Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- TRAMITACION DE ACTAS.
- IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jose Placido Musalem Saffie
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- RESPUESTA A PUBLICACIONES DEL DIARIO EL SIGLO.
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- INTERVENCIÓN : Julieta Campusano Chavez
- INTERVENCIÓN : Tomas Pablo
- INTERVENCIÓN : Volodia Teitelboim Volosky
- INTERVENCIÓN : Jose Placido Musalem Saffie
- MODIFICACIONES AL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR (VETO). ASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. PREFERENCIA.
- RESPUESTA A PUBLICACIONES DE DIARIO EL SIGLO.
- INTERVENCIÓN : Humberto Enriquez Frodden
- INTERVENCIÓN : Humberto Enriquez Frodden
- INTERVENCIÓN : Julio Duran
- INTERVENCIÓN : Humberto Enriquez Frodden
- NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS. PREFERENCIA.
- INTERVENCIÓN : Isaac Florencio Baltazar Castro Palma
- RESPUESTA A PUBLICACION DE DIARIO EL SIGLO.
- INTERVENCIÓN : Isaac Florencio Baltazar Castro Palma
- INTERVENCIÓN : Julio Duran
- INTERVENCIÓN : Isaac Florencio Baltazar Castro Palma
- INTERVENCIÓN : Volodia Teitelboim Volosky
- LECTURA DE LA CUENTA
- V.- ORDEN DEL DIA.
-
BENEFICIO DE MEDICINA CURATIVA PARA EMPLEADOS PARTICULARES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Contreras Labarca
- INTERVENCIÓN : Jaime Barros Perez Cotapos
- INTERVENCIÓN : Luis Bossay Leiva
- INTERVENCIÓN : Salvador Allende Gossens
- INTERVENCIÓN : Salvador Allende Gossens
- INTERVENCIÓN : Salvador Allende Gossens
- INTERVENCIÓN : Exequiel Gonzalez Madariaga
-
BENEFICIO DE MEDICINA CURATIVA PARA EMPLEADOS PARTICULARES.
- VI.- TIEMPO DE VOTACIONES.
- VII.- INCIDENTES.
- HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADOSANTOS LEONCIO MEDEL.
- HOMENAJE : Julieta Campusano Chavez
- PETICIONES DE OFICIO.
- De la Señora Campusano: CREACION DE 7º AÑO EN ESCUELA COEDUCACION AL Nº 10 DE MANQUEHUA, EN COMBARBALA (COQUIMBO).
- ATENCION MÉDICA A PIRQUINEROS DE MINA VIEJA, EN POTRERILLOS (ANTOFAGASTA).
- SITUACION DEL PUERTO DE IQUIQUE.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jonas Gomez Gallo
- HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADOSANTOS LEONCIO MEDEL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS
- 1.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE EXIME DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS A DETERMINADOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL VICARIATO APOSTOLICO DE AISEN.
- 2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LE LEY N° 16.446, QUE CONCEDE PENSION A LOS EX-SERVIDORES DE LA EX-EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES COLECTIVOS S. A.
- 3.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ALLENDE, BOSSAY, GOMEZ, LUENGO Y RODRIGUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Salvador Allende Gossens
- Luis Bossay Leiva
- Jonas Gomez Gallo
- Luis Fernando Luengo Escalona
- Aniceto Rodriguez Arenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 4.- MOCION DE LOS HH. SENADORES SEÑORES ALTAMI- RANO, GOMEZ, JARAMILLO Y PABLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ACLARA LA SITUACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL QUE EN VIRTUD DE LA REFORMA EDUCACIONAL PASO A LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Altamirano Orrego
- Jonas Gomez Gallo
- Tomas Pablo
- Armando Jose Domingo Jaramillo Lyon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA ORDINARIA.
Sesión 17ª, en miércoles 17 de mayo de 1967.
Ordinaria.
(De 16.14 a 20.04).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE, Y
JOSE GARCIA GONZALEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIOS, LOS SEÑORES PELAGIO FIGUEROA TORO Y FEDERICO WALKER LETELIER.
ÍNDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESION
III.- TRAMITACION DE ACTAS
IV.- LECTURA DE LA CUENTA
Respuesta a publicaciones del diario "El Siglo". (Observaciones del señor Musalem)
Modificaciones al Código de Justicia Militar. Veto
Ascensos en las Fuerzas Armadas. Preferencia
Respuesta a publicaciones del diario "El Siglo"
Nombramientos diplomáticos. Preferencias
Respuesta a publicación de diario "El Siglo"
V.- ORDEN DEL DIA:
Beneficio de medicina curativa para empleados particulares
VI.- TIEMPO DE VOTACIONES
VII.- INCIDENTES:
Homenaje a la memoria del ex DiputadoSantos Leoncio Medel. Se rinde
Peticiones de oficios
Situación del puerto de Iquique. (Observaciones del señor Gómez)
Anexos.
DOCUMENTOS:
1.- Exención de pago de contribuciones e impuestos a determinados inmuebles de propiedad del Vicariato Apostólico de Aisén .. 810
2.- Modificación de la ley Nº 16.446, que concede pensión a los ex servidores de la ex Empresa Nacional de Transportes Colectivos S. A 812
3.- Moción que crea el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional 813
4.- Proyecto de ley que aclara la situación del personal de la Dirección de Educación Profesional, que en virtud de la reforma educacional pasó a la Dirección de Educación Primaria y NormalVERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aguirre D., Humberto;
Ahumada, Hermes;
Allende, Salvador;
Ampuero, Raúl;
Barros, Jaime;
Bossay, Luis;
Campusano, Julieta;
Castro, Baltazar;
Contreras, Carlos;
Durán; Julio;
Enriquez, Humberto;
Ferrando, Ricardo;
Fuentealba, Renán;
García, José;
Gómez, Jonás;
González M., Exequiel;
Gumucio, Rafael A.;
Juliet, Raúl;
Luengo, Luis F.;
Miranda, Hugo;
Musalem, José;
Noemi, Alejandro;
Pablo, Tomás;
Reyes, Tomás;
Rodríguez, Aniceto;
Tarud, Rafael;
Teitelboim, Volodia;
Concurrieron, además, los Ministros del Trabajo y Previsión Social, y de Salud Pública.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier.
II.-APERTURA DE LA SESION.
-Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-TRAMITACION DE ACTAS.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 15ª, ordinaria, en 10 del presente, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 16ª, ordinaria, de fecha de ayer, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación. (Véase el Acta aprobada en el boletín).
IV.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor ALLENDE (Presidente).- Se va a dar lectura de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que exime del pago de contribuciones e impuestos a determinados inmuebles de propiedad de Vicariato Apostólico de Aisén. (Véase en los Anexos, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
2) El que modifica la ley N° 16.446, que concede pensión a los ex servidores de la ex Empresa Nacional de Transportes Colectivos S. A. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Uno del señor Ministro del Interior, en que comunica que Su Excelencia el Presidente de la República concurrirá el próximo domingo 21 del mes en curso, a las 10.30 horas, a la inauguración de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional.
-Se mandó comunicarlo a los señores Senadores.
Cuatro de los señores Ministros del Interior, de Justicia y de Salud Pública, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1) y Campusano (2):
1) Aumento de dotación policial en Concepción.
2) Atención médica en Colina.
Construcción de Hospital en Copiapó.
Indulto a recluso de San Felipe.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Mociones.
Una de los Honorables Senadores señores Allende, Bossay, Gómez, Luengo y Rodríguez, con la que inician un proyecto de ley que crea el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional. (Véase en los Anexos, documento 3).
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Una de los Honorables Senadores señores Altamirano, Gómez, Jaramillo y Pablo, con la que inician un proyecto de ley que aclara la situación del personal de la Dirección de Educación Profesional, que en virtud de la reforma educacional pasó a la Dirección de Educación Primaria y Normal. (Véase en los Anexos, documento 4).
-Pasa a la Comisión de Educación Pública.
Permiso constitucional.
El Honorable Senador señor Musalem solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del día 22 de mayo en curso.
-Por acuerdo de la Sala, se concede el permiso.
RESPUESTA A PUBLICACIONES DEL DIARIO EL SIGLO.
El señor AGUIRE DOOLAN. -
Pido la palabra.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ruego a Su Señoría que me excuse, pero el Honorable señor Musalem la había solicitado con anterioridad para referirse a un asunto de índole personal. Después podría usar de la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor MUSALEM.-
He solicitado el asentimiento de la Mesa para referirme a una información falsa y calumniosa que el diario "El Siglo", del sábado 13 de mayo -vale decir, del sábado último-, ha publicado respecto del Senador que habla.
Por desgracia, estamos cayendo en este país en el reiterado sistema de atacar la honra, la honorabilidad de los dirigentes de los partidos políticos, con el objeto de desmoronar la confianza y la fe de las colectividades y del país entero, en los encargados de la conducción del país.
La información a que me refiero, publicada en primera pagina, con títulos y colores destacados, dice lo siguiente:
"En Banco de Crédito.
"Tomic, Hales, Musalem son socios de Yarur".
En subtítulo, expresa lo que sigue:
"Esta vinculación implica dilación en buscar solución al conflicto de sus funcionarios en huelga".
Ni el señor Tomic, ni el señor Hales, ni el Senador que habla, son socios del señor Yarur.
Intervengo a título personal, pues el señor Tomic ha enviado un desmentido que aparece en "El Siglo" de hoy, al cual me referiré posteriormente.
No sólo no soy socio del señor Yarur, sino que jamás he tenido acción alguna del Banco de Crédito e Inversiones, ni de ninguna otra empresa; no he tenido ni tengo intereses económicos en toda mi vida pública. Los quince años en que he actuado en la política chilena, los he dedicado a servir única y exclusivamente los intereses de los sectores de trabajadores de mi país. He sido autor de múltiples leyes de beneficio social y laboral para los trabajadores y sus familias; permanentemente he participado en las huelgas defendiendo los intereses de los trabajadores.
¿Qué desea el diario "El Siglo" al referirse a mí en los términos en que lo ha hecho? Pretende tergiversar, como en otras oportunidades, lo que ha sido mi vida política; trata de vincularme, de esta manera, a intereses económicos con los cuales no tengo relación, ni siquiera indirecta, y borrar de una plumada una existencia íntegra, intachable, al servicio de los intereses de la clase trabajadora.
El señor TEITELBOIM.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MUSALEM.-
Con todo gusto.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.-
No tengo a la mano el ejemplar de "El Siglo" a que se refiere Su Señoría. Por eso, me permito solicitarle que me informe del concepto mismo contenido en la publicación mencionada.
El señor MUSALEM.-
Antes de responder al Honorable señor Teitelboim, me parece necesario destacar que no somos niños; sabemos cuál es el significado de un título periodístico y cuál su objetivo. Cuando se expresa en él "Tomic, Hales, Musalem son socios de Yarur", deja de tener importancia lo que diga la información posterior.
El señor TEITELBOIM.-
Sí la tiene.
El señor TEITELBOIM.-
Pero no se lee de corrido.
El señor PABLO.-
¡No sea diablo...!
La señora CAMPUSANO.-
¡En la escuela primaría se enseña que no se lee de corrido cuando hay comas!
El señor MUSALEM.-
Lo importante, sin embargo, es lo planteado en el título, que evidentemente tiene propósito de difamación. No es la primera vez que ese diario procede así.
La señora CAMPUSANO.-
¡Tan delicado de epidermis, Su Señoría!
El señor MUSALEM.-
Tengo la piel delicada, porque no acepto que se me vincule a intereses económicos cuando he dedicado toda mi vida al servicio de los trabajadores -porque esos son mis principios-, y no a ganar dinero, aun cuando pude hacerlo.
La señora CAMPUSANO.-
Pero Su Señoría es millonario.
El señor MUSALEM.-
El "animus in- juriandis", el propósito de difamación, ya están claros. Y resulta más evidente todavía cuando se afirma que éste sería el factor de dilación en la búsqueda de arreglo para el conflicto que afecta a los funcionarios del Banco de Crédito e Inversiones, pues ambos hechos son falsos,: no somos socios de ese organismo ni hemos participado en la referida huelga.
Ahora me referiré a lo solicitado por el Honorable señor Teitelboim, respecto del contenido de la información.
El señor TEITELBOIM.-
Se lo agradecería, señor Senador.
El señor MUSALEM.-
La información está redactada con mucha maña. En la parte que se refiere a mi persona, dice lo siguiente:
"La familia Musalem, de la cual uno de los miembros, José Musalem, Senador de la República, en representación del PDC, aparece controlando '24 mil acciones."
Si interpretamos gramaticalmente la oración, dada la posición de las comas, resulta que la familia Musalem controla 24 mil acciones; pero la inocente frase intercalada relativa a este Senador del Partido Demócrata Cristiano, si se lee de corrido, da la sensación de que yo soy poseedor de tal cantidad de acciones.
El señor MUSALEM.-
La señora Campusano debe comprender que cualquiera tiene la piel delicada cuando se le desea vincular a intereses económicos. Por el contrario: he dedicado mi vida a defender a los trabajadores.
No estoy dispuesto a aceptar más que los diarios "El Siglo" y "Ultima Hora" tomen mi nombre, como están acostumbrados a hacerlo, para vincularlo a otras actividades, que no sean las que he desarrollado permanentemente en mi vida, que son bastante claras.
Aunque mucho duela a "El Siglo" y a los señores Senadores comunistas, tengo una vida limpia. Nadie podrá, aun escudriñando cuanto desee, encontrar algo que pueda mancillar la honra de mis quince años de vida política.
Por eso, me irrito frente a tales actitudes. Estoy defendiendo un patrimonio moral que no sólo me pertenece, a mí, sino también a mi mujer y a mis hijos. Creo que ellos tienen derecho a que el sacrificio que le he impuesto con mi vida política honesta sea respetado por todos los sectores del país.
El Embajador en Estados Unidos, señor Radomiro Tomic, también aludido con la misma maña, no tiene, como lo dice en el desmentido enviado al diario "El Siglo", vinculación de especie alguna con el Banco de Crédito e Inversiones.
Somos difamados con la máxima publicidad, y cualquiera que pase frente a un quiosco donde se venden los diferentes órganos de prensa, puede imponerse de ese título que nos acusa de hechos falsos.
Pues bien, los desmentidos que se publican constituyen una burla. El del señor Tomic, por ejemplo, aparece en el ángulo inferior de la ina cinco de "El Siglo", junto a un aviso correspondiente a una empresa de autobuses, lo que hace suponer que ni siquiera los lectores habituales de ese diario, salvo muy pocos, lo lean.
A mi juicio, no es ésta la moral que deben tener los grupos responsables en la vida política, como es el caso del Partido Comunista.
En mi opinión, esa actitud tiene un objetivo: ir desmoronando la fe y confianza de las bases del Partido Demócrata Cristiano y del país en los altos dirigentes de esta colectividad política. Y tal proceder se reitera todos los días en el diario "El Siglo", y afecta ya a uno, ya a otros de estos altos personeros.
Por eso, desde esta alta tribuna, estampo mi protesta por esta manera de actuar en la vida pública, no dando la lucha política de frente, en forma leal, sino creando desconfianza sobre la base de hechos falsos, injuriosos, calumniosos y difamatorios.
El señor ALLENDE (Presidente)
Tiene la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
La señora CAMPUSANO.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Con mucho gusto. Honorable colega.
La señor CAMPUSANO.-
A los Senadores comunistas nos extraña la forma como ha hablado el Honorable señor Musalem.
Cualquiera que escuchara al señor Senador rasgando vestiduras en esta Honorable Corporación, podría creer que en Chile no ha habido ni una campaña presidencial ni una parlamentaria, en circunstancias de que en ambas oportunidades los chilenos escuchamos todo el bagaje de mentiras y calumnias que la Democracia Cristiana, sus dirigentes y el propio Honorable señor Musalem profirieron en todo el país en contra del movimiento popular. En esas ocasiones, nos habría agradado mucho oír al señor Senador pidiendo que se dijera la verdad al pueblo.
Lo que ocurre, a nuestro parecer, es que el partido de Gobierno está muy asustado, porque las bases le están moviendo el piso, pues el apoyo del pueblo a la Democracia Cristiana no es absoluto, sino que está condicionado al cumplimiento de ciertos compromisos. Ahora, cuando las bases de esa colectividad política y el pueblo ven que tales compromisos no se han cumplido, se vuelven contra ellos.
El señor NOEMI.-
¿Y qué tiene que ver eso con lo publicado en "El Siglo"?
El señor MUSALEM.-
¡La señora Senadora está justificando este tipo de publicaciones!
El señor PABLO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable -señor Aguirre Doolan?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Con todo gusto.
El señor PABLO.-
Señor Presidente, después de escuchar a la Honorable señora Campusano, representante del Partido Comunista, defender con tanto calor al diario "El Siglo",queda claramente de manifiesto que la irregularidad periodística existe; y para esa actitud, respecto de la cual ha protestado, con toda razón, el Honorable señor Musalem, la única explicación que la señora Senadora da es que ello tiene su contrapartida en las afirmaciones doctrinarias sobre las actuaciones del movimiento popular en Chile. Con este criterio, cualquiera difamación o injuria personal estaría justificada en lo futuro.
Debo advertir que acerca de nosotros también -se hacen afirmaciones que hemos debido negar en forma rotunda por no corresponder a la realidad.
Ahora, si las apreciaciones sobre el movimiento político habilitan para proferir injurias o para difamar a los personeros políticos del país, creo que esta situación no tendrá fin. En todo caso, quiero dejar constancia que se ha reconocido la actuación irregular de un diario, el cual no sólo ha procedido con ligereza, sino mañosa y arteramente.
El señor TEITELBOIM.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Aguirre Doolan?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Con mucho gusto, señor Senador.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ruego a los señores Senadores considerar que los minutos ocupados en este debate deberán descontarse del tiempo destinado al Orden del Día.
Desde luego, propongo a la Sala prorrogar el Orden del Día por todo el tiempo que se utilice en este cambio de ideas.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Los Senadores de esta bancas no tenemos inconveniente.
El señor TEITELBOIM.-
Prorroguémoslo por media hora.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ruego a los señores Senadores no olvidar que se está usando la palabra durante la Cuenta.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Estoy con el uso de la palabra, y he concedido una interrupción al Honorable señor Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.-
Agradezco a Su Señoría la interrupción que me ha dado.
El diario "El Siglo", al titular que varias personas -no recuerdo exactamente el título, y no lo tengo a la vista, pero me parece que señala a los señores Tomic, Musalem y Hales- tienen acciones en el
Banco de Crédito e Inversiones, de los señores Yarur, está llamando la atención del público respecto de una noticia intrínsecamente verdadera. No dice que sea el señor Embajador de Chile en Estados Unidos. No recuerdo bien la información .. .
El señor FUENTEALBA.-
Entonces, es doblemente maliciosa.
El señor PABLO.-
Así es.
El señor MUSALEM.-
¡Qué importa al país que el señor Tomic tenga acciones o que un pariente mío las posea!
El señor TEITELBOIM.-
Voy a eso, señor Senador. Su Señoría me obliga a entrar al fondo del asunto.
La verdad es que en ese banco tienen intereses personas vinculadas a las familias de Senadores y Ministros, y da la casualidad que las empresas periodísticas, sobre todo las radiodifusoras pagadas por este consorcio industrial y bancario, pusieron a disposición de la campaña presidencial del señor Frei a los más terribles detractores de la candidatura del Frente Popular. Y todavía lo siguen protegiendo con su dinero.
El hecho es que existe un movimiento laboral -quiero aprovechar la presencia del señor Ministro del Trabajo-, y la situación planteada no evidencia aún, de parte del Gobierno, una actitud resuelta para poner en cintura a los grandes intereses bancarios, industriales y monopolistas del país.
Celebro la declaración del Honorable señor Musalem en aquella parte cuando dice: "Yo no tengo relación alguna con ellos". Esa afirmación puede resultar aclaratoria. La celebro, porque la familia Musalem ha tenido intereses económicos poderosos y significativos, creo, desde antes que el señor Senador alcanzara significación política notoria.
Sin embargo, yo me pronuncio en contra de los nuevos ricos formados dentro de ciertas familias democratacristianas, quienes, muchas veces., contra la voluntad de los propios parlamentarios, alcanzan una posición financiera elevada y pasan a formar parte de los llamados "grandes duques" del régimen.
Comprendo que es muy doloroso decir esto. Pero el problema se ha planteado, y el diario "El Siglo" ha puesto de relieve precisamente esa situación. Por eso, me parece que el Honorable señor Musalem, junto con declarar su absoluta falta de vinculación con esos intereses financieros -lo celebro-, debería complementarla en el sentido de qué entablará una lucha decidida e implacable en contra de todos aquellos intereses financieros, bancarios y monopolistas en que pueda participar cualquiera persona relacionada con su familia. Esta es la manera de dejar muy en claro que la función política no sólo tiene que ser honrada, como la mujer del César, sino también parecerlo.
Por esta misma razón, siempre estimé buena la idea en que insistió la Democracia Cristiana, tendiente a colocar, dentro de las incompatibilidades en el orden constitucional, cualquiera vinculación del parlamentario con la vida económica y financiera del país. Creo interesante tal decisión, y nosotros la apoyamos.
Comprendo que el Honorable señor Musalem pueda sentirse herido. En el fondo, Su Señoría cumple al poner en claro su posición, pero no puede negar a la prensa el derecho a destacar que existen intereses oscuros, que no son suficientemente sancionados y que en algunas ocasiones se colocan a la sombra de personalidades que le pueden servir de ayuda y alero respecto de la autoridad constituida, para no ser sancionados e imponer su ley: la del dinero.
El señor MUSALEM.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Aguirre Doolan?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Siempre que sea breve, señor Senador.
El señor MUSALEM.-
Seré lo más conciso posible, Honorable colega.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ruego a Su Señoría solicitar la venia de la Mesa para conceder interrupciones.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En esa forma he procedido, señor Presidente. Tal vez, Su Señoría no alcanzó a oír.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En ninguna de las oportunidades anteriores se lo he escuchado, señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Entonces, ruego al señor Presidente darlo por escuchado.
En todo caso, ésta será la última interrupción que concederé, como una gentileza hacia el Honorable señor Musalem.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ruego al Honorable señor Musalem ser breve en su intervención.
El señor MUSALEM.-
Las palabras del Honorable señor Teitelboim, muy resbaladizas, expresadas con la habilidad que Su Señoría tiene, mantienen, en definitiva, la acusación, justifican a "El Siglo", dan consejos. . .
El señor TEITELBOIM.-
Van diciendo lo que quieren decir: visualizan la situación.
El señor MUSALEM.-
.. y lo colocan a uno como si hubiera venido a justificarse ante el Senado y no a rebatir falsedades, calumnias y difamaciones proferidas por ese diario.
La circunstancia de que parientes de determinados políticos tengan intereses económicos, no puede sentar la doctrina de que esos hombres públicos puedan estar al servicio de tales intereses. Porque podríamos aplicar esa misma doctrina a parlamentarios de todos los sectores que tienen parientes que administran intereses económicos,..
La señora CAMPUSANO.-
A los comunistas, no.
El señor MUSALEM.-
Sí, señora Senadora.
El señor PABLO.-
Parece que no lo sabe bien la Honorable colega.
El señor MUSALEM.-
También hay parientes de parlamentarios comunistas que han tenido intereses económicos. Me parece que el propio Senador señor Teitelboim tiene un pariente que actuaba en el comercio o la industria.
El señor TEITELBOIM.-
Pero no en monopolios ni en bancos.
El señor MUSALEM.-
En todo caso, se trata de intereses económicos.
Digo que jamás me ha pasado por la mente que el Honorable señor Teitelboim pueda estar al servicio de esos intereses y no al de la doctrina de su partido.
Ahora bien, creo que, en mis actuaciones en el Congreso durante casi quince años y en las iniciativas que he planteado en el Parlamento, he dejado un sello muy claro respecto del lado al cual estoy. Cuando presento un proyecto para conceder vacaciones progresivas que significan cinco, diez, quince o veinte días más de licencia para los trabajadores, con cargo a la empresa, nadie puede suponer que trato de favorecer a los patrones. Lo mismo, cuando en el Congreso procuro una tributación más justa, que recaiga sobre los sectores de más altas rentas. En todas mis intervenciones en el Congreso, nunca nadie me ha escuchado defender algún tipo de intereses. El pueblo sabe de qué lado de la barrera está uno.
Ningún diario tiene derecho a pasar por sobre la realidad, por sobre actuaciones claras de la vida de uno que configuran una imagen en el pueblo, para deformarlos y crear otra que, en definitiva, denigra a la persona y no le permite servir sus ideas con toda la libertad y respeto que merece un político que se ha colocado del lado de la protección de los intereses de los trabajadores.
Lamento que el Honorable señor Teitelboim haya defendido al diario "El Siglo" en una actitud que no se puede calificar sino de deshonesta, inmoral y que, por último, representa un juego sucio en la vida política.
MODIFICACIONES AL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR (VETO). ASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. PREFERENCIA.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Honorable señor Aguirre Doolan, le ruego hacer uso de su derecho.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Muchas gracias.
Al iniciarse la sesión, había pedido la palabra, pero Su Señoría la había concedido con anterioridad al Honorable señor Musalem.
El señor ALLENDE (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Ahí se originó el debate que, según parece, el señor Presidente ha estimado un poco dilatado.
En fin, entro en materia.
Quería solicitar la venia de la Mesa y de la Sala para destinar los últimos diez minutos del Orden del Día a tratar dos asuntos muy sencillos: uno, es el informe de la Comisión de Legislación, recaído en el veto del Ejecutivo al proyecto que modifica diversas disposiciones del Código de Justicia Militar; el otro, consiste en dos informes de la Comisión de Defensa Nacional, recaídos en ascensos de algunos miembros de la Armada Nacional, los cuales se hallan pendientes desde hace varios días y no han podido ser despachados.
RESPUESTA A PUBLICACIONES DE DIARIO EL SIGLO.
El señor ENRIQUEZ.-
Pido la palabra.
El señor ALLENDE (Presidente).-
¿Sobre la misma materia?
El señor ENRIQUEZ.-
Sí, señor Presidente.
Deploro haber llegado con atraso. Sin embargo, sobre lo que alcancé a oír a los Honorables señores Teitelboim y Musalem, quiero dar mi opinión, por estimar que el asunto es de trascendencia, pues afecta profundamente a las concepciones democráticas vigentes en el país.
No he leído el diario "El Siglo" y, por consiguiente, no me puedo pronunciar sobre un artículo que, al parecer, se habría publicado, ni sobre lo dicho antes de que yo llegara. Pero tengo ciertos conceptos acerca de la materia.
