Labor Parlamentaria

El señor GARCIA (Vicepresidente).-

Continúa la discusión del informe de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura y Colonización, unidas, recaído en el proyecto sobre reforma agraria.

Tiene la palabra el Honorable señor Von Mühlenbrock.

-El proyecto figura en los Anexos de la sesión 33ª, en 26 de julio de 1966, documento 4, página 2184, y el informe, en los de la sesión 1ª, en 3 de octubre de 1966, documento 29.

El señor MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, Honorable Senado:

En el mes de agosto, cuando estudiábamos en laboriosas sesiones de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura el proyecto de reforma agraria que en estos momentos preocupa a la opinión pública y a esta Sala, el Senador por O'Higgins y Colchagua, don Hermes Ahumada, publicó en la Editorial Jurídica un Tratado de Sociología que tiene el mérito de poner al alcance colectivo esta difícil ciencia que los eruditos gozan en complicar, cuando, para contribuir realmente a la educación ideologógica de los pueblos, debería ser tan clara como el agua cristalina de nuestras vertientes.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Es un libro brillante. Aconsejo a Su Señoría que lo lea.

En su tratado, el estudioso colega confiesa su preocupación por los grandes problemas sociales y plantea en angustiosas frases la gran interrogante del siglo: "¿Hacia dónde va la sociedad contemporánea? ¿Hacia la construcción o hacia la destrucción? ¿Irá hacia el respeto o hacia el aniquilamiento de la persona humana? ¿Irá hacia la consagración de valores o hacia la nulidad? ¿Creará nuevas formas de convivencia y de solidaridad social o seguirá siendo el hombre el lobo del hombre?"

Mientras discutíamos el complejo proyecto del Ejecutivo, sin duda alguna, la ley más trascendente de los últimos años, agradecí en lo íntimo de mi espíritu la interrogante del colega y profesor, pues vino a afianzar mi criterio de franco apoyo y respaldo al proceso de transformación estructural que iniciamos bajo la Presidencia de don Jorge Alessandri, con la dictación de la ley 15.020, que colocó a Chile en la etapa de los grandes cambios sociales, y que ahora, bajo la luminosa inspiración del gran conductor americano que es Eduardo Frei, retorna a nuestra patria su auténtico brioso impulso, su misión histórica ante la latinidad, hasta que llegue a rescatar aquel maravilloso calificativo que nos dio José Enrique Rodó, el autor de Ariel, cuando gritó ante el mundo, asombrado por las creaciones del alma chilena que iluminaban con su resplandor las rutas de América: "¡Chile! ¡nación maestra y rectora de naciones!"

La respuesta debe ser una sola.

Porque la respuesta, señor Presidente y Honorable Senado, sólo puede ser una: la que damos los demócratas, los que no podemos respirar sino el aire de la libertad, los que amamos los valores del espíritu y creemos en la dignidad de la persona humana. En Chile sólo podemos marchar hacia el progreso y la dinámica social construyendo un orden basado en el respeto de los valores espirituales, sobre la real práctica de la fraternidad y la convivencia, huyendo del miedo y el egoísmo, con fe plena en el hombre y su destino, que sólo realiza a través de la justicia.

Hombres como Dioses, como soñaba Wells, enamorados de la paz, forjados en el crisol del amor, triunfantes sobre las pasiones, los prejuicios y la moral utilitaria.

Valientes y dotados de coraje para quebrar las viejas estructuras que conducen al hombre a su explotación por otros hombres; fuertes para abrir paso a la etapa en que el hombre se encontrará a sí mismo y construirá la sociedad en que realmente todos serán hermanos.

Don Raúl Sáez, el economista que tanto prestigio ha dado a Chile, invitado por la Universidad de Méjico a una Conferencia, en que participaron personalidades mundiales -entre ellas, varios Premios

Nobel-, supo expresar el pensamiento que anima a Chile ante los problemas del hombre moderno, en un discurso del cual deseo repetir una tesis que considero medular: "La velocidad del cambio es tal que resulta imposible esperar que la organización de la sociedad se ajuste por si sola a las condiciones nuevas sin provocar choques violentos. El desarrollo de los países en las circunstancias presentes de la humanidad, implica, necesariamente, un grado de planificación, cuya intensidad y naturaleza es función, por un lado de la tasa de crecimiento económico y, por otro, del nivel general de educación, del sentido económico de la población, de la madurez y la organización política y de la responsabilidad individual y colectiva frente al bien común."

Este es el dilema que en nuestra conciencia de demócratas crea el proyecto de ley de reforma agraria que estamos debatiendo, y ante el cual deberemos pronunciarnos con profunda responsabilidad.

El proyecto de reforma agraria, tal como ha sido concebido por el Gobierno del Presidente Frei, es de tremenda trascendencia y provocará profundas transformaciones en el orden social chileno, con una serie de derivaciones de no menor eficacia que se extenderán a todas las actividades nacionales abriendo nuevos caminos a nuestro pueblo.

Se lo puede analizar desde todos los ángulos, con simpatía o rechazo, y proponerse las modificaciones que se deseen, pero una verdad irrebatible queda en pie, y con sinceridad la expreso en este hemiciclo. En lo principal de su concepción, en lo que será el eje de su funcionamiento, está admirablemente acondicionado, se atiene a la realidad nacional, corresponde a lo que es posible hacer en un país como el nuestro y obedece a una noble filosofía.

Aún más, creo que los autores del proyecto han sido hábiles para estudiar las reformas agrarias realizadas en otras naciones, y han sacado provecho de sus errores y aciertos, de los sistemas puestos en práctica y los resultados que hasta ahora se obtienen.

Estimo que no fracasará, y la realidad es que no puede ni debe fracasar. Tengo solvencia para opinar sobre reforma agraria desde dentro del inmenso mundo que es tal acontecimiento, por cuanto he sido y soy apasionado partidario de los cambios sociales, los cuales considero indispensables e irreversibles si queremos mantener en Chile el sistema democrático.

Los Senadores que integramos el Comité Independiente del Senado, señores Sergio Sepúlveda, Juan Luis Mauras y el que habla, votaremos favorablemente y con profunda adhesión la idea de legislar a favor del paso decisivo que para el futuro de Chile entraña este proyecto de reforma de la ley 15.020, que, ante el incontenible impulso del proceso social, quedó atrás, por lo cual es necesario e impostergable dotar al Ejecutivo de nuevas atribuciones para dar a la agricultura su dimensión definitiva.

La responsabilidad individual y colectiva.

He citado la interrogante del Senador Ahumada y la respuesta del ingeniero Raúl Sáez, porque ellas sintetizan nuestra posición ante el gran dilema del desarrollo de la nación chilena.

De la responsabilidad individual y colectiva frente al bien común, dependerá el futuro de la democracia chilena. Ella resolverá si los valores de la cultura occidental cristiana van a subsistir o si se perderán en la noche de la regresión totalitaria o del materialismo reaccionario.

Porque el dilema es uno y simple: Chile es una democracia y debe continuar siéndolo. Tenemos la obligación categórica de salvarla y perfeccionarla. En la aplicación de este concepto, no puede existir vacilación, porque no hay disyuntiva ni camino intermedio. Sólo la democracia es la ruta del hombre libre.

Quienes se oponen a las reformas sociales, a la renovación de estructuras; quienes niegan el paso de las muchedumbres misérrimas al ascenso y satisfacciones de la vida culta, son simplemente enemigos de la democracia, prueban no haber aprendido ni comprendido nada, que el miedo y el egoísmo moran en sus almas y que no marchan con la evolución del hombre.

Ya lo dijo Stevenson, en palabras que siguen siendo la clave de las fórmulas que se deben emplear para que subsista la democracia: "Una política fundada sobre el anticomunismo y la potencia militar no representa el espíritu del gran movimiento del Siglo XX. El desafío que se nos ha lanzado es el de identificarnos con la evolución social y humana y alentar, ayudar e inspirar las aspiraciones de la mitad de la humanidad a una vida mejor, guiándola por vías que conduzcan a la libertad".

¿Cómo hemos respondido al gran desafío del marxismo los hombres que creemos en la democracia y pretendemos mantener los valores de la civilización occidental cristiana? ¿Realmente, en la medida de la línea que nos trazó Adlai Stevenson, el genial inspirador de Kennedy? ¿Acaso en la visión que dio a Occidente Teilhard de Chardin: "Ver o perecer. Tal es la condición impuesta por el don misterioso de la existencia a todo lo que es elemento del Universo. Y tal es, por consiguiente, en un grado superior, la condición humana"?

¿Hemos mirado nosotros con coraje y descarnadamente, sin temor alguno, el verdadero rostro y contenido de la democracia que vivimos, el orden social que practicamos?

Hemos medido en calidad y cantidad comparativas de todos los sectores, las condiciones reales en que subsisten las mayorías llamadas a sostener y resguardar la democracia, ante quienes la combaten desde todos los extremos, porque tanto luchan contra ella el que quiere destruir sus instituciones para dar paso al Estado omnipotente, como aquel que con egoísmo y crueldad reaccionaria se opone al avance social, la justicia y la dignificación del pueblo.

¡Ver o perecer! ¡No hay otra disyuntiva, pero "ver" significa reconocer, aceptar, rechazar las tinieblas que separan de la luz. "Ver" significará comprender y -¡oh, paradoja!-, para quienes están ligados estrechamente a los bienes materiales, para aquellos que no entregan ni aportan nada, la visión de los que lleguen a la luz significará también Ja salvación de sus egoísmos e intereses.

Moldes nuevos, como dijo el poeta. Odres nuevos para el vino nuevo de las ansias del pueblo chileno. Reforma agraria, ascenso y dignificación del campesinado misérrimo. Creación de una agricultura fuerte. Desarrollo de nuevas industrias básicas. Derrota del proceso infla-cionista. Incorporación dé los territorios australes. Descentralización administrativa y desburocratización. Toda gama de tareas que abrirán anchos horizontes sociales, económicos y espirituales, en la lucha de un futuro que debe proscribir para siempre al pasado hueco y egoísta, que se niega a morir, que pretende regresar.

Todo dependerá de la forma como cada cual reaccione en su responsabilidad individual y colectiva frente al bien común.

En julio de 1961, a pocos meses de jurar como Senador, interpretando el anhelo de los agricultores y campesinos de mi zona, fundamenté en este hemiciclo mí posición apasionadamente favorable a una reforma agraria integral y masiva, como herramienta indispensable para resolver el grave déficit nacional de alimentos, para terminar con la grotesca tragedia de que Chile gaste sus valiosas divisas en importaciones de alimentos que sobradamente puede producir y para incorporar, de una vez por todas, a la plenitud de la vida civilizada, a los 3.000.000 de seres que integran el campesinado.

Tuve el placer de luchar en idéntica trinchera de avanzada social, sincera y ardiente, con mi colega y amigo, el Senador por O'Higgins y Colchagua, don Armando Jaramillo, compañero de afanes en la justiciera iniciativa de nivelar el salario vital agrícola con el salario vital industrial, que, por desgracia, vetado en esa oportunidad, sólo vinimos a consolidar en el año 1965.

La doctrina liberal y el mundo moderno.

Soy liberal. Mis planteamientos políticos se inspiran en la doctrina viva y revolucionaria del neo liberalismo, que en el mundo resuelve los problemas del hombre y de la economía; prueba que la justicia social y la democracia son compatibles, y que la propiedad, la capacidad creadora y la iniciativa privada son atributos al alcance de las mayorías y no de unos pocos; tiende puentes para que capital y trabajo sean socios fraternos en la común tarea de forjar el desarrollo, la prosperidad y la abundancia, y que la libertad es el único horizonte donde el hombre puede proyectar sin miedo su espíritu hacia la conquista del destino que ambiciona y de aquél que a la especie aguarda en las estrellas.

El liberalismo auténtico es y ha sido revolucionario a la par que evolutivo. Se alzó sobre la tierra con el objeto de desterrar para siempre la noche del absolutismo, el feudalismo y la explotación del hombre; para iluminar la marcha de la humanidad hacia la convivencia fraterna y el progreso dinámico. Los días del liberalismo no han terminado: su ideología perfeccionada da nuevos y espléndidos frutos.

De ahí, señor Presidente y Honorable Senado, que mi Honorable colega don Sergio Sepúlveda y el Senador que habla no tengamos inhibiciones al votar favorablemente, en general, el proyecto de reforma agraria, sino, por el contrario, apoyamos la iniciativa y queremos su perfeccionamiento para que, por ningún motivo, la trascendental tarea pueda fracasar, porque si ello ocurriera, lo que no creemos, se abrirían crueles abismos ante Chile.

Chile tiene muchas agriculturas.

Quienes han criticado o rechazado la reforma agraria por temor o reaccionarismo interesado, miraron sus vacíos, y quienes la defendieron denodadamente se apasionaron por el proyecto, considerando sólo los ataques, y de ahí que la fundamental iniciativa no haya sido revisada por la Cámara de Diputados en la profundidad que merece, porque pasos de este tipo modifican integralmente la vida de un pueblo e influyen en la suerte de sus generaciones e institucionalidad. Quiero analizar el proyecto, Honorable colegas, con absoluta imparcialidad, porque a los Senadores del Comité Independiente, los anima el más alto propósito de bien público y deseamos que esta iniciativa cuando se convierta en ley, lo sea como la más positiva y prestigiada herramienta de ascenso social y fomento agrícola de que disponga el país por muchas décadas..

En primer lugar, debemos asumir la actitud, de preguntarnos honestamente: i Qué es la reforma agraria ? Porque, señor Presidente, una reforma agraria no es sólo la variación leve o intensa de los sistemas de tenencia de la tierra, sino una empresa mucho, pero inmensamente mucho más amplia, en la que si no se consideran todos y cada uno de los factores que juegan en la agricultura, no será reforma ni tendrá éxito alguno, sino que puede arrastrar a toda una nación al colapso.

Para definir la agricultura y una reforma de la actividad madre de todas las actividades humanas, tendría que pedir prestado un bello pensamiento al economistadon Carlos Keller, el erudito estudioso de los problemas económicos chilenos, que tanto y tan noblemente ha contribuido al desarrollo de nuestra economía. El señor Keller, en su libro "Revolución en la agricultura", editado por Zig Zag en 1956, dice, refiriéndose a la infinita variedad de agriculturas que hay en Chiles "El peor error que se puede cometer al estudiar la agricultura chilena, consiste en tratarla en globo y forzarla a un lecho de Procustes. Al hablar de la agricultura chilena, debe tenerse siempre presente que es como referirse a una sinfonía y no a un canto gregoriano".

Bello y acertado concepto de don Carlos Keller, porque al calor de los choques sociales se olvida fácilmente lo que ya hace siglos cantara don Alonso de Ercilla y Zúñiga: "Es Chile norte sur de gran Ion-gura". Y en sus 5.000 kilómetros de costa y en sus "cien millas por lo más ancho tomado", se permite nuestra bella y querida patria exhibir todas las agriculturas, así como también todos los climas y todos los problemas.

Tengo a honor ser Senador de una zona esencialmente agrícola, donde en mi carrera política he vivido en estrecho contacto con campesinos y patrones, a los que durante muchos años he acompañado en sus afanes, sueños y problemas. Problemas muchos, éxitos, desgraciadamente, muy pocos.

Valdivia, Osorno, Llanquihue, una agricultura. Chiloé insular, otra agricultura, distinta y propia. Llanquihue, fiordos, montañas y archipiélagos: otra agricultura, distinta. Chiloé continental y Aisén, otra agricultura, con muchas subagriculturas entre sí. Basta leer el interesante estudio del señor Jacques Chonchol, sobre Aisén, que tanto me sirvió para comprender la gigantesca provincia: zona del Océano Pacífico, boscosa y lluviosa en extremo. Zona de la meseta media del Aisén, con menores lluvias. Zona de la estepa tras la cordillera de los Andes, seca y barrida por los vientos patagónicos, etcétera. ¡ Qué distinta y distante la zona de Cisnes y Puerto Aisén de la región de Coihaique, y ésta, de la del lago General Carrera y ese mundo impresionante que es la zona del Baker, donde duerme una provincia que al Presidente Frei corresponderá crear, así como el General Ibáñez dio a Chile el Aisén!

¡Y Magallanes, el lejano y colosal Magallanes, de 130.000 kilómetros cuadrados, tan grande como varios países europeos, con sus distintos climas, con sus regiones de ventisqueros, nevazones y bosques, en contraposición a sus estepas, donde puede reinar simultáneamente la sequía!

Seis provincias extremadamente extensas y con características propias, de más de 2.000 kilómetros de largo y 41,5% del territorio nacional.

Recuerdo estos hechos, invoco estas imágenes, Honorable Senado, porque estoy hablando desapasionadamente para escuchar la sinfonía y verla con los ojos de la conveniencia nacional. El agricultor actúa en esa extensa zona, y al decir "agricultor", envuelvo en el mismo concepto tanto al productor empresario como al obrero campesino, porque ambos son parte de la tierra, la aman y trabajan, se confunden con ella y cada uno escribe a diario una página heroica, humilde, las más de las veces plena de angustia y siempre incomprendida.

Defiendo y aprecio la agricultura de la zona que tengo el honor de representar, porque sus hombres han sido mezclados en un cuadro común en ese prejuicio antiagrícola con que siempre Chile ha juzgado muy a la ligera la actividad que lo alimenta, y porque en el proyecto de reforma agraria que estamos debatiendo, hay que introducir modificaciones que amparen la acción valiosa que desempeñan los campesinos sureños.

injusto juicio sobre la colonización alemana.

En el momento cúspide de la controversia que sobre la reforma agraria sacudió a Chile, muchos apasionados comentaristas, más por desconocimiento que por intención, trataron a los agricultores sureños de "encomenderos, terratenientes, latifundistas, explotadores," etcétera, o crearon un ambiente que se proyectó hasta el magnífico estudio que sobre la agricultura chilena hizo el Comité Interamerica-no de Desarrollo Agrícola (CIDA), integrado por distinguidos técnicos de la FAO, la CEPAL, el BID, la OEA y otros organismos internacionales, al extremo de que en la página 102 del memorable informe que tanta luz proyecta sobre la reforma agraria, se emitió un concepto que, a mi juicio, es profundamente injusto y conviene desvirtuar, por arrojar sombras sobre una de las páginas más bellas del desenvolvimiento de Chile, como es la colonización alemana en la zona sur.

Lamento ese juicio, pues no se compadece con la verdad ni mucho menos con lo que don Vicente Pérez Rosales informa-sobre la colonización alemana en su libro "Recuerdos del Pasado". Todos sabemos que don Vicente era un espíritu hábil, im-parcíal y de certero fallo, que jamás habría tolerado injusticias, que, por otra parte, él había censurado acremente en la sociedad de su época.

Dice el estudio del CIDA: "Nivel de capitalización. La acumulación primaria del capital se obtuvo con la explotación de la mano de obra mal remunerada. Tal es el origen de algunas fortunas y de capitales de operación. Cuando llegó el colono, su ambición lo llevaba a quemar la vegetación natura] y a talar el bosque a golpes de hacha con el concurso de una mano de obra remunerada con salarios misérrimos. Al final transformó el terreno boscoso en su tierra agrícola y el trabajo ajeno en capital propio. El obrero forestal se transformó en obrero agrícola pero su status social y sus ingresos no mejoraron"

Lástima que se haga esta afirmación errónea, y. se lance a la ligera, con vehemencia partidarista, sobre hechos que acontecieron hace más de un siglo.

¿Qué esperaba el redactor que hiciera el colono alemán para subsistir en un medio implacable como eran los bosques valdivianos en aquella época lejana? Selvas espesas que todo lo cubrían! ¡Pantanos y lluvias interminables! Era lógico que debía talar el bosque, rozar, empastar y cultivar para producir alimentos, para incorporar esas tierras a la producción y a la economía de la nueva patria que adoptaba. Al parecer, el redactor de CIDA esperaba que el colono no luchara contra la selva y pereciera de hambre.

Lo que se niega es que el colono alemán, según está probado, trabajó personalmente. Usó el hacha con sus propias manos, así como, en las ciudades y pueblos que fundó, creó industrias. Las extensiones de tierras que incorporó fueron las que entregó el Gobierno de Chile, y muchas de ellas perduran y fueron pequeñas. Basta y sobra con señalar las pequeñas parcelas del lago Llanquihue, que aún se conservan en poder de los descendientes de aquellos esforzados "pioneros". Ellos no despojaron de nada a nadie. Por el contrario, conocieron muchas veces el hambre cuando perdían sus cosechas. Los cultivos y las siembras las verificaban con trabajo esencialmente familiar, tal como se cumple actualmente, pues es visión diaria ver a los agricultores, desde Valdivia al sur, manejar personalmente sus tractores en épocas de siembra y cosecha.

Su más heroica empresa productora.

Yo califico a la agricultura sureña, la que comienza en las márgenes del Bío-Bío, como una empresa heroica, en constante lucha contra el clima más implacable del mundo; y sostengo que es el más riguroso porque si bien es cierto que en otras zonas del globo existen climas tanto o más duros, éstos están definidos con precisión por estaciones perfectamente separadas entre sí. Casos de Estados Unidos y el Canadá, Europa y la Siberia, etcétera, donde el verano es seco y caluroso, y el invierno, frío y húmedo.

En cambio, el sur de Chile confunde sus veranos e inviernos, pues en todos llueve, en todos ellos hay ya sequías, ya heladas, ya violentos temporales. El agricultor vive mirando el cielo en el verano, esperando que no llueva o soñando en que deje de llover. ¿Cuántas cosechas se han perdido en el sur, cuántas plagas han caído sobre su agricultura, que por su mala orientación dependió durante decenios sólo del monocultivo del trigo?

Sostengo que el peor error económico cometido en este país es haber cultivado cereales en el sur de Chile, una zona eminentemente ganadera, donde debe delinearse y establecerse una política exclusivamente ganadera, complementada por los cultivos que apoyan la crianza de animales, para dotar a Chile de carme, leche, mantequilla, queso, cueros y los productos provenientes de la industrialización del beneficio de aquéllos.

El agricultor sureño, para subsistir, se ha visto obligado a sembrar trigo, que le permite endeudarse y tentar la posibilidad de recuperar lo perdido en un año días-favorable. Yo contemplé arruinarse a las provincias de Valdivia, Osorno. Llanquihue y Chiloé, bajo el azote del tizón que exterminó para siempre la papa corahila, el más notable producto alimenticio, así como comprobé, en mayo de este año, que los aluviones barrieron el Aisén y arruinaron a miles de modestos pobladores.

No una agricultura, sino múltiples agriculturas tiene Chile, por su diversidad climática y su extenso territorio. ¿Podría medirse con el mismo rasero con que se trata al agricultor ausentista de la zona central, que arrienda sus campos y recurre al mediero, al de la zona sur, donde prácticamente no hay arriendos ni se conoce el trabajo de mediaros ? ¿Puede comprarse a aquél con el agricultor minifun-dista chilote que debe emigar a la Patagonia buscando la subsistencia; con el poblador aisenino, que, hacha en mano, arriesga la vida, formando un campo en lucha contra la nieve, él mallín y la soledad, o con él ganadero magallánieo, que mora en un medio inclemente, en perpetuo combate contra el viento, de que hablaba ayer nuestro querido colega el Honorable señor González Madariaga?

No, señor Presidente y Honorable Senado. No puede medirse así ni juzgar a la ligera a la agricultura de la zona austral, que se ha ganado el respeto y la gratitud de este país, que registra avance social y técnico y que, en contraste con los duros problemas que debe vencer, abastece a Chile de más de 50% del trigo, carne, leche, papas, avena, queso, mantequilla, lana, maderas, etcétera, que consume su población, y que, si pudiera encontrar comprensión y ayuda, podría fácilmente duplicar su producción. Veamos algunos ejemplos.

El poderoso aporte del sur en alimentos.

Trigo.- Año 1964. Producción nacional 13.195.087 quintaos. Producción de Bío-Bío, Malleco, 'Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé. Siembras: 389.614 hectáreas. Cosecha 6.094.864 quintales métricos.

Leche.- Capacidad de recepción de leche instalada por plantas industrializado-ras en el país. Recepción máxima mensual -no tengo el dato anual- en 1965, en miles de litros. Total en un mes en el país. Fuente: Departamento de Ganadería del Ministerio de Agricultura. Odepa.

Litros

Recepción mensual en plantas de todo el país 57.419.700

Zona de Bío-Bío a Llanqui

hue 43.797.400

Ganado vacuno.- Total de ganado vacuno en el país, de acuerdo a estadísticas de 1965.

Ganso Agropecuario, 2.889.085 cabezas.

Zona Bío-Bío a Magallanes, 1.557.374 cabezas.

Ganado lanar.- Existencia en el año 1964, en todo el país, según datos de la Dirección General' de Estadística, 6.451.863 cabezas.

Zona de Bío-Bío-Magallanes: 4.438.311 cabezas.

Ganado porcino.- Existencia en el país en 1964, según la Dirección General de Estadística.

Todo el país. 1.006.879.

Bío-Bío a Magallanes: 483.614 cabezas.

Papas.- Producción nacional durante 1964. Fuente: Dirección de Estadística.

Total producción país: 7.630.987 quintales.

Zona Bío-Bío a Magallanes: 3.908.200 quintales.

Y bien sabemos que Aisén y Magallanes no producen papas.

Puede apreciarse, entonces, claramente, que la agricultura de la zona comprendida al sur del Bío-Bío, pese al duro medio natural con que tiene que luchar permanentemente, en el cual se agrega al clima el costoso transporte de los productos, es una actividad que cumple con el país y se ha hecho acreedora de respeto y comprensión de sus problemas.

Debe hacer Chile una nueva reforma agraria.

Para una clara comprensión del proyecto es indispensable formular la interrogante de si debe (modificarse en la forma substancial que plantea el Ejecutivo, la ley 15.020, dictada en el Gobierno del señor Jorge Alessandri y con la cual se inició en el país el proceso de reforma agraria.

Cabe recordar que la creación de la Corporación de la Reforma Agraria se hizo por esa ley y que el intenso ritmo que el Presidente Freí viene otorgando a las expropiaciones y asentamientos se realiza en virtud de los mecanismos que contiene.

Podría creerse que no se necesitaría el actual proyecto y que es preferible no innovar, atendidos los inconvenientes que toda reforma agraria substancial ocasiona en el desenvolvimiento agrícola, y por el nivel profundo con que sacude a la opinión pública.

Sin embargo, no cabe duda de que el proyecto en discusión es necesario y puede dársele con plena imparcialidad la calificación de urgente para aprobarlo en forma acelerada, lógicamente sin que esa celeridad omita examen y revisión prolijos.

Son muchos los factores que determinan el grado de urgencia o de intensidad de una reforma agraria a la luz de la experiencia tenida por las naciones que la han hecho, pesando en la balanza los objetivos superiores que se buscan y los trastornos que ella ocasiona.

Estimo que en Chile se reúnen imperiosos antecedentes que justifican la reforma; aún más, es obvio que se realice con superior mentalidad, volcando la nación el máximum de energías en asegurar su éxito.

En primer lugar, quiero dejas establecido que resulta irreversible que, puesto que Chile busca abandonar su condición de país subdesarrollado en lucha contra el proceso inflacionario que desde hace un siglo complica su desenvolvimiento, todos sus planes tienen que inspirarse en el concepto de que no puede haber desarrollo económico sin progreso social.

Luego debemos abordar uno por uno los motivos principales de la reforma, para disipar en el país la presunción de que es un error, sino que constituye la más indispensable herramienta de que debe disponer para enfrentarse a un futuro pleno de sombras y ante el cual la nacionalidad tiene que reaccionar con el vigoroso instinto de conservación de que dio claras pruebas en su devenir histórico.

La explosión demagráfica.

Son dos los primeros factores que aparecen en el cuadro, uno y otro profundamente vinculados entre sí, al extremo de que no pueden tratarse por separado. Me refiero al cada vez más intenso déficit que Chile sufre en materia de alimentos y al cada vez más visible aumento de su población.

Nuestra patria forma parte de América Latina y sigue, en consecuencia, su destino, influido por los fenómenos que en el continente ocurren, sin poder sustraerse a sus características.

La población mundial, que es ahora de 3.300 millones de habitantes, se duplicará en 35 años más, al ritmo actual de crecimiento.

Esta cifra sería un mero dato si no se recordara al mismo tiempo que doce países, cuya producción constituye 54% del total de la tierra, tienen sólo 9 % de la población mundial. En contraste, los Estados Unidos y el Canadá, con 7% de la población mundial, disponen de 43% de la producción de la tierra.

En Asia, Africa y América Latina, el ritmo del aumento demográfico supera el 3% anual, y en estos tres continentes se alberga 75% de la población mundial.

En lo relativo a América Latina, entre 1960 y 1965 la población aumentó en 11,5% y la producción de alimentos sólo en 6,5%. En consecuencia, la reducción de los medios de subsistencia fue, en cinco años, de 4,5%. De continuar él ritmo de natalidad y si la tasa de mortalidad sigue siendo baja, la población de América Latina llegará en el año 2.000 a la enorme cifra de 750.000.000 de habitantes.

En lo que respecta a nuestro país, las cifras marcan un ritmo análogo de crecimiento.

Es interesante observar que, desde 1907 a 1965, la población de Chile subió de 3.231.496 habitantes, a 8.588.100, o sea, aumentó en 5.356.604: un aumento de 300%. Tal es la explosión demográfica chilena, que, con una tasa de crecimiento de 2,5 ó 2,7, según se la estime, nos lleva directamente en el año 2.000 a una población de 25.000.000 de habitantes. En síntesis, si necesitamos 58 años -de 1907 a 1965- para triplicar, desde 1965 al año 2.000 necesitaremos apenas 35 años para volver a triplicar.

Según la Dirección General de Estadística, boletín de mayo de 1966, la tasa de natalidad promedio en el año 1964 fue de 32,81 por mil, y la de mortalidad promedio, en el mismo año, de 12,2 por mil. La tasa promedio de mortalidad infantil en 1964 fue de 11,42 por mil.

El desarrollo de la agricultura.

Si con detención hemos analizado las cifras demográficas, es para definir su relación con el desarrollo de nuestra agricultura, actividad que tiene la tarea de abastecer adecuadamente de alimentos a esa población y, aún más, de asegurarle un alto nivel, de acuerdo con los requisitos mínimos que el progreso social exige, en el planteamiento práctico de si esa agricultura es capaz o no lo es, para dejar saldos que permitan exportaciones que entonen nuestra balanza de pagos y contribuyan a la alimentación de un mundo amenazado por el hambre.

El análisis de las estadísticas establece dolorosa e implacablemente que el desarrollo de nuestra agricultura no guarda relación con el crecimiento de la población y que, por el contrario, los últimos años marcan un cada vez más seguro retroceso, al extremo de que el país se ha visto obligado a efectuar fuertes importaciones de alimentos que desfinancian su balanza de pagos, presionan en el proceso inflacionario haciendo subir el costo de la vida, e impiden el desarrollo económico.

Chile está amenazado por el hambre a corto plazo. Si son penosos los cinturones de miseria o poblaciones "callampa" que rodean a nuestras ciudades; si es bajo el nivel de vida; si un enorme sector de nuestra población está desnutrido y sub-alimentado; a ello se agrega ahora la seguridad de que el país está destinado a conocer el hambre si no reacciona de inmediato y no pone en marcha una política vigorosa, orientada a resguardar el destino de sus generaciones.

Veamos las cifras del crecimiento de nuestra agricultura y economía en general.

Según estudios de la CIDA, en los últimos catorce años, desde 1950 a 1963, la economía chilena se ha expandido en un coeficiente anual en el ingreso geográfico neto de 3,4% y un promedio anual de aumento en el ingreso "per capita" de 0,8%. El aporte absoluto de la agricultura al ingreso geográfico fue casi igual en 1963 y 1950. Su índice subió, de 100, en 1950, a 120 en 1959, y bajó a 104 en 1963. Pero donde se observó con mayor claridad el estancamiento de nuestra actividad madre es en su participación en el ingreso geográfico, al que en 1950 contribuía con 14%, mientras que en 1963 su participación descendió a 9,4%.

Según los estudios de la Oficina de Planificación Nacional, entre los años 1939 y 1965, la producción agrícola aumentó en una tasa de 2% anual, mientras la población se aproxima a un crecimiento de 2,7% anual. En otras palabras, nuestra agricultura no alimenta por sí sola al país.

La dura sangría de las importaciones.

La incapacidad agrícola para abastecer de alimentos a una población en continuó crecimiento ha obligado a los distintos Gobiernos a recurrir a los mercados exteriores, con lo cual se ha creado la absurda paradoja de que las divisas del país, que deberían invertirse en el desarrollo nacional, están impulsando ajenas economías.

Chile se desangra en importaciones de alimentos esenciales que debería producir y, lo que es más doloroso, que puede producir, pues no se trata de productos que nuestro clima no permita, sino de rubros esenciales, como carne, trigo, leche, mantequilla, papas, etcétera.

Las importaciones desequilibran totalmente la balanza de pagos e influyen poderosamente en el proceso inflacionario.

Veamos un cuadro impresionante, que por sí solo economiza mayores comentarios y establece sin eufemismos cuán indispensable es para Chile modernizar y fomen-

tar su agricultura. Ruego al señor Presidente recabar el acuerdo de la Sala para insertarlo en mi discurso.

-El documento que más adelante acordó insertar es el siguiente:

FOMENTO A LA AGRICULTURA.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Puede apreciarse que, en los 17 años transcurridos entre 1949 y 1965, hemos exportado 713 millones 700 mil dólares e importado 1.912 millones 600 mil dólares, con un saldo en contra en nuestra balanza de pagos ascendente a 1.198 millones 900 mil dólares.

Puede calcularse por un instante lo que hubiera podido hacer Chile con esa inmensa suma. Podría haber reducido su deuda externa; consolidado el valor de su moneda; desarrollado su economía con nuevas industrias básicas; elevado el nivel de vida de la población; construido escuelas, hospitales, viviendas, caminos y aeródromos; robustecido el potencial bélico de sus

Fuerzas Armadas, etcétera, con tan sólo haber dejado de importar 1.198 millones 900 mil dólares en alimentos, sin contar su ingreso normal por concepto de otras exportaciones, principalmente de minerales. Si a la sangría gigantesca que constituye el déficit agrícola se agrega que este país perdió en los sismos de mayo de 1960 y marzo de 1965 casi 1.000 millones de dólares, pueden apreciarse la intensidad del castigo recibido por nuestra economía, las reales causas de nuestro lento desarrollo y la estagnación de los problemas sociales.

Disponibilidad limitada de tierras.

Luchar contra el déficit alimenticio es ya una tarea y una responsabilidad nacional, a la cual nadie puede sustraerse. Y corresponde a esta generación prevenir a las venideras contra el hambre, porque, a los problemas agrícolas susceptibles de resolverse, se agrega otro factor de mucha mayor gravedad: que la capacidad de tierras del país está limitada y se acerca a su saturación, de modo que, una vez asimiladas las áreas que pueden incorporarse, no quedará más disyuntiva que la aplicación de la técnica y el cultivo intensivo llevado hasta el último extremo.

Según Carlos Keller, en su libro "Revolución en la Agricultura", la superficie territorial de Chile alcanza a 75 millones 700 mil hectáreas, prescindiendo de la Antártida. De esta superficie, son útiles 23 millones 100 mil hectáreas, las que, con una serie de medidas de sana y visionaria política de incorporación y desarrollo, podrían ampliarse en 3 millones 300 mil hectáreas más, para llegar a un total de 26 millones 400 mil hectáreas. O sea, solamente 35% del territorio nacional es aprovechable, y 65% es improductivo total.

De la superficie de Chile, sólo 16% es cultivable, o sea, 12 millones de hectáreas; pero, según el Ministerio de Agricultura, como muchas de estas tierras tienen serias limitaciones, prácticamente es cultivable 8,4% del total, o sea, poco más de 6 millones de hectáreas.

El excelente informe que, para este Senado, ha presentado el secretario de nuestras Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura, señor Pedro Correa, contiene un resumen completo de cuadros estadísticos que arrojan plena luz sobre las posibilidades agrícolas de Chile, de manera que omitiré dar a conocer muchas otras cifras.

Los terrenos cubiertos con pastos naturales representan un porcentaje de más o menos 55% del total de las tierras cultivables o arables, y las tierras en barbecho 12%.

Manifiesta el señor Trivelli su seguridad de que Chile dispone realmente de más o

menos 6 millones 500 mil hectáreas arables, pero que, desgraciadamente, el levantamiento aerofotogramétrico del país ha revelado el gran avance de la erosión, que afecta más o menos al 60% de la superficie territorial, circunstancia ésta que entraña una gravísima amenaza, contra la cual el país tendrá que movilizarse en resguardo de su misma subsistencia.

Distribución de la tierra.

Cabe recordar, para la comprensión del problema y para evitar caer en error, que la superficie arable de Chile, según el Ministro de Agricultura, es de un máximum de 6.500.000 hectáreas y que las grandes propiedades están muchas veces constituidas por cordilleras, pantanos, matorrales y selvas inaprovechables, como también que las estadísticas son totalmente distorsionadas por la existencia de grandes propiedades existentes al sur del Canal de Chacao, dedicadas a la crianza de ovejas con resultados admirables.

Según el censo de 1955, de las 151 mil explotaciones agrícolas, 76 mil, es decir, más del 50%, tenían menos de 10 hectáreas cada una, considerando todo tipo de suelos, y disponían en conjunto de menos del 1% del total de la tierra censada del país. Dentro de este total, 28.246 explotaciones eran de menos de una hectárea, revelando toda la triste tragedia del minifundio y la miseria del pequeño agricultor chileno.

En contraste con esta extrema división de la tierra, el censo reveló 6.326 explotaciones constitutivas del 4% de las explotaciones agrícolas de Chile, con una superficie de más de 500 hectáreas cada una, las cuales, en conjunto, reunían una superficie de 22 millones de hectáreas, o sea, casi 81% de la superficie total censada.

Estas mismas 6.326 explotaciones disponían de 2 millones 800 mil hectáreas arables y de 582.000 hectáreas regadas, cantidades que representan 51,1% y 53%, respectivamente, de los totales censados.

En contraste violento, las 76 mil explotaciones de menos de 10 hectáreas sólo disponían de 2,8% de las tierras arables y de 4% de la tierra regada, con respecto a los totales respectivos arrojados por el censo.

