Labor Parlamentaria

El señor MAURAS (Presidente accidental).-

Corresponde ocuparse en los informes de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los empleados y obreros del sector público.

En discusión.

En primer lugar, está inscrito el Honorable señor Luengo.

Su Señoría tiene la palabra por veinte minutos.

-El proyecto y el informe se insertan en los Anexos de las sesiones 28ª y 36ª, en 6 y 20 de diciembre de 1966, documentos Nºs 1 y 2, respectivamente.

El señor LUENGO.-

Debo empezar por manifestar que, en mi concepto, una buena práctica en la discusión de los proyectos de que conoce el Congreso, sobre todo cuando son de iniciativa del Ejecutivo, es que primero intervengan los Ministros. Pienso que ello contribuirá a que los debates sean más instructivos y a que se vayan fijando mejor los criterios con que se plantean los proyectos. Así, luego de una exposición sobre las líneas generales de la iniciativa, podría escucharse la opinión de los demás Senadores. En seguida, dado que el Ejecutivo, autor de este proyecto, tiene la preferencia reglamentaria para usar de la palabra, podría finalmente hacerse cargo de las observaciones formuladas por los Senadores.

A juicio de la Democracia Cristiana, éste no es el procedimiento más adecuado, y siempre ha preferido esperar que los Senadores que no pertenecen a sus filas opinen sobre un proyecto, para después hacerse cargo ellos de las observaciones formuladas.

Considero que un Gobierno que pretende ser de vanguardia en planteamientos que considera revolucionarios, en beneficio del pueblo, debería ser precisamente el primero en exponer su pensamiento en esta materia. En esta oportunidad no ha ocurrido así, como seguramente no sucederá en lo futuro, mientras permanezca en el Poder el actual Gobierno. Por lo tanto, nosotros no tenemos otro camino que iniciar las observaciones relativas a estos proyectos, que son de iniciativa del Ejecutivo.

Entramos a analizar el informe de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda recaído en el proyecto de reajuste de sueldos y salarios para el año 1967 a los sectores público y de las municipalidades.

Como el Senado habrá tenido oportunidad de imponerse por los informes por lo menos, el que dice relación al de la Gobierno, de la cual formo parte, mantuvimos el criterio de no formular indicaciones o en lo posible no pronunciarnos respecto de ellas en este primer informe debido a la brevedad del tiempo de que disponíamos para conocer las diversas disposiciones de esta iniciativa legal. Por estas mismas razones, los Senadores integrantes de la Comisión de Gobierno nos abstuvimos de presentarlas, pero nos reservamos el derecho de hacerlo en el segundo informe, en el debate del cual analizaremos en forma exhaustiva las diferentes materias que aborda el proyecto.

En el proyecto se propone un aumento de sueldos y salarios para el próximo año que, en promedio, según lo manifestó el señor Ministro de Hacienda, equivale a 15,1% de las remuneraciones vigentes en 1966. Sin embargo, este promedio de 15,1% está formado sobre la base de considerar los aumentos de los distintos grados y categorías de la escala que se propone para el próximo año. Y este porcentaje, que, por supuesto, no podrá ser satisfactorio para ningún empleado y obrero, quienes viven escasamente con sus sueldos y salarios, es muy superior en el caso de los funcionarios de categoría superior de la Administración Pública.

Debo decir que, fundamentalmente, este proyecto favorece a las categorías de la escala directiva profesional y técnica, en la cual hay funcionarios que reciben, prácticamente, un aumento sobre el ciento por ciento de sus actuales sueldos, En particular, podría señalar el caso de los vicepresidentes de cajas de previsión. Si bien es cierto que el reajuste superior al ciento por ciento no los favorece a todos por igual, ya que la escala única propuesta pretende uniformar las remuneraciones del sector público, debemos tener presente que hay vicepresidentes ejecutivos de las cajas de previsión o altos funcionarios de la Administración Pública que, además del sueldo base establecido en esa escala única, perciben algunas asignaciones especiales, como la de- estímulo y de otro tipo. Pero también hay empleados que no gozan de dichas asignaciones especiales. En la escala se nivelan los emolumentos de todos esos funcionarios. Como consecuencia de ello, aquellos sectores de la Administración Pública que tienen esas asignaciones resultan beneficiados con un aumento superior al ciento por ciento, como ya le manifestado. No ocurre lo mismo, sin embargo, en los grados inferiores de la escala de sueldos.

Quiero recalcar que aun desde el grado sexto y siguientes de la escala única propuesta por el Ejecutivo, los sueldos resultan muy exiguos para los cargos administrativos. Desde el grado 6° de la escala administrativa hacia abajo, todos los sueldos mensuales son inferiores a 500 escudos, remuneración que nadie puede considerar suficiente en este momento. Sin duda, los empleados que perciben tales sueldos y que constituyen la mayoría de funcionarios de la Administración Pública, viven en condiciones sumamente penosas. Desde luego, nadie puede imaginar que con esa renta mensual puedan vivir, con sus familias, en condiciones aceptables. Para qué hablar de los grados inferiores. El grado 17 de la Administración Pública, después de todos los beneficios correspondientes, queda con un sueldo de 364 escudos mensuales; es decir, un poco más que el vital que regirá para el próximo año.

Cuando en el mensaje del Ejecutivo y en la exposición del señor Ministro de Hacienda se habla de que el promedio de reajuste de los sueldos equivale a 15,1%, se cita una cifra que no corresponde en absoluto a la realidad: habrá funcionarios estatales que seguirán viviendo en pésimas condiciones y que no tendrán ningún aliciente en la dura labor que diariamente deben realizar.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

¿Dónde está el señor Ministro de Hacienda? Ya es el colmo de la falta de deferencia. Quedó de replicar al final de las observaciones de los señores Senadores y, sin embargo, se ausenta de la Sala. ¡ Parece juego de niños!

El señor LUENGO.-

Con relación a la observación del Honorable señor Corbalán, debo recordar que el señor Ministro dijo que no deseaba intervenir al comienzo, pues era su deseo responder a las observaciones de los Senadores al final del debate. Como se ha ausentado de la Sala, no comprendo cuáles serán las observaciones que el señor Ministro pueda recoger para contestarlas posteriormente.

El señor RODRIGUEZ.-

Irresponsabilidad de la Democracia Cristiana, que es característica.

El señor LUENGO.-

La actitud del señor Ministro demuestra la ninguna deferencia que el Ejecutivo tiene para con el Congreso. Es bueno que vayamos anotando estos hechos, porque estimo que en un momento determinado deberemos adoptar una resolución consecuente con tal actitud.

El señor MUSALEM.-

El señor Ministro fue llamado con urgencia desde su Ministerio, y está hablando por teléfono.

El señor LUENGO.-

Si no hubiera sido ese llamado, habría otro pretexto; y, de todas maneras, no estaría aquí.

El señor MUSALEM.-

Se equivoca Su Señoría, pues tiene todos sus papeles en la Sala.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Sólo tiene papeles... !

El señor LUENGO.-

En el mensaje con que el Ejecutivo envió este proyecto de ley, se dice que, desde 1964 a la fecha, los funcionarios de la Administración Pública han tenido un promedio de 33% de aumento en sus sueldos. Sin embargo, luego se agrega que en ese mayor gasto público por concepto del pago de sueldos y salarios debe considerarse los nuevos funcionarios designados en la Administración Pública. Al tomarlos en cuenta, según el mensaje, tal promedio debe rebajarse a 25%.

Es posible que tales cifras sean exactas, aunque a mí, personalmente, me merecen bastantes dudas.

Quiero señalar cuáles son las razones que me inducen a dudar de las cifras dadas por el señor Ministro. El año pasado, el Congreso Nacional prestó su aprobación a la ley que creó el Ministerio de la Vivienda. En esa oportunidad, el Ejecutivo solicitó facultad para fijar anualmente las plantas y sueldas de esa Secretaría de Estado, sin ningún tipo de limitaciones. Nosotros, con el deseo de cooperar -nadie podría dudarlo-, dijimos que no aceptábamos que el Ejecutivo quedara facultado para fijar anualmente esas plantas y sueldos, sin perjuicio de facultarlo para fijarlos por una sola vez. Agregamos, no obstante ello, que si ese Ministerio necesitaba aumentar el número de sus funcionarios y las razones para hacerlo eran convincentes, el Congreso, y particularmente el Senado, no se negarían a ampliarlo. Después de muchas conversaciones celebradas en forma pública con el señor Ministro en la Sala, aceptamos otorgar esa facultad al Ejecutivo por dos años. Pues bien, a pesar.de que hace apenas un año que se creó ese Ministerio, tiene a la fecha, según se nos informó en la Comisión de Gobierno, cerca de tres mil funcionarios, todos los cuales, por supuesto, gozan de sueldos superiores a los fijados en la escala única para el grado 17 de la Administración Pública, equivalente a 364 escudos al mes. Entiendo que los funcionarios de los grados más bajos de ese Ministerio perciben sueldos superiores a mil escudos. Desde luego, los técnicos y profesionales gozan de remuneraciones aún mayores.

El mayor aumento de los gastos públicos por concepto de pago de sueldos y salarios debe considerar, sin duda, las rentas de estos nuevos funcionarios nombrados en la Administración Pública, y tomar en cuenta, además, que muchos otros servicios, no sólo han estado designando funcionarios, sino también contratando personal a honorarios, en número que todavía no hemos logrado conocer.

El hecho que comento podría ser aceptable si comprobáramos en el Ejecutivo el deseo de resolver los problemas que afectan a los servidores del Estado que desde hace muchos años, han estado entregando sus esfuerzos, salud y capacidad al servicio de la comunidad. En este sentido, quiero referirme, en forma especial, al personal del Servicio Nacional de Salud, que mantiene un conflicto gremial. No obstante todas las declaraciones .oficiales que se hagan en contra, no podemos dejar de reconocer que se trata de una huelga integral, pues la mayor parte de los funcionarios -por no decir la totalidad y para dejar un margen de duda- ha adherido al movimiento. Incluso, la huelga ha sido apoyada por el sector de médicos funcionarios acogido a la ley 15.076, que fijó el estatuto del médico funcionario, porque ellos también están conscientes de que esos funcionarios subalternos no pueden continuar en la desmedrada situación en que actualmente se encuentran ante los demás sectores de la Administración Pública.

Dichos servidores han aceptado una gestión iniciada por nuestro Honorable colega el señor Allende, en el sentido de que sus sueldos se reajusten hasta el 90% de la escala única propuesta en la iniciativa legal en debate; vale decir, ni siquiera lograrían alcanzar rentas como las establecidas en esa escala única presentada por el Ejecutivo como una panacea. Pero el Gobierno no aceptó la proposición, y mantiene tercamente su negativa, aun cuando -como dije denantes- el grado 17 ó 12, según dicen, sería el más bajo en la escala de remuneraciones para el Servicio Nacional de Salud, y la renta correspondiente, de 386 escudos. De acuerdo con el reajuste mencionado, el sueldo mínimo para ese servicio sería de 407 escudos. O sea, ni siquiera con la solución propuesta podría decirse que el personal del Servicio Nacional de Salud quedará en situación de sufragar los gastos elementales que demanda una familia.

El señor GUMUCIO.-

¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?

El señor LUENGO.-

Tendría mucho gusto en hacerlo, Honorable colega; pero sólo dispongo de escasos minutos más. En verdad, todos quienes intervenimos en el debate, nos .veremos restringidos por el tiempo.

Estamos conscientes de la necesidad de que el proyecto en discusión sea despachado cuanto antes. El respectivo acuerdo de los Comités señala que debemos votar hoy mismo, aunque ya nadie sabe lo que pueda ocurrir en el momento de la votación.

Sin embargo, deseo señalar que en esta iniciativa de ley no sólo se legisla, por iniciativa del Ejecutivo, sobre reajustes de sueldos y salarios para los empleados públicos y los municipales, sino que se incluyen también otras disposiciones que, sin duda, no son atinentes a la idea central del proyecto. Hay numerosas disposiciones consistentes en otorgar facultades al Ejecutivo para reorganizar servicios públicos. En la Comisión rechazamos dichos preceptos, y ojalá el Congreso adopte, en definitiva, igual temperamento. Hemos sido contrarios -y seguiremos siéndolo- a la idea de entregar facultades al Ejecutivo para reorganizar servicios según su leal saber y entender.

Considero que los .proyectos sobre reajustes deberían tener una tramitación mucho más rápida, y ello se obtendría si el Gobierno se limitara a proponer las disposiciones que realmente corresponden a tales materias. No ha ocurrido así, por lo que la intromisión de disposiciones que no dicen relación directa a reajustes de sueldos y salarios, demorará la tramitación del proyecto.

Como no deseo excederme en mi tiempo, me limitaré a decir que, a nuestro juicio, el proyecto en debate adolece de varios defectos, que trataremos de subsanar en el segundo informe.

Comprendemos perfectamente que los parlamentarios, por disposición constitucional, carecemos de facultades para aumentar gastos públicos. En consecuencia, no estamos en condiciones de acordar un reajuste superior al que propone el Ejecutivo para los sueldos y salarios de la Administración Pública y de las municipalidades. Estamos conscientes de esta limitación constitucional que constriñe nuestra iniciativa. Por eso, y exclusivamente por esa razón, daremos nuestro voto favorable a la idea de legislar.

Deploro no disponer del tiempo suficiente para examinar ciertas disposiciones del proyecto, particularmente las relativas a los beneficios provisionales, y anuncio el voto favorable a la aprobación del proyecto, en general, tanto de mi parte como del Honorable señor Barros.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Señor Presidente, el Senado inicia la discusión del proyecto sobre reajustes de remuneraciones para 1967 en los mismos momentos en que el Gobierno deja al descubierto su propósito de imponer por la violencia su política reaccionaria, desencadena la represión contra los personales en huelga y encarcela a sus dirigentes, y surgen graves amenazas contra las libertades democráticas.

La "mano dura".

En vez de buscar soluciones sensatas y convenientes a los conflictos que el proyecto ha suscitado, el Gobierno agrava la situación con su política llamada de la "mano dura", que ya dio trágicos resultados, como ocurrió en la masacre de la mina El Salvador. En cambio, no la aplica contra los monopolios, contra los especuladores y acaparadores, que impunemente encarecen la vida y someten a los sectores del trabajo a las mayores privaciones.

La resistencia a la política de remuneraciones que se trata de imponer está plenamente justificada, y, por eso, va recibiendo la solidaridad más amplia de otros sectores, ya que esa política afecta en forma profunda no sólo a los obreros y empleados del sector público, sino también a los del sector privado y a todos los que viven de su trabajo.

La intransigencia y obcecación del Gobierno atentan, pues, contra los intereses de la inmensa mayoría de la nación y favorecen los propósitos, abiertos u ocultos, de los grupos más reaccionarios, que no pierden la esperanza de recuperar el poder político.

