Labor Parlamentaria

El señor TEITELBOIM.-

Señor Presidente, hay a veces hechos que, a pesar de ser particulares, simbolizan adecuadamente toda una situación y retratan un proceder y una actitud general. La mantención, en calidad de detenido e incomunicado, del vicepresidente de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, señor Guillermo Sepúlveda Zapata, constituye, a nuestro juicio, uno de aquellos hechos. Se trata de un militante democratacristiano, y no de cualquiera de ellos, sino de quien tuvo figuración y actuación en la campaña presidencial del señor Frei, precisamente como su generalísimo en el gremio de Correos y Telégrafos.

En verdad, bien podríamos preguntarnos si habrán cambiado las ideas de ese empleado en estos dos años de Gobierno; si sus opiniones sobre el estado del Servicio Postal Telegráfico y respecto de la necesidad de aliviar la situación de un vasto sector de funcionarios postergados, se habrán alterado mucho. Seguramente, no. Y por una razón bien simple: los famosos cambios de la más famosa revolución en libertad no han llegado hasta los vetustos edificios donde centenares de trabajadores, mal pagados, laboran durante diez, once o más horas al día, en condiciones de higiene y comodidad ambiental menos que regular, con material anticuado y deficiente, mientras se les siguen adeudando algunos exiguos beneficios correspondientes a años anteriores.

Ese trabajador se jugó por entero, como muchos otros, por la candidatura del señor Frei, creyendo que realmente para ellos habría cambios; que las condiciones de trabajo y remuneraciones mejorarían de verdad; que las bellas palabras sobre "justicia para los sectores postergados de la Administración Pública" se concretarían en algo. Ahora él y muchos de sus compañeros militantes democratacristianos que han manifestado su decisión de renunciar al partido de Gobierno si no se da solución al conflicto, estarán comprendiendo que han sido víctimas de un engaño. Ellos, como integrantes de un sector postergado de trabajadores, están conociendo el criterio y la mano no suave, sino dura, del Gobierno que les prometió justicia y revolución.

Historia de una tramitación.

Se los ha tramitado desde diciembre de 1965, cuando el Ejecutivo aceptó formar una comisión integrada por dos representantes suyos, dos de la Dirección General del Servicio y dos de la Asociación Postal Telegráfica, con el objeto de ir al estudio de los problemas técnicos, administrativos y económicos de los trabajadores, y de que propusieran medidas concretas encaminadas a una solución rápida.

La mencionada comisión finalizó su labor en julio de 1966. El Ministerio del Interior estudió las conclusiones durante tres meses completos, y el 31 de octubre dispuso la redacción de un proyecto de ley que concretara las medidas propuestas por la Comisión. El anteproyecto elaborado pasó, en enero, al Ministro de Hacienda, quien lo devolvió con observaciones a fines de febrero. La comisión lo vio de nuevo y lo entregó en definitiva el 29 de marzo. Desde entonces, los puntos de vista de los trabajadores se han expuesto en forma reiterada, tanto en lo relativo a la necesidad de envío rápido de la iniciativa al Parlamento, como en lo referente a las observaciones que merecen al gremio algunas de las disposiciones del anteproyecto.

Especial hincapié han hecho los trabajadores en cuanto a que 4.271 funcionarios, de un total de 7.215 en servicio, es decir, más de la mitad de ellos, no obtienen mejoramiento alguno con el proyecto del Gobierno. Parte importante de ese sector que no lograría un alivio verdadero en su situación está formado por los 2.473 oficiales y telegrafistas.

Sin duda alguna, ningún empleado u obrero de Correos y Telégrafos ha deseado el conflicto, como en general los trabajadores no buscan la huelga por la huelga. Ella es el último recurso ante la intransigencia y la ceguera e implica grandes sacrificios para los asalariados. En el caso que nos ocupa, se trata de funcionarios que ganan remuneraciones misérrimas y que se han visto empujados al actual movimiento por la desesperación que produce la actitud de tramitación e incomprensión del Gobierno. Ahora, una vez producido el abandono del trabajo, surge lo que ha venido siempre en todas las administraciones presidenciales que representan a las clases explotadoras: la represión, sincronizada con una intensa y ruin campaña publicitaria de desprestigio en contra del movimiento. En este punto se coordinan, en forma muy bien ensamblada y subjetiva, los órganos del Ejecutivo y los de la Derecha económica y política, que no pierden ocasión de expresar su odio hacia los asalariados, odio que, por otra parte, siempre han sentido. En esta materia han funcionado al unísono los voceros periodísticos, de prensa y radio, de la Derecha y del Gobierno, frente a todo movimiento reivindicativo de relieve. Habría que recordar solamente, a modo de ejemplo, los títulos de "La Nación" y el "Diario Ilustrado" en los días del conflicto portuario, en 1965, o en marzo de 1966, a propósito de la represión de los trabajadores del cobre y de la masacre de El Salvador.

Un rescate difícil.

Lo anterior constituye un hecho objetivo, comprobable por cualquiera persona que posea condiciones mínimas de observador. Muchos elementos modestos de la Democracia Cristiana lo perciben claramente. Ven con preocupación y hasta con angustia sinceras que en materia de política laboral, de relaciones del Ejecutivo con los trabajadores, no ha habido cambio alguno, mucho menos una "revolución", una mudanza en 180 grados. Por lo contrario, ha imperado el continuismo más burdo.

Se repiten las eternas monsergas sobre el "carácter político" de toda huelga de cierta envergadura; se repiten la represión, los encarcelamientos, las amenazas; se reincide en la utilización de personal de las Fuerzas Armadas en una función tan ajena a sus labores como es la de romper un movimiento reivindicativo; se reincide en trasladar el centro de un conflicto, de sus reales motivaciones, que son las económicas, al problema del "respeto al principio de autoridad", etcétera. En fin, es toda una serie de actitudes y procedimientos que los trabajadores han sufrido y conocido en los regímenes anteriores, los cuales, con uno u otro matiz, han representado a las clases dominantes.

La propia Juventud Demócrata Cristiana ha podido hacer esta comprobación y ha llevado hasta una asamblea del personal de Correos y Telégrafos la expresión de su solidaridad, dejando constancia, según sus dirigentes, de que "ella seguirá manteniéndose, vuelvan o no al trabajo los funcionarios democratacristianos". En declaración a los periodistas, el presidente nacional de la juventud del partido de Gobierno manifestó que este organismo tenía una posición de apoyo irrestricto al movimiento de la Asociación Postal Telegráfica. Y agregó algunas reflexiones sobre la entrevista de la directiva juvenil con el Ministro del Interior, que deberían hacer pensar a quienes, durante bastante tiempo, decían preconizar una forma y un estilo nuevos de política.

El presidente de la Juventud dijo: "Nuestro interés es rescatar en la persona de Leighton a un valor del Partido y a las posiciones que él defendió en los años 48 y 49... El se negaba a calificar los conflictos de los trabajadores como "legales o ilegales". La lucha del pueblo por vivir mejor siempre es justa. Por eso insistimos en que Bernardo Leighton debe ser rescatado para las posiciones de lucha del Partido, cuando él mismo logró formar una conciencia de vocación popular."

En nombre de los Senadores del Partido Comunista, debo decir personalmente, con inquietud y pena, que esta reconquista me parece muy difícil, a juzgar por la conversación que anoche tuvimos .el Vicepresidente del Senado señor Fernando Luengo, el presidente del Partido Radical SenadorHugo Miranda, el subsecretario del Partido Socialista Albino Barra Villalobos y el que habla, en representación del Partido Comunista, con el señor Ministro del Interior, Bernardo Leighton, quien mostró una tozudez cerrada y probó que de parte del Gobierno existe una decisión obstinada que impide toda solución y que no es sino la repetición de antiguas actitudes de Ministros de Gobiernos reaccionarios.

Malas rentas y locales inadecuados.

Veamos, ahora, algunos de los problemas que afectan al gremio de Correos y Telégrafos.

Uno de los aspectos que más impresionan en el Servicio es la falta de personal, con relación a las necesidades que plantea la realidad. De ahí que los trabajadores estén sometidos, en forma continua, a un régimen de sobrejornada. Esta constituye, a la vez, una manera de suplir la escasez de personal y una forma de incrementar las remuneraciones bajísimas que recibe la generalidad de los funcionarios. Se da, entonces, la situación paradójica de que en un país donde la jornada de 8 horas es legal desde hace tiempo y cuyos Gobiernos han suscrito convenciones internacionales relativas a su cumplimiento, un sector importante de los trabajadores del Estado posea una jornada general de 11 horas. Las plantas del Servicio Postal Telegráfico son las mismas del año 1960, en circunstancias de que el aumento del tráfico ha sido de 7% anual. Este ritmo debería haber impuesto lógicamente un incremento del personal y un proceso rápido de mecanización y modernización de equipos, lo cual no ha ocurrido.

A la prolongación de la jornada, como cosa ordinaria, se suman el mal estado y la falta de adecuación funcional mínima de la generalidad de los locales en que laboran estos trabajadores. Son muy escasos los edificios de Correos y Telégrafos construidos con el fin de instalar dicho servicio. Y esto es más notorio y de mayores consecuencias en las oficinas de los centros mayores de población. La falta de calefacción, el a menudo pésimo estado de los servicios higiénicos, la necesidad de subir y bajar escalas continuamente, las dificultades de ventilación, en otros casos el exceso de ésta por falta de vidrios, etcétera, contribuyen a hacer más nociva la prolongada permanencia en servicio de los funcionarios.

A lo anterior debe añadirse otro factor de mayor desgaste físico y nervioso: la carencia de elementos mecánicos modernos que permitan lograr una agilización del trabajo. Hay máquinas timbradoras, pero faltan muchas, y mientras tanto, se sigue utilizando el antiguo sistema de timbraje a mano. Faltan máquinas clasificadoras, empaquetadoras, franquea-doras y otros elementos necesarios para afrontar el gran volumen del tráfico postal telegráfico actual.

Podría pensarse que un personal que labora en situación tan desfavorable, en cuanto a horario, condiciones ambientales y elementos de trabajo, poseería a lo menos algunas compensaciones pecuniarias o siquiera un nivel satisfactorio de rentas. Pues bien, sucede todo lo contrario: pertenece precisamente al sector postergado de la Administración Pública.

En efecto, los trabajadores del gremio postal telegráfico perciben remuneraciones verdaderamente miserables, y los escasos beneficios que pueden llegar a incrementarlas se les cancelan con años de atraso, después de haber experimentado la desvalorización consiguiente.

El engaño de las horas extraordinarias.

Por estas razones, creemos necesario que el país sepa que 80% del personal de Correos y Telégrafos percibe sueldos realmente mínimos. Unos dos mil empleados, los llamados agentes postales y valijeros, reciben una remuneración que oscila entre 100 y 160 escudos y carecen de derechos previsionales. Las horas extraordinarias y los quinquenios podrían ser los precarios medios que paliaran la mala situación económica de estos trabajadores, pero ello se desvirtúa por el atraso de dos y hasta tres años con que se cancelan.

Actualmente se adeuda por el fisco al Servicio la suma de 1 millón 500 mil escudos por concepto de pago por horas extraordinarias ya trabajadas por el personal.

La Asociación Postal Telegráfica ha planteado, con plena justificación, que no es posible continuar con el sistema de prolongación de la jornada, que lleva a un estado de extenuación física y nerviosa al funcionario; que es necesario que la remuneración por la jornada ordinaria - conquistada por los trabajadores en luchas bien conocidas- sea suficiente para que el hogar subsista, de manera que si por razones especiales de servicio se debe recurrir al trabajo de sobretiempo, éste posea realmente el carácter de "horas extraordinarias". De ahí, entonces, la proposición de una nueva escala de rentas y grados, que comprenda a todo el personal -eso es lo que quieren los funcionarios: que los comprenda a todos- y no beneficie sólo a una parte de él.

