Labor Parlamentaria

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley, de origen en un Mensaje, informado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con trámite de urgencia calificada de "suma", que reajusta las remuneraciones de los empleados y obreros del sector privado.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Arancibia.

-El proyecto, impreso en el boletín Nº 11.006, dice:

"Artículo 1º.- Reajústanse desde el 1º de enero de 1969 en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1968, las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo vigentes al 31 de diciembre de 1968, de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado, no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 2º.- Durante 1969 regirán las disposiciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 89, inciso primero; 90, 91, 92 y 93 de la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, con la salvedad de que el porcentaje de reajustes a que ellas se refieren es el señalado en el artículo 1º de esta ley.

Se regirá por las disposiciones de esta ley el reajuste de remuneraciones de los obreros y empleados agrícolas que trabajan en predios pertenecientes a instituciones de previsión, en faenas directamente relacionadas con la agricultura, en los casos en que estén sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.

Artículo 3º.- Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales se reajustarán de común acuerdo entre las partes. Si el reajuste pactado es superior a la variación que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos durante el período de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, el excedente será absorbido por las utilidades de la empresa o industria sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. Para los efectos anteriores se tendrá en consideración el valor total que represente el convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral que pone término al conflicto, es decir, no sólo el reajuste de las remuneraciones sino también el de las regalías que se pacten.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 626 del Código del Trabajo, 38 de la ley Nº 12.927 y 171 de la ley Nº 16.640, en los casos de paralización de faenas no contemplados en dichas disposiciones legales, originados por peticiones de orden económico, el Presidente de la República, a solicitud de los respectivos trabajadores, podrá decretar la reanudación de las mismas bajo la supervisión de la persona que designe. En tal caso, el personal de obreros y/o empleados volverá al trabajo en condiciones no inferiores a las que regían al tiempo de producirse la paralización de faenas.

La solicitud de reanudación de faenas deberá ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores afectados presentes en la Asamblea citada al efecto y en votación secreta ante un Inspector del Trabajo.

En los casos de reanudación de faenas decretadas conforme al inciso precedente, o de acuerdo al artículo 626 del Código del Trabajo, se constituirá un Tribunal Arbitral integrado por dos representantes de la empresa, dos de los trabajadores designados por el Sindicato o Comité de Huelga si no lo hubiere, y un representante directo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, que lo presidirá.

El Tribunal estudiará los antecedentes que motivaron la paralización, se impondrá de la contabilidad, documentación y toda clase de efectos concernientes a la empresa y tendrá facultad para requerir la asesoría o información de cualquier Servicio de la Administración Pública, Semi-fiscal o de Administración Autónoma con miras a establecer de manera fidedigna los costos, utilidades y remuneraciones de la empresa requerida.

El fallo arbitral podrá establecer reajustes superiores al porcentaje señalado en el artículo 1º, siempre que el Tribunal compruebe que los eventuales aumentos de remuneración podrán ser absorbidos con cargo a las utilidades de la empresa, y sin que opere un posterior traspaso de ellos a los precios de los bienes que ésta produce.

El Tribunal tendrá un plazo de 30 días para evacuar su resolución.

El fallo arbitral regirá desde la presentación del pliego, paralización ilegal o lock-out que le dio origen, y hasta un año contado desde su dictación.

El reglamento determinará la manera en que los trabajadores deberán solicitar la reanudación de faenas a que se refiere el inciso primero de este artículo, la forma de constitución y funcionamiento del Tribunal Arbitral y las facultades de la persona que supervisará la reanudación.

Artículo 5º.- El incumplimiento de los acuerdos contenidos en actas de avenimiento, convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales será sancionado por las autoridades del Trabajo correspondientes, con multas a beneficio fiscal de hasta diez sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se regirá por lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 14.972.

Las actas de avenimiento, convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales que pongan término a un conflicto o sus copias certificadas por la respectiva Inspección del Trabajo tendrán mérito ejecutivo en concordancia con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 325 de la ley Nº 16.640, sobre Reforma Agraria, en la forma siguiente:

a) Agrégase en el inciso primero a continuación de la expresión "contratos colectivos de trabajo" la frase "y fallos arbitrales"; y

b) Agrégase como inciso final, el inciso segundo del artículo 5º de la presente ley.

Artículo 7º.- Se faculta al Presidente de la República para crear Comisiones Tripartitas compuestas de representantes de las Confederaciones, Federaciones o Sindicatos de Trabajadores, a falta de aquéllas, representantes de las organizaciones de empleadores y representantes del Gobierno, destinadas a fijar remuneraciones y condiciones de trabajo mínimas, por rama de actividad y reglamentar su constitución y funcionamiento.

Además, dichas comisiones podrán fijar, por la unanimidad de sus miembros, remuneraciones y condiciones de trabajo superiores a las mínimas y comunes a toda la rama de actividad.

Las resoluciones de las Comisiones Tripartitas referentes a las materias señaladas en los incisos precedentes, serán obligatorias para los empleadores y trabajadores de la respectiva rama de actividad.

Su incumplimiento será sancionado conforme al artículo 5º de la presente ley.

Artículo 8º.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 16.840, a los obreros y empleados agrícolas que presten sus servicios en las instituciones semifiscales, que hayan estado sujetos a actas de avenimiento, fallos arbitrales o convenios colectivos de trabajo, celebrados antes o después de la vigencia de esa disposición, y a virtud de los cuales, hayan obtenido un aumento superior al establecido en el artículo 1° de la ley Nº 16.840.

Artículo 9º.- Los trienios establecidos en la ley Nº 7.295 y de cuyo beneficio estén gozando los imponentes, se considerarán como derecho adquirido, aunque haya cambio de contrato, siempre que el trabajador continúe al servicio del mismo empleador o su continuador legal.

Artículo 10.- A petición de los trabajadores o de la organización sindical respectiva, los empleadores estarán obligados a descontar por planilla la cotización destinada a la Central Única de Trabajadores, Confederaciones Nacionales y Federaciones Nacionales de Trabajadores de empleados u obreros, e integrarla dentro del plazo de 15 días a dichas Centrales. ".

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara tuvo a bien designarme Diputado informante del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal de empleados y obreros del sector privado.

El Poder Ejecutivo en su Mensaje propuso la urgencia para su despacho y ella fue calificada de "suma" por la Sala.

La misión específica del proyecto se reduce a una sola: compensar el deterioro que sufre el poder de compra de los trabajadores como consecuencia de la inflación. Pero, además, el proyecto contiene disposiciones relativas a la prevención o atenuación de los conflictos colectivos y, finalmente, aclara conceptos o salva omisiones, con el ánimo evidente de beneficiar al sector de los trabajadores del país.

Existen dos formas de encarar el aumento anual de los ingresos de los trabajadores: una, reaccionaria; y otra, enmarcada dentro de un contexto de justicia social.

A la primera forma estaban acostumbrados los trabajadores chilenos en el pasado. A costa de sus bolsillos se trataba de enmendar los errores de políticas financieras y de desarrollo. El sistema operaba en forma muy simple: los aumentos eran inferiores al alza que había experimentado el índice de precios al consumidor. Nunca se dio un 100% de aumento y los asalariados debían conformarse, en muchas ocasiones, con incrementos promedios que apenas alcanzaban al 50% del alza del costo de la vida. Esta situación, de por sí injusta y que comprometía las entradas de los trabajadores de la ciudad, podía considerarse privilegiada si se parangonaban con los sectores de trabajadores campesinos, cuyos sueldos y salarios mínimos se incrementaban en porcentajes realmente vergonzosos.

El actual Gobierno, como muestra de un criterio uniforme o general que sub-yace a lo largo de toda su gestión gubernamental, varió de política. Inspirado por un programa de justicia social, niveló el salario campesino con el industrial y ha estado entregando aumentos equivalentes al 100% del alza que experimenta todos los años el costo de la vida.

El señor FUENTEALBA.-

¿Y el sector público?

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Fuentealba!

El señor ARANCIBIA.-

En muchos casos, las compensaciones han sido mayores: Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Correos y Telégrafos, Servicio Nacional de Salud, etcétera. Y para determinados sectores, los profesores, por ejemplo, ha elaborado un sistema progresivo de sueldos, tendiente a reparar situaciones de hecho irritantes y alejadas de la equidad.

Este año ha proseguido tal política y el proyecto de ley que conocemos establece que el reajuste de que gozarán los trabajadores del sector privado, o sea, los empleados y obreros, deberá ser como mínimo igual al ciento por ciento del alza que haya experimentado el costo de la vida...

El señor FUENTEALBA.-

¿Y el sector público?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTEALBA.-

¿El sector público?

El señor CADEMARTORI.-

¿Me concede una interrupción?

El señor ARANCIBIA.-

Quiero decirle al señor Fuentealba que estoy entregando el informe del reajuste del sector privado...

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el Diputado informante ha sostenido que en los Gobiernos anteriores se daban reajustes inferiores al alza del costo de la vida. Esto es efectivo. Pero, a continuación ha dicho que la política de este Gobierno es de dar reajuste, por lo menos igual al costo de la vida.

El señor ESCORZA.-

Superior.

El señor CADEMARTORI.-

Yo quiero preguntar al Diputado informante si él está en condiciones de asegurar que el reajuste para el sector público de trabajadores va a ser igual, por lo menos, al alza del costo de la vida que, hasta el mes de noviembre, era de un 28,5%. Deseo que el Diputado informante conteste sí o no, si está en condiciones de dar esta seguridad respecto de estos trabajadores.

El señor ARANCIBIA.-

Puedo contestar al Honorable Diputado señor Cademártori, lo siguiente, que es más o menos lo que contestó el Ministro de Hacienda en su intervención: de que depende de los recursos que se concedan.

Si en la Ley de Presupuesto se otorga lo suficiente como para compensar el ciento por ciento del alza del costo de la vida, no hay duda de que también al sector público se le dará ese porcentaje; y si hay más, puede dársele más, pero ello depende de los impuestos y tributaciones que entregue la comunidad.

De manera que, una vez que esta ley quede afinada, se podrá contestar categóricamente. La respuesta es ahora de que es probable; pero su pregunta no puede tener una respuesta precisa afirmativa ni negativamente.

El señor CADEMARTORI.-

O sea, no hay seguridad.

El señor ARANCIBIA.-

En este momento, yo no puedo darla.

El señor CADEMARTORI.-

Muy bien. Eso no más, quería saber: no hay seguridad.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado informante.

Le ruego referirse a la materia en debate.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, lo que yo había planteado en cuanto al reajuste del sector privado se establece en el artículo 1º del proyecto, así como en el 2º, que, a su vez, menciona las disposiciones legales de la ley Nº 16.840, o sea, la ley de reajustes de este año. Compensa, por tanto, la totalidad del deterioro que han sufrido los sueldos y salarios por causa de la inflación; pero, y lo establece el artículo 3º del proyecto, podrán otorgarse aumentos superiores sólo que el excedente deberá ser absorbido por las utilidades de la empresa o industria, sin que opere su posterior traspaso a los precios de los bienes que ésta produce o expende. O sea, el mayor gasto que irrogue a la empresa este incremento superior al del índice de precios al consumidor no será trasladable a los costos y, por lo tanto, no será cargado a los precios de venta de los bienes o servicios.

De esta manera se evita que los gremios poderosos, que pueden imponer a sus empleadores aumentos más altos, se transformen en verdaderos enemigos de la comunidad, ya que, a la postre, todos los consumidores resultarían pagando esos aumentos extraordinarios. Cabe, pues, concluir que es una disposición de estricta justicia, encaminada a defender a los más pobres, sin coartar el derecho de los trabajadores a pedir y pactar remuneraciones más elevadas, de modo que en las empresas prósperas haya una distribución más socialmente equitativa del ingreso logrado con el esfuerzo común.

El señor PALESTRO.-

¡Eso es creer en brujos!

El señor ARANCIBIA.-

Este año, igualmente, ha sido adoptada una nueva e importante medida en favor de los trabajadores. Con la debida oportunidad el Gobierno ha enviado al Parlamento, en forma separada, el proyecto de ley de Presupuesto y este proyecto. Son iniciativas a las cuales se les han acordado trámites acelerados, con el objeto de que los trabajadores perciban los nuevos estipendios a partir del primer mes del año entrante. Así se espera que en 1969 la economía del país no tenga que afrontar, como lo encaró en éste, los problemas que en relación con la demanda derivaron del atraso en el pago del reajuste ordenado por la ley Nº 16.840 y que implicó que un porcentaje considerable de los asalariados viera disminuido su poder de compra en el primer semestre del año, afectando el nivel de ventas y, consecuentemente, de producción de las industrias de bienes de consumo.

Singular importancia tiene el artículo 4º del proyecto, que establece que el Presidente de la República, a solicitud de los respectivos trabajadores -la mayoría absoluta de los trabajadores en una asamblea citada con este objeto-, podrá decretar la reanudación de faenas que se encuentren paralizadas con ocasión de un conflicto laboral, "lock out" patronal u otras causales semejantes.

