Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Quedó pendiente, en la sesión de ayer, la discusión del informe de la Comisión Especial de Reforma Constitucional recaído en el proyecto que modifica la Constitución Política del Estado, con el objeto de crear la Décima Agrupación Provincial.

-La moción figura en los Anexos de la sesión 13ª, en 22 de junio de 1966, documento Nº 8, ina, 1110, y los informes, en los de la sesión 34ª, en 27 de julio de 1966, documento Nº 5, ina 2396, y 6ª, en 11 de abril de 1967, documento Nº 2, ina 191.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, trataré de dar término a las observaciones que inicié en defensa del proyecto de ley que tuve el honor de presentar en 1961, tendiente a crear la Décima Agrupación Provincial y a dar representación parlamentaria conveniente a los territorios de Aisén y Magallanes.

A mi juicio, esta iniciativa representa el nacimiento de una auténtica, realista y nacional política de fronteras en los territorios australes, y constituye el punto de partida de una acción que involucra efectivo homenaje a las condiciones heroicas de permanencia y de superación que nuestra raza ha probado en la zona de clima más riguroso del mundo. Basta, para convencerse de ello, detenerse un instante a examinar las difíciles condiciones, derivadas de toda clase de factores, en que desenvuelven sus actividades los pobladores del sur de Chile.

En cuanto al clima, es una región de bajas temperaturas, azotada permanentemente por los violentos y fríos vientos que vienen desde el Polo, con altísima precipitación fluvial; región de viento, lluvia, nieve y bruma. Las temperaturas, en el territorio de Magallanes y del Aisén, llegan con frecuencia a veinticinco y veintiocho grados bajo cero.

El relieve crea un difícil problema de transportes: cordilleras, valles de difícil acceso, bosques vírgenes cubriéndolo todo, el territorio despedazado por la penetración de! mar y por la huella de antiguos cataclismos. Miles de islas, cent-anares de archipiélagos.

Las distancias son enormes: centenares y miles de kilómetros, y, por la configuración del relieve, ausencia de caminos, cuya construcción es costosísima, y ausencia total de ferrocarriles. Y sabemos bien que, por el desinterés del país en concentrar sus esfuerzos en esa zona, que puede significar para nuestra economía su definitiva independencia, carecemos de buenas comunicaciones marítimas: casi no hay puertos en esas provincias. Carecen ellas de buenos aeródromos. Sólo en 1956 se inauguró el aeropuerto de Chabunco, que permitió el acceso de aeronaves de alta capacidad, y se encuentran en iniciación las obras del aeródromo de Balmaceda, que será una pista de alternativa entre Puerto Montt y Punta Arenas. Fuera de ello, solamente pequeños aeródromos donde frecuentemente aterrizan los aviones de los clubes aéreos de la región. El problema de transportes es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de esa zona, y mientras no lo abordemos en su integridad será muy difícil incorporar la región austral a la soberanía nacional y ponerla en estrecho contacto y convivencia con el resto del país.

La falta de desarrollo económico motiva escasez de trabajo en la zona. No hay industrias, a pesar de que el legislador, como lo repetí ayer -porque la acción parlamentaria no ha abandonado los territorios australes-, ha tratado permanentemente de llenar el gran vacío y la falta de sensibilidad de los gobiernos centrales. La acción parlamentaria dio a Chiloé, Aisén y Magallanes facilidades tributarias, liberación de derechos aduaneros, lo que constituye el llamado régimen de puerto libre de esa zona. Sin embargo, por la carencia de política proteccionista directamente orientada a otorgar créditos, a llevar capitales que permitan la explotación de las gigantescas reservas de riqueza de la región, no se ha podido desarrollar la industria en la región austral. No obstante poseer Magallanes y Aisén una crecida cuota de ovejunos, que coloca al país a la cabeza de las naciones productoras de lana, se da el absurdo de que en la zona no existe industria textil, hilandería de lana, salvo una modesta empresa de esta índole en Punta Arenas.

Señalé ayer que regiones enteras dependen de la República Argentina en materia de educación, salud y abastecimientos. Algo semejante ocurre con los obreros del carbón en Puerto Natales, que se ganan la vida trabajando en el yacimiento de Río Turbio, sujetos a la voluntad de la República Argentina, que en cualquier momento puede ordenar la cesación de faenas y originar con ello cesantía, miseria y hambre. Allí no existen, en consecuencia, las comodidades de la civilización. Punta Arenas, exponente de la capacidad creadora y, por lo tanto, motivo de orgullo, por su edificación, por la calidad de sus habitantes, representa una de las ciudades australes más avanzadas del mundo. Punta Arenas ha sido cantada frecuentemente por los escritores. Su extraordinaria capacidad, su desarrollo urbano y la cultura y hospitalidad de sus habitantes, la han convertido en una verdadera proeza de la civilización en los territorios australes.

Debo rendir homenaje, desde esta alta tribuna, al espíritu de perduración, sacrificio, austeridad y coraje de los chilenos que pueblan esos territorios, en especial a esa raza formidable constituida por los chilotes, quienes padecen el minifundio y soportan un clima rigurosísimo. El chilote es el único que ha sido capaz de poblar a la Patagonia, particularmente la del vecino país. Argentina ensayó hacerlo con elementos de todas las nacionalidades, pero fracasó ruidosamente. El hijo de Chiloé, el heroico marinero chilote, hecho para la bruma, el mallín, el frío y esa humedad que satura y taladra en los canales del sur, fue capaz de conquistar la Patagonia y permanecer en ella soportando la ventisca, la nieve, bajísimas temperaturas y vientos cortantes de ese territorio.

Debo destacar la elevada comprensión de dos Comisiones de] Senado, la de Constitución, que ya aprobó en el pasado la moción en debate, y la Especial de Reformas Constitucionales, que con extraordinario criterio y comprensión, por encima de cualquier diferencia de carácter electoral, después de minucioso estudio, dio también su aprobación al proyecto por unanimidad. De allí que, aunque fuera difícil reunir el quorum constitucional de 22 votos afirmativos en este momento, necesarios para aprobar la reforma, yo experimentaría, como representante parlamentario de la zona austral, profunda satisfacción y orgullo por haber logrado la comprensión y acogida de aquellas dos brillantes Comisiones del Senado. El proyecto fue presentado sobre la base de la creación de una décima agrupación constituida por las provincias de Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes, debido a que esa zona tiene un coagulante y, una razón de sustancia profunda, constituye una zona geográfico-económica de características totalmente definidas y tiene como síntesis el agua, el mar, los canales y las comunicaciones marítimas, y su corazón y cabecera es, indudablemente, Puerto Montt.

La Cámara, modificando lo aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, creó la décima agrupación sobre la base de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. No insistiré sobre el particular. Estimo que, después de una espera de seis años, es preferible avanzar. El tiempo permitirá que demos a esta división política exactamente las características de la geoeconomía. De ahí que me permita solicitar del Senado que el proyecto se apruebe tal como viene de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, para que coincida totalmente con la aprobación que dio la Cámara al proyecto de reforma constitucional que actualmente trata aquella Comisión Especial.

Quiero llamar la atención del Senado sobre las extraordinarias riquezas que posee nuestro país en la zona austral. La belleza de esa región es inmarcesible. Es difícil encontrar sobre la tierra un paisaje o panorama capaz de superar el esplendor de ese conjunto de fiordos, bosques, canales, ventisqueros y volcanes nevados que forman el sur de Chile. Con razón el viajero busca esos paisajes y, a pesar de la carencia total de buenos hoteles, buenas vías de navegación y buenos aeródromos, queda impresionado para siempre. Día llegará en que las visitas al sur de Chile constituirán una de las corrientes turísticas de mayor movimiento en el mundo.

Próxima a la zona austral se encuentra la Antártida. Los que han tenido la oportunidad de llegar al continente helado saben que se está despertando en el mundo una extraordinaria atención por visitarlo. Llegará también un día en que Chile afianzará definitivamente su soberanía en ese territorio. Allá tendrá el país una infinita fuente de riqueza. Son extraordinarias las riquezas mineras de Chiloé, Aisén y Magallanes en materia de cobre, plomo, zinc, hierro y arena ferruginosa. En Llanquihue y Chiloé, forman la base para una futura explotación de una industria siderúrgica en el estuario de Reloncaví. El Honorable señor Rodríguez, presente en la Sala, inició un proyecto relacionado con la industria siderúrgica, por lo cual puede apreciar debidamente la importancia de mis palabras. En efecto, en la zona sur existe la posibilidad de instalar una industria gigantesca, tan grande como la de Huachipato. Ello constituiría, sin duda alguna, el más poderoso empuje que podríamos dar al desarrollo del territorio austral.

En seguida., debo recordar el permanente conflicto que tenemos con la República Argentina y el hecho de que las únicas reservas nuestras de petróleo se hallan en el territorio de Aisén y Magallanes. Tenemos presente que el petróleo es fundamental para la economía chilena y la vida de la población. Las grandes reservas de bosques aseguran la posibilidad, no sólo de la industria maderera, sino de las industrias de celulosa y de fabricación de papel. Según la ENDESA, 75% de las reservas hidroeléctricas del país se encuentran en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.

La acción parlamentaria es indispensable en esta zona. Cinco Senadores más en el sur significará tener cinco especialistas en problemas de ese territorio, cinco celosos abogados preocupados de la solución de todas sus necesidades y aspiraciones, cinco chilenos más que estarán bregando por defender la soberanía de nuestra patria sobre 250 mil kilómetros cuadrados, aparte el millón 240 mil kilómetros cuadrados de la Antártida.

Debo recordar también que la creación de la Décima Agrupación Provincial fue resistida al comienzo por el Partido Radical. El Comité Ejecutivo de esa colectividad política alcanzó a adoptar resolución contraria al proyecto, por considerar en un principio que tal iniciativa podría tener simple trascendencia electorera y que no era digna de modificar la Constitución para servir intereses subalternos y deleznables. Pero surgió un hecho que invoco, aquí con profunda satisfacción: uno por uno los directores provinciales o consejos regionales, como ahora se los llama en el Partido Radical, de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes estudiaron con serenidad el proyecto, y con la pasión que el radicalismo sabe colocar en la discusión de todos los problemas que atañen a su colectividad, solicitaron de su alta autoridad que se diera acogida a esa iniciativa de ley. Semejante fue la actitud asumida por los Partidos Socialista y Demócrata Cristiano. Este es un antecedente valioso que vale la pena dar a conocer. Una mayor presencia parlamentaria en la zona sur es indispensable.

Frecuentemente se adoptan medidas que originan verdaderas catástrofes. No resisto la tentación de relatar al Senado algo que está ocurriendo en la zona austral. El Servicio Nacional de Salud, velando por la salubridad pública y la mejor calidad de los productos en conserva, ha prohibido a las fábricas conserveras adquirir mariscos desconchados. Esta resolución, tomada por la autoridad sanitaria con profundo agrado, posiblemente con orgullo y satisfacción, desde un escritorio en Puerto Montt o aquí en Santiago, cómodamente instalado en el centro, con calefacción, ha sido un golpe de muerte para las provincias australes y amenaza lanzar a 15 mil ó 20 mil habitantes más a la República Argentina. ¿Qué sucede? Vale la pena tratar el problema. Ruego al señor Presidente que mis observaciones sobre el particular sean transcritas a los Ministros de Economía, Interior y Salud.

En la fábrica de conservas de Calbuco, por ejemplo, trabajan mil obreros, quienes laboran sobre la base del marisco que recogen lanchas y embarcaciones motorizadas o de los que venden los pobladores de los canales y los fiordos, gente que vive desesperadamente junto al mar. Detrás de ellos se extienden los bosques, el mallín, las nieves de las altas cordilleras impenetrables que matan y aniquilan al hombre. Durante casi todo el año, la bruma y el frío penetran en los canales y traspasan las casuchas mal construidas, cuyos troncos están apenas apretados unos contra otros. Allí, donde el frío quema, los niños transitan permanentemente sin calzado por el fango. Esa gente espera la llegada de las lanchas que vienen de Calbuco, Puerto Montt o Puerto Aguirre. Cuando aquéllas tocan a lo lejos su pito o sirena, los pescadores parten a la orilla del mar frío y arrancan de él los mariscos, a los cuales extraen rápidamente la concha, y los ponen a hervir. Al día siguiente, los llevan a la lancha, y en 24 horas los mariscos llegan a la fábrica de conservas. Allí pasan por el autoclave y son esterilizadas ciento por ciento, con lo cual se convierten en un producto de alta calidad. Ahora las autoridades sanitarias han prohibido, en este curioso país de contrastes, que esa gente trabaje en desconchar mariscos. ¿De qué vivirán? Esa era su única fuente de entradas, su única riqueza para comprar sai, hierba, harina y ají, porque no viven de otra cosa. No poseen más. Tal como ocurrió cuando fue prohibida la corta del ciprés, en los canales de Chile se pasea en estos momentos el fantasma del hambre, la miseria y la muerte. Por lo menos cinco mil o diez mil pobladores de los canales, en forma silenciosa, lacónica y sombría, como es la mentalidad del hombre sureño, de esos esforzados pobladores de los canales, tomarán sus bártulos y, por ese infinito corredor que es Aisén, irán i a la República Argentina. Entre tanto, un jefe burócrata chileno sentirá regocijo y estará feliz de haber defendido la calidad de nuestras conservas, las cuales, por lo demás, no necesitan defensa; pero el resultado práctico será que cinco mil o diez mil chilenos más irán a poblar la Patagonia argentina. ¡Tal es la tragedia permanente del sur!