Del proyecto del Gobierno se deduce que ascendería en un grado un grupo de 2.944 funcionarios, cuyo magro mejoramiento consistiría en dicho ascenso, mientras que, por otra parte, perderían el derecho a percibir el sueldo correspondiente al grado superior por concepto de quinquenios. Y quienes obtienen tan parvo beneficio constituyen sólo alrededor de 30% de los trabajadores en servicio. En cuanto al aumento de 50% sobre 30 horas extraordinarias mensuales, ello se traduciría en un mejoramiento ínfimo. Por otra parte, la posibilidad de trabajar horas extraordinarias -que, como decíamos, está transformando en letra muerta una conquista laboral básica, clásica- se limita aproximadamente a sólo 50% de los funcionarios.

Hay que destacar también que, habiéndose reconocido por el actual Mandatario, el señor Frei, la injusticia de la postergación de este servicio durante su campaña presidencial...

El señor TEITELBOIM.-

El señor Frei, ahora, a dos años y medio de Gobierno, se niega incluso a dar el mejoramiento transitorio que los trabajadores postales y telegráficos solicitan durante el segundo semestre de este año para paliar su deplorable situación económica. El Ejecutivo ha insistido en que los escasos beneficios que propone rijan a partir de enero de 1968, es decir, después de que se cumplan más de tres años de su mandato. ¡Tal es el largo camino de tramitación que se quiere imponer a este esforzado y engañado gremio!

Hay caminos para una solución.

Dentro de la campaña propagandística del Gobierno, ocupa lugar destacado la argumentación sobre la imposibilidad de bocho que existiría para atender a las peticiones económicas del gremio. Se insiste en el constante déficit del Servicio de. Correos y Telégrafos. Frente a ello, cabe hacer notar que tal déficit, en realidad, no existe.

La última tarifa aprobada por decreto presidencial autorizado por ley, da al Estado 19 millones de escudos, 19 mil millones de pesos, cantidad que representa muchísimas veces más de lo que piden los trabajadores de ese servicio.

Según el propio Gobierno, el déficit disminuyó considerablemente durante el año, 1966, ya que las entradas cubrieron 72% de los gastos, mientras en los dos años anteriores habían alcanzado sólo a 42% y 40%, respectivamente.

El señor TEITELBOIM.-

Muchas gracias.

Dada la accidentada conformación geográfica del país, su extraordinaria longitud y la distribución desigual de la población, existe naturalmente, desde la partida, un factor de encarecimiento de cualquier sistema de comunicaciones. Sin embargo, los medios modernos superan este tipo de dificultades. Además, dentro de las actuales condiciones, pueden tomarse medidas que signifiquen un mejoramiento de las entradas del Servicio.

A ese respecto, el estudio realizado por la Asociación Postal Telegráfica señala que debe revisarse el sistema de aplicación de multa por insuficiencia de franqueo, la que alcanzaría a alrededor de 85% de las entradas de Correos; que debe estudiarse la manera de que el monopolio estatal sobre el servicio sea efectivo y no se vea burlado por empresarios particulares, que se dedican al transporte de correspondencia y encomiendas en forma ordinaría; que se vaya a una revisión de ciertos contratos, como el que existe con LAN para la correspondencia aérea. Con relación a este último punto, la Asociación ha entregado las siguientes cifras: en el año 1965, la venta de estampillas aéreas produjo la suma de 2 millones 398 mil escudos, y el Servicio de Correos debió entregar a LAN Chile 1 millón 395 mil escudos, es decir, 60% del total de sus ingresos. Señala también que los términos del contrato impiden a Correos y Telégrafos crear algunos servicios nuevos, como sería el de encomiendas aéreas y el de aerogramas.

Ganancias de bancos y compañías.

Se indican, pues, con datos concretos que no es del caso repetir aquí, en detalle, posibilidades para mejorar las entradas del Servicio. Se ha sugerido el reajuste de ciertas tarifas que no afectarían fundamentalmente a la gente modesta.

Naturalmente, el problema de la falta de medios económicos por parte del Estado se relaciona con una situación general, que se esgrime como argumento para mejorar muy poco a los trabajadores (en realidad, para negar mejoramientos mínimos a sectores postergados). Se dice que no hay de dónde sacar más recursos, se dice que existe la famosa fatiga tributaria. Sin embargo, ahora, precisamente a mitad del año, podemos leer en los diarios las lindas y astronómicas cantidades de ganancias líquidas que obtienen las instituciones que comercian con el dinero: los bancos. Y no hablemos de las utilidades de las grandes empresas extranjeras. Mientras el fisco adeuda 1 millón 500 mil escudos, que corresponden a horas extraordinarias trabajadas por los funcionarios de Correos durante uno o dos años, en el sólo primer semestre de este año, vemos que un banco, el de Chile, obtuvo ganancias líquidas tres veces superiores a esa suma: 4 millones 635 mil escudos. Se trata de una cantidad para repartírsela "limpiecita", como se dice vulgarmente, porque para llegar a determinarla se ha contabilizado toda clase de gastos, incluidas las remuneraciones del presidente y del directorio de esa institución bancaria. Ahora, si examinamos las cifras correspondientes a nueve de los bancos que desarrollan sus actividades en el país, nos encontramos con el guarismo de 10 millones 557 mil escudos, obtenidos como utilidad líquida en el primer semestre de este año, casi dos millones de escudos más que en el segundo semestre de 1966. Por eso, cuando se dice que en este país no hay plata, nosotros creemos que alguien está mintiendo.

Sobre la llamada "fatiga tributaria"'.

Luego, hay otras ganancias escandalosas. Los partidos populares, el Partido Comunista, en su desafío, han venido denunciando reiteradamente el atentado contra los intereses nacionales que significa la estafa de que las empresas estatales deban adquirir los productos derivados del petróleo, no de ENAP, como lo supondría un sentido común mínimo, sino de las distribuidoras Esso, Shell y COPEC. ¿Qué objeto puede tener esto? Uno solo: hacer ganar a dos pulpos extranjeros y uno nacional, a costa de todos los chilenos, en un trabajo que perfectamente puede realizar ENAP por sí misma. Y se trata de utilidades nada pequeñas: en 1966, la ganancia por diferencia de precios para esas tres compañías fue en 18 millones 678 mil escudos. Es decir, ¡ella es casi 13 veces la suma que el Gobierno adeuda al personal de Correos por casi dos años de horas extraordinarias trabajadas! ¿Cómo puede decirse, entonces, que en Chile hay fatiga tributaria, que el Estado no tiene de dónde sacar más recursos?

La fatiga tributaria afecta a la gente modesta, al obrero y empleado que tributan por planilla, al comerciante minorista agobiado por las gabelas, al pequeño industrial; pero los grandes clanes, el soberbio poder financiero, los bancos, las compañías de seguros, los monopolios de la distribución y la importanción, las compañías extranjeras de la gran minería del cobre y del hierro, siguen ganando a manos llenas, succionando la riqueza del país, llevándola al exterior o invirtiéndola no en lo que el país necesita, sino en aquello que les ofrezca expectativas más pingües de mayor lucro. Los ejemplos que se podrían traer a colación son muchos. Para citar uno que está de actualidad, refirámonos al caso de la Bethlehem Steel Company, cuyos obreros están en huelga desde hace 53 días, sin que la empresa dé señales de ceder, respaldada como se siente por el criterio del Gobierno. Esa compañía se ha llevado del país una suma superior a los mil millones de dólares. ¡Mil millones de dólares! Los miles y miles de toneladas de hierro en bruto que han salido de nuestros puertos de año en año pueden constituir uno de los símbolos más claros del saqueo a un pueblo. ¡Así se ha ido la riqueza que debió haber sido la base de nuestro desarrollo industrial pesado! Como ha dicho el DiputadoRosales en la Cámara: "Aquí quedan los hoyos en el suelo y los silicosos en la miseria de sus hogares". Y las utilidades de esta compañía continúan produciéndose y las garantías de que goza siguen protegiéndola, como un escudo de oro mal habido.

De manera que hay de dónde extraer recursos; hay privilegiados que pueden tributar más. Lo que sucede es que el Gobierno, que advino invocando una "revolución en libertad", no ha revolucionado ni cambiado nada esencial. El gran poder financiero, el gran privilegio sigue intocado.

Política equivocada y regresiva.

Es importante dejar constancia de que tanto el gremio de Correos y Telégrafos como los dirigentes políticos y parlamentarios que han tratado de buscar una solución al conflicto, han formulado proposiciones concretas que permitan materializar vías de arreglo. Ayer en la tarde, como dije al comenzar mis observaciones, participamos en una reunión de dirigentes de los Partidos Socialista, Radical, Social Demócrata y Comunista con el Ministro del Interior. Los resultados -repito- han sido, desgraciadamente, negativos. Hemos hallado una terquedad cerrada, impropia de quienes están dirigiendo a un país y tienen el deber de atender a peticiones cuya justicia han reconocido antes, en forma reiterada. No es posible tomar el camino de imponer la injusticia por medio de la represión. Ya hay prácticamente un centenar de detenidos, y en una sola orden de detención, conocida ayer, figuran 27 mujeres.

Se quiere entonces reincidir en procedimientos represivos que llegaron a manchar de sangre las manos de este Gobierno, en marzo de 1966, con la muerte de seis mineros y dos mujeres, en El Salvador. Tampoco el precedente del conflicto portuario, en 1965, debería ser consejero del Gobierno. Los apaleos, las detenciones, los procesos ni las balas sirven para convencer a la gente que está sufriendo miseria día tras día. Tampoco da resultado utilizar a personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para hacer funcionar por la fuerza los servicios. Ni la propaganda que falsea los hechos puede engañar indefinidamente a la gente. En el caso de la huelga del personal de la Caja de Empleados Públicos, que lucha también por reivindicaciones del todo justas, se ha gastado dinero con largueza para pagar avisos que anuncian la reanudación de actividades en tal o cual sección. El resultado ha sido hacer perder el viaje al público que ha concurrido dando fe a tales avisos.

Hemos señalado ayer, ante el fracaso de la entrevista con el señor Ministro del Interior, que la actitud cerrada del Ejecutivo nos inquieta, porque la persecución nada bueno augura para el pueblo de Chile ni en definitiva tampoco para el Gobierno democratacristiano.

La justicia de las reivindicaciones del gremio de Correos y Telégrafos y la respuesta represiva del Gobierno ya han despertado las manifestaciones de solidaridad de otros personales. Ayer, en el teatro Caupolicán, hubo una desbordante concentración de los empleados agrupados en la ANEF, como expresión de apoyo a los huelguistas de Correos y Telégrafos y de la Caja de Empleados Públicos. Se ha anunciado también la posibilidad de un paro solidario con sus compañeros de esos dos servicios.

Ayer, después de la entrevista en la antesala del señor Ministro del Interior, los periodistas que allí había solicitaron algunas declaraciones a los parlamentarios y dirigentes políticos que conversaron con el señor Leighton. Manifestamos -luego fue reiterado ante la presencia del señor Ministro, quien salió de su despacho para participar en forma involuntaria en esa entrevista- que habíamos ido allí en son de buscar una solución y de ser una ayuda en el arreglo del movimiento. Todavía estamos dispuestos a servir en algo, si ello es posible. Tal posibilidad no depende tanto de nosotros ni del personal de Correos y Telégrafos, como del Gobierno mismo. Aún estamos esperando. Creemos que las horas corren presurosas y dramáticas, porque hay gente detenida; pero es evidente que la justicia de la causa y las reivindicaciones invocadas por el personal de Correos y Telégrafos es acompañada por todos los trabajadores y todos los partidos populares. Esperamos que el movimiento sea coronado por una legítima victoria.

El señor LUENGO.-

Señor Presidente, Honorable Senado:

La sesión especial que hoy estamos celebrando en esta Corporación, pedida por once Senadores, parecía necesaria e indispensable frente a un conflicto que ya lleva quince días y que está causando enorme perjuicio, no sólo al personal de Correos y Telégrafos, los directamente afectados por la huelga, sino también a ceda la ciudadanía, la cual por la prolongación del movimiento, se ve imposibilitada de mantener comunicaciones con los distintos lugares del país.

