Labor Parlamentaria

El señor ALLENDE (Presidente).-

En conformidad al artículo 185 del Reglamento, tiene la palabra el señor Secretario, para informar a la Sala sobre la acusación contra el señor Ministro de Educación Pública.

-El señor Secretario da lectura al informe, que aparece en los Anexos de la sesión 43ª, en 27 de diciembre de 1966, documento 4.

El señor ALLENDE (Presidente).-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento, se ofrece la palabra a algún señor Senador que haya consentido en sostener la acusación.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

Tengo interés en decir algunas palabras sobre este particular, para dejar bien de manifiesto que, por parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, no ha habido rechazo de la solicitud del ciudadano José Giordano Cavagnino.

Deseo advertir que el informe que en estos momentos conoce el Senado es más bien producto de un error de procedimiento en la presentación formulada por el señor Giordano.

El acusador es pastor bautista y, al mismo tiempo, presidente de la Junta de Presidentes Bautistas de Chile. Impresionado por este decreto -que en oportunidad anterior analicé con alguna extensión en la Sala-pudo haber fundado su demanda en representación del cuerpo evangélico para pedir al Senado que conociera de la acusación que formulaba en contra del Ministro de Educación Pública por la dictación de este decreto que vulnera la Constitución Política del Estado y hiere el sentimiento religioso de los hombres que no han abrazado la doctrina católica,, apostólica y romana.

Por lo demás, el señor Giordano ha estado perfectamente acompañado y cimentado en su posición. En su presentación, él sostiene que "la norma constitucional establecida sobre este particular aparece vulnerada, puesto que el decreto dictado por el Ministerio de Educación trata de dirigir y orientar al niño en un credo religioso determinado y el programa que auspicia es de tipo proselitista, tanto que está destinado a transmitir una doctrina y a dar al alumnado instrucción religiosa, a fin de educarlo en la fe y doctrina católicas."

Ese fue el fundamento de la presentación hecha por el señor Giordano. Como expresé, aparte el atropello inferido a la Constitución Política -pues a todos nos consta que ella puso término al Estado religioso existente antes de 1925, situación que fue compensada en dinero y con lo cual no se hizo sino seguir la línea de todos los estados que evolucionan sobre este particular-, un impulso natural y justificado llevó también al señor Giordano a hacer su presentación al Senado.

Pero, como lo hemos visto y lo establece la Carta Fundamental, el desafuero civil sólo puede pedirlo un particular cuando sufre perjuicios en sus propios intereses. Y el señor Giordano no hizo la presentación en su carácter de pastor bautista, sino como particular.

Esta es la razón por la cual la Comisión de Legislación no pudo aceptar la solicitud que estamos conociendo. Así lo dice en su informe, que es muy interesante, y al cual deseo referirme.

La Comisión "estimó que no ha lugar la admisión de la acusación en informe, por no cumplirse en la especie el requisito del perjuicio respecto al particular que solicita el desafuero del señor Ministro de Educación, exigencia fundamental en la norma constitucional invocada, puesto que el derecho a acusar lo tiene quien ha sufrido el perjuicio injusto derivado del acto ministerial."

"Consecuente con la decisión anterior, la Comisión estimó que no cabía adoptar pronunciamiento sobre el fondo del problema....", que es lo que deseo reiterar, para llegar a sostener que, en este caso, no ha habido pronunciamiento alguno.

Todavía más: así queda muy en claro en el fundamento o salvedad que formuló el miembro de la Comisión, Honorable señor Juliet, quien dijo: "No obstante lo anterior, al fundar su voto, pidió se dejara constancia en el informe de que sólo por la circunstancia ya señalada procedía declarar inadmisible la acusación. En su opinión, de no mediar la falta del requisito relacionado con el perjuicio del actor, debería acogerse la acusación, porque Su Señoría estima que el decreto que sirve de base o fundamento al libelo acusatorio es claramente violatorio del artículo 10, número 2, de la Carta Fundamental, que asegura a todos los habitantes de la República la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia, el ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público."

Queda, pues, claramente demostrado hasta dónde pudo llegar la Comisión y por qué no surtió efecto la presentación formulada por el señor Giordano.

La acusación, embarazada por las razones de procedimiento que estoy analizando, va más allá de las fronteras evangélicas, Interesa a toda la ciudadanía no católica y libre pensadora del país, en cuyo favor fue dictada la reforma constitucional del año 1925, que ahora han tratado de vulnerar algunos sectores del país, y que separó la Iglesia del Estado. Pues bien, los sectores que menciono suman una fuerza considerable de opinión, que se hace presente no sólo en Chile, sino en el mundo entero, en armonía con el adelanto cultural de cada nación, pues tiene por base el avance de la investigación científica y el progreso social.

Debe observarse que las iglesias en la hora actual, se encaminan hacia la investigación de la verdad, proyectando luz en ese ambiente obscurantista que las rodeaba. Cualquiera que siga las informaciones que llegan del exterior, que esté atento a este movimiento internacional y no al interno- tan alterado, adulterado y forzado, con que pretenden inferirnos cada día-, tiene que darse cuenta de lo que este movimiento general en el mundo está realizando, por intermedio de per- soneros y teólogos de todas las escuelas religiosas.

Ya no se puede pensar con el criterio de la época ptolomeica. Lo dije así una vez en la Corporación.

Este movimiento espiritual se encamina hacia la investigación. Contraria a esta idea ha sido siempre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se ha mantenido fiel a sus cánones de predominio en el aspecto cultural, que no desea apartarse de él -o "largarlo", usando un término más drástico-; a pesar de ello, le está ocasionando un quebrantamiento que ya es de pública notoriedad y que sigue afectando, a pesar del esfuerzo que algunos espíritus avanzados desplegaron durante el último Concilio Ecuménico.

Por otra parte, no debe olvidarse que las clases de religión católica establecidas por el MinistroGómez Millas se apoyan en textos didácticos elaborados por una monja católica que se desempeña como asesora en el Ministerio de Educación.

Sin embargo, no es posible dejar pasar sin observaciones la afirmación fingida, engañosa, inexacta que contiene el informe elevado a la Comisión por el MinistroGómez Millas, porque en el desenvolvimiento democrático de un Gobierno no puede permitirse que un Secretario de Estado aproveche su defensa para introducir afirmaciones no ajustadas a la realidad. El señor Ministro sostuvo ante la Comisión que no ha infringido la Constitución Política del Estado. Así lo dice el informe de la Comisión de Legislación, documento que ha resumido la defensa que ese Secretario de Estado formuló ante ella.

El señor Gómez Millas sostuvo "que no ha infringido disposición constitucional ni ley alguna y que, por el contrario, con la dictación del decreto impugnado no hizo otra cosa que dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes."

Esta afirmación es inexacta. Constitucionalmente, carece de veracidad y, a la luz de los decretos y de algunas leyes, tampoco se lo autoriza para disponer la enseñanza de la religión católica en establecimientos fiscales donde no se practica ese dogma. Esto está vedado al Ministro. De manera que cuando, mediante su defensa, hizo esta afirmación ante la Comisión, incurrió en error.

Es interesante conocer en detalles el decreto 4.665, que aprobó el programa en que se basa la resolución del Ministro de Educación -a su juicio, acorde con las disposiciones legales que crearon la Superintendencia de Educación Pública-, afirmación que tampoco descansa en asidero legal.

Según el informe, ese Secretario de Estado dijo lo siguiente ante la Comisión:

"La aprobación del programa, como la de otros que se han elaborado para la nueva estructura escolar, fue recomendada al Supremo Gobierno, previos los informes técnicos favorables del caso y en ejercicio de la atribución que le concede el Nº 5 del artículo 6º del D. F. L. 104, de 1953, por el Honorable Consejo Nacional de Educación, que por su amplia constitución da plenas garantías de ecuanimidad y de representación de la opinión pública del país."

Esta última frase ya demuestra la debilidad del argumento, pues no tiene por qué basarse en la calidad de las personas que emiten el informe, en circunstancias de que lo que necesitamos es analizar la disposición legal misma.

Y bien, el decreto 104 mencionado, en su artículo 6°, número 5, dispone que son atribuciones del Consejo Nacional de Educación : "Proponer al Ministro los planes y programas de estudio y toda otra resolución de carácter técnico relativa a las diversas ramas de la enseñanza y al ejercicio de sus funciones propias;". Este precepto que invoca en su defensa el señor Ministro no le da facultad alguna para alterar las disposiciones constitucionales o legales por las que se rige el país y en las cuales debe basarse el programa de educación.

El señor PABLO.-

Agradezco la deferencia de Su Señoría, porque, de acuerdo con el Reglamento, no podría hacer uso de la palabra con posterioridad.

No deseo dejar sin comentario los puntos de vista de Su Señoría, pues sus palabras dan la sensación de que la Comisión, en el fondo, por lo menos, aceptó la acusación entablada y sólo la rechazó por cuestiones de forma. En efecto, en el estudio hecho en la Comisión se concluyó que el libelo carece de un requisito esencial, y lo rechazamos sin entrar a una lata discusión.

Para responder concretamente a lo aseverado por el Honorable Senador, debo dejar constancia de que el Consejo Nacional de Educación está integrado por 26 miembros, de los cuales ocho son representantes del Ejecutivo y 18, nombrados por organismos independientes, designados sobre la base de ternas propuestas por ellos.

Deseo dejar constancia de que en este Consejo hay representantes que pertenecen evidentemente a las filas políticas de Su Señoría, como el señor Humberto Elgueta, quienes creen que lo obrado es conducente.

Por lo demás, el señor Contralor General de la República, al tomar conocimiento del decreto, debe pronunciarse respecto de su legalidad y constitucionalidad; pero no hizo objeción sobre el particular.

En todo caso, lo que se pretendió -y ha sido mal interpretado- fue precisamente extender la garantía constitucional para que otros credos puedan ser impartidos desde la enseñanza pública. Hasta la fecha, en las clases de religión y moral en todos los colegios de Chile, prácticamente se han enseñando sólo una confesión. En esta oportunidad se ha dado a las religiones anglicanas, pentecostales -y a otras que no recuerdo en este instante- la posibilidad de impartir esta instrucción, del mismo modo como se hace en todos los colegios europeos- donde existe libertad religiosa y se enseñan los distintos credos.

Por lo demás, esta asignatura no influye en absoluto en el total de las notas; de manera que quien desea concurre a estas clases, y el que no lo desea, no concurre.

A mi juicio, el hecho de fondo planteado por Su Señoría no es ni inconstitucional ni ilegal, porque mereció la sanción de la Contraloría General de la República, organismo que no es dirigido por hombres de este Gobierno, y ha contado con el apoyo unánime de todos los representantes que integran el Consejo Educacional, en el cual desempeñan cargos muchos personeros que comparten la corriente ideológica de Su Señoría.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Yo creí que mi ilustre colega el Honorable señor Pablo pensaba rectificarme con antecedentes de fondo; que me iba a decir que he violado tal o cual disposición legal, que la he interpretado mal o cualquier cosa semejante. A cambio de eso, ha hecho diversas citas al pasar y emitido conceptos que, por lo demás, me parece que Su Señoría no tiene derecho a manifestar, pues conoce muy bien al señor Giordano.

El Honorable señor Pablo lo visitó para pedirle el apoyo de las iglesias bautistas a favor de la candidatura del señor Frei en la provincia de Concepción. Todavía debe recordar el señor Senador la entereza con que el señor Giordano expresó a Su Señoría que no deseaba ver mezclados a los institutos religiosos evangélicos en las luchas de la política militante. Aplaudo y celebro mucho esa actitud, porque me hace mirar con respeto al movimiento evangélico de la República.

El señor PABLO.-

¿Me permite responder a eso, señor Senador?

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Creo que la interrupción que le he concedido fue suficiente. Además, Su Señoría no me hizo ninguna rectificación.

El señor PABLO.-

El señor Senador ha hecho una afirmación que deseo contestar desde un punto de vista personal.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Después concederé a Su Señoría la interrupción que me solicita. Me parece bien que se defienda, porque hasta el momento su intervención no ha sido buena.

Ahora debo continuar.