En mi honrado deseo de defender la zona austral, sostengo que el proyecto en debate permitirá corregir graves errores. Cinco Senadores más en esta alta tribuna podrán defender mejor los doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados de territorio sureño donde se encuentran las más grandes reservas de electricidad, ganado, maderas y petróleo, y donde se ofrecen inmensas posibilidades al turismo. En suma, allí está la gran reserva del futuro de Chile.

En la provincia de Magallanes se presenta un caso de auténtica distorsión política. Esa provincia, cuya extensión es de 130.000 kilómetros cuadrados, elige solamente un Diputado. Por eso mismo, la elección de ese representante en Magallanes constituye una verdadera guerra civil, pues tan sólo uno de los candidatos llega a la Cámara, y los que representan las demás corrientes de opinión quedan fuera. Por otra parte, es doloroso que un vasto territorio, permanentemente amenazado por las pretensiones de Argentina de llegar hasta el Pacífico, posea tan exiguaparticipación en la democracia chilena. En efecto, como dije, no todas las corrientes de opinión existentes en dicha provincia logran ser representadas en el Parlamento. Por la misma razón, las luchas electorales en la provincia de Magallanes constituyen una tragedia, y la derrota de las colectividades que quedan sin representación parlamentaria, origina desunión. Nada más justo y lógico, entonces, que dar a la opinión pública magallánica una auténtica expresión y los canales que permitan dar debida representación a sus principales sectores.

Peor es el caso de Aisén, que carece de representación.

Termino mis observaciones haciendo hincapié en que el proyecto de reforma constitucional en debate es beneficioso para los altos intereses nacionales, se identifica con el sentir de los chilenos que viven en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, y, en consecuencia, merece ser acogido por esta alta Corporación.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Señor Presidente, era mi deseo no usar de la palabra en la discusión del proyecto, pero la extensa intervención de mi Honorable colega, que es el autor de esta iniciativa legal, me incita a hacerlo. A fin de cuentas, hacemos historia .nacional con estas actuaciones.

En verdad, no me guía, en este orden de cosas, el interés particular, que no lo tengo; declaro, eso sí, sin eufemismos, que me subyuga el destino de la República más que la enmienda constitucional en estudio. Mis actividades electorales han estado enfocadas siempre al juicio de los correligionarios que me escuchan y, como se dice, a la ciudadanía que piensa.

Las observaciones que ayer tuve oportunidad de escuchar en esta Sala me incitan a pronunciar algunas palabras y a referirme a la situación del país en general. Para ello solicito la atención de mis Honorables colegas.

Antes que nada, debo expresar que me preocupa la actual situación de verdadera falencia fiscal. Es innegable -nadie puede ignorarlo-- el atraso en que se encuentra el fisco y la paralización de las obras públicas. Esto último es grave, pues bien sabemos que la falta de construcciones genera cesantía y, en último término, daños a la población toda. El Gobierno había pensado construir 60.000 viviendas al año, o sea, 360.000 en el actual sexenio. Pero eso no pasa de ser una ilusión, pues, como todos pueden comprobarlo, los programas respectivos han sido totalmente perturbados.

Además, se advierte inquietud permanente en el personal de las diversas reparticiones del Estado, motivada principalmente por la insuficiencia de las remuneraciones, que no alcanzan para vivir. Podría referirme también a la aplicación de los estatutos, al manejo de los escalafones y al trato que se da a los servidores del Estado, pero me parece que no es del caso analizar ahora dicho problema. Basta expresar que los pliegos de peticiones, por éste y otros motivos, son permanentes.

Tampoco cabe discusión en lo tocante al desorden en la estructura económica del país. Podríamos alimentar cuarenta millones de habitantes si aprovecháramos las posibilidades que ofrece nuestro territorio, pero éste escasamente da sustento a nueve millones de chilenos. Estamos importando alimentos por más de ciento cincuenta millones de dólares. Tal es la cifra oficial, pero algunos creen que dichas importaciones ascienden a mucho más, casi a 200 millones de dólares. A mi parecer, ese es un grave impacto.

Existe notable desequilibrio entre el crecimiento vegetativo de la población y el aumento de la producción agropecuaria: este último se mantiene en más o menos uno por ciento. El índice representativo de la masa ganadera no experimenta variaciones desde hace treinta años, a tal punto que los técnicos llegan a sostener que, numéricamente, existe menos población pecuaria que en 1936.

La deuda externa es algo horrendo: ¡ ya pasa de mil millones de dólares! ¿Se puede afirmar que ello compromete la soberanía del Estado? Por mi parte, podría dar algunos argumentos al respecto.

En cuanto a la creación del nuevo departamento de Isla de Pascua, debo expresar mi temor de que la independencia de nuestros compatriotas que habitan en esa isla no la verán nuestros ojos.

El crédito interno está desarticulado como consecuencia del excesivo giro sobre la Cuenta Unica Fiscal, lo que resta al Banco del Estado posibilidades de ejercer sus funciones de estímulo del comercio y las industrias, es decir, de los instrumentos de producción, factores que deben interesar en forma capital a una institución pública como ésa.

segunda, vemos que el fisco adeuda a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas más de 50.000 millones de pesos, según creo. El no pago de esa deuda determina que la mencionada institución, que por pertenecer a los empleados de la Administración Pública debiera ser dirigida por éstos, como entidad propia, sometida únicamente a la supervigilancia estatal, haya dejado de ser un instrumento útil para esos servidores. También en este aspecto se advierten las consecuencias del estado caótico que aflige al país en el orden económico.

Me pregunto si la marina mercante nacional está desempeñando cabalmente las funciones que le competen. Hace poco, analizamos el proceso naviero y concluimos que, en vez de constituir un factor de progreso, nuestra flota mercante se ha transformado en una causa más de desequilibrio de la balanza comercial.

¿Por qué no dar algunas cifras y citar ciertos hechos para llamar la atención de la ciudadanía sobre la responsabilidad que, en buenas cuentas, nos cabe a todos, por lo que está sucediendo?

Noruega, país pequeño, con una población no superior a tres millones seiscientos mil habitantes y una superficie de alrededor de 330.000 kilómetros cuadrados, o sea, menos de la mitad del territorio chileno, posee una marina mercante cuyo tonelaje alcanza a diez millones cuatrocientas mil toneladas.

Puedo extender las comparaciones, en este aspecto, a otros países nórdicos. Así, por ejemplo, Suecia, paiz de baja población, pero socialmente bien organizado, tiene una marina mercante con cerca de cuatro millones de toneladas.

Chile, según el manual norteamericano de índices internacionales sobre asuntos navieros, tiene solamente 271.000 toneladas.

¿Para qué analizar el desarrollo de nuestra marina mercante, cuyas actividades están más bien al servicio de los intereses foráneos que de los nacionales?

Deseo referirme, también, al funesto desempeño de algunos servicios estatales. Tuve oportunidad de decir al señor Ministro del Interior, en esta Sala, que tal situación habrá de darle quehacer y preocupaciones. Concretamente, me refiero al caso de Correos y Telégrafos. En estos instantes hay en el Correo cinco mil valijas detenidas, sin abrir. El atraso que motiva ese hecho se viene produciendo desde las últimas fiestas de Navidad, y ello es causa de que los destinatarios estén ahora en la duda de si sus especies han sido sustraídas o se encuentran rezagadas. Personalmente, he sido afectado por tal situación. Reclamé a Correos por especies valiosas, como un atlas internacional cuyo envío postal encargué hace tiempo. Según he sido informado, dicha orden fue cumplida hace cuatro meses. Casos como el citado son de común ocurrencia, y resultan más penosos por cuanto el Director General del Servicio no responde las comunicaciones que se le envían ni los reclamos que se le formulan.

El personal de Correos está notoriamente mal remunerado. Además, se le adeudan fuertes sumas por concepto de horas extraordinarias. Hago notar que el pago de tal beneficio representa más bien una manera de incrementar el salario de esos empleados que una remuneración por servicios extraordinarios.

Los funcionarios de Correos han efectuado paros de advertencia, y se anuncia un paro total que afectará a más de diez mil de estos servidores.

Interesa principalmente destacar ahora la forma cómo se están atendiendo las necesidades del comercio, la industria y la economía chilena en general. Los señores Senadores que deseen ahondar en estas materias podrán advertir que varios bancos y firmas comerciales han organizado servicios especiales de postas para el despacho de su correspondencia, debido al retraso con que los atiende el organismo estatal encargado de proporcionar dichos servicios. Del mismo modo, pese a que la ley radicó en una repartición pública el monopolio del correo, las líneas de buses interprovinciales han establecido, por su cuenta, un servicio de postas. ¡Es vergonzoso lo que está ocurriendo!

Existe en el país una entidad denominada Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de reciente creación, sobre cuyas actuaciones espero hacer un balance. No hace mucho, el Presidente de la República anunciaba gozoso que se habían invertido 3.600 millones de pesos en mejorar los servicios de comunicaciones en Chiloé. Pero, al mismo tiempo -cualquier Senador podrá comprobarlo-, esta pintoresca Empresa de Telecomunicaciones de que se ufana este país tan hipotecado, es deudora de la Compañía de Teléfonos por más de 15.000 millones de pesos. Eso constituye una ejemplo más de lo que es nuestro proceso nacional.

No deseo cansar la atención del Senado con observaciones sobre la Compañía Chilena de Electricidad, empresa que, de productora de energía, se ha transformado en mero distribuidor. En efecto, el Estado ha debido crear plantas eléctricas y entregar a esa compañía la distribución.

He citado casos específicos de nuestro proceso histórico, por estimar necesario denunciar estos hechos con sentido cívico y ciudadano y con responsabilidad, no sólo del presente, sino también del futuro. Es algo que, por lo demás, debemos hacer, pues de lo contrario incurriríamos en dejación, falta de cumplimiento de nuestros deberes e, incluso, en cobardía.

Si hay algo que preocupa al ciudadano que viaja al exterior, es la debilidad de nuestro signo monetario. ¡ Qué tremendo es no decir con placer que uno es chileno! Sin duda, hay hechos históricos que nos honran; pero si se trata de la moneda nacional, "más vale non meneallo".

Sobre el particular, me limitaré a citar algunas cifras, porque en estos momentos tan sólo estoy dando algunos ejemplos acerca de este proceso, que daría para un análisis más detenido. El Presupuesto de 1952, último de las administraciones radicales, se hizo sobre la base del dólar calculado a 31 pesos. Eso ocurrió hace sólo 15 años. La Administración que terminó en 1958 calculó el Presupuesto de la nación sobre la base del dólar cotizado a 750 pesos; el régimen del señor Alessandri lo hizo sobre la base de 2 mil pesos; el presupuesto actual de la administración del Estado se ha formulado considerando el valor del dólar a 4.500 pesos, y el que se calculará para lo futuro, ya lo podemos prever.

Nadie puede ignorar que el signo monetario constituye la expresión de un estado organizado.

Desde luego, no diré que me cupo actuar cuando el dólar tenía un valor de 7 pesos. Ahí están las estadísticas, fáciles de revisar, respecto del valor de la moneda.

Pero todavía se pueden hacer otras comparaciones, que estremecen. Durante la última jornada eleccionaria de regidores, me encontraba en Osorno haciendo un comentario sobre estas materias, y me impuse de que allí un quintal de trigo costaba 30 escudos, o sea, 30 mil pesos; al mismo tiempo, un par de escobas, en esa provincia, valía 32 escudos, es decir, 32 mil pesos. ¡ Dos escobas -este adminículo doméstico que se había perdido, esfumado por la carencia de curagüilla- costaba mucho más que producir un quintal de trigo en Chile!

No se puede negar que comparaciones de esta índole estremecen el alma de quien quiere a su patria y observa, con responsabilidad, el plano inclinado por el cual vamos descendiendo día a día.

Quiero, en seguida, analizar un punto de las observaciones formuladas por el Honorable señor Von Mühlenbrock, a quien escuché con mucho agrado. Su Señoría aludió a una referencia que yo hice en la Comisión de Agricultura acerca de una situación que, en otros aspectos, también nos afecta: la población chilena que en la actualidad vive en la República Argentina. Probablemente, ésta alcanza a 500 mil ciudadanos; la cifra no se ha podido precisar. En todo caso, se sabe que en el gran Buenos Aires hay más de cincuenta mil chilenos, y en la zona de la Patagonia y en Neuquén, 300 mil a 350 mil compatriotas nuestros, que son resistidos. ¿Por qué? Porque han ido huyendo de su patria, para buscar comida y trabajo que les permita obtener un salario que en su país no ganan. Y son resistidos porque se emplean por la mitad del salario pagado al trabajador argentino.

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno argentino busca la manera de tomar medidas de carácter policial para sustraerse a esta emigración nuestra.

Pero ha ocurrido ahora un fenómeno que llama la atención: de país inmigratorio que debiera ser una nación subdesarrollada como la nuestra, que necesita fomentar sus recursos potenciales, nos hemos convertido en emigratorio. Y ese capital humano sale de la patria para irse a la Argentina, donde esos compatriotas nuestros son objeto de actitudes despectivas.

