Labor Parlamentaria

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Corresponde, en primer lugar, ocuparse en un proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Tomic, que concede amnistía a todos los periodistas que se encuentran procesados o hayan sido condenados en virtud de la ley 15.556, de 23 de enero de 1964, sobre abusos de publicidad.

Este proyecto debe ser considerado en este instante sin informe de Comisión, pues el Senado, en la sesión pasada, acordó tratarlo hoy, con informe o sin él.

-La moción figura en los Anexos de la sesión 2ª, en 24 de noviembre de 1964, documento 4, página 56.

El señor ALLENDE.-

No puedo votar por estar pareado. Tengo la seguridad de que el proyecto será aprobado. Así lo comprueba el solo hecho de haberse acordado tratarlo sin informe de Comisión.

Deseo recordar que en tres oportunidades solicité oficiar al Presidente de la República pidiéndole, en mi nombre, incluir en la convocatoria el proyecto por mí presentado, en forma oportuna, hace más de seis meses, tendiente a derogar la ley 15.576, denominada ley mordaza, a la cual alude el proyecto en discusión. Al tercer oficio, recibí respuesta del señor Ministro de Justicia, quien me expresó que no se había resuelto aún si se modificaría aquella ley o si se incluiría mi proyecto en la convocatoria.

Destaco que hay un clamor de los periodistas, e incluso de las empresas, en el sentido de derogar la ley mordaza. Quiero recordar que ése fue un compromiso espontáneo y moral que contrajimos los candidatos, quienes en diversas ocasiones expresamos ante el país nuestra decisión de utilizar el Poder para solicitar y obtener la derogación de dicha ley. Por eso, me extraña que después de un tercer oficio se haya dado semejante respuesta. El Gobierno ya tendrá oportunidad de expresar sus puntos de vista; pero no me parece conveniente dejar sin tratar una materia como ésta, sobre la cual hubo un compromiso moral frente al país, ni que aquella ley siga vigente con todo lo que significa, tanto para los periodistas como para las empresas.

El señor BULNES SANFUENTES.-

La tramitación que se pretende dar al proyecto en debate, en el sentido de tratarlo sin informe de Comisión, es absolutamente anormal e injustificada.

Como los señores Senadores podrán observar en el impreso que tienen a la vista, el proyecto lleva fecha 23 de noviembre. Fue presentado por el Honorable señor Tomic a fines de ese mes. La Comisión de Legislación no estudió esa iniciativa, en primer lugar, porque su propio autor no lo solicitó, y, en seguida, porque dedicó todo su tiempo al proyecto sobre reforma de la ley de elecciones en materia de propaganda electoral, proyecto al cual los Comités del Senado asignaron una tramitación sumamente urgida. Tan pronto como la Comisión terminó de estudiar el proyecto sobre reforma de la ley de elecciones, yo, en mi calidad de Presidente de ella, cité a la Comisión de Legislación para el día 22 de diciembre o para el día 23 del mismo mes, con el objeto preciso de formar la tabla y de fijar los días y horas de sesión.

En la tabla, el único proyecto de alguna importancia era precisamente el de amnistía que estamos discutiendo. A la sesión citada por mí sólo concurrió el Presidente de la Comisión. Creí inútil renovar la citación, porque, si la sesión había fracasado el 22 de diciembre, era lógico pensar que había más probabilidad de que fracasara una convocada para un fecha entre Pascua y Año Nuevo. Me pareció preferible, por eso, citar para cuando pasara esta última festividad. Pero la semana pasada, en un momento en que no estaba en la sesión, se acordó eximir este proyecto del trámite de Comisión y tratarlo hoy con informe o sin él, acuerdo del cual sólo he tenido conocimiento ayer á las seis de la tarde. Ante la imposibilidad de estudiar debidamente la iniciativa, de reunir los antecedentes necesarios, estimé mucho mejor que la Comisión no se pronunciara ni compartiera la responsabilidad que contrae el Senado al tratar un proyecto de ley sin los antecedentes del caso.

La amnistía es una de las facultades más especiales, más anormales, por decirlo así, que tienen los poderes públicos. La amnistía no se justifica cada vez que un legislador cree necesario dispensarla o cada vez que una mayoría necesita ayudar a determinados individuos. Ella debe tener fundamentos doctrinarios y prácticos. Significa alterar totalmente la ley penal; dejar esa ley sin aplicación; presumir "a posteriori" que lo que, en verdad, fue delito, ya no lo es ni ha existido jamás. Sólo se justifica cuando la ley penal es manifiestamente abusiva; cuando ha resultado contraria a la realidad, o cuando conmociones sociales han arrastrado a gran número de individuos a delinquir.

Hace varios años, se produjo inquietud en todos los círculos jurídicos, especialmente universitarios, por la proliferación de las amnistías. Fui invitado a una jornada de estudios cuyos participantes eran todos profesores de Derecho, destinadas exclusivamente a tratar sobre los abusos que estaba haciendo el Congreso de la facultad de otorgar amnistía y sobre la manera de remediar ese abuso.

A mi juicio, en estas circunstancias, antes de despachar un proyecto de esta naturaleza, habría sido de elemental prudencia investigar cuántos son los procesos existentes en conformidad a la ley de abusos de publicidad y de qué delitos se trata. Las críticas que pueden merecer algunas disposiciones de dicha ley a ciertos sectores del Senado y de la Cámara, no bastan para barrer con todas sus disposiciones.