Las peticiones de los trabajadores no son exageradas ni insólitas. Tienden legítimamente a la defensa de su nivel de vida, pues el proyecto ni siquiera les devuelve el poder adquisitivo perdido a causa de la ola inflacionaria, que no se ha detenido.

Son falsas las imputaciones que se hacen a los trabajadores de perseguir propósitos torcidos. Las calumnias e infamias lanzadas contra los trabajadores de la Salud y de la APEUCH pretenden tan sólo engañar a la opinión pública, para que respalde como bueno un proyecto substancialmente malo.

Los objetivos perseguidos con la campaña de ataques contra los trabajadores aparecen claramente en el editorial de "El Mercurio" de hoy, diario que, como se sabe, es vocero de la Embajada norteamericana y consejero del Gobierno Demócrata Cristiano.

Dicho diario, con la audacia que lo caracteriza, sostiene que la lucha contra el reajuste es de carácter subversivo, revolucionario y tiende a "poner en jaque al régimen jurídico y al Gobierno".

Esas expresiones están calculadas para azuzar a las fuerzas reaccionarias que hay dentro y fuera del Gobierno, y para desplegar a todo vapor la agresión, tanto contra los trabajadores en huelga como contra todo el movimiento obrero y popular.

Hay que destacar que los trabajadores han demostrado bastante paciencia al esperar durante dos años que el Gobierno pusiera en marcha los cambios de estructura prometidos. En vez de esto, abandona hasta sus más tímidos arrestos reformistas, de que hizo gala en un comienzo, deslizándose más y más por el camino continuista y antipopular.

La crisis económica.

Los hechos están convenciendo al pal» de que el Gobierno no se propone afrontar la crisis que agobia a la nación y que tan profundamente daña a los obreros, campesinos y capas sociales medias..

El economista Jorge Ahumada, en su libro "La crisis integral de Chile", dice:

"El juicio de si el país está o no en una situación de crisis económica se puede hacer recurriendo al examen de cuatro elementos que son: velocidad del desarrollo económico, estabilidad monetaria, distribución del ingreso y dependencia financiera internacional."

¿En qué medida las resoluciones adoptadas por el Gobierno, en el curso de dos años, arrojan un saldo positivo desde el punto de vista de este criterio, sustentado por quien fue uno de los más connotados ideólogos del Partido Demócrata Cristiano?

Desarrollo económico.

El índice de 7,3% de desarrollo económico logrado -según el Ministro de Hacienda- durante el año actual, no refleja ninguna modificación en la estructura económica del país. Obedece, ante todo, como lo ha reconocido el Ministro señor Molina, a factores externos singularmente favorables; en especial, al alza del precio del cobre en el mercado internacional.

Además, ya antes el país ha conocido niveles iguales y aún superiores, como en los años 1948 y 1962 (13% y 1%), que los se mantuvieron, sino que se derrumbaron, al cambiar las circunstancias exteriores. Lo que importa es que el desarrollo sea constante, sostenido y no intermitente.

Es evidente que el crecimiento de que alardea el Gobierno no descansa sobre una base sólida, a tal punto de que el propio señor Molina ha anunciado que descenderá, en 1267, en 29%.

Por lo demás, el desarrollo económico no es un concepto abstracto, indiferente para las clases sociales. El desarrollo en un régimen capitalista significa alza de la plusvalía, reforzamiento de los monopolios y mayor incremento dé sus ganancias, y representa más miseria y privaciones para los trabajadores.

Devaluación monetaria.

En lo que respecta a la estabilidad monetaria, baste decir que durante la Administración actual ha producido la devaluación del escudo mes a mes. En efecto, en noviembre de 1964, el Gobierno recibió el escudo a razón de dos y medio por cada dólar. A los 25 meses, se necesitan -4 escudos 30 centésimos para comprar un dólar; o sea, en dos años se ha elevado su cotización en 72%. Esta mayor cotización "estimula el proceso inflacionario y permite a las empresas norteamericanas del cobre, salitre y hierro, pagar con menos dólares sus costos de producción en Chile, guardándose un porcentaje mayor del precio de sus productos.

Solicito, señor Presidente, se sirva consultar a la Sala para insertar, en esta parte de mí discurso, un documento del Banco Central relativo a la cotización del dólar a que me acabo de referir.

El señor MAURAS (Presidente accidental).-

COTIZACIÓN DEL DOLAR

Si le parece a la Sala, se acordaría la inserción solicitada por el señor Senador.

Acordada.

-El documento, cuya inserción se acordó, es del siguiente tenor:

Nota; Para dólar "contado" Banco Central es igual comprador y vendedor. El dólar en el mercado de corredores está aproximadamente a Eº 0,60 ($ 600) sobre el del Banco Central.

Fuente. - Boletines Banco Central y Síntesis Estadística de la D.G.E. y C

Progresiva distribución del ingreso.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

En lo referente a la distribución del ingreso nacional, el señor Molina ha manifestado que la participación de los asalariados habría subido de 43,8%, en 1964, a 47,6%, en 1965. Esta fluctuación no invalida el hecho de que más de las cuatro quintas partes de la población activa recibe menos del. 50% del ingreso, mientras el quinto restante -capitalistas, terratenientes y patrones, en general- percibe más del 50%, distribución regresiva que no ha sido modificada substancialmente.

Señor Presidente, solicito insertar algunos documentos del Banco Central en esta parte de mi intervención.

El señor MAURAS (Presidente accidental).-

Recabo el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del Honorable señor Contreras Labarca.

Acordado.

Los documentos cuya inserción se acordó, son del tenor siguiente:

UTILIDADES, CAPITALES Y RESERVAS DE SOCIEDADES ANONIMAS

UTILIDADES LIQUIDAS,PORCENTAJE DE UTILIDADES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS EN BOLSA

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Además, hay que tener en cuenta que la productividad de los obreros de la industria, según datos de la Sociedad de Fomento Fabril, aumentó en 16% entre 1964 y el primer semestre de 1966. Esto quiere decir que los trabajadores organizados, gracias a sus luchas, habrían conseguido mejorar sus ingresos y arrebatar a los patrones una parte de sus superganancias.

Dependencia, del exterior.

En cuanto a la dependencia del exterior, ¿quién podría afirmar que ha disminuido?

El financiamiento del gasto fiscal con recursos externos fue de 453 millones de escudos como promedio entre los años 1962-1964, y durante los años 1965-1966, de 552,8 millones.

En la cuenta de capitales de la balanza de pagos, se indica que la entrada de capitales extranjeros al país fue de 384,8 millones de dólares en 1964; de 418,7 millones en 1965; de 456,2 millones en 1966 y se prevé un ingreso del orden de los 460,5 millones en 1967.

Las remesas al exterior por utilidades e intereses, fueron de 103 millones de dólares en 1964; 118,3 millones en 1965, y 149,4 en 1966. Para el año próximo, se anuncian remesas que alcanzarán a 190,2 millones, cifra a la cual podrían agregarse los 100 millones de dólares que se deberá destinar para el pago de amortizaciones, con un total de casi 800 millones de dólares en un año, remitidos al exterior, principalmente a EE. UU.

La dependencia no se limita, claro está, a las meras relaciones financieras. Es necesario tener en cuenta otros hechos. Por ejemplo, en 40 años las compañías norteamericanas del cobre se llevaron 4 mil millones de dólares; en los 20 años de duración de los convenios, se llevarán otros 4 mil millones. La tributación que pagan esas empresas aumentará durante esos 20 años en sólo 17,7%, pero sus utilidades se elevarán en 85%.

La soberanía del país se ve comprometida por esta dependencia económica y agravada por la tutoría omnipotente del Fondo Monetario Internacional, organismo que prácticamente decide nuestra política económica y transforma, muchas veces, a los Ministros de Hacienda en simples altavoces de sus planteamientos. La ingerencia del Fondo Monetario Internacional es tan insolente y llega a tales extremos en los países de América latina, que un Gobierno ultra reaccionario, como el, de Colombia, ha debido protestar públicamente hace pocos días contra sus imposiciones.

Los elementos de la crisis enumerados por el señor Ahumada se mantienen, pues, intactos. Y es indudable también que el Gobierno, que se autocalifica de revolucionario, en dos años" de gestión no ha afectado las causas profundas de ella ni ha llevado a cabo transformaciones de estructura.

Pauperización de las masas.

Falta por examinar otra de las manifestaciones más elocuente de la crisis: la pauperización de las masas.

Los trabajadores en Chile laboran cada día más y viven cada día peor.

Más de la mitad de los obreros trabajan entre 9 y 12 horas diarias. Más o menos 50% de los trabajadores gana menos del sueldo vital. La inmensa mayoría de la población está- subalimentada. El promedio de calorías por persona es de 2.200 al día, apenas 310 más que la India, país afectado por hambre crónica sus familias alcanzan a más de 750 mil personas.

Señor Presidente, ruego pedir el asentimiento de la Sala para insertar tres cuadros relacionados con mi exposición.

-Así se acuerda.

-Los cuadros cuya inserción se acordó son del tenor siguiente:

FUERZA DE TRABAJO, CESANTIA Y JORNADA DE TRABAJO

Jornada, diaria de obreros del Gran Santiago.

8 a 8 1/2 horas.....................  23,0%

9 a 9 1/2 horas.....................  25,1%

12 horas y más......................  24,0%

FUENTE: "La Utilización del tiempo libre por los obreros del Gran Santiago". Patricio Tschorne y Gaby Mlynas. 1965.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Los salarios y sueldos mínimos se han deteriorado hasta el extremo de que ni siquiera se acercan a los objetivos para los cuales fueron establecidos.

Es conocida la información del Servicio Nacional de Salud según la cual la dieta mínima de alimentación cuesta mensualmente E° 250. Como durante el año 1966 el salario mínimo industrial ha sido de E° 123, resulta que miles de trabajadores padecen hambre. Y lo mismo ocurre con decenas de miles de empleados y empleadas que escasamente ganan un sueldo vital; o sea, la cantidad que necesitan ahora para alimentarse en forma mínima.

Esta realidad dramática hace recordar lo que escribía en 1933 el actual Presidente de la República en su tesis para recibirse de abogado:

"el derecho a un salario vital que implica el derecho de subsistir, no importa sólo el hecho de vivir, de existir animalmente, sino de existir racionalmente, es decir, conforme a la naturaleza humana. El hombre no sólo tiene necesidades fisiológicas sino intelectuales y morales. El hombre necesita vivir decorosamente, necesita trajes, alimentos, habitación. Eso no necesita probarse, es evidente por sí mismo."

Proyecto mezquino. El proyecto que discutimos es peor que los anteriormente presentados por el actual Gobierno. No soluciona en ningún grado la situación de miseria y estrechez de los trabajadores; no significa un mejoramiento real para ellos; por lo contrario, los perjudica gravemente. No corresponde al criterio expresado durante la campaña presidencial de que "poco importan las cifras, pues donde más se nota el valor de los sueldos y salarios es en el propio bolso de las dueñas de casa".

No es extraño, entonces, que hasta el momento ningún gremio haya expresado su apoyo a esta iniciativa de ley. En cambio, lo repudian y algunos expresan su abierta resistencia, como los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, los médicos y los funcionarios de la APEUCH.

La ley de reajustes de 1966 estableció normas para el control de los precios, las que fueron violadas por el Gobierno, desafiando los reparos de la Contraloría General de la República. En cambio, el proyecto actual no contiene ninguna disposición a este respecto.

Los trabajadores del Estado no pueden aceptar el reajuste de 15%, pues no alcanza a devolver el poder adquisitivo perdido durante el año en curso y es rebajado por descuentos y aumentos de impuestos.

Rogaría al señor Presidente pedir el asentimiento de la Sala para insertar en esta parte de mi discurso un memorándum de la ANEF.

-Así se acuerda.

-El memorándum cuya inserción se acordó es del tenor siguiente:

Memorándum entregado al Ministro de Hacienda con fecha 5 de noviembre, exponiendo la posición de ANEF frente a la Escala Única y al reajuste para 1967.

Señor Ministro:

Nos- permitimos consignar ante US. los puntos de vista de ANEF frente a los estudios que, sobre remuneraciones del sector fiscal, ha realizado la Comisión Gobierno-ANEF.

1.- Según lo conversado en la reunión constitutiva, la primera fase de los estudios se ha circunscrito al problema de la consolidación de las remuneraciones que actualmente percibe la mayoría del sector que representamos.

2.- Se ha efectuado un análisis circunstanciado de los diversos tipos de remuneraciones que actualmente se pagan en el sector de Gobierno Central, concluyéndose:

a) La gran mayoría de los Servicios se paga conforme al sistema del D.F.L. 40, de 1959;

b) Se exceptúan de este sistema los personales del Ministerio de Obras Públicas, de la Sindicatura General de Quiebras y posiblemente los del Ministerio de Agricultura, para quienes está en estudio un reajuste nivelatorio a las rentas que se pagan en CORA e INDAP. Por tanto, estas reparticiones se entenderían marginadas del régimen de remuneraciones estudiado por la Comisión;

c) Se considerarían incorporados a este sistema los personales de servicio de Educación y no así los administrativos de dicho Ministerio, que serían adscritos al régimen que se fije para el Magisterio;

d) La escala misma del D.F.L. 40, aparece distorsionada como consecuencia del reajuste discriminatorio de la Ley 16.464, de modo que en determinados casos existen diferentes remuneraciones imponibles para iguales categorías;

e) Es así como las rentas de los grados y categorías del D.F.L. 40, en sus dos plantas, aparecen con un reajuste general de 15 % aplicado sobre las sumas imponibles al 31 de diciembre de 1965;

f) Este 15% se adiciona con un 10% para las remuneraciones inferiores a tres vitales del año 1965, adicional que decrece gradualmente para las remuneraciones comprendidas entre tres y cinco vitales, haciéndose nulo para las rentas superiores;

g) Existe en el sector del D.F.L. 40 la asignación uniforme de E"? 11, fijada por la ley N^ 14.688;

h) La gran mayoría de los personales^ de las plantas Directivas, Profesionales y Técnicas (5.378 sobre 6.493 empleados) perciben una asignación especial de 50% sobre sus remuneraciones imponibles. Quedan por tanto 1.115 empleados de dichas plantas que no perciben este beneficio;

i) Unos pocos funcionarios del Servicio de Minas del Estado y de la Dirección de Servicios Eléctricos y Gas, adscritos a las Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas, perciben una asignación de estímulo de hasta 98% ;

j) El personal de Crédito Prendario percibe por Ley N? 15.57'5, una participación de utilidades de hasta 25% ;

I) El personal de la Planta Administrativa de Correos y Telégrafos percibe una asignación adicional de E° 40;

II) La Ley 16.464 estableció una remuneración adicional para las 6a y 5a categorías de las escalas administrativas de los Servicios postergados, sistema al que se han incorporado posteriormente la mayoría de los Servicios. Estas sumas adicionales son actualmente de E° 93.43 para la 5^ categoría y E° 37.80 para la 6° categoría;

m) Según Ley 16.250 todos los grados de rentas inferiores al vital de 1966 se adicionan con la diferencia correspondiente;

n) Existen otros tipos de remuneraciones especiales para determinados funcionarios que no fue posible considerar para los efectos de los estudios anotados;

ñ) Según cuadro anexo, la mayoría de los personales de nuestro Sector está percibiendo remuneraciones por horas extraordinarias en cantidad superior a 60 horas al mes. Los Servicios que pagaban menos de 60 horas han suplementado los-ítem correspondientes, de modo que actualmente sólo muy pocos están percibiendo menos de esa cantidad. Esta pre- nivelación de las horas extraordinarias que el primer problema a que se abocó la Comisión y ha sido solucionado en gran parte, con el concurso de la señora Victoria Arellano, y

o) El sistema de pago de jornales es muy irregular y absolutamente distorsionado y no fue posible analizarlo en profundidad a causa de la falta de informaciones.

