformas propuestas por la Cámara de Diputados, que el Senado se encuentra despachando en segundo trámite. Debo advertir que no existe la institución del desglose, por lo cual, si quisiéramos segregar del conjunto lo concerniente al fuero parlamentario, deberíamos iniciar, un proyecto nuevo y ello significaría renunciar al pri- mer trámite, ya cumplido. El Fraccionamiento o desglose-de más está decirlo- requiere asentimiento unánime de los miembros de la Comisión para que prospere tal procedimiento de estudio. Lo más práctico, a mi modo de ver, sería que un Senador o un grupo de Senadores formulen un proyecto separado, asunto que, por cierto, deberá estudiar la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, pero sujeta siempre a cierto itinerario u orden de precedencia que no depende enteramente de cada Senador en particular, sino de la voluntad colectiva de quienes la integran.

Voto que sí.

El señor TEITELBOIM.-

En la Comisión hemos planteado la necesidad de que el fuero parlamentario sea extendido a todas las actividades que desempeñan los Senadores y Diputados, a fin de que estén exentos del peligro de ser arrastrados a los tribunales por el solo hecho de emitir opiniones políticas, como ha sucedido respecto del Senadordon Carlos Altamirano.

Inviolabilidad dentro del Parlamento y fuera de él.

A nuestro juicio, la igualdad ante la ley se manifestaría mediante la abolición del fuero para el caso de los delitos comunes, pues la investidura parlamentaria no autoriza para cometerlos. Pero al mismo tiempo sostenemos que los parlamentarios, desde el punto de vista político, representan a la soberanía popular, traen hasta el Congreso la palabra de las masas ciudadanas que los han elegido y enviado al Parlamento para que sean portavoces de sus necesidades e inquietudes y de sus planteamientos políticos.

Pensamos que constituye desdoblamiento, verdadera mutilación, y ficción jurídica, el desmembramiento de las funciones parlamentarias según sean ejercidas en el recinto del Congreso -caso en el cual están amparadas por la inviolabilidad- o fuera de sus salas de sesiones. En este último caso, los Senadores o Diputados quedan entregados al rigor de la persecución por las ideas u opiniones que manifiesten, si ellas son consideradas como infracción a las leyes.

Reforma Constitucional.

A nuestro juicio, el parlamentario actúa como tal, no sólo cuando interviene en el hemiciclo o emite su voto, sino también cuando da cuenta de su tarea fuera del Congreso, cuando expone sus juicios u opiniones ante el electorado que lo eligió o frente a cualquier auditorio, porque lo contrario sería encerrarlo en una especie de campana de vidrio, que sería el edificio del Congreso, y dejarlo convertido en un ciudadano carente del amparo de la inviolabilidad por las opiniones que emita fuera de los muros del Parlamento. Es ésa una interpretación arbitraria, en virtud de la cual los parlamentarios puedan dar con sus huesos en la cárcel si el Ejecutivo o un particular suponen que han emitido opiniones políticas que les resultan desagradables y que, a su juicio, están fuera de los marcos legales.

Ello sería, en nuestro concepto, destruir un aspecto de vital importancia en la vida parlamentaria, cual es la comunicación con el electorado, el contacto con el pueblo, lo que, además, equivaldría a convertir a esos representantes en verdaderos entes aislados en este recinto, pero susceptibles de ser perseguidos por delitos si manifiestan sus opiniones en la calle, en las provincias donde fueron elegidos.

Estimamos irracional el precepto que ha permitido condenar a un Senador por sus opiniones políticas.

Por eso, en la Comisión propusimos suprimir toda forma de fuero y que no exista inviolabilidad alguna para los parlamentarios que delinquen o cometen delitos comunes, pero otorgarla en razón del ejercicio de sus cargos, cuando expongan ideas u opiniones políticas, no sólo en el Congreso -lo cual no sería ninguna gracia-, sino en cualquier otro punto del territorio.

Los Senadores comunistas insistimos en la necesidad de apresurar el despacho de las reformas constitucionales, que, según entiendo, ya han sido propuestas. Si esperamos que la enmienda constitucional sobre inmunidad parlamentaria sea aprobada dentro del conjunto de las demás reformas pendientes en la actualidad, no sé cuántos otros Senadores podrán ser arrastrados a los tribunales y luego encarcelados, como lo ha sido el SenadorCarlos Altamirano.

Insistimos, pues, en la necesidad de que sea despachada a la brevedad esta última enmienda constitucional.

Voto que sí.

El señor PRADO.-

Votaré negativamente el punto cuarto del informe de la Comisión, aun cuando entiendo cuál es el criterio que ella ha adoptado al respectó.