Los asalariados en huelga volverán al trabajo en las mismas condiciones que regían antes del cese de actividades, y un tribunal especial determinará, en el plazo de 30 días, el mejoramiento de emolumentos que la empresa pueda conceder. Este tribunal o comisión estará integrado por dos representantes de los trabajadores, dos de los empresarios y un representante directo del Ministro del Trabajo y Previsión Social. Sus amplias facultades le permitirán estudiar los antecedentes que motivaron el paro; la situación de la empresa, a fin de determinar la capacidad de pagos de ésta y deberá emitir su fallo sin mayores trámites, el que regirá desde la fecha de la paralización.

Señor Presidente, quiero destacar con todo su relieve el hecho de que, por primera vez en la historia de la legislación social chilena, se incorpora un precepto que da y reserva a los propios trabajadores, en forma exclusiva, el derecho a solicitar la reanudación de faenas. Esta iniciativa, que fue largamente considerada, ojalá sea, una vez incorporada a nuestro Derecho del Trabajo, entendida cabalmente por la gran masa laboral chilena. Esperamos que su apoyo sin vacilaciones y su comprensión de la sana intención que nos ha guida al entregarles tal facultad harán que un limpio juicio impulse la nueva etapa que en este Gobierno y por esta ley se inicia.

Es bien sabido que, cuando un conflicto se prolonga en demasía, los trabajadores llegan a un estado de pobreza tal, que les obliga a someterse a una vuelta al trabajo condicionada sólo a la voluntad patronal. Así ocurre generalmente, aunque haya habido casos de estoicismo y "aguante" heroicos. Se derrota a estos movimientos con la mejor arma: la miseria.

En adelante, esto no podrá ocurrir. El conflicto subsistirá aunque las labores no estén interrumpidas. Los trabajadores seguirán percibiendo sus remuneraciones corrientes, de modo que sobre su actitud no pesará la falta de medios que, antes o después, los doblegaba. Esto también es justicia social. Ella impone que tengan condiciones equitativas los más débiles, los que sólo tienen la fuerza de sus brazos o la actividad mental, para costear su propia subsistencia y la de sus familias.

Y Chile sale ganando también con un régimen que evita las huelgas prolongadas, siempre dañinas para la economía general. Don Fernando Aguirre, Director de ODEPLAN, así lo hace constar cuando, en declaración a la prensa, expresó el 5 de diciembre de 1968: "El factor negativo de las huelgas desde el punto de vista de la demanda, puede apreciarse en el hecho de que, en lo que va corrido del año, el número de días-hombre perdidos por este efecto alcanza a 4.410.000, siendo que en el año 1967 alcanzó a 1.990.000, con el agravante que la mayor parte de estas huelgas se produjeron en los sectores de más altas remuneraciones y, en consecuencia, de más alto consumo. La prolongación de estos conflictos ha tenido considerable impacto en la producción. Los efectos negativos de la demanda, motivados por estos conflictos, se concentró en la primera parte de este año, pero ya han sido superados en este segundo semestre. "

Como complemento indispensable de las medidas tendientes a establecer procedimientos destinados a solucionar en forma eficaz los conflictos colectivos laborales, el artículo 5º establece sanciones para el caso de incumplimiento de los acuerdos contenidos en las actas de avenimiento, convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales.

La Comisión, a este respecto, acordó cambiar la multa, sustituyendo la expresión "mensual" por la palabra "anual". O sea, las multas serán consideradas en sueldos vitales anuales escala A de la provincia de Santiago, y no mensuales.

Asimismo se otorga a estas actas avenimiento o a sus copias mérito ejecutivo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de que se persiga su cumplimiento mediante un procedimiento rápido y eficaz, como es el ejecutivo.

Para salvar una omisión de la ley Nº 16.840, sobre la Reforma Agraria, el artículo 6º otorga también mérito ejecutivo a los respectivos fallos arbitrales.

Cabe destacar, igualmente, lo dispuesto en el artículo 7º del proyecto, al crear comisiones tripartitas compuestas por representantes de la confederación respectiva, de la federación o del sindicato, sí es que no existe la confederación, o no hay la federación, o los trabajadores no están constituidos en sindicato, o no están afiliados a una federación o confederación, además de los representantes de los empleadores y los del Gobierno, como representante de la comunidad, del bien común.

Es de justicia, indudablemente, que a iguales labores correspondan iguales emolumentos; y es de justicia, también, que unas actividades iguales se rijan por normas también iguales.

Nosotros creemos que éste es uno de los medios más eficaces y más acertados para acércanos a la cogestión obrera. Las condiciones de trabajo que estas comisiones tripartitas establezcan serán las mínimas; o sea, podrán fijarse remuneraciones y condiciones de trabajo superiores a las mínimas y comunes a toda rama de la actividad. Esto, indudablemente, tiene un fondo de ecuanimidad, ya que sin duda habrá fábricas de igual especie que puedan remunerar en forma mayor a sus trabajadores de lo que podrían hacerlo otras de igual condición.

Este es, señor Presidente, el trabajo que ha hecho la Comisión. Esperamos que la Sala de Diputados pueda aprobar, en la forma como ha sido despachado por la Comisión, este proyecto, para beneficio del gran sector laboral chileno y a partir del 1º de enero de 1969.

He dicho, señor Presidente.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos debatiendo se refiere al reajuste de remuneraciones del sector privado.

Lo primero que tenemos que decir es que nos encontramos legislando sobre este asunto en condiciones de extrema urgencia. Es decir, faltando pocos días para el término del año, nos vemos abocados al despacho de un proyecto que tiene trascendencia, que tiene sus complejidades, y que desde todo punto de vista hubiera sido más conveniente haberlo tratado con la amplitud necesaria.

Es muy difícil que pueda ser despachado -como son nuestros deseos- en el plazo necesario para que la ley empiece a regir a partir del 1º de enero del próximo año. Esta situación no es, por cierto, responsabilidad nuestra: de los partidos de Oposición, Socialista, Comunista, Radical, ni del Parlamento, sino que es de responsabilidad del Ejecutivo por haberlo enviado con tanta tardanza. Este proyecto debió haber estado aquí, en la Cámara, a más tardar en el mes de septiembre.

No quiero- citar las reiteradas declaraciones y anuncios que, sobre esta materia, hicieron en su oportunidad Ministros de Estado e incluso Diputados del partido de gobierno.

En todo caso, nosotros queremos decir que el proyecto de reajuste para el sector privado, para 1969, no es indudablemente lo que desean los trabajadores. No es un proyecto que venga a satisfacer las legítimas y urgentes necesidades que se derivan del violento impacto que ocasionan en los presupuestos populares, el alza del costo de la vida, la cesantía -que afecta a numerosos sectores de trabajadores-, y muchos otros aspectos de la crisis económica, que repercuten sobre las clases asalariadas.

Al respecto, yo quiero señalar, señor Presidente, algo planteado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por los representantes de los trabajadores. Me refiero a los conceptos de salario mínimo y de sueldo vital. Estos valores mínimos están vigentes en nuestro país desde hace algún tiempo: el sueldo vital, desde 1938, si no me equivoco, y el salario mínimo, desde 1953. Sin embargo, el salario mínimo y el sueldo vital, según todos los estudios que se han podido hacer hasta el momento, demuestran que no pueden merecer el nombre de tales y que no se puede seguir con esta verdadera farsa, como es la de mantener remuneraciones que en ningún caso son mínimas, porque no corresponden al dinero necesario para satisfacer, como su nombre lo indica, en forma vital, las necesidades de los trabajadores.

El sueldo vital representa hoy una cantidad que, según los estudios hechos por el Servicio Nacional de Salud, no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades de alimentación. El Servicio Nacional de Salud mantiene un estudio permanente de una dieta alimenticia basada en un mínimo de 2.500 calorías. Pues bien, el costo para adquirir los alimentos que corresponden a esas 2.500 calorías equivale aproximadamente, en el gasto mensual de una familia, al monto del sueldo vital actual. Es decir, que con el sueldo vital apenas, siquiera, se alcanza a satisfacer las necesidades alimenticias, como digo, mínimas, aquellas que equivalen a esas 2.500 calorías. Nada, por lo tanto, quedaría a las familias que desearan alimentarse con esa dieta mínima, para satisfacer otras necesidades tan vitales como son la vivienda, el vestuario, la recreación, la educación, la salud, etcétera.

Nosotros venimos reclamando que se haga un estudio de esta materia, un estudio serio, científico, que se le encargue a la Universidad de Chile, por ejemplo, para que, de una vez por todas, termine, como digo, esta farsa que es el sueldo vital. Al respecto, quisiera que la Cámara acordara dirigir oficio en su nombre, a la Universidad de Chile, a fin de que se encomiende a las Facultades de Medicina y de Economía un estudio para determinar cuál será el verdadero sueldo o remuneración vital para los trabajadores.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala, para enviar el oficio solicitado por el señor Cademártori, don José.

El señor ARANCIBIA.-

No hay acuerdo.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Hay oposición.

Puede continuar Su Señoría.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, el problema de calificar el salario vital y el sueldo vital en que todavía, por desgracia, se hace diferencia entre los trabajadores y empleados, es una necesidad urgente que todos debemos abordar con altura de miras y no con el criterio que señalaba el señor Pontigo. Saben los señores Diputados, que la Democracia Cristiana jamás se ha opuesto a esto, jamás se ha opuesto a considerar realmente el valor que corresponde a la calificación de un salario vital para el obrero o de un sueldo vital para el empleado; lo que ocurre es que tenemos que tratar esta materia en profundidad, con todos sus alcances y legislar al respecto. No hay nadie que se oponga a esto. Por eso, quería manifestar mi oposición a esos conceptos que, a mi juicio, se han vertido tan livianamente en esta Sala. En una materia tan importante como ésta, hasta los colegas del Partido Comunista que actuaron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social así lo reconocieron; ellos actuaron con mucho criterio y altura de miras, como lo hicieron los señores Cademártori y Acevedo. Quisiera que el señor Pontigo antes de hacer cargos gratuitos actuara como algunos de sus compañeros lo hicieron en la referida Comisión.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, yo no quiero seguir abundando en este aspecto del problema, aunque -repito- me parece esencial a esta altura determinar, sobre la base de un estudio como existe en otros países en que, aparte de las necesidades mínimas de alimentación, se consideran las necesidades de vestuario, de vivienda, de cultura, educación, etcétera, cuánto es lo menos que necesita un obrero para poder vivir y mantener a su familia. Esto es lo que la legislación en materia de sueldos vitales y de salarios mínimos tiene que determinar de una vez y para siempre.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Arancibia, don Mario, ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor CADEMARTORI.-

Por otra parte, el sueldo vital y salario mínimo en los últimos años se han estado reajustando únicamente sobre la base del índice oficial del costo de la vida y en algunos casas -como recordaba el señor Diputado informante- en años anteriores y también en este último tiempo ha sufrido mermas porque ni siquiera se ha reajustado a veces en relación con el índice del costo de la vida. De esta manera, como lo recordaba el Presidente de la Central Única de Trabajadores en la Comisión de Trabajo, está calculado matemáticamente que el sueldo vital de 1968 equivale, en poder adquisitivo, solamente al 60% del sueldo vital que había en el año 1953; es decir, que el poder adquisitivo de esta remuneración, lejos siquiera de haberse mantenido, ha disminuido.

¿Para qué hablar, de que, además de todo esto que hace irreal este índice durante estos últimos años, las industrias más importantes del país han ido aumentando su capitalización, renovando sus maquinarias y sus equipos y, de esta manera, han ido determinando una mayor productividad del trabajo? Pero esta mayor productividad no se ha tomado en cuenta tampoco para determinar estas remuneraciones y así es, entonces, que el resultado en la distribución de la renta nacional es, que la mayor productividad va a traducirse, a convertirse en mayor ganancia para los capitalistas de la industria. Por otra parte, también es de objetar que en el último tiempo los reajustes, tal como sucede en esta última ley, se hace en referencia al índice de precios al consumidor fijado por la Dirección de Estadística y Censos. ¿Qué pasa con este índice? Hace algún tiempo, hicimos una denuncia y pedimos una investigación de la Contraloría respecto a la forma como se elabora este índice y cómo se elabora en la práctica. Como resultado de esa investigación, la propia Dirección de Estadística y Censos hubo de resolver, desahuciar este índice e iniciar el estudio de uno nuevo. De tal manera que el propio Gobierno nos encontró toda la razón, al encargar que se elabore un nuevo índice. Pero el problema no está sólo ahí, sino que en dos cosas más. Primero, que este índice, para que tenga la confianza pública necesaria, para que la opinión pública pueda creer en él, es indispensable que en su revisión y antes de su publicación, debieran participar representantes de los trabajadores, de los consumidores y de otros sectores que son afectados por este índice. Porque el índice se determina en Chile no sólo para fijar los sueldos vitales, sino para muchas otras cosas más, jubilaciones, etc., y, por lo tanto, a la gran mayoría de los chilenos les afecta lo que determine tal índice. Por eso, nosotros hemos propuesto y continuaremos proponiendo que este índice de la Dirección de Estadística y Censos sea supervisado por un consejo en el cual tengan representación las organizaciones de trabajadores, de consumidores y de otros sectores de la vida nacional que tengan interés en él. Esto es necesario, además, porque, desgraciadamente, se ha hecho ya una costumbre de diversos Ministros de Economía manipular el índice. Es decir, pretenden detener en un momento la ola alcista no con una medida eficaz que vaya a la raíz de los problemas, sino que con simples voladores de luces que tienen por objeto distorsionar el resultado.