Hay una reforma constitucional que propuso el Gobierno del Excelentísimo señor Frei. Según ella, se extienden las inhabilidades e incompatibilidades parlamentarias al ejercicio o desempeño de cargos que tienen relación con la vida económica de este país. De acuerdo con esa reforma constitucional, no pueden ser Ministros de Estado ni parlamentarios aquellas personas que se desempeñen como directores de sociedades anónimas, bancos o compañías de seguros, o como propietarios o directores, según el régimen jurídico de las empresas, de radiodifusoras, para mantener alejados a quienes ejercen la función pública de cargos que tengan relación con la tuición económica en el país. Ese es el fondo de la reforma propuesta por el Gobierno de la Democracia Cristiana.
El señor GUMUCIO.-
Hay una indicación del Honorable señor Durán que también incide en ese aspecto.
El señor ENRIQUEZ.-
Estoy exponiendo mi opinión personal.
El señor GUMUCIO.-
De todas maneras, le hago presente el hecho.
El señor ENRIQUEZ.-
Es curioso que, a poco andar, a una radio de Osorno, la "SAGO", sigla de la Sociedad Agrícola y Ganadera de esa localidad, le hubiera sido cancelada su concesión, para otorgarla, pese a estar pendiente dicha reforma constitucional, a la mujer y a la hermana de un Diputado democratacristiano.
Soy muy poco amigo de la publicidad y de hacer declaraciones. Se me preguntó qué significaba aquello. Yo recordé esta enmienda constitucional propuesta por la Democracia
Cristiana y dije: "Probablemente, el Partido Demócrata Cristiano quiere institucionalizar en Chile los "palos blancos" o actuar por interpósitas personas. Consideran malo, repudiable, deleznable y condenable que pueda llegar a ocupar una banca parlamentaria o un sillón ministerial quien tenga intervención en alguna de las empresas mencionadas, quien reúna las calidades que señala el proyecto de reforma, pero para otorgarle dicha concesión a la mujer y a la hermana de un Diputado democratacristiano, se recurre a una serie de expedientes, que no califico de ilegales, pero significan despojar de algo a uno para dárselo a otro". Esto es claro como el agua.
Lo que deseo es sentar un punto de vista, aprovechando que se ha suscitado esta discusión. Repito que es mi opinión personal.
A mi modo de ver, es ingrato este debate. También lo son los ribetes personales que él ha tomado. Yo quiero enfocarlo a la luz de los principios.
Estimo que esa enmienda constitucional de la Democracia Cristiana es lo más antidemocrático que sea posible concebir, y lo es porque importa negar el derecho de representación a quienes, dentro de la actividad nacional, ejercen funciones que toda nuestra legislación considera legítimas.
Si se quiere ir a un régimen distinto del nuestro, a un régimen colectivista, está muy bien. Desaparece, incluso, el problema, porque no podría haber ningún empresario dueño de medios de producción que pudiera ejercer actividades de esa clase. Pero, si se está en este otro régimen -soy un absoluto y convencido social- demócrata-, no se puede pretender declarar en interdicción y convertir en parias dentro de la democracia a quienes ejercen funciones que nuestra Constitución y nuestras leyes estiman legítimas. Eso ocurriría al erigir esas funciones en causales de inhabilidad o incompatibilidad constitucional.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite una breve interrupción?
El señor ENRIQUEZ.-
Con todo gusto.
El señor GUMUCIO.-
Quiero preguntar a Su Señoría cómo se explica entonces que, como presidente del Partido Radical, no haya impedido que un Senador de su colectividad presentara en la Comisión respectiva una indicación en que nuevamente se establecen las mismas inhabilidades.
El señor ENRIQUEZ.-
Me ha pedido una interrupción el Honorable señor Durán.
El señor DURAN.-
Con la venia del señor Presidente, quiero recoger la observación formulada por el Honorable señor Gumucio.
Comparto el juicio expresado por el presidente de mi partido, el Honorable señor Humberto Enríquez. Pero su opinión, como la mía, no es la de nuestra colectividad, que en una convención tomó un acuerdo distinto, reiterado después por su directiva.
Sin embargo, ya que estoy usando de la palabra gracias a la buena voluntad de mi distinguido colega, con relación a un problema vinculado pero distinto -porque más tarde se suscitará una discusión de mayor amplitud acerca de él-, quiero decir que, por una razón de conciencia, y de ciudadano, me siento en el deber de expresar un juicio. Este debate ha sido muy ingrato, como ya lo expresó el Honorable señor Enríquez, y también lo han sido las afirmaciones, desmentidos y rectificaciones.
Debo expresar que no poseo ninguna acción bancaria. Ninguna. Y no he comprado esos valores, primero, porque no tengo medios económicos en esta instante para distraerlos en su adquisición. Si creyera que es un buen negocio adquirir acciones de ese banco, las habría comprado. Como no creo que sea un buen negocio y como, además, no tengo medios económicos para hacerlo, no las he adquirido.
Con esto deseo manifestar que no se pueden tocar las campanas del escándalo porque una persona tenga acciones de un banco. Todas estas reticencias y temores aparecen en algunos Senadores cuando son víctimas de actitudes que innegablemente tienen alcances de tipo difamatorio, al que los Sanadores democratacristianos no son ajenos, porque todo este montaje se ha venido aplicando con relación a toda actividad económica o de producción. ¿Qué es un pariente el que tiene las acciones? ¿Y qué importa, cuando de todas maneras da dividendo político?
Quiero decir otra cosa: no me parece conveniente que las relaciones de amistad que una persona tenga con otra puedan ser también motivo de críticas y de rectificaciones.
Digo sin temor que soy amigo de Jorge Yarur; tengo buena amistad con él. Pero ello no quiere decir que, si hay eventual- mente irregularidades en el manejo de sus negocios, yo vaya a respaldar esa acción. Creo que el Honorable señor Musalem tendrá una posición similar. Se puede tener amistad con el señor Yarur, quien, además, pertenece a una familia que ha tenido actuación destacada en el incremento de la producción en Chile. Es verdad que llegaron con medios económicos, pero aquí los han aumentado, han ido en progreso y han dado trabajo. Y esas empresas, mientras se mantengan dentro de la ley, cumplen las funciones que al país interesan.
Ahora, ¿dónde está lo que, en mi concepto, podría ser dañino para el prestigio de las personas que se citan en el artículo del diario "El Siglo", que se comenta? No en que tengan acciones determinadas personas, no en que sean amigas del señor Yarur, sino en que puedan haber participado en sentido negativo frente a la solución de un problema vinculado a la empresa y a su gremio.
Después de haber escuchado al Honorable señor Musalem, creo que todos tenemos conciencia de que él no ha podido intervenir en modo alguno en esos actos.
A mi modo de ver, este debate ha sido beneficioso, como lo ha estado señalando el Honorable señor Enríquez. Es útil, con relación a estos problemas, que la gente, poniendo los pies en la tierra y diciendo lo que íntimamente piensa y hace, no se dedique porque sí a estimular la demagogia, que llega a extremos que dañan no sólo a la democracia como principio, sino también a sus organismos e instituciones.
Toda la campaña largamente sostenida de desprestigio del Congreso, no ha nacido de las bancas comunistas: la acción de desprestigio contra eI Senado emana del Gobierno, y han sido precisamente hombres del partido único de Gobierno quienes se han especializado en mantener una posición un tanto vaga e imprecisa, consistente en vincular a las personas a actuaciones irregulares o inconvenientes.
Es cuanto quería decir y pido excusas a mi colega por lo extenso de mi interrupción.
El señor ENRIQUEZ.-
Daré respuesta a la pregunta del Honorable señor Gumucio.
En los estatutos del Partido Radical, existe una disposición que prohíbe ser miembro del CEN a quien incurra en lo que se ha querido estimar como inhabilidad o incompatibilidad consistente, en este caso, en pertenecer al directorio de sociedades anónimas, bancos, compañías de seguros u otras entidades de esa naturaleza. Deseo manifestar al Honorable señor Gumucio que en forma permanente he sido contrario a esa disposición y que dentro de mi colectividad política la he atacado democráticamente. Más aún, puedo informar al Honorable colega que, en virtud del citado precepto estatutario, renunció a su calidad de miembro del CEN, para el que fue elegido con la primera mayoría, un hombre de gran valor intelectual y de inmensa valía moral: el ex Rector de la Universidad de Concepción, profesor de Derecho y militante intachable, don David Stitchkin Branover.
Repito que personalmente estoy en desacuerdo con el establecimiento de esa inhabilidad. .Comprendo, sin embargo, que un partido político, un club deportivo, un club social o cualquiera otra organización privada pueden exigir determinados requisitos a sus miembros o para ingresar a la institución. Por ejemplo, una colectividad política puede decir que se integrará exclusivamente por obreros; otra., disponer que en ella tendrán cabida solamente las mujeres o que sólo admitirá como afiliados a empleados particulares, a empresarios o a rentistas. Todas esas entidades tienen perfecto derecho a resolver así, conforme a la libertad fundamental garantizada por nuestra Carta Fundamental: la libertad de asociación. Pero una democracia no puede -quiero que se entienda esto bien claro- negar el derecho de representación a quienes ejercen una actividad considerada legítima por la Constitución y las leyes. Negar el derecho a representación a quienes ejercen una actividad que no se estime delictual, importa convertirlos en parias; negarles el derecho de hacerse oír allí donde su voz debe ser oída -no importa que pueda ser atendida o desatendida; lo que vale es el derecho a ser oído-, constituye negación de la democracia. La lucha de todos los pueblos y de sus capas más desposeídas y oprimidas, ha sido siempre por el derecho a la representación. El derecho de los obreros a representación en el Parlamento, sólo puede hacerse verdad cuando se instituye la dieta parlamentaria; y el derecho a sufragio lo han conquistado las mujeres hace tan sólo algunos años. Pero ahora, en una regresión formidable auspiciada por el Partido Demócrata Cristiano, se quiere convertir en reprobos y en parias indignos de ser escuchados, a quienes ejercen una actividad considerada legítima. A mi juicio, ello es una aberración, fuera de que, como lo decía hace un instante, esa teoría institucionaliza a los "palos blancos", a interpósitas personas, y, en suma, representa un elemento de corrupción.
Si se quiere cambiar totalmente el régigen, apliquemos las fórmulas de un sistema mejor dentro da la democracia, como es el denominado social-demócrata, pero como lo entendemos los radicales y otros partidos democráticos. Soy partidario de la democracia, pese a todos sus -defectos, pues éstos se pueden subsanar y superar.
No deseo prolongar más mi intervención, porque estamos postergando el Orden del Día, pero sí quiero dejar muy en claro mi punto de vista. La opinión pública sabe que no es la primera vez que estoy en desacuerdo con mi partido y su directiva; pero democráticamente sostengo mis convicciones, y las expreso en este momento desde la más alta tribuna que puede ofrecer la República.
NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS. PREFERENCIA.
El señor GUMUCIO.-
Solicito al señor Presidente recabar el acuerdo necesario para tratar de preferencia y despachar durante el Orden del Día de esta sesión, los Mensajes sobre nombramientos diplomáticos, materia signada con el número 10 en la tabla ordinaria.
El señor ALLENDE (Presidente).-
De conformidad con el Reglamento, la indicación de Su Señoría requiere el acuerdo de los dos tercios de los Comités. Como en estos instantes se les está solicitando un pronunciamiento respecto de la indicación formulada por el Honorable señor Aguirre Doolan, referente a los asuntos de la tabla signados con los números 7 y 9, se hará lo mismo con relación a lo solicitado por el Honorable señor Gumucio.
Debo hacer presente a los señores Senadores que el tiempo del Orden del Día ha sido prorrogado hasta las seis y media.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Como se han inscrito cinco señores Senadores para hacer uso de la palabra en la discusión del proyecto de ley sobre medicina curativa para los empleados particulares; propongo fijar en veinte minutos el tiempo de que pueda disponer cada uno de dichos señores Senadores.
El señor DURAN.-
¿A qué hora votaríamos el proyecto?
El señor ALLENDE (Presidente).-
A las seis cuarenta; o sea, al término del Orden del Día, de conformidad con lo acordado ayer sobre esta materia.
El señor GONZALEZ MADARIAGA-
¿Cuándo termina el debate?
El señor CASTRO.-
Pido la palabra para referirme a la indicación formulada por el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Solicito el acuerdo unánime de los Comités para conceder la palabra al Honorable señor Castro.
Acordado.
El señor CASTRO.-
No me opondré al acuerdo para acceder a la petición del Honorable señor Aguirre Doolan, sobre todo en homenaje a la cordialidad, pero debo hacer presente al señor Senador que, de perseverarse en la práctica que hemos observado durante las dos últimas semanas, o sea, admitir que basta la oposición de un solo señor Senador para no acceder a una solicitud tan justa como la formulada por mí en el sentido de despachar determinadas observaciones del Ejecutivo, materias que duermen desde hace tres meses en la Comisión de Legislación, nos expondríamos a consagrar un sistema que, a la postre, convertiría al Senado en una verdadera olla de grillos. Si yo me opusiera esta tarde a cada una de las peticiones para tratar de preferencia determinados asuntos, éstos quedarían postergados por mucho tiempo.
Debo anotar que, en ese orden de cosas, ha habido permanentemente en esta Corporación una especie de respeto mutuo y de buena crianza, tradición a la cual me acojo esta tarde al no oponerme a lo solicitado por el Honorable señor Aguirre Doolan.
No obstante, llamo la atención de la Mesa sobre lo perjudicial que resultaría perpetuar este verdadero subterfugio, que en la práctica significa, enterrar definitivamente iniciativas de ley esperadas con ansiedad por la opinión pública. Me refiero a que baste para producir semejantes efectos la oposición de un solo Senador a la solicitud para despachar algún asunto con preferencia.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Sin que ello implique entrar en explicaciones sobre el asunto planteado por el Honorable señor Castro, debo puntualizar ciertos hechos.
En realidad, la solicitud contenida en carta del señor Senador al Presidente del Senado, fue tramitada a los Comités. Estos decidieron dar preferencia al despacho del proyecto a. que se refería la indicación de Su Señoría. Tal acuerdo fue sometido, posteriormente, a la Sala misma, pues requería asentimiento unánime, el cual no se produjo, debido a la oposición de un Comité.
Para aprobar las peticiones formuladas por los Honorables señores Aguirre Doolan y Gumucio, se necesita el voto conforme de los dos tercios de los Comités Parlamentarios, lo cual se está tratando de obtener en estos instantes.
En todo caso, la Mesa toma nota de las observaciones vertidas por el Honorable señor Castro.
De conformidad con los acuerdos adoptados, el Orden del Día de esta sesión termina a las seis cuarenta. Cada señor Senador dispondrá de veinte minutos para usar de la palabra.
En primer lugar, está inscrito el Honorable señor Contreras Labarca.
El señor CASTRO.-
¿Podría la Sala dispensarme dos minutos para referirme a la intervención del Honorable señor Durán?
El señor ALLENDE (Presidente).-
Solicito el acuerdo unánime de los Comités para conceder la palabra al señor Senador, quien desea referirse a la materia que se estaba debatiendo.
Acordado.
RESPUESTA A PUBLICACION DE DIARIO EL SIGLO.
El señor DURAN.-
De conformidad con el Reglamento,, por haber sido aludidos tanto el Honorable señor Enríquez como el que habla, solicito se nos conceda el tiempo necesario para responder, pero que sea ahora, mientras el asunto está de actualidad, y no al término del Orden del Día, pues ya no habría vinculación entre nuestra respuesta y las intervenciones de otros señores Senadores.
El señor CASTRO.-
Confieso que me retiraría de la Sala un tanto apesadumbrado si no recogiera, como hombre de Izquierda de este país, las observaciones formuladas por los Honorables señores Enríquez y Duran. Sobre todo, me duele que quiera endilgarse sólo a la Democracia Cristiana la intención de modificar la Constitución para que personeros de los bancos y de los altos intereses, tengan representación en el Parlamento.
Deseo recordar a los Honorables Senadores del Partido Radical, señores Enríquez y Durán, que hoy más que nunca tratan de acentuar su posición de Izquierda, que en este país han sido los partidos de Izquierda, los integrantes del movimiento popular, los que tanto en la tribuna callejera como en esta Sala y en la Cámara de Diputados, han venido planteando la inhabilidad entre la condición de directores de bancos, sociedades anónimas, compañías de seguros u otros altos consorcios monopólicos del país, y la de parlamentario.
Es efectivo que, si nos atenemos a la letra y espíritu de la Constitución, no se puede discriminar en este sentido; por eso, todos ellos, grandes figuras de la economía chilena, pueden llegar al Parlamento. Sin embargo, no es menos cierto que tanto la "élite" como la gran masa ciudadana, en nuestro país y en todo el mundo, han llegado a la conclusión, precisamente, de que la peor lacra de que puede adolecer una Constitución es permitir a hombres que manejan el dinero influir en la dictación de leyes en la política económica de una nación, pues, en el fondo, sólo favorecerán los dividendos de esos grandes inversionistas.
No se trata de crear parias, como expresa el Honorable señor Enríquez en su imagen al revés. La práctica, por más de una centuria, nos indica que precisamente los representantes de los grandes consorcios que llegaron al Parlamento, fueron trazando una política económica que hizo al paria más paria, y, al mismo tiempo, al rico más rico.
Si bien el espíritu y la letra de la Constitución coinciden con la tesis sustentada, por el Honorable señor Enríquez, no debemos olvidar que los partidos de Izquierda integrantes del movimiento popular y las organizaciones de trabajadores siempre estuvieron planteando, como única y vertebral, la renovación de nuestro régimen democrático para impedir que lleguen al Parlamento, a torcer la política económica de Chile, los representantes de bancos, sociedades anónimas y grandes consorcios monopolistas. De suerte que, en este momento, no puede haber un solo partido chileno de Izquierda que esté planteando algo distinto.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Durán.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DURAN.-
Seré muy breve, pues ya tendré oportunidad de intervenir con más amplitud cuando discutamos la reforma constitucional.
He sostenido reiteradamente, tanto en mi partido como en el Senado y en la Cámara, desde que soy parlamentario -hace ya unos veinte años-, que no he sabido de Diputados o Senadores que hayan actuado al servicio de consorcios o intereses económicos contrarios a los del país. A la inversa, me complazco en señalar, como chileno, que cada vez que un señor parlamentario observó una incompatibilidad entre el cumplimiento de sus funciones y los intereses que a él podían incumbir, declaró que se abstenía de votar o se ausentó de la sala.
Por lo tanto, toda la historia planteada por el Honorable señor Castro, con colorido bastante novelesco, de acuerdo con su propia mentalidad de escritor de prestigio, no obedece a la realidad de la democracia chilena.
Comprendo la norma impuesta por mi partido, y por eso la estoy acatando. En realidad, como expresó el Presidente de la República, por el prestigio del Congreso conviene evitar que consorcios poderosos puedan influir en las decisiones políticas. Pero mirado el problema desde el punto de vista doctrinario, como sucedió en la Comisión, no cabe ninguna duda de que la influencia de esos grupos se puede ejercer de mil maneras distintas.
No es el Congreso Nacional el órgano donde se presiona con mayor eficiencia. Se actúa también en organismos de la Administración Pública y en las directivas de los partidos políticos que en algún momento ejercen el poder.
En consecuencia, el problema, de suyo interesante, se plantea con criterio amplio, no con relación a cuestiones más o menos pequeñas o menudas vinculadas con la actuación de personas.
He tratado de demostrar en mi intervención anterior -no quiero tocar el fondo del problema, el cual se discutirá en su oportunidad-, dada la situación en que nos encontramos, que cuando se pretende imputar a la gente que actúa en el Parlamento una línea de ilicitud por estar vinculada, por amistad o por negocios, a determinadas empresas, no me parece conveniente silenciar las vinculaciones que cada uno de nosotros tenga. A mi juicio, la actuación es honrada o deshonesta de conformidad con el punto de vista desde el cual se la analiza.
He conocido a muchas personas destacadas que han integrado esta Corporación, cuya integridad moral nadie puede discutir; sin embargo, tenían vinculaciones de importancia en el terreno económico. Así, también, es posible -no nombro casos, porque es ingrato- que una persona sin vinculación alguna, sin relación con nadie, se transforme, en virtud de su acción parlamentaria, en un elemento contratado por consorcios, monopolios, seguros, bancos, etcétera. De modo que en el orden de la moral ciudadana, no se puede llegar a conclusiones categóricas sobre la base que hemos discutido, sino en virtud de las actuaciones de cada cual en esta. Corporación. Ni la Contraloría, ni la Superintendencia de Bancos, ni ningún funcionario están llanos a aceptar irregularidades. Porque cuando alguna vez sucede, siempre trasciende, y hay un gran juez que es la opinión pública, informada por la prensa, muchas veces excesiva en sus apreciaciones al develar esos hechos.
Cada vez que surgió alguna duda en las actuaciones de un Senador o Diputado, primero en los pasillos, después en las Comisiones y, por último, en la propia sala del Senado, se le ha dicho: "Yo creo que usted está vinculado a ciertos negocios". Y en esta oportunidad, el Honorable señor Musalem, quien ha promovido este debate, y en otra, el Honorable señor Palma, han dejado de manifiesto que ellos no han participado en los asuntos a los cuales se les pretendió vincular en forma negativa, inconveniente o inmoral.
En este país libre, nada queda oculto. Sería útil demostrar en el debate cuándo un parlamentario actuó presionado por sus intereses económicos. Incluso, en materias tan importantes como la reforma agraria, hubo quienes votaron la idea de legislar, no obstante saber que detrás de esa reforma venía un contrabando brutalmente abusivo. Votaron a favor de tal iniciativa, a pesar de conocer que sus intereses serían gravemente amagados. En algunos casos concretos, tal actitud llegó a afectar a determinadas personas del propio Congreso. Sin embargo, por razones de tipo partidario se han acatado las órdenes de partido.
Hemos estado en una línea claramente expresada, no obstante reconocer que, en defensa de los intereses generales, un parlamentario puede perfectamente estimar que determinada actitud es un disparate, estar en desacuerdo con ella y rechazarla. Pero aun estando en juego sus legítimos intereses, esos parlamentarios, por disciplina, han acatado la línea de conducta que su partido les imponía.
Todos estos hechos demuestran -lo digo con satisfacción de chileno, por la historia de mi patria, por el presente y futuro de ella- que el Congreso ha sido siempre un lugar donde la moral, la corrección y la decencia han brillado en forma que a todos los parlamentarios enorgullece.
El señor CASTRO.-
Desearía usar de la palabra por pocos minutos.
El señor TEITELBOIM.-
Yo también solicito que se me dé oportunidad para intervenir.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra a los Honorables señores Castro y Teitelboim.
Acordado.
Ruego a los señores Senadores ser breves.
El señor CASTRO.-
Agradezco, en primer lugar, la posición de prestigio en que me ha ubicado el Honorable señor Durán. Dentro de las prácticas del Parlamento, es un elogio que dice mucho.
A mi vez, sostengo que mi oratoria es de mucho menos colorido que la de Su Señoría. Disfruto mucho cuando escucho al señor Senador, pues siento la sensación de ir paseando por el cerro Ñielol. El Honorable señor Durán, en sus intervenciones, tiene más colorido, más vida, más movimiento. Lo malo es que cuando la vegetación del cerro Ñielol llega al máximo, uno se pierde. Yo no quisiera extraviarme en la oratoria de mi Honorable colega. Por eso, deseo puntualizar que mi intervención anterior estuvo encaminada a demostrar que el propósito de impedir en este país que los representantes de las sociedades anónimas y otras entidades económicas lleguen al Parlamento, es una reivindicación y punto importante de la plataforma de lucha de la Izquierda chilena.
Criticar a la Democracia Cristiana por proponer una modificación a la Carta Fundamental y atribuir a ella su paternidad, me parece injusto.
Como escritor, podría citar aquella sentencia de Tolstoi, quien decía que quien puede describir su aldea, puede describir el mundo. Si yo escribiera sobre lo que he visto en el Parlamento, sin duda podría describir todas las actividades chilenas, y al hacerlo, referirme a la moral que practican algunos grandes personeros en lo referente a la realización de la política chilena y al cuidado de sus intereses. Al respecto, hay bastante material.
Concuerdo con el Honorable señor Durán en cuanto a no citar personas y casos, pero permítaseme que sí traiga a colación la experiencia vivida cuando llegué por primera vez al Parlamento. Se produjo el escándalo en la venta del cobre chileno por particulares, asunto en el cual, por desgracia, se vio envuelto un alto funcionario del Congreso Nacional. Los parlamentarios que participaron en estos hechos no tuvieron sanción, pues, según la letra de la Constitución y el Reglamento de ambas Cámaras, no habían delinquido.. Habían realizado una diligencia absolutamente correcta. Es a eso a lo que vamos.
Cuando se inició el anterior período de sesiones, si mal no recuerdo, se produjo un debate relacionado con la derogación de la ley sobre consejerías parlamentarias, que duró tres o cuatro días, y en el cual me vi envuelto en un incidente muy serio con un señor Senador de Derecha, quien planteaba que tanto ellos como nosotros teníamos una manera distinta de apreciar la moral. Un hombre puede entender que ha actuado correctamente según su moral, porque su actitud se ha encuadrado en los moldes establecidos por la ley escrita de la Constitución; pero los hombres de Izquierda consideramos que ello no es correcto ni moral. Eso es lo que nos divide desde el punto de vista doctrinario.
- Reitero que la reivindicación que mencioné pertenece a la Izquierda chilena.
El señor TEITELBOIM.-
Por fortuna, el debate ha derivado hacia, un terreno de principios y, a mi juicio, se ha centrado en el pensamiento expresado por el Honorable señor Durán.
Según el criterio del señor Senador, no debe existir incompatibilidad entre la representación política popular que inviste el parlamentario y su participación en la vida económica, dentro de ciertos límites que él estableció. Tal doctrina fue compartida por el presidente de su colectividad, Honorable señor Enríquez, quien declaró discrepar de la posición de la directiva de su partido.
Se dijo, además -la afirmación fue refutada en dos ocasiones por el Honorable señor Castro-, que esa incompatibilidad era una bandera de la Democracia Cristiana.
Desde el punto de vista de la teoría, política contemporánea, la idea de establecer incompatibilidad entre la gestión política y las actividades económicas personales es aceptada en la mayor parte del mundo, incluso en la órbita occidental, es decir, en las naciones capitalistas.
Dentro de la historia chilena, hubo hechos protagonizados por parlamentarios que desmienten, aunque sea con excepciones dolorosas, aquella posición integérrima de los congresales en cuanto a que nunca estuvieron envueltos en negociaciones oscuras. En la historia constan algunos hachos, que no es del caso relatarlos en estos instantes.
Acepto que la inmensa mayoría de los parlamentarios no han tenido participación directa en asuntos económicos que puedan influir singularmente en una votación determinada. Temo sí que en algunos casos el voto de un parlamentario puede haber sido decisivo para favorecer a grandes empresas. Quiero mencionar un hecho que en el pasado fue de mucho mayor frecuencia que ahora: votan todos los parlamentarios y no se sienten implicados en lo que la ley llama "un asunto de interés general". No existe incompatibilidad individual respecto de un congresal determinado y, por lo tanto, vota. Sin embargo, ese parlamentario, que es o ha sido miembro de un directorio de sociedad anónima, banco o consorcio, en el fondo está votando respecto de un asunto que, como grupo social y económico, favorece a las actividades que representa individual o colectivamente. Se estimó que ello era absolutamente correcto.