A mi juicio, este acuerdo no obliga a la Comisión a adoptar un pronunciamiento general sobre la materia, invirtiendo un poco el proceso.

Si el punto 4º hubiera dicho: "Solicitar de la Comisión respectiva el pronto estudio de una reforma constitucional, sin agregar: "que extienda la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado-", yo lo habría aprobado. Es decir, debemos pedir a la Comisión de Reformas Constitucionales que estudie el problema, lo que de hecho ha estado haciendo.

Me correspondió participar en los debates de ese organismo, relativos a la inviolabilidad. En esa oportunidad se vio el concepto de extensión de la inviolabilidad a todos los actos públicos en que intervenga un parlamentario -concepto muy difícil de definir y delimitar-, envuelve el serio riesgo de que en definitiva esa inmunidad pueda convertirse en privilegio que muchos Senadores no pudimos justificar en el curso del debate.

No me agrada el compromiso que implica el punto cuarto; sin embargo, no me niego a que se haga un estudio sobre el particular.

Por otra parte, el acuerdo que nos ocupa implica la extensión de la inviolabilidad como acuerdo de la Sala del Senado. A la Comisión se encarga el estudio y redacción de la reforma;...

El señor CHADWICK.-

¡No!

El señor PRADO.-

... pero de hecho se le está dando un mandato concreto. Así lo entiendo yo. Por eso es por lo que, en primer término, rechazo ese acuerdo.

Sé leer como cualquier otro señor Senador. Por eso, me ha llamado la atención la que dice el acuerdo: "Solicitar de la Comisión respectiva el pronto estudio de una Reforma Constitucional que extienda la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado a todos los casos de actuación pública de los Diputados o Senadores".

La inviolabilidad consagrada en el precepto constitucional no se refiere al fuero, sino que establece que Diputados y Senadores "son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos". Si lo anterior quiere decir que un Diputado o Senador puede expresar sus opiniones sin asumir la responsabilidad de ellas ante la ley escrita punitiva chilena, sin que exista límite natural y lógico, el problema debe ser motivo de un estudio serio y responsable.

Por estas razones, yo rechazo el punto cuarto, en el bien entendido de que en cualquier momento, como dijo el Honorable señor Ampuero, un miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales u otro señor Senador pueda iniciar un proyecto relativo a esta materia. Pero en la forma como está redactado el acuerdo, no puedo concurrir con mi voto favorable.

Voto negativamente.

El señor AYLWIN.-

Tal como lo ha dicho el Honorable señor Prado, aquí no está comprometido el fuero, sino la inviolabilidad parlamentaria, que es cosa distinta.

Pienso que los Diputados y Senadores no necesitamos cometer delitos para ejercer nuestras funciones ni dentro del Parlamento ni fuera de él. En ese sentido, la inviolabilidad sólo debe ser interpretada restrictivamente -como debe serlo- para aquellos casos calificados en que la expresión de opiniones, que es indispensable en el debate de un proyecto de ley, en la fiscalización parlamentaria y en el ejercicio de sus funciones, pudiera envolver una eventual responsabilidad penal.

Sin embargo, reconozco que puede plantearse el caso -a mi juicio, excepcional- de que el asunto trascienda el ámbito del ejercicio de la función parlamentaria dentro del Congreso. Sin un congresista, al ejercer sus funciones, emite opiniones que pudieran ser calificadas delictuosas en el momento en que explique o defienda su posición ante la opinión pública, probablemente deba repetir esos mismos conceptos fuera de la Sala; e interpretada restrictivamente la inviolabilidad, como lo ha sido, resultaría que el parlamentario estaría libre de responsabilidad por lo que dijo en el hemiciclo. Pero por ir a defender su opinión afuera y no desdecirse, incurriría en responsabilidad penal.

Comprendo que el problema requiere estudio. En tal sentido, voto favorablemente, sin que ello signifique comprometer mi opinión respecto del debate que habrá en la Comisión, donde en principio, no obstante la excepción que he expuesto, soy partidario de interpretar la inviolabilidad parlamentaria en términos restrictivos.

Voto que sí.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Me referiré a este respecto del problema algo impresionado por las expresiones del Honorable señor Bulnes, a quien escucho con mucha atención por su conocimiento tan docto en materias legales, sobre todo, constitucionales. Además lo hago porque yo he sido víctima de una situación semejante a la del Honorable señor Altamirano.