La población que vive en los campos.

En el año 1920, sólo 50% de la población chilena vivía en los campos; en 1960, esta proporción descendió al 34,7%, y calcula CIDA que, en el año 1975, descenderá al 26,1% con una población rural de 2.841.400 personas, siendo la población urbana de 8.056.000 habitantes, con un total nacional de 10.897.400 personas.

Cabe agregar que el problema se agrava al extremo, pues, de las familias que aparecen como dueñas de tierras, que son menos de la mitad de las familias campesinas, 127 mil disponen de tierras de superficie igual o inferior a la unidad agrícola familiar, pero la mayor parte son minifundios absolutamente incapaces de sustentar un nivel mínimo de vida con el trabajo familiar, debido a la escasez de tierra, a su mala calidad y al deterioro que por las pésimas formas de explotación se acumula sobre ellos.

La distribución del ingreso nacional.

Para completar el cuadro sombrío que sobre las estructuras agrarias del país arrojan las serias cifras que he estado analizando, y precisar cuán indispensable es la realización de la reforma agraria, conviene considerar también la forma como se distribuye el ingreso nacional por sectores de población, pues así comprenderemos las razones que provocan el grado de sórdida miseria que viven millones de nuestros compatriotas y la urgencia de realizar cambios fundamentales que establezcan el equilibrio perdido y abran paso al acceso del pueblo a la cultura y a formas mínimas de civilización.

Veamos el índice del ingreso promedio calculado por la CORFO, basado en el ingreso geográfico neto, por persona activa y por sector económico, entre los años 1950 y 1960:

INGRESO PROMEDIO NACIONAL

En cuanto a la distribución de los ingresos entre los factores de producción, la situación chilena presenta casos de extremos. A partir de 1950, en ningún año la participación de la propiedad en los ingresos ha dejado de ser menos de 50%,. hecho que revela el alto grado de concentración de la riqueza y, al mismo tiempo, el elemento causal para mantener esa concentración, punto de partida de las hondas diferencias sociales y de la sórdida miseria que se observa en las clases populares..

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

Las conclusiones del estudio de los técnicos de la FAO, de la OEA, del BID, de la CEPAL, de la IICA, en síntesis, del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, elaborado a base de conceptos de desarrollo económico y social contenidos en la Carta de Punta del Este, a fin de evitar controversias acerca de la definición más aceptable, me parece indispensable repetirlas en esta Sala, para amplia difusión en la opinión pública y para que aprecie el país por qué la reforma agraria en Chile debe considerarse irreversible.

En el estrato bajo, a más de movilidad horizontal y ocupacional, suscitada sobre todo por las migraciones, puede advertirse un cierto grado de movilidad interna, mediante la cual se produce una corriente de ascensos y descensos de posición y una variedad de ingresos que oscilan entre cero para el desempleado temporal y uno más alto que el corriente para las personas que logran pequeños progresos. El acceso a la pequeña propiedad puede hacerse a través del escalón de la aparcería, pero: "El paso del inquilino a la clase de los pequeños propietarios es difícil y lento en razón de elementos de distancia social existentes sobre todo en las regiones donde predomina el latifundismo".

Todos los guarismos confirman inapelablemente que la estructura agraria en Chile se caracteriza por la preeminencia del sistema latifundio-minifundio. Los sistemas de tenencia prevalecientes en la agricultura chilena constituyen un obstáculo al desarrollo económico y social.

Existe un uso ineficiente del recurso tierra. Se desaprovecha el recurso mano de obra. Hay ineficiencia en el uso del capital.

La mayor parte de la población campesina presenta un deplorable nivel de vida. (Salud, habitación, alimentación, facilidades sanitarias, etcétera).

La estructura agraria nacional se caracteriza por su rigidez y, en consecuencia, se ha mantenido relativamente estabilizada, principalmente en Chile central, que contiene proporcionalmente los mejores recursos agrícolas del país.

"El grado de movilidad social es mínimo. Los asalariados encuestados en los predios de mediano a gran tamaño declararon no tener posibilidad alguna de ascenso; en la mayoría de los casos, el "status" social de sus padres era igual al de los entrevistados; es decir, éstos no habían ascendido en la pirámide social, a pesar de haber mejorado su nivel de escolaridad". (CIDA, página 111).

Los absurdos mortales del crédito.

Señor Presidente y Honorable Senado, los Senadores del Comité Independiente, que con profunda adhesión votaremos en general la idea de legislar en favor de la reforma agraria en Chile, manteniendo la posición que tuvimos al dictarse la ley 15.020, creemos profundamente en la democracia y afirmamos que sólo en la libertad puede ella dispensar la totalidad de los admirables y superiores atributos que brinda al hombre.

Pero, para actuar sinceramente como demócratas y hacer de la democracia una verdad y no una mascarada, para darle contenido y fuerza realizadora a sus magníficos principios, es preciso no experimentar temor de penetrar en los vacíos que en nuestra sociedad subsisten, y corregirlos sin vacilaciones.

El problema crediticio es uno de los factores más determinantes del desarrollo agrícola, ya que nuestra agricultura precisa de constantes inversiones y se ha visto enfrentada durante largos años a dos fuerzas contradictorias: por un lado, los precios irreales de sus productos y, por el otro, el alza siempre constante del precio de los insumos.

, Pero, si es serio el problema crediticio de los propietarios normales, en lo que se refiere al acceso al crédito de los pequeños propietarios agrícolas existe un abismo que refleja cómo la injusticia social corroe las entrañas de nuestra sociedad y cuán indispensables y premiosas son las reformas que puedan llegar a corregir tales aberraciones.

La agricultura recibe, en Chile, según cifras de los años 1961 a 1963, más o menos 35,6% del crédito que se otorga a las actividades nacionales, y la industria exactamente la misma suma, o sea, 35,6% ; sin embargo, mientras la agricultura concurrió en los mismos años al producto interno bruto con 10%, la industria aportó 18%.

¿Cómo se distribuyó ese 35,6% del crédito nacional otorgado a la agricultura chilena? Veamos las cifras.

Distribución del crédito agrícola entre los productores clasificados según el tamaño de las explotaciones. (Años 1961-1963). En porcentaje:

DISTRIBUCION DEL CREDITO AGRICOLA

El crédito supervisado establecido para ayudar al mediano y pequeño productores, toma una pequeña proporción: sólo 0,6% del crédito agrícola total en el trienio 1961-1963, y fue otorgado por el IN-DAP y el Banco del Estado.

Se llega, entonces, a la conclusión de que el crédito está, en Chile, mal distribuido, pues tiende a concentrarse entre las personas que también concentran la propiedad y el ingreso agrícola.

De todos los antecedentes registrados, fluye una conclusión categórica: para provocar el ascenso de condición de los tres millores de seres que viven en los campos, resolver los hondos problemas sociales que los afectan y provocar su plena incorporación a la economía y la cultura, es indispensable quebrar con intensidad el inmovilismo en que yace esa gran masa humana, lo que se logra con la filosofía del proyecto de ley que discutimos y que tiende a crear, en el plazo de más o menos siete años, 100.000 propietarios de unidades familiares.

Las constantes pérdidas de la agricultura.

En reiteradas ocasiones he dado a conocer datos sobre las constantes pérdidas que por los trastornos climáticos experimenta la agricultura, especialmente aquella que se desarrolla desde el Bío-Bío hasta Magallanes, en una zona que se caracteriza por su clima riguroso, con lluvias, heladas y nevazones que caen indistintamente todo el año, sin distinguir los veranos de los inviernos.

Asimismo, son frecuentes las pérdidas por la acción de plagas en los cultivos y ganadería, como, por ejemplo, el tizón de la papa y la fiebre aftosa, que han arruinado a miles de agricultores.

El difícil cultivo del trigo, con resultados del todo afectos al azar del clima, ha endeudado intensamente a la agricultura sureña, que, en la práctica, debe el valor de tres cosechas, y es muy difícil que se reponga de tan crueles impactos.

Por esta causa, muchos productores se desalientan y abandonan los cultivos y la ganadería, pues a tales pérdidas hay que agregar la sangría de los precios políticos de los productos agrícolas, que sólo en el último año ha venido a frenarse.

Entre los mejores incentivos puestos en práctica en el mundo para llevar a los agricultores a una mayor producción, figura el seguro de cosechas y ganado. Tanto en el Japón como en Méjico y los Estados Unidos se han verificado programas completos de seguro general con excelentes resultados.

Llamo la atención del señor Ministro de Agricultura hacia los datos que estoy proporcionando sobre la organización en el mundo del seguro contra riesgos de cosechas y climáticos, pues espero comprensión de parte de Su Señoría en las Comisiones unidas para la aceptación de la indicación que me he permitido presentar al respecto.

Canadá promulgó en 1959 la ley de Seguro sobre Cosechas. Suecia inauguró en 1961 un programa de seguros sobre cosechas, en virtud del cual se conceden indemnizaciones por los perjuicios que resultan cuando el volumen de la recolección, que se determina sobre la base de los rendimientos medios durante un largo período para cada una de las zonas de evaluación de cultivos, es inferior en más de 15,5%. Ceilán, Chipre, la India, etcétera, han recorrido ya largos caminos en esta experiencia; y el Brasil, en 1965, reorganizó el Instituto Nacional de Seguros de Cosechas. En Puerto Rico, el seguro de cosechas, que se limitaba al café, ha sido extendido al banano.

Cuando discutimos, bajo la Presidencia de don Jorge Alessandri, la reforma agraria que se convirtió en la ley 15.020, tuve el agrado de presentar una indicación destinada a facultar al Ejecutivo para crear, en el Instituto de Seguros del Estado y con participación de las compañías de seguros particulares, un sistema completo de seguros contra riesgos en la ' agricultura. El Honorable Senado aprobó esta indicación, que, por desgracia, no encontró eco en la Cámara, la cual la rechazó- en el tercer trámite y después no hubo quórum para insistir.

Como considero que ahora existe, en materia de agricultura, una nueva mentalidad en el país, deseo insistir sobre tan trascendental materia, que podría reemplazar por completo al discutido sistema de las bonificaciones de abonos, con mucho mejores beneficios para la colectividad.

Al respecto, formularé indicación en el segundo informe y espero obtener éxito en la tarea de colocar a Chile al nivel del progreso de las naciones que han sabido estimular sus agriculturas y amparar el esfuerzo de sus productores.

La investigación agropecuaria, ancho horizonte.

A lo largo de mi intervención, he insistido en que la reforma agraria quedará, en un país de las condiciones de Chile, condenada al más absoluto fracaso, pese a su indiscutida justificación social, si sus partidarios incurrimos en el error de considerar que reforma agraria significa solamente modificar el régimen de tenencia de la tierra.

Por fortuna, el proyecto de ley consigna el camino que es preciso seguir para alcanzar la diversificación de las múltiples medidas de fomento que constituyen una política agraria, cual es, en primer lugar, la renovación del Ministerio de Agricultura, con amplias atribuciones, y que pasa a convertirse en el corazón del sistema, un órgano capaz de irradiar poderosos estímulos a todo el sector agrícola.

De todos los múltiples factores que es necesario tomar en cuenta, desde la incorporación de nuevos suelos hasta la expansión de la industria azucarera, pasando por insumos, precios, distribución, transporte, créditos, etcétera, creo indispensable fijar el acento en lo que representa para el éxito de todos los programas el que nuestro país organice en forma adecuada la investigación agrícola.

Hasta hoy, el agricultor ha estado entregado a su simple iniciativa personal luchando solo entre los factores naturales adversos: clima, plagas, mala calidad de las semillas, etcétera, condenado a la rutina, careciendo casi en absoluto del respaldo decisivo que es la técnica, la investigación científica, la difusión del avance que otras naciones logran en su lucha para mejorar los rendimientos y métodos de trabajo.

De todas las armas de que dispone la humanidad para derrotar el hambre y conseguir alimentos suficientes, la principal es la investigación agropecuaria, ciencia que ha hecho ya conquistas impresionantes abriendo horizontes insospechados donde hasta ayer imperaban el desaliento y el fracaso.

La reforma agraria tiene que ser principalmente técnica y no sólo van a aplicarla la CORA y el INDAP, sino que a ella deben contribuir todos 'los organismos susceptibles de cooperar, con una mentalidad nueva que permita superar las formidables dificultades por vencer.

La agricultura debe ser elevada en su nivel. La asistencia, la investigación, la prestación de servicios, la difusión amplísima de la técnica, tienen que acompañarla y formar parte de ella. En este sentido, corresponde a las Universidades un papel trascendente. Es indispensable crear en cada provincia, en cada región agrícola, centros de extensión agropecuaria, provistos de laboratorios, clínicas, veterinarias móviles, hospitales veterinarios, estaciones de inseminación, estaciones genéticas de toda clase de semillas, especialmente forrajeras, etcétera, que permitan mejorar métodos de trabajo, combatir las plagas, aumentar los rendimientos, etcétera. Todo cuanto se invierta en tales servicios, el sacrificio en que incurran el Estado y los particulares, será compensado con creces.

Las universidades deben orientarse definidamente a la economía, abandonando el excesivo humanismo que hasta hoy las caracteriza y que ha desviado nuestra educación hacia lo teórico descuidando lo práctico.

La labor del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

¿Qué beneficios recibiría el país si las universidades tomaran a su cargo en programas conjuntos, para aprovechar los recursos disponibles, la tarea de cooperar con el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias para coordinar la investigación, la asistencia técnica, la docencia y la prestación de servicios en un plano nacional, organizando en especial la divulgación técnica de manera práctica, para que de veras llegue hasta el agricultor, principalmente el pequeño propietario y el obrero agrícola, abandonando la investigación su ropaje académico para realmente alcanzar hasta al último huaso de nuestros campos?

Por fortuna, el Ministro señor Trivelli, técnico notable, ha sabido captar toda la importancia de esta sensible falla de nuestra agricultura, y, en los dos últimos años, ha dado gran impulso a la investigación, vigorizando el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en la actualidad a cargo del distinguido investigador y profesor, ingeniero don Manuel Elgueta, de amplia experiencia americana y vinculado estrechamente al esfuerzo científico internacional en la materia.

Los resultados obtenidos hasta el momento por el Instituto son sorprendentes y permiten formular muchas halagadoras esperanzas sobre los beneficios que el país puede recibir en la expansión de su agricultura.

Daré a conocer algunos detalles de esta verdadera revolución que puede producirse en la agricultura chilena, la cual, pesándola en la balanza, tiene, a mi juicio, extraordinaria importancia: la reforma del sistema de tenencia de la tierra.

Existe una interacción positiva entre dosis de nitrógeno y densidad de siembra en maíz, es decir, ambos factores se complementan para producir grandes rendimientos. La densidad corriente de siembra de 35-45.000 plantas por hectárea, puede-elevarse a 60-70.000 plantas con aplicaciones de hasta 200 kilos de nitrógeno por hectárea, lográndose rendimientos de más de 100 qqm/ha.

Cantidades limitadas de semilla de las siguientes nuevas variedades de trigo de pan creadas por el Instituto, se entregarán en 1966: Centrifén, resistente a polvillos y la de mayor rendimiento en los ensayos; Yafén, variedad resistente a polvillos y de calidad panadera excepcional; Novafén y Coüafén, las dos primeras variedades semienanas producidas en Chile y con resistencia a los polvillos de la hoja y del tallo.

En 1966 se iniciará la distribución de Alifén, nueva variedad de trigo candeal, única variedad de este tipo disponible en el país resistente al polvillo del tallo.

Se están multiplicando 3 nuevos híbridos de maíz, semiprecoces, de excelente rendimiento, en la Estación Experimental La Platina.

Han alcanzado los siguientes rendimientos promedio en la Estación Experimental La Platina, 1964-65: MA-3, 130,00 qq/ha; MA-4, 124,00 qq/ha, y MA-5, 125,00 qq/ha.

La introducción de dos variedades precoces de maravilla, de origen soviético, Armavirski 3497 y Peredovik, que serán entregadas en 1966, permitirá el reemplazo de la variedad Saratov. Su mayor contenido de aceite hace que, a pesar de su menor rendimiento en grano, se pueda obtener 20% de mayor producción de aceite por hectárea.

Se ha logrado un control de un 95% de avenilla (Avena fatua L.) en sementeras de trigo con el uso de 2 nuevos herbicidas ensayados: Avadex BW y Carbyne. El incremento de rendimiento en campos muy infestados ha sido entre 10 y 12 qqm/ha.

Para controlar las malezas en el establecimiento de un alfalfar se ha comprobado la efectividad de la combinación Eptam-Dinitro. El Eptam, aplicado antes de la siembra e incorporado al suelo, controla las gramíneas anuales. El Dinitro, aplicado cuando la alfalfa tiene 3-4 hojas trifoliadas, controla las malezas de hoja ancha.

Gracias a este sistema -no sé si voy a golpear al señor Ministro de Agricultura-, ha sido posible mantener una producción diaria de 20 litros de leche por vaca durante 5 meses, en pradera de riego, con una carga animal superior a 2 vacas por hectárea.

En crianza de terneros, es posible suprimir a éstos el consumo de leche a los dos meses de edad, y con algunos cuidados en su alimentación y manejo se logra un crecimiento satisfactorio a la mitad del costo del sistema tradicional.

Se ha llegado a obtener novillos de 2 años de edad con peso vivo de 550 kilos, en pradera de riego y utilizando alimentación suplementaria durante el invierno.

Producción de carne hasta de 1.600 kilogramos por hectárea, se ha podido conseguir en 8,5 meses con novillos sometidos sólo a pastoreo en pradera de riego.

Cerdos híbridos comerciales han alcanzado peso de mercado a los 6 meses de edad, con raciones basadas en granos de maíz y cebada.

Doy gracias a la Divina Providencia por permitirme curiosear entre tantos libros debido al extraordinario interés que tengo por la agricultura nacional, y por haber podido obtener estos datos y difundirlos desde esta alta tribuna. Porque ésta es la verdadera revolución de la agricultura; porque el Ministro señor Trivelli está haciendo una obra gigantesca al fomentar las investigaciones agrícolas, y porque esto es mucho más fundamentar.

importante y brillante para una nación y el hambre que amenaza a Chile, que la reforma agraria, inclusive.

La reforma agraria es eminentemente técnica.

Señor Presidente, es un hecho consagrado por la experiencia de las naciones que realizaron reformas agrarias, que una de las consecuencias de éstas es la brusca caída que se produce en la producción de alimentos al desorganizarse el mecanismo agrícola. Tal caída ocupa muchos años en ser superada, y mientras tanto ocasiona en los países afectados crueles trastornos sometiendo a ruda prueba sus economías. Si el déficit alimentario se genera en naciones poco desarrolladas, el impacto produce un vertiginoso proceso inflacionista y la carencia de alimentos obliga a adoptar medidas extremas para impedir el hambre.

En el estudio número 7, básico, publicado por las Naciones Unidas a raíz de la campaña mundial contra el hambre, se previene contra el inevitable fenómeno de la caída de la producción en los siguientes conceptos:

"Lo mismo que otras regiones insuficientemente desarrolladas, la América Latina está atravesando un período de rápidas transformaciones sociales. Es posible que los actuales sistemas de tenencia de tierras cambien en los próximos años, lo que posiblemente ocasionará un trastorno temporal en la producción agropecuaria y de alimentos".

Crueles trastornos en Rusia después de la Revolución de Octubre, al verificarse la toma de la tierra por el Estado, llevaron a millones de habitantes al hambre. La experiencia de la India, China, Bolivia y Méjico en América Latina, y otras muchas, acreditan, hasta la saciedad, que una reforma agraria no es sólo la modificación de los sistemas de la tenencia, sino un conjunto armonioso de medidas en las que la técnica y la modernización de métodos ocupen el primer lugar.

La agricultura, para desarrollarse, necesita por excelencia de investigación, asistencia y prestación de servicios técnicos que induzcan al productor a obtener los más altos rendimientos. Debe haber amplios incentivos para los agricultores, a fin de que produzcan mayores cantidades de alimentos. Es necesario desarrollar mercados seguros, disponer precios estables y reales y servicios para el transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y elaboración.

Conviene recordar que el minucioso y completo estudio que sobre la comercialización de alimentos realizó la Corporación de Fomento, arrojó como resultante la paradójica realidad de que en Chile, del costo total de venta de un producto al consumidor, el agricultor recibe sólo veinte por ciento, y el intermediario absorbe el ochenta por ciento restante.

Asimismo, deben ampliarse los medios de suministro de fertilizantes, pesticidas y semillas mejoradas, y reformar profunda y eficazmente los sistemas de crédito, que deben ajustarse a las modalidades de la producción y abarcar todos los sectores de la agricultura, en particular a los pequeños propietarios y sus organizaciones cooperativas.

Debe obtenerse e invertirse capital no sólo en el desarrollo de los recursos agrarios y el equipo agrícola, sino también en el sector no agrícola de la economía, como plantas industriales, ferrocarriles, caminos, establecimientos educacionales de especialización y preparación de la mano de obra, servicios de almacenamiento, laboratorios de análisis de suelos.

La organización de un gran Ministerio.

De las extensas discusiones realizadas en las Comisiones unidas, fluye, a mi juicio, un hecho incontrovertible y que tiene para el país tanta importancia como la misma reforma de los sistemas de tenencia de la tierra. Me refiero a. la organización definitiva en nuestro país de un Ministerio de Agricultura en forma.

Creo, señor Presidente y Honorable Senado, que uno de los legítimos méritos de este proyecto de ley -lo que me induce también a apoyarlo-es que contiene disposiciones para dotar a Chile del eficiente, realizador y poderoso Ministerio da Agricultura que el país precisa, y cuya labor será eliminar el déficit alimentario, incorporar al campesinado a la economía y a la dignidad humana, desarrollar y convertir la agricultura en una actividad próspera y, por sobre todo, salvar al país del hambre que lo amenaza.

En el año 2.000, Chile tendrá 25 millones de habitantes, y en caso de prolongarse los actuales déficit alimentarios, en esa época estaremos importando alimentos por 500.000.000 de dólares, desastre al que el país no puede exponerse ni remotamente, pues cabe recordar que nuestros yacimientos minerales, que producen 80% de las exportaciones, llegarán a agotarse para esa época.

La agricultura puede tener todos los defectos que se le quiera atribuir y merecer las críticas que puedan formulársele, pero también hay realidades que subsisten invariables, como el hecho de que el país la descuidó por decenios, abandonándola a su propia iniciativa, limitándola con los precios políticos, negándole recursos en los presupuestos, manteniendo su obra de mano en la triste condición de parias, sin comprenderla ni animarla, sin procurarle nuevos horizontes ni consagrarla como la suprema actividad de la nación.

Organizar, prestigiar, modernizar y hacer producir a esa actividad es el gran papel del Ministerio de Agricultura, y para ello hay que partir de conceptos totalmente nuevos, otorgándole moderna, descentralizada y expedita estructura; proveyéndola de plenas y completas atribuciones, arrancándolo de la rutina y la burocracia, del anquilosamiento y del temor, que son la característica de nuestra organización administrativa.

Resulta absurdo que sólo la Corporación de Fomento, empresa autónoma del Estado, haya hecho más por la agricultura que el propio Ministerio del ramo: la creación de la industria de azúcar de remolacha; el plan ganadero y de frigoríficos; la limpia y drenaje de pantanos; el plan de fomento pesquero en el Norte Chico; el desarrollo de la industria lechera; la organización de la industria maderera, papel celulosa; el incremento de la mecanización agrícola; etcétera, etcétera. Esto prueba fehacientemente cómo nuestro país descuidó su Ministerio de Agricultura, limitándolo a marchar tras la carreta y a cumplir simple función administrativa y estadística, levemente orientadora, en circunstancias de que, por el contrario, a dicho ganismo le cumple investigar, planificar y ejecutar todo lo que se realice en el sector agrícola.

Desde este ángulo, el proyecto de ley llena vacíos que no pueden subsistir. El Ministerio tomará en sus manos la responsabilidad integral de la orientación del sector agrícola y será descentralizado, como asimismo sus instituciones fundamentales: la Corporación de la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, en que pasa a convertirse la actual Dirección de Agricultura y Pesca. Se crean indispensables nuevos servicios, como el Consejo Nacional de Crédito Agrícola, la Oficina de Planificación Agrícola, el Servicio de Informaciones Agropecuarias, la Dirección General de Aguas y la Empresa Nacional de Riego, y se modifica la organización del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación de Fomento y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Posibilidades de los asentamientos agrícolas.

Es realmente interesante y, a mi juicio, positiva, la forma como el proyecto trata de prevenir la caída brusca y prolongada de la producción que origina la modificación profunda de la tenencia de la tierra.

Sabido es que las reformas agrarias, fruto de presiones políticas y tensiones sociales muchas veces violentas, que pueden desencadenar en sangrientas revoluciones, como en los casos ocurridos en Latinoamérica -México, Bolivia y Cuba-, incurren en el error de tratar de realizar todo nuevo desde un principio.

De ahí que el mayor argumento contra una reforma agraria es la pregunta: ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene nuestro país realmente capacidad económica para afrontar las cuantiosas inversiones a que empresa tan gigantesca da lugar?

El problema consiste en que siempre se considera a la reforma agraria como un proceso distinto de la agricultura. Se expropia el fundo 8 inmediatamente se paraliza. Desaparecen los propietarios y todos los campesinos ocupantes. Luego viene el interminable trabajo de loteo, construcción de cercos, galpones, casas, caminos, silos, que demora a veces años, para entregar finalmente al nuevo propietario, un día glorioso, la llave de un predio flamante, al que a la vez se dotó de maquinaria, ganado, semillas, fertilizantes, crédito, etcétera.

Este es el panorama ideal. Así se ha tratado de hacerlo en casi todas las naciones del mundo y así actuaron en Chile la Caja de Colonización Agrícola y la Corporación de la Reforma Agraria hasta el año 1964.

Una reforma agraria de este tipo es imposible e irrealizable en Chile. No disponemos de los recursos fabulosos que tal sistema requeriría. Tampoco podemos cometer el absurdo de paralizar la producción y lanzar a la cesantía a miles de campesinos.

Para reducir al mínimo los trastornos, el proyecto establece el sistema de asentamientos, con una organización fundamentada en el uso del cooperativismo. Creo, sinceramente, que tal sistema es práctico, positivo y se ajusta a las modalidades nacionales.

Los campesinos que trabajan en un fundo expropiado no lo abandonarán; por el contrario, permanecerán en él y seguirán explotándolo conforme a los sistemas en uso y al conocimiento que ellos tienen de la producción que puede dar. Los campesinos se organizarán dirigidos por un comité que ellos mismos elegirán, bajo la tuición de técnicos especialistas de la Corporación de la Reforma Agraria.

Lentamente se los va a instruir, formar y capacitar para la función de propietarios. Producirán en forma cooperativa, y con las utilidades que obtengan financiarán la explotación y pagarán sus cuotas a la CORA, la que velará por resolver sus problemas de producción, créditos, comercialización, transporte y, en general, todo lo relacionado con la marcha de la reforma.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, por otra parte, intensificará en forma más efectiva y descentralizada la ayuda que presta a ¡os pequeños agricultores, y, en conjunto con la CORA, abordará la difícil, delicada y costosa tarea de resolver el problema del minifundio.

Incompleta, muy incompleta, sería esta iniciativa de reforma agraria, si no considerara al pequeño propietario agrícola, al hombre del minifundio, cuyas condiciones de vida he analizado en este discurso y a quien hay que ayudar con el mismo interés e intensidad que se pone para el campesino sin tierra.

Que sean efectivamente los 100.000 propietarios.

Si bien estimo que el sistema de asentamiento en la forma auspiciada por este proyecto evitará caer en los errores y fracasos de muchas reformas agrarias, a mi juicio es indispensable dejar constancia de que el éxito de toda la empresa debe descansar en el insustituible factor psicológico del derecho de propiedad.

Los campesinos deben llegar a ser dueños en dominio individual e independiente de sus unidades familiares, aunque se les fije obligación, sin excepciones, de actuar en cooperativas por criterio de la CORA.

No debe prolongarse el sistema de asentamientos descuidando la propiedad individual, pues el hecho de ser dueño, por fin, de un pedazo de tierra -la tierra que soñaron sus mayores, que nunca creyó él poder llegar a conseguir y que ama sobre todas las cosas- será para el campesino el mágico aliciente para responder a la confianza que en él se deposita.

Tanto el Ministro señor Trivelli como el señor Moreno dejaron clara constancia en las Comisiones unidas de que el espíritu de la reforma agraria, su clara filosofía, el contexto de sus disposiciones, es dar preferencia a la propiedad individual de los campesinos asignatarios.

Prolongar indefinidamente los asentamientos equivaldría a incurrir en el mismo fenómeno que provoca el arriendo. Quien arrienda no tiene interés en cuidar la tierra ni en mejorar y embellecer el predio. Se mueve únicamente por el espíritu de lucro, por el afán de obtener la máxima utilidad. Los asignatarios de tierras, privados del poderoso aliciente de ser propietarios, dejarán de actuar como dueños responsables para convertirse en meros obreros fiscales.

La respuesta del campesinado en los asentamientos ha sido magnífica hasta la fecha. La experiencia obtenida por la Iglesia Católica chilena, al entregar sus tierras y en los asentimientos de <http://asentimientos.de> la CORA, revela que las 150 a 200 jornadas que trabajaba antes, el grupo familiar campesino las ha subido hasta 500 y 600 en el año, lo cual significa que laborando en lo propio, movido por la fe y el ansia de ascenso, nuestro esforzado huaso trabaja inclusive los días festivos y permanentemente horas extraordinarias.

Es de esperar que el partidarismo y el choque de ideologías se detengan respetuosos ante la reivindicación del campesinado chileno y no actúen como fuerzas negativas en la noble tarea de crear cien mil nuevos propietarios, sobre la base de quienes hasta ayer sólo conocían la esperanza.

El inquietante problema ganadero.

De los múltiples rubros que integran la agricultura chilena, uno de los sustanciales es la ganadería, donde se registra un fuerte déficit con relación al consumo de carne, al extremo de que el país ha debido racionar su consumo e importar fuertes cuotas de tan vital alimento protector, indispensable para la salud de la población.

La ganadería no ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años. El censo agropecuario de 1955 registró una existencia de 2.866.097 cabezas de ganado vacuno, y diez años más tarde, en 1965, ese número había subido sólo a 2.889.085-cabezas. El número de cabezas ha aumentado en las provincias del Sur y disminuido apreciablemente en las del Centro y Norte Chico. La Dirección General de Estadística nos entrega, para el año 1964, los siguientes datos: caballares, 543.687;. ovejunos, 6.451.663; porcinos, 1.006.879.

Para mejor comprensión del problema, deseo incluir los siguientes cuadros, que he obtenido gracias a la gentileza de la Gerencia Agrícola de la Corporación de Fomento. Ruego al señor Presidente solicitar la venia de la Sala para insertarlos-en esta parte de mi discurso.

-Los cuadros, cuya inserción se acordó con posterioridad, son del tenor siguiente:

CUADRO COMPARATIVO

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Desde que el genial Juan XXIII lanzó al mundo la consigna de ¡Aggiornamento! ¡Reforma! ¡Cambios!, señalando al mundo católico el retorno a las fuentes originales del cristianismo y, en nuestro país, el Cardenal Silva Henríquez aplicó fielmente el nuevo espíritu, entregando a los campesinos que trabajaban en ellas las tierras de la Iglesia, la idea de la reforma agraria se ha abierto paso, no sólo desde el plano de la técnica, sino en los anchos horizontes del perfeccionamiento de nuestra democracia, para transformarla, de democracia de principios, en democracia real.

La mayoría de los chilenos ve con aplausos la reforma agraria, pues, tras la primera impresión, se han decantado los matices del problema, y corresponderá a este Senado velar por que el estatuto jurídico de ella se ajuste a las conveniencias nacionales.

Quienes aceptamos y auspiciamos la reforma agraria no queremos su fracaso ni su desprestigio, ni mucho menos que se utilice como arma política o instrumento de revancha.

La gravedad de los problemas que queremos resolver y que con minuciosidad he analizado, requieren que este proyecto produzca suma confianza, seguridad y aceptación en todo el país.

Corresponde a la reforma agraria chilena crear el equilibrio social en la agricultura, abriendo los horizontes de la propiedad privada a quienes hasta ayer carecieron de tierra y de acceso a las satisfacciones de la vida en dignidad. Pero ella no debe ir tan lejos como para destruir la propiedad privada misma y privar al Estado del aporte que decenas de miles de empresarios especialistas pueden darle, trabajando con el más alto rendimiento, dentro de las concepciones mismas de la reforma.

A mi juicio, hay aspectos en el proyecto de ley que deben ser corregidos y aclarados, para que la reforma sea abiertamente positiva, no engendre revanchismo y no condene a la esterilidad valores humanos y económicos que el país no puede, por motivo alguno, desperdiciar.

Para remediar esos vacíos el Honorable señor Sepúlveda y el Senador que habla presentamos en el primer informe del proyecto las indicaciones respectivas y las defendimos con toda clase de fundados antecedentes. Por desgracia, no logramos el éxito deseado, pero creemos que en el segundo informe conseguiremos nuestros objetivos, inspirados en el propósito de agilizar la reforma agraria y evitar la comisión de errores fundamentales.

Quiero analizar la tesis que el Senador Sepúlveda y el que habla buscamos con particular empeño, porque nuestra experiencia y conocimiento de la agricultura de la extensa zona que representamos nos dan la absoluta convicción de que es indispensable perfeccionar el proyecto.

Estabilidad para la agricultura.

Podría estimarse que en la zona central, tal vez, no son suficientes las 80 hectáreas básicas de riego del Valle del Mai-po señaladas como tope de la propiedad agrícola y sobre la cual se ha calculado la tabla de conversión de la superficie correspondiente, de acuerdo con las condiciones de suelo, clima, distancia y otros factores.

Sin embargo, creemos que en la zona comprendida entre el Bío Bío y la provincia de Llanquihue, esa cifra y la .equivalencia respectiva conforme las tablas de conversión, corresponden a las modalidades en que se desarrolla nuestra agricultura, a la dimensión normal de las propiedades como promedio y a la superficie indispensable que los cultivos y los planes de exportación ganadera requieren según la técnica y las metas de una política agraria de alta eficiencia.

Naturalmente, existen propiedades que, por tener superficies superiores al equivalente de 80 hectáreas de riego básicas, quedarán afectas a expropiación; pero ' nuestro objetivo no es oponernos a tales medidas, pues no sólo aceptamos el hecho social, sino la realidad técnica.

Las propiedades de superficie equivalente a 80 hectáreas de riego básicas que nos preocupan, son aquellas bien explotadas, en que el agricultor tiene su hogar y trabaja personalmente, entregando efectiva cuota de producción a la colectividad. No nos merece observación la expropiabili-dad de suelos abandonados, mal trabajados o sistemáticamente arrendados.

Chile tiene muchas agriculturas, así como es variado su clima y dilatado su territorio. No puede medirse con el mismo metro a la agricultura del centro del país y a la difícil y heroica agricultura que labora al sur del Bío Bío.

En esa extensa zona -no incluyo a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, porque el proyecto las considera con régimen distinto-, no existen los contrasentidos económicos y sociales que -es preciso reconocer- afectan a la zona central, como es la paradoja de que en un. país que importa alimentos, los terrenos de riego estén ocupados por praderas naturales. Apenas hay vestigios de "inquilinaje", no se conoce la mediería ni se practica el arrendamiento sistemático. El propietario vive en su tierra, la trabaja personalmente, y los índices de producción revelan capacidad, técnica y sacrificio.

Para esa agricultura y para esos productores que han sabido cumplir, pedimos seguridad, confianza y estabilidad. Si la ley fija en 80 hectáreas básicas de riego el tope de la propiedad agraria, es necesario que quienes son dueños de 80 hectáreas básicas sepan que la ley de reforma agraria los respeta; que pueden laborar tranquilos, de sol a sol; que pueden entregar la suma de sus energías a la tarea de producir.

La reforma necesita un clima de confianza.

La controversia alrededor de la reforma agraria; la redacción misma de la ley, que en muchos casos es poco clara; la acción de agitadores en los campos, han creado un clima de desconfianza y pesimismo que está lesionando gravemente los intereses del país, pues no existe fe en el futuro para invertir, mejorar explotaciones e iniciar nuevas actividades, para endeudarse en esa problemática, inquietante y azorosa empresa que es sembrar y criar ganado.

El sereno estudio del proyecto en las Comisiones unidas ha permitido pensar que es posible disipar el ambiente de desconfianza y temor que angustia a los agricultores.

Es lógico y comprensible ese temor. Para quien convive con agricultores es fácil apreciarlo. El hombre que labora personalmente su tierra, que la cultiva con fe y eficiencia, ama su campo; lo heredó de sus mayores; le ha entregado sus afanes; no quiere perderlo, y vislumbrar qué en cualquier instante habrá de abandonarlo, equivale para él a una sentencia de muerte.

Por ello, creemos que este ambiente pesimista que tanto daño está haciendo, que puede provocar una impresionante caída en la producción de alimentos y llevar al absurdo los déficit e importaciones, ajeno a los miles de productores dignos de confianza y de buen trato, debe eliminarse de raíz. Ello se logrará fijando definitivamente el tamaño de los predios topes en 80 hectáreas básicas de riego y su equivalente de acuerdo con las tablas de conversión. Esa superficie de tierra bien trabajada, debe quedar inexpropiable; garantido y estable el agricultor; la ley clara y sin ambigüedades.

Haremos un bien inmenso a la agricultura con una disposición explícita que asegure la inexpropiabilidad. Creo con total convencimiento que, si el Senado y, más tarde, la Cámara de Diputados, aprueban la indicación que hemos presentado, se dará a la reforma agraria un sello positivo y terminará la desconfianza, como se derrite un trozo de hielo al sol. Los agricultores volverán confiados a sus tareas. Se disipará el pesimismo y un impulso de trabajo, actividad e iniciativa estremecerá a Chile, de norte a sur, pues habremos hecho la transformación social con buen criterio y sin extralimitación absurda.

La indicación que hemos presentado con el Honorable señor Sepúlveda se orienta en el espíritu y disposiciones de la reforma: no la quebranta, disminuye ni modifica en su filosofía. Por el contrario: la afianza, la aclara y le da seriedad. Dice así:

"Agrégase, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo...- Son inexpropiables por las causales estratablecidas en el presente Título, los predios rústicos de que sea dueña una persona natural, que desde una fecha anterior al 27 de noviembre de 1962, tuvieren una superficie igual o inferior a 80 hectáreas de riego básicas.

