Labor Parlamentaria

El señor REYES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficio

Uno del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a la petición formulada por el H. Senador señor Gumucio, sobre investigación practicada en el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

Informes.

Dos de la Comisión de Gobierno y dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de ley de la H. Cámara de Diputados:

1) El que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos.

(véase en los Anexos, documentos 1 y 2).

2) El que autoriza a la Municipalidad de San Felipe para contratar empréstitos.

(Véase en los Anexos, documentos 3 y 4).

Uno complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en aspectos de derecho del acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional en orden a investigar hechos y antecedentes relacionados con ascensos en las Fuerzas Armadas; y facultades de las Comisiones frente a los artículos 40 del Reglamento del Senado y 5º de la ley Nº 13.609, de 28 de octubre de 1959. (Véase en los Anexos, documento 5).

Uno de la Comisión de Hacienda y otro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que dispone que las Instituciones de Previsión y el Servicio de Seguro Social otorgarán un préstamo a sus imponentes que trabajen en el departamento de Talcahuano. (Véase en los Anexos, documentos 6 y 7).

Siete de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de ley de la H. Cámara de Diputados:

1) El que autoriza a la Municipalidad de Arica para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 8).

2) El que libera de derechos la internación de un automóvil donado a la Sociedad Chilena de Rehabilitación. (Véase en los Anexos, documento 9).

3) El que libera de derechos la internación de instrumental quirúrgico donado a la Sociedad Clínica Austral de Temuco. (Véase en los Anexos, documento 10).

4) El que concede franquicias aduaneras a especies destinadas a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal. (Véase en los Anexos, documento 11).

5) El que establece un impuesto a los fósforos para realizar obras públicas en las comunas de Talca y Rengo. (Véase en los Anexos, documento 12.

6) El que libera de derechos da internación de especies destinadas a la Asamblea Cristiana de Valparaíso. (Véase en los Anexos, documento 13).

7) El que libera de derechos la internación de la maquinaria necesaria para la instalación de una Central Hidráulica de Energía Eléctrica para Lonquimay. (Véase en los Anexos, documento 14).

-Quedan para tabla.

Uno de la Delegación Chilena que concurrió a la Primera Reunión de la Comisión de Integración Económica y Social, realizada en Caracas.

-Queda a disposición de los señores Senadores.

Mociones.

Una del H. Senador señor Pablo, con la que inicia un proyecto de ley que beneficia, por gracia, a don Fernando López de Heredia Martínez.

Una del Honorable Senador señor Allende, con que inician un proyecto de ley que beneficia a los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos en el mineral El Salvador.

-Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia.

MODIFICACION DE LA LEY 14.884, SOBRE EMPRESTITOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE YUNGAY. PREFERENCIA.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Señor Presidente, deseo solicitar a la. Sala que dé tratamiento especial al proyecto modificatorio de una ley sobre empréstitos para la Municipalidad de Yungay. Esta iniciativa se encuentra pendiente desde el mes de julio del año pasado y, por desgracia, no se obtuvo que fuera incluida en la convocatoria.

Por tales razones, formulo indicación para discutirla el próximo miércoles, con informe de la Comisión de Gobierno, y de la de Hacienda en su caso, o sin él.

El señor REYES (Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Muchas gracias.

PROYECTOS RELATIVOS A LA MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN, SOCIEDAD CLINICA AUSTRAL DE TEMUCO Y CENTRAL HIDRAULICA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LONQUIMAY. PREFERENCIA.

El señor FERRANDO.-

Ruego al Señor Presidente consultar al Senado acerca de la posibilidad de despachar en esta sesión tres asuntos aprobados por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Gobierno y que seguramente cumplirán en la Sala un trámite sencillo.

Me refiero al que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos; al que libera de derechos la internación de instrumental quirúrgico donado a la Sociedad Clínica Austral de Temuco, elementos que se encuentran en la aduana, y al que otorga franquicias de internación a la maquinaria destinada a la instalación de una Central Hidráulica de Energía Eléctrica para Lonquimay, equipo que se halla en aduanas desde hace cuatro años.

El señor REYES (Presidente).-

Con la venia del Honorable señor Ferrando y el acuerdo de la Sala, podríamos incluir estas materias en la tabla de Fácil Despacho del próximo martes.

El señor FERRANDO.-

Muy bien, señor Presidente.

El señor REYES (Presidente).-

Acordado.

ACTAS APROBADAS

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.

SESION 86ª, EN 29 DE MARZO DE 1966.

Ordinaria.

Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y García (don José).

Asisten los Senadores señores: Aguirre, Ahumada, Altamirano, Allende, Ampuero, Aylwin, Barros, Bossay, Bulnes, Castro, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Corbalán, Curti, Chadwick, Duran, Enríquez, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Gumucio, Ibáñez, Jaramillo, Juliet, Luengo, Mauras, Miranda, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Rodríguez, Sepúlveda, Tarud y Teitelboim.

Concurre, además, el Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli.

Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pelagio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.

ACTAS.

Las actas de las sesiones 67ª, ordinaria, 68ª, especial, 69ª, ordinaria, 70ª y 71ª; especiales, en 25, 26 y 27 de enero, y en 2 de febrero, últimos, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.

CUENTA.

Se da cuenta de los siguientes asuntos:

Mensajes.

Seis de S. E. el Presidente de la República:

Con los cuatro primeros, hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes asuntos:

1) Proyecto de ley que dispone que la Corporación de la Reforma

Agraria deberá autorizar toda división, parcelación o hijuelación de predios rústicos de una superficie superior a 80 hectáreas.

-La calificación queda para el tiempo de votaciones de la próxima sesión ordinaria.

2) Observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que aumenta las plantas del Cuerpo de Carabineros de Chile.

-Se califica de "simple" la urgencia.

3) Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 10

Nº 10 de la Constitución Política del Estado.

-Se califica de "suma" la urgencia.

4) Proyecto de reforma constitucional que reforma la Constitución Política del Estado.

-Se califica de "simple" la urgencia y los documentos se mandan agregar a sus antecedentes.

Con el quinto, retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que consulta diversas medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

-Queda retirada la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes.

Con el último, incluye, entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para permutar con el Obispado de Rancagua un terreno fiscal ubicado en la Población Rancagua Sur de esa comuna. (Cámara, Ser. trámite).

-Se manda archivar el documento.

Oficios.

Seis de la H. Cámara de Diputados:

Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, con excepción de las que indica, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que otorga recursos al Club de Abogados de Chile.

-Queda para tabla.

Con los dos que siguen, comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite constitucional, respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República a los proyectos de ley que se señalan:

1) El que aumenta las plantas del Cuerpo de Carabineros de Chile

-Pasa a la Comisión de Gobierno.

2) El que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la forma de poner término a los contratos de trabajo de empleados y obreros.

-Por acuerdo unánime de la Sala, se exime del trámite de Comisión. Con los tres últimos, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los siguientes asuntos:

3) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de Chile y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y

4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Gobiernos de Chile y del Estado de Israel.

-Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.

5) Proyecto de ley que prohíbe la división, parcelación o hijuelación de todo predio rústico de una superficie superior a 80 hectáreas, sin previa autorización del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.

-Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización.

Ocho de los señores Ministros del Interior; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Obras Públicas; de Salud Pública, y de Minería, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Ahumada, Ampuero, Contreras Labarca, Contreras Tapia y Teitelboim:

1) Suministro de energía eléctrica a localidades de Río Viejo y Agua Buena

2) Elevación de categoría del Retén Coltáuco Ejecución de diversas obras en San Fernando

3) Sumario en contra de funcionarios de la Sección Radiocomunicaciones del Servicio Nacional de Salud

4) Agua potable en Corral

5) Petición formulada por doña Orfelina Araneda Solución problemas de pequeña minería de Taltal

6) Problemas que afectan a 170 familias de San Antonio.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Uno del señor Ministro de Justicia, con el que acompaña el oficio. Nº 139 del Consejo de Defensa del Estado, por el cual este organismo evacúa el dictamen jurídico solicitado por el señor Ministro en virtud de lo dispuesto en el Nº 6 del artículo lº de la Ley Orgánica de ese Consejo, relacionado con las atribuciones de la Comisión de Defensa Nacional del Senado para acordar la investigación en el terreno de los hechos en que han intervenido Oficiales del Ejército cuya promoción haya sido propuesta por el Ejecutivo a esta Corporación.

-Se manda agregarlo a sus antecedentes.

Uno del señor Contralor General de la República, con el que adjunta el informe sobre el ejercicio financiero fiscal correspondiente al año 1965 y el estado de la Hacienda Pública al 31 de diciembre del mismo año.

-Se manda archivar el documento.

Moción.

Una del H. Senador señor Jaramillo, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la definición de "pequeño propietario agrícola", para los efectos de lo establecido en el artículo 69 de la ley N9 15.020.

-Pasa a la. Comisión de Agricultura y Colonización.

Presentación.

Una del señor Presidente de la Editorial Jurídica de Chile, con la que acompaña copia del balance de esa Institución, correspondiente al ejercicio comprendido entre el lº de julio de 1964 y el 30 de junio de 1965.

-Se manda archivar el documento.

Con motivo de calificarse la urgencia hecha presente por el Ejecutivo para el despacho del proyecto de ley sobre normas para la división, parcelación o hijuelación de determinados predios rústicos, usan de la palabra los señores Aylwin, Bulnes y Corbalán.

En el curso de sus observaciones, el señor Aylwin formula indicación para calificar de "suma" dicha urgencia.

De conformidad al artículo 129 del Reglamento, y a petición del señor Bulnes, en nombre del Comité Conservador Unido, queda esta indicación para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente.

A continuación, el señor Bulnes propone que el proyecto antes mencionado pase también a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En votación esta indicación, fundan sus votos los señores Corbalán, Bulnes, Aylwin, González Madariaga, Aguirre, Sepúlveda, Ibáñez, Jaramillo, Rodríguez, Gumucio, Pablo, Foncea, Castro y Teitelboim.

Terminada la votación, se rechaza por 14 votos a favor, 21 en contra 2 abstenciones y 1 pareo que corresponde al señor Mauras.

Seguidamente, y con respecto a la urgencia pedida para el despacho del proyecto que modifica el artículo 10, Nº 10, de la Constitución Política del Estado, se considera una indicación presentada por el señor Corbalán, para que aquélla sea calificada de "suma urgencia".

En discusión esta proposición, usan de la palabra los señores Bulnes, Aguirre, Aylwin, Curtí y Corbalán.

Cerrado el debate y proclamada la votación, resulta aprobada por 32 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención y 1 pareo que corresponde al señor Mauras.

Finalmente, el señor Ahumada propone calificar también de "suma" la urgencia relativa al proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política del Estado.

En votación, fundan sus votos los señores Aylwin y Bulnes. Concluida ésta, se rechaza por 1 voto por la afirmativa, 35 por la negativa, 1 abstención y 2 pareos que corresponden a los señores Mauras y Teitelboim.

Acto seguido y por la unanimidad de los señores Senadores, se califica de "simple" la urgencia a que se ha hecho referencia.

En seguida y a petición del señor Altamirano, en nombre de la Comisión de Hacienda, se acuerda prorrogar, hasta el lunes próximo, el plazo de que dispone esta Comisión para despachar el proyecto que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas.

ORDEN DEL DIA.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en una consulta acerca de los aspectos de derecho del acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional relativo a antecedentes para ascender a los Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, propuestos en Mensajes del Ejecutivo.

En mérito de las razones expuestas en el informe, la Comisión resuelve que los acuerdos enunciados al rubro vulneran disposiciones de la Constitución Política del Estado.

En discusión este dictamen, usan de la palabra los señores Jaramillo, Prado e Ibáñez.

Por la vía de la interrupción, intervienen también los señores Ampuero, Chadwick, Duran y Rodríguez.

El señor Gumucio formula indicación para prorrogar hasta por una hora el tiempo del Orden del Día.

Con este motivo, usan de la palabra los señores Bulnes, Gumucio, Presidente y Ampuero.

Cerrado el debate y proclamada la votación, se aprueba esta indicación por 21 votos a favor, 9 en contra y 1 pareo que corresponde al señor Ibáñez.

Queda pendiente la discusión de este asunto.

Se suspende la sesión.

Reanudada, se inician los

INCIDENTES.

Usa de la palabra el señor Teitelboim, quien hace un análisis de la situación actual de la educación chilena. Pone especial énfasis, Su Señoría, en el déficit de matrículas de los establecimientos universitarios, que afecta en este momento a más de veinte mil jóvenes.

El tiempo cedido por el Comité Liberal, el señor Gómez formula diversas observaciones relativas a problemas escolares de Iquique, y construcción de una planta de cemento en el Norte.

En las partes pertinentes de su intervención, el señor Senador solicita se oficie, en su nombre, a los señores Ministros de Educación Pública, de Obras Públicas y de Economía, Fomento y Reconstrucción, transcribiéndoles el tenor de sus expresiones.

El señor Presidente anuncia reglamentariamente, el envío de los oficios solicitados.

Por último, se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han solicitado se dirijan, en sus nombres, los siguientes oficios:

Del señor Ahumada, a los señores Ministros que se indican:

De Educación Pública, sobre nuevo edificio para Escuela Vocacional Nº 33 de Caupolicán, Rengo (O'Higgins); y

De Obras Públicas, acerca de agua potable en Puente Negro (Colchagua).

Del señor Bulnes, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, referente a importación de automóviles para taxis, en O'Higgins. Del señor Contreras Tapia, a los siguientes señores Ministros:

De Economía, Fomento y Reconstrucción, relativo a participación de Municipalidades de Tocopilla en ingresos provenientes del cobre; De Educación Pública, con las finalidades que se expresan:

Problemas del Instituto Comercial Nocturno de Antofagasta; Ampliación de instalaciones de Liceo de Hombres de Calama (Antofagasta); y Sueldos insolutos de personal de Escuela 39 de Antofagasta;

De Tierras y Colonización, respecto de creación de Oficina de Bienes

Nacionales en Calama (Antofagasta) ;

De la Vivienda y Urbanismo, con los objetos que se indican:

Alcantarillado para población "25 de Febrero", de Rancagua; y Problemas de agua potable en Población de San Miguel (Santiago) .

Del señor Duran, a los señores Ministros que se señalan:

Del Interior, con relación a carro-bomba para Compañía de Bomberos de Vilcún (Cautín) ;

De Justicia, atinente a edificio para Juzgado y Presidio de Loncoche (Cautín).

De Obras Públicas, con las finalidades que se mencionan:

Camino Internacional por Bío-Bío a Bahía Blanca (Argentina); Camino de Lastarria a Villa Boldos (Cautín); y Obras Públicas en Traiguén (Malleco);

De Agricultura, en lo que se refiere a reforestación de Hoya de Estero Ranquilco (Malleco); y De Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre Estero Ranquilco.

Del señor Enríquez, a los siguientes señores Ministros:

De Educación Pública, acerca de mobiliario para Escuela-Hogar de Niñas Nº 5, de Concepción; y

De la Vivienda, referente a inclusión de Concepción en planes Habitacionales.

Del señor Jaramillo, al señor Ministro de Educación, relativo a nuevo edificio para Escuela Vocacional Nº 33 de Caupolicán, Rengo (O'Higgins). Del señor Teitelboim, a los señores Ministros que se expresan:

De Educación Pública, con respecto a profesor para Escuela de Altamira en Sierra Overa (Antofagasta); De la Vivienda y Urbanismo, con los objetos que se designan:

Problemas habitacionales en San Bernardo;

Expropiación de terrenos en Población "30 de Marzo" de Barrancas, San Antonio (Santiago);

Agua potable en Población José María Caro (Santiago); Posibilidad de expropiar Fundo La Bandera, en La Granja (Santiago); y Viviendas de CORVI en Población José María Caro (Santiago).

Del mismo señor Senador al Contralor General de la República, atinente a investigación en Empresa de Comercio Agrícola y Portuaria de Chile.

De conformidad al Reglamento, el señor Presidente anuncia el envío de los oficios solicitados.

Se levanta la sesión.

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. SESION 87ª, EN 30 DE MARZO DE 1966

Ordinaria.

Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y Allende (don Salvador).

Asisten los Senadores: Aguirre, Ahumada, Altamirano, Ampuero, Aylvan, Barros, Bossay, Bulnes, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Corbalán, Curtí, Chadwick, Duran, Enríquez, Ferrando, Foncea, Fuen-tealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Gumucio, Ibáñez, Jaramillo, Juliet, Luengo, Mauras, Miranda, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Rodríguez, Sepúlveda y Tarud.

Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pelagio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.

ACTAS.

Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 67ª, ordinaria; 68ª, especial; 69ª, ordinaria, 70ª y 71ª, especiales, en 25, 26 y 27 de enero, y en 2 de febrero, ppdos., que no han sido observadas.

CUENTA.

Se da cuenta de los siguientes asuntos:

Mensajes.

Tres de S. E. el Presidente de la República:

Con el primero, incluye, entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos.

-Se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Con el segundo retira de entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que consulta diversas medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

-Queda retirado el proyecto y el documento se manda agregar a sus antecedentes.

Con el último retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que prohibe la división, parcelación o hijuelación de todo predio rústico de superficie superior a 80 hectáreas, sin previa autorización del Consejo de la Reforma Agraria.

-Queda retirada la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes.

Oficios.

Uno de la H. Cámara de Diputados, con el que comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite constitucional, respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley Nº 15.467, que otorgó la calidad jurídica de empleados particulares a los torneros, matriceros y fresadores.

-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Cuatro de los señores Ministros del Interior; de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de la Vivienda y Urbanismo, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Ahumada, Ampuero y Campusano:

1.- Construcción de poblaciones en Lirquén.

2.- Construcción de poblaciones en San Fernando.

3.- Modificación político-administrativa del depto de Pisagua.

4.- Aporte de CORFO para extender red de energía eléctrica.

-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Con motivo de darse cuenta del Mensaje del Ejecutivo que retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto sobre normas para la división de determinados predios rústicos, usan de la palabra los señores Gumucio, Ampuero, Aylwin, Ibáñez y Pablo.

Al respecto, se da cuenta de que la unanimidad de los Comités ha adoptado los siguientes acuerdos:

"I.- Dejar sin efecto las sesiones especiales a que se había citado para los días jueves y viernes de la semana en curso, de 16 a 20 horas, destinadas a tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la moción de los HH. Senadores señores Ampuero, Corbalán, Chadwick y Luengo, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 10, Nº 10, de la Constitución Política del Estado, sobre el derecho de propiedad.

"II.- Tratar el proyecto de Reforma Constitucional recién mencionado en la siguiente forma:

"a) Discutirlo en general, en sesiones especiales, los días lunes 11, de 16 a 21 horas, y martes 12, de 10.15 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas, del mes de abril próximo;

"b) Votar en general el proyecto el día martes 12, a las 20 horas; ' "c) Fijar como plazo de recepción para las indicaciones hasta las 23 horas del día martes 12:

"d) Enviarlo a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que emita un informe complementario, el día miércoles 13 de abril; y

"e) Discutirlo y despacharlo en particular, en sesiones especiales, el día jueves 14 de abril, de 10.15 a 13 horas, y de 16 a 21 horas.

"Se dejó constancia de que, por tratarse de un informe complementario especialmente acordado y no de un segundo informe, no será necesario renovar indicaciones durante la discusión particular en la Sala, debiendo considerarse todas las presentadas.

"III.- Suprimir la hora de Incidentes de la sesión ordinaria de hoy día y tratar en ésta, en el orden que se indica, las siguientes materias:

"a) Observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en la relativo a la forma de poner término a los contratos de trabajo de empleados y obreros (eximido el trámite de Comisión), y

"b) Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la Consulta del Senado acerca de los aspectos de derecho del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa Nacional, en orden a recoger mayores antecedentes e investigar hechos relacionados con ascensos de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas (discusión pendiente).

"IV.- Suprimir la Hora de Incidentes de la sesión ordinaria del día martes 5 de abril y destinar una hora a la discusión general del proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que establece normas para el fomento de las exportaciones, sin perjuicio de considerar previamente y en igual trámite los informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda recaídos en el proyecto de ley que reajuste las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas.

"V.- Dar la siguiente tramitación especial al proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que dispone que la Corporación de la Reforma Agraria deberá autorizar toda parcelación, división o hijuelación de predios rústicos de superficie superior a 80 hectáreas:

"a) Enviar el proyecto en informe a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura y Colonización, unidas;

"b) Dar plazo a las Comisiones para que emitan su primer informe hasta el día martes 5 de abril próximo;

"c) Discutir y despachar en general este proyecto en la Sala el día miércoles 6 de abril;

"d) Enviarlo a las Comisiones Unidas, para que emitan segundo informe hasta el día sábado 16 de abril, y

"e) Discutirlo y despacharlo en particular, en la Sala, el día martes 19 de abril".

ORDEN DEL DIA.

Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la forma de poner término a los contratos de trabajo de empleados y obreros.

La H. Cámara de Diputados comunica que ha aprobado las observaciones del rubro, con excepción de la que consiste en sustituir el artículo 19, que ha desechado e insistido en la aprobación del texto primitivo.