Esto que acabo de señalar es lo que ha ocurrido recientemente.

Voy a conceder una interrupción al señor Arancibia.

El señor CADEMARTORI.-

El señor Arancibia, que está informando el proyecto, afirma que nosotros estamos repitiendo los argumentos de la Derecha en relación a este problema. Al respecto, debo manifestar que la Derecha no tiene ninguna autoridad moral en esta materia. La crítica que hace en tal sentido es pura y simple demagogia, puesto que sus representantes durante el Gobierno del señor Alessandri, hicieron exactamente lo mismo que está haciendo el actual Gobierno en esta materia.

El señor ROSALES.-

¡Igual!

El señor CADEMARTORI.-

Ahora que el Ministerio de Economía e incluso el actual Ministro señor Krauss se han dedicado a manipular los factores correspondientes con el fin de impedir que el índice refleje la verdadera alza y la carestía que se ha estado operando en los alimentos durante las últimas semanas, es una realidad confirmada, señor Presidente, por las medidas adoptadas por el propio Ministerio de Economía en materia de abastecimiento de papas.

La verdad es que el señor Ministro de Economía decretó una veda de papas; es decir, resolvió por sí y ante sí que no se iba a comerciar con la papa durante determinado tiempo; pero en la práctica, esto de ninguna manera tuvo resultado, porque la compra y la venta de papas se hizo, incluso, a vista y paciencia de las autoridades, en las propias bodegas de la Vega Central.

Todo el mundo sabe quiénes son los comerciantes en papas y quiénes son los mayoristas, y el Gobierno sabe muy bien que se vendió papa abiertamente. Pero, ¿qué pasaba? ¿Eso le importaba al Ministro de Economía, señor Krauss? No le importaba en absoluto. Lo que le interesaba era otra cosa. Esa es la realidad.

El señor ARANCIBIA.-

¿Cómo puede decir eso Su Señoría? Lo hace, porque sabe que el señor Ministro no está en la Sala.

El señor CADEMARTORI.-

Invitémoslo, señor Diputado. Que venga el señor Ministro de Economía. No tenemos ningún inconveniente en que venga a la Cámara para decirle estas cosas.

Lo que le interesaba al Ministro de Economía era otra cosa: que cuando los encuestadores de la Dirección de Estadística fueran a los negocios donde ellos consultan los precios de los artículos que se van a considerar en el índice y cuando llegaran a esos negocios a preguntar: "¿hay papas?" se les contestaría: "no hay papas". Entonces, anotarían en la planilla del índice que no había papas; por lo tanto, el precio real que tenía en ese momento no se contabilizaba.

De esa manera se ha manipulado para que en los meses de noviembre y diciembre no aparezca el alza verdadera que se ha producido en el precio de las papas y de otros productos alimenticios.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el señor Ricardo Valenzuela, ante el cargo fundado que estoy haciendo, pretende decir que se trata de suponer intenciones al señor Ministro de Economía y afectar su honorabilidad.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Eso dijo usted.

El señor CADEMARTORI.-

No está en juego aquí la honorabilidad del señor Ministro de Economía.

El señor ARANCIBIA.-

No la ponga en duda usted.

El señor CADEMARTORI.-

Lo que está en juego es el procedimiento adoptado por el señor Ministro de Economía, parecido al de otros Secretarios de Estado de esa misma Cartera. Como lo hemos demostrado, y también lo han dicho técnicos extranjeros -incluso existe un informe en la Contraloría- se reconoce orientación sobre esta materia, que viene de la Misión Klein-Saks, la cual aconsejó tomar una serie de medidas que significan hacer variar el índice, que es el que debe reflejar oficialmente la carestía de la vida, aunque en la realidad no la refleja, porque ella está frenada artificialmente con vistas a que el aumento de sueldos y salarios sea menor que el que verdaderamente debiera ser. Esta es una política que han seguido diversos Ministros, y que ahora, lamentablemente le ha tocado aplicar al señor Krauss.

Pero, lo que no puede desmentir el señor Valenzuela, es lo que he afirmado:

Primero, que el Ministro ordenó la veda de la papa y que, en la realidad, eso quedó solamente en el papel porque hubo comercio de la papa durante todo ese período. Eso es una realidad.

Segundo, que el único efecto práctico de su medida se traduce en el índice, puesto que los encuestadores han tenido que dar, como resultado de su encuesta, cero pesos, en materia de precio de la papa.

Por lo tanto, el alza que experimentó el precio de la papa no está reflejado en el índice...

El señor ARANCIBIA.-

¿Cuál es la ponderación de la papa en el índice?

El señor CADEMARTORI.-

Esto es lo que no puede desmentir el señor Valenzuela, porque lo que he dicho es una realidad que no tiene nada que ver con la honorabilidad del señor Ministro de Economía...

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

¿Me permite?

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Cademártori, el señor Valenzuela le solicita una nueva interrupción.

El señor CADEMARTORI-

Se la concedo.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, lo que yo he querido es dejar claramente establecido mi opinión contraria a la aseveración hecha por el señor Cademártori, en el sentido de que la medida tomada por él señor Ministro de Economía tendría como objetivo -lo dijo en su primera intervención y acaba de rectificarlo en parte en la segunda- cambiar la ponderación del rubro papa en el índice del alza del Costo de la vida.

Yo he protestado de eso, porqué de ninguna manera, puede considerar el señor Cademártori que esa fue la finalidad y el objetivo de una medida que, en el aspecto económico, el señor Ministro consideró conveniente tomarla para interés del país.

Eso es lo que yo he expresado.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, sólo quiero decir que lo que interesa no es el objetivo que puede expresarse en un momento dado para justificar un medida económica, sino el resultado que se opera a consecuencia de ella.

Yo digo que el resultado práctico que ha tenido esta famosa veda de la papa ha sido conseguir que no se refleje en el índice el alza experimentada realmente en el precio de la papa en el mercado y que de esa manera el índice de precios al por menor ha quedado distorsionado por esta situación.

El resultado o consecuencia de esto lo pagan los trabajadores, porque el reajuste de salarios sería mayor si el índice hubiera reflejado esta realidad porque los índices están para reflejar una realidad y no un aspecto artificial de la situación considerada.

Como consecuencia de estos hechos, el porcentaje que seguramente va a alcanzar este índice el término del año 1968 no va a reflejar el verdadero aumento del costo de la vida.

Para señalar más argumentos sobre esta materia, podemos comparar el aumento que ha tenido el índice mencionado con el que ha tenido el dólar. El valor del dólar lo va fijando el Gobierno a través de periódicas devaluaciones que realiza el Banco Central cada quince días.

Se ha dicho y reiterado que esta devaluación sólo tendría por efecto armonizar el valor del dólar con el alza que experimenta el costo de la vida. Pues bien, ¿en cuánto ha aumentado el dólar, según el Gobierno, y por lo tanto, cuál es el alza del costo de la vida en este período? En lo que va corrido del año, ha aumentado en un 31%. Es decir, mientras el índice por el cual se regulan los sueldos y salarios habría aumentado en 28,5%, el índice por el cual se reajustan las ganancias de los capitalistas, que según el Gobierno refleja el verdadero aumento del costo de la vida, es de un 31%.

¿Cómo se explica esta contradicción? Para unos, el aumento del costo de la vida es mayor y para otros es menor. Estamos, señor Presidente, en presencia de una contradicción que es la que revela realmente, el criterio que aplica este Gobierno en su política económica. Para los trabajadores, el reajuste es lo más pequeño que se pueda; en cambio para el capital, para las grandes empresas exportadoras se deja "manga ancha" sobre la base de la devaluación de la moneda, y de índices superiores a los consultados para sueldos y salarios.

El señor ARANCIBIA.-

Esa es la finalidad, favorecer las exportaciones.

El señor CADEMARTORI.-

Entrando al proyecto en particular, quiero decir que las observaciones que hicimos en la Comisión, se relacionan particularmente con los artículos 3º, 4º y 7º.

Respecto del artículo 3º, nuestra opinión ha sido, recogiendo las expresiones que tuvieron los dirigentes de la Confederación de los Empleados Particulares y de la Central Única de Trabajadores, que este artículo tiene, en la forma en que está redactado, un efecto que de una u otra manera, también va a descargar sus efectos sobre los trabajadores sindicalizados que regulan sus remuneraciones por los convenios colectivos.

En efecto, si el artículo 3º solamente llegara hasta el primer punto seguido, donde dice: "Las remuneraciones de los trabajadores, empleados y obreros del sector privado sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales se reajustarán de común acuerdo entre las partes", no habría nada que objetar, porque hasta allí se mantendría lo que actualmente existe en esta materia, ya que hasta 1968 los sueldos y salarios de los trabajadores sujetos a convenios colectivos se han venido reajustando sobre la base de los convenios que se han pactado entre las partes, es decir, entre los asalariados y los patrones; pero, a continuación, el Gobierno ha introducido una disposición, aparentemente muy sana y beneficiosa, que en la práctica produce efectos muy distintos a los que el Gobierno ha sostenido que va a tener.

Se dice aquí que el reajuste que se pacte por encima de la variación que experimente el índice de precios debe ser absorbido por las utilidades de la empresa, a fin de que no aparece este mayor aumento en los precios de los bienes que ésta produce. Como digo, la intención, aparentemente, sería evitar el alza de precios con el pretexto de mayores costos por el resultado de las negociaciones colectivas; pero, en la práctica ¿qué va a ocurrir y que ha ocurrido en varias ocasiones? Que muchas empresas alegan tener pocas utilidades, y como para probar esto los trabajadores deberían tener conocimiento pleno de la administración del negocio y de la contabilidad del mismo, y al no tenerlos no están en condiciones, por lo tanto, de comprobar si las afirmaciones de la empresa son efectivas o no. En la práctica con esta disposición se le da al capital un argumento para negarse a mejorar las remuneraciones de los trabajadores.

Hay incluso algunas industrias que podemos suponer no tienen buenas utilidades; por ejemplo, la industria del carbón; pero, acaso por eso, ¿no es obligación del país, de un Gobierno, mejorar las remuneraciones de los trabajadores del carbón, cuya situación todos sabemos que es una de las peores de los asalariados chilenos?

Por otra parte, sabemos muy bien que los capitalistas en Chile, sobre todo los grandes capitalistas, están tan interrelacionados entre unas empresas y otras que lo que pierden en una industria lo ganan en otra. Por ejemplo, el mismo caso del carbón. Si uno revisa a quienes pertenecen las acciones de la Compañía Carbonífera Lota Schwager, se encontrará con que son los mismos accionistas dueños del Banco de Chile y de otras grandes empresas que hay en el país. Y a estos capitalistas no les importa, en un momento dado, perder o ganar poco en una industria, porque se resarcen en otras, donde tienen también sus capitales invertidos.

El señor VALENTE.-

Y con las subvenciones.

El señor CADEMARTORI.-

Además, como me anota muy bien el Diputado señor Valente, ocurre que, con el pretexto de las pérdidas, muchas de estas industrias obtienen suculentas subvenciones de parte del Estado, rebajas de tributos, créditos, cuantiosos, como los que la industria del carbón ha recibido de la Corporación de Fomento de la Producción; las industrias pesqueras, etcétera.

El señor PONTIGO.-

La del fierro.

El señor CADEMARTORI-

De esta manera, una industria podría estar recibiendo grandes subvenciones del Gobierno y mostrando pocas utilidades, y con estas pocas utilidades tendría el pretexto justo para negar un mejoramiento a sus trabajadores. De allí que nosotros estemos en contra de la segunda parte de este artículo 3º, por creer, con fundamento, que no va a beneficiar a los trabajadores, sino, por el contrario, los va a perjudicar.

Señor Presidente, quiero dejar hasta aquí la intervención que me corresponde hacer, reservando los minutos que nos quedan para la discusión particular.

Deseo anunciar que los Diputados comunistas vamos a votar en contra de todos aquellos aspectos del proyecto que nos parecen inconvenientes, esperando que en el curso de la tramitación de él, aquí y en el Senado, puedan eliminarse estos factores negativos. En cuanto a su votación general, vamos a votar favorablemente.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, durante varios días la opinión pública y, especialmente, los sectores interesados, vale decir, los empleados y obreros del sector privado, habían estado siendo informados de esta iniciativa legislativa del Gobierno en su favor, para reajustar sus rentas en relación con el alza del costo de la vida experimentado en el presente año y para entrar en vigencia en el año próximo. La realidad es que nosotros estábamos preparados para encontrarnos con un proyecto completo; de tal manera que, de acuerdo con lo que los empleados y obreros han estado manifestando, a través de sus congresos, de sus convenios, de sus reuniones, a lo largo y a lo ancho del país, pensábamos que el Gobierno había captado, esencialmente, una idea fundamental, cual es la de llegar, en realidad, a un sueldo vital que -como dijimos en la Comisión- vitalice la situación financiera del hogar del empleado y la situación financiera del hogar del obrero.