En un discurso que pronuncié en los baños El Parque, de Valparaíso, en un acto al que fui invitado por la Asamblea Radical de ese puerto, discurrí acerca de asuntos de interés público. Por tal circunstancia me vi envuelto en un proceso, y me libré de ser desaforado sólo por el voto de un Ministro de la Corte Suprema. Ese voto fue el del ilustre antecesor del Honorable señor Aylwin, magistrado que, presidiendo el tribunal, sostuvo que el Senador hablaba a los correligionarios de su partido, a quienes ilustraba.

Pero, ¿qué pasa de ordinario?

Soy duro para tratar de enfocar los procesos públicos o los negocios del Estado, peno no lo soy con relación a las personas. No tendría por qué no serlo. En esa oportunidad, creo no haber ofendido en absoluto; pero los agentes de policía están interesados en halagar a la autoridad y en hacerles su negocio, cual es anular a los parlamentarios de Oposición. En consecuencia, sus informes son antojadizos y falsos. De allí que haya un grave peligro en estas restricciones a la inviolabilidad parlamentaria.

En mi concepto, los negocios en que el Estado tiene parte son públicos. El Gobierno los administra y la Oposición proyecta luz sobre ellos. Si el Ejecutivo usa las radiodifusoras e ilustra a la opinión pública sobre los altos negocios del Estado, ¿por qué los parlamentarios no podrían referirse a ellos con absoluta libertad?

Entre sostener que los miembros del Congreso pueden ejercer un ministerio solamente en esta Sala o en las Comisiones, y que no les está permitido formar conciencia ciudadana ante sus electores, hay un mundo de distancia. Eso no es democracia: es estatismo. Los partidos reaccionarios siguen ese camino; los que buscan la evolución, jamás. Mi propia colectividad, que abraza la doctrina evolucionista, que aspira a las reformas sociales, ¿cómo podría llegar a éstas si no puede hacer análisis o críticas al sistema de Gobierno imperante, a la estructura del Estado, a la economía misma de la nación?

¡No, quitémonos la venda de los ojos!

Creo que ninguna democracia que se respete puede estar dictando leyes restrictivas que la anulan, porque ese sistema en sí mismo es la libre expresión del pensamiento. Si el parlamentario ejecuta algún acto sancionado por el Código Pena, que se le apliquen los preceptos pertinentes. Pero no podemos aceptar estas restricciones rebuscadas, como ha sucedido con la ley de Seguridad Interior del Estado, que no es producto de un decreto-ley, sino de una ley ordinaria. No me explico cómo ha podido ser despachada esa norma legal que no permite a los miembros del Parlamento emitir opiniones sino dentro de las cuatro paredes de este Congreso.

Recuerdo haber quebrado lanzas en el Senado en defensa de la libertad de pensamiento, cuando un Ministro de la Administración anterior patrocinó un proyecto de ley restrictivo. Invoqué diversos testimonios de otras democracias para demostrar lo equivocado que estaba el Ejecutivo. Y aunque mi partido en esos instantes colaboraba con el Gobierno, -lo contradije en este sentido-, creo que cumplí con mi deber.

Por estas consideraciones, estoy un poco extrañado de lo que ha ocurrido o lo que está sucediendo en este aspecto.

Debo agregar algo más: para mí, la democracia descansa en el respeto recíproco entre los Poderes del Estado. ¡He ahí el respeto a que puede llegar una democracia y la forma en que ésta se constituye como tal!

En mi opinión, se quebrantan esos principios, cuando elí Ejecutivo hace uso y abuso de los vetos aditivos, porque invade atribuciones e impide al legislador actuar en debida forma. ¿Acaso el legislador no invade las atribuciones del Ejecutivo, que administra, cuando presenta una serie de indicaciones que no son de su competencia?

Recuerdo que hace pocos días hablaba con un Senador de Gobierno, a quien le hacía presente estas observaciones. Hasta pensaba en una reforma constitucional que estableciera la declaración de improcedencia para las indicaciones que se aparten de la Constitución, mediante una votación especial. Pero debería empezarse por impedir que el Ejecutivo haga uso de vetos aditivos, ya que respetándonos unos y otros, podemos llegar a lo que es el desiderátum: hacer oposición y no obstruccionismo, lo cual es distinto. El interés común, que es el de la nación, lo constituye el bienestar del país; y éste se logra por medio de quienes administran y por los que hacen oposición, porque -repito- ésta sólo proyecta luces en los negocios que el Estado tiene parte, y no en otros.

Al votar favorablemente, expreso el anhelo y la necesidad de hacer una reforma de ley de Seguridad Interior del Estado, que me parece atentatoria a la democracia.