Además, una alta personalidad chilena sentó la teoría de que el ciudadano que había demostrado talento de gerente estaba más capacitado que otro para llegar al Parlamento, puesto que iluminaría con sus luces de administrador, de hombre de empresa y de experiencia, los debates de cualquiera de las dos Cámaras.
El Partido Comunista no acepta ninguna de esas teorías. Es partidario decidido del establecimiento de la total incompatibilidad entre la política y la economía: o la gente es política o se dedica a los negocios. Las distintas actividades se encuentran tan entrelazadas entre sí en la vida actual, y la economía es un valor tan universal, que necesariamente llega al Parlamento a través de la mayoría inmensa de los proyectos, y de alguna manera hay que pronunciarse sobre ellos. Por eso considero justa la doctrina, moderna, aceptada, por muchos y compartida por nosotros, en el sentido de que lo absolutamente normal, limpio y nítido debe ser que el representante de la soberanía popular, el Diputado o Senador, no ejerza ninguna actividad económica ni esté vinculado a ninguna empresa, a fin de tener libertad total para representar, sin que nadie pueda insinuar la sombra de una duda, el interés colectivo y no el particular.
V.-ORDEN DEL DIA.
BENEFICIO DE MEDICINA CURATIVA PARA EMPLEADOS PARTICULARES.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto sobre medicina curativa para empleados particulares.
-El proyecto figura en los Anexos de la sesión 1ª, en 21 de octubre de 1964, documento Nº 9, página, 40, y los informes en los Anexos de la sesión 16º, en 16 de mayo de 1967, documentos 2 y 3, páginas 700 y 736.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Contreras Labarca.
El señor CONTRERAS LABARCA.-
Señor Presidente, los Senadores comunistas apoyamos con toda decisión la idea de legislar contenida en este proyecto, que consiste en otorgar a un vastísimo sector de empleados particulares y públicos y a sus familias los beneficios de la medicina curativa y de atención dental, de los cuales están actualmente excluidos, pues, a nuestro juicio, la iniciativa complementa en un aspecto fundamental la legislación social vigente, repara una injusticia irritante y responde a una antigua aspiración de esos asalariados.
No solamente los empleados han reclamado con insistencia esta reforma. Todos los círculos progresistas y democráticos la han auspiciado. Convenciones de médicos han señalado este grave vacío de nuestras leyes. El movimiento popular la ha inscrito en su programa, y el Partido Comunista le ha dado tal importancia que la incluyó en el desafío que hace poco formuló al Gobierno y al Partido Demócrata Cristiano, para despacharla con la máxima celeridad, en la certidumbre de que contará en el Parlamento con los votos suficientes para ser aprobada.
La urgencia de llevar a la práctica esta idea se ha hecho más patente, a causa de que en la actualidad los empleados se encuentran imposibilitados de subvenir con recursos propios esa necesidad. El nivel de los sueldos reales ha descendido en términos tales que se ven obligados a sacrificar la recuperación de su salud a gastos imprescindibles, como alimentación, vestuario, vivienda, y educación.
La situación se ha agravado aún más en los últimos tiempos, como consecuencia de la regresiva política de remuneraciones del Gobierno actual, que frena la elevación de los sueldos y salarios para, disminuir la capacidad de consumo de las masas laboriosas, uno de los pilares de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
No se exagera al hablar de la dramática situación de innumerables familias que perciben rentas inhumanamente bajas y aun medianas, que no les permiten recurrir a la consulta privada, no consiguen hospitalización o no pueden adquirir medicamentos excesivamente caros, por la especulación y abuso de los grandes laboratorios químico-farmacéuticos.
Un importante número de empleados se ven obligados a recurrir al Servicio Nacional de Salud como indigentes, porque en verdad puede decirse que tienen esa calidad aquellos que, en porcentaje inmenso, perciben ingresos inferiores a dos sueldos vitales, que apenas les alcanzan para mantener a sus familias.
La situación ha hecho crisis, y es deber del Gobierno y del Parlamento afrontarla resueltamente, dándole una solución pronta y efectiva.
Defensa de la salud del pueblo.
Nuestro partido sostiene el principio fundamental de que el Estado tiene la obligación de atender debidamente a la protección, fomento y recuperación de la salud, sin discriminación alguna y sobre la base de la igualdad social del ser humano ante el riesgo de la enfermedad.
A fin de cumplir esa obligación es necesario proceder a la instauración del servicio único de salud para, todos los niveles de población. Por cierto, tal objetivo es una ilusión en una sociedad dividida en clases, con estratos económicos tan diferentes y en la cual prevalecen los intereses egoístas de las castas dirigentes. Las medidas que se adoptan a este respecto resultan necesariamente limitadas y fragmentarias.
La iniciativa de proponer al Congreso la reforma que tratamos correspondió al profesor Francisco Rojas Villegas, Ministro de Salud Pública del régimen anterior. Su despacho ha sufrido diversas alternativas que han retardado su aprobación. Considerándola insuficientemente estudiada, el Gobierno actual la ha transformado por completo.
Cuando parecía que iba a marchar rápidamente, el Ministro de Salud Pública nos acaba de decir que, a su juicio, el proyecto no está debidamente elaborado y puede conducir al fracaso, por lo cual ha pedido plazo hasta fines del próximo mes de junio para presentar nuevas modificaciones, cuyo alcance y contenido se ignoran.
Nos parece que el Ejecutivo, que ha especulado demagógicamente con el proyecto y lo ha utilizado para fustigar a los partidos populares, pretende echar marcha atrás y "jibarizarlo", limitando su campo de acción y burlando las expectativas e ilusiones que contribuyó a despertar en la masa de los empleados.
Subrayamos la responsabilidad que a este respecto gravita sobre el Gobierno, comprometido reiteradamente a satisfacer los justos requerimientos de esos trabajadores.
Proyecto deficiente.
El proyecto, sin duda, está muy lejos «de corresponder a las necesidades que intenta satisfacer. Algunos sectores lo impugnan abiertamente, tales como la ANEF, los empleados de la Marina Mercante Nacional y otros, los cuales solicitan al Senado que se los excluya de sus disposiciones por ser perjudicial a sus intereses.
Es evidente que el proyecto plantea problemas de la más grande trascendencia, los cuales deben ser examinados con seriedad, valentía y realismo, como ha expresado el representante del Partido Demócrata Cristiano, Honorable señor Musalem.
Pero, ¿acaso el Gobierno ha expuesto su posición con seriedad, valentía y realismo?
Hasta el momento sólo hemos escuchado declaraciones nebulosas, que pueden dar lugar a los más grandes desaciertos.
No disponemos de tiempo bastante para referirnos a todos ellos, razón por la cual abordaremos exclusivamente algunos.
Posibilidades reales.
El primero atañe a las posibilidades reales de dar atención médica y dental a 500 mil empleados y sus familias, que forman un grupo de más de un millón y medio de personas.
El Servicio Nacional de Salud es mantenido por el Estado en condiciones tales de degradación y desfinanciamiento, que notoriamente resulta incapaz de cumplir en debida forma sus obligaciones. Los obreros imponentes del Servicio de Seguro Social y sus familias, más los indigentes, que constituyen su clientela, sufren las penalidades más increíbles, debido a que no se los puede atender. Se los posterga por semanas y aun por meses, y en las maternidades, las camas son ocupadas con dos o tres enfermas, etcétera.
Esta terrible tragedia no alcanza a. ser evitada por el abnegado trabajo de los médicos y paramédicos, quienes sacrifican muchas veces su descanso y aun ponen en peligro su propia salud para aumentar el rendimiento de servicios que no disponen de los elementos humanos y materiales indispensables.
¿Cómo el Gobierno se propone encarar y resolver esta situación? ¿Cómo da a los empleados garantía de que serán debidamente atendidos, y cómo asegura que no serán desplazados los actuales beneficiarios legales del Servicio Nacional de Salud?
El Ministro de Salud ha manifestado que esto debe resolverse con "cuidado extraordinario", según sus palabras. Esta declaración lleva implícito el reconocimiento de que las actuales estructuras de salud son incapaces de absorber la mayor demanda que provocará el millón y medio de personas a quienes se reconoce un derecho, pero no se ve cómo podrán efectivamente ejercerlo.
El Ministro de Salud ha reconocido, asimismo, el peligro de una distorsión de todo el sistema, pero no indica hasta ahora cómo lo evitará. Y el deseo del Senado es, sin duda, que la ley funcione y no fracase, y que mejore la actual situación para todos los beneficiarios, y no sólo para unos pocos.
Situación de los médicos y sus colaboradores.
Segundo punto. La medicina curativa exige, en términos perentorios, contar con la cooperación de los médicos y paramédicos, quienes temen, con razón, que se eche sobre sus espaldas un trabajo abrumador, con medios materiales escasos, sin la debida compensación, en circunstancias de que sus actuales remuneraciones son evidentemente exiguas y el Gobierno se niega a elevarlas.
'En su reciente convención, el Colegio Médico de Chile aprobó el siguiente voto: "La Convención deja constancia de que el Cuerpo Médico está consciente de la necesidad imperiosa de dar atención médica efectiva y justa a otros sectores asalariados; pero rechaza categóricamente el proyecto de ley sobre la materia en actual tramitación en el Congreso Nacional, por: "a) Afecta los legítimos intereses de los profesionales y de otros trabajadores de la Salud y va. en detrimento de la ya insuficiente atención que actualmente otorga el Servicio Nacional de Salud a sus beneficiarios legales.
"b) Porque la posición del Gremio Médico no ha sido acogida."
¿Cómo va a encarar el Gobierno la situación que crea este acuerdo, que puede desembocar en un conflicto de incalculables proyecciones que podría frustrar los propósitos perseguidos, concernientes no sólo a los empleados, sino a toda la nación?
La misma convención acordó, también, desahuciar el actual reglamento de libre elección y crear un nuevo sistema, centralizado en el Colegio y controlado por él, fundamentalmente sobre la base de la aplicación estricta del rol de aranceles profesionales fijado por el Colegio y que, sin duda, será muy oneroso, aun para el sector de empleados de ingresos más elevados. ¿Qué solución propone el Gobierno?
Financiamiento.
Llegamos al punto central: el del financiamiento.
Si el Ejecutivo considera que los recursos requeridos deberán salir exclusivamente del bolsillo de los propios beneficiarios, entonces se puede anticipar que el proyecto será tan sólo un volador de luces.
La Comisión de Hacienda estableció un impuesto de 3% sobre los patrones, que nuestro partido aprobó; pero el informe deja constancia de las reticencias del Gobierno que, sin duda, lo reprueba; si no en esta oportunidad, seguramente lo hará en el veto.
Se aplica un nuevo gravamen a los pensionados, aun a los que perciben pensiones miserables, inferiores a un sueldo vital, lo cual representa una nueva, iniquidad inaceptable.
El citado informe de la Comisión de Hacienda consigna la siguiente declaración:
"El señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, expresó, a nombre del Gobierno, la absoluta imposibilidad en que se encuentra el Erario Nacional de financiar el nuevo gasto que representa este proyecto de ley."
Inversión en salud, la más reproductiva.
Preguntamos: ¿está el Gobierno dispuesto a destinar los recursos que se requieren -seguramente, más de 140 millones de escudos- para financiar el proyecto? Por nuestra parte, sostenemos que debe ponerse término a la política tradicional de las clases dirigentes del país, de mezquinar siempre los recursos para la defensa de la salud del pueblo. La inversión en salud es la más reproductiva; la vida del hombre no tiene precio. No lo consideran así, por cierto, los capitalistas, preocupados de explotar más a los trabajadores para asegurar mayores ganancias, sin importarles que a la sociedad interesa ante todo hacer más humana la vida de estos últimos, que constituyen la fuerza productiva fundamental de la Nación.
Se argumenta que el Estado no tiene en estos momentos los fondos necesarios para financiar el proyecto. ¿Es ello verdad? ¿No vemos que el Gobierno dilapida inmensos recursos en servicios innecesarios, en labores inútiles, en gastos no imprescindibles? ¿No vemos que el Ejecutivo obsequia toda suerte de granjerías tributarias y privilegios a las grandes empresas nacionales y extranjeras? Si el Gobierno cumpliera solamente su compromiso contraído con el Congreso de proponer la racionalización de las franquicias tributarias, tendría una fuente inmensa de dinero para destinar al objetivo que nos preocupa.
Afirmamos que pesa sobre el Ejecutivo la obligación de encontrar y destinar los recursos que hacen falta para convertir la reforma en realidad y no postergar su aplicación integral para un futuro remoto, peligro que no se oculta, evidentemente, a los ojos de los empleados.
Subsidio de enfermedad.
Finalmente, la enfermedad crea, como dicen los técnicos, dos categorías de ne- necesidades: primera, la de asistencia médica para recuperar la salud en el plazo más breve; y, segunda, la de proteger al empleado con un subsidio adecuado a la pérdida del sueldo durante el período de su incapacidad. Este último beneficio, que debiera ser igual a la remuneración que se deja de percibir durante la enfermedad, no existe en nuestra legislación sino en forma limitada y decreciente. En consecuencia, es de toda justicia acoger la petición formulada por la Confederación de Empleados Particulares de Chile ante la Comisión de Hacienda, en el sentido de incorporar en el proyecto una disposición que establezca el derecho a tal compensación económica durante todo el período en que dure la enfermedad, y no como ocurre actualmente, restringida a cuatro meses, suprimiéndose al mismo tiempo la causal de caducidad del contrato de trabajo en caso de ausencia por enfermedad que consigna el Código del Trabajo.
Nuestro partido se propone formular, en el curso de la discusión particular que habrá de seguir al debate que en estos momentos estamos realizando, indicaciones destinadas a mejorar las disposiciones del proyecto y a asegurar que el texto que apruebe finalmente el Congreso Nacional constituya la realización completa, integral, de las aspiraciones del vasto gremio de empleados que esta iniciativa está destinada a servir.
Por ahora, el Partido Comunista anuncia su voto afirmativo en la discusión general.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, hoy debemos votar en general los informes de las Comisiones de Salud Pública, a la que pertenezco, y de Hacienda, sobre el proyecto de ley que establece el servicio de medicina curativa para los empleados particulares. De más está decir que cuenta con mi amplia aprobación, aun cuando es preciso formular algunas consideraciones generales frente a la posición adoptada por algunos gremios en particular y por organismos médicos en general.
Dentro del concepto de socialización de la medicina -la que, por principio, comparto- debo considerar que todo cuanto signifique otorgar prestaciones médicas integrales, curativas, al pueblo de Chile que no las puede pagar, representa un paso adelante en esta tarea tan postergada.
Ya desde el año 1924 se vienen obteniendo derechos al respecto, que en un principio sólo incidían en atenciones al sector obrero y campesino. Se fueron poco a poco incorporando sus grupos familiares, pero siempre quedaron remisos aquellos sectores que se ha dado en llamar la "clase media chilena".
Paralelamente a esos avances, la atención médica se fue haciendo cada vez más costosa, no siendo posible el acceso a ella a miles y miles de trabajadores que no vendían el esfuerzo de sus manos únicamente. Y es así como en otros ámbitos del orbe surgieron seguros obligatorios con carácter de individualidad, como en Inglaterra, por ejemplo.
Tales conceptos los apunta con precisión conceptual muy profunda el profesor Benjamín Viel en su obra "La Medicina Socializada y su Aplicación en Gran Bretaña, Unión Soviética y Chile".
En aquéllos y otros países -apunta- no existe privilegio para determinados grupos. En Estados Unidos, mediante el sistema de seguros privados, las atenciones van en relación directa al costo de la póliza. Este sistema va perdiendo eficiencia, aun en el propio Estados Unidos.
En Chile, el problema para los sectores qué ahora deseamos beneficiar es por demás catastróíico. Los que ejercemos la medicina activamente, comprobamos el problema anímico de familias que no poseen dinero para adquirir medicamentos, que no pueden pagar transfusiones ni exámenes de laboratorio; que tanto el curar, cuando se puede; aliviar, cuando es posible, y morir dentro de la fatalidad en una clínica cualquiera, implican un desastre económico de familias enteras.
Ahora, con la restricción del crédito, los cuadros son patéticos porque paralela a la enfermedad camina la ruina económica de un hogar. Se vende todo por salvar a un canceroso que a la postre se va ... Frente a una enfermedad, el dinero pierde su valor. "¡Sálvelo, doctor!", es la consabida frase. "¡No importa que cueste caro!"
Es así como, desde el año 1950, se inició una reforma a la ley de Seguro Obligatorio. Lo sabe perfectamente el Honorable señor Allende que, como Presidente de esta Corporación, ocupa su testera. Sin embargo, el sector de empleados quedó marginado, pese a que pomposamente nació después la salubridad en Chile bajo el nombre de Servicio Nacional de Salud. Era un sarcasmo darle carácter nacional cuando solamente un sector de la economía estaba incorporado a sus beneficios.
Sólo en 1961 nace un proyecto de ley que otorga beneficios médicos a un sector de empleados. En las postrimerías del Gobierno anterior, comenzamos a considerar con el Ministro de Salud de entonces, profesor Francisco Rojas Villegas, el proyecto de medicina curativa que hoy está sometido a nuestra consideración.
En todo caso, es un paso muy importante el que la medicina no pueda parcelarse, otorgar cierta clase de ella para obreros y una medicina distinta para empleados. Contraría este concepto la posición de principios de quienes, dentro del avance social, abrazamos los postulados del socialismo.
En este sentido, me resulta duro prestar mi aprobación al artículo 4º, que, a mi manera de entender, es altamente discriminatorio, porque el Servicio Nacional de Salud continuará atendiendo entre indigentes y obreros a aquellos empleados que disponen de menos de dos sueldos vitales; los que tengan entre dos y seis sueldos vitales podrán acogerse a la libre elección en consultorios privados, mediante cierta bonificación diferencial entre éstos y el Servicio Nacional de Salud. Para los que ganen más de seis sueldos vitales, la diferencia será aún mayor.
Se deja, además, la oportunidad para que quienes ganan menos de dos vitales puedan, también, pagar diferencias sobre la base de préstamos, y obtener medicina privada.
Como vemos, en este proyecto, el obrero quedaría, por así decirlo, condenado a recibir únicamente la medicina que otorga el Servicio Nacional de Salud, amén de que se da a entender que la medicina privada es mejor que la estatal. Los obreros no tienen igual derecho que aquellos empleados que perciben hasta dos sueldos vitales.
Esto es discriminatorio; no es socialista. Comprendo también, como el que más, el déficit médico existente en el país; los incentivos cada vez mayores que otras naciones otorgan a nuestros egresados de la Escuela de Medicina, lo que provoca éxodo de profesionales nuestros, en especial de aquellos que se han adentrado en las ciencias biológicas y en la agronomía. Comprendo que el incentivo económico del médico chileno es muy escaso, y por eso los gremios que componen mi colegio han dado voces de alarma -como lo explicaba el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra-, justificadísimas voces de alarma, frente a las bajas remuneraciones y a la mayor atención profesional que el proyecto les reportará.
Ya no podemos continuar ejerciendo una medicina centralizada, ni mucho menos propendiendo a liberalizar todavía más la profesión. Deben los grupos módicos irradiarse más allá de las esferas hospitalarias, ir al terreno, al distrito donde la masa trabaja, vive, actúa. Agreguemos que este sistema de grupos médicos es inmensamente más positivo que el sistema individual, porque, naturalmente el control debe ser mucho mayor, y mejor, por supuesto.
¿Qué control podrá ejercerse sobre un tratamiento, un diagnóstico, una buena calidad de atención profesional, cuando el enfermo llegue con un "bonito" a atenderse con el profesional de sus afecciones?
Me temo mucho que la forma como está redactado el artículo 4º vaya a resultar un "boomerang" de socialización, y que, por el contrario, signifique abrir, florecer como callampas los consultorios privados y entregar al cliente como maná celestial. Es una clientela bien pagada.
Si mala es la atención en el Servicio Nacional de Salud por falta de incentivo económico, peor aún lo sería al existir la posibilidad de abrir consultorios privados que garantizarían, desde la partida, una segura y bien remunerada clientela.
Este es el defecto de esta iniciativa, que la estimo discriminatoria. ¡Cómo si la neumonía o el tifus, la diarrea o la sicosis no atacaran por igual al sector obrero que al empleado!
Aún más, los que algo conocemos de sicología y del "arribismo" social en determinadas capas de nuestra sociedad -calificadas así en el sistema capitalista-, vamos a contemplar cuán difícil resulta volver atrás cuando ya una ley otorgó determinado beneficio a un sector en detrimento de otro.
El problema es muy complejo. Al respecto, participo de iguales aprensiones que el profesor Benjamín Viel. Sin embargo, tampoco puedo cerrar los ojos ante realidades que son del diario vivir en este sentido.
Anteayer, sin ir más lejos, he recibido en mi estudio médico de Valparaíso al camarada Héctor Santibáñez, alto dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quien me hizo entrega de un memorándum estudiado allí por esa entidad gremial y en que se expresa lo siguiente:
"Rechazamos este proyecto por significar un gran paso hacia atrás en el desarrollo de la medicina social en Chile. Después de enormes esfuerzos por lograr una medicina curativa tarifada y levemente funcionaría, se retrotrae al sistema de libre elección en un medio en que los médicos fijan sus Roles de Honorarios a su amaño, desatendiendo el imperio de la ley. Basta recordar como en el año 1966 fijaron un "Rol" de honorarios con alzas de hasta 300%, en circunstancias que la ley Nº 9.263, artículo 9º, permite al Presidente de la República dictar el arancel con valores aumentados en el porcentaje que fije el Banco Central respecto del aumento del costo de la vida en el año inmediatamente anterior.
"Rechazamos este proyecto por establecer enfermos de primera, segunda y tercera clase, según sus remuneraciones. A aquellos imponentes activos o jubilados cuyas remuneraciones sean inferiores a dos sueldos vitales escala A de Santiago, esto es un alto porcentaje de empleados, corresponderán las atenciones que otorga el Servicio Nacional de Salud. Al respecto, el Colegio Médico de Chile en declaración pública dice: "No cabe duda de que el Servicio Nacional de Salud se encuentra desfinanciado, retrasado en su desarrollo y por lo tanto incapacitado para absorber la demanda de consultas externas e internas que significará la atención por ese Servicio para los empleados con recursos menores de sus sueldos vitales y sus familiares. Si esas indicaciones se cumplieran se crearía un grave problema asistencial en el Servicio Nacional de Salud, al aumentar la actual plétora que en muchos aspectos rebaja la dignidad humana. Los Consultorios Externos dan horas con meses de retardo y las hospitalizaciones prácticamente se realizan sólo para las urgencias."
"Rechazamos el proyecto, porque provocará desplazamiento o rechazo de los asegurados e indigentes, actuales beneficiarios del Servicio Nacional de Salud.
"Rechazamos el proyecto, porque significa el desmantelamiento del Servicio Médico, transformándolo en una simple caja pagadora. Y peor aún, "podrá delegar en otras Instituciones de Previsión, entidades bancarias o empleadoras el otorgamiento y cancelación de las órdenes de atención"."
En seguida vienen otras consideraciones, que no es del caso mencionar, y que examinaremos en la discusión del segundo informe.
Como podemos observar, frente a privilegios ya conquistados por la ANEF, resulta muy difícil retrotraer esas conquistas a épocas pretéritas. La Confederación de Empleados Particulares, naturalmente, apoya el proyecto, porque nada o casi nada posee. Es lógico que proceda así.
Creo, sí, señor Presidente, que no podemos legislar apresuradamente en estas materias, máxime si opiniones tan importantes de personeros que ostentan ideologías de avanzada deben por solidaridad gremial, someterse a los dictados de sus compañeros de actividad.
En la discusión particular, debe realizarse un examen exhaustivo del problema, escuchando nuevamente a todos y a cada uno de los interesados, pues no es posible que la responsabilidad recaiga sobre nosotros el día de mañana, por entregar un proyecto desfinanciado, un volador de luces, como aquí se ha expresado, una iniciativa ambiciosa -como señalaba un señor Senador-, y convertirnos en cómplices de un engaño los legisladores que profesamos de técnicos en estas materias.
Estas son las interrogantes que me sugiere la iniciativa en debate, que desde hace varios años venimos conociendo en el Senado, y que desearía ver convertida en hechos el día de mañana, a la luz de nuestra realidad médico-social.
Por último, mi conciencia quedará a salvo cuando, en definitiva, apruebe un proyecto que no estratifique a los empleados en de primera, segunda y tercera clase; cuando sepa que, junto con los beneficios, se otorgue también equipos; cuando en el Consejo estén ampliamente representados todos los sectores, y tenga la seguridad de que los grupos que ya han obtenido conquistas no quedarán postergados.
Cuando sepamos en qué condiciones se realizará el sistema de libre elección cuya modalidad más perfecta es la de la "población a cargo" en áreas o sectores; cuando sepamos quién lo controlará; cuando consideremos que el marino mercante no puede aceptar el sectarismo si su domicilio es el buque; vale decir, cuando se consideran modalidades propias que es preciso respetar, sólo entonces, señor Presidente, podré concurrir con mi voto pleno a mejorar, en el segundo informe, es te importante proyecto, que ahora, con el mayor placer, votaré favorablemente en general.
El señor BOSSAY.-
Deseo intervenir en mi calidad de miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, muchas de mis opiniones estarán relacionadas estrictamente con el financiamiento, con el aspecto de orden económico, con las posibilidades de hacer efectivo el proyecto.
En primer lugar, para que mis palabras no sean mal interpretadas o tergiversadas en la calle, en la prensa o en la opinión pública, deseo declarar que participo en la forma más absoluta y clara de la idea de incorporar a los empleados particulares del país al régimen de medicina curativa.
Grandes sectores del país gozan del beneficio de la medicina preventiva. También, importantes grupos reciben medicina curativa. Pero, también existen amplios núcleos de la ciudadanía -muchas veces los más débiles, y ello por razones que no es del caso analizar ahora-, que no disfrutan de este derecho. Por eso, comprendo que la CEPCH, dirigida por el señor Ernesto Lennon, se haya preocupado durante muchos años, con gran tenacidad y fe, del despacho de esta iniciativa, aun cuando aceptó artículos que podrían considerarse lesivos, con el objeto de obtener la consagración de este derecho elemental y dar importantes pasos en la obtención de la medicina curativa para los empleados que agrupa.