Desgraciadamente la idea legislativa de entregar un reajuste basado en el posible porcentaje de alza del costo de la vida que se registre al 31 de diciembre y que todavía no está establecido no satisface en absoluto a ningún sector como tampoco ha podido dejar satisfecho a ningún; sector de empleados públicos lo que se está haciendo en relación con sus aspiraciones de salario y sueldo para el próximo año.

De ahí que se hayan anunciado y desarrollado movimientos huelguísticos durante el año que significan para el Gobierno una protesta contra el tratamiento a que son sometidos. Los empleados particulares no tienen esta herramienta poderosa que les permita en forma unitaria, efectuar movimientos que puedan representarle al Gobierno una protesta generalizada.

Yo conozco a muchos parlamentarios que han sido empleados particulares, que han trabajado en grandes empresas y saben que al empleado le es muy difícil hacer valer sus derechos ante el empresario. Si hubiéramos sacado una estadística acerca de la manera cómo la parte patronal cumple con la obligación de otorgar ¿una gratificación anual de tres meses de sueldo, nos encontraríamos con la desagradable sorpresa de que la mayoría de las empresas no dan esta gratificación; e incluso creo que para el propio señor Ministro del Trabajo no es un misterio saber que en Santiago como en otros pueblos, la parte patronal no paga en el he-icho el sueldo vital, valiéndose de un sinnúmero de artimañas y llegando en algunos casos a hacerles devolver lo que afecta a fondo previsional.

Por eso, teníamos plena confianza -de acuerdo con las declaraciones del señor Ministro del Trabajo, de la Comisión Tripartita y de los hombres de Gobierno que actúan en torno de ellas- de que se entregaría una ley que dejaría satisfecho a este sector pero nos encontramos ahora con que estamos frente a un proyecto de ley vago, que no entrega lo que realmente corresponde. Ha sido inútil que en la Comisión la Central Única de Trabajadores, señale sus planteamientos. Preguntada por el que habla, especialmente, recuerdo que su Secretario General, el compañero Luis Figueroa, estableció que el sueldo vital, calculado por ellos, no podía ser inferior a 670 escudos, considerando su deterioro desde la dictación de la ley Nº 12. 006 de 1956, en que el Gobierno de aquel año, acogiendo las recomendaciones de la Comisión Klein-Saks, rebajó el reajuste del ciento por ciento comprobado por la estadística a sólo en un 50%.

El señor ESCORZA.-

Me alegro de que diga eso. Es importante.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Parece que Su Señoría no me ha oído. Estoy hablando del año 1956, cuando era Presidente de la República uno a quien muchos de ustedes eligieron Jefe del Estado: Carlos Ibáñez del Campo. Estoy hablando de eso.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Escorza, ruego a Su Señoría no interrumpir!

El señor FUENTES (don Samuel).-

En esa época, señor Escorza, que usted debe recordar, porque era del gremio aún, y era como yo, un humilde ferroviario, que siempre defendía a este gremio...

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Fuentes, ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Estoy haciéndolo, pero si soy interrumpido tengo que aclarar mis planteamientos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor FUENTES (don Samuel).-

No puedo pasar como un inocente; por eso estoy aclarando los hechos.

Estoy hablando del año 1956, cuando el alza del costo de la vida fue del 86% y a través de la ley Nº 12.006, sólo se entregó el 46,5% de reajuste. Desde entonces hasta hoy, el sueldo vital de que tanto se ha hablado por todos los gobiernos posteriores, se ha deteriorado. Al actual le es muy fácil porque tiene la posibilidad de hacerlo, restituir a este sector -de acuerdo con lo que dice que es justicia y "revolución en libertad"- un sueldo vital que corresponda al alza del costo de la vida y al deterioro que ha sufrido.

El señor FUENTES (don Samuel).-

El señor Ministro del Trabajo sabe perfectamente bien que los sueldos vitales que se han entregado en los últimos años del Gobierno de la Democracia Cristiana no han restituido ni corresponden al alza del costo de la vida. De otra manera, no habríamos escuchado en la Comisión a un hombre, que es profesor y dirigente de la más importante organización de trabajadores, señalar y consignar que el sueldo vital debería ser de 670 escudos. En cuanto a la parte obrera, dijo este dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores que ellos reclamaban siquiera lo que había establecido estadísticamente el Servicio Nacional de Salud, que para alcanzar 2.500 calorías con la alimentación, se necesitaba un salario mínimo de 13 escudos.

Yo recuerdo las palabras de un Diputado de la Democracia Cristiana en esa Comisión, al que no se dejó expresarse y fue relevado, quien me decía que en el seno de su partido había planteado el año pasado que el salario vital debía ser de 10 escudos diarios, y no había sido oído. Por eso, votó una indicación favorable al planteamiento nuestro, para establecer en el artículo 1º, un salario mínimo de 650 escudos, que corresponde a lo que nos han planteado los gremios.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Yo he pensado que cuando se invita democráticamente es para oírlos y para acoger sus planteamientos.

No ha sido acogida la idea de los representantes de los trabajadores que nosotros hemos venido defendiendo, aun cuando hemos participado en algunos Gobiernos de esos a los que se quería referir el señor Arancibia. Pero yo le voy a refrescar un poco la memoria al señor Diputado informante.

Nosotros nos incorporamos a un Gobierno con la exigencia de dar reajuste. Usa es la razón, para que de una vez termine esta calumnia al Partido Radical; esa es la razón, y ésta es la respuesta al Ministro de Hacienda a su intervención de ayer, quien decía que a mediados de año se entregaban reajustes de sueldo. Así es.

En la Convención de mi partido, que se celebró en el mes de junio de 1961, acordamos una plataforma de lucha para realizarla y convertirla en leyes. El primer lugar de esa plataforma, frente a un Gobierno que no ofrecía ninguna posibilidad de reajuste, que no quería dar reajuste alguno, fue el tratar de buscar esta posibilidad, y nosotros la encontramos.

Se habla de 11 escudos como de una dádiva miserable. Yo quiero decirle al señor Arancibia y a los colegas de la Democracia Cristiana que esos 11 escudos en ese momento, no eran una cifra tan despreciable: representaban más de dos grados en la Administración del Estado. En los ferroviarios mismos, significaban dos grados. A los jubilados se les había pretendido dar 4 escudos. Luchando contra ese Gobierno, logramos elevarlos a 8. Ya habíamos establecido en la ley 13.305, por primera vez, la pensión mínima para la montepiada y la pensión mínima para el jubilado, como consecuencia de gestiones «del Partido Radical, como consecuencia, podría señalarlo, de gestiones del Senador don Angel Faivovich que, atendiendo de esta manera a los jubilados, entregó esos reajustes, sin que para nosotros eso fuera una satisfacción absoluta. Como no teníamos mayoría exclusivamente nuestra, corno es el caso de la Democracia Cristiana, que tiene mayoría en las comisiones y en la Sala, nos vimos impedidos, frente al "Ejecutivo, que es el único que tiene la iniciativa en gastos públicos, de exigir mayor es reajustes de sueldos y de buscar la solución del problema de los salarios y de los sueldos por la vía legal.

Distinta es la situación de ustedes, colegas. Un candidato, el actual Presidente de la República, y lo sabe el colega señor Valenzuela, lo sabe el señor Arancibia y lo sabe todo Chile, anunció muy buena plata, mucho trabajo y bajar el costo de la vida. Llevamos 4 años y no podrá negar el señor Ministro de Hacienda, ni el señor Ministro de Economía, ni el señor Presidente de la República que no se han conseguido esas metas, a pesar de tener aquí una mayoría parlamentaria que, en este aspecto, podría ser unánime. Porque si el Presidente de la República nos trae un reajuste de sueldos en que se establezca un sueldo vital de 650 escudos, incuestionablemente que aquí hay unanimidad; si nos trae una idea legislativa en que se establezcan 15 escudos para el trabajador, incuestionablemente que aquí hay unanimidad; y si penetramos más allá, si hablamos de los jubilados, y nos trae la idea legislativa de que los jubilados deben tener el 75% del sueldo de actividad, incuestionablemente que aquí habrá unanimidad.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Ya pasó un poco la oportunidad, pero mi colega y amigo señor Fuentes declaró, hace un instante, que en el Gobierno del señor Alessandri el Partido Radical no tenía la posibilidad de obtener lo que deseaba, respecto a los problemas que estaba planteando La verdad de las cosas es qué, durante ese gobierno, los diversos proyectos que se presentaban nosotros criticábamos mucho, pero la mayoría del Frente Democrático, formada por conservadores, liberales y radicales, era homogénea y votaba a fardo cerrado, de tal manera que era prácticamente una aplanadora para todos nosotros.

Por otra parte, el Gobierno del señor Alessandri comenzó -¡comenzó!- con el beneplácito del Partido Radical, con su aquiescencia tácita, continuó con su participación en el Gabinete con Ministros de Estado, y nadie ha sabido en Chile que por discrepancias se hubiera retirado el Partido Radical de ese Gobierno.

Por eso, entonces, lo que ha dicho mi colega y amigo el señor Fuentes, verdaderamente a uno lo deja un poco perplejo, porque no corresponde a una actuación política real y consecuente con lo que está expresando.

Eso es lo que le quería expresar; pero no era el momento oportuno cuando él terminó la exposición de sus ideas, respecto al problema que yo quería enfocar.

Nada más, señor Presidente.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Yo le voy a probar a mi colega señor Valenzuela que está profundamente equivocado.

El año 1961 cuando nos incorporamos, hubo dos reajustes de sueldos: uno fue antes de que llegáramos al Gobierna. Aquí tengo los antecedentes de la Central de Trabajadores Particulares, en que se establece que el año 1961 hubo un reajuste de 15 escudos y uno de 11 escudos. Tan discrepante fue nuestra actuación con el Gobierno del señor Alessandri, que sólo gracias a nuestra pertinacia para exigirlas se lograron algunas cosas. Y lo sabe muy bien mi colega señor Valenzuela. Cuando el costo de la vida subió al 45, 9%, la iniciativa legal del Presidente de la República señor Alessandri fue entregar un reajuste del 25%. La prensa y la radio dieron cuenta de que el DiputadoJacobo Schaulsohn, Vicepresidente del Partido Radical, y el DiputadoCarlos Morales, también Vicepresidente del Partido Radical, se entrevistaron con Alessandri en Viña del Mar. Como consecuencia de esa entrevista, ese año se dio el 35% de reajuste; es decir, se subió en un 10% más de lo que pretendía el Ejecutivo.

El señor ESCORZA.-

Más bajo que el 100%.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Más bajo que el 100%, pero estoy probando que nuestra intervención no fue dócil, como la dócil intervención de ustedes en este momento. Ustedes tienen todos los elementos de juicio para saber perfectamente que el alza del costo de la vida no puede ser el 28% en este momento. Sin embargo, dócilmente, a pesar de que están "luchando" con el Presidente de la República y con el Ministro de Hacienda, todavía tienen que someterse aquí a lo que el Presidente y el Ministro de Hacienda han señalado. Tengo la seguridad de que cuando cambie este asunto en el Senado -porque creo que va a cambiar-, incuestionablemente que la posición de ustedes va a cambiar. Lo viril habría sido hacer lo que nosotros hicimos con Alessandri. Aquí votamos muchas veces con la Democracia Cristiana, con socialistas y con comunistas, frente a liberales y conservadores.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

No me acuerdo...

El señor FUENTES (don Samuel).-

Yo le voy a refrescar la memoria, porque usted está muy desmemoriado. Ojalá que sus electores de O'Higgins y Colchagua no padezcan del mismo mal: la falta de memoria.

Cuando se discutió la ley Nº 15.386, de Revalorización de Pensiones, Alessandri vetó el artículo 6º, que estaba dedicado a los ferroviarios; Alessandri vetó el artículo 18, que disponía que se rebajara la exigencia de 35 años de servicio para tener la "perseguidora chica". Aquí también se consideró el veto de Alessandri cuando nosotros restituimos para los empleados particulares la posibilidad de tener una indemnización al momento de jubilar. Esas tres disposiciones, que recuerdo las vetó el Gobierno de Alessandri. Nosotros hicimos mayoría contra esos vetos. Incluso recuerdo a un Diputado del Partido Liberal, mi querido amigo y colega ferroviario -muy distinto de mi querido amigo señor Escorza- que se rebelaba contra el Partido Liberal, el señor Bernardino Guerra, Diputado del norte. Lo vimos rebelarse muchas veces para votar con democratacristianos, con socialistas, con comunistas y con radicales, y hacer mayoría para sacar leyes más beneficiosas para las clases trabajadoras, activas y pasivas.

Este aspecto quiero que quede bien en claro en definitiva, para que no se ande regando en las calles. Porque aquí el señor Arancibia decía hace poco: "Antes los gobiernos daban 11 escudos". Sí, señor 11 escudos sacamos a mitad de año, porque la convención nuestra fue en junio, como las hacemos todas. Conforme. No podía tener efecto retroactivo, porque empezamos a incorporarnos en el mes de septiembre al Gobierno de Alessandri, días antes de las Fiestas Patrias. En septiembre de 1961 nos incorporamos al Gobierno con el compromiso de Alessandri de dictarnos una ley que estableciera reajustes; de dictar una ley de reforma agraria, planteada por el Partido Radical;…

-Risas.