He luchado mucho con el país vecino, y seguiré haciéndolo. No es una actitud contraria al pueblo argentino, sino al sentido imperialista de sus gobernantes. ¡Esto sí que es doloroso!

Es curioso cómo hemos destruido nuestra historia. El primer país americano que inició el proceso inmigratorio fue Chile, al acreditar en Europa una agencia colonizadora, dirigida por el señor Phi- lippi, con quien colaboró el señor Pérez Rosales, que más tarde fue director de ese servicio. La gran obra inmigratoria consistió en la traída de muy pocos alemanes, no más de dos mil seiscientos, a quienes debemos la riqueza del territorio sur. ¡Extraordinaria!

Pero la agencia colonizadora que establecimos en Europa se cerró allá por el año 1902, a pesar de encontrarse realizando una labor extraordinaria. Las pruebas las hemos dado con el aporte alemán en el sur. ¡ Pesaba sobre ella el cargo de estar trayendo protestantes! ¡ Eso no lo toleraba el sentimiento católico de la República, y fue preciso cerrar la mencionada agencia!

Si alguien duda, basta con informarse de los procesos instruidos en contra de Vicente Pérez Rosales por las denuncias de que fue objeto ante el Gobierno en esa época.

La dirección de la Iglesia, no se dio cuenta de que la civilización continental estaría reglada por los protestantes, como lo está ahora por los eslavos en la parte oriente. No es la influencia católica la que ha sido motor central en la dirección de la corriente civilizadora de la humanidad. ¡No, señor Presidente!

Pero esto daría para mucho. Quiero tan sólo citar el caso y demostrar que la inmigración la inició Chile, y que, si la hubiera llevado con sentido de estadista, se Sabría transformado el país, porque tiene a su haber la calidad homogénea de su raza, valores profesionales y manuales, calidades de las cuales carecen otros pueblos. Porque Argentina, por ejemplo, registra en su población 70% u 80% de inmigrantes, que sólo buscan el modo de "hacer la América"; el resto es autóctono. Carece de los valores con que cuenta Chile.

Ahora, después de acaecidos aquellos sucesos, me viene un poco de tranquilidad al espíritu, porque comprendo que esos factores, bien dirigidos, constituyen un respaldo para el futuro de la patria.

Pero ésa es cuestión aparte.

Y bien, en estas tristes condiciones, expresadas cálamo currente, a vuelo de pájaro, ¿cree el Senado que con organismos como el Parlamento Latinoamericano, que actúa al margen de la Constitución Política, se resuelven nuestros problemas? ¿No se da cuenta de que cuanto más aumenta sus bancas mayor es el número de parlamentarios turistas ?

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿ Cree el Honorable Senado que aumentando la representación parlamentaria se contribuye a mejorar la situación económica del país?

Veamos el desempeño del Congreso Nacional. En el caso de la Cámara, los Diputados cumplen una función específicamente regional. Generalmente, esos parlamentarios se vinculan allí con la ciudadanía, muchas veces, por formación, actividades o profesiones, y, como es lógico, traducen las inquietudes de esos diversos sectores en el texto de las leyes.

Pero el caso del Diputado es diferente al del Senador. El Senado está compuesto de miembros que deben enfocar los procesos a la luz del interés nacional. De ahí que todavía sigamos hablando de "Senadores de la República" y no de Senadores de la agrupación. Nosotros mismos, los Senadores, nos complacemos con que se nos denomine de aquella manera. Hay una raíz histórica para ello: la Constitución Política de 1833, estableció una representación senatorial equivalente, más o menos, a un tercio de la Cámara de Diputados, elegida en forma indirecta y renovada cada trienio, con el objeto de dar a este cuerpo legislativo la estabilidad que demanda y necesita. Se mantuvo así hasta la reforma constitucional de 1874, cuando, con el propósito de limitar el poder presidencia], se reforzó la influencia del Poder Legislativo. Surgió entonces la idea de elegir los Senadores por provincias, propósito que después se modificó en el sentido de que representaran agrupaciones provinciales, que es la norma vigente en la actualidad.

Pero resulta que lo estatuido en la Constitución de 1833 concuerda perfectamente con el aspecto constitucional de la época, pues la Carta Fundamental que ahora nos rige transformó al Senado, que antes actuaba como cuerpo político, igual que la Cámara de Diputados, en órgano revisor, y le quitó el aspecto político que tenía.

Por lo tanto, nunca más que ahora se ha dado a esta Corporación la calidad de Senado de la República ni justificado la elección de Senadores a lo largo de todo el territorio.

Dije una vez aquí a la Democracia Cristiana lo que significaría esta reforma, pues ella la vincularía a la historia y le permitiría dar un paso hacia adelante, con firmeza y seguridad.

El informe que aconseja la aprobación de este proyecto de ley se basa en la extensión territorial de la Novena Agrupación Provincial. Dice que ella es muy extensa. En verdad, hemos tratado el asunto con espíritu nacional.

Hace poco, los miembros de la Comisión de Agricultura del Senado tuvieron oportunidad de trasladarse a Magallanes. La ciudadanía de esa provincia pudo darse cuenta de la preocupación de los personeros de los diversos partidos políticos representados en la Corporación, y de la altura de miras con que abordamos el estudio de los problemas. Ello dejó una sensación de confianza en la ciudadanía de Magallanes. ¡ Que alguien me rectifique! Eso es lo que yo quisiera para el país y para la tranquilidad democrática de nuestras instituciones ; eso es lo que me interesa.

Se dice también que Chile se extiende hasta la Antártida. Acto seguido se observa que esos territorios tienen temperaturas bajísimas y que la vida en ellos es muy deplorable, lo que hace necesario que haya más Senadores, seguramente para que busquen la manera, tal vez, de bajar un poco la temperatura o de modificar en algo las condiciones imperantes.

Cité hace unos instantes los países nórdicos. Cualquiera de mis Honorables colegas puede verificar que parte del territorio de Noruega y Suecia se halla dentro del círculo polar ártico, pese a lo cual sus funcionarios no disfrutan de gratificaciones de zona. La quinta parte del suelo noruego está en el círculo polar, mientras que en Chile ni siquiera las bases antárticas están dentro del círculo polar antárti- co. Sin embargo, concedemos 600% de gratificación. ¡ Qué país más manirroto y, al mismo tiempo, más endeudado! Porque hay una relación directa: cuantas más deudas, más manirroto; cuanto más manirroto, más deudas. Este es el caso de Chile.

Se expresa, asimismo, que padecemos grandes sismos, producimos grandes terremotos. Sí, señor. Pero yo casi prefiero los terremotos nuestros, que no sólo afectan a Chile, sino que son consecuencia del arco de fuego que sigue el litoral del Pacífico y llega hasta el oriente, hasta el Japón, después de pasar por California. Ellos se originan en la conformación del globo terráqueo.

Sin embargo, en el hemisferio norte hay periódicamente tormentas que arrasan los pueblos, que convierten en astillas las poblaciones. Son verdaderas amenazas, pero contra todas ellas, contra todos esos trastornos de la naturaleza, se yergue el espíritu de empresa, de trabajo, de la ciudadanía del norte.

¡Eso es lo que hace grandes a los países! ¡No es la influencia de la ley! ¡Nunca! Son el trabajo y la confianza que él inspira, el efecto de la economía que se alcanza con ese esfuerzo, lo que da esta calidad a los pueblos.

Estoy seguro de que, comparativamente, disfrutamos de un territorio en que se vive de modo agradable. Frente a los terremotos, es cuestión de construir edificios asísmicos. Eso ya existe, gracias al adelanto de la ciencia y la técnica.

Luego, hemos ganado dos cosas con los famosos terremotos que el informe menciona. Hemos obtenido que se modelen las ciudades en una forma que hoy día resulta excelente. Ahí está el caso de Valdivia: después de los dolores, ha resurgido con una calidad admirable. ¡ Qué decir de Valparaíso, cuyo tremendo terremoto me cupo presenciar, siendo niño, en 1906 y que ahora es una ciudad moderna! ¡ Qué decir de Concepción! Desde 1939 hasta hoy día, ha llegado a ser una bellísima ciudad, con un corte netamente europeo, admirablemente avanzada. Se ha ganado eso. ¡ Sí, señor! No ha sido un daño que podamos hacer valer como razón para aumentar el número de representantes parlamentarios. Al contrario. Y no quiero decir lo otro, porque resulta ingrato: las ayudas que han llegado del exterior, de muchas de las cuales no sé si se puede dar cuenta.

El proyecto de ley, en la parte que se relaciona con la Novena Agrupación, en el aspecto constitucional, es un error. Reitero que no estoy formulando observaciones para el presente, sino para el futuro. Alguien recogerá mis planteamientos y se preocupará de estudiarlos. Como ya lo manifesté también, éste es un proyecto que hace historia.

Por otra parte, lamento que la Comisión no haya hecho referencia a un proyecto de reforma constitucional que presenté hace tiempo, destinado a dar representación parlamentaria a la provincia de Aisén. Ocurre que ella tiene sólo 29 mil habitantes y no alcanza a la cifra exigida por la Carta Fundamental. Necesitábamos, por consiguiente, una enmienda de la Constitución. Hace más de un año que presenté ese proyecto de reforma para salvar tal problema.

En cuanto a Magallanes, si hubiéramos aprobado el censo, habríamos resuelto el problema que se le presenta, pues la densidad de su población justifica de más una representación de dos Diputados y quién sabe si de tres, como me anota el Honorable Senador señor Aguirre Doolan.

Estos casos podrían haber sido resueltos por ley, pero si se adelanta a darles solución en la enmienda constitucional que se prohija, la apoyo y aplaudo.

Por último, en lo concerniente a la reforma en debate, mi partido, según expresó el Senador informante, en principio se pronunció por su rechazo y con posterioridad rectificó su decisión. Tiene autoridad para actuar como estime más conveniente para el interés del país. Por mi parte, con la venia de mi colectividad política, he vertido estas observaciones y ajustaré mi re- solución al momento de votarse el proyecto.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, después de escuchar ayer y hoy el vehemente discurso pronunciado por el Honorable señor Von Mühlenbrock a favor del proyecto en discusión, parecería que la suerte, la vida y el porvenir de la zona austral, y aún del país, dependieran de la decisión que el 'Senado deberá adoptar respecto de esta iniciativa.

Como Senador de la Novena Agrupación, comparto -también es la opinión de mi partido- muchas de las razones en que se funda el proyecto, iniciado hace siete años por el Honorable señor Von Mühlenbrock, quien lo ha defendido en esta Sala con tanto énfasis y sinceridad. Es claro que no compartimos su idea de que el destino de Chile y su pueblo, como dijo, si me permite el señor Senador, con un acento un poco tropical, está en la marcha hacia la región austral. Ello no significa, por cierto, que los Senadores comunistas minimicemos la importancia verdaderamente extraordinaria de esa región, cuyas bellezas naturales y riquezas fueron tan brillantemente descritas por Su Señoría.

Creemos que el destino de Chile está vinculado, ante todo, a los cambios revolucionarios que deben realizarse en la estructura económica y social del país. El futuro de la zona austral de nuestro país y de su esforzada población, que sufre condiciones de vida extraordinariamente duras y penosas, está íntimamente ligado, por consiguiente, a las transformaciones fundamentales que reclama la necesidad de emanciparse del atraso económico e industrial que prevalece en esa zona; a la elevación del nivel de vida de su población, y al mejoramiento de las condiciones de trabajo de obreros y campesinos.

La situación de las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes, que componen la actual Novena Agrupación, es, sin duda, dramática.

La zona austral atraviesa por una grave crisis, derivada sobre todo de la estructura económica, en que predominan el latifundio y el minifundio, acrecentada por los terremotos de 1960, que destruyeron inmensas riquezas en Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé y cuyas consecuencias aún no terminan. La crisis afecta profundamente en estos momentos a la producción, el comercio y la industria, y, en particular, a obreros, campesinos y empleados.

La cesantía crónica se ha agravado por la desocupación que ocurre en la época de invierno. La situación de los cesantes, que suman varios miles en las seis provincias mencionadas, es realmente angustiosa. Las obras públicas en ejecución son escasas y la construcción particular está prácticamente paralizada. Muchos contratistas se quejan, con razón, de que el Gobierno no les cancela sus estados de pago, por lo cual los trabajadores no perciben con regularidad sus sueldos y salarios. Las promesas del Ejecutivo para acudir en auxilio de esas lejanas provincias, no se han cumplido hasta ahora, con lo cual se siembran el descontento y la desesperación.

La crisis que azota a la zona austral ha acentuado el éxodo de trabajadores chilenos hacia la República Argentina. Anteriormente nuestros obreros se veían obligados a traspasar la frontera en busca de ocupación en las faenas de la ganadería y de la mina de Río Turbio. En el año en curso, el éxodo de trabajadores ha afectado también a las provincias de Llanquihue y Osorno. Muchos de sus obreros han emigrado a Argentina a las labores de recolección de frutas, trabajo de temporada, que no ha dado sino un alivio transitorio y muy precario.