El Honorable señor Barros, en forma muy acertada y precisa, señalaba algunas de sus inquietudes. Yo participo de ellas, como miembro de la Comisión de Hacienda, al conocer la verdadera magnitud del problema e ignorar, en cambio, las cifras relativas al déficit efectivo del Servicio Nacional de Salud, que el Ejecutivo no ha proporcionado. Espero contar con ellas cuando discutamos en particular esta iniciativa. No deseo una respuesta general, teórica, como la de que es el fisco quien, en última instancia, dará tanto cuanto necesite el Servicio, pues sabemos que esa declaración es estrictamente formal y no se puede hacer efectiva. Generalmente sucede a la inversa: la capacidad de la caja fiscal es, en realidad, inmensamente inferior a la atención mínima de salud a que los obreros y empleados tienen derecho. En verdad, la atención del imponente y su familia es un derecho social que le asiste, no por ser funcionario público, particular, de la marina mercante, etcétera, sino por el hecho de ser seres humanos, partícipes de una democracia moderna.
Las cifras relativas al problema en debate son trágicas. Podría referirme a una en especial, como medio de comparación, porque ella dice mucho. Si analizamos separadamente la proporción del presupuesto destinada a la atención de la salud -si no me equivoco, es 9%: del presupuesto nacional-, podríamos considerarla suficiente, pues en otras naciones adelantadas se dedica porcentaje muy parecido a ese efecto. Podríamos darnos por satisfechos con esa especie de juego pictórico del uso de las estadísticas y decir: "Sí, señor; estamos tan bien como un belga, un holandés, un italiano, un checo, un polaco o algún habitante de un país socialista". Pero eso no es efectivo. La verdad es que, en valores permanentes, los países desarrollados del mundo dedican 80 dólares "percápita" a la atención médica. El nuestro, si no me equivoco, destina sólo 10 dólares. La culpa no es del actual Gobierno ni de las Administraciones anteriores sino de. . .
El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).-
La información proporcionada por Su Señoría es verídica y emana de un estudio realizado en Chile y Uruguay respecto del costo del servicio de salud organizado en forma cooperativa, para los casos en que la masa incorporada a la atención sanitaria sea superior a 20 mil habitantes.
En nuestro país se llegó a la conclusión de que el financiamiento de este servicio requería, por lo menos, una décima parte de un sueldo vital mensual por cada afiliado. Otro tanto sucede en Uruguay, donde se destinan 5 dólares para ese efecto.
Esa cifra, naturalmente, está muy lejana de las exigencias reales de la atención de la salud.
El señor BOSSAY.-
Decía que esta situación no es atribuible a un Gobierno determinado. El problema está relacionado con nuestra estructura económica, con la incapacidad de otorgar un servicio de salud a niveles más o menos aceptables, como lo hacen los países más avanzados.
Sólo he querido señalar una cifra. No pretendo atacar ni defender a nadie. Sinceramente, abrigo gran inquietud ante el proyecto. Si hemos creado a grandes sectores de empleados la ilusión de que su problema se resolverá, ahora todos debemos acompañarlos. Por lo menos, no conozco a ningún parlamentario que se oponga a otorgarles medicina curativa. Mi impresión es que el proyecto se aprobará en forma unánime. Así lo queremos y deseamos todos. Deploramos que la iniciativa no se haya despachado con anterioridad. Pero también somos muchos los parlamentarios que no deseamos ver convertida la futura ley, como lo han señalado algunos señores Senadores, en un "bluff", en volador de luces, en engaño, en una nueva ilusión que a corto plazo constituiría una decepción para gran cantidad de personas. Estos resultados los veríamos en menos de dos años. En los próximos 24 meses, la opinión pública, especialmente los gremialistas serios, reconocerán que en el Congreso Nacional se levantaron voces para advertir que se iba a despachar un proyecto que a la postre no significaría una realidad concreta.
Analicemos ahora las cifras de la realidad económica y financiera.
¿Cuenta el Servicio Nacional de Salud con los medios económicos necesarios para cumplir sus obligaciones?
Aun sin conocer las cifras oficiales, que espero recibir y confirmar antes del debate particular, yo diría que no dispone de esos medios.
Hay muchas comunicaciones al respecto. No me referiré a todas, pues los señores Senadores que se interesen pueden solicitarlas a la secretaría de las Comisiones de Salud Pública y de Hacienda de la Corporación. Sin duda, muchos de nosotros leeremos algunas de ellas en la Sala, para reforzar nuestras expresiones.
La Cámara de Diputados solicitó información acerca del número de camas de que disponen los hospitales y respecto de la prolongada espera a que se ven sometidos los beneficiarios del Servicio Nacional de Salud antes de ser atendidos.
El oficio fue respondido por el doctor Carlos Barrientos Lobos, secretario subrogante de la Federación Médica de Chile, quien, en comunicación dirigida a la Comisión de Hacienda de esa Corporación, expresa lo siguiente:
"Del estudio de lo informado en la Comisión de Hacienda acerca de que en la actualidad se estarían atendiendo en su totalidad en los hospitales los empleados, puedo expresar a Ud.:
"a) Que solamente el 30% lo realiza, "b) Que el 70% se sirve a través de los servicios médicos o de bienestar que tienen las instituciones en clínicas u hospitales privados.
"c) Que con el 30% de empleados que se atiende en el SNS, dada la escuálida situación material en que se encuentra, las clases asalariadas más necesitadas, en todos los hospitales, actualmente, son desplazadas y esperan meses de meses para ser internadas."
No soy técnico ni puedo asumir personalmente la responsabilidad de realizar un análisis profundo sobre la materia. Me basaré sólo en aspectos de orden económico y no me referiré a estos detalles, pues para ello disponemos de Senadores técnicos, quienes les podrán examinar en mejor forma que yo.
Sigue la carta:
"d) Que es de esperar mayor desplazamiento y esperar al ingresar 1.500.000 de nuevos beneficiarios, en especial si éstos significan una entrada' adicional al médico tratante.
"e) Que cabe, si lo tiene a bien, solicitar directamente a los hospitales el número que representa cada uno de aplazamiento de hospitalizaciones, tratamientos, atenciones de policlínica, controles médicos, etcétera."
¿Por qué el señor Senador -podrá decir el señor Presidente- efectúa primero este planteamiento? Por una razón muy sencilla: porque quiero sinceramente que se entregue de verdad medicina curativa para los empleados particulares de Chile. No deseo que esta iniciativa constituya un juego como aquel que usaban los negreros de otra época o ciertos sectores que menospreciaban la capacidad cultural de los pueblos que visitaban, a los cuales llevaban vidrios, espejos o algo que reluciera, a fin de tranquilizarlos, contentarlos y obtener algún provecho, pero sin entregarles algo de valor.
Desde ese punto de vista, en la Comisión se nos confirmó que el sector más pobre de Chile, el que nada tiene, el obrero puro, el del Seguro Social, su mujer y sus hijos, serían desplazados; que cuanto ahora sucede -la espera de meses- se convertiría con el correr del tiempo, en una espera larguísima, y lo único que se obtendría sería lo que muchos sospechamos: con un proyecto mal despachado sólo se contribuiría a financiar un poco más el Servicio Nacional de Salud.
Conforme a los datos que proporcionaré, ello constituye una gota de agua en un barril. En el peor de los casos, con el dinero de los empleados particulares -obtenido en forma directa por aumento de las imposiciones, o de manera indirecta,, por medio de la Caja de Previsión-- se contribuirá a financiar el Servicio Nacional de Salud, pero no a resolver el problema de este organismo ni mucho menos el de aquellos servidores.
Sé que dispongo de pocos minutos, y no quiero restar posibilidades de intervenir en el debate al resto de mis Honorables colegas. Por eso, concretaré mi pensamiento con algunas cifras, propondré algunas soluciones y sacaré algunas conclusiones.
Ante, todo, el proyecto propuesto por la Comisión de Salud implica un costo de Eº 141.200.000, o sea, 141 mil millones de pesos.
En la pagina seis del informe de la Comisión de Hacienda, se consigna la forma cómo se calculan los costos directo e indirecto y cómo se generan las necesidades. En la segunda parte de la misma página, se establece el sistema mediante el cual se pretende recaudar.
¿Pero es ésta la solución esperada por los empleados particulares de Chile?
Respecto del problema del financiamiento, con que nos hemos encontrado, coincido con el Honorable señor Contreras Labarca en el sentido de que, a lo mejor, no se trata, en el hecho, de carencia de dinero. Creo que gran parte del dinero fiscal se está empleando en forma no sólo contraria al interés de Chile, sino también al de la propia Democracia Cristiana, como partido político. Hay organismos nuevos, cuya existencia no se justifica, que gastan mucho; existe exceso de propaganda, y, por mucho malabarismo económico que se efectúe, no podrá negarse la aseveración de la Contraloría General de la República, en el sentido de que nuestro Presupuesto tiene un déficit superior a 450 mil millones de pesos. ¿Y cuándo ocurre esto? Precisamente, en momentos en que los ingresos tributarios de Chile alcanzan el más alto nivel de su historia, incluso en moneda de poder adquisitivo permanente, y cuando tenemos una balanza de pagos favorable al país, con 100 millones de dólares anuales.
¡Qué contradictorio y extraño cuadro: los más altos ingresos tributarios, magnífico el sobrante de nuestra balanza de pagos, y el más tremendo de los déficit de la caja fiscal!
Por lo tanto, tal vez sea posible, desde el punto de vista doctrinario, si nos propusiéramos realizar en conjunto una labor de ordenación económica, encontrar el financiamiento que permitiera, antes que la propaganda y la creación de otros organismos de propósitos estrictamente políticos, costear algo básico para Chile: la medicina curativa.
Pero eso, debemos estudiarlo. El señor Ministro de Salud Pública encontrará de nuestra parte plena acogida para despachar una iniciativa legal seria, que sirva el objetivo que pretendemos alcanzar. No podemos adoptar la política del avestruz, que, como falsamente se supone, oculta la cabeza ante el peligro. No se nos diga que tenemos terror de aprobar un proyecto desfinanciado, en circunstancias de que el Subsecretario de Hacienda, en forma concreta, ha manifestado que la única solución consiste en decir al Presidente de la República: "Usted, señor Presidente, otorgará los derechos que nosotros acordamos en esta ley en la medida en que lo estime conveniente". Que acepte este procedimiento quien lo crea factible, pero, con una situación de caja fiscal como la señalada, cualquier Jefe de Estado -no precisamente el señor Freí, sino cualquier otro- no estimaría conveniente la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza, ni en este año, ni en el siguiente ni en muchos más.
El artículo respectivo dice claramente: "El Presidente de la República otorgará, a los imponentes referidos en el artículo 1º, los beneficios señalados anteriormente, a medida que se disponga de los recursos que permitan su adecuado financiamiento".
¡Estupenda la frase! ¡Muy bonita! ¡Muy interesante! Mas para aceptarla debemos hacer primero un análisis de la situación económica del país, de la caja fiscal y sus posibilidades, a fin de decir, con cierta seguridad, a quiénes se beneficiará con el proyecto y cuándo, más o menos, creemos nosotros que podrán tener medicina curativa.
Deploro que un accidente me haya impedido concurrir oportunamente a esta Sala. Me he levantado sólo para participar en el debate de esta iniciativa. En todo caso, me habría gustado mucho intervenir en forma más profunda y amplia sobre la materia, que estimo muy interesante, porque cualquier error que cometamos será fatal, precisamente para aquellos a quienes queremos servir.
En una de las provincias que represento, varios de los organismos de la marina mercante, como señaló el Honorable señor Barros -empleados de bahía, jubilados, el señor Osvaldo Hernández, profesionales y oficiales y personal de oficiales jubilados- han pedido que se los excluya de los beneficios de esta iniciativa legal. Exponen argumentos de orden general, de los cuales participo, y comparten el anhelo de conceder este derecho a los empleados particulares -lo expresan concretamente-; pero, en su opinión, desmejorará la atención que reciben actualmente. Al efecto, manifiestan: "Demos a los empleados particulares lo que tenemos y, si es posible, mucho más; pero no nos devuelvan -como dicen en su carta-, no nos hagan retroceder. Si hemos logrado conquistar ciertas atenciones médicas, no hagan que nosotros, mediante la legislación que se dictará, tengamos cinco, seis o siete atenciones médicas menos que las que teníamos".
En realidad, esto es muy divertido, porque, en vez de avanzar, se está retrocediendo.
No quiero entrar al detalle y sólo me limitaré, en su oportunidad, a solicitar la autorización del Senado para incluir el texto de la argumentación de estos dirigentes gremiales, las conclusiones de la ANEF -según observo, obran en poder de varios señores Senadores- y también las que nos entregó la CEPCH en la Comisión, que abarcan menos de una pagina y se denominan "observaciones de la CEPCH sobre el proyecto".
Los documentos a que me he referido podrán servir a todos los señores Senadores que se interesen por despachar bien el proyecto, para orientarse dentro del debate a que dará origen el segundo informe.
Como manifestó el Honorable señor Ahumada, votaremos favorablemente esta iniciativa de ley, formularemos algunas indicaciones en representación de los gremios que he indicado y esperamos que, del estudio que se realice, se llegue a la conclusión, ojala unánime, de despacharla bien financiada, a fin de que no estemos ofreciendo una especie de hermoso arco iris, simplemente transitorio, pero que no será realidad.
-Los documentos cuya inserción se acordó en el Tiempo de Votaciones de esta sesión son los siguientes:
"Conclusiones de la ANEFF.
1.- Modificar el régimen legal del Servicio Médico transformándolo en servicio semifiscal en, institución de administración autónoma dirigida por un Vicepresidente y administrada por un Consejo Administrativo de amplia representación.
2.- En dicho Consejo Administrativo deben tener cabida representantes gremiales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Confederación Nacional de Empleados Particulares, Imponentes de la Caja Nacional de la Marina Mercante, elegidos de acuerdo a lo que dispongan sus Estatutos.
3.- Debe establecerse la descentralización de tipo zonal y la creación de Consejos Zonales integrados por representantes directos de los gremios de la respectiva zona, por representantes del Colegio Médico y el Jefe Médico Zonal.
4.- La defensa integral del Servicio Médico Nacional de Empleados: su estructura, sus comisiones técnicas, etc., y lograr su crecimiento: hospitales, policlínicas, maternidades, etc.
5.- Lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la ley en lo que dice relación con la construcción de hospitales propios, en especial en aquellas ciudades donde el volumen de imponentes lo justifique: Santiago, Concepción, ampliación del Hospital de Valparaíso, (en estas tres ciudades reside el 71% de los imponentes de Chile; en Santiago reside el 60,10% de los empleados).
6.- Establecer convenios de hospitalizaciones en el país, con servicios hospitalarios de cualquier naturaleza que-garanticen atención oportuna y eficiente, sean fiscales, semifiscales, autónomos o particulares.
7.- En las modificaciones al D.F.L. Nº 286/960 deben establecerse las prestaciones que se otorgarán dejando para el Reglamento la fijación de las normas de aplicación de esas prestaciones.
8.- Destinar un porcentaje de los fondos acumulados para la construcción de hospitales (5%) y montar equipos dentales (7%).
9.- La atención médica debe ser por el sistema de tarifado funcionario y por el de libre elección para aquellos sectores que lo soliciten.
10.- El financiamiento de la Medicina Curativa, además de lo ya establecido en el D.F.L. Nº 286/960, debe incrementarse con un porcentaje de cargo fiscal en el carácter de patrón.
11.- El aporte de 2% de las entradas brutas de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, debe actualizarse año a año. En la actualidad no pasa de
800.000, primero, por tener el último balance aprobado el año 1960, y segundo, por la elevada deuda del Fisco a la Caja.
Según certificación de la Superintendencia de Seguridad Social al 31 de agosto de 1966 la deuda asciende a Eº 34.220.104 solamente con la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas."
Observaciones de la CEPCH.
"Las observaciones hechas por la Confederación de Empleados Particulares que ha participado en la elaboración de algunos proyectos, tales como el de Rojas Villegas, y que ha estado permanentemente preocupada de resolver este problema, ya que les afecta más directamente por carecer del mecanismo legal que les otorgue asistencia médica y dental, medicina curativa, esta parte tan importante de la Seguridad Social, pueden resumirse en los siguientes puntos:
1º.- Es necesario establecer como lo determinó la Cámara de Diputados, un Consejo de administración con 4 representantes de CEPCH y 4 de ANEF. En la actualidad el SERMÉNA tiene un Consejo solamente asesor, de consulta.
2º.- Es indispensable detallar las prestaciones y mantener la atención dental. (Proyecto Cámara) destinando para esto último un 7%: del fondo acumulado.
3º.- Es de suma conveniencia aumentar el financiamiento, con el 1 % de las remuneraciones imponibles de cargo a los organismos de previsión y suprimir la facultad del Presidente de la República de aumentar el 1,5% tanto de empleados y empleadores al 2,5%, pues los sueldos están muy gravados. Tanto en el sector privado como en el sector público y participamos del criterio del anteproyecto de Gobierno de gravar a los empleadores o Fisco. Por una obligación ante los' empleados y la comunidad.
4º.- Es necesario destinar el 5% de los ingresos a la construcción del Hospital del Empleado de Santiago, Antofagasta, Concepción y ampliar el de Valparaíso -como una primera etapa, que es una antigua y vigente lucha de los empleados.
5º.- La atención materno infantil debe mantenerse gratuita.
6º.- La división de los empleados por capas de remuneraciones, beneficia a los que ganan menos de dos vitales, pues pueden acudir al Servicio Nacional de Salud, o acogerse al régimen general de libre elección.
7º.- Debe establecerse el sistema de población a cargo, por vía experimental, en una o varias zonas del país.
8º.- Por último en lo que a Servicios Médicos especiales de las empresas, generalmente conseguidos por actas de avenimiento o fallos arbítrales, se debe mantener el artículo aprobado en la Cámara, como 1º transitorio, para proteger los derechos de los empleados, los que podrán decidir libremente, si desean mantener sus servicios o aceptar el régimen general de asistencia médica y dental que se establecerá por esta ley. De todos modos es necesario, además, dejar la redacción del artículo primero transitorio, con las modificaciones propuestas por la CEPCH, a fin de garantizar mejor los derechos de los empleados particulares, públicos, semifiscales y pensionados."
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
-Tiene la palabra el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, durante muchos años, por convicción, por principio, por militar en un partido de doctrina y filosofía socialistas, he luchado, desde los cargos que el movimiento popular me ha otorgado en el Parlamento y en el Ministerio, cuando fui Secretario de Estado dedon Pedro Aguirre Cerda, por dar acento y contenido efectivo a la medicina chilena, desgajándola de la vieja concepción de una medicina liberal, a fin de contribuir a darle serio contenido social.
Como médico, tengo la profunda satisfacción de poder destacar que estos profesionales, en Chile y en América Latina, han sido los primeros -en forma comparativa con otros continentes, posiblemente también los primeros- en entender que la salud se compra; que a mayor enfermedad, mayor pobreza; que a mayor pobreza, mayor enfermedad, y que en nuestro país, por desgracia, por las condiciones materiales de existencia de miles de miles de nuestros conciudadanos, el más amplio sector no está en condiciones de comprar la salud.
De allí que los médicos, lesionando sus propios intereses, patrocinaran las leyes esenciales. Me refiero a la del seguro de enfermedad, a la que creó la atención médica: la ley 4.054. Después, estos mismos profesionales, comprendieron que no podía otorgarse atención médica sólo al imponente, al hijo de hasta dos años de edad y a la mujer durante el parto, sino que también era imperativo extenderla al grupo familiar. De allí nació la actual ley 10.383, que dispone la atención del imponente de la antigua Caja de Seguro Obrero, hoy Servicio de Seguro Social, y de sus familias, vale decir, se hicieron extensivas las prestaciones a más de tres millones y medio de chilenos.
También se comprendió con claridad meridiana que era menester dar al pueblo garantías de orden económico y paliar la realidad económica social de muchos chilenos. Por eso, nosotros los médicos -personalmente me correspondió patrocinar los proyectos de ley respectivos- hicimos posible mejorar los subsidios de lactancia, de enfermedad y parto; la asignación familiar prenatal, concepción que implica atender al futuro ciudadano desde el vientre materno hasta el término de su vida, como pensionado o jubilado; y, por eso, también, procuramos la creación del Servicio Nacional de Salud. Como muy bien decía el Honorable señor Barros, ese Servicio no atiende a todos los chilenos sino en el campo de la medicina preventiva, no obstante que los técnicos han comprendido también que la medicina debe ser integrada. Vastos sectores de la población, especialmente los empleados, quedaron al margen de los beneficios médicos. Hemos luchado, desde hace tiempo, por hacer posible la medicina curativa a favor de los empleados.
En forma responsable, hemos declarado que este proyecto debió haberse discutido en general dentro de un plazo más amplio para introducirle las enmiendas necesarias en el segundo informe, a fin de que, de una vez por todas, el Senado sea teatro de un gran debate sobre la defensa, fomento y protección de la salud en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque hay lenidad e incuria. Lo he manifestado tantas veces. Las Comisiones de Salubridad y Trabajo, unidas, están discutiendo un proyecto que, en su esencia y en sus líneas fundamentales, es el mismo que, desde hace veintiséis años, duerme en el Congreso. ¡Veintiséis años! Y ¿cuánto tiempo ha estado en el Parlamento el proyecto que ahora discutimos? Más de cinco años, Honorables colegas. Mientras tanto, son muchas las vidas que se pierden por cada minuto que desatendemos una preocupación que constituye deber ciudadano y responsabilidad de los hombres públicos.
Debemos golpear muy fuerte en la conciencia de todos para que sepan que en nuestro país existen servicios fundamentales como los que tienen a su cargo la educación y la salud, para los cuales deben encontrarse recursos económicos suficientes. Es preciso hacer entender a la gente aún a costa de insistir y machacar permanentemente sobre estos problemas. Por ejemplo, ha y déficit de médicos. En compañía del profesor Jirón, catedrático brillante, ex Senador del Partido Radical, presentamos un proyecto de ley para edificar la Escuela de Medicina. Ello ocurrió hace catorce años, al día subsiguiente de haber ocurrido el incendio que destruyó por completo el antiguo local de dicha escuela. Los resultados puede apreciarlos cualquiera persona que transite por la Avenida Independencia: el edificio sigue en obra gruesa; nada se hizo para completarlo durante la Administración del señor González Videla, y los señores Ibáñez, Alessandri y Frei han tenido la misma actitud.
Allí está el edificio de la Asistencia Pública de Santiago, obra a la que me he referido no menos de veinte veces. El proyecto de ley respectivo tuvo la tramitación más breve en la historia del Senado: fue despachado en sólo tres minutos. Esa construcción, ubicada en Marcoleta esquina de Portugal, se empezó hace dieciséis años y aún no está terminada ni habilitada, al parecer, por falta de recursos. Ello no es admisible, porque, sin duda, el país debe buscar los medios económicos necesarios para la defensa de la salud de obreros y empleados; Chile tiene esos recursos, pero el problema consiste en la forma de distribuirlos como debe ser y en buscarlos donde verdaderamente están.
Solicito insertar en esta parte de mi discurso, tanto en el Diario de Sesiones como en la versión de prensa, un documento relativo a las medidas indispensables que, a juicio del movimiento popular, deben adoptarse dentro de un plan racional y progresivo de defensa y protección de la salud.
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
En este momento no hay número en la Sala, pero oportunamente recabaré el acuerdo de los señores Senadores.
-El documento mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:
"I.- CREACION DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EXTENDER Y MEJORAR LA ATENCION MEDICA.
(Implementación de la Política de Salud)
1. Medidas Legislativas y Reglamentarias:
a) Reformas de la Ley 10.383, (modificada por DFL de 1959), en sus artículos 65 (financiamiento) ; 67 (relación entre el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio y la Superintendencia de Seguridad Social) ; 68 y 69 (composición y atribuciones del Consejo Nacional de Salud y de la Dirección General). El sentido de estas modificaciones debe ser el de ampliar la base financiera del Servicio y ampliar y mejorar las prestaciones.
b) Decreto (s) Supremo (s) que, basándose en el Art. 64 de la Ley 10.383, incorpore (n) al Servicio Nacional de Salud los demás "servicios fiscales, semifiscales o municipales de carácter médico", en forma gradual y oportuna.
c) Decreto (s) del Ministerio de Salud Pública, que modifique (n) el Reglamento del Servicio Nacional de Salud en los aspectos indispensables para efectuar las medidas que aquí se enumeran, particularmente en lo referente a la estructura y atribuciones de la Dirección General, Direcciones Zonales y Direcciones de Hospitales.
d) Decreto (s) de la Dirección General del SNS. que modifique (n) el Reglamento de los Organismos Locales de Salud, en los aspectos necesarios para efectuar las medidas que aquí se enumeran, particularmente con relación a las estructuras de democratización y de participación de las masas; y, por otra parte, agregando lo relativo a los organismos de atención rural, de atención industrial y escolar.
e) Reforma del Código Sanitario, modernizándolo técnicamente y convirtiéndolo en herramienta eficaz de la política de salud.
f) Aprobación del Proyecto de Ley de Seguro Social para los Accidentesdel Trabajo y Enfermedades Profesionales, elaborado con asesoría de los técnicos del SNS y pendiente en el Parlamento.
g). Modificación del Estatuto Médico Funcionario, especialmente en el sentido de facilitar la creación de cargos de 8 horas y en el de garantizar una remuneración digna y no sujeta a desvalorización.
h) Dictación de un Estatuto del Personal de la Salud, previa elaboración de la Planta y del Escalafón de Funciones.
i) Coordinación de las medidas legislativas referentes a salud y atención médica y médico-social en un solo cuerpo, el Código de Salud, en el cual debe consagrarse explícitamente el derecho de todos los chilenos a la atención médica y a la protección y fomento de su salud.
2.- Medidas Organizativas y Administrativas:
2. 1. Participación popular en los planes y acciones de salud:
a) Formación de Consejos Populares de Salud, a niveles nacional, regional y local. Ello requiere, además de las medidas legislativas, instruir a los directores de Salud acerca de los fines, funciones y organización de estos Consejos.
En tanto se modifica la legislación, el Consejo Popular Nacional de Salud puede hacerse realidad, parcialmente, mediante la designación de representantes auténticos de las organizaciones de masas en los cargos del actual Consejo Nacional de Salud que son de confianza del Presidente.
b) Estimular la designación de Responsables de Salud en todas las agrupaciones de las organizaciones de masas, y trabajar en estrecha coordinación con ellos. Los comités de los propios trabajadores de la Salud pueden ser promotores en este aspecto.
Organizar cursillos para la instrucción masiva de los responsables de salud.
c) Reorientación de la formación y de la actividad de las Asistentes Sociales, en función de la importancia de su papel como asesoras de este trabajo con grupos y comunidad.
2. 2. Democratización interna de los servicios de salud:
a) Legalización de los sindicatos y entrega a ellos de las funciones y de los recursos relacionados con el bienestar del personal, así como de algunas otras funciones de política de personal.
b) Creación de los "Consejos Administrativos" en cada establecimiento y en los niveles regional y nacional, con participación de los representantes sindicales. Tendrán funciones de: decidir en materias de política del personal, y servir de cauce a las iniciativas del personal. Se deberá instruir a los directores de salud acerca de ellos,
c) Funcionamiento de las "Asambleas Periódicas" en cada establecimiento. Tendrán funciones de: información, crítica,, sugerencia, estímulo.
d) Puesta en marcha de mecanismos ágiles, efectivos y masivos de información a todo el personal A nivel local, difundir y utilizar ampliamente las estadísticas locales.
e) Democratización de la formación y perfeccionamiento del personal, según se detalla más adelante.