Estas observaciones, que se consideran sin informe de Comisión por acuerdo de los Comités, tienen las finalidades que se expresan:

Artículo 7º

1.- Para sustituir la frase "haya o no constancia en autos de las notificaciones efectuadas", cambiando la coma que la precede por un punto seguido, por la siguiente: "Si no hubiere constancia en autos de estar notificada una de las partes, el Juez se cerciorará si la omisión es fácilmente subsanable y sólo en caso de no serlo fijará día y hora para el nuevo comparendo."

2.- Para agregar al final del inciso segundo la siguiente frase final: "Además, se dirigirá al demandado, por Secretaría, carta certificada."

En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.

Cerrado el debate y puestas cada una en votación, tácitamente se dan por aprobadas.

Artículo 8º

Para intercalar entre las frases "no podrá ser inferior a un mes" y "por años de servicios", la siguiente: "de remuneraciones imponibles".

En discusión, usan de la palabra los señores Corbalán, Contreras Tapia, Aylwin, Foncea, Noemi, Chadwick y Luengo.

Cerrado el debate y terminada la votación, resulta rechazada por 8 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones.

Funda su voto el señor Enríquez.

Artículo 9º

Para eliminar los guarismos "I" y "II" que se consultan en este artículo, antes de los incisos primero y cuarto, respectivamente.

En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobada.

Artículo 10

Para suprimir el inciso tercero de este artículo, que dice:

"No podrá intentarse la acción de petición para exonerar a cualesquiera de las personas señaladas en el presente párrafo, durante un conflicto colectivo de hecho o de derecho."

En discusión, usan de la palabra los señores Contreras Tapia y Corbalán.

Cerrado el debate y sometida a votación, rechazada por 12 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención.

Seguidamente y con la misma votación, el Senado acuerda no insistir.

Artículo 17

Para sustituir en el inciso segundo de este artículo, la frase "al financiamiento de los Servicios del Trabajo", por la siguiente: "a beneficio fiscal".

En discusión, usan de la palabra los señores Contreras Tapia, Corbalán, Gumucio, Pablo, Sepúlveda y Luengo.

A indicación del señor Pablo, unánimamente se acuerda enviar oficio, en su nombre, al señor Ministro del Trabajo, con el objeto de que el Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley relativo a la materia en debate.

Cerrado el debate y puesta en votación, tácitamente se da por aprobada esta observación.

Artículo 19

Para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 19.- La Inspección del Trabajo podrá exigir a cualquier patrón o empleador, que cuente con más de 5 dependientes, que registre un domicilio en dicha Oficina, donde podrán hacérceles las notificaciones para todos los efectos de las leyes sociales."

El texto primitivo dice:

Artículo 19.- Todo empleador deberá tener registrado en la respectiva Inspección del Trabajo un domicilió en el radio urbano de la localidad en que se encuentre ésta, donde podrán hacérseles las notificaciones para todos los efectos de las leyes sociales. Si no cumpliere con esta obligación podrá notificarse al Inspector del Trabajo, considerándose tales notificaciones como hechas personalmente al empleador.

Como se dijo al comienzo, la H. Cámara de Diputados ha rechazado esta observación, e insistido en la aprobación del artículo aprobado por el Congreso Nacional.

En discusión, usan de la palabra los señores Corbalán, Contreras Tapia, Luengo, Enríquez y Pablo.

Cerrado el debate y terminada la votación, se da por aprobada, por 22 votos a favor y 8 en contra.

Funda su voto el señor Luengo.

Artículo 6° Transitorio

Para agregar la frase "de remuneraciones" entre las palabras "una indemnización extraordinaria de un mes" y "por años de servicios".

En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.

Cerrado el debate y puesta en votación, tácitamente se da por aprobada.

Terminada la discusión de este asunto.

Se suspende la sesión.

Reanudada, de conformidad al acuerdo de Comités antes transcrito, se considera el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en una consulta relativa a los aspectos de derecho del acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional, sobre investigación de hechos relacionados con ascensos de Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, propuestos en Mensajes del Ejecutivo.

Prosigue la discusión de este asunto.

En esta oportunidad, usa de la palabra el señor Ampuero. Por la vía de la interrupción, intervienen los señores Fuentealba y Bulnes.

Queda pendiente la discusión.

A continuación, se da cuenta de que se han formulado las siguientes indicaciones:

De los señores Corbalán, Rodríguez y Jaramillo, para publicar "in extenso" los discursos pronunciados, hasta la fecha, en la discusión del Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la Consulta relativa al acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional a que se na hecho referencia con anterioridad.

Del señor Contreras Tapia, para publicar "in extenso" el discurso pronunciado en Incidentes de la sesión de ayer, por el señor Teitelboim.

Del señor Gómez, para insertar documentos a que hizo alusión en su discurso de Incidentes de la misma sesión antes nombrada.

Con el asentimiento unánime de la Sala, tácitamente se dan por aprobadas estas indicaciones.

Se levanta la sesión.

1 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos.

La iniciativa faculta a la Corporación para obtener por tal concepto, hasta la suma de Eº 120.000, mediante contratos que podrán celebrarse con el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otra institución de crédito, y que sean amortizables hasta en un plazo máximo de diez años.

El producto de los empréstitos que se contraten en virtud de las autorizaciones contenidas en este proyecto de ley, se invertirá en obras y adquisiciones de progreso comunal, tales como trabajos de pavimentación de aceras y calzadas, ampliación de redes de agua potable, adquisición de vehículos para extracción de basuras, compra de bienes raíces para la construcción de un mercado y feria libre y para la edificación del Edificio Consistorial y de su Biblioteca Municipal, etc.

Vuestra Comisión modificó los artículos lº y 3º de esta iniciativa legal, con el objeto de aumentar en un 50% la cantidad de Eº 120.000 que se autoriza contratar, ya que se estimó muy baja la suma aprobada por la H. Cámara de Diputados si consideramos la envergadura de las obras a realizarse. En la misma proporción se alzó cada una de las partidas que figuran en el artículo 3º.

Con el objeto de atender el servicio de los créditos que se contraten, «1 proyecto de la H. Cámara de Diputados destina el mayor ingreso que obtenga la Municipalidad de Pitrufquén como consecuencia del reavalúo de los bienes raíces. Vuestra Comisión procedió a modificar este precepto contenido en el artículo 5º, con el objeto de precisar que el servicio de los empréstitos se hará con cargo al uno por,mil del impuesto territorial que el decreto supremo Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, señala para el efecto.

El artículo 6º contempla la inversión directa por la Municipalidad en las obras, adquisiciones o aportes indicados en el artículo 39, en el caso de que no sea posible contratar los empréstitos. El proyecto de la H. Cámara imputaba a mayores ingresos este gasto, lo que vuestra Comisión modificó en el sentido de cargarlos al uno por mil de la contribución de los bienes raíces comunales que, conforme al decreto N9 2.047, deba destinarse al servicio de empréstitos municipales.

Los artículos 79 a 99 contienen normas usuales en este tipo de iniciativas, de fácil inteligencia a su sola lectura.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Reemplazar la cifra "120.000" por esta otra: "180.000".

Artículo 3º

Aumentar cada uno de los ítem de inversión en un 50;%, incluso el total resultante.

Artículo 5°

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 5º-La Municipalidad de Pitrufquén destinará al servicio de los empréstitos que se autoriza contratar en esta ley, el uno por mil del impuesto territorial que el decreto supremo Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, destine a este efecto."

Artículo 6º

Substituirlo por el siguiente:

"Artículo 6º-Autorízase, en caso de no contratarse los empréstitos referidos en el artículo 1º, la inversión directa en la ejecución de las obras indicadas en el artículo 3º, del uno por mil de la contribución de los bienes raíces de la comuna de Pitrufquén, que, de conformidad al citado decreto Nº 2.047, debe destinarse al servicio de empréstitos municipales. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y las sumas ne-necesarias para el servicio de la o las deudas contraídas."

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión de Gobierno, queda como sigue:

Proyecto de ley

"Artículo lº- Autorízase a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar uno o más empréstitos directamente con el Banco del Estado de Chile, con la Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de E9 180.000 al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años o en los plazos que se convengan con dichas instituciones.

Artículo 2º-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias, así como a la Corporación de Fomento de la Producción, para otorgar el o los créditos autorizados por la presente ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.

Artículo 3º-El producto de los empréstitos que se contraten en uso de las autorizaciones que confiere la presente ley, deberá ser invertido en las siguientes obras:

1.- Compra de ampolletas, materiales eléctricos y otros Eº 12.000

2.- Compra de bien raíz pro-construcción de Biblioteca Municipal y Edificio Consistorial 19.500

3.- Ampliación red agua potable a Cementerio Municipal y construcción de nichos en el mismo 19.500

4.-Adquisición de vehículos para extracción de basuras en aseo domiciliario 25.500

5.- Compra bien raíz para mercado y feria libre 30.000

6.- Construcción de cerco en Cementerio Municipal 7.500

7.- Aporte a Dirección de Pavimentación Urbana para

"pavimentar aceras, calzadas y plazas 7.500

8.- Terminación Edificio Municipal y ampliación de local para Juzgados de Policía Local 19.500

9.- Compra bien raíz pro-construcción de Estación de microbuses en servicio intercomunal 4.500

10.- Compra equipo para exámenes psicotécnicos 10.500

11.- Ampliación de red agua potable a barrios marginales 15.000

12.- Adquisición de autoclave para matadero municipal . . . 9.000

Eº 180.000

Artículo 4º-En el caso de producirse excedentes disponibles, la Municipalidad podrá invertir los fondos sobrantes en cualquiera otra obra de adelanto local, con acuerdo adoptado en sesión extraordinaria especialmente citada para el objeto y con el voto conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio. Con estas mismas formalidades y quórum la Municipalidad podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una si resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras y alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.

Artículo 5º-La Municipalidad de Pitrufquén destinará al servicio de los empréstitos que se autoriza contratar en esta ley, el uno por mil del impuesto territorial que el decreto supremo Nº 2,047, de 29 de julio de 1965, destine a este efecto.

Artículo 6º-Autorízase, en caso de no contratarse los empréstitos referidos en el artículo lº, la inversión directa en la ejecución, de las obras indicadas en el artículo 3º, del uno por mil de la contribución de los bienes raíces de la comuna de Pitrufquén, que, de conformidad al citado decreto Nº 2.047, debe destinarse al servicio de los empréstitos municipales. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y las sumas nece-sarias para el servicio de la o las deudas contraídas.

Artículo 7°-La Municipalidad completará la suma necesaria para el servicio de los créditos que contrate con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, en el caso de que los recursos fueren insuficientes o no se obtuvieren en la oportunidad debida. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste sin necesidad de nueva autorización legal a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada para el objeto, con el voto conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio.

Artículo 8°-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Pitrufquén, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en el caso de que éste no haya sido dictado en la debida oportunidad.

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el servicio de la deuda interna.

Artículo 9º-La Municipalidad de Pitrufquén depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio de los préstamos hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Pitrufquén deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley."

Sala de la Comisión, a 5 de abril de 1966.

Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Curtí (Presidente), Gormaz, Luengo y Miranda.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

2 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

El proyecto de ley en informe autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos hasta por la suma de Eº 180.000.

De acuerdo a las modificaciones introducidas por la Comisión de Gobierno, este gasto lo financiará la Municipalidad destinando el producto del uno por mil de la tasa de veinte por mil vigente de impuesto territorial y que el decreto 2.047 autoriza para servir empréstitos municipales. En caso que estos recursos fueren insuficientes, deberá destinar fondos de sus ingresos ordinarios.

En avalúo imponible para 1966 de les bienes raíces de esta comuna aciende a Eº 14.279.000. En consecuencia, el uno por mil referido producirá Eº 14.279.

La Comisión os recomienda aprobar el proyecto de ley contenido en el informe de vuestra Comisión de Gobierno.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

3 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe al proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados, que autoriza a la Municipalidad de San Felipe para contratar empréstitos.

La iniciativa, tal como fue despachada por la Cámara de origen, facultaba a esta Corporación para obtener por este concepto hasta la suma de Eº 125.000, amortizables en el plazo máximo de diez años, y a un interés no superior al corriente bancario. Dicha cantidad debería invertirse en la compra de vehículos para el servicio de aseo municipal; aportes a la Dirección de Pavimentación de soleras en diversas poblaciones, y a la Dirección de Obras Sanitarias para iniciar estudios sobre alcantarillado en algunos grupos habitacionales; ornato de parques y jardines y otras obras de adelanto comunal.

Vuestra Comisión procedió a ampliar el monto de la autorización para contratar empréstitos a la suma de Eº 450.000 por considerar que la Municipalidad de San Felipe se encontraba en condiciones de financiar el gasto pertinente como se explica más adelante. Asimismo, la Comisión modificó las destinaciones de los fondos que se obtengan, para atender a las necesidades más urgentes e inmediatas de esa Corporación, tales como la adquisición de vehículos y elementos de aseo, aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana, expropiaciones diversas, reconstrucción del Edificio Consistorial, ampliación de viviendas de obreros y empleados municipales, etc.

El artículo 4º de la iniciativa en informe financiaba el o los empréstitos que autoriza el artículo lº, mediante el producto de la prórroga de la contribución adicional de los bienes raíces comunales establecida en la ley Nº 13.081, de 5 de noviembre de 1958.

Vuestra Comisión procedió a cambiar el financiamiento referido, por cuanto el decreto Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, del Ministerio de Hacienda, que fijó en un 20 por mil la tasa del impuesto territorial, dispone que el uno por mil del porcentaje aludido está destinado al pago de empréstitos municipales. Como el avalúo total imponible de San Felipe alcanza a la suma de Eº 44.026.868 la Municipalidad podrá, de acuerdo a lo dicho anteriormente, contar con E° 44.026 anuales para el pago de intereses y amortizaciones de los empréstitos que se contraten, suma que fue estimada suficiente si consideramos los aumentos de los avalúos da bienes raíces que deben producirse en los próximos diez años.

Los artículos 6º, 7º y 8º contienen normas usuales en esta clase de iniciativas, que no necesitan comentario alguno para ser entendidas.

Vuestra Comisión añadió un nuevo artículo a este proyecto, mediante el cual se prorroga por el plazo de diez años la liberación de todo impuesto fiscal o municipal recaída en el sobreprecio de las entradas a los espectáculos públicos establecido por la Municipalidad de San Felipe, que consta en el artículo único de la ley Nº 12.176, de 25 de octubre de 1956.

Este precepto permitirá disponer de los recursos suficientes para terminar la construcción del Estadio Municipal.

En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Reemplazar la cifra "125.000" por la siguiente: "450.000".

Artículo 3º

Substituirlo por este otro:

"Artículo 3º--El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de San Felipe para los siguientes fines:

Eº 140.000

40.000 20.000 10.000 15.000

225.000

1.- Adquisición de vehículos, maquinarias y elementos de aseo

2.- Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para la confección de veredas, soleras y calzadas en la ciudad de San Felipe y localidades de Curimón, Bucalemu, San Rafael y Almendral

3.- Prosecusión de las obras en el Estadio Municipal, incluyendo la expropiación de inmuebles colindantes

4.- Ampliación de las viviendas del personal de obreros y empleados municipales

5.- Ornato y canalización de las alamedas y poblaciones obreras de San Felipe

6.- Para el plan relativo a la reconstrucción del nuevo Edificio Consistorial, incluyendo algunas expropiaciones de inmuebles colindantes

Total

Eº 450.000

Si alguna de las obras señaladas dejare fondos sobrantes, éstos se invertirán en las demás obras hasta enterar el producto total del o los empréstitos y, una vez terminadas todas ellas, si aún hubiere saldo, éste se invertir en nuevas obras que acuerde la Municipalidad en sesión extraordinaria citada especialmente al efecto."

Artículo 4º

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 4º-La Municipalidad de San Felipe destinará al servicio de los empréstitos que se autoriza contratar en esta ley, el uno por mil del impuesto territorial que el decreto supremo Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, destina a este efecto."

Artículo 5º

Substituir las palabras "de las contribuciones referidas" por estas otras: "del uno por mil del impuesto territorial referido".

En seguida, agregar, a continuación del artículo 8°, el siguiente, nuevo:

"Artículo 9º-Prorrógase por diez años la liberación establecida en el artículo único de la ley Nº 12.176, de 25 de octubre de 1956."

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión de Gobierno, queda como sigue:

Proyecto de ley:

"Artículo 1º-Autorízase a la Municipalidad de San Felipe para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de Eº 450.000.- , a un interés no superior al corriente ban-cario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.

Artículo 2º-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.

Artículo 3º-El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de San Felipe para los siguientes fines:

1.- Adquisición de vehículos, maquinarias y elementos de aseo ... Eº 140.000

2.- Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para la confección de veredas, soleras y calzadas en la ciudad de San Felipe y localidades de Curimón, Bucalemu, San Rafael y Almendral 40.000

3.- Prosecución de las obras en el Estadio Municipal, incluyendo la expropiación de inmuebles colindantes 20.000

4.- Ampliación de las viviendas del personal de obreros y empleados municipales 10.000

5.- Ornato y canalización de las alamedas y poblaciones obreras de San Felipe 15.000

6.- Para el plan relativo a la reconstrucción del nuevo Edificio Consistorial, incluyendo algunas expropiaciones de inmuebles colindantes 225.000

Total Eº 450.000

Si alguna de las obras señaladas dejare fondos sobrantes, éstos se invertirán en las demás obras hasta enterar el producto total del o los empréstitos y, una vez terminadas todas ellas, si aún hubiere saldo, éste se invertirá en nuevas obras que acuerde la Municipalidad en sesión extraordinaria citada especialmente al efecto.

Artículo 4°-La Municipalidad de San Felipe destinará al servicio de los empréstitos que se autoriza contratar en esta ley, el uno por mil del impuesto territorial que el decreto supremo Nº 2.047, de 29 de julio de 1965, destina a este efecto.

Artículo 5º-En caso de no contratarse el o los empréstitos, la Municipalidad podrá girar con cargo al rendimiento del uno por mil del impuesto territorial referido en el artículo anterior, para su inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 3º.

Artículo 6º-Si los recursos señalados en el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, se produjere excedente, éste se destinará sin deducción alguna a amortizaciones extraordinarias de la deuda.

Artículo 7º-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San Felipe, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida. La Caja da Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.

Artículo 8º-La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias.

Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos y en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones hechas de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 3º de esta ley.

Artículo 9º-Prorrógase por diez años la liberación establecida en el artículo único de la ley Nº 12.176, de 25 de octubre de 1956."

Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 1966.

Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Curti (Presidente), Gumucio, Luengo y Miranda.

(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.

4 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Honorable Senado:

El proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Gobierno propone autorizar a la Municipalidad de San Felipe para contratar empréstitos hasta por la suma de Eº 450.000.

Se financia este gasto con cargo al rendimiento del uno por mil del impuesto territorial vigente, que asciende al veinte por mil y que el decreto 2.047 autoriza destinar al servicio de empréstitos municipales.

Como el avalúo de esta comuna asciende a Eº 53.601.729, el uno por mil referido producirá Eº 53.601, cantidad suficiente para cubrir las amortizaciones e intereses de la deuda que se autoriza contratar a esa Municipalidad.

En consecuencia, os proponemos aprobar el proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Gobierno.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

5 INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN ASPECTOS DE DERECHO DEL ACUERDO DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL EN ORDEN A INVESTIGAR HECHOS Y ANTECEDENTES RELACIONADOS CON ASCENSOS EN LAS FF. A A. FACULTADES DE LAS COMISIONES FRENTE A LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL SENADO Y 5º DE LA LEY Nº 13.609, DE 28 DE OCTUBRE DE 1959.

Honorable Senado :

En reunión de 10 de mayo en curso, la unanimidad de los Comités

Parlamentarios de la Corporación, acordó enviar nuevamente a esta Comisión el informe evacuado por ella, acerca de los aspectos de derecho del acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional, en orden a recoger mayores antecedentes e investigar hechos relacionados con ascensos de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, con el fin de que se pronuncie en forma complementaria sobre los puntos que se indicarán, previas las siguientes consideraciones:

El espíritu del acuerdo de la Comisión de Defensa, según lo expresaron los Senadores que concurrieron a adoptarlo, no implica realizar una investigación con el carácter de fiscalización.

El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no resuelve todas las consecuencias que podría derivarse del acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional, basado en una interpretación controvertida del artículo 40 del Reglamento.

La aprobación del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la forma, presentada, deja pendiente la duda respecto del campo de aplicación del artículo 40, situación que afecta a todas las Comisiones y que conviene dejar clara y expresamente resuelta.

Conviene, en consecuencia, pedir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento un informe complementario al tenor de los siguientes puntos:

A.- ¿Cuáles son los medios para acreditar los hechos de que pueden valerse las Comisiones del Senado? ¿Podría estimarse lícita la utilización de todos los medios probatorios reconocidos en la ley común?

B.- ¿La facultad de llamar a su presencia a funcionarios y oír sus deposiciones, señalada en la ley 13.609, se estima aplicable respecto a aquellos, cuyos nombramientos requieren acuerdo del Senado ?

C-¿Las facultades del Senado pueden ejercerse exclusivamente en la sede oficial del Senado, o en cualquier otro lugar?