3.- Según los estudios anteriores, se estimó que los personales están percibiendo un promedio de 60 horas extraordinarias mensuales, lo que representa un 42,8% calculado sobre sus remuneraciones imponibles.

4.- Se estimó asimismo que, para los efectos de una consolidación de las rentas, debe entenderse extensiva a todos los personales de las Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas la asignación especial o de estímulo existente en la gran mayoría de los Servicios.

5.- De igual modo se estimó que las asignaciones especiales de la Ley 13.464 y sus modificaciones posteriores, deben entenderse, para los mismos fines, incorporadas a todos los empleados que perciban rentas de 6º y 5º categorías de la Planta Administrativa.

6.- Para los fines de uniformidad de las rentas consolidadas, se estimó que los imponibles adicionales de la Planta Directiva, Profesional y Técnica deben ser los mismos para cada grado o categoría.

7.- Las estimaciones o supuestos anotados han permitido confeccionar una escala de remuneraciones consolidadas en la que se indican separadamente los diversos rubros que componen la renta final, con indicación del porcentaje que en cada grado o categoría representan las sumas imponibles. Se acompaña cuadro anexo.

8.- Para la determinación del rubro jornales se tuvo en cuenta lo indicado en la letra o) del N° 2, estimándose que debe disponerse el establecimiento de una planta de jornales cuyo mínimo sea el correspondiente al grado 17° de la Escala Administrativa propuesta y cuyo máximo sea el más alto que actualmente se paga por dicho concepto.

9.- La Escala de la Planta Administrativa consulta en los grados 10° al 17°, una columna con las cantidades que corresponden a las diferencias de vital. De este modo, el último grado aparece con un total equivalente al vital de 1966 más el 42,8% correspondiente a las 60 horas mensuales de promedio.

10.- El punto de vista de ANEF frente a las conclusiones de la Comisión, es:

a) Nos parece positivo y aceptamos el criterio de establecer una escala consolidada de remuneraciones, en la forma que indica el cuadro anexo;

b) Estamos, asimismo, de acuerdo en que se establezca una Planta de Jornales, según lo anotado en el N° 8 de esta presentación;

c) Sostenemos que las rentas que aparecen en la columna de totales deben ser las que en definitiva se fijen como sueldo imponible para todos los efectos legales;

d) Sobre dichos totales imponibles debe aplicarse un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza efectiva que experimenten los medios de vida en el año 1966, y

11.- La señora Victoria Arellano estima que:

a) No podrían ser variados los porcentajes teóricos imponibles consignados en el cuadro anexo, especialmente por la incidencia que tienen en el sistema de jubilaciones reajustables o perseguidoras.

b) No podría incorporarse desde enero de 1967 al sistema de 50% de asignación de estímulo a los funcionarios de las Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas que actualmente no perciben esta asignación, por ser su costo superior a E9 7.800.000 al año.

12.- Frente a estas objeciones, se consideraron las siguientes variables:

a) Sobre las cantidades no imponibles se cubriría por los empleados el porcentaje de 4% que corresponde al aporte estatal, aparte del 10% que corresponde al empleado.

b) Los derechos previsionales sobre las nuevas cantidades imponibles sólo podrían ser ejercidos después de transcurridos seis meses o un año de aplicación del sistema, esto es, a partir de julio de 1967 o de enero de 1968.

En consecuencia:

Pedimos se acoja por el Supremo Gobierno el sistema de remuneraciones indicado en el cuadro anexo, en el entendido que éstas serán imponibles para todos los efectos legales y sobre ellas se aplicará el reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida del año 1966, y se disponga el establecimiento de una planta o escala de jornales cuya renta mínima sea de E° 332.- y la máxima sea equivalente a la más alta que actualmente se paga por dicho concepto.

Sólo se entenderán derogadas aquellas disposiciones que tengan relación con las remuneraciones, bonificaciones u otros sistemas de pago que se encuentren expresamente incorporados a la Escala Única Consolidada.

Las diferencias de mayor renta o remuneración que tuvieren algunos Servicios o Sectores de sus Plantas, concedidas por leyes anteriores, se entenderán vigentes y se pagarán a los beneficiarios por planilla suplementaria o en la forma que la ley que las originó determine.

Una vez resuelto por el Gobierno este problema, la Comisión estudiará lo relacionado con las otras cuestiones planteadas, que son:

a) Asignación familiar;

b) Decimotercer mes de remuneraciones;

c) Plan Habitacional para el sector fiscal;

d) Medicina Curativa;

e) Cooperativas del Empleado Fiscal.

Saludamos a US. muy atentamente. Tucapel Jiménez Alfaro, Presidente.- Alvaro Villamandos Espinosa, Secretario General.- Rigoberto Muñoz Sazo, Director.- Olga Cortés Riffo, Directora. -Bayardo González C., Director.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

La alegación del Ejecutivo de que carece de recursos para aumentar ese porcentaje no resiste el menor análisis, ya que se derrochan los dineros fiscales en gastos innecesarios, en sueldos excesivos para asesores y contratados, en bonificaciones a empresas capitalistas poderosas, en subvenciones escandalosas, en propaganda abusiva, etcétera.

Tampoco pueden aceptar el artículo 40 del proyecto de la Cámara, que atenta contra sus derechos previsionales al declarar no imponible el 40% del sueldo de la escala Directiva, Profesional y Técnica y el 30% de la escala Administrativa. Aun cuando la Comisión del Senado lo rechazó, la amenaza continúa vigente.

El sector privado.

Otra de las iniquidades del proyecto consiste en que no señala ningún reajuste para los obreros y empleados del sector privado, a quienes deja entregados a los acuerdos a que pudieren llegar con los patrones. Los sindicatos poderosos -que constituyen la minoría, desgraciadamente- podrán obtener, en el mejor de los casos, reajustes iguales al porcentaje oficial, y para conseguir un porcentaje superior deberán derribar esa barrera y obligar a los patrones a imputarlo a sus utilidades.

Los sindicatos más débiles y los trabajadores no organizados -que constituyen la mayoría- se encontrarán en una situación de inferioridad ante el despotismo y la codicia de los patrones, que en muchos casos impondrán reajustes inferiores o negarán todo mejoramiento.

Con el propósito de poner obstáculos a los trabajadores' y favorecer a los patrones, el Gobierno lleva su política antisindical a extremos inaceptables.

Además, el proyecto confiere derecho a voto al Presidente de la Junta de Conciliación, quien, indudablemente, como funcionario del Gobierno, hará causa común con los patrones en el propósito de frenar los aumentos de sueldos y salarios, de acuerdo con el programa de estabilización proclamado por el Presidente Presidente.

Por otra parte, el Ejecutivo propuso en un Mensaje el mantenimiento del arbitraje obligatorio y la reanudación de faenas, limitando la duración de la huelga a 15 días.

Aun cuando estas disposiciones violatorias de conquistas y derechos esenciales ganados por la clase obrera merced a sus luchas fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, ellas muestran el propósito antiobrero del Gobierno, que, no contento con auspiciar el paralelismo sindical, pretende conculcar toda forma, de reinvindicación de los trabajadores.

Financiamiento reaccionario.

El financiamiento del proyecto es también profundamente reaccionario y afecta no solamente a los obreros y empleados de los sectores público y privado, sino también a todos los que viven de su trabajo, a las personas modestas. Se funda, básicamente, en el aumento de los impuestos indirectos; pero aumenta, también, el impuesto sobre la renta.

En efecto, eleva de 6% a 7% la tasa del impuesto de compraventas y cifra de negocios, lo que significará arrebatar de los bolsillos de los consumidores la suma de 180 millones de escudos cada año. Eleva, asimismo, el impuesto que grava diversos documentos emitidos por el Registro Civil.

El Gobierno quita con una mano lo que aparenta dar con la otra. El Presidente hablaba hace algunos meses de que había "fatiga tributaria". Ahora se ve claro que lo decía pensando en los ricos, ya que considera que los pobres pueden seguir soportando más y más impuestos.

El actual Ministro de Hacienda, en 1964, en plena campaña presidencial, escribía en la revista "Mensaje" que consideraba necesario reestructurar el sistema impositivo a fin de que 65% de los impuestos fuesen directos y el 35% restante, indirectos. El proyecto eleva el porcentaje de los indirectos, de 69,9% que es en la actualidad, a 70%.

En consecuencia, lo que el Gobierno propone es el agravamiento del carácter regresivo del actual sistema tributario, con el fin de disminuir sueldos, salarios, pensiones y rentas modestas, restringiendo la capacidad de consumo de las masas, lo cual es un crimen. Los impuestos indirectos constituyen un atentado contra los trabajadores, campesinos, capas medias, pequeños y medianos comerciantes, e industriales, artesanos, etcétera.

Lenin decía, con razón:

La tributación indirecta que recae sobre los artículos de consumo de las masas se distingue por su enorme injusticia. Todo su peso recae sobre los pobres, creando un privilegio a favor de los ricos. Cuando más pobre es una persona, mayor es la proporción de sus ingresos que entrega al Estado bajo la forma de impuestos indirectos. La masa modesta y desposeída representa las nueve décimas partes de la población, consume las nueve décimas partes de los artículos gravados y paga las nueve décimas partes de los impuestos indirectos."

Se ha querido presentar al proyecto como una herramienta en la lucha anti- inflacionista. Esto no es efectivo, ya que no son los sueldos y salarios los culpables de la inflación. Es falso, también, que un mejoramiento de 1% en las remuneraciones pudiera significar un aumento igual en el precio de venta de los productos. Basta tener en cuenta que tan solo el 16% del precio total del producto está constituido por "la remuneración del trabajo, lo que de inmediato indica que la influencia tendría que ser necesariamente mucho menor. Y lo más importante es que se pueden aumentar sueldos y salarios sin que suban los precios, disminuyendo las utilidades de los empresarios, reduciendo süs ganancias, haciéndolos alguna vez contribuir siquiera al mejoramiento de sus trabajadores.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Los comunistas planteamos que se requiere una política diferente. En vez de la congelación de sueldos y salarios, que se ponga término a las alzas de la cotización del dólar y se estabilice la moneda, a la vez que se adopten medidas efectivas de control de costos, reducción de las utilidades de los monopolios y prohibición de nuevas alzas especulativas de los precios de las mercaderías de primera necesidad y dé las tarifas de los servicios públicos. Nos oponemos al aumento de los impuestos de compraventa y demás contribuciones indirectas y proponemos financiar al Estado derogando las franquicias tributarias. Reclamamos- que se apresure la Reforma Agraria, que se dé paso rápidamente a la reforma bancaria y se pongan en marcha nuevas industrias nacionales sin entregarlas al capital extranjero. Exigimos que los mayores recursos del cobre beneficien al Estado y no a las compañías imperialistas.

Para obtener medidas de esta especie, es necesaria la movilización de los más amplios sectores interesados en el progreso del país. El Partido Comunista llama, en primer término, a los trabajadores del sector público a formar un solo bloque para la defensa de sus reivindicaciones; y al conjunto de los obreros y empleados, a apoyar la plataforma de la Central Unica de Trabajadores y a unificar sus luchas mediante pliegos únicos por ramas industriales.

He dicho.

El señor ALLENDE.-

Señor Presidente, lamento sobremanera que este proyecto vaya a ser discutido en la Sala en circunstancias de que cada Comité tendrá tan solo 20 minutos para expresar su pensamiento. Ello contrasta con las 10 ó 12 horas en que se discutió el proyecto relacionado con la Compañía de Acero del Pacífico, que fue retirado en forma tan descortés, tan contraria a las normas y tan atropelladora del fuero del Senado, minutos antes de la votación.

El proyecto en debate creaba la oportunidad para enjuiciar seria, serena y claramente toda una política del Ejecutivo en su aspecto económico y en cuanto al desarrollo y orientación social del país- No lo podremos hacer. Y es lamentable. Sólo tendremos que circunscribirnos a observaciones limitadísimas. Pero, de todas maneras, procuraremos, dentro de la exigüidad del tiempo de que disponemos, fijar algunos conceptos con relación al proyecto.

En realidad, esta iniciativa significa lo que son la Democracia Cristiana y su orientación económica y social. Este es un proyecto esencialmente característico de un régimen capitalista. No "hay aquí un solo concepto revolucionario, ni una medida o concepción que entronque con lo que habitualmente se propala y que la realidad de los hechos desmiente. Por eso, debemos destacar, en esencia, que este proyecto refleja lo que es en sí la posición de la Democracia Cristiana, cuya doctrina económica y social está fundamentalmente vinculada- a las relaciones políticas y económicas con el país poderoso y hegemónico que impone sus puntos d-a vista: el imperialismo norteamericano.

Si hay algo que destacar, es que mientras a los chilenos, en el campo de la industria, el comercio, la agricultura, se les trata algunas veces con vara dura, como se ha dicho hasta la saciedad, se otorgarn al capital foráneo máximas ventajas, expresadas en los convenios (del «obre y en el que se retiró, en forma tan presurosa, esta mañana, y que decía relación a la CAP.

Otro hecho que cabe destacar, es la sujeción inmisericorde a los dictados del Fondo Monetario Internacional. En efecto, este Gobierno ha suscrito un formulario, idéntico -no hay otro término para catalogarlo- al que suscribió el Gobierno anterior, de Derecha, reaccionario: la llamada Carta de Adhesión, de un cartabón similar al que suscriben todos los países que requieren la comprensión y ayuda de dicho Fondo. Y, como lo expresó el Honorable señor Contreras Labarca, se imponen exigencias tan descaradas que un país y un gobernante, Colombia y Lleras Restrepo, se han visto obligados a rechazar; y son las mismas las que Chile, dócilmente, ha acatado desde hace ocho ó diez años, a pesar de la protesta y denuncia nuestras.