2. 3. Racionalización de los servicios de salud:
a) Control de la importación, producción, envase y comercialización de los medicamentos, con el objeto de evitar al país el derroche que este rubro significa actualmente. Estímulo a la producción en el país de aquellos medicamentos cuya elaboración resulte conveniente. Elaboración del "Arsenal Farmacológico Nacional".
b) Integración gradual, pero rápida, de los diversos servicios públicos de salud.
c) Incorporación de los empleados al derecho a la atención médica integral dentro del sector público de salud.
d) Aumento de las atribuciones de los directores zonales, de Áreas y de establecimientos, en carácter definitivo y no en carácter de atribuciones delegadas: efectiva descentralización.
e) Descentralización del sistema de abastecimientos.
f) Instalación genuina del método de dirección colectiva a través de todo el Servicio de Salud.
g) Las actividades que no corresponden a Salud y que actualmente están dentro del Servicio, serán ubicadas en las reparticiones a que realmente corresponden. De ninguna manera saldrán del Sector Público, ni cesarán los empleados y obreros ahí ocupados en sus actividades. Al contrario: al ser reubicadas estas funciones, industriales o agrícolas, ahí donde realmente corresponden, se expandirán y tendrán mayor autonomía. En todo caso, estas medidas se tomarán oportuna y no precipitadamente, y siempre previa información y consulta a los interesados.
h) Separación de los cargos de Director de Área y Director del Hospital-Base en las Áreas más populosas.
i) Aplicación inmediata de las técnicas de planificación popular a la programación en salud.
j) Inmediato estudio de los recursos y de los procedimientos administrativos existentes, y proposición de medidas de racionalización, para lo cual funcionará desde ya una Comisión de expertos que proponga las medidas respectivas, recogiendo, además, las sugerencias de los Comités de base.
2, 4. Política justa del personal:
a) Creación de una Planta racional, para los funcionarios de todo nivel.
b) Creación de un Escalafón de funciones, claro y justo, para cada categoría de funcionarios.
c) Remuneraciones justas, con eliminación real de todos los sueldos inferiores a los requerimientos vitales de una familia.
d) Creación de estímulos al personal, en forma de:
-Premios en dinero a los equipos que trabajen mejor;
-Asignaciones justas por funciones de especial importancia o sacrificio;
-Becas para perfeccionamiento.
e) Perfeccionamiento de los sistemas de calificaciones y de sanciones, con participación sindical.
f) -Reforma del sistema de Bienestar, ampliándolo a todo el personal, mejorando sus prestaciones, y entregando su manejo a la organización sindical.
g) Mejoramiento de las condiciones de trabajo: turnos, alimentación, higiene y seguridad.
2.5 Formación del personal. Investigación científica.
a) Aumento inmediato de las plazas para estudiar medicina a 500; en igual número, de las plazas para estudiar enfermería; aumento substancial de las plazas en las demás escuelas relacionadas con salud, y, especialmente, de los cursos para auxiliares de enfermería, de las cuales se formarán mil por año en los primeros dos años. En 1965, se abrirá en Santiago una segunda Escuela de Medicina dependiente de la Universidad de Chile, y se expandirá la Escuela de Valparaíso. Para las demás carreras, se utilizarán preferentemente los Colegios Universitarios Regionales.
b) Reorientación e intensificación de los estudios en las profesiones de la salud, adecuándolos a las necesidades del país. Está reorientación e intensificación, permitirá, además, abreviar algunas carreras, Por ejemplo, medicina podrá completarse en 6 años, a partir de la generación que ingrese a tercer año en 1965; pero ya los que egresen en 1965 podrán abreviar su carrera en algunos meses.
También se reorientará la profesión de enfermería y obstetricia, creando una enfermera básica y una matrona básica en dos años y enfermeras o matronas supervisoras o docentes, en 4 años. Se iniciará la formación de educadores sanitarios ayudantes y se reanudará la formación de nutriólogas. Se mejorará la formación de los inspectores sanitarios, poniéndolos a la par con las demás disciplinas de colaboración médica y abriendo para ellos perspectivas de superación profesional.
c) Creación de becas desde el nivel primario, para que eventualmente lleguen a la Universidad los hijos de obreros y campesinos.
d) Creación de cursos de perfeccionamiento para que los funcionarios de mayor mérito puedan pasar en proporción apreciable de un nivel técnico a otro: el personal de servicio, a nivel auxiliar; las auxiliares, al nivel de enfermera: las enfermeras, al nivel médico; etc.
e) Organización de una Oficina de Formación de Personal, dependiente directamente del Ministro de Salud.
f) Organización de una Oficina de Coordinación de la Investigación Científica, dependiente directamente del Ministro de Salud, y creación de un Instituto de Atención Médica.
3. Medidas de Financiamiento:
El costo aproximado del presente Plan de Salud, es fácilmente calculable a base de las especificaciones de dotación en él contenidas y de índices ya elaborados en el país.
En cuanto al financiamiento, señalamos a los organismos centrales de planificación del Gobierno Popular que, además de los recursos actuales de que dispone el sector público, existen las siguientes fuentes directas o indirectas de ahorro o de producción de recursos que serán generados por la puesta en marcha del Plan y que deben ser reorientados para su mejor aprovechamiento en la atención médica:
-Control de los medicamentos: ahorro de una cuarta parte de lo que gasta el país en salud;
-Puesta en vigor del principio de que, así como toda la población tiene el derecho a la salud, toda la población debe contribuir a su funcionamiento, en proporción a sus ingresos; esto significa terminar con las evasiones y fraudes de diversos tipos que hoy día lesionan el presupuesto del SNS.
-Reducción de los riesgos ocupacionales: ahorro eventual de una suma equivalente aproximadamente al 2% del Producto Nacional;
-Reducción de otra morbilidad evitable;
-Reducción de hospitalizaciones evitables -Reducción del ausentismo y elevación de la eficiencia en el trabajo, por concepto de mejor estado de salud;
-Mayor rendimiento de presupuestos, personal y equipos por integración de los servicios públicos de salud, por una eficiente planificación y por funcionamiento de los establecimientos durante todo el día;
-Recursos aportados por la participación de las masas en las tareas de salud.
En lo inmediato, el sector Salud deberá recibir, además, una parte de los recursos extraordinarios generados por la nacionalización del cobre, de los bancos y de los seguros, y por el control del Comercio Exterior.
En lo mediato, el presupuesto de Salud crecerá a la par con el producto nacional, cuyo incremento en el Gobierno Popular se estima en un 7 por ciento por habitante al año.
II.-MEDIDAS DIRECTAS PARA EXTENDER Y MEJORAR LA ATENCION MÉDICA DE LA POBLACION.
En términos muy resumidos, estas medidas tienen por objeto:
-Hacer realidad el tema: "ningún enfermo sin su doctor";
-Aproximarse progresivamente a la realización de los principios de atención- médica integral;
-Aumentar el número de consultas desde 1,4 hasta 2,8 por habitante al año, en 6 años;
-Aumentar el número de camas desde 3,9 hasta 5,1 por cada mil habitantes, en 6 años.
1. Medidas organizativas y administrativas relativas a la atención médica en general. a) Difusión de una nueva mística de servicio al pueblo entre los trabajadores de la salud de todo nivel, para lo cual son bases esenciales ¡as medidas de democratización interna, justo trato y participación de la comunidad, que se señalan más arriba, así como la nueva atmósfera de unidad nacional y fervor patriótico que se creará en la victoria popular.
b) Definición y difusión de los postulados de la atención médica integral.
c) Definición y difusión de lo que son las unidades-tipo de atención, contempladas en el texto de este proyecto, de las respectivas combinaciones o dotaciones de recursos, y de las p9blaciones-sectores a cargo de los equipos.
d) Formación acelerada de los cuadros dirigentes necesarios para poner en marcha esta concepción de atención médica.
e) Aumento masivo de los cargos de 6 y 8 horas para médicos y odontólogos. Extensión horaria para los profesionales de colaboración médica.
f) Funcionamiento uniforme, en la mañana y en la tarde, de salas de Hospital, pabellones, servicios técnicos, consultorios y clínicas dentales.
g) Redistribución de personal desde las grandes ciudades hacia las provincias y desde las salas de hospital hacia los consultorios, según Planta, y previa consulta con los interesados.
h) Rápido inventario de los recursos materiales existentes en la Central de Abastecimiento y en las bodegas de los Servicios mejor dotados, para distribuirlos planificadamente a los consultorios distritales, hospitales de provincias y de departamentos, y hospitales rurales.
i) Uso pleno de la capacidad instalada actualmente de camas, a través cíe "regionalización" y de redistribución entre especialidades.
j) Habilitación rápida de todas las camas construidas o con construcción próxima a terminarse, y que no estén en uso. Reparación de locales. Construcciones provisorias o definitivas aprovechando galerías, terrazas, etc.
k) Edificación de nuevos hospitales y pabellones hasta alcanzar en 6 años, un índice de 5,1 camas por 1.000 habitantes, con preferencia para Maternidades, Pediatría, Psiquiatría, Cáncer, Tuberculosis, Traumatología y Medicina Rural. En cuanto a ubicación geográfica, se dará preferencia a las áreas en que las necesidades son más urgentes, tales como: Areas Central y Sur de Santiago, Quinta Normal- Barrancas (Hospital Félix Bulnes), Antofagasta, Valparaíso, San Bernardo, San Antonio, Meiipilla, San Fernando, Curicó, Concepción, Cañete, Valdivia, Osorno, Puerto Montt.
I) El Area Sur de Santiago, las Areas Rurales y otras que se determinen, serán declaradas en estado de emergencia sanitaria y se volcará hacia ellas, en los primeros meses, la cantidad necesaria de recursos para elevar masivamente el número de atenciones que ahí se presta.
m) En los distritos suburbanos y rurales vecinos a las actuales Escuelas de Medicina, Odontología, Enfermería y Obstetricia, los docentes y estudiantes con conciencia social deberán constituirse en equipos para salir, desde el primer momento del Gobierno Popular, a prestar atención médica de emergencia, hasta la adopción de medidas de carácter más estable. En este tipo de atención debe participar además todo otro profesional de la salud, sin otro requisito que su espíritu de solidaridad y su patriotismo.
n) Adaptar la distribución de las vacaciones del personal de cada servicio con respecto a las variaciones estacionales de la demanda.
2. Medidas relativas a la atención médica urbana.
a) Reparación y habilitación menor de los consultorios distritales actuales.
b) Plan de construcción de los Consultorios Distritales que faltan para alcanzar el nivel de uno de cada 40 a 50 mil habitantes.
3. Medidas relativas a la atención médica rural.
a) Completar la red de hospitales rurales hasta contar con uno cada 10.000 habitantes, dotado con 25 a 50 camas, laboratorio, atención dental y radiología.
b) Completar la red de postas rurales hasta contar con una en cada núcleo de población, servida por un auxiliar o por un profesional residente.
c) Poner en funcionamiento cierto número de clínicas dentales móviles.
d) Crear inmediatamente el "Servicio Social Rural" como requisito para todo egresado que desee obtener un cargo público,' en las carreras de: medicina, odontología, enfermería, obstetricia, servicio social, tecnología médica.
e) Formación inmediata de la cantidad suficiente de auxiliares polivalentes para zona rural y cursos de perfeccionamiento de aquellos que ahí ejercen actualmente. Elevación progresiva de la preparación de los encargados de las Postas. '
f) Rápido mejoramiento de los medios de comunicación y de movilización en los Hospitales Rurales, en coordinación con ¡os demás servicios técnicos que operan en zona rural.
g) Asignación económica por trabajo en medio rural, a todo el personal.
h) Creación, en el Ministerio de Salud, de una Oficina de Atención Médica Rural.
4.- Medidas relativas a la atención médica sobre base ocupacional.
a) Creación de Servicios Médicos en las industrias y demás sitios de trabajo. Se destinará uno o más médicos y odontólogos a los lugares en que haya suficiente número de trabajadores, y se responsabilizará ai sistema de Consultorios Distritales y Hospitales Generales de la atención expedita a los trabajadores de industrias pequeñas. En todo sitio de trabajo habrá un auxiliar de enfermería, el cual será asesorado por él o los Responsables de Salud del Sindicato.
b) En cada Zona y Área de Salud en que haya concentración industrial o minera funcionará una Asesoría de Medicina Ocupacional, que se preocupará de que la atención médica en los sitios de trabajo sea eficiente, así como de los exámenes preventivos y del control de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
c) En el Ministerio de Salud se creará una Oficina de Atención médica sobre base Ocupacional.
5.- Medidas relativas a la atención de la Mujer y el Niño.
5.1 Medidas técnicas y administrativas.
El Gobierno Popular desarrollará un Plan de Protección Biológica, Económica y Social de la Familia. En sus aspectos médicos, cuatro son los rubros de absoluta prioridad:
a) Atención profesional de los partos: -exige: el aumento rápido de camas de Maternidad hasta alcanzar el nivel de 1 x 1.250 habitantes, en un plazo de 3 años; la formación acelerada de matronas y de auxiliares rurales polivalentes; y el aumento del número de obstetras-ginecólogos. Progresivamente debe complementar a este programa una expansión de la atención prenatal y puerperal, integrada con atención ginecológica descentralizada.
b) Dación suficiente de leche a toda embarazada y a todos los niños hasta los 15 años de edad (600 millones de litros de leche al año).
c) Prevención y curación de las diarreas infantiles, --causantes de un tercio de nuestra morbilidad infantil. Ello requiere: poner en práctica las medidas de saneamiento contempladas en el Plan ; completar la red de consultorios infantiles y la dotación de camas pediátricas a través del país, con la respectiva formación de personal técnico; y, -como elemento de máximo valor inmediato-, la realización de una Campaña Educativa Nacional contra las diarreas infantiles.
d) Prevención del aborto provocado, a través de educación en medidas anticonceptivas, y del suministro de los elementos necesarios para el método que cada pareja elija libremente.
Paralelamente, el Plan contempla acciones en otros rubros del problema de mujer y niño:
-Protección del preescolar, especialmente a través de la creación de 50.000 plazas de Jardines Infantiles en un plazo de 6 años (o menor). ,
--Atención médica y dental del escolar; designación de higienistas escolares en cada área de población elevada.
-Creación de una Oficina Nacional para la Adolescencia y la Juventud, que estudie y coordine las acciones médicas, educativas, recreativas, de educación física y deportes, sindicales y del trabajo, con respecto a este grupo de edad.
-Prevención y tratamiento en los rubros de niños "especiales" y de niños "en situación social irregular"; protección de la madre sola y de sus hijos.
-Ampliación de las prestaciones económicas relacionadas con la maternidad, y premios a las "madres ejemplares".
5. 2 Medidas Legislativas:
a) Las necesarias para reorientar el consumo de la leche hacia las embarazadas y los niños, creando el poder comprador respectivo.
b) Reforma de la legislación relativa al aborto inducido.
c) Ampliación y aprobación de la Ley de Jardines Infantiles, pendiente en el Congreso.
d) Reforma de la legislación relativa a adopción.
6.- Medidas relativas a la rehabilitación y a la atención de las enfermedades crónicas del adulto.
a) Se promoverá una modificación de la Ley de Medicina Preventiva, transformándola en Ley de Medicina Preventiva y Rehabilitación.
b) Se creará en cada Area de Salud una Comisión de Rehabilitación.
c) Ampliación de los recursos de Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación.
d) Aumento general de la capacidad de los servicios de Oftalmología y de Otorrinolaringología, que son indispensables para el bienestar de las personas de edad avanzada.
e) Reconstrucción del I. Nacional del Radium, duplicando el número de sus camas.
f) Crear plazas de hogares, para ancianos solos indigentes.
g) Estimular la investigación científica relativa a arterieesclerosis y cáncer.
7.- Medidas relativas a la atención de los aspectos mentales de la salud.
a) Creación de camas para enfermos mentales en todas las provincias: la Psiquiatría debe ser considerada una rama básica de la medicina. Reemplazo de las camas obsoletas del Hospital Psiquiátrico.
b) Dotación de los Consultorios Distritales con Consultorios psiquiatras y psicólogos, para que los equipos médicos generales puedan absorber los casos psiquiátricos más simples, que son la mayoría.
c) Realización inmediata de una Campaña Nacional contra el Alcoholismo, con todo el apoyo del Gobierno Central.
d) Creación de un Instituto (de Investigación) de Salud Mental.
8.- Medidas relativas a la atención dental.
a) Empleo, en un plan de 3 años, de 2 mil dentistas.
b) Iniciación inmediata de planes de atención completa a: escolares, trabajadores jóvenes, embarazadas y preescolares, además de las atenciones de urgencia, atenciones especializadas y absorción progresiva de la demanda de los demás gru- pos:
c) Completar la fluoración del agua de bebida, con el objeto de prevenir en alta proporción la incidencia de caries.
III.-MEDIDAS DIRECTAS PARA MEJORAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE CARACTER COLECTIVO.
1.- Medidas destinadas a prevenir las enfermedades transmisibles:
a) Realización del programa de inmunizaciones a nivel permanentemente útil.
b) Designación de epidemiólogos en todas las zonas y en las áreas más pobladas, con responsabilidad de todas las acciones preventivas y con el rango de subdirectores.
c) Encomendar funciones de epidemiología; en los demás casos a otros médicos.
d) Realización de Campañas Nacionales, apoyadas desde el más alto nivel, contra las diarreas infantiles, que hoy causan 10 mil muertes cada año.
e) Puesta en marcha de un programa nacional contra la tuberculosis bajo la dirección ejecutiva de un médico del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Creación de un Registro Nacional de Tuberculosis. Entrega de recursos suficientes en lo que respecta a medicamentos, productos biológicos, personal y disponibilidades de camas. Hospitalización de todos los enfermos activos de tuberculosis, procedentes de áreas rurales. Examen de todos los contactos; examen anual de todos los escolares y de los nuevos contingentes de trabajadores; examen de toda puérpera.
f) Desarrollo del Instituto Bacteriológico como Laboratorio Central con funciones de: diagnósticos especializados, supervisión cíe laboratorios regionales y locales, docencia e investigación.
2. Higiene ambiental e higiene y seguridad del trabajo.
a) Promover la ejecución de las obras de saneamiento a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
b) Facilitar la acción de talleres sanitarios, aumentando su financiamiento.
c) Crear obras locales de saneamiento rural.
d) Facilitar a los municipios los recursos necesarios para que cumplan con sus funciones sanitarias (disposición de basura y eliminación de focos de insectos y roedores).
e) Construcción de mercados y mataderos higiénicos en número suficiente.
f) Reorientación de la formación y de las funciones y perspectivas de los Inspectores de Saneamiento.
g) Creación de asesorías de Higiene, Seguridad y Medicina Ocupacional en las Zonas y en las Áreas con mayor población obrera, con formación rápida de 40 técnicos adicionales en este campo.
h) Desarrollo de comités de higiene y seguridad en las empresas, con participación sindical.
3. Educación Sanitaria:
a) Formación, en el primer año, de 50 educadores-ayudantes para las áreas del Servicio de Salud.
b) Introducción de la Educación Sanitaria en las Escuelas Normales e Institutos Pedagógicos.
c) Formación de profesores guías de Educación Sanitaria para ios diversos niveles de nuestro sistema escolar.
d) Introducción de la Educación Sanitaria en los programas de enseñanza de todas las profesiones de Salud.
e) Utilización de todos los medios de comunicación masiva por la Educación Sanitaria.
4. Nutrición.
a) Creación de un Consejo Nacional de Alimentación, organismo interministerial, relacionado directamente con el Organismo Central de Planificación del Gobierno Popular.
b) Formulación de un Programa Nacional de Producción de Alimentos Básicos.
c) Adopción de todas las medidas conducentes a aumentar la disponibilidad de alimentos, a mejorar su transporte, su comercialización y su aprovechamiento en el hogar.
d) Distribución justa de los alimentos en todas las capas de la población, con preferencia para niños, embarazadas y obreros con trabajo pesado: ¡a comer cada uno de acuerdo con sus necesidades! Se crearán restoranes populares y almacenes reguladores. Se estudiará un verdadero salario vital, basado en el costo de una alimentación racional.
IV.-MEDIDAS CONCRETAS DE MEJORAMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD:
a) Asignación Familiar uniforme.
b) Aguinaldo de parto.
c) Aumento de los beneficios en especie a la familia: leche, jardines infantiles subsidiados, becas, vacaciones de estudio, menaje de casa subsidiado.
d) Aumento de los ítem para ayuda intrafamiliar y para colocación familiar.
e) Creación de hogares y de refectorios subsidiados, para grupos especiales.
f) Prolongación post-natal del subsidio maternal. Creación de un sistema de permiso largo (completo o de tiempo parcial), que cubra el período en que los hijos son pequeños, sin que ello perjudique a la trabajadora en su derecho a jubilación.
g) Premios a madres ejemplares.
h) Uniformación del criterio para determinar el monto y duración del subsidio de enfermedad de empleados y obreros.
i) Medidas de simplificación administrativa que eviten toda demora en el pago del subsidio de enfermedad.
j) Dictación de una Ley de Medicina Preventiva y Rehabilitación.
k) Pensión mínima uniforme y suficiente para todos los trabajadores ancianos o inválidos.
l) Incorporación al régimen de Seguridad Social del subsidio y de la pensión originados en accidentes o enfermedades del trabajo.
El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ALLENDE.-
Ruego a la Mesa que advierta al señor Ministro que sólo dispongo de cinco minutos.
El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).-
Seré muy breve, señor Presidente.
El Honorable señor Allende ha invocado los acuerdos adoptados por la última Convención del Colegio Médico. Pues bien, yo di a conocer en dicho torneo informaciones que estimo valiosas y expresan claramente nuestra preocupación respecto de los servicios de salud. Soy el primero en reconocer que la situación no es buena. No obstante, estimo oportuno que el Senado se imponga de las realizaciones correspondientes a los últimos años, lapso durante el cual me ha cabido una responsabilidad importante en estas materias.
Los recursos entregados al Servicio Nacional de Salud por el actual Gobierno, expresados en escudos del año 1965, es decir, en moneda de valor constante, aumentaron, de 365.1 millones, en 1964, a 564 millones, en 1966. El mayor gasto es, por lo tanto, de 69,2 por ciento. Conviene también señalar, aparte el aumento total de estos gastos, los costos "percapita", pues nos encontramos ante un mayor número de beneficiarios. El gasto "percapita", que en 1964 fue de Eº 39,7, llegó últimamente a Eº 63,6.
Evidentemente, se podrían dar mayores antecedentes. Pensando razonablemente, la distribución del desarrollo social debe ser compartida.
El Honorable señor Allende ha dicho una gran verdad: la miseria genera la enfermedad. Por eso, nada obtendríamos esforzándonos por sanar a quienes padecen enfermedades originadas por la miseria si no salimos del subdesarrollo.
El señor ALLENDE.-
¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente?
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
De seis minutos, señor Senador,
El señor ALLENDE.-
A sabiendas de que el proyecto en debate tiene deficiencias, con tozudez impuse un criterio justó y obtuve el acuerdo de los Comités para despachar esta iniciativa de ley, con informe de Comisión o sin él, antes del 21 de mayo. Dispondremos de un mes y medio para hacerle las enmiendas del caso y considerar a fondo la responsabilidad que cada cual debe asumir en este recinto y la responsabilidad que fundamentalmente incumbe al Gobierno. Igual compromiso asumiremos respecto de la iniciativa de ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Personalmente, en uso de las atribuciones que poseo en mi calidad de Presidente del Senado, citaré a sesiones especiales que habrán de celebrarse el viernes próximo, pues considero que dicho proyecto debe quedar despachado a la brevedad, sin perjuicio de darnos tiempo, en la segunda discusión, para introducir las enmiendas pertinentes. Lo que nos está vedado es escamotear o caer en la irresponsabilidad social que implica no pronunciarnos sobre la ley en proyecto, pues ella incide en la existencia de hombres, mujeres y niños de Chile.
Debemos emplear este lenguaje, por duro que sea, pues el movimiento popular, en cuyo nombre puedo hablar en este momento, ha demostrado alto grado de conciencia social. Evidencian nuestra actitud las ideas que, durante la pasada campaña presidencial, difundimos en un folleto voluminoso -sesenta y cinco inas- intitulado "Plan, Salud, Atención Médica y Medicina Social". Entregamos al conocimiento de Chile, en dicho estudio, un programa cuyas diversas etapas se conforman a la realidad nacional, tomando en cuenta lo que significa la economía en un país en vías de desarrollo; junto al problema financiero, consideramos las dificultades de orden técnico originadas por el déficit de médicos y la carencia aún más notoria de suficientes enfermeras y matronas. Consideramos, asimismo, lo que significa el bajo nivel de los salarios pagados al personal del Servicio Nacional de Salud. Tuvimos en vista, también, la existencia de un proceso moral y sicológico: pese a que los médicos chilenos tienen una formación superior a la de otros profesionales, aún no están preparados en el campo de la patología social y de la realidad chilena, Sobre eso debemos reaccionar.
Hace tan sólo dos meses, gracias a la comprensión del Rector de la Universidad de Chile, fue posible obtener financiamiento para el tercer año de Medicina en la escuela que funciona en Valparaíso. Con todo, subsiste la interrogante de si esa escuela completará los cursos que comprenden la carrera médica en su totalidad. Debo recordar que se rechazó la idea de establecer otra escuela de medicina en Chile.
No tenemos una visión clara sobre cómo puede obtenerse la preparación del número de médicos que Chile reclama en cada especialidad y con qué clase de estímulo.
Tengo a mano las conclusiones de la última Convención Médica, las que están señalando un germen de protesta ante la negativa del Gobierno para considerar la justa crítica que los profesionales hacen a la forma y medios de trabajo del Servicio Nacional de Salud.
¿Cuántos hospitales, terminados hace ya; tiempo, siguen sin ser habilitados? ¿Cuántas mujeres dan a luz en las puertas de la maternidad? ¿En cuántos hospitales no hemos visto a dos o más mujeres en una sola cama? Todo esto lo sabe el señor Ministro de Salud, y que es un brillante catedrático; son hechos de diaria ocurrencia, pero no deben continuar. Me he empeñado, como Presidente de la Comisión de Salubridad y como Presidente del Senado, en que la Corporación abra un gran debate sobre estos temas.
Sabe también el señor Ministro que en Chile hay muchas cifras que no han variado. Sabe que, anualmente, fallecen cuarenta mil personas que no debieron morir; sabe también que cada año fallecen de diez mil a doce mil niños a consecuencias de diarreas de verano, enfermedad absolutamente combatible. Pero estos índices de mortalidad, repetidos una y mil veces, no hacen mella en la conciencia de mucha gente, pese a que son vidas humanas que se apagan.