En verdad, no esperábamos que un conflicto de esta naturaleza pudiera prolongarse por tantos días, en especial si se tiene en cuenta que existe consenso unánime, no sólo de los sectores parlamentarios, sino también del propio Gobierno, de que lo reclamado por el personal en huelga es del todo justo.

Se trata de un servicio mal pagado, cuyos funcionarios, en gran número, tienen las rentas más bajas dentro de la Administración Pública.

Con motivo de la dictación de las dos últimas leyes de aumento de sueldos y salarios para 1966 y 1967, conocimos los antecedentes proporcionados por la directiva de ese personal, que comprueban lo bajo de sus sueldos y salarios en comparación con otros servicios públicos. En aquella oportunidad, el Gobierno, por intermedio del señor Ministro de Hacienda y del Subsecretario de la misma Cartera, reconoció la justicia de las demandas hechas por el personal de Correos y Telégrafos y lo exiguo de sus sueldos y salarios. Junto con ello, manifestó su intención de solucionar el problema, a fin de que las remuneraciones de esos funcionarios fueran mejoradas. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha pasado más allá de las buenas intenciones.

El Honorable señor Teitelboim acaba de señalar cuál ha sido la larga tramitación a que ha estado sometido ese personal en cuanto al envío de un proyecto de ley elaborado por una comisión tripartita, que todavía no llega al Congreso Nacional. Tal proyecto, en definitiva, no ha sido aceptado por el Gobierno ni éste lo ha hecho suyo para enviarlo al Parlamento. Los estudios realizados por esa comisión tripartita tienen más de dos años. El personal, con paciencia digna de mejor causa, ha estado esperando hasta ahora que el Gobierno se decida a encontrar la fórmula que permita aumentar los sueldos, cosa que ellos reclaman con tanta justicia; mas ello no ha sido posible: el Gobierno se ha mantenido en cerrada negativa.

El gremio se ha visto en la necesidad de recurrir a esta huelga, la cual es absoluta y total, pues son escasos los funcionarios que están trabajando. Sólo lo hacen quienes han traicionado a sus compañeros al volver a sus labores.

Con relación al conflicto, en la reunión que ayer sostuvimos con el señor Ministro del Interior -fue mencionada por el Honorable señor Teitelboim-, a la cual asistieron el Honorable señor Miranda y el subsecretario del Partido Socialista señor Albino Barra, dicho Secretario de Estado sostuvo que el Gobierno no tenía más recursos y sólo podía disponer de 6 millones 300 mil escudos, los que ofrecía como solución para el conflicto. Además, el Gobierno establecía como condición previa para continuar las conversaciones o para estudiar la posibilidad de enviar al Congreso el proyecto elaborado durante tanto tiempo, el que los funcionarios se reintegraran al trabajo. Por intermedio del señor Ministro del Interior, el personero que se ha destacado como el hombre más democrático en el actual Gobierno, el Ejecutivo plantea una posición del todo reaccionaria, es decir, precisamente la que la Democracia Cristiana estuvo siempre combatiendo cuando fue Oposición a otros Gobiernos: no se puede insistir en que previamente el personal en huelga vuelva al trabajo.

¿Cómo es posible que después de dos años de tramitación el Ejecutivo exija a los trabajadores retornar previamente a sus labores, para conversar sobre la solución del conflicto, si el personal ha esperado durante más de dos años que el Gobierno se decida a enviar el proyecto?

En consecuencia, me parece que el personal de Correos y Telégrafos tiene perfecto y legítimo derecho a no aceptar por motivo alguno la vuelta al trabajo, mientras no haya solución para su problema.

Reitero que el señor Ministro del Interior manifestó que el Gobierno había logrado reunir 6 millones 300 mil escudos para resolver el problema; pero la verdad es que con ese dinero no basta. Hace falta más, a lo menos 2 millones de escudos, como señaló el propio personal.

En las conversaciones que ayer sostuvimos con el señor Ministro, también se dejó establecido que el Gobierno ya decretó el alza de las tarifas postales y telegráficas, la cual entiendo que entrará a regir dentro de 15 días. O sea, el fisco percibirá un dinero que no destinará a resolver el problema de Correos y Telégrafos. El personal sostiene que esas nuevas tarifas significarán al Gobierno un ingreso de 23 millones de escudos. Este sostiene que sólo se trata de 19 millones de escudos. No es del caso entrar a precisar con exactitud el monto del nuevo ingreso. Aceptamos la cifra del Gobierno. Sin embargo, de esa cantidad de 19 millones de escudos, sólo se quiere entregar 6 millones 300 mil para resolver el conflicto, con la agravante de que en esta última cantidad hay que considerar 4 millones 450 mil escudos que se adeudan al personal de Correos y Telégrafos.

Como dijo ayer el subsecretario del Partido Socialista, compañero Albino Barra, los funcionarios de ese servicio han estado "trabajando al crédito" desde 1964, ya que la cantidad adeudada corresponde a horas extraordinarias trabajadas desde ese año hasta la fecha. En consecuencia, lo que el Gobierno está entregando son, prácticamente, un millón 850 mil escudos, cantidad absolutamente insuficiente. Por lo tanto, el Ejecutivo pretende quedarse con la diferencia sobre los 19 millones que acepta como nuevos ingresos, o sobre los 23 millones de escudos, según el personal de Correos y Telégrafos.

El Gobierno se ha negado a considerar siquiera la posibilidad de que existan otros recursos que puedan destinarse a lograr el aumento solicitado. Por lo demás, su monto no es excesivo, y sí de absoluta necesidad.

No proporcionaré mayores detalles sobre el particular, pues el Honorable señor Teitelboim fue bastante explícito al respecto. Sólo deseo señalar que cuando el Gobierno ha necesitado recursos para algún propósito que a él le interesa, siempre ha encontrado de dónde obtenerlos. Me referiré a un solo caso para demostrar cómo los consigue cuando le interesa. Como recuerdan los señores Senadores, a comienzos de este año el Ejecutivo planteó una reforma constitucional destinada a disolver el Congreso Nacional. Entre las muchas razones que se daban para justificarla -algunas de fondo-, hubo una que dice relación al mayor gasto que significaría una nueva elección. En la misma exposición de motivos de ese proyecto, el Gobierno dijo que tal problema no lo inquietaba, ya que por concepto de la mayor tributación por los bienes raíces, habría aumentos superiores a los calculados en los ingresos de la ley de Presupuestos. De ese aumento, destinaba 4 millones 500 mil escudos para los gastos de la posible elección general extraordinaria a que habría dado lugar la reforma constitucional para disolver el Congreso.

Esto demuestra que el Ejecutivo, en realidad, no ha tenido interés en encontrar solución a la huelga del personal del Servicio de Correos y Telégrafos. Evidentemente, dispone de medios para hacerlo. No sólo cuenta con recursos extraordinarios, como son los que proporcionaría la nueva alza de tarifas postales, sino también con los provenientes de los fondos ordinarios -así lo he señalado en otras oportunidades-, como aquellos a los cuales ha echado mano para solucionar problemas que le interesan en forma directa.

Estimo conveniente señalar en esta oportunidad en que el Senado se ocupa en el problema, que no podemos pensar que la actitud del Gobierno sea ocasional, pues ella obedece ya a una política conformada en esta Administración, la que empezamos a conocer desde el instante mismo en que el Presidente Frei asumió el poder. Ella se observó primero en la huelga sostenida por el personal de la industria cervecera; luego, en la huelga del cobre -en la matanza de "El Salvador"-; después, en el conflicto de la industria del cuero y el calzado, que estuvo durante más de tres meses paralizada; hace poco, en el conflicto del personal del Registro Civil e Identificación; ahora, en los del Servicio de Correos y Telégrafos y de la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas, y en otras huelgas que han afectado a diversos gremios, que el Ejecutivo no ha tenido interés en solucionar. Es decir, el Gobierno del pueblo, el Gobierno de la "revolución en libertad", que iba a ser el de los trabajadores, en todas sus actitudes, desde la mañana a la noche y todos los días del año, se manifiesta precisamente contrario a los intereses de la clase asalariada. Y así se da el caso de que los propios militantes democratacristianos que trabajan en el Servicio de Correos y Telégrafos -ha sucedido, incluso, con el que fue generalísimo de la campaña presidencial del Presidente Frei en esa repartición, y que ahora es vicepresidente de la Asociación Postal Telegráfica, señor Guillermo Sepúlveda-, están detenidos o sufriendo la persecución de sus correligionarios y compañeros de partido. Ello señala que nada puede detener a! Partido Demócrata Cristiano en su actitud frente a la clase trabajadora.

También es conveniente señalar en esta ocasión que los trabajadores chilenos -no sólo el personal de la Administración Pública, de las instituciones semifiscales, sino, también, los obreros y empleados del sector privado- no pueden esperar de un Gobierno que no tiene para con ellos ninguna consideración, que "se ha pasado definitivamente para el enemigo", ninguna mejoría real en su bienestar social, en sus condiciones económicas y de trabajo.

También deseo señalar que la actitud solidaria que ha encontrado el gremio de Correos y Telégrafos, no sólo en los parlamentarios de los partidos populares, sino también en todas las otras agrupaciones de trabajadores de distintas características y sectores, es absolutamente necesaria. La unidad de la clase trabajadora es indispensable para que los distintos gremios obtengan éxito en sus reivindicaciones económicas. Nadie puede afirmar que la huelga de Correos y Telégrafos, ni ninguna de las efectuadas por" los trabajadores del sector privado o de la Administración Pública, tienen carácter político. Son movimientos de carácter absolutamente económico, mediante los cuales los sectores laborales reclaman mejores sueldos y salarios para dar mayor bienestar a sus familias. Por ello es saludable comprobar que en el acto realizado ayer en el teatro Caupolicán, no sólo estuvimos presentes los parlamentarios de los partidos populares, sino también los diversos gremios, como la totalidad de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, toda la directiva de la Central Única de Trabajadores y aun algunos grupos no afiliados a ese organismo. Todos ellos participan solidariamente en el conflicto que lleva adelante el personal de Correos y Telégrafos y están dispuestos a realizar un paro nacional de apoyo a dicho gremio.

Ayer hice presente al señor Ministro del Interior, don Bernardo Leighton, que los organismos de trabajadores, cansados de la inoperancia del Ejecutivo para solucionar el conflicto, acordarían un paro nacional. El señor Ministro se encogió de hombros y dijo: "¡Qué le vamos a hacer. Lo harán, pero nosotros no cambiaremos una coma en nuestra posición!"

Por lo tanto, estamos a las puertas de un movimiento general, que comprenderá no sólo al personal de Correos y Telégrafos, pues éste contará con la solidaridad amplia de todos los sectores de trabajadores del país. En tales circunstancias, el Gobierno se enfrentará a la necesidad de entrar a solucionar el conflicto en condiciones más desfavorables para él que las que podría haber encontrado en esta oportunidad.

Nuestra visita al señor Ministro del Interior tuvo como finalidad hacer presentes nuestros buenos oficios para encontrar solución al problema.

Estimamos que el Gobierno, si posee algo de la sensibilidad social que dice tener, podría haber concedido un poco más de lo que ha dado hasta ahora. Ante semejante actitud, por nuestra parte, habríamos podido conversar con el gremio de Correos y Telégrafos para pedirle que cediera en parte en su posición y postergara, por ahora, hasta mejor oportunidad, la conquista total de las reivindicaciones que reclaman.

Pero sabemos que esta gestión, como cualquier otra -está en nuestro conocimiento que la CUT insistirá en sus peticiones ante el Ministro del Interior y el propio Presidente de la República, si es necesario-, se encontrará con la misma negativa, con la misma actitud cerrada de parte del Gobierno, tendiente a que los gremios se entreguen incondicionalmente, a que los trabajadores vuelvan a sus puestos antes de discutir nuevamente las bases de la solución del conflicto.