Para los efectos de este artículo se considerarán como un todo los predios de que sea dueña una misma persona natural, así como, tratándose de personas casadas, los predios que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

La inexpropiabilidad establecida en este artículo no rige para los predios abandonados, ni para los que se encuentren mal explotados una vez transcurrido el plazo de tres años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, ni para los comprendidos en un área de riego, ni a los minifundios para el solo efecto de reagruparlos, ni a los predios que sean ofrecidos transferir por sus dueños a la Corporación.

Si se expropiare alguno de estos predios por estar comprendidos en un área de riego, la indemnización correspondiente se pagará en la forma señalada en el artículo 45."

Clara garantía de la reserva.

La segunda indicación que, junto con el Senadordon Sergio Sepúlveda hemos presentado, está orientada a disipar un vacío del proyecto, consistente en que no se garantiza con claridad el hecho de que todo agricultor expropiado por la causal de mayor cabida, tiene derecho a una reserva de ochenta hectáreas de riego o su equivalente de acuerdo con las tablas de conversión.

Si el espíritu de la reforma es configurar un tope de ochenta hectáreas básicas en el caso de la propiedad bien trabajada, expropiable por mayor cabida, y se habla de derecho de reserva, lo más lógico, respetable y serio es que ese derecho se asegure en forma clara y específica, sin dudas de ninguna especie. Todo agricultor dueño de suelo normalmente trabajado, expropiado por la causal de mayor cabida, tendrá derecho inalienable a una reserva de ochenta hectáreas básicas de riego o su equivalente en hectáreas de acuerdo a las tablas de conversión.

Para disipar toda duda, con sincero espíritu de justicia, para perfeccionar la reforma y llevar la confianza a la agricultura, hemos presentado una indicación que creemos contará con el beneplácito de las Comisiones unidas, de esta Sala y de la Cámara de Diputados. Dice como sigue:

"Reemplazar en el artículo 14, las palabras : "En caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el artículo 3°, el propietario afectado", por las siguientes: "Todo propietario de un predio rústico expropiado por la causal de expropiación establecida en el artículo 3º tendrá derecho a conservar en su dominio. . .", etcétera.

"Suprímese el inciso 3° del artículo 14||AMPERSAND||quot;.

Puede apreciarse claramente que no se trata de modificar la reforma ni su filosofía, sino de dar a la ley la redacción estricta y lógica que le corresponde para que su equidad le otorgue el acatamiento que los estatutos jurídicos que reglan las relaciones humanas merecen en una sociedad civilizada.

Urgente necesidad de corregir un error económico.

El Senador que habla, miembro integrante de las Comisiones unidas de Hacienda y Agricultura, durante la discusión del primer informe del proyecto observó en él un vacío inexplicable, al cual concedió especial interés por estimar que, si la iniciativa se aprueba en la forma como viene redactada, ocasionará al país perjuicios incalculables y, lo que es más grave, con la paradoja de que la corrección de ese error signifique para la reforma la más leve variación de sus grandes postulados.

Me refiero a los bonos de la reforma agraria y al sistema que para ellos se ha preconizado.

Nuestro país no se encuentra en condiciones de arrojar por la ventana ni capitales, ni valores humanos, ni factores útiles. Por el contrario, sin variar la línea de transformación social, el interés del país estriba en aprovechar todo aporte útil, toda posibilidad favorable, en el imperativo superior de lograr su desarrollo.

Es curioso que un proyecto tan noble como el que discutimos haya caído en el vacío que revela el sistema de pago de las expropiaciones que van a efectuarse. Lo atribuyo a la celeridad del estudio y no a que haya el espíritu de quebrar la economía chilena.

Tengo del Presidente Frei la más alta idea. Lo considero uno de los líderes de América. Para mí, el Presidente Frei, con su idealismo, su bondad, su acendrado amor por los humildes y su profunda veneración por el derecho, continúa siendo la gran alternativa democrática de esta República. Creo que logrará llevar a Chile hacia el progreso y que vencerá, uno por uno, los obstáculos que se le oponen, manteniendo la libertad e imponiendo fórmulas de avance y de justicia social.

En el debate de las Comisiones, he escuchado las opiniones de los señores Trivelli, Moreno, Chonchol, Cumplido, Orchard, Santa Cruz, etcétera, y he podido formarme de ellos alta impresión. Igual criterio aplico a los señores Molina, Zaldívar, Sáez, Massad, Santa María y Montes, que actúan en el complicado campo económico. Podremos tener con ellos diferencias de opiniones, pero debo reconocer sus elevados propósitos de servicio nacional y su afán por llevar a la práctica los principios que los animan.

Los bonos destinados a ser papel muerto.

Expreso estos conceptos por la extre-ñ.eza que me causa el hecho de que el pago de las expropiaciones se verifique en bonos, con interés de 3% anual, reajustables sólo en 70% del alza del costo de la vida y amortizables en un plazo de treinta años, destinados a convertirse en simple letra muerta, en papeles inservibles, sin gloria ni provecho para nadie, porque no se pueden transferir ni usar en forma que asegure su valor.

El bono de la reforma agraria equivale a dinero, a capitales, a la vida y suerte de empresarios, de toda una clase social, que, bien o mal, son chilenos y, en virtud de las leyes de esta República, desempeñaban una función.

Vamos a eliminar empresarios; sin provecho.

De la noche a la mañana, esa gente, entre los cuales hay muchos con capacidad empresarial, técnicos, hábiles agricultores, buenos patrones, guasos con todas las virtudes del alma chilena, por la causal de mayor cabida de 80 hectáreas básicas van a perder sus tierras; y en lugar de sus capitales, de derechos que hasta ayer eran perfectamente legales, recibirán un paquete de bonos de bajo interés que no servirán para nada, a no ser para guardarlos en un cajón y esperar que los cubran el tiempo y el polvo de la frustración.

Es el gran defecto de la reforma agraria chilena. El penoso vacío, la triste equivocación, la temible torpeza. Comprendo la eliminación de la clase empresarial latifundista en Chile, para reemplazarla por cien mil propietarios de unidades familiares ; pero lo que no puede comprender es que una nación con los problemas de Chile vaya a eliminar a empresarios, a quemar capitales, a perder experiencias y capacidades y a incurrir en un error que no tiene explicación, que revela falta de concordancia con la conveniencia nacional.

Quienes hemos vivido la política y estudiado un poco la economía, sabemos que la riqueza es, en lo intrínseco, una ficción. No cuesta nada destruirla: lo que cuesta es formarla.

La reforma debe ser un traslado.

Creo que la reforma agraria, en un país del concepto del derecho, de la convivencia y la solidaridad que ejerce Chile, no tiene por qué construirse sobre reacciones negativas, sino que debe actuar como un instrumento positivo, creador y respetado, incluso por los mismos a quienes afectará.

La reforma agraria chilena debe estar a la altura de Chile, de sus tradiciones, de su pasado, de su respeto de la dignidad del hombre. En tales condiciones, la eliminación del latifundio, la supresión de la propiedad agrícola, la incorporación de cien mil propietarios de unidades familiares, debe transformarse en una operación de desplazamiento, de traslado. Los que ayer actuaban en el latifundio han de trasladarse a otro sector, donde sus capitales, sus energías, su capacidad, sigan creando producción, bienes a la colectividad, en lugar de convertirse en desposeídos, en quinta columna enemiga de la reforma agraria, en permianentesi revanchistas de un orden social que los aniquiló.

Creo sinceramente que mi patria no está en condiciones de derrochar energías ni capitales. Bajo el amparo de la democracia, la reforma agraria es irreversible; pero ello crea también la obligación de la sensatez, del aprovechamiento de las posibilidades de un pueblo, de no malograr su destino por extremar las ilusiones o la vanidad.

Los bonos de Ha reforma agraria, con que a treinta años plazo se va a pagar la tierra expropiada, no pueden transformarse en inútil papel intransferible y probatorio de un despojo, porque pérdida es pagar sobre el avalúo fiscal; porque pérdida es reajustar sólo en un setenta por ciento de interés, y más grave daño es que los bonos sean intransferibles.

Pero si hay daño a los expropiados, peor es perder los capitales, volatilizar sumas superiores a dos mil millones de escudos, arruinar hombres, aniquilar empresarios en un país como Chile, que lo que más requiere es producir.

Se sabe a conciencia que el avalúo fiscal corresponde a 50% del valor comercial del predio. Ya el expropiado ha perdido la mitad. Si se va a reajustar en 70% del alza del costo de la vida, pierde treinta por ciento más. Como la inflación se calcula en 10%, si ella sube a veinte por ciento, el expropiado perderá el doble. En resumen, pasados diez años, no faltará quien presente la siguiente indicación. "Derógase el artículo tanto de la ley N9 tal, por haber perdido toda razón de ser".

La actividad industrial espera a loa expropiados.

No, señor Presidente, y Honorable Senado. Absurdos de esta clase no pueden producirse en un país de la calidad del nuestro, ni en un Gobierno que preside Eduardo Freí. El camino por seguir es totalmente contrario: consiste en dar al bono de la reforma agraria, valor liberatorio, papel de garantía de primera clase, para que los expropiados no sean despojados, para que se trasladen con sus capitales, sus energías y su capacidad creadora a otro sector de la producción nacional donde puedan crear tratoajo y riqueza.

Ese campo es la industria, bajo el control de la Corporación de Fomento, para realizar los programas de creación de nuevas producciones básicas: industria siderúrgica; industria automotriz; sociedades mixtas del cobre; creación de nuevas fábricas de azúcar de betarraga, sacarina ; celulosa; papel; regadío del norte de Chile; expansión de la industria lechera ; cadena de hoteles para establecer el turismo; creación de reservas de vinos de gran calidad para la exportación; desarrollo de los territorios australes; exploración y aprovechamiento de la Antártida chilena; financiamiento de una cadena de mataderos frigoríficos. ¡ Chile produciendo 1.000.000 de toneladas de acero y 1.000.000 de toneladas de cobre; capaz de abastecerse de camiones, automóviles y otros vehículos; obteniendo el máximo de capacidad de sus reservas hidroeléctricas! ¡Chile, país dueño de la más potente industria petrocarboquímiea de América Latina!

La CORFO necesita más de mil millones de escudos.

Esto no significa soñar. Son realidades.

Son los planes de desarrollo elaborados por la Corporación de Fomento, que requieren inversiones por más o menos 2.000.009.000

de escudos, entre 1966 y 1970.

¿Cuánto cuesta la reforma agraria? ¿Cuánto costará la noble tarea de eliminar el minifundio, proteger a los pequeños agricultores y dar tierra a 100.000 campesinos? Ante una serie de iniciativas audaces y un plan completo de desarrollo al alcance de la mano, ¿puede este país darse el lujo de destruir una clase empresarial, disipar capitales, para dejar como residuo frustración y odio mortal contra la democracia ?

Por estas razones, el Senador que habla ha presentado, junto con el Honorable señor Sepúlveda, una indicación que libere al bono de la reforma agraria de su condición de papel sin valor para transformarlo en capital efectivo; en factor de riqueza y expansión económica; en garantía de primera clase, operable en la Corporación de Fomento para planes de desarrollo agrícola e industrial, bajo la tuición del Estado; operable en el Banco del Estado para inversiones de productividad y ocupación de brazos, con un mecanismo de intereses que le permitan acceso al crédito exterior.

Conceptos del Cardenal Silva Henríquez.

Nuestras indicaciones persiguen impedir que, por inadvertencia, se derrumbe un sector íntegro de nuestra economía, se malogre un grupo importante de empresarios y se origine un impacto fatal contra la actividad nacional.

Ya lo dijo el Cardenal Silva Henríquez, en memorables declaraciones: "El revanchismo está fuera del espíritu social de la Iglesia. De acuerdo con los principios cristianos, debe evitarse el estatismo, fomentándose más bien la iniciativa privada".

Si la reforma agraria cubana eliminó toda clase de propiedad, la nuestra persigue lo contrario: redistribuir la riqueza y el ingreso y crear un mínimum de 100.000 propietarios rurales. Su filosofía y sus métodos han de ser consecuencialmente distintos en el propósito de iniciar su acción sin ocasionar baja en la producción ni derivar en el hambre, recordando que frente a tal emergencia disponemos de una débil balanza de pagos y que no será posible recurrir a los convenios de excedentes agrícolas con Estados Unidos, por cuanto ese país ha agotado las reservas alimenticias de que disponía.

La modernización de la agricultura y la creación de nuevos propietarios está profundamente vinculada a la expansión de la industria, a la cual hay que permitirle utilizar toda su capacidad instalada y nuevos mercados que la lleven a ampliarse.

El más duro impacto a la prosperidad.

La anulación del valor de los bonos de la reforma agraria ocasionará a la industria un duro impacto, en circunstancias de que podrían ser tales bonos la herramienta más formidable de incremento con tan sólo tomar medidas que impidan fuga de capitales al exterior y repercusiones de tipo inflacionario.

Si los estudios de la CEPAL han probado que una de las causas más importantes del estancamiento de nuestra agricultura es la escasa inversión de capitales en esa actividad, resulta incompatible privar a los expropiados de recursos para explotar intensivamente la reserva de 80 hectáreas básicas o trasladar sus capitales duramente castigados al campo industrial, bajo el control de la Corporación de Fomento, para que ésta financie los admirables planes que consulta para consolidar el desarrollo y la prosperidad de Chile.

Creo, señor Presidente, que el Senado y la Cámara de Diputados, por servicio del interés mismo de Chile, deben aprobar la indicación que hemos presentado y que ha recibido la aceptación de distinguidos economistas partidarios de la Reforma Agraria.

La indicación en referencia dice como sigue:

"Agregar, a continuación del artículo 128, el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo...- Los bonos de la reforma agraria podrán ser entregados por sus tenedores a la Corporación de Fomento de la Producción, al Banco del Estado de Chile o a otras instituciones de crédito nacionales o extranjeras, a través de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, en garantía de créditos internos o externos, contratados para inversiones en ampliaciones o instalaciones de nuevas plantas industriales o en el desarrollo de actividades mineras o agrícolas, según los planes y las condiciones que apruebe dicha Corporación de Fomento. Entre estas condiciones, deberá contemplarse la inversión en la actividad favorecida por el crédito de a lo menos el monto de la cuota al contado percibida por el propietario expropiado, y la de que no podrá pactarse un reajuste por el crédito que se otorgue inferior a aquél que le corresponde percibir al tenedor del bono de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 inciso tercero.

"Los bonos de la reforma agraria serán recibidos por las referidas instituciones, en conformidad al inciso anterior, sólo hasta concurrencia del valor de las cuotas que deban amortizarse dentro del plazo del crédito respectivo.

"En los casos en que el crédito sea otorgado por instituciones nacionales, podrá pactarse que el eventual mayor interés del crédito sobre el que devengue el bono, será de cargo fiscal, cuando la persona favorecida con el crédito lo haya aplicado a objetos calificados de "desarrollo preferente" por el Presidente de la República y siempre que el beneficiario acredite haber invertido en el objeto respectivo a lo menos una cantidad tres veces superior al monto de la cuota al contado percibida por el propietario expropiado.

"La garantía a que se refiere el inciso primero, como asimismo la establecida en el artículo 127 inciso décimo tercero de esta ley, se constituirá mediante el endoso en garantía del título respectivo y su anotación en tal carácter en el registro a? que se refiere el inciso quinto del mismo artículo.

"Cuando de algún modo, de la entrega en garantía de los bonos, resulte para el titular de los mismos la obtención de algún título o derecho negociables, éstos quedarán sujetos a las normas sobre empozamiento o poder liberatorio parcial contempladas en los incisos noveno y décimo primero del artículo 127.

"Los bonos de la reforma agraria serán considerados como valores de garantía de primera clase".

Para la agricultura, el mismo régimen que la industria.

Algunos vacíos subsisten dentro de la ley, pero con el tiempo habremos de llenarlos. Habría sido hermoso legislar sobre la dictación de un estatuto del obrero campesino, que por fin asegure estabilidad, rentabilidad y ascenso al trabajador de la tierra, a aquél que no podrá ser propietario pero que es digno de igual tratamiento; un estatuto que permita que el trabajador se integre en la empresa agraria cooperando con toda su capacidad y participando equitativamente en las utilidades del esfuerzo común.

No toda la masa campesina podrá ser propietaria; ya que la superficie útil no alcanza para absorber como empresarios a todos aquellos que laboran, pero es innegable que la reforma agraria quedará incompleta mientras no se legisle adecuadamente en la eliminación del inquilinaje, remora social que debe hundirse en el pasado, para dejar paso a un obrero campesino con la misma dignidad y alicientes que el obrero de la industria.

Igualmente será necesario dar a la agricultura el mismo rango que la industria, fijándole las mismas obligaciones y deberes, pero otorgándole los mismos tratamientos para que pueda subsistir.

El pernicioso sistema de los precios políticos condujo a la agricultura al borde del desastre y ocasionó los crueles déficit que hoy duramente paga el país. Si se otorgan a la agricultura precios reales, esta actividad podrá absorber con creces los déficit y el ascenso social, y estoy seguro de que lo hará con mayor sensibilidad que la industria, porque los vínculos espirituales que la tierra crea entre quienes la laboran y la embellecen son superiores a cualquier otro nexo de unión.

El compromiso de Punta del Este.

Señor Presidente, Honorable Senado: Quiero terminar mis observaciones al proyecto de ley más trascendente que el Senado ha discutido en los últimos años y que forma un todo con la reforma al derecho de propiedad que el Congreso aprobó el domingo último, manifestando que, al realizar la reforma agraria, nuestra patria se pone al nivel del esfuerzo que otras naciones latinoamericanas están desarrollando en pro de la dignificación de sus masas campesinas.

Dentro de la paz y el imperio del derecho, Venezuela en 1960, Costa Rica y Colombia en 1961, la República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Brasil y Chile en 1963, con la Ley 15.020, Perú y Ecuador en 1964, han iniciado la renovación estructural de sus agriculturas. Chile, ahora, modifica su ley y aborda la reforma agraria integral y masiva.

Colombia, en cuatro años, ha creado 59.816 propietarios, adjudicando 2.420.576 hectáreas.

Méjico, Bolivia y Cuba requirieron de sangrientas revoluciones para realizar sus cambios de estructuras.

Los nuestros van a cumplirse enmarcados en la admirable tradición democrática que constituye nuestro orgullo.

En la Conferencia de Punta del Este, donde nació la Alianza para el Progreso, Chile se comprometió a entregar su aporte al desarrollo de América Latina, escuchando el Mensaje de John Kennedy, el gran mártir de la solidaridad humana.

Los Senadores del Comité Independiente votaremos favorablemente la idea de legislar y, al hacerlo, estamos orgullosos de contribuir con nuestra voluntad al ascenso de condición de los 3.000.000 de seres que integran el campesinado.

Estamos conscientes de que la reforma agraria salvaguarda el destino de Chile e inicia la gran lucha que esta nación va a sostener contra el hambre, la desnutrición y la miseria.

Formulamos votos por que esta ley opere como un superior instrumento de redención, de justicia y de técnica, sin que ningún espíritu de represalia o negación empañe su solvencia.

De esta manera habremos prestigiado la Democracia y probado que somos dignos de vivirla y mantenerla.

He dicho.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente:

El Partido Nacional reconoce y sustenta la necesidad de realizar en Chile una reforma agraria que esté dirigida, con energía, tenacidad y realismo, al logro de dos objetivos fundamentales: uno de orden social-, consistente en la plena incorporación del campesinado chileno, y en general de las grandes masas rurales, a los progresos espirituales y materiales que ofrece la civilización occidental; otro de carácter económico, que es el incremento en cantidad y calidad de la producción agropecuaria en Chile, con beneficio para todos los habitantes del país y en especial para los sectores de más bajos ingresos.

Con respecto al primer objetivo, no cabe duda de que una gran porción de los trabajadores agrícolas ha quedado retrasada en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo chileno. Se puede decir con bastante aproximación que el enorme incremento numérico de las clases medias de Chile y el acceso de grandes sectores obreros a condiciones de vida bastante favorables, se han hecho a costa del campesinado, que no ha recibido la parte que le corresponde en el desarrollo cultural del país y en el aumento de la renta nacional. Para comprobar este aserto basta sopesar algunas cifras que consigna el Instituto Agrario de Estudios Económicos (Intagro) en su estudio denominado "La Agricultura Chilena", de mayo de 1966. En materia de salud, 80% de los niños que nacen vivos en el área urbana recibe atención médica, en tanto que sólo la recibe el 40% en el área rural, y el porcentaje de mortalidad infantil es de 111 por mil en el área urbana y de 175 por mil en el área rural. En materia de educación, tienen acceso a ella 80% de los niños en edad escolar en el área urbana, y sólo 52%; en el área rural, y de cada 100 habitantes de edad superior a 15 años, hay 10 analfabetos en el área urbana y 34 en el área rural. En materia de viviendas, están calificadas de regulares y malas el 32% de las existentes en el área urbana, que albergan a 32 % de la población respectiva;. en tanto que las viviendas regulares y malas del área rural alcanzan al 53% ; albergan a 51% de la población correspondiente, a lo cual se suma que la proporción de viviendas con exceso de habitantes es de 25% en el área urbana y de 46% en el área rural. En estas cifras demostrativas de la inferioridad económica y social del campesinado influyen poderosamente los minifundios, calculados actualmente en cerca de 200.000, cuyos dueños carecen de servicios médicos gratuitos, pues no tienen acceso a la previsión, cuentan con las peores viviendas, y en gran parte de los casos no pueden enviar a sus hijos a la escuela, porque los necesitan para el trabajo cotidiano; pero es indudable que también una parte de los asalariados agrícolas adolece de condiciones de vida inferiores al mínimo aceptable.

El fenómeno a que me refiero obedece a numerosos factores, que sería largo detallar y cuya importancia relativa es difícil de ponderar; pero, en términos generales, puede decirse que proviene fundamentalmente de la falta de una acción adecuada del Estado. Desde luego, no se ha hecho nada para terminar con el minifundio y se ha dejado al propietario de él entregado totalmente a su suerte, sin previsión, sin crédito, sin asistencia técnica de ninguna especie. Además, han faltado escuelas, servicios médicos, construcción de viviendas de parte del sector público y créditos baratos y a largo plazo para que las construya el empresario agrícola o el pequeño propietario, como ha faltado también una legislación social especial para el campo. No puede culparse a ningún sector político determinado por estas omisiones, que en mayor o menor grado se han cometido en todos los países del mundo y de cuyas repercusiones no existió conciencia cabal hasta hace pocos años; pero mucho más injusto es responsabilizar por esas omisiones a los empresarios agrícolas, como lo hacen los demagogos, porque el subsanarlos no está sino por excepción al alcance de la iniciativa particular.

Con respecto al segundo objetivo que, a nuestro juicio, ha de tener la reforma agraria, cual es el aumento de la productividad, no estamos satisfechos del crecimiento de la producción agropecuaria en Chile durante los últimos 25 años, porque no ha bastado para cubrir el rápido incremento de la población del país y el aumento del poder de consumo per capita, originándose así la necesidad de importar alimentos, la que revela un ritmo creciente; pero tampoco aceptamos las afirmaciones demagógicas que a menudo se formulan en el sentido de que nuestro crecimiento sería anormalmente bajo con relación al de otros países.

La CORFO, en datos oficiales, y el Instituto Económico de la Universidad de Chile, en una publicación también oficial, se refieren al período 1950-59 y establecen un promedio anual de crecimiento de la producción agropecuaria de 2,7 % ; el Ministerio de Agricultura, en su índice del Volumen de la Producción Agropecuaria, fija el promedio anual del crecimiento en el decenio 1954-63 en 2,3%; la FAO, en sus Anuarios de Producción, señala el promedio anual para 1953-62 en 2,2%. Sea que se tome el porcentaje más optimista, el de la CORFO y la Universidad (2,7%), o el más pesimista, el de la FAO (2,2%), no estamos ante un crecimiento anormalmente bajo, ya que la misma FAO consigna que, en el período 1953-62, la producción agropecuaria bajó en Canadá y Uruguay, tuvo tasas de crecimiento anual inferiores a la nuestra en Argentina, Estados Unidos, Italia y Portugal; idéntica a la de Chile en la República Federal Alemana, y sólo ligeramente superiores en Perú, Colombia, Francia y España. Los únicos países que nos aventajaron en fuerte proporción fueron Brasil y Australia, países donde seguramente se incorporaron al cultivo parte de sus inmensas tierras no explotadas, y México e Israel, donde se pusieron en marcha gigantescas obras de regadío.

Ahora bien, si se entra a distinguir entre la producción derivada de cultivos y la producción ganadera o, más precisamente, pecuaria, nos encontramos con que, según los datos de la CORFO y la Universidad, el promedio de crecimiento anual de la primera fue de 4,7%, tasa elevadísima en comparación con las que predominan en el mundo, en tanto que la de la segunda fue de sólo 0,5%. Esto es fácil de explicar, porque en Chile no sólo no se ha seguido una política de fomento de la ganadería, sino que se ha promovido por diversos medios la importación de ganado argentino, pagándose por él mayores precios que los de nuestro mercado interno y absorbiéndose por el Estado las pérdidas respectivas. De haberse seguido una adecuada política en esta materia, la tasa de crecimiento de nuestra producción agropecuaria sería no sólo satisfactoria, sino notable.

Que nuestra agricultura se haya mantenido en un ritmo de crecimiento que, si bien no satisface las necesidades nacionales, no es comparativamente bajo, habla muy bien de la capacidad y del esfuerzo del promedio de nuestros agricultores, porque la acción del Estado con relación a la agricultura ha sido muy poco eficaz y, en muchos aspectos, contraproducente. Desde luego, las obras de regadío, fundamentales para incrementar la producción, han sido escasísimas; ha faltado casi por completo la asistencia técnica del Estado; el crédito ha sido inestable y con intereses desproporcionados al rendimiento de la agricultura, y las dificultades para obtenerlo han consumido gran parte del tiempo útil de los empresarios; los sistemas de comercialización de los productos han arrebatado a los agricultores una parte desproporcionada del valor de su producción, y por encima de todo ello, los precios políticos han desalentado a los agricultores para hacer mayores inversiones. Con datos oficiales puede comprobarse fácilmente que, donde ha habido estímulos adecuados, la agricultura ha respondido con fuertes aumentos de productividad. Si se compara el año agrícola 1955 a 1956 con el año agrícola 1964 a 1965, entre los cuales transcurrió un decenio, vemos que la producción de arroz aumentó en 80%, la de maíz se duplicó, la de remolacha se multiplicó por más de 7 veces y la de raps nada menos que por 100.

El reconocimiento que hacemos del esfuerzo del agricultor chileno y la responsabilidad que atribuimos al Estado en el bajo nivel de vida del campesinado y en el déficit de producción agropecuaria que sufre el país, no significa que consideremos a los agricultores libres de toda culpa y excluidos de todo reproche. Ha habido y hay malos empresarios, que acaparan más tierras de las que pueden cultivar bien, que descuidan el trabajo de sus campos o que explotan a sus trabajadores ; pero los casos que existen no autorizan para condenar en general al empresario agrícola chileno. También hay malos funcionarios públicos, malos médicos, abogados y constructores; malos industriales y comerciantes, malos empleados y obreros, malos militares, malos gobernantes y hasta malos sacerdotes; pero nadie ha pretendido, que yo sepa, lanzar una condenación general sobre esos sectores. La verdad que está a la vista de todos, pero que algunos no quieren ver porque tienen los ojos cegados por la pasión política, es que el término medio del agricultor de Chile ha sido un hombre esforzado y laborioso, que ha perseguido, más que su lucro personal inmediato, el mejoramiento de su predio, que ha suplido con su propia iniciativa la falta de acción del Estado, y que ha hecho lo posible por mejorar la suerte de sus trabajadores. Cuando se escriba la historia de la agricultura chilena, se tendrá que comprobar lo dura que ha sido la vida de

gran parte de los empresarios agrícolas, por lo menos hasta épocas muy recientes en que no habían llegado a los campos las comodidades que hoy nos parecen más elementales, y lo mucho que ellos han hecho para educar y asistir a los trabajadores del campo y para desarrollar la economía del país. Entonces resultará inexplicable o, por lo menos, sin justificación alguna, la campaña de odio que la demagogia ha desatado contra los agricultores y que ha encontrado sus más decididos impulsores en una generación de jóvenes inexpertos e ilusos que llevan muchas veces el título de ingeniero agrónomo, pero que no conocen la realidad actual ni la historia del campo chileno.

Para atacar frontalmente los dos fenómenos a que me he venido refiriendo - malas condiciones de vida del trabajador campesino y escaso crecimiento de la producción agrícola- se necesita un complejo de medidas legislativas y administrativas. Por una parte, es necesario dotar a la población rural de las escuelas y los servicios médicos y asistenciales que le faltan; es preciso desarrollar en el área rural un vasto plan de construcción de viviendas, sobre la base de crédito barato y a largo plazo; debe dictarse una legislación social adecuada, que comprenda remuneraciones suficientes e incentivos eficaces para el trabajador agrícola, exigiéndose enérgicamente el cumplimiento de ella. Por otra parte, el Estado debe dar al agricultor precios equitativos regulados sobre la base de fórmulas estables, y estímulos tributarios para el aumento de su producción; debe prestarle asistencia técnica organizada y completa; debe proporcionarle crédito seguro, fácil de obtener y con intereses proporcionados al bajo rendimiento de los capitales invertidos en la agricultura; debe eliminar los impuestos que encarecen los insumos, y debe simplificar y abaratar la comercialización de los productos agropecuarios. Además, y como cosa fundamental, el Estado tiene que emprender vastas obras de regadío, de desecación, incorporando así grandes extensiones a un mejor cultivo.

Dentro de una reforma agraria que aborde los distintos aspectos que acabo de esbozar, la subdivisión forzada de la propiedad -o, para usar una pomposa frase en boga: el cambio de las estructuras de tenencia de la tierra- es una meta que, sin duda, hay que perseguir, porque el ideal es que sea propietario el mayor número posible de habitantes del país; pero está lejos de ser la panacea universal. Más todavía, la subdivisión forzada de los predios agrícolas, si no se efectúa en forma paulatina y prudente, puede y debe acarrear resultados opuestos a los que se persiguen, disminuyendo la producción agropecuaria, lanzando a la cesantía a una gran proporción del campesinado y dejando al resto en condiciones de vida inferiores a las que predominan actualmente.

En efecto, no hay por qué suponer, a priori, que una gran propiedad, explotada por un hombre culto o relativamente culto, que cuenta con capitales adecuados, que tiene acceso al crédito, que obtiene una renta que le permite capitalizar y afrontar los tiempos de vacas flacas, que puede procurarse cierta asistencia técnica, adquirir maquinarias y contratar a los trabajadores que necesita, haya de ganar necesariamente en productividad por el hecho de dividirse entre un número grande de campesinos a quienes faltarán todos o casi todos los atributos que acabo de indicar. Lo probable es que esos campesinos obtengan en conjunto una menor productividad, y que, con el propósito de ganar lo necesario para vivir pobremente, cada uno tenga que desarrollar el trabajo que antes ejecutaba más de un hombre, produciendo la cesantía consiguiente, o recurra al expediente de explotar hasta el extremo a los muchos trabajadores que permanecerán sin tierra, ya que el agro chileno está lejos de tener la superficie necesaria para hacer propietarios a todos.

La subdivisión de la tierra puede ser, por lo tanto, un proceso útil y deseable si se lleva con prudencia; pero si se desarrolla con demasiada rapidez, puede significar un tremendo "boomerang" que agrave el malestar del campesinado y disminuya la producción agropecuaria con grave daño para todo el país. Esto último ocurriría, sin lugar a dudas, si el Gobierno democratacristiano pretendiese cumplir su demagógica promesa de hacer 100.000 propietario en seis años, entre otras razones, porque son relativamente pocos los seres humanos que tienen aptitudes para dirigir y hacer prosperar una empresa grande o pequeña, y esa escasez se agrava en los estratos sociales más modestos. Es indudable que los promotores de la CORA y del INDAP, cuando tengan que bajar del plano fácil de las teorías al terreno lleno de escollos de las realizaciones prácticas, no lograrán seleccionar entre los campesinos de Chile 100.000 hombres que tengan verdaderas aptitudes de empresarios.

Esto no significa, por cierto, que no haya que promover la subdivisión de los grandes predios agrícolas; pero todo tiene su medida, y en esta materia hay que ir con los pasos contados si no se quiere provocar en Chile un grave malestar económico y una crisis social de dimensiones imprevisibles.

Un buen plan de división de las tierras agrícolas debe conducir, en primer lugar, a la terminación del proceso de parcelación de los fundos del sector público, que se realizó intensivamente bajo el Gobierno de don Jorge Alessandri; debe recaer también, después de transcurrido un plazo de gracia, sobre todos los predios mal explotados que existen en el país y sobre aquellos en que no se cumplan las leyes sociales o no se proporcione al personal viviendas adecuadas; debe comprender, asimismo, las tierras en que el Estado ejecute obras de regadío, materia en que se debe desarrollar un programa mucho más intenso que el actual, y también debe establecer zonas bien delineadas de desarrollo regional en que, junto con efectuarse la subdivisión de los grandes predios ubicados en ellas y el reagrupamiento de los respectivos minifundios, se tomen por el Estado todas las medidas necesarias para absorber la cesantía y procurar a los nuevos propietarios los servicios de educación y salud y la asistencia técnica, crediticia, etcétera, que ellos necesitarán. Semejante plan constituye una manera racional de subdividir la propiedad; lo demás es utopía en algunos, y, en otros, obedece al propósito deliberado, de provocar en el país el caos económico y social.

Nada de lo que he expuesto aquí y que son las líneas fundamentales del pensamiento del Partido Nacional en materia de reforma agraria, constituye una novedad para los partidos y los hombres que nos integramos en la nueva colectividad política. Hacer una reforma agraria eficaz fue una de nuestras grandes preocupaciones durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, el único en más de un cuarto de siglo en que conservadores y liberales tuvimos influencia verdadera y continuada. Ya en 1960, el Partido Conservador abordó la reforma agraria como tema central de su Convención Nacional, cuya comisión organizadora tuve el honor de presidir. En 1961, el Gobierno, junto a representantes de los tres partidos que los apoyaban, inició los estudios necesarios para una reforma agraria vigorosa y profunda, pero adecuada a la realidad chilena. Por haber sido el Senador que habla el representante del Partido Conservador en la comisión tripartita que preparó la Reforma Constitucional correspondiente y el proyecto de ley normativa sobre la Reforma Agraria, dirigí al presidente de mi partido una carta abierta, publicada en "El Diario Ilustrado" dé 27 de diciembre de 1961, cuyos conceptos, que fueron aprobados polla unanimidad de la Junta Ejecutiva, son, en sustancia, los mismos que he expuesto en esta intervención.

Como resultado de la colaboración del Gobierno del señor Alessandri y de los Partidos Radical, Liberal y Conservador, se dictaron la Reforma Constitucional del 8 de octubre de 1962 y la ley 15.020, de Reforma Agraria, del 27 de noviembre de ese año, las cuales encontraron en el Congreso y fuera de él la oposición más injusta, enconada e infecunda de los democratacristianos y la extrema Izquierda.

Esas iniciativas estaban bien concebidas y llamadas a cumplir eficazmente sus grandes objetivos; pero hubo que emplear muchos meses en poner en marcha las instituciones que tendrían a su cargo la reforma agraria: CORA e INDAP. Cuando esa etapa se cumplió, nos hallábamos ya demasiado cercanos a la elección presidencial para emprender en profundidad un proceso tan importante. Luego se inició el actual Gobierno, que, comprometido por la oposición democratacristiana al plan del Gobierno anterior, convirtió la parte sustancial de aquella legislación en letra muerta, o la utilizó con móviles y fines muy diferentes de los programados. Es así como la CORA tiene actualmente en su poder más de 500.000 hectáreas, o sea el 10% de la superficie arable del país, sin haber cumplido su obligación fundamental de subdividirla y entregarlas a los campesinos.

No es nuestra, por lo tanto, la culpa de que no se haya llevado a efecto la Reforma Agraria que patrocinó el Gobierno de don Jorge Alessandri. Y, hoy como ayer, seguimos sustentando la idea de una reforma agraria que efectivamente consiga el mejoramiento del nivel de vida del campesinado y el incremento de la producción agrícola. Pero, desgraciadamente, pensamos que el proyecto sometido por el Gobierno a nuestro conocimiento está llamado a producir los efectos contrarios, por las razones que me propongo desarrollar.

El proyecto democratacristiano de reforma agraria tiene vicios fundamentales en su origen y en su generación.

En primer término, esa iniciativa reposa en una idea absolutamente inexacta que suele transparentarse en los discursos y exposiciones de los dirigentes políticos y de los ideólogos que aconsejan al actual Gobierno o actúan por él. Esa idea, totalmente equivocada, es que la existencia del asalariado campesino constituye en sí misma una injusticia, y que el único sistema conforme a la equidad es que cada campesino sea propietario individual o colectivo de la tierra que trabaja.

Dentro de la civilización occidental en que vivimos, y dentro de la doctrina social del Cristianismo, el régimen de asalariado en la agricultura es en sí mismo absolutamente legítimo, al igual que lo es en la industria, la minería, el comercio, los transportes, la educación, los servicios o cualquier otra actividad. Sólo el ejercicio de ese régimen puede volverse ilegítimo, si el patrón o empleador no cumple con los dictados de la justicia y de aquello que los cristianos llamamos Caridad -así, con mayúscula- y otros denominan solidaridad humana. Esto puede ocurrir en un fundo como en una fábrica textil, un mineral de hierro, una empresa de construcción o un modesto negocio de barrio. Del mismo modo que no es necesario que un obrero metalúrgico sea dueño de la máquina con que trabaja y del edificio y el terreno en que se asienta, para lograr condiciones adecuadas de vida, es perfectamente posible que un trabajador del campo logre esas condiciones sin ser propietario de la tierra que labora o del tractor que conduce.

Con relación a lo que acabo de decir, conviene tener presente que el salario medio del obrero agrícola no calificado, en la zona central del país, es de Eº 8 diarios, sin tomar en cuenta la vivienda, lo que constituye una cantidad superior al salario mínimo industrial. El salario medio podría, naturalmente, mejorarse a medida que se corrijan los precios políticos.