La injuria y la calumnia son delitos graves que causan enorme perjuicio; que tienen vastas proyecciones sociales; que están castigados en todas las legislaciones penales del mundo, y que lo han estado siempre en Chile. No puede cargarse, por lo tanto, la pena de injuria y de calumnia a la cuenta de la última reforma de la ley de abusos de publicidad. Antes de que ésta se dictara, la injuria y la calumnia ya estaban penadas. Ahora, mediante este proyecto de amnistía, tan ligeramente considerado por el Senado, una vez más dejaremos sin sanción a todos los calumniadores e injuriadores del país, aunque sean reincidentes o profesionales en esos delitos.

Como Presidente de la Comisión, no habría aceptado jamás que ella informara este proyecto sin los antecedentes respectivos. De ahí que preferí que la Comisión no sesionara, a fin de que si el Senado quiere que asuntos de esta índole se despachen en forma frívola, así lo haga, y que, en caso contrario, reconozca que está ejerciendo con la amnistía una atribución muy importante y lo envíe a Comisión, para que ésta estudie debidamente el proyecto.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Indicación del Honorable señor Salomón Corbalán para agregar el siguiente inciso al artículo único: "Concédese igual gracia a las personas que se encuentran actualmente procesadas o hayan sido condenadas por delitos contemplados en la ley Nº 12.927 en virtud de los sucesos ocurridos en la ciudad de Mejillones el 8 de febrero de 1964.

El señor GOMEZ.-

La indicación es de extraordinaria justicia y debe ser aprobada. Se refiere a procesados que izaron banderas extranjeras en Mejillones como una reacción ante el abandono en que se dejó a los habitantes de esa zona. Pero el patriotismo de esa gente ha quedado totalmente en claro y en salvo. Se les ofreció, desde Bolivia, honores y dinero, pero prefirieron quedarse en el país. No obstante, han sido tratados con todo el rigor de la ley. Por eso, la indicación es justa y solicito que sea aprobada por unanimidad.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Tal como ha dicho mi Honorable colega el señor Gómez, la indicación tiende precisamente a otorgar amnistía a ciudadanos que, ya desesperados por la situación de abandono en que se encontraban, debieron recurrir al sistema de colocar banderas extranjeras para llamar la atención de los poderes del Estado. Parece que, por desgracia, el poder central de Chile y el sistema burocrático administrativo han llegado a extremos tales de falta de preocupación por las zonas más apartadas del territorio nacional, que frecuentemente están surgiendo problemas de este tipo. Si no me equivoco, en este instante viajan a la Isla de Pascua varias unidades de nuestra Armada que llevan infantes de marina, pertrechos y ayuda. ¿A raíz de qué se ha producido esto? A causa de que, según parece, en la Isla de Pascua ha surgido alguna opinión en el sentido de que tal vez sería mejor que la Isla se incorporara a la Federación de Islas Polinésicas, por el abandono en que la han dejado los poderes centrales, vale decir, el continente, en todo lo que se refiere a los servicios del Estado. Apenas sucedió aquello, se habló de la Federación de Islas Polinésicas; se dirigieron a la Isla algunas unidades navales, y así los isleños han logrado llamar la atención del poder estatal.

Lamento, en realidad, que estas cosas sucedan en el país; pero son perfectamente explicables. Cualquiera de nosotros que se encontrara en alguna de esas zonas desamparadas, llegaría al mismo grado de desesperación al sentirse en la impotencia de hacer oír sus anhelos para que sean atendidas sus necesidades. Ha quedado demostrado en el proceso y mediante las investigaciones, la lealtad y fe patriótica de todos los ciudadanos que participaron en los sucesos de Mejillones. Sin embargo, la ley no considera excepciones, y muchas de esas personas han sido juzgadas y sancionadas en virtud de la ley 12.927. Por eso, hemos formulado indicación tendiente a que también llegue la amnistía a esos ciudadanos.

El señor GOMEZ.-

Mi deseo es que el Senado no tenga ninguna duda frente al paso que va a dar.

Los implicados han reconocido el error en que incurrieron al izar la enseña de otro país para reclamar por el abandono en que los tenían los poderes públicos; de tal manera que ha quedado totalmente en salvo este aspecto que ha provocado cierta aprehensión en algunos señores Senadores. Nadie discute ese hecho. Los más arrepentidos son los procesados. Si hubiera algunas dudas en el Senado sobre este aspecto, han quedado disipadas.

Al mismo tiempo, quiero agradecer al Honorable colega del Partido Socialista, el señor Corbalán, por el hecho de haber presentado una indicación que favorece a personas dignas, de trabajo -lo digo porque las conozco-, a quienes se debe conservar el derecho de seguir desarrollando sus actividades en condiciones normales.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Dejo constancia de que he presentado la indicación a solicitud expresa del Honorable señor Ampuero, quien ahora no se encuentra en Santiago.

El señor GOMEZ.-

Y yo ruego al Honorable Senado aprobar la indicación.

El señor CONTRERAS (don Víctor).-

Quiero rubricar las palabras de los Honorables señores Corbalán y Gómez, en cuanto a la absoluta justicia de la indicación, pues estos ciudadanos no cometieron delito, a pesar de incurrir en hechos que resultaron enojosos para el país y la ciudadanía toda. Pero no es menos cierto, como se ha afirmado en la sala, que Mejillones se encuentra en el más completo abandono desde hace varios años. No ha habido, de parte de las personas a quienes se desea conceder amnistía, el mínimo propósito de inferir ofensa a nuestro país, sino el propósito de que su voz fuera escuchada por las autoridades centrales, a fin de remediar su situación de total y permanente abandono.

Por estas consideraciones, voto por la afirmativa.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Constitucionalmente, no podemos tratar la indicación.

Estamos en una legislatura extraordinaria y sólo podemos tratar las materias que el Ejecutivo incluya en ella. El Presidente de la República ha incluido un proyecto sobre amnistía para los periodistas procesados o condenados por delitos cometidos contra la ley sobre Abusos de Publicidad durante la campaña electoral. En consecuencia, creo que no puede tratarse en este instante la amnistía por delitos totalmente diferentes de los señalados en el proyecto. Por ello, solicito en forma expresa al señor Presidente declarar la inconstitucionalidad de la indicación.