Tengo aquí las disposiciones relativas a la Superintendencia de Educación Pública. El señor Ministro se preocupa de citar el N° 5 del artículo 6° del D. F. L. 104, de 1953, pero se guarda de hacer mención del 1º del mismo artículo, y que, en la materia, tiene mayor importancia. Este establece:

"Son atribuciones del Consejo Nacional de Educación:

"1.-Proponer al Ministro de Educación la política educacional de la Nación, para lo cual deberá precisar, en cada caso, los objetivos educacionales que se pretenda alcanzar con los diversos tipos de enseñanza y estudiar las medidas que aseguren la coordinación y correlación de las diversas ramas y servicios de la enseñanza, dentro de los principios de la Educación para la Democracia, cuidando, especialmente, en que se realicen en la práctica la unidad y continuidad del proceso educativo. Para este fin, podrá realizar y ordenar los estudios que estime conveniente."

Ruego al Honorable Senado detenerse en este aspecto: la educación debe estar orientada a servir a la democracia, y no a una escuela sectaria y dogmática, lo cual corrompe el movimiento democrático. No creo necesario insistir en ello.

Yo respeto los credos. Nada hay más agradable -lo he dicho muchas veces- que tratar a una persona henchida de fe, y no seré yo quien vaya a quebrantarla. Me parecería injusto, grosero. Pero no acepto, como Senador de la República, que se haga tabla rasa de los preceptos constitucionales y de lo dispuesto por la ley, La Iglesia Católica, Apostólica y Romana se ha constituido en un estado poderoso económicamente. Han de saber mis Honorables colegas que me escuchan, que el Vicario General castrense jubila a los tres años de servicios, con el desahucio de comandante en jefe del Ejército. Pregunto a alguien que mire los postulados religiosos con honestidad y altura de pensamientos, si hay lugar a enriquecer a un poder que se vuelve en contra del mismo Estado. En mí no hay pasión de ninguna naturaleza que pueda calificarse de dogmática. Espero hablar con amplitud y con la misma serenidad con que hablé hace algún tiempo, porque he sido objeto de varias invectivas por allí, en especial de parte de un sacerdote jesuita, antes de la encíclica de Su Santidad el Papa. Me refiero al Papa como a Su Santidad, por mi respeto a los sentimientos religiosos.

Ahora bien, la reacción del señor Giordano, de este pastor bautista, es natural. Aparte el atropello a la Constitución, está la alteración de la verdad en que el señor Ministro se coloca, y a lo que aludiré en seguida. La falla estriba, como he dicho, en que, por no ser el señor Giordano experto en materias jurídicas, no se ajustó a la Constitución Política. De ahí, entonces, que él creyó poder salir personalmente a defender su ministerio y el de sus compañeros, el de los pastores que dirige, en circunstancias de que para hacerlo debió valerse precisamente de su calidad de pastor y en representación del concepto evangélico, que es respetable en Chile, y cuyo apoyo electoral buscaron el Honorable señor Pablo...

El señor PABLO.-

Voy a responder a eso en su oportunidad.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

... y muchas otras personas, de quienes hay por allí una lista muy interesante. Celebro la independencia de esa confesión, con que se denegó ese apoyo, que habría significado intervención política.

En mi opinión, es laudable que el estudio y la práctica religiosa se reserven al templo y al hogar, pero no se destinen a ello las escuelas del Estado. Estas deben dar garantía a todos los sentimientos que, en esta materia tan subjetiva, quieran expresarse.

Ahora bien, en el informe de la Comisión hay algo respecto de lo cual conviene llamar la atención. Recién leí la disposición relativa a la enseñanza democrática, que debe ser base y fundamento de los planes del Estado.

Ahora deseo referirme a algo que me parece muy extraño que el señor Ministro lo siga sosteniendo, en una actitud que no considero correcta. Yo lo respeto como Secretario de Estado y le exijo el mismo respeto para los demás. En sesión anterior de la Corporación lo rectifiqué, y luego lo rectificaron los grupos evangélicos cuando le hicieron presente que la comunicación del Consejo Superior de Enseñanza no les había sido enviada, con el programa en la época oportuna. Por lo tanto, la famosa consulta que se dice haberles formulado, no se hizo. Sin embargo, ahora lo repite el señor Ministro en los descargos que planteó ante la Comisión:

"La amplitud de criterio del Consejo Nacional de Educación y el limitado alcance de la medida adoptada, quedan en evidencia por el hecho de que la citada Corporación, en su sesión de 19 de abril de 1966, acordó por unanimidad aprobar el programa promulgado y ofrecer a otras Iglesias Cristianas, en los términos de la ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la oportunidad de presentar programas alternados para su aprobación. En cumplimiento de este acuerdo con fecha 2 de mayo se enviaron los oficios 419, 420, 421 y 422.. .

En su oportunidad, repito, di a conocer al Senado la presentación que las iglesias evangélicas del país elevaron al Presidente de la República, en la cual dejaron constancia de que tales comunicaciones no les fueron despachadas oportunamente, como se aseguraba, ni -contenían el programa de enseñanza que se estaba reglamentando. En efecto, éste fue entregado cuando ya estaba casi en tramitación el decreto elaborado por el Ministerio de Educación Pública.

"Con fecha 2 de mayo del presente año," -dicen en esa presentación- "la Superintendencia de Educación nos hizo llegar un oficio en que se nos comunicaba el envío del proyecto de Programa de Religión (Religión Católica) de 1° y 2º Año de Educación General Básica, ya aprobado por el Honorable Consejo Nacional de Educación. A pesar de lo manifestado en el oficio mencionado, el proyecto en referencia no había sido adjuntado. Posteriormente, con fecha 17 de mayo de 1966, un nuevo oficio de la misma Superintendencia nos comunicaba:

"Ruego a Ud. perdonar el error en el no envío del "proyecto de Programa de Religión; como lo indica el oficio Nº 419 que se le envió a Ud. el día 2 de mayo del presente año"."

Observe ahora el Senado: el 7 de mayo se publica en el Diario Oficial el decreto de marras, y a pesar de que todo esto es de pública notoriedad, todavía se sigue sosteniendo que les fue enviado previamente a las iglesias evangélicas para consultar su opinión antes de tramitarlo. Pero ocurre que el programa no se adjunta a la comunicación de consulta, y los consultados sólo lo reciben cuando ya el decreto está tramitado. No obstante, el señor Ministro sigue afirmando que "el Gobierno cree haber dado muestras de su respeto a la libertad religiosa de todos los ciudadanos de la nación".

No hay derecho para engañar. Un Ministro de Estado, a quien ya había rectificado con los antecedentes que le hice llegar por intermedio del Senado, no puede volver sobre el mismo punto. No debo calificar su actitud, pero puedo decir que ha incurrido en alteración de los hechos.

Todavía hay más. El Estado no puede convertirse en cátedra de religión. La religión debe estar confinada a los templos y al hogar, a la familia. Pero el señor Ministro admite que las escuelas públicas se conviertan en centros de enseñanza religiosa, presbiteriana, pentecostal, anglicana, metodista, de lo que sea. Es algo que nadie puede entender. Ninguna persona puede pensar que el Estado distraiga el esfuerzo de los educandos en todas estas materias. Vuelvo a decir, como han concurrido en ello personas con más autoridad que el Senador que habla; la religión es producto del sentimiento; de modo que la fe debe ser guardada en los templos, sitio destinado a rendírsele homenaje; pero no en los colegios estatales, porque sólo el razonamiento debe ser base de la enseñanza. Por eso la Constitución vigente eliminó la declaración de fe del Estado chileno, que antes lo era de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como aparecía en la Constitución anterior a 1925, cambio en que el Clero se empeña en desconocer y no faltan Ministros que. le ayudan en tal propósito.

Se sigue afirmando que la opción a seguir las clases sobre doctrina cristiana salva el inconveniente que anotamos los laicos, i Grave error! La Constitución Política estableció claramente la libertad de conciencia. Cuando a una persona que matricula a un niño en una escuela se le pide declarar si quiere que asista a las clases de religión o no quiere, se le está exigiendo de antemano una confesión de fe, contra lo cual la Constitución Política la ampara. Señalé esto en discurso anterior, y no necesito repetirlo.

La Corte Suprema de Estados Unidos se ha pronunciado sobre la materia en forma clara y tajante. Los países, que alguna significación tienen, respetan esos procedimientos legales. Pero aquí continuamos impertérritos en seguir viviendo del engaño, mantenido sobre el interés de uno y la debilidad e indiferencia de otros.

Pero el señor Ministro, fiel a su propósito, sigue amparándose en el artículo 24 de la ley de Educación Primaria Obligatoria, que acabo de citar, en virtud del cual "los padres o guardadores podrán eximir de la clase de doctrina cristiana a sus hijos o pupilos, manifestándolo al matricularse o en seguida por escrito al Inspector Escolar". Y voluntariamente se desentiende de que se hace referencia a la doctrina cristiana, no las, clases de religión católica, lo que es otra cosa. La doctrina cristiana es amplísima. Se puede estudiar, por ejemplo, la influencia del cristianismo a través de las edades. Pero no se puede enseñar una doctrina determinada, porque es incurrir en dogmatismo.

En seguida, el artículo 25 de la misma ley dispone:

"Los sacerdotes que se ofrecieren para enseñar gratuitamente la doctrina y moral cristiana en una escuela, podrán hacerlo con la autorización del Ministerio de Educación Pública en conformidad al decreto Nº 1.039, de 1929".

AI respecto, hay una observación que también debo reiterar. La ley de Educación Primaria Obligatoria, en el párrafo sobre la enseñanza, dice en su artículo 21:

"El plan de educación que se distribuirá en las diversas escuelas según los grados de enseñanza y conforme a los programas que fijarán los respectivos reglamentos, comprenderá las siguientes actividades: Educación Física.... Religión y Moral; . . ."

Consecuencialmente con esto, se dictó un precepto que tiene por objeto poner en aplicación esta disposición de la ley, relativa a la religión y moral. ¿Qué dice sobre el particular el decreto reglamentario de la ley. Dispone que importa especialmente influir sobre el aspecto afectivo, en el sentido de formar aptitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, y fortalecer la voluntad de vivir conforme a las creencias y sentimientos. ¡Vaya a pedir usted a un sacerdote que hable de tolerancia y respeto a las ideas! ¡Si lo que va a hacer allí es dictar clases dogmáticas sobre su fe, y que estima la única revelada al hombre! Aquello está bien para el maestro, que forma ciudadanos; pero no para el sacerdote, que forma prosélitos. Conviene, pues, distinguir con claridad ambas situaciones.

Entre las sugerencias metodológicas, el decreto señala que lo más delicado es lo concerniente a los sentimientos religiosos del alumno, que deben ser respetados por el maestro. Obsérvese bien: respetados por el maestro. Entre los alumnos, hay israelitas y también niños o jóvenes pertenecientes a alguna de las diversas sectas religiosas en que el cristianismo se ha dividido por interpretaciones más o menos. El decreto -insisto- nos dice que lo más delicado es lo tocante a los sentimientos religiosos del alumno, que debe ser respetado por el maestro, practicando el espíritu de tolerancia y cultivando la comprensión hacia quienes profesan otras creencias.

Insisto sobre el particular, pues creo haber demostrado algún interés respecto de estas materias. Las he mirado siempre con cierta preocupación; de modo que, al ratificar mis puntos de vista, hago un servicio, no sólo a las ideas laicas que profeso, sino al país. Y ello, desde luego, imponiendo respeto para todos los credos religiosos, porque ésa es la base en que convivo yo y todos los que me rodean. Pero, al mismo tiempo, como legislador, no puedo aceptar el abuso. No, señor Presidente. Si la Iglesia se separó del Estado, allá ella. Su ministerio haría mal en desconocer que todos los hombres tenemos, como algo subjetivo, conceptos sobre el principio y el fin de las cosas. Cuando se ve un ministerio que se eleva y se coloca por sobre los sentimiento mundanos; que no busca el enriquecimiento, se lo admira y respeta, porque se dignifica. Pero cuando ve lo contrario, cuando se advierte abuso, atropello y predominio; cuando se vuelve a épocas pretéritas en que la Iglesia tenía don de mando en todas las organizaciones sociales, no se siente respeto y estima, sino repulsa.