En segundo término, el proyecto está inspirado en el falso concepto de que todos o casi todos los trabajadores agrícolas, incluso el 34% de analfabetos que hay entre ellos, tienen capacidad y aptitudes de empresarios, o bien, que la falta de esa capacidad y aptitudes pueden ser suplida por el joven promotor de la CORA o del INDAP, que generalmente no tiene experiencia práctica ni verdadero conocimiento de los predios en que debe intervenir. Semejantes utopías no necesitan argumentos en contrario, porque se desvanecen por sí solas. Sólo quiero señalar que los promotores y asesores resultaran a la postre, como están resultando ya, menos eficientes, pero bastante más caros que los propietarios agrícolas, los cuales en la mayoría de los casos viven con poco y reinvierten la mayor parte de sus ingresos.

En tercer lugar -esto debo decirlo, cualquiera que sea la reacción que produzca-, la reforma agraria democratacristiana está fundada en un concepto del propietario agrícola que no sólo es equivocado, sino que lleva una carga grande de animosidad y revanchismo. El propietario agrícola ha sido, por lo general, un hombre demasiado realista, demasiado cachazudo me atrevo a decir, para dejarse atrapar por el verbalismo y la fanfarronería democratacristianos; y es así como la Democracia Cristiana, aun antes de que comenzara a hablar de reforma agraria, no contó nunca con el favor político del proletariado agrícola, sino más bien con su decidida resistencia. La consecuencia de ello es que los democratacristianos, algunos conscientemente, los más en forma inconsciente, tienen antipatía por ese elemento de nuestra nacionalidad, tratan de crear en torno de él un clima de odiosidades que está amenazando gravemente la estabilidad social de Chile, y han concebido un proyecto en que se transparenta, más que el propósito de mejorar la suerte del campesinado o aumentar la producción agropecuaria del país, la idea fija de castigar y exterminar económicamente a varios miles de propietarios agrícolas.

En los momentos en que esa gente es perseguida, nosotros le rendimos nuestro homenaje y le expresamos nuestra adhesión. Digan lo que digan los sedicentes técnicos de la CEPAL y de la FAO, que discurren sobre el agro chileno en la muelle comodidad de sus gabinetes y aferrados a dos manos a sus privilegios de todo orden, la obra de los propietarios agrícolas chilenos tendrá que ser ampliamente reconocida por la historia, porque ha sido una lucha brava, permanente y casi siempre solitaria y porque ha contribuido poderosamente a la incorporación de la masa campesina a la vida civilizada y al desarrollo económico del país.

Paso ahora a hacer un análisis suscinto de las disposiciones más salientes del proyecto de reforma agraria que patrocinan el Gobierno y la Democracia Cristiana con el apoyo entusiasta de los Partidos Comunista y Socialista.

I.- Predios sujetos a expropiación.

El proyecto somete a expropiación los siguientes predios agrícolas:

Todos los predios que, perteneciendo a una persona natural, tengan más de 80 Has. de riego básicas de superficie (artículo 3º).

Todos los predios de cualquiera superficie si su dueño posee en total más de 80 hectáreas básicas (artículo 3º).

Todos los predios de menos de 80 hectáreas básicas que hayan resultado de la división de un fundo de superficie mayor efectuada entre el 21 de noviembre de 1965 y la fecha en que la ley entre en vigencia, salvo que la división haya sido aprobada por el Consejo de la CORA, organismo que mal podía dar esa aprobación, puesto que carecía de atribuciones para ello (artículo 1° transitorio)..

Todos los predios de menos de 80 hectáreas básicas que hayan resultado de la división de un fundo de superficie mayor efectuada entre el 4 de noviembre de

1964 y el 20 de noviembre de 1965, salvo que la división se haya hecho materialmente efectiva a la iniciación del año agrícola siguiente a su fecha y haya continuado después la explotación personal o efectiva (artículo 5º, con relación al 1° transitorio).

Todos los minifundios, o sea, los predios de superficie, inferior a la calculada para la unidad agrícola familiar (artículo II).

Todos los predios que pertenezcan en común a dos o más personas, cualquiera que sea su superficie y salvo que el estado de indivisión termine en los casos, forma y plazo que establezca la ley (artículo 12).

Todos los que pertenezcan a personas jurídicas de derecho público o privado, salvo las sociedades de personas que posean menos de 80 hectáreas básicas y cumplan otros requisitos especiales (artículo 6º).

Los que sean necesarios para un programa de reforma agraria, si han sido ofrecidos en transferencia por sus dueños (artículo 10), y

Los que estén en un área en que el Estado haya construido o vaya a construir obras nuevas de riego o de mejoramiento de las existentes (artículo 12).

El primero y gravísimo reparo que merecen estas disposiciones básicas del proyecto, es que en ellas se pierden totalmente de vista los objetivos naturales de la reforma agraria, que ya he señalado muchas veces y que no pueden ser otros que mejorar las condiciones de vida del campesinado y aumentar la productividad agrícola. Quedan afectos a expropiación todos los predios mayores de 80 hectáreas básicas, todos los que no alcancen a la unidad agrícola familiar y todos los que pertenezcan a dos o más personas en común, a sociedades o a otras personas jurídicas, aunque se encuentren en un alto grado de productividad y aunque sus trabajadores tengan buenas condiciones de vida.

De ese modo se convierte -en letra muerta la promesa que el actual Presidente de la República formuló reiterada y solemnemente durante su campaña electoral, y que ha repetido decenas de veces desde el alto solio que ocupa: la promesa de que el propietario que trabajara bien sus tierras no tendría nada que temer. Sobre el particular, recordemos especialmente el discurso-programa agropecuario que pronunció el candidato don Eduardo Frei Montalva en el año 1958 en Temuco, que en parte está reproducido en la obra de don Jorge Ro-gers "Dos Caminos para la Reforma Agraria", y en el cual expresó de modo categórico:

"Se ha considerado y señalado con frecuencia que una de las razones del atraso relativo de nuestra agricultura es la forma de la tenencia de la tierra. Es éste un problema siempre candente, cuyo enfoque no tengo por qué rehuir. Muchos estiman que el tipo de explotación más eficiente es la propiedad familiar, es decir, aquella propiedad cuyo tamaño es tal que depende principalmente del trabajo de todo el grupo familiar que vive sobre ella. Pero no hay duda que ésta es una solución que corresponde a determinadas preferencias y posibilidades que no es fácil asegurar constituyan la respuesta más apropiada en cualquiera circunstancia. Incluso, hoy día, el profesor Schultz observa que debido a los avances de la técnica y a la substitución del trabajo por el capital, a medida que el precio del esfuerzo se ha elevado en relación con otros insumos, el desarrollo económico que ha caracterizado a los países occidentales, ha hecho necesaria la ampliación del tamaño de las fincas".

"Pero si bien no es posible definir con precisión cual sería el tamaño medio más eficiente para la etapa que vive nuestra agricultura, especialmente si consideramos las diversas regiones y sus características que hacen el problema tan diverso de una zona a otra, nadie discute que hay dos formas, el latifundio y el minifundio que representan defectos estructurales que es preciso corregir con energía.

"El latifundio, que no debe ser confundido con la gran propiedad bien explotada y mantenida, confusión frecuente entre quienes no precisan términos, se caracteriza por su gran superficie relativa, sus sistemas de cultivo excesivamente extensivos, su bajo grado de capitalización, su ineficiente conservación de los recursos naturales, especialmente del capital tierra, sus relaciones contractuales del trabajo a base del pago en especies y regalías (al menos en una proporción considerable), el ausentismo patronal, el desequilibrio entre el capital tierra y el capital fijo y de explotación, y el empleo de los métodos de cultivo más tradicionales e ineficientes. Presenta, además, una, considerable proporción de su superficie útil inexplotada o muy mal utilizada. Se podría afirmar que su característica esencial es explotar más al hombre que a la tierra, y la productividad del trabajo en él ocupado es bajísima".

En su campaña presidencial de 1963-64, el señor Frei combatió de frente la promesa de algunos propagandistas contrarios, de dividir todos los grandes fundos, y, como lo recuerda también el señor Ro-gers en su libro, repitió incansablemente lo siguiente:

"Yo no ando repartiendo potreros por ahí como otros hacen; que los que ofrecen potreros no les darán ni terrones".

"Yo ofrezco a los que tengan las mayores aptitudes para trabajar la tierra y que carezcan de ella que, en mi gobierno, alcanzarán su aspiración en un plan racional de reforma agraria".

Cabe agregar que el proceso natural de subdivisión de la tierra en nuestro país es muy intenso. Según el censo agropecuario de 1955, había en Chile 150.300 explotaciones agrícolas; según la retasación hecha

10 años después, ese número había aumentado a 265.000, o sea, nada menos que en 78%.

La consecuencia inevitable de someter a expropiación todo predio rústico mayor de 80 hectáreas básicas, será que los propietarios de la mayor parte de la tierra agrícola chilena -porque la mayor parte corresponde a propiedades que exceden esa superficie- quedarán entregados a la voluntad o al capricho del Consejo de la CORA y de sus inexpertos informantes. Es una espada de Damocles sobre los dueños de la porción más valiosa del agro nacional, y esa espada de Damocles no sólo producirá zozobra en los espíritus, sino que desalentará las nuevas inversiones, convertirá a los trabajadores ilusionados con la idea de ser propietarios en enemigos de sus patrones y de la productividad del fundo en que laboran, y coartará en gran parte el libre ejercicio de los derechos ciudadanos de los agricultores amenazados, obligándolos a mantenerse en posiciones gratas al partido del Gobierno, que ya anuncia 30 años, cuando no 100, de predominio en el país.

A lo anterior se suma el hecho anómalo y gravísimo de que el Consejo de la CORA tendrá "cancha libre" para expropiar donde quiera y cuando quiera, un fundo sí y otro no, descargando su zarpazo sobre un propietario y dejando indemne al vecino, sin someterse a ningún plan de desarrollo de una región determinada, sin la obligación de crear los servicios adecuados, sin que el Estado quede obligado tampoco -y esto es gravísimo- a absorber la cesantía causada por la expropiación, cesantía que con motivo del asentamiento de San José del Carmen, en el Huique, provincia de Colchagua, alcanza a la casi totalidad de los antiguos empleados y a más de 60% del total de los trabajadores que hasta hace pocos meses laboraban en esa hacienda. Como no habrá dinero para expropiar y subdividir todos los fundos de más de 80 hectáreas básicas, y ni siquiera para establecer asentamientos en ellos, la expropiación o no expropiación de cada fundo dependerá de la voluntad omnipotente del Consejo de la CORA, constituido por hombres y no por ángeles, y por hombres bien expuestos a las influencias y presiones políticas.

Otra objeción que debe hacerse a las disposiciones que estoy comentando es la iniquidad que representa someter a expropiación los predios de menos de 80 hectáreas, si son el resultado de la división de propiedades de extensión mayor efectuada después de ciertas fechas. En esencia, se está aplicando una sanción por un acto que era perfectamente legítimo cuando se ejecutó, lo que contraría uno de los principios básicos del Derecho Penal del mundo civilizado, principio que está expresamente consagrado en nuestra Constitución entre las garantías que ella asegura a todos los habitantes de la República.

También merece objeción el tratamiento que se da a las personas jurídicas particulares y, sobre todo, el que se declare expropiable todo predio perteneciente a dos o más personas en común, cualquiera que sea su estado y superficie. Las sociedades responden muchas veces a la finalidad de trabajar mejor la propiedad agrícola, y las comunidades, a hechos involuntarios e ineludibles. Es realmente un escarnio castigar a las comunidades que no se dividen dentro de cierto plazo, en circunstancias de que el proyecto no establece la derogación de la ley 16.465, de 23 de abril de 1966, que ha hecho imposible en la práctica la división de los predios que se poseen en común.

II.- Reservas e inexpropiablidades.

El proyecto permite al propietario expropiado reservarse 80 hectáreas básicas, que se aumentan a 90 si el afectado tiene 6 hijos y a 100 si tiene 7 ó más (artículo 14).

Si se trata de dos o más personas que son dueños en común, la superficie de 80 hectáreas susceptible de reserva se aumenta en 10 hectáreas por cada comunero, en exceso de uno, que expíete el fundo personal o efectivamente hasta un máximo de 100 hectáreas (artículo 15).

No tienen derecho a reserva los propietarios de predios abandonados o mal explotados (artículo 14). Tampoco lo tiene el dueño de un predio arrendado, pero en este caso el arrendatario puede reservarse la superficie que fije la CORA y que puede oscilar entre la unidad agrícola familiar y las 80 hectáreas básicas (artículo 16).

Ya señalé anteriormente que la reserva de sólo 80 hectáreas básicas contradice las promesas reiteradamente formuladas por el Excelentísimo señor Frei. Ahora sólo me cabe agregar que el mal se agrava considerablemente con la injustificada e ilógica disposición concebida para el caso de los predios que pertenezcan a varias personas en común, las que sólo podrán reservarse 80 hectáreas básicas más un suplemento de 10 hectáreas por cada comunero, en exceso de uno, que trabaje el fundo personal o efectivamente. Si se considera que en cada familia de propietarios agrícolas hay por lo general varios hermanos que trabajan en el campo o desean hacerlo, y que se han preparado para ello, se ve con claridad que el precepto señalado es ilógico y contrario a toda equidad y está llamado a frustrar indebidamente las vidas de mucha gente.

Hay un caso en que la reserva del propietario que explote directamente su predio puede subir a 320 hectáreas básicas. Está consignado en los artículos 17 y 18 y se refiere a los propietarios que cumplan los seis requisitos que para ese efecto se señalan. Por desgracia, hay dos requisitos que hacen bastante ilusoria la excepción. Uno de ellos consiste en que el fundo esté explotado en condiciones técnicas superiores al promedio de la comuna, lo cual es prácticamente imposible probar en juicio, aparte dejar fuera de la excepción al propietario que tenga la desdicha de poseer un fundo situado en una comuna donde la mayoría de los predios se trabajen en buenas condiciones.

El otro requisito a que me refiero es el de que se pague por concepto de salarios y sueldos, a lo menos, el doble del salario mínimo campesino y del sueldo vital escala B, considerando las regalías hasta un máximo de 29% del total. Este requisito podrá cumplirse, y de hecho se cumple, en algunos fundos de privilegiada calidad de suelos, clima o ubicación, pero parece prácticamente imposible cumplirlo en la gran mayoría de los predios rústicos del país, y en caso de generalizarse representaría un fuerte impacto contra la política de remuneraciones del Gobierno, que es parte de su plan intinflacionista.

En cuanto a la inexpropiabilidad, el proyecto la establece para cuatro casos: la propiedad familiar agrícola, salvo si se proyectan obras de riego por el Estado (artículo 23) ; los terrenos con bosques o todavía desarbolados, si hay respecto de ellos un plan de ordenación aprobado por el Ministerio de Agricultura (artículo 24) ; las estaciones experimentales y los centros de capacitación campesina o docencia agropecuaria (artículo 23), y, por último, las llamadas "viñas integradas" (artículo 20), que deben cumplir varios requisitos, entre ellos el muy curioso y no poco sugestivo de pertenecer a una sociedad anónima, caso en que se encuentran sólo 6 ó 7 viñas.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Muchas gracias.

III.- Indemnizaciones.

El daño inconmensurable de colocar bajo expropiación la mayor y mejor parte de la superficie agraria del país, no existiría o sería mucho menor si la ley consultara una verdadera indemnización, si respetara el derecho natural que tiene todo ser humano a que se le repare el daño patrimonial que se le causa sin culpa de él.

Pero el proyecto establece, como es bien sabido, un sistema que no consulta para el propietario desposeído sino la indemnización parcial y remota del gravísimo daño que se le cause.

En efecto, la indemnización sólo ascenderá al avalúo fiscal más el valor de las mejoras no incluidas en él (Artículo 39).

Bien sabemos que los avalúos fiscales vigentes fueron calculados a base de tablas con las cuales se perseguía avaluar el total de la propiedad agrícola en un 65% de su valor real, porque sobre esa base se calculó la tasa de la contribución de bienes raíces. A ello se suma que, habiendo subido el costo de la vida en 25,9% según la estadística oficial, sólo se reajustaron los avalúos en 20%. De este modo, el promedio de los avalúos fiscales sólo representa más o menos el 60% de los valores reales, y en algunos casos bastante menos, porque hay predios que tienen condiciones especiales de productividad, de ubicación o de organización y desarrollo, que no se reflejan en las tablas.

Ahora bien, la indemnización se pagará con una pequeña cuota al contado, que en muchos casos será sólo de 1% y que llegará como máximo a 10% (Artículos 42, 43 y 44), y el saldo en bonos a 25 ó 30 años plazo, salvo casos excepcionalísimos, en que será a 5 años (Artículo 127).

Sólo será reajustable el 70% de los bonos. Esto significa que, por el 30% restante, y suponiendo un alza del costo de la vida de sólo 20% al año, el tenedor del bono recibirá en términos reales, a los 6 años de emitido, sólo la tercera parte de su valor; a los 10 años, menos de la quinta parte, y a los 25, una proporción ínfima.

Los bonos serán prácticamente incomerciales, de acuerdo con el artículo 127 del proyecto. Lo que más llama la atención es que el propietario no pueda destinar la indemnización que reciba a capitalizar debidamente la tierra que se reserve, lo que es contrario a todo propósito serio de aumentar la productividad.

En definitiva, considerando la realidad del avalúo fiscal y la pérdida del 30% del valor de los bonos, el propietario resultará recibiendo por su predio menos de la mitad de su valor real, en un plazo de 25 ó 30 años y con un interés del 3% anual.

En definitiva, considerando la realidad del avalúo fiscal y la pérdida del 30% del valor de los bonos, el propietario resultará recibiendo por su predio menos de la mitad de su valor real, en un plazo de 25 ó 30 años y con un interés del 3% anual.

Esto no es indemnización: es despojo liso y llano. Una mayoría que abusa en esta forma de la minoría no puede seguir llamándose democrática ni puede continuar hablando de revolución en libertad. Chile se sale con este proyecto de los marcos del derecho y de la civilización occidental, para penetrar en el terreno pantanoso de la tiranía encubierta, sin duda la peor de todas das tiranías.

IV. Tribunales y procedimientos,

El proyecto consulta un tribunal de primera instancia compuesto por un miembro del Poder Judicial designado por éste, y dos ingenieros agrónomos nombrados por el Presidente de la República y el Colegio del ramo, respectivamente. El tribunal de segunda instancia estará integrado por dos representantes del Poder Judicial y uno del mencionado Colegio.

Si se considera que el Colegio de Ingenieros Agrónomos está totalmente controlado por los funcionarios públicos, que forman la casi totalidad de su consejo, es fácil colegir que en el tribunal de primera instancia el presentante del Poder Judicial estará en permanente minoría, y que en el de segunda los dos representantes de ese Poder estarán vigilados por un funcionario administrativo.

Las reglas sobre competencia de. estos tribunales son oscuras y confusas, y se necesitarán días de estudio para establecer si los afectados tendrán derecho a reclamo en todos los casos en que debieran tenerlo; pero a lo menos puedo afirmar que no habrá reclamo alguno contra la demora de la CORA en tomar posesión del predio, después de acordada su expropiación. De ese modo, la CORA podrá dilatar indefinidamente la toma de posesión, dejando al empresario en una situación de incertidumbre absoluta, creando una grave tensión entre él y los trabajadores del fundo y paralizando o semiparalizando la explotación. Señalo esté peligro, porque se me ha informado que, ya bajo las leyes vigentes, la CORA toma sus acuerdos de expropiación y luego no concreta la expropiación misma, produciendo los nocivos efectos que acabo de señalar.

Por lo que hace al recurso de queja ante la Corte Suprema, el proyecto no lo elimina, porque él emana de la Constitución, pero disminuye considerablemente su eficacia al privar al más alto Tribunal de la República de su potestad para dar orden de no innovar en tanto no se falle el recurso.

V. Destino y distribución de las tierras.

El artículo 62, inciso primero, establece como regla general que las tierras expropiadas deberán distribuirse en unidades agrícolas familiares; pero a renglón seguido autoriza al Consejo de la CORA, cuando lo aconsejen razones de orden técnico o lo soliciten los asignatarios escogidos por la misma CORA, para asignar las tierras, en copropiedad o a cooperativas.

De ese modo, queda al criterio de la CORA decidir si en la agricultura chilena seguirá predominando la propiedad privada, o si iremos a un sistema de granjas colectivas o koljozes, que, tanto en Rusia como en los demás países donde se implantó, ha fracasado estrepitosamente y se ha demostrado contrario al aumento de la productividad y al mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado.

Como si esto fuese poco, el artículo 62 establece que, aun en los casos en que esté prevista la asignación individual de las tierras, funcionará durante 3 años, prorrogables por 2 más, el llamado "asentamiento", que no es sino una granja colectiva de propiedad de la CORA, donde los "asentados" trabajan con bajos salarios, sin chacra ni talaje, sin asignación familiar y sin previsión en materia de salud. Así son los "asentamientos" de San José del Carmen, la Hacienda Yáquil y la Hacienda Manantiales, en Colchagua, donde los campesinos que lograron ser asentados están en condiciones de vida muy inferiores a las que tenían, amén de que gran parte de los antiguos trabajadores quedaron cesantes.

Ahora bien, ¿quién va a seleccionar a los asignatarios individuales o colectivos? La CORA, y nadie más que la CORA. Las causales de preferencia son tan líquidas, que más valiera no haberlas escrito, y si la CORA no las respeta, no hay autoridad a la cual pueda reclamarse. Y para que la CORA no tenga ninguna limitación y pueda favorecer a uno por aquí y otro por allá, se le permite asignar hasta tres unidades agrícolas familiares a los campesinos que hayan demostrado mayor "capacidad empresarial"...

La CORA tendrá también el derecho de declarar caducada la asignación en varios- casos, entre otros el muy vago de no cuidar la fertilidad del suelo.

Como el proyecto no tiene financiamiento y como la división de los predios agrícolas demandaría gastos muy superiores a los calculados y realmente inabordables, lo probable es que en Chile nos hallemos al cabo de pocos años en un régimen de granjas colectivas o de asentamientos sempiternos, lo que explica el entusiasmo de los partidos marxistas, pero significa, a la luz de la experiencia, postración del campesinado y disminución gravísima de la productividad.

VI.- Aguas.

El proyecto transforma los derechos de agua, incorporados hasta ahora al patrimonio de los propietarios agrícolas, y generalmente más valiosos que la tierra misma, en simples mercedes del Estado, sujetas al poder omnipotente de la Dirección General de Aguas.

Si no hubiese muchas otras disposiciones del proyecto que dejan a todos los empresarios y trabajadores agrícolas sujetos a la voluntad o capricho del Gobierno y sus funcionarios, bastarían las disposiciones sobre aguas para decir que este proyecto no cambia, sino que suprime las estructuras de tenencia de la tierra, dejando & los agricultores chilenos al margen de toda organización jurídica y librados a lo que quieran hacer con cada uno de ellos los que detenten el poder político.

Hay que hacer notar que el proyecto deroga 39 artículos del Código de Aguas y modifica otros 96, aparte de varios artículos del Código Civil, sin haber pasado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y con el agregado de que las Comisiones unidas de Hacienda y Agricultura no estudiaron en detalle las disposiciones derogatorias y modificatorias a que me refiero. Sin duda, esta manera de legislar rebasa todos los límites. Un concepto elemental de responsabilidad legislativa obligaría a desglosar de este proyecto todas las disposiciones sobre aguas y dejarlas para otro proyecto que pueda ser estudiado por la Comisión del ramo.

VII. Financiamiento.

El proyecto no tiene financiamiento, el que queda confiado a las futuras leyes de Presupuestos. De este modo se viola abiertamente un importante precepto de la Constitución Política, que prohibe crear nuevos gastos, sin señalar la fuente de recursos con que han de cubrirse.

El análisis que dejo hecho del proyecto en debate demuestra claramente que con él no se podrá conseguir ninguna de las finalidades que debe proponerse una reforma agraria. Por el contrario, este proyecto, de ser despachado en la forma en que está concebido, agravará las malas condiciones de vida que predominan en el campesinado y engendrará un retroceso gravísimo en la producción agropecuaria del país. De este modo no se habrá puesto un dique al comunismo, como lo desean los ingenuos políticos yanquis botados a doctores en asuntos latinoamericanos, o como lo preconizan algunos sacerdotes soñadores, en gran parte extranjeros. Muy al contrario, se habrá pavimentado el camino para un estallido social que nos puede conducir al trágico destino de Cuba.

Entre tanto, mientras el estallido social no venga, el Partido Demócrata Cristiano, con las facultades casi omnipotentes que otorga a la CORA respecto de las propiedades agrícolas, logrará avanzar un largo trecho en el camino de la atemo-rización y de los controles, por el cual se desliza sistemáticamente, buscando como meta final matar toda resistencia política y afianzarse por 30 años o por un si-blo en el Poder.

Los Senadores nacionales, consecuentes con nuestros principios de bien público, leales a la democracia y a los intereses permanentes de Chile, daremos a este proyecto un "NO" categórico y rotundo.

El señor GARCIA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Salomón Corbalán.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Señor Presidente, participo en este concurrido recinto. . .

El señor GUMUCIO.-

-Selecto, Honorable colega.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Así es, señor Senador. Dejo oportuno testimonio de ello.

Participo en un debate que suponíamos que preocuparía, en forma muy especial, no sólo al Congreso, sino a la opinión pública de Chile. Se está discutiendo nada menos que el proyecto de reforma agraria, o sea, una idea que ha estado presente durante los últimos veinte o treinta años, en forma permanente, en la política nacional, en el debate público, en las confrontaciones electorales y en todo lo que dice relación al ejercicio de le democracia.

Ya tuvimos un debate similar con motivo del estudio de la iniciativa que dio origen a ,1a ley 15.020, sobre reforma agraria, dictada en el Gobierno del Excelentísimo señor Jorge Alessandri. En aquella ocasión se expusieron gran cantidad de argumentos para explicar, más bien para justificar, la necesidad de efectuar una reforma de esta índole. Todos, esos argumentos concluían en un objetivo concreto: la reforma agraria era un imperativo histórico.

Toda aquella reforma y el debate suscitado en torno de ella estaba recubierto y algo confundido con una situación que en esa época tuvo gran vigencia: la decisión del Departamento de Estado Norteamericano de responder al desafío que significa la revolución cubana para América Latina y para las oligarquías aquí existentes. El Departamento de Estado dio como respuesta la Alianza para el Progreso y ofreció dinero a quienes hicieran la reforma agraria, pero exigió llevar a cabo tal reforma para tener acceso a los beneficios de la Alianza.

No otro fue el motivo por el cual el hábil hombre de negocios que era el Presidente de la época vio de inmediato la necesidad de hacer esta operación comercial: despachar un proyecto de reforma agraria y pedir inmediatamente el dinero prestado a la Alianza para el Progreso, con cargo a esa reforma. No interesaban el fondo de la reforma, ni su carácter ni su intención. Por eso, con justa razón, el pueblo de Chile calificó aquella reforma como "reforma de macetero".

Y la mejor prueba de ello es que fue muy poco lo que se hizo en cuanto a la reforma misma. No se tocaron los intereses particulares, pues ella se hizo sobre tierras fiscales o de organizaciones del Estado. Cuando se logró tocar a algún particular, sólo fue para comprarle al contado, y a precios más que comerciales, las tierras que se le expropiaban. Tal es el caso del latifundista don Jaime Larraín,' quien era propietario del fundo "Esmeralda", ubicado frente a Rosario, en la carretera panamericana, comuna de Rengo.

¡De esta manera fue despachada y puesta en práctica aquella ley!

Sin embargo, el fantasma de la reforma agraria continuó presente. Los campesinos se sintieron frustrados, engañados, burlados, y expresaron en forma activa y combativa su decisión de exigir una verdadera reforma agraria.

Fue así como se dio la campaña presidencial. En ella, los dos candidatos, el triunfante, señor Frei, y el candidato popular, Senador Allende, que obtuvo una alta votación, ofrecieron la reforma agraria. En consecuencia, el pueblo respaldó la idea de llevarla a cabo.

Pasó un tiempo, y el Gobierno, a pesar de haber anunciado que tenía elaborado todo su programa antes de la elección, mediante grupos técnicos y de estudio, demoró prácticamente más de un año en enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa que ahora discutimos. Y ahí comenzó el debate en torno de la reforma agraria.

No quiero entrar esta tarde en detalles de orden técnico, minuciosos, que justifiquen la necesidad de una reforma de esta índole. Este es un problema ya basante discutido: El informe de las Comisiones unidas es muy completo. Existe mucho material al respecto. Por ejemplo, el Informe sobre Tenencia de la Tierra y Desarrollo Económico del Sector Agrícola en Chile, elaborado por el CIDA, que es muy interesante y completo, y demuestra la necesidad de realizar la reforma agraria; hay mucha documentación de organismos del Estado y documentación privada; existe un libro, bastante interesante, llamado "El desarrollo de América Latina y la reforma agraria", escrito por el señor Jacques Chonchol, etcétera.

En general, se cuenta con material suficiente al respecto, y el Congreso tiene la obligación de estar debida y cabalmente informado, porque ésta es una materia que se discute desde hace mucho tiempo.

Sobre el particular, nuestro partido ha entregado amplias declaraciones y documentos. En el congreso de Los Andes, efectuado en 1961, el Partido Socialista entregó toda una tesis sobre reforma agraria. Muchas de las materias del diagnóstico que incluía esa tesis están en la fundamentación del proyecto. Por último, el Diputado y compañero Andrés Arave-na dio en la Cámara de Diputados fundamentos de orden técnico, económico, social e histórico en cuanto a la necesidad de hacer la reforma agraria de acuerdo con nuestros puntos de vista.

Por lo tanto, haré un intento con el que espero allegar una especie de contribución a un diálogo que aquí no se ha practicado: trataré de centrar el debate y de llevarlo a algunos asuntos polémicos, a ciertos aspectos que es necesario esclarecer. Sobre todo, nos interesa la opinión del partido de Gobierno, y particularmente del Gobierno, mediante su Ministro de Agricultura, aquí presente.

Empezaré por dejar sentadas, desde nuestro punto de vista, algunas premisas que nos parecen esenciales.

Para nosotros, la reforma agraria es una necesidad histórica, una urgencia de carácter económico social, un imperativo de naturaleza política. Pero, a nuestro juicio, la reforma agraria, para ser tal, debe ser revolucionaria. Y quiero explicar por qué.

En primer lugar, es interesante tener claro que hay tres grandes enfoques -llamémoslos así- respecto del problema de la reforma agraria. El primero lo hemos escuchado por centésima o milésima vez, durante toda la historia de nuestro país, y ha sido expresado esta mañana por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor Senador, en nombre del Partido Nacional, expresó su punto de vista respecto de la reforma agraria. Ese es el enfoque tradicional. Si pudiéramos decirlo, es el enfoque ya del pasado, una apreciación totalmente desahuciada, absoleta. Nada tiene que ver con la situación actual. Ellos se limitan a insistir en que la reforma agraria debe consistir en mayor apoyo del Estado para los agricultores; mejores precios remunerativos; mayor crédito; abaratamiento de los insumos; mejor comercialización de los productos, etcétera. En consecuencia no gastaré mi tiempo en referirme siquiera a ese punto de vista, porque corresponde, como digo, a lo tradicional, a lo que ya está totalmente dejado de mano.

Hay, en seguida, otra postura que es de sumo interés analizar, al menos por ahora. Es la de quienes piensan que la reforma agraria no es más que eso: una reforma; vale decir, una serie de medidas con intenciones de orden económico, social o incluso político, bastante trascendentes, pero enmarcadas dentro del sistema tradicional, dentro de la actual estructura política, económica y social. Se-feún ellos, la reforma es sólo eso: consiste en hacer algunos cambios por aquí, otros por allá," crear cien mil nuevos propietarios --más propietarios que los que había antes-, para aumentar la base de sustentación del sistema de propiedad. En definitiva, para apuntalar un sistema que está en crisis, para apuntalar el sistema capitalista de producción, la estructura tradicional, lo que constituye toda esta civilización llamada, así, tan genéricamente, "occidental y cristiana".

Ese punto de vista, que analizaré más adelante con mayor detalle, es el que compromete -no cabe la menor duda de ello, como lo voy a demostrar- al Gobierno, al Partido de Gobierno y a otros reformistas que sostienen la necesidad de limitarse sólo a esa estrecha perspectiva.

Y está, a continuación, la tercera perspectiva, la que nosotros sustentamos: la de que la reforma agraria debe ser revolucionaria en cuanto cambie radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra; revolucionaria en cuanto establezca el reparto del producto de la tierra con relación al esfuerzo entregado para producir; revolucionaria en cuanto termine con la explotación de la mano de obra asalariada en el campo; revolucionaria en cuanto signifique realmente incorporar al pueblo, a la comunidad, a todo el sistema productor basado en la producción agrícola y pecuaria.

Decimos que la reforma agraria debe ser revolucionaria por varios factores. Refirámonos a algunos de ellos.

No cabe la menor duda de que, en el orden económico, el país está sufriendo una crisis, en la cual mucho tiene que ver la situación de la agricultura nacional.

El señor Ministro expuso ayer -también lo hizo en las Comisiones- una serie de datos que demuestran que la agricultura nacional se ha ido transformando poco a poco en un verdadero freno, en un lastre del desarrollo económico integrado nacional; como el crecimiento de la población es mayor que el de la producción agropecuaria; que la importación y el gasto de moneda extranjera para traer bienes de consumo que podrían producirse en el país van en ascenso y, en consecuencia, llevan fatalmente a una crisis a nuestra balanza de pagos y a las posibilidades del desarrollo industrial, que necesita recursos, no sólo para materias primas, sino para internar equipos, maquinarias, etcétera.

Tengo a la mano el informe de CIDA -no deseo usar ninguna información que no sea oficial-, que en su página 17 expresa :

"En los últimos catorce años (1950-1968)" -por eso anotaba ayer al señor Ministro que los datos no coincidían- "la economía chilena ha experimentado un coeficiente anual de aumento en el Ingreso Geográfico Neto de 3,4% y un promedio anual de aumento en el ingreso "per ca-pita" de 0,8'%.

"Este aumento absoluto no muestra variación significativa con el de la década anterior (1940-49), cuando el crecimiento anual fue del 3,3%, pero debido a cambios demográficos, es menor que el aumento "per capita", el que fue de 1,5% anual en dicha década".

O sea, comparando ambas décadas, prácticamente no ha habido progreso, sino, por lo contrario, más bien se vislumbra retroceso.

En otra parte del informe se dice:

"Pero donde se observó con mayor claridad el estancamiento relativo de la agricultura, es en su participación al Ingreso Geográfico, al que en 1950 contribuía con el 14%, mientras que en 1963 su participación descendió a 9,4 por ciento".

En la página 22 del informe se dan datos sobre la producción, y sé expresa:

"La producción agropecuaria chilena presenta un crecimiento inferior al de la población. En efecto, durante un período de 15 años (1945-1959) se cuantificó una tasa acumulativa anual de sólo el 1,83%, mientras que el crecimiento demográfico señalaba un 2,2% anual". "En los últimos años el modelo no ha cambiado significativamente".

Para no cansar a los señores Senadores, no daré mayores detalles, pero todos los datos coinciden con los del señor Ministro. Puede haber variaciones en los guarismos, pero no cabe la menor duda de que, desde el punto de vista económico, la agricultura, no sólo se ha transformado en un problema, sino que en lastre o freno. Y ése es un asunto que debemos resolver.

Desde nuestro punto de vista, la solución tampoco es fácil. No se piense que con unos incentivos por aquí, con una. redistribución y haciendo mayores minifundios por allá, se logrará resolver el problema. Coincido con el señor Chonchol y con el Departamento Campesino de la Democracia Cristiana en que la reforma agraria debe ser rápida, drástica y masiva; y, sin duda, no es dable pensar que puedan conseguirse esos tres aspectos con los métodos que se anuncian.

En seguida, el mismo informe de CIDA demuestra cómo es de injusto el actual sistema de tenencia de la tierra. Veamos qué dice al respecto en su página 38:

"Quizás sea más importante anotar, además el estancamiento de la producción, que los bajos ingresos de las masas campesinas originan formas miserables de vida y obstaculizan una creciente demanda del sector para los productos manufacturados, dando así pocos estímulos a la in-dustrializacin.

"Por lo tanto, se puede afirmar como hipótesis tentativa de trabajo, que...estas rigideces del sistema socio-económico en la agricultura, especialmente definidas en la práctica por los sistemas de tenencia de tierras, son causales de una incapacidad básica de la economía y de la sociedad para enfrentar la situación actual.

"Una respuesta más adecuada implicaría, por lo menos, el alcanzar tres objetivos fundamentales: mejorar el funcionamiento económico, mayor igualdad social, y consecuentemente, una redistribución del poder político".

Más adelante agrega el informe:

"Una reforma inteligente de los actuales sistemas de tenencia, destinada a redistribuir los derechos y beneficios de la propiedad de la tierra se traduciría en un factor dinámico esencial para el progreso del país".

Cuando proporciona datos respecto de la forma como actualmente está distribuida la tierra, expresa lo siguiente:

"De acuerdo al número de explotaciones y la población agrícola activa censada, y a la población en comunidades, se ha estimado que en 1955, había cerca de 345.000 familias conectadas directamente con la actividad agrícola.

"En ese universo, había 10.300 familias propietarias u operadores bajo otra forma de tenencia de explotaciones multifamilia-res grandes, es decir, con extensiones tales de tierra, que implican la necesidad de contratar mano de obra. Esta fuerza de trabajo, a su vez, podría provenir de 244 mil familias que engloban a productores de explotaciones subfamiliares, inquilinos, medieros, comuneros, indígenas y trabajadores sin tierra a ningún título".

En otros términos, en 1955, prácticamente había 250 mil familias que vivían de la tierra, y, sin embargo, no la tenían o la tenían en cantidad insignificante, inferior a la unidad familiar. En consecuencia, eran menos que minifundistas.