La actitud del Gobierno -repito- no es ocasional; ha sido una posición permanente, y veremos cómo en cada oportunidad se dibujará con trazos mucho más fuertes. Por algo la representación de-mocratacristiana del Senado se encuentra ausente, con la sola excepción del Honorable señor Gumucio. Por lo demás, la presencia del señor Senador en esta oportunidad no hace sino ratificar, una vez más, algo que nosotros siempre hemos pensado de Su Señoría: que es, dentro de su partido, quien más cerca está de los problemas gremiales. Del resto de los Senadores de la Democracia Cristiana, no hay uno solo presente en la Sala para explicar por qué el Gobierno cree que su actitud ante el conflicto es justa. Estimo, por lo demás, que no podrían hacerlo, pues en el seno de ese partido hay sectores, precisamente los más revolucionarios, los más de avanzada, que están conscientes de la justicia del movimiento del personal de Correos y Telégrafos.

Con estas pocas palabras he querido manifestar tanto mi adhesión al conflicto de ese gremio, como también 1a de mi compañero de bancas, Honorable señor Jaime Barros, y la del señor Presidente del Senado, que por el hecho de estar dirigiendo el debate no puede intervenir.

A nuestro juicio, los trabajadores del Servicio de Correos y Telégrafos deben tener la seguridad de que contarán no sólo con el apoyo de los partidos populares, sino también con la adhesión incondicional de los demás gremios, para ayudarlos a obtener la victoria que esperan.

El señor JULIET.-

Pedí esta interrupción al señor Senador, por cuanto, muy joven, a la edad de 26 años, tuve el calificado honor de ser director general de Correos y Telégrafos. Ello me permitió conocer dicho servicio y apreciar la alta función que desempeña en la República, así como las virtudes que adornan a todos sus funcionarios: su lealtad y abnegación y los esfuerzos que desarrollan todos los días, no sólo cuando el sol alumbra, sino también durante la noche y en las horas de reposo.

Estas solas expresiones mías, que las digo en forma tan apretada debido a que me encuentro con la salud un poco quebrantada -por eso, me habían concedido un pareo por quince días-, bastarán para hacer comprender a mis Honorables colegas la justicia que asiste a este personal al reclamar mejores condiciones económicas. De ahí que cumpla con mi deber de entregarle mi adhesión solidaria y confundirme con esos servidores en su solicitud de obtener un mejor nivel de vida.

Deseo reiterar ahora en esta Sala que no estaba equivocado el Senador que habla cuando el año pasado expresó al Gobierno que estaba mal hecho el cálculo del alza del costo de la vida. Entonces dije que si bien los procedimientos empleados para hacer dicho cálculo eran iguales, y que también eran los mismos los funcionarios que los hacían, se habían falseado los procedimientos tradicionalmente aplicados para tal efecto; que el muestreo que se hace en las vegas y mercados, del cual se extraía el término medio de los precios de cada uno de los 126 artículos que influyen en la determinación del índice, no se realizó en la misma forma de años anteriores, y que en muchas oportunidades se tomó en cuenta el precio oficial, muy distinto del que había en los centros de expendio al público. Lo dije en aquella oportunidad con asombro, y señores Senadores de otras bancas me contestaron que yo estaba exagerando y que no disponía de los antecedentes necesarios para afianzar mis aseveraciones. Han corrido algunos días, y vemos que el reajuste de 17 por ciento concedido por ley, a principios de este año, no sólo es insuficiente, sino que tampoco ayuda a saldar el déficit de ingresos de los empleados públicos. Y la prueba está en que los reajustes obtenidos por los gremios de empleados particulares en la solución de sus conflictos son, en todos los casos, superiores a 30 por ciento.

También bastará hacer un análisis previo de la situación para concluir que este personal, que hoy día reclama, no sumas exorbitantes, sino una justa compensación o adecuado pago de las horas de esfuerzos que desarrollan al servicio de la República, merece que los poderes del Estado se preocupen por dar pronta solución al conflicto que presenciamos. Por de pronto -ignoro cuántos millones de escudos se requieren-, 'es evidente que con pequeñas economías -no digo grandes, ni por cantidades que alteren el normal desarrollo de la Administración Pública- se podría completar la cuota que falta para financiar el aumento de remuneraciones.

Ayer expresé al señor Ministro de Hacienda, preocupado por la solución del problema, que yo veía con inquietud la pasividad del Ejecutivo frente a la situación producida. Desde esta tribuna, insto a Su Excelencia el Presidente de la República y a sus Ministros a considerar que se trata de un conflicto mantenido por funcionarios ejemplares y no por huelguistas políticos, ni anárquicos; que vean en él a hombres reclamando por mayor bienestar económico, y que se trata de una demanda doliente y no exagerada.

Por eso, en pocas palabras, por las razones que di, he querido adherir sentimental, espiritual e intelectualmente a este conflicto, haciendo presente mi aspiración de que en poco tiempo más ese esforzado personal tenga satisfacción a sus justas peticiones.

El señor GUMUCIO.-

Señor Presidente, he sido aludido por el Honorable señor Luengo y quisiera decir algunas palabras.

Siempre trato de ser consecuente en lo que considero básico y fundamental y de no cambiar mi criterio, mi conducta política por el hecho de desempeñarme como parlamentario de oposición o de Gobierno. En este problema, mi opinión central es la misma desde hace muchos años, y en ella coincidimos a menudo en algunos aspectos con el Honorable señor Altamirano, cuando éramos colegas en la Cámara de Diputados.

No cabe duda de que, en teoría y en técnica económica, uno de los caminos para limitar la inflación, para combatirla o terminar con ella -no digo que sea el único- es, naturalmente, una política de salarios que se encuadre dentro de una planificación de porcentajes de alzas que no impliquen efecto inflacionario.

No obstante, así como reconozco, desde el punto de vista netamente técnico, que eso es lo ortodoxo, lo real, no es menos verdad que cuando en un país como el nuestro existe un desequilibrio tan fundamental en la redistribución de la renta, que permite a una minoría tener en sus manos la mayor parte del ingreso nacional, mientras a la gran mayoría del país, constituida por los asalariados, corresponde sólo una ínfima parte de ese ingreso, no se puede aplicar con estrictez una política que pudiéramos calificar como técnicamente correcta en materia económica. En efecto, debe considerarse, también, el aspecto de la justicia, en el sentido de no exigir a los asalariados todo el peso del sacrificio que significa una política antinflacionista. Ese fue mi criterio cuando fui Oposición. Es el mismo que tengo ahora que soy parlamentario de Gobierno. De ahí vienen mis diferencias de criterio, que públicamente he hecho presente, sin quebrar la disciplina de mi partido, con algunas medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo en el actual Gobierno. Esto lo digo con absoluta sinceridad.

En este caso, el problema grave es que, dentro de las posibilidades económicas del país, el sector privado puede otorgar remuneraciones más altas que el sector público, restringido como se encuentra éste dentro del marco de hierro de los ingresos fiscales. De esta manera no puede haber una política demasiado amplia en materia de reajustes del sector privado, pues, por reflejo, inmediatamente repercute en el sector público, encuadrado -repito- dentro de los marcos de hierro de los ingresos del Estado.

Toda la Administración Pública, desde hace muchos años y no sólo durante el actual Gobierno, tiene remuneraciones inferiores a las que merece. El funcionario fiscal está indudablemente mal pagado. Es un hecho cierto, y, por lo tanto, cualquier conflicto que se produce dentro del sector público tiene una indudable base de justicia, porque -repito- la remuneración media del funcionario, circunscrita a las posibilidades de los ingresos generales de la Nación, es baja. Tal es mi pensamiento, en términos generales, acerca del problema.

Conozco la situación económica de Correos y Telégrafos y de. otros servicios, porque fui funcionario público durante muchos años. Sin duda, están en situación desmedrada en materia de remuneraciones, como también lo están el personal de Prisiones y de otros servicios, con relación, especialmente, a los servidores de algunos Ministerios. Pero -repito- nadie percibe en la Administración Pública una remuneración justa, que realmente permita vivir con dignidad, y dentro de este cuadro relativo hay siempre servicios dependientes de algunos Ministerios que están en mejor situación.

Reconozco que Correos y Telégrafos está entre los servicios mal remunerados, y que sus funcionarios tienen un trabajo extraordinariamente pesado y de mucha responsabilidad. Por eso, al margen de los motivos de orden político que puedan impulsar a mis Honorables colegas a pronunciar discursos generales incitando a dicho servicio a mantener el conflicto - están en su derecho, si creen que con ello pueden combatir a un Gobierno con el cual no están de acuerdo-, puedo decir que me preocupé, junto con los Diputados Santiago Pereira y Luis Pareto, de hacer diversas gestiones ante el Ministro de Hacienda para estudiar la posibilidad de mejorar la situación del personal de Correos y Telégrafos. Tan así es que, de dos millones doscientos cincuenta mil escudos que había ofrecido el Ministro a la directiva de esos servidores para mejorar el ítem de horas extraordinarias, logramos, después de esfuerzos muy ímprobos y de que el señor Ministro nos diera una serie de razones, bastante convincentes algunas de ellas, en el sentido de que no era posible dar más, subir el monto anterior a seis millones trescientos mil escudos; es decir, se quedaba muy cerca de la cifra necesaria para satisfacer las aspiraciones del gremio, que, según mi recuerdo, era de más de nueve millones de escudos.

En esa oportunidad creí que, después del esfuerzo realizado, se produciría acuerdo del personal para aceptar esa posición, que era concreta y positiva. Por desgracia, en la tarde de ese mismo día en que conseguimos el ofrecimiento del señor Ministro de Hacienda, la asamblea de aceptar sólo la totalidad de lo planteado en las peticiones primitivas, Correos y Telégrafos acordó rechazarlo, y

Cuando se dictó la ley de reajustes última, el señor Ministro de Hacienda incluyó las horas extraordinarias dentro de los grados y sueldos bases de la Administración Pública. Naturalmente, para el personal que ya gozaba de ese beneficio, la disposición en referencia no constituía un avance, como lo era para quienes hasta ese momento no percibían ese pago. En el caso de Correos y Telégrafos se mantuvo el ítem de horas extraordinarias, como única forma de solucionar el problema de las rentas.

Con la actual destinación de fondos sólo cinco mil funcionarios de ese servicio pueden percibir un promedio de 30 horas extraordinarias. Pero la proposición del señor Ministro de asignar seis millones trescientos mil escudos para Correos y Telégrafos, permite subir a 60 el promedio de horas extraordinarias y a 7 mil los funcionarios beneficiados, aparte el aumento de seis escudos ochenta, a nueve escudos del salario mínimo del personal a jornal o a contrata, a contar del primero de julio.

Esos fueron los esfuerzos realizados, pero fracasaron. Después de ellos se ha producido el problema de la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado, Puedo asegurar que para mí, personalmente, es muy dolorosa la aplicación de esa medida. También han caído camaradas de mi partido, que son dirigentes del gremio de Correos y Telégrafos. A mi juicio, ellos cumplen con su deber solidario al plegarse a los movimientos reivindicativos de la clase trabajadora. El asumir una actitud distinta, que es el otro camino, sería para ellos muy difícil, ya que sus compañeros están empeñados en una lucha que creen justa.

No sé hasta dónde pueda haber en esto móviles políticos. En realidad, existen, como lo demuestran los discursos pronunciados esta mañana por los representantes de los distintos sectores políticos, quienes creen posible, manteniendo el conflicto en forma intransigente, lograr un paro general, y mediante él, quebrar la política económica del Gobierno y llevar a éste al fracaso. Naturalmente, esa es una misión de carácter político que no critico, por estimar legítimo que quienes ven en el actual Gobierno el peor que haya tenido Chile, deseen que caiga. Allá ellos con su responsabilidad. Sólo deseo limitarme, lisa y llanamente, a informar sobre la gestión que realicé, para precisar que lo obtenido del Ministro de Hacienda estuvo cerca de lo pedido por los funcionarios de Correos y Telégrafos. Honradamente, creo que a ese personal le conviene aceptar lo propuesto por el señor Ministro de Hacienda.