Quiero dejar constancia de que la solicitud del señor Giordano está bien inspirada, pero una omisión de orden procesal impidió a la Comisión pronunciarse sobre el fondo de esta materia y apreciarla en su verdadera magnitud. Me parece, por lo tanto, que ha estado en lo correcto el Honorable señor Juliet al emitir un voto en los términos que señala el informe, con el fin de dejar a salvo su opinión. En el fondo, no ha habido rechazo de la Comisión a la petición del señor Giordano.

El señor CHADWICK.-

El Senador que habla, al participar en las deliberaciones de la Comisión, no podía vacilar frente a la inadmisibilidad de una acusación que carecía de un requisito inequívocamente exigido por la Constitución para que el Senado pueda pronunciarse sobre ella. En efecto, el autor de la acusación no alegaba perjuicio alguno que hubiere sufrido y que pudiera autorizarlo para recabar del Senado la decisión constitucional que él impetraba.

Sostenemos que el Senado, cada vez que se encuentra ante un requerimiento o iniciativa que no cumple los requisitos señalados por la Constitución, debe declarar inadmisibles las respectivas presentaciones y no entrar a pronunciarse sobre el fondo de la iniciativa o solicitud. Por ser ésa nuestra doctrina invariable, no podíamos apartarnos de ella por consideraciones de otra índole, que no se ajustaran a nuestro pensamiento en materia constitucional. Pero todo lo dicho no significa que nosotros vacilemos ni que el Partido Socialista dude acerca del fundamento moral que tienen los sectores evangélicos para reclamar ante los poderes públicos por la conducta que, en los hechos, está siguiendo este Gobierno, cuya actitud, en síntesis, podría calificarse de negación del Estado laico. Por mil caminos y por medios que comprobamos por dondequiera que andemos, el Estado chileno está al servicio de la Iglesia, aunque formalmente se proclama separado de ella. Existe una especie de teocracia en que el verdadero poder tiende a desplazarse a los conciliábulos de ciertas jerarquías, que vienen a determinar la política real de nuestro país.

En materias relacionadas con la educación, sabemos de qué manera se está impidiendo a los profesores el desempeño correcto de sus funciones, mediante la presión ejercida por espíritus dogmáticos, al calificar las creencias del personal docente con el objeto de determinar, en cada caso, si merecen la confianza del Estado. Sabemos todo esto y, naturalmente, lo hacemos valer para que no se vaya a confundir lo que ha sido una actitud determinada por el imperativo del texto constitucional, que no permite al Senado pronunciarse sobre acusaciones de particulares contra los Ministros de Estado si en ellas ni siquiera se alega perjuicio personal que habilite al reclamante ejercer la acción correspondiente. Quiero, pues, dejar expresa constancia de que coincidimos, en la apreciación general del problema, con las opiniones vertidas por el Honorable señor González Madariaga y, asimismo, de que nuestra actitud en la Comisión fue dictada por las consideraciones estampadas en el informe respectivo. Una vez más, debo decir que no nos repugna el sentimiento religioso, pero rechazamos, sí, la intervención política de los eclesiásticos.

Muchas gracias.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Celebro muy de veras lo dicho por el Honorable señor Chadwick, en especial en cuanto deja en claro las razones que lo impulsaron a actuar en la Comisión en la forma reseñada por el informe.

Me permitiré relatar un breve antecedente. Hace poco, estuve en Roma. Nuestro Embajador ante el Vaticano, con una fineza sumamente bondadosa para mí, aparte haber sido un verdadero cicerone durante mi visita a la Ciudad Eterna, me consultó si tendría interés en ser recibido por el Santo Padre o en asistir a alguna audiencia pontificia. Le contesté con toda entereza: "Sería engañar y, al mismo tiempo, ofender al jefe de la Iglesia católica si lo fuera a visitar como Senador chileno o como ciudadano chileno; soy masón, y no hombre de fe católica. De manera que una satisfacción de curiosidad de mi parte, constituiría una ofensa para el jefe de la Iglesia mundial. Agradezco su ofrecimiento, pero más le agradecería que usted me facilitara una visita a la Basílica, a fin de apreciar los tesoros allí acumulados en el suceder de las edades", lo que me fue dable ejecutar.

El señor ALTAMIRANO.-

¿Me permite, señor Senador?

Deseo pedir la autorización del Senado y del Honorable señor González Madariaga, para insertar en su discurso una presentación hecha por el Nuevo Concilio Evangélico relacionada con el asunto en debate, pues ella confirma plenamente lo expuesto por los Honorables señores González Madariaga y Chadwick, y concuerda con nuestro pensamiento al respecto.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Con mucho agrado, accedo a la petición de Su Señoría.

El señor GUMUCIO.-

¿Podría tomarse acuerdo respecto de una indicación para insertar determinado documento en el discurso de otro señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Por eso, empecé por pedir su acuerdo al Honorable señor González Madariaga.

El señor GONZALEZ MADARIAGA-

Hago mía la indicación de mi Honorable colega.

El señor FONCEA.-

Ni siquiera se ha explicado en qué consiste el documento cuya inserción se pide.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Si el señor Senador lo desea, podría leerlo.

El señor ALTAMIRANO.-

Podría leerlo yo mismo si el señor Senador insiste en sus objeciones.

El señor GUMUCIO.-

No insisto.

El señor ALTAMIRANO.-

No me refiero a lo dicho por Su Señoría, sino a la observación del Honorable señor Foncea.

-Se accede a lo solicitado por los señores González Madariaga y Altamirano.

-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:"Los nuevos programas de religión y una campaña "dirigida".

"Bajo este título ha aparecido en la revista católica "Mensaje" un artículo firmado por el sacerdote romano Fernando Cifuentes Grez. No nos extraña en absoluto su contenido, ya que formula en él las mismas aseveraciones que expresara en aquella oportunidad del Foro que, sobre la misma materia, organizó el Centro de Filosofía de la Universidad de Chile y en el que debió reconocer ignorar completamente la materia que se trataba. Como en su artículo no agrega ninguna novedad que aclare su pensamiento, nos da la impresión de que continúa en ese estado.

"Hay, a pesar de todo, un párrafo que vale la pena consignar y es el que inserta al final de dicho artículo; dice así: "Muchos pensamos que esta campaña puede ser del vespertino en cuestión; no alcanzamos a divisar qué puede impulsarlo; muchos pensamos que hay alguien detrás de ella. Y algunos creemos saber quién es."

"Ante esta insólita aseveración, pensamos que al señalar a un vespertino que ha sido uno de los pocos diarios de esta capital que ha dado cabida a las quejas de los evangélicos en relación con el decreto del Ministerio de Educación, la acusación va contra las iglesias evangélicas que impugnaron la medida del Gobierno, desde el momento de tener conocimiento de ella, ya que todo se hizo en el mayor de los silencios, aun cuando se adoptaron las medidas para decir lo contrario. Trataremos de aclarar este enredo en que se encuentra sumido el ilustre prelado romano.

"Haciendo historia, diremos que desde el año 1929 existía un acápite en la ley de Instrucción Primaria Obligatoria que incluía la enseñanza de religión y moral en forma optativa en los colegios fiscales. (Es conveniente recordar que la presión clerical obligó a los legisladores de entonces a aceptar esta inclusión). Sin embargo, el programa que se aplicó, si bien es cierto no satisfacía plenamente el concepto de Separación de Iglesia y Estado, por lo menos no repugnaba totalmente a las conciencias de los ciudadanos. Pero el día 19 de abril de 1966, en su afán reformador, el Consejo Nacional de Educación aprobó un nuevo proyecto de "religión católica para los 1º y 2º Años de Educación Básica". Más adelante, el día 2 de mayo, la Superintendencia de Educación envió a las Iglesias Anglicana, Metodista, Presbiteriana y Pentecostal los oficios N°s 419, 420, 421 y 422, respectivamente, que textualmente dice así; . . ."En sesión celebrada el 19 de abril ppdo., el Consejo Nacional de Educación aprobó el proyecto de Programa de Estudios de la asignatura de religión que se aplicará en los cursos de 1º y 2º Años de Educación Básica de la nueva estructura del Sistema Escolar Regular, establecida por el Ministerio de Educación Pública."

"Junto con dar aprobación al proyecto, el Consejo estimó conveniente poner en conocimiento de las diferentes confesiones religiosas que se profesan en el país, el referido proyecto, con el propósito de conocer la opinión que el Programa de Estudios aprobado les merezca y de tener, en el futuro, la posibilidad de considerar los puntos de vista que dichas confesiones sustentan respecto de la enseñanza de esta asignatura de la Educación del Estado."

"En cumplimiento del acuerdo a que hago referencia, remito a Ud. un ejemplar del Programa, con ruego de que, si Ud. lo estima, haga llegar a esta Superintendencia de Educación la opinión que el Consejo solicita."

"El día 9 de mayo, el Ministerio convierte en decreto el proyecto mencionado que, con las firmas del Ministro y del Presidente, fue enviado al Diario Oficial.

"El día 17 de muyo, sólo el día 17, se envían las copias prometidas en los oficios a las iglesias evangélicas antes mencionadas y que, en resumen, no son más que la décima parte de las iglesias que tienen personalidad jurídica y bien conocidas en las esferas del Gobierno. Como puede notarse, se simula una legalidad que no ha existido, y que con toda seguridad se originó en las esclarecidas mentes de los mentores clericales que el Ministerio soporta.

"Cuando por fin el día 11 de junio aparecía publicado bajo el Nº 4.665 el decreto de enseñanza de "religión católica" en los colegios fiscales, los evangélicos empezaron sus reclamaciones que tuvieron como eco las intervenciones en las Cámaras.

"En respuesta a ello salió a relucir la peregrina idea de que por "primera vez en la Historia de Chile" se daba oportunidad a otras confesiones a presentar sus programas y a efectuar clases de su religión en los colegios fiscales. Creo que deben conocer tanto el Ministro como el Superintendente de Educación y los asesores clericales del Ministerio, por sus cargos y cultura, que existen claras prescripciones sobre el particular, como son los decretos 1.069, del 6 de abril de 1929; el decreto Nº 6.335, del 31 de diciembre de 1929; el decreto Nº 5.523, de 26 de diciembre de 1933, y que junto a otros decretos son invocados por la Contraloría de la República para señalar que sólo sacerdotes o las personas que ellos recomienden pueden hacer clases de religión.

"Es conveniente que el señor Cifuentes comprenda que es difícil hacer tragar el anzuelo de "igualdad de condiciones" en la enseñanza de religión, a los cuerpos evangélicos, ya que éstos han sufrido, siempre, de postergación en todo aquello que han querido alcanzar como una meta.

"Además, es conveniente que sepa que, en ningún caso, ni aun cuando tuviésemos la aparente mayoría que ostenta hoy el romanismo, buscaríamos el alero del Gobierno para propagar nuestra fe. Somos conscientes de que una iglesia ha de existir libremente dentro de un estado libre tanto de compromisos como de presiones por parte de jerarquía alguna.

"Y ahora bien, ya que estamos en el asunto, ¿podría satisfacer el señor Cifuentes las siguientes preguntas: ¿A quiénes quiere hacer clases de religión la iglesia de Roma? ¿A los niños católicos? ¿A los niños evangélicos? ¿o a los niños indiferentes ?

"Emplazo al señor Cifuentes a que conteste a esto, ya que, de acuerdo a su respuesta, conoceré cuál es el verdadero fin que se persigue.

"Hay algo más y es aquello de la "optatividad" de las clases de religión. Esta palabra ha pasado a ser anodina, ya que desde el momento que los padres están obligados por la clásica pregunta "¿sigue religión?", ha de confesar de inmediato ante el colegio qué clase de ideas sustenta.

"Y por temor a las represalias muchos aceptan de que se catequice a sus hijos. Además, si los maestros lo desean, hacen valer el decreto Nº 6.855, de fecha 31 de diciembre de 1929, en que faculta al profesor de religión a tener los mismos deberes que el personal docente y deberá calificar a los alumnos de acuerdo a su aprovechamiento en la clase de "religión".