D.- Si es indiferente el sitio en que se ejercen, ¿quién califica la necesidad de funcionar fuera del recinto del Senado?

E.- Cuaquiera que sea la opinión sobre el lugar de funcionamiento de las Comisiones, ¿podrían ellas autorizar a que su Presidente, o uno o más de sus miembros, acompañados del Secretario correspondiente, cumplan diligencias en cualquier lugar?

F.- ¿A quién corresponde la calificación de los hechos que deben indagarse o de los antecedentes que deben ser agregados?

El oficio remitido a la Comisión deja constancia de que los Comités consideran que en el estudio de estas materias, vuestra Comisión, de acuerdo con sus facultades ordinarias, no tendrá que sujetarse en forma estricta y exclusiva a las cuestiones planteadas en los puntos específicamente consultados, sino que podrá extenderse a otros aspectos atinentes, sugeridos por cualquier señor Senador.

La Comisión se ocupó de esta consulta complementaria en sesiones de 12 y 20 de mayo. La primera, con asistencia de sus miembros, los HH.

Senadores señores Prado (Presidente), Bulnes, Chadwick, Duran y Luengo, y la segunda, con los mismos señores Senadores menos el H. señor Bulnes. A ambas sesiones concurrió y participó en los debates, el H. Senador señor Ampuero.

Pasamos a ocuparnos de los puntos consultados. A indicación del H. Senador señor Bulnes, se acuerda considerar primeramente la pregunta signada con la letra C), que es del tenor siguiente:

Letra C.

¿Las facultades del Senado pueden ejercerse exclusivamente en la sede del Senado, o en cualquier otro lugar?

El H. Senador señor Ampuero anota que la consulta debe entenderse referida a las facultades de las Comisiones y no a las del Senado, criterio que comparte esta Comisión, porque de lo contrario no cabría sino aplicar el artículo primero del Reglamento de la Corporación, que dispone:

"Artículo 1º-El Senado se reunirá en el local destinado a sus sesiones, salvo que las condiciones materiales del edificio no lo permitan. En este caso se reunirá provisionalmente en el local que indique el Presidente.

Si el impedimento es motivado por razones de presión moral o de fuerza, la mayoría de los Senadores en ejercicio constituirá cuerpo en cualquier otro lugar dentro del territorio de la República donde logre reunirse.".

Hecha esta aclaración, se pone en discusión el punto consultado.

Usa de la palabra el H. Senador señor Bulnes quien expresa que el artículo primero del Reglamento, recién transcrito, no deja lugar a dudas sobre cuál es la sede del H. Senado y de que sólo en caso de impedimento material del edificio o por razones de presión moral o de fuerza, podrá reunirse en otro lugar distinto. Por su parte, agrega el artículo 33 del mismo Reglamento establece claramente que las Comisiones se regirán por las disposiciones del Reglamento del Senado, en cuanto le fueren aplicables, y sus sesiones se sujetarán a las normas que él establece para las sesiones extraordinarias o especiales, según sea el caso.

A juicio del señor Senador, el artículo 33 contiene dos ideas en su inciso primero: la primera es la de que las Comisiones se regirán por las disposiciones del Reglamento del Senado, en cuanto le fueren aplicables; y la segunda, es aquella que sujeta sus sesiones a las normas que el Reglamento establece para las sesiones extraordinarias o especiales, según sea el caso. Expresa Su Señoría que, respecto a esta segunda idea, el Reglamento es perentorio y ni siquiera hace la salvedad de que las normas correspondientes sean o no aplicables, porque parte de la base de que, en materia de sesiones, todas las disposiciones por que se rige el Senado también deben aplicarse a las Comisiones.

La salvedad que hace el artículo 33 en relación a la primera idea, al

consignar la frase "en cuanto le fueren aplicables", significa que si la naturaleza de la institución a que se están aplicando ciertas normas fuera incompatible con ellas, dichas normas no podrían aplicarse; pero, en este caso, no hay incompatibilidad alguna entre la naturaleza de las Comisiones y las normas.

En efecto, las mismas razones que el legislador tuvo al establecer en el Reglamento que las sesiones del Senado tenían que celebrarse en el local de su sede, existen para las que se celebren por las Comisiones. En su criterio, sería un precedente sumamente grave el establecer que las Comisiones pudieran sesionar fuera del recinto del Senado porque ello implicaría, al adoptarse tal decisión por una mayoría de la Comisión, hacer ilusorio el derecho a voz y votó que tienen los restantes miembros de la Comisión y el derecho a voz que en su seno tienen todos los señores Senadores.

Si se siguiera el predicamento del traslado de sede de las Comisiones, su funcionamiento quedaría entregado a las conveniencias particulares de las mayorías en las Comisiones. Hoy día podría ser un mineral de cobre el lugar de reunión, mañana la casa de un Senador o un balneario, ya que si se admite en un caso, no se ve motivo para que no se acepte en otro, coartándose así los derechos ya señalados de los señores Senadores restantes que podrían verse en la imposibilidad de asistir a estas Comisiones, que no estarían funcionando en el lugar de su sede.

Señala Su Señoría, además, que esa interpretación convertiría a las Comisiones en un factor de perturbación para las autoridades administrativas, judiciales o de otro orden. Estima el señor Bulnes que el Reglamento ha sido sabio al establecer esta limitación; pero no rechaza Su Señoría la posibilidad de que por la vía de la reforma del Reglamento pudiera disponerse, en casos muy precisos y concretos y para diligencias específicamente determinadas, que las Comisiones del Senado sesionaran fuera de la sede de la Corporación; pero en dichos casos, es partidario de que ello se haga con acuerdo del Senado y no de la Comisión solamente, a fin de facilitar la concurrencia de los restantes Senadores que pudieran tener interés en asistir a la reunión de Comisiones.

El Honorable Senador señor Chadwick opina que el derecho común ha establecido la regla de que todo organismo debe ejercer su actividad en un lugar determinado que le sirve de sede; pero, también admite la excepción relacionada con la diligencia de conocimiento directo de hechos que dan lugar a lo que denomina "la inspección ocular".

A su juicio, hay dos ideas fundamentales que considerar en la materia : la primera, la de que todo organismo debe tener una sede y, la segunda, la necesidad de que él mismo se traslade a un lugar determinado a fin de realizar diligencias para tomar conocimiento o formarse concepto por la vía directa. Así, por ejemplo, agrega, en el caso de los tribunales de Justicia, la regla general es que ellos ejerzan su función en la ciudad que les sirve de asiento y su competencia se aplica en la extensión territorial de su jurisdicción, sin perjuicio de lo cual, siempre se ha admitido que, por excepción, puedan salir de su territorio jurisdiccional para tomar conocimiento de hechos de transcendencia que dicen relación con el proceso.

Cree Su Teoría que la cuestión promovida y que está en discusión, no es si la Comisión puede designar un lugar distinto para su funcionamiento normal. El problema está en si la Comisión, cumpliendo sus funciones propias, necesita excepcionalmente trasladarse fuera de su sede para tomar conocimiento directo de los hechos. Se trata, por ejemplo, de apreciar la magnitud de una catástrofe, de cuál es la opinión dominante en una zona y, en general, de comprobar aquellos hechos que no pueden llegar a su conocimiento por otros medios de información sustitutivos. Por ello, el debate debería centrarse para el señor Chadwick en los medios de que dispone una Comisión de trabajo del Senado, para apreciar y determinar los hechos que deban ser considerados por ella al informar posteriormente a la Sala de la Corporación.

El Honorable Senador señor Bulnes reitera de que al tenor del artículo 1° del Reglamento, las Comisiones no podrían celebrar sesiones sino en el local del Senado, salvo .los casos especialísimos que la misma disposición consagra. Agrega que de la exposición del señor Chadwick, parecería desprenderse que para Su Señoría determinado tipo de diligencias no serían sesiones y, por lo tanto, estarían al margen de las normas que el Reglamento da para el desarrollo de las sesiones.

Insiste el señor Bulnes en que las Comisiones del Senado no tienen otra manera de actuar sino que en sesiones. Reconoce que es posible que uno o varios Senadores puedan hacer las diligencias y averiguaciones que estimen convenientes fuera del recinto del Senado, pero no cabe duda de que cuando las realizan, no están celebrando sesiones de Comisión ni pueden, en consecuencia, ejercer las atribuciones de las Comisiones, porque éstas sólo pueden ejercitarse en las sesiones.

El Honorable Senador Prado opina que el problema debe considerarse fundamentalmente al tenor de lo que dispone el artículo 40 del Reglamento, el que reiteradamente se refiere a la Comisión como un organismo interno del Senado, compuesto por cinco señores Senadores y en el que tienen representación los Comités Parlamentarios. No hay, a juicio de Su Señoría, ninguna disposición reglamentaria que prive a los señores Senadores del derecho de participar en la Comisión.

Agrega el señor Senador que concuerda con la tesis del Honorable señor Bulnes, basada en 'los artículos 1º y 33 del Reglamento, por lo que estima que el lugar en que deben sesionar las Comisiones es el del recinto del Senado. Señala, además, que el artículo 37 del Reglamento dispone que las Comisiones no podrán sesionar mientras lo esté haciendo la Sala del Senado y que durante los recesos legislativos, sólo podrán reunirse determinadas Comisiones. No obstante lo anterior, la misma disposición autoriza a las Comisiones para reunirse previo acuerdo de la unanimidad de los Comités Parlamentarios.

Según Su Señoría, la disposición citada demuestra lo difícil que sería que una Comisión se trasladara a un lugar distinto del de su sede, puesto que en cualquier momento podría verse entrabada la validez de sus actuaciones por el hecho de que entrara a sesionar el Senado, lo que podría ocurrir cuando la Comisión está a mucha distancia de la sede de la Corporación.

Estima también dudosa el señor Prado la validez que tendría la reu-

nión de varios Senadores fuera de la sede del Senado, ya que no encuentra ningún asidero reglamentario para otorgar a un grupo de parlamentarios que no constituyen la Comisión, las atribuciones que el Reglamento señala a ésta cuando funciona como tal.

Se refiere, por ejemplo, a una posible visita de cárceles que realizara esta Comisión y analiza la situación de los acuerdos que pudieran tomarse durante la misma los que, a su juicio, podrían considerarse viciados.

El Honorable Senador señor Chadwick estima que cada vez que la Comisión se traslada fuera de la sede normal de funcionamiento, para que actúe como tal, necesita sujetarse a las normas de las sesiones de Comisiones. No podría, así constituirse con un número menor de miembros ni desconocer la autoridad del Presidente, debiendo ser éste quien dirija las actuaciones. Según Su Señoría, esta reunión fuera de la sede sería, entonces, propiamente una sesión ya que, a su juicio, ésta es la integración de los miembros que la componen y la realización de su actividad propia en relación a una materia determinada.

Cuando la Comisión reúne antecedentes e investiga hechos en la sede normal de su funcionamiento, ya sea oyendo testigos o personas informadas en las materias de estudio, o pide antecedentes y examina documentos, está sesionando y Su Señoría no cree que la idea de sesión pueda limitarse únicamente al acto deliberativo y de resolución. Por lo tanto, si algunas de estas investigaciones o examen de antecedentes se realizan en lugar distinto del normal de su sede, ellas no le quitan a la reunión el carácter de sesión, pudiendo, incluso, tomarse votación.

El límite, según Su Señoría, está indiscutiblemente en que todas estas actuaciones deben estar subordinadas al fin que justifique el funcionamiento de la Comisión fuera de su sede y éste, a su vez, determinado por la naturaleza de las materias cuyo estudio le están encomendadas o de la investigación que está realizando.

No duda el señor Senador que este funcionamiento fuera de la sede sería una medida extraordinaria y, por lo tanto, la Comisión no podría ocuparse de investigar otros antecedentes que aquellos que precisamente la llevaron a trasladarse a un lugar distinto del recinto del Senado..

Rebatiendo la argumentación del Honorable Senador señor Bulnes, el señor Chadwick señala que existe una regla especial que es necesario examinar para determinar si tiene o no alcance derogatorio de la norma general contenida en el artículo 1º. Dicha regla especial está consagrada en el artículo 40 del Reglamento, disposición que sirve de fundamento a Su Señoría para sostener la legitimidad de la decisión de una Comisión para trasladarse fuera del lugar de funcionamiento normal de sus sesiones.

Dice el inciso primero del artículo 40:

"Las Comisiones reunirán los antecedentes e investigarán los hechos que estimen necesarios para informar al Senado. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates; hacerse asesorar de cualquier especialista en la materia en estudio y oír a las instituciones y perdonas que estimen conveniente".

La regla transcrita impone a la Comisión la obligación de reunir los

antecedentes e investigar los hechos necesarios para informar al Senado. Cada vez que una Comisión advierta la necesidad de reunir antecedentes e investigar hechos, tiene la obligación de buscar los medios para poder cumplir su cometido y no podría excusarse de hacer tal o cual diligencia necesaria de realizar, a fin de que el Senado estuviese cabalmente informado. Naturalmente, a juicio del señor Chadwick, esto queda sometido al sentido del deber que tenga la Comisión y es la naturaleza del hecho de que se trata, la que impone el medio necesario para establecer su existencia y precisar las modalidades que presentan.

Así, por ejemplo, en el caso de la falsedad no habría otra posibilidad de investigación que tener a la vista el documento u objeto de la falsedad. Tampoco se pueden investigar los hechos que tienen carácter científico sino a través del dominio de ciertas reglas de ese carácter. Por eso, el Reglamento del Senado no ha detallado, muy acertadamente por lo demás, la forma cómo se va a investigar.

El Honorable Senador señor Bulnes reitera que cuando de Comisiones se trata, la norma del artículo 40 no altera ni modifica el principio de los artículos 1° y 33 del Reglamento y, al tenor de las disposiciones vigentes, no cabe duda que las Comisiones tienen limitadas sus facultades de investigar por dichas exigencias que las obligan a desempeñar sus funciones en el recinto del Senado. Como lo ha dicho anteriormente, no niega Su Señoría la posibilidad de que se revise el Reglamento en esta parte y que en casos calificados y previo acuerdo del Senado, puedan las Comisiones o determinados miembros de ellas, trasladarse del lugar de su sede.

El que en algunos casos no puedan las Comisiones hacer diligencias públicas, por impedirlo las disposiciones reglamentarias citadas, significa en opinión del señor Bulnes un daño mucho menor para el interés general que el que implicaría que las Comisiones pudieren efectuar toda clase de reuniones o investigaciones fuera del recinto del Senado.

El señor Chadwick reitera que el correcto ejercicio de la facultad que otorga el artículo 40 del Reglamento está enmarcado por la propia disposición, en cuanto requiere que la investigación sea necesaria para informar al Senado. De tal manera, que si los hechos no reúnen los requisitos de ser necesarios para informar a la Corporación, estarán fuera de las competencia y conocimiento de la Comisión.

En el caso específico de los ascensos militares, Su Señoría estima que el problema es más claro por la naturaleza de la resolución que va a tomar el Senado. Este va a emitir una declaración de voluntad, concurriendo a un acto complejo juntamente con la voluntad del Presidente de la República a quien le corresponde la iniciativa. Obviamente, la Comisión tiene que admitir en este caso la necesidad de investigar cualquier hecho que sea relevante o que tengan significación para la decisión que deba adoptar. Si se le impide realizar esta función, el informe sería una cuestión puramente formal, sin ningún contenido de fondo. Si no pudieran investigarse los hechos que se consideran necesarios para formarse juicio, querría decir que el Reglamento no tendría sentido al establecer la regla del artículo 40.

Este artículo, a su juicio, otorga una facultad que supone en su ejercicio una excepción al funcionamiento de la Comisión en la sede del Senado cuando la naturaleza del hecho así lo requiere; de lo contrario, resultaría imposible informar al Senado. Se trata de una regla especial que, como tal, prevalece sobre la general, que tiene sus limitaciones en su propio texto y que está contemplada para satisfacer la necesidad ineludible de que la Comisión investigue y compruebe los hechos que estime necesarios para informar al Senado.

Comprende el señor Chadwick la conveniencia de reglamentar esta situación en forma más circunstanciada para evitar el abuso, aunque si tal hecho sucediera, lógicamente, podría la Sala del Senado enmendar la conducta de la Comisión. El rol de la Comisión, según su criterio, se configura en un mandato que representa al cuerpo colegiado que es el Senado y, por lo mismo, está permanentemente bajo la censura de él. La Corporación por mayoría, podría desautorizar lo obrado si la Comisión procediera en forma contraria a sus facultades, puesto que no puede pasar por sobre la disciplina colectiva de la Corporación.

El H. Senador señor Ampuero señala los numerosos precedentes en que el Senado nombró Comisiones, Subcomisiones o delegó determinadas funciones en algunos miembros de las mismas para cumplir misiones fuera de su sede (por ejemplo, los casos de leyes sobre Arica, Magallanes, zonas de terremoto y el caso de Palena). Aunque en rigor no existe un procedimiento especial para su designación, no se puede dudar que se trató de diligencia resueltas por la propia Comisión en uso de las facultades que le señala el Reglamento y, de hecho, se realizaron actividades en 'lugares distintos de la sede del Senado.

Su Señoría discrepa fundamentalmente con el H. Senador señor Bulnes en la interpretación de los artículos lº y 33 del Reglamento. En efecto, en la Cámara de Diputados los artículos 1° y 25 del Reglamento de esa Corporación contienen normas análogas a las del Reglamento del Senado y allí los precedentes, especialmente en lo que se refiere a Comisiones Investigadores, son mucho más abundantes que en el Senado, y su funcionamiento no tiene una reglamentación diferente que la que tienen las Comisiones ordinarias, como tampoco sucede en el Senado con las Comisiones Especiales que puede nombrar la Corporación.

Si se interpretaran dichos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados con las mismas restricciones que se pretende hacerlo en el Senado, se llegaría al absurdo de que gran parte de las funciones fiscalizadoras de la Cámara podrían ser inoperantes, lo que constituiría un hecho de extraordinaria gravedad dada la función constitucional que la Carta Fundamental encarga a esa Corporación. .

A su juicio, la diferencia conceptual con el señor Bulnes estriba principalmente en que para Su Señoría existe una diferencia de naturaleza entre las funciones de la Sala y las de las Comisiones, particularmente cuando se trata de expresar el consentimiento colectivo de la Corporación para perfeccionar un acto administrativo complejo que requiere de la concurrencia de dos voluntades: la individual del Presidente de la República y la colectiva del Senado.

Las Comisiones pueden y deben realizar actuaciones que a veces no puede y que generalmente no debe realizar la Sala. Esta no recibe funcionarios y sólo tienen acceso a ella los Ministros de Estado; en cambio a las Comisiones concurren normalmente los funcionarios de las Reparticiones del Estado. Las Comisiones tienen la función de reunir antecedentes y verificar hechos, función impracticable para la Sala del Senado, puesto que no es posible que ella se traslade a distintos lugares o porque en ella no pueden estar presentes sino determinadas personas

De ahí que es lógica la redacción del artículo 40 del Reglamento en cuanto obliga a las Comisiones a reunir los antecedentes e investigar los hechos necesarios para informar debidamente al Senado. Si las Comisiones sólo pudieran funcionar en sesiones, no tendría sentido la salvedad que hace el artículo 33 del Reglamento en cuanto a que algunas disposiciones del mismo no les serían aplicables. En tal caso, las Comisiones sesionarían bajo la misma reglamentación que la Sala y su funcionamiento sólo podría ser en sesiones formalmente citadas al efecto. Tal interpretación es absurda, puesto que lo que la disposición reglamentaria está suponiendo es que las Comisiones tienen que cumplir ciertas atribuciones específicas y diferentes en las del Senado, destinadas fundamentalmente a acumular antecedentes y a comprobar hechos que la Corporación no está en condiciones de realizar como tal.

En síntesis, el H. Senador señor Ampuero sostiene que las Comisiones perfectamente pueden funcionar de otra manera que no sea en sesión, precisamente para cumplir las funciones específicas que se le señalan en el artículo 40 del Reglamento, y es habitual que se deleguen en uno o varios de sus miembros el conocimiento, la investigación o la realización de ciertos trabajos complementarios, los que se entienden realizados por la propia Comisión mediante su ratificación posterior.

Recuerda el señor Senador la visita ocular realizada por las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados a los Astilleros de Talcahuano antes del establecimiento de ASMAR, en la cual no hubo una sesión propiamente tal, pero se levantó un acta en que se dejaron consignados ciertos hechos relacionados con la capacidad y condiciones de las diferentes instalaciones del Apostadero Naval, hechos que sirvieron posteriormente en el Senado para analizar, con mayor proyección el problema, y resolver en definitiva sobre el proyecto de ley que estaba considerando en esos momentos el Congreso Nacional.

A juicio de Su Señoría, la sesión es indispensable para tomar acuerdos; pero otro tipo de actuaciones pueden ser delegadas en su Presidente o en algunos miembros de la misma.

Considera el señor Senador que el punto C. de la consulta, que se está debatiendo, debe contestarse en el sentido de que las Comisiones, ya sea con todos sus miembros o a través de la delegación en algunos de sus integrantes, pueden cumplir funciones fuera de la sede del Senado, cuando se trata de realizar diligencias que tengan por objeto o finalidad realizar una inspección ocular, o reunir otros antecedentes en un lugar determinado.