En la página 42 del informe aparece un cuadro -me gustaría que más tarde, cuando lo tengan a mano, los señores Senadores lo analicen- que señala la distribución de la población agrícola según su "status" ocupacional y forma de tenencia. Según dicho cuadro, los productores de explotaciones multifamiliares grandes alcanzan a 2,4% ; los productores de explotaciones multifamiliares medianas, a 5,8'% ; los administradores y empleados técnicos, administradores de predios multifamiliares, empleados técnicos y profesionales, a 1,2% ; los productores de explotaciones familiares, a 19% ; los pequeños productores en comunidades agropecuarias (comuneros indígenas y comuneros sucesoriales), a 17,4%. Esos ya son minifundistas. Los productores de explotaciones subfamilia-res, o sea, minifundistas, llegan a 7,8%, y operadores de unidades en subtenencias y trabajadores, como medieros, capataces y obreros especializados, inquilinos e inquilinos medieros y trabajadores sin tierra, a 46,5'%'.

En esta forma está distribuida la población. Esta es la situación social del estrato dedicado a la agricultura. El mismo informe sigue diciendo: "Las explotaciones más pequeñas, las subfamiliares, comprenden alrededor de la tercera parte del total, y, sin embargo, poseen poco más del 1 por ciento de la tierra arable, mientras que, en el otro extremo, las multifamiliares grandes, el 6,9 por ciento del total, ocupan dos terceras parte de dicha categoría de tierra. Estas simples relaciones dan una idea general sobre la magnitud de la concentración de este recurso, lo que se tratará de particularizar cuando se analicen los sistemas de tenencia al nivel regional. En todo caso, como preámbulo a lo insinuado, puede señalarse que las explotaciones multifamiliares grandes tienen especial importancia en Chile Central, donde poseen el 44 por ciento de la superficie arable y el 76 por ciento de la regada, aspecto trascendental en esa región."

Los datos que señalo, que no los he elaborado yo, demuestran que los problemas de orden económico, por una parte, y el de la tenencia de la propiedad de la tierra y la distribución de ella, por la otra, son más críticos y más graves: son problemas que pasan más allá de todo límite y, en consecuencia, están en una situación que constituye la causa fundamental del atraso agrícola y de todo el aparato productor nacional, como asimismo de la crisis económica del país.

¡Para qué mencionar la situación de orden social en que se hallan los campesinos!

El informe de la CIDA consigna diversos datos al respecto. No los daré a conocer en esta oportunirdad para no cansar a los señores Senadores; pero Sus Señorías pueden examinarlos y comprobarán cuál es el grado de atraso en que se encuentran los sectores campesinos ,tanto en orden cultural, educativo y social como en sus ingresos económicos y condiciones de vida. Prácticamente, son marginados sociales, como los definen más de algún economista extranjero o técnico que han analizado la situación agrícola del país.

Además, hay otro problema de suyo importante y respecto del cual, en la actualidad, existe alarma mundial: el relativo al aumento de la población.

Los datos que he analizado son de 1955; o sea, el informe de la CIDA contiene información basada en el censo de ese año. Hasta 1965, han transcurrido diez años, lo cual significa que si la situación era grave en esa época, hoy día, sencillamente, es super grave, extraordinariamente crítica.

Tengo a mano algunos informes referentes al problema que afecta en este instante al mundo en materia de crecimiento de la población en todo el orbe y en determinadas regiones. El problema que, en especial, no sólo preocupa a los países atrasados, cuya población crece a tasas inferiores a las de ¡os propios pueblos capitalistas, sino también a éstos. Sin perjuicio de lo anterior, es fácil apreciar que en aquellas zonas el problema se agravará hasta transformarse en algo explosivo.

Desde el año 1 de nuestra era hasta 1650 -o sea, en 1650 años-, se duplicó la población en el mundo. Desde esta fecha hasta 1850, es decir, en 200 años, se volvió a duplicar. Desde 1850 hasta 1965, que comprende un período de 115 años, se volvió a duplicar. Y desde 1965 al año 2.000, es decir, en 35 años más, de nuevo se duplicará la población del mundo. ¡Es ya más que en progresión geométrica que ha ido creciendo la población o ha aumentado la densidad de ella, por razones que no entraré a analizar! Naturalmente, tal aumento se debe a los progresos científicos y técnicos, a la disminución de la mortalidad infantil, etcétera.

Veamos lo que ha sucedido en Chile. En 1960, la población de nuestro país ascendía a 7,6 millones de habitantes, cifra equivalente al doble de la de 1920. De cumplirse ciertos supuestos implícitos en la proyección, se espera que en 1975 la población aumente a 10,9 millones de habitantes. Estos hechos demuestran que si bien transcurrieron años para que se duplicara la población del país, al firme ritmo actual de crecimiento, en tan sólo 30 años se duplicará de nuevo.

Menciono estos datos, porque confieso -que cuando los tuve a mano me produjeron más que pánico.

No podemos decir que la situación de Chile sea demostrativa de la existente en América Latina. En el continente es peor: el crecimiento de la tasa de población de América Latina es superior al promedio chileno, de manera que debe suponerse que de aquí a 25 años se duplicará la población latinoamericana. Y resulta que no hay ninguna relación entre ese aumento de población de los países de América Latina y el ritmo de crecimiento de su producción agropecuaria, ni tampoco la del mundo y particularmente de Chile.

Este resumen diagnóstico, que no es nuevo -estoy citando cifras de órganos oficiales, del Ministerio de Agricultura, etcétera-, nos hace pensar que la terapéutica, las medidas que deben aplicarse, no consisten en cataplasmas, calmantes ni medidas transitorias; no son ninguna clase de medicina fácil que pudiera amortiguar un poco el dolor, sin ir a la raíz misma del mal. Es' indispensable una transformación profunda, de orden revolucionario. Otra alternativa no es sino un paso intermedio y nada más que una actitud reformista; un paso destinado a dar la sensación de que el cambio se está produciendo. Es decir, colocar calmantes al enfermo, pero ,en definitiva, sólo postergar el deceso, que sobrevendrá si no se aplica la medicina correcta.

¿Cuáles son los objetivos que, a nuestro juicio, deben cumplir esos cambios revolucionarios en materia agrícola? Desde el punto de vista económico, incorporar rápidamente a su máxima productividad a todas las tierras.- Cubrir los déficit. Crear márgenes de exportación, y, paulatinamente, aprovechar todas las disponibilidades de la tierra, sacándole el máximo de rendimiento y mejorando a su vez la productividad de ella, mediante la implantación de nuevas técnicas y métodos científicos que aumenten los rindes.

En seguida, es necesario elevar el nivel socio-cultural de los campesinos, incorporándolos a la civilización; abrir perpecti-vas para sus hijos, sacándolos de esa situación de marginados sociales en que vive el campesinado chileno. Para ellos ya no sólo es inaccesible la escuela -¡qué decir de la universidad!-; también le son inalcanzables los bienes de la civilización y la cultura, no obstante que en el último tiempo han tenido acceso a ellos mediante la radio u otros instrumentos modernos que llegan al campo y le significaron despertar e imponerse de lo que sucede en la ciudad, de lo que pasa en el mundo y tomar conciencia de las muchas necesidades y cambios revolucionarios; sobre todo, conocer la forma en que luchan sus camaradas proletarios en otros frentes de la actividad nacional.

Otro de los objetivos es crear una fuente importante de consumo de los productos industriales. O sea, al levantar el nivel de vida del campesino e incorporarlo al consumo, estaríamos aumentando la posibilidad del mercado interno; fomentando la posibilidad para que las fábricas de zapatos, ropas y algodón, produzcan más, para satisfacer la mayor demanda. Asimismo, estaríamos aumentando la base para la industrializción y el desarrollo.

Se requiere también terminar con los estratos sociales en el campo, colocar a todos en condiciones similares de expectativas, acabar con la lucha de clases y llevar igualdad de condiciones y posibilidades económicas a todos para luchar por el progreso y el desarrollo.

Para lograr tales objetivos, es necesario, desde nuestro punto de vista, que primeramente la tierra pertenezca a quienes la trabajen. Esta no es sólo una frase, aunque se usa muy a menudo e incluso es empleada por los funcionarios de Gobierno. Después veremos cómo no es tan claro que las cosas se estén realizando con ese sentido.

¡La tierra para los que la trabajan! No para los que la trabajan intelectualmente, no para los que desde su gabinete ordenan que vayan a arar el suelo! ¡La tierra debe ser para los que efectivamente laboran en ella! ¡Para los que están en el surco, para los que siembran la semilla y recogen el producto! ¡La tierra para los que la trabajan! ¡Terminar con la mano de obra del asalariado en el campo!

A nuestro modo de ver, una reforma revolucionaria debe terminar con la explotación del hombre por el hombre en el campo; tiene que acabar con la apropiación de la plusvalía del trabajo realizado en la agricultura, por el solo hecho de ser poseedor de un pedazo de tierra o propietario de ella.

Nos parece también que, para lograr estos objetivos, es menester establecer otras formas de trabajo en el campo que, conforme a las características de los suelos de la zona, permitan cumplir esas aspiraciones. Otras formas de trabajo. No se trata aquí de ponernos anteojeras. Por lo tanto, no quiero que cuando alguien replique estas observaciones use el argumento de que estamos sosteniendo que sólo hay una forma de propiedad, lo que, a nuestro juicio, sería correcto. No venimos a aplicar recetas de ninguna especie. Queremos hacer nuestra propia experiencia; pero para realizarla debemos partir de ciertas premisas fundamentales: la tierra para los que la trabajan; no más mano de obra asalariada en el campo, y que todas las formas de propiedad sean compatibles con estas premisas fundamentales. Todas las formas de trabajo deben ser tales que incorporen al campesino a la gestión de la empresa de la cual es cooperado, copropitario o mantiene una comunidad e trabajo. La autogestión debe caracterizar el trabajo en común. Todo el sistema, que debe ser amplio y ágil, siempre dispuesto a su perfeccionamiento, debe también estar basado en que cada uno reciba de acuerdo con el trabajo que ha entregado. Fundado en el principio socialista de que cada cual reciba en proporción al esfuerzo que entrega, de acuerdo con la cantidad de trabajo, el sistema permitirá al más eficaz, al que alcanza mayor rendimiento, recibir más. En esta forma, habrá emulación, típica dentro de la etapa de desarrollo socialista.

Se ha hablado de mantener la propiedad individual solamente basada en el trabajo del grupo familiar, con prescindencia de mano de obra ajena. Tal idea se ha enunciado en el proyecto en la parte concerniente a la unidad familiar y así lo entendemos nosotros por lo que dijeron los funcionarios y el propio señor Ministro. Vale decir, se trata de la unidad agrícola familiar que pueden trabajar el jefe de hogar y los miembros de su familia, sin contratar mano de obra asalariada. Si es así, es lo correcto. Sólo aceptamos esa forma de propiedad individual. Asimismo, estimamos que para cumplir los objetivos que he planteado, esa reforma revolucionaria -entiéndanme bien mis Honorables colegas -debe mantener empresas agrícolas eficientes, modernas, industrializadas como propiedad de todo el pueblo, como propiedad social. Es ilógico pretender que una reforma agraria debe tener por finalidad esencial la división o redistribución de nuestro país en cuadritos, en parcelas. Ello, aparte constituir un absurdo, es un disparate técnico. En la mayoría de los países, se tiende actualmente a la concentración de la propiedad, a fin de utilizar en mayor grado la técnica, aprovechar mejor el suelo, aplicar a su explotación los medios científicos y, en suma, obtener una producción más eficiente.

Insistimos en que la reforma, entre otras finalidades, debe tender a la supresión de la mano de obra del asalariado y a la supresión del empresario que vive a expensas del trabajo que realizan sus obreros en el campo. Como dije, debe formarse con estas empresas una forma de propiedad social que lo sea de todo el pueblo. Y debo agregar que ello no debe hacerse sobre la base burocrática consistente en reemplazar al antiguo patrón por el director del Estado, sino por medio de la autogestión de todos los obreros y trabajadores de la empresa, de modo que ellos puedan dirigirla, conducirla, orientarla y, al mismo tiempo, distribuir el producto de la empresa.

Los puntos de vista enunciados, que estimamos indispensables para lograr las finalidades revolucionarias que debe contener una reforma agraria, necesitan también de otras medidas anexas. Una de ellas consiste en estatizar la comercialización de los productos agropecuarios y la distribución de los insumos en la agricultura, tales como la maquinaria agrícola, los pesticidas, abonos y herbicidas.

En el primer informe del proyecto, logramos incorporar una disposición que establece el estanco por el Estado de la maquinaria agrícola y de los pestícidas, herbicidas y demás productos similares. Nos parece fundamental consignar esa norma entre las disposiciones del proyecto. Si la reforma entraña un verdadero despojo, al decir de tantos sectores que se quejan del proyecto en debate, ese despojo sería inmoral si, mientras se autoriza la expropiación de los latifundios y se concede plazo de quince a treinta años para cancelar la indemnización correspondiente, se deja al margen de la reforma, intocado y favorecido, al comerciante en maquinaria agrícola, herbicidas, abonos y otros insumos. De igual modo, sería inmoral exigir sacrificios al sector constituido por los terratenientes y dejar intocados a quienes retiran el producto del campo, a los comprobadores de productos de la tierra que, al actuar como intermediarios en la comercialización de esos bienes, hacen utilidades que son un verdadero escándalo.

Por las razones enunciadas, nos parece también indispensable, en la concepción de una reforma agraria revolucionaria, adoptar las medidas que señalo sobre todos aquellos aspectos accesorios.

Ahora bien, ¿por qué votaremos a favor del proyecto de ley en debate? ¿Acaso, señor Ministro, por tener el convencimiento de que el Gobierno hará lo que yo he estado sosteniendo? No creemos que el Gobierno lo vaya a hacer, pues las medidas que he señalado deben formar parte de una concepción revolucionaria de todo el sistema productor nacional. El proyecto no pasa de ser una mera autorización concedida al Gobierno, al Ministro de Agricultura, para hacer la reforma agraria.

Con todo, reconocemos que tiene la virtud de formular un diagnóstico absolutamente correcto: es el que hace el Presidente de la República en el mensaje con que acompañó la iniciativa de ley en discusión. Coincidimos con dicho diagnóstico, pero discrepamos de la terapéutica, de las medidas concretas que se propone aplicar. En este sentido, pensamos que solamente una reforma agraria revolucionaria podrá surtir los efectos que el país requiere y producir el impacto de orden económico, social y político necesario para detener el proceso de crisis.

El Gobierno tendrá la ley de reforma agraria. Ya tiene la que modifica el artículo 10, número 10 de la Constitución Política del Estado, a cuyo despacho por el Congreso nosotros colaboramos efectivamente. Ahora todo depende de lo que el Gobierno quiera hacer. ¿Lo hará el Gobierno? Estimo que no lo hará. Y lo sostengo por una razón muy sencilla: por la composición social del partido de Gobierno, por las contradicciones de clase que se advierten tanto en el Gobierno como en dicha colectividad política, por las contradicciones internas de ese partido a causa de la diversidad de los sectores sociales que efectivamente representa y por su configuración de orden socio económico.

Lo digo, además, porque una cosa es el proyecto, señor Ministro, y otra son las intenciones del Ejecutivo, expresadas por medio del Presidente de la República, de sus Ministros de Estado y de sus funcionarios. No creemos que exista intención sincera y efectivamente revolucionaria en el cambio. Hay intención reformista; vale decir, propósito de aplicar una serie de medidas tendientes a fortalecer el sistema imperante, a no transformarlo en forma revolucionaria, sino a defenderlo y apuntalarlo. Así se desprende de las declaraciones hechas tanto por el Presidente de la. República como por el Ministro de Agricultura cuando han declarado que se trata de convertir en nuevos propietarios a cien mil chilenos. En tal declaración se encierra la filosofía del Ejecutivo: hacer cien mil nuevos propietarios en el plazo de seis años. Tal fue lo que se afirmó al comienzo, pero luego se ha reducido ese número a cincuenta mil; los demás quedarán para después.

En la revista "Mensaje", publicación de los jesuítas, grandes inspiradores de la Democracia Cristiana, se decía, hace algún tiempo, que multiplicar el número de propietarios constituía la mejor forma de defender el derecho de propiedad. La misma revista aseguró que estaban equivocados los impugnadores de la reforma al artículo 10, número 10 de nuestra Carta Fundamental, pues, al apoyar esta reforma, el Gobierno no hacía otra cosa que defender el derecho de propiedad, porque extendía ese derecho; o sea, aumentaba el número de propietarios. Y tiene razón el articulista, pues hacer cien mil nuevos propietarios agrícolas representa extraer de la masa campesina -que está en actitud revolucionaria de conquista de la tierra- a esas cien mil personas y traspasarlas al sector de los propietarios y defensores del sistema capitalista y de la empresa privada. ¿Es acaso éste un cambio revolucionario?

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

He escuchado con interés las observaciones formuladas por Su Señoría en el transcurso de su exposición. Al principio, analizó la manera de abordar el problema con sentido reformista y revolucionario; definió lo que, a su juicio, significa una reforma revolucionaria y, en realidad, señaló una serie de puntos de los cuales he tomado nota,' pero que no vale, la pena repetir. Al parecer, todos esos puntos estarían contenidos en el proyecto de reforma agraria. Además, según creo entender de sus palabras, el señor Senador reconoce que el proyecto es revolucionario y es bueno.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

No he dicho eso.

El señor GUMUCIO.-

Más adelante, Su Señoría hace un pronóstico y dice que, sin embargo, los objetivos del proyecto no se podrán cumplir. Pero los hechos contradicen ese vaticinio, porque, mediante la antigua ley de reforma agraria, se han expropiado 270 grandes fundos, lo cual comprueba que se ha empezado a abordar el problema.

No comprendo el planteamiento de Su Señoría: por una parte estima inconveniente incrementar el número de propietarios agrícolas, porque engrosarían el sector capitalista, y, por otra, declara que no desea plantear ningún punto de vista dogmático al defender la propiedad familiar, idea consignada en el proyecto. No entiendo, pues, por qué el señor Senador objeta el proyecto.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Aclararé de inmediato las dudas de mi Honorable colega.

Advierto que el señor Senador ha seguido mis observaciones con bastante atención, lo cual agradezco. Con todo, no ha interpretado debidamente las ideas que expresé.

En primer lugar, no he dicho que el proyecto sea revolucionario. He sostenido que ésta iniciativa de ley no es sino una autorización para hacer reforma agraria; que hasta carece de financiamiento, si bien, en verdad, el proyecto no lo necesita, pues no obliga a nada; no fija plazo alguno ni señala el volumen que deberá alcanzar la reforma. Simplemente, autoriza. ¿Cuántas serán las expropiaciones? Ello dependerá de los recursos de que disponga el Gobierno en las leyes de Presupuestos de los años venideros. En esa medida hará la reforma agraria. El proyecto, repito, no pasa de ser una autorización. Sin embargo, lo apoyamos por estimar correcto el diagnóstico que hace, porque abre posibilidades y crea situaciones irreversibles en cuanto al derecho del campesino a la propiedad de la tierra.

La reforma agraria no se hará aquí en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni con el proyecto, sino con las masas campesinas, con el pueblo. ¿Estoy llamando a la insurgencia? No. Tengo a mano un libro del señor Chonchol, quien menciona como una de las condiciones básicas para hacer una reforma agraria que esa reforma, esa lucha tenga un respaldo político total, masivo; que debe-hacerse en forma masiva, rápida y drástica De manera que la reforma no la hará el señor Ministro: él usará la ley que el Congreso le entregue y la enmienda constitucional, en la medida que las masas presionen para imponer la reforma.

Estaba señalando que la filosofía de los cien mil nuevos propietarios es reaccionaria; no revolucionaria. Y hemos dicho también que aceptamos determinadas formas de propiedad individual en determinadas condiciones: cabida máxima, la unidad familiar; sin contrato de mano de obra asalariada, y en ciertas zonas, especialmente en los cordones de las ciudades, destinadas a abastecerlas.

.El señor GUMUCIO.- Y el proyecto abre esa posibilidad.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

El proyecto, tal como está, puede dar para todo. Por eso, para que me entienda Su Señoría quiero analizar, no el proyecto, sino la intención de quienes lo promueven. Y esa intención no la analizo en función de presunciones, sino sobre la base de lo que opina el Gobierno, de lo que dice el Presidente de la República, y ha vuelto a repetir en Melipilla: que no quiere una reforma agraria colectiva, sino hacer cien mil propietarios individuales. O sea, se desea hacer cien mil minifundistas. En efecto, si es acorde el criterio de que el propietario individual debe tener una unidad familiar, y ésta -aquí está definida por el propio Gobierno- tiene en Choapa 6,5 hectáreas; en el Llano de Maipo, 8 hectáreas; en Talca, 20; en Bío Bío, 22; en Malleco, 60, y en Osorno, 29.

El señor NOEMI.-

Pero eso no es minifundio.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Depende de lo que se entienda por minifundio. A mi juicio, es minifundio desde el momento que esa unidad se resta a las posibilidades de esta unidad productiva eficaz. Es minifundio en cuanto apenas sirve para abastecer al grupo familiar; pero, sobre todo -repito-, lo es porque se trata de una superficie que se resta a las posibilidades de la unidad económica productiva.

Señalé, además, que desde que el Presidente de la República planteó la idea de los cien mil propietarios individuales, entre otras cosas, ha dicho, por ejemplo, que los agricultores eficientes no tienen nada que temer. Y tengo por aquí una declaración del Jefe del Departamento Campesino de la Democracia Cristiana, quien dice que para ellos no hay excepciones; que la reforma agraria debe ser un proceso rápido, masivo y drástico, y afectar a todos los actuales terratenientes; que eso de empresarios agrícolas progresistas es un juicio subjetivo. Esoy de acuerdo con el Jefe del Departamento Campesino de la Democracia Cristiana.

El señor GUMUCIO.-

Yo también.

El señor ALLENDE.-

¡Milagro!

El señor CORBALAN (don Salomón).-

No se trata aquí de reforma agraria para el agricultor eficiente, porque no le va a pasar nada. Sólo será afectado el mal agricultor; y ocurre que casi siempre los malos agricultores tienen también malas tierras.

En seguida, el proyecto coincide con el criterio del Ejecutivo en cuanto margina de la reforma a los predios de 320 hectáreas cuando reúnen determinados requisitos que esta mañana el Honorable señor Bulnes calificaba de draconianas. A nosotros nos parece ello injusto. No encontramos justificación para otorgar ese privilegio. Además, establece la salvedad de las 80 hectáreas, que, por ejemplo, en el caso del Llano de Maipo, por tratarse de hectáreas regadas, nos parece excesiva.

Señaló aquí el Honorable señor Luis Corvalán que la opinión de los técnicos es coincidente en orden a que esa reserva es inadmisible, y que tal extensión de tierra, en el caso señalado, resulta excesiva como propiedad individual.

Tengo a mano, además, un cálculo sobre hasta dónde es posible hacer reforma agraria aplicando ese sistema de subdivisión. En él se llega a la conclusión que, de acuerdo con los datos entregados por el propio Gobierno, la tierra disponible alcanzaría solamente para 60 mil nuevos propietarios. De manera que ni siquiera aplicando su propia norma, tiene el Gobierno tierra suficiente. Ese es un hecho y una actitud reaccionaria.

Ahora, quiero señalar que esta filosofía de los cien mil propietarios individuales, sobre la base de respetar las situaciones especiales de las 80 hectáreas y de las 320 hectáreas de riego básico, y reconocido por el señor Ministro el hecho real, según datos del Censo Agropecuario de 1955 -con toda seguridad ahora es mucho mayor- de que hay 350 mil familias vinculadas a la tierra, resultaría que el Gobierno dará tierra a cien mil propietarios y, en consecuencia, 250 mil familias quedarán sin tierra. Esos 250 mil grupos familiares serán mano de obra asalariada, que continuará en el campo al servicio de estos nuevos pequeños propietarios y de aquellos a quienes se les respeten las 80 ó las 320 hectáreas, en su caso. En consecuencia, se mantendrá en el campo la explotación del hombre por el hombre, la mano de obra asalariada; se mantendrá en el campo la gran contradicción entre pobres y ricos, entre explotados y explotadores y ésa, a nuestro juicio, es también otra característica regresiva que inspira, no tanto al proyecto, sino a la manera como éste se está promoviendo.

Ahora quisiera demostrar en forma concreta cómo es verdad lo que estoy sosteniendo. Hablaremos de un asunto que me interesa.

El Gobierno ha ideado un sistema inteligente -vea usted Honorable señor Gumucio como lo reconozco-: el de los asentamientos. ¿Qué es un asentamiento? El asentamiento es una sociedad pactada entre la CORA y los trabajadores de un fundo para explotar una tierra determinada. Los trabajadores eligen un comité de cinco personas, llamado Comité de Asentamiento. La CORA pone dos técnicos y se constituye el Comité Administrativo del predio. Se trabaja el predio de acuerdo con normas establecidas por el Comité Administrativo y por el de Asentamiento; dirigen los propios trabajadores sin remuneración especial los trabajos en el campo, y los resultados económicos del asentamiento se distribuyen en proporción que va de 10% a 15% para la CORA y el resto, para los asentados. Procedimiento correcto.

¿Qué dice perseguir el Gobierno con este objetivo? Primero, no interrumpir el proceso de producción mientras se hace la reforma. Correcto. En seguida, realizar un proceso de selección de los asentados o futuros empresarios agrícolas -el concepto de empresario agrícola está en la mente del Ministro, del Presidente de la República y de todos- y hacer inversiones de infraestructura en el período para mejorar la tierra, a fin de habilitarla para que aumente el rendimiento. ¿Correcto, señor Ministro? Ese es el alcance del asentamiento.

A continuación, se dice que el asentamiento durará tres años, que es una fórmula transitoria que puede extenderse hasta cinco años y, entre líneas, en forma muy poco esclarecida, se insinúa que los trabajadores podrían resolver mantenerse en asentamiento.

A mí me bastaría con eso, si la intención de quienes lo están haciendo fuera coincidente con el fondo, con la filosofía del asentamiento, pero resulta que en la práctica las cosas suceden al revés; se dice una cosa y se hace otra.

Veamos qué pasa. Antes que nada, estamos de acuerdo en el primer objetivo: mantener el proceso de la producción. Veamos, en seguida, el proceso de la selección. En el período se seleccionarán los asentados; de manera que se reducirá su número. No compartimos la idea de que se selección en, porque queda demasiado gente fuera y no tendría por qué ser así. Por otra parte, en el proceso de selección se aplica al asentado, sobre todo, una calificación subjetiva. Pido al señor Ministro que por favor ponga atención y estudie lo que deseo plantear. No se puede calificar si no hay normas de rendimientos si no hay una unidad de medida; no se puede calificar si no hay normación. Es una situación elemental. Se trata de calificar al trabajador más eficaz. Luego, tiene que haber una norma y no un procedimiento simplemente subjetivo entregado a los propios compañeros de trabajo, porque en la práctica sucede que la calificación se hace por razones ajenas a la naturaleza misma del trabajo, hasta por amistad y, por sobre todo, se hace por la idea que los funcionarios de la CORA aplican erradamente en el terreno en los asentamientos. En efecto, ellos llevan a las gentes al convencimiento de que el fundo tiene que dividirse en "parcelitas" y que, por lo tanto, es necesario acomodar el número de asentados a las posibilidades de división del fundo en parcelas. Así, naturalmente, si hay un asentamiento para 50 asentados y el fundo, al dividirse en parcelas o unidades familiares, sólo alcanza para 30, es normal que el Comité de Asentamiento, exacerbado por la idea que tiene de dividir las parcelas, empezará a eliminar miembros del asentamiento hasta hacer coincidir el número de parcelas con el de asentados.

Eso está sucediendo en la práctica y no es una presunción. Pero está sucediendo algo más grave, señor Ministro, y yo anticipo que Su Señoría me encontrará siempre en el terreno de la defensa del asentamiento, porque quiero que éste no fracase. Como así lo deseo, porque si ello ocurre desprestigiaría la idea y ésta es muy buena, represento esta situación, y lo hago públicamente.

Es inaudito, señor Ministro, que los asentamientos estén trabajados con mano de obra asalariada afuerina. Es inconcebible.

El asentamiento, la tierra que se entrega a todos los campesinos que trabajan en un fundo, debe ser trabajada por los asentados, no con mano de obra de afuera, porque, entonces, significaría que han transformado a los asentados en nuevos patrones; los asentamientos se han convertido en una simple sociedad o, concretamente, en una empresa. Eso, repito, es inaudilo. Estamos de acuerdo con la idea pero, en la práctica, se está haciendo otra cosa.

¡No me diga que no, Honorable señor Aylwin! Le puedo citar un caso específico ocurrido en su zona: el asentamiento de El Cerrillo de Molina. Aquí tengo los datos y los daré a conocer. Ese predio tiene 150 hectáreas de viña y 150 hectáreas de cultivo y siembras, 300 hectáreas en total. Allí hay 33 asentados. Sin embargo, estuve en ese fundo hace una semana y pude comprobar que, efectivamente, había 33 asentados, más 50 obreros de afuera que trabajan en ese asentamiento. Y, Honorable señor Aylwin, esos asalariados del asentamiento de El Cerrillo de Molina son los más mal pagados en toda la comarca. Ganan la mitad de lo que percibe el asentado; éste gana ocho escudos, y el voluntario sólo percibe entre 4 y 5 escudos.

Con dolor, pude comprobarlo hace pocos días, cuando fui a darles una conferencia sobre la reforma agraria. ¡ La vergüenza que fui a pasar! Me proponía darles a conocer lo que significa la futura reforma agraria, la tierra para todos, los asentamientos, etcétera, cuando uno de ellos me interrumpió para decirme: "Yo trabajo en un asentamiento". ¡ Ah, qué bien, compañero!, le respondí. "¿Usted es asentado?", le pregunté. "No, no soy asentado -prosiguió-, trabajo para unos compañeros míos que laboraban igual que yo. Ahora son asentados y me pagan menos que antes. Me pagan salarios más bajos". Me contó respecto de las imposiciones que le están cobrando incluso más que antes por ese concepto, o sea, que le están haciendo trampas con las imposiciones. ¿ Puede ser posible eso? ¿Es ése el espíritu, señor Ministro? Esos son los hechos; la política del asentamiento con mano de obra asalariada de afuera. Pero no sólo es el caso de El Cerrillo de Molina, pues lo mismo sucede en varios asentamientos -lo vi en Choapa y puedo citar casos concretos, porque me dediqué a estudiar el de El Cerrillo de Molina.

Del total de mano de obra empleada en El Cerrillo de Molina, los asentados ponen 32.537o y los no asentados 67.47%. Eso significa que el Gobierno, en lugar de hacer la reforma agraria introduciendo justicia y entregando la tierra para quien la trabaja, ha convertido a 33 asalariados antiguos en patrones explotadores de sus ex compañeros de trabajo. Eso, a mi juicio, es inaudito.

Denuncio concretamente este hecho, porque en días pasados, conversando con algunos parlamentarios democratacristianos a quienes hice ver esa situación, me dijeron que no lo compartían. Hasta el Presidente de la Democracia Cristiana demuestra ahora que tampoco lo comparte. Me alegro de que así sea. El señor Ministro también me lo hace ver en este momento. Entonces, señor Ministro, corrija esto, porque en esa forma está desprestigiando los asentamientos.

¿Por qué lo he señalado? Porque quiero demostrar que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace; que hay una intención y una realidad, y que entre esa intención y esa realidad hay serias diferencias.

En seguida, deseo señalar las contradicciones en que se incurre con frecuencia.

Desde hace algún tiempo a esta parte, aquí se ha producido un debate muy interesante, que se ha venido prolongando con la participación de Ministros, técnicos, etcétera, respecto de la propiedad comunitaria. Esto es muy interesante, repito. Existe verdadera expectación por saber en qué consiste la propiedad comunitaria. Pues bien, resulta que cuando discutimos este proyecto de ley en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura unidas, el señor Vicepresidente de CORA dijo lo siguiente: "No se pretende perpetuar el actual sistema del parcelero, en que recibe una parcela y la explota en forma aislada del resto sin integrarse para obtener mejores resultados". Y agregó más adelante: "el Gobierno no entiende por reforma agraria la parcelación de las tierras". ¡ No, no entiende éso por reforma agraria: la parcelación de tierras! Es decir, no coincide con la opinión del Presidente de la República que dice que va a hacer propietarios individuales, en unidades familiares.

Veamos esa contradicción. El Vicepresidente de CORA dice que "no entiende por reforma agraria la parcelación de la tierra, la división física de ella, sino que el criterio con que aquélla se concibe es mucho más amplio. Significa, en primer término, la entrega de las tierras a quienes han trabajado en ella de acuerdo con los requisitos establecidos en" el proyecto que debatimos,. . .", etcétera. En seguida, se mete en una serie de confusiones que nadie entiende.

El señor NOEMI.-

No hay ninguna contradicción, porque el hecho de entregar la tierra no basta según la explicación, que aquí se ha dado, sino que termina más allá de su entrega, porque después viene el aspecto de la dotación de herramientas, semillas, la obtención de créditos, es decir, de los medios necesarios para obtener la producción necesaria. De manera que no hay contradicción. La tierra se entregará, pero eso sólo no es suficiente. Así lo entiendo, de ahí que no vea contradicción entre lo uno y lo otro.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

No me entendió Su Señoría. El Presidente de la República ha reiterado algo muy diferente.. .

El señor ALTAMIRANO.-

Incluso lo dijo en el último Mensaje, en forma categórica.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Exacto. Expresó: "No quiero propiedad colectiva, sino propiedad individual". El señor NOEMI.- Lo entiendo. El señor CORBALAN (don Salomón).- Es partidario de la unidad familiar, y el Vicepresidente de CORA dice que él no entiende la reforma agraria como parcelación de la tierra.

El señor NOEMI.-

Pero no solamente como la parcelación.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Perdóneme, el señor Ministro estaba presente en la Comisión y no me dejará de mentiroso. Allí, el señor Vicepresidente de CORA repitió más de una vez: "No queremos la parcelación". Y cuando se le preguntó, entonces ¿qué quiere?, contestó: "la propiedad comunitaria". Me refiero a esto como preámbulo de lo que plantearé en seguida respecto de ese concepto.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Por eso, digo que también es brillante abogado y, fíjense lo que ha llevado a la práctica. . .

Pero, en realidad, lamento decirle -no diviso otro Senador que haya estado en la Comisión- que el señor Rafael Moreno fue especialmente categórico, tanto, que me llamó la atención y tomé nota. Esta es una versión no taquigráfica, sino grabada en cinta magnetofónica,

El señor Moreno repitió más de una vez, mirándonos a nosotros, a los Senadores de Izquierda, con profunda satisfacción: "No queremos parcelación". No se refirió a todo eso que nos ha contado el señor Ministro. No, Sólo destaco que reiteró: "No queremos parcelación". ¿Qué quiere?, le pregunté. Respondió: "Propiedad comunitaria". Entonces, allí entró esto de la propiedad comunitaria.

Por eso, ¡entendámosnos!

Lo que me disgusta no es la propiedad comunitaria; ésta me gusta. Lo que me desagrada es que se trate de confundir las cosas para no alarmar a un sector, y, por otro lado, dejar satisfecho al de izquierda.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Las cosas deben ser derechas y claras.

Perdone, señor Ministro, le concederé de inmediato la interrupción que me solicita.

El artículo 62 del proyecto, que habla sobre la forma de entregar la propiedad, tal como expresó esta mañana un Senador de la Derecha, daba para todo. En ese artículo todo está entre líneas. Primero, se entrega la propiedad individual; después se abren posibilidades para otros tipos de propiedades, etcétera, etcétera.

Cundo, en compañía del Honorable señor Miranda, le dijimos al señor Vicepresidente de la CORA que, si lo que se deseaba era la propiedad comunitaria, debía decirse de una vez por todas y establecerla en la ley, y quisimos averiguar qué se entendía por tal sistema, nos encontramos con algo muy interesante en que el Senado debe detenerse un momento a pensar.

El señor Cumplido, abogado del Ministerio y hombre muy culto y capaz. ..

El señor ALLENDE.-

Y cumplido.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

...y muy cumplido; el señor Cumplido -digo- definió, en una larga e interesante disertación, la propiedad comunitaria. Dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

"La propiedad privada se opone a la propiedad del Estado o a la propiedad social."

Señaló que, en consecuencia, existen tres tipos de propiedad: la propiedad privada, que pertenece a ciudadanos determinados; la del Estado, y la propiedad social, en que el dominio pertenece sociológicamente a la Nación toda, o desde un punto de vista más jurídico, es un bien común.

"La propiedad privada significa la apropiación del bien por ciudadanos determinados, sea a título individual, sea en copropiedad, sea en propiedad comunitaria. En consecuencia, la propiedad comunitaria es una especie de propiedad privada que no es propiedad individual, y que tampoco es, por lo tanto, propiedad del Estado ni propiedad social, en el sentido definido."

En seguida, dice más adelante...

El señor AYLWIN.-

¡ Claro como la luz del día! Sus Señorías no entienden cuando no quieren entender.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Yo lo entiendo.

"La propiedad social" -dice el señor Cumplido- "es la que pertenece desde un punto de vista sociológico a la Nación o desde un punto de vista jurídico, a la comunidad. No hay una apropiación en el dominio, en el sentido de las tres formas del dominio: uso, goce y disposición."

Esto, en cuanto a la propiedad social. Y en seguida señala otra de las características de la propiedad comunitaria:

"... es un tipo de propiedad privada, en la que no existe dominio individual sino común, el que es ejercido por varios individuos determinados que la trabajan, exclusivamente, y que, a diferencia de la propiedad social, en que los bienes pertenecen a todos los habitantes y lo que se concede es sólo el uso, en ella los bienes son poseídos por un determinado grupo de personas en régimen de copropiedad."

Pero lo fundamental, lo que caracteriza esta copropiedad es el amparo del trabajo. Para pertenecerle, para ser partícipe de ella hay que trabajar en el bien común, en la propiedad común, condición esta muy importante.

No pretendo entrar en una discusión en que Sus Señorías tendrían mucho mayor autoridad, porque son abogados. Sin embargo, debo decir que está claro que, en esa forma de propiedad, a todos pertenece un mismo bien en común; cada uno, en consecuencia, tiene un derecho que no puede subdividirse ni enajenarse sin acuerdo colectivo, ni para heredarse ni siquiera

por sucesión, por causa de muerte, pues debe quedar en aquel heredero que pueda trabajar la tierra y a quien, para que compre el derecho a los demás, la CORA prestará el dinero. No cabe la menor duda, entonces, aunque los abogados puedan sostener lo contrario, que una propiedad de esta índole está limitada en el uso, en el goce y en la disposición. No puede hacerse de ella el uso que se quiera ni, dé modo arbitrario, del concepto de la propiedad; del goce tampoco; ni menos de la disposición.