"Por todo lo expuesto anteriormente, estoy por creer lo que el señor Cifuentes dijo en el foro efectuado en el Pedagógico sobre el programa de religión. El dijo que desconocía el decreto y el programa y el problema en cuestión. o si no tendré que concluir que es un mal intencionado. Tampoco quisiera creer, llevado por los hechos presentes, que los acuerdos del Concilio fueron sólo un juego astuto para disfrazar con ello, un propósito totalitario y absolutista del clero. No quiero creer ninguna de las dos cosas."

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Como saben los señores Senadores, el norte del país ha vivido una nueva tragedia; esta vez, un terremoto. El epicentro del sismo se localizó en la ciudad de Taltal, una de las más abandonadas del norte. En nombre de los Senadores comunistas, pido oficiar al señor Ministro del Interior para solicitarle que adopte todas las medidas necesarias para la atención de las víctimas del sismo. Tengo entendido que ya el -señor Ministro ha tomado algunas iniciativas sobre la materia, pero deseo reiterarle la urgencia de acudir con prontitud en auxilio de los damnificados.

Pido, además, hacer presente al Gobierno la necesidad de que mañana se den a los parlamentarios de la zona norte las facilidades del caso para trasladarse a la zona afectada por el sismo. Debo hacer presente que hoy recibí un ofrecimiento del señor Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional, consistente en pasaje aéreo para viajar al norte. No me fue posible aceptar este ofrecimiento, en razón de que hoy día debía cumplir perentorias obligaciones parlamentarias aquí en la capital. Solicito, en consecuencia, que se tomen las medidas adecuadas para disponer en el día de mañana, jueves, de los medios de transporte requeridos para viajar a las provincias del norte.

-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Senadores comunistas.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en cuarto trámite constitucional, sobre Presupuesto de la Nación para 1967.

-El oficio con las insistencias de la Cámara de Diputados se inserta en los Anexos de esta sesión, documento Nº 1.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Cámara de Diputados no aceptó la modificación del Senado consistente en suprimir el ítem "05/02/23 Varios" Servicio de Gobierno Interior de la partida Ministerio del Interior de Eº 10.030.000, y ha insistido en su criterio primitivo.

-El Senado acuerda no insistir (21 votos por la insistencia y 14 por la no insistencia).

-A continuación, y con la misma votación (20 votos por la insistencia y 14 por la no insistencia), no se insiste en las siguientes enmiendas del Senado, consistentes en:

a) En la partida Ministerio del Interior, rebajar el ítem 05/06/03 Sobresueldos de la Dirección General de Investigaciones, de Eº 9.295.000 a Eº 8.395.000.

b) Rebajar el ítem 05/06/04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones, de Eº 970.000 a Eº 570.000.

c) Reemplazar el guarismo 100 por 8.

d) Rebajar el ítem 05/06/09 Gastos Generales, de Eº 2.270.000 a Eº 1.670.000.

e) Rebajar el ítem 05/09/04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones de la Oficina de Presupuestos, de 110.000 escudos a 70.000 escudos.

f) En su glosa interna reemplazar el guarismo 6 por 2.

g) Rebajar con motivo de las enmiendas introducidas a los ítem de esta partida, de Eº 356.850.000 a Eº 344.880.000.

h) En la partida Ministerio de Relaciones Exteriores, rebajar el ítem 06/01/08 Gastos del Personal y Fletes de la Secretaría y Administración General, de Eº 700.000 a Eº 600.000.

i) Rebajar el ítem 06/01/09 Gastos Generales, de Eº 1.350.000 a Eº 1.250.000.

j) Rebajar el ítem 06/01/23 Varios, de Eº 854.000 a Eº 754.000.

k) Rebajar, con motivo de las enmiendas introducidas a los ítem de esta partida, de Eº 12.615.000 a Eº 12.315.000.

1) En la partida Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, rebajar el ítem 07/01/04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Eº 242.939 a Eº 192.939.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Cámara también ha rechazado la modificación del Senado consistente en rebajar el ítem 07/02/04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones de la Dirección de Industria y Comercio, de 2.007.940 a Eº 1.207.940, y en su glosa interna, sustituir el guarismo 275 por 173.

El señor ALTAMIRANO.-

Con relación a lo expresado por el Honorable señor González Madariaga, debo informar que no estoy en condiciones de dar cifras exactas sobre los gastos propuestos por el Gobierno en su oficio final con relación a lo aprobado por el Congreso. Lo que sí puedo decir es que el Senado no ha rebajado ninguna de las cifras propuestas primitivamente por el Ejecutivo y que, con posterioridad, éste aumentó notoriamente. Lo único que hizo esta Corporación fue manifestar al Gobierno que aprobaría las primeras cifras enviadas por él, aunque no concordaba completamente con ellas. En este sentido, hemos sido bastante liberales al aprobar gastos, pues no hemos hecho otra cosa que aprobar las cifras sugeridas en un comienzo, y que el Ejecutivo rectificó posteriormente, para aumentarlas.

Por tales razones, compartimos las expresiones del Honorable señor González Madariaga, en cuanto a que hay absoluta falta de seriedad en el estudio de la ley de presupuestos. El Gobierno anunció hace poco que se haría una economía del orden de 120 millones de escudos. Vale decir, envió un presupuesto al Congreso y, antes de que fuera aprobado, ya reconoce que existe un exceso de gastos por la cantidad mencionada. O el presupuesto estaba notoriamente abultado, o muy mal estudiado.

Lo que el Gobierno podría hacer en el próximo año, si desea anunciar medidas aún más espectaculares que las de ahora, es proponer al Congreso un presupuesto, no por la cantidad de 7 mil millones de escudos, como hizo este año, sino por la suma de 9 mil millones y, antes de ser aprobado, declarar gratuitamente que lo rebajará en 2 mil millones. Ello sería muchísimo más espectacular.

El señor NOEMI.-

Eso pueden hacerlo Sus Señorías cuando sean Gobierno.

El señor ALTAMIRANO.-

El Gobierno ha enviado un presupuesto por 7 mil millones de escudos y, antes de que el Congreso lo apruebe, reconoce que hay un exceso de 120 millones. Y el Ministro de Hacienda dice que se rebajará esa cantidad, aunque no dijo qué gastos serán disminuidos, ni por qué estaban consultados. El anuncio lo hizo con horas de diferencia. Si lo hubiera hecho a mediados del próximo año, nosotros lo entenderíamos; pero hacerlo con diferencia de minutos, demuestra falta de seriedad absoluta.

Reitero nuestra concordancia con las palabras del Honorable señor González Madariaga.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¡24 mil millones de pesos!

Acabamos de escuchar al Honorable señor Altamirano que el Senado mantuvo las cifras indicadas por el Gobierno en el primitivo proyecto de presupuestos enviado al Congreso y que, con posterioridad, fueron aumentadas por el Ejecutivo.

¿Qué ha pasado con el proyecto de reajustes, respecto del cual el Gobierno envió una cantidad de indicaciones para aumentar los gastos considerados primitivamente? Razón tuve yo cuando me opuse al despacho de un proyecto de ley evacuado favorablemente por la Comisión de Obras Públicas e insinué que pasara a la de Hacienda, para que esta última se pronunciara en cuanto a derogar disposiciones de la ley orgánica, para hacer traspasos de ítem, porque esto significa, simplemente, anarquía. Esto lo criticamos desde esta tribuna con el mayor énfasis. Criticamos también las publicaciones de prensa que aluden a nombres de parientes cercanos al Presidente de la República, con los cuales se hace propaganda en el país. Nunca antes la República había visto un acto tal de nepotismo ni un Gobierno más atropellador de las prácticas administrativas del país.

El señor MUSALEM.-

Señor Presidente, primeramente me referiré al último punto planteado por el Honorable señor González Madariaga.

Todos los señores Senadores saben que los centros de madres acuerdan libremente poner el nombre que ellos desean a sus organizaciones. Nadie puede impedirles que elijan el de la señora del Primer Mandatario o de quien sea. Normalmente, han tenido nombres de gobernantes chilenos. Esos centros -repito- lo deciden así libremente y nadie tiene interés en que lleven el nombre de personeros del Gobierno o de parlamentarios.

Nadie podría sostener en esta Sala que alguien ha pedido que se ponga un nombre determinado a un centro de madres. Esta es una majadería a la cual se quiere dar importancia, pero no tiene ninguna, porque nadie se está beneficiando con ello. Nadie está haciendo propaganda ni tiene interés en hacerla. Ojalá mañana desaparecieran todos los nombres de políticos y de personas de esos centros, porque, en el fondo, a mi juicio, es una mala práctica que nace, desgraciadamente, del corazón del pueblo, y hay que aceptarla, sin contrariarla, pues normalmente no se consulta a las personas cuyos nombres se usan.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Lo que Su Señoría dice es majadería.

El señor MUSALEM.-

No se puede hacer cuestión de lo que nace libremente del alma del pueblo.

Ahora, respecto del aspecto de fondo planteado en esta Sala, se sostiene, como si por primera vez ocurriera en el país, que la ley de presupuestos y la de reajustes tienen variación en el financiamiento. Esta es una práctica normal en Chile. No puede ser de otra manera.

Todos los Gobiernos, cuando envían la ley de presupuestos en el mes de agosto, especifican determinada suma de gastos y otra de ingresos. Después, más cerca del fin de año, en la última oportunidad que permite la Constitución, mandan un oficio final; o sea, cuando hay un mejor ajuste en las cifras estadísticas y mejor conocimiento de los posibles gastos e ingresos. Así se ha procedido siempre, porque corresponde a toda una organización estadística que existe en Chile, que no anticipa más en el tiempo la información requerida.

La diferencia, como se ha dicho, asciende a 24 millones de escudos. No creo que, en definitiva, y en E° 7.100 millones que es el monto del Presupuesto, represente una discrepancia como para sostener en esta Sala que el Gobierno podría, en un momento dado, haber concebido un pre- supuesto abultado para después rebajarlo y hacer anuncios espectaculares en ese sentido. No se puede sostener que la intención del Ejecutivo haya sido esa al hacer el anuncio de que se renunciaría a los préstamos del AID y al "stand by". Por cierto, esa renuncia tiene una significación financiera en el presupuesto.

Precisamente, la renuncia al crédito AID corresponde a la rebaja de 120 millones de escudos, planteada por el Ministro de Hacienda, y que es por seis meses. A mediados de año, el Ejecutivo tendrá que hacer otro ajuste de las necesidades y ver si rebaja, inclusive, una mayor suma que la anunciada. Esto corresponde a toda una política. Simplemente, los precios del cobre han sido mejores, y el Ejecutivo no necesita de esos créditos; es decir, renuncia a los empréstitos y sanea la balanza de pagos del país. También reduce las deudas y las necesidades de financiamien- to fiscal para ajustarías a todo un programa armónico y a la política de crédito y expansión del dinero planteada por el Ejecutivo. Nosotros hemos anunciado desde un comienzo que nuestro programa económico es armónico. Un sector de la economía tiene relación con todos los demás, y si vamos a disponer de menos créditos externos, porque renunciamos a ellos, es necesario un ajuste en la política financiera fiscal, para todos sus efectos y, en especial, para los de la política monetaria del crédito.

No sé si los señores Senadores que plantean dudas pretenden dejar flotando en el ambiente una mala intención de parte del Ejecutivo al reducir el gasto fiscal a esta altura del año o no entienden realmente el proceso económico, o no quieren comprenderlo por razones políticas.

A mi juicio, la situación es muy clara, y no se puede hacer objeción alguna al

Ejecutivo por haber anunciado, a esta altura del año, una reducción de gastos públicos que corresponden, precisamente, a las posibilidades claras que ha dado el mayor precio del cobre.

Nadie podía estar seguro, a principios de año, ni en julio, de la cantidad de divisas que ingresarían al país por el precio del cobre. Cuando se envió el presupuesto, nadie en Chile podía asegurar cuál sería la disponibilidad de divisas del país a fin de año.

Por eso, precisamente, se han hecho todas estas rectificaciones, que son muy justificadas.

El señor PALMA.-

Comprendo que en torno de este problema se tomen las más variadas posiciones políticas.

En verdad, cualquier análisis serio de los datos de que disponemos permitirá a los señores Senadores comprobar que las afirmaciones que se suelen hacer en el Senado no corresponden a la realidad, ni mucho menos a lo que podría ser un análisis económico en profundidad.