El señor FUENTES (don Samuel).-

… de dictar una reforma tributaria, que ustedes la están usando; de dictar la ley de nivelación de pensiones, que se convirtió después en la Ley de Revalorización de Pensiones. Estos fueron los planteamientos del Partido Radical, y fueron cumplidos.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

¡Está muy alessandrista!

El señor FUENTES (don Samuel).-

No, señor; estoy defendiendo la labor de mi partido frente a ese Gobierno.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

¡Es muy alessandrista!

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Valenzuela don Ricardo, ruego a Su Señoría guardar silencio.

El señor FUENTES (don Samuel).-

No fue como la labor de ustedes, de docilidad frente a su propio Gobierno. Ustedes viven en una "olla de grillos". Porque yo he visto que representantes gremiales -aquí está el amigo Maira y ahí está el amigo Canales-, ¿acaso no le están planteando al Gobierno su disconformidad con lo que está haciendo?

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

El señor Fuentes ha dicho en dos o en tres oportunidades algunas expresiones que se refieren a docilidad de parte de la Democracia Cristiana frente a su Gobierno. El parece que ha querido como "sacarnos pica" a nosotros.

El señor MORALES (don Carlos).-

¡No!

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

La realidad de las cosas es que no se trata de eso de ninguna manera porque, precisamente, en un partido democrático, como es la Democracia Cristiana, los problemas se discuten, y se discuten con pasión.

El señor BASSO.-

¡No se les nota!

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Indudablemente, con pasión se discuten porque todos estamos convencidos de que lo que deseamos es actuar en la mejor forma posible en beneficio del país.

El señor BASSO.-

¡No se les nota!

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Por lo tanto, cuando en alguna materia se pueda discrepar, por no ser un problema de orden doctrinario, se estudia, se discute, se hablan las cosas y se resuelven en definitiva.

Por eso, todas las expresiones del señor Fuentes referentes a esta materia no nos tocan. Precisamente, hemos dado al país el ejemplo de que discutimos nuestros problemas. Podemos tener discrepancias internas, pero ellas se resuelven por un procedimiento de fraternidad y de corrección. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ante el país. Por eso, cualquier discrepancia entre nosotros, es justa y es lógica. Así actuamos. Es natural, y corresponde a la actuación de hombres libres dentro de un partido democrático.

Yo no entiendo por qué el señor Fuentes ha expresado esto en este momento, cuando también reconozco que en el Partido Radical existe un espíritu semejante, de libre examen -como decía mi querido colega y amigo, don Carlos Morales- de los problemas, para enfocarlos de acuerdo con la mentalidad que tenga cada cual y resolverlos conforme a la mayoría que en un momento exista.

Eso es lo que quería dejar establecido con el objeto de que no quedara flotando aquí en el seno de la Cámara una expresión que no corresponde en absoluto a la realidad.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Debe serlo el pueblo. En la Comisión, la Central Única de Trabajadores repudió este proyecto. Me parece que ese es el mejor juez. No ha habido tal pasión para discutir, ni con el señor Ministro. Yo quise impresionar al señor Ministro con un planteamiento. Me parecía que estaba a punto de llorar... y resulta que estaba feliz y contento, porque tenía una mayoría "aplanadora" para no satisfacer ninguno de nuestros anhelos. Es lo que le ocurre al señor Ministro de Hacienda -que siempre impone su criterio en todas partes-, como consecuencia de la mayoría que tiene en plena vigencia.

Quiero referirme, ahora, a nuestra observación al artículo 1º. Interpretando los anhelos de la Central Única de Trabajadores y de la CEPCH, hicimos la siguiente indicación:

"Fijase desde el 1º de enero de 1969, un sueldo vital Escala A, departamento de Santiago, de 650 escudos mensuales para los empleados particulares.

"Para el resto del país se establecerá igual concordancia y con proporcionalidad al nuevo sueldo escala A, de Santiago, y el vigente en cada departamento.

"Igual procedimiento y para todo el país, se fijarán los sueldos de la escala B.

"Para los efectos previsionales sólo será considerado el valor del sueldo actual señalado como vital en el país, agregando el porcentaje equivalente al alza del costo de vida señalado por la Dirección de Estadística y Censos, resultante al 31 de diciembre de 1968.

"Sin embargo, todos los sueldos superiores al sueldo vital establecido por lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, serán reajustados, desde la misma fecha, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1968.

"Asimismo el salario mínimo para los obreros del sector privado no sujetos a convenios contratos colectivos actas de avenimiento o fallos arbitrales será fijado en la cantidad de 15 escudos diarios".

Esta indicación fue rechazada por la mayoría existente, y por un solo voto, en la Comisión respectiva. De manera que no ha sido atendido el planteamiento de la Central Única de Trabajadores, ni mucho menos el que señaló la organización de empleados particulares. No han sido acogidos por el Gobierno.

De acuerdo con estos mecanismos, con todas las martingalas que se están usando para que el alza del costo de la vida de la Dirección de Estadística no pase del 28%, -que es lo que se está pretendiendo por el Gobierno, el sueldo vital para el próximo año, en Santiago-, quedaría en la suma de 477 escudos, y el salario mínimo, en 7,42 escudos, muy lejos de lo que nos han señalado las organizaciones gremiales.

He querido dejar establecido estos hechos, para demostrar que fuimos a la Comisión con espíritu de cooperación a la labor parlamentaria de nuestros colegas Diputados de la Democracia Cristiana a fin de rogarles que acogieran los planteamientos que se estaban haciendo por las organizaciones que habíamos citado.

El señor ARANCIBIA.-

Muchas gracias.

Quiero advertir a la Cámara y al señor Fuentes que el artículo que él en compañía de la señora Lazo y del señor Poblete propusieron en vez del artículo que actualmente se discute en la Sala fue rechazado porque era de una arbitrariedad absoluta. Fijar una determinada cifra así, "al divino botón", es muy fácil para la Oposición. ¿Por qué no 700, por qué no 1.000, por qué no 800? ¿Por qué no 12 ó 20 en vez de 15? Es tan arbitrario el proceder que aún aquí en la misma discusión habida el señor Cademártori pidió enviar un oficio a la Escuela de Medicina…

El señor CADEMARTORI.-

A la Universidad de Chile.

El señor ARANCIBIA.-

A la Universidad de Chile para tener una base a fin de fijar este sueldo vital.

Y el señor Fuentes no sé en virtud de la inspiración de quién viene a proponer nos en tal ilustre compañía como la que he dicho, 650 escudos mensuales escala

"A", para los empleados particulares y 15 escudos diarios para los obreros del sector privado.

Queremos decirle que creemos que todas aquellas distinciones entre sueldos de empleados particulares escala "A" y escala "B" están totalmente obsoletas. Tanto es así, que pensábamos proponer -quizás lo haga el Gobierno-, que se suprima a partir del 1º de enero de 1969 el sueldo vital expresado en escala "B".

Y con respecto a la proposición del señor Fuentes, esta fue la única razón –y me parece muy poderosa- para rechazar su indicación.

Gracias señor Fuentes.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Voy a dar dos razones que indican que no dimos tan "al barrer" esta cifra. Primero, el señor Arancibia no estuvo presente en la Comisión, porque en esos momentos la integraba mi querido amigo señor Canales, cuando se hizo el planteamiento de la "CUT"…

El señor ARANCIBIA.-

Pero me informé.

El señor FUENTES (don Samuel).-

… y cuando lo hizo también la "CEPCH". De manera que no fue tan "al barrer", como ha dicho.

Pero usted, colega, tampoco se informó de lo que yo había planteado, como lo he hecho muchas veces. ¿Usted cree, acaso que fue capricho cuando, en los primeros meses de 1965, distinguidos colegas suyos, hoy Senadores, el señor Gumucio y el Senador Musalem, nos hablaban aquí de que en ese año tenía que regir un sueldo vital de 304 escudos? ¿Cree que fue un capricho de estos brillantes parlamentarios de ustedes? ¡No fue capricho, señor! Fue acoger en ese momento la sugerencia que la Central Única de Trabajadores entregó a cada parlamentario y en consecuencia sobre esa base el señor Gumucio presentó una indicación en esta Sala para que el vital de ese año fuera de 304 escudos.

Un señor DIPUTADO.-

¡Así fue!

El señor FUENTES (don Samuel).-

Cuando llegaron a tener mayoría fui al Senado de la República a hablar con el señor Gumucio, un hombre importante que dirige un movimiento izquierdizante o popular como se dice dentro de la Democracia Cristiana a pedirle que con su alta investidura de Senador nos propiciara esta idea ya que sus compañeros que eran mayoría en la Cámara no la habían acogido, para que se corrigiera definitivamente el sueldo vital. Ha permanecido sordo el señor Gumucio, sordo el señor Musalem y sordos todos ustedes durante los años 64, 65, 66, 67, 68 y el 69, en el que van a entregar un sueldo vital y un salario vital que no corresponden a la realidad. ¡Esta es la verdad, señor!

Nosotros hicimos indicación también para modificar el artículo 7º, porque, justamente, la Central Unica nos pidió otro tipo de organización. Nos habló de una comisión central mixta de sueldos y salarios y nos habló de una junta nacional de negociaciones para los conflictos huelguísticos. Por desgracia, esto no fue acogido; se hizo una pequeña modificación, cuya diferencia es un poco más que de fraile a cura para el artículo 7º. No le encuentro otra diferencia, porque si los balances nuevamente no entregan excedentes, todo será un volador de luces. En efecto, sólo sobre la base de que los balances entreguen utilidades las empresas, de acuerdo con las negociaciones determinadas con esta junta, podrán conceder mejores sueldos y salarios y acoger las peticiones de los trabajadores. Si no hay utilidades, sino hay excedentes para cargar el nuevo gasto que significaría un reajuste mayor que el otorgado por esta ley, tengan toda la seguridad de que las comisiones tanto tripartitas como bipartitas no tendrán ningún resultado práctico en este país...

El señor ESCORZA.-

No hay que ser tan pesimista.

El señor FUENTES (don Samuel).-

… porque se está siempre defendiendo a las empresas.

Yo señalé en la Comisión que hay un error muy grande de parte del Gobierno en su política de entendimiento con las empresas. BATA, entre ellas, dio un reajuste del 40% a sus obreros después de un conflicto laboral. El Gobierno entrega un reajuste del mismo porcentaje y a veces de más porcentaje. En consecuencia, para reponer un mayor gasto -suponiendo una cifra cualquiera, 10 millones o 15 millones de escudos- por mayor gasto de los nuevos salarios, se permite un alza en la producción de un 40%, reciben tres o cuatro veces un mayor ingreso en forma ilegal, en forma injusta. Y eso sí que pesa en el alza del costo de la vida y en el alza del costo de su producción, mientras el Gobierno no modifique ese criterio.

Ahora vemos que ya se nos anuncia un alza de la energía eléctrica. ¿Acaso la luz no la ocupan los obreros y los empleados? Sabemos que todos los años, y aquí no me puede desmentir nadie, el día 2 de enero empiezan a aparecer en el "Diario Oficial" todas las alzas que se han estado sujetando hasta ese momento. Eso ocurrió en el año 1966, en 1967 y ahora ya estamos frente a un alza que pide la compañía que distribuye la energía eléctrica, como si el aumento no afectara a los obreros y a los empleados. Y el señor Ministro que ahora está ocupando este cargo va a tener oportunidad de comprobar esto, salvo que él haga valer su alta influencia de Ministro de Estado e impida estas alzas "al barrer", que se aprueban como una verdadera burla.

El año pasado, y en el presente también, desde el 1º de enero empezaron las alzas en paquetes, en fardos, y ya les falcaban manos al Ministro señor Santa María y a los otros Ministros que le han seguido, para firmar alzas de los artículos de primera necesidad, todas las cuales afectan a los obreros y empleados.

Reservamos el tiempo que nos resta para hacer algunas observaciones más. Por el momento manifestamos nuestra total y absoluta disconformidad, y hemos renovado nuestra indicación para los efectos de conseguir que, por lo menos, quede en la historia de esta ley la aspiración de los parlamentarios populares que, imposibilitados por una mayoría para hacerlo, no pueden aquí satisfacer la justa aspiración de los trabajadores de tener un sueldo vital para el sector particular de empleados de 650 escudos y un salario mínimo vital de 15 escudos para los obreros.

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, esta iniciativa en debate en este instante, a mi juicio, representa uno de los pasos más importantes en la política de remuneraciones para el sector privado.

Este proyecto fue estudiado en toda su magnitud en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y, como bien lo dijera el Diputado informante, en esta discusión participaron también las organizaciones más importantes de los trabajadoras, como la Confederación de Empleados Particulares, la Confederación de Trabajadores Campesinos y la Central Única de Trabajadores. Ellos, desde luego, hicieron algunas observaciones al proyecto, porque no estaban incluidas en él todas las aspiraciones que los trabajadores siempre han sentido. Nosotros reconocemos que el proyecto no puede ser el desideratum de lo que debe darse y aclararse en materia, de política de remuneraciones para los trabajadores del sector privado. Pero lo interesante es que se nos presenta una iniciativa al Honorable Congreso por parte del Ejecutivo en forma oportuna, que determina un reajuste con mucha claridad en su artículo 1º del ciento por ciento del alza del costo de la vida. Con esto se resuelve un problema para los trabajadores en general del sector privado, no sólo para los trabajadores organizados, sino también para los que, por una razón u otra, no han logrado aún organizarse, especialmente aquellos cuyos patrones tienen pocos recursos o industrias pequeñas.