Por lo tanto, dado lo que antecede, a nuestro jucio es ésta también una forma de propiedad social. Y me gusta esta forma de propiedad social o comunitaria que aquí se plantea, la encuentro interesante, y en muchos países socialistas, por no decir en todos ellos, existe la forma de la copropiedad, y el sistema de la gestión común de ese bien común.

Entonces, preguntamos: si las cosas son tan claras como se definen con las palabras, ¿por qué no establecerlas y definirlas en la ley? A este respecto, cuando se discutió en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma agraria del señor Alessandri, la Democracia Cristiana presentó una indicación, en cuyo artículo 21 definía la propiedad comunitaria en los siguientes términos:

"Se entiende por propiedad comunitaria la que pertenece en común a los que la trabajan, de manera que entre todos ellos se forma una comunidad humana y económica: cada miembro contribuye con su esfuerzo personal al cultivo de la tierra común y participa del producto que se obtenga."

Pues bien, esto no está en el proyecto. . .

El señor AYLWIN.-

Esta definición se mantiene.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Si se mantiene, incorpórenla en la ley. No tengan miedo de hacerlo, por no asustar al otro lado. Hagan la reforma agraria con el sentido comunitario que ustedes dicen. Háganlo así. Pero que el Presidente de la República no esté diciendo al país que no es esa la intención de su Gobierno, sino la de propiedad individual, de unidad familiar. Si ésta es la intención, díganlo y exprésenlo en la ley.

Eso es lo que yo reclamo. Por eso, tengo derecho a dudar de la sinceridad con que se orienta y con que se actúa en lo que se refiere a la esencia, a la filosofía del proyecto de reforma agraria.

Quiero además señalar que, desde nuestro punto de vista, es un error negarse -porque lo dijo el señor Vicepresidente de la CORA- a incorporar a ese artículo 62, que establece las formas de propiedad, la idea de la propiedad común, de todo el pueblo.

Considero que una reforma agraria no puede realizarse con anteojeras, que ella debe estar abierta a todas las formas de la propiedad, de la explotación. Para nosotros todas esas formas más perfeccionadas se encuentran dentro de las ideas básicas, y éstas son aquella de "la tierra en manos del que la trabaja", y aquella otra de eliminar la mano de obra asalariada en el campo, vale decir, "la explotación del hombre por el hombre".

Pero me parece un error, señor Ministro -técnicamente Su Señoría lo sabe- el dividir la empresa agrícola, que razones de orden económico aconsejan trabajar en forma industrializada y perfeccionada. Estimo un error dividirla, parcelarla, desprenderse de ella como un todo, aún en la forma de copropiedad. Creo que debe dejarse la puerta abierta para aplicar un sistema de autogestión, manteniendo la propiedad social. No quiero que se entienda que el concepto de la propiedad de todo el pueblo -ya desvirtuado mil veces- signifique que ella deba expresarse por medio de un director del Estado. No es eso lo que estoy planteando, y el señor Ministro lo sabe. Existe la propiedad social o de todo el pueblo, y los que la trabajan realizan la autogestión, el uso y la disposición de esa propiedad, así como la distribución del producto, de acuerdo con las normas establecidas dentro del criterio del que cada uno recibe según el trabajo que entrega.

Ello daría mucho mayor posibilidad de que la reforma agraria fuera rápida, masiva, drástica, tres conceptos que no pueden cumplirse con el plan de los cien mil propietarios. Esa no es reforma rápida, ni drástica, ni cosa por el estilo.

Yo escuchaba el otro día a un dueño de fundo, hombre experto en asuntos económicos, quien decía: "No nos preocupa la reforma agraria, porque no tienen cómo hacerla. Así que nos quedamos tranquilos. ¡Si aunque tengan la ley no tienen plata para hacerla!". De acuerdo con los datos dados por el Gobierno, cada unidad ha de costar unos 42 ó 44 mil escudos en veinte años (tenía la cifra exacta, pero por desgracia no la encuentro). Es evidente que, con ese costo, que con toda seguridad es inferior al real, no vamos a terminar nunca la reforma agraria. Por de pronto, si aplicamos tan sólo el criterio del proyecto no alcanza la tierra más que para 60 mil nuevos propietarios; y, de aplicarse el costo de la unidad familiar, no puede hacerse la reforma, exclusivamente por falta de recursos. La única posibilidad de realizarla con la velocidad exigida y que el mismo partido de Gobierno ha planteado, es llevarla a cabo de acuerdo con ese criterio amplio que comprende todas las formas y variedades de propiedad.

Ahora quiero referirme a otro aspecto interesante, de orden político, y ruego al señor Presidente excusarme, pues quiero usar de una vez todo mi tiempo y así poder expresar todo mi pensamiento.

Se está produciendo una especie de invasión del campo. Se han desatado una infinidad de organismos, que se lanzan a captar la voluntad de los campesinos. Lo entiendo perfectamente. Se tiene conciencia de que la reforma agraria no es el proyecto de ley. La reforma la harán los campesinos y, por lo tanto, hay quienes se lanzan al campo no con el ánimo de promoverla, sino de orientarla y de frenarla.

Si vieran ustedes, señores Senadores, la cantidad de organismos -qué organismos contradictorios- se encuentran en el campo! La Iglesia, con sacerdotes, sacristanes, promotores y hasta con obispos. Hay un organismo que se llama ANOC, vinculado con la Iglesia, con la SICH; otro, denominado UCC -Unión de Campesinos Cristianos-; otro, el MCI -Movimiento Campesino Independiente-; y otro cuya sigla no recuerdo, pero que también tiene algo que ver con sacerdotes u obispos. En seguida, están el Instituto de Educación Rural, el Instituto del Humanismo Cristiano, los Voluntarios de la Paz; también están allí organismos dependientes de las embajadas alemana, belga y norteamericana. Y no es extraño encontrarse en el campo, en medio del bosque o de las sementeras, algún "gringo" rubio, mascando chicle, que ha venido a ayudar a la reforma agraria, enviado por el imperialismo.

¡Todos lanzados a ganarse a los campesinos, con serias contradicciones! Por ejemplo, el informe de CIDA ha tenido una réplica de la revista "Mensaje". Los jesuítas están en desacuerdo con el informe de ese organismo interamericano, formado por la OEA, la FAO, el Banco ínter-americano, la CEPAL y la IICA; dicen que el informe de CIDA, que no podemos decir que sea socialista ni comunista, hace un cúmulo de recomendaciones, de las cuales se desprende como un procedimiento correcto y útil el aplicar sistemas colectivos en la distribución de la tierra. Los jesuítas de la revista "Mensaje" rebaten ese informe por estimarlo tendencioso.

O sea, al campo se ha lanzado toda una pugna: la UCC, que se pelea con la ANOC; el MCI y, por otra parte, la Federación Campesina. Y las consecuencias las estamos viendo en este momento en Colchagua. He ahí un ejemplo concreto de los efectos de la lucha que se ha desatado en el campo.

En seguida, quiero dar a conocer a los señores Senadores algo importante, porque ya viene la ley de Presupuestos: se relaciona con el Instituto de Educación Rural. En un informe titulado "Estructura del Sector Agropecuario", del Ministerio de Agricultura, se define a ese Instituto como una fundación particular, independiente y apolítica. Por supuesto, está dirigido por sacerdotes y es una organización vinculada a la Iglesia. Tiene por objeto formar líderes campesinos, el entrenamiento de promotores y dirigentes de programas de créditos supervisados, etcétera.

¡Allí está la fábrica de promotores! El Instituto de Educación Rural forma promotores, líderes campesinos, agentes de la comunidad, etcétera; o sea, produce elementos capacitados ideológicamente. Esa entidad, fuera de educar y preparar técnicamente a sus discípulos, los capacita ideológicamente para penetrar en el campo. En este mismo instante, ante la huelga campesina en Colchagua, los promotores andan visitando sindicato por sindicato y diciendo a los campesinos que vuelvan al trabajo. Incluso les explican cómo deben hacerlo: "Se introducen de noche en el fundo, saltan la cerca, se alojan adentro, rompen la huelga". Esos son los promotores, formados todos en el Instituto de Educación Rural.

Hasta 1965, habían pasado por ese establecimiento más de diez mil adultos, a quienes ha adiestrado y preparado ideológicamente, sectariamente, confesional-mente. Es de suponer que ese Instituto no enseña las leyes del materialismo dialéctico a los activistas que instruye. ¡Les enseña las encíclicas; les enseña toda la técnica y todo el conocimiento vinculado a la Iglesia y a su preparación ideológica! De manera que eso de independiente y apolítico es falso.

Dicho Instituto está formando líderes campesinos para actuar entre los trabajadores agrícolas y confundirlos...

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Continúo, señor Presidente.

El Instituto de Educación Rural tiene más de 33 centrales en el país para preparar gente, y está organizando otras. Y según el mismo informe, cuenta con algo así como 42 emisoras particulares rurales, distribuidas a lo largo del territorio, que le transmiten programas especiales. Es decir, cuenta con recursos y mantiene una organización perfecta, particular.

Yo no diría una sola palabra en el Senado acerca de lo anterior ni me alarmaría en absoluto, si todo eso se hiciera con fondos de la Iglesia, si lo pagara Roma, si lo financiaran los católicos con colectas y erogaciones. ¡Pero lo paga el Estado, el Fisco, el contribuyente!

Tengo aquí el financiamiento para 1965 de ese Instituto. Aportes del sector público: Ministerio de Educación, 100 mil escudos; Ministerio de Agricultura, 170 mil; INDAP, 400 mil; CORFO, Presupuesto de Agricultura, 2 millones 350 mil.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Qué vergüenza !

El señor CORBALAN (don Salomón).-

En total, el sector público aporta 3.020 millones de pesos. Además, la ley 12.875, también con fondos del erario, le asigna 622 mil escudos. Aportes propios -ésos sí que deben ser católicos-: 230 mil. Aportes privados, que también deben tener el mismo carácter, 302 mil.

O sea, dentro de un presupuesto total de 4.175.449,54 escudos, el Fisco pone 3 millones 642 mil, y los católicos generosos, 542 mil.

Me pregunto entonces: ¿Hasta cuándo tendremos que financiar, con cargo al Presupuesto, todo el sistema de penetración de la Iglesia en nuestro país? ¿No les basta con Caritas y con los miles de millones de pesos que reciben anualmente para realizar su labor proselitista, sino que también tienen que efectuarla a través de este Instituto y con fondos fiscales?

¿Y quiénes colaboran con el famoso Instituto de Educación Rural? Tengo aquí la lista de algunos organismos extranjeros: Misión Económica de los Estados Unidos, Catholic Relief Service, Cooperativa Americana de Remesas al Exterior (CARE), UNESCO, OIT, FAO, Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, voluntarios alemanes, además de los Gobiernos de Bélgica y Alemania Federal. Todos esos organismos contribuyen, aunque su esfuerzo económico no es mucho, ya que el 90% del financiamiento lo soporta el Estado chileno.

El señor RODRÍGUEZ.-

¡Y la asesoría!

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Contribuyen con sus aserores, con sus gringos y con toda su experiencia de penetración ideológica en el medio campesino.

Según mi parecer, ha llegado el momento de que el Senado se detenga un poco y realice un balance. Por eso, pediría a la Oficina de Informaciones estudiar la penetración que está llevando a cabo la Iglesia a través de todos los organismos del Estado. ¡ Para qué decir del Ministerio de Educación y servicios dependientes y del Ministerio de Agricultura!

No se me diga que soy anticlerical. No se trata de serlo. La Iglesia, en su lugar: evangelizando los espíritus, redimiendo las almas. Pero en un país laico, en el cual existe separación entre la Iglesia y el Estado,- hay un criterio elemental: el Estado no puede financiar la penetración ideológica y confesional de la Iglesia. Eso no es moral. Por lo contrario.

Por último, -siento haber distraído la atención de los señores Senadores durante tantos minutos, pero he querido hacer una exposición clara de nuestro pensamiento- no nos hacemos ilusiones con relación a los alcances, a la proyección, al sentido efectivamente revolucionario que puede inspirar al Gobierno en la práctica de la reforma. Una cosa es la reforma, el proyecto ; otra son las ideas e intenciones de los ejecutivos, y una muy distinta será, en la realidad, la lucha concreta de los campesinos por lograr la reforma agraria.

En este mismo instante, el país se halla conmovido por los hechos que están sucediendo en la provincia de Colchagua. Ya. han sido detenidos varios dirigentes campesinos. Ha comenzado la represión, que nadie habría deseado. Todo esto nos parece un error, una demostración concreta de la falta de consecuencia y sinceridad respecto de los principios básicos que aquí se dice defender.

El señor GUMUCIO.-

¿Me concede una interrupción antes de terminar, señor Senador ?

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Una reforma agraria, para que realmente sea tal, drástica, masiva y rápida, tiene que ser revolucionaria, y para ello, debe encajar dentro de un sistema revolucionario respecto de todos los sectores de la economía nacional.

No puede pensarse en la realización de la reforma agraria con sentido socialista si el crédito continúa en poder de particulares. No puede pensarse en la aplicación de criterios revolucionarios en el campo si el comercio exterior, que comprende la internación de insumos y la exportación de productos agropecuarios, continúa en manos privadas, en poder de gestores o comerciantes.

Aceptamos el proyecto porque abre las compuertas para iniciar un proceso revolucionario que sólo será tal en la medida en que comprometa a las masas, en la medida en que ellas luchen, en la medida en que se vayan incorporando los conceptos modernos de producción, de gestión, de empresa, de distribución de la utilidad.

Termino agradeciendo la atención de los señores Senadores, confiado en que nuestro pensamiento ha quedado cabalmente expuesto.

El señor GUMUCIO.-

Después de escuchar con gran interés al Honorable señor Corbalán, debo hacer presente que en ciertos aspectos me parece un poco dramática la posición del Partido Socialista, que por su intermedio ha hablado oficialmente.

En efecto, por un lado, se dijo públicamente que los socialistas apoyaban el proyecto de reforma agraria, pero, por otro, el señor Senador ha sostenido, muy de pasada, en nombre de su colectividad, que esta iniciativa sólo abre posibilidades.

Sin embargo, el noventa por ciento de su discurso se ha encaminado a calificar las intenciones del Gobierno acerca de la forma en que realizará la reforma agraria. Ha criticado el escaso financiamiento para hacerla más masiva y se ha referido pectos de tipo doctrinario en cuanto a 3a propiedad.

En el fondo, Su Señoría dijo que esto es sólo reformismo; definió lo que es una reforma agraria revolucionaria, e hizo presente como primer punto básico la extensión de las tierras cultivadas. El esfuerzo realizado en esta materia ha sido notable en el camino ya recorrido. Eso no puede discutirse.

Luego, el señor Senador señaló la educación campesina como segundo punto básico para que una reforma agraria sea revolucionaria. Mi Honorable colega no podrá negar que el esfuerzo realizado en cuanto a la educación ha sido tan grande que, en el rubro de la inversión fiscal, representa uno de los motivos que ha provocado mayor impacto. Ello se traduce en mayor número de escuelas, de profesores nombrados y de analfabetos a quienes se ha educado.

El mayor consumo industrial se puede apreciar al considerar que el salario campesino tuvo un aumento en su poder real y adquisitivo del orden de 20% ó 30%. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que el campesinado chileno, en dos años, ha adquirido posibilidades de consumo que antes no tenía. Se cumple también en parte esta otra condición.

En cuanto a que no haya luchas sociales en el campo, naturalmente deberemos hacer' mucho más todavía para lograrlo, pues en Chile siempre han existido explotadores y explotados. Por lo demás, Su Señoría es partidario de que se acentúe esa lucha social, para que los proletarios puedan obtener su redención.

El otro tema planteado por el Honorable señor Corbalán, aspecto muy doctrinario, señala, que la propiedad que se otorgará mediante la puesta en práctica de la reforma agraria no es realmente comunitaria. Pero Su Señoría dijo que, aun cuando como socialista podía ser patridario de determinada concepción del derecho de propiedad, no hacía cuestión tal respecto en esta etapa y que consideraba posible que en un proyecto hubiera varias clases de propiedad, tales como la individual, individual-familiar, cooperativa y, en definitiva, propiedad social.

El señor Senador dijo que estaba de acuerdo y que consideraba muy inteligente la idea del asentamiento. Naturalmente, lo criticó en algunos aspectos.

Su Señoría procedió en igual forma durante toda su intervención; es decir, en, pocas palabras, manifestó que concordaba con el proyecto, pero, en definitiva, para mantener su oposición al Gobierno, critica lo que considera posible criticar.

El asentamiento es un caso típico de autogestión de los trabajadores y de propiedad social. Este Gobierno lo ha establecido.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Transitoriamente.

El señor GUMUCIO.-

Es posible que haya que mejorarlo, pero es preciso reconocer que, en el hecho, si se forman cooperativas, si se establecen asentamientos, habrá entonces propiedad social.

Defiendo con calor esta idea, porque considero que, de lo positivo que ha hecho esta Administración, lo que ha significado cambio estructural efectivo es, precisamente, lo realizado en el campo agrario. Por lo tanto, estimo negativo el hecho de que, por hacer oposición, se diga, muy débilmente, que se está de acuerdo con determinada iniciativa y se aproveche al mismo tiempo una hora y tanto para criticar aspectos secundarios y subalternos.

Por último, Su Señoría se refirió a la administración en el campo. Como es natural, la reforma agraria la hará el pueblo, el campesino. Nosotros pensamos igual que el señor Senador. Y eso es lo básico.

En consecuencia, todos los sectores políticos tienen que preocuparse por penetrar en el campesinado. También lo hacen Sus Señorías, por intermedio de ciertas organizaciones. . .

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Pero no con fondos del Estado. Esa es la diferencia.

El señor GUMUCIO.-

También estoy de acuerdo con mi Honorable colega en cuanto a que la Iglesia debe realizar su labor con sus propios recursos y no con los del Estado. Soy muy franco en decirlo. Pero de ahí a que el señor Senador rasgue sus vestiduras porque existan organizaciones que tratan de penetrar, preparar e informar al campesinado, cuando Su Señoría también lo hace, es un poco pueril.

En el caso concreto de Colchagua, los señores Senadores de Izquierda tienen una organización controlada por los Partidos Socialista y Comunista. Nosotros la consideramos respetable. Por desgracia, allí se ha producido un conflicto respecto del cual deseamos que se llegue a solución. No nos cerramos a resolverlo. Pero de ahí a mirar las cosas con criterio sectario, pequeño, ampliar sólo las críticas y decir de pasada que apoyan la reforma agraria, es lo que está produciendo el ambiente de desorientación que se crea en el pueblo cuando se ven esos actos.

El señor TEITELBOIM-

Señor Presidente, el secretario general del Partido Comunista, Senador Luis Corvalán, expresó ayer nuestra opinión sobre el proyecto de reforma agraria. Dejó en claro nuestro decidido apoyo a la iniciativa. Al respecto, me agradaría que el Honorable señor Gumucio lo escuchara con atención: ¡nuestro decidido apoyo a la iniciativa!Tres posiciones frente a la Reforma Agraria.Tenemos la impresión de que, si el FRAP no estuviera insistiendo en la necesidad de llevar adelante esta reforma, el ritmo de su puesta en marcha sería mucho más lento y sus alcances menores, en vista de aquello que el señor Ministro de Agricultura dijo en una ocasión: "Este proyecto choca con la tremenda presión de los de arriba", de aquellos que no quieren que haya reforma agraria, que, lógica y naturalmente, no la quieren ni la aceptan porque supone un sacrificio de sus privilegios centenarios, y nadie va a allanarse, en forma tranquila y voluntaria, a perder las situaciones de provecho que han tenido a lo largo de siglos.El Goberno de este país no está ni en el vacío ni en el limbo, sino que, en el hecho, está en el centro, bajo la presión de la Derecha y de la Izquierda y, asimismo, de su propia gente, muchos de los cualesansian la reforma agraria -no dudo de que numerosos dirigentes de la Democracia Cristiana, en algún sentido y medida, forma y estilo, también la desean- y, por cierto, personeros de la CORA al igual la anhelan profundamente; pero dentro del partido de Gobierno hay gente que no la quiere en forma tan honda, sincera ni verídica. Verbi gratia, he escuchado a un parlamentario democratacristiano, quien no siente inhibición para decir que no aceptará por ningún motivo que le hagan la reforma agraria en su fundo.La presión de los de abajo y la presión de los de arriba.Pero yo entiendo que, aparte la contradicción interna de la Democracia Cristiana, en donde hay un sector que está a favor de una reforma agraria profunda; otro por una reforma agraria a medias, y un tercero por una reforma tipo cero, que tenga de reforma agraria sólo el nombre, el Gobierno fluctúa entre dos bloques, entre dos puntos de vista: aquellos que no aceptan la reforma agraria de ningún modo -expresión que se ha manifestado aquí clara y elocuente esta mañana mediante el discurso del Honorable señor Bulnes; y, por otra parte, de aquellos que realmente quieren que se haga una reforma agraria a fondo. Y creo que entre estos últimos, los que tienen un pensamiento más decidido y resuelto son los partidos del Frente de Acción Popular.La presión de la Derecha encuentra eco en ciertos sectores de la Democracia Cristiana, que, en determinado momento, induce a la vacilación a más de algún alto o altísimo personero de Gobierno.Si no existiera la presión de los de abajo, de los campesinos ni la del FRAP, tengo la evidencia de que todo ritmo y sentido de impulso en la reforma agraria se anularía casi por completo.La exacta línea divisoria.Por eso, me parece que los representantes del Partido de Gobierno debieran, para no equivocarse, trazar una línea divisoria en esta cuestión, que es muy distinta de la que se marcó en el problema de los convenios del cobre, donde nosotros nos manifestamos tajantemente opuestos; en cambio, la Democracia Cristiana abogó y adoptó con mayor o menor entusiasmo, por obligación o convicción, esa medida a nuestro juicio nefasta.Pero en el partido de Gobierno debe abrirse camino la idea objetiva y correcta de que el planteamiento y alineamiento de fuerzas respecto del proyecto actualmente en debate es distinto: debe tratarse de unir ,a aquellos que están por una verdadera reforma agraria, a fin de poder enfrentar a quienes se oponen a ella. Y dentro de los sostenedores de esta reforma, nos contamos en primer término, como sus partidarios más firmes y tenaces, los miembros del FRAP, los hombres del Partido Comunista, del Partido Socialista y de las otras fuerzas de Izquierda que caminan con nosotros.Nuestro apoyo no obedece a un pensamiento oportunista ni superficial. Considerarnos la necesidad de la reforma agraria como un imperativo histórico, lo cual no es una simple frase más o menos sonora. Porque la verdad es que el hecho de que el 4% de los propietarios de nuestro país disponga del 81% de la superficie total censada el año 1965, es algo que, naturalmente, va contra la justicia, la equidad, la conveniencia pública, la productividad, y contra toda posibilidad de desarrollo de la agricultura. La concentración de la tierra.No pretendo tampoco descubrir la América, sino repetir datos que no son nuestros, pues emanan de fuentes oficiales.-

Según ellos, las grandes empresas agrícolas,o sea, unas 10.300 personas en total, es decir, 7% de la totalidad de los propietarios, tiene 65% de la superficie arable y 78% de la superficie regada. Se produce, entonces, una concentración de la tierra en pocas manos, y no pocas veces, por desgracia, son manos muertas que disponen de la tierra arable y regada, o sea, de la tierra de mayor productividad sin hacerla rendir los frutos que puede dar.

Desde luego, esto atenta contra la justicia, contra todo sentido de democracia, contra un espíritu igualitario.

Pero el fenómeno del régimen de la tenencia de la tierra en Chile no sólo se plantea en el plano de los derechos humanos, sino que también ejerce implicancia y consecuencia directa en la baja productividad de la agricultura chilena, y en el hecho de que tres millones de chilenos, que hoy viven y dependen de la agricultura, sigan vegetando en una existencia que, precisamente, no está al ritmo de la vida civilizada moderna.

Hay un universo oscuro, del cual sólo se viene a hablar en el último tiempo en Chile: es el mundo al cual ayer se refería con pasión y sentimiento el Honorable señor Ferrando, el de esas 345 mil familias que viven de la agricultura, con 185 mil inquilinos, medieros, afuerinos, trabajadores que no son propietarios, pues 53% de las familias campesinas ni siquiera tienen una pulgada de tierra, en circunstancias de que durante muchas generaciones no han hecho sino trabajarla con sus manos, regarla con su sudor y han nacido en el terruño y en él han muerto.

La legión de los propietarios irreales.

Pero tampoco pensemos que quienes aparecen como propietarios efectivamente lo sean todos, pues 127 mil de esa legión innominada pertenecen a la categoría de los minifundistas; o sea, conocen el hambre, la desnudez, lo que es vivir en tierras pobres, agotadas, pequeñas, cuyo rendimiento no alcanza para el sustento familiar.

Un cuadro estadístico viene a ejemplarizar en forma concreta la conveniencia de distinguir entre el puñado de grandes propietarios y el inmenso número de propietarios mínimos, que de propietarios sólo tienen el nombre pomposo. En efecto, según las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, 78% de los predios agrícolas tienen registrado un avalúo inferior a cinco mil escudos. Es decir, tres cuartas partes de los predios agrícolas de Chile están valorizados en menos de cinco millones de pesos; en otros términos, en menos de mil dólares. Valen menos que la casa modesta del suburbio más pobre.

Naturalmente, el drama de los minifundistas también debe ser considerado por nosotros, pues son propietarios irreales.

A más chilenos, más hambre.

Abrazamos la reforma agraria no sólo por respeto humano y el igual derecho a la tierra, sino también porque el actual régimen de tenencia rural impone a Chile el subconsumo, el subdesarrollo, la ruina y un aporte relativamente insignificante del campo a la riqueza nacional, pues el agro chileno ocupa poco menos del 30% de la población activa y sólo produce de 8% a 10% de la riqueza que anualmente se crea en nuestro país.

Mientras la población del país aumenta con ritmo de 2,6% al año, la producción agropecuaria crece con ritmo menor, de sólo 2% anual, término medio, entre los años 1939 y 1965. Ello supone que si en Chile no hay reforma agraria, habrá cada día más hambre; que el hombre, la mujer y el niño deberán comer cada vez menos, como en realidad ya ocurre. No es cosa de que no tenga qué comer en lo futuro. Hace muchos años que nuestro pueblo sufre una enfermedad que los técnicos llaman con eufemismo, hambre oculta o crónica ; aquélla que no es advertida ni siquiera por el que la sufre, sino sólo cuando cae bajo la enfermedad.

¿Quién se toma la leche y se come la carne del pobre?

Nuestro pueblo está desnutrido. Debe consumir 150 litros de leche al año y sólo dispone de 89 litros. Pero si digo pueblo, me equivoco, pues, en verdad, se trata de cifras globales que cubren el país entero. En realidad, algunas clases sociales se tornan casi toda cuota de leche, y al pobre, al pueblo, no le dejan nada o algunas gotas. Lo mismo ocurre con la carne. En efecto, según cifras promedio, el chileno, con lo que hoy consume el país debería comer alrededor de 30 kilos de carne al año. Pero resulta que no es así; que si bien alguna gente de recursos puede llenar el refrigerador los días en que se levanta el racionamiento -que en Chile elude ese nombre- comprando carne para toda la semana, sin sufrir escasez ni restricción, el hombre del campo, o sea, este 35% de la población chilena, no come nada o casi nada; tal vez en alguna fiesta, como el 18 de septiembre u otra oportunidad excepcional. Además, una alta proporción del pueblo de la ciudad, el obrero y su familia, que viven en las poblaciones suburbanas, generalmente tampoco ven la carne sino como un lujo. Casi toda la cuota nacional la consume el sector de la ciudad que tiene posibilidades económicas suficientes. Sin embargo, cuando llega la hora de hacer estadísticas y calcular los promedios, se toma el consumo total y se divide por ocho o nueve millones de habitantes, como si todos comieran, igual, pobres y ricos, campesinos y hacendados, obreros y gerentes.

Alimentándose con "engañitos".

En cambio, hace tiempo que nuestro pueblo está comiendo "engañitos", lo que puede, lo que caiga. Por eso es un desaforado consumidor de pan, fideos, azúcar. Es consumidor de esta nueva industria nacional, tan floreciente y digestiva que hemos implantado en Chile: la de la "agüita" caliente. Disminutivo en el nombre y en el poder alimenticio. Sí, aunque nos duela, el chileno un pueblo subalimentado, y por eso mismo deriva en muchos casos al alcoholismo. No es que el pueblo chileno sea un fanático del dios Baco; es un defecto congénito. Sencillamente, el pobre busca calorías que suplan el déficit de alimentos energéticos, vegetales y animales, de que no dispone. De allí el excesivo consumo de pan y de alcohol, que no es sino sustituto para pueblos desnutridos, que buscan desesperadamente otras calorías por esta vía ilusoria.

El pueblo de Chile casi no toma leche. Ingiere muy poco de este producto. Y ni siquiera la escasa cantidad de este elemento que se consume, se produce totalmente aquí. El año pasado se importaron 321 millones de litros. Este año, la cifra ha subido a 400 mil toneladas de leche fluida.

Reforma agraria, requisito de salvación fisiológiea.

Por eso, los comunistas decimos que la reforma agraria es una condición de salvación fisiológica del pueblo chileno. Es una necesidad física. No sólo es deber moral o principio político, sino un requerimiento de su naturaleza y de su ser mismo. Por tales razones, el Partido Comunista es un rotundo y acerado partidario de la reforma agraria.

El secretario general de nuestro Partido analizó, en su discurso, las condiciones objetivas en que el proceso mismo de la materialización de esta reforma se desenvuelve, y señaló que no puede haber cambios, este gran cambio, sin una auténtica voluntad realizadora; vale decir, sin lucha de los interesados.

La reforma agraria presupone la acción del campesino. El Gobierno no debe mirar la participación decidida del hombre de la tierra chilena, que pide ese pedazo de suelo que le corresponde, como un crimen, como un delito, ni menos reprimirlo, pues si no cuenta con la ayuda de ese campesino, no podrá erradicar el dominio de la oligarquía latifundista, la que no cede sus posiciones sin resistencia y ha demostrado saber defenderla hasta el fin, con tozuda pertinacia.

El pueblo no es el coro griego.

Pero, por desgracia, nos parece que en los sectores oficiales se quisiera que el campesino fuera una especie de coro criollo, como el coro griego, que está al fondo, sin intervención propia, sin voz, sin personalidad creadora, sin derecho a una organización autónoma, en circunstancias de que al frente está la poderosa e irreductible Sociedad Nacional de Agricultura, ejerciendo su contrapeso y orquestando la guerra de resistencia, con todas sus tropas colaterales.

Estimamos que la reforma agraria exige, como la vida del aire, que los campesinos sean mirados como protagonistas y creadores fundamentales y directos de esta conquista de su propia tierra.

La discusión de este proyecto se inició con la intervención del Honorable señor Salomón Corbalán respecto de la huelga campesina de Colchagua. Me parece que ésa fue una intervención muy oportuna, pues el movimiento de los trabajadores agrícolas de esa provincia ha sido calumniado y tergiversado, no sólo por los terratenientes -lo cual sería enteramente lógico, aunque nunca decente-, sino también por el Gobierno. Ha habido quienes tratan de presentarla torpemente como una acción simplemente politiquera, subversiva, en su lenguaje peyorativo. La huelga de Colchagua es una expresión de que el campesino quiere con toda el alma la reforma agraria, y no debe ser tomada en otro sentido.

La quiebra de un cuadro idílico.

Es cierto que ha venido a. quebrar el cuadro falso, pintoresco y bucólico de la vida cotidiana rural, de tonos apacibles, de un campesino supuestamente sumiso, humilde hasta la mansedumbre, incapaz de reclamar sus derechos. La verdad es que ese campesino ha muerto y está muriendo psicológicamente y hoy se abre paso un hombre que puede ¡ser modesto, pero no ya humilde ni encogido como ayer, sino enhiesto sin caer en la soberbia. Se ha puesto de pie después de siglos. Porque, al fin y al cabo, ha comprendió que no está al margen de su condición de ciudadano chileno. Ha crecido en conciencia, y en esta misma •medida ha penetrado la lucha de clases en el ámbito rural de nuestra patria.

La huelga, repito, señor Ministro, es una forma de presión de los de abajo, según la voz adecuada que usaba Su Señoría a comeinzos de 1965, expresión justa referente a una presión que él no sólo estimaba necesaria sino absolutamente "indispensable -era su cabal adjetivo- para la realización de la reforma agraria en Chile, frente a la presión de los de arriba, de los: núcleos de poder de los terratenientes.

Lógico era, entonces, esperar que el Gobierno se pusiera de parte de los campesinos y no de los patrones; que apoyara a quiénes son ¡los protagonistas de la lucha por la tierra, a quienes están haciendo frente a la presión de los arriba. El Gobierno debería haber comprendido la justicia que asiste a los trabajadores agrícolas en huelga; tendría que haberse apoyado en ellos para derrotar a esa flor y nata de la oligarquía terrateniente, que está tratando de boicotear y resistir el proyecto que el Gobierno ha patrocinado y que estamos discutiendo hoy día.

Los campesinos ni piden la luna.

El Ejecutivo ha planteado -y en esto tiene razón- que la reforma agraria corresponde a una necesidad económica y social impostergable. Sin duda es así; y la demostración palmaria de que el problema de la modificación del dominio agrícola constituye un problema candente lada, a mi juicio, esta vasta huelga campesina de Colchagua. ¿Por qué combaten esos labriegos? ¿Acaso piden la luna en sus manos? ¿Están haciendo exigencias locas? En verdad, están pidiendo mejoramientos económicos mínimos frente al alza constante, del costo de la vida y, sobre todo, combaten por un palmo de tierra, por un goce de tierra de media cuadra. ¿Puede ser exagerado esto cuando el proyecto de reforma agraria propone establecer una cabida máxima de 80 hectáreas básicas del Valle del Maipo y los campesinos sólo piden media hectárea básica de goce de tierra?

En atención a una demanda tan justiciera, el Partido Comunista formuló indicación para asegurar, a lo menos, esa media hectárea básica de goce de la tierra a todo campesino, y de inmediato, sin esperarols o tres años. Tierra para todo aquel que siga trabajando en predios ajenos, que serán muchos, ya que este proyecto, al ejecutarse en forma óptima, sólo haría cien mil nuevos propietarios en el campo en un plazo que tiende a alargarse.

La huelga campesina de Colchagua pone a prueba la verdad y sinceridad de las declaraciones y posiciones de los diversos partidos políticos.

Solidaridad sin titubeos.

Comprendemos que la Derecha no puede estar sino en contra, porque representa la clase de terratenientes, intocada por siglo y medio, sin contar el tiempo de la colonia, acostumbrada a manejar, a usar, abusar y disponer de los campesinos que en este momento se sienten capaces de exigir sus derechos.

La Izquierda, el Frente de Acción Popular, ¡reitero, está sin ambages, ¡resueltamente junto a los campesinos, codo a codo.

Las palabras del SenadorSalomón Corbalán han sido bien claras en el discurso que le acabamos de oír. Ha explicado en detalles el proceso de la huelga -lo explicó ayer también- y ha denunciado la actitud de los latifundistas y del Gobierno, unidos. Parlamentarios socialistas y comunistas han llevado a esos trabajadores la palabra solidaria, y lo seguirán haciendo mientras dure el conflicto. Esta misma tarde, nuestro Secretario General se ha ausentado de la Sala para dirigirse, junto con algunos compañeros Diputados nuestros, a la concentración de campesinos de San Fernando, en solidaridad con los huelguistas. Socialistas y comunistas estamos y estaremos ¡respaldando sin desmayo a los campesinos en sus justas peticiones.

Hamlet o la duda en la Democracia Cristiana.

Pero el problema, a mi juicio, no es del FRAP, cuya posición ¡brilla nítida absolutamente ciara, ni de la Derecha, cuya actitud también es definida desde un punto de vista antagónico, sino que el asunto atañe y la duda reside en el Partido Demócrata Cristiano.

Es verdad que algunos parlamentarios han tratado de ayudar a una solución; pero la posición oficial del Gobierno, inspirada -nosotros creemos- desde muy altos sitiales está a leguas de distancia, es contraria en muchas acciones a los trabajadores y da respaldo, en el hecho, a menudo a ¡los patrones. Entre la presión del latifundista y la del campesino, el ¡Gobierno se decide y toma partido por aquél. Y se repite y hace cundir la vieja historia de todos los Gobiernos reaccionarios, la gastada versión apocalíptica y truculenta de los patrones, a la cual se le saca nuevo brillo, nuevo Ilustre, y pasa a ser la versión oficial.

La película del agente 007.

Lo que dicen los antiguos próceres, los magnates del campo y la ciudad, repetido a coro por "El Mercurio" y "El Diario Ilustrado", pasa a constituirse en artículo y editorial de "La Nación". Y vienen las historias de bandidos, de los agentes 007, de metralletas, de agentes subversivos y agitadores.

Se cerca a los trabajadores con carabineros. Se detiene incluso a dirigentes campesinos, con alborozo del diario "La Segunda", perteneciente al clan Edwards, que publica con grandes titulares: "Detenido agitador campesino", como en otros tiempos y en otros Gobiernos de infausta memoria.

¿Es posible que se esté preparando un escenario propicio al anuncio de una reprensión violenta? ¿¡Se trata de quebrar y meter una cuña en la moral de los campesinos, diciendo a la ruptura de la huelga ?

¿Qué espera el Partido Demócrata Cristiano? , Acaso cree que por medio del expediente de tratar de dividir a los campe-simios podrá engañarlos y hacerles creer que el Gobierno no está con los patrones sino con ellos? ¿Cómo es posible que se vengan a repetir los odiosos procedimientos de los Gobiernos de la oligarquía que no conoció otro remedio para ¡la huelga que la represión armada? Si por desgracia este Gobierno se manchó las manos con sangre miniera, después de una orden irresponsable de uno de sus personeros, es de esperar que tenga ahora la cordura necesaria para no pretender repetir tan negra o roja mancha a expensas de los campesinos.