Todos los señores Senadores, seguramente, han recibido de la Oficina de Informaciones del Senado el boletín N° 82, del 16 de diciembre de este año, en que se hace un estudio sobre los presupuestos de gastos de la nación desde 1950 a 1967, y de la forma cómo han sido distribuidos en los distintos Ministerios.

En este informe, hay algunos antecedentes que vale la pena destacar, para que los señores Senadores los analicen, a fin de que nos formemos criterio sobre la política que está llevando adelante el Gobierno, de su seriedad y sobre los factores -probablemente, hay muchos- que pueden influir.

Tomaremos como ejemplo los tipos de cambio considerados en las leyes de los últimos presupuestos; en 1967, el tipo de cambio se ha estimado en E° 4.50 por dólar; en 1966, la cotización se hizo a 3.60 escudos; en 1965, se fijó un valor de 3.20 escudos por dólar, y así podríamos remontarnos hasta 1959, año en que se determinó para todos los cálculos del presupuesto una relación de Eº 1 por dólar, como sabemos.

Pues bien, si tomamos como base estas cifras y hacemos un análisis de los presupuestos anteriores reduciendo a dólares las cantidades, de acuerdo con el tipo de cambio, nos encontramos con datos que merecen ser conocidos.

El presupuesto del próximo año alcanzará a la suma de 6.600 millones de escudos con las rectificaciones agregadas por el oficio final, originado en el hecho -como se destacó en esta Sala- de que el presupuesto de la nación, por disposiciones legales, debe enviarse al Congreso con muchos meses de anticipación al momento en que se discute. Dicha cifra equivale a 1.460 millones de dólares. En 1966, el presupuesto alcanzó a 5.320 millones de escudos, que equivalían, por el tipo cambio correspondiente, a 1.480 millones de dólares. Es decir, como lo ha reiterado el Ministro de Hacienda en diversas oportunidades, se ha tratado de llevar al máximo el control económico, de manera que los gastos totales guarden relación con los ingresos nacionales. Y estos datos así lo comprueban.

En 1965, el presupuesto correspondió a 1.270 millones de dólares; en 1964, a 1.180 millones de dólares. Y no es necesario seguir dando antecedentes.

De manera, señor Presidente, que cuando se hacen afirmaciones en el sentido de que los gastos considerados en el presupuesto serían abultados por razones políticas, por presiones de partidos, para ingresos de funcionarios y por miles de otras razones, se está incurriendo en un error de objetividad, simplemente.

Por último, quiero referirme a otro aspecto que aparece tratado en este boletín. Los porcentajes que, corresponden a cada uno de los Ministerios están aquí analizados, y podemos comprobar que los únicos que suben dentro del volumen del presupuesto nacional, con relación al año anterior, son: Ministerio de Educación, de 13,35% a 14.29%; Ministerio de Obras Públicas, de 10,24% a 11%; Ministerio de Agricultura, de 4,14% a 4,94%. Los demás Ministerios han mantenido o rebajado sus porcentajes en el presupuesto nacional.

Con los datos que están al alcance de cada señor Senador se puede comprobar que el valor estable del presupuesto nacional no ha cambiado y que ha sido controlado al máximo posible, de manera que los gastos relativos de los respectivos Ministerios sólo han aumentado en aquellos considerados claves, como los mencionados.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Había pedido conocer los antecedentes sobre el monto de la diferencia provocada con las rectificaciones del Ejecutivo; pero ahora el Honorable señor Palma ha entregado otras comparaciones que me ha parecido muy interesante recoger, aunque sea "calamo cúrrente".

También me había referido al nepotismo, que el Honorable señor Musalem justifica. ¡Admirable!

El señor MUSALEM.-

Dije que nadie ha pedido dar determinados nombres a los centros de madres.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¡Y Su Señoría lo justifica en nombre del pueblo! Eso podría decirlo Su Santidad el Cardenal. Yo creo que esto es una farsa, un engaño en la administración, que no se puede admitir como principio.

Mi ilustre amigo el Honorable señor Palma, sin embargo, nos ha leído datos relacionados con el presupuesto. Quiero decir que éste ha subido en la actual Administración, desde 1965 a 1967, en 40%. Así lo veremos pronto y tendremos oportunidad de analizar las consecuencias con mayor detención. El señor Senador dice que ningún presupuesto ha subido más que el de Educación. Puedo expresarle que el presupuesto de la Presidencia de la República aumentó en 12 veces los gastos que tenía en 1964: de 585 mil escudos, sube a 6 millones 240 mil escudos. No creo que ha- ya podido justificar...

El señor PALMA.-

Su Señoría se equivoca. En la página 92 del informe a que me referí, aparece una cifra muy clara; 5.777.000 el año pasado y 6.240.000 este año. Aproximadamente, 1%, y en ningún caso el porcentaje indicado por Su Señoría.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

No me interrumpa, señor Senador. Observe la misma conducta que tuve mientras Su Señoría intervino en el debate,

El año 1964, cuando recibió la Administración el Presidente Frei, el presupuesto de la Presidencia fue de 585 mil escudos; ahora, para 1967, sube a 6.240.000; es decir, aumenta doce veces.

Además, el señor Frei dijo a la ciudadanía que tenía sólo cuatro asesores. Acabo de manifestar que hasta hay una monja en calidad de asesora en el Ministerio de Educación.

En seguida, el Ministerio de Relaciones Exteriores que, como lo expresé, ha traicionado a la patria y debería ser objeto de una reorganización desde sus cimientos -esto lo puedo probar y nadie me desmentirá- aumenta en dos veces y media su presupuesto. En efecto, en 1964 figuraba con 21 millones de escudos. Para el próximo año se le asignan 56 millones de escudos. ¡Qué engañada está la patria! ¡Cómo botan los dineros! Ese regalo de los territorios de Palena cuesta al país más de 400 millones de dólares. ¡Que me rectifiquen, si no estoy en lo cierto!

Pero no es sólo eso. El Ministerio de Educación, en el cual todos tenemos interés, aumenta muy poco su presupuesto. El año 1965 tenía 470 millones de escudos. Ahora, se le asignan 933 millones de escudos. El doble, nada más. Sin embargo -repito- el de la Presidencia de la República aumenta doce veces.

Quiero decir algo más, porque con este Gobierno estamos viviendo de engaños. En efecto, está haciendo algo que nunca nadie había hecho; tramitar proyectos de ley sin financiamiento, con cargo a la Ley de Presupuestos. Por eso, ayer me opuse a continuar discutiendo un proyecto de ley que faculta para enmendar la Ley Orgánica de Presupuestos y hacer traspasos de fondos antes de los seis meses que consagra la ley. Me parece que ése es un grave vicio que aumentará el desorden que vivimos.

Tengo aún algo más que comentar. En el proyecto de reforma agraria se transforma a diferentes servicios del Estado en entes autónomos, en los cuales el Congreso no toma parte para los efectos de fijar las rentas del personal ni en la autorización de otros gastos. Me refiero a los servicios de agricultura, ganadería y reforestación. Sus gastos serán cargados a la Ley de Presupuestos y mañana se pedirá al contribuyente que los financie.

En esa forma se está faltando a las reglas de la Constitución, y el Congreso carece de valor para imponerse. Resulta inútil e innecesaria la existencia del Parlamento, si no puede ejercitar el mandato que la Carta Fundamental le impone.

Nada más.

El señor MUSALEM.-

Señor Presidente, aquí se hace demasiada cuestión, debido a la deformación de muchos antecedentes.

Mientras hablaba el Honorable señor González Madariaga, el Honorable señor Palma dijo algo que deseo repetir; la Presidencia de la República disminuyó su presupuesto del año 1967 respecto del propuesto de 1966, de 0,12% a 0,10% con relación al presupuesto nacional total.

Deseo decir al Honorable señor González Madariaga, sin que esto signifique un reproche, que observe la partida del Congreso Nacional. En tanto que la de la Presidencia de la República baja en la cifra antedicha, la del Congreso Nacional sube 2,0. Entonces, no planteemos argumentaciones sin base sólida ni deformemos los hechos; reconozcamos las cosas tal cual son. Cada año surgen mayores necesidades, tanto para el sector de Gobierno, que amplía sus actividades en favor del pueblo, cuanto para el Congreso Nacional, que también amplía las suyas dentro del cumplimiento de sus funciones.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Y tienen plena justificación.

El señor MUSALEM.-

No digo que no la tenga, pero comparemos ambas partidas.

El señor IBAÑEZ.-

En este caso, como en los anteriores que hemos discutido, se plantea una situación sobre la cual deseo decir algunas palabras en nombre de los Senadores del Partido Nacional.

Conforme a disposiciones constitucionales y reglamentarias de ambas Cámaras, se nos impone legítimamente la voluntad mayoritaria del Ejecutivo expresada en la Cámara de Diputados, frente a enmiendas hechas por el Senado a diversos ítem del proyecto de presupuesto.

No discutimos la facultad de la Cámara para hacerlo; discutimos, sí, el límite de esa facultad. La mayoría política de una rama del Congreso, y aun la de ambas Cámaras, puede conformar la política del país de acuerdo con sus deseos. Pero hay ciertos límites.

No creo que el hecho de disponerse de una transitoria mayoría en una rama del Parlamento, aun cuando fuese amplísima en ambas Cámaras, faculta a ningún Gobierno para realizar actos verdaderamente abusivos, como los que efectivamente encontramos en las disposiciones del proyecto de Presupuesto para 1967, que significan derrochar dineros de todos los chilenos para anarquizar la administración pública por medio de la proliferación de entidades autónomas y el consiguiente aumento de personal y de asesores que, en número indeterminado e indeterminable, ha contratado este Gobierno.

Me parece -es el pensamiento de los Senadores de estas bancas-, que la mayoría política no autoriza para hacer cualquier cosa. Autoriza, sí, para dar orientación a la política, dentro de ciertas normas o limitaciones que correspondan a los conceptos morales y a la conciencia de los gobernantes y de los partidos que están en el Poder.

Estoy cierto de que lo que digamos respecto de cualquiera de las iniciativas que tratamos, no tendrá mayor efecto práctico en esta oportunidad; pero, asimismo, estoy seguro de que, en fecha muy próxima, el país habrá de pedir cuentas de la forma en que el Estado ha venido ejerciendo el mandato que le otorgó para otras finalidades.

La señora CAMPUSANO.-

Deseo dejar en claro que los Senadores democratacristianos, tomando como base algunos índices, han expresado que no hay mayor aumento en los presupuestos para el próximo año con relación a los anteriores. Para justificar su aseveración, han balanceado un poco el presupuesto; pero la verdad es que en este proyecto se proponen alzas bastante importantes. Por ejemplo, en los presupuestos de todos los ministerios, signados con el ítem 04, figuran alzas exorbitantes. En el de Hacienda, se consigna un aumento considerable.

Eso es lo que quería dejar establecido: que existen alzas; que no hay la sobriedad que los Senadores democratacristianos han querido dejar de manifiesto.

Lamentablemente, para muchos de nosotros no es fácil entender todas estas cifras y cuentas, ni lo que ellas encierran. Por eso, el pueblo tampoco sabe lo que se está haciendo, en, muchas ocasiones, con los dineros públicos.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, deseo referirme muy brevemente a las explicaciones dadas por los Honorables señores Musalem y Palma. Ambos han argumentado en un sentido que ya les hemos escuchado en otras oportunidades en la Sala.

Primera argumentación: que antes ocurría lo mismo.

No me referiré mayormente a ese aspecto. Entendí que se producirían cambios radicales, profundos, y que ahora no se repetiría lo que antes ocurría.

Segunda argumentación -a mi juicio, de ser efectiva, tendría valor-: que el presupuesto, por imperativo constitucional, debe enviarse antes del 1° de agosto. En consecuencia, es perfectamente posible que en el lapso de cuatro meses haya necesidad de introducir variaciones. Pero la verdad es que el Ministro de Hacienda, en su exposición del 9 de noviembre, manifestó ante la Comisión Mixta de Presupuestos que los créditos externos eran indispensables. En la página 46 de su exposición, dijo textualmente; "Aun con el extraordinario mejoramiento anotado de los ingresos corrientes del Fisco, Chile requiere de créditos externos para financiar un ritmo creciente de inversión pública, condición necesaria para alcanzar un desarrollo más acelerado".