Hago presente otra razón. No tendría ningún inconveniente en aceptar que mañana se indultara a los responsables de los hechos antipatrióticos ocurridos en Mejillones, si se comprobara que las penas impuestas son superiores a los hechos mismos o a la intención con que se actuó. Pero estimo que se va más allá de la raya cuando se declara, en una ley, que haber asumido actitudes antipatrióticas no es delito. Y eso significa establecer la amnistía, pues ella hace suponer que el delito fue una ficción, que los culpables no delinquieron jamás. A mi juicio, es más de lo que, en rigor, puede hacerse.

El indulto, puede ser concedido por el Presidente de la República o en virtud de una ley, con carácter general. Llegar al extremo de la amnistía y liberar de toda responsabilidad a quienes participaron en esos hechos, no es justo ni conveniente para los intereses del país. En efecto, ello puede dar lugar a que hechos de esa especie se repitan fácilmente, en la confianza de que el Congreso otorgará amnistía con posterioridad.

Por las razones expuestas, considero inconveniente la indicación como proposición de amnistía. Insisto en su inconstitucionalidad: no puede tratarse, por ser materia legislativa no incluida en la convocatoria.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

A pesar de las observaciones en cuanto a su inconstitucionalidad, la indicación me parece perfectamente pertinente.

No es ésta la primera vez que durante el trámite de un proyecto incluido en la convocatoria se agregan a él materias relacionadas con el asunto, aunque no estén expresamente mencionadas en su enunciado. En este caso, se trata de una iniciativa que concede amnistía a los periodistas; pero, en general, lo que se acepta es la idea de otorgarla. El proyecto la concede a los periodistas, sin perjuicio de extenderla también, si el Congreso estima oportuno hacerlo; a personas sancionadas por otras leyes.

En el caso que nos ocupa, es justo y humano otorgar la amnistía, tanto o más que en el de los periodistas, pues se trata también de ciudadanos honorables. Inclusive, algunos habían sido elegidos representantes populares.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Eso es mucho peor.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Eran representantes del pueblo, que, ante el abandono y la desesperación, y por la impotencia para atraer la atención del poder central, se vieron obligados a adoptar actitudes torpes, equivocadas, erróneas, pero inspiradas en propósitos de progreso, adelanto y beneficio de la comuna o la zona.

Comprendo que quienes jamás han vivido en regiones apartadas del territorio no conozcan el significado del absoluto abandono de una zona por parte de los poderes centrales.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Hay millones de personas que han vivido en zonas apartadas y no han izado banderas extranjeras, menos aún cuando han sido representantes del pueblo.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Evidentemente.

A estas personas se les ocurrió hacerlo para llamar la atención.

El señor CURTI.-

Llamaron demasiado la atención.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Podrán haber cometido un error, pero no por eso se los puede sancionar como traidores, antipatriotas o enemigos. Eso es absurdo.

Tan traidores a la patria son quienes están en el poder central y no atienden con la misma diligencia que a la capital a quienes viven en regiones apartadas, pero son tan chilenos como ellos. Esos gobernantes sí que son antipatriotas y tienen poco sentido de la responsabilidad colectiva y nacional. Son ellos los merecedores de sanción.

La indicación es justa. Por lo demás, se trata de personas que ya recibieron sanción, el repudio nacional, por el error de haber adoptado esa medida para llamar la atención del país. Ya han sufrido en carne propia el impacto de la desautorización nacional y del propio Gobierno. Ya es castigo suficiente. Los hechos ocurrieron hace alrededor de un año. Sus autores han sido bastante castigados; de modo que ahora se justifica otorgarles amnistía.

Por las consideraciones expuestas, estimo procedente la indicación y fundada en razones justas y patrióticas.

El señor GOMEZ.-

El Senado debería enfocar este asunto con serenidad. Resulta muy fácil decir que colocar la bandera boliviana ha sido una actitud antipatriótica. Que dicha actitud ha sido errónea, lo han reconocido todos, incluso los propios implicados en el asunto. Pero el patriotismo de esa gente ha quedado demostrado en el curso posterior de los acontecimientos. En efecto, Bolivia quiso explotar la situación y adujo que en nuestro país existía un sentimiento proboliviano, lo cual fue desmentido. Ese aspecto ha quedado totalmente en claro. A mi juicio, las autoridades cometieron un error al procesar a estos ciudadanos, pues han dado tema al Gobierno boliviano.

Se los debió castigar, pero sin tanta bulla y alharaca.

Para que el Senado sopese este asunto, debo manifestar que el ochenta por ciento de Mejillones viajó en larga caravana a Antofagasta, a fin de defender a los procesados. ¿Qué objetivo ¡persigue el Senado al mantener esta situación, ante hechos tan elocuentes? El pueblo de Mejillones, el Senador que habla, José Papic, abanderado de la campaña presidencial de Jorge Alessandri y líder del norte en los asuntos regionalistas, estuvieron con los procesados. Papic desfiló con ellos, pues estimó razonables sus reclamos contra el poder central. ¡Para qué seguir discutiendo!

Es del más alto interés nacional cursar esta amnistía, a fin de terminar con ese foco de molestia para la ciudad de Mejillones. ¿Para qué seguir? Si existiera antipatriotismo, sería el primero en denunciarlo y pedir sanciones para los responsables; pero no es éste el caso.