Respecto de la mina de carbón de Río Turbio, debemos lamentar, una vez más, la grave situación a que han sido arrastrados los obreros chilenos que trabajan allí, a lo cual se refirió también el Honorable señor Von Mühlenbrock.

En la prensa de ayer y de hoy aparecen amplias informaciones respecto de los últimos accidentes del trabajo ocurridos en ese mineral, como consecuencia de la inseguridad y falta de protección en que se desarrollan las faenas. Se informa que una explosión dentro de la mina ha causado la muerte de algunos obreros y heridas graves a varios otros.

Permítaseme, en nombre del Partido Comunista, enviar desde esta tribuna nuestras más sentidas condolencias a la organización sindical de obreros existente en la mina El Turbio, haciéndole presente nuestro sincero pésame por la desgracia ocurrida a numerosos obreros chilenos y argentinos.

Al mismo tiempo, solicito oficiar a los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirvan informar al Senado acerca de las medidas adoptadas para amparar y proteger a las víctimas de esos accidentes.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador.

El señor GOMEZ.-

También en nombre del Comité Radical.

El señor GUMUCIO.-

Y del Demócrata Cristiano.

El señor CHADWICK.-

Y el Socialista.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Ruego agregar mi nombre y el del Honorable señor Sepúlveda.

El señor TARUD.-

Pido agregar mi nombre, porque no pertenezco a ningún Comité.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Respecto de los problemas que en estos momentos preocupan a la provincia de Magallanes, deseo expresar al Honorable Senado que me propongo intervenir en forma más amplia sobre la materia cuando se discuta el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, que crea la Corporación de Magallanes. En la actualidad, tal iniciativa se halla entregada al conocimiento de la Comisión de Agricultura del Senado, de la cual formo parte. Dicha entidad, presidida por nuestro Honorable colega señor Curti, ha dedicado muchas horas de trabajo a estudiar el proyecto y despacharlo cuanto antes; pero, como esta Corporación sabe, esa Comisión, juntamente con la de Hacienda, se encuentra abocada al estudio del veto formulado por el Ejecutivo al proyecto sobre reforma agraria, que tiene urgencia declarada.Como acabo de decir, actualmente la zona austral pasa por una situación de grave crisis. Por consiguiente, los problemas relacionados con el desarrollo económico de las provincias sureñas son los que, a nuestro juicio, deben preocupar en primer término a todos los Senadores interesados en resolver los problemas regionales de esa zona.

Por lo tanto, para nosotros, no puede ser indiferente el problema planteado con el proyecto de ley sobre creación de la Décima Agrupación Provincial que tiene por objeto, según su autor el Honorable señor Von Mühlenbrock, dar más amplia representación popular a esa zona en el Congreso Nacional. Se trata, entonces, de dar representación popular a esa zona. Subrayo esta expresión por asistirnos el temor de que, contra la tesis de muchos de los que votarán favorablemente la reforma constitucional en estudio, tal circunstancia puede conducir a incrementar el número de Senadores y Diputados pertenecientes al partido de Gobierno o a los de Derecha.

El informe de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales dice que "las provincias que forman la actual novena agrupación constituyen más del 40% de la superficie total del país y tienen un millón de habitantes. Sólo las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes tienen una superficie de 252.431 kilómetros cuadrados, o sea, más de un tercio del territorio nacional".

A lo anterior, debemos añadir que las tres provincias más australes del país, Chiloé, Aisén y Magallanes, sufren, como se sabe, a consecuencia del aislamiento en que se encuentran, de grandes dificultades en sus comunicaciones, cuyo origen reside en la política centralista mantenida por los Gobiernos anteriores, y proseguida y aún agravada por la actual Administración.

Nos parece que los habitantes de Aisén están en la razón al reclamar una representación directa ante la Cámara joven con dos Diputados. Asimismo, concordamos con la aspiración de Magallanes a tener, no un solo Diputado, como ahora, sino a lo menos dos.

Todas estas proposiciones contenidas en el proyecto de reforma constitucional emanan de] hecho indiscutible de que el sistema de representación popular vigente en Chile adolece de graves vicios y defectos que, sin duda, exigen una corrección a fondo.

¿Se consigue el propósito de promover el "despegue" de la zona austral, como se dice ahora, mediante el simple expediente de aumentar de manera leve el número de Senadores y Diputados?

¿Creen los señores Senadores que los problemas regionales alcanzarán una solución conforme a los intereses de la mayoría de la población de la zona, conservando el actual sistema de representación, con todas sus imperfecciones, en el conjunto del país?

¿Qué poder milagroso se atribuye a los futuros cinco Senadores que representan a Chiloé, Aisén y Magallanes y a los Diputados de estas dos últimas provincias frente a un Parlamento y ante un Ejecutivo que no representan una política nueva e innovadora con relación a la ruptura del régimen de dependencia del imperialismo y el latifundio?

¿Creen que esos representantes podrán eliminar, por ejemplo, el poderío incontrarrestable del llamado "clan de Magallanes", constituido en primer término con el todopoderoso monopolio de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que ha usufructuado de la zona de la manera más cruel e implacable?

¿Creen los señores Senadores que esos nuevos representantes, solos, podrán modificar la política realizada por la Empresa Nacional de Petróleo, que se caracteriza en estos momentos por la entrega de numerosas de sus actividades a las empresas privadas?

¿Será suficiente la elección de más parlamentarios por la nueva Décima Agrupación Provincial para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros, campesinos y clase media?

Somos partidarios de abordar la solución de las contradicciones del sistema constitucional en su integridad, y no en forma parcial, fragmentaria y anárquica, como el Senado en este instante le prestará su aprobación. Esto se podría resolver el aprobar las reformas generales de índole avanzada y progresista con relación a todo el país, y que se están estudiando en la Comisión Especial de Reformas Constitucionales. Muchas de ellas cuentan con nuestra aceptación y la de diversos otros sectores del país. Además, existen condiciones maduras para aprobarlas en su plenitud y rápidamente en el Congreso Nacional. Muchas de esas reformas están contenidas en el desafío formulado por nuestra colectividad política antes de la elección de regidores efectuada el mes de abril último. Ellas, en su conjunto, son iniciativas tendientes a resolver los problemas de orden constitucional y de interés colectivo que, sin duda, encontrarían efectivo apoyo en ambas ramas del Congreso Nacional.

Como se recordará, aprobamos el desglose de la reforma relacionada con el número 10 del artículo 10 de la Carta Fundamental, por incidir en la urgencia de modificar las normas que rigen el derecho de propiedad, en especial para poder impulsar la reforma agraria. Era justo ese desglose y, además, urgente.

No ocurre lo mismo con el proyecto actual: éste no tendrá vigencia real hasta 1969, o sea, no tiene la misma urgencia que el anteriormente mencionado.

Por otra parte, el proyecto en debate está íntimamente vinculado a problemas de la más alta importancia respecto del sistema de representación que debe prevalecer en la Carta Fundamental, asuntos que en esta oportunidad no se consideran debidamente.

Una reforma constitucional exige del Parlamento un estudio atento y minucioso. Respecto de ella no es permitida la improvisación, mucho menos si se trata de favorecer a determinada persona en sus aspiraciones electorales o a un partido determinado en su deseo de aumentar su representación en el Senado o la Cámara de Diputados.

Hablemos del Senado.

La doctrina y la experiencia exigen analizar a fondo la verdadera fisonomía del sistema representativo vigente en nuestro país, con el objeto de corregir las incongruencias y errores que en forma notoria afectan a la Constitución.

En el curso de la historia, se han hecho diversos ensayos que no han satisfecho las aspiraciones de los sectores populares.

¿Debe mantenerse el Senado o, por el contrario, debe instaurarse el sistema unicameral? ¿Deben los Senadores ser elegidos por agrupaciones de provincias, según sus particularidades, o deben serlo en votación a lo largo de todo el territorio nacional? ¿Deben ser elegidos por ocho años, o su duración debe ser menor?

Suponemos que ninguno de los Senadores que votarán favorablemente el proyecto en debate considerará que la discusión sobre estas graves materias ha sido abordada y resuelta desde el punto de vista de] interés general y no desde el punto de vista puramente personal o de un partido determinado.

Los problemas que en forma tan directa afectan a las provincias del sur deben ser encarados y resueltos por el Senado desde el punto de vista impersonal, en forma coherente y sistemática.

Sin duda, existe consenso de que es impostergable efectuar diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado, con el objeto de enmendar notorios defectos que deforman y adulteran, en beneficio de las fuerzas reaccionarias, el sistema de representación popular. Nadie ignora que hay también varias otras provincias que disponen de una representación insuficiente y exigua, que no se justifica si se atiende a su numerosa población y a los graves problemas de todo orden que las afectan.

El artículo 25 de la Ley Suprema establece lo siguiente:

"En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos."

Sin duda, este precepto no tiene aplicación correcta en la práctica, ya que, como hemos dicho, varias provincias carecen de la representación que les corresponde.

Como el procedimiento establecido para la elección de Senadores y Diputados no produce proporcionalidad efectiva, se ha consagrado una desigualdad que perjudica, ante todo, a los partidos populares.

En más de una oportunidad, hemos propuesto diversas iniciativas tendientes a que el Congreso Nacional, no obstante todas sus inconsecuencias, refleje en forma más efectiva las opiniones y las organizaciones políticas de la gran masa de ciudadanos y ciudadanas.

Somos partidarios de otorgar derecho de sufragio a los dieciocho años de edad y a los analfabetos; de establecer con gran rigor las incompatibilidades parlamentarias; de fortalecer las disposiciones sobre garantías constitucionales; de aumentar la representación de las diversas provincias y departamentos densamente poblados, etcétera.

Estas iniciativas se encuentran precisamente en el desafío a que me he referido hace algunos momentos. Desde esta tribuna deseo expresar, en nombre del Partido Comunista, que renovamos esas proposiciones. Deseamos que ellas se lleven a la práctica, porque, sin duda, cuentan con mayoría suficiente para ser aprobadas.

En la zona austral existe en estos momentos una situación verdaderamente explosiva, a causa de la crisis a que me acabo de referir.

Junto con otros señores Senadores pertenecientes a la Comisión de Agricultura, nos trasladamos, hace pocos días, a la ciudad de Punta Arenas, y tuvimos oportunidad de tomar contacto con todas las entidades, instituciones y organizaciones representativas de las más diversas actividades. Escuchamos sus quejas y sus proposiciones. Creemos haber recogido un caudal inmenso y muy valioso de informes sobre la situación real existente en aquella lejana provincia. El compromiso de los Senadores comunistas fue trabajar con firmeza para dar solución, si no a todos, por lo menos a algunos de los más importantes asuntos que nos plantearon las mencionadas entidades populares del comercio y la industria de la ciudad de Punta Arenas y de la provincia de Magallanes. Lucharemos por la prosperidad y el engrandecimiento de las provincias del sur, cualesquiera que sean las vicisitudes y cualquiera que sea el destino final de este proyecto de reforma constitucional, aun cuando, como es notorio, en este momento cuenta en el Senado con la mayoría necesaria para ser aprobado.

Sin embargo, tenemos el temor de que el proyecto pueda crear ilusiones excesivas y, en tal sentido, constituir sólo un calmante a las inquietudes, muy justificadas, de la inmensa mayoría de la población. Pero nuestro partido no tiene el propósito de obstruir la marcha de esta iniciativa. Tenemos una opinión distinga, la que se ha expresado en este momento en la Sala; pero no nos opondremos a ella, y nuestro voto será de abstención.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

El señor Presidente pone en votación el informe de la Comisión Especial de Reforma Constitucional, que propone la aprobación del proyecto, que consta de un artículo único.

Hago presente a la Sala que han llegado a la Mesa dos indicaciones.

Una, del Honorable señor Miranda, para "agregar en la letra c) lo siguiente: "3ª Chañaral, Copiapó, Huasco v Freirina, 3 Diputados","

Otra, del Honorable señor Aguirre que dice:

"1°.- Reemplázase el inciso primero del número 4 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de la República por el siguiente:

"Aprobar anualmente dentro de] período ordinario de sesiones el cálculo de entradas y fijar en la misma ley los gastos de la Administración Pública. La ley de Presupuesto no podrá alterar los gastos o contribuciones acordados en leyes generales o especiales. Sólo los gastos variables pueden ser modificados por ella; pero la iniciativa para su aumento o para alterar el cálculo de entradas corresponde exclusivamente al Presidente de la República. El proyecto de ley de Presupuesto debe ser presentado al Congreso con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si a la expiración del período ordinario no se hubiere aprobado regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República. En caso de no haberse presentado el proyecto oportunamente, el período ordinario de sesiones quedará automáticamente prorrogado por el tiempo en que se haya atrasado su presentación.

2º.- Substitúyese en el inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de] Estado la expresión "18 de septiembre" por "31 de diciembre".

El señor BARROS.-

Señor Presidente:

Las razones expresadas por el Honorable señor Von Mühlenbrock, en el sentido de dramatizar, como él lo ha sabido hacer, el abandono de la región austral; el éxodo de mano de obra chilena hacia Argentina -el último accidente por gas grisú en el mineral de Río Turbio, en que fallecieron más chilenos que argentinos- así lo confir-ma ; la necesidad de descentralizar al país, son, naturalmente, argumentos muy valederos como aporte del distinguido colega.