El señor TEITELBOIM.-

¿Me permite una pregunta, señor Senador?

Su Señoría ha dicho que los oradores que han intervenido en la mañana de hoy están colocados en una posición política. No lo niego. Por nuestra parte, es una posición política definida la que el Partido Comunista ha tenido siempre en esta materia : ayudar a todos los movimientos de los trabajadores.

Ahora, respecto de los objetivos finales y metas más o menos siniestras que sugiere el señor Senador, creo que está profundamente equivocado con relación al pensamiento consciente, tanto de los trabajadores como de los partidos que los apoyan.

Mi pregunta es la siguiente: si nuestra actitud es política, ¿la del señor Senador es política o apolítica?

El señor GUMUCIO.-

Me alegra mucho la aclaración de Su Señoría.

El señor ALLENDE (Presidente).-

Deseo recordar que el tiempo corresponde al Honorable señor González Madariaga.

El señor GUMUCIO.-

Con la venia del señor Senador voy a terminar mi pensamiento.

Decía que me alegra mucho la declaración del Honorable señor Teitelboim en el sentido de que su actitud es política, y que la acción de su partido no tiene por finalidad la quiebra del régimen ni la caída del Gobierno. O sea, aplicado ese criterio al conflicto que nos preocupa, Su Señoría estaría llano a llegar a arreglo si hubiera base para ello.

El señor TEITELBOIM.-

Evidente.

El señor GUMUCIO.-

Ahora, respecto de la pregunta de Su Señoría, puedo decir, desde el momento en que soy Senador de un partido político que está en el Gobierno, que naturalmente tengo una actitud política. Soy político. Por eso, comencé por decir que no criticaba a los Senadores por plantear las cosas en el terreno en que lo hicieron. A mi juicio, el conflicto es fácilmente solucionable. Además, no es un abismo la diferencia de las cifras. No se puede, en consecuencia, decir discursos sin conocer exactamente lo que pide el personal y lo que ofrece el Ejecutivo, para llegar a arreglo.

Por último, creo que el personal de Correos y Telégrafos debe aceptar la solución propuesta, que costó mucho conseguir, pues el señor Ministro decía con bastante razón: bien, se suben a 60 las horas extraordinarias y, al mismo tiempo, otros servicios formulan igual petición para subillas de 60 a 100, se resucita el problema de las horas extraordinarias, que se pretendió terminar en la última ley de reajustes, y ello representa muchos millones de escudos que no existen.

A mi juicio, el argumento del señor Ministro es sólido. Se precisa una solución, y lo propuesto por el señor Molina está cerca de lo que consiguió el personal de Correos y Telégrafos.

Creo que ésta era la ocasión para que los trabajadores hubieran tenido ingerencia más directa en la elaboración del proyecto que está listo para ser enviado al Parlamento, sobre todo respecto de lo más importante y definitivo: la inclusión en la futura planta de Correos y Telégrafos de todas las remuneraciones que hoy se discuten. En consecuencia, el pronto despacho de esa legislación será ventajoso para las aspiraciones de ese personal.

El señor GONZÁLEZ MADAMAGA.-

Señor Presidente, estoy satisfecho por haber cedido parte de mi tiempo al Honorable señor Gumucio para que planteara la posición del Partido Demócrata Cristiano frente a la interrupción de faenas del personal de Correos y Telégrafos.

Si esos trabajadores debieran decidir en. estos momentos acerca del conflicto a que se encuentran abocados y hubieran escuchado la intervención del Honorable señor Gumucio, estoy seguro de que habrían optado nuevamente por la paralización de labores. Porque lo manifestado por el señor Senador no es en absoluto convincente.

Debo destacar, además, que Su Señoría sólo está dando a conocer su punto de vista personal. Su partido, el de Gobierno, no ha hecho acto de presencia en el Senado.

La argumentación del señor Senador radica en la restricción de recursos con que cuenta el Estado para satisfacer las necesidades del sector público, lo que no le permite atender en forma adecuada a un personal de tanta importancia como lo es el de comunicaciones del país. Pero olvida Su Señoría que son muchos los fondos que el Gobierno ha destinado a crear nuevas entidades y a nombrar numerosos aseso-.res, con rentas muchas veces superiores a las de funcionarios responsables del Servicio de Correos y Telégrafos. Incluso, está creando servicios y entidades con personalidad propia, con autonomía de servicio, para transformar a sus personales en agentes particulares, con rentas extraordinarias, que rebasan el Estatuto Administrativo, lo que constituye mal precedente y causa inquietud en los viejos servidores de la Administración, que laboran en situación tan deplorable -como sucede en el Servicio de Correos y Telégrafos- y mal pagados, con rentas que no guardan relación alguna con su responsabilidad social.

También he oído argumentar respecto de las horas extraordinarias. Y ello me alarma, porque el Gobierno ha tomado la ficción de las horas extraordinarias como un aumento de rentas, en circunstancia de que lo natural es-que constituyan el pago por un mayor esfuerzo destinado a salvar situaciones de apremio, fuera del horario normal de trabajo.

No puede olvidar el Honorable señor Gumucio que en el Servicio de Correos y Telégrafos se han llegado a juntar más de cinco mil valijas de correspondencia, detenidas por más de cuatro meses. Lo correcto habría sido contratar personal especial y pagar horas extraordinarias por trabajos especiales, a fin de hacer desaparecer ese cúmulo de correspondencia que hiere las necesidades del comercio e industria del país.

No se ha adoptado esa medida. El Gobierno -repito- toma la ficción de las horas extraordinarias como aumento de salarios, para evitar hacer las imposiciones previsionales correspondientes, como sería lo natural y lógico. Para burlar el sistema previsional, acepta pagar como horas extraordinarias lo que es parte integrante del trabajo.

Esta es otra de las fallas en que incurre la actual Administración, la Democracia Cristiana, la revolución en libertad.

Señor Presidente, deseo preguntarle si el señor Ministro del Interior fue invitado a concurrir a esta sesión que el Senado destina a tratar la paralización de uno de los servicios estatales más importante.

El señor ALLENDE (Presidente).-

No, señor Senador. No fue invitado.

El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.-

¡Qué lástima!

Pero vi en la Sala al Ministro de la Vivienda. Ha venido en representación del Gobierno. Deploro que se haya retirado.

El señor GUMUCIO.-

Vino por otro motivo, señor Senador: asistió a una Comisión que está sesionando.

El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.-

¡Había una Comisión! Pero hizo acto de presencia en la Sala. Presumo que tal vez lo impulsó el deseo de buscar un mejor acomodo a los detenidos en el Servicio de Investigaciones. Como es Ministro de la

Vivienda, puede adoptar esta decisión humanitaria, que no estaría mal, dada la dureza y terquedad con que está procediendo el Gobierno.

Señor Presidente, no es la primera vez que en el Senado abordo estos conflictos. Durante la discusión del proyecto sobre juntas de vecinos, en abril, me referí a la situación anormal que soportaba el Servicio de Correos y Telégrafos. En esa oportunidad, hice presente al Ministro del Interior, al señor Leighton, mi sorpresa por el hecho de que acudiera a este hemiciclo para impulsar un proyecto atentatorio contra la Constitución Política del Estado -porque así lo era el de tales juntas-, y, en cambio, respecto de la situación de Correos y Telégrafos, abandonado los aspectos fundamentales que debían interesar al departamento del que es dirigente máximo.

No podía dejar de hacer esta observación al señor Leighton. Además, le advertí que en ese servicio había millares de sacos de correspondencia sin abrir, lo que lesiona el prestigio del país.

También manifesté en aquella ocasión que el señor Ministro del Interior venía al Senado a seguir el despacho de un proyecto infamante para el destino democrático, y olvidaba, como dije denantes, los problemas de otros servicios a su cargo, como los de la celeridad con que debe despacharse la correspondencia, en el caso de Correos.

El señor Leighton no considera vergonzoso mantener un servicio público en condiciones tales que el reparto de la correspondencia demore tres meses.

Refiriéndose al paro de advertencia, por 24 horas, de que yo había hecho mención, dijo algo que conviene recordar:

"El señor Senador ha formulado algunas observaciones sobre el texto que conoce la Corporación". Y agregó: "Ha hablado de otros servicios públicos. Conozco -porque es mi deber, y porque soy ciudadano como todos- los problemas que aquejan al Servicio de Correos y Telégrafos. Si Su Señoría tuviera tiempo, podría enterarse más adelante de los detalles de las modificaciones que el Gobierno ha puesto en práctica para mejorar el servicio y de las medidas que ahora mismo se están adoptando para salvar las dificultades a que se refirió el señor Senador.

"Pero no es éste el tema en-debate.

"El Honorable señor González Mada-riaga se refirió al Servicio de Correos y Telégrafos e informó que esta repartición estuvo en huelga durante varios días. Es una honra para Correos y Telégrafos" -y en realidad lo es que defienda sus derechos- "que, no obstante las condiciones en que se desempeña su personal y en que ejerce sus funciones, desde que el Ministro que habla participa en el Gabinete -a diferencia de lo que ha sucedido en otras administraciones en que he participado como parlamentario o como simple ciudadano-t se ha producido sólo un paro de protesta, y únicamente de 24 horas. Fue un paro de protesta, a mi juicio, inadecuado, pero no una huelga de varios días, como dice el señor Senador."

El optimismo del señor Ministro, como se ve, se ha desvirtuado, pues enfrenta una huelga que ya dura 15 días. Ahora debe estar contento, porque antes no lo estuvo del todo cuando Correos y Telégrafos hizo un paro de 24 horas. Es evidente que la despreocupación del Gobierno surte sus efectos.

"En todo caso" -manifestaba el señor Leighton- "es un problema que se está solucionando -y lo saben muy bien los Senadores radicales- en íntima colaboración con la directiva de los empleados del Servicio de Correos y Telégrafos, la que, en su mayoría, pertenece al Partido Radical." No es así, señores Senadores. En esa directiva están representados todos los partidos políticos. Y el Honorable señor Gumucio acaba de hablar por los que él representa.

Y agregaba el señor Ministro: "Esa directiva, con absoluta lealtad a los puntos de vista del Gobierno, ha colaborado en la búsqueda de soluciones, algunas de las cuales ya se han logrado. Otras están en trámite, y respecto de ello informaré al Senado lo más pronto posible".

Su Señoría no vino nunca a informar al Senado. En este momento, los servicios están totalmente interrumpidos, y la población recibe el perjuicio. El señor Leighton no hace acto de presencia en esta sesión, ni el partido de Gobierno manifiesta su posición.

El Presidente del Partido Radical, acompañado de su directiva y de otros dirigentes de distintas colectividades políticas, visitó al señor Ministro del Interior para comunicarle la impresión que causan, no sólo a los partidos políticos del país, sino a la opinión pública en general, los daños que está provocando esta huelga y la necesidad de que el Gobierno le ponga término, porque en sus manos está hacerlo, como diré más adelante.

Estos personeros que visitaron al Ministro del Interior como decía recién el Honorable señor Teitelboim, salieron desanimados por la conducta del Señor Ministro, quien ha procedido con terquedad y dureza en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Consta en el ánimo público que este conflicto fue impulsado por el hambre, por la inquietud que sufre el personal y por el proceso que se viene arrastrando desde hace un año. Al respecto, el propio Gobierno designó una Comisión tripartita para estudiar la situación del personal y proponer una solución que debió actuar a contar del 19 de enero; pero no sucedió así.