Me parece más cuerdo votar favorablemente la indicación y poner fin a estos odiosos incidentes.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Siempre he creído que la función legislativa requiere colaboración entre los Poderes. En forma estricta, podría rechazarse el procedimiento que se está aplicando, sobre todo si se tratara de un proyecto de ley exclusivo sobre la materia. Pero la indicación formará parte de otro, que está incluido en la convocatoria.

Como antecedente, puedo citar al Honorable Senador que ha impugnado la indicación, el proyecto de Presupuestos, despachado hace pocos días. En él se incluyó una serie de disposiciones sin relación alguna con el presupuesto mismo. Se trata de un acto de colaboración entre Poderes, pues en estricto derecho no se puede legislar en esa forma.

El señor CURTI.-

Fueron objetadas todas esas disposiciones.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

El Honorable señor Bulnes, al defender su posición, dijo una frase que me llamó mucho la atención. Refiriéndose a la amnistía de los periodistas, expresó; "No he querido citar a los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, pues no me pareció conveniente".

¿Cómo es eso? El Presidente de una Comisión no es su amo. Sólo interpreta los acuerdos que ella toma, y nada más. Eso es democracia. Si queremos defender y respetar la democracia, debemos empezar por respetarnos a nosotros mismos. En ese momento no quise decir nada, pues no me parecía conveniente abrir debate.

Ahora bien, lo ocurrido en Mejillones -lo han dicho todos los señores Senadores- fue una solemne, una desgraciada torpeza. ¿Cómo vamos a admitir que algunos chilenos falten a sus deberes de connacionales para defender su, región? Dijo un señor Senador por el norte que el 80% de la población de Mejillones se movilizó para ir a prestar declaración y apoyar a los acusados, quienes han purgado ya su delito.

¿Por qué, entonces, el Parlamento, a sabiendas de que no se ha cometido más que un error, una torpeza, no puede otorgar amnistía? ¿Es admisible hacer cuestión, en este caso, de pequeños detalles de orden constitucional? En ese aspecto, todo es muy relativo. En efecto, frente a una serie de circunstancias, hemos estado legislando en forma más o menos parecida. Por último, sería el Ejecutivo quien decida si formula observaciones al proyecto, como la propia Constitución Política le permite hacerlo.

Por lo demás, la redacción de la indicación es bien concreta y, me parece, acabada. Dice: "Concédese amnistía a todos los periodistas que se encuentren actualmente procesados o hayan sido condenados por infracciones a la ley Nº 15.576, de 23 de enero de 1964, sobre abusos de publicidad".

De manera que se trata de un precepto cuyos alcances son específicos y precisos. Se cometió un delito, a comienzos del año pasado, que fue de pública notoriedad, y frente al cual la conciencia nacional tomó el concepto de que no se trató de un acto antipatriótico. Fue, sin duda, una actitud torpe, merecedora de todos los calificativos que pueda darle la ciudadanía honesta.

Repito que, dentro de la buena fe con que deben actuar los hombres que integran un poder público, votaré favorablemente.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, había pedido la palabra antes que el Honorable señor González Madariaga, para manifestar que el Honorable señor Gómez había aportado una razón para justificar la indicación.

Sigo creyendo que la mera situación particular de los implicados en los sucesos del 8 de febrero, en Mejillones, no justifica que se les conceda amnistía, sino, a lo más, el indulto.

El Honorable señor Gómez ha aportado una razón nueva, en el sentido de que estos procesos habrían creado, en la localidad mencionada, una tensión inconveniente para el país. Esa es una razón, y no la sola situación particular de los procesados. Por eso, estimo que el asunto debe pasar a Comisión, a fin de que ésta pueda investigar los antecedentes de hecho que lo justifican, lo que es especialmente necesario tratándose de las amnistías.

Frente a una razón como la expuesta por el Honorable señor Gómez, el criterio debe ser muy distinto del que pueda aplicarse ante el mero interés particular de los que izaron la bandera boliviana en momentos en que Chile tenía conflicto con Bolivia, actitud que dio pábulo a este país para explotar todos esos antecedentes en desprestigio de Chile ante todas las naciones del mundo.

Ahora, respecto de lo dicho por el Honorable señor González Madariaga sobre la actuación de la Comisión, deploro que Su Señoría haya hecho referencia sólo a parte de mis palabras. Ayer, a las seis de la tarde, fui informado, por el Secretario de la Comisión, de que el Senado había acordado tratar hoy el proyecto de amnistía, con informe de Comisión o sin él. Por razones que expliqué circunstancialmente, consideré que en un día, en una mañana, no es posible reunir los antecedentes indispensables para que una Comisión se pronuncie, de manera responsable, respecto de la procedencia de una iniciativa sobre amnistía. Y como no quería que la Comisión hiciera un trabajo inútil ni que emitiera informe sin considerar todos los antecedentes necesarios, estimé preferible que ella no entrara a conocer del proyecto, pues la Corporación lo trataría de todas maneras, con informe de Comisión o sin él, en esta sesión.

Mi actitud es perfectamente lógica, y no ha merecido, de parte de los miembros de la Comisión-son ellos los que eligen a su presidente y ante ellos éste responde- reclamo alguno.

El señor ENRIQUEZ.-

Señor Presidente, la cuestión constitucional me parece extraordinariamente clara. La indicación persigue conceder una amnistía diferente de la del proyecto, por hechos distintos y, en consecuencia, debe ser materia de una iniciativa de ley también diferente.

Estamos en una legislatura extraordinaria, y ese otro proyecto no ha sido incluido en la convocatoria. Si la actual fuera una legislatura ordinaria y en ella se hubiera formulado la indicación en debate, sería igualmente improcedente, en mi concepto, porque se trata de una amnistía totalmente ajena a la idea matriz del proyecto, pues se trata de concederla por hechos también distintos.