Pero yo me pregunto, como se lo han preguntado muchos otros señores Senadores: ¿Va a mejorar esta situación de abandono del sur si creamos una nueva agrupación provincial? Y nuevamente me pregunto: ¿Compete al Ejecutivo o al Parlamento promover el adelanto austral? ¿Cuánto va a costar todo esto?

No nos echemos tierra en los ojos. De cuarenta y cinco, los Senadores subiríamos a 50. ¿Acaso con ello se van a solucionar todos los enormes problemas del extremo sur de Chile?

La solución no está en agregar cinco sillones más a este hemiciclo, donde el promedio de asistencia, según creo, no alcanza a llegar ni siquiera a veinte Senadores por sesión. ¡ Hay que ver lo que nos ha costado conseguir el quorum que exige este proyecto !

Creo que en esta Sala, pese a los defectos de la generación de los sillones parlamentarios, no están éstos repartidos equitativamente. Hay aquí Senadores de cinco, diez, veinte, cincuenta y más de cien mil votos. Otros han llegado a este Senado a causa del rebalse, con el cual lograron adquirir apenas algunas cifras mínimas para estar aquí.

Muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado al Honorable señor Gormaz manifestar, "urbi et orbi", que desea renunciar a este sillón. Y aquí viene mi pregunta: ¿Para qué nos llamamos Senadores de la República, entonces?

A mi entender, esta gestación no es democrática; y conste que en este momento estoy hablando de la democracia burguesa, la que paga para tener representación. ¿Por qué los constitucionalistas no estudian el problema, para dar a esta Cámara revisora el carácter de Senado de la República, donde el Senador pueda desplazarse de Arica a Magallanes y no solamente en los lindes de su feudo?

Creo que los Senadores debe elegirlos Chile entero. Así desaparecerían todos los lamentos por el abandono del sur, en cuanto a visitas parlamentarias.

Por estas razones, voy a votar en contrario.

El señor GUMUCIO.-

Junto con otros miembros de la Comisión Especial de Reforma Constitucional, suscribí el informe favorable al proyecto que hoy se vota.

En verdad, este debate incide en otra discusión que hubo en la Comisión, de mucha actualidad, sobre la composición del Congreso.

El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados ya tenía algunas enmiendas relativas a la composición de esa rama del Congreso, que, como todos los señores Senadores saben, está sujeta a la representación por población. Naturalmente, lo más lógico es que la Cámara tenga una representación proporcional por habitantes. La situación actual es absurda. El censo vigente es de 1930 y, por lo tanto, hay circunscripciones electorales, como la de Santiago, por ejemplo, que carecen de la representación parlamentaria que les corresponde de acuerdo con el número de habitantes. Pero, al mismo tiempo, el hecho de haberse producido hacia Santiago un éxodo extraordinario de habitantes de otras zonas del país, por diversas razones de tipo económico, hace necesario buscar soluciones a veces pragmáticas.

La Comisión escuchó ideas muy positivas, tendientes a buscar salida al problema, y la discusión no incidió en absoluto en los intereses partidistas de las colectividades políticas en cuanto al número de votos que tendrían. Pero del debate ha quedado vigente un problema para el cual, indiscutiblemente, hay que buscar una solución pragmática, que permita a las provincias del centro del país elegidas, que por su distancia puedan tener algún contacto con los intereses regionales de cada zona, tener cierta representación parla-mentaria, aunque no les corresponda por el número de habitantes. Entre las iniciativas que pueden ser rectificatorias de esa proporcionalidad por habitantes, existe la proposición del Senado, basada en el territorio, en la extensión geográfica. Naturalmente, como digo, eso vino a modificar el problema, que pasa a ser de tipo pragmático, y no doctrinario, respecto de la representación en el Parlamento.

Por eso hemos creído oportuno, en primer lugar, dar nuestros votos favorables a este proyecto de reforma constitucional. En efecto, según la composición del Senado un territorio de 309.000 kilómetros y 287 mil habitantes, extraordinariamente distanciado, merece tener la debida representación tanto en Diputados como en Senadores. No es tanto por creer nosotros que con ello se van a solucionar los problemas económicos de la zona.

A nuestro juicio, este paso positivo sumado a la posterior aprobación del proyecto de reforma constitucional sobre descentralización administrativa, o sea, sobre las zonas de tipo económico y administrativo que se establecerían en el país, permitirá a la zona sur, tan alejada de la capital, hacer oír su voz en cuanto a los problemas que la aquejan. Ella ha sido nuestra razón básica para aceptar esta enmienda a la reforma constitucional.

Coincidimos, eso sí, con el Honorable señor Contreras Labarca en que no se pueden multiplicar las iniciativas desordenadas, ni formular nuevas indicaciones, para hacer excepción a la regla general consignada en la Constitución Política del Estado. Más valdría que los señores Senadores que han formulado indicaciones las hicieran en el proyecto de reforma constitucional que está discutiendo la Comisión Especial de Reforma Constitucional.

Por eso, no coincidimos ni estamos de acuerdo con las indicaciones que se han presentado a la iniciativa en debate, pues aun cuando quizás tengan alguna base de justicia, han de abrir una brecha que sin duda alguna desordenará nuestro sistema electoral.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, en la Comisión Especial de la Reforma Constitucional, el Senador que habla votó favorablemente este proyecto, y otro tanto haré en esta ocasión, al igual que los demás representantes nacionales.

Para proceder en esta forma, mi partido ha tenido en especial consideración los muchos antecedentes que sobre la materia le ha proporcionado el Diputadopor Chiloé don Fernando Ochagavía; y también hemos tenido muy en cuenta, los Senadores nacionales, la opinión del Honorable señor Von Mühlenbrock, que en la exposición de motivos del proyecto aportó fundamentos muy sólidos para ello.

En general, en cuanto a la idea de dividir en dos la actual Novena Agrupación, no podemos estar sino de acuerdo, por estimar que, dentro del sistema con que se eligen en la actualidad los Senadores en Chile, no resulta lógico que el 40% del territorio -seis provincias distintas- tenga una sola representación senatorial. Existe casi imposibilidad física de que un Senador mantenga contacto suficiente con seis provincias del país, tan extensas y de tan difícil geografía, y el hecho es que hoy día estos parlamentarios se eligen sobre la base de representación regional.

En segundo término, también estamos de acuerdo con la idea de que Aisén, que es una. unidad geográfica distinta, evidentemente, de Llanquihue, pueda tener representación parlamentaria, y de que Magallanes eleve su actual representación a dos Diputados y Aisén pueda elegir también dos, porque no podemos negarnos al hecho de que esas provincias tienen problemas mayores, más graves que los de cualesquiera otras del país. Y es evidente que, aunque una mayor representación parlamentaria no signifique la solución de todos los problemas, ella puede contribuir a que las angustias -porque son más que problemas- que aquejan a esa zona sean mejor comprendidas y atendidas por los poderes públicos.

Ahora bien, ya que se ha planteado por el Honorable señor Barros la idea de una reforma más profunda de nuestro sistema de elección de Senadores, quiero declarar que, personalmente, estoy en absoluto acuerdo con él, y he concordado con esa idea durante toda mi vida política. Sería un aporte efectivo a la democracia chilena, en mi opinión, que los Senadores fueran elegidos sobre la base de un colegio electoral único nacional, que estuvieran desvinculados, en la medida de lo posible, de las presiones electorales, y que pudieran consagrar todo su tiempo a la atención de los asuntos propiamente parlamentarios, y no de carácter local.

También soy de opinión, coincidiendo con el Honorable señor Gumucio, de que es necesario revisar pronto el régimen de elección de Diputados, porque con la ficción de mantener vigente el censo de 1930 hemos llegado a distorsionar por completo la representación proporcional. Hace dos años, cuando se estudiaba este problema en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, establecimos que la provincia de Maule elige un Diputado por 32 mil habitantes, mientras el Tercer Distrito de Santiago elige uno por 190 mil habitantes. Debemos llegar a una fórmula que restablezca, en parte, la representación proporcional; y digo "en parte" porque tampoco sería lógico que, en este país, 40 % hoy y mañana 50 % ó 60% de los Diputados fueran elegidos por la provincia de Santiago, que es de por sí la que está mejor atendida por los poderes públicos. A mi juicio, en esta materia hay que adoptar una fórmula intermedia: partir de la base de la representación proporcional según el auténtico censo, y no guiados por una ficción, pero hacer ciertas modificaciones que la amortigüen un poco, de modo que este sistema no conduzca a un centralismo mayor que el existente.

Señor Presidente, le pido perdón por haberme excedido de mi tiempo. He querido referirme a estas materias ajenas al proyecto, porque ellas se han planteado en el curso del debate.

Voto que sí.

El señor RODRIGUEZ.-

Mi partido se abstiene en esta indicación, que no rechazamos en principio, porque nos parece artificial incluirla en este proyecto, máxime cuando, como recordaba el Honorable señor Gumucio, se encuentra pendiente una reforma que abarca la totalidad de las provincias, según la cual muchas de ellas verán disminuir sensiblemente su número de representantes. En efecto, se hará un esfuerzo para que, de acuerdo con el censo, la representación no resulte excesiva para todo el territorio nacional.

Por eso, no rechazamos la idea -repito-, pero nos parece que ella debe enmarcarse en la reforma general de la Constitución.

Me abstengo.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Señor Presidente, al expresar mi interés porque sea más libre nuestra labor parlamentaria, quiero significar que con el procedimiento actual, que permite la libra iniciativa del Congreso para tratar proyectos de ley en un período cortísimo del año, como lo es el comprendido desde el 21 de mayo al 18 de septiembre, queda la más importante labor legislativa al solo arbitrio del Ejecutivo, salvo si el Congreso es convocado por el Presidente del Senado en virtud de lo establecido en el artículo '57 de la Constitución, facultad que en rarísimas ocasiones se aplica y sólo por situaciones de extrema importancia. La experiencia nos prueba que durante la legislatura ordinaria los parlamentarios se afanan por aprovechar ese corto tiempo de su libre iniciativa en obtener el despacho de leyes de carácter regional, y que la labor legislativa más maciza va despachándose en los largos períodos de la legislatura extraordinaria. Pero nos prueba también que el Ejecutivo, junto con incluir esos proyectos que, por su meditado estudio y por su importancia debieron ser tratados con mesura y, por lo tanto, que no alcanzaron a ser despachados dentro de la corta legislatura ordinaria, incluye además, y en gran proporción, asuntos que se refieren a materias de diversa índole, muchas de ellas de segunda o ninguna importancia.

No cabe duda de que el constituyente tuvo en cuenta -ubicado en el tiempo en que actuó- que bastaban algunos meses para dar cabida y aprobación a todos los proyectos de ley indispensables para el normal desenvolvimiento del país, y reservó la facultad de convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria de sesiones para tratar materias que, por su esencia, no fueran del orden o regla común. Hurgando en algunos comentarios a la Constitución, para, fundamentar mi aserto, he encontrado el que hace al artículo 57 donGuillermo Guerra, y que revela que con tal disposición se buscó disciplinar el trabajo parlamentario. En efecto, observa el distinguido constitucionalista que, antes de 1891, los Presidentes de la República incluían siempre en la convocatoria extraordinaria un reducido número de proyectos en la proporción calculada para que las Cámaras pudieran despacharlos todos o la mayor parte de ellos mediante el empleo atinado y diligente del tiempo que duraba esa legislatura. Agrega el señor Guerra...

Le ruego, señor Presidente, que ponga un poco de orden en la Sala, porque algunos colegas, que son demasiado descorteses, no quieren permitirme hacer mi exposición con claridad.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Agrega el señor Guerra que, después de 1891, el sistema se fue relajando hasta quedar completamente desnaturalizado, pues los Diputados y Senadores presionaban al Ejecutivo para que también incluyera en la convocatoria sus propios proyectos. Es así como sólo los asuntos que interesaban al partido único de Gobierno fueron los incluidos en la última convocatoria a legislatura extraordinaria, y no los que tenían su origen en mociones de otros parlamentarios, de los partidos de Oposición, o eran sugeridos por ellos.

Si el señor Guerra viviera en la época actual, podría observar que el defecto por él señalado ahora es imputable al propio Ejecutivo, el cual, en lugar de convocar a legislatura extraordinaria limitándola a proyectos precisos, la transforma en un trabajo superior para el Parlamento al que éste ha desarrollado durante la legislatura ordinaria, tanto por el número de iniciativas que se presentan como por el tiempo de su duración. No se respeta, pues, el espíritu que movió al constituyente a establecer este sistema de legislatura cuando se desnaturaliza su funcionamiento despachando en la extraordinaria asuntos que no tienen tal carácter o se provoca artificialmente, en su desarrollo, un auge legislativo que supera el de la legislatura ordinaria.

Basta observar el trabajo del Congreso en los últimos años y, concretando más, la labor del Senado en la última legislatura ordinaria comparada con el número y calidad de los proyectos de ley incluidos en la convocatoria y despachado por esta rama legislativa, para concordar aún más con el señor Guerra en que el sistema ha quedado completamente desnaturalizado.

Debe considerarse, además, que, en la mayor parte de los casos, los mensajes y mociones corresponden a nuevas o recientes iniciativas, por lo que, debido al estudio a que deben ser sometidos...