Y en múltiples párrafos, en esa misma ocasión, el Ministro sostuvo la necesidad de utilizar los créditos externos. Aún más: cuando en la Subcomisión de Ingresos analizamos la partida correspondiente, nuevamente los representantes del Ejecutivo expresaron la necesidad de acudir al crédito externo por una suma de cien millones de dólares. Esto ocurrió más o menos diez días antes del espectacular anuncio del Presidente de la República. O sea, con diez días de variación, se produjo un cambio diametral en la política del Gobierno. Hasta diez días' antes eran imprescindibles, urgentes, los créditos externos; diez días después, pasan a ser prescindibles y no indispensables. ¿Qué ocurrió en ese lapso?

En seguida, se habla del precio del cobre. La realidad es que en el proyecto de presupuesto el precio del cobre se calcula en 45 centavos la libra; pero, hasta diez días antes del anuncio presidencial', su precio se estimaba en 42 centavos la libra.

Cuando se inició la discusión del proyecto de reajustes, hice una pregunta concreta al Ministro de Hacienda. Le manifesté que, a juicio del Partido Socialista, se estaba contabilizando un precio muy bajo del cobre -42 centavos la libra-, lo que correspondía a una apreciación pesimista. El Ministro me respondió que, a juicio del Gobierno, no era así y que, para el próximo año se preveía una baja en su cotización. Aún más, en su exposición, textualmente dice lo siguiente: "Por otra parte, prevalecerán precios menores que los de este año para el cobre y aún no se producirá el aumento de la producción y ventas por efecto de las nuevas inversiones".

El Ministro dio estos argumentos, para fundar la necesidad de acudir a los créditos externos. Pero me estoy refiriendo al problema del precio del cobre.

En su exposición -no hace diez días- el Ministro insistió en que el precio de 42 centavos era un precio realista. Luego, en la exposición del Presidente de la República y en declaraciones del propio Ministro de Hacienda, se acepta que el precio del cobre será substancialmente superior a 45 centavos.

Me pregunto: ¿ cómo en pocos días, con horas de diferencia, puede estimarse, por parte del Ejecutivo, que el precio del cobre será de 42 centavos, o menos, y 5, 6 ó 7 días después, que debe estimarse en alrededor de 50 centavos? Cada uno de los señores Senadores sabe que cada centavo de dólar por libra de cobre significa alrededor de seis o siete millones de dólares. En consecuencia, están en juego 50 millones de dólares; o sea, más de 240 millones de escudos.

¿Cómo el Gobierno puede interpretar tan ligeramente estas cifras?

Cuando se discutía en la Comisión de Hacienda un suplemento al presupuesto de Obras Públicas, el Ejecutivo estableció que para este año el aumento del precio del cobre produciría 150 millones de dólares anuales más. Estoy leyendo el informe de la Comisión de Hacienda. Posteriormente, como consta del segundo informe, o sea, con una diferencia de seis o siete días respecto del primero, se dice que el mayor precio del cobre producirá 70 millones de dólares, para terminar reduciendo esa cifra a 30 millones de dólares. Vale decir, en pocos días, en horas, el Gobierno estimó que él mayor precio del cobre significaría 150 millones de dólares; después, 70, y terminó estimándolo en 30.

Hay una falta de seriedad realmente abismante en las cifras dadas por el Ejecutivo. Insisto en lo que los Senadores democratacristianos pretendían impugnar: si el Gobierno, antes de despachar el proyecto de ley de Presupuestos, reconoce que pueden hacerse rebajas de 120 millones de escudos, ¿qué seriedad podemos nosotros dar a un proyecto que admite reducciones de esta naturaleza? Pero, aun más, señores Senadores: en el actual proyecto de reajuste se proponen subvenciones, aportes, en otras palabras, a distintos organismos descentralizados del Estado, por 250 millones de escudos. Esto, así como también la rebaja de los 120 millones, debiera consignarse en el proyecto de ley de Presupuestos.

Por otra parte, surge la pregunta inmediata: si el Gobierno está hablándonos de rebajas por 120 millones de escudos, ¿por qué pide, en un proyecto que se tramita en este momento, en este minuto -en poco rato se ha de reunir la Comisión de Gobierno para estudiarlo-, subvenciones por 250 millones de escudos, cuando ya ha dicho -insisto- que le sobran 120 millones?

Todavía más; en una declaración hecha ayer o anteayer, el Ministro de Hacienda manifiesta que parte de la reducción de los créditos se financiará con una emisión de 40 millones que hará el Banco Central.

Todo ello debería constar en el proyecto de ley de Presupuestos. Los Senadores que asistieron a la última sesión recordarán que yo insistí permanentemente en la absoluta necesidad de que estuviera presente el Ministro de Hacienda para que nos explicara todas estas dudas: por qué puede reducirse el Presupuesto en 120 millones de escudos; por qué, de un día para otro, puede prescindirse de un crédito de 100 millones de dólares, si hasta hace tres días el Ministro de Hacienda nos decía que era imprescindible obtenerlo, y ahora, de repente, es innecesario; por qué el Ministro de Hacienda dice categóricamente que el precio del cobre es de 42 centavos, hace siete días, en la Comisión de Gobierno, y ahora se sostiene que sobrepasará los 45 centavos y ese mayor precio rendirá aproximadamente 50 millones de dólares.

Como lo he dicho, se observa una falta abismante de seriedad hacia el Parlamento y, concretamente, hacia el Senado. Una vez más, advertimos que debería estar presente el señor Ministro de Hacienda. Si él retira del Presupuesto un ingreso de 100 millones de dólares, una mínima deferencia exige que nos diga, a los Senadores, cómo financiará esta suma. ¿O tiene la intención de mantenerla en el proyecto? Yo insistiré en la resolución del Senado, cuando tratemos ese artículo.

El Presidente de la República manifiesta, por cadena nacional, que no acudirá al crédito de 100 millones de dólares; pero al mismo tiempo se nos pide autorizarlo para que se endeude por esta misma suma.

Esta y muchas otras preguntas -no quiero dilatar el debate- surgen de la conducta y de las declaraciones ambiguas, confusas, contradictorias, que el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, personeros que tienen que ver con la conducción económica del país, han hecho sólo en los últimos diez días. No me estoy refiriendo al mes que acaba de transcurrir, sino a los últimos diez días. ¿Cuál es la seriedad del proyecto de ley de Presupuestos que está despachando el Senado, si nadie sabe cuáles han de ser los ingresos? El Gobierno ha dicho que necesita un ingreso de 100 millones de dólares, y pide que lo autoricemos para contraer préstamos por esa suma. ¡Pero el Presidente de la República declara, en el momento en que los Senadores discutimos esa materia, que no los necesita para nada! El Gobierno dice que necesita ingresos por 120 millones de escudos más; pero, por otra parte, declara que hará economías por la misma cantidad. Así, resulta inútil y ocioso seguir discutiendo.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, en homenaje a lo que Su Señoría acaba de decir, seré extraordinariamente breve.

La verdad es que, entre lo planteado por el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República, y lo propuesto al Senado en las diversas disposiciones del proyecto de Presupuestos, no hay ninguna contradicción.

El señor AMPUERO.-

¡Veamos!

El señor PALMA.-

El Presidente de la República ha dicho en forma clara que no solicitará créditos para el financiamiento de gastos, corrientes del Presupuesto. Ello no significa de manera alguna que haya manifestado, ni tampoco el Ministro de Hacienda, que no se requerirán créditos para llevar adelante programas específicos. Eso resulta evidente para cualquier persona que, en este orden de cosas, analice los antecedentes.

Quiero decir también, en homenaje a la verdad, que cualquier ingreso de fondos, cualquier préstamo, se traduce, en definitiva, en circulante interno, entre el público; permite estimular la producción y resolver una serie de problemas. Por eso, para que eventualmente el Jefe del Estado pueda recurrir a este procedimiento, se estima como la mejor la vía de las facultades que se le concederían en este proyecto de ley.

Por otra parte, debo repetir lo dicho reiteradamente por el Presidente de la República: su propósito de no recurrir al crédito externo para el financiamiento de los gastos corrientes se cumplirá tan sólo si el precio del cobre no baja de 45 centavos de dólar la libra. El Honorable señor Altamirano acaba de decir que el Gobierno tiene ahora la idea de que el precio del cobre puede mantenerse sobre esta cifra. Es probable.

El señor ALTAMIRANO.-

No lo he dicho. Lo dice el Gobierno.

El señor PALMA.-

No hay en ello ninguna contradicción, porque el Gobierno ha estado tratando de convenir, con los demás países productores del metal rojo, una política común; y la visita del señor Kaúnda, realizada en los ocho o quince días a que se refiere el señor Senador. . .

El señor ALTAMIRANO.-

Hace más tiempo.

El señor PALMA.-

..., ha aportado algunos antecedentes concretos, de los cuales no disponía antes el Ejecutivo.

Por último, quiero decir que es imprescindible que en el proyecto de reajuste figuren los ingresos respectivos. No porque se hagan economías en ciertos sectores pueden ellas ser trasladadas con facilidad de un ítem a otro. En pocos minutos más tratará esta Corporación una amnistía relacionada con la gestión de regidores de varios partidos políticos, que, para financiar obras de utilidad pública, traspasaron de ítem los fondos que necesitaban. Actuaron en bien de la comunidad, y sin embargo, cometieron un delito expresamente castigado; de tal manera que se encuentran ahora frente a un problema que debemos resolver por medio de una ley.

No creo, pues, que, en este orden de cosas, haya contradicción de ninguna especie sino la continuidad de una política perfectamente definida.

Y para terminar, deseo dejar bien en claro que, reducido a dólares, el presupuesto de la nación para el año 1967 no alcanza a subir en 1 % sobre el del presente año.

El señor ALTAMIRANO.-

Seré muy breve, porque concuerdo con la Mesa en que debemos despachar en el día de hoy el proyecto de Presupuestos.

El Honorable señor Palma ha incurrido en grave error. Jamás los créditos externos han estado destinados a financiar presupuestos ordinarios, en ningún período. Siempre se han utilizado en el financiamiento del presupuesto de inversiones.

El señor PALMA.-

En inversión fiscal.

El señor MUSALEM.-

En inversión fiscal.

El señor ALTAMIRANO.-

Del Presupuesto de inversiones, y no del ordinario. Y esto es lo que ha dicho el Presidente de la República: que el próximo año no acudirá al crédito externo para financiar el presupuesto de inversiones. Pero -como creo que lo acaba de anotar el Honorable señor Musalem- con un agregado, que no !o hizo, sino que lo dejó entrever velada- mente, pero fue aclarado por el señor Ministro de Hacienda. Leeré sus palabras. Dijo textualmente el señor Molina: "Todo el programa de inversión con prescindencia de ayuda exterior dependerá en su mayor parte del precio del cobre, fijándose para estos efectos su valor en 45 centavos de dólar la libra." Vale decir, el Gobierno no recurrirá al crédito externo si tiene la posibilidad de vender el cobre a un precio realmente muy bueno, como lo es el de más de 45 centavos. Nunca en la historia de Chile ha estado, no digo a 45 centavos, ni siquiera a 40. En los cálculos que se hicieron al discutirse los convenios del cobre, se estimó como muy alto el precio de 30 centavos. Luego, el Gobierno no acudirá a los créditos -repito- siempre que tenga la oportunidad de vender ese metal al precio extraordinario de más de 45 centavos. Sólo en ese caso. Pero insisto en que ha debido saber el Ejecutivo que podía vender a ese precio cuando, hace diez días, el señor Ministro de Hacienda afirmaba en la Comisión de Gobierno que el de 42 centavos era muy alto. En cambio, en tan corto plazo hay otros argumentos, otras razones.

Para nosotros, los fundamentos definitivos del cambio de actitud se encuentran en que a Estados Unidos no le parece bien la política seguida por Chile al gastar los créditos externos en realizaciones de índole social. Y es así como el Gobierno norteamericano le ha manifestado al de Chile que, de mantenerse el cobre a un precio tan exorbitante, no le concederá créditos, pero sí estaría dispuesto a otorgarlos si bajara de 45 centavos. No de otra manera puede explicarse esta vuelta espectacular, el sensacional anuncio del Jefe del Estado, porque es inadmisible suponer que tanto él como su Ministro de Hacienda, con horas de diferencia, aumenten los ingresos del país, disminuyan los gastos y le atribuyan 42, 45 ó 50 centavos al precio del cobre.