En cuanto al fondo del problema, creo que lo más conveniente es, como sugirió el presidente de la Comisión de Legislación, que el Senado acuerde enviar el proyecto a Comisión, a fin de resolver con los debidos antecedentes.

En el caso presente, estamos haciendo una calificación de intenciones. Se dice: esto fue un error, una equivocación, una torpeza; pero no olvidemos que, en nuestra legislación, estos hechos son constitutivos de delito y, posiblemente, de uno de los delitos más graves que es posible imaginar. Porque, en un país con una geografía como la del nuestro, son muchas las zonas alejadas del centro de Santiago, aquejadas por numerosos problemas. A pesar de todo esto, nuestra estructura política e institucional ha logrado formar una unidad política y espiritual de todos los chilenos.

Por eso, ejemplos como éste y que mañana podrían ser repetidos en otras partes del país y agravados con manifestaciones similares, como manera de llamar la atención, atentan profundamente en contra de ese espíritu.

Probablemente quienes defienden esta idea tengan razón, ya que procede la amnistía y no, simplemente, el indulto. Pero es indispensable que los hechos sean investigados. Mientras tanto, la situación constitucional y reglamentaria no merece dudas al Senador que habla.

El señor LETELIER.-

Creo que la cuestión constitucional es absolutamente clara. Por una parte, la vuelta del proyecto a Comisión tiene la ventaja -y de ahí la conveniencia de proceder en esa forma- de que el Ejecutivo, si participa de las razones expuestas por el Honorable señor Gómez, puede dar su patrocinio a la indicación. Por otra parte, me parece indispensable volver el proyecto a Comisión, porque, en mi concepto, si se establece un parangón entre amnistía e indulto, en el caso presente no procede éste sino aquélla. Para que haya indulto es indispensable que exista sentencia de término, afinada. El Ejecutivo no puede concederlo durante la tramitación del proceso. Es necesario que haya sentencia. Por eso, si se llega a la conclusión de que los hechos son suficientes para echar tierra a este asunto, para ponerle término, es el Ejecutivo el único que tiene medios para hacerlo: dar su iniciativa constitucional a la indicación.

En consecuencia, estimo que lo mejor que puede hacerse es enviar el proyecto a Comisión.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Señor Presidente, deseo agregar una consideración más.

A la Comisión de Legislación llegan numerosísimas solicitudes de amnistía. Naturalmente, todo el que delinque espera que se declare que no ha delinquido, a fin de que se le libere de la pena y de todas las consecuencias derivadas del delito. Gran parte de las peticiones de amnistía, la enorme mayoría de ellas, son rechazadas por la Comisión, pues los antecedentes no la justifican.

Entraríamos, me parece, en terreno peligroso y sentaríamos un precedente muy grave, si comenzáramos a tratar amnistías sin informes de Comisión. Si ese procedimiento se establece como norma habitual, recrudecerán las peticiones en ese sentido; los proyectos no pasarán a Comisión; los antecedentes no serán estudiados, y, en consecuencia, el Senado irá, poco a poco, abrogando las sentencias judiciales en materia penal.

Por lo anterior, he reclamado tanto esta tarde por el hecho de que se trate una amnistía sin informe de Comisión.

En seguida, deseo hacer un alcance a lo manifestado por mi Honorable colega señor Letelier.

No es efectivo que no se puedan otorgar indultos mientras no se haya dictado sentencia de término.

El señor LETELIER.-

Por el Ejecutivo.

El señor BULNES SANFUENTES.-

Es discutible si puede hacerlo el Ejecutivo. Siempre ha sido ese asunto discutido; pero de lo que no cabe duda es de que, por una ley, se puede conceder un indulto general. La Constitución Política del Estado habla expresamente de tales indultos sin necesidad de que hayan terminado los procesos correspondientes.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, entendí a mi Honorable colega que pedía que el Ejecutivo usara de la facultad de conceder indulto, para lo cual no se requeriría ley. Indudablemente, el indulto general puede ser motivo de ley cuando el proceso está en tramitación; pero el que concede el Ejecutivo no puede tener lugar sino cuando hay sentencia de término. Existe un reglamento preciso sobre indultos en el Ministerio de Justicia, que me cupo aplicar en muchas oportunidades. De manera que se trata de un tema que conozco y sobre el cual no tengo dudas: el indulto del Ejecutivo sólo procede cuando existe sentencia de término y ejecutoriada.

El señor PABLO.-

En realidad, no se han dado razones que justifiquen volver el proyecto a Comisión.

Creo que la indicación, si se invocan los preceptos de la Constitución Política, no es procedente. Si no lo es, debemos proponer un proyecto separado y someterlo a los trámites pertinentes. El presidente de la Comisión, en este instante, pide volver la iniciativa a Comisión. Yo participo de la tesis de que ella es improcedente, por ser inconstitucional en la primera etapa.

Si el Ejecutivo la hace suya, continuaría siéndolo, de atenernos a la misma argumentación señalada por el Honorable, colega. Ello, porque a un proyecto que nació con determinado objetivo, se agregarían materias diferentes: una amnistía relativa a hechos distintos.

En estricto rigor, no tendría, a mi modo de ver, ninguna ventaja que la iniciativa volviera a Comisión.

Por lo tanto, soy partidario...

El señor BULNES SANFUENTES.-

La situación es distinta, porque no se puede tratar ningún asunto legislativo no incluido en la convocatoria. Así lo dice la Carta Fundamental. Pero, en cambio, se pueden admitir indicaciones a cualquier proyecto, cuando no existe el obstáculo de la inclusión en la convocatoria, siempre que se trate de materias conexas.

El señor PABLO.-

Pero como los hechos son totalmente distintos...