Señor Presidente, le ruego haga respetar mi derecho. No sé si al Honorable señor Pablo le ha dado por interrumpir esta sesión. . .

El señor PABLO.-

Su derecho ha terminado hace tres minutos, señor Senador.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Parece que Su Señoría se ha transformado en contralor.

Digo que debe considerarse, además, que en la mayor parte de los casos, los mensajes y mociones corresponden a nuevas o recientes iniciativas, por lo que, debido al estudio a que deben ser sometidos por las Comisiones de trabajo, su despacho es más lento que el que se desarrolla o aparece como ejecutado en la legislatura ordinaria, ya que en ésta se despachan, en gran cantidad, proyectos que han quedado debidamente informados por las comisiones en la legislatura ordinaria anterior.

Ruego al Honorable señor Bulnes tener la cortesía de no hablar mientras hago uso de mi derecho.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Así se explica que haya diferencia entre el número de proyectos despachados entre una y otra legislatura, como decía hace un instante. El estudio comparativo que he hecho nos prueba que es necesario modificar el plazo de duración de la legislatura ordinaria, dando a ésta una extensión mayor, de manera que la libre iniciativa parlamentaria permita despachar todos los proyectos de ley que sean necesarios para la marcha del país.

Parece absurdo que para que el Congreso pueda reunirse a conocer y aprobar el Cálculo de Entradas y el Presupuesto de Gastos de la Nación, ley indispensable para su marcha y desenvolvimiento, deba ser citado a sesiones extraordinarias por el Ejecutivo, cuando si hay una materia que no sea de carácter extraordinario, es precisamente ésta, como que, para su presentación, estudio y despacho, la propia Constitución le fija plazo, el que, si no se cumple en la aprobación, provoca la vigencia del proyecto presentado por el Presidente de la República (artículo 43, número 4, de la Constitución Política del Estado) .

Tales han sido las razones que me han movido a presentar estas dos indicaciones, las que pueden ser aprobadas o rechazadas por el Senado.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

¿Cómo vota el señor Senador?

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Voto que sí.

El señor GUMUCIO.-

Debo hacer presente que, si el recuerdo no me engaña, en el proyecto que se está discutiendo en la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, fue ya aprobada por la Cámara de Diputados una indicación similar a la presentada para prorrogar la legislatura ordinaria. No me pronuncio sobre la procedencia de la indicación en debate, la que, a primera vista, parece ser ajena a la idea matriz del proyecto.

Quisiera aprovechar la ocasión para hacer presente lo que sigue: durante la discusión general, nosotros entendimos que, al hablarse de Magallanes, se incluía en dicho nombre propio al territorio an- tártico. Si no fuera así, sugeriríamos que, por unanimidad de la Sala, se acordara dejar expresamente establecido que Magallanes comprende el territorio mencionado, a fin de reafirmar la soberanía chilena en esa región.

El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Oportunamente, someteré ese punto a la consideración de la Sala.

El señor GUMUCIO.-

Voto negativamente la indicación.

El señor ENRIQUEZ.-

Tengo entendido que la indicación tiene por objeto reducir, de cuatro meses a tres, el plazo para la discusión general de los Presupuestos. Abrigo serias dudas sobre esta materia, a menos que se quiera seguir reduciendo cada vez más las facultades del Congreso. En la práctica, la aprobación anual de los Presupuestos se ha convertido en una verdadera mascarada. A diferencia de lo que ocurría antes, en que se observaban las reglas clásicas que deben seguirse en la elaboración de un buen presupuesto para que represente la voluntad ciudadana, ahora esa aprobación se ha transformado en el otorgamiento de una serie de facultades generales al Ejecutivo para que éste determine a su arbitrio los gastos variables. Los gastos fijos, establecidos por leyes generales o especiales, naturalmente, deben ser respetados. Pero no ocurre así con los variables, entre los cuales figuran los destinados a obras públicas. Estos, en los últimos años, en virtud de la ley orgánica de Presupuestos, son distribuidos por el Ejecutivo según programas que da a conocer al Congreso, pero a los cuales puede dar o no dar cumplimiento. Si se estudiara este punto, habría materia nutrida para acusaciones constitucionales respecto de leyes que significan sacrificio de los contribuyentes, porque imponen contribuciones, tributos o impuestos especiales para hacer determinadas obras públicas, y ello no se cumple. En otras palabras, los contribuyentes han estado de acuerdo en soportar ciertas cargas o gravámenes para determinada finalidad, pero ésta no es respetada ni en los planes ni en el texto de la ley de Presupuestos.

En seguida, dicha ley tiene en la actualidad mucho de forma], porque sólo se refiere a los gastos del fisco, de los servicios estatales, y consigna aportes o sumas globales para empresas públicas y servicios autónomos o independientes. El total del sector público, que maneja, por medio del Estado y principalmente por el Presidente de la República, alrededor de un tercio de la renta nacional en forma de imposiciones, aportes e impuestos de los contribuyentes, escapa a la decisión democrática representativa radicada en el Parlamento. Ahora se quiere reducir a tres meses el plazo para despachar :a parodia de presupuesto que se aprueba anualmente. Sintiéndolo mucho, debo decir que estoy en desacuerdo con esta idea. Estimo que debe ser revisada la ley de Presupuestos; que el Congreso Nacional debe tener suficientes atribuciones; que debe volverse al imperio de ciertas disposiciones que daban tuición al Parlamento no sólo para determinar los impuestos que deben pagarse, sino también para resolver sobre la inversión que ha de dárseles. El plazo de tres meses, que se propone, constituye una burla para el Congreso.

Voto que no.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Considero que esta indicación y la que se trató anteriormente, como también la que, según tengo entendido, ha de discutirse luego, son absolutamente improcedentes.

La iniciativa en debate tiene una materia perfectamente configurada, cual es la elección de Senadores y Diputados en los territorios del sur. Se está incurriendo en una improcedencia, no sólo reglamentaria, sino a la luz del sentido común. No parece razonable que, sin siquiera un informe de Comisión e invocando la circunstancia de que el proyecto consta de un artículo único, se consideren materias constitucionales tendientes a modificar disposiciones de la Carta Fundamental, algunas de las cuales están vigentes desde hace más de un siglo.

Me parece que el Senado no obra bien al tratar este tipo de indicaciones, y con ello da al país la sensación de falta de seriedad en el estudio de las iniciativas y de poco respeto por la Constitución Política.

Por estas consideraciones, voto en contrario la indicación.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

El Honorable señor Gumucio formula indicación para agregar, a continuación de "décima agrupación provincial", después de la palabra "Magallanes", suprimiendo la letra "y", lo siguiente: "y el territorio antártico chileno".

El señor JULIET.-

Sin ahondar en los motivos de orden legal constitucional que han movido al autor de la indicación para formular la enmienda a que ha dado lectura el señor Secretario, vale la pena tener presente que la provincia de Magallanes se compone de tres departamentos: Ultima Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego. El departamento de Magallanes comprende cinco comunas: Magallanes, Río Verde, Morro Chico, San Gregorio y la Antártida chilena. En consecuencia, al mencionar a la provincia de Magallanes, en la disposición sobre la que acaba de emitir pronunciamiento el Senado, queda implícitamente contenida la finalidad que persigue el Honorable señor Gumucio.

He pedido la palabra para esclarecer el punto por estimar que, a mi juicio, el territorio antártico está incluido en la enumeración que aprobamos hace unos instantes.

El señor GONZALEZ MADARIAGA. -

Desearía decir unas pocas palabras sobre la proposición que discutimos.

El señor GUMUCIO.-

Sólo deseaba aclarar una duda.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Habría apoyado gustoso la indicación de mi Honorable colega, pues ya hemos despachado prácticamente lo básico de esta enmienda constitucional, pero conviene mantener la lógica hasta el final.

La provincia de Santiago elige cinco Senadores y como sus habitantes alcanzan a más o menos dos millones quinientos mil, resulta una proporción de un Senador por cada quinientos mil habitantes. Cuando empiece a regir la reforma constitucional en debate, tendremos que una zona habitada por 260 mil personas, elegirá también cinco Senadores. Ahora se desea agregar expresamente la zona antártica, lo cual resulta provechoso. ..

El señor PABLO.-

Ya está incluida.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

...para aumentar el número de electores.

Conforme; pero yo quería tan sólo hacer valer la lógica ante las observaciones de mis Honorables colegas que han hablado sobre la proporcionalidad.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que modifica la ley sobre abusos de publicidad.

-Las observaciones del Ejecutivo figuran en los Anexos de la sesión 79ª, en 7 de febrero de 1967, documento Nº 4, página 4023, y el informe en los de la sesión 39ª, en 2 de agosto de 1966, documento Nº 12, página 2574.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Chadwick (presidente), Jaramillo Lyon, Juliet, Pablo y Teitelboim, recomienda, por unanimidad, aprobar las observaciones del Ejecutivo, salvo dos de ellas: la que incide en el artículo 4º, sobre canales de televisión (con el voto contrario del Honorable señor Pablo), y la otra, con la abstención de los Honorables señores Chadwick y Teitelboim.

El señor PABLO.-

El inciso que el Ejecutivo ha vetado corresponde a una indicación mía y a otra semejante que formuló el Honorable señor Barros.

Me movió a presentar dicha indicación el deseo de evitar que la televisión sea explotada comercialmente, en la forma como ocurre en otros países. Por eso estimé preferible dejarla bajo la tuición de las universidades.

Con posterioridad he sabido que la razón tenida en vista por el Gobierno para vetar esta parte del proyecto consiste en que el Estado debe también tener un canal propio de televisión. Por eso, no concurrí al acuerdo de la Comisión de rechazar el veto en esta parte.

El señor CASTRO.-

Deseo aprovechar la oportunidad para decir algunas palabras con relación a la televisión chilena.

Pienso que el desarrollo mismo de nuestra televisión hace necesario efectuar, ya sea en el Congreso o en la prensa, un análisis de lo que representa este medio de comunicación para los chilenos, en especial para la juventud de nuestro país.

Debo anticipar, eso sí, que votaré contra el veto. Por muchos que sean los defectos de nuestra televisión, pienso que serán mayores los perjuicios e inconvenientes si la dejamos entregada a la explotación comercial.

Cuanto diga ahora sobre la materia no tiene validez respecto del canal 13, que explota la Universidad Católica, con el que dicho plantel puede hacer cuanto le venga en gana. Lo que sí me parece muy grave, por considerarlo un atentado contra la cultura y el buen gusto, es que la Universidad de Chile haya incurrido, en este aspecto, en faltas que hieren la sensibilidad de los sectores intelectuales y del estudiantado nacional. Sin duda, el canal 9, de la Universidad de Chile, también tiene programas buenos; periodistas y profesionales de reconocida capacidad dirigen programas bien elaborados, concernientes a asuntos que preocupan a la opinión pública, pero son los menos; son como pequeñas islas. Por dicho canal se transmite un fárrago de películas de quinto orden, hechas en Estados Unidos por empresas y monopolios que se desentienden en absoluto de la cultura, de modo que esas cintas no tienen parentesco alguno con ello ni con el mensaje que las Universidades deben transmitir a la opinión pública. Por si lo anterior fuera poco, aparte las películas burdas, de nulo argumento y de un mensaje irritante, la mayor parte de esas cintas son truculencias lanzadas contra determinados sectores políticos y sociales.

Con frecuencia he leído informaciones sobre convenios culturales suscritos por la Universidad de Chile con entidades educacionales de la Unión Soviética y de otros países socialistas. Aquella nación envía sus profesores e investigadores con el fin de vaciar en los centros de estudios que posee nuestra Universidad la experiencia recogida a lo largo de muchos años por dichos catedráticos. Por otra parte, artistas del mundo socialista vienen para transmitir a nuestra juventud el acopio de técnicas y conocimientos que ellos formaron en años de estudios y experiencia. Con todo, es precisamente el canal 9, perteneciente a la Universidad de Chile, el que se da tiempo y espacio y gasta dinero para transmitir cintas de la peor especie, que dan una visión grotesca y desnaturalizada de los países socialistas. Burdamente se pretende convencer a la juventud chilena de que aquellas naciones viven bajo regímenes de opereta o de zarzuelas, sin refinamiento ni sutileza.

Luego de ver películas como ésas, me he quedado cavilando acerca de si será éste el fruto obtenido de los convenios celebrados por la Universidad de Chile con los países socialistas, específicamente con la Unión Soviética.

Por lo expuesto, quiero reiterar esta tarde que considero inaceptable que un medio de publicidad como la televisión, empleado en Estados Unidos para envenenar a la juventud acerca de las realidades latinoamericanas y sobre la verdad del mundo socialista, financiado por la propia Universidad, con la anuencia de sus autoridades y un complaciente silencio del Gobierno y el Parlamento, que este instrumento, digo, sea trasladado a Chile para el mismo fin.

Votaré por que las universidades continúen administrando la televisión, pero, al mismo tiempo, quiero esta tarde, como hombre poseedor de cierta sensibilidad e inclinación al buen gusto, formular mi protesta por los hechos que acabo de denunciar.

La Universidad de Chile, por medio del canal 9 de televisión, transmite una serie llamada "Los Bribones". En los últimos dos domingos me ha tocado ver estas películas. En ellas se pretende dar una visión grotesca e incalificable de las costumbres imperantes en una parte tan importante del mundo como es la que nosotros llamamos el sector socialista, con el que mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales, y nuestra universidad, íntimas relaciones culturales.