Las interpretaciones contrarias, a su juicio, llevarían al absurdo de que en numerosos casos en que se ha aplicado el criterio que él sustenta, los actos y diligencias realizadas habrían sido nulos, lo que es mucha gravedad dada la trascendencia que muchas de esas actuaciones tuvieron para ilustrar el criterio del Senado frente a una resolución determinada, afirmación que analiza.

El H. Senador señor Duran concuerda con la necesidad de que las Comisiones del Senado debieran tener mayores atribuciones para reunir antecedentes e investigar hechos sobre los cuales están obligadas a informar al Senado, porque ello daría a la Corporación mayor rapidez en el despacho de los asuntos y una información más profunda en una serie de aspectos. Pero estima Su Señoría que de los artículos lº, 33 y 40 del Reglamento se desprende una interpretación restrictiva en este aspecto. Sin perjuicio de lo anterior, está llano el señor Senador a concurrir con su acuerdo a la adopción de alguna fórmula, mediante la reforma reglamentaria pertinente, que permitirá a las Comisiones operar en general con mayor amplitud.

Refiriéndose al acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional, que ya fue objeto de informe por esta Comisión, Su Señoría estima que se trata de un problema que debe resolverse en conciencia. Destaca el señor Senador que el oficio de los Comités señala en forma perentoria que "El espíritu del acuerdo de la Comisión de Defensa, según lo expresaron los Senadores que concurrieron a adoptarlo, no implica realizar una investigación con el carácter de fiscalización" y, por lo tanto, el problema específicamente planteado no admite ya mayor discusión.

Pexo en relación con el punto en debate cree Su Señoría, sin embargo, que la resolución que tomara la Comisión de Defensa en orden a investigar en el terreno determinadas actuaciones personales de los Jefes Militares propuestos para ascender, podría llegar a implicar una especie de fiscalización sobre personas que no están bajo la subordinación del Congreso Nacional, sino del Poder Ejecutivo.

La aceptación de un criterio amplio en esta materia crearía, a su juicio, trastornos para la debida convivencia y armonía entre los Pode-des Públicos y serios inconvenientes en el trato parlamentario con las diversas ramas de 'las Fuerzas Armadas lo que, incluso, podría producir en éstas una especie de resistencia al Poder Legislativo.

Además, acuerdos de la índole del señalado podrían implicar el peligro de dejar sujeta la carrera de los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas a apreciaciones de tipo político, y más exactamente, al criterio de una mayoría que pueda constituirse en un momento dado en una rama del Poder Público.

El H. Senador señor Duran es de opinión, asimismo, de que dentro del régimen democrático es necesario mantener una fuerza pública independiente y apolítica, que permita evitar el desorden, la anarquía y el desborde, señalando que en la medida en que el Parlamento interfiera en el sistema institucional que rige a las Fuerzas Armadas, se está debilitando la organización jurídica de la democracia. Dentro de la idea que Su Señoría tiene del sistema democrático, no desea que se pueda producir un ambiente en donde los hombres que tienen determinadas obligaciones de jerarquía y obediencia con fundamento constitucional y legal, piensen que aquél se está transformando en definitiva en un conjunto de normas en desuso y sin vigencia práctica.

Por estas consideraciones el señor Senador, sin hacer mención al acuerdo específico de la Comisión de Defensa Nacional, cuyo alcance ha sido fijado por los propios integrantes de ella, es partidario en general de la tesis sustentada por esta Comisión en su informe anterior, que tiene su fundamento en el buen sentido y en la interpretación armónica de diferentes preceptos constitucionales y de la legislación general.

Cerrado, el debate, la mayoría de la Comisión compuesta por los Honorables Senadores señores Bulnes, Duran y Prado os recomienda adoptar la siguiente resolución respecto al punto C. de la consulta:

"Las atribuciones del Senado y las de sus Comisiones sólo pueden ejercerse en sesiones celebradas de acuerdo con las normas que establece el Reglamento y dichas sesiones sólo pueden realizarse en el local del Senado, salvo los casos de peligro material y de presión moral o de fuerza, porque así lo dispone expresamente el artículo 1º, en relación al artículo 33 del texto citado.

Lo anterior no impide que un Senador o un grupo de Senadores lleve a cabo diligencias fuera del local del Senado para formarse juicio sobre los asuntos sometidos a la resolución de éste; pero en tales diligencias los Senadores sólo pueden actuar individualmente y no constituidos en Comisión."

La opinión de la minoría formada por los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo aparece consignada en las intervenciones de los Honorables Senadores señores Ampuero y Chadwick, de las cuales hemos dejado constancia en el cuerpo de este informe.

El Honorable Senador señor Chadwick critica la segunda parte del acuerdo de mayoría, puesto que, en su criterio, vendría a significar el despojo a las Comisiones de la fe indubitable que emana de sus actuaciones certificadas por el Secretario de las mismas en su carácter de Ministro de Fe. No advierte Su Señoría, asimismo, qué diferencia existe entre que la diligencia se haga por la Comisión o por los propios Senadores individualmente considerados.

No cabe duda que en este último caso la actuación de los Senadores podría no tener la autoridad suficiente y con ello se estaría limitando en forma importante la facultad de investigación que reglamentariamente tienen, a su juicio, las Comisiones de la Corporación.

Teniendo presente el acuerdo de mayoría, en el sentido de que reglamentariamente no pueden las Comisiones sesionar fuera del Senado, vuestra Comisión os sugiere, por unanimidad, la adopción de un mecanismo que permita en casos calificados y previa reglamentación especial, el funcionamiento de las Comisiones fuera del recinto del Senado, ya sea directamente o por delegación en uno o más de sus miembros, a fin de que realicen actuaciones o diligencias específicamente determinadas.

Letra D

Si es indiferente el sitio en que se ejercen, ¿quién califica la necesidad , de funcionar fuera del recinto del Senado?

Como se manifestó en la consulta anterior, la Comisión, por tres votos contra dos, resolvió que las Comisiones del Senado sólo podían funcionar en la sede oficial de la Corporación, de donde resulta incuestionable que para esta mayoría no es indiferente el sitio en que se ejercen las funciones de las Comisiones y que, por lo tanto, no cabe absolver la consulta que formula la letra D.

Como la minoría, formada por los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo, fue de opinión de que en conformidad con los artículos 40 del Reglamento del Senado y 5º de la ley Nº 13.069, las Comisiones pueden en ciertos casos, desempeñar sus funciones fuera del local del Senado a fin de reunir los antecedentes e investigar los hechos que estimen necesarios para informar a la Corporación, cree que la necesidad de dicho funcionamiento en otros lugares debe ser calificada por la misma Comisión encargada de estudiar una determinada materia, entendiéndose que la Sala del Senado podría corregir la decisión adoptada por la Comisión.

Letra A

¿Cuáles son los medios para acreditar los hechos de que pueden valerse las Comisiones del Senado ? ¿ Podría estimarse lícita la utilización de todos los medios probatorios reconocidos en la ley común?

El Honorable Senador señor Chadwick expresa que, a su juicio, pueden utilizarse todos los medios de prueba por las Comisiones y, entre ellos, la inspección personal. Además, las Comisiones pueden formarse convicción aceptando como reales y efectivos los hechos de pública notoriedad y, en este caso, están liberadas de la necesidad de apoyarse en medios de prueba.

El artículo 40 del Reglamento, según Su Señoría, no limita los medios de información de las Comisiones, puesto que expresamente las faculta para reunir los antecedentes e investigar los hechos que estimen necesarios. La mención de la facultad de solicitar la comparecencia de funcionarios tiene por objeto establecer la obligación correlativa que pesa sobre los funcionarios de prestar su colaboración.

Del mismo modo, prescribe esa disposición reglamentaria que las Comisiones pueden hacerse asesorar de especialistas y oír a instituciones y personas para resolver el problema reglamentario que se presentaría, a falta de texto expreso, por la asistencia de personas extrañas al trabajo de las Comisiones.

La ley 13.609, de 28 de octubre de 1959, sólo vino, a su juicio, a dar mayor imperio a las resoluciones que las Comisiones podrían adoptar en el ejercicio de las facultades que les acuerda el Reglamento. En todo caso, la obligación de informar al Senado sobre todos los hechos que las Comisiones estimen necesarios, supone y hace indiscutible la facultad que les corresponde, de utilizar los medios de prueba adecuados a esos hechos.

El Honorable Senador señor Luengo comparte esta interpretación. En consecuencia, los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo son de opinión de que bajo las normas del Reglamento vigente todos los medios de prueba son idóneos en el trabajo de las Comisiones y ninguno de ellos puede eliminarse sin menoscabar la esfera de sus atribuciones.

El Honorable Senador señor Duran expresa que, en general, comparte el criterio recién manifestado por el Honorable Senador señor Chadwick, con excepción de aquellos medios de prueba que se relacionan con la inspección personal del Tribunal, en razón de ser incompatible este medio de prueba con los acuerdos ya adoptados por la mayoría de la Comisión y a los que concurrió con su voto favorable.

Estima Su Señoría, asimismo, incompatible con los acuerdos ya adoptados, el punto que se consulta en la letra E., sobre procedencia de autorizar a las Comisiones o a su Presidente, o a uno o más de sus miembros, acompañados con el Secretario correspondiente, para cumplir diligencias en cualquier lugar. Esta opinión es sin perjuicio de la concurrencia del señor Senador al acuerdo de proponer al Senado la necesidad de buscar un mecanismo adecuado para realizar tales diligencias, lo que podría implicar la reforma del actual Reglamento.

Agrega el señor Duran que los medios de prueba que señalan tanto los Códigos de Procedimiento Civil como de Procedimiento Penal tienden a facilitar la formación de un juicio por parte de los Tribunales, por lo que éstos deberán apreciar las pruebas rendidas de acuerdo con el peso o valor que tengan. En relación con las Comisiones del Senado, naturalmente esos medios de prueba están sujetos al criterio de la misma Comisión, puesto que cualquiera de ellas puede estimar que alguno de los propuestos es en un caso determinado improcedente o innecesario, lo que se expresará a través de la votación por mayoría en el seno de la Comisión. Nada impide, por lo tanto, que las Comisiones se opongan o rechacen uno o más de los medios de prueba que consagra la legislación común. El Honorable Senador señor Prado expresa que el artículo 40 del Reglamento del Senado faculta a las Comisiones para reunir los antecedentes e investigar los hechos que estimen necesario para informar a la Corporación. Dentro dé esta facultad podrán valerse de los siguientes medios: a) solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates; b) hacerse asesorar de cualquier especialista en la materia en estudio, y c) oír a las personas e instituciones que estimen convenientes.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 5º de la ley Nº 13.609 obliga a los Servicios y Reparticiones del Estado que indica, a proporcionar a las Comisiones los informes que les sean solicitados por éstas.

Las facultades de los artículos referidos obviamente no convierten a las Comisiones del Senado en tribunales, sino que solamente las facultan para investigar hechos en relación con las materias que deben informar a la Sala, tales como proyectos de ley u otros acuerdos similares.

A su juicio, esta consideración es muy importante para determinar los medios de prueba de que podrán valerse las Comisiones, y por ello, partiendo de la base de que las Comisiones deben informar de la manera más completa y expedita posible sobre las cuestiones entregadas a su estudio, se puede concluir, en primer lugar, que pueden usar los medios que explícitamente autoriza la ley y que son principalmente, a su juicio, los que señalan los artículos 40 del Reglamento y 5º de la ley Nº 13.609.

En segundo lugar, señala Su Señoría que respecto de los demás medios de prueba que contempla la legislación común, ellos en principio también son viables, sin perjuicio de que su aplicación no es obligatoria y, en muchos casos, puede no ser necesaria ni aconsejable. Para resolver sobre su procedencia y eficacia hay que tener en cuenta la naturaleza de dichos medios: así por ejemplo, la prueba de testigos que en el caso de los tribunales puede llegar a tener pleno valor debido a que éstos tienen la competencia e imperio necesario para hacer comparecer a los testigos en casos determinados, puede no ser posible tratándose de las Comisiones del Senado, sobre todo cuando sean personas privadas las que deban prestar declaración y no quieran allanarse a hacerlo. Aún más, si lo hicieran, su testimonio no tiene el valor y peso que señala la ley en los casos de la misma prueba rendida ante la justicia.

Por eso, el señor Senador es de opinión que hay que buscar el procedimiento adecuado, para hacer posible la aplicación de estos medios probatorios de una manera racional a las Comisiones.

En todo caso, le parece a S. S. incompatible a la luz de la actual reglamentación de las Comisiones y con los acuerdos ya adoptados por la mayoría en este informe, la procedencia de la inspección personal del Tribunal, porque ella tiene por objeto verificar por sí mismo y en el lugar en que ocurrieron los hechos, la existencia de los que sirven de base a las alegaciones de las partes.

Concuerda S. S., entonces, con lo expuesto por el H. Senador señor Duran a este respecto. Estima, además, que los medios de prueba de que pueden valerse las Comisiones deben estar limitados por otras disposiciones o estatutos de carácter legal que impidan a las Comisiones, en casos determinados, hacer uso de los medios de prueba generales. En efecto, existen legislaciones que sujetan a ciertas autoridades o funcionarios a un estatuto jurídico especial, que podría hacer imposible el que las Comisiones del Senado usaran indiscriminadamente cualquiera de los medios que se han estimado aplicables para reunir los antecedentes destinados a informar al Senado.

Cerrado el debate, se sometió a votación el punto consultado, obteniéndose dos votos de los Honorables Senadores señores Luengo y Chadwick por la aplicación sin restricciones de los medios de pruebas legales y dos Votos, de los Honorables Senadores señores Duran y Prado para aceptar los medios de prueba generales, con las limitaciones que cada uno de ellos señaló en su intervención y de las cuales hemos dejado constancia.

LETRA B

¿La facultad de llamar a su presencia a funcionarios y oír sus deposiciones, señalada en la ley 13.609, se estima aplicable respecto a aquellos cuyos nombramientos requieran acuerdo del Senado?

Después de un breve debate, en el que intervienen todos los presentes, se acuerda dividir esta consulta en los siguientes puntos:

1) ¿La facultad d las Comisiones de llamar a su presencia a los funcionarios al tenor de lo dispuesto por la ley Nº 13.609, tiene o no aplicación respecto de aquellos cuyos nombramientos requieren acuerdo del Senado?;

¿Se aplica la misma disposición a los funcionarios del orden militar cuyo nombramiento se hace con acuerdo del Senado?, y

¿Podrían las Comisiones en conformidad a la ley Nº 13.609 llamar a comparecer a otros funcionarios del orden militar para cualquiera materia entregada a su conocimiento y decisión?

Las consultas 1ª y 2ª constituyen dos aspectos de 'la pregunta genérica formulada por los Comités, pero que la Comisión, a indicación del H. Senador señor Ampuero, considera más conveniente tratar en forma separada e independiente.

La pregunta número 3 fue formulada por el H. Senador señor Ampuero, en conformidad a la facultad de que deja constancia el acuerdo de los Comités, en el sentido de que esta Comisión podrá estudiar también otras materias atinentes a la consulta, sugeridas por cualquier señor Senador.

El artículo 5º de la ley Nº 13.609, de 28 de octubre de 1959, establece lo siguiente:

"Artículo 5º-Todos los servicios de la Administración del Estado, sean instituciones fiscales, semifiscales, fiscales o semifiscales de administración autónoma, organismos autónomos o de administración autónoma, empresas del Estado, personas jurídicas creadas por ley o empresas en que el Estado tenga representante o aportes de capital, las Municipalidades y sus Cajas de Previsión del sector Privado, deberán remitir en forma permanente a la Oficina de Informaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, sus publicaciones oficiales periódicas o extraordinarias, estudios y estadísticas.

Los referidos Servicios deberán asimismo, proporcionar los informes y antecedentes que les sean solicitados por las Comisiones y por las Oficina de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional. El Jefe Superior del respectivo Servicio del Estado o Municipal, el Vicepresidente Ejecutivo, Director o Jefe Superior, respectivamente, de las Instituciones, Organismos o Empresas, será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en este inciso, cuya infracción será sancionada por la Contraloría General de la República, con la medida disciplinaria máxima que establece la letra c) del artículo 136 del decreto con fuerza de ley Nº 256, de 29 de junio de 1953. Será, asimismo, responsable y tendrá idéntica sanción por la falta de comparecencia suya o de los funcionarios de su dependencia a las citaciones que les sean hechas por las Comisiones del Congreso Nacional.".

Por su parte, el decreto de Interior N° 6.555, de 17 de diciembre de 1959, reglamentario del artículo 10 recién transcrito, impone a los Organismos a que se refiere la ley las siguientes obligaciones:

Remitir en forma permanente a las Oficinas de Informaciones del Senado y de la Cámara de Diputados: sus publicaciones oficiales, periódicas o extraordinarias, estudios y estadísticas;

Proporcionar a las Comisiones y a las Oficinas de Informaciones

a) de ambas ramas del Congreso Nacional los informes y antecedentes que les sean solicitados; y

c) Comparecer ante las Comisiones del Congreso Nacional, los Jefes y funcionarios dependientes.

Los artículos 2º y 3º de este decreto reglamentario disponen:

"Artículo 2º-Los mismos Servicios, organismos y entidades a que se refiere el artículo precedente deberán proporcionar los informes y antecedentes que les sean solicitados por las Comisiones y por las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional, con excepción de aquellos que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de secretos o reservados.

Los informes y antecedentes solicitados por las Comisiones y que tengan el carácter de reservados por su naturaleza o por disposición especial que no tenga fuerza de ley, los proporcionará el Servicio, organismo o entidad por intermedio del Ministro del ramo del que dependa o a través del cual se encuentre vinculado con el Gobierno, manteniéndose los respectivos documentos dentro de la reserva que les corresponde.

Los informes y antecedentes a que se refiere el inciso anterior, solicitados por las Oficinas de Informaciones de cualquiera de las ramas del Congreso Nacional, serán proporcionados, asimismo, por intermedio del Ministro correspondiente, a la Cámara respectiva en la sesión secreta que para este efecto se celebre.

Si los informes y antecedentes referidos precedentemente fueren secretos o reservados por afectar a la seguridad interior o exterior del Estado, comprometer en alguna forma la Defensa Nacional o afectar la estabilidad económica o financiera del país, el Ministro podrá solicitar, en sesión secreta, de la Comisión o Cámara respectiva, en su caso, se deje sin efecto el requerimiento, pero deberá proporcionar tales informes y antecedentes si la Comisión o la Sala insistiere en su presentación.

"Artículo 3º-Para los efectos del debido cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la ley Nº 13.609, en su artículo 5°, tanto el requerimiento o antecedentes, como la comparecencia de los funcionarios, deberá efectuarse por intermedio del Jefe Superior del respectivo Servicio, organismo o entidad, quien dispondrá lo pertinente para dar cumplimiento a las peticiones formuladas.

Si las peticiones inciden en materias respecto de las cuales deba guardarse reserva o secreto, dará cuenta del requerimiento al Ministro del ramo para los fines señalados en el artículo precedente, lo que comunicará a la Comisión u Oficina de Informaciones respectiva."

En lo que dice relación con los funcionarios cuyo nombramiento requiere acuerdo del Senado, hay que tener presente las disposiciones constitucionales respectivas. El artículo 42 Nº 6 de la Constitución Política del Estado señala entre las atribuciones exclusivas del Senado el "Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley lo requiera."

Por su parte, el artículo 72 de la misma Constitución, al referirse a 'las atribuciones especiales del Presidente de la República, dispone en sus Nºs. 5 y 7 lo siguiente:

"5ª-Nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado y Oficiales de sus Secretarías, a los Agentes Diplomáticos, Intendentes y Gobernadores.

El nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos se someterá a la aprobación del Senado; pero éstos y los demás funcionarios señalados en el presente número, son de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;".

"7ª-proveer los demás empleos civiles y militares que determinen las leyes, conforme al Estatuto Administrativo, y conferir, con acuerdo del Senado, los empleos o grados de Coroneles, Capitanes de Navio y demás oficiales superiores del Ejército y Armada. En el campo de batalla, podrá conferir estos empleos militares superiores por sí solo;".

Además de los funcionarios citados en las disposiciones transcritas, pueden señalarse entre los cargos para cuyo nombramiento se requiere acuerdo del Senado, el de Contralor General de la República, Director del Servicio Nacional de Salud y Director del Registro Electoral.

En discusión los puntos de esta consulta, usa de la palabra el H. Senador señor Chadwick quien expresa que ella debe ser contestada en 'los términos generales en que está planteada y que consiste en saber si la facultad que tienen las Comisiones de llamar a su presencia a funcionarios, rige también con las personas de cuyo nombramiento debe pronunciarse el Senado.

Según Su Señoría, se advierten dos criterios: el primero sería el de que todos estos funcionarios tienen el mismo tratamiento, y el otro, el de distinguir entre los funcionarios civiles y los del orden militar. La cuestión reside en determinar si respecto de todos ellos se podrán hacer las mismas consideraciones o si es necesario hacer diferencias entre los mismos.