Señor Presidente, esto es lo que nosotros señalamos: la falta de un sentido nacional, de una planificación al servicio de Chile; la desconfianza en la fuerza creadora del pueblo; el olvido de la realidad de nuestro país, es similar a la del resto de los países latinoamericanos: país exportador de materias primas, que vendé barato y compra caro.

Los estudios de la CEPAL, las conclusiones de técnicos que no tienen domicilio político y sí gran prestigio internacional, sostienen que la brecha comercial será cada día más profunda y ancha entre los países cuya capacidad de importación, como la nuestra, disminuya con relación a la baja de los precios de exportación. Ello, porque compramos caro y vendemos barato, y porque nuestras riquezas fundamentales están en manos del capital extranjero. Y este Gobierno acentúa la penetración foránea, abre nuevas brechas, y hasta la industria petroquímica será entregada-en parte a esos intereses, que no son los de Chile, que no son los nuestros.

¿Cómo extrañarnos, entonces, de que con tal criterio, con tal filosofía y pensamiento se llegue a proponer un proyecto como el que esta tarde empieza a discutir en general el Senado?

Esta iniciativa es sometida a nuestro conocimiento en un instante en que el país es sacudido por un duro proceso social. Y el Gobierno, frente a la intranquilidad provocada por sus medidas económicas, responde con el mismo criterio y la misma actitud de los Gobiernos reaccionarios de ayer: con la represión policial, la cárcel y la persecución.

Ya la Democracia Cristiana manchó con sangre su historia con motivo de los sucesos de El Salvador, hecho que denunciamos duramente en este recinto. "

Antes de que se provocara la huelga del personal del Servicio Nacional de Salud, advertí lo que iba a pasar. Y no sólo señalé la inquietud justa de ese gremio, sino que también hice presente la realidad que confrontan los propios médicos y profesionales afectos al Estatuto Médico Funcionario, ley que yo creé hace algunos años. La realidad ha venido a confirmar lo que denuncié .Este proyecto, como se ha dicho, es una iniciativa parcelada, heterogénea y contradictoria, que no obedece a una concepción orgánica ni planificada, ni a un pensamiento de justicia en lo económico. Hago esta aseveración, porque establece desniveles esenciales.

En la Comisión, hicimos presente la situación en que queda el Poder Judicial, a nuestro juicio no considerado en debida forma si se tiene en cuenta la alta función que desempeñan sus miembros. Así, también, destacamos la situación de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y demostramos objetivamente cómo han sido postergados a lo largo de años, inclusive respecto de la escala de funcionarios civiles.

Representamos, asimismo, la nueva postergación de los funcionarios .del Servicio Nacional de Salud afectos al Estatuto del Médico Funcionario, y destacamos con cifras y datos irrefutables la realidad brutal de desmedro en que quedará el personal administrativo, técnico, profesional y de servicios de esa repartición.

Hicimos presente, en la Comisión, que este proyecto no afecta al sector privado, con lo cual coloca en la indefensión a los que trabajan en él, como asimismo a millares de trabajadores no organizados u organizados en sindicatos débiles. Y fui yo, en nombre del Partido Socialista, quien planteó la necesidad de legislar sobre esta materia. Al respecto, debo congratularme de la actitud del Presidente de la Comisión, Honorable señor Bulnes, quien, luego de manifestar sus dudas, expresó que consultaría a la Comisión en el momento oportuno.

En esa ocasión, formularé las indicaciones necesarias para que el Senado se pronuncie sobre los reajustes que son in-dispensables para el sector privado.

No imagino un Gobierno incapaz de medir la repercusión que aumentos, aunque parcelados, de remuneraciones de los sectores fiscal y municipal, puede tener en el proceso del costo de la vida, el cual golpeará mucho más rudamente a aquellos que también viven de un sueldo o de un salario y que, por pertenecer al sector privado, quedan entregados a la beligerancia de sus patrones, apoyados éstos, por el Ejecutivo, afianzado a su vez en una organización del trabajo que hasta ahora sólo ha demostrado parcialidad.

Tal actitud del Gobierno significa colocar en la indefensión a millares de chilenos. Procuramos remediarlo en la discusión particular. Me- asiste la seguridad de que el Senado se pronunciará siquiera porque se impida esta tremenda injusticia, fruto de una política social inequitativa, reaccionaria, increíblemente contraria a la posible defensa de lo que, con razón, reclaman centenares de miles de nuestros compatriotas.

De la misma manera insistiremos, una vez más, en que aquellos servicios o funciones cuya jerarquía no puede desconocerse, reciban las remuneraciones justas que hoy niega este proyecto. Es el caso, repito, de los trabajadores de la Salud y de los profesionales afectos al Estatuto Médico Funcionario. Todas las indicaciones que formulamos fueron rechazadas. El pronunciamiento de la Comisión de Salud de nada ha servido. La indicación que acogió la Comisión de Gobierno tiene por objeto oficiar al Ejecutivo a fin de que asimile al 90% de la escala única, las remuneraciones del personal administrativo, profesional, técnico y de servicio del Servicio Nacional de Salud.

El Ejecutivo no acogió esa iniciativa. Hemos golpeado todas las puertas, con profunda inquietud, porque en este instante Chile vive una explosión social; y como lo dije hace algunos días, la marea de la historia, la protesta de quienes tienen hambre, no se detiene con leyes represivas ni con la cárcel, ni con la violencia policial. Y este Gobierno, cuyos personeros, en la etapa preelectoral, levantaron sus voces en este recinto para protestar por una política similar a la de hoy, no tienen autoridad para tratar de acallar la justa protesta de aquellos que creyeron en sus palabras de ayer.

Por eso, dije al señor Ministro de Hacienda, en una intervención que él juzgó de nivel alto en cuanto a las expresiones que utilicé, y por los razonamientos empleados, que en estos instantes el Gobierno tiene la obligación de considerar el proceso social que vive Chile como consecuencia de su política económica y social. No podemos mirar con indiferencia que los conflictos sociales se desangren frente a la indiferencia del Gobierno, como no podríamos aceptar jamás el paralelismo sindical. Asimismo, rechazamos violentamente la tentativa, contenida en este proyecto, de cercenar el derecho a huelga, única arma de que disponen los trabajadores para conseguir, a veces, una migaja más de pan.

Este proyecto es de estabilización," pero no monetaria: es de estabilización del hambre y la miseria, del dolor y el sufrimiento de millares de chilenos.

Nosotros llamamos la atención del país para denunciar que esta política es contraria a las mayorías nacionales y está marcada por un sello antinacional que favorece extraordinariamente al capital extranjero, a los grandes monopolios y a la banca.

No hay política de estabilización en un país subdesarrollado. Lo sabe perfectamente el señor Ministro de Hacienda, por ser catedrático. Si no tomamos efectivamente el control del comercio exterior, de la banca y, juntamente con eso, realizamos cambios estructurales profundos que permitan al país fijar los precios de sus materias primas, cerrando así la brecha que se acentúa cada vez más en los países latinoamericanos, obligados a comprar caro y a vender barato, no habrá política de estabilización posible.

Todos los señores Senadores han solicitado insertar en la versión de sus discursos determinados cuadros y documentos. Yo también deseo que se inserte, en el mío, un estudio realizado por la CUT" relacionado con la política monetaria del actual Gobierno y de los anteriores, y otro referente a la distribución de algunos aspectos del Presupuesto nacional.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Si a la Sala le parece, se accederá a lo solicitado por el señor Senador.

Acordado.

-Los documentos cuya inserción se- acuerda son del tenor siguiente:

REMUNERACIONES

Compañero:

Te entregamos hechos reales, no simple palabrería. Estos antecedentes no- pueden ser refutados.

Examínalos y saca tus conclusiones. Haz conciencia entre tus compañeros de trabajo.

Unidos podremos derrotar el hambre y la miseria.

CUT

Consejo Directivo Nacional

Desde que se empezó a aplicar la política de congelación, las remuneraciones se han desvalorizado año a año y no se han recuperado a pesar de que en los últimos años' se han otorgado reajustes iguales al alza oficial del costo de la vida.

Tomemos como ejemplo 1953

Sueldo vital en moneda de esa época...E° 7,55

Lo que equivale en moneda de 1966 a...396

Este año el sueldo vital fue sólo de 261,77 o sea, apenas un 66% de lo que fue en 1953.

Salario mínimo diario campesino, fue en 1953...0,100

Lo que equivale en moneda de 1966 a un salario mínimo diario de...5,247

Este año el salario diario mínimo campesino es de E° 4,104, o sea, apenas un 78% de lo que fue en 1953.

Lo mismo sucede con el salario mínimo -obrero, aunque en 1953 éste no se fijaba por ley.

1953 No es un año especial.- Se puede tomar cualquiera antes de la congelación y el resultado no varía. Las remuneraciones reales han venido bajando.

Si en 1953 esos sueldos y salarios no eran adecuados, ¿cómo será ahora?

El País pudo pagarlos.

Ahora puede con mayor razón, pues la productividad ha aumentado bastante desde 1953:

En la Minería.

Desde 1957, aumentó un...71%

En la Industria.

Desde 1953, aumentó un...50%

En cambio, la ocupación se ha mantenido o ha bajado.

¿Quién se lleva el aumento de la productividad?

El actual salario mínimo de E° 4,104 al día, equivale a un salario mensual de...E° 123.

El SNS asegura que la dieta mínima para que subsista una familia (a mediados de 1966), significa un gasto mensual de 250

(Ver primera página de "El Mercurio" del 9 de octubre de 1966).

¿Cuánta gente gana los mínimos?

Según la CEPAL por lo menos el 50 por ciento de los trabajadores gana menos de un vital.

Una encuesta realizada por el Instituto de Economía, en las Poblaciones Lo Valledor, José María Caro, Sta. Adriana, 22 de Julio y Joao Goulart, establece para sus 450 mil habitantes, un ingresó mensual promedio inferior a...E° 50

En la ciudad de Santiago al 48% de las familias le corresponde un consumo por alimentos una suma inferior a E° 2.000.- anuales, lo que está por debajo del mínimo indicado por el SNS.

En cuanto al consumo total: Alimentación, Vivienda, ropa, etc.).

Al 52,6% de las familias le corresponde el...24,2%.

El 3,5% de las familias más ricas consume por sí solo el...18,1%.

O sea, una familia de las clases acomodadas -de Las Condes, por ejemplo- consume 40 veces más que una familia re la clase obrera.

¡Cómo será, si lo comparamos con una familia campesina!

(Estudio sobre Mercado Consumidor del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas -ICARE- Revista EMPRESA m 53, Agosto de 1966).

Si se toma como nivel de referencia 1953, toda remuneración inferior a ese año representa una pérdida para el trabajador.

De 1953 a 1965:

Un empleado que gane el vital, ha perdido E° 12.491Un campesino que gane el mínimo, ha perdido...6.675

Un obrero que gane el mínimo, ha perdido 5.624

Con lo que ha perdido el empleado, calculado en moneda de 1965, podría haber adquirido lo siguiente:

1 refrigerador, 1 lavadora ropa, 1 radio de mesa, 1 televisor, 1 máquina de coser de pie, 1 estufa a gas licuado, 1 juguera, 1 enceradora, 1 juego de dormitorio, 1 juego de living.

Además de ropa, alimentos, medicinas, vacaciones, etc.

Todo esto lo ha perdido el hogar de cada trabajador, su mujer y sus hijos.

De esto se desprende que:

a) El conjunto de los campesinos ha perdido una suma superior al avalúo de todos los fundos y predios rústicos del país. O sea, que la Reforma Agraria está ya pagada.

b) El conjunto de los trabajadores ha perdido más de 23.000 millones de escudos, cifra que es superior a la inversión total hecha en Chile desde 1953 a 1965 (incluyendo la inversión pública y privada, casas, puentes, caminos, fábricas, maquinarias, vehículos, etc.).

A lo largo de este estudio hemos usado invariablemente el índice oficial de precios que, todos reconocen, es irreal. La situación es aún más grave.

Debe tenerse en cuenta que otorgando un reajuste igual al alza del costo de la vida, sólo se vuelve al nivel del año anterior. No se recupera lo perdido.

A lo anterior, debe agregarse una nueva pérdida; la que se produce en el transcurso del año. Los reajustes se dan anualmente, pero los precios suben todos los días.

Así, por ejemplo, si en enero ganamos E° 80 podemos comprar 20 pollos a E° 4 cada uno. Si en mayo los pollos suben a E° 5, podremos comprar sólo 16 pollos. O sea, perdemos 4 pollos por mes.

De mayo a fin de año perderemos 32 pollos.

Con el reajuste (aunque sea 100% del alza del costo de la vida) pasamos a ganar E9 100. Podemos comprar de nuevo 20 pollos. Pero está claro que hemos perdido. Y en mayo u otro mes del nuevo año,, se repite la vieja historia.

Por este concepto, con una inflación de 20 a 25%, se pierde 1 a 1,5 mes de salario en el año.

Ahora se quiere otorgar reajustes inferiores al alza del costo de la vida, argumentando que grandes reajustes causan la inflación.

Esto no es cierto, y la experiencia lo reafirma. Así lo reconoce textualmente el Instituto de Economía, cuando lo presidía. Sergio Molina, en su estudio "La economía de Chile en el período 1950-1963".

En 1949 hubo una inflación de 20,6% al final del año se dio un reajuste de 25%.

En 1950 la inflación bajó a 16,7%

En 1951 la inflación fue de 23,2%

Se dio un reajuste de 30%.

En 1952 la inflación fue sólo de un 12% O sea, que con reajustes superiores al alza del costo de la vida, ¡la inflación disminuye!

En 1961 la inflación fue de un 9,7%

Se dio un reajuste de 5%.

En 1962 la inflación fue de un 27,7% Al año siguiente se dio un reajuste de 27%.

En 1963 la inflación subió a un 45,4% O sea, que con reajustes inferiores al índice,

Aumenta, la, inflación al año siguiente..

Las remuneraciones, el costo de la mano de obra, representan en el valor de la producción industrial, el 16%

De modo que un reajuste de un 40 por ciento, representa un alza de precios de un 6,4%.

(Sin alterar la utilidad del empresario)..

¿Quién se lleva nuestras diferencias de sueldos y salarios?

Aquí van a parar: a los Bancos, a las grandes Compañías de Seguros, a las Compañías del cobre, a los clanes y los .monopolios nacionales y extranjeros.

¿Cómo parar esto?

El camino es la lucha de los obreros, campesinos y empleados organizados en .sus Sindicatos y sus Federaciones^

Nunca se ha tocado al gran capital.

Eso es lo que se debe tocar. La guerra contra la inflación no sólo se está llevando con males generales, sino también con una estrategia equivocada. ¡Es una farsa!