Pensaba escribir un artículo intitulado "Los Bribones del Canal 9", por estimar que es necesario ser muy bribón para aceptar el coloquio intelectual y artístico que significan los convenios suscritos con la Unión Soviética y, al mismo tiempo, transmitir por el canal universitario esos entuertos, esos verdaderos bodrios que envenenan a la opinión pública y, especialmente, a la juventud estudiosa de Chile.

Ojalá mis observaciones sirvan para que los dirigentes del canal 9, de la Universidad de Chile, enmienden los errores cometidos y hagan de este medio gráfico de difusión puesto en sus manos un instrumento que sirva concretamente a la ilustración y afán cultural de nuestra juventud.

Voto que no.

El señor TEITELBOIM.-

El Gobierno ha vetado la disposición según la cual únicamente las Universidades del Estado y las reconocidas por él podrán ser concesionarias de canales de televisión. En el oficio que contiene las observaciones del Ejecutivo, no se ha hecho misterio sobre la razón que lo mueve a suprimir el referido precepto. En efecto, no oculta que se ha avanzado mucho en la idea de establecer un canal estatal de televisión. Abunda en razonamientos para sostener que es injusto privar al Estado de la posibilidad de ser usuario de un derecho que el mismo concede, como es el de los canales en referencia. Hace notar, también, que en diversos países de Europa el Estado cuenta con canales de televisión, algunos de los cuales han alcanzado elevada calidad técnica o cultural.

Además, el Gobierno sostiene que en este momento se está realizando un programa tendiente a establecer una red troncal de comunicaciones, y dice que ello le permitiría extender los beneficios de la televisión a todo el territorio nacional. Va-le decir, sería una red que abarcaría, en el hecho, todo Chile continental y, posiblemente, la zona austral.

Se agrega que el Ejecutivo formularía una política en materia de televisión, que contaría con la aceptación y conocimiento de las universidades que actualmente manejan estos cana-es, sobre la base de compatibilizar -según la expresión empleada- la existencia de los canales universitarios con la creación de la televisión estatal.

El planteamiento se hace de manera más o menos técnica; pero nosotros somos profundamente escépticos respecto de la argumentación aquí expuesta, pues tenemos un antecedente claro: el Estado publica un diario que se llama "La Nación", financiado, como tantas veces se ha dicho, por todos los contribuyentes. Ese periódico no es, precisamente, una muestra de objetividad, imparcialidad o apoliticismo, sino un ariente vengativo y castigador respecto de todo aquel que discrepa de la actuación del Gobierno. En materia de lenguaje, por ejemplo, "no se para en chicas".

También tenemos el antecedente vivo y sufriente que constituyen las radiodifusoras y las cadenas nacionales, de infausta memoria, que suelen revivir con frecuencia, y que fueron justamente suprimidas como programa diario o periódicamente en razón de la protesta general de la opinión pública.

Por lo tanto, un canal de televisión del Estado significaría, sencillamente, trasladar el diario "La Nación" y las cadenas nacionales al campo de la televisión.

Por estas razones, somos del todo contrarios a esa medida, y, por lo mismo, nuestros votos en la Comisión fueron negativos para el veto del Gobierno, pues deseamos mantener los canales de televisión en manos de las universidades reconocidas por el Estado.

Esto último tampoco constituye garantía total, porque mediante el sistema diabólico, a mi juicio, de la invención de universidades a troche y moche, haciéndolas florecer como callampas y de manera artificiosa en distintas zonas del país, a la sombra de partidos y religiones, se da el caso de que, siendo todos estos planteles reconocidos por el Estado, estén en condiciones de crear estaciones de televisión en las regiones donde funcionan, y ya lo están haciendo.

Es preciso recordar que el primer canal de televisión existente en el país no fue el de la Universidad de Chile, sino el canal 8, de la Universidad Católica, en Valparaíso. Y hay noticias de que se crearán, por intermedio de estos planteles, que generalmente son católicos, otros canales en distintas zonas del país.

Quiero referirme brevemente a lo expresado en esta sesión por el Honorable señor Castro.

Repito: soy decidido partidario de que la televisión esté en manos universitarias. Me parece el mal menor. Pero creo que la televisión de las universidades debe hacer honor al alto deber que se le impone, y cumplirlo, en razón de su calidad de institución cultural.

No pretendo que los canales de televisión universitaria sean simplemente para estudiantes ni que se limiten a una misión de extensión universitaria, porque estimo que la noticia," el aspecto periodístico del mundo contemporáneo y del país, debe estar necesariamente implícita en su actividad, así como la necesidad de recreación es absolutamente indispensable para el ser humano y para todo telespectador. Sin embargo, no puedo dejar de encontrar razón al hecho de que los dos canales de televisión, tanto el 9 como el 13, se conviertan, a ratos, en resumideros de programas deleznables, pues reciben de Estados Unidos, tal vez gratuitamente, programas "envasados", de un estruendo brutal, porque suenan cíen tiros por minuto. Se trata, generalmente, de temas de asesinato, violencia y crimen, que van introduciendo en la mente, especialmente del niño y el joven, una especie de veneno, no diré sutil, sino insidioso y penetrante, que alguna encuesta debería establecer hasta qué punto influye como factor eriminógeno en la sociedad chilena.

Todos aquellos que tienen un televisor deben sentirse alarmados por la educación de sus hijos, de los niños que ven los programas. A mi juicio, como es natural, debería hacerse un detente.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

A lo manifestado por el Honorable señor Teitelboim, puedo agregar que existen personas, cuidadosas en el cumplimiento de sus obligaciones, que han llegado al extremo de no tener televisores en sus casas, por el espectáculo deleznable que, a través de la pantalla y del sonido, se ofrece a sus hijos.

Es absolutamente cierto lo expresado por el Honorable señor Castro, y es preciso que el Senado haga oír su voz para corregir este vicio que, en otra ocasión, abordando otros temas, traté de representar, sin éxito.

El señor TEITELBOIM.-

Tal vez tenga cierta utilidad el hecho de que se levanten voces en el Senado para pedir a los dirigentes de los canales de televisión que estudien con esmero e interés su propia responsabilidad ante la sociedad, a fin de que eliminen de los programas lo que carece de todo valor educativo y moral, y signifique un incentivo al desborde de las pasiones, a la truculencia, al mal gusto y, también, a la discriminación política.

Estos programas están fabricados, en su mayor parte, en Estados Unidos, doblados al castellano en Méjico, por mejicanos o por cubanos "gusanos". En todo caso, diariamente se pasan programas de esa calidad en los canales de televisión de Chile.Como es natural, ellos no invierten su dinero gratuitamente ni a fondo perdido, pues tales programas constituyen una expresión de la guerra fría y la propaganda odiosa en contra de los movimientos populares, particularmente de los países socialistas y comunistas, y se disfrazan de la manera más extraordinaria, a ratos, diría yo, estrafalaria.

A mi juicio, se está abusando del pensamiento y sensibilidad indefensa de los niños de 10, 12 ó 14 años, que nada saben de política y no están en condiciones de oponer resistencia consciente a esta ponzoña. En esa forma van realizando su obra corrosiva y destructora de la verdad y la personalidad.

Estimo conveniente someter este debate tan breve, un tanto improvisado, a l consideración de los dirigentes de los canales 9 y 13.

Existen otros programas de carácter político, respecto de los cuales no intervengo mayormente. Ambos canales efectúan algunas transmisiones de buena calidad y alto nivel artístico, donde interviene gente con sentido estético, respetuosa del público y de sí misma, lo cual revela que la televisión en Chile podría ser, con criterio más selectivo y riguroso, buena, y tal vez excelente.

Por desgracia, está ese veneno en conserva que se recibe desde Miami y Washington, que contribuye a emponzoñar muchas mentes infantiles y juveniles en Chile.

Por tales razones, concuerdo con la necesidad de que los canales de televisión revisen más minuciosamente sus programas, no sobre la base de la censura, sino de un criterio selectivo y de responsabilidad frente a la opinión pública, al televidente y, también, a la misión pública que el Estado y el país les confían al concederles el uso de este medio de difusión.

Por último, insisto en que nuestros votos en la Comisión fueron terminantemente contrarios al veto del Ejecutivo, fundados en la necesidad de mantener los canales de televisión exclusivamente en manos de las universidades.

El señor GUMUCIO.-

Corrientemente he manifestado no creer mucho en los juicios objetivos. A veces, dudo mucho de los independientes, porque debajo del poncho tienen siempre alguna tendencia política, religiosa o filosófica.

A pesar de militar en el partido de Gobierno, siempre trato de mantener, por lo menos en el Senado, una posición elevada y objetiva.

Concuerdo con el Honorable señor Castro en el sentido de que los programas de los dos canales de televisión de Santiago son mediocres o malos, en gran parte, pero también los hay buenos.

Asimismo, coincido -en ello no tengo pasión política- en el hecho de que muchas de las películas o cortos de origen norteamericano que se exhiben son de muy mala calidad, carentes en absoluto de carácter educativo y de propósitos sanos para la juventud o para quienes los ven.

Pero el Honorable señor Teitelboim me perdonará que discrepe de su planteamiento, pues, en sus opiniones veo pasión política determinada: lo que parece mal a Su Señoría, es el hecho de que los programas sean norteamericanos.

El señor TEITELBOIM.-

He solicitado esta interrupción, porque el Honorable señor Gumucio ha interpretado gravemente mal mi pensamiento.

Hay cosas norteamericanas muy buenas, y películas excelentes. Debo rendir honor a la calidad de algunas de ellas, que naturalmente la tienen, y extraordinaria. Yo veo las buenas películas norteamericanas. Son la excepción, pero existen, como existe un pueblo norteamericano que en ciertos sectores apreciables piensa de manera distinta.

Sólo me he referido a las películas malas, de cualquier nacionalidad; porque si llega una mala cinta cinematográfica del mundo socialista, no voy a decir que es buena. Y si llegara una exaltando la guerra, la violencia y el crimen, también diría que es mala; pero allá no se pueden producir.

El señor GUMUCIO.-

Pero veo también un juicio político en el otro aspecto.

Se sostiene la inconveniencia de que el Estado tenga canales de televisión, pues sería contraproducente por diversos motivos.

¿Qué hay en el fondo? Como dentro de una democracia existe uno o varios partidos políticos que ostentan el poder, se teme que ellos, por medio del canal del Estado, puedan orientar un tipo de publicidad favorable a la filosofía, doctrina o corriente que sustentan.

Me parece que ésta es una contradicción flagrante, porque estimo lógico que en Rusia, por ejemplo, sólo existen la radio y la televisión del Estado. Hay un solo partido, el comunista, que se confunde con el pueblo ruso.

La señora CAMPUSANO.-

Hay una sola clase social, que está en el poder.

El señor GUMUCIO.-

Resulta natural y explicable que haya un canal de televisión estatal.

La señora CAMPUSANO.-

Allá no hay explotadores.

El señor GUMUCIO.-

No se trata de explotadores ni de explotados, sino de la falca de lógica de sostener en una oportunidad una cosa, y en otra, una distinta.

En Cuba sólo existen canales de televisión del Estado, del señor Fidel Castro. No hay oposición cubana.

¿Por qué este escándalo ahora? ¿Poiqué rasgan sus vestiduras parlamentarios que son estatistas por doctrina? Si mañana fueran Gobierno, me gustaría ver a los Partidos Comunista y Socialista sostener que ellos no desean televisión ni radio del Estado, ni tampoco quieren el diario "La Nación", porque sencillamente defiende al Gobierno. No somos tan ingenuos los chilenos. Si llegaran al poder socialistas y comunistas, con toda razón querrían tener un canal de televisión del Estado y un diario estatal.

No hay ninguna lógica en esta posición. Es evidentemente contradictoria.

La señora CAMPUSANO.-

No hay contradicción.

El señor GUMUCIO.-

Es una contradicción política total.

Con ello demuestran la debilidad de su creencia de ser alternativa de poder. Ahora son ultra parlamentaristas y quieren que el Ejecutivo no tenga ninguna facultad, y sí que las tenga el Congreso. Pero cuando sean Gobierno, ocurrirá al revés: desearán que todas las facultades sean del Ejecutivo y ninguna del Parlamento. O sea, hay oportunismo y falta de fe en la convicción de que mañana pueden ser poder. Esa falta de fe es absoluta, clara y evidente.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Gumucio obligan a una reflexión, aunque sea muy somera. El nos coloca en una contradicción en que no vivimos, y, por el contrario, la crítica nos permite afirmar nuestros puntos de vista.

Cuando se reserva la televisión a las universidades, se procede sobre la base de dos principios que para nosotros sen igualmente inamovibles. El primero es de orden fáctico: mira a los hechos. Creemos que la televisión tiene un extraordinario poder de sugestión, a través de la imagen, la palabra, la acción y otros recursos que allí se con jungan. El espectador es atraído, conducido, penetrado muchas veces por incitaciones que mueven el inconsciente y que no dan lugar a una defensa eficaz. Los sicólogos han hecho estudios muy profundos sobre esta materia. Y es de consenso general que la televisión va mucho más allá, en su poder de sugestión, que los otros medios de difusión de las ideas. Este es nuestro primer fundamento para dar un régimen especial a la televisión.