El H. Senador señor Prado señala que las Comisiones, como se ha informado en las consultas anteriores, pueden usar los medios de investigación y de prueba que señalan los artículos 40 del Reglamento y 5° de la ley 13.609, y aún otros expedientes probatorios, según se dijo anteriormente. Sin embargo, respecto de los funcionarios del orden militar, esa amplitud de criterio puede resultar incompatible con las obligaciones de jerarquía, obediencia y disciplina propias de las Fuerzas Armadas, ¡as que conforman un estatuto que tiene su base en la propia Carta Fundamental.

De ser aplicadas con amplitud a estos funcionarios las disuosiciones sobre facultades de las Comisiones o, por lo menos, en forma equivalente a los funcionarios civiles, se correría el peligro de intromisión en un plano en el que de hecho se estaría vulnerando, si no disposiciones explícitas, en todo caso, principios que emanan de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

Refiriéndose a la consulta, el H. Senador señor Chadwick opina que esta pregunta B. debe tener una respuesta absolutamente afirmativa y en la que debe ponerse especial énfasis, porque le parece a Su Señoría que en esta materia es imperioso reconocer a las Comisiones su derecho para formarse convicción sobre las cuestiones y hechos de que debe informar al Senado. El informe de la Comisión debe ser, según el señor Senador, el antecedente más valioso para la formación de la voluntad del Senado.

La facultad que ejercita la Corporación está concebida en el número 6º del artículo 42 de la Constitución Política, que señala como atribución exclusiva del Senado prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley lo requiera. El Senado, en este caso, emite o manifiesta una declaración de voluntad, siendo éste el sentido que tiene la voz "consentimiento". Se trata de una voluntad que se suma a la del Presidente de la República y que supone el conocimiento de los hechos sobre los cuales recae.

No puede haber voluntad si no se reúnen sus integrantes o elementos que son la inteligencia, la libertad y la intención. Por, inteligencia entiende Su Señoría el conocimiento y para que él exista en una Corporación deberán proporcionársele los antecedentes de hecho correspondientes. El Senado no tendría voluntad, en el sentido auténtico, si fuera llevado a dar aprobaciones, a otorgar su consentimiento o a negarlo, sin saber todo lo que viene a formar el ámbito de los hechos comprendidos en esta decisión.

Obraría sin voluntad el Senado, por ejemplo, si la Comisión encargada de informarlo sobre un determinado nombramiento no pudiera cerciorarse de la identidad de la persona que se va a designar, de su personalidad moral, de su conducta anterior, todo lo cual permite formarse juicio sobre sus condiciones en el plano intelectual, ético y de la actividad que desarrolla o ha desarrollado.

De modo que si las Comisiones en general, como ya lo ha aceptado ésta de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tienen amplia libertad para cercionarse de los hechos que estimen necesarios para informar al Senado, en el caso particular de las designaciones en que deba concurrir la voluntad de la Corporación, están todavía en una condición de mayor exigencia. Faltarían a su deber, a juicio del señor Senador, si omitieran agotar los medios a su alcance para poder proporcionar a la Corporación todos los elementos de juicio que puedan determinar su voluntad en uno u otro sentido. No podría abdicar, por ejemplo, la Comisión de Salud Pública, llamada a informar sobre la designación de una persona como Director del Servicio Nacional de Salud, de su facultad de investigar si esta persona es o no idónea para el cargo.

Reitera el señor Chadwick, de que aquí se trata de un acto de voluntad del Senado, que forma parte de una resolución compleja que requiere también la concurrencia de la voluntad del Jefe del Ejecutivo, y que, por lo tanto, tiene todas las exigencias que son inherentes a estas declaraciones de voluntad. Así como al Presidente de la República no podría negársele la competencia que naturalmente le corresponde para hacer las averiguaciones que juzgara conveniente antes de dar su resolución y proponer la designación de un Embajador, tampoco podría la Comisión de Relaciones Exteriores poner al Senado en la imposibilidad de ser informado debidamente por el cauce normal de su competencia como organismo de trabajo. Si se aceptara el criterio contrario, no existiría ni voluntad ni consentimiento serio y se estaría mutilando el acto de algo que es esencial en él mismo: la cabal inteligencia de lo que se está haciendo.

En este sentido, el señor Chadwick cree que la facultad de llamar a su presencia a funcionarios y oír sus deposiciones, a que se refiere la ley 13.609, se aplica con especial propiedad a aquellos cuyo nombramiento requiere acuerdo del Senado.

Señala Su Señoría que si se trata de proyectos de ley, las normas reglamentarias que facultan a las Comisiones para reunir antecedentes son impersonales. Por tal motivo, en esos casos, oír a determinada persona o tomar conocimiento de hechos concretos, será útil la mayor parte de las veces, pero no indispensable. A su juicio, se puede legislar hacia el futuro previendo hechos que ni siquiera han ocurrido y, por lo tanto, sin estar en la necesidad de oír informaciones muy precisas; pero cuando se trata de la designación de personas de una jerarquía determinada y que tienen un carácter muy singular, las facultades de las Comisiones se transforman en un verdadero deber imperioso de investigar la idoneidad de la persona de cuya promoción se trata.

El señor Chadwick no divisa ninguna razón valedera para hacer excepción cuando se ejercita esta facultad. Precisamente, cuando la Constitución requiere el asentimiento del Senado para la designación de ciertos funcionarios, principalmente en las designaciones de cargos diplomáticos que llevan envuelta la representación exterior del Estado y para los cargos de alta responsabilidad en las Fuerzas Armadas, está reconociendo implícitamente que estas designaciones tienen transcendental importancia. Se considera, en consecuencia, por nuestro Estatuto jurídico fundamental, que a cierto nivel es necesario hacer excepciones y tomar en cuenta la opinión de esta Corporación respecto a las personas que van a desempeñar delicadas funciones de alta responsabilidad. La verdad de las cosas, agrega, es que una mala designación de embajador puede generar problemas muy serios en el campo internacional, como en el orden interno, puede traerlas la mala designación de un general.

Jamás el Senado puede despojarse de la facultad esencial de formarse concepto a través de sus Comisiones de las características, atributos personales y de los defectos que pudieran tener las personas que se proponen para esos cargos de gran responsabilidad. Si no fuera así, el pronunciamiento del Senado sería puramente formalista, carente de significación y desprovisto de toda realidad.

El H. Senador señor Ampuero señala que no se puede poner en duda, que un funcionario público tiene la obligación de concurrir a lañ citaciones que le hace una Comisión del Senado. Su Señoría cree, también, que no puede discutirse siquiera que los funcionarios del orden civil, cuyos nombramientos requieren acuerdo del Senado, deben concurrir asimismo a las Comisiones respectivas cuando éstas los llamen a su presencia en conformidad a las facultades específicas que sobre la materia dan tanto el Reglamento del Senado, como todavía más perentoriamente y bajo sanción, la ley Nº 13.609, de 1959.

Agrega el señor " Senador que sabe que la materia en cuestión es controvertida tratándose de funcionarios del orden militar y, por eso, ha propuesto que separadamente la Comisión resuelva sobre la procedencia de la aplicación de la ley 13,609, en lo que dice relación con los funcionarios sometidos al régimen especial de las Fuerzas Armadas.

El señor Senador estima, tal como lo hizo presente con acopio de argumentos de orden general para todas las Comisiones y funcionarios el H. Senador señor Chadwick, que tanto tos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas cuyo nombramiento debe contar con el consentimiento del Senado, como los demás funcionarios del orden militar, pueden ser citados y están obligados a comparecer dentro del sistema de formas, responsabilidades y limitaciones en cuanto a reservas, que establecen el artículo 5? de la ley citada y su Reglamento Nº 6.555, de diciembre de 1959.

Frente a una consulta del Senador señor Prado, Su Señoría responde que la disposición en estudio se ha aplicado a funcionarios de carácter militar, y recuerda que la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, que estudió el problema de límites en Palena, citó a diversos militares y funcionarios subalternos de la Comisión de Límites.

El señor Ampuero no tiene dudas en cuanto a que los servicios dependientes de los Institutos Armados están sometidos a un régimen de disciplina especial que consagra el Código de Justicia Militar y otros textos legales, como también ordenanzas, reglamentos, etc. Sabe perfectamente Su Señoría que una orden militar debe cumplirse con estricta sujeción a ciertas normas especiales, salvo en casos justificados, cuando el militar hace uso del derecho de representar la inconveniencia de la orden, facultad que hace que el deber de obediencia pueda ser, a su juicio, calificado de reflexivo o relativo al decir de algunos autores de derecho público.

Nunca se ha discutido que en otro orden de ideas pueda inmiscuirse el poder civil en asuntos militares y así, por ejemplo, tenemos que la Contraloría General de la República interviene a diario en cuestiones de ascensos y concesiones de grado o bien frente a reclamos de todo orden. Lo anterior es sin considerar las facultades del Organismo Contralor en materias de presupuestos o inversiones de las Fuerzas Armadas.

Lógicamente, todo el problema debe enjuiciarse en relación al cumplimiento específico del deber que se trata de llevar a la práctica. Es obvio para Su Señoría que si el Senado actúa coparticipando en la designación de un Oficial y respondiendo en la misma medida que el Presidente de la República de la idoneidad y condiciones cívicas, militares y morales del candidato propuesto, tenga el derecho racional de investigar los antecedentes que sean indispensables para formarse un juicio cabal y completo sobre el particular.

Por lo demás, muchas veces en el Senado se ha investigado y solicitado antecedentes sobre la vida de personas propuestas para cargos civiles y militares, sin que se haya dejado ningún aspecto de la personalidad de un candidato que alguna vez no haya sido de alguna manera investigado. En numerosas oportunidades, agrega Su Señoría, la información que llega a la Comisión es insuficiente y difícilmente puede concebirse que se entreguen datos o antecedentes que conspiren contra la decisión del Presidente de la República de otorgar el ascenso respectivo.

En tales condiciones, le parece al señor Senador que la Comisión de Defensa Nacional debe hacer la investigación respectiva, en los términos sensatos que se supone van a aplicar los que tienen la alta investidura de Senadores de la República. Negar al Senado el conocimiento de los hechos que van a conformar su expresión de voluntad es extraordinariamente grave, porque significaría eliminar el carácter consciente y reflexivo que debe tener el acto que imperiosamente debe realizarse.

La casuística es variada en esto, puesto que en el caso de oficiales superiores que no han sido Adictos Militares en el extranjero o que no han ejercido cargos importantes en alguna institución o industria de tipo militar, probablemente los señores Senadores se conformarán con la hoja de servicios respectiva. Pero si, por el contrario, se trata de personas que han desempeñado tales cargos, indudablemente, es importante saber, para formarse juicio de idoneidad, cuál ha sido el comportamiento del Oficial propuesto para ascender.

Otras veces, agrega, no se tiene la información elemental, como la que podría emanar de los boletines del Ejército, Armada o Aviación, documentos en donde se transcriben resoluciones más o menos importantes, pero que en definitiva, casi nunca llegan a estar a disposición de la Comisión.

Se refiere, también, el Honorable Senador señor Ampueros a algunos acontecimientos de importancia que analiza, y a resoluciones de trascendencia para el mando de las Fuerzas Armadas que, por motivos que desconoce no se informan a los miembros de la Comisión de Defensa ni tampoco a su Presidente, lo que es grave para el debido conocimiento que debe tener el Senado sobre tales materias. Si se sigue manteniendo esa política de falta de información a esta Corporación, podría suceder que las Fuerzas Armadas debiliten el papel de instrumentos u órganos de la Nación que tienen y el rol relevante que les otorga la ciudadanía chilena, lo que en ningún caso es de desear que ocurra.

El Honorable señor Prado opina favorablemente respecto al punto primero, es decir, estima Su Señoría que las Comisiones del Senado tienen facultad suficiente para llamar a funcionarios y oír sus deposiciones, tanto en el caso ordinario como respecto de aquellos cuyo nombramiento requiere acuerdo del Senado. La ley Nº 13.609 no distingue y, por lo tanto, es de aplicación general y no encuentra razón atendible para eximir de esta obligación a los funcionarios civiles que deben contar para su nombramiento con el pase del Senado.

Respecto a la segunda pregunta, o sea, si se aplica la misma disposición a los funcionarios del orden militar, cuyo nombramiento se hace con acuerdo de esta Corporación, Su Señoría opina en general también en forma afirmativa, aun cuando desea formular algunas reservas tanto en lo que dice relación con la comparecencia del militar de cuya promoción se trata, como con su deposición ante la Comisión. En efecto, el señor Senador estima que puede haber conflicto respecto a la comparecencia, en atención a normas relacionadas con la jerarquía militar y con el deber de obediencia. Así, por razones especiales que tienen su fundamento en el estatuto particular que rige a las Fuerzas Armadas, podría ser imposible para un militar asistir a la Comisión, por no contar con la autorización de su superior jerárquico, lo que crearía problemas de responsabilidad para éste, que no cree tampoco que puedan resolverse con las disposiciones de la ley N9 13.609.

Asimismo, el personal de las Fuerzas Armadas tiene obligaciones de reserva que hacen improcedente interrogarlo sobre hechos o antecedentes sobre los cuales no puede deponer por razones de disciplina y obediencia, que tienen fundamento en su legislación especial.

En lo que dice relación con la tercera cuestión consultada, esto es, si las Comisiones en conformidad a la misma ley N9 13.609, podrían llamar a comparecer a todos los funcionarios del orden militar para cualquiera materia entregada a su conocimiento y decisión, le parece a Su Señoría que la reserva, en esta hipótesis es aún mayor, puesto que la ley Nº 13.609 como su Reglamento están discurriendo, a su juicio, sobre la base de que sus disposiciones se aplican en forma irrestricta a los funcionarios del orden civil, tal como se desprende de su texto; pero aún si se admitiera que ellas también tienen vigencia respecto a los servicios de la administración militar, no hay que olvidar que éstos están regidos por reglas de excepción, cuyas características emanan en parte de la propia Constitución Política del Estado. Hay antecedentes que, en su criterio, no pueden pedirse a cualquier militar, porque la información sólo puede proporcionarla un jefe determinado, o a veces, solamente el propio Ministro del Ramo.

Su Señoría no divisa cómo, en estos casos, podría aplicarse el sistema de responsabilidades y sanciones que señala la ley N° 13.609 y su Reglamento, puesto que si se tratara de algunas de las situaciones que ha señalado no existe, a su juicio, tal responsabilidad en el jefe respectivo y menos sería posible aplicarle sanción alguna, ya que ni la ley ni el Reglamento en análisis pueden pasar sobre las reglas que la Carta Fundamental de la República determina para las Fuerzas Armadas.

Especial importancia tiene también hacer reserva expresa, para el evento de que llegara a aceptarse el criterio contrario al que él sustenta, de que en determinados casos el funcionario no estaría obligado a comparecer por razones de jerarquía militar, y que, asimismo, aún compareciendo, no estaría obligado a deponer sobre cuestiones que se estimen de carácter reservado o secreto.

En esta forma el señor Senador evacua la consulta que se ha formulado y que, según dijimos al comenzar esta letra, fue dividida en los tres aspectos que hemos señalado.

El H. Senador señor Duran comparte el criterio amplio de los HH. Senadores señores Ampuero y Chadwick, sin perjuicio de estimar que podría producirse en algunos casos la imposibilidad de concurrencia por razones jerárquicas. En cuanto a la información sobre hechos reservado?, este punto está resuelto explícitamente en el artículo 29 del Reglamento 6.555. En efecto, allí se dice que si los informes y antecedentes requeridos fueren secretos o reservados, el Ministro del ramo podrá solicitar, en se-

sión secreta de la Comisión o Cámara respectiva, en su caso, se deje sin efecto el requerimiento; pero deberá proporcionar tales informes y antecedentes si la Comisión o la Sala insistiere en su presentación.

Los HH. Senadores señores Chadwick y Ampuero hacen presente que las reservas formuladas por el H. Senador señor Prado están contempladas y resueltas en el propio Reglamento de la Ley Nº 13.609, que ha motivado las consultas que se han formulado a esta Comisión.

El H. Senador señor Chadwick deja constancia, que, a su juicio, la comparecencia de un militar no puede ser cuestionada, porque ella es obligatoria por imperio de la ley. Sin perjuicio de lo anterior, el compareciente deberá abstenerse de declarar cada vez que haya una norma especial que le imponga este deber de silencio. Si la Comisión insiste, la controversia no se sigue con el compareciente, sino que se traslada al Ministro y es éste quien debe dar las razones del caso en la Comisión o en el Senado.

El H. Senador señor Prado insiste en que una interpretación amplia puede llegar a destruir principios fundamentales que norman las actividades de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, los militares pueden no concurrir a la citación mientras no cuenten con el permiso necesario de su superior jerárquico. Lo lógico, entonces, es llamar al Ministro o a los jefes superiores a fin de que éstos autoricen a los funcionarios para que concurran a la Comisión. Le parece a Su Señoría que éste debe ser el procedimiento normal dentro de las reglas que regulan la jerarquía y el fuero militar.

El Honorable Senador señor Duran señala que el Ministro del ramo puede manifestar que la comparencia de funcionarios no se justifica, porque el dato que la Comisión solicita lo puede entregar él mismo, pero esta tiene derecho a insistir en que venga el funcionario y, entonces, se produciría un problema entre el Ministro y la Contraloría, salvo que se tratara de algún antecedente secreto o reservado, caso en el cual cabría aplicar el inciso final del artículo 2° del Reglamento, varias veces citado.

El Honorable Senador señor Ampuero manifiesta que existen dos principios constitucionales que hay que tener presente, a fin de armonizarlos. El primero es el principio de la jerarquía y la obediencia; el segundo, es que no se puede designar a ningún oficial superior sin el acuerdo del Senado, lo que implica una serie de consecuencias, tales como la formación de un juicio reflexivo por parte de la Corporación. Por esto, a través de las disposiciones de la ley Nº 13.609, se permite al las Comisiones del Senado cursar las citaciones del caso y, lógicamente, ello no constituye impedimento para que el funcionario pida la autorización respectiva. Si el funcionario no comparece, o no se le da la autorización, rigen las reglas de la ley 13.609 y de su reglamento.

Lo que no es obligatorio, a juicio del señor Senador, es que el funcionario responda a todo lo que se le pregunta, pero tanto para el civil como para el militar, la comparecencia es obligatoria. Claro está que el militar se encontrará más frecuentemente en la imposibilidad de responder en razón de las materias reservadas que conoce. En esta hipótesis, se aplicará el inciso correspondiente del Reglamento 6.555 y se escuchará al Ministro.

En caso de no comparencia del funcionario, el responsable es el jefe y a éste se le aplicarán las sanciones que la ley señala. Entre la obligación perentoria de comparecer y la relativa de contestar, hay una razón de orden lógico y jurídico: no se ve por qué si puede excepcionarse el compareciente de contestar se vaya a negar a comparecer. En consecuencia, no se divisa razón atendible para temer que el funcionario vaya a decir algo inconveniente para la jerarquía del Servicio o para el prestigio de los superiores, puesto que puede excusarse de testimoniar algo para lo cual no está debidamente autorizado.

En síntesis, las opiniones que se consignan respecto a esta consulta, pueden resumirse así:

a) Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo, por las razones señaladas, responden afirmativamente los tres aspectos en que se dividió la pregunta.

En su opinión, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley N° 13.609, y en el artículo 40 del Reglamento del Senado, puede llamarse a las Comisiones a funcionarios civiles y del orden militar, como, asimismo, sin distinción, a todos aquellos cuyos nombramientos requiere acuerdo de la Corporación;

El Honorable Senador señor Duran comparte el criterio anterior, sin perjuicio de dejar constancia que en algunos casos a que se refiere el punto 3), puede haber imposibilidad de concurrencia de funcionarios militares por razones de jerarquía u obediencia. En tales situaciones, como también tratándose de informaciones reservadas o secretas, no cabe sino aplicar el propio mecanismo de la ley 13.609 y de su Reglamento, el que, a su juicio, prevé estas circunstancias, y

El Honorable Senador señor Prado concurre con su voto a informar que las Comisiones tienen facultad suficiente para llamar a funcionarios y oír sus deposiciones, tanto con el caso ordinario como respecto a aquellos cuyo nombramiento requiere acuerdo del Senado.

Sin embargo, respecto de los del orden militar,, Su Señoría, en las dos hipótesis planteadas, expresa reservas en cuanto a la comparecencia y deposición ante las Comisiones, como, asimismo, en lo que dice relación con las responsabilidades que la ley 13.609 asigna a los Jefes Superiores en caso de no comparecencia de sus subordinados.

Determinadas informaciones no pueden, a su juicio, pedirse a cualquier militar por razones de jerarquía, obediencia y disciplina que tiene su fundamento principal en la Constitución Política del Estado. En tales situaciones, la información respectiva sólo debe proporcionarla un Jefe Superior o, a veces, solamente el Ministro del ramo.

En consecuencia, con los votos de los Honorables Senadores Chadwick, Duran y Luengo, os respondemos afirmativamente los puntos que se han analizado.

Él Honorable Senador señor Prado solamente concurre el voto de mayoría en lo que se refiere a los funcionarios civiles, puesto que respecto de los del orden militar, aunque acepta que puedan ser citados y oídos en las Comisiones, tiene las reservas de que ha dejado constancia.