Nunca se ha tocado al gran capital. El impuesto patrimonial no ha significado mucho. Este año los impuestos indirectos (compraventa) han sido el 75% del total, excluyendo el cobre. Esta cifra no se veía hace años. ¡Se mantiene y empeora la estructura regresiva! Pero las Compañías del Cobre siguen con sus privilegios.

Santiago, noviembre de 1966.

Las cifras de la inflación

Mercado de corredores:

Dólar comprador...$ 4.980.-

Dólar vendedor...5.000.-

Mercado Bancario a Futuro: Comprador, $ 4.370; Vendedor, $ 4.380.

Mercado Bancario a Contado: Comprador, $ 4.360; Vendedor, $ 4.370.

La situación que ahora llegó a límites extremos se inició apenas se hizo cargo de La Moneda el actual equipo gobernante. En noviembre de 1964, el dólar bancario-al contado estaba en $ 2.500, subiendo en el mes siguiente a 2.646. El año pasado terminó con el dólar al contado en $ 3.450 y el presente año se inició con la moneda norteamericana en $ 3.514.

Presupuesto 1966: 669.500.

Presupuesto 1967: 753.000.

Oficio Final: 1.413.000.

En el ítem "Bienes de Consumo y Servicio Personales", también para la Presidencia de la República, los gastos son así:

Presupuesto 1966: 3.501.640.

Presupuesto 1967: 3.960.000.

Oficio Final: 6.468.000.

Entre estos "bienes de consumo", deben estar incluidos los gastos de banquetes y fiestas en Palacio.

Otro rubro también aumentado para la Presidencia de la República, es el que se denomina "Gastos Generales".

En esta vaga especificación, los aumentos son así:

Presupuesto 1966: 1.587.780.

Presupuesto 1967: 1.820.000.

Oficio Final: 2.820.000.

Al observarse esas solas muestras, se puede concluir que el Gobierno decidió, a último instante, aumentar los gastos de la Presidencia de la República en varios millones de escudos. Es extraño que se haya tomado esa determinación con tan pocos días de estudio. Esto puede significar que "sobraba plata" y había que repartirla, o simplemente, a pocos meses de la elección de regidores se dieron cuenta que los gastos aumentarían.

El señor ALLENDE.-

Recientemente, me abstuve de votar, por estimar que este proyecto es una demostración más de incapacidad por parte de un Gobierno que ha tenido extraordinarias condiciones en su favor, en especial por el alza del precio del cobre y por la obtención de créditos externos. Sin embargo, no ha sabido distribuir esos recursos. Ahí está, para probarlo, lo acontecido con las subvención -ya lo conoce el país- y lo que ocurre con la Universidad de Chile.

Hace un año, advertimos toda una política del Ejecutivo en contra de ese plantel universitario. Sé perfectamente lo que significa incrementar el presupuesto de la Universidad para el año próximo, de 400 mil escudos solicitados, en tal sólo 13 millones, con lo cual a duras penas será posible mantener el actual nivel de desarrollo de ese plantel, en detrimento del más alto establecimiento de nuestra educación.

Como consecuencia de lo anterior, se ha creado una situación difícil al personal que trabaja en la Universidad, el cual se ha visto obligado a ocupar los locales de distintas escuelas. Hasta hubo quienes solicitaron el empleo de la fuerza pública en su contra. Por suerte, el Consejo Universitario y el Rector de ese plantel, en una actitud de entereza moral y de superior condición, rechazaron plenamente la posibilidad de utilizarla, y están confiados en su fuerza moral -sobre todo, el Rector de la Universidad- "para hacer posible que los huelguistas abandonen la Casa Central. Pero confiados también en que el Gobierno no siga ciego y sordo a sus justas demandas.

En la discusión particular, ampliaremos nuestras observaciones. Entre tanto, aceptamos, en general, el proyecto, por mandato imperativo del Reglamento; pero decimos que es ésta una iniciativa discriminatoria, incoherente, sin concepción central y que refleja esencialmente la política retrógrada y continuista del Gobierno democratacristiano.

He dicho; señor Presidente; y anoto que ocupé el tiempo reglamentario, sin pedir siquiera la misericordia de un minuto.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Le quedan tres minutos, señor Senador.

El señor ALLENDE.-

¡Ah! Me sobran adjetivos, señor Senador. Gracias.

Decía, señor Presidente, que este proyecto es la evidencia nítida de toda una concepción que implica la negación de una actitud revolucionaria que lleve involucrados cambios fundamentales y esenciales en la estructura de un país de las características del nuestro.

¡Si ya no somos nosotros solos! Son los organismos internacionales, las conferencias internacionales, los acuerdos de técnicos y representantes, inclusive, de determinados Gobiernos, los que señalan la realidad de América Latina, de la cual formamos parte. Y todos esos remedios y medios fracasan, evidentemente.

Cuando hablamos nosotros de que la Alianza para el Progreso es una gran maniobra política, somos criticados duramente. Hoy, gobernantes, aun de los más reaccionarios, reconocen su fracaso. Cuando dijimos que la. ALALC -Asociación Latinoamericana de Libre Comercio- no podía rendir lo que.de ella esperaban algunos gobernantes intencionados, también fuimos catalogados de críticos que desconocían la posibilidad de defensa de nuestros países por medio de esa Asociación. Y hoy día el fracaso se ha hecho evidente. Lo han reconocido los gobernantes -los reaccionarios y los que no lo son- del Continente.

Es decir, los grandes caminos señalados por la concepción capitalista o neocapitalista demuestran con claridad meridiana su ineficacia. Sin embargo, la Democracia Cristiana adhiere a ellos como la sombra al cuerpo, o como el molusco a su concha.

Nosotros esperamos la evidencia de este fracaso. Por desgracia, implica más dolor, más sufrimiento, más tragedia.

Llamo desde aquí a este sordo Gobierno. Sordo, porque, al empezar la discusión en la Comisión de Hacienda, mi primera pregunta al señor Molina fue si aceptaría alguna indicación que implicara mayor gasto. Con claridad meridiana -lo reconozco-, el Ministro me contestó en forma negativa. Ello hace imposible que podamos modificar aquí las injusticias que consagra el proyecto. Por eso, señor Presidente, sólo nos cabe denunciar ante el país esta política antieconómica, antichilena, antiobrera, contraria a los que viven de un sueldo, de su trabajo; y antisocial...

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor ALLENDE.-

Si votamos que sí, en general, es porque estamos obligados, pues de lo contrario no habría siquiera la posibilidad de un reajuste parcial.

El señor MUSALEM.-

Señor Presidente, la política de remuneraciones es parte del programa económico del Gobierno y tiene relación fundamental con las reformas estructurales de nuestro programa más amplio, de la Revolución en Libertad.

Las reformas estructurales no se realizan de manera autónoma. Dependen, básicamente, del éxito del programa económico. Y como la política de remuneraciones y las metas de ese programa a su vez tienen influencia mutua, debo referirme muy brevemente a estas últimas: crecimiento económico, estabilidad y redistribución de ingresos y riqueza.

¿Cómo se han cumplido esas tres metas?

1.- Desarrollo y crecimiento económico.

El producto geográfico bruto ha subido en 7,3 % más que lo tradicional que fue de un 3,7%; en la industria, entre 9% y 10% más que el tradicional; en la agricultura ha quedado por debajo de lo tradicional en 1965, en razón de los temporales y de los efectos del terremoto, pero en 1966 se ha recuperado y se calcula que subirá en 4,8%, gracias a la planificación del Ministerio respectivo, y en 1967 este porcentaje se elevará bastante más, habiendo sido en los últimos años de un 2%.

El valor de las exportaciones subió, en 1965, en 15%, y en 1966, en'27%. Y el da las importaciones, en 25% el año 1966.

Todo lo anterior está demostrando ventajas y logros importantes en la política económica del Gobierno.

La balanza de pagos tuvo un superávit de 60 millones de dólares en 1965 y de 57 millones de dólares en 1966, situación que se espera ha de continuar.

Los ingresos fiscales crecen en valores reales, en 56%. El saldo en la cuenta corriente del Presupuesto se ha triplicado. En las finanzas fiscales se ha producido un saneamiento muy claro, que aparece de la siguiente información: en 1964, sólo 79.1% de los gastos fiscales eran financiados con los ingresos corrientes fiscales. En 1966, ese porcentaje ha subido a 87.9% y en 1967 alcanzará 91.7%.

Ahora bien, el financiamiento de la inversión fiscal ha seguido el curso que indicaré, con relación a los ingresos propios del Estado: entre 1960 y 1964, sólo 34% de aquella inversión se financiaba con recursos propios del Estado; en 1965, el porcentaje sube a 54%; en 1966, a 74%, y en 1967 alcanzará a 87%.

Estos son avances incuestionables, que no pueden rebatirse y que están comprobados por una serie de otros antecedentes y que significan saneamiento y mayor independencia financiera fiscal.

En materia de tributación, los ingresos han subido, en valor real, en más de 55%. El impuesto global complementario más el de la renta presunta, como el Ministro de Hacienda lo expuso ante el país en radio y televisión la semana pasada, han subido, de 115 millones de escudos en 1964, a 500 millones en 1966, o sea poco menos de 450%. Tales cifras, en impuestos directos, están demostrando que la carga tributaria se ha orientado hacia los sectores de altos ingresos, mediante el recargo de los tributos directos progresivos, para favorecer una política de redistribución hacia los trabajadores.

En lo tocante 3 impuestos indirectos, se ha hecho gran cuestión en el sentido de que su porcentaje de recaudación estaría en aumento. Pero ello se debe fundamentalmente a que el tributo sobre importaciones ha subido, desde 1964 hasta 1967, en moneda de 1964, es decir, constante," de 286 millones a 580 -más que duplicado-, y ese impuesto no grava los artículos de primera necesidad que se importan para consumo directo del pueblo.

Por otra parte, el impuesto a la compraventa ha subido en la mecida en que Impuestos Internos ha agudizado drásticamente la fiscalización, y no por el alza de sus tasas. En estos dos años, salvo un ajuste, una reducción del número de tasas que se hizo para simplificar el sistema, el mayor ingreso del impuesto a la compraventa se ha debido fundamentalmente a mejor fiscalización. Estos son logros meritorios del actual Gobierno.

También, vinculados a la meta de desarrollo económico, están el ahorro y la inversión. El ahorro del Gobierno, como lo hemos dicho, derivado del saldo de la cuenta corriente, se ha elevado enormemente; el ahorro de las personas, por los cuadros que ha dado el señor Ministro de Hacienda, y que por la brevedad del tiempo no repetiré, también ha aumentado. Sube la cuota del ahorro nacional en la inversión global. En moneda del año 1961, fue, para el año 1964, de 777 millones; el año 1965, de 808 millones, y en 1966, de 900 millones, lo que también está demostrando que en el aspecto de la inversión ha habido una activación y dinamización de la economía.

En seguida, la inversión fiscal propiamente tal ha subido en 60% en dos años, porcentaje que representa una suma difícil de alcanzar en tan corto tiempo. La inversión del sector público en general, ya no sólo fiscal, ha subido en 45.9% entre 1964 y 1967.

2.- Estabilidad y lucha contra la inflación.

Ahora bien, la segunda meta del programa económico del Gobierno es la estabilidad. Quiero decir que la lucha contra la inflación no es un fin por sí misma, sino un medio para lograr dos objetivos finales: el desarrollo económico y la redistribución de ingresos para servir el desarrollo social. En 1965, cumplimos la meta prevista en la lucha contra la inflación, ya que ésta alcanzó a 25,9%, cifra que encuadraba en lo programado. En 1966 se ha sobrepasado un poco la meta fijada, por la siguiente razón: el gasto y la inversión fiscales se han elevado enormemente y los reajustes promedios, contra todo lo que se diga en esta Sala, han crecido, en los dos últimos años, hasta alcanzar casi 200%. En efecto, en 1965, con una inflación de 25,9%, el reajuste llegó a 47,9.% Aunque nos hayamos sobrepasado en alguna pequeña medida en el porcentaje de crecimiento de la inflación previsto para este año, las metas de desarrollo y distribución del ingreso se han cumplido, igual que en 1965, más allá de lo calculado; y esto es lo fundamental, lo que importa.

Importa también que hayamos logrado disminuir los porcentajes de la inflación, mediante el aumento de la producción, ^de la ocupación y de la redistribución del ingreso, el mejoramiento de la balanza de pagos y el mejoramiento de la situación fiscal. Todos estos son hechos reconocidos por organismos internacionales como CEPAL y CIAP, contrariamente a lo que también, sin ningún fundamento, se ha sostenido esta tarde en la Sala.

3.-Redistribución de ingresos a favor de los trabajadores.

En cuanto a la tercera meta, de redistribución del ingreso, se ha logrado también, por diversos mecanismos: primero, por mecanismos indirectos, mediante el aparato tributario, que, como hemos visto, ha producido una redistribución del ingreso importante y notoriamente favorable a los trabajadores, recargando los impuestos que paga el capital y, en segundo término, por medio del incremento del gasto fiscal social, que ha sido bastante elevado con relación a los años anteriores, desde cualquier punto de mira o de partida que se estime.

Los gastos en educación, en moneda constante se han duplicado entre 1964 y 1967; en agricultura, se han triplicado; en la industria, se han cuadruplicado, y en obras públicas y viviendas han subido en 70%. Todo ello, calculado en valores reales.

También se ha utilizado un mecanismo directo para la redistribución de rentas: el reajuste de remuneraciones. En 1965, la inflación fue de 25,9%. En cambio, el reajuste promedio, como dije, fue de 47,9%; o sea, hubo casi 200% de reajuste promedio. Y para 1966, tal reajuste superará el 160%.

Por eso, cuando se sostiene en esta Sala que el actual Gobierno aplica una política expoliadora y antipopular, se desconoce la realidad que revelan las cifras que estamos dando y que también es reconocida por nuestro pueblo, no por el pequeño pueblo politizado que se mueve impulsado por otros propósitos, sino por aquel que mira el desarrollo del país y las actuaciones de los gobernantes en forma objetiva. Ese pueblo reconoce que por la vía directa y las indirectas referidas -el aparato tributario, el gasto fiscal y el reajuste de remuneraciones- se ha producido una redistribución de rentas a su favor de bastante importancia y notoriedad en los dos últimos años, como se advierte claramente en el cuadro de participación en el ingreso nacional de los sectores asalariados y no asalariados, el cual terminará este año con más de 50% de la renta nacional a favor de los trabajadores, en circunstancias de que, cuando recibimos el Gobierno, tal porcentaje era de sólo 43% para los asalariados.

El señor CONTRERAS LABARCA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MUSALEM.-

Tengo muy pocos minutos, Honorable colega. Más adelante, si me queda tiempo, con el mayor gusto se la concederé.