No hay otro motivo.

El señor MUSALEM.-

En primer lugar, quiero decir que no es efectivo que el Gobierno haya invertido un solo dólar de los préstamos externos en gastos sociales. Por lo tanto, no puede ser éste el motivo, como no existe ningún otro, para algún desacuerdo con los organismos que normalmente nos han prestado. Como lo dejó muy en claro el Presidente de la República, ellos están en disposición de seguir prestándole a Chile, tanto el AID, como el F.M.I. mediante el "stand by", en el momento en que pudiéramos necesitarlo.

En segundo término, debo recordar que durante la discusión del reajuste demostré que las inversiones fiscales realizadas con fondos provenientes del ahorro interno, es decir con financiamiento propio del Estado de Chile, han ido en aumento: en 1964 fueron de 34%; en 1965, de 57%; en 1966, de más de 60% de la inversión total. ..

El señor ALTAMIRANO.-

¿Cuál era el precio del cobre en ese período?

El señor MUSALEM.-

Y en el año próximo, 87!% de la inversión fiscal se financiará con recursos propios del país.

Esas cifras permiten negar rotundamente la afirmación del Honorable señor Altamirano de que hayamos utilizado fondos extranjeros en gastos sociales, cuando incluso las inversiones no sociales se han estado haciendo con el mayor ahorro interno propio del país y el mayor precio del cobre, que nos han liberado de la dependencia del crédito externo.

El señor IBÁÑEZ.-

Es obvio lo que señaló el Honorable señor Altamirano. El Gobierno de los Estados Unidos ha cambiado su política respecto de Chile, y. . .

El señor MUSALEM.-

No es efectivo. ¿Por qué no da un testimonio Su Señoría?

El señor ALTAMIRANO.-

No se ponga tan nervioso Su Señoría.

El señor FONCEA.-

¡Esto es abusar de la paciencia de los demás!

El señor IBÁÑEZ.-

Le ruego, señor Senador, que me escuche.

Es obvio que Estados Unidos cambió su política, y ello fue lo que determinó este cambio espectacular del Gobierno chileno. A mi juicio, los norteamericanos tardaron mucho tiempo en darse cuenta del mal uso que se hacía aquí de los dineros que nos prestaban.

El señor MUSALEM.-

Esto es lo que cree Su Señoría.

El señor IBÁÑEZ.-

Voy a explicarlo. Le ruego al señor Senador escucharme con tranquilidad.

Se ha dicho que se nos presta dinero para obras reproductivas y no para gastos sociales. Pero, ¿qué sucede, señor Presidente? Que, en la medida en que el presupuesto de inversiones se financia, en sumas cada vez mayores, con empréstitos norteamericanos, quedan liberados recursos nacionales que se destinan a esas obras piadosamente llamadas de progreso social, pero que, en el hecho, son obras de proselitismo político.

En consecuencia, aquí se hace un juego sobre la base de conceptos contables. Cuando se sostiene que los dineros de Estados Unidos sólo se destinan a obras de carácter reproductivo, no se dice toda la verdad. Toda la verdad es que esos empréstitos han permitido liberar cantidades considerables de recursos, las que, sumadas a los ingreses extraordinarios provenientes del elevado precio del cobre, han hecho posible mantener una inmensa máquina de proselitismo político, bajo la apariencia de un programa de desarrollo social.

Los norteamericanos se han dado cuenta de ello muy tardíamente, porque, por desgracia, pese a todas las virtudes y atributos que soy el primero en reconocerles, ellos no proceden en materia política con la rapidez y comprensión con que nosotros quisiéramos que procedieran. Por eso, demoraron mucho en captar lo que aquí ha estado sucediendo.

Sin embargo, cuando se percataron de lo que ocurría, notificaron al Gobierno de Chile que, salvo, para muy contadas obras, sólo concederían préstamos si el precio del cobre bajaba, según recuerdo...

El señor MUSALEM.-

¡ Cómo puede decir eso Su Señoría!

El señor GUMUCIO.-

¿De dónde sacó tal información? ¡Eso es falso !

El señor IBAÑEZ.-

Lo declaró Lindon Gordon, un día después de que el Presidente de la República formuló sus declaraciones. Salió publicado en todos los diarios.

El señor GUMUCIO.-

¡No tergiverse los hechos!

El señor IBAÑEZ.-

El Presidente reconoció esto al decir que, cuando bajara el precio a menos de 43 centavos de dólar por libra,...

El señor ALTAMIRANO.-

De 45 centavos.

El señor IBAÑEZ.-

. . .podría seguir contando con estos préstamos.

El señor GUMUCIO.-

¡ Para seguir con su obsesión, falsea las cosas!

El señor IBAÑEZ.-

Hay algo perfectamente claro, lógico, que no tiene nada de lesivo para nosotros. Es sencillamente un acto de cordura de los norteamericanos, que obliga al Gobierno chileno a no seguir despilfarrando, no sólo los recursos nacionales, sino también los provenientes del exterior.

El señor AYLWIN.-

¡El acto de cordura fue del Gobierno de Chile!

El señor PALMA.-

¡ El Gobierno chileno actuó con cordura, al tomar otro rumbo en su política!

El señor IBAÑEZ.-

Aquí se quiere presentar esto como un acto de cordura del Gobierno de Chile. Yo no lo creo así.

El señor PALMA.-

¡Es cuestión de apreciación!

El señor IBAÑEZ.-

Estimo que no se puede presentar como mérito aquello que ha sido impuesto como obligación. Es repetir el caso de aquel conocido personaje del romancero clásico que decía: "Tres veces a la semana, si no había qué comer, ayunaba el pecador". Esa es más o menos la actitud del Partido Demócrata Cristiano al afirmar que ahora están realizando un gran acto de cordura, cuando, en realidad, la cordura les viene de Estados Unidos.

El señor ALTAMIRANO.-

Sólo quiero dejar constancia de que, en la provincia de Santiago, han surgido, para mantener las palabras del Honorable señor Musalem, del alma de los centros de madres, los que llevan los siguientes nombres: veinte se denominan "Victoria Montalva viuda de Frei", nombre de la señora madre del Presidente de la República; veintinueve llevan el nombre de María Ruiz Tagle de Frei, esposa del Primer Mandatario; ocho optaron directamente por el nombre del Jefe del Estado; treinta y uno recuerdan a la desaparecida hermana del señor Frei, señora Irene Frei de Cid; siete tienen el nombre de María Inés Frei Ruiz Tagle, hija del Presidente; un centro de madres prefirió el nombre de Mónica Frei Ruiz Tagle, otra hija del señor Frei, y un centro más progresista optó por el nombre de María Paz Ortega Frei, nieta del Primer Magistrado de la República. De este modo, esos centros de madres recuerdan los nombres de cuatro generaciones de la familia presidencial. Eso sucede sólo en Santiago.

Los señores Senadores y la opinión pública podrán juzgar si se trata de un acto o deseo tan espontáneo y voluntario de los centros de madres, o si existe alguna ligazón con las subvenciones que se adjudican a esos centros, entre otros miles, porque son más de tres mil las subvenciones que se entregan.

La señora CAMPUSANO.-

Deseamos reiterar nuestra crítica al Gobierno por haber incluido todas estas subvenciones, y a la Cámara de Diputados por haber insistido en ellas, después de que la Comisión Mixta y el Senado las rechazaron e hicieron una distribución favorable a los Cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja, las colonias escolares, etcétera.

Por otra parte, queremos expresar que las organizaciones femeninas de centros de madres, surgidas hace más de treinta años en Chile, se han venido manteniendo sin apoyo estatal, en condiciones que les han permitido ser fuertes y libra grandes luchas en defensa de la madre y el niño en nuestro país.

Por lo tanto, catalogamos estas subvenciones como de carácter político. Tan así es, que algunas, como las tres denunciadas ayer por el Diputado comunista Jorge Montes, por la cantidad de 3.600 escudos, fueron entregadas a locales donde funciona el Partido Demócrata Cristiano, en la tercera comuna de Santiago.

Ahora, todas las subvenciones están divididas en ciertas cantidades para los Diputados y para los Senadores de Gobierno, los democratacristianos.

Ingenuamente, los demás parlamentarios presentamos también algunas indicaciones, pero ellas jamás fueron recogidas en este proyecto.

Queremos votación al respecto, para que quede en claro la actitud proselitista del Gobierno y de la Democracia Cristiana al ayudar a estas organizaciones.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, este artículo autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones, tanto dentro del país como créditos externos.

El Senado, cuando estudió este precepto, rechazó la expresión "préstamos externos" en vista de la declaración hecha por el Primer Mandatario en el sentido de no acudir más al endeudamiento externo. De manera que lo único que se ha querido es poner en concordancia la declaración a la cual dio tanta importancia el Gobierno, en el sentido de que no acudiría más al crédito externo, con lo, que en los hechos se está solicitando.

En el artículo siguiente se pide autorización para endeudar a la CORFO en 250 millones de dólares. Es decir, en esta iniciativa legal se solicita autorización para endeudar al país, en un año, en 350 millones de dólares, suma superior a la solicitada por cualquier otra Administración anterior. Aparte las declaraciones, las palabras y los términos verbalistas, lo concreto es que el Gobierno -personalmente no podría precisarlo; tal vez algún Senador de Gobierno pueda hacerlo- está pidiendo, para el próximo año, una autorización para endeudar al país en una suma superior a la que cualquiera otra Administración haya propuesto en el proyecto de Presupuestos correspondiente.

El señor MUSALEM.-

Señor Presidente, me parece que no existe contradicción alguna entre la renuncia que hace el Gobierno a los préstamos para inversiones generales fiscales y esta autorización para que la COREO pueda endeudarse por 250 millones de dólares, ya que tales inversiones están expresamente excluidas del anuncio que formuló el Presidente de la República. Se trata del desarrollo industrial del país, de los préstamos que debe avalar la Corporación de Fomento a los particulares, a fin de seguir expandiendo las industrias y creando nuevas.

En el presupuesto de este año, y de conformidad con la balanza de pagos, está bien claro que se invertirán 100 millones de dólares más que el año pasado en industrias y una suma superior a 30 millones de dólares en materias primas. O sea, en desarrollo industrial se invertirán alrededor de 150 millones de dólares más.

La CORFO necesita autorización para otorgar los avales necesarios para la contratación de dichos préstamos, que tienden a crear nuevas fuentes de trabajo y mayor producción.

A mi juicio, no hay nada de malo en esto; por el contrario, se trata de proyectos específicos, que el Presidente de la República, al hacer su declaración,- excluyó de la renuncia a empréstitos para financiar el presupuesto fiscal y van en beneficio del país pues influirán fuertemente en su desarrollo económico.

El señor ALTAMIRANO.-

Señor Presidente, los Senadores socialistas nos opusimos a este artículo, porque mediante él se autoriza al Presidente de la República para efectuar traspasos desde el Ministerio de Obras Públicas al de la Vivienda y Urbanismo.

El año pasado se dio esta autorización, incluso por nosotros, porque acababa de crearse el Ministerio de la Vivienda. A nuestro juicio, carece de justificación autorizarlo este año.

En el fondo, lo que se pretende es permitir esos traspasos, porque en el Ministerio de la Vivienda se encuentra establecido, prácticamente, todo el mecanismo de la promoción popular. En consecuencia, lo que se autoriza aquí es el financiamiento de ésta con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, en parte porque en el de la Vivienda existe una suma destinada a este objetivo.

El señor GUMUCIO.-

El Honorable señor Altamirano siempre comienza sus palabras haciendo suposiciones que después da por verídicas. Entonces, pone entre comillas cosas que no han ocurrido.

En verdad, mediante este artículo se autoriza al Presidente de la República para efectuar traspasos desde el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas al de la Vivienda y Urbanismo. Se han hecho traspasos escalonados, no sólo para el año que venció, sino para el próximo. Por lo tanto, es necesario mantener la facultad de traspaso para pagar los sueldos de los funcionarios de organismos que han pasado del Ministerio de Obras Públicas al de la Vivienda.