En seguida, es importante destacar que defiende con mucha claridad a los trabajadores del campo, porque también resguarda sus derechos en forma objetiva. No sé si los colegas que han intervenido alcanzaron a ver eso o no escucharon bien que los representantes que asistieron a la Comisión de Trabajo, reconocieron la importancia del proyecto. Sólo hicieron presente observaciones en el artículo 5º, donde se crean los tribunales o, mejor dicho, las comisiones tripartitas para determinar la política de remuneraciones con participación de los trabajadores, del sector patronal y del Gobierno. En esto sí que hubo discusión. No cabe dudas. El debate estuvo dirigido a buscar la manera cómo van a operar estas comisiones tripartitas. En la iniciativa del Gobierno y en el proyecto está claramente definida, y se tiene confianza en la capacidad de los trabajadores que van a participar en estas comisiones tripartitas.

¿Qué es lo que desea el Gobierno de la Democracia Cristiana a través del proyecto? Deseamos nosotros la incorporación de los trabajadores en forma directa a este proceso. Queremos que participen dentro de estas comisiones tripartitas para que estudien el manejo de las empresas, porque ello va a permitir conocer las utilidades. Esto es una incorporación de los trabajadores en lo que nosotros llamamos la dirección de la empresa. Por esta razón las comisiones tripartitas, miradas desde este punto de vista, tienen importancia. Lo que ellas vayan analizando o estudiando en estas empresas o instituciones privadas va a ir determinando las remuneraciones convencionales, que son las que se pactan. Esa es la facultad que se otorga a estas comisiones.

Sin desconocer los temores que tienen los representantes de los trabajadores - porque en realidad una vez que se actúe en estas comisiones se crean muchas dificultades- nosotros tenemos confianza en ellas, en las cuales hay dos fuerzas que se identifican con un mismo fin: la representación de los trabajadores y la representación del Gobierno.

El señor PALESTRO.-

¡Paso!

El señor ESCORZA.-

La identificación de estos dos representantes en las comisiones tripartitas garantiza el estudio concienzudo y claro del manejo de las empresas. En este momento lo difícil es determinar, como bien lo saben los Honorables colegas, cuál es la cuantía de las utilidades que las empresas obtienen. Todos los balances salen generalmente bien cuadrados, pero las utilidades no se ven. Es evidente que los trabajadores tienen derecho a resguardar la posibilidad de ir participando en las utilidades, primero, y en sus remuneraciones posteriores, y -¿por qué no decirlo?- de una participación directa en el reparto de las utilidades.

Eso es lo que reclaman y esa es, entendemos nosotros, la posición que sostienen la Central Única de Trabajadores, la Confederación Nacional de Empleados Particulares y la Confederación de los Trabajadores Campesinos.

Yo creo, señor Presidente, que pensar, como se ha dicho aquí por algunos colegas, que estas comisiones van a ser ineficaces, es, a mi juicio, ir desconociendo, taxativamente, la capacidad que han adquirido los trabajadores durante estos últimos años; y, lo que es mucho más importante, la conciencia que ellos han adquirido a través de sus luchas. O sea, ellos han modernizado sus propios sistemas y se han concretado a actuar dentro del campo de estudios exclusivamente de orden técnico. Y sus organizaciones tienen asesorías técnicas. En consecuencia, los trabajadores que actuarán en estas comisiones no van a participar así "al barrer", según lo decía el señor Fuentes, ni tampoco como lo hacían anteriormente.

Yo creo que esa es la importancia que tiene el artículo 5º del proyecto en debate, ya que precisamente viene a darle legalidad a este tipo de comisiones, que, en resumen, eran antes solamente organismos que actuaban en forma muy superficial.

Yo estimo que si nosotros valoramos la base de este proyecto, tenemos que estar ciertos de que el Gobierno y la Democracia Cristiana nos han presentado una iniciativa de ley en forma oportuna para poder discutirla, y también, sujeta a las aspiraciones de los trabajadores. Porque, si bien es cierto de que se habla de un reajuste mínimo del ciento por ciento, no es menos cierto también de que, en el aspecto convencional, deja las puertas abiertas para que el reajuste supere ese ciento por ciento, siempre que él no sea cargado a los precios, o sea, al consumidor. En esta forma, nosotros estamos recogiendo el sentimiento general de los trabajadores chilenos, que plantearon en la Comisión de Trabajo que ellos no desean, por ningún motivo, que el reajuste sea base para un incremento del proceso inflacionario que estamos viviendo, lamentablemente. O sea, que la generalidad de los trabajadores y sus dirigentes, en todos los lugares en que uno conversa con ellos, plantean de inmediato que lo que les interesa es que los reajustes sean efectivos y no que sean reajustes que desaparecen al otro día. Para eso está la idea de que si, dentro del reajuste convencional, se supera ese ciento por ciento, en tal caso (dicho reajuste será con cargo a las utilidades de las empresas.

Los sindicatos, y lo sabemos por las asesorías técnicas que tienen ellos, en estos momentos están en condiciones de exigir a aquellas empresas que realmente han obtenido mayores utilidades reajustes superiores al ciento por ciento. Y, lo que es mucho más importante, porque así lo están ellos exigiendo, que se incentive la participación en la producción. Porque ¿qué ocurre? Especialmente en el sector textil, donde existe un trabajo casi en cadena, los trabajadores no tienen un gran incentivo dentro de la producción. Luego, es importante destacar y buscar la manera de resguardar los derechos de esos trabajadores, que son diferentes de los trabajadores del sector metalúrgico, porque en la industria metalúrgica es más fácil medir el factor que se llama "de producción", que en el caso de la industria textil. Yo me refiero, en forma especial, al sector de los trabajadores de la industria textil, porque, lamentablemente, existe allí una especie, que todos conocen y saben, de sumisión, ya que están muy sujetos permanentemente.

Yo quisiera pedirle al señor Ministro, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades, porque sé que está informado de que existen arbitrariedades en la industria del sector textil, que se preocupara de calificar las remuneraciones de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere al trabajo de la mujer. Las mujeres en la industria textil a veces ganan sólo el miserable salario vital, y no tienen incentivo de producción, salvo aquéllas que están calificadas como tejedoras. Yo creo, señor Presidente y señor Ministro, que corresponde al Gobierno y a nosotros proteger a esta gente, porque en la condición sindical de ellos generalmente existe una serie de medidas coercitivas, que se aplican desde el capataz o desde el jefe que está en un taller, hasta la dirección patronal. No tengo ningún temor de decirlo, no tengo ningún problema. Se ve ello en Yarur, se ve en Hirmas y en otras partes. En general, existe explotación en la industria textil.

Yo creo que va a caer muy bien que las comisiones tripartitas se metan en las industrias, para dar una participación más efectiva a los trabajadores en el incentivo de la producción.

En seguida, este proyecto es auspicioso e interesante. Desde hace mucho tiempo, los trabajadores vienen luchando por varias décadas, y ya están prácticamente cansados de plantear este problema, porque por ningún motivo los reajustes sean inferiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida.

Yo quiero refrescar la memoria, especialmente al Partido Radical y al colega Samuel Fuentes. Todos sabemos que en el Gobierno del señor Gabriel González Videla, se dictó la ley Nº 10.343, que empezó a rebajar los reajustes sobre la base del índice del costo de la vida. En ese entonces se empezó a disminuir el poder adquisitivo de los sueldos y salarios. Y si miramos la cantidad de años que han pasado, es evidente que ese poder adquisitivo está muy deteriorado. Nadie lo puede desconocer.

En cambio, durante este gobierno, en 1965, pese a haber asumido el mando sólo en 1964, nosotros dimos un reajuste de sueldos y salarios equivalente al ciento por ciento del alza del índice del costo de la vida.

No olvidemos que el señor Frei recibió el Gobierno e inició su mandato con una inflación bastante elevada. Yo no soy economista, de manera que no puedo hacer jugar las cifras generales; pero sí puedo decir que el señor Alessandri, de quien tanto hablan por ahí -hay una serie de avisos pegados en los taxis y en otras partes, por los cuales no sé cuánto pagarán, que dicen "Alessandri volverá" y yo creo que no volverá nunca porque parece muy inocente lo que sostiene- entregó su gobierno con una inflación del 38 por ciento.

El Presidente Frei y la Democracia Cristiana corrigió de inmediato esta política, y en el proyecto de reajuste de sueldos y salarios para el año 1965, se propuso un reajuste del ciento por ciento del alza del índice del costo de la vida. Y es importante observar que los reajustes anteriormente se hacían sólo por seis meses. O sea, entonces los años, generalmente - perdónenme el término- "se capaban" y quedaban sólo reducidos a medio año...

El señor PALESTRO.-

¡Qué palabra!

El señor ESCORZA.-

Es la verdad.

El señor PALESTRO.-

¡Nunca se había escuchado una cosa igual aquí en la Cámara!

-Risas.

El señor ESCORZA.-

Se castraban, entonces. Se castraban los reajustes hasta el extremo de otorgar sólo un 10% del alza del costo de la vida como reajuste; o bien, se otorgaban esos famosos 11 escudos, que el señor Fuentes ha tratado de valorar demasiado.

Entonces, los dirigentes sindicales de esa época -entre los cuales me cuento, a mucha honra- teníamos que luchar firmemente para tratar de imponer un reajuste de sueldos y salarios del ciento por ciento...

El señor FUENTES (don Samuel).-

Nosotros los interpretábamos.

El señor ESCORZA.-

Desgraciadamente nunca nos interpretaron.

En esto, creo que hay claridad meridiana, que nadie puede desconocer.

Después del año 1964, eso lo hemos visto y ningún colega puede desmentirlo, los reajustes han superado el ciento por ciento del alza del índice del costo de la vida. Es evidente que aunque superen el ciento por ciento, no se puede reponer en cuatro años el valor adquisitivo de los sueldos y salarios, que está muy deteriorado por décadas. Nuestra misión y nuestra obligación es recuperarlo dentro de un proceso y eso, a mi juicio, lo aclaró muy bien el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y también lo hizo el señor Subsecretario, reiteradamente. Por lo tanto, nuestra posición nunca ha sido negativa, porque hemos buscado todos los medios que están a nuestro alcance para ir recuperando el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores. Porque estamos ciertos y reconocemos que los trabajadores componen la comunidad social creadora, la que da todo para el país, la que crea la riqueza y no la disfruta. Por eso, nuestra preocupación fundamental siempre será la misma. Nosotros queremos que nunca jamás, ni aun cuando tengamos los inconvenientes más grandes, de cualquier índole que sean, como es el caso de hoy, en que vivimos una aflictiva situación climática, o en cualquier otro caso semejante que se nos presente, lleguemos al Congreso Nacional -y espero que así sea- a decir que los trabajadores no obtendrán reajustes y tendrán que batirse con lo que ganan. Eso es imposible, de acuerdo con nuestra concepción ideológica y doctrinaria, que define todas las actuaciones de la "revolución en libertad".

El señor OSORIO.-

El año 1966 no dieron…

El señor ESCORZA.-

Nosotros llegaremos siempre con la frente en alto al Congreso Nacional a proponer los reajustes que corresponden a los trabajadores. Y quisiéramos, Honorable Cámara, con mayores medios, poder recuperar de inmediato el poder adquisitivo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESCORZA.-

Digo esto, señores Diputados para que meditemos con más serenidad el problema.

Hay que pensar que en cuatro años de Gobierno es imposible, si no sube la tasa de productividad nacional -que lamentablemente es boicoteada especialmente por aquellos que dicen "Alessandri volverá"-, si no levantamos la tasa de productividad, en la cual los trabajadores van a participar, no podremos tener los medios, entonces, para permitirles a ellos la auténtica recuperación del poder adquisitivo de sus remuneraciones.

Yo no estoy en desacuerdo con lo sostenido por los compañeros Figueroa, Mujica y Lennon. Por ningún motivo puedo estar en desacuerdo, porque, en realidad, tienen razón. No se puede pensar que un trabajador viva con 5,80 de escudos, como algunos miserables le pagan. No creo que pueda suceder, ni tampoco que pueda vivir un empleado particular con 370 escudos ó 480 escudos, más o menos, como va a ser el reajuste de este año, que algunos miserables le pagan. Aquí en el centro de Santiago hay muchos empleados que son empleados auténticos y que así están actuando en el comercio, y que, en cambio, están ganando sueldos de obreros o sueldos convencionales, a los cuales les pagan la previsión de empleados particulares para no aparecer como que se trasgreden las leyes previsionales.

Creo que ésta es una falta de conciencia de la opinión pública, especialmente de aquellos que rasgan sus vestiduras diciendo: "Alessandri volverá". Ese señor "Mesías", que sólo se preocupó de la "Papelera" y dejó al país hundido, creo que no tiene derecho moral para pensar en volver a la Presidencia de la República.