El porcentaje de reajuste promedio que se ha alcanzado, sin duda, está por sobre la meta que se había fijado la política de remuneraciones del Gobierno, que fue de un 100% del alza del costo de la vida para los sectores de altas rentas y de hasta de más para sectores abandonados como el campesinado y la asignación familiar obrera. Ello originó una redistribución de rentas también superior, ya que se había calculado entre un 6% y un 8% anual y en la práctica llegó a un 12%, siendo en los dos años de alrededor de 25%.

Mayor -poder adquisitivo de un 25% para, los trabajadores.

Estas cifras, que hemos repetido infinidad de veces, han sido comprobadas desde distintos lados, con diversos antecedentes. Así, las hemos verificado por medio de la participación de los trabajadores en el ingreso geográfico, que, como dije, este año terminará siendo superior al 50%, habiendo ganado los trabajadores más de siete puntos en dos años, dentro de la redistribución del ingreso, guarismo que no está alcanzando ningún otro país del mundo, y que es el más alto de los últimos 25 años. También hemos comprobado esta redistribución de rentas a. favor de los trabajadores por el lado del ingreso real. En efecto, tomando las rentas nominales de los asalariados, siguiendo el curso ascendente que ellas han tenido y deflactándolas por el índice de alzas de precio, se obtiene también una redistribución de 25% en favor de los trabajadores, en los dos años. Otra prueba la proporciona el aumento comparativo de ingresos y precios, fuera de la que se funda en el índice de precios industriales. También se comprueba el dato relativo a la redistribución de rentas con el índice de producción y ventas de productos industriales y el de producción y ventas de productos de consumo, popular, que han suicido como nunca antes. Porque, como lo ha dicho el señor Ministro, los sectores de altas rentas del país no necesitan, después de nuestra política, de dos colchones para dormir, ni alimentarse con una dieta doble. Por ejemplo, se ha duplicado la producción de pollos, pero no creo que la capacidad de los sectores de altas rentas haya subido también al doble en cuanto a su poder de ingerir alimentos. Y todas las grandes producciones obtenidas por los distintos sectores económicos, bienes de vestir, consumir, de casa, etcétera, -han debido ser absorbidas por el mayor poder de compra que tienen los trabajadores, por la mayor demanda que ha originado la redistribución de rentas a que ha dado lugar la política del Gobierno.

El señor Ministro de Hacienda expuso un cuadro de la redistribución de rentas que se produce en veinticinco países del mundo, de distintas áreas. Ha sido observado por diversas personas. Uh señor Senador sostuvo que no entendía esto de que nosotros tengamos una redistribución de rentas más altas que los países desarrollados. En verdad, la respuesta es muy clara: en nuestro país, con respecto a otros, se ha producido una distribución diferente del mayor producto del año. Los otros países, del aumento del producto, han destinado una parte a la inversión pública; otra a mayores utilidades de las empresas, o a mayor inversión pública, tratándose de los países socialistas, donde las autoridades estatales hacen la inversión por el sector privado y por el Estado, en su equivalencia con los países occidentales, y otra a los trabajadores. En cambio, ¿qué ha pasado en Chile durante estos dos años? Una parte del mayor producto del año ha ido a- la inversión pública; el resto, a los trabajadores. Al mismo tiempo, las empresas han mantenido la parte del producto nacional que les correspondió en años anteriores.

Esto quiere decir que los trabajadores, que poseen el 50% de la renta nacional, han recibido un 6% del 7,3% en que se ha elevado el producto total, que es igual a 100. Pues bien, para quienes reciben el 50% del producto geográfico, el 6% equivale al 12% si se aplica y los sectores a 100. En consecuencia, los asalariados han obtenido 12% de mayor poder adquisitivo. Basta efectuar una simple operación aritmética para llegar a esa conclusión.

De acuerdo con los antecedentes que he estado entregando, aparece claro que en Chile se ha producido una violenta redistribución de la renta.

El señor MUSALEM.-

Agradezco mucho al Honorable señor Von Mühlenbrock la interrupción que me ha concedido para terminar mis observaciones.

Necesidad de regular la redistribución.

Decía, señor Presidente, que en Chile se ha producido una redistribución violenta del ingreso nacional, comprobada desde los distintos ángulos expuestos.

¿Qué significado tiene una redistribución tan violenta, equivalente casi al doble de la que se produce en otros países? Pone en peligro, y en peligro grave, toda la armazón económica y productiva y la estabilidad del país, con perjuicio para los trabajadores. En los períodos anteriores, en que hubo menor redistribución de rentas en comparación con la de estos dos años, siempre y sin excepción se produjo el reventón económico, con un retroceso total en el progreso alcanzado por los trabajadores. Eso es lo que nos preocupa, más que los ataques político-demagógicos, muy fáciles de hacer, ya que en esta materia se producen espejismos susceptibles de explotación en contra de una política seria, encaminada a procurar el mejoramiento de los asalariados en forma segura y permanente y no a entregar más billetes en determinado momento, a sabiendas de que, a corto, mediano y largo plazo, los trabajadores resultarán perjudicados.

Fundamentos y objetivos de la política de remuneraciones.

Debido a lo anterior, nuestra política de remuneraciones de hoy, tomando en cuenta la redistribución violenta producida en los dos últimos años, tiende a consolidar el 25% de mayor poder adquisitivo alcanzado por los sectores del trabajo de nuestra patria, dentro de la política esencialmente popular del Gobierno, a la inversa de lo aseverado por algunos Senadores. Ese es el objetivo fundamental de esta nueva política, aparte de seguir produciendo una redistribución durante 1967, pero sólo en favor de los sectores de trabajadores más postergados. Por eso, contrariamente a lo que afirmaba un señor Senador, que parece no haber conocido en detalle el texto del proyecto, los mecanismos de reajuste de los salarios mínimos y del sueldo vital se mantienen, de acuerdo con las leyes 7.295 y 14.Ó88. O sea, el grueso de los sectores carentes de poder de negociación, y que aquí se decía que iban a quedar sin amparo porque la ley no les daba reajuste, tendrán un aumento legal mínimo del ciento por ciento del alza del costo de la vida.

Ahora bien, los sectores sindicados plantearán sus demandas de reajuste mediante pliegos de peticiones, y el Gobierno tratará de que ellas se resuelvan en consonancia con la política de mantener el mayor poder adquisitivo de 25% alcanzado.

Remuneraciones del sector público.

En cuanto al sector público, en los dos primeros años él obtuvo un mayor poder adquisitivo, una redistribución de rentas de 27%, como lo destacó el señor Ministro en su última exposición. Por otra parte, este sector obtenía del Fisco remuneraciones por 1.125 millones de escudos en 1964, y en 1967 recibirá 1.630 millones, lo que refleja, entre 1964 y 1967, un aumento real de 45%. Esa es la realidad de este proyecto, que está siendo impugnado por algunos Senadores como una iniciativa que va en desmedro de la situación económica de los trabajadores. Siempre dentro de este sector, respecto de las remuneraciones mínimas se mantienen los mecanismos de ajuste que han existido hasta hoy y que, en todo caso, colocarán esas rentas "por sobre el promedio de alza de precios de 1967.

En segundo lugar, dentro del mismo sector público, el proyecto busca eliminar las desigualdades existentes entre los servicios, en especial dentro de la administración civil fiscal, semifiscal, magisterio. Servicio Nacional de Salud y Poder Judicial. O sea, se tiende hacia la carrera funcionaría, básica para el ordenamiento de las rentas, de la administración nacional.

Este sector tendrá reajustes entre 10% y 100%, no del alza del costo de la vida, sino de sus remuneraciones, que es mucho más.

Por esta forma de reajustes consignada en la escala propuesta en el artículo 1° del proyecto, algunas rentas más que se duplicarán en cuanto a su monto. Los sectores que obtendrán aumentos de 10% son aquellos que, en tiempos pasados, percibieron el pago de horas extraordinarias y bonificaciones, o sea, tuvieron un reajuste especial, aparte los aumentos legales anuales que se cancelan desde el 1º de enero de cada año y que hoy se integran a sus remuneraciones, aparte el 10% del reajuste.

El resto de la Administración Pública obtendrá 15% de reajuste, lo que le permitirá conservar el poder adquisitivo que tenía durante 1966. Se trata de sectores que obtuvieron mejoramientos extraordinarios con anterioridad.

Hay todavía servicios que percibirán un 20% de reajuste.

Por último, para algunos servicios del sector público existe el aumento de remuneraciones producido en el curso de 1966 por concepto de horas extraordinarias y bonificaciones, lo que hace que el reajuste promedio de 16,8% que otorga este proyecto suba ostensiblemente.

Cito, por ejemplo, el caso del Poder Judicial, que en el curso de este año obtuvo un aumento de remuneraciones por concepto de horas extraordinarias, y que, en el hecho, no obtendrá el 16% de reajuste que se consigna en el proyecto, sino que, sumadas las horas extraordinarias, queda con un porcentaje cercano a 30%, aparte el reajuste que percibió en enero de 1966.

Factores que determinan el poder adquisitivo de sueldos y salarios.

En materia de aumento o disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios, existe un espejismo que se ha acrecentado en los últimos tiempos desde los diversos sectores políticos. El poder adquisitivo de los trabajadores no depende exclusivamente del monto del reajuste. Se insiste, majaderamente, en la necesidad exclusiva del reajuste, pero el poder adquisitivo de las remuneraciones tiene una cara y un sello: el reajuste y el monto de elevación de los precios. Un aumento de ciento por ciento del alza del costo de la vida, con inflación creciente, decreciente o constante, produce un tipo de poder adquisitivo distinto.

'Si se da un 100% de reajuste y hay una inflación creciente, el poder adquisitivo de las remuneraciones baja. Ello, a pesar de haberse dado un reajuste de 100%. Con el mismo reajuste, si la inflación baja, el poder adquisitivo de sueldos y salarios aumenta. Ahora bien, si la inflación es constante, el poder adquisitivo se mantiene.

Al respecto, ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para insertar, en la parte pertinente de mi intervención, cuadros que contienen cálculos y un 'gráfico, que tienen por objeto demostrar lo anteriormente expuesto, no sólo mediante las palabras, sino por medio de procedimientos matemáticos y de gratificación. Agrego un ejemplo que demuestra cómo con inflación decreciente y sólo con un 80% de reajuste el poder adquisitivo sube.

-Se accede a lo solicitado.

-Los documentos cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente:

"2) Como se dijo: lo que interesa comparar es "el poder de compra" de los salarios, y para estimar el poder de compra lo que hacemos es "corregir" el valor de los salarios expresados en términos monetarios por las variaciones (en el caso de Chile, alzas) en los precios de los bienes y servicios (de consumo popular), (estadísticamente se llama a esto "deflactar").

"De lo anterior se desprende que el deterioro o mejora de los salarios reales (salarios deflactados por el índice de precios al consumidor) no depende sólo del monto o porcentaje en que se reajuste el salario, sino también del ritmo de crecimiento de los precios.

"Esto podemos mostrarlo a través de tres ejemplos numéricos en que consideraremos en todos ellos un reajuste del 100% y, alternativamente tasas de inflación, constante, creciente y decreciente.

Alternativa I.-Reajuste 100% del alza en el índice de costo de vida.

-Tasa de inflación constante de 20% anual.

-Se supone que el salario se reajusta en enero de cada año de acuerdo al alza del índice del costo de vida (inflación) entre el mes de diciembre del año anterior y diciembre del preanterior.

REAJUSTE SALARIAL

El señor MUSALEM.-

Por lo tanto, quienes obtengan, para 1967, un reajuste de 15%, con una política de precios de 12%, podrán mantener su poder adquisitivo; y todos aquellos que logren un aumento mayor a ese porcentaje, con la misma política de precios, aumentarán su poder adquisitivo.

Por eso, quienes presionan por lograr otro tipo de política de reajustes no están defendiendo a los trabajadores, ya que si prometieron dar reajustes mayores, con peligro de que se produjera una inflación creciente, harían perder a los asalariados lo que han ganado en estos dos años y permitirían que los capitalistas recuperaran la parte que han perdido en la distribución del ingreso nacional en estos dos últimos años.

Es decir, creo que los Senadores del FRAP deben cuidar más sus planteamientos. Estoy seguro de que si ellos estuvieran en nuestra posición, en el Gobierno, no sostendrían políticas que desatan la inflación, sino que seguirían los consejos del señor Lenin, quien lo primero que hizo, sin miramientos con las remuneraciones, fue luchar en contra de la inflación en su patria, a fin de desarrollar el país, capitalizarlo y, posteriormente, crear...

La señora CAMPUSANO-

¿Me permite una interrupción?

El señor MUSALEM.-

Lo lamento, pero estoy a mi ver, usando de una interrupción.

La señora CAMPUSANO.-

La comparación no puede hacerse entre un gobierno como el Demócrata Cristiano, que acentúa la dependencia del exterior, y un régimen socialista, donde no hay explotadores.

El señor MUSALEM.-

Por otra parte, sin justificación valedera, no se quiere dar financiamiento para los reajustes, que, precisamente, se critican por exiguos. Es la contradicción permanente en que caen quienes critican al Gobierno en forma apasionada, porque carecen de argumentos. Desesperadamente, se quiere presagiar un fracaso. Y el Honorable señor Allende no sólo presagia, sino que lo afirma.

Pero todo este empeño en contra de una realidad y de cifras demostrativas del éxito alcanzado en nuestra política económica a favor de los trabajadores, no se puede desvirtuar por simple voluntad de algunas personas", que a toda costa desean sostener lo contrario.

Nosotros estamos convencidos de que esta política está favoreciendo a plazo corto; favorecerá en un plazo mediano, y consolidará la situación de los trabajadores chilenos en un plazo largo.

Se ha afirmado que nosotros hemos recibido mucho mayores ingresos por los impuestos al cobre y por la tributación fiscal. Se ha afirmado, además, que las inversiones no se ven, o que, por decirlo así, el dinero se malgasta.

Dentro del breve tiempo de que disponía, preparé un cuadro que, si bien puede adolecer de algunas fallas, es demostrativo del monto de los mayores ingresos recibidos, de los rubros que los han originado y de las inversiones realizadas con esos recursos, a fin de que no se siga sosteniendo que no hemos hecho buen uso de ellos o que no los hemos destinado a una finalidad de inversión favorable al desarrollo económico, a los trabajadores, mediante la redistribución, y a nuestra política de estabilidad.

Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para incorporar el cuadro mencionado en el texto de mi intervención.

La señora CAMPUSANO.-

Sería interesante saber si en ese cuadro de gastos están incluidos también los promotores y asesores.

-Se accede a lo solicitado.