LETRA E

Cualquiera que sea la opinión sobre el lugar de funcionamiento de las Comisiones, ¿podrían ellas autorizar a que su Presidente, o uno o más de sus miembros, acompañados del Secretario correspondiente, cumplan diligencia en cualquier lugar?

El Honorable señor Chadwick, para resolver este punto, considera importante examinar si el Senado tiene facultad para delegar en Comisiones Especiales algunas de las suyas. Este punto, agrega, está expresamente resuelto en sentido afirmativo en el artículo 30 del Reglamento del Senado.

Respecto a las Comisiones, no solamente hay razones de buen sentido para reconocerles la posibilidad de autorizar a su Presidente, o a uno o más de sus miembros, acompañados del Secretario correspondiente, para cumplir diligencias en cualquier lugar distinto de la sede del Senado, sino que armonizando diversas disposiciones reglamentarias, se llega a la conclusión indubitable de la existencia de estas facultades.

Las disposiciones atinentes son los artículos 33 y 30 del Reglamento del Senado. El primero de ellos hace aplicable a las Comisiones el Reglamento del Senado en cuanto fuere compatible con las funciones de la Comisión y, el segundo, entrega al Senado la facultad muy amplia de designar para el examen de un asunto Comisiones Especiales.

En el criterio de Su Señoría, es perfectamente aplicable esta disposición a las Comisiones y, aun más, su aplicación tiende a facilitar la investigación de los hechos y antecedentes a que se refiere el artículo 40 del mismo Reglamento para informar debidamente al Senado.

Encomendar, entonces, a un grupo de Senadores miembros de la Comisión, o bien a su Presidente, el examen de un asunto determinado, constituye un principio reglamentario para las Comisiones que surge de la interpretación racional y armónica de los artículos citados del Reglamento de la Corporación.

En definitiva, lo que se pretende es hacer posible un examen o investigación de los hechos que de otro modo pudiera resultar muy difícil de realizar. Si se comete al Presidente un determinado asunto, es porque se admite que con esto se facilita la labor de la Comisión y se salvan dificultades que podrían ser insuperables para un cuerpo colegiado. Se otorga, al mismo tiempo, un instrumento útil que sirve para resolver en una interpretación progresiva de las disposiciones reglamentarias, problemas que el legislador pudo no haber previsto.

Tampoco esta interpretación contradice el propósito fundamental de la ley. Aunque los autores del Reglamentos no contemplaron en forma expresa esta situación, no cabe duda que la solución que él propone se ajusta al espíritu del mismo en cuanto a dar las mayores facilidades posibles a las Comisiones para reunir antecedentes que van a servir de base al informe que rendirán a la Sala.

El Honorable Senador señor Ampuero se manifiesta partidario de autorizar al Presidente de una Comisión para efectuar determinadas diligencias, sin perjuicio de que pudiera estimarse por algunos señores Senadores, que ciertos medios de prueba, como la inspección ocular, no serían procedentes.

Señala Su Señoría que el artículo 33 del Reglamento sirvió de base a la mayoría para sostener que las Comisiones sólo pueden funcionar en sesiones, en circunstancias que las Comisiones, por su naturaleza, tienen una función diferente a la de la Sala. Lo que no puede hacer colectivamente el Senado, como Corporación, lo encomienda a una Comisión que tiene mayor movilidad y posibilidad de cerciorarse más exactamente de los hechos.

Cree el señor Senador que si se da esa interpretación tan estricta al artículo 33, debe estarse a todas sus consecuencias y, por lo tanto, hay que concluir que se aplica a las Comisiones el artículo 30 del mismo cuerpo legal.

El Senado, compuesto de 45 miembros, sesiona asesorado por sus Comisiones Ordinarias y Permanentes, pero puede entregar a un grupo de sus integrantes, en comisión especial, el examen de un determinado asunto. Lo mismo, lógicamente, puede ocurrir en una Comisión, que encomiende a uno o más de sus miembros la investigación o examen de una materia específica. Si se aplican las normas de la Sala a las Comisiones, no cabe duda que habría que llegar a dicha conclusión interpretando armónicamente las disposiciones de los artículos 30 y 33 del Reglamento de la Corporación.

Concluye el señor Senador sosteniendo que es perfectamente posible, entonces, que las Comisiones nombren Subcomisiones para estudiar uno o varios aspectos de los problemas sometidos a su conocimiento, predicamento que, por lo demás, se ha aplicado en innumerables oportunidades respecto de proyectos de ley o de otras materias diversas.

El Honorable Senador señor Prado considera que podría ser útil, práctico y conveniente dar la autorización a que se refiere la consulta, pero la dificultad estriba en que el Reglamento no otorga tal facultad a las Comisiones y, por otra parte, sería dudosa la validez de las actuaciones que practicaran determinados miembros de la Comisión, puesto que, como se sostuvo en el primer punto de este informe, las Comisiones sólo pueden funcionar en sesiones y en el recinto de la Corporación.

Recuerda Su Señoría que concurrió con su voto a adoptar el acuerdo de sugerir al Senado la adopción de un mecanismo que permitiera, en casos calificados y previa reglamentación especial, el funcionamiento de las Comisiones directamente o por delegación en uno o más de sus miembros, a fin de que cumplan diligencias fuera del recinto del Senado.

Insiste Su Señoría en que con la reglamentación vigente, la Comisión debe actuar solamente en sesiones, con sus miembros ordinarios y tomar los acuerdos con la mayoría respectiva.

La disposición del artículo 30 del Reglamento sólo se refiere a Comisiones Especiales para el examen de un asunto, en relación al artículo 29 que enumera las Comisiones Permanentes de la Corporación. No quiere decir, entonces, que a aquéllas deje de aplicarse el sistema general de las Comisiones, en cuanto a su composición, elección de sus miembros, presidencia, quórum, oportunidad para sesionar, etc., lo que demuestra que el argumento de los Honorables Senadores señores Chadwick y Ampuero en este aspecto no tiene base en el Reglamento vigente.

Consecuente con lo anterior, Su Señoría vota negativamente este punto de la consulta.

El Honorable Senador señor Duran expresa que la idea de nombrar una persona en representación de una Comisión para realizar determinadas diligencias en unión con el Secretario de la misma, tiene una serie de ventajas prácticas dentro del propósito de darle a las Comisiones la agilidad que requieren en la búsqueda de antecedentes para el estudio de un determinado asunto. Agrega, sin embargo, que a través de este sistema puede llegar a suprimirse toda garantía a las minorías, puesto que en un momento dado un mayoría determinada puede designar a uno de sus representantes para investigar un asunto y éste fijar día y hora en forma arbitraria para realizar la diligencia, dejando con ello en el papel el derecho de los demás Senadores que integran la Comisión.

Por lo demás, el artículo 40 del Reglamento autoriza sólo a las Comisiones para investigar; en ninguna parte se establece la posibilidad de una delegación.

El argumento basado en los artículos 30 y 33 sólo es aparentemente valedero, puesto que no hay que olvidar que cuando el Senado nombra Comisiones Ordinarias o Especiales, en ellas están representadas las diferentes fuerzas políticas de la Corporación, lo que no acontecería en la Comisión, si una mayoría pudiera hacer tales delegaciones.

Como es posible que haya necesidad de realizar estas actuaciones o diligencias, Su Señoría reitera la recomendación a la Sala, y a la cual concurrió con su voto en el primer punto de este informe, en el sentido de que se adopte un mecanismo para que en ciertos casos determinados y previa reglamentación especial, pueda autorizarse a las Comisiones para realizar diligencias por medio de uno o varios de sus miembros.

Cree Su Señoría que el acuerdo en la Comisión, en tal caso, tendría que tomarse por la unanimidad de sus miembros.

Sin perjuicio del predicamento anterior, el señor Senado vota negativamente este punto de la consulta, ateniéndose a las disposiciones reglamentarias en vigencia y consecuente con sus puntos de vista respecto de la letra C, resuelta por la mayoría de la Comisión.

En consecuencia, el resultado de la votación es un empate a dos votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo, y por la negativa, los Honorables Senadores señores Duran y Prado.

LETRA F

¿A quién corresponde la calificación de los hechos que deben indagarse o de los antecedentes que deben ser agregados?

La unanimidad estima que debe ser la propia Comisión que conoce de un asunto determinado, la que debe hacer tal calificación.

Os recomendamos, por lo tanto, adoptar igual pronunciamiento.

A indicación del Honorable Senador señor Ampuero, la Comisión acuerda agregar el siguiente punto a la consulta sobre la cual os estamos informando:

¿Si el acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional en orden a recoger mayores antecedentes e investigar hechos relacionados con ascensos de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, objeto ya de un infor-me por parte de esta Comisión, implica o no un acto de fiscalización?

El Honorable Senador señor Ampuero expresa que si se invalidaran los acuerdos de la Comisión de Defensa bajo el fundamento de que se trataba de un acto de fiscalización, se estaría fijando un criterio de gravísimas repercusiones para el Senado.

Agrega Su Señoría que si la Sala aprueba el informe de mayoría evacuado en esta oportunidad, en el sentido de que las Comisiones no pueden funcionar sino en el recinto del Senado, no podría darse cumplimiento a los acuerdos de la Comisión de Defensa; pero, de todas maneras, le interesa al señor Senador que la Comisión se pronuncie ahora explícitamente sobre el aspecto que ha planteado.

En discusión este punto, usa de la palabra el Honorable Senador señor Chadwick, quien expresa que en su opinión hay una distinción clara entre el acto de fiscalizar y el de reunir antecedentes para tomar una resolución que es propia del Senado. Sería un contrasentido, agrega, suponerse una autofiscalización, porque cada vez que la Corporación está llamada a dar su consentimiento como tal, cuanto haga una de sus Comisiones de trabajo para dejarla en las mejores condiciones posibles para dar un juicio directo con todos los antecedentes del caso, no constituye sino el cumplimiento preciso de la obligación y responsabilidad que asigna a estos órganos de trabajo el Reglamento del Senado en su artículo 40.

Para que haya ascenso de un Oficial Superior en las Fuerzas Armadas es necesario que el Senado concurra junto con el Presidente de la República, al acto jurídico de dar su acuerdo, sin el cual no puede entenderse perfeccionada la declaración de voluntad que hace el Presidente de la República al proponer el ascenso en el Mensaje respectivo.

Dicho concurrencia de voluntad conjunta con el Presidente de la República supone el conocimiento previo de todos los antecedentes y, en ningún caso, los actos destinados a obtenerlos pueden ser calificados como de fiscalización. En efecto, la Corporación no califica de bueno o malo lo que el Ejecutivo hace al proponer el ascenso. Su actuación propia es aprobar o rechazar la proposición. Por otra parte, en nuestro régimen constitucional la palabra fiscalización tiene el sentido claro de representación al Poder Ejecutivo de que un acto perfecto, que no depende de la voluntad del Congreso, es inconveniente o ilegal y por eso se lo objeta.

De manera que el acto en sí está perfecto o terminado; pero si a juicio de la Cámara de Diputados ha habido exceso en su realización, pueden adoptarse acuerdos o sugerirse observaciones que se trasmitirán por escrito al Ejecutivo. Esto es lo que, específicamente, significa en nuestro régimen constitucional la fiscalización y sobre el particular, a su juicio, no puede caber controversia de ninguna especie.

El Honorable Senador señor Chadwick vota negativamente en la plena conciencia de que los acuerdos de la Comisión de Defensa Nacional de que se trata, solamente constituyeron actos propios de investigación destinados a acumular antecedentes para formar el consentimiento con que debe concurrir la Corporación al aprobar un cargo superior en las Fuerzas Armadas.

El Honorable Senador señor Luengo manifiesta, asimismo, que en la especie no ha existido acto de fiscalización alguna porque la institución de la fiscalización está consagrada en el artículo 39 Nº 2 de la Constitución Política del Estado y allí se precisan sus características, alcances y efectos. Ella se traduce en tomar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del Gobierno, los que deberán ser adoptados por la mayoría de los Diputados presentes y transmitidos por escrito al Presidente de la República. Nada de esto ha ocurrido en el caso en estudio, ya que la Comisión de Defensa Nacional sólo adoptó resoluciones destinadas a investigar determinados hechos relativos a las personas cuyo nombramiento en las Fuerzas Armadas proponía el Ejecutivo y para cuyo ascenso se requería el pronunciamiento del Senado.

Por lo tanto, la Corporación antes de dar su acuerdo y a fin de cumplir su misión específica, no sólo tiene derecho, sino que está obligada a través de sus Comisiones, a hacer las averiguaciones que estime convenientes para formarse juicio sobre el asunto que estaba llamado a decidir.

Por estas razones, Su Señoría vota negativamente, en la misma forma que lo hizo el señor Chadwick.

El Honorable Senador señor Duran señala que en el primer informe que evacuó esta Comisión se tuvo presente por algunos Senadores que la investigación que se pretendía hacer por la de Defensa Nacional en el lugar donde ocurrieron determinados hechos, podía llegar a constituir un acto de fiscalización. En efecto, si se investiga la actitud de un oficial al mando de la tropa para determinar la responsabilidad que incumbe al jefe de cuyo ascenso se trata, se observa que en dicha investigación pueden producirse dos alternativas. La primera es la de averiguar su conducta o comportamiento en determinados hechos en que participó, sin entrar a considerar los actos de Gobierno que en dichos sucesos pueden aparecer realizados. Dicha investigación sería perfectamente legítima y no tendría más objeción que el traslado fuera del recinto del Congreso. Pero, si a través del examen de esa conducta, se va a calificar las obligaciones y responsabilidades del oficial en relación con la acción del Gobierno o con las órdenes que el Ejecutivo haya impartido en un momento determinado, se entraría en un terreno extraordinariamente peligroso y próximo al plano de la fiscalización. En el fondo, la precisión de estas alternativas va a resultar de las conclusiones a que la misma Comisión pueda llegar en sus averiguaciones.

No obstante lo anterior, estima el señor Duran que en el caso particular de que se trata, es fundamental el espíritu del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado, que ha quedado clara y precisamente determinado con el oficio con que los Comités Parlamentarios enviaron la materia en informe complementario a esta Comisión.

Si ese espíritu, según la expresión de los propios Senadores que concurrieron a adoptar los acuerdos, fue el de no realizar una investigación con el carácter de fiscalización y solamente ellos significaron el propósito de examinar antecedentes y responsabilidades directas de los jefes militares en cuanto a tales, le parece a Su Señoría que no cabe mayor discusión sobre el particular. Dicho propósito es, a su juicio, muy valioso y sirve al señor Senador como fundamento preciso para votar la consulta que ha formulado el Honorable Senador señor Ampuero en el sentido de que tales acuerdos no implicaron un acto de fiscalización.

El Honorable Senador señor Prado recuerda que en el primer informe Su Señoría estimó que había un principio de fiscalización en los acuerdos de la Comisión de Defensa Nacional, en orden a investigar atropellos a garantías o derechos en zonas de emergencia y determinar la responsabilidad que en ellos cabría a los jefes militares de cuyo ascenso se trataba.

Recuerda, asimismo, la tesis contraria a la de Su Señoría planteada por el Honorable Senador señor Ampuero, en el sentido de que la Institución Parlamentaria de la fiscalización, consagrada en el artículo 89 de la Carta Fundamental, es una institución especial con características definidas en este artículo y con formas y efectos precisos que no era posible extenderlos a otras actitudes o acuerdos del Senado, mucho menos si se trata del cumplimiento de actos que le son propios a esta Corporación, según la Constitución Política del Estado.

A su juicio, es mucho más amplio el concepto de acto de Gobierno de lo que a primera vista pudiera creerse, puesto que en dicha acepción quedan comprendidos los actos que realicen determinados funcionarios que por su jerarquía se confunden con el Gobierno mismo. De modo que entrar a examinar sus actos, determinar su responsabilidad y calificar su intensión, constituye en muchos casos actos de fiscalización del propio Ejecutivo. Disiente Su Señoría del criterio del Honorable señor Ampuero en cuanto a que lo que configura específicamente la intención de fiscalizar es tomar acuerdos o sugerir observaciones por escrito al Presidente de la República para que éste responda. Ese es sólo un trámite a fin de que el Ejecutivo conteste sobre algunos hechos en que se pide aclaración o se objetan por su inconveniencia o ilegalidad.

Lo substancial, a su juicio, es que después de esta actividad fiscalizadora viene la acusación constitucional, que es lo que le da sentido a la intención de fiscalizar un acto de Gobierno. Nada impide que del examen verificado por el Senado a través de una de sus Comisiones, pudiera derivar una acusación constitucional sin que se haya trasmitido ningún acuerdo u observación al Presidente de la República para que dé respuesta.

En lo que dice relación con la situación específica de la Comisión de Defensa Nacional, resulta ahora que con lo acordado recién por esta Comisión, no habría podido realizarse dicha investigación por estar proyectada su ejecución fuera del recinto del Senado. Esto mismo está indicando, a juicio de Su Señoría, que lo que iba a juzgar en el terreno la Comisión no era tanto la conducta individual del oficial propuesto para ascender, sino que un conjunto de circunstancias que impedían, a su juicio, separar dicha conducta de los actos relacionados con el Gobierno que estaba realizando el Jefe de la zona de emergencia y que, en el fondo, dicho examen iba a ser un juzgamiento de la actitud del Ejecutivo frente a los sucesos acaecidos en esa zona.

Probablemente la Comisión no iba a fiscalizar en el sentido formal que indica el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, porque su investigación podrá no tener como consecuencia el envío de un oficio ni tampoco requerir una respuesta del Presidente de la República, sino que lisa y llanamente iba a tener como consecuencia directa la negativa de acuerdo para el ascenso del militar propuesto.

Pero dicha investigación involucraba, además, la posibilidad de una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, basada en algún discurso de los Senadores concurrentes al lugar de los hechos, en que hubieran enjuiciado los actos de Gobierno relacionados con la zona de emergencia.

Su Señoría, sin desconocer el ánimo de no fiscalizar que formalmente manifiestan los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, estima que es imposible juzgar la conducta específica de un militar en el caso planteado, sin que al mismo tiempo se entren a analizar hechos y conductas del Gobierno, todo lo cual puede llevar esa investigación a una verdadera fiscalización del Poder Ejecutivo.

Como la resolución que se pide a la Comisión en esta oportunidad no dice relación con el elemento intención que pudieron o no tener los Senadores integrantes de la Comisión de Defensa, sino con los acuerdos que formalmente tomaron de investigar atropellos y determinar responsabilidades en zonas de emergencia, Su Señoría cree de su deber insistir en que estos acuerdo implícitamente llevaban al juzgamiento de actos de Gobierno, lo que importa genéricamente fiscalizar en el sentido cabal de la palabra.

Por lo tanto, Su Señoría vota afirmativamente, reiterando su criterio anterior sobre la materia.

El Honorable Senador señor Ampuero manifiesta que aunque le parecen satisfactorias las conclusiones a que ha llegado la mayoría de la Comisión sobre su consulta, cree importante puntualizar algunos aspectos.

En primer lugar, no cree Su Señoría que una gestión o diligencia, para que constituya fiscalización, depende del espíritu con que se vaya a realizar una investigación. Ya ha insistido Su Señoría que el espíritu de ese acuerdo no fue fiscalizar y lo mismo ha hecho la Comisión de Defensa en un documento escrito.

Sostiene, en cambio, que su criterio sobre la materia no nace del espíritu o intención manifestada, puesto que fundamentalmente el carácter de una fiscalización depende de si al término de la investigación se va o no a emitir un juicio valorativo de un acto de Gobierno.

En el caso de la consulta, la Comisión no iba a informar si la zona de emergencia era buena o mala, oportuna o inoportuna, legal o ilegal, sino que su misión era pronunciarse simplemente sobre si el oficial de cuya promoción se trataba era o no digno de ascender al grado propuesto. Si éste era el único juicio que la Comisión iba a emitir, no puede existir ni una sombra de fiscalización, aunque incidentalmente pudieran atravesarse zonas en donde la conducta y el comportamiento del Gobierno tuvieran alguna importancia política.

Recuerda Su Señoría que el artículo 39 de la Constitución Política del Estado es una versión moderna de la antigua facultad que tenía la Cámara de Diputados para censurar a los Ministros de Estado en el régimen parlamentario. En la disposición actual se quiso dejar constancia expresa de que cualquiera que fuera la opinión de la Cámara no implicaba responsabilidad para los Ministros, de manera que esta facultad es fundamentalmente diferente al juicio político, de que ha hablado el Honorable Senador señor Prado, el que tiene un trámite especial que ordinariamente implica la comisión de un delito.

Sostiene Su Señoría que la fiscalización según el texto constitucional vigente significa el enjuiciamiento del acto de un tercero. El acuerdo o la observación que la Cámara de Diputados transmite al Ejecutivo es un juicio valorativo de algún hecho. Entrando a la razón de ser o filosofía de la institución, se llega a la conclusión de que ese acuerdo u observación tiende de algún modo a confirmar o rectificar la conducta del Gobierno y, lógicamente, ello se hace con una finalidad política o, mejor dicho, pretende tener influencia política.

En efecto, la Cámara desearía, en lo posible, que el Ejecutivo acomodara su conducta a lo que su acuerdo u observación formula o señala.