El señor BULNES SANFUENTES.-

Es decir, es mucho más exigente la Constitución Política cuando se refiere a la legislatura extraordinaria, en cuyo caso dispone que no se pueden tratar sino los asuntos expresamente incluidos en ella. En la legislatura ordinaria, en cambio, basta que una indicación sea conexa con la idea central del proyecto para admitirla a discusión.

El señor PABLO.-

Desde hace algún tiempo, en el Senado se viene aplicando el Reglamento en forma estricta. Y aplicando rigurosamente los preceptos reglamentarios, se llega a la conclusión de que los hechos básicos son diferentes y, por lo tanto, materia de proyectos diversos. Un proyecto sobre amnistía no puede dar margen para tratar toda clase de amnistías, sino exclusivamente la sometida a la consideración del Congreso.

La discusión del proyecto está afinada, y se encuentra en debate sólo la indicación. Planteado el problema de la procedencia de ésta, el señor Presidente puede hacer uso de su derecho para declarar su admisibilidad, o bien consultar a la Sala. Y si la Mesa declara que es procedente, tendríamos que votarla.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

Lo dije al comienzo de este debate: aplicar estrictamente la Constitución no cabe en situaciones de esta índole. Hay múltiples antecedentes de colaboración entre ambos Poderes, en orden a que se han despachado proyectos en que se ha procedido en la forma indicada. Así ocurrió recientemente en la ley de presupuestos.

Me interesaría que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento evacuara un informe respecto de los procedimientos que la Corporación debe adoptar en casos como éste.

Por lo demás, hay una conexión estrecha entre el proyecto que se acaba de despachar y este otro, referente a la amnistía de delitos, cosa que compete exclusivamente al Senado como Cámara de origen. Pero voy a colaborar en lo que dije al comienzo: la "bona fide" de los Poderes del Estado.

Voto que sí.

El señor PABLO.-

Reitero que, a mi juicio, lo dispuesto por la disposición reglamentaria y constitucional es claro, y concuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Bulnes.

Al respecto, el artículo 12, número 5, del Reglamento, señala que no pueden someterse a discusión aquellas "indicaciones que se formulen, por ser éstas también inconstitucionales o extrañas a las ideas básicas o fundamentales del proyecto".

Es evidente que un proyecto de amnistía para los periodistas no tiene ninguna conexión con amnistías de otro tipo. No podemos tratar en este instante otro asunto no incluido en la Convocatoria, porque ello significaría abrir la posibilidad de legislar sobre cualquiera materia.

Por eso, me pronuncio por la improcedencia de esta indicación, sin perjuicio de sumarme a la solicitud de cualquier señor Senador para que se nos envíe un proyecto relativo a la amnistía solicitada por el Honorable señor Corbalán.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Con anterioridad al debate planteado por el Honorable señor Bulnes, las palabras del Honorable señor Gómez me impresionaron profundamente, y creo que el golpe de martillo en el clavo lo ha dado el Honorable señor

González Madariaga al pronunciar la palabra "angustia". Esa angustia regional de Mejillones es la misma que he visto desarrollarse en la ciudad de Valdivia, donde una vez un cabildo abierto de diez mil personas estuvo al borde de hechos sangrientos. Conozco la desesperación de los diez u once mil cesantes que tiene esa ciudad. De manera que la frase del Honorable señor Gómez me impresionó profundamente. Y si esta indicación de amnistía se hubiera votado, por haber sido declarada reglamentaria, me habría pronunciado en favor de ella, porque comprendo su criterio, su inquietud y su corazón, desde el punto de vista regional.

Pero como estimo que la cuestión constitucional, según lo manifestado por el Honorable señor Bulnes, está clarísima, voto que no.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

En virtud de un acuerdo anterior, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que autoriza el establecimiento de bancos de fomento.

-Las observaciones figuran en los Anexos de la sesión 3ª, en 1º de diciembre de 1964, documento 11, página 179, y el informe en los de la de hoy, documento 8, página 849.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Wachholtz, Letelier y Pablo, recomienda adoptar los siguientes acuerdos con relación a las observaciones: en el artículo 6º, por unanimidad, propone rechazar la observación recaída en este precepto.

El señor LARRAIN.-

El artículo 6º del proyecto consagra las bases de acuerdo con las cuales actuarán los bancos de fomento para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los préstamos; es decir, se determina específicamente el mecanismo de su funcionamiento. Ahora, en virtud de la frase final que agrega el veto, este tipo de operaciones quedará en la incertidumbre, pues ella dice: "Dicho reglamento podrá ser modificado cuando las circunstancias lo hagan; necesario". No parece ser una manera estable de legislar y determinar ciertas condiciones y agregar luego que éstas pueden modificarse cuando las circunstancias lo hagan necesario. Es decir, se introduce una vaguedad e imprecisión que destruye totalmente el mecanismo aprobado en el proyecto.

El señor LARRAIN.-

En virtud del artículo 6º del proyecto, se entrega al Presidente de la República la facultad de determinar las condiciones que se exigirán, en forma permanente y general, para las operaciones de estos bancos. Ahora, por medio del veto, se pretende agregar una nueva facultad, de conformidad con la cual el reglamento a que se refiere el artículo 6º primitivo podrá ser modificado. Es decir, de esta manera se quitaría a esas operaciones el carácter de permanencia y estabilidad de que quiso rodearlas el Parlamento,....

El señor BULNES SANFUENTES.-

Y de fuerza de ley.

El señor LARRAIN.-

...y se las dejaría entregadas al Ejecutivo. Este, en cualquier momento, cuando lo estimara conveniente, podría modificar su reglamentación. Por eso la Comisión estimó necesario rechazar la observación.

El señor WACHHOLTZ.-

Según el precepto aprobado por el Congreso, "el 10% a lo menos, de las colocaciones e inversiones de los bancos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse entre empresarios cuyo capital y reserva no exceda de cincuenta sueldos vitales anuales..."