-El cuadro cuya inserción se acuerda dice como sigue:

INGRESOS Y GASTOS

PROCESO INFLACIONARIO CRECIENTE Y DECRECIENTE

El señor MUSALEM.-

El Honorable señor Allende ha vuelto a insistir en su pretensión de etiquetarnos con aquella etiqueta gris o negra del imperialismo, o de entregados a éste. Al respecto, quiero decir a Su Señoría y a los señores Senadores del FRAP que nunca las inversiones extranjeras estuvieron más controladas en Chile que durante los dos años del actual Gobierno. Jamás esas empresas estuvieron obligadas a asociarse con el .Estado, política que la CEPAL llama "de reforma de estructuras".

Quiero recordar, además, que somos un país pobre, y que todas las naciones del orbe están desbocadas buscando los escasos capitales que existen en el mundo para elevar las inversiones, producir más y dar mejores niveles de vida a sus pueblos.

Rusia, la segunda potencia económica del mundo, que no necesita más capitales que este pobre país ubicado en un extremo de la tierra, no escapa a esta pugna por los capitales internacionales.- En Siberia, en combinación con capitales japoneses, la Musimoto se está instalando y llegando a acuerdo; la Fiat, ya lo está haciendo y llegará a producir en Rusia un millón de automóviles, más que los que fabrica para Italia; la Renault también llegará a un tipo de convenio con Rusia, y el grupo ENI, de hidrocarburos italianos, al igual que la Olivetti, también realizan gestiones para instalarse en ese país.

¿Por qué, entonces, los parlamentarios del FRAP quieren privar al país y a nuestros trabajadores de la venida de esos capitales para crear nuevas fuentes de riqueza, elevar la producción nacional .y dar mejor nivel de vida a los asalariados chilenos? ¿Acaso sólo en Rusia los trabajadores tienen derecho a disponer de más automóviles, más comida, más bienes semidurables? ¿Es que nosotros no podemos reclamar del derecho de los obreros y empleados chilenos a gozar de mejores condiciones de vida?

Sabemos que sólo por la vía del ahorro nacional o del capital externo, venido en calidad de préstamo o como aporte de inversión, es posible crear nuevas fuentes de riqueza, dar trabajo y mejor nivel de vida al pueblo. Sabemos, también, que el ahorro interno es muy exiguo en el país, a pesar de todo lo que hemos hecho por elevarlo y de lo que hemos logrado.

Por eso, con tranquilidad, me rebelo, en nombre de los trabajadores chilenos, y reclamo el derechos de éstos y de las mujeres de las poblaciones a tener vivienda barata, dar educación a sus hijos y disponer de bienes de consumo todos los días.

La señora CAMPUSANO.-

Su Señoría tiene el imperialismo metido en la cabeza.

El señor MUSALEM.-

Creo que es importante que Chile siga haciendo lo mismo que Rusia y, en general, todos los países del mundo. Estos capitalistas, estos consorcios mundiales no van a Rusia, simplemente, porque les agrade más el clima de esa nación o porque allí haya parajes más bellos que en Chile; no van a Rusia por condiciones baladíes; van, sencillamente, a los lugares del mundo donde les ofrecen cierto "status", que es lo que critican los señores Senadores del FRAP en el caso de Chile, a pesar de que existen en Rusia.

¿Acaso estos capitales van en mayor proporción a Rusia porque obtendrán menos utilidades y menores franquicias que en Chile? ¡No, señores Senadores!

No acepto, por eso, el argumento con que se quiere motejar al Gobierno y a la Democracia Cristiana de imperialistas o de entregados al imperialismo, por el hecho de que estemos haciendo todo esto, que ellos llaman imperialismo para Chile y no para Rusia, en defensa de los trabajadores de nuestra patria.

Ahora bien, tampoco aceptamos la afirmación que se repite en el sentido de que estaríamos entregados al Fondo Monetario Internacional. Estam,os haciendo una política propia, y ella ha tenido éxito.

Por las razones que he expuesto, los Senadores democratacristianos votaremos favorablemente el proyecto de reajuste de rentas para los trabajadores del sector público y de rentas mínimas para el sector privado.

El señor MIRANDA.-

Señor Presidente, me correspondió actuar en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda en representación de mi colectividad política, al estudiarse el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público.

Dimos nuestro voto a la idea de legislar conscientes de que, en esta forma y cumpliendo los acuerdos de nuestro partido, estábamos dando la posibilidad de legislar sobre un aspecto de extraordinaria importancia: mejorar siquiera en parte las remuneraciones del personal de la Administración Civil del Estado, así como de los otros organismos a que se refiere el proyecto.

Sin embargo, al fundar el voto, precisamos por qué estimábamos que las remuneraciones otorgadas por este proyecto son absolutamente insuficientes para que este sector de los trabajadores pueda encarar el alza creciente del costo de la vida. No es necesario abundar en consideraciones para demostrar, en primer término, que el mecanismo actualmente en uso para determinar el índice de aumento del costó de la vida, es errado y no refleja la realidad nacional.

A nuestro juicio, los reajustes otorgados por el proyecto en debate, que llegan en general a 15% para los distintos grupos del sector público y a 20% sólo para aquellas rentas extraordinariamente insuficientes, no llenan la necesidad que aflige en forma severa a ese sector de los trabajadores del país.

La idea del proyecto, como seguramente lo habrán demostrado ya varios señores Senadores, tiene como fundamento una política expuesta' por el Gobierno desde su inicio: la de crear de una vez por todas la carrera civil funcionaría en el país. Con este objeto, en los primeros artículos del proyecto se pretende establecer una escala única de grados y sueldos a la que se incorporarían, englobadas, todas las actuales remuneraciones que por la vía adicional reciben los funcionarios públicos.

Naturalmente, la idea en sí, siendo plausible, tiene, por la actual organización del sector público, dificultades, muchas de ellas insuperables. En efecto, es de tal manera compleja la estructura actual, que no es fácil incluir en una sola escala, con sentido equitativo y de justicia, a los diversos organismos del Estado. Así, por ejemplo, la situación que afecta a los funcionarios de las cajas de previsión es muy diversa de la da la Administración Civil del Estado. Del mismo modo, hay organismos que tradicionalmente- te han tenido un trato discriminatorio, pero justificado, si se considera la forma de trabajo, la especialización que requiere el ejercicio de sus funciones y particularmente las altas responsabilidades que deben asumir sus funcionarios. Concretamente, tenemos el caso de la Corporación de Fomento. De ahí que oportunamente formularemos indicación para que no se aplique el sistema de escala única a ciertas reparticiones, porque insisto -aun cuando la idea pudiera ser plausible y es compartida en principio por nosotros- el actual estado de cosas no permite reducir con mucha simplicidad todo el complejo sistema vigente en una escala única.

Hay otros sectores incluidos en el proyecto, respecto de los cuales el Gobierno ha contraído compromisos públicos en orden a otorgarles mayor remuneración. Es el caso, por ejemplo, del profesorado. El señor Ministro de Hacienda, en la Comisión, señaló que en el segundo informe tendríamos oportunidad de conocer la indicación del Ejecutivo destinada a conceder mayor reajuste al magisterio nacional, que tanto lo requiere. Así se cumpliría el compromiso que el Gobierno contrajo con este sector tan eficiente de la Administración Pública.

Del mismo modo, observamos que la iniciativa en debate, no obstante las argumentaciones del señor Ministro en la Comisión, no otorga al Poder Judicial -que constituye, a nuestro juicio, un orgullo para la vida nacional- un reajuste de acuerdo con sus altas responsabilidades. Se ha denunciado reiteradamente en el Senado, por distintos señores Senadores, cómo el Poder Judicial, afectado por las bajas remuneraciones, cada día sufre el éxodo de profesionales idóneos. Así, en la actualidad existen numerosos cargos de jueces de departamento, y otros, que deberían ser desempeñados por letrados y que no son ocupados por éstos, dado que las bajas rentas hacen realmente imposible que abogados con verdadera vocación, con talento e idoneidad, dediquen sus esfuerzos a servir en ese Poder.

Capítulo aparte mereció, en el debate habido en la Comisión, la situación que afecta al personal del Servicio Nacional de Salud. Hemos sostenido en reiteradas oportunidades que el Gobierno debe buscar -tiene los recursos necesarios- la forma de afrontar el mayor gasto que significa conceder un reajuste satisfactorio a este personal, tradicionalmente abandonado por el poder central.

Como es conocido por el Senado y como lo demostró hace pocos días, en la sesión especial destinada a conocer esta materia, el Honorable señor Ahumada, de los veinticinco mil funcionarios del Servicio Nacional de Salud, sólo un grupo muy reducido alcanza a ganar el sueldo vital, no obstante que para llegar a él se suman muchas remuneraciones adicionales. Este solo hecho demuestra lo urgente e indispensable que es otorgar a los funcionarios de la Salud un reajuste mayor que el dispuesto por la iniciativa. De ahí que nosotros estamos por un reajuste mayor, y, conjuntamente con ello, solicitamos oficiar -la Comisión de Hacienda ya lo acordó- al Presidente de la República" para que estudie la posibilidad de destinar los recursos necesarios para financiar ese mayor reajuste en forma satisfactoria; esto es, incorporando a ese personal a la misma escala de remuneraciones fijada para la ANEF, por el artículo 1? del proyecto, menos 10%. Por otra parte, ello corresponde a las promesas hechas a ese personal por el propio Director General del servicio, según afirmaron sus dirigentes en la Comisión de Gobierno, sin que hasta ahora haya sido desmentido. Por otra parte, la Comisión Mixta de Presupuestos, durante el exhaustivo estudio que hizo del proyecto de presupuestos de la nación para 1967, introdujo rebajas considerables que permitirían financiar el reajuste del personal del Servicio Nacional de Salud, por cuanto la escala propuesta, igual a la de la Administración Civil del Estado menos 10%, tendría un costo de 25 millones de escudos.

Participamos de la idea de rechazar numerosas disposiciones del proyecto que suprimen derechos adquiridos en materia previsional, en especial el artículo 40, que dispone que algunas remuneraciones sólo serán imponibles en 70% del monto fijado en las respectivas escalas y, en algunos casos, en 60%.

A nuestro juicio, si se ha de modificar el sistema previsional vigente, deberá hacerse en forma estructurada, con un estudio acabado sobre la materia y no aprovechando un proyecto de reajustes.

En materia de financiamiento, rechazamos el alza "del impuesto a las compraventas. Los Senadores radicales hemos sostenido, en forma reiterada, que no se justifica, en modo alguno, echar mano a este tipo de impuestos, mucho menos cuando es sabido que ellos vienen a gravitar mucho más severamente sobre los sectores de bajas remuneraciones.

Al estudiar el financiamiento del proyecto, se estableció que sus disposiciones no sólo tienen por objeto financiar los gastos que representa, sino, además, destinar una suma considerable, de aproximadamente 225 millones de escudos, para gastos de ciertos Ministerios -particularmente el de Hacienda, a fin de dar cumplimiento a la ley sobre fomento de las exportaciones-, de la Corporación de Fomento de la Producción, del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Obras Públicas. En la Comisión de Hacienda, demostramos que esta iniciativa no sólo financia el mayor gasto que representan los reajustes, sino que también entrega esos otros recursos, en circunstancias de que, como es conocido, todavía no se despacha el proyecto de la Ley de Presupuestos para el próximo año. No estimamos propio de una política financiera sana que, antes de comenzar el año presupuestario, se estén financiando gastos que, en realidad, merecen un estudio mucho más acabado, máxime cuando el financiamiento puede analizarse con mayor acuciosidad por la propia Comisión de Hacienda. Por eso, rechazamos esos gastos.

El desfinanciamiento que aparece en este informe, ascendente a la suma de 95 millones de escudos, deberá ser reconsiderado por la Comisión de Hacienda en su segundo informe. La mayoría de los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con la proposición formulada por el Senador que habla en orden a rechazar esos gastos, por no tener nada que ver con el proyecto de reajustes. Y si bien se refieren a gastos necesarios del Estado, deben ser afrontados en un proyecto especial, y no en la forma como se pretende hacerlo ahora.

El Honorable señor Gómez me ha pedido una interrupción.

El señor GOMEZ.-

El Honorable señor Miranda se ha referido a los aspectos que toca este proyecto: el reajuste al sector público y otras ideas ajenas a dicho reajuste.

Deseo agregar que el Partido Radical echa de menos en esta iniciativa lo relativo al sector privado. Según parece, la política del Gobierno es dejar los reajustes del sector privado sujetos a la libre concurrencia, a la lucha entre los patrones y los trabajadores. No hay duda de que ello creará conflictos en el país y que los sectores desvalidos no tendrán defensa. Aquellos no sindicados no tendrán un reajuste adecuado, lo cual creará distorsiones.

Nuestro partido hará indicación para corregir ese defecto, de modo que en esta oportunidad, como se ha hecho anteriormente, sea la ley la que resuelva el problema del reajuste del sector privado. También haremos indicaciones para que sea más alto el salario mínimo industrial y campesino. Nuestras fueron las indicaciones que incorporaron a los trabajadores del campo al salario mínimo. Nosotros defenderemos a ese sector y haremos indicación, como dije denantes, para elevar a una cifra adecuada el salario mínimo. Asimismo, formularemos indicaciones para que se reajuste al sector particular de acuerdo con el alza real del costo de la vida, no en esta alza artificial de 15%.

Sobre esto, quiero recordar las expresiones -que el país no olvida- emitidas por el entonces Senador señor Eduardo Freí, quien hablaba de que a él sólo lo convencía la estadística de la canasta; al señor Freí no lo convencían las estadísticas oficiales, a pesar de que ellas se ajustaban mucho más a la realidad que las actuales. La verdad es que ahora se están pasando varas por metros y centímetros por pulgadas. El alza real del costo de la vida excede en mucho los índices establecidos por la Dirección General de Estadísticas.

Nuestro partido corregirá esas deficiencias y presentará las indicaciones del caso durante la discusión particular de este proyecto.

Deseo señalar, también, que los aumentos de impuestos son inflacionarios y vienen a reducir las magras conquistas y beneficios que el Ejecutivo está dando a los empleados favorecidos en el proyecto. El impuesto a la compraventa redunda en el alza del costo de la vida. El 1% en que se aumenta significa alza del costo de la vida en 3% ó 4%.

El impuesto a los intereses bancarios también tiene consecuencias inflacionarias, porque significa mayores costos de producción y comercialización.

Todos estos aumentos de impuestos habrán de pagarlos quienes viven de un jornal, sueldo o salario. Nuestro partido se opondrá a ellos.

Y como estamos hablando de impuestos, deseo señalar la falta de política del Gobierno en este sentido.