El sentido de la institución es dar a una de las ramas del Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, el derecho de influir en las decisiones del Gobierno mediante acuerdos o sugiriendo observaciones que no pueden ser indiferentes para éste, que debe contestarlas o satisfacerlas. Intrínsecamente la fiscalización supone que para el Gobierno no es ni puede ser indiferente lo que opine la Cámara de Diputados.

Se ha querido, entonces, impedir que el Senado suplante a la Cámara de Diputados en esta tentativa de rectificar o confirmar determinada línea de acción del Gobierno; lo anterior es sin perjuicio de reconocer que el Senado se ha transformado en algunos casos en Cámara política, pero respetando siempre el límite formal que le impide tomar acuerdos o formular observaciones.

Cuando la Comisión de Defensa Nacional acordó investigar la conducta de un oficial, que está cumpliendo funciones en cierto modo políticas, comprende Su Señoría la importancia que tiene el problema de cómo va a ejercer sus facultades; pero rechaza la afirmación de que todo lo que realiza el jefe de una zona de emergencia, un oficial determinado, sea un acto de Gobierno o un acto de administración porque ello constituye un craso error.

Por lo demás, existe en la doctrina una gran confusión entre lo que es acto de Gobierno y acto de administración, hasta tal punto que para algunos autores se identificarían ambos conceptos y para otros constituirían algo sustancialmente diferente. A su juicio, cualquiera que sea la teoría, sostener que la ejecución práctica de las tareas que se han encomendado a un jefe de plaza son todas actos administrativos o de Gobierno imputables al Ejecutivo, le parece una teoría jurídica que consagraría la impunidad más absoluta, incluso, en el orden penal.

Por eso, circunstancialmente, el uso o exceso de poder de un jefe militar y de plaza al mismo tiempo, no puede enervar la facultad del Senado, como organismo constitucional encargado de dar su consentimiento para el ascenso de ese jefe superior, de investigar y examinar todas las circunstancias relacionadas con su conducta y comportamiento.

Síntesis de acuerdos y opiniones

En mérito de lo expuesto, pasamos a sintetizaros los acuerdos de la Comisión consignados en este informe, según el orden en que ellos fueron adoptados. En algunos puntos de la consulta no hubo resolución de la Comisión por haberse obtenido empate en las votaciones respectivas.

LETRA C

¿Las facultades del Senado pueden ejercerse exclusivamente en la sede oficial del Senado, o en cualquier otro lugar?

(Páginas 8 a 19 del informe)

La mayoría de la Comisión compuesta por los Honorables Senadores señores Bulnes, Durán y Prado os recomiendan la aprobación del siguiente acuerdo:

"Las atribuciones del Senado y las de sus Comisiones sólo pueden ejercerse en sesiones celebradas de acuerdo con las normas que establece el Reglamento y dichas sesiones sólo pueden realizarse en el local del Senado, salvo los casos de peligro material y de presión moral o de fuerza, porque así lo dispone expresamente el artículo lº, en relación al artículo 33 del texto citado.

"Lo anterior no impide que un Senador o un grupo de Senadores lleve a cabo diligencias fuera del local del Senado para formarse juicio sobre los asuntos sometidos a la resolución de éste; pero en tales diligencias los Senadores sólo pueden actuar individualmente y no constituidos en Comisión.".

La minoría, formada por los Honorables Senadores señores Chad-wick y Luengo opina que en virtud de las disposiciones de los artículos 40 del Reglamento y 5º de la ley Nº 13.609, las Comisiones pueden en. ciertos casos desempeñar sus funciones fuera del local del Senado, a fin de reunir los antecedentes e investigar los hechos que estimen necesarios para informar a la Corporación.

En atención al acuerdo de mayoría, la unanimidad de la Comisión os sugiere la adopción de un mecanismo que permita en casos calificados y previa reglamentación especial que se estudiaría, el funcionamiento de las Comisiones fuera del recinto del Senado, ya sea directamente o por delegación en uno o más de sus miembros, a fin de que puedan realizar actuaciones o diligencias específicamente determinadas.

LETRA D

Si es indiferente el sitio en que se ejercen, ¿quién califica la necesidad de funcionar fuera del recinto del Senado?

(Página 20 del informe)

Como consecuencia del acuerdo anterior, la misma mayoría estima que no cabe absolver la consulta, por no ser, a su juicio, indiferente el sitio en que ejercen sus funciones las Comisiones del Senado.

Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo, en voto de minoría, estiman que dicha calificación corresponde a la misma Comisión encargada de estudiar la materia, sin perjuicio de la facultad del Senado de corregir dicha decisión.

LETRA A

¿Cuáles son los medios para acreditar los hechos, de que pueden valerse las Comisiones del Senado? ¿Podría estimarse lícita la utilización de todos los medios probatorios reconocidos en la ley común?

(Páginas 20 a 26 del informe)

Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo son de opinión que de acuerdo con el Reglamento vigente todos los medios de prueba son idóneos en el trabajo de las Comisiones y ninguno de ellos puede eliminarse sin menoscabar la esfera de sus atribuciones.

El Honorable Senador señor Duran comparte el criterio anterior, con excepción de la inspección personal del Tribunal, incompatible, a su juicio, con lo ya acordado por la mayoría con su voto favorable en la letra C.

Además, Su Señoría, estima importante consignar en cualquier acuerdo, que los medios de prueba que establece la legislación común, salvo el ya indicado, no son obligatorios para las Comisiones, sino que quedan sujetos en su aplicación al criterio de la misma Comisión, que podría aceptarlos o rechazarlos por mayoría en un caso determinado.

El Honorable Senador señor Prado sostiene la misma opinión del señor Duran en lo que dice relación con la exclusión de la inspección personal y con la falta de obligatoriedad que tendrían las Comisiones de aplicar los medios de prueba de la legislación común, los que quedarían sujetos a la resolución de mayoría en cada caso.

A su juicio, las Comisiones deben usar fundamentalmente los medios de prueba que señalan los artículos 40 del Reglamento y 5º de la ley Nº 13.609.

Hace reserva, también, Su Señoría en cuanto a que el campo de acción de los medios de prueba de que pueden valerse las Comisiones del Senado, debe estar limitado en el caso de estatutos o legislaciones de carácter especial que hagan imposible o improcedente el uso indiscriminado de cualquier medio probatorio.

LETRA B

¿La facultad de las Comisiones de llamar a su presencia a los funcionarios al tenor de lo dispuesto por la ley Nº 13.609, tiene o no aplicación respecto de aquellos cuyos nombramientos requieren acuerdo del Senado?

¿Se aplica la misma disposición a los funcionarios del orden militar cuyo nombramiento se hace con acuerdo del Senado?, y-

¿Podrían las Comisiones en Conformidad a la ley Nº 13.609 llamar a comparecer a otros funcionarios del orden militar para cualquiera materia entregada a su conocimiento y decisión?

(Páginas 26 a 45 del informe)

Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Chadwick, Duran y Luengo, os responde afirmativamente los tres puntos en que dividió la consulta formulada por los Comités Parlamentarios.

El Honorable Senador señor Prado concurre solamente al voto de mayoría en lo que se refiere a los funcionarios civiles, puesto que respecto de los del orden militar, aunque acepta que pueden ser citados y oídos en las Comisiones, tiene diversas reservas cuya constancia aparece en las páginas 39, 40 y 41 de este informe.

LETRA E

Cualquiera que sea la opinión sobre el lugar de funcionamiento de las comisiones, ¿podrían ellas autorizar a que su presidente, o uno o más miembros, acompañados del secretario correspondiente, cumplan diligencias en cualquier lugar?

(Páginas 46 a 51 del informe)

Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo son de opinión de contestar este punto afirmativamente y los Honorables Senadores señores Durán y Prado en forma negativa.

El Honorable Senador señor Durán reitera la recomendación adoptada con su voto en la letra C, en el sentido.de que se estudie algún procedimiento para que en casos determinados y previa reglamentación especial, pueda autorizarse a las Comisiones para realizar diligencias por medio de uno o varios de sus miembros.

Su Señoría estima que en dicha reglamentación debe establecerse que el acuerdo respectivo se adoptará por la unanimidad de la Comisión.

Los fundamentos de votos de cada señor Senador aparecen en las páginas 47 y 49 de este informe.

LETRA F

¿A quién corresponde la calificación de los hechos que deben indagarse o de los antecedentes que deben ser agregados?

(Página 51 del informe)

La unanimidad de los presentes estimó que debe ser la propia Comisión que conoce de un asunto determinado la que debe hacer dicha calificación.

Punto agregado al cuestionario a indicación del Honorable Senador señor Ampuero.

¿Si el acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional en orden a recoger mayores antecedentes e investigar hechos relacionados con ascensos de Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, objeto ya de un informe por parte de esta Comisión, implica o no un acto de fiscalización?

(Páginas 51 a 61 del informe)

Por tres votos contra uno se resolvió que el acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional no implica un acto de fiscalización. La opinión de la mayoría contó con los votos de los señores Chadwick, Durán y Luengo. El voto de minoría correspondió al señor Prado.

El Honorable Senador señor Durán dejó constancia que su voto se fundamenta en la declaración de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, en el sentido de que el espíritu de dicho acuerdo no fue el de realizar una investigación con el carácter de fiscalización.

La opinión de los demás Senadores presentes aparece en las páginas 53, 55, 56, 57 y 58 de este informe.

Sala de la Comisión, a 26 de mayo de 1966.

Acordado en sesiones de 12 y 20 de mayo de 1966, con asistencia de los Honorables Senadores señores Prado (Presidente), Bulnes, Chadwick,

Durán y Luengo. Rafael Eyzaguirre E., Secretario.

6 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE DISPONE QUE LAS INSTITUCIONES DE PREVISION Y EL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL, OTORGARAN UN PRESTAMO A SUS IMPONENTES QUE TRABAJEN EN EL DEPARTAMENTO DE TALCAHUANO.

Honorable Senado:

El proyecto de ley en informe establece que las Cajas de Previsión y el Servicio de Seguro Social otorgarán un préstamo extraordinario a los imponentes que trabajen en el departamento de Talcahuano.

Esta iniciativa de ley, pendiente en la Comisión desde el año 1964, tuvo por objeto conmemorar el Segundo Centenario de la ciudad de Talcahuano.

Por el tiempo transcurrido, ella ha perdido toda oportunidad, razón por la cual esta Comisión de Hacienda os recomienda recabar el asentimiento de la H. Cámara de Diputados para enviar al Archivo este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

7 INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS A IMPONENTES DE ORGANISMOS DE PREVISION CON DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO DE TALCAHUANO.

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros el proyecto de ley, remitido por la H. Cámara de Diputados, que dispone que las instituciones de previsión otorgarán a sus imponentes que trabajen en el departamento de Talcahuano y a los jubilados y beneficiarios de montepíos que acrediten domicilio en dicho departamento un préstamo extraordinario.

A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de la Comisión, el señor Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, la Directora del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, y el Actuario de la mencionada Superintendencia, don Eduardo Miranda.

El artículo 1° del proyecto en informe obliga a las instituciones de previsión a otorgar a sus imponentes que trabajan en el departamento de Talcahuano y a los jubilados y beneficiarios de montepío que acrediten domicilio en dicho departamento durante los 12 meses anteriores a la vigencia de la iniciativa de ley en estudio, un préstamo de hasta 3 meses de sus remuneraciones o pensiones, incluidas las asignaciones familiares, con un máximo de cuatro sueldos vitales mensuales de la escala a) del departamento de Santiago.

El artículo 2º estatuye que los préstamos mencionados pueden solicitarse aunque los interesados tengan pendientes otros con la respectiva institución, y que se pagan en cinco años, con un interés de 6% al año.

El artículo 5º dispone que el Presidente de la República dictará en el plazo de 30 días, contado desde la publicación del proyecto de ley en estudio, y a proposición de los Consejos de las instituciones de previsión, la reglamentación con arreglo a la cual se otorgarán los préstamos.

El proyecto se financia con cargo a los excedentes de las instituciones de previsión, para lo cual se las autoriza para modificar sus presupuestos.

En el caso de que dichos recursos no alcanzaren a cubrir el gasto, podrán contratar empréstitos con el Banco Central de Chile por las cantidades que sean necesarias. Estos préstamos se amortizarán en un plazo no inferior a 5 años, tendrán un interés no superior al 6% anual y para su contratación no regirán las limitaciones de sus respectivas leyes orgánicas.

El artículo transitorio declara compatibles para los obreros de ASMAR, los beneficios establecidos tanto en el artículo 6º de la ley Nº 14.688 como en el artículo 3º de la ley Nº 15.575. El primero, les reajusta sus salarios anualmente en la misma cantidad en que varíe el salario mínimo obrero; y el segundo, les otorgó un aumento del 35% de sus salarios, a contar desde el 1º de enero de 1964.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don William Tha-yer A., expresó el desacuerdo del Gobierno respecto de las ideas contenidas en el proyecto de ley en informe por oficio Nº 1311, cuyo tenor es el siguiente:

"Nº 1.311.- Santiago, 5 de julio de 1965.

Por nota Nº 602, de 22 de junio último esa Comisión solicita que este Ministerio le informe acerca de la opinión que tiene el Supremo Gobierno sobre los proyectos de ley que se refieren a préstamos a imponentes de la provincia de O'Higgins y del departamento de Talcahuano pollas instituciones de previsión y que se encuentra pendiente en el H. Senado.

En respuesta, me permito manifestar a Ud. que ambas iniciativas, no tienen ninguna motivación justa, ni corresponden a ningún estado de necesidad de los imponentes, a quienes se pretende beneficiar.

Además, los organismos previsionales no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la nueva obligación que se les impone en dicho proyecto, que en el caso del que favorece a los imponentes de la provincia de O'Higgins alcanza a un costo máximo de Eº 36.295.000 y en el de Talcahuano a Eº 15.348.200.

Por último, suplir la falta de recursos naturales de las Cajas, mediante la autorización que se les concede para que puedan recurrir al crédito bancario (empréstitos al Banco Central de Chile), significaría interferir, gravemente, la política crediticia del Gobierno, ya que la aplicación de este mecanismo importaría una emisión inorgánica masiva con fines de consumo, del orden de Eº 51.643.400, que es el costo de los dos proyectos.

Por las razones expuestas el Ministro infrascrito debe expresarle que la opinión del Supremo Gobierno es absolutamente desfavorable a los proyectos en referencia.

Dios guarde a Ud.- William Thayer Arteaga."

El señor Superintendente de Seguridad Social informó a la Comisión que el costo máximo del beneficio, es decir, en el caso de que todos los beneficiarios solicitaren el préstamo, es de Eº 15.348.200, sin considerar a las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional, Carabineros, Ferrocarriles del Estado y Bancarios.

Agregó que destinar una cantidad de dinero tan alta al objeto indicado era injustificado, ya que no se satisfacía ningún estado de necesidad y que, por otra parte, el fin que persiguieron los autores de esta iniciativa no podía cumplirse, debido a que el bicentenario de Talcahuano ya había pasado, por lo que el proyecto de ley había perdido su oportunidad. ,

El H. Senador señor Foncea concordó con la opinión del Gobierno y del Superintendente de Seguridad Social, agregando que el beneficio propuesto rompe el principio general del sistema de reparto de la previsión chilena, que se concede un beneficio en desmedro de los imponentes de otras zonas, y que no producía un beneficio efectivo a los titulares del derecho, ya que el préstamo máximo en el caso de los empleados no es superior a Eº 800 y en el de los obreros a Eº 200, sumas que por lo escaso de su monto no permitían a los empleados y obreros efectuar inversiones que mejoraran su nivel de vida.

El H. Senador señor Contreras Tapia expresó su acuerdo con el proyecto en informe, manifestando que los empleados y obreros no solicitaban estos préstamos de auxilio con el objeto de dilapidar su producto, sino que impulsados por la situación de miseria en que viven. Por ello, estimaba de plena justicia concurrir en cualquier forma a aliviar la situación de los trabajadores.

La Directora del Servicio de Seguro Social expresó que el proyecto carecía de financiamiento y que creaba un privilegio para los imponentes de Talcahuano, respecto de los demás que se encontraban en la misma situación de aquellos.

El H. Senador señor Jaramillo manifestó que no creía que empleados y obreros destinaran a fines inútiles las sumas que perciban por este medio, dada la angustiosa situación en que se encontraban. Al mismo tiempo expresó que el proyecto no producía un fuerte impacto en las instituciones de previsión porque a éstas les devolverían las sumas que destinaran a este objeto.

Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado con los votos de los HH. Senadores señores Jaramillo y Contreras Tapia y la oposición del H. Senador señor Foncea.

Respecto al artículo lº, el H. Senador señor Foncea hizo indicación para subsistir el carácter imperativo del beneficio por una autorización a las instituciones de previsión con dicho objeto, al igual que en proyectos similares.

Vuestra Comisión, con los votos de los HH. Senadores señores Jaramillo y Contreras Tapia y la oposición del H. Senador señor Foncea rechazó la indicación, por estimar que su aprobación significa dar un beneficio ilusorio a los imponentes del departamento de Talcahuano.

En cuanto al artículo 2º, el H. Senador señor Foncea hizo indicación para excluir del préstamo a aquellos que se encontraran en mora, por otros préstamos, con las Cajas de Previsión.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

En cuanto al artículo transitorio, el H. Senador señor Foncea hizo indicación para suprimirlo, debido a que establece un privilegio para los obreros de ASMAR al concederles un doble reajuste en el año 1964 y por ser una materia extraña al proyecto.

Vuestra Comisión, con los votos de los HH. Senadores señores Jaramillo y Contreras Tapia y la oposición del H. Senador señor Foncea, rechazó la indicación, teniendo en consideración la mala situación de los obreros a que beneficia el artículo y que por tratarse de una disposición aprobada por la H. Cámara de Diputados no procede declarar su inadmi-sibilidad a discusión.

En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley en estudio:

Artículo lº

Reemplazar la palabra "promulgación" por "publicación".

Artículo 2º

Intercalar, después de la palabra "institución" la siguiente frase, entre comas, "siempre que no se encuentren en mora en su pago,".

Sala de la Comisión, a 8 de julio de 1965.

Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras Tapia y Foncea.

(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

8 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ARICA PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:

La Comisión de Hacienda ha considerado el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Arica para contratar empréstitos hasta por dos millones de escudos, a fin de construir diversas obras públicas.

El servicio de este empréstito se efectuará con cargo a la ley del cobre y a sus rentas ordinarias.

La Comisión de Hacienda prestó su aprobación a esta iniciativa de ley en los mismos términos en que lo hizo la H. Cámara de Diputados y, en consecuencia, os recomienda adoptar igual resolución.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

9 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNACION DE UN AUTOMOVIL DONADO A LA SOCIEDAD CHILENA DE REHABILITACION.

Honorable Senado:

Por decreto supremo, de fecha 30 de junio de 1964, se autorizó la importación al país de un automóvil usado, especial para conducir personas lisiadas, donado desde Argentina a la Directora de la Sociedad Chilena de Rehabilitación.

Sin embargo, como no se liberó de derechos su importación y la beneficiaria no está en condiciones económicas de sufragarlos, este automóvil no ha podido ser retirado de la Aduana.

La Comisión de Hacienda acordó conceder franquicias aduaneras a la importación de este vehículos, dados los fines a los cuales se le destina.

En consecuencia, os proponemos aprobar este proyecto de ley sin modificaciones.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

10 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DONADO A LA SOCIEDAD CLINICA AUSTRAL DE TEMUCO.

Honorable Senado:

La República Federal de Alemania ha donado a la Sociedad Clínica Austral de Temuco D.M. 36.000 en instrumental quirúrgico.

El proyecto en informe concede franquicias aduaneras a la importación de este material.

La Comisión de Hacienda os recomienda aprobar esta iniciativa de ley en los mismos términos en que viene formulada.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

11 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE CONCEDE FRANQUICIAS ADUANERAS A ESPECIES DESTINADAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL.

Honorable Senado:

El proyecto de ley en informe libera de derechos de internación y otros a la importación de un equipo de gas licuado destinado al servicio de los baños públicos de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal.

Vuestra Comisión de Hacienda os recomienda aprobar esta iniciativa de ley que encuadra dentro de los requisitos, a base de los cuales se concede este tipo de franquicias.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

12 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE ESTABLECE UN IMPUESTO A LOS FOSFOROS, PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS EN LAS COMUNAS DE TALCA Y RENGO.

Honorable Senado:

El proyecto en informe tiene por objeto destinar recursos a la construcción de obras públicas en las ciudades de Rengo y Talca.

Para este efecto, se establece un impuesto de cinco milésimos de escudo por caja de fósforos de 40 unidades. Este impuesto será de cargo del fabricante en tres milésimos y se recargará la primera transferencia en dos milésimos de escudo.

El rendimiento de este tributo se estima en Eº 1.700.000.

En la actualidad, se encuentra vigente la ley 5.173, de 1933, que gravó la caja de fósforos de 20 unidades con un impuesto de un centavo y medio. Por lo tanto, la caja de 40 fósforos tiene un impuesto de tres centavos que beneficia, a las mismas ciudades indicadas.