Se ha estimado excesivo el 10% para ser colocado entre empresarios con capital y reservas inferiores a 50 sueldos vitales. Por eso, el Ejecutivo propone elevar los 50 sueldos vitales a ciento, que equivalen a ciento ochenta millones de pesos.

El señor WACHHOLTZ.-

En la Comisión voté contra la idea de ampliar a más de un año -como lo aprobó en el Congreso- el plazo de los préstamos del Banco Central de Chile a los bancos de fomento, cuando los préstamos fueran en moneda extranjera. Voté en esa forma por estimar que si bien el Banco Central de Chile debe ir en ayuda de estos bancos en situaciones difíciles, no debe convertirse en institución bancaria inversionista, pues entonces desaparecería la naturaleza de la institución. Hay mecanismos que permiten reducir los préstamos en moneda extranjera a moneda nacional.

El Banco Central, mediante pactos de retroventa u otros recursos, puede conceder préstamos con apariencias de ser otorgados en moneda extranjera, aun cuando lo que haga en el fondo sean verdaderas emisiones.

Estimo imprescindible que el Banco Central vaya en ayuda de los bancos de fomento en caso de emergencia, pero esto no puede ser por un plazo mayor de un año. Es de suponer que dentro de ese año el banco de fomento logre subsanar la situación difícil por que atraviesa. Pero el veto del Ejecutivo se prestará para que el Banco Central otorgue créditos en moneda corriente, pese a que, según se dice, serán en moneda extranjera y con plazo superior a un año.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Si no he entendido mal, la situación es al revés.

Tal como estaba redactado el proyecto, el Banco Central podía conceder préstamos a los bancos de fomento, siempre que el plazo no excediera de un año, sin distinguir si se otorgaban en moneda nacional o extranjera.

El señor WACHHOLTZ.-

Eso debe mantenerse.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

El veto del Ejecutivo es en el sentido de que se pueda conceder préstamos en moneda extranjera por más de un año.

El señor WACHHOLTZ.-

Que no sean por más de un año en ninguno de los dos casos.

El señor CORBALAN (don Salomón).-

Comparto las observaciones del Honorable señor Wachholtz, Presidente de la Comisión de Hacienda, respecto de este asunto. Desde este punto de vista, debe aplicarse el mismo criterio que en el caso de préstamos en moneda nacional, a fin de evitar subterfugios para burlar la disposición en debate. Se trata de que los bancos de fomento utilicen sus propios recursos, y no los del Banco Central. Si se va a operar con fondos de este organismo, sería preferible que el Banco Central prestara directamente y no por medio de los bancos de fomento.

El señor WACHHOLTZ.-

No debe convertirse al Banco Central en una institución inversionista, por ser ello contrario a su propia naturaleza. Tenemos diversas instituciones de fomento, y se dice que, por medio de este sistema, se otorgarán préstamos en moneda extranjera, pese a que, en el fondo, el crédito se otorgará en definitiva en moneda nacional. Como bien saben los señores Senadores, no puede modificarse el veto. Podría aceptarse si hubiera establecido que los préstamos en moneda extranjera pueden otorgarse a más de un año plazo cuando constituyan solamente una transferencia de créditos obtenidos por el Banco Central en el exterior, en favor de un banco de fomento; pero se trata de préstamos con recursos propios, que, repito, serán en moneda corriente.

El señor VIAL.-

Estoy de acuerdo con la tesis del Honorable señor Wachholtz, pero quisiera saber qué consecuencias tendría nuestro rechazo del veto. Entiendo que quedaría nulo todo el inciso, lo cual sería de extrema gravedad.

El señor WACHHOLTZ.-

El rechazo significaría mantener la disposición aproada por ambas Cámaras.

El señor LARRAIN.-

El veto ya ha sido aprobado por la Cámara. En consecuencia, ha quedado eliminada la frase que fija como plazo máximo un año. Ahora, si el Senado también rechaza la agregación del veto, en la práctica no habrá límite, en cuanto a plazo, no sólo paralos préstamos en moneda nacional, sino tampoco para los que se otorguen en moneda extranjera.

El señor GOMEZ.-

No, señor Senador.

El señor PABLO.-

Esa fue una de las razones que tuvimos en cuenta en la Comisión.

El señor LARRAIN.-

En consecuencia, es necesario aprobar el veto, porque siquiera limita a un año la facultad del Banco Central para otorgar préstamos en moneda corriente y queda la facultad para estos préstamos sean a mayor plazo cuando se otorguen en moneda extranjera. Por lo demás, hay fundamentos bastante atendibles que justifican dar mayor plazo tratándose de los créditos en moneda extranjera que el Banco Central otorgue a los bancos de fomento. ¿Cómo se aplica el sistema? El Banco Central, por su prestigio y la seriedad de sus operaciones, puede obtener fácilmente una importante línea de crédito en el extranjero, a largo plazo. Ahora bien, el Banco Central sencillamente transfiere estos créditos a los bancos de fomento para que éstos, por medio de su organización, los den a industriales. No olvidemos que los bancos de fomento, en sus operaciones en general, procuran la capitalización de las distintas actividades nacionales, y es evidente que un préstamo de capitalización difícilmente podrá ser cubierto por el deudor en menos de un año.

Lo lógico y prudente es que el Banco Central transfiera, a los industriales y empresarios que se beneficiarán con créditos en moneda extranjera, la línea de crédito dentro de los mismos plazos con que debe servir ese crédito en el exterior.