Señor Presidente, éste es el cambio, éstas son las diferencias que han existido desde el punto de vista de nuestro gobierno y de nuestra concepción ideológica y doctrinaria de la "Revolución en Libertad", que -perdónenme los colegas marxistas- es distinta de lo que ellos piensan como revolucionarios, pues tienen otra concepción de la revolución y aplican otras doctrinas.

Pero nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que el pueblo votó y con los deseos de la mayoría de la opinión pública nacional en el sentido de que se realicen cambios y esta revolución respetando los derechos del hombre y la libertad, a cualquier costo y a cualquier precio; y, lo que es más importante, no descuidando, por motivo alguno, el avance social que merecen justamente los trabajadores, postergados por muchos años.

Creo que precisamente ahí está la razón, la importancia de este proyecto. Porque debiéramos nosotros hacer alguna indicación con el objeto de que en esta materia se legisle en forma definitiva y automática, para siempre, sin que debe volver al Congreso un proyecto de esta naturaleza. O sea, que los reajustes operen a contar de enero, en un ciento por ciento, siendo aplicables por todo el sector patronal sin necesidad de ley. Es necesario que exista una ley permanente, para que no debamos sostener cada año un debate extenso sobre este tema, en el cual a veces la gente opina un poco a la ligera y, en algunas oportunidades, a mi juicio, se hacen observaciones de orden político interesadas, desconociendo el sentido verdadero que representa una iniciativa como la que ahora se discute.

Por eso, yo me siento complacido de defenderla esta mañana, porque esta iniciativa, a mi entender, viene a hacer justicia a los trabajadores y viene a hacer justicia...

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, la verdad es que nuestro colega señor Escorza manifestó, con mucha vehemencia, que este proyecto de reajustes al sector privado va a tener un gran repunte frente a los trabajadores. Obra en mi poder la plataforma de lucha de la Central Unica de Trabajadores, que, no hace mucho, realizó un congreso en el cual participaron, justamente, las bases obreras de la Democracia Cristiana. ¿Y qué acordaron ahí, por unanimidad, todos los trabajadores? Lo siguiente:

"1.- Rechazo a las proposiciones de reajuste que ha hecho el Gobierno, ya que ellas no son más que la continuación de la vieja política de congelación, cuyo objetivo es reducir las remuneraciones, fijando un reajuste inferior al alza del costo de la vida.

"Rechazo a la otorgación de facultades al Presidente de la República, para que fije "las condiciones y modalidades" del reajuste o de las "asignaciones" y negativa a cualquier intento de limitar el derecho de negociación y huelga.

"2.- Creación, dentro de un plazo de 90 días, de una Comisión Central de Remuneraciones integrada por delegados de la CUT (en representación de los obreros, empleados y campesinos), de los empresarios organizados y del Gobierno para que fije cada 6 meses, a partir de junio de 1969, las remuneraciones básicas para todos los trabajadores del país, sobre la base de encuestas directas".

Y agregan:

"3.- Constitución de Juntas Nacionales de Remuneraciones por Ramas, integradas por representantes del Sindicato Único o la Federación Nacional; de la organización empresarial respectiva y un funcionario del Ministerio del Trabajo, para que conozcan los pliegos de peticiones por encima de las remuneraciones básicas.., ".

"4.- Fijación de un reajuste general del 40% sobre la remuneración de 1968, incluyendo en ésta el 7, 5% de bonificación que recibió el sector público.

"5.- Fijación de un salario mínimo obrero de Eº 13 diarios (que corresponde al valor de la dieta alimenticia mínima) y de un sueldo mínimo de Eº 670 mensuales".

Estas son las dietas de calorías alimenticias que señalaba denantes el señor Cademártori. Estos son los planteamientos de la CUT, que, por último, dice lo siguiente:

"6.- Fijación de escalas para el sector público en base a sueldos vitales, respetando los convenios especiales de los trabajadores de la Educación, de la Salud, Correos y Telégrafos, etc.

"Nivelación inmediata de todas las asignaciones familiares, que sean inferiores a la de empleados particulares, elevándolas hasta el monto de ésta, reajustada para 1969 en un 40%".

Esta es la plataforma de lucha, en el orden general, que han fijado los trabajadores en su reciente congreso, en el que participaron dirigentes gremiales de todos los sectores políticos en el cual tomaron parte, activamente, los trabajadores de la Democracia Cristiana, que suscribieron también estos acuerdos.

Por eso, la verdad es que los planteamientos del estimado colega señor Escorza, que tuvo la suerte de ser dirigente nacional de los obreros ferroviarios, están muy por debajo de los que, en este documento, están señalando los trabajadores mismos.

Le agradezco la interrupción que me ha concedido.

El señor ESCORZA.-

Durante quince años fui dirigente gremial ferroviario. Tengo la honra de decirlo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

¡Pobres ferroviarios!

El señor ESCORZA.-

Estas cosas vienen desde los Gobiernos anteriores, en uno de los cuales fui encarcelado por esta lucha histórica. En este aspecto, entonces, le agradezco al colega el reconocimiento que me ha hecho.

Pero quiero decirle que no he variado con relación a los problemas que configuran el fondo del proyecto ni con mi pensamiento, en lo referente a la recuperación del valor adquisitivo que deben tener las remuneraciones de los trabajadores.

Deseo finalizar esta intervención, porque tenemos que reservar tiempo para la discusión particular del proyecto, sosteniendo solamente la necesidad de evaluar la iniciativa en forma objetiva y no a través de una inconsecuencia, porque, políticamente, no se nos interpreta desde el punto de vista en que estamos ubicados.

Creo que los problemas de los trabajadores, sin desconocer indudablemente que cada cual tiene derecho a enfocarlos de acuerdo con su punto de vista y principios, merecen la atención del Congreso, para que los obreros vean que, de parte nuestra, existe el propósito de representarlos auténticamente, como representantes populares. Por eso, nosotros debemos buscar siempre la forma más expedita de despachar todas las iniciativas que los beneficien. Estimo que eso va a suceder con este proyecto, porque si nosotros actuamos de ese modo, los trabajadores nos lo van a agradecer, porque los obreros, los mineros, los hombres del campo, los que trabajan en la industria, en fin, todos ellos van a sentirse interpretados por nuestra democracia, ya que ésta no sólo consiste en tener sus instituciones, sus organismos representativos basados en los principios exclusivos de la libertad, sino que también a mi juicio, en estar sujeta a los valores de la justicia.

Deseo terminar mis observaciones, en el aspecto de la discusión general del proyecto, formulando un llamado a los colegas para legislar en forma objetiva y expedita; y no me cabe duda de que procederán así, porque siempre han actuado de esa manera. En esas condiciones lo hicieron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en la cual se legisló sin mirar la hora, sin descanso y colocándose permanentemente por encima de toda otra cosa que pudiera preocuparnos en ese momento. Todos los sectores de la Cámara actuaron de ese modo y es digno reconocerlo públicamente; espero que esto también lo sepan los trabajadores.

Confiamos ahora en que el Senado responda de la misma forma, con el objeto de que la tramitación del proyecto sea expedita y rápida, que es, a mi juicio, el gran deseo de los trabajadores. Creo que, si respondemos de esta manera, seremos dignos de continuar como representantes auténticos de ellos; y, también, según mi criterio, de ser los resguardadores de los valores más grandes de la democracia, que ellos, en su mayoría, la sustentan.

El señor BASSO.-

Señor Presidente, después de haber escuchado al Diputado informante, señor Arancibia, y al colega Escorza, queda la impresión de la bondad y de la amplitud de este proyecto. Este optimismo del Partido Demócrata Cristiano data del mismo momento en que tomó el poder.

Recuerdo haber escuchado, en el año 1965, en el Senado, ante la Comisión Mixta de Presupuesto, la exposición que el señor Ministro de Hacienda de aquel entonces, señor Sergio Molina, hizo sobre el ejercicio financiero y los propósitos económicos del Gobierno del señor Frei; de ahí todos salimos muy optimistas. En realidad, creímos en aquello que el Presidente Frei dijo: "El pueblo de Chile va a ganar buena plata; no va a haber cesantía; el costo de la vida va a bajar". Porque de las cifras que el señor Molina nos dio, de acuerdo con los conocimientos que tiene como técnico en el ramo, se llegaba a la conclusión de que, precisamente en este año, la inflación iba a llegar a 0,0%-

Pero ocurre que no ha sido así y que la profecía de aquel Ministro de Hacienda del señor Frei dista mucho, pero mucho, de la realidad.

Es lo mismo que ha sostenido, en estos momentos, el señor Escorza, quien cree que la Democracia Cristiana está haciendo un servicio al país, más que eso, que está defendiendo la economía del pueblo de Chile, cuando sostiene que el aumento que concede el proyecto en discusión, es del ciento por ciento del alza del costo de la vida.

Este argumento del ciento por ciento del alza del costo de la vida, la Democracia Cristiana lo levanta a cada rato y hace caudal de ello en la tribuna pública, en la Cámara y en el Senado en el sentido de que este Gobierno ha sido el único ¡ el único! que ha dado un aumento del ciento por ciento del índice del costo de la vida y, en verdad, habría que empezar por analizar que tal aumento comienza el próximo año, de acuerdo con el aumento del costo de la vida de 1968; y que todos sabemos, pues es "vox populi" y están de acuerdo en ello los señores parlamentarios de la Democracia Cristiana, que comenzando el próximo año, el señor Ministro de Economía se verá en la obligación de aumentar los precios de los artículos esenciales para la vida; que la Compañía Chilena de Electricidad, para no ir más lejos, está pidiendo el alza de un 42? De las tarifas de consumo diario, la que incide directamente en los hogares modestos del país.

La Democracia Cristiana alardea enormemente del hecho -se infla con él y el colega Escorza lo ha gritado con orgullo- de haber concedido reajustes por el 100% del alza del costo de la vida. Al respecto, quiero recordarle al colega Escorza que empecemos por analizar cuánto costaba el kilo de azúcar el año 1965, cuando el señor Frei se hizo cargo del poder.

El señor SOTOMAYOR.-

¿Cuánto costaba en 1938 cuando los radicales estaban en el poder?

El señor BASSO.-

¿Cuánto costaba? 855 pesos el kilo, contra $ 2. 480 que cuesta hoy día, es decir, tres veces más, tres coma y tanto más. Habría que...

El señor ARANCIBIA.-

¿Cuál es la razón…?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BASSO.-

Estoy hablando en serio, señor Arancibia. A Su Señoría le duele recordar los precios, pero ésa es la verdad.

¿Cuánto costaba el calzado?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Sotomayor, don Fernando.

El señor BASSO.-

¿Cuánto costaba un par de zapatos en 1964 y cuánto cuesta hoy día? Eº 20, Eº 25 ó Eº 28 contra Eº 132, es decir, ahora vale cinco o seis veces más; o sea, el costo real de la vida desde el año 1964 hasta ahora, ha subido en un tres coma y tanto por ciento, casi un 4%; y, por eso, señor Arancibia, no era tan arbitraria la indicación formulada por los colegas Fuentes, don Samuel; Poblete y la señora Lazo, en la Comisión, en orden a que el sueldo vital debía fijarse en Eº 650 mensuales para los empleados particulares de Chile. No lo era, porque si el alza del costo de la vida real es de un tres y medio por ciento o casi de un 4%...

El señor SOTOMAYOR, -

Su Señoría está bien turbado y enredado.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Sotomayor, voy a llamar al orden a Su Señoría!

El señor BASSO.-

… ese sueldo vital debería ser de más de…

El señor SOTOMAYOR.-

¿Por qué no hace lo mismo con el señor Basso?

El señor STARK (Vicepresidente).-

Porque está en su derecho y se le debe respetar el uso de la palabra.

El señor BASSO.-

... Eº 700 mensuales; porque si éste era, en 1965, de Eº 200, 92 y si le aplicamos la verdadera alza del costo de la vida, de acuerdo con algunos de los antecedentes que he dado, con algunos solamente, pues si fuéramos al mercado y a las tiendas de vestuario, bien podríamos comprobar que esta alza es mayor de un 4%, podemos concluir en que el sueldo vital real debería ser superior a los Eº 700 mensuales.

Entonces, no es tan arbitraria la indicación sobre el sueldo vital de Eº 650 que formulamos en la Comisión.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, dentro de todo lo enredado que habló el señor Basso, quisiera pedirle que me aclarara cuál era el índice de precios, y todo lo que se relaciona con la inflación, del año 1964 adelante, y también desde 1938 hasta 1952, porque nosotros también tenemos buena memoria.

También quisiera pedir que se enviara un oficio para que se informe a la Cámara acerca de cuáles fueron los reajustes, en tantos por ciento, y el alza del costo de la vida durante los 14 años de gobiernos radicales. Me parece que es una forma de aclarar las cosas.

Nosotros hemos estado dando reajustes del ciento por ciento del alza del costo de la vida; ellos no los dieron. Que el señor Basso explique, si puede, por qué no los concedieron.

Eso es lo que quería decirle al señor Basso.

Nada más.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a apoyar el artículo 1º, constreñidos, eso sí, porque no podemos hacer indicaciones, ni creemos tampoco que la mayoría democratacristiana quiera permitirnos, siquiera, plantear nuestro criterio con respecto a los reajustes y a la forma en que se establecen.