Vuestra Comisión, antes de considerar el fondo del problema, analizó la conveniencia de establecer tributos, que gravarán a todos los habitantes del país, en beneficio de localidades determinadas y hubo consenso unánime de los asistentes en estimar que tal posición atentaba contra toda norma de correcta política tributaria y fiscal.

No es primera vez que la Comisión ha debido pronunciarse en contra de normas de esta naturaleza que tienden a parcelar los ingresos fiscales.

El Ejecutivo y, en especial el señor Ministro de Hacienda, comparte el criterio de la Comisión, razón por la cual no incluyó en la Legislatura Extraordinaria pasada esta iniciativa de ley.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda os recomienda rechazar en general el proyecto de ley en informe.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay y Contreras Tapia.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

13 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE SE LIBERA DE DERECHOS DE INTERNACION A LAS ESPECIES DESTINADAS A LA ASAMBLEA CRISTIANA DE VALPARAISO.

Honorable Senado:

La Asamblea Cristiana de Valparaíso es una corporación de carácter religioso, dedicada a la educación y asistencia espiritual y material de las poblaciones de modestos recursos situadas en la parte alta de la ciudad de Valparaíso.

Por esto, la Comisión, a fin de alentar esta labor, ha aprobado el proyecto de ley en informe que concede franquicias aduaneras a la importación de un furgón usado, de un proyector, de una grabadora y otros implementos destinados a esta institución.

En consecuencia, con la abstención del H. Senador señor Altamirano, os recomendamos aprobar este proyecto de ley, sin modificaciones.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.

14 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNACION DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA LA INSTALACION DE UNA CENTRAL HIDRAULICA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LONQUIMAY.

Honorable Senado:

La Empresa Eléctrica de Lonquimay ha importado maquinarias destinadas a la instalación de una central hidroeléctrica.

La Comisión de Hacienda aprobó el proyecto de ley en informe, que concede franquicias aduaneras a la importación de esta maquinaria, en atención a que es de toda conveniencia pública la pronta puesta en marcha de la Central Hidráulica de Lonquimay.

También prestó su aprobación al artículo 2º que favorece a las cooperativas de consumo que se encuentren funcionando en la provincia de Aisén. En efecto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 12.008, que concedió diversas franquicias de carácter aduanero a las provincias australes del país, para desarrollar actividades de importador es necesario tener una residencia mínima de cinco años, en la provincia respectiva. El artículo 2º de este proyecto exime de tal requisito a las cooperativas de consumo de la provincia de Aisén, pues, parece lógico, que no estén sometidas estas instituciones, que desarrollan finalidades de bien público, a estas limitaciones de permanencia que afectan a los simples particulares.

En consecuencia, os proponemos la aprobación del proyecto de ley en informe, sin modificaciones.

Sala de la Comisión, a 31 de mayo de 1966.

Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio.

(Fdo.): Pedro Correa Opaso Secretario.

15 MOCION DEL H. SENADOR SEÑOR ALLENDE CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE BENEFICIA A FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN EL MINERAL DE EL SALVADOR EL DIA 11 DE MARZO DE 1966.

Santiago, 24 de mayo de 1966. Honorable Senado:

Las consecuencias de los luctuosos acontecimientos provocados en el mineral de El Salvador por la represión armada ejercida a raíz de la huelga de las compañías bajo control norteamericano, no han alcanzado su término con que ahora la paz de los sepulcros rodee a los seis trabajadores y a las dos madres inmoladas o con que los 34 heridos no se hallen en riesgo inminente de fallecimiento o que hayan sido privadas de su trabajo 120 personas, entre obreros y empleados, tanto en el yacimiento referido como en el de Potrerillos.

Aunque en lo que se refiere a los fallecidos cualquier intento de reparación resulta impracticable, por lo menos corresponde que los poderes públicos se esmeren en contribuir a aliviar los problemas que afecten a sus familias en el orden doméstico, fijando a los deudos una indemnización consistente, por un lado, en la entrega de una vivienda Corvi y, por la otra, en el pago de una pensión mensual. Además, alcanza proyecciones cívicas ejemplares el hecho de que el drama que cercenó estas vidas tuviera su origen en un sentimiento de solidaridad de clase entre trabajadores y por lo mismo, es justo exaltar ante las generaciones venideras semejante actitud, erigiendo un monumento -por erogación popular- en su homenaje en las proximidades del lugar de su muerte.

Por lo que se refiere a los heridos, de acuerdo con el mismo principio de reparar en alguna medida los males causados, procede consultar el otorgamiento de una vivienda y de una pensión para quienes hayan experimentado gran invalidez e invalidez total y de pensiones para los que adolezcan de invalidez parcial o de incapacidad temporal.

Por lo que respecta a los empleados y obreros que fueron eliminados es indispensable dejar sin efecto la medida, pagando, además, los salarios que se habrían devengado durante el período que se pretendió imponer cesantía.

La urgencia de esta reparación es clarísima, ya que para "desahuciar" a los afectados no se han tenido en cuenta las normas contempladas en la ley Nº 16.455, que fija disposiciones para la terminación del contrato de trabajo y porque, además, se procedió con un criterio monstruoso, en pugna con los dictados que impone la mínima noción correcta de lo que es justicia y que, por lo tanto, hiere esencialmente a la dignidad humana.

Al referirse a los trabajadores eliminados arbitrariamente, el Coronel de Ejército señor Manuel Pinochet Sepúlveda, Jefe de la Zona de Emergencia y posteriormente interventor de la Empresa, declaró en forma textual ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados:

"Esta gente a la que, conforme a una lista de la Compañía se le caducaron los contratos, hubo que elegirla al azar, porque la lista era demasiado larga. Se les comunicó la caducidad de sus contratos y esto hubo que hacerlo fuera de las horas normales, porque la gente pasaba todo el tiempo y comía en los sindicatos y no se encontraban en sus casas. Así que cuando regresaron a sus casas, se les comunicó la caducidad de sus contratos de trabajo y fueron invitados a abandonar el mineral."

Esta declaración es demostrativa de un enfoque tan absurdo de la cuestión por parte del Jefe militar que actuaba como personero del gobierno y según sus instrucciones, que se hace difícil descubrir los términos adecuados para pronunciar un juicio suficientemente condenatorio. Si la autoridad estimaba que procedía imponer el desahucio, debió afrontar la correlativa responsabilidad, sin atenerse a una especie de oportunismo cuantitativo. Pero hacer intervenir "el azar" para la aplicación de sanciones es algo tan inmoral que sólo viene al espíritu los "rehenes" que elegían -también al azar-los gauleither nacis en su despiadada labor punitiva de los poblaciones rebeldes a su bota.

No es lícito incurrir en el fareseimos de argumentar que se trataba de causar el mal menor. La autoridad pública sólo puede cumplir las leyes y si, a juicio, hay que aplicarlas, tiene que hacerlo con la entereza que surge del honrado convencimiento de su procedencia. Pero en El Salvador sólo se estaba perpetrando una tremenda arbitrariedad con el propósito de doblegar a los trabajadores por medio del terror. Jamás, aun en los episodios más turbios de nuestras dificultades cívicas, se había osado enunciar un criterio como el puesto de realce en esta ocasión.

Todos los hechos que conoce sobradamente la opinión pública con su contenido tan dramático, reforzando éste por lo expuesto por el Coronel Pinochet, acreditan de modo fehaciente la responsabilidad directa del Gobierno en los acontecimientos de El Salvador. Por lo mismo, se hace impostergable la dictación de una ley dirigida a procurar su atenúen perjuicios gravísimos, muchos de los cuales -por desgracia- son irreparables, por las pérdidas de vidas y las incapacidades físicas originadas por las lesiones.

Estas razones nos mueven a proponer el siguiente

Proyecto de Ley:

"Artículo lº- La Corporación de la Vivienda otorgará una vivienda "definitiva" en el lugar de su residencia, al cónyuge o conviviente y a los hijo legítimos, naturales o adoptivos de las siguientes personas: Manuel Jesús Contreras Castillo, Ramón Santos Contreras Pizarro, Raúl Francisco Monardes Mónardes, Marta Clotilde Egurrola Riquelme, Mauricio del Rosario Dubo Bórquez, Ofaldina Chaparro Castillo, Delfín Galaz Duque y Luis Alvarado Tabilo.

A falta de cónyuge o conviviente o de hijos legítimos, naturales o adoptivos, dicha vivienda se entregará a los demás herededores, de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada que contempla el Código Civil.

La Corvi dará prioridad a los asignatarios a que se refiere este artículo para la adjudicación de las viviendas.

Artículo 2º- Concédese una pensión vitalicia ascendente a tres sueldos vitales "Escala A" del departamento de Santiago al cónyuge, conviviente e hijos legítimos, naturales o adoptivos de las personas individualizadas en el artículo anterior. El cónyuge o conviviente percibirá el 40 % de la pensión y los hijos el 60% de su valor. Si no hubiere cónyuge o conviviente, los hijos tendrán derecho al total de la pensión. Si faltaren los hijos, el cónyuge o conviviente percibirán la totalidad de la pensión. Al falta de unos y otros, la pensión se otorgará a los herederos en la forma prevista en el inciso segundo del artículo lº.

Artículo 3°- Las personas que hubieren resultado con invalidez total o gran invalidez como consecuencia de las lesiones recibidas en los incidentes ocurridos en el Mineral de El Salvador el día 11 de marzo de 1966, tendrán derecho a que la Corvi les otorgue una vivienda definitiva en las condiciones señaladas en el artículo 1º. Además, percibirán una pensión vitalicia ascendente a tres sueldos vitales mensuales de la Escala A del departamento de Santiago. En caso de fallecimiento, continuarán percibiendo la pensión el cónyuge o conviviente y los hijos legítimos, naturales o adoptivos menores de 21 años o los herederos supervivientes.

Artículo 4°- Las personas que hubieren sufrido invalidez parcial con motivo de los hechos a que alude el artículo anterior, percibirán una indemnización de diez mil escudos (Eº 10.000) y una pensión vitalicia ascendente a dos sueldos vitales mensuales de la Escala A del departamento de Santiago. En caso de fallecimiento, se aplicarían las normas del artículo precedente.

Artículo 5º- La incapacidad temporal resultante de los hechos a que sé refiere esta ley, dará derecho a una indemnización, por una sola vez, a diez mil escudos (Eº 10.000) y a una pensión de dos sueldos vitales mensuales de la Escala A del departamento de Santiago, mientras dure la incapacidad.

Artículo 6º- Las pensiones de que tratan los artículos anteriores, se devengarán desde el 11 de marzo de 1966.

Artículo 7°- Para los efectos de esta ley, se considerará "inválido parcial" a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a un 70%. Se considerará también inválido parcial al que hubiere sufrido una mutilación importante o una deformación notoria. Se entiende que es "inválido total" quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 70%. "Gran inválido" es aquel que requiere del auxilio de segundas personas para realizar los actos elementales de su vida.

Artículo 8º- Las personas que hubieren resultado con incapacidad temporal, invalidez parcial, invalidez total o gran invalidez debido a los hechos a que se refiere esta ley, percibirán gratuitamente, desde el día 11 de marzo de 1966 hasta su total curación, las siguientes prestaciones: atención médica, quirúrgica y dental en establecimienos externos o a domicilio; hospitalización; medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y rehabilitación física y reeducación profesional.

Artículo 9º- Una Comisión integrada por el Presidente del Colegio Médico, quien la presidirá; por el Jefe del Departamento de Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud y por un Médico designado polla Superintedencia de Seguridad Social deberá informar al Presidente de la República, en el plazo de treinta días, a contar de la promulgación de la presente ley, el grado de incapacidad o de invalidez que afecta a cada una de las personas heridas en los suceso de El Salvador, ocurridos el día 11 de marzo de 1966. Dicha Comisión entregará también copia autorizada de su informe a cada uno de los beneficiarios de esta ley, documento que le permitirá impetrar los derechos contemplados en los artículos precedentes.

Se podrá reclamar ante la Superintedencia de Previsión Social, dentro del quinto día de recibida la copia citada, del pronunciamiento contenido en el informe de la Comisión a que se refiere el inciso anterior. La resolución de la Superintedencia de Previsión Social tendrá carácter definitivo y deberá emitirse dentro del plazo de quince días.

Artículo 10.- Los gastos que demande la presente ley se imputarán al Presupuesto de la Corporación de la Vivienda y a los mayores ingresos provenientes del alza del precio del cobre en el mercado internacional.

Artículo 11.- Declárase que no concurren las causales de terminación de contratos establecidas en el Código del Trabajo ni en la Ley Nº 16.455, respecto de los siguientes trabajadores despedidos por la Compañía Andes Copper Mining, a raíz de su participación en la huelga iniciada el día 2 de marzo de 1966:

Nº Contrato Nombre

1236 Roberto Bordones Ramos3175 Alejandro Gallo Pérez2090 Juan O. Codoceo1230 Rolando Ahumada Ahumada1529 Gerónimo Rojas Araya1851 Abraham Morales Reinoso2070 Marcelino Miranda Mondaca2148 Manuel Núñez Núñez1971 Aurelio Bordones Ramos1791 Juan Zúñiga Vásquez1982 Nacor Campos Castro

1284 Anselmo Poblete Ordenes

1776 Cándido Segundo Torres Olivares3625 Luis Cisterna Guzmán0959 Osvaldo R. Bahamondés Benguerela1761 Mario Castillo Acosta4245 Mario del R. López González7017 Luis Tapia Osorio3555 Primitivo Parías Flores

Nº Contrato Nombre

1023 Pedro A. Palta Palta1058 Maguindo Castillo Andrades1223 Félix Iturrieta Barraza1745 Hernán Malebrán Olivares1879 Horacio O. Ortiz ligarte

1904 Gilberto Pizarro Ibacache 2651 Raúl A. Rojas Rojas 1149 Osvaldo Pinto Barraza 1609 Juan Suárez Álamo 1452 Claudio Pasten Pasten 1527 Neftalí Tirado Tirado 3496 Gerónimo del C. Morales Peralta 2697 Carlos Fagardo Figueroa 2064 Isaías Andrade Michea 1289 Juan Monroy Monroy 2028 Juan Tapia Tapia 1890 Santiago Morales Reinoso 1673 Enrique del T. Araya Torres 1096 René Araya Donaire 2301 Héctor Campos Palacios 1589 Bertín Lemus Michea 1958 José O. Cerda Cortés 3100 Carlos Soto Olivares 2883 Pablo Cortés Leyton 2603 Pío Pérez Araya

544 Juan Araya Araya2411 Bascur del R. Díaz Díaz5425 Francisco J. Peredo Peredo3627 Alamiro Astudillo Astudillo

1013 Pedro Ordenez Ordenez1035 Luis H. Rojas Pizarro1163 Carmen Enrique Ardiles Ardiles1275 Vicente Valdivia Michea1834 José R. Guanel Guanel1898 Luis A. Opazo Opazo2016 Horacio Bugueño General2854 Esteban Leyton Cortés1294 David Moyano Farfas1792 Sergio Aguilera Zepeda1721 Manuel del R. Torres Vera

1848 Amable del C. Elgueda Araya2060 Gustavo Arenas Fuenzalida2507 Francisco O. Cortés Castillo1374 Pioquinto del C. Torres Torres

1569 Félix Díaz Maturana

1846 Manuel Jeses López Bórquez1693 Alfonso del Rosario Rojas1500 Héctor Segura Cortés2363 Pedro Ceballos Guzmán1331 Marcos Miranda QuinzacaraMineral de Potrerillos:

0585 Francisco Araya Figueroa

0526 Abraham Araya Araya4870 Oscar Moretta Pérez7005 Guillermo Tapia Gutiérrez4611 Víctor Masbaldo Araya Margado5632 Guillermo Bugueño Olguín8210 Oriel Godoy Ardiles4662 José Edo. Mandiola Molina4237 Sergio Mesa Vega7393 Ismael Puelles Puelles4122 Víctor Manuel Rayo Rayo4986 Hugo Thompsion Adasme4220 Osman Huberto Veira Leyton9405 José Domingo Vallejos

4205- Rosendo Antenor Bórquez Pizarro4212 Inocencio Peralta Peralta4107 Osvaldo Horales Esquivel7707 Horacio Toledo Moraleda4119 Lorenzo Bordones Villegas4225 Osvaldo García Moroso4255 Urbano Aguilera Aguilera2022 Héctor M. Adaros Adaros2290 José H. Díaz Rojas2621 José M. Rojas Rojas1953 Custodio Córdova2512 Blas Enrique Jofré Leyton2377 Amaro Orlando Veliz Araya2149 Jorge E. Gómez Gómez1886 Ramón Rojo Olivares

1011 Manuel Barraza Barraza2121 Juan Manuel Coroceo Cortés0415 David Alvarez Rivera3740 Neftalí Huanchicay Zuleta4116 Tito Leyton Labarca9164 Carlos Patricio Arias Cárdenas4110 José Armando Alanis Salcedo4882 Miguel Armando Gómez Gómez4967 Vicente Segundo Martínez Martínez4875 Diógenes Eralio Morales Morales

Nº Contrato Nombre4232 José Mercedes Opazo Monárdez9145 Sergio del R. Pizarro Arredondo4879 Luis Alfonso Rives Jara

4602 Gmo. Aliro Torres Torres

4604 Pedro de la R. Vergara Vergara4968 Jorge Zamora Carreño4207 Melitón 29 Rojas Miranda4143 Adilio Morales Morales4638 Rolando González Cruz8327 Juan Canivilo Naveas4211 Sergio Aguilera Salíate4269 Pelayo Cortés Godoy

Déjase sin efecto la caducidad de los contratos de todas las personas individualizadas en este artículo. La Empresa Andes Copper readmitirá a estos trabajadores en las faenas y con las mismas remuneraciones y beneficios que desempeñaban y percibían a la fecha de sus despidos.

La empresa Andes Copper Mining cancelará a las personas a que se refiere esta disposición, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, la totalidad de los salarios, sueldos, asignaciones, regalías y demás beneficios que habrían tenido derecho a percibir desde la fecha de la caducidad de sus contratos hasta su reincorporación a la compañía.

La caducidad del contrato de estos trabajadores y el tiempo que hubieren permanecido fuera de la empresa como consecuencia de esta medida, no afectará ni privará a esas personas de los beneficios y derechos establecidos en las leyes vigentes.

Artículo 12.- En caso de que la Empresa Andes Copper no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior, deberá pagar a cada uno de los trabajadores allí individualizados una indemnización, por una sola vez, de treinta mil escudos, sin perjuicio de los otros beneficios a que ellos tengan derecho, de acuerdo con las leyes vigentes. En caso de fallecimiento del beneficiario, percibirán la indemnización el cónyuge y/o los herederos. Además, se aplicará a la empresa una multa de beneficio fiscal de E° 30.000 por cada trabajador que se niegue a reincorporar.

La compañía deberá pagar la indemnización precedente y enterar en arcas fiscales la multa contemplada en este artículo dentro del plazo de 10 días contados desde que niegue la reincorporación del trabajador, hecho que podrá certificar un Inspector del Trabajo o un Notario Público del Departamento de Chañaral.

Artículo 13.- Los trabajadores del Mineral de Chuquicamata cuyos contratos hubieren sido caducados con posterioridad al 1° de marzo de 1966, con motivo de su solidaridad con la huelga que afectaba a los obreros y empleados del mineral de El Teniente, tendrán los mismos derechos establecidos en el artículo anterior. La compañía Anaconda deberá pagar también la indemnización y la multa a que se refiere esa disposición, en los casos allí previstos.

Artículo 14.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicarán también a las personas que eran dirigentes de los Sindicatos de Obreros y Empleados de Potrerillos, El Salvador, Barquito y Chuquicamata al 1º de marzo, de 1966. La indemnización que allí se establece para el evento de que las compañías Andes Copper y Anaconda no los reincorporaren, será sin perjuicio de los demás beneficios económicos, sociales y previsionales a que tengan derecho actualmente, en virtud del fuero sindical y de las leyes vigentes.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 5º y 8º las personas que hubieren sufrido incapacidad temporal, invalidez parcial, invalidez total o gran invalidez por efecto de las lesiones recibidas en los sucesos del 11 de marzo de 1966 en El Salvador, tendrán también los derechos contemplados en los artículos 11 y 12.

Si como consecuencia de su incapacidad o invalidez, esas personas no pudieran ser reintegradas en las mismas faenas que desempeñaban el lº de marzo de 1966, serán asignados por la compañía a faenas compatibles con su estado físico, manteniéndole las remuneraciones, asignaciones y demás beneficios que percibían en esa fecha.

Artículo transitorio.- Dentro del lapso de un año, a contar de la vigencia de esta ley, la Confederación del Cobre erigirá un monumento como homenaje a los caídos en el Mineral de El Salvador de 11 de marzo de 1966 y como una exaltación del mérito de la solidaridad obrera en resguardo de sus intereses de clase.

Para estos efectos, la Confederación del Cobre queda autorizada para promover una erogación pública de carácter nacional y para construir el referido monumento en el bien nacional de uso público que estime adecuado, en los accesos al Mineral de El Salvador.

Artículo final.- Esta Ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

(Fdo.) Salvador Allende G.

O T. 1492 - Instituto Geográfico Militar - 1966