Tal es la razón que movió al Ejecutivo a formular el veto. O sea, se trata de dar mayor elasticidad para operar con los créditos en

moneda extranjera, porque, si se justifica un plazo máximo de un año para los préstamos en moneda corriente debido a que el Banco Central tiene la responsabilidad de la política monetaria en el país, no se justifica el mismo plazo para los préstamos en moneda extranjera, que en nada influyen en esa política y, en cambio, beneficiarán a numerosas actividades nacionales que, mediante este mecanismo, realizarán inversiones que han de redundar en mayor producción.

Por eso, el veto, aparte la razón formal que señalaba, de que en caso de rechazarse se obtendría justamente lo contrario de lo que se desea; aparte ese inconveniente, da mayor elasticidad a las operaciones de los bancos de fomento. Permite mayor capitalización y mejor aprovechamiento de los créditos obtenidos en el extranjero, los que serán obtenidos por el Banco Central con mucha mayor facilidad que los bancos nuevos, como los de fomento, carentes de la confianza que en el exterior tiene el instituto emisor.

Por lo expuesto, apoyo el veto.

El señor WACHHOLTZ.-

Lamento disentir -como disentí de la opinión emitida por otros miembros de la Comisión de Hacienda- ; pero ésta es una materia muy delicada.

Las argumentaciones del Honorable señor Larraín no destruyen lo que sostuve: el problema radica en no convertir al Banco Central, por medio de estos subterfugios, en un banco inversionista.

Cuando se discutió la ley 13.305, se incurrió en el error de autorizar al Banco Central para otorgar préstamos al Ejecutivo en moneda dólar, en circunstancias de que todos sabíamos que lo serían en moneda corriente. Una vez promulgada esa ley, formulé, en la ocasión correspondiente, una indicación tendiente a que el Banco Central pudiera otorgar préstamos al fisco en moneda extranjera, solamente cuando el banco hubiera obtenido créditos en el exterior en esa misma moneda.

El señor LETELIER.-

Comprendo el temor de Su Señoría de que el Banco Central pueda caer en la tentación de prestar moneda corriente y hacer que la deuda se convierta en dólares, pero estamos abocados al caso contrario: entregará dólares y recibirá pesos.

El señor WACHHOLTZ.-

Habrá tentación en ambas partes.

El señor LETELIER.-

Es imposible.

El señor WACHHOLTZ.-

Es posible.

El señor LETELIER.-

Es imposible, porque el Banco Central será deudor de dólares en el exterior al usar sus líneas de crédito.

El señor WACHHOLTZ.-

No será deudor en el extranjero. Se repetirá el tan discutido y repugnante caso de los préstamos en dólares de los bancos: la gente recibía moneda corriente y quedaba adeudando dólares. El Banco Central prestará dólares y, en seguida, los comprará, y entregará moneda corriente por ellos. El Banco Central quedará garantido con una deuda en dólares, y al banco de fomento, como su crédito es reajustable, no le importará que el préstamo sea en esa moneda. Por lo tanto, éste es el mecanismo más adecuado para convertir al Banco Central en un banco inversionista.

Otra cosa es el problema reglamentario. El Senado cometería grave error al acoger la observación del Ejecutivo, pues con ello -insisto- se convertirá al Banco Central en una entidad inversionista, lo que destruye su propia naturaleza.

El señor GOMEZ.-

Prosigo mis observaciones.

El problema es distinto de lo planteado. Esta discusión es una rueda dentada que gira en el aire, sin engranar. Aquí hay un aspecto reglamentario.

¿Qué efecto surgiría el rechazo del veto ? A mi juicio, hay una mezcla de veto aditivo y de veto a una parte del texto aprobado por el Parlamento. El Congreso ya acordó suprimir la frase "a plazos que no excedan de un año", porque la Cámara no insistió en ella. Entonces, sobre esta materia ya no habrá ley. Si el Senado rechaza el veto, ya aprobado por la Cámara, el texto quedaría hasta la palabra "préstamos"; es decir, quedaría suprimida la frase final mencionada, que viene a continuación de esa palabra. De modo que el artículo quedaría peor, porque, por lo menos en la forma como lo planteó el Ejecutivo y lo aprobó la Cámara, se limita a un año el plazo para los préstamos en moneda corriente.

Quisiera que el señor Presidente se pronunciara sobre el alcance del veto y de la votación del Senado sobre él.

El señor LARRAIN.-

Exactamente el que yo señalé.

El señor GOMEZ.-

Si es un veto aditivo, al ser rechazado por el Senado, se volvería al texto primitivo. Pero me asiste una duda en cuanto a aquella frase sobre la cual no insistió la Cámara y quisiera que la Mesa se pronuncie sobre esto y me diga cuál es la situación reglamentaria.

El señor LARRAIN.-

No cabe duda al respecto. La frase "a plazos que no excedan de un año" ya ha sido eliminada. En consecuencia, corresponde sólo resolver lo siguiente; o dejamos el artículo sin esa frase, es decir, sin límite alguno de plazo tanto para operaciones en moneda nacional como para las que se efectúen en moneda extranjera, o aprobamos el veto. En tal caso, subsiste la limitación del plazo de un año para las operaciones en moneda nacional y no rige plazo alguno para las otras.

El señor CURTI (Presidente).-

De conformidad con los acuerdos adoptados en la reunión de Comités, se votarán de inmediato las observaciones del Ejecutivo al proyecto sobre restricción de propaganda electoral.

-El oficio del Ejecutivo con los acuerdos de la Cámara figuran en los Anexos de esta sesión, documento 4, página 851.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 14.852, general de Elecciones, en lo relativo a propaganda electoral, con excepción de las siguientes, que ha rechazado e insistido en la aprobación del texto primitivo:

Artículo único: la que consiste en reemplazar, en el número 4, la frase "Queda prohibida" por la siguiente: "En las zonas urbanas se prohíbe".

La que consiste en reemplazar el número 6 por uno nuevo.