A lo expuesto, debemos agregar que los recursos destinados a la atención médica se distribuyen con un criterio clasista y centralista a la vez; que no hay comparación entre el número de médicos que trabajan en la capital y los que ejercen en provincias, ni entre las disponibilidades económicas para la atención médica en la capital y las que tienen para este mismo fin los hospitales de provincias. Lo mismo ocurre en lo referente a las necesidades "percapita", al personal de enfermeras y a la dotación de camas, con relación a los habitantes de la capital y de las provincias. Todo esto debe ser cambiado. El problema, en su totalidad, debe ser concebido esencialmente sobre la base de un principio que no podemos negar: el derecho a la salud que asiste a todos los hombres y mujeres en una democracia como la nuestra, aún dentro del tipo capitalista. Para ello debemos aprovechar en forma racional los recursos disponibles y destinarlos, con un sentido social de justicia, a amparar a quienes no pueden comprar la salud y, en consecuencia, mantener el equilibrio biológico.
El señor ALLENDE.-
No insistiré en lo que reiteradamente he manifestado ante el Senado en cuanto a que la defensa de la salud, su protección y fomento, están vinculados a las condiciones de vida y al nivel de alimentación, vestuario y vivienda, como asimismo, a la dotación de agua potable y red de alcantarillado. No cabe duda de que es indispensable rompe el subdesarrollo y mejorar las condiciones materiales de existencia que lleva la mayoría de los chilenos. Lo hemos repetido hasta la saciedad, sin hacernos ilusiones sobre la posibilidad de obtener los grandes cambios estructurales que el país reclama, cambios que son dables únicamente en un gobierno popular libre de nexos con el imperialismo, los monopolios y la alta banca.
Tenemos la obligación de proporcionar atención médica, en lo esencial, a todos los chilenos. Por eso estamos luchando.
He dicho en innumerables oportunidades, no por vanidad personal, sino porque hay mala memoria, que la primera exposición de la vivienda se hizo durante el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Hemos señalado que, en materia, habitacional, el ritmo de la edificación no alcanza a igualar el aumento vegetativo de la población. Sería de desear que el señor Ministro leyera el informe del señor Collados -no sé si se trata del ex Ministro de la Vivienda o de algún pariente del señor Modesto Collados- sobre el problema de la vivienda en Chile durante los último años. Le rogaría estudiar las cifras dadas por la Universidad sobre cesantía.
A los socialistas no nos extrañan estas deficiencias, porque son consustanciales al régimen capitalista y, dentro del actual régimen, no es dable resolverlas en forma integral. Pero no podemos cruzarnos de brazos. Por eso, reclamamos una política de salarios justos; un plan racional de viviendas; pedimos y exigimos que el Estado encuentre, porque es obligación suya, recursos para dar leche a los niños. Por eso, elaboramos la ley que les da este derecho. Reconocemos que el actual Gobierno ha dado más, en cifras, que los anteriores, pero, al mismo tiempo, destacamos que ha bajado la riqueza de la leche, lo que, desde un punto de vista técnico, constituye un error.
En fin, no se trata de eso aquí. No estamos culpando a un Ministro que lleva dos años. Estamos, sí, en los apretados minutos de que disponemos, haciendo la autopsia de un régimen y un sistema que llega al olvido de que los empleados tienen derecho a medicina curativa, porque el 80 por ciento de ellos no la puede comprar. Pero se la vamos a dar, en forma seria y responsable, después del estudio que este Senado tiene la obligación moral de efectuar, por responsabilidad ciudadana, por ser la más alta expresión democrática dentro del régimen burgués. Vamos a dar este derecho a los empleados de manera efectiva, eficiente.
Y ello pese a las contradicciones. Porque los médicos, formados en el régimen capitalista, defienden sus derechos, y si acaso este único patrón no les paga en forma adecuada, lógicamente pueden pedir la posibilidad de la libre elección, a sabiendas, muchos médicos, de que sólo una medicina de equipo puede permitir una mejor y más eficaz atención.
Estos son los procesos que confrontamos todos los días en el régimen capitalista. A nosotros no nos extrañan. Por eso somos socialistas; por eso queremos cambios estructurales; por eso queremos una auténtica revolución.
Mientras tanto, tenemos un imperativo y una obligación, cual es decir a los Poderes Públicos y, sobre todo, al actual Gobierno -y uso un lenguaje revolucionario-: "No, señores. Aquí hay una serie de gastos que sencillamente representan dilapidación de fondos, cuando existen sectores sociales que están reclamando una preocupación más profunda, más pronta, más consciente y más responsable". Este lenguaje tenemos que usar, y, por lo mismo, hemos planteado este debate.
¡Ahí está, señor Ministro, desde hace veintiséis años, ese proyecto de hondo contenido social que tuvo su origen en esta Corporación! Por otra parte, sepa el Senado que todavía no se pagan las pensiones a que dio lugar la catástrofe ocurrida en El Cobre, cerca de Calera, cuando se rompió el tranque que contenía los relaves. Los beneficiarios llevan más de dos años esperando el pago de esas pensiones. ¿De qué vive esa gente, señor Ministro?
En cuanto a la protección del trabajo en las industrias, a la previsión de los accidentes, ahí está el pueblo, sacudido hace horas por un accidente más. Es lo habitual, lo permanente, En el tiempo que llevo como Senador, he visto desfilar durante años y años a mujeres vestidas de negro, viudas de los trabajadores del carbón muertos en accidentes por falta de un régimen de protección industrial efectivo. Lo más deplorable en estos casos en que no existen derechos económicos, a no ser que se dicte una ley especial, que siempre se han dictado en estas bancas.
Por eso estamos planteando este problema; porque vamos a poner el dedo en la llaga, para ver hasta dónde llegan las injusticias sociales, y para reclamar una responsabilidad colectiva.
Me alegro de ser Presidente del Senado y de la Comisión de Salud Pública, pues ello me ha permitido plantear el debate del proyecto sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se discutirá en sesión especial. Citaré al Senado el viernes, para aprobar en general esa iniciativa. Luego nos daremos un plazo de un mes y medio, a fin de estudiar y decir al país: "Estas son las posibilidades; éstos son los recursos; éstos son los medios; de esta manera vamos a dar atención.".
Pero daremos atención médica curativa a los empleados de Chile, porque la necesitan, porque es urgente hacerlo, porque es una necesidad social que no podemos eludir los Senadores. Y para eso un Estado tiene que encontrar recursos; debe tenerlos, aun dentro del régimen capitalista.
Tengo conciencia de que este proyecto debe ser mejorado. Y sé de la responsabilidad de cada sector político representado en el Congreso, para aunar nuestros esfuerzos. Aquí no puede haber influencias políticas ni partidarias que puedan separarnos en este propósito común.
En lo concerniente a las palabras del Honorable señor Contreras Labarca, relativas al subsidio durante el período de enfermedad, como presidente de la Comisión de Salud Pública llamé a la Confederación de Empleados Particulares y pedí a los empleados que realizaran los estudios pertinentes para incorporar -y lo haré con una indicación precisa- el derecho de subsidio, con el objeto de más o menos uniformar las distintas legislaciones. En eso estamos empeñados. No puede haber protección de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales sin que exista subsidio por enfermedad, porque los riesgos de la vida son los mismos: enfermedad, accidente, invalidez, incapacidad, vejez y muerte. Y un régimen capitalista, inclusive, debe garantizar al hombre el derecho de estar protegido frente a estos riesgos, que son comunes a todos, sin distinción de clases sociales ni de fortuna, a pesar de que, por cierto, los desposeídos, los que tienen poco pagan, en alto porcentaje, con vida aquello de que se salvan quienes tienen determinada situación económica.
Por lo dicho, me parece importante que el Senado despache este proyecto, como despachará, con seguridad, el proyecto sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.
Contraemos ante el país y ante nuestra propia conciencia la gran responsabilidad de no eludir este problema y de pronunciarnos sobre él, a fin de que los vastos sectores de chilenos algún día sepan que hay preocupación por defender lo que más vale: el capital humano, base de todo progreso en. el país.
Finalmente, como en el caso del Honorable señor Bossay, desearía que en mi discurso, tanto en el Diario de Sesiones como en la versión de prensa, se intercalara un documento relativo a las medidas indispensables que deben adoptarse dentro de un plan racional y progresivo de defensa y protección de la salud.
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
Queda cerrado el debate.
En votación.
Se va a llamar a los señores Senadores.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
A manera de fundamento de voto, quisiera decir algunas palabras.
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
En el momento oportuno.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Más que todo, deseo formular algunas preguntas al señor Ministro.
- (Durante la votación).
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Comprendo todo lo que se hace a favor de este proyecto de ley, así como la necesidad de despacharlo para beneficio de la salud de la población, en especial de los obreros y empleados. También comprendo que todo esto debe guardar relación con el proceso económico del país. Esto lo sujeta, lo limita.
Como el proyecto en debate será sometido a una larga revisión y sé que no aparece en él toda la materia que podría abarcar, de acuerdo con la responsabilidad que envuelve en el plano social de la república, deseo preguntar al señor Ministro cuántas personas quedarán fuera de protección. Entiendo que este proyecto protege a. los obreros y empleados amparados por los institutos previsionales, pero no considera a una población numerosa que carece de previsión. La respuesta puede ser en términos aproximados, "grosso modo".
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
El señor Ministro no podría contestar, porque estamos en votación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Temía que pudiera hacer esta observación, por estar fundando mi voto. En todo caso, lo dirá después el señor Ministro.
Quiero agregar algo más.
Solamente hoy, por medio de una radio de Santiago, me impuse de una comunicación enviada por un doctor, creo que de apellido Gacitúa, en que hacía ver la tragedia a que se ven enfrentados algunos hospitales cuando a ellos llegan muchos heridos que deben ser asistidos de urgencia con transfusiones de sangre. Citaba el último accidente ocurrido en el puente de Ovalle y el hecho de que no había sangre que debe emplearse en estos casos, y en particular del que, según se dice, es común para cualquier receptor, observaba que esto tenía riesgos y originaba casos gravísimos. Por último, recomendaba y pedía a los legisladores preocuparse urgentemente de esta materia.
Rogaría al señor Ministro considerar el caso, dado su carácter de técnico; atender la insinuación en cuanto a obligar a la población a ceder, en este aspecto colectivo, la sangre necesaria para que los institutos hospitalarios puedan atender de urgencia a los individuos que lo necesitan, sin la angustia del profesional que se ve imposibilitado de actuar por falta del elemento indispensable.
Una iniciativa de esta naturaleza debe tener cabida en un proyecto que tiene por fin la atención médica de la población nacional, en lo cual estamos todos de acuerdo.
Voto que sí.
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
Si ningún otro señor Senador desea fundar el voto, daré por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Pasa a Comisión para segundo informe.
VI.-TIEMPO DE VOTACIONES.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicaciones do los Honorables señores Bossay y Allende para insertar en sus discursos de esta sesión los documentos que señalaron oportunamente.
-Se aprueban.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Ahumada para publicar "in extenso" las observaciones vertidas por el Honorable señor Gómez en la sesión ordinaria del 10 de mayo.
Ese discurso ya fue publicado en extracto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Entonces, no tendría objeto.
El señor GARCIA (Presidente accidental).- Queda retirada la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario). - Indicaciones de los Honorables señores Gómez y González Madariaga para publicar "in extenso" los discursos pronunciados por los Honorables señores Ahumada y Reyes, respectivamente, en los Incidentes de la sesión ordinaria, de ayer.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Reyes para insertar, en la versión del mismo discurso pronunciado por Su Señoría, los antecedentes que señaló.
-Se aprueban.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Noemi para publicar "in extenso" él discurso sobre medicina curativa que pronunció ayer el Honorable señor Musalem.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Ferrando para publicar "in extenso" la intervención del Honorable señor Musalem en el día de hoy, en lo referente a una publicación del diario "El Siglo".
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Tendría que publicarse todo el debate.
El señor GARCIA (Presidente accidental).- Para ello debe formular indicación Su Señoría.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Hago indicación en ese sentido. La señora CAMPUSANO.- Que se publique todo el debate.
El señor GARCIA (Presidente accidental).- Se aprueba la indicación, con el agregado propuesto por el Honorable señor Aguirre, para publica todo el debate.
El señor TARUD.- Todas las interrupciones, mejor dicho.
El señor GARCIA (Presidente accidental).- Se suspende la sesión por veinte minutos.
-Se suspendió a las 18.51.
-Se reanudó a las 19.16.
VII.- INCIDENTES.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADOSANTOS LEONCIO MEDEL.
El señor GARCIA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Campusano.
La señora CAMPUSANO.-
Señor Presidente:
Los Senadores del Partido Comunista elevamos nuestra voz para rendir homenaje a un militante de nuestra colectividad, uno de los combatientes más nobles que ha conocido el pueblo chileno en su historia de lucha, al compañero Santos Leoncio Medel, fallecido en la madrugada del 1º de mayo recién pasado.
Medel reunió en su personalidad las virtudes y cualidades relevantes del proletario y del campesino chileno. Y es éste el rasgo quizás más notable de su figura, porque fue minero durante largos años y lo fue en la zona del carbón, como trabajador de una de las actividades productivas donde la explotación y la miseria han marcado con mayor rigor sus huellas. Y conservó también cualidades características del campesino, manteniéndose siempre en su trayectoria de combate ligado a la mina y al campo, al sindicato industrial y a la reducción mapuche, a la calle de la población humilde, de la barriada obrera, y al camino rural, polvoriento y desolado.
Hay algunas circunstancias de la vida de Santos Leoncio Medel que es necesario recordar para comprender mejor sus rasgos humanos. Durante 18 años trabajó en las minas del carbón, de Lota, Curanilahue y Schwager. Conoció la dureza de las labores subterráneas y la miseria del hogar minero en la superficie, un poco más allá del socavón. Como muchos niños de su medio proletario, no pudo recibir educación sistemática. Sólo un año alcanzó a ir a la escuela. Por eso, no utilizaba una figura retórica ni exageraba cuando decía: "Mi escuela fue el Partido Comunista; y mis maestros, Recabarren y Lafertte", sino que decía una verdad. A los 15 años conoció a Recabarren y se incorporó a la lucha proletaria; adquirió experiencia política y sindical; estudió con verdadero fervor y asimiló cuanto podía recibir en el Partido Comunista. Su reciedumbre en el combate, su extraordinaria bondad, su espíritu siempre fraternal y lleno de alegría, le valieron la simpatía general de cuantos lo conocieron. Por ello fue elegido por abrumadora mayoría regidor en Lota durante tres períodos y, con posterioridad, Diputadopor Arauco.
La primera elección para regidor se produjo en 1935. En 1938 fue nombrado Alcalde e inició una etapa pletórica de actividad. No hay en Lota ni en la zona del carbón quien no recuerde a ese alcalde siempre sencillo y sonriente, caminando a pie de un lugar a otro, metido en las poblaciones, en el agua y en el barro, visitando las escuelas, departiendo con los niños, llevando su palabra combatiente, enérgica, pero siempre bondadosa, a todas partes. Así pasaron los años para Medel, luchando al frente de los trabajadores mineros.
Fueron justamente las minas del carbón el sector elegido para desencadenar la persecución en 1947. Vino la deportación de cientos de trabajadores y de familias completas, y la militarización de la zona. Santos Medel fue, de hecho, despojado de su cargo de regidor y debió proseguir sus actividades en la clandestinidad, mientras su hogar debía disolverse. Cada uno de sus seres más queridos, su compañera y su hijo, eran recogidos en otros hogares de trabajadores.
Ni las condiciones rigurosas de la ilegalidad ni las viejas dolencias contraídas en las minas, doblegaron su energía o le significaron el menor asomo de decaimiento. Por lo contrario, en medio de un asedio constante de la policía, logró mantener en alto, no sólo en él, sino en todos los mineros, el espíritu de la resistencia a la dictadura de González Videla. Esto lo convirtió en un verdadero símbolo en la zona del carbón y su labor se acrecentó en la provincia de Arauco.
Por aquel entonces su trabajo en el campo, en especial entre los mapuches, era muy conocido. Para los indígenas, el camarada Medel era un personaje extraordinariamente querido. Pasaba de una reducción a otra, entraba a los fundos, llegaba hasta los caseríos más apartados, con una palabra de solidaridad, con la solución tan necesaria, acompañada siempre de su sana sonrisa. Estuvo junto a los mapuches en memorables y duras jornadas, cuando ellos tomaron terrenos. Las autoridades locales lo vieron siempre exigiendo soluciones. En su paso por la Cámara, se le escuchó denunciando los atropellos y usurpaciones de los terratenientes; y en la tribuna del mitin callejero dio a conocer los problemas de los campesinos y obreros, no sólo pidiendo solidaridad para los conflictos, sino principalmente, tratando de llevar la conciencia de clase y política de sus hermanos trabajadores. La vida ejemplar del compañero Santos Medel ha sido y será, sin duda, ejemplo para miles y miles de obreros y campesinos chilenos. Perteneció a esa pléyade de combatientes que ha producido nuestro pueblo y cuyos elogios no están en mármoles o en grandes libros oficiales, sino en el corazón de los trabajadores. La sociedad capitalista sólo le permitió estudiar un año en una escuela de aldea. Pero eso no le impidió más tarde, con esfuerzo, con sed de justicia, con la experiencia y el saber recogido en cuarenta años en la lucha popular, transformarse en maestro de decenas y decenas de miles de trabajadores. Muchos oyeron sus palabras, muchos conocieron sus hechos; muchos aprendieron de él su firmeza de clase, su lealtad a la causa del comunismo; muchos fueron llevados por él a incorporarse a la batalla por las grandes causas de la justicia y la libertad. Y al hacerlo, sintieron que sus vidas adquirían así una dimensión más clara y noble.
Ha caído un combatiente de la clase obrera, un luchador ilustre en el más propio sentido de la expresión; ilustre, no por pergaminos estériles o por títulos retóricos, sino por haber esparcido luz con su palabra y su acción en torno suyo.
Su viuda Eva y su hijo Andrés pueden sentirse orgullosos de haber tenido como esposo y padre a un hombre cuyo recuerdo y ejemplo permanecerán perennes en el corazón del pueblo chileno.
El señor REYES.-
Señor Presidente, por mi intermedio, la Democracia Cristiana adhiere al recuerdo que esta tarde se hace del ex Diputado SantosLeoncio Medel, fallecido recientemente.
Para nosotros fue un luchador sincero, desde el punto de vista de sus ideales de la causa popular. Siempre lo vimos combatiendo arduamente por los problemas de su zona. Por eso, su memoria nos merece respeto.
Hacemos llegar al Partido Comunista nuestro sentimiento de pesar.
PETICIONES DE OFICIO.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficio.
-De conformidad con el Reglamento, se anuncia el envío de los oficios solicitados.
-Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
De la Señora Campusano: CREACION DE 7º AÑO EN ESCUELA COEDUCACION AL Nº 10 DE MANQUEHUA, EN COMBARBALA (COQUIMBO).
"Al señor Ministro de Educación, con relación a la creación de un 7º Año en la Escuela Coeducacional Nº 10 de Manquehua, departamento de Combarbalá, provincia de Coquimbo.
En la mencionada Escuela fueron matriculados en el mes de diciembre, 42 alumnos para el 7º Año en atención a que se prometió crear dicho curso. Mas, han pasado dos meses de clases en que estos niños se han perjudicado y aún no se autoriza tal creación por parte de ese Ministerio, en circunstancias que hay profesores ya preparados para iniciar las clases en ese nuevo curso.
En base a todos estos antecedentes, la suscrita considera que la tardanza en ordenar algo tan necesario para la localidad adolece de cierta negligencia, la que debe ser superada a la brevedad posible para así, subsanar en parte el daño causado a esos 42 niños que aún no pueden comenzar su año escolar como la mayoría de los niños."
ATENCION MÉDICA A PIRQUINEROS DE MINA VIEJA, EN POTRERILLOS (ANTOFAGASTA).
"Al señor Ministro de Salud Pública, con el objeto de solicitarle insista que la atención médica a los trabajadores pirquineros se efectúe -según convenio- en el Hospital de Potrerillos, considerando que ello es lógico por encontrarse más cerca para atender cualquier emergencia que se presente. Además, sabido es que en esos Centros Mineros, abundan las enfermedades por silicosis.
Por lo tanto, es perentorio que ese Ministerio se adjudique como una exigencia, la necesidad que el mencionado Hospital sea propiedad de la Andes Copper Mining Co. para que de este modo, se atienda a los mineros asegurados que trabajan el pirquen en la zona de Mina Vieja."
SITUACION DEL PUERTO DE IQUIQUE.
El señor GOMEZ.-
Señor Presidente, en la ciudad de Iquique la situación social ha vuelto a ponerse tensa. Dicho puerto afronta una nueva crisis.
El Departamento había cifrado grandes esperanzas en el desarrollo de la industria pesquera. Se pensaba allí que la crisis salitrera podía ser superada mediante la explotación de la anchoveta y la producción de harina de pescado.
Hubo un error en la gestión de la ley sobre franquicias para los departamentos de Iquique y Pisagua. Debemos reconocer que el Parlamento fue responsable de ello cuando se dictó la ley 12.937. En su oportunidad, durante la discusión del régimen especial de franquicias para el departamento de Iquique, manifesté en la Cámara de Diputados -en ese entonces pertenecía a ella e hice la indicación correspondiente- que, en lo referente al desarrollo pesquero, debería establecerse una ley común para todo el litoral. Advertí que no era admisible parcelar el tratamiento pesquero; que no era aceptable que existiera un régimen especial para el departamento de Arica, contenido en la ley 13.039; otro distinto para Iquique, consignado en la 12.937, y, ninguno para el resto del litoral hasta Chañaral. La zona de la anchoveta se extiende desde Arica hasta Chañaral; mejor dicho, desde este último puerto hasta el Ecuador. Chile toma la parte final de la gran zona continental de la anchoveta. En el litoral chileno, la región productiva se extiende hasta Taltal y Chañaral.
En ese entonces, dije en la Cámara que debería establecerse una legislación pareja para todo el litoral, porque no era posible manejar las anchovetas por decreto ni por ley. Los iquiqueños se opusieron y manifestaron que el Diputado por Antofagasta quería llevarse las franquicias hacia su provincia. Y en la plaza pública del puerto de Iquique, se incendió la efigie del Diputado antofagastino. La prensa, que en ese tiempo estaba manejada por los intereses salitreros, reaccionó violentamente en contra del DiputadoJonás Gómez. Se tejieron en esa oportunidad intrigas políticas y se llegó a un divisionismo entre las ciudades de Antofagasta e Iquique.
Manifesté que las bonificaciones a la industria iban a hacer afluir a los industriales a la ciudad de Iquique, para establecerse allí, con el objeto de obtener las franquicias y bonificaciones de exportación, y que eso produciría desnivel en la distribución de la industria, todo lo cual, a las postre, sería fatal para Iquique. Los hechos me han dado la razón.
Esto lo expresé hace unos días al pueblo de Iquique en un cabildo, y los iquiqueños me escucharon con respeto. Las pifias de antaño se tradujeron en el respeto de hoy, porque el pueblo se está dando cuenta -lo sufre en carne propia- del problema que lo aflige.
Las industrias se establecieron en Iquique en cardúmenes. Hubo cardúmenes de industrias y escasearon los cardúmenes de anchovetas. Y ahora estamos en una nueva crisis.
Es efectivo que no hubo planificación y que la CORFO se equivocó, como también se equivocó el Parlamento al despachar una ley que beneficiaba a un solo departamento.
Ya dije que los cardúmenes no pueden manejarse por ley. Ellos se manejan solos. Lo que debimos haber hecho hace diez años hay que hacerlo ahora, con mucho dolor, sacrificio, quebrantos y sufrimientos. Debemos racionalizar la distribución de las empresas, de las plantas elaborado- ras. Hay que disminuir las plantas de Iquique y Arica, y distribuirlas por el litoral, hacia el sur. Hay que llevar plantas a Mejillones, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral, para que se produzca la explotación racional de esta riqueza. La CORFO estableció un plan de integraciones pesqueras, con el objeto de que se paralizaran las plantas de Iquique y muchas de ellas fueran trasladadas al sur, hacia las provincias de Antofagasta y Atacama. Esta solución se planteó hace algo así como dos años, y se solicitaron del Congreso disposiciones especiales para facilitar dicha racionalización de la industria.
Desgraciadamente, no ha habido la decisión, el "savoir-faire", el "know how" necesario para producir la corrección en el problema existente.
La CORFO manifestó primero que debían hacerse integraciones de 120 toneladas-hora de materia prima para ser procesada; que había que juntar las plantas cuya capacidad de procesamiento fuese de 120 toneladas-hora de materia prima. Aceptó algunas integraciones que cumplían con este requisito y otras que no lo. cumplían. No voy a decir si esto estuvo bien o mal; pero el hecho claro y real es que la Corporación de Fomento de la Producción aceptó integraciones que consistían en refundir industrias que en conjunto sumaban una capacidad de elaboración de 70 toneladas-hora, y llegó a entregar 450 mil escudos a una de ellas.
Al emitir su último boletín de pago a una de estas industrias integradas, la Corporación de Fomento, desdiciéndose de su acuerdo anterior le manifestó que debía incluir en la integración a otras empresas, y que ésa era la única manera como la CORFO continuaría otorgándoles recursos. Estas empresas ampliaron sus integraciones a las 120 toneladas-hora, y más. Y cuando tal hicieron, la CORFO les dijo que no tenía recursos para continuar adelante con tales integraciones. El representante de la CORFO en Iquique declaró que dicha institución no estaba dispuesta a levantar muertos, lo cual significaba echar por tierra el acuerdo primitivo.
Quiero señalar que ésa es una conducta nada seria; que es una actitud vacilante en un organismo que tanta responsabilidad tiene en el desarrollo y en la economía del país. A esto se debe, en parte muy importante, la crisis que ahora afecta a Iquique. La CORFO no ha sido seria en sus procedimientos para las integraciones, y de esto hay que dejar constancia aquí. Algunas integraciones han sido cursadas y otras no. No es posible aceptar favoritísmo o lo que puede llegar a parecerlo en la conducta de la Corporación de Fomento de la Producción. Hay integraciones que no han sido cursadas, y yo debo protestar en el Senado por la manera como la CORFO ha conducido el asunto. Esta es una de las causas del problema que afecta a Iquique. Es necesario que las autoridades comprendan el problema y reaccionen como corresponda para corregirlo.
Entre los acuerdos adoptados en Iquique por los huelguistas, está el de que la Corporación de Fomento de la Producción proceda rápidamente a clarificar su conducta sobre integraciones, porque la clave en la solución del problema reside en esto.