En consecuencia, frente a la angustia del personal, el Ejecutivo procedió con suma injusticia, porque exageró las medidas de fuerza. Legítimamente, está en sus manos adoptarlas. Pero un Gobierno no sólo debe ser justo en la aplicación de la ley, sino humano en sus procedimientos. La actual Administración ha dejado de serlo en estos momentos, porque ni siquiera ha mantenido equilibrio en las rentas del personal de la administración del Estado en general. Este desequilibrio lleva inquietud tanto a Correos y Telégrafos como al Registro Civil y a muchas otras reparticiones estatales, a tal punto de que estamos frente a un verdadero desgobierno, cuyas consecuencias son difíciles prever.

Visité el Servicio de Correos y Telégrafos anteayer. Entré privadamente en la sala de comunicaciones. Fui después al Correo Central. Interrogué a diversos funcionarios. Quise informarme y enterarme de la situación real, de la verdadera dimensión de los hechos.

¿Qué impulsó este movimiento huelguístico? Interrogué respecto del atraso en el despacho de la correspondencia. Aunque durante el mes pasado se hizo un esfuerzo para salir del enorme atraso que había, el rezago puede aún confirmarse. En la Estación Yungay hay centenares de valijas detenidas. En los altos del Correo Central hay pabellones enteros con valijas de correspondencia sin tocar desde hace tres o cuatro meses, cuyo peso gravita sobre los otros pisos del edificio. Nadie puede ponerlo en duda. Varios funcionarios han debido confesarlo.

Se ha estado atendiendo el servicio con personal a contrata. Existen más de 450 personas contratadas a E9 6 diarios; es decir, por 180 mil pesos mensuales. A esta gente, que se desempeña con toda la responsabilidad de un funcionario, se les descuenta los días no trabajados; carece de derechos previsionales de toda naturaleza. O sea, el Estado está faltando a sus obligaciones de patrón, y faltando a la ley. Esto no se ha dicho. Se informa que los servicios están trabajando normalmente. Una serie de jóvenes estudiantes de la Escuela de Investigaciones está atendiendo el despacho y reparto de estampillas,

Esta es la realidad del Servicio de Correos y Telégrafos del país en estos instantes.

Ahora bien: el sueldo promedio del personal es de E9 450, más o menos, y el sueldo vital, de E° 306, que lo perciben numerosas personas, se mantiene varios años en esa cantidad.

¿Puede alguien admitir que un funcionario del Estado, de los servicios de comunicaciones, esté en tal situación? ¿Es una renta justificable en los momentos que vive el país, con alzas extraordinarias del costo de la vida? Porque es una ficción aquella de que la inflación está contenida, que ha sido quebrada, pues los índices de aumento del costo de la vida han excedido los que el Gobierno reconoce. Esto es lo que lleva inquietud en general al asalariado, y en particular, a la repartición postal-telegráfica, y lo entraba el desarrollo económico de la República, factores a los cuales el Gobierno ha dejado de prestar debida atención.

Por eso, tenía interés en hacer esa visita, y me he formado la convicción de que el Gobierno no ha sido feliz en la atención de estas necesidades. Ha carecido de agilidad, y ha faltado al concepto que debe tener un gobernante: ser parejo en la aplicación de medidas. De ello no se ha dado cuenta el Gobierno. Y entretanto -repito- en otros servicios que ha creado artificialmente en el país ha fijado rentas extraordinarias, por encima de las del Estatuto Administrativo, lo cual provoca inquietud de orden general.

Ya lo he dicho: en servicios creados con la calidad de autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, emanados de proyectos que despachamos sin financia-miento adecuado, se engendrarán en lo futuro otros problemas de honda gravedad, porque no contará el Gobierno con los recursos necesarios para pagar a sus agentes, que tendrán el carácter de empleados particulares y cuyas rentas serán fijadas por consejos autónomos del Estado, con lo cual hasta la fiscalización del propio Gobierno se resentirá, ahondando la situación de alarma en que el país se desenvuelve.

Mientras tanto, se han presentado procesos como el de Correos y Telégrafos, que se venía estudiando y arrastrando y provocó un paro de advertencia de veinticuatro horas del personal, que reclamaba la adopción de las medidas adecuadas. Pero el Gobierno se desentendió de esos reclamos en el momento oportuno, y el señor Ministro del Interior, en ocasión anterior en que concurrió al Senado, se mostró feliz porque sólo había sido un pequeño paro. Nos dijo que el Gobierno adoptaría resoluciones para mejorar la situación de ese personal, de las que nos vendría a informar. Sin embargo, nada se hizo.

Ahora bien, ¿qué pide el personal? Tengo a mano una comunicación enviada al Presidente de la ANEF -Asociación Nacional de Empleados Fiscales-, que leeré porque no ha sido conocida en su integridad y porque deseo también hacer algunos comentarios sobre ella.

Está escrita en un tono de responsabilidad, como puede comprobarse al conocer su texto. Se refiere, en primer lugar, a los compromisos que el personal de este Servicio tomó con el Gobierno cuando se estableció la comisión tripartita; después, a las fórmulas que el personal propone para resolver la situación anormal en que se encuentra, porque él más que nadie -el propio personal- está consciente de la responsabilidad del paso que ha dado, forzado por las circunstancias; y luego alude a la forma como podría financiarse el mayor gasto que representan sus reivindicaciones. Es -repito- una nota responsable. Están medidas las expresiones. Se ha hecho un estudio real de la situación que aflige al Servicio y se buscaron los medios adecuados para solucionarla.

La nota es del 27 de junio, y hasta la fecha en que nos encontramos, el Ejecutivo no ha dado a ella la satisfacción pertinente. ¿Qué desea el Gobierno? Romper el movimiento, quebrantar la moral. Bueno; la fuerza bruta puede hacerlo, y mucho más. Pero ¡ cuidado! Un Gobierno no debe valerse de la fuerza bruta. Lo que interesa a un Gobierno es mantenerse en el predicamento de la autoridad superior, en que la primera función es la calidad moral del que manda. Sin autoridad moral, no hay Gobierno. Por la ley, se puede hacer mucho, pero se hace más cuando, dentro de la ley, se aplican los conceptos del espíritu.

Esa nota del 27 de junio, dirigida al Presidente de ANEF y que ha movido a este sector de la Administración Pública a prestar respaldo al personal de Correos y Telégrafos, es del siguiente tenor:

"La Junta Ejecutiva Nacional de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, consciente de las gestiones de mediación que está realizando la Directiva Nacional que Ud. preside, se permite dejar constancia de las condiciones mínimas que nuestro gremio plantea para reintegrarse al trabajo, que son las siguientes:

"1°.- La única solución que este conflicto tiene es la aceptación por parte del Gobierno de las conclusiones de la Comisión Tripartita que él mismo designó, con las modificaciones efectuadas por el gremio, todo lo que fue condensado en un memorándum que esta Directiva entregó al señor Ministro de Hacienda a principios del presente mes.

"Este proyecto contempla, en líneas generales, la quinta categoría administrativa para las Plantas Administrativas B, que actualmente tienen tope en la sexta categoría ; el encasillamiento en la Planta Técnica del Servicio de los oficiales y telegrafistas, y el aumento de la Planta Directiva en 32 cargos, sobre los que ofrece el Ministro de Hacienda.

"2°.- El gremio acepta el envío de este proyecto de ley al Parlamento dentro de un plazo prudente fijado de común acuerdo, posponiendo su vigencia hasta el l9 de enero de 1968,"...

Observen, señores Senadores, que habría largo tiempo para los estudios, podrían hacerse las enmiendas que las circunstancias aconsejaran y que el Gobierno mismo propusiese, y, en seguida, entraría en aplicación el nuevo régimen a contar del primero de enero del año próximo.

Repito: "2°.- El gremio acepta el envío de este proyecto de ley al Parlamento dentro de un plazo prudente fijado de común acuerdo, posponiendo su vigencia hasta el 1? de enero de 1968, siempre que a contar desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre del año en curso se otorgue una bonificación mensual por funcionario de doscientos cincuenta escudos".

Debo advertir -no lo dice la nota- que esta bonificación no puede alcanzar a todos los empleados del país. Debe buscarse, en el orden de responsabilidades, a quienes corresponde otorgarla. Se ha mencionado aquí la situación del sector de valijeros y contratados comparándola con la del personal de planta. Sin embargo, la situación de aquéllos reviste más bien una calidad accesoria. Eso pueden verlo el Gobierno y los propios empleados también. Es decir, todo esto no significa una montaña de dinero; admite solución por parte del Ejecutivo, y el Gobierno dispone de los medios para aceptarlo. No se ha hecho, simplemente, por falta de estudio formal.

Sigue el oficio: "3º-El gremio acepta que esta bonificación sea entregada por la vía indirecta de las horas extraordinarias, siempre que previamente se dicte un Reglamento que garantice que cada funcionario recibirá la cantidad antes señalada al margen de las horas efectivamente trabajadas".

He dicho que éste es un vicio en que ha caído el Gobierno. Debiera corregirlo, dar los salarios que legítimamente corresponda. Así lo señala el Estatuto Administrativo, que es el código del trabajador fiscal. No debe apartarse de esa norma.

"4º.-El gremio no aceptará ninguna medida de carácter represivo o disciplinario en contra de ningún compañero, como tampoco sanciones económicas de ninguna naturaleza, lo que deberá ser garantizado en el momento del reintegro a las labores.

"5°.-El gremio deja constancia que para satisfacer estas justas peticiones económicas no existe problema de financiamiento, por haberse entregado al señor Ministra de Hacienda, durante el año 1966 un completo estudio de un mayor ingreso de veintiséis millones de escudos, a lo que debe agregarse que el nuevo reajuste de tarifas que se efectuará a contar desde julio de este año, rendirá, en el semestre que resta, la cantidad de veintitrés millones de escudos de mayor rendimiento."

De manera, pues, que, como decía denantes, se trata de un estudio que abarca todos los aspectos: social y económico, que afectan al personal. Este ofrece aquí el financiamiento de los gastos que propone. Todo ello conduciría a evitar este escándalo de la huelga de Correos y Telégrafos, esta situación de desprestigio internacional a que el país se encuentra abocado.

Termina la nota:

"La Junta Ejecutiva Nacional de la Asociación Postal Telegráfica de Chile se hace un deber en agradecer a la Directiva que Ud. preside las gestiones que realiza para llegar a una solución de nuestro conflicto y guardará como una de sus experiencias más preciadas el apoyo solidario y levantado que los trabajadores fiscales de Chile le han prestado en estas horas de lucha y definición."

Es decir, termina la comunicación en lo que es lógico concluir: agradeciendo la adhesión que ha encontrado de parte de los trabajadores fiscales en general frente a un proceso económico que los afecta y que a todas luces es claro y legítimo; legítimo en cuanto a que la primera condición de la vida es la de satisfacer las necesidades primarias del hombre. Para eso hemos fijado salarios vitales, que no se han cumplido en el Servicio de Correos y Telégrafos, y aceptado los reajustes necesarios para que se mantenga en actividad el salario vital. Si el Estado no hace lo propio, no respeta, como patrón, los derechos de sus empleados, nos encontraremos ante el quebrantamiento de la situación legal, de la estabilidad del personal de la Administración, lo que es peligroso.

Ahora bien, tengo la absoluta evidencia de que el país vive una hora de desorientación muy grande. Cuando hace poco intervine en esta Sala para referirme al proceso internacional, contestando a un señor Senador de la Democracia Cristiana, aludí a algo anormal, que me había sorprendido: a la creación en el país de una empresa nacional de telecomunicaciones, con un capital extraordinario, que ponía en peligro el financiamiento de servicios permanentes como el de Correos y Telégrafos. Ahora vemos los resultados.

Tal empresa nacional de telecomunicaciones, formada por capitales internos e internacionales, ¿a qué se destina? Según sus autores, a colocar al país en posición de extraordinario progreso, de gran adelanto técnico, científico, pues mejora los contactos de Chile con el extranjero valiéndose de estaciones de satélites para dar espacio a retransmisiones a larga distancia.