Un Presidente mal informado.

Ayer el presidente de la Democracia Cristiana, Honorable señor Aylwin, reconoció una falta de antecedentes cabales sobre el problema de Colchagua. Nos parece muy grave que el presidente del partido oficial no pueda opinar clara y fundadamente, en todos sus alcances, sobre una situación de tanta importancia. ¿O acaso se informa en "El Mercurio" o en "El Diario Ilustrado".

La verdad es que el Gobierno ha toma-ir do medidas policiales y represivas y las acentúa día tras día.

Nosotros vimos, cuando se produjo la masacra de El Salvador, la preocupación sincera de algunos parlamentarios democratacristianos, y Juego su desazón, su desconsuelo e inquietud a raíz de esos hechos. Pues bien, ahora se está fomentando un clima semejante como un umbral de la represión; se está deteniendo a los dirigentes campesinos; se esta atiborrando de fuerzas represivas los alrededores de la provincia de Colchagua; se está procediendo así no sólo en el campo, sino en los diversos sectores de la vida nacional. Bancarias y prestamistas. Los empleados del Banco del Chile están en huelga y se realiza toda clase de maniobras no para obligar a esa institución bancaria, a esa gran arca de la alianza del capitalismo chileno -banco que sólo en el primer semestre de este año ganó 5.528 millones de pesos-no para poner en cintura a los poderosos prestamistas, sino para quebrar la unidad de los huelguista y romper su movimiento. Creo que éste es un hecho que salta a la vista. El Gobierno- y el más típico de los clanes financie- ros del país, como es el Banco de Chile, hoy van de la mano.

Los maestros, víctimas de cuello blanco.

Están en huelga los maestros, víctimas de sueldos misérrimos, oprobiosos que obligan a hacer la tragicomedia de presentarse decorosamente ante sus alumnos, porque se les ha inculcado como dogma de fe que pertenecen a la clase media y que deben vestir con pulcra decencia. Hay algunos profesores que desarrollan horarios efectivos de cuarenta o más horas. Y frente a su movimiento, no se oyen sino amenazas.

Están en huelga los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, y se ha descargado sobre ellos toda la brutalidad policial, en circunstancias de que han dado ejemplo de manifestaciones ordenadas, organizadas, movidas por nobles objetivos.

Cualquiera que se haya impuesto de la forma ruda y desmedida 'en que se han reprimidito los desfiles de los estudiantes en Concepción y Santiago, podría pensar que esos muchachos persiguen objetivos condenables, casi criminales; que salen a la calle con intenciones de asaltar a los transeúntes y prender fuego a los edificios públicos. No hay nada de eso. ¿Cuál es entonces su horrenda culpa? Salir a pedir más presupuesto para su universidad. Salir a pedir más aulas, más laboratorios, más conocimientos para mayor número de jóvenes ¡chilenos. Ese es su delito. Y el Gobierno les ha respondido, durante varios días, ayer también, con palos, bombas lacrimógenas, vejaciones en las calles, en los carros policiales y en comisarías, amén de una sincronizada empaña de calumnias.

Una pendiente resbaladiza.

Creo necesario llamar la atención de los colegas democratacristianos respecto a lo peligroso de este camino represivo, que es tal vez un camino sin retorno. La violencia policial comienza a hipertrofiarse y no se 'respeta ya ni a los periodistas ni a los propios parlamentarios. Anteayer un reportero gráfico de Radio Minería fue golpeado, vejado y detenido y se destruyó su máquina fotográfica, siendo también agredido, con posterioridad, un colega suyo que trataba de captar su llegada a la comisaría.

Atropello a la DiputadaGladys Marín.

Y en el día de ayer -ruego al presidente de la Democracia Cristiana que me escuche-, la DiputadaGladys Marín fue víctima del atropello policial, que no respetó su calidad de parlamentaria ni, lo que es más grave todavía, su condición de mujer: a la una de la tarde se encontraba trabajando en la Cámara; fue requerida telefónicamente para hacer gestiones en favor de la libertad de unos estudiantes detenidos; al dirigirse a la 1ª Comisaría vio en la Plaza de Armas que un grupo de carabineros se dedicaba a golpear en zonas vitales a los muchachos detenidos, mientras otros policías les torcían los brazos. Intervino la Diputadadoña Gladys Marín con natural indignación. Después de discutir consiguió que no se siguiera golpeando a los estudiantes; pero en la esquina de Catedral -pese a la promesa de un comandante de apellido Peña de que no se repetiría ese tipo brutal de maltrato- los carabineros volvieron a las andadas. Ante los gritos de los adolescentes golpeados, la DiputadaGladys Marín volvió a intervenir; pero esta vez la golpearon a ella con puños y palos. No obstante haberse identificado repetidas veces, fue llevada detenida en un furgón, donde fue nuevamente golpeada.

Es un hecho gravísimo, indignante que el Congreso Nacional no puede pasar en silencio. En nombre del 'Comité Comunista, solicito una investigación respecto de este desconocimiento inicuo y atropella-miento flagrante del fuero parlamentario, y, ante el vejamen cometido en la persona de la DiputadaGladys Marín deseo que se oficie al Ministerio del Interior y se haga saber nuestra protesta por tan desorbitado procedimiento. Asimismo, solicito requerir la máxima urgencia para que se dé una respuesta inmediata a los hechos que he planteado.

El señor BARROS.-

Señor Presidente, en mi breve intervención que, naturalmente, no puede incidir en estudios estadísticos sobre disponibilidad de tierras, sobre la situación agraria nacional, distribución y producción agropecuaria, insuficiencia alimenticia de la población chilena, política de importación y exportación de productos agropecuarios, etc., en estas observaciones no deseo insistir, porque están ampliamente consignadas en el informe de las Comisiones de Hacienda y Agricultura unidas que tenemos a nuestra vista.

Aun cuando en la tribuna de esta Corporación se expresaron sesudos estudios en pro y contra del proyecto por intermedio de Senadores que en las Comisiones contribuyeron ora a mejorarlo, ora a postergarlo, desde ese" punto de vista del Senador que habla y después de escuchar comentarios de auténticos campesinos ellos me han expresado: es una farsa más del Gobierno reformista del señor Frei, como lo son las reformas que puede hacer un Gobierno que cada día se aleja más y más del pueblo que ilusionado lo eligió.

Hay en estos instantes, que rendir el homenaje más caluroso y sentido a los campesinos que una vida entera fueron explotados en medio de la miseria de la ruca indiana, trabajando de sol a sol por miserables mendrugos, viendo como sus mujeres parían a la luz de la luna o entre cuatro tablas que colaban el aire y la lluvia, en un camastro desvencijado, al cuidado de una 'meica" del lugar, peligrando la vida de ella y la de sus hijos, mientras allá en el establo, calefeccionado, la vaca fina o la yegua polera era atendida por el módico veterinario que venía especialmente de Santiago a cuidar el parto del animal fino.

¿Cuántos años hemos tenido el 'record" mundial de mortalidad infantil en nuestros campos? ¿Acaso la mayor mortalidad infantil campesina no la detentan provincias tan ricas como Colchagua y Aconcagua? En cierta oportunidad esta cifra llegó al 255 por mil. Verdaderamente, un record mundial, señor Presidente.

Quiero en este instante rendir el homenaje más sentido de admiración a la actitud revolucionaria que tuvieron los campesinos de mi patria, en marchas sin resultado positivo, las más de las veces, en tomas de tierras, en manifestaciones de rebeldía tan singulares como las que han llevado a efecto en estos días los 2.500 campesinos de Colchagua, perseguidos por la saña patronal, vilipendiados por la voz de las autoridades, hambreados por los detentores de la tierra.

Quiero recordar que fue en 'Los Cristales" de Curicó donde surgió el primer mártir chileno de la reforma agraria, ca-marada Cereceda del Partido Socialista, asesinado por la furia policial cuando reclamaba tierra para su clase, porque el campesino ni siquiera ha poseído un pedazo para sí, para los suyos, y ni tan siquiera el hoyo donde descansar sus huesos, pues fue carne de fosa común. Pareciera que el terrateniente chileno, americano en general, hubiere copiado al pie de la letra el pensamiento poético de Fray Luis de León: "que descansada vida la del que huye el mundanal ruido". Efectivamente, descansada vida en los caserones donde nada les faltaba a los detentores del agro, que en similares casas en Santiago y viajes a Europa iban amasando a la par con la ociosidad, fortunas inmensas que les permitían lujos asiáticos a costa del sudor, piojos y mortalidad de sus campesinos. Un buen día en agosto de 1961, el

Presidente Kennedy y sus corifeos lanzan en Punta del Este el volador de luces de la reforma agraria dentro del programa de la Alianza para el Progreso. ¡Grito en el cielo de los latifundistas que creyeron ver amagados sus derechos a la propiedad del agro! El Presidente Alessandri los consuela y consigue que su proyecto mal llamado de reforma agraria fuera ley, "ley del macetero', ley de "intento de colonización", como se le llamó.

El volador de luces no tardó en mostrar su política de doble faz: esperanzas fallidas del campesino por una parte, propiedad intacta para los terratenientes que se deshicieron de tierras que para nada ¡servirían al campesino, pagados "cash down", como lo denunciara el Honorable señor Salomón Corbalán respecto de un fundo de la zona de Colchagua.

A todo esto, seguíamos importando alimentas mediante convenios de excedentes con el pulpo norteamericano, que nos entregaba trigo, arroz, aceites y, en realidad, productos que a excepción del algodón, todo lo demás podríamos haberlo producido en Chile. Pensemos que sólo ECA tiene por meta gastar hasta fines de este año alrededor de cien millones de dólares en alimentos básicos. ¿Acaso en esta misma sala no hemos escuchado la voz del señor Tomie y Frei protestando por los convenios de excedentes agrícolas norteamericanos que año a año venían aprobando los propios Senadores terratenientes como para demostrar que su fracaso agrícola estaba patentado por el propio parlamento ?

Se fue la carne y llegó el pollo del brazo de la eminencia gris, explotador de gallináceos, señor Pubill. ¡Se van los alimentos nacionales para aves y ahora llega "ralston-purina" en, gloria y majestad. Las papas del Gobierno ya no son papas nacionales, vienen de Bélgica; la mala leche del Gobierno es agua con tiza, clasificada para dos tipos de estógamos, a dos precios diferentes; ahora en el Gobierno hay superávit de huevos y decreta la libre venta...precisamente para que los huevos se le suban por el ascensor inflacionista.

La cifra la conocen en Chile hasta los niños de pecho: desde 1952 hasta ahora hemos debido gastar más de mil millones de dólares en compra de alimentos foráneos que Chile podría producir; con eso habríamos construido más Huachipatos, plantas de remolacha, de celulosa, refinadora de petróleo, industria petroquímica, etcétera. ¿'Quién no sabe que más del 80% del total de la tierra agrícola está en manos de 5.000 propietarios? ¿¡Quién no sabe que de los tres millones de personas que ocupan el agro chileno, dos y medio son pobres de solemnidad?

El impeiriálismo vio que a raíz de la revolución cubana existía el peligro de la revolución agraria. Así, desde 1960 todos los países han ido imponiendo a su manera reformas agrarias, metiendo la pomada suavizante de la Alianza para el Progreso y los Institutos de Educación Rural, Cuerpos de Paz y otras formas de penetración imperalista en los campos de América a través de los dólares y las sotanas, como fue denunciado aquí por el Honorable señor Salomón Corbalán. Así se les lanza mendrugos a los campesinos, les ofrecen terrenitos a plazo e instalarles escuelitas, y con ello frenan el potencial revolucionario del campesino. Ni más ni menos que este ha sido el papel del Gobierno reformista del señor Frei.

¿Creen ingenuamente ¡los campesinos que en seis años van a tener 100 mil nuevos propietarios ? ¡Si hasta la fecha no han logrado hacer ni cien mil, al final de esta égida democratacristiana es posible que haya unos treinta mil descontentos mini-propietarios que recibirán migajas de terrenos, minifundillos que, sin valor agrícola harán la desgracia y el fracaso de los miniposeedores. Esto no es científico.

Cuando planteamos la reforma al Nº 10 del artículo 10 de la Constitución, hicimos presiente, también, la aberración que significaba dividir "al lote" fundos superiores a 80 hectáreas, como quien partía tortas, sin sujetarse a normas técnicas. Dijimos que los latifundistas echaban a la calle a miles de campesinos, medieros, parceleros y peones, sin siquiera haberles hecho imposiciones en el Servicio de Seguro Social. Entonces los latifundistas frustraron cualquier intento de hacer reforma agraria. Desde hacía muchos meses los latifundistas venían entregando tierras a lo compadre entre parientes o ventas y parcelaciones brujas con el visto bueno del notario que tiraba la cuerda para todos.

El propio Ministro de Agricultura reconoció que sólo en dos provincias O'Higgins y Colchagua, se habían sustraído a la futura reforma agraria 60.000 hectáreas. Si esto lo sumamos al resto del país, quiere decir que la mitad de la superficie regada de Chile fue robada al campesinado en este intento de reforma agraria de que hoy nos ocupamos.

El señor GUMUCIO.-

Y se dictó una ley para impedir esas parcelaciones.

El señor BARROS.-

Señor Senador, yo presenté una indicación que tenía efecto retroactivo y que anulaba todas esas parcelaciones, pero fue desechada por la Comisión. En todo caso, en seguida me refiero a ese punto. Los remates y parcelaciones fraudulentas se sucedían de la noche a la mañana a vista y paciencia de los campesinos que nada tocaban en la repartija patronal.

Mi indicación de entonces, de abril, en el sentido de pedir a las Comisiones del Senado que fuesen nulas las divisiones, parcelaciones e hijuelaeiones de todos los predios rústicos de superficie superior a 80 hectáreas, desde la fecha de ascensión al Poder de donEduardo Freí, fue desechada por la Comisión, Honorable señor Gumucio.

Por eso, repito, este parto agrario es un parto con feto muerto por asfixia prematura. Es una farsa más, si bien es cierto representa un pasito de guagua en el lento caminar reformista de este Gobierno para dar la sensación al pueblo de que está haciendo una reforma estructural.

Sería insensato no aprobar la idea de legislar en este sentido, pues aquí tiene que aquilatar el pueblo hasta qué punto son o no son un engaño estas reformas.

El engaño parte desde el artículo 2º, en que emplea, hasta el artículo 12, el encabezamiento "son expropiables" tales y cuales predios. Esto, señor Presidente, no es imperativo. Deja las cosas como están. Una ley no puede ser dubitativa, ¡o sí o no! O es una u otra cosa. En este caso, la expropiación queda en el aire. Formulo indicación para cambiar el encabezamiento de los artículos 2º al 12, "son expropiables", por "se expropiarán", que es más compulsivo, más imperativo.

Con este botón de muestra ya podemos apreciar la burla que esta reforma significa. Aquí correrán los empeños e influencias para que el predio no sea expropiable.

Cuando discutíamos la reforma constitucional al derecho de propiedad, hice hincapié en la aberración que significaba agregar la palabra "siempre", para significar que el afectado siempre será indemnizado.

¿Es posible que siempre se indemnice a propietarios que tienen media docena de fundos donde la explotación, la servidumbre humana, llega a límites tales en que el sujeto es poco menos que un criminal? ¡Es muy fácil quitar un fundo a un explotador e indeseable como Cattan, en "Rabuco" de Calera, por ejemplo, y pagarle su predio cuando tiene otros más, y después que hambreó y burló leyes al por mayor! ¿Por qué había de premiársele? Formulé indicación, entonces, para suprimir la palabra siempre, pero mi indicación a la reforma al derecho de propiedad no podía prosperar en un Parlamento burgués.

Repito: la primera docena de artículos de esta reforma agraria que estamos discutiendo, revela el carácter reaccionario del proyecto.

En los artículos 19 y 20, el Presidente se pone el parche antes de la herida, y con facultades omnímodas puede declarar in-expropiables terrenos de propietarios naturales o personas jurídicas siempre que le presenten un plan de inversiones y explotaciones racional que le apruebe el Ministerio de Agricultura. Realmente hay que tener candor angelical para no darse cuenta de que con este subterfugio el Presidente no tocará los fundos de los democratacristianos ni de aquellos que por influencias ministeriales le digan que en lo sucesivo se van a portar bien. Formulo indicación para suprimir estos das artículos -19 y 20- como asimismo el 21 que es corolario de los anteriores.

Creo necesario agregar un artículo nuevo en el cual se exprese,a propósito de las indemnizaciones, que "no siempre se indemnizará al propietario de predios agrícolas, sobre todo cuando éste ha abusado-y obtenido utilidades fraudulentas del predio", durante años y años. Así lograríamos que el derecho de propiedad no queda burlado por el latifundista millonario y explotador.

Nos llama profundamente la atención el hecho de que en las cláusulas para ser asignatario de tierra, consignadas en el artículo 66, se considera en la letra b) qué no puede ser ocupante de la tierra quien la adquirió con violencia y clandestinidad. Requiere, además, que el ocupante debiera haberla explotado personalmente durante 5 años consecutivos, por lo menos. Formulo indicación para que este inciso b) sea suprimido de raíz, por frenar la lucha campesina en su deseo de obtener tierra.

Celebramos que todas las aguas del territorio nacional sean bienes nacionales de uso público. Deploramos que el beneficio particular sólo pueda hacerse en virtud de un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente ¿Qué autoridad competente? ¿La Intendencia? ¿La Gobernación? ¿La Municipa-5-idad? ¿La Junta de Vecinos? ¿La Corporación de la Reforma Agraria? No lo expresa el artículo que sigue a continuación.

Así, resulta imposible al pueblo chileno bañarse en tranques, canales amplios, lagunas, lagos, etcétera, porque las aguas no son bienes nacionales de uso público, sino el resultado del aprovechamiento particular.

Quisiéramos que en el Consejo Nacional Agrario hubiera más campesinos e indígenas.

Celebramos el estanco de la internación y comercialización de los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, maquinarias agrícolas y repuestos.

A mi manera de entender, lo que está sucediendo con la persecución a la mosca azul -en que el pesticida es lanzado sin discriminación y en que los aviones fumigadores pertenecen a determinadas personas- constituye una irregularidad. De ahí que el artículo 176 del colega Salomón Corbalán haya provocado una reacción enorme entre los beneficiarios del negocio que significa comerciar con pesticidas.

Señor Presidente, largas horas demoraríamos en seguir haciendo la autopsia a este proyecto reformista. Ya tendremos la oportunidad de mejorarlo mediante indicaciones revolucionarias en su segundo informe.

Queremos enterrar en el pasado toda la sangre, sudor y lágrimas que dejaron en los caminos y potreros de Chile los campesinos Chilenos; aquellos •que les fueron arrebatadas sus tierras con el expediente del arcabuz y papel sellado en las reducciones mapuches; con el expediente del "Winchester" y las balas asesinas que extinguieron los onas en Magallanes.

Ya rendí homenaje al primer mártir de la reforma agraria, el compañero Cereceda, asesinado en el fundo de Los Cristales - Curicó. No insistiré en ello.

Creemos, señor Presidente, en una revolución agraria en que la sociedad entera, y no algunos favorecidos, gocen de la propiedad; que sea una propiedad social donde todos y cada uno de los campesinos tengan acceso a los beneficios del agro. Entonces sí podríamos hablar de una verdadera revolución agraria, no ahora que ni siquiera está financiada. Acepto, repito, la idea de legislar.

Por último, pienso que el pueblo chileno, desnutrido, esmirriado, subalimentado, necesita desarrollarse físicamente. Formulo indicación para que cada fundo cercano a poblados otorgue un par de hectáreas que sirvan como cancha de fútbol, a la que tendrán derecho cada sindicato nacional, cada organización nacional en cada provincia; los pertenecientes a Correos, a Ferrocarriles, al Servicio Nacional de Salud, etcétera, como asimismo, el terreno suficiente, cercano a bosque o laguna, para que se establezcan sitios de veraneo, de instalación de carpas para los trabajadores, campesinos y sus familiares, que jamás pudieron salir siquiera por una semana de vacaciones.

He dicho.

El señor JARAMILLO LYON.-

Señor Presidente:

El ejercicio de las funciones que al Senado corresponde ejercer, en calidad de Cámara revisora o moderadora, se ve gravemente entorpecido por la existencia de un partido único de Gobierno, que en la otra rama del Congreso cuenta con una mayoría incontrarrestable; y, sobre todo, por la interpretación que el Ejecutivo formula respecto del pronunciamiento de los Senadores, cuando éste no se aviene incondicionalmente con los puntos de vista sustentados por la Democracia Cristiana.

Durante la actual Administración, han sido numerosos y de gran trascendencia los proyectos elaborados por el Gobierno y aprobados en forma irreflexiva por la Cámara de Diputados, que han debido ser rectificados, para mejorarlos en su forma y en su fondo, en esta Corporación. Este perfeccionamiento de iniciativas, precipitadamente concebidas e incondicionalmente apoyadas por la Democracia Cristiana, ha constituido una tarea difícil, cuyos méritos tuvieron que ser implícitamente reconocidos por el Ejecutivo al aceptar las reformas propiciadas por esta, Corporación. Sin embargo, se culpa incesantemente a los Senadores de obstruir, de dilatar, de hacer imposible la obra de Gobierno, sin que para ello existan razones plausibles. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una inconsecuencia con la que se pretende hacer recaer en nosotros la responsabilidad de un fracaso que, con sentido patritiótico, nos hemos empeñado en evitar. En vez de dificultar la realización del programa de Gobierno, hemos procurado depurar los medios legislativos que se pretendía poner en práctica para alcanzarla. Con ello hemos logrado que el país no se viera enfrentado a una serie de incongruencias y medidas inconsultas.

Hoy nos encontramos ante un nuevo caso que, sin duda, será esgrimido demagógicamente en contra del Senado, porque tenemos que pronunciarnos respecto de un proyecto de Reforma Agraria que expresa los anhelos del Gobierno y su partido único; pero que razonablemente no puede ser aprobado en su texto actual si no se quiere inferir a la economía del país un daño irreparable y si no se quiere renunciar, de antemano, a los anhelos y expectativas de un mayor desarrollo.

Los errores técnicos que contiene este proyecto; sus aberraciones jurídicas; la insuficiencia de nuestros medios financieros para llevarlo a la práctica; la improcedencia de sus disposiciones; el daño que está llamado a ocasionar a nuestra producción de víveres; y sus características esenciales, absolutamente desvinculadas de la realidad; todos sus inconvenientes y defectos han sido puestos ya en evidencia. Y es lamentable comprobar la impotencia en que nos encontramos para evitar tan grave daño al país, frente a un Ejecutivo que dispone de los medios de difusión para distorsionar nuestra posición y que, al mismo tiempo, cuenta con lo que la Democracia Cristiana denomina, jactanciosamente, "la aplanadora".

El Partido Nacional y sus Senadores ya han fijado una posición debidamente justificada por los principios del Derecho y de la Economía. Sólo resta, en mi concepto, señalar los alcances sociales de este proyecto y la influencia que ejercerá en el destino de nuestras instituciones republicanas.

Naturalmente, estoy convencido de la ineficacia que tendría la defensa del derecho de propiedad, ante el despojo que representan las indemnizaciones pagadas con bonos no comerciales.

A este respecto, hay' una interesante indicación presentada por los Honorables señores Von Mühlenbrock y Sepúlveda, en virtud de la cual se daría cierta reajustabilidad y poder liberatorio a estos bonos.. No tengo antecedentes acerca de la suerte que pueda correr esa indicación como para hacer un vaticinio en este momento; pero, en todo caso, espero que, por lo menos, sea considerada por el Senado.

Creo que sería estéril insistir en cuanto se relaciona con los tribunales destinados a recibir la defensa de los expropiados o con la determinación de la extensión de los predios y las causas de expropiación.

Existe, en mi concepto, un problema que atañe en forma más grave al porvenir de la República y sus instituciones.

De acuerdo con lo expresado ante las Comisiones Mixtas por uno de los promotores de esta reforma, los llamados asentamientos vendrían a ser regidos en la práctica por los funcionarios de la CORA, en conformidad con normas que impartirán los mismos funcionarios. El asentamiento vendrá a ser, entonces, un simil del antiguo "Mir" ruso o del actual sistema de copropiedad agrícola existente en Méjico: un régimen en que la colectividad campesina no sólo dejará de percibir algunos de los beneficios que actualmente recibe, sino que además, quedará a merced de las inducciones y presiones de carácter político del funcionario de la CORA encargado de dirigirla.

El señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la CORA, estableció ante las Comisiones unidas que el comité de cinco miembros de la comunidad campesina destinado a administrar la explotación, ha de discutir su programa con el ingeniero, agrónomo jefe del área y con un técnico de la CORA que deberá vivir en el predio. Agregó, según consta en la página 29 del informe, que se dan instrucciones para que el técnico, o sea el ingeniero agrónomo, no se constituya "en figura, símbolo o autoridad en las decisiones que sea necesario adoptar en el predio". Luego dijo que la CORA ha creado cursos de capacitación, para que los técnicos no sobrepasen ese límite de autoridad. El Presidente de la República, por su parte, en el mensaje con que envió el proyecto a la Cámara expresó que uno de sus objetivos fundamentales "es de orden cívico" y explicó con que ello se refería a la necesidad de incorporar al campesinado a un más amplio ejercicio de los derechos ciudadanos, limitado actualmente, según expresa, por el analfabetismo, el aislamiento, y en muchos casos la sujeción a los que poseen la propiedad de la tierra.La sutileza con que pretenden disimularse los conceptos, no es suficiente para impedir que la ciudadanía advierta claramente que a través del régimen de asentamientos, los grupos campesinos quedarían regidos políticamente por los funcionarios de la CORA quienes, a su vez, responderán a la ideología del Ejecutivo y su partido único.Este hecho indiscutible, cuya verdadera naturaleza puede ser fácilmente demostrada a través de numerosas expresiones pública, viene a significar que se busca un camino para convertir un Gobierno Nacional, en un gobierno dinástico; quelo que se pretende realmente encontrar es el modo de perpetuar a la Democracia Cristiana en el ejercicio del poder medíante la inducción y la presión que los funcionarios de la CORA ejerzan sobre los asentados, a su libre y soberano antojo y teniendo la seguridad de que ni siquiera el técnico agrónomo puede interferir en sus decisiones, ni puede disputarles su carácter de "símbolo, o figura representativa de la autoridad".La Democracia Cristiana, al acudir a tan torcidos procedimientos, se refiere a la necesidad de una justicia social. Ya es tiempo de que aclaremos una diferencia específica. Nosotros creemos que la ciudadanía requiere, desea y procura la estabilidad de un régimen de derecho. La democracia Cristiana, mediante ésta y otras iniciativas, pretende reemplazar este régimen de derecho, por lo que denomina un régimen de justicia. Y esto reviste una enorme gravedad. Un régimen de derecho es aquel en que todos los ciudadanos están sometidos a una misma ley inexorable.Un régimen de justicia es un régimen en que los ciudadanos y las instituciones quedan al arbitrio de lo que el Ejecutivo califique como justo. Dicho en otras palabras, la seguridad, la libertad, el ejercicio de las prerrogativas individuales quedan a salvo en un régimen de derecho, protegidos por una ley conocida de antemano. En cambio, lo que se denomina un régimen de justicia puede conducir a la más atroz de las injusticias, puesto que deja librados los derechos humanos, la libertad democrática y la naturaleza de las instituciones al criterio imprevisible de quien sea llamado a calificar la justicia o injusticia de un procedimiento.Con relación al proyecto de reforma agraria, existe una alternativa que es también de gravísima significacción. El Gobierno que lo auspicia y los funcionarios que aspiran a realizarla, no han escatimado ninguna expresión para condenar el traspaso de la propiedad privada de los predios agrícolas a poder del Estado.

Se han pronunciado en contra del marxismo, porque rechazan la entrega de los bienes de producción al Estado. Insisten en la promoción de una sociedad comunitaria. Y no es efectivo que esta sociedad comunitaria no haya sido bien definida por el Partido Demócrata Cristiano. El actual Ministro de Tierras, don Jaime Castillo, perfectamente conocido como el ideólogo máximo de esa colectividad, declaró enfáticamente en un reportaje publicado por 'El Mercurio", el 23 de julio último: "El comunismo ha desvirtuado la idea socialista porque ha convergido hacia el estatismo. En la propiedad comunitaria, desaparecen el Estado y el individuo". Esta definición ha sido prácticamente refrendada, y nunca desmentida, por los más conspicuos representantes de la Democracia Cristiana. Uno de ellos, el Honorable DiputadoBosco Parra, llegó a decir que "la sociedad comunitaria es un socialismo sin Estado". Esta afirmación fue calificada de anárquica por el Honorable Senador señor Aylwin, pero, infortunadamente, el Presidente de la Democracia Cristiana, al definir la sociedad comunitaria, no reemplazó el concepto expresado por el señor Parra, y dijo, en el fondo, lo mismo que este último. Podría agregar todavía las definiciones de la sociedad comunitaria hechas por el Senador Gumucio, el Diputado señor Silva Solar y aún personeros democratacristianos mucho más altamente colocados. Y es de suma importancia referirse a estas definiciones, porque ellas señalan una orientación de anarquismo democrático, o sea, de un anarquismo despojado de los métodos violentos que en su polémica con Carlos Marx preconizaba Bukunin en 1866.

El proyectó de reforma agraria viene a ser una expresión de propósitos, destinada a causar una justificada alarma a la ciudadanía. Porque mediante este proyecto puede llegarse a dos términos: el de reemplazar un régimen de derecho, por un régimen llamado de justicia, en el que la calificación de lo que es justo quede en manos de una autoridad sin contrapeso; y en el que las colectividades campesinas van a quedar sometidas a la tuición y la presión de los funcionarios de la CORA, para la perpetuación dinástica de un partido en el ejercicio del poder; o bien, el camino de una anarquismo que, mediante la incorporación activa de los trabajadores en el manejo de los bienes de producción, elimina simultáneamente al Estado y al empresario particular. Uno de estos caminos conduce a la dictadura. El otro, a la anarquía.

Si a estos vicios de fondo, se suman: la paralización de la producción agrícola ocasionada por la incertidumbre de esta reforma enunciada y forzada con métodos singulares; los errores técnicos, económicos y jurídicos que contiene el proyecto ; la inconvertibilidad de los valores con que han de pagarse las indemnizaciones, y los demás pormenores que ya han sido minuciosa y reiteradamente descritos, se llega a una conclusión de meridiana evidencia.

La oposición de los Senadores nacionales no representa únicamente la defensa del gremio de agricultutores, en todo lo que tiene de respetable en sus continuos esfuerzos y sus intereses legítimos, sino también la defensa de nuestras instituciones republicanas, de la economía nacional; la defensa de las libertades públicas, de los derechos individuales, que sólo pueden ser debidamente resguardados en un régimen de derecho.

He terminado, señor Presidente, y el resto del tiempo de nuestro Comité lo ocupará el Honorable señor Ibáñez.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente:

Los propósitos positivos que se exhibieron como justificación de la reforma agraria aparecen ahora desvirtuados por contradicciones y amenazas de tal magnitud, que la opinión pública se siente justificadamente alarmada ante los graves peligros que advierte en el proyecto que el Gobierno ha sometido a nuestra decisión.

No podríamos apreciar debidamente la trascendencia de esa iniciativa política si no estableciéramos primero con claridad sus verdaderas finalidades, por lo que el análisis que haré en seguida tiene el propósito fundamental de esclarecer este punto. Para ello, es preciso remitirse no sólo texto de las disposiciones del proyecto sino a las numerosas declaraciones del Presidente de la República con relación al tema en debate, y a los puntos de vista diferentes a los de Su Excelencia, que han expresado otros altos personeros del Gobierno, y que arrojan mucha luz sobre las desconcertantes contradicciones que se advierten entre los propósitos oficiales y las actuaciones concretas del Gobierno.

Equívocos que plantea la reforma.

Puede decirse que sobre esta reforma se han creado grandes equívocos, y se cultivaron con tanta habilidad y paciencia, que han terminado por transformar a la reforma agraria en un problema semántico. No se explica en otra forma que mientras algunos la apoyan o combaten, basados en una interpretación determinada, otros lo hagan apoyándose precisamente en la interpretación opuesta.

Como quiera que sea, este proyecto de reforma agraria es un resorte esencial de la política general que el Gobierno se ha trazado, y, en consecuencia, sólo puede resultar comprensible cuando se lo analiza en función de ésta.

Por lo demás, en el presente caso la determinación de los propósitos que animan a la Democracia Cristiana se facilita por la observación de las experiencias que ya ha recogido el país como resultado ele la insólita actitud del Gobierno de poner en práctica muchas ideas de este proyecto antes de su aprobación por el Congreso.

Contradicciones entre el candidato presidencial y los actos concretos del gobernante.

El Presidente de la República sostuvo durante su campaña que haría una reforma agraria para aumentar la producción nacional y extender a los campesinos el beneficio de la propiedad de la tierra. Al poner su firma a este proyecto de ley, reiteró que la primera razón para efectuar la reforma era de carácter económico, y subrayó su pensamiento diciendo que ella "no pretende desalentar a los empresarios ni perder la experiencia indispensable que ellos aportan". Agregó que "el país no podrá desarrollarse en otra forma, y que desconocer este hecho sería insensato".

Concretamente, el Presidente de la República ha señalado como propósitos de esta política mejorar la situación de producción de la agricultura, dignificar al campesinado e incorporar a la propiedad de la tierra a miles de familias campesinas. Y respecto del derecho de propiedad, sostuvo el Primer Mandatario, en el Mensaje respectivo, que el proyecto no pretende desconocer, suprimir o lesionar ese derecho.

Sin embargo, el texto del proyecto contradice en forma flagrante las declara-raciones citadas, y contiene disposiciones que representan la más absoluta negación de la idea de respeto a los derechos de los demás, de estímulo a los hombres que trabajan en el campo, y de un efectivo progreso social para los campesinos. Fluye de este proyecto una imagen absolutamente diferente de aquella que le permitió al señor Frei ganar el respaldo de grandes sectores ciudadanos, que jamás le habrían elevado a la presidencia de la República si hubiesen podido medir el abismo que se ha establecido entre sus declaraciones de candidato y la acción de su Gobierno.

La actual reforma agraria jamás tuvo el apoyo de los que eligieron al Presidente Frei.

La primera afirmación que debemos hacer es, pues, que este proyecto no ha tenido jamás el apoyo de grandes sectores que le dieron el triunfo al señor Frei, y que hoy experimentan una desilusión amarga y un repudio violento ante una iniciativa que es contraria a las afirmaciones que hizo como candidato, y que no sólo destruye los limitados recursos agrícolas del país sino que amenaza, como lo demostraré, la supervivencia de nuestras libertades democráticas.

Si las declaraciones y afirmaciones del Presidente de la República no resultan concordantes con el tenor del proyecto ni explican su verdadera finalidad, ¿dónde podríamos obtener una explicación convincente de lo que persigue el Gobierno con esta iniciativa? Para responder esta pregunta me parece de la mayor importancia investigar lo que han dicho sobre el particular tres autorizados personeros de la Democracia Cristiana y de la Administración actual. Me refiero al señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria; al señor Jacques Chonchol, Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y al señor Hugo Trivelli, Ministro de Agricultura.

Los técnicos no importan.

El señor Moreno declara enfáticamente "que no son sólo problemas técnicos productivos los que se encuentran en juego, sino que la Reforma Agraria es eminentemente social" y atribuye tanta importancia a dicho proceso social que afirma que la reforma se debe efectuar con técnicos o sin ellos, aunque le asustan los efectos que tendrá para los propios campesinos "la ausencia de un criterio de producción de alimentos".

Al señor Moreno y al Director de Tierras y Bienes Nacionales, señor Cumplido, parece preocuparles primordialmente lo que ellllos denominan la incorporación y "promoción" de los campesinos, sea mediante el asentamiento, la indefinible propiedad comunitaria o las cooperativas obligatorias, tres eficaces instrumentos de colectivización de la tierra y de supeditación política de los campesinos que la trabajan.

Advierto desde ya que no emplearé eufemismos para expresar mis ideas porque lo más que reclama la opinión pública es que se tenga la franqueza y el valor de llamar las cosas por su nombre.

Chonchol: hay que hacer un cambio sustancial de la estructura del poder político.

Por su parte, el señor Chonchol, Vicepresidente de INDAP, es bastante más explícito. Conoce él muy bien las metas que persigue y sólo le preocupa lo que va a suceder en el país mientras desarrolla sus planes. Consciente de las justificadas reacciones que va a provocar, advierte que la realización de la reforma agraria tiende a crear un clima de inseguridad e inquietud, por lo que nos dice que toda la reforma "hay que tratar de realizarla" -lo cito textualmente- "dentro de un cauce más o menos institucional". Observemos que para el señor Chonchol el cauce institucional es una consideración que sólo tiene carácter secundario.

El señor Chonchol ha calado hondo en las consecuencias de la reforma agraria, y declara que en un proceso de esta naturaleza -lo cito nuevamente en forma textual- "nadie, ni los mismos que lo inician saben en el fondo hasta dónde van a ir, en qué forma van a operar y dónde se van a detener". Agrega que la reforma agraria "implica un cambio sustancial en la estructura del poder político", por lo que propone establecerla sencillamente mediante un régimen de fuerza, o, si la reforma agraria quiere hacerse dentro de un sistema democrático, debería -dice él- tener un apoyo político de tal naturaleza "que las minorías afectadas no estén en condiciones de oponerse". He aquí una revelación importantísima. La reforma agraria significa para uno de sus principales autores poner término a los derechos de la minoría, salvo que se adopte el método para él más seguro de establecerla mediante un "régimen de fuerza", en el cual no hay derecho absolutamente para nadie.

Proposición totalitaria y supresión del Ejército.

Esta concepción antidemocrática, que conduce inexorablemente hacia el totalitarismo, produce sin embargo al señor Chonchol el temor de que las Fuerzas Armadas, que han jurado respetar la Constitución y la Ley, pudieran estar en desacuerdo con los desaprensivos procedimientos que él sugiere para realizar la reforma. Dicha eventualidad tampoco escapa a los planes del señor Chonchol, y con relación a ella nos propone la alternativa siguiente: "Que el Ejército pueda ser suprimido", o bien, "que pueda ser neutralizado ganándose el apoyo de por lo menos una parte de él para los cambios sociales que se consideran indispensables". Como puede verse, el arsenal del señor Chonchol está bien provisto, y no teme proponer que se utilice hasta la sedición como medio de realizar sus afanes reformistas.