El segundo fundamento es más polémico porque, descansando en hechos que de igual modo nos parecen evidentes, no tiene la aceptación general de la premisa anterior. Para nosotros, los socialistas, en la más amplia gama, lo que constituye 3a tragedia de la sociedad contemporánea es que está profundamente escindida, dividida contra sí misma, por las contradicciones que la deforman y la hacen tan tremendamente injusta. Esas contradicciones se dan a través de la lucha de clases, de los intereses antagónicos. Y mientras subsista el régimen capitalista, sabemos que el poder del dinero y el poder político están en contra del pueblo, de las mayorías nacionales. Por eso, no concebimos que la televisión sea entregada, por ejemplo, a las empresas comerciales.

El señor GUMUCIO. -

Se trata de dársela al Estado.

El señor CHADWICK.-

Nos repugna la idea de que los grandes poderosos del dinero vayan a disponer, además, de esta arma política de deformación del pensamiento, de destrucción de la personalidad, de predominio intelectual y moral en el mundo en que vivimos. Nos negamos a que los banqueros, los monopolios, los latifundistas, los sectores más pudientes de la sociedad, tengan acceso al manejo de este medio extraordinario de difusión que es la televisión moderna.

Frente al Estado, nuestra posición es absolutamente clara y consecuente. Vemos que entre los detentadores del poder estatal hay instrumentos de los grupos dominantes. No queremos que ellos monopolicen este poder de deformación de la conciencia humana.

Estamos comprobando día por día que precisamente es el poder del gran capital norteamericano, del monopolio financiero, el que está dominando en este país, ya sea con Gobiernos de Derecha, ya con el de la Democracia Cristiana. No podemos admitir, entonces, que se dé a este Estado, manejado por un grupo minoritario que está ejerciendo condiciones muy duras de poder sobre las grandes mayorías nacionales, el instrumento para perpetuarse o, a lo menos, prolongar su poderío.

Hemos pensado que las universidades, por ser institutos de alta cultura, formalmente autónomos aunque no dan una garantía absoluta y cierta de no ser instrumento de esos mismos poderes dominantes en la sociedad, por la integración que tienen de científicos, artistas y personas que cultivan las mejores condiciones del hombre común, pueden poner alguna resistencia, algún atajo al esfuerzo que se realiza para deformar al hombre a fin de seguir humillándolo en el régimen absurdo en que vive. Esta es una esperanza que la realidad actual no siempre está confirmando.

Verdaderamente, los canales 9 y 13 merecen todos los reparos que aquí se han expresado con elocuencia y que yo comparto y hago míos en nombre del Partido Socialista.

No obstante ello, parece evidente que el veto debe recibir de nuestra parte el rechazo más absoluto.

Entregar a este Gobierno, o a cualquier otro que mantenga la división de clases de la sociedad en que vivimos, el instrumento de difusión que es la televisión, como monopolio, y todavía no pudiendo ser rebatida la línea que seguiría, una estación de esta índole, nos parece que es ir mucho más allá de tolerar la 'existencia de un diario como "La Nación". Porque, al fin y a! cabo, aunque sea teórica la libertad de prensa,, puede llegar, con las limitaciones correspondientes, a permitir la participación de otros sectores. Pero una estación de televisión del Estado, sometida, sin duda alguna, al criterio que informa el diario semioficial que es "La Nación", sin dar posibilidad alguna de replicar, neutralizar o contrarrestar esa acción por parte de las colectividades políticas de Oposición, que no podrían acudir, por ejemplo, a los institutos universitarios, quienes tendrían cerradas todas las vías, me parece que es ir mucho más allá: es reincidir en tentativas que de tiempo en tiempo afloran a la superficie y nos indican que este Gobierno, a pesar de su lenguaje democratoide, camina, por el peso de su propia constitución, a métodos que denominamos fascistas, dictatoriales, antidemocráticos.

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

En realidad, no puedo dejar pasar su afirmación de que este Gobierno marcha hacia el fascismo, cuando ha sido precisamente él quien propuso la derogación de la legislación fascista que es la "ley mordaza". Es por iniciativa del Ejecutivo que estamos votando esta derogación.

Me siento honrado de que así haya procedido el Presidente de la República, en virtud de un compromiso que contrajo en ese sentido. Algunos órganos de la Oposición, como el diario "El Siglo", han reconocido que en este período se ha derogado una ley de tipo fascista.

En esto se advierte una nueva contradicción de Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Agradezco toda la intención política que pone el Honorable señor Gumucio al hacer referencia a la ley que estamos votando en este último trámite de las observaciones del Ejecutivo.

Sin embargo, mi disciplina de partido no me impide decir al señor Senador que las modificaciones que se hacen a la "ley mordaza" no tienen el alcance extraordinario que él les asigna, y que era mucho más positivo el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el cual no contó con mayoría en la Sala para resolver los problemas básicos.

En las observaciones del Ejecutivo se restablece, por ejemplo, el delito de provocación, aunque ésta, de hecho, no haya sido seguida de delito alguno que la manifieste en forma indubitable.

Aceptamos el veto, porque la "ley mordaza" contenía una fórmula, todavía un poco más grave. Si no hubiéramos procedido así, quedaría vigente el texto antiguo, actualmente en vigor. Sin embargo, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al cual se refirió Su Señoría, terminaba con esa responsabilidad penal por hechos que no acaecen, por suposiciones.

Por la vía del veto, se crea la misma situación al castigar, por ejemplo, la apología del delito, es decir, lo que habíamos rechazado.

La inspiración de modificar la "ley mordaza" no es, por cierto, una prueba de espíritu democrático, porque ningún hecho político que pasara a constituir delito habría dejado de serlo según dicha modificación.

Se ha tratado de complacer a ciertos sectores y hacer pie en el repudio que existía por la "ley mordaza" para vestirse con un ropaje que no corresponde.

El actual Gobierno camina hacia métodos fascistas por distintos medios. El establecer en Chile una estación radiodifusora oficial, sin posibilidad alguna de que los sectores políticos que discuten la eficacia del Gobierno puedan hacer lo mismo, significa reservarse para sí un monopolio de extraordinarias consecuencias en la formación de opinión pública.

El señor GUMUCIO.-

Y en los países socialistas, ¿hay posibilidad de tener acceso?

El señor CHADWICK.-

¡Honorable señor Gumucio, es tiempo de que nos entendamos!

El reproche de Su Señoría es perfectamente injusto, toda vez que no hay una apreciación clara de la democracia formal que no atienda a la realidad social. En la visión nuestra, cuando entendemos que el gobierno socialista es de hecho revolucionario al incorporar al poder la inmensa mayoría de la nación por intermedio de sus clases populares, la cuestión tiene sentido del todo diferente. Cuando han desaparecido las contradicciones internas de la sociedad, el Estado deja de ser un órgano opresor; deja de ser, Honorable señor Gumucio, la dictadura que es hoy día, a pesar del verbalismo con que se adorna.

Estimamos que el anuncio hecho en cuanto a la instalación de un servicio público destinado a difundir por un canal de televisión lo que quiera el Gobierno transmitir al pueblo de Chile, es la advertencia para que estemos en guardia y evitemos la consumación de esa tentativa.

El señor BARROS.-

Deseo hacer breves observaciones, por estimar que el debate ya se ha agotado.

Durante las discusiones general y particular del proyecto, defendí en forma extensa la televisión universitaria, si se quiere, de dudosa calidad, como todos sabemos, según reconocen juristas, pedagogos, médicos, hombres de ciencia y, en especial, madres de familia; sin embargo, no entregada al capricho de gobiernos que no son socialistas, aunque ello duela, y moleste al Honorable señor Gumucio. Tampoco está entregada al capricho de cualquier "pulpo" comercial que la desvirtúe mucho más aún.

Sigo manteniendo mi criterio primitivo, y votaré en contrario el veto a este inciso, del cual soy autor y del que fue partidario en un comienzo el Honorable señor Pablo al suscribirlo en la Comisión. Sin embargo, Su Señoría cambió de súbito la posición adoptada en un principio.

El señor AHUMADA.-

Votaremos contra el veto que suprime el inciso final del artículo 4º.

Por mucho que se argumente sobre la necesidad de que ei Estado tenga control respecto de los canales de televisión, debemos reconocer que el sistema nuestro, consistente en entregarlos a las universidades del Estado o reconocidas por él, ha dado óptimos resultados desde el punto de vista educativo. En este aspecto, no tenemos por qué hacer una comparación entro lo que sucede en Chile y los países europeos y latinoamericanos.

Sin duda, sobre los programas mismos habría mucho que hablar. Su control, como es lógico, debe depender de algún organismo estatal. No sé a cuál le compete; tal vez exista algún departamento de la Dirección de Censura Cinematográfica que evite ejercer influencia nociva por medio de los programas de televisión. A este problema me he referido en muchas ocasiones. Incluso, expresé al Senador Kennedy, durante su visita a Chile, que en algunos programas se exhiben películas norteamericanas contrarias a principios morales y éticos e inconvenientes para la educación de nuestra juventud.

Todavía más: en los programas de televisión es imposible delimitar el momento en que un espectáculo es para niños o para adultos. Ello determina que las transmisiones adolezcan de faltas fundamentales. Si nosotros, por ejemplo, observamos cualquiera de los programas transmitidos tanto por la Universidad Católica como por la de Chile, podremos apreciar que en proporción muy alta están basados en películas norteamericanas de "cowboy" o de "gangsters", lo cual de ninguna manera crea un ambiente educativo a los niños, a nuestra juventud, a nuestros adolescentes.

Por tales razones, me parece que el problema de los programas de televisión reside en su control, y no en el monopolio que de hecho tienen las universidades para explotar los canales y tener la concesión de ellos. Tampoco corresponde rectificar el procedimiento actual, por la alta labor educacional y cultural que compete a las universidades del país.

La supresión del inciso final del artículo 49, destinada a dar al Gobierno la posibilidad de poseer una estación de televisión, produciría efectos perniciosos en Chile, según lo demuestra nuestra experiencia con el diario "La Nación". Los partidos de Oposición no tendríamos oportunidad de hacer oír nuestra voz en esos programas, pues ellos estarían en manos única y exclusivamente del Gobierno, lo cual constituiría un exclusivismo tal como sucede con el diario de Gobierno. Muchas veces, tanto en la Cámara como en el Senado, se ha hablado sobre la necesidad de suprimirlo, sea cual fuere el régimen existente.

Dentro del sistema democrático, el Ejecutivo no debe tener un diario para expresar exclusivamente su pensamiento, tergiversado y dirigido. Desde este punto de vista, nuestra colectividad tiene una opinión bastante clara, sea cual fuere el régimen imperante.

Por tales consideraciones, no concordamos con esta parte del veto y la rechazaremos.

El señor CASTRO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Quiero hacer algunas observaciones relacionadas con el proyecto cuya tramitación ya toca a su fin.

Muchas veces he molestado la paciencia del Senado interesándome en el pronto despacho de la iniciativa que modifica la ley de Abusos de Publicidad. Siempre pensé que, aun con imperfecciones, este proyecto ponía fin a la existencia de una de las leyes más repudiadas, como muy claramente dicen un diario y el Colegio de Periodistas. Con imperfecciones y todo, la iniciativa en referencia viene a dar tranquilidad al gremio de periodistas. Así lo han reconocido esos profesionales en sus declaraciones.

En este país -por lo menos, desde que actúo en el Parlamento- se han dictado dos leyes monstruosas e ignominiosas, dos manchas en el devenir democrático de Chile.

La primera, la mal llamada ley de Defensa Permanente de la Democracia, calificada por los periodistas y la gente de Izquierda como "ley maldita", fue hecha aprobar por el Gobierno de Gabriel González Videla con una premura digna de mejor causa. Dicha legislación dejó de existir durante la Administración del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien aceleró los trámites constitucionales a fin de que ello pudiera realizarse. Por eso, la Izquierda chilena guarda palabras de gratitud para ese Mandatario. Es posible criticarle otras actitudes; sin embargo, asumió el gesto histórico de terminar con esa ley que manchaba la tradición democrática del país.

La segunda ley ignominiosa es la que los periodistas llamaron "ley mordaza", y que también fue aprobada con premura digna de mejor causa durante el Gobierno del señor Jorge Alessandri. No recuerdo, en todos los años en que he actuado en el Parlamento, un nerviosismo y un entusiasmo mayor que los empleados por el Gobierno y los partidos que lo apoyaban para despachar esa ley.

Por eso, me parece que, con imperfecciones y todo, merece una palabra siquiera de gratitud el actual Ejecutivo, porque aceleró también los trámites constitucionales para dar término a esa ley mostruo- sa que manchaba la tradición democrática de nuestro país.

Pero yo quisiera que el Ejecutivo y los parlamentarios que dominan los aspectos constitucionales, nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, estudiaran en el futuro los antecedentes necesarios para legislar, con el objeto de modificar también la ley de Seguridad Interior del Estado, que a cada tranco está cayendo con todo su peso sobre periodistas profesionales, honestos y dignos, que ejercen su profesión de acuerdo con las garantías que ellos creen tener en un régimen democrático.

Ojalá que ello pueda concretarse a breve plazo.