Solicito que los acuerdos del comando de huelga de Iquique, de los Comités de Defensa de Iquique, vale decir, del pueblo de Iquique, que ha reaccionado contra la lentitud del Gobierno en la solución del problema, sean insertados en la versión del discurso que estoy pronunciando. Allí consta, como decía, una exigencia a la CORFO para que sea resuelto el problema de las integraciones.
En cuanto al problema inmediato...
El señor ALLENDE (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Advierto a Su Señoría que no hay quórum en la Sala para acordar la inserción solicitada; pero, al mismo tiempo, le informo de que ayer otro señor Senador solicitó esa inserción, de modo que el documento quedará incorporado en el discurso de aquel parlamentario.
El señor GOMEZ.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo referirme ahora al problema que se ha suscitado en Iquique: el de la cesantía, del hambre, a que se ha visto abocado el pueblo por el no pago de jornales por parte de las empresas en las últimas semanas. Esto ha motivado el izamiento de banderas negras y produjo disturbios el lunes. Ha habido carabineros y pueblo heridos. Se produjo el choque entre la fuerza pública, entre los uniformes de los carabineros, que representan al Estado, y el pueblo de Iquique. El Norte chocó con el Estado y con toda razón, porque el pueblo está impago y porque el Gobierno es incapaz de resolver el problema, que es tan sencillo. El Ejecutivo se está ahogando en un vaso de agua. No entiendo cómo se ha podido llegar a tal extremo. Esto pudo resolverse mucho más fácilmente con el más escaso de los sentidos: el sentido común, escasísimo en la administración centralista.
El Gobierno adeuda a las industrias cuantiosos recursos correspondientes a las bonificaciones a que me refería antes y cuyo establecimiento en Iquique produjo la afluencia de casi todas las industrias a esta ciudad. Esas bonificaciones serán canceladas en bonos del Estado, de los cuales se rescatará un tercio en 1968; otro tercio, en 1969, y el saldo, en 1970. Es cuestión de que el señor Ministro de Hacienda extienda estos bonos de una vez y permita que sean utilizados por medio de la CORFO o de los bancos, o descontados en el Banco Central, para el pago de lo adeudado a los obreros. Si las industrias no han tenido fondos girables para cancelar sus obligaciones, especialmente con el personal, tanto de mar como de tierra, ello se ha debido a que el Estado les adeuda cuantiosos recursos.
No es efectivo lo dicho ayer por un señor Senador, en cuanto a que se había dado a los industriales 37 millones de escudos. Lo que el Parlamento acordó fue la emisión de bonos por 37 millones de escudos. Y esos bonos no están ni emitidos ni usados. De allí arranca el problema. Las industrias, como decía, no tienen con qué pagar, lo que no depende de la voluntad de los industriales. Este es un problema que emana de la carencia de materia prima, sin la cual las industrias no funcionan. La minería la tiene al lado de la planta, la tiene cubicada; es cuestión de sacarla. La materia prima en la aventura del mar es algo que a veces existe y otras no existe. Hay largos períodos en que escasea. Aquí ha escaseado la materia prima, y a ello se debe que las industrias estén en falencia, como también, fundamentalmente, a que el Estado no haya cumplido sus compromisos pendientes con la industria.
Insisto en que los 37 millones de escudos de que se hablaba ayer no han sido percibidos. La solución consiste en que los bonos sean descontados en el Banco Central, y no rescatados en las fechas establecidas por el Ministro de Hacienda, sino mucho antes. Hago presente que la ley no fija fechas de rescate para dichos bonos.
Así, pues, el Gobierno no tiene excusa frente al malestar del pueblo, al problema que aqueja a los trabajadores. No hay motivo alguno para que no sean pagados, y con prontitud.
Me extraña profundamente que un Gobierno que se dice eficiente; que un Gobierno de promotores, de asesores y con un ODEPLAN, encargado de planificar todo; que un Gobierno que pretende concentrar en sus manos el monopolio de la inteligencia chilena, no haya sido capaz de actuar a tiempo para evitar que este problema se produjera.
Quiero destacar también que tal situación se ha producido porque las integraciones no se realizaron con la rapidez necesaria. Esto es menester resolverlo, y sin demora.
No cabe duda de que la industria pesquera de Iquique no puede mantenerse en sus actuales proyecciones, que debe ser reducida considerablemente, incluso mucho más allá de los límites que fijó la Corporación de Fomento de la Producción en su acuerdo sobre integraciones. En él se establece que la reducción de plantas y de naves debe alcanzar a 30%. Es probable que deba ser aun mayor, y es necesario que se proceda pronto a realizarla, pues de lo contrario el problema seguirá agravándose. En cambio, si así se procede, se llevará trabajo y bienestar a otras localidades que lo necesitan, se resolverá el gran problema y se convertirá en herramienta de progreso y trabajo lo que ahora es un escollo, porque la industria distribuida en todo el litoral y las flotas diseminadas en todos los puertos han de significar trabajo constante en todas partes.
En resumen, en Iquique no puede mantenerse la actual capacidad de producción, y de ello se deduce que ahora debe darse ubicación a numerosos obreros y empleados en otras actividades. No cabe duda de que mientras el Gobierno piensa en soluciones definitivas, es preciso que discurra fórmulas de emergencia para que los que han de quedar cesantes sean transferidos a Obras Públicas, por ejemplo; hay caminos y edificios públicos que construir, obras de regadío que realizar en los valles interiores de la provincia. Junto con impulsar la integración de las industrias, debe el Gobierno desarrollar ahora un plan de obras públicas. De este modo, quedará resuelto el problema inmediato y se habrá dado tiempo el Ejecutivo para programar el desarrollo estable y definitivo, de la provincia.
Hemos sufrido en el norte de lo que es característico de nuestro país: vivir de reacciones. Se ha reaccionado violentamente cuando se ha sentido el acoso de la huelga, del cierre, del hambre. Pero no accionamos. No somos un pueblo que accione. Somos un pueblo que reacciona. Y aquí está el problema. No acciona el Gobierno frente a la situación general de las provincias del norte; no accionamos tampoco los nortinos con el objeto de exigir soluciones cuando los tiempos son de calma, de quietud, favorables a la búsqueda de soluciones más profundas.
En este orden de cosas, manifiesto que no entiendo cómo el problema minero no ha sido abordado, por qué no hay minería en Tarapacá. Hay cobre por todas partes, hay industriales que lo extraen y lo benefician en plantas propias, pero no hay allí un poder de compra del Estado. ENAMI está ausente, de Tarapacá. Ese monstruo que opera aquí, en las calles centrales de Santiago, con miles de empleados, no está presente en el desierto ni en la cordillera.
No hay poder comprador de minerales en Tarapacá. ¿Lo entiende, esto, alguien? ¿Lo entiende el Senado? Chile, país minero, que vive de sus minas, pues el norte le proporciona los mayores ingresos de que dispone, no tiene poder de compra de minerales en la región que los produce. ¡Esto es inaudito! ¡No tiene nombre!
Para remediar el problema, hemos propuesto soluciones. Pensamos que ENAMI debe retirarse definitivamente del norte de Chile; que el Estado central debe entender de una vez por todas que es incapaz de abordar los problemas del norte, y que la única solución consiste, cuando se es incapaz, en dejar que otro haga las cosas. El norte viene reclamando por mucho tiempo que se le deje hacerlas. El nortino desea autonomía para encargarse de su desarrollo, no quiere que unos funcionarios torpes, que desconocen la geografía del país, administren su destino. Es muy sencillo lo que pedimos: que los fondos que corresponden a las provincias mineras para esta industria sean entregados a un organismo regional, que se encargue de construir las plantas, de establecer el poder comprador de minerales y, al mismo tiempo, del desarrollo de otras actividades. Queremos que de una vez por todas se autorice a las provincias del norte a tener su propia caja, su propia corporación para el desarrollo de la región, y que se trate de un organismo dirigido por un consejo integrado por los hombres del norte: trabajadores, empleados, empresarios y profesionales; que por intermedio de aquél, los propios habitantes de la región sean quienes piensen en su destino y lo realicen.
El norte no necesita tutorías; no puede seguir dependiendo de tutores incultos e ignorantes, que han demostrado su fracaso a lo largo de la historia.
Desde esta tribuna, durante la discusión de la ley del cobre, propusimos soluciones. A exigencia nuestra se dio paso a disposiciones que crearon un instituto CORFO del norte. Presentamos indicaciones tendientes a crear una caja o corporación para el desarrollo del norte. El Ejecutivo las fue cercenando lentamente hasta llegar a convenir con nosotros en el instituto CORFO a que me he referido, el que debía operar con plena autonomía. Su consejo se compondría en su mayor parte de elementos elegidos por la región misma y de algunos representantes del Presidente de la República. Y se convino en que el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción sería, a la vez, Vicepresidente del nuevo organismo. Ese había de ser el nexo entre el Estado central y la región. En ausencia del Vicepresidente, presidiría el consejo el gerente del instituto. Era como decirle al Ejecutivo: "Los nortinos actuaremos bajo la presidencia del Vicepresidente de CORFO o sin él, pero avanzaremos". Ese fue el dictado de la ley: un consejo resolutivo actuaría sobre la región.
Pero esos que hablan de reformar las viejas estructuras; esos que hablan de incorporar al pueblo al manejo de sus negocios, se las ingeniaron mañosamente para dejar supeditado el nuevo instituto al centralismo, al consejo de la Corporación de Fomento. Se estableció en el reglamento, contraviniendo la ley -y me extraña que la Contrataría General de la República haya dado paso a ese decreto reglamentario ilegal- que, para que hubiera quórum en el Consejo, se necesitaba que estuvieran presentes, a lo menos, cuatro representantes del Poder Ejecutivo, ¡cuatro representantes de aquellos que dependen directa o indirectamente del Presidente de la República! Y se estatuyó también que para que la votación fuera válida, deberían participar en ella tres de esos representantes. De tal suerte que, de no asistir a las sesiones esos "suches" del Ejecutivo, la región no puede tomar resoluciones, no puede avanzar.
De esa manera mañosa se dejó supeditado el nuevo instituto al centralismo, y se le impide actuar. Está situado en Antofagasta con la finalidad de dirigir el desarrollo y resolver los problemas económicos de las tres provincias, pero es un buzón que ha de someter sus planes al consejo de la Corporación de Fomento, en Santiago. Es decir, debemos consultar a los amos centralistas, que están en la capital, sobre qué podemos hacer, qué debemos hacer con nuestro propio dinero. Un organismo que se administra, funciona y se financia con la participación de las provincias del norte, de su industria del cobre, con lo que constituye sus recursos, su dinero, es manejado en Santiago por los representantes de todos los intereses creados que se han opuesto siempre al desarrollo de aquella región; se nos dejó, como- siempre, entregados a las fieras.
¡Y éste es el Gobierno que habla de reformas estructurales! Es un sarcasmo, señor Presidente. De ahí arrancan los problemas que ahora aquejan a Iquique, cuyos habitantes no han podido actuar para evitarlos. De haberse constituido el organismo a que he hecho mención en la forma concebida por el legislador, el Gobierno en estos momentos se habría ahorrado muchos problemas y dificultades; habríamos evitado las banderas negras que en estos días se vieron en el norte, el paro general y los incidentes ocurridos entre carabineros y el pueblo. De ese modo, en la región se estaría realizando un desarrollo de hombres libres, pensantes, con autonomía, y ello, con gran beneplácito para los habitantes de la zona.
Ahora, ante la sumisión al Estado central, la población de las provincias del norte sirve con amargura, de malas ganas, a la República, porque no son sujetos de la historia, no son sujetos de su desarrollo, sino objetos manejados desde Santiago. Todo lo que ocurre en. la región se resuelve desde la capital, desde las oficinas centrales. Ese es el gran problema. De allí nacen las grandes dificultades. Esta situación, unida a la gran incapacidad e incompetencia que revelan los administradores del Estado, provoca las crisis y problemas que aquejan a las regiones del norte del país.
Solicito oficiar al Ministro correspondiente, notificándole de los acuerdos tomados en Iquique, con el fin de adoptar las soluciones urgentes que reclama el pueblo de esa ciudad.
Igualmente, solicito insertar en la versión de mi discurso algunas publicaciones del Centro para el Progreso de la zona, con el objeto de que la opinión pública se forme idea más clara de qué desean los iquiqueños y cómo quieren abordar sus problemas. Ellos han propuesto soluciones; han explicado qué se debe hacer; cómo se deben resolver las dificultades; qué necesitan para un desarrollo tranquilo, sin sobresaltos, de la región.
El señor ALLENDE (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
El oficio solicitado por Su Señoría se enviará de conformidad con el Reglamento.
Respecto de la inserción del documento señalado, debo hacer presente al señor Senador que en este momento no hay quórum en la Sala, y que ésta es posiblemente la última sesión de la legislatura extraordinaria. De modo que sugiero a Su Señoría que resuma la publicación y la lea en algunos minutos. Puede disponer, para ello, del tiempo del Comité Socialista.
El señor GOMEZ.-
¿Cuántos minutos restan al Comité Radical, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente).-
Le quedan dos minutos, señor Senador.
El señor GOMEZ.-
El acuerdo se podría pedir en la primera sesión de la legislatura ordinaria, señor Presidente.
Eso es todo.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.4.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe Subrogante de la Redacción.
ANEXOS
DOCUMENTOS
1.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE EXIME DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS A DETERMINADOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL VICARIATO APOSTOLICO DE AISEN.
Santiago, 16 de mayo de 1967.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados a tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Exímese del pago de contribuciones de bienes raíces, de los impuestos fiscales y municipales a los inmuebles de propiedad del Vicariato Apostólico de Aisén, destinados a obras sociales, educacionales y al culto.
Artículo 2º.- Condónase el pago de las deudas de pavimentación pendientes y exímese del pago de derechos de pavimentación por obras futuras que se ejecuten, a los bienes raíces pertenecientes al Vicariato Apostólico de Aisén, destinados a obras sociales, educacionales o del culto, que se indican:
PUERTO AISEN.
Iglesia Parroquial y Obispado.
Manzana Nº 17, Rol: 52-9 y 52-10.
Arturo Prat con: 80 metros.
Calle Carrera con: 73 metros.
Escuela Técnica Femenina Gratuita "Sagrada Familia".
Manzana Nº 17, Rol 52-7.
Calle Sargento Aldea: 20 metros.
Colegio Primario Gratuito "San Jorge".
Manzana Nº 35, Rol: 74-1.
Bernardo O'Higgins: 101 metros.
Eleuterio Ramírez: 101 metros.
San Martín: 101 metros.
Doctor Steffens: 101 metros.
Provincia de Aisén, Departamento y Comuna de Coihaique: COIHAIQUE.
Parroquia de Coihaique.
Manzana C, Rol: 54-1, 54,2, 54-4.
Plaza de Armas: 36 metros.
Calle Riquelme: 80 metros.
Calle Parra: 50,5 metros.
Calle Bulnes: 50 metros.
Liceo San Felipe Benicio.
Manzana G," Rol: 58-1.
Plaza de Armas: 35 metros.
Almirante Barroso: 81 metros.
Eusebio Lillo: 91 metros."
Teniente Cruz: 99 metros.
Escuela Primaria Gratuita "Monseñor VielmoManzana N° 94, Rol: 303-3, 303-4.
Calle Freire: 25 metros.
Aguirre Cerda: 50 metros.
Escuela Primaria Gratuita "General Baquedano".
Manzana Nº 47, Rol: 280-8.
Calle Simón Bolívar: 67 metros.
Calle Freire: 75 metros.
Provincia de Aisén, Departamento de Chile Chico, Comuna General Carrera.
CHILE CHICO.
Parroquia de Chile Chico.
Manzana Nº 15, Rol: 68-1.
Calle Diego Portales: 50 metros.
Calle Alberto Blest Gana: 50 metros.
Escuela Técnica Femenina "San José".
Manzana N° 6, Rol: 110-1.
Calle Bernardo O'Higgins: 25 metros.
Calle Balmaceda: 50 metros.
Artículo 3º-Los propietarios de bienes raíces, situados en pueblos o ciudades de menos de cinco mil habitantes, podrán pagar los derechos de pavimentación hasta en un plazo de nueve años.
Esta disposición regirá para aquellos propietarios de bienes raíces cuyos avalúos, en conjunto, no excedan de diez sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia. - Eduardo Cañas Ibáñez.
2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LE LEY N° 16.446, QUE CONCEDE PENSION A LOS EX-SERVIDORES DE LA EX-EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES COLECTIVOS S. A.
Santiago, 16 de mayo de 1967.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados a tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo único de la ley N° 16.446, publicada en el Diario Oficial de 12 de marzo de 1966:
a) Agrégase en el inciso primero, después de las palabras "tranvías a tracción eléctrica" la siguiente frase: "o por aplicación de los artículos 10 y 163, Nº 2, del Código del Trabajo, vigentes en aquella época,";
b) Sustituyese el inciso tercero, por los siguientes:
"En caso de que el empleado u obrero de la ex Empresa Nacional de Transportes Colectivos S. A., hubiere fallecido o falleciere con posterioridad a; la publicación de la presente ley, su cónyuge tendrá derecho a una pensión de viudez de un monto equivalente a un 75% de la que hubiere correspondido a su marido, y sus hijos, en el caso de fallecimiento o de incapacidad de la viuda, a una pensión de un 25% sobre el mismo monto, con derecho a acrecer, hasta los 18 años de edad, y hasta los 23 en el caso de que cursen estudios secundarios, técnicos o universitarios y en forma indefinida en el caso de adolecer de invalidez física o mental.
Para los efectos de cobrar la pensión insoluta que hubiere quedado pendiente al fallecimiento del beneficiario de esta ley, sus herederos no necesitarán obtener la posesión efectiva, bastando acreditar el parentesco y la defunción del causante.";
c) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:
"Las pensiones que otorga la ley Nº 16.446 serán compatibles con otra pensión previsional, asistencial o de gracia, cuando todas las pensiones en conjunto, no excedan de dos sueldos vitales escala A) del departamento de Santiago.".
Artículo 2º.- Concédese un plazo de 180 días, contado desde la publicación de la presente ley, para que los beneficiados por ella puedan acogerse a sus disposiciones".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia. - Eduardo Cañas Ibáñez.
3.- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ALLENDE, BOSSAY, GOMEZ, LUENGO Y RODRIGUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO DE OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.
Honorable Senado:
Existe en nuestro país, una plausible tendencia a entregar una rectoría autónoma a aquellos grupos de profesionales cuya formación intelectual está llamada a gravitar profundamente en el desarrollo de la Patria y la comunidad.
Para ello, el legislador ha venido creando los llamados Colegios Profesionales, con el objeto de agrupar a ciertos técnicos que, después de largos estudios universitarios o de nivel similar, se incorporan a la vida nacional para desempeñar actividades que necesitan de una constante preocupación, de una renovación diaria de conocimientos, y, por lo tanto, de una protección estable de su prestigio, su eficiencia y una alta responsabilidad en cuanto a los fines éticos, por manera que la comunidad entera tenga, en todo momento, la más absoluta seguridad de que recibe los servicios de verdaderos profesionales, y éstos, una eficaz protección en su actividad.
Así ha ocurrido y ocurre, por ejemplo, con los abogados, los médicos, los ingenieros, los técncios en general, etc., cuyos colegios son verdadero ejemplo de corrección, y a través de los cuales se da un real amparo a la profesión y consecuencialmente, la más absoluta garantía de eficacia y responsabilidad en el ejercicio de la profesión.
Con ello ha quedado ampliamente demostrado que la rectoría de un organismo profesional, dirigido por los propios interesados, es la única forma de asegurar en forma integral, el progreso, prerrogativas y prestigio de determinadas profesiones.
Existen, sin embargo, actividades profesionales que, llamadas a marcar rumbos en la economía y en el progreso del país, y es más, en las relaciones y el intercambio comercial internacional, carecen aún de la tutela y protección que brinda un Colegio Profesional.
Tal es el caso de los Oficiales de la Marina Mercante Nacional que, siendo profesionales de la más intensa especialización y cuya actividad requiere la más depurada técnica, dependen de una serie de entidades y organismos gubernamentales, que tienen las más variadas finalidades, pero que no pueden, por su misma naturaleza, preocuparse del progreso, prerrogativas y prestigio de estos profesionales.
La preparación profesional de la mayor parte de los Oficiales Mercantes, ha estado entregada en nuestro país a la Marina Militar. Como consecuencia lógica, estas personas no reciben la enseñanza más adecuada y terminada la formación del Oficial, éste queda durante el resto de su vida profesional sometido a la jurisdicción de la Dirección del Litoral, cuya finalidad primordial, no es justamente transporte marítimo, sino que velar por el cumplimiento de Convenios Internacionales sobre Protección de la Vida Humana en el Mar, y las actividades propias de la Policía Marítima.
Eso mismo trae como consecuencia que, librado del tutelaje de la Escuela que lo formó, nadie ejerce sobre el Oficial Mercante una fiscalización rigurosa sobre su comportamiento ético y sobre su perfeccionamiento posterior, tan necesario en la vida moderna donde los adelantos se suceden con extrema rapidez.
Si bien la Escuela Naval cumple sus funciones brillantemente dotando a la Armada Nacional de excelentes Oficiales, no es menos cierto que en relación a la preparación de Oficiales para la Marina Mercante Nacional no cumple el objetivo real, dado que su fin bélico no se complementa totalmente con el fin y la preparación de Oficiales para una Marina Comercial.
El comercio marítimo ha dejado de ser, desde hace algunos años, el llevar y traer carga en las bodegas de las naves. La técnica, la electrónica y la ciencia del mismo se ha incorporado a las Marinas Mercantes del mundo.
Como consecuencia de lo anterior, quienes dirigen este comercio, los Oficiales de la Marina Mercante, también han dejado de ser los simples conductores de barcos o los cuidadores de elementales maquinarias de la era del vapor, convirtiéndose, en nuestra época, en el factor más importante del transporte marítimo, en el verdadero técnico que debe dominar a la perfección el arte de competir en el medio de transporte más importante del mundo.
Sin técnicos preparados y responsables y sin que estos técnicos tengan una adecuada protección, nuestra Marina Mercante, nuestro transporte marítimo, y, consecuencialmente, la economía de nuestra Patria, se deslizará, indefectiblemente, hacia el más rotundo fracaso.
Es pues necesario que el Gobierno y el Parlamento, deban preocuparse que nuestra Marina Mercante cuente con profesionales que dominen ampliamente la materia y que éstos cuenten con una Institución que prestigie la profesión, y que constituya a la vez, un atractivo para los que la inician y un aliciente para quienes la ejerzan.
La creación de un Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional traerá, indudablemente, como consecuencia lógica, el establecimiento a corto plazo, de una escuela para Oficiales de la Marina Mercante, que debe tener carácter universitario, desde donde podrán egresar con el más amplio dominio y un alto nivel profesional que es justamente lo que la técnica del transporte marítimo actualmente requiere.
Es conveniente recordar que esta materia, es decir, la creación del Colegio que nos preocupa, ya fue debatida por la Honorable Cámara de Diputados, en una sesión que se realizara el día 22 de junio del año pasado con motivo de un movimiento huelguístico que mantenían estos profesionales y cuya solución fue justamente encontrada en el acuerdo que por la unanimidad de los asistentes aprobara esa Corporación y que se tradujo en un proyecto de acuerdo mediante el cual se solicitó a Su Excelencia, el Presidente de la República la remisión, a la brevedad, de un proyecto de ley creando el referido Colegio.
El Proyecto que sometemos a vuestra consideración, contempla justamente, la creación de tal Colegio, cuyo objeto será el velar por el prestigio, progreso y prerrogativas de la profesión de Oficial de la Marina Mercante, para su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina, ética profesional y asegurar a sus miembros la debida protección.
Formarán parte de este Colegio todos los profesionales que cuenten en la actualidad con el título de Oficial de Marina Mercante otorgado por la Dirección del Litoral, como asimismo los alumnos que en el futuro egresen de los cursos para Oficiales de la Escuela de la Marina Mercante Nacional.
Su dirección superior queda entregada al Consejo General con domicilio en Valparaíso y a los Consejos Regionales que se creen en las diversas zonas del país.
Por disposición expresa de la ley, sólo los Oficiales debidamente inscritos en el Colegió podrán ejercer esta profesión. Quedan, igualmente, especificados cuales son los actos propios al desempeño de tal profesión.
Como una protección efectiva de este ejercicio profesional se sanciona a la persona que sin estar en posesión de los requisitos legalmente necesarios desempeñe actividades privativas de los Oficiales de la Marina Mercante, como asimismo a las Empresas, organismos y Armadores que contraten a personas que incurran en el ejercicio ilegal de esta profesión.
Los Oficiales de la Marina Mercante son agrupados por sus especialidades en tres grupos: Oficiales Náuticos, Oficiales de Máquinas y Oficiales de los Servicios.
Se establece la facultad del Consejo General para que someta a sus miembros -por intermedio de tribunales especiales- a medidas disciplinarias, por cualquier hecho incompatible con la dignidad, cultura o ética profesional, medidas que pueden ir desde la amonestación privada verbal hasta la cancelación de la inscripción en el Colegio.
En mérito de todo lo expuesto, es que sometemos a la consideración: del Congreso Nacional el siguiente
Proyecto de ley :
TITULO I
Constitución y Finalidades
Artículo 1º.- Créase la institución denominada Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional, el cual gozará de personalidad jurídica y se regirá por las disposiciones de la presente ley.
Para todos los efectos, su domicilio será la ciudad de Valparaíso, sin perjuicio de los domicilios de los Consejos Regionales.
Artículo 2°.- El Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional tiene por objeto velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de Oficial de la Marina Mercante, para su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina, ética profesional y asegurar a sus miembros amparo y protección profesional.
TITULO II
Organización
Artículo 3º.- El Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional será dirigido por el Consejo General con domicilio en la ciudad de Valparaíso y por los Consejos Regionales a que se refiere el artículo 13Artículo 4º.- Formarán parte del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante los alumnos que egresaren de los cursos para Oficiales de la Escuela de la Marina Mercante Nacional reconocida como tal por el Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 1° de esta ley.
TITULO III
Del Consejo General
Artículo 5º.- El Consejo se compondrá de nueve miembros todos los cuales deberán ser oficiales de la Marina Mercante y reunir los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano chileno.
b) Estar debidamente inscrito en el Registro General del Colegio;
c) Haber tenido, a lo menos, cinco años continuados en el ejercicio de la profesión y estar en actividad a la fecha de su elección;
d) No pueden ser simultáneamente miembros del Consejo Genera! los parientes consanguíneos o afines en la línea recta, ni los colaterales que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive;
e) No podrán formar parte del Consejo quienes hayan sido afectados por las disposiciones del Título IX, Artículo 41, incisos d) y e).
Si en una elección resultaren elegidos dos o más personas que tuvieren alguna incompatibilidad, se mantendrá en el cargo aquel que tuviere el más alto número de sufragios debiendo reemplazarse a los otros. En caso de empate, el Consejo decidirá por sorteo en la primera sesión la persona que debe ser designada Consejero.