El señor JULIET.-

Al anunciar mi voto favorable, deseo expresar al Senado, en forma muy breve, que concurrí en la Comisión a aceptar este punto cuarto sugerido por el Honorable señor Chadwick. Concurrí a él, porque hace más de seis años mi partido, por acuerdo de su directiva, formuló en la Cámara de Diputados una proposición encaminada a obtener de la Comisión de Legislación de esa rama del Congreso, una ampliación de la inviolabilidad parlamentaria.

En esa Comisión, a la cual concurrió el Honorable señor Fuentealba, como lo recordaba esta mañana, asistieron también los señores Jacobo Schaulsohn, Diputado nuestro, y Edmundo Eluchans. Por la unanimidad de los 13 miembros de ella se emitió un informe que interpretaba la Constitución Política del Estado en el sentido de que la inmunidad parlamentaria se extiende a los Senadores y Diputados donde se encontraren ejerciendo sus funciones.

Consecuente con la posición manifestada por mi partido hace seis años, concurrí con mi voto a la aprobación de este punto. Ahora recojo la insinuación del Honorable señor Ampuero, quien, con muy buenas razones, nos ha invitado a presentar un proyecto de ley sobre la materia. Mi partido, en el tiempo que le sea posible -dentro de un mes, veinte días o en cualquier instante-, presentará un proyecto de reforma constitucional al respecto, que permita a la Comisión correspondiente abocarse a lo que hoy día invita la de Legislación.

El señor CHADWICK.-

Las principales razones que tuve para concurrir a la aprobación del punto cuarto propuesto por la Comisión están expresadas en el informe, y no las voy a repetir.

Deseo sí hacerme cargo, aunque sea brevemente, de algunas observaciones que he escuchado en esta sesión respecto de la igualdad ante la ley.

Sin duda, ese principio cede ante situaciones especiales que la propia Constitución Política prevé, porque todo lo que se legisla en el país obedece a la misma necesidad de tomar en cuenta los casos especiales.

La Constitución Política no quiere que haya clases privilegiadas en Chile, y por eso dice que todos somos iguales ante la ley, Pero, indudablemente, el mandatario directo de la soberanía nacional, que tiene un ejercicio permanente de su función, está llamado a informar al pueblo y a responder ante él, no sólo cuando llega el momento de las elecciones, sino que en cada una de las etapas de la vida política de la nación. Ocupa un cargo de representación popular que le impone deberes que no puede cumplir si al mismo tiempo no está protegido por la inmunidad respectiva. Este es un principio de muy antigua data, que algunos autores hacen retrotraer al comienzo del derecho público inglés, pero que si se examina bien la historia, se encuentra ya en el derecho público romano, pues el tribuno llamado a defender permanentemente los derechos de la plebe estaba protegido por la inmunidad.

Nosotros, Senadores en ejercicio, no podríamos cumplir con nuestro deber si a la salida de este recinto tuviéramos mutilada nuestra libertad para expresarnos.

Naturalmente, no se trata de cometer delitos en el sentido corriente de la palabra, sino de resolver un problema que los tribunales de justicia nunca han podido delimitar en forma teórica y satisfactoria: establecer hasta dónde puede llegar la crítica política. Se admite que todos los habitantes del país tienen derecho a formular la crítica política, y no incurren en injuria cuando están motivados por una finalidad distinta del menoscabo de la reputación, del honor o prestigio de la persona afectada. Dicen que no hay injuria, porque no se tiene el ánimo de injuriar. Pero el parlamentario está expuesto a muchas acechanzas, a la presión que se ejerce cada vez que se separa de los cánones admitidos u otras veces consagrados por ciertos grupos sociales que tienen gran influencia en los tribunales y que en algunas oportunidades son determinantes de la acción del propio Ejecutivo. A veces se pone en peligro de incurrir en una infracción artificial por haberse excedido en su crítica política, como es el caso del Senador señor Altamirano. Nosotros debemos reclamar de esta conducta.

Pienso sinceramente que los términos en que la Constitución Política vigente consagra la inviolabilidad del parlamentario son suficientes. Lo que ocurre es que ha habido una interpretación restrictiva. Ha habido el propósito de disminuir la inmunidad parlamentaria, y se la ha ido restringiendo hasta mutilarla y hacerla absurda e irracional.

Se considera delictivo lo que se dice fuera de este recinto, ya sea para repetir lo expresado aquí, ya sea para justificarlo o explicarlo abundando en consideraciones, y, en cambio, se acepta que esas mismas expresiones, esos mismos conceptos, lo que hay de fondo en todo ello, deja de ser delito y está protegido por la inmunidad del artículo 32 cuando se dice en el recinto del Congreso.