Pero, a mi juicio, primordialmente el país debe preocuparse del Servicio de Correos dentro de la República, como asimismo de las comunicaciones telegráficas; y luego de sus contactos exteriores, que son consecuencia de lo primero. Lo que interesa a la nacionalidad es que la correspondencia llegue en hora oportuna a su destino, lo que ha dejado de obtenerse en forma eficaz en el último tiempo. Este es un hecho evidente. Debe interesarle también a la opinión que el telegrama que suele anunciar algo que urge conocer, como es un viaje o un hecho social sensible -una defunción-, llegue en momento oportuno y no a destiempo, como ocurre frecuentemente. Son problemas en apariencia de poca monta, pero de interés para la comunidad y que se resuelven con organización. Sin embargo, el Gobierno de Chile se ha embarcado en la creación de una empresa que obedece sólo a intereses extranjeros, no nacionales. Cabe ahora decirlo, en especial frente al colapso que sufre Correos y Telégrafos. De ahí que, cuando intervine, en esa respuesta que di al señor Senador democratacristiano, dije:

"El Mensaje Presidencial último se detiene a considerar el desenvolvimiento ele una Empresa de Telecomunicaciones, que se ha formado hace poco, al amparo de la Corporación de Fomento. Aparece allí un párrafo rotulado Red Chüoé Insular, donde se mencionan ocho localidades a las que en este año se dota de un novedoso plan de comunicaciones con un presupuesto de gastos, entre dólares y escudos, de tres mil quinientos millones de pesos. El buen sentido señala que con unos pocos recursos que se otorguen a Correos y Telégrafos, que se desempeñan deplorablemente, el servicio de comunicaciones en el sector mencionado podría mejorar mucho y así dejar de lado la presencia de una empresa que se vale del espejuelo de contactos por medio de estaciones satélites para unirse a otras de larga distancia. La suma sideral que se destina a ese objeto, que no guarda proporción con ¡as necesidades que se palpan, podría destinarse con mejores frutos a caminos, transportes, escuelas y hospitales y en el estímulo de la producción local, que está prácticamente abandonada. En este reglón se está sirviendo el interés extranjero, pero no el nacional."

Ahora sólo tengo que reafirmarlo: para mantener los servicios de comunicaciones en la zona de Chiloé, tres mil quinientos millones de pesos es algo alarmante, absolutamente alarmante. Ahí aparece que la Compañía de Teléfonos de Chile, que poco tiene de chilena, posee en esa empresa un crédito que se forma con dieciséis mil millones de pesos, de importaciones que ésta ha realizado de servicios de microonda para comunicarse ella entre Santiago y Concepción, de acuerdo con las exigencias que el contrato le impone; pero este sistema de transmisiones ha sido traspasado a la nueva empresa de telecomunicaciones. i Entretanto, el Estado de Chile, en este ramo, anda a pie pelado -esta es la verdad- y mediante esta empresa quiere ponerse de levita! Esto no lo entenderá nadie.

De ahí que vuelva a decir que en el Gobierno de la Democracia Cristiana hay absoluta desorientación, absoluto desgobierno. No aprecia los servicios fundamentales del Estado y no distribuye los recursos que le da el Presupuesto nacional en forma equilibrada y de acuerdo con la responsabilidad que a cada repartición corresponde. Por eso, creo que este proceso es de fácil arreglo; pero no se arregla improvisando y creando cosas nuevas, que sólo han de aturdir a la masa inconsciente de la opinión chilena.

Y como no hemos contado con la presencia del señor Ministro del Interior, cuya asistencia resulta indispensable en esta ocasión, pido al señor Presidente que, en nombre del Comité Radical, se oficie con urgencia a dicho Secretario de Estado, rogándole informarnos acerca del proceso que sufre Correos y Telégrafos y de las medidas que piensa adoptar.

Insisto en la conveniencia de celebrar una sesión pública para tratar este problema con mayor profundidad y latitud, en presencia del señor Ministro.

El señor ALTAMIRANO.-

Mis observaciones serán muy breves, porque esta sesión está citada sólo hasta las doce y media; de modo que sólo me restan cinco minutos para hacer valer la voz del Partido Socialista en esta oportunidad.

De más está decir que el Partido Socialista y sus parlamentarios solidarizan en forma amplia y total con las justas reivindicaciones planteadas por el gremio de Correos y Telégrafos.

Otros Parlamentarios ya se han referído a las múltiples alternativas que ha tenido este conflicto. Por eso, me limito a pedir que se inserte en el texto de mi intervención un documento emanado de la propia directiva de Correos y Telégrafos, en el que constan las tramitaciones a que, en parte, se ha referido el Honorable señor Teitelboim.

-El documento mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, dice así:

"Historia de una Tramitación.

"Con el propósito de encontrar una solución definitiva a los graves problemas técnicos - administrativos, de modernización, de locales, y considerando fundamentalmente el enorme problema económico-social que afrontan los trabajadores postales y telegráficos, la Junta Ejecutiva Nacional de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, propuso al Supremo Gobierno el día 26 de septiembre de 1965 se designara una comisión que tendría por objeto estudiar todos estos problemas con la participación de representantes de la Dirección General del Servicio, del Gobierno y del Gremio. Esta comisión fue designada el 22 de diciembre de 1965 por Resolución Ministerial Nº 3654.

"Con el propósito de asegurar el éxito de esta comisión, el gremio se entrevistó con el Presidente de la República el 29 de marzo de 1966; en esa oportunidad el Excelentísimo señor Frei ofrece concretar a la mayor brevedad las conclusiones de la Comisión Tripartita a través de un proyecto de ley que él enviaría al Congreso, lo que vendría, según sus propias expresiones, "a hacer justicia a este -postergado personal".

"Esta Comisión entrega sus informes al Ministerio del Interior, el 30 de julio de 1966; esta Secretaría de Estado sólo los devuelve en el transcurso del mes de octubre del mismo año, una vez que sus técnicos los habían revisado.

"El 31 de octubre de 1966, por Resolución Nº 1476, del Ministerio del Interior, se le ordena a la Comisión la confección de un anteproyecto de ley, trabajo que se entrega totalmente terminado en enero de 1967.

"El Ministerio de Hacienda conoce este anteproyecto en el mes de enero y lo devuelve con las observaciones que estimó pertinentes en la primera quincena del mes de febrero de 1967.

"Desde esta fecha, hasta el martes 20 de junio de 1967, el gremio ha sostenido innumerables entrevistas con el Ministro del Interior, Ministro de Hacienda, Subsecretario de Hacienda y Dirección General de los Servicios.

"El Gobierno, a través del señor Ministro del Interior, el ya citado 20 de junio del presente año, nos entrega la siguiente solución: de 7.215 funcionarios ascender sólo un grado a 2.944 compañeros, lo que significa dejar al margen de toda promoción a 4.271 empleados. Además, nos ofreció como solución a nuestro problema económico, el que trabajásemos 15 horas extraordinarias más al mes, desconociendo, de esta manera, las conclusiones a que había llegado la Comisión Tripartita, agravando esta situación el hecho de que este proyecto sólo tendría vigencia en el transcurso del año 1968, es decir, después de tres años de la más odiosa y sangrienta tramitación que se le haya hecho a gremio alguno en la historia sindical chilena".

El señor ALTAMIRANO.-

El documento detalla hasta la saciedad cómo, durante semanas, meses y años, se han tramitado las justas aspiraciones de un gremio tan importante del sector público.

Otros señores Senadores han abundado acerca de las condiciones dramáticas en que trabaja el personal de Correos y Telégrafos. Pido que se inserte en mi intervención un documento cuya sola lectura permitirá a la opinión pública chilena colegir lo precario de las condiciones técnicas y científicas en que se desenvuelve el personal a que me estoy refiriendo, como, asimismo, lo miserable de las remuneraciones que están percibiendo. Dicha comunicación expresa textualmente, en una de sus partes:

"Los trabajadores de Correos y Telégrafos, como es de público dominio, tienen las más bajas rentas de la Administración Civil del Estado, al extremo que los agentes postales y valijeros tienen una renta que fluctúa entre 80 y 150 escudos mensuales". No necesito dramatizar acerca del problema que se suscita en aquellos hogares en que el jefe de familia gana entre 80 y 150 escudos mensuales.

"El personal (obreros a jornal) gana un promedio de seis escudos diarios. Los funcionarios de planta perciben como sueldo líquido mensual 150 y 200 escudos".

Basta la sola lectura de este acápite del documento para demostrar las condiciones trágicas y dolorosas del gremio, pese a las reiteradas afirmaciones de que estamos en el mejor de los mundos. Eso lo dice el Presidente de la República, quien hoy se exhibe riéndose con el personaje Cantinflas en todos los diarios, mientras miles de obreros, obviamente, no pueden reír ni con Cantinflas ni con Eduardo Frei.

-El documento mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:

"Honorable Senado:

"El gremio de Correos y Telégrafos se encuentra en conflicto huelguístico motivado por la larga tramitación que ha sido objeto por parte del gobierno al no darle solución a los innumerables problemas que aquejan al Servicio y su personal.

"Durante dos años los trabajadores de Correos y Telégrafos forjaron sus esperanzas en el estudio de la Comisión Tripartita, cuyos trabajos terminaron en 1966, los cuales son conocidos por varios parlamentarios que tienen en su poder las conclusiones de dicha Comisión y el proyecto con sus modificaciones introducidas por el gremio.

"Este importante sector de trabajadores está luchando por lograr lo siguiente: Un sistema explotacional más acorde con los adelantos de las comunicaciones; por mejores medios de transportes; por locales y edificios adecuados; por un sistema presupuestario autónomo que satisfaga las necesidades del Servicio; por política tarifaria que permita su financiamiento; por la dotación de materiales de trabajo; por el aumento del personal acorde con el aumento vegetativo de la correspondencia; por la percepción de rentas e incentivos justos; por la modificación de las actuales plantas que permita al funcionario un estímulo en su carrera dentro del Servicio; por el pago oportuno de los derechos estatutarios; por la cancelación de viáticos, asignaciones familiares, ascensos, quinquenios, pérdidas de caja, horas extraordinarias, etc., adeudados desde 1964; modificación del reglamento de horas extraordinarias adecuándolo a las necesidades explotacionales; por el respeto al escalafón; estabilidad en la función que está desempeñando, y por un incentivo de Eº 250 mensual desde julio del año en curso.

"En forma reducida ampliaremos los puntos planteados y que se sujetan a la estricta realidad:

"La mecanización que se utiliza en la parte explotacional es absolutamente insuficiente. Por esta causa el personal debe efectuar esfuerzos inhumanos e inútiles. No se cuenta con elementos mecánicos modernos que permitan agilizar el servicio. Faltan máquinas timbradoras; clasificadoras; empaquetadoras; franqueadoras; lavadoras de valijas; telex; telescritura; telefoto; telecomando; telefacsímil, etc. La falta de vehículos ha permitido que empresas particulares vulneren abiertamente el monopolio postal telegráfico con graves perjuicios para nuestro presupuesto. Cábenos señalar que más de 10 provincias e innumerables localidades no disponen de vehículos para atender el tráfico postal-telegráfico. Los edificios y locales del Servicio son un crítico problema ampliamente conocido por el Parlamento, autoridades de Gobierno y la opinión pública. Los empleados trabajan en locales inadecuados, ruinosos e insalubres. El Servicio formula anualmente su presupuesto de acuerdo con sus necesidades mínimas de explotación; sin embargo, el Ministerio de Hacienda permanentemente lo ha rebajado, produciendo un impacto de tal consideración que no permite su normal desarrollo, aparte de innumerables trabas que entorpecen la agilidad operatoria de la ejecución de su presupuesto. La gratuidad de Servicio, la evasión de tarifas, imperfecciones legales destinadas a amparar el monopolio postal-telegráfico, la existencia de contratos y convenios de transportes de correspondencia desventajosos para el Servicio, inadecuada política tarifaria, han mantenido el Servicio con un déficit presupuestario permanente, lo que ha impedido la concreción del plan decenal de desarrollo. A causa de los presupuestos insuficientes, el Servicio no cuenta con elementos de trabajo que permitan agilizar sus labores. Faltan valijas, sellos de plomo, tablillas, papel de envolver, formularios, cáñamo, dextrina, etcétera.