Todo el mundo sabe -y la prensa se ha hecho cargo de ello- que los índices, los estudios que se hacen para fijar el índice del costo no merecen la más mínima confianza a los sectores de trabajadores, porque no corresponden a la realidad.

El señor SOTOMAYOR.-

En ningún Gobierno.

El señor PALESTRO.-

Seguramente, pero los empleados y obreros han ido perdiendo paulatinamente el ingreso que legítimamente les corresponde.

No se trata de eso, en todo caso. Ustedes le ofrecieron tanto a la opinión pública. Si hubieran querido modificar este sistema lo podrían haber hecho perfectamente. No lo han hecho. Incluso ustedes están reconociendo que existen muchas triquiñuelas y que ese índice y los estudios no significan absolutamente nada para fijar automáticamente el alza que experimenta el costo de la vida. Naturalmente, si sabían eso, debieron haber modificado el sistema.

El señor SOTOMAYOR.-

¿Me concede una interrupción?

El señor PALESTRO.-

El hecho es que nosotros vamos a tener que vernos obligados a dar nuestro visto bueno a. este artículo 1º, que aumenta los sueldos y salarios del sector privado en el 100% del alza del costo de la vida. Peor es mascar laucha, porque no estamos en condiciones de imponer un criterio más amplio que permita a los obreros y empleados ganar el sueldo o el salario que legítimamente les corresponde, lo que significa equiparar los ingresos al alza que ha experimentado el costo de la vida.

No se puede negar que a nadie le merece la más mínima confianza el actual sistema de fijación del índice del costo de la vida. Eso creo que está fuera de discusión. Tanto es así que, hace pocos días, un diario, "Las Noticias de Ultima Hora", daba a conocer una circular confidencial. Aquí también se ha planteado el problema de la forma de amañar, de escamotear a los trabajadores una parte del reajuste que legítimamente les corresponde. Sencillamente, esa circular decía que la desaparición de las papas y las cebollas había sido una manera de afectar los índices del alza del costo de la vida. Eso lo dijo la prensa; ni siquiera lo dice un Diputado de Oposición. Simplemente, fue una circular que cayó en manos de la prensa de Izquierda y que se dio a conocer textualmente, porque no fue un "jaiteo" ni un "chuchoqueo" de la prensa. Fue una transcripción textual de lo que decía esa circular. Así es que no se venga a hablar, entonces, de que en todos los regímenes y en todos los gobiernos anteriores se ha mantenido y se ha aplicado este sistema.

Todos estamos de acuerdo en que este sistema no sirve, que está amañado, que no refleja la exacta realidad del país en cuanto a fijarles remuneraciones justas a los trabajadores. Lo natural es que si ustedes tienen la "sartén por el mango", si tienen mayoría parlamentaria, seguramente van a encontrar el apoyo de los demás sectores, de la Oposición popular, por lo menos, para fijar sueldos y salarios que reflejen exactamente el alza del costo de la vida. Y, sin embargo, no lo han hecho.

Por otra parte, el colega Escorza decía que nosotros partimos desconfiando de lo que se establece en el artículo 4°, en cuanto a fijar un procedimiento para terminar los conflictos pidiendo la reanudación de las faenas en huelgas que se prolonguen demasiado. Lo que sucede es que nunca, en ningún gobierno, ni en los más reaccionarios de este país, como el del señor Alessandri y otros anteriores, se habían prolongado más las huelgas; y no prolongadas por el deseo de los trabajadores, sino por el deseo de las autoridades de este Gobierno, supuestamente revolucionario, porque han querido desanimar a los trabajadores, haciéndoles creer, convenciéndoles de que las huelgas no conducen a nada y que solamente ellos son los perjudicados. Porque nunca se había visto una huelga que paralizara una ciudad entera, por ejemplo, la de los textiles de Tomé, y en cuya solución ninguna autoridad intervino, cierto a los ciento y tantos días de iniciada; y la de la Papelera de Puente Alto, que el señor Jorge Alessandri arregló cuando él quiso y no cuando lo querían las autoridades del Trabajo de este país. La huelga de los trabajadores del calzado fue prolongadísima; duró meses.

Nunca se había visto a ningún Gobierno actuar de esta manera. Yo no podría afirmar que sea de mala fe; pero, a mi juicio, es una especie de línea., de criterio, de aplicación de una línea de este Gobierno, el trato que se les da a los trabajadores en huelga para, desanimarlos, para hacerles perder confianza en sus sindicatos, en sus huelgas, en todos sus derechos establecidos en los Códigos del Trabajo.

Además, señor Presidente -ello se le planteó al propio Ministro, señor León, que está presente- en días pasados se solicitó el arraigo de un industrial de la comuna de San Miguel, que quería, sencillamente, desentenderse de un conflicto e irse a su patria, a Italia, y dejar todas las cosas "colgando" en Chile. ¿Acaso no sabe el señor Ministro y no se lo hemos planteado en innumerables ocasiones que, a través de las organizaciones de los grandes industriales de este país, como son la SOFOFA y ASIMET, se está aplicando una nueva martingala, que consiste en cambiar la sigla, o en cambiar la propiedad de determinadas industrias para dejar en el aire a los trabajadores más antiguos o para liquidar sus sindicatos?

También, hace tiempo, denuncié en la Cámara y por la prensa al industrial señor Comandan, porque en una ocasión en que fue un Inspector del Trabajo escondió a todo su personal en los servicios higiénicos y en otras dependencias desocupadas, para que no apareciera que su fábrica estaba trabajando y para poder eludir una serie de disposiciones de tipo legal, de tipo impositivo, del Trabajo, en fin, de toda clase de obligaciones que tenía con su personal. Hasta ahora, nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad del Trabajo de este país, ha puesto en cintura a los malos patrones.

Aquí se ha tratado el caso de los trabajadores textiles. Y, si hay un sector de nuestra clase trabajadora que está explotado, es, justamente, el de los textiles. Y esto, lo ha reconocido aquí el Diputado Escorza; ha reconocido esa realidad. Pero ¿quién le ha puesto remedio? ¿Quién le ha puesto coto? ¿Quién le ha puesto coto a la acción de estos industriales, la mayoría extranjeros, que llegaron al país con una mano adelante y la otra atrás a hacerse "la América" en Chile? ¡Han hecho fabulosas fortunas explotando a los trabajadores, comiéndoles los pulmones! Y, por eso, entonces tenemos la razón para manifestar nuestra desconfianza respecto de muchas disposiciones contenidas en este proyecto.

Aquí se critica, por ejemplo, que nosotros partimos pensando que el Gobierno será un escollo en estas Comisiones tripartitas y que cuando se decrete la reanudación de faenas, su representante va a votar junto a los empleadores y no junto a los trabajadores. Tenemos derecho a expresar nuestra desconfianza respecto a la manera de ver, por la parte gubernativa, los problemas del trabajo, porque hasta ahora con ningún otro Gobierno -y esto lo digo con plena responsabilidad- la clase obrera, la clase trabajadora de nuestro país, había estado más indefensa que en los instantes en que gobierna la Democracia Cristiana. Y para demostrarlo, me basta recordar lo que ha ocurrido con esa famosa ley de inamovilidad. Algunos se "llenaron la boca" con la famosa propiedad del empleo. Sobre esto, puedo decir que he conocido 50 ó 100 casos que han sido ganados por los trabajadores en los Tribunales del Trabajo, en los tribunales de Policía Local, dándoseles en ellos plena razón porque habían sido despedidos arbitrariamente, sin consideración alguna a su antigüedad y sin pagarles ninguno de los beneficios que, legítimamente, les corresponden, en especial, los emolumentos ganados con su trabajo. Y, sin embargo, hasta ahora ningún trabajador ha sido repuesto en sus labores por obra y gracia de esos dictámenes de los juzgados, no obstante tener toda la razón, y esa razón avalada por un Tribunal del Trabajo.

Y después, los industriales recurren para apelar a esos abogados que son "abogados del diablo" los que, sencillamente, se contra querellan, apelan a los Tribunales del Trabajo; y pasan así los años, y los obreros pasan año tras año, también, haciendo antesala, para que se les reconozca la razón y la justicia que les asiste en sus peticiones.

Por eso, entonces, hasta ahora no han ganado nada, absolutamente nada con la famosa ley de inamovilidad, de la propiedad del empleo, y aquí, el mismo señor Escorza lo ha reconocido.

En la Cámara se ha denunciado quinientas veces, por lo menos, que hay muchos trabajadores que ganan cien mil pesos, en circunstancias que deberían ganar el sueldo vital.

Por ejemplo, todos saben, lo saben también las autoridades del Trabajo, que se está explotando, especialmente por los grandes y medianos negocios del centre, a personas que debieron estar recibiendo salarios vitales y que ganan ochenta o cien mil pesos. Así se explota en Santiago. Todo el mundo lo sabe, y las autoridades del Trabajo también, pero nadie le busca una solución.

Entonces, tenemos pleno derecho a tener desconfianza en el Gobierno y tenemos pleno derecho a desconfiar de las autoridades del Trabajo. Puede que algunas tengan las mejores intenciones, pero esas intenciones se estrellan contra tal maraña de intereses, contra tal maraña de argumentaciones legales, que todo queda, sencillamente, en protestas y denuncias de los parlamentarios populares.

De ahí que nosotros hayamos querido expresar nuestro criterio, así muy de pasada, con respecto a este proyecto y su articulado. También haremos valer nuestra opinión en la discusión particular, pero, en todo caso, manifestamos frente a él nuestra duda, nuestra desconfianza, y reiteramos esta duda y esta desconfianza con respecto al sistema que se aplica para fijar el índice de precios, para determinar el alza del costo de la vida. Creemos que es totalmente chueco y amañado y no corresponde a la realidad.

En segundo lugar, no creemos en esas comisiones tripartitas para decretar la reanudación de faenas. Porque creemos también -tenemos derecho a pensar así- que el Gobierno siempre va a actuar en favor de la parte patronal para darles en la cabeza a los trabajadores, aunque no lo crea el señor Escorza, porque Su Señoría todavía sigue creyendo en el Viejo Pascual, todavía, sigue creyendo en la "Revolución en libertad", aunque sabe perfectamente bien que eso no es más que una entelequia, no es más que un "slogan" de la pasada campaña presidencial, que no significó ni ha significado absolutamente nada para los trabajadores organizados. Sabe perfectamente bien -si no lo ha olvidado- que el señor Frei, en la campaña presidencial, echó a correr eso de "el bolsón Frei", prometiendo que en su Gobierno, cuando una dueña de casa fuera a la Vega, iba a volver con el bolsón repleto. En aquel tiempo, una dueña de casa iba a la Vega con veinte mil pesos y volvía con el bolsón lleno de artículos para su hogar. Ahora, con esos mismos veinte mil pesos no trae ni "las patas y el buche".

Y no digamos eso de que los salarios también suben -como dice el colega Arancibia- porque sabe perfectamente bien que suben porque hay inflación, y hay inflación, en primer lugar, porque nadie "se pone los pantalones" en el Gobierno; en segundo lugar, porque existe manga ancha especialmente para las empresas y los capitales norteamericanos, como ocurre con las empresas del cobre.

El señor PALESTRO.-

Allí se estableció el famoso "bolsón Frei". Aquel famoso bolsón que durante el Gobierno del actual Presidente de la República iba a estar repleto de mercaderías buenas, a bajo precio, por la existencia de buena plata. La verdad es que con ese mismo dinero que la dueña, de casa podía comprar en las vegas y ferias de Santiago ahora no compra la mitad, ni la cuarta parte de los productos para llenar ese mismo "bolsón Frei".

De ahí se deduce que los sueldos y salarios, en este país, de los obreros y empleados se han ido achicando, reduciendo, gibarizando y "zaldivarizando", lo que es mucho decir. Por esto, los sueldos y salarios actualmente no sirven nada más que para morirse de hambre.

Y más aún, hace unos momentos expresamos nuestras dudas respecto de la eficacia de algunas comisiones tripartitas. Pues bien, me acaban de comunicar que la reunión de la comisión tripartita encargada de fijar el tarifado de la construcción ha venido a ratificar y comprobar lo que estaba diciendo. Sencillamente, se ha unido el Gobierno con los patrones, frente a uno de los sectores más "aporreados" de nuestra clase trabajadora. Entonces quiere decir que lo que estábamos manifestando no eran sólo palabras por hacer oposición ni molestar, sino simple representación de la triste realidad que está viviendo la clase trabajadora y que se ratifica con las disposiciones de este proyecto de reajuste al sector privado. ¿Y por qué en esta Comisión tripartita que fija los tarifados de la industria de la construcción se unen permanentemente el Gobierno y los empresarios? Lo sabemos perfectamente bien. Porque la construcción fue uno de los sectores empresariales que apoyó con mayor entusiasmo la postulación del actual Presidente de la República. Tanto fue así que lograron colocar en su Gabinete a uno de sus principales y más connotados empresarios, el señor Modesto Collados; y el actual Ministro de la Vivienda y Urbanismo es un importante empresario de esa actividad. Por lo tanto, la construcción ha sido, tal vez, la empresa mejor tratada, con mayor preferencia en este Gobierno de la Democracia Cristiana. Y esto no lo