"La reforma agraria no es proceso técnico ni económico sino fundamentalmente político", dice Chonchol.

Para él, la reforma agraria "no es un proceso técnico, ni económico, sino fundamentalmente político", afirmación que está avalada por su decisiva participación en la reforma agraria de Fidel Castro, cuya consecuencia inmediata fue el hambre del pueblo cubano y la pérdida total de su libertad.

Para convertir en realidad este programa político, tengo entendido que el señor Chonchol ya habría aumentado la planta directiva, profesional y técnica de INDAP en 400 funcionarios, aparte otros 400 que están a contrata u honorarios, y todo ello sin contar los promotores y activistas. Habría efectuado, además, adquisiciones por varios miles de millones, incluyendo semilla de papas y 40 "citronetas", sin pedir propuestas y sin tramitar esas compras por el departamento respectivo; y hasta habría donado 80.000 escudos para alhajar la oficina del señor Ministro de Agricultura, a quien, como está presente aquí en la Sala, agradecería que explicara concretamente la exacta magnitud de estas demostraciones de la munificencia de INDAP. Además, se estarían gastando 17 millones diarios en bencina, suma que no tendría relación alguna con el número de vehículos de esa repartición.

El señor IBAÑEZ.-

Se me dice también que el señor Chonchol no dedica al ejercicio de su cargo más de 20% de su tiempo. ¡Menos mal! No quiero pensar lo qué sucedería a las dueñas de casa que ya no encuentran lo necesario para alimentar 'a sus hogares si el señor Chonchol trabajara jornada completa.

Estamos advertidos de las desventuras que se preparan.

En toda forma, es fundamental leer el libro de los señores Julio Silva y Jacques Chonchol que, bajo el ampuloso título de "El Desarrollo de la nueva Sociedad en América Latina" plantea fríamente el control político del país mediante una reforma agraria que, sin lugar a dudas, destruirá simultáneamente la agricultura y el estado de derecho.

Debo hacer notar que este tipo de personajes tiene la manía de escribir libros, en los que anuncian en forma anticipada y prolija las desventuras que les preparan a sus prójimos.

A mi juicio, es prudente tomar muy en cuenta las advertencias que nos hacen, y aunque parezca desproporcionado, estimo oportuno recordar que Hitler anunció en "Mein Kampf" la tragedia para el pueblo alemán, cuya preparación él se traía entre manos. Si nadie le prestó adecuada atención, debemos reconocer que la culpa no fue del jefe nazi.

El MinistraTrivelli y su paternidad del informe de CIDA.

En cuanto a las opiniones que tiene sobre la reforma agraria el MinistroTrivelli, nos remitimos al informe de CIDA, cuya paternidad, no obstante todos los piadosos velos que le tiende el señor Hernán Santa Cruz, recae derechamente sobre el Ministro de Agricultura chileno.

Es importante destacar que la Alianza para el Progreso creó un supuesto grupo de trabajo denominado Comité Interame-ricano de Desarrollo Agrícola (CIDA), que bajo el poderoso auspicio de esa Alianza, vale decir, del Gobierno de Estados Unidos, juntó a connotados burócratas de FAO y CEPAL, los que impulsaban desde largo tiempo, según lo denuncié aquí, en el Senado, un profundo trastorno político en nuestro hemisferio.

Pues bien, esos agitadores ideológicos capitaneados por el señor Trivelli se desentendieron en absoluto de la misión que les confió la Carta de Punta del Este y, en lugar de preocuparse del aumento de la productividad y la producción agrícolas, se lanzaron derechamente a especulaciones políticas tendientes a orientar una reforma agraria "capaz de redistribuir el poder, la riqueza y la posición social". Esa fue la finalidad que se propusieron.

La reforma agraria es por definición una modificación del poder político, dice Barraclough.

Este mismo concepto fue desarrollado con gran amplitud en el Curso de Capacitación de Profesionales en Reforma Agraria que realizó la FAO en Chile en marzo de 1963. El director de ese seminario, doctor Solón Barraclough, sostuvo francamente -lo cito en forma textual- que "por definición la reforma agraria implica tres objetivos: mayor justicia social, una modificación en la estructura del poder político, y un mejor desenvolvimiento económico". Y para que no quedara ninguna dura sobre las ideas de este maestro de reformistas agrarios, subrayó que los objetivos de dichos reformistas "son antes que nada políticos".

Por su parte, el señor Jacques Chon-chol, subdirector de dicho Curso, dice en su informe que uno de los factores determinantes de los tipos de unidades que deben adoptarse para la reforma agraria tiene que ser ¡la ideología de quien hace la reforma!

¿Puede dudar alguien de la verdadera finalidad de esta reforma agraria y de la incongruencia de toda esta política con las declaraciones presidenciales?

Se trata de una redistribución del poder, dice CIDA {Trivelli).

Si alguien dudara, volvamos a las ideas del señor Trivelli, según las revelaciones del informe de CIDA. "La reforma agraria es más que un problema económico, un problema social y político, a pesar de sus muchas ramificaciones económicas; se trata más de un asunto de redistribución del poder que de eficiencia económica".

Este es el planteamiento categórico e inequívoco de dicho informe.

Ese estudio, en el que tuvo principal participación el señor Trivelli, es tan inconsistente y artificioso y, yo diría, para resumirlo en una sola palabra, tan falso, que hasta la revista jesuíta "Mensaje" ha criticado su carácter tendencioso, su falta de base metodológica, la arbitraria selección de sus datos, las omisiones deliberadas y, en definitiva, su finalidad ideológica y no científica.

El señor FERRANDO.-

¿Me permite una interrupción?

El señor IBAÑEZ.-

Antes quiero terminar, porque tengo tiempo limitado.

CIDA propone una sustancial colectivización de la tierra, dicen los jesuítas.

Reconoce "Mensaje", con tristeza, que el estudio fracasa lamentablemente. A pesar del carácter ambiguo de sus recomendaciones, "Mensaje" estima que CIDA "no ha podido o no ha querido evitar recomendar implícitamente que la solución de fondo radica en una sustancial colectivización de la agricultura", proposición que se advierte a través de las premisas que se desarrollan en el texto del informe. Incluso se falsean en él hechos sobradamente conocidos, como el caso del fundo "Los Silos", uno de los tantos predios que la Iglesia debió entregar a la reforma agraria, para librarse de la dura crítica a que estaba expuesta por la inaceptable explotación que se hacía en ellos. Dicho fundo no es ningún ejemplo de explotación cooperativa, como pretende CIDA, pues ese régimen fue superado por los propios inquilinos, que obligaron a restablecer la explotación individual.

Toda la argumentación "estructuralista" del MinistroTrivelli reconoce su origen en antecedentes que nadie mejor que él debería saber que son salsos. Me refiero al censo agropecuario de 1955, censo plagado de errores metodológicos y tan primitivo en sus análisis que cabría pensar, con fundamento, que se trata de una obra destinada a falsear deliberadamente la realidad de la agricultura chilena. Las mentiras sobre tenencia de tierras que con el respaldo de ese censo los organismos internacionales han hecho circular por el mundo entero, resultan evidentes hasta para el más lego en materias agrícolas. Parece increíble que se haya dado patente de seriedad a un estudio que no hace diferencia alguna entre las tierras más privilegiadas de Chile y aquellas otras contiguas a las primeras en que miles y miles de hectáreas de cerros áridos apenas permiten producir una ínfima cantidad de quesos de cabra.

Pues bien, los planes reformistas del Ministro Trivelli parten de las cifras abrumadoras de esos latifundios formados por cerros incultivables o tierras estériles.

Los testimonios anteriores concurren en demostrar que la meta de la reforma agraria no consiste en aumentar la productividad. ¿En qué consiste entonces? ¿En hacer propietarios a los campesinos?

La cifra redonda de los cien mil propietarios.

La Democracia Cristiana, que gusta de las cifras ampulosas y redondas, discurrió decir...

El señor GUMUCIO.-

¡Las cifras no pueden ser ampulosas!

El señor IBAÑEZ.-

Se lo demostraré, señor Senador.

El señor GUMUCIO.-

Son números matemáticos. No pueden ser ampulosas o no ampulosas.

El señor IBAÑEZ.-

Ampulosas, redondas, geométricas, si Su Señoría quiere.

La Democracia Cristiana discurrió decir que en seis años iba a crear 100 mil nuevos propietarios. Por cierto, no existe ninguna posibilidad física, económica ni empresarial para realizar dicho programa, ni siquiera otro muchísimo menor. Por de pronto, el Gobierno no ha constituido en propietarios a los pocos campesinos que ocupan las tierras expropiadas, sino que los ha transformado en meros asentados o parceleros, sin títulos de dominio y dependientes de funcionarios estatales. Es innecesario decir que el descontento de estos campesinos está llegando a extremos inímaginados, debido al desamparo o a la indefensión en que se encuentran frente a este nuevo y omnímodo patrón que es el Estado.

Se me han hecho llegar incontables reclamos por la arbitrariedad con que se procede con ellos y por la imposibilidad de expresar sus protestas ante el temor de que sus parcelas les sean quitadas sin forma de juicio y sin posibilidad de reclamo ulterior.

El Ministro de Hacienda señor Molina acaba de advertir, por su parte, en relación con la falencia fiscal, que no será posible alcanzar durante el presente, sexenio la fantástica y propagandística cifra de 100 mil nuevos propietarios.

La última hipótesis que cabría formularse sobre reforma agraria es que el Gobierno se habría propuesto dividir en parcelas los predios actuales. Sin embargo, también debemos descartar este propósito, porque, por paradójico que parezca, el Gobierno obligó a aprobar hace pocas semanas una ley que prohibe la división de las tierras, no obstante el empeño que gasta simultáneamente en impulsar la reforma agraria.

La reforma tiene por finalidad una transferencia del poder, dice el SenadorAyhuin.

¿Qué pretenden, pues, el Gobierno y los organismos internacionales que impulsan esta reforma? La única respuesta convincente y conciuyente, aunque no del todo ciara, la ha expresado el presidente de la Democracia Cristiana, Senador señor Patricio Aylwin, quien, después que en una reunión pública sostuvo que el Gobierno debía ser un instrumento del partido, declaró categóricamente en otra que la. reforma agraria tenía por finalidad ante todo lo que él llamó una transferencia, de poder. Analizaremos, pues el alcance de este curioso concepto, según el cual la debatida y tenaz reforma agraria no tendría otro propósito que aprovechar los resortes del poder público para afianzar la posición política de la Democracia Cristiana, alterando mediante dicha reforma el libre equilibrio de las fuerzas políticas.

El señor IBAÑEZ.-

¡Tengo información porque he trabajado veinte años en el campo y sé lo que pasa allí! ¡ Hablo de lo que sé! ¡ No repito lugares comunes de la propaganda política!

Indudablemente, quienes formulan esta meta ignoran totalmente la evolución habida en el campo en los últimos treinta años. El mejoramiento económico de los campesinos es un hecho evidente pai'a quien viva y trabaje en el campo, aunque no lo sea para los políticos y los funcionarios internacionales, de cuya incapacidad e indebida intromisión en nuestra vida política habré de ocuparme nuevamente.

El señor IBAÑEZ.-

En cuanto a la elevación del nivel cultural de los campesinos, no sólo es extraordinariamente notable, sino que en muchos casos representa un salto de siglos realizado en al breve lapso de los años recientes. No hay comparación posible entre el nivel de vida de los campesinos de hoy con el de una generación atrás. La educación que reciben y su contacto permanente con las ciudades, debido a los caminos y el transporte motorizado, así como la electrificación rural y la influencia de la radio, han incorporado en forma apreciable a dichos campesinos a los estilos culturales de los grupos que viven en las áreas urbanas.

El mito de la actual sujeción política.

En cuanto a la supuesta sujeción política actual del campesinado, no cabe duda de que esta afirmación es uno de los mitos más ridiculos que pueda sostenerse respecto de Chile, como bien lo saben todos los parlamentarios, y de modo particular, en este momento, aquellos que representan a la provincia de Colchagua. Observo un extraño silencio, señor Presidente. Esta frase no ha sido objetada por ninguno de mis colegas.

¿En qué consiste, entonces, la transferencia de poder que propone el Senador Aylwim? Consiste en la restauración de un sistema de sometimiento político de los campesinos, que se había debilitado-progresivamente hasta desaparecer en el curso de los últimos años. Es de sobra sabido que los campesinos votan hoy por quien se Íes viene en gana, sin presiones ni influencias de nadie.

La Democracia Cristiana y su inquilinaje electoral.

Lo que la Democracia Cristiana añora es, pues, restablecer un régimen de inquilinaje electoral mediante la incertidumbre de los asentamientos y la amenaza de las expropiaciones, que someterá a todos los hombres que trabajan en el campo a la voluntad política del partido que está en el poder.

El propósito verdadero de la reforma agraria es, como ha quedado establecido, el de crear una servidumbre política, idea por lo demás muy acorde con las inspiraciones de la Democracria Cristiana, cuya fuente ideológica está en la Edad Media, según lo han explicado reiteramente los propios ideólogos de ese partido.

Así, pues, el hombre de campo, sujeto a la voluntad del nuevo señor que es el Estado, colmaría los anhelos del partido único de Gobierno.

La arbitrariedad, condición de la transferencia de poder.

Para realizar la transferencia de poder que sustenta el Senador Aylwin, a la .Democracia Cristiana no parece importarle el derrumbe de la organización agraria de Chile, ni la detienen transgresiones legales de mayor o menor monta, ni la amenaza de hambre que esta aventura significa para todos los chilenos. Es preciso destacar, además, que la arbitrariedad de los procedimientos parece ser la condición distintiva de esta transferencia. Así, por ejemplo, una disposición de la ley que estamos discutiendo fija la cabida máxima de la propiedad en 80 hectáreas de riego, pero ni siquiera para esas 80 hectáreas se establece ninguna seguridad de dominio.

Con todo, la mayor y más peligrosa arbitrariedad es aquella que se ha introducido en las relaciones laborales de los campos con la finalidad de ablandar la resistencia de los propietarios.

La agitación obrera que se realiza por funcionarios del Estado y por activistas profesionales, muchos de ios cuales reciben intensa asesoría de organismos de la Iglesia Católica, ha desembocado en una perturbación social que, desatada por el propio Gobierno, se ha vuelto ahora contra él.

Los campos están paralizados por la agitación gubernativa.

La virulencia de esta campaña reformista, que con frecuencia hace tabla rasa de las disposiciones legales vigentes, ha llevado la incertidumbre en los campos hasta los límites más extremos. Ella ha paralizado las inversiones en la agricultura, cerró los fundos como fuente de nuevos empleos y en el breve espacio de un año ha reducido notoriamente la producción agrícola.

Por cierto que no podremos acompañar al Gobierno en esa abulia bonachona con que contempla el desorden inherente a su "transferencia de poder". Aparte que la experiencia de aquí comienza a demostrar, como en Italia, que estas maniobras terminan transfiriendo el poder al partido Comunista, cosa que el Gobierno también advierte, si bien confía, candorosamente, en conjurar ese peligro mediante un régimen de sindicatos paralelos.

Dicho en otras palabras, la política agraria del Gobierno en el pleno social y laboral abre para un reducido grupo de campesinos la servil posibilidad de llegar a ser un asentado, y para todos los demás les ofrece la perspectiva de una lucha sindical violenta impulsada por las peores y más degradantes formas de la codicia electoral.

La Democracia Cristiana tiene pavor a la clase media agrícola.

Quedaba de reserva, no obstante, la mejor alternativa para la agricultura del país. La incorporación a estas actividades de una clase media laboriosa, moderna en sus métodos, con recursos económicos y un progresista espíritu empresarial. Pero, por desgracia para Chile y para los chilenos, esa solución implica una amenaza mortal para las ambiciones políticas democratacristianas. El dueño de una propiedad importante puede ser atacado concitando contra él todas las envidias; pero el hombre modesto que posee un pequeño predio y lo trabaja bien, es invulnerable a esos ataques.

Pues bien, ese hombre de clase media tiene una potencialidad que hace temblar a la Democracia Cristiana. Me refiero a su capacidad de surgir mediante su propio esfuerzo y sin necesidad de padrinos políticos; a su posibilidad de ampliar su independencia personal y consolidar así su libertad política. Pero la Democracia Cristiana no quiere hombres libres en los campos, sino vasallos sometidos. Y por ello prohibe la división de las tierras. Para cerrar el camino al crecimiento y consolidación de clase media; para impedir que crezca el gran sector de hombres que contribuyen con su iniciativa y su esfuerzo a crear la riqueza que Chile necesita, y que consolida, mediante el desarrollo económico, la libertad política que este proyecto pretende reducir.

No quisiera que las afirmaciones anteriores quedaran sin el respaldo de un ejemplo que fuese elocuente testimonio de los propósitos que he denunciado, y de las arbitrariedades que se esconden detrás de esta manida operación de la Reforma Agraria.

Un caso conmovedor y alarmante.

En la agrupación que represento he debido conocer de un caso alarmante y conmovedor, que nos muestra los increíbles desvaríos de un Gobierno que, en su descontrolada ambición de poder político, ha perdido el respeto a las leyes y hasta a las limitaciones morales que supone el ejercicio de la autoridad.

Vecino a Llay Llay, hay un modesto propietario agrícola cuya vida ejemplar debería ser destacada y estimulada por todo Gobierno progresista. Se trata de Manuel Burgos, propietario del pequeño fundo "El Molino", que ha sido víctima de los más incalificables abusos por parte de las autoridades y cuya situación conmueve no sólo por los atropellos y vejámenes de que se le ha hecho objeto, sino por la desaprensión con que el Gobierno ha violado derechos legales y constitucionales y por la amenaza gravísima que tales actos representan para la supervivencia de la libertad y hasta de la decencia.

Manuel Burgos, hijo de humildes campesinos de San Carlos, emigró a Santiago sin recursos de ninguna especie y fue barrendero, mozo, ayudante de panadero, hasta que llegó a ser maestro, y terminó por instalar una amasenduría propia. Tuvo, finalmente, una panadería modelo en La Granja.

A un hombre esforzado y modesto no se le permite ser campesino.

Quiso volver al campo para realizar el sueño de su juventud trabajando una tierra de su propiedad. En 1957 remató el Fundo "El Molino", que dejaba a su dueño, el Servicio Nacional de Salud, una pérdida de 10 millones anuales. Cuando terminó de juntar los recursos necesarios para pagar y trabajar su predio, Burgos se trasladó al campo, y en corto tiempo cultivó su propiedad con el entusiasmo y la eficiencia que le son características y pudo mostrar una explotación irreprochable y ejemplar.

Pero muy pronto la CORA se encargó de soliviantar grupos obreros hasta producir conflictos artificiales que le sirvieran de pretexto para incautarse de esa propiedad. Aunque un fallo judicial había favorecido ampliamente a Burgos, el Gobierno insistió en apropiarse de sus bienes, a cuyo efecto dictó un decreto de insistencia, puesto que el decreto primitivo, que lo despojaba de su predio, la Contraloría lo rechazó por ilegal.

Burgos había votado y trabajado en favor del Presidente Frei porque lo estimaba un hombre recto, y respetuoso de la ley. Hoy debe consumir sus energías defendiéndose del cúmulo de falsedades y atropellos con que su Administración pretende arrebatarle el fruto de toda una vida de sacrificios.

El Gobierno lanza a carabineros contra carabineros.

En defensa de los anhelos y principios que había sustentado a lo largo de su existencia, Burgos se dispuso a resistir las arbitrariedades. Pero el Gobierno, resuelto a impedirle que continuara su vida fecunda de trabajo, le designó un interventor y ordenó rodear su propiedad con la fuerzas pública. Se descerrajaron las puertas de sus bodegas, se destruyeron los puentes del predio para que Burgos no pudiera transitar por él y, por último, se cercó su casa con alambradas de púas.

Una sentencia judicial reciente ha venido a favorecer a los ocho obreros que trabajaban con Manuel Burgos y que deseaban seguir junto a él, sentencia apoyada con el auxilio de la fuerza pública, a fin de obligar al interventor del. Gobierno a cumplir la ley. Fue en ese momento cuando se produjo el caso gravísimo de la invasión del fundo "El Molino", donde ha-Día ocho obreros, por el Intendente Subrogante de Valparaíso, el Gobernador de Quillota, un general de Carabineros y alrededor de diez oficiales y treinta hombres de tropa, con el objeto de impedir que se cumpliera un fallo judicial respaldado por otros cuatro carabineros que habían recibido la orden de hacer efectiva la resolución del juez.

El Gobierno desconoce un fallo judicial.

La abrumadora fuerza del Gobierno impidió nuevamente que Burgos volviera a trabajar; y éste debió seguir aislado y solo, con sus ocho hijos pequeños, en su casa cercada con alambres de púas al igual que un campo de concentración.

El desconocimiento de un fallo judicial importa un delito penado por la ley. Ante estos hechos, la Excma. Corte Suprema, en resolución hecha pública en el día de ayer, y que conocí momentos antes de venir al Senado, respaldó en forma amplísima al juez de Llay Llay y dispuso que su fallo se cumpliera forzadamente, por lo que ordenó una vez más que se empleara la fuerza pública necesaria.

Dicho fallo, al que concurrieron la unanimidad de los Ministros, entre ellos el abogado integrante señor Varela, destacado miembro de la Democracia Cristiana, dice así: "De acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal ad-hoc y teniendo especialmente presente lo dispuesto en los artículos 30 de la ley Nº 15.231 y 240 del Código de Procedimiento Civil, y que la autoridad administrativa, representada por el Intendente o el Gobernador, no ha podido impedir, sin vulnerar legitimas atribuciones de la Justicia, que se conceda el auxilio de la fuerza pública para cumplir y mantener lo resuelto en una sentencia judicial.

Se declara que corresponde al Juez de Policía Local adoptar las medidas conducentes para el cumplimiento y mantenimiento de su resolución, para lo cual requerirá directamente el auxilio de la fuerza pública que sea necesario."

Conflicto entre poderes del Estado.

Producida esta resolución de la Corte Suprema, queda planteada una gran interrogante sobre toda la gestión de la reforma agraria. ¿Continuará el Gobierno por el camino del atropello de las disposiciones legales en su afán de consolidar su poder político? ¿Seguirá la recomendación del señor Chonchol de hacer la reforma por la fuerza? ¿Adoptará su consejo de eliminar las Fuerzas Armadas?

Cualquiera respuesta que no implique un acatamiento inmediato y categórico de la resolución que acaba de expedir la Corte Suprema significa un gravísimo conflicto de Poderes del Estado, que no tiene precedente en la historia institucional de Chile. Esta inesperada eventualidad no puede ser ignorada en el Senado, y por ello me he permitido informar sobre lo que está aconteciendo y dejar sometidos estos juicios a la meditación de los señores Senadores.

Que se castigue a quien- haya infringido la ley.

Por otra parte, se me informa que existiría el propósito del Gobierno de que se hiciera silencio sobre esta bochornosa y aleccionadora muestra de lo que se pretende ser la reforma agraria. La autoridad anhelaría un fallo benévolo que sobresea a Manuel Burgos en los juicios que se ventilan ante la Corte de Valparaíso. Pero Burgos no quiere sobreseimientos que lo dejarán en situación injustamente ambigua, sino que pide que se lo castigue, si ha infringido las leyes, o que se castigue a las autoridades, si éstas han abusado del poder.

La decisión de ese modesto campesino de luchar por el reconocimiento de la justicia y el derecho importa un ejemplo extraordinario de rectitud de espíritu y de comportamiento varonil, ante un poder que lo abruma cercándolo simultáneamente por el hambre y por las alambradas.

Un símbolo para los que aspiran conquistar la libertad.

El Partido Nacional considera la causa de Manuel Burgos como un símbolo de aquello por lo que deben luchar con máximo denuedo todos los hombres que aspiran a labrarse su destino y conquistar su libertad. Y a la vez pone de relieve la actitud vergonzosa de quienes abusan de la autoridad que el pueblo les otorgó para finalidades constructivas y nobles, y no para consumar atropellos ni vejámenes. Deja también en evidencia la actitud de aquellos otros agricultores, hombres de empresa, gentes de fortuna que guardan un silencio vergonzoso y complaciente en una mezquina defensa de intereses personales, en lugar de protestar con energía por un atropello a la ley y a un ser humano que en nuestra tierra jamás se había cometido.

Yo me permito insinuar al Gobierno que tenga, aunque tardíamente, un gesto de rectitud, de buen juicio y de hombría y disponga de inmediato el retiro de la fuerza pública y el término de toda acción judicial, para devolver a un ciudadano digno y esforzado la tranquilidad y respeto que merecen él y su familia.

Pido, asimismo, que al Cuerpo de Carabineros, cuya rectitud de procederes le ha ganado la admiración y el afecto de toda la ciudadanía, el Gobierno jamás lo utilice para efectuar menesteres que son indignos de sus altas y patrióticas funciones.

Se prepara una trágica situación de hambre.

Señor Presidente, en una intervención próxima, sea en el curso de este debate o en la discusión particular del proyecto, habré de ocuparme de los inmensos perjuicios que él significa para la alimentación del país. Sostengo que se está creando, deliberadamente, una trágica situación de hambre de la que tendrán que responder los autores de esta iniciativa.

No deben escapar a esa responsabilidad los políticos ni los hombres de Gobierno que la impulsan, ni tampoco los funcionarios internacionales que se entrometen en nuestras decisiones, y que después de las catástrofes que provocan, desaparecen amparados por su irresponsabilidad, por sus suculentas posiciones y por una suerte de privilegio de apátridas de que ellos han sabido rodearse.

Habré de referirme también al costo sideral, mejor dicho, al derroche inadmisible que esta iniciativa significa, así como a sus deplorables resultados, que ya conocemos.

La gran responsabilidad de los agricultores.

Tampoco dejaré de mencionar en mi próxima intervención, la seria responsabilidad en este descalabro, que corresponde asignar a muchos agricultores prominentes, medianos o modestos. Es verdad que ellos han sido vilipendiados y calumniados y que se cierne sobre cada uno la amenaza de una expropiación. Pero esta circunstancia no sólo no los excusa, sino que los obliga a cumplir con su deber esencial : el deber de defender su propia dignidad y de luchar contra quienes sólo anhelan destruir nuestro régimen institucional y nuestras libertades públicas.

Por último, en esa ocasión haré también una síntesis del pensamiento del Partido Nacional en materia de política agraria, de incremento de nuestra producción alimentaria y de auténtico mejoramiento de todos los que trabajan la tierra, sin omisiones injustas ni envenenadas discriminaciones.

La verdad de la reforma agraria también tiene su hora.

Termino mis palabras retornando a las del Presidente Frei; no a las de ahora, sino a las qué escribió en 1955, en "La Verdad tiene su Hora". Refiriéndose a la reforma agraria, dijo él:

"Para algunos es el reparto de las tierras. Año tras año, la misma promesa. Un informe reciente nos señala cuán difícil es afrontar el problema de la tierra: la falta de capitalización, la ignorancia, el sentido de la cooperación, la diferente calidad de los suelos, los abonos y selección de semillas y ganados, las diferentes caracterícticas de cada zona, el riego, la necesidad de combinar mil factores humanos y materiales. Los rusos pueden decirlo: después de treinta y seis años de ensayos en los que no se han detenido ante ningún extremo, ni han tenido ninguna limitación, han llegado, según sus propias declaraciones, a un retroceso respecto del período anterior a la revolución."

El señor TEITELBOIM.-

Eso es falso, completamente falso.

El señor IBAÑEZ.-

Empecé diciendo que eran palabras del actual Presidente de la República. Por los demás, sus afirmaciones no son falsas, pues de otro modo no se explicaría que el Gobierno soviético gastara mil millones de dólares al año en comprar trigo.

El señor Frei decía en 1955, que "emprender una verdadera reforma agraria y no dejarla en el papel es la tarea más delicada y difícil que pueda iniciarse.

"Pero todo esto resulta infinitamente más sencillo por el milagroso expediente de elegir al "hombre" que promete simultáneamente arreglarlo todo; hacer eficiente al funcionario, construir todas las casas, encontrar todos los materiales, mejorar la productividad de la tierra y, todo ello, sin decir cómo, sólo por el sencillo e inimitable procedimiento de elevarlo a él, que ocultan en sus mangas todas las soluciones, sin precisar ninguna."

Esto decía el señor Frei, nuestro actual Presidente. Y terminaba este párrafo sobra la reforma agraria, con el comentario que reproduzco en seguida.

"Y ha llegado a ser todo tan desconcertante que ya no se sabe ni siquiera cuál será el equipo de gobierno, porque lo más probable es que el elegido, con sus enemigos, combatirá a sus sostenedores".

El Presidente Frei y la crisis de confianza.

Para mí, este pasaje es desconcertante. En esa insinuación de "combatir a sus sostenedores", ¿hubo un presagio?; ¿constituye una anticipada advertencia?; ¿cuáles son las soluciones que se ocultan en su manga y de las cuales no precisa ninguna?; ¿posee, en verdad, esas soluciones?

Mientras se resuelvan estos interrogantes, nosotros, los miembros del Partido Nacional, nos atendremos a las realidades que vivimos y que coinciden, desgraciadamente, con las sombrías amenazas formuladas por los lugartenientes del Presidente de la República.

Se ha dicho hasta la saciedad que la crisis más grave por que atravesamos es una crisis de confianza.

Sobre este punto, el Partido Nacional piensa que el país habrá de creer en el Presidente, sólo cuando él haga lo que dice. Entre tanto, hemos resuelto votar en contra del proyecto de reforma agraria sometido a nuestra consideración.

El señor TEITELBOIM.-

El Honorable señor Ibáñez ha pronunciado un extenso discurso, lleno de consideraciones gravísimas, que indudablemente el señor Ministro deberá recoger y contestar.

El señor Senador, al final de su intervención, leyó una cita del libro "La Verdad tiene su Hora", escrito por don Eduardo Frei cuando no era aún Presidente de la República. Allí reproduce un juicio que es una especie de moneda de curso forzoso en ciertos medios: el hecho supuesto de que en los países socialistas y, particularmente, en la Unión Soviética, la agricultura tuvo un grado de productividad inferior al que tenía antes de la revolución, o sea, en los tiempos del Zar.

Deseo dar una información que no puede ser política, pues no parte de ningún círculo interesado, ni de Izquierda ni de Derecha, sino de la FAO. Según un estudio practicado por dicho organismo, bajo el título de "El estado mundial de la agricultura", en 1965, el índice de la producción agrícola por habitante y por regiones de diversas zonas del mundo, daba los siguientes resultados, estimando como igual a 100 el promedio de los años 1952/ 1957: Unión Soviética y países de Europa Oriental, que antes de la Segunda Guerra Mundial tenían un promedio equivalente a 83, subieron en el año 1953/ 1954 a 9; a 122 en 1958/1959; a 124 en los años 1962/1963, bajando levemente a 121 en 1963/1964, lo cual significa, en todo caso, una variación positiva, un aumento de 38 puntos. Norteamérica, en cambio, que partió antes de la guerra con un promedio de 88 puntos, o sea, cinco puntos por encima de la Unión Soviética y los países del este de Europa, llegó apenas a igualar el promedio 100, del quinquenio 1952/1957, en los años 1963 y 1964, lo que representa un aumento de apenas 12 puntos; es decir, 26 menos que los países socialistas. En otros términos, el ritmo de crecimiento de la agricultura soviética fue tres veces superior al norteamericano. Cabe hacer presente que Estados Unidos tuvo reforma agraria mucho antes que Rusia, pues la guerra de secesión ocurrida hace poco más de 100 años, se libró para terminar incluso con el latifundio en el sur, eliminando de paso -lo cual era muy importante- la esclavitud negra. En cambio, Rusia vino a manumitir a los siervos en fecha más tardía, y sólo con la revolución bolchevique, en 1917, comenzó allí una verdadera reforma agraria. Por su parte, Europa Occidental que, como Estados Unidos, tiene una agricultura de muy alta productividad, pues se basa principalmente en cultivos intensivos, que partió con un índice igual a 93 antes de la segunda guerra mundial, llegó al período 1963/1964 con un índice de 116, lo cual señala un aumento de 23 puntos; es decir, 15 puntos menos que la Unión Soviética y los países de Europa Oriental.

En nombre del Comité Comunista, ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para insertar en esta intervención un breve cuadro demostrativo, que señala los índices de la producción agrícola por habitante y por regiones de Europa Occidental y Unión Soviética, de Europa Occidental, Norteamérica y América Latina.

El señor REYES (Presidente) .-

Si le parece a la Sala, se insertará el cuadro a que ha hecho referencia el señor Senador.

El señor IBAÑEZ.-

Con los comentarios que deseo hacer a continuación.

El señor REYES (Presidente).-

Naturalmente, los comentarios de Su Señoría quedarán en la versión taquigráfica.

Acordado.

-El cuadro cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

INDICE DE LA PRODUCCION AGRICOLA

El señor IBAÑEZ.-

Por lo demás, no me extraña en absoluto el desconocimiento de estas materias por los funcionarios de la FAO, pues cuando vinieron a Chile, hace poco más de un año, a la conferencia que tuvo lugar en Viña del Mar, en circunstancias de que se estaba lanzando la iniciativa de la reforma agraria, ni siquiera tuvieron la curiosidad de visitar el campo chileno. Pasaron una semana en "cocktails" y discursos, en el Hotel O'Hig-gins, y lo único que vieron de agricultura fueron los maceteros que había a la entrada del hotel.

El señor GUMUCIO.-

Seré muy breve.

De las palabras del Honorable señor Ibáñez -Su Señoría me perdonará que lo diga- deduzco que no ha estudiado muy a fondo el proyecto de reforma agraria del Gobierno,...

El señor IBAÑEZ.-

O demasiado a fondo.

El señor GUMUCIO.-

. . .pues, por desgracia, todo su discurso, como otros que hemos escuchado en la Sala, ha sido sobre la base de calificar intenciones, de emitir juicios temerarios y de hacer presunciones gravísimas sobre las personas que Su Señoría cita. Llega hasta negar validez a las estadísticas internacionales, a restar valor técnico a una serie de organismos universalmente reconocidos por la veracidad de sus datos.

En el fondo, da la impresión de que el Honorable señor Ibañez nuevamente ha pronunciado un discurso apasionado, como siempre lo ha hecho, de tipo político, a fin de conseguir apoyo a lo que Su Señoría representa.

El señor IBAÑEZ.-

He citado las palabras textuales de los funcionarios.

El señor GUMUCIO.-

En cuanto a los funcionarios, Su Señoría ha hecho referencia al señor Jacques Chonchol, un hombre que por su capacidad técnica merece todo respeto.

El Honorable señor Ibáñez no ha hecho una cita textual de lo dicho por el señor Chonchol. Ha hecho resúmenes de cómo ha entendido Su Señoría los libros. Pero me perdonará que muchas veces dude, por la pasión que lo domina permanentemente, de la forma como entiende los libros que lee.

El señor IBAÑEZ.-

Las citas de mi discurso son textuales.

El señor GUMUCIO.-

Cuando se hacen citas, hay que hacerlas en forma completa y no reproducir partes aisladas.

Por ejemplo, me resisto a creer que el señor Chonchol esté patrocinando dictaduras. Puede ser que haya dicho que la reforma agraria se puede hacer tal vez en forma más fácil por gobiernos de fuerza que por uno democrático; pero sostener que ese funcionario sea partidario de una dictadura para realizar la reforma agraria, es muy distinto. Estoy seguro de que no puede haberlo dicho.

El señor IBAÑEZ.-

Categóricamente dejó como secundaria la alternativa democrática.

El señor GUMUCIO.-

Quisiera aclarar el concepto de Su Señoría -repetido a lo largo de su discurso, como ejemplo central de su argumentación- de que se persigue una finalidad política con la reforma agraria, y ha citado casos donde se ha hablado de distribución del poder. Su Señoría no comprende el significado de ese término.

El señor IBAÑEZ.-

Perfectamente.

El señor GUMUCIO.-

Cuando se habla de distribución del poder en un país como Chile, donde hay cerca de 3 millones de personas que viven en los campos con un nivel de vida muy bajo, una cultura nula y un analfabetismo casi absoluto, no quiere decir que esa gente, aunque vote en las elecciones, esté participando en el poder.

Participar en el poder significa tener valor en las decisiones de muchas materias y la posibilidad y el derecho de organización para tal efecto. Cuando se habla de distribuir el poder, significa elevar el nivel de vida y dar más educación y cultura al campesino para que efectivamente participe en la gestión pública. Ese es el verdadero sentido de la palabra.

El señor IBAÑEZ.-

Yo me referí a la transferencia del poder.

El señor GUMUCIO.-

La acepción de carácter partidista que Su Señoría da, en cuanto a que la Democracia Cristiana quisiera perpetuarse en el poder sobre la base de movilizar al campesinado, es una cosa muy limitada y pequeña, ajena totalmente a la distribución del poder.

El señor IBAÑEZ.-

¿Le parece poco lo ocurrido a Burgos?

El señor GUMUCIO.-

No estoy en condiciones de referirme a ese asunto, por no conocerlo; sin embargo, Su Señoría me da la impresión de que ha magnificado un hecho que posiblemente puede ser efectivo. La reforma agraria puede tener muchas dificultades, contener muchos errores y defectos e incluso puede dar lugar a injusticias, porque su proceso es muy difícil. Pero magnificar un caso para darlo como ejemplo típico de lo que será la reforma agraria, es muy sencillo, como asimismo lo es calificar cualquier iniciativa o proceso de cambio.

Citar un solo caso, respecto del cual no me pronuncio -puede haber sucedido lo afirmado por Su Señoría -es condenable. Al parecer el señor Senador trata de generalizar lo que pretende ser la bandera de lucha del Partido Nacional. Así como so habla de las viudas, de sus montepíos, casi llorando por esas, pobres víctimas, ahora, al señor Burgos se lo quiere elevar a la categoría de estandarte. Encuentro un poco exagerado el caso; de todas maneras lo investigaré. En este instante no estoy en situación de responder, pero estoy seguro de que si es efectivo el caso del señor Burgos, no le servirá como estandarte para defender una posición pasada de moda y totalmente reaccionaria.