Artículo 6º.- Tendrán además derecho a un Consejero, los oficiales jubilados, el cual deberá haber alcanzado el grado más alto de su especialidad y reunir los requisitos establecidos en el artículo anterior, con excepción de la letra c).
Artículo 7º.- Los Consejeros serán elegidos en votación directa por los oficiales de la Marina Mercante Nacional inscritos en el Registro del Colegio. La elección se hará en la forma que establezca el Reglamento respectivo y cada grupo a que se refiere el artículo 36 elegirá tres Consejeros de entre los miembros de su grupo.
La elección se hará a pluralidad de sufragios y sin que pueda emplearse el voto acumulativo.
Solo podrán tomar parte en la votación los oficiales inscritos en los registros del Colegio y que se encuentren al día en el pago de la patente profesional.
Artículo 8º.- Los Consejeros durarán en sus cargos dos años no pudiendo ser reelegidos por más de dos períodos consecutivos. Los Consejos se renovarán cada año por parcialidades de cinco y cuatro miembros.
El cargo de Consejero será incompatible con el de Director del Sindicato.
Los cargos de Consejeros serán servidos gratuitamente con excepción del Presidente, Secretario y Tesorero.
Artículo 9º.- Las elecciones ordinarias se efectuarán tanto a bordo como en tierra durante los meses de mayo y junio.
Artículo 10.- El Consejero a que se refiere el artículo 6°, representará a todas las especialidades, en conjunto; durará dos años en sus funciones y su elección se regirá por las normas generales que establezca el Reglamento.
Artículo 11.- Si se produjere alguna vacante, el respectivo Consejo elegirá a la persona que deba ocupar el cargo por el tiempo que faltare para completar el período correspondiente.
En caso de renuncia colectiva de las personas que forman el Consejo o de falta o imposibilidad de un número de miembros que impida formar quórum para sesionar, se convocará a la brevedad posible a los oficiales a una nueva elección de Consejo.
Artículo 12.- Dentro de los tres consejeros que representan un grupo en la forma prevenida en el artículo 36, elegirán entre ellos un Consejero ejecutivo que por derecho propio formará parte de la mesa Directiva del Consejo en el rango de Presidente, Secretario o Tesorero, según lo determine una votación de los tres Consejeros ejecutivos.
Artículo 13.- Los Consejos podrán celebrar sesión con la concurrencia, a lo menos, de la mayoría de sus miembros, siempre que la ley no exija otro quórum.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, salvo disposiciones expresas legales o reglamentarias en contrario. La fracción que resultare de la división para determinar el quórum, se considerará entero.
Artículo 14.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo:
a) Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión del Oficial de la Marina Mercante Nacional, para su regular y correcto ejercicio. Mantener la disciplina, ética profesional, prestar protección a sus miembros y perseguir el ejercicio ilegal de la profesión;
b) Formar el Registro de los miembros del Colegio de acuerdo al Título II, artículo 4º;
c) Administrar y disponer de los bienes del Colegio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27;
d) Proponer a la autoridad competente la dictación o modificación de las leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas relativas a la profesión;
e) Indicar al Presidente de la República y/o a las entidades que corresponda, nómina de profesionales idóneos para el desempeño de cargos de orden técnico, administrativo, en organismos fiscales, semifiscales o autónomos;
f) Evacuar los informes o consultas que solicitaren las autoridades sobre asuntos concernientes a las actividades propias de la profesión;
g) Representar al Presidente de la República, a las autoridades pertinentes y a las Compañías Armadoras, las dificultades que afectaren al comercio marítimo en cualquier aspecto y hacer las observaciones que se estimen tiendan a mejorar las condiciones humanas y laborales en la vida del mar;
h) Dictar el Arancel de Honorarios de las respectivas profesiones o especialidades, con acuerdo de los dos tercios de sus miembros. Este arancel requerirá la aprobación del Presidente de la República;
i) Formar anualmente el Presupuesto de Entradas y Gastos y rendir cuenta cada año. Este presupuesto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo;
j) Sesionar a lo menos una vez al mes;
k) Mantener relaciones con instituciones similares extranjeras en todo lo relacionado con lo profesional;
l) Representar judicial y extrajudicialmente al Colegio.
Deberá especialmente perseguir el ejercicio ilegal de la profesión. Cuando en ejercicio de esta facultad el Consejo se querellare criminalmente en contra del ejercicio ilegal de la profesión, no estará obligado a rendir fianza ni a prestar juramento de calumnia y no habrá lugar a que la querella pueda ser declarada calumniosa o injuriosa. El Colegio gozará de privilegio de pobreza para todos los efectos legales;
m) Resolver en única instancia las cuestiones sobre honorarios que se susciten entre los miembros del Colegio y personas o entidades que requieran sus servicios por circunstancias especiales cuando estas últimas o ambas lo soliciten. Para tal efecto y causa, el Consejo designará para la tramitación por turno a uno de sus miembros el que procederá como arbitrador.
El fallo expedido por el Consejo requerirá mayoría absoluta. La copia autorizada del fallo tendrá mérito ejecutorio. Contra la decisión del Consejo no habrá recurso alguno;
n) Supervigilar el funcionamiento de los Consejos Regionales; ñ) Destinar anualmente una cuota de sus entradas a la organización de publicaciones, cursos, concursos y al otorgamiento de premios y becas que tiendan a fomentar el estudio de la Marina Mercante Nacional;
o) Crear y mantener una biblioteca y un laboratorio técnico que permita a los colegiados perfeccionar sus conocimientos;
p) Organizar, con arreglo al Reglamento, instituciones de ahorro, asistencia y protección, y
q) Formar con miembros del Colegio las Comisiones que estime necesarias.
TITULO IV
De los Consejos Regionales
Artículo 15.- Cuando en algún puerto de la República ejercieran su profesión más de 80 Oficiales, el Consejo General propiciará la formación de un Consejo Regional, siempre que lo estime conveniente;
Artículo 16.- El sector jurisdiccional de los Consejos Regionales será el que le señale el Consejo General y sus facultades las ejercerán respecto al número de Oficiales que dentro de este sector ejerzan su profesión. El Reglamento señalará la forma en que solucionarán las dificultades que resultaren de la traslación de los profesionales entre los diversos sectores jurisdiccionales.
Artículo 17.- Los Consejos Regionales se compondrán del número de Consejeros que el Consejo General haya fijado, el que deberá ser proporcional al número de oficiales inscritos en la zona regional. Los Consejeros Regionales deberán reunir los mismos requisitos que los del Consejo General.
Artículo 18.- Los Consejeros Regionales serán elegidos en la misma forma que indica el artículo 7º para el Consejo General.
Artículo 19.- En la constitución y organización de los Consejos Regionales, serán aplicables los artículos 8º, 9º, 11 y 13.
Artículo 20.- -Son obligaciones y atribuciones de los Consejeros Regionales las mismas que señala el artículo 14 para el Consejo General, salvo las que se consignan en las letras d), e), f), g), h), k), m), n), ñ), p) y q), dentro de su respectiva jurisdicción.
TITULO V
De las Juntas
Artículo 21.- En el mes de julio de cada año, junto con la entrega de cargos al nuevo Consejo, se llevará a efecto una Junta General Ordinaria de los miembros inscritos en el Colegio.
En ella, el Consejo General que termina su período presentará una Memoria de las actividades desarrolladas por la Institución en el año anterior y un Balance de su estado económico. Copia de esta Memoria y Balance deberá enviarse a bordo de todas las naves de la Marina Mercante Nacional para conocimiento de los colegiados.
Artículo 22.- En las reuniones ordinarias podrán proponerse y acordarse mociones de cualquier orden que se estimen convenientes para la buena marcha y prestigio del Colegio o para el ejercicio de la profesión.
Artículo 23.- Habrá Junta General Extraordinaria cuando así lo acuerde el Consejo, o cuando alguno de los miembros ejecutivos del Consejo lo solicitare por escrito indicando el motivo o cuando lo solicitaren en la misma forma más de 7,5% de los colegiados. En ellas sólo podrán tratarse y acordarse los asuntos a que la convocatoria se refiera. Sin embargo, con el consentimiento unánime de los presentes podrán tratarse y resolverse otros asuntos.
Artículo 24.- Cuando más del 15% de los colegiados de una misma especialidad, o el Consejo Ejecutivo de ella lo solicitare por escrito, el Consejo General convocará a Junta Especial de Oficiales de dicha especialidad, debiendo tratarse y acordarse en dicha oportunidad sólo los asuntos que la motivaron y que afecten exclusivamente su especialidad, debiendo en todo caso el Consejo General ratificar dichos acuerdos si lo estimare conveniente para la buena marcha del Colegio.
Artículo 25.- Las citaciones a Juntas Generales o Especiales, sean Ordinarias o Extraordinarias, se harán por medio de tres avisos publicados en un diario de la ciudad de Valparaíso, con indicación del día y lugar en que debe realizarse la Junta y su objeto y además por carta dirigida a los miembros del Colegio al domicilio que hubieren fijado en el registro.
El primer aviso será publicado y las cartas enviadas a lo menos con cinco días de anterioridad al fijado para la Junta.
Artículo 26.- El quórum para sesionar en las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, será del 7,5% a lo menos de los miembros del Colegio.
En las Juntas Especiales este quórum será del 15% a lo menos de los Oficiales de la rama citada.
No habiendo quórum se citará para dentro de los siete días siguientes a una nueva Junta que se celebrará con los que asistan.
Artículo 27.- Cuando entre una Junta y el Consejo General haya dudas o divergencias de opiniones con respecto a asuntos importantes para la marcha del Colegio, el Consejo consultará por la vía más rápida posible a los colegiados embarcados, siempre que las circunstancias lo permitan, bastando un telegrama con las opiniones de los Oficiales firmado por el Capitán de la nave como Ministro de Fe para que se computen como votos dichas opiniones.
TITULO VI
De los Bienes del Colegio
Artículo 28.- El patrimonio del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante se formará:
a) Con las cuotas que pagaren sus miembros y los derechos de inscripción en el Colegio;
b) Con el 10% de los honorarios que perciban los colegiados o las personas que sean designadas por el Consejo o por el Presidente, a petición de partes, para servir como árbitros, peritos o asesores.
c) Con las herencias, donaciones, subvenciones que recibiere y los intereses y/o rentas, dividendos y otros créditos que produzcan sus bienes y las demás entradas establecidas en su favor o que le correspondan; y
e) Con los demás bienes que el Colegio adquiera a cualquier título.
Artículo 29.- Los bienes del Colegio se aplicarán o dedicarán exclusivamente a:
a) Al mantenimiento y fomento de cursos, bibliotecas técnicas y profesionales y laboratorios;
b) Al otorgamiento de becas entre sus asociados o alumnos distinguidos para el estudio de problemas o materias relativas a la Marina Mercante Nacional, con arreglo al Reglamento respectivo;
c) A la adquisición o arrendamiento de un local para el Colegio y sus dependencias;
d) A la adquisición de mobiliario y demás elementos para su administración y funcionamiento;
e) A la edición de obras, memorias o revistas de ciencias profesionales en las diversas especialidades;
f) Al otorgamiento de premios o memorias profesionales a estudiantes sobresalientes en actividades que tiendan a elevar el desarrollo técnico de la profesión; como asimismo premiar obras relativas a los temas señalados en la letra e) y que se redacten sobre materias que indique el Colegio;
g) Al cumplimiento de los gravámenes o modalidades que afectaren a las donaciones o asignaciones aceptadas por la Institución y al pago o servicio de las demás deudas legalmente contraídas por el Colegio; y
h) A las remuneraciones y viáticos de la Directiva y de los empleados que necesite y cumplimiento de las obligaciones legales con respecto a los mismos.
TITULO VII
Del Ejercicio ProfesionalArtículo 30.- El ejercicio de la profesión de Oficial de la Marina Mercante se regirá por las disposiciones de la presente ley.
Artículo 31.- Sólo los Oficiales inscritos en los registros del Colegio y que se encontraren al día en el pago de sus cuotas podrán ejercer la profesión.
Artículo 32.- Los Oficiales que cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior podrán ejercer su profesión en toda la República.
Artículo 33.- Son actos o servicios propios de los miembros de este Colegio principalmente los siguientes:
a) Desempeñarse en todas las unidades inscritas en los registros de naves de la Marina Mercante Nacional, de cualquier tonelaje o especialidad;
b) Desempeñar funciones docentes en materias de su respectiva especialidad;
c) Servir de arbitro, perito, asesor, consultor y Director técnico en empresas y en todas las actividades marítimas y comerciales, y
d) Desempeñar en la administración pública y en las entidades particulares las actividades profesionales y técnicas relativas a la Marina Mercante.
Artículo 34.- El Consejo General del Colegio otorgará a los colegiados un certificado o carnet profesional con el número de inscripción en el registro para los efectos de acreditar su calidad de tales.
Artículo 35.- El que sin cumplir los requisitos que establece la presente ley desempeñe actividades que son privativas de los miembros de este Colegio incurrirá en la pena de presidio menor en su grado mínimo.
Las empresas, organismos, instituciones o armadores que contraten personal que no cumpla con los requisitos exigidos en esta ley y que dentro del lapso prudencial que les señala el Consejo en cada caso particular no se atenga a las prescripciones legales referidas, incurrirán en la pena de multa de uno a diez vitales mensuales de los empleados particulares, Escala A del Departamento de Valparaíso, que aplicará el Consejo oyendo a los afectados. La resolución del Consejo tendrá mérito ejecutorio.
TITULO VIII
De las Especialidades
Artículo 36.- Para formar el Registro de Oficiales de la Marina Mercante Nacional, el Consejo deberá agrupar a éstos en tres grupos de acuerdo al siguiente esquema:
II GRUPO
Oficiales de Máquinas
Ingenieros Inspectores
Ingenieros
Electricistas
III GRUPO
Oficiales de los Servicios
Telecomunicaciones
Telecomunicante Inspector Telecomunicantes Administrativos
Comisarios
Sobrecargos
Sanidad
Artículo 37.- Cada uno de estos grupos estará representado por tres de sus miembros en el Consejo General, completándose su constitución con el representante a que se refiere el artículo 6º. Las elecciones se efectuarán de acuerdo al Reglamento.
TITULO IX
De las medidas disciplinarias
Artículo 38.- En uso de la facultad que le confiere el artículo 14, letra a) de la presente ley, el Consejo General dispondrá la formación de Tribunales Especiales para juzgar y aplicar sanciones a los miembros del Colegio por todo acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad, cultura o ética profesional. El Consejo podrá ejercer esta atribución, de oficio o a petición de partes, mediante denuncia por escrito la que deberá cumplir con patrocinio de abogado, salvo que el reclamante sea otro miembro del Colegio.
Artículo 39.- Este Tribunal Especial estará formado por tres Oficiales en actividad de la misma especialidad que el inculpado que tenga igual o superior grado jerárquico y serán designados por sorteo entre los no miembros del Consejo General, que a la fecha de la elección se encuentren en tierra.
Cualquiera de las partes podrá impugnar hasta dos miembros del Tribunal Especial, cuando éstos se encuentren en alguno de los siguientes casos:
a) Ser ascendiente o descendiente legítimo, padre o hijo natural o adoptivo de alguna de las partes, o estar ligado con ellas por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive;
b) Ser socio de alguna de las partes, o su acreedor o deudor y tener de alguna manera, análoga dependencia o preeminencia sobre dicha parte;
c) Tener interés directo o indirecto en la materia de que se trata;
d) Tener amistad o enemistad respecto de alguna de las partes, probada por hechos repetidos o irredargüibles, o antecedentes que permitan suponer falta de imparcialidad en la emisión de su juicio o dictamen, y
e) Haber emitido opinión sobre el asunto.
Conocerán de estas impugnaciones los miembros del Consejo General quienes, de aceptarlas, procederán a reemplazar por sorteo a los Oficiales impugnados.
Designado el Tribunal Especial, éste deberá constituirse dentro de las 48 horas siguientes y emitir su fallo en un plazo no superior a 15 días, siendo facultad del Consejo prolongar este plazo por causas debidamente calificadas.
Será igualmente atribución del Consejo, sancionar y reemplazar a los integrantes de estos tribunales que no constituyan o no cumplan su cometido dentro de los plazos fijados.
Dentro de los 15 días siguientes de emitido el fallo, el Oficial inculpado podrá pedir reconsideración por escrito de la resolución que dicte el Tribunal Especial. Sobre la petición de reconsideración, la que será notificada al afectado por carta certificada, se podrá apelar ante el Consejo General.
Artículo 40.- Contra el fallo del Consejo General constituido en Tribunal de segunda instancia no procederá recurso alguno, salvo que se decrete la cancelación del título, en cuyo caso podrá apelar el inculpado ante la Corte Suprema, en un plazo no superior a los 10 días.
Artículo 41.- Las sanciones que podrán imponer los Tribunales Especiales de disciplina serán las siguientes:
a) Amonestación privada-verbal. Será la que haga directa y personalmente el Tribunal al Oficial afectado, sin dejar constancia escrita;
b) Amonestación escrita. Será la que se haga por intermedio de la Secretaría del Colegio, dejándose constancia en el respectivo registro. Se aplicará esta medida al miembro que habiendo sido citado para oír la amonestación verbal no concurriere a la citación y en otros casos que acuerde el Tribunal;
c) Multa que podrá oscilar entre un décimo y un sueldo vital mensual del Departamento de Valparaíso del año correspondiente;
d) Censura. Consistirá en la publicación íntegra de la amonestación escrita en el primer boletín informativo que edite el Colegio para conocimiento de sus asociados.
Estas medidas podrán aplicarse indistintamente o en forma acumulativa, debiendo en todo caso ser acompañadas de una multa;
e) Suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo que no podrá exceder de tres meses, por acuerdo unánime del Tribunal, dando cuenta de ello al Consejo.
La suspensión se aplicará:
I.- Al Oficial que hubiere sido censurado y que reincidiere en la falta.
II.- Al Oficial en contra de quien se hubiere acogido una queja por motivos graves incompatibles con la dignidad profesional.
III.- Al Oficial que públicamente hiciese acto de desacato al Consejo General.
Artículo 42.- El Consejo General constituido en Tribunal podrá cancelar la inscripción del inculpado en el registro del Colegio por acuerdo de los dos tercios de sus miembros, cuando motivos graves lo justifiquen.
Sólo se considerarán motivos graves los siguientes:
I.- Haber sido suspendido el Oficial tres o más veces, y
II.- Faltar gravemente a la ética profesional.
Ejecutoriado el acuerdo que impone la suspensión o cancelación de título se comunicará a las autoridades u organismos correspondientes para su conocimiento y cumplimiento.
Artículo 43.- El Oficial que haya sido declarado reo por los Tribunales de Justicia por resolución ejecutoriada por alguno de los delitos que tenga como pena principal o accesoria la inhabilitación para profesiones titulares quedará de hecho suspendido del ejercicio de la profesión por todo el tiempo que dure el juicio y hasta que recaiga en él sentencia que le ponga término.
Si la sentencia fuera absolutoria o de sobreseimiento quedará de hecho terminada la suspensión.
En caso contrario, la suspensión durará el tiempo de la condena, salvo la excepción del artículo anterior.
La resolución judicial que declare reo al Oficial será comunicada de oficio por el Tribunal al Consejo General.
TITULO X
Del Tribunal Arbitral
Artículo 44.- Toda duda, contienda o dificultad, de cualquiera naturaleza que fuere, que se suscitare entre los diferentes grupos de especialidad a que se refiere el artículo 36, será resuelta sin ulterior recurso por un Tribunal Arbitral Mixto, cuyos procedimientos o fallos no serán susceptibles de recurso alguno. Los miembros del Tribunal permanecerán tres años en sus funciones y serán elegidos en la misma oportunidad que se elija el Consejo General podrán ser reelegidos y servirán sus cargos gratuitamente.
Artículo 45.- Para ser elegido miembro del Tribunal Arbitral Mixto se deberá reunir los mismos requisitos que se exigen a los Consejeros Generales y deberá haber alcanzado el más alto grado de su especialidad, siendo ambos cargos incompatibles.
Artículo 46-El Tribunal Mixto estará compuesto de seis miembros a saber: uno por cada especialidad (Capitán de Alta Mar, Ingeniero Inspector, Electricista de Cargo, Comisario, Telecomunicante Inspector y
Oficial de Sanidad) más un séptimo miembro que tendrá el rango de Presidente del Tribunal y que será el Capitán de Alta Mar en actividad más antiguo en el registro respectivo o al que le siga en caso de ausencia y así sucesivamente, quien dirigirá los debates omitiendo su voto sólo en caso de empate en las votaciones.
TITUO XI
Disposiciones Generales
Artículo 47.- Agrégase, como inciso segundo el artículo 233 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 213 del 22 de julio de 1953, sobre Ordenanza General de Aduanas, el siguiente:
"ara los efectos de este artículo, tratándose de un delito de contrabando o Fraude Aduanero en el que aparezca inculpado algún Oficia] de la Marina Mercante Nacional, la Junta deberá integrarse con el Presidente del Consejo General del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante a fin de que, si procediere, se aplique al afectado las medidas disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de lo que pueda resolver la Junta sobre el ejercicio de la acción penal".
Artículo 48.- Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias actualmente vigentes contrarias a lo establecido en la presente ley.
Artículo 49.- Las disposiciones de la presente ley regirán desde su publicación en el Diario Oficial.
Artículos transitorios
Artículo 1º.- Formarán parte del primer Registro del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional:
a) Los Oficiales que a la publicación de la presente ley tengan vigente su título de Capitán, Piloto 1º, 2º, 3º; Ingeniero Inspector, Ingeniero 1º, 2º, 3º, 4º; Inspector de Comunicaciones, Radiotelegrafistas 1º y 2º;
b) Los Oficiales que a la publicación de la presente ley tengan vigente su permiso de embarco otorgado por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante Nacional, en las especialidades de Contador, Sobrecargo, Electricista y Practicante;
c) Los Mayordomos que al 1º de septiembre de 1966, tengan su título o permiso otorgado por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante Nacional, integrando transitoriamente el grupo de Oficiales de los Servicios;
d) Los Oficiales jubilados por la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; y
e) Los Oficiales que, por diversas circunstancias, tengan suspendidos sus títulos o permisos, quienes ingresarán al momento de su rehabilitación.
Artículo 2º.- Formarán parte del primer Registro del Colegio, y tendrán sesenta días para impetrar por escrito este derecho, los siguientes Oficiales Regionales: Nibaldo Arteche Serón; Alfredo de Rodt Sánchez;
Samuel Miranda Molina; Jacobo Fehrmann Aguayo; Francisco Otey Ga- lindo; José E. Barría Torres; Mario Lagreze Leichtle; Humberto Uribe Aburto; Juan D. Ruiz Mayorga; Luis Cárcamo Santana; José A. Velásquez Velásquez; Axel Saona Campos; Alejandro Arismendi Aguila; Mario Salvo Parra; Eleodoro Barría García; Rodolfo Depix Wittke; Jorge Oelkers Pabst; Hugo Velásquez Paredes; Tito Zorrilla Badilla; Juan C. Molina Araya; Faustino Sánchez Obreque; Nemesio Benítez Benítez y Ramón Subiabre Gallardo.
Artículo 3º.- Para todos los efectos deberá entenderse que los Oficiales que en esta ley se denominan "Capitanes de Alta Mar" corresponden a los antiguamente llamados "Capitanes" y los "Comisarios" a los "Contadores", los Telecomunicantes Inspectores" a los "Inspectores de Comunicaciones", los "Telecomunicantes" a los "Radiotelegrafistas 1º y 2º", los "Oficiales de Sanidad" a los "Practicantes".
Artículo 4º.- El Presidente del Sindicato Profesional de Oficiales de la M. M. N., el Presidente del Instituto de Ingenieros de la M. M. N., -o los representantes personales que éstos designen por escrito- y un representante de los Oficiales jubilados que será designado por la Asociación de Jubilados cuya personalidad jurídica sea la más antiguarse constituirán en Comité Organizador del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Nacional. Este Comité adoptará las medidas necesarias para formar un Registro Provisorio de Colegiados, en conformidad a las disposiciones de la presente ley, y en un plazo no superior a cuatro meses, convocará a elecciones para designar el Primer Consejo General. En el cumplimiento de sus funciones, este Comité tendrá atribuciones para obtener de las autoridades, Instituciones Fiscales, Semifiscales, autónomas o particulares, todos los informes y antecedentes que precise.
Artículo 5°.- Dentro del primer Consejo que se elija, los Consejeros del primer y segundo grupo que hayan obtenido el mayor número de sufragios y los dos Consejeros del tercer grupo que fueren elegidos en las mismas condiciones, durarán tres años en sus funciones, en forma extraordinaria, para luego continuar con las elecciones parciales de cada año a que se refiere el artículo 8º de la presente ley. El Consejero representante de los oficiales jubilados se elegirá en la misma oportunidad en la forma que lo establece esta ley.
Artículo 6º-Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República promulgará el Reglamento por el cual se regirá el Colegio de Oficialas de la Marina Mercante Nacional.
(Fdo.) : Salvador Allende. - Luis Bossay L. - Jonás Gómez G. - Luis F. Luengo E. - Aniceto Rodríguez.
4.- MOCION DE LOS HH. SENADORES SEÑORES ALTAMI- RANO, GOMEZ, JARAMILLO Y PABLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ACLARA LA SITUACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL QUE EN VIRTUD DE LA REFORMA EDUCACIONAL PASO A LA DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL.
Honorable Senado:
El Profesorado de Educación Profesional que hacía clases en los Primeros y Segundos Años de esa rama de la enseñanza y que, en virtud de la Reforma Educacional pasó a Educación Primaria (Séptimos y Octavos Años), queda en situación desmedrada frente a los Normalistas, a pesar de ser Profesores de Estado o Egresados del Instituto Pedagógico Técnico pues el D.F.L. N° 338, dictado antes de la reforma, no consulta estos casos y da prioridad en todo sentido en Educación Primaria a los normalistas; por eso, y no significando ningún tipo de gastos, nos permitimos proponer al Honorable Senado el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo...- El personal que en virtud de la Reforma Educacional hubiere pasado de la Dirección de Educación Profesional a los Centros de Educación Básica, quedará en propiedad y en igualdad de condiciones que el personal titulado en Educación Primaria y Normal para los concursos, pudiendo ser llamados a los Cursos de Directores de Escuelas de Primera Clase.
No obstante lo anterior y cuando las necesidades del Servicio y el Ministerio de Educación lo estime conveniente, podrá ser designado este personal como Directores Interinos mientras efectúen el curso correspondiente.
(Fdo.) : Carlos Altamirano.- Jonás Gómez.- Tomás Pablo Elorza. - Armando Jaramillo L.
O/T. 1167 - Instituto Geográfico Militar - 1967I GRUPO
Oficiales Náuticos
Capitán de Alta Mar Pilotos