Se reajustan los tributos de acuerdo con el alza del costo de la vida. Pues bien, este Gobierno propuso que el reajuste fuera de 50%; después, sugirió un 80%, y ahora propone que sea de ciento por ciento. ¿Cuál es la política que se sigue? Sencillamente, se está tratando de financiar un proyecto de ley al margen de una política. No existe al respecto orientación clara. Este mismo Gobierno manifestó que el impuesto a las monedas extranjeras no debería pasar, en ningún caso, de 6%, pues ello significaba fomentar el mercado negro. Ahora, en cambio, propone un impuesto de 10%. ¿Cuál es la política que se sigue? Repito que no existe algo definido. Y, como muy bien decía el Honorable señor Miranda, aquí se están agregando colgajos que nada tienen que ver con el reajuste: hay financiamientos especiales para la Corporación de Fomento, para el Ministerio de Defensa, para Obras Públicas, de suerte que un reajuste de sólo 540 millones de escudos se ve incrementado, en el gasto fiscal...

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor GOMEZ.-

… a 765 millones, por gastos ajenos.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.

El señor GOMEZ. -

¿Me concede una interrupción de sólo dos minutos, señor Senador?

El señor IBAÑEZ.-

Con mucho gusto, señor Senador.

El señor GOMEZ.-

Como decía, el reajuste irroga un gasto fiscal de 765 millones de escudos, en circunstancias de que lo exclusivamente necesario para el pago de los mayores sueldos en la Administración Pública alcanza a 540 millones: Esta última cantidad estaría financiada en la ley- de presupuestos por el aumento vegetativo de los impuestos, en la cifra de 465 millones de escudos; o sea, faltarían sólo 70 millones.

Pues bien, se aumentó esa cantidad a. 765 millones mediante una serie de impuestos que, finalmente, redundarán en merma del poder adquisitivo de la masa consumidora del país.

Nosotros somos contrarios a esa política, y haremos las indicaciones necesarias durante la discusión en particular del proyecto.

Agradezco al Honorable señor Ibáñez la interrupción concedida.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, la política de remuneraciones de quienes viven de sueldos y salarios en este país, está íntimamente ligada al éxito o fracaso de la política de estabilidad propuesta por el Supremo Gobierno.

En su exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, el señor Ministro sostuvo que "la política de desarrollo económico no tendrá éxito si simultáneamente no se logra alcanzar las metas del programa de estabilización||AMPERSAND||quot;. Y agregó que "las posibilidades de redistribuir el ingreso están condicionadas inevitablemente a la detención de la inflación y a un crecimiento adecuado de la producción nacional". .

Añade el señor Ministro que creer que se puede obtener cualquiera de los tres objetivos del programa, que son la aceleración del desarrollo económico y detención de la inflación, sin preocuparse de la estabilidad, "es simplemente engañarse y seguir la política tradicional que no ha tenido el coraje para enfrentar en forma integral los problemas económicos nacionales". Termina el señor Ministro ese párrafo diciendo que "esto nos ha hecho aparecer ante el mundo como uno de los pocos países que teniendo condiciones especiales - de recursos humanos y naturales no ha sido capaz de imponerse una política que le permita desarrollarse más aceleradamente en un marco de estabilidad económica", porque, nos explica, no obstante los éxitos iniciales de los Gobiernos éstos son incapaces de imponerse sobre las fuerzas sociales y políticas que se oponen a sus programas y retroceden al punto de inflación acelerada, que es lo que caracteriza a nuestro país.

Termina diciendo que es propósito de la Democracia Cristiana cambiar los hábitos "que han hecho a Chile tristemente famoso por su lento desarrollo y su tradicional inestabilidad económica".

Pues bien, debo declarar que los Senadores del Partido Nacional estamos muy de acuerdo con esos enunciados; pero observamos una notable contradicción entre las palabras del señor Ministro y la realidad que vivimos bajo el Gobierno del Partido Demócrata Cristiano, el cual no ha cambiado, en lo esencial, su actitud predominantemente demagógica, sostenida a lo largo de los treinta años en que estuvo en la Oposición. Y no nos hacemos la ilusión de que dicha colectividad pueda cambiar de actitud y realizar las rectificaciones que el señor Ministro propone y que nosotros; sinceramente, desearíamos que llegasen a ser realidad.

La política del Gobierno en el curso de estos dos últimos años, fundamentalmente, ha tendido a estimular los gastos y consumos; pero no así la capitalización y el aumento de la producción. El cuadro dramático de la Compañía de Acero del Pacífico, que motivó el proyecto de ley que contenía muchos aspectos desafortunados y que no se votó en la mañana de hoy, demuestra la insuficiente capitalización de las actividades productoras del país y la imposibilidad de que ellas satisfagan la creciente demanda de consumo.

Aquí tenemos uno de los resortes básicos del proceso inflacionista chileno, que, lejos de haber sido corregido por el actual Gobierno, a juicio nuestro ha sido agravado en forma muy seria.

En el día de hoy tenemos otros ejemplos, que, siendo muy diferentes, no por ello son menos dramáticos que el de CAP: me refiero a la producción lechera que obliga ahora a reunirse a los productores del país para considerar lo que sucede en este rubro fundamental de la alimentación, que determinó que en el curso de este año la entrega de leche en la provincia de Valparaíso haya bajado en 18% con relación al año pasado; la de Santiago, casi al 14fo; la de O'Higgins, en más de 20%. Y en toda la zona sur ha habido apenas un incremento de sólo 5%.

Estas reducciones tan anómalas observadas en la producción lechera son la consecuencia de una política que produce otras reducciones en los alimentos que debe entregar la agricultura, y provienen de un programa de carácter político que está destruyendo el agro nacional.

Pero fundamentalmente deben preocuparnos, con relación a esta meta de estabilidad que sustenta el Gobierno por boca de su Ministro de Hacienda, señor Molina, los despilfarres fiscales. El propio señor Ministro dice en su exposición que el mantenimiento del ritmo de expansión de los gastos públicos ocurrido en 1965-1966 es incompatible con el programa de estabilización. Nosotros suscribimos con extraordinario énfasis la declaración de ese Secretario de Estado: lo que se ha hecho en materia de gastos fiscales en el curso de estos dos últimos años, es del todo incompatible, no sólo con el programa de estabilización de este Gobierno, sino también con cualquier programa razonable de estabilización monetaria. La -gravedad de este asunto reside en el destino que se ha dado a los recursos fiscales chilenos, no sólo respecto de su cuantía, sino también en el hecho de que ese mayor gasto fiscal ha impedido aumentar la capitalización estatal. Por lo contrario, la ha reducido. El ritmo de construcciones de obras públicas y de habitaciones lo demuestra en forma extraordinariamente gráfica e irrebatible.

De aquí nuestro total escepticismo frente a la política que nos ha esbozado el Gobierno.

Los diversos hechos que es dable observar en todos los sectores públicos y en los grupos de asalariados, nos llevan a la comprobación de que nuestros temores están, desgraciadamente, muy fundados y son compartidos por la inmensa mayoría de los chilenos.

No se ve la estabilización, que es el cimiento sin el cual este proyecto de reajuste carece de sentido; tampoco se ve la posibilidad de que esa estabilización se produzca; hay demasiada desconfianza en todo el país. Y los hechos que la población vive, en contraste con la declaración que hace el Gobierno, demuestran que hay razón frente a esta insatisfacción nacional, expresada con motivo de los porcentaje de reajuste de sueldos y salarios contemplados en el proyecto en debate.

La limitación de los porcentajes de reajuste podría ser una herramienta adecuada para estabilizar el valor adquisitivo de nuestra moneda; de esta manera, podremos alcanzar un mejoramiento de los ingresos reales de los asalariados. Pero ello sólo es posible bajo otras condiciones económicas y políticas muy diferentes a las que existen hoy en Chile. En el caso actual, nosotros sostenemos que ni el 20% que consigna el proyecto, ni 50%, ni una cifra superior, permitirían a corto plazo, que la población, o por lo menos parte importante de ella, quedara razonablemente contenta, sin considerar el hecho de que el proceso inflacionistas, por desgracia, continúa destruyendo el fundamento del proyecto que discutimos.

Es necesario advertir que esta iniciativa contiene desplazamientos del poder de compra entre, distintos grupos de asalariados, lo que contribuye a agravar y confundir más el problema que se trata de resolver. En el caso del sector público, se ha recurrido, con buen propósito que no discutiré, a establecer un sistema bastante anárquico, porque a los funcionarios públicos de bajos ingresos se les reajusta de acuerdo con el índice oficial del costo de la vida; a los de los grados medio, es decir, a quienes tienen responsabilidades importantes, se otorga un porcentaje de reajuste inferior al del referido índice; en cambio, se concede un tratamiento especial a cierto grupo privilegiado, precisamente a los funcionarios de más altas rentas, y, de modo especial, a los empleados a contrata, a los asesores y otros funcionarios característicos del actual régimen. A estos últimos se les otorgan reajustes muchísimo mayores que los concedidos al resto del personal.

En cuanto al sector privado, el proyecto en debate abre una gran incógnita, pues deja a los asalariados de este sector prácticamente sin reajuste. No objetamos el principio consistente en no ordenar reajustes oficiales, a condición de que tal principio se aplique uniformemente a todos los asalariados y siempre que exista una auténtica economía en el mercado. Fue ésta, precisamente, la herramienta usada por el MinistroLudwig Erhard para estabilizar la frágil economía alemana de postguerra y, al mismo tiempo, conceder substanciales mejoramientos en el ingreso real de los asalariados de su país. Por desgracia, la política seguida últimamente en Chile nada tiene que ver con la que condujo al "milagro alemán". En la práctica, otorgar determinado reajuste a ciertos grupos de empleados públicos y negarlo a otros, y dejar entregada la fijación de rentas del sector privado a los grupos de presión de mayor fuerza, habrá de conducir a una creciente anarquía. Como resultado final, semejante política aumentará las distorsiones existentes en materia de rentas de los diversos grupos asalariados.

Por otra parte, ¿quién pagará los más altos salarios- y los más bajos rendimientos agrícolas? Sobre el particular, el señor Ministro dijo, en su exposición:"Se acogerán con comprensión y dentro del proceso legal otras peticiones, con la única, y socialmente justa limitación de que las ventajas esperadas, no quiebren la línea de los precios y se transfieran, por ende, a toda la población."

Digo al señor Ministro que, por desgracia, la referida línea se quiebra de modo demasiado ostensible en el trato propuesto para algunos sectores. Además, al transferirse en definitiva el precio del reajuste a toda la población, se acelera el proceso inflacionario que el Gobierno procura contener.

No me referiré a la posición del Partido Nacional respecto del articulado mismo del proyecto, porque analizaremos sus disposiciones durante la discusión particular. El presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Bulnes, hablando en nombre de nuestro partido, votó en contra del proyecto fundado en el acuerdo de esta colectividad política. Expresó que "el proyecto es discriminatorio e injusto; deja en condiciones de inferioridad y de postergación a diversos sectores de la administración pública, entre ellos al personal del Servicio Nacional de Salud, y llega a extremos inaceptables al rebajar el nivel de rentas que se había otorgado para el presente año a los miembros del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y Carabineros".

"No se advierte de parte del Ejecutivo" -agregó el señor Senador- "ningún propósito de efectuar economías, pese al des- financiamiento en los planes de obras públicas y construcción de viviendas, que ha producido una creciente cesantía como consecuencia de haberse invertido un exceso de fondos en rubros sin valor para el desarrollo económico social del país, como son los gastos reservados de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior; el despilfarro en viáticos, comidas y vehículos de los funcionarios y asesores de la Corporación de la Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario; el derroche en gastos de publicidad y propaganda de todas las instituciones estatales, y la contratación de más de veinte mil empleados públicos innecesarios."

Pues bien, por mi parte, digo a mis Honorables colegas que si los partidos ajenos al Gobierno deseamos enmendar el proyecto, no habría, al parecer, otro camino que el rechazarlo en general, como ocurrió esta mañana cuando el Gobierno se vio en la obligación de retirar el proyecto referente a la industria siderúrgica, para someterlo a un mayor estudio y volver a presentarlo en forma que satisfaga los puntos de vista hechos valer aquí por diversos señores Senadores. En las actuales circunstancias, no existiría el propósito de adoptar una medida correctiva eficaz como la que he señalado. Por eso, declaramos ser partidarios del proyecto de reajuste; pero, al mismo tiempo, dejamos constancia de que nos merece serios reparos, aparte -me atrevería a usar una expresión bastante dura- los contrabandos políticos que contiene. Si no cabe en el Senado el rechazo en general, por Lo menos demostraremos nuestra voluntad de corregir las discriminaciones y salvar las anomalías y arbitrariedades que consigna.

Debo insistir en un argumento que he planteado en la discusión de otros proyectos. El señor Ministro nos dice que no habrá mejoramiento real sin estabilidad y que ésta no se logrará si no se cumple la política propuesta por el Gobierno. Advertimos sincera y lealmente al señor Ministro y al Gobierno que su política no conduce a la estabilidad, sino qué lleva derechamente a un desastre, en que la inestabilidad económica, reflejada por el alza de los precios y la reducción de posibilidades de empleo, serán la consecuencia final.

Es necesario que la opinión pública y los propios asalariados que acompañaron, al Partido Democratacristiano se convenzan del error que cometieron.

Los Senadores del Partido Nacional pensamos que no debemos entrabar la política gubernativa; pero menos aún podríamos responsabilizarnos al proponer modificaciones que, sin alterar substancialmente el curso de su fracaso, nos pondrían en tela de juicio ante los dirigentes de la colectividad que hoy detenta el poder. Ellos justificarían su fracaso diciendo que no ayudamos al Gobierno en sus propósitos estabilizadores.

En nombre de los Senadores de mi partido, declaro al señor Ministro de Hacienda que estamos dispuestos a votar el reajuste propuesto, ya sea de 25%, 60% ó 100%, pues deseamos que el Gobierno asuma plenamente su responsabilidad ante los resultados de la política que está desarrollando. En consecuencia, votaremos favorablemente el proyecto en general, sin perjuicio de nuestros esfuerzos para corregir aquellas disposiciones discriminatorias, arbitrarias o francamente abusivas, como las referentes al reajuste del Poder Judicial, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Cobranza Judicial, y los preceptos que imponen una vagancia obligatoria a los empleados que hayan cumplido 3-5 años de servicios. Tal disposición servirá para descabezar importantes reparticiones públicas y para reemplazar a antiguos funcionarios por elementos menos preparados, de escasa competencia, pero seguramente, más adictos al régimen imperante. También nos opondremos a modificar disposiciones que consagran derechos adquiridos en -materias previsionales, no obstante nuestra voluntad, expresada en forma insistente, de apoyar una reforma previsional completa, inspirada en un sentido de justicia y que abarque de modo ecuánime a todos los sectores de la población.

Esperamos, pues, corregir, durante la discusión particular, anomalías como las señaladas y también muchas otras que hacen de este proyecto una iniciativa legal odiosa en ciertos aspectos particulares e insuficiente en su planteamiento general.