"Los trabajadores de Correos y Telégrafos, como es de público dominio, tienen las más bajas rentas de la Administración Civil del Estado, al extremo que los agentes postales y valijeros tienen una renta que fluctúa entre 80 y 150 escudos mensuales.

El personal (obreros a jornal) gana un promedio de seis escudos diarios. Los funcionarios de planta perciben como sueldo líquido mensual 150 y 200 escudos. El personal no goza de ninguna clase de incentivos, derechos a asignación o gratificación ni premios por mayores rendimientos. Los funcionarios están encasillados en diferentes plantas que adolecen de tantos serios defectos, al extremo que, un empleado para llegar a 5ª categoría administrativa debe tener un promedio de 22 años de servicio. Agrava aún más estas situaciones el atraso de los pagos por derechos estatutarios; señalamos que a la fecha se le adeuda al personal aproximadamente 800 millones de pesos desde 1964. La única forma que tienen los trabajadores de este Servicio de aumentar sus escasas rentas es laborando en horas extraordinarias, provocando con esto un daño a su salud por excesivas jornadas de trabajo en un ambiente como ya el señalado anteriormente. La prolongación de jornada viene a suplir también la grave escasez de personal, pues hace diez años nuestras plantas no han sufrido modificaciones, soportando con el mismo número de empleados el aumento vegetativo del tráfico postal-telegráfico que estadísticamente se establece en un 7% de aumento acumulativo anual.

"Todas las materias aquí expuestas fueron estudiadas en forma responsable y seria por parte del gremio e incorporadas a las conclusiones de la Comisión Tripartita, señalando en ellas las adecuadas y justas soluciones. No obstante nuestro esfuerzo, algunos sectores de gobierno han hecho caso omiso de nuestros planteamientos y de la Comisión indicada.

"El drama económico en que viven los trabajadores de Correos y Telégrafos, los problemas derivados de éste; la insensible actitud asumida por el Ministro de Hacienda, han llevado a la desesperación a nuestras bases provocando un conflicto que jamás lo quisimos nosotros, los empleados de este Servicio. Al convencernos que por el camino del diálogo y del estudio serio, de las actitudes honestas y responsables, no obtuvimos la comprensión de las autoridades que deben velar por la solución de nuestros problemas, no nos ha quedado, Honorables Parlamentarios, sino el camino de la resistencia.

"Invocamos al alto sentido de justicia del Parlamento para que se aboque, con el interés que le caracteriza, a buscar una solución para nuestros problemas."

El señor. ALTAMIRANO.-

Debo hacer presente que las soluciones ofrecidas no pueden, en modo alguno, satisfacer a los trabajadores en huelga. Como emana de otros antecedentes, 4.271 compañeros de ese gremio, que comprende en total 7.215 funcionarios, no obtienen del proyecto del Gobierno ningún mejoramiento; quienes ascienden, pierden sus quinquenios, de tal manera que su situación no mejora notoriamente.

No pueden menos que movernos a risa las afirmaciones del Honorable señor Gumucio en el sentido de que no existirían recursos fiscales suficientes para resolver este conflicto. Bien sabemos que jamás Gobierno alguno en la historia de Chile contó con mayores recursos; que nunca los tributos fueron mayores que ahora, y, como lo ha reconocido públicamente el Gobierno, el gasto público, en términos reales, ha crecido 50!%. Por otra parte, el fisco ha tenido mayores ingresos de divisas equivalentes a 300 millones de dólares.

El señor ALTAMIRANO.-

Como lo demostré en otra sesión, el año pasado hubo un mayor ingreso de 300 millones de dólares con relación a años anteriores. Además, el Gobierno ha continuado endeudándose en términos similares a lo que lo hizo la Administración del señor Jorge Alessandrí. No obstante que en la actualidad se perciben los mayores ingresos tributarios de la historia de Chile; que existe el más elevado precio obtenido por el cobre chileno, lo cual ha significado ese mayor ingreso de 300 millones de dólares, y pene a que subsiste un alto nivel de endeudamiento público, el Gobierno mantiene a un sector importante del país, entre otros muchos, en condiciones realmente dramáticas.

Cuando se discutió el proyecto de reajustes al sector público, afirmamos que el Gobierno estaba cayendo en la misma política que sus personeros criticaron tanto a la Administración anterior. Tenía razón el Honorable señor Gumucio cuando ayer, desde la Cámara de Diputados, atacaba, igual que yo, a veces duramente, al Gobierno del señor Alessandrí por su política reaccionaria y antisocial. ¿En qué se materializaba la política reaccionaria y antisocial del ex Presidente señor Alessandrí ? En la larga duración que tenían los movimientos de los trabajadores. He demostrado que nunca como durante el actual Gobierno -que se autocalifica de revolucionario- ha habido mayor número de huelgas ni tan prolongadas, las que han afectado, como jamás antes, a un elevado número de asalariados. En consecuencia, la actual Administración no puede presentarse ante el país como un Gobierno deseoso de introducir cambios profundos y transformaciones radicales en la estructura, pues no sólo ha mantenido la política del señor Alessandrí, que ellos calificaron de reaccionaria, sino que la han agravado.

Otra de las manifestaciones reaccionarias del Gobierno anterior consistió en plantear reajustes de sueldos y salarios por debajo del alza del costo de la vida. El actual Gobierno ha hecho lo mismo. Según las cifras oficiales, el año pasado el costo de la vida experimentó un alza de 17.%. Ese hecho lo destacó el Honorable señer Juliet en un discurso que le escuché aquí, el cual tuve, más tarde, el cuidado de estudiar en detalle. El demostró en forma incontrovertible que el índice de 17% no correspondía a la dura, dramática y trágica realidad que vive la inmensa mayoría de los asalariados chilenos. Con todo, demos por válido el referido índice de 17;%. El Gobierno ofreció, no obstante, un reajuste de sólo 15%, lo que, para los 250 mil empleados públicos fue, con relación al año pasado, de tan sólo 9%, frente al mencionado 17%, que, sin duda, es una cifra artificialmente reducida. En efecto, si estimamos en 25% el alza del costo de la vida, hacemos más bien una afirmación moderada y pesimista. De tal manera que el Gobierno reajustó al sector público en la tercera parte del alza efectivamente producida en el costo de la vida durante 1966.

Los mismos parlamentarios que durante el Gobierno del señor Jorge Alessandrí lo criticaban tan duramente por llevar a cabo esa política, hoy defienden intransigentemente el hambre, la miseria, la represión y el palo contra el hombre que aspira a un mejor nivel de vida.

El presupuesto de la nación alcanza a una suma aproximada de siete mil millones de escudos. Pero, según hemos oído, el Gobierno está negando dos millones de escudos. No podría, en este mismo instante, calcular qué porcentaje infinitesimal del Presupuesto son esos dos millones de escudos. Como muy bien decían los Honorables señores Juliet y González Madariaga, bastaría un recorte insignificante en los fabulosos gastos de propaganda, viajes, etcétera, para allegar recursos que permitan mitigar, en parte siquiera, la condición de miseria de un vasto e importante sector de los trabajadores del país.

Pero vamos aún más lejos. Existen, en verdad, exenciones tributarias de un monto sideral; amplísimos sectores de la vida nacional no pagan impuestos. Hemos afirmado muchas veces que quienes pagan impuestos en Chile están sujetos a gravámenes muy onerosos en razón de que hay sectores prácticamente exentos de tributos, como son, entre otros, la industria pesquera, la metalurgia y las inversiones acogidas al D.F.L. 2. Además, existen regiones enteras liberadas de derechos aduaneros. Por eso, digo, los pocos ciudadanos afectos al pago de contribuciones, derechos e impuestos, deben soportar la tremenda carga adicional correspondiente a lo que el fisco deja de percibir de poderosos sectores que no están contribuyendo como corresponde a sus ingresos.

Pido que también se inserte en mi intervención un cuadro sobre las utilidades obtenidas por los bancos comerciales entre el último semestre del año pasado y el primero de este año. El Honorable señor Teitelboim hizo referencia a dicho gráfico, que apareció publicado en el diario "El Siglo". Allí se sintetiza el pensamiento enunciado por el Honorable señor Teitelboim, que hago mío.

-El documento mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es del siguiente tenor:

"Un análisis comparativo de las ganancias del segundo semestre de 1966 y del primero de 1967 da una idea clara de las extraordinarias utilidades de ocho bancos particulares:

GANANCIAS BANCARIAS

"Como se ve, el Gobierno podría mirar aquí donde está la plata y no reprimir a palos y balas los movimientos reivindicativos de los trabajadores, que ya no tienen ni con qué parar la olla en su casa, mientras la oligarquía bancaria repleta sus bolsillos. ("El Siglo")."

El señor ALTAMIRANO.-

El gráfico sobre utilidades bancarias demuestra que hay dinero. Lo malo es que la cuerda se corta siempre por lo más delgado. Si bien en un sistema capitalista se grava a los sectores pudientes y de altos ingresos, se hace recaer, en gran parte, el peso de los tributos sobre los sectores asalariados. Una vez más, este Gobierno continuista ha recurrido a los mismos viciosos y viejos procedimientos de gobiernos anteriores; no ha innovado.

No pienso -como supone el Honorable señor Gumucio que nosotros sostenemos- que éste sea el peor de los gobiernos. Ignoro si lo sea. Lo que sostenemos es que no ha habido cambios. En lo sustantivo, Chile continúa igual como ayer, y eso lo he demostrado hasta la saciedad, con cifras indicativas de que el país vive en el estancamiento y en la miseria, y que no hay progreso. Todo el futuro de la patria se está construyendo sobre la base de entregar nuestro patrimonio a los norteamericanos, mediante procedimientos de desnacionalización vergozosos e increíbles. En la práctica, sucede que el Fondo Monetario Internacional ha dicho al Ministro de Hacienda que no acepta aumentar en un solo centavo los gastos públicos, en especial las remuneraciones. El Ministro de Hacienda, una vez más, ha debido acatar las órdenes de aquel organismo internacional, pero no las acata en lo que se refiere a los sectores pudientes, que pudieran allegar más recursos al erario. Me refiero especialmente a los grandes monopolios internacionales, los que, como se dijo esta mañana, perciben utilidades verdaderamente sorprendentes, increíbles e inaceptables.

El problema radica en que el Fondo Monetario Internacional se niega a aceptar mayores gastos.

En nombre del Partido Socialista, declaro que solidarizamos en forma activa y fervorosa con los gremios que en estos momentos luchan por mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, condenamos, en la forma más enérgica, la violenta represión y los encarcelamientos. Todo ello forma parte de una política general.

El hecho consistente en la querella entablada contra mí, revela que el Gobierno pretende encarcelar el pensamiento de la Izquierda revolucionaria chilena; el apresamiento de cincuenta, sesenta o más dirigentes gremiales de Correos y Telégrafos y el hecho de que, cada día más, el Gobierno derive a una política represiva, conforma una concepción reaccionaria cuya existencia nadie podría seriamente negar.

Para subsistir, el Gobierno necesita apoyo norteamericano, pero, a cambio de ese apoyo, Estados Unidos exige sometimiento absoluto a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Pentágono y del Departamento de Estado.

Reiteramos, por eso, nuestro apoyo activo, solidario y fervoroso a los gremios postales en lucha. Del mismo modo, expresamos nuestra condenación a una política que se torna cada vez más represiva y coloca a Chile en el mismo plano de las naciones latinoamericanas regidas por gobiernos totalitarios y fascistas.

Nada más, señor Presidente.