La señora CAMPUSANO.-

Señor Presidente, en el estudio de los presupuestos, los parlamentarios tuvimos oportunidad de comprobar que el Gobierno no daba preferencias especiales a los servicios de Transportes Colectivos del Estado. Por eso, rechazamos este artículo 103, mediante el cual se entregaban al Sindicato de Dueños de Autobuses de Santiago 80 millones de pesos, producto de la venta de los carnets estudiantiles.

Consideramos que no se debe premiar a los autobuseros, pues este gremio, aparte estar prestando un mal servicio, trata a los estudiantes peor que a sarnosos, si pudiéramos así decir, ya que no se detienen en los paraderos cuando éstos requieren movilizarse. A nuestro juicio, no debe darse este regalo de año nuevo a esta empresa.

Pedimos votación.

El señor FONCEA.-

Señor Presidente, en este proyecto de presupuestos, a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado se entregan 27 millones de escudos como aporte fiscal, más 3 millones; o sea, 30 millones.

Quiero aclararlo, porque la Honorable señora Campusano ha dado a entender que en la ley de presupuesto no se cumple con esa empresa estatal.

La señora CAMPUSANO.-

En la Comisión Mixta, el propio director de la empresa mencionada, con todas las salvedades que su puesto le impone, manifestó que ellos no estaban contentos con ese presupuesto, pues habían pedido una suma mayor, y que la movilización colectiva de Santiago, como la de otros puntos del país, era bastante mala.

El señor IBAÑEZ.-

En materia de subvenciones para la locomoción colectiva, deseo expresar que nosotros consideramos que se incurre en inmenso derroche al entregar estos dineros a esta empresa estatal y a otras. Es evidente que, con un gasto muchísimo menor para la colectividad, podríamos contar con espléndida movilización en manos de particulares. En este aspecto, existe un tratamiento extremadamente injusto. . .

El señor FONCEA.-

No se trata precisamente de eso, sino de lo contrario. Lea el inciso final, señor Senador.

El señor GUMUCIO.-

Se trata del producto de la venta de los carnets escolares.

El señor IBAÑEZ.-

En todo caso, haciendo un alcance de orden general a la política sobre esta materia, los Senadores de estas bancas sostenemos que debería darse facilidades para incrementar la movilización particular, que no cuesta nada a la población, en circunstancias de que la estatal cuesta más del doble de lo que paga cada pasajero.

En realidad, en esto hay gran engaño, pues la diferencia del pasaje la paga la colectividad mediante los impuestos. Por consiguiente, es preciso poner término a una política que engaña a la opinión pública y es profundamente lesiva para los intereses de toda la colectividad.

El señor AYLWIN.-

Con relación a lo manifestado por el Honorable señor Ibáñez, quiero hacer presente que precisamente en esta Administración se ha dado facilidades para la importación de "chas- sis" destinados a la locomoción colectiva particular, medida que no se adoptó durante todo el período del Gobierno anterior.

El señor IBAÑEZ.-

Está muy equivocado, señor Senador. Durante la Administración anterior se renovó todo el material de la movilización colectiva del país; en cambio, en la actual, sólo ahora se anuncia la importación de "chassis".

El señor FIGUEROA (Secretario).-

De conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde ocuparse en un proyecto, que consta de un artículo único, sobre amnistía para alcaldes y regidores de determinadas municipalidades. La Cámara ha sustituido el proyecto del Senado, por el que aparece en el boletín correspondiente.

-El oficio con las modificaciones de la Cámara de Diputados aparece en los Anexos de la sesión 43ª, en 27 de diciembre de 1966, documento Nº 3.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

No pretendo analizar el contenido del proyecto, sino, sencillamente, deseo que los señores Senadores que sean juristas me aclaren el inciso cuarto aprobado por la Cámara.

Nosotros estamos de acuerdo con la modificación introducida por esa Corporación, pero sucede que el inciso cuarto establece lo siguiente;

"En todo caso, la amnistía sólo se extiende a la responsabilidad penal que derive de hechos acaecidos antes del 1° de julio de 1966, siempre que éstos sean materia de proceso en actual tramitación judicial."

Se eliminan las responsabilidades penales. Pero yo pregunto a los señores Senadores, ¿seguirá el juicio civil? ¿No tendrán mañana que reembolsar los valores las personas que han sido afectadas por un proceso?

Estas son las dudas que deseo aclarar.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Seré muy breve, señor Presidente.

Comparto totalmente lo manifestado por el Honorable señor Víctor Contreras, por cuanto las modificaciones introducidas por la Cámara a este proyecto, que cuenta con la simpatía de todos los sectores políticos, limitan el alcance de la amnistía. En efecto, puede estarse realizando una investigación en una municipalidad cualquiera por un inspector de la Contraloría General, y luego dicho organismo deberá realizar un exhaustivo estudio. Mientras tanto, el objetivo del legislador quedará totalmente frustrado con la redacción dada al inciso cuarto.

A mi juicio, la iniciativa podría ser despachada suprimiendo ese inciso.

El señor GUMUCIO.-

En conversaciones informales sostenidas con Comités de algunos partidos políticos representados en el Senado, estuvimos de acuerdo en principio en aprobar el proyecto tal como venía redactado por la Cámara, a fin de despacharlo con mayor rapidez y evitar un nuevo trámite.

El Honorable señor Von Mühlenbrock objeta que la amnistía alcanzaría sólo a quienes están procesados y a los qué son objeto de investigación por la Contralo- ría General de la República. No podría ser de otra manera, pues el delito no está configurado, desde el momento que ni siquiera se ha iniciado el proceso, y está todo en la etapa de investigación por el organismo contralor. La ley, naturalmente, no podría alcanzar a esas personas. Desde luego, si en lo futuro caen en proceso y son condenados, habrá que estudiar nuevamente la posibilidad de otro proyecto de amnistía. Pero por salvar a quienes todavía están en proceso de investigación, estaríamos perjudicando a los que ya han sido declarado reos o cuyos juicios están en tramitación.

El señor IBAÑEZ.-

El Congreso Nacional ha ido demasiado lejos en materia de leyes de amnistía, y últimamente ha sido necesaria la corrección de una de estas disposiciones, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, con motivo de una petición de inaplicabilidad de una ley de amnistía que alcanzaba a las responsabilidades civiles.

Es evidente que el artículo único aprobado por el Senado, al amnistiar también las responsabilidades penales, es abiertamente inconstitucional y no surtirá ningún efecto práctico.

El señor PABLO.-

Ahora ya no, señor Senador.

El señor IBAÑEZ.-

Ha sido corregido por la Cámara.

Antes que nada, estimamos que debería hacerse un estudio mucho más detenido de las leyes de amnistía, pues la experiencia práctica ha demostrado que sirven para encubrir delitos, actuaciones dolosas y procedimientos del todo inaceptables, y que de esta manera el Poder Legislativo está barrenando nuestra legislación penal y haciendo prácticamente inaplicables las disposiciones de leyes y códigos.

En consecuencia, debiendo elegir en este momento entre el texto de la Cámara y el del Senado, acogeremos el primero, por ser menos malo que el de esta Corporación. Pero también debemos dejar testimonio de nuestra absoluta disconformidad con este tipo de legislación.

Incluso el inciso penúltimo del texto de la Cámara de Diputados establece que la amnistía sólo se extiende a la responsabilidad penal que derive de hechos acaecidos antes del 1º de julio de 1966, siempre que éstos sean materia de proceso en actual tramitación judicial. No soy constitucionalista, ni siquiera abogado, pero entiendo que una disposición de esta naturaleza contradice uno de los preceptos más claros de nuestra Constitución, según el cual el Congreso no puede avocarse. . .

El señor AYLWIN.-

Eso se refiere a otra cosa.

El señor IBAÑEZ.-

Ruego al Honorable señor Chadwick que me aclare este punto.

El señor ENRIQUEZ.-

La contradicción está más bien en la limitación impuesta, pues la esencia de la ley de amnistía es que el legislador considera, por tales o cuales razones que determinado hecho no debe ser tenido como delito, sin atender a si hay o no hay proceso pendiente.

El señor IBAÑEZ.-

Exacto. La esencia de la amnistía es liberar de sanción a quienes han cometido delito que, de una u otra forma, tengan el carácter de políticos; pero no amnistiar a quienes han cometido delitos comunes.

Como estas leyes son muy extensas y no tienen las limitaciones que deberían tener, dejamos testimonio de que somos abiertamente contrarios a ellas. Tenemos la certeza de que disposiciones de esta naturaleza destruyen la organización jurídica del país.

En este caso, preferimos pronunciarnos por el precepto de la Cámara, sólo por ser menos lesivo e inconveniente que el del Senado.

El señor CHÁDWICK.-

La iniciativa que llega en tercer trámite al Senado tuvo su origen en esta Corporación, con la aceptación de los Senadores de todos los sectores.

Hay un hecho real, que nadie puede discutir y que se impone a cualquier teorización: las municipalidades tienen un complejo sistema jurídico que genera delitos vulgares en los cuales no hay propósito de lucro de ninguna especie y que están sancionados por principios generales muy respetables, pero que no se avienen con la realidad de administradores locales poco doctos llamados a tomar decisiones sin el debido asesoramiento. Tales delitos se cometían sin mayores consecuencias, hasta que la Contraloría General de la República empezó a examinar el manejo de las municipalidades, una por una, y se generaron los procesos correspondientes, con el agravante de que los inculpados aparecían perseguidos no sólo por el delito de malversación, que consiste en dar a los caudales públicos un destino, también público, diferente del que les corresponde, sino, además, por los delitos de falsedad, y aún de fraude, porque algunos regidores acudieron a ciertos subterfugios para dar ese otro destino a los fondos bajo su administración.

Citaré un hecho que no me concierne en nada, pero que lo conozco: en cierto municipio, por ejemplo, se acuerda dar un aguinaldo de Pascua a los obreros municipales, y no hay dinero suficiente para atender a este gasto. Entonces se carga a la adquisición de ampolletas. Una vez obtenidos los fondos respectivos, deshacen la operación: proceso por malversación, proceso por falsedad de instrumento público, etcétera, a veces, hasta de fraude.

Estas ideas fueron expresadas con toda claridad en la Comisión, y en mérito de ellas fue despachado por unanimidad este proyecto de amnistía.

Se han formulado objeciones, se ha dicho que los términos tan amplios en que fue aprobado por el Senado permitía a cierta gente que se había enriquecido y había lucrado en la administración de los negocios municipales, acogerse a ella. No era ése nuestro propósito. Por eso hemos participado privadamente en la elaboración de esta enmienda que ha sido despachada, por último, por la Cámara de Diputados.

La cuestión que queda por resolver es si entramos o no entramos a pronunciarnos sobre los efectos de la amnistía. Sé que la opinión dominante, que acaba de recibir el respaldo de la Corte Suprema, es que la amnistía no comprende los efectos civiles del delito. No participo de esta teoría. En mi concepto, es contraria a nuestro sistema jurídico: desaparecido el carácter ilícito del hecho punitivo, desaparece la fuente de la obligación, y el Congreso es soberano para legislar en esta materia. Sin embargo, pienso que el Senado no está en condiciones de entrar a mantener una tesis que más bien corresponde dilucidar a los tribunales y no a los legisladores. Bastaría con que no dijéramos nada y no limitáramos los efectos de la amnistía a la sola responsabilidad penal. Allá resolverán los tribunales. Lo digo por un sentido de justicia, porque no deja de ser poco equitativo que aquellos regidores que tomaron los dineros públicos sin ningún propósito de lucro personal, para atender a una necesidad pública -porque es condición de la amnistía-, vayan a tener que poner de su peculio, generalmente muy reducido, los dineros para pagar lo que ellos no tomaron y de lo cual sólo dispusieron a favor de la causa pública.

En mi opinión -repito-, lo cuerdo es no pronunciarse sobre este asunto y suprimir el inciso cuarto como ha sugerido el Honorable señor Víctor Contreras en nombre del Partido Comunista. Por eso, adhiero a su petición de votar separadamente dicho inciso.