Reitero que el problema no se resuelve por la igualdad ante la ley y que está perfectamente influido por la actitud que se tenga frente a la necesidad de informar al pueblo y de promover su emancipación.

Quienes quieren congelar el status social, los partidarios de la inmovilidad, los que quieren que no se hable de todo lo que pasa en Chile, toleran que en este recinto se pueden decir muchas cosas, pero sólo en la medida en que no puedan evitarlo, porque si las tensiones sociales son demasiado grandes, pasan por sobre las vallas constitucionales, clausuran el Congreso y establecen el orden dictatorial. De todos modos, ellos son fundamentalmente contrarios a la libertad del parlamentario para comunicarse con el cuerpo soberano que es el pueblo, expresar libremente sus opiniones y hacer una crítica política que no pueda caer bajo la censura de los tribunales.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Senador?

Ha llegado el término de su tiempo.

El señor CHADWICK.-

Por eso, nosotros. ..

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Voy a consultar a la Sala si se prorroga el tiempo de Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

No es necesario, señor Presidente, porque ya voy a terminar mi intervención.

El señor CURTI.-

No le dé más facilidades, señor Presidente.

El señor CHADWICK.-

Por lo expuesto, nosotros votamos favorablemente la recomendación número cuatro hecha por la Comisión.

El señor PABLO.-

Desearía que me ilustraran si una indicación de este tipo debe ser o no debe ser votada en el Tiempo de Votaciones.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La indicación está en relación directa con el asunto en debate.

El señor PABLO.-

Pero las indicaciones que se formulen en el Orden del Día deben votarse en el Tiempo de Votaciones, según la tesis enseñada por el señor Secretario.

Ya hemos votado todos los puntos del informe.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Su Señoría se refiere a indicaciones formuladas en Incidentes.

El señor PABLO.-

Hace pocos días aprendí del señor Secretario que las indicaciones formuladas en las sesiones ordinarias deben votarse en la hora de Incidentes. Dio esa explicación con motivo de un asunto muy concreto que en este instante no recuerdo.

Esta indicación fue formalizada en esta hora y recae sobre un punto ya votado.

En el Senado tenemos dos formas de tramitar los proyectos: la votación en general y la presentación de indicaciones, que en envían a Comisión. Si ahora se trata de una indicación formulada al proyecto, éste vuelve a Comisión. Si no está relacionada con la iniciativa, debe ser votada en el Tiempo de Votaciones.

A mi juicio, es irregular la votación que se está tomando.

Me abstengo.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Estas materias dependen más bien del sentido común, de la forma como se interpreta la ley.

No dudo de que en la Constitución hay por allí un artículo que establece que el Congreso tiene la facultad de acusar a los Ministros de la Corte Suprema, de los tribunales superiores de justicia, por notable abandono de sus deberes. En consecuencia, la desvinculación del Poder Legislativo del Poder Judicial no es tan absoluta. Pero si tenemos esta facultad extraordinaria, que en ciertos casos puede aplicarse, ¿puede ser procedente designar comisiones de esta naturaleza? ¿Qué finalidad pueden tener?

Hemos adoptado el acuerdo de enviar los antecedentes, con la debida consideración, a ese Alto Tribunal. Pero, a mi juicio. no es procedente designar ahora una comisión, no obstante el gran respeto que siento por el señor Senador afectado, cuyo caso me impresiona; y si algo puedo hacer a favor de él, lo haré con agrado, a pesar de la distancia que nos separan nuestros puntos de vista.

Prefiero abstenerme en esta votación.

El señor PABLO.-

¿Me permite, señor Presidente, plantear una cuestión previa?

He estado revisando el Reglamento en lo relativo al aspecto que acabo de señalar.

No hace veinte días se planteó un problema semejante, y me extraña que el señor Secretario haya olvidado lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento, que expresa:

"Los diez minutos que siguen al Orden del Día de las sesiones ordinarias, se desistirán a las Votaciones de primera hora".

En este caso se trata precisamente de una indicación planteada en la Primera Hora, que no puede ser votada en este instante y que no dice relación al proyecto en debate.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Infórmese también del artículo 83, señor Senador, que viene a continuación.

El señor PABLO.-

El otro artículo se refiere a la votación de las indicaciones formuladas en Incidentes.

Esta indicación fue formulada en la Primera Hora.

En la oportunidad a que me he referido, votamos una indicación del Honorable señor Chadwick, que tenía relación con el problema del profesorado. Me extrañó que así se hiciera. Pedí segunda discusión. Entonces se argumentó sobre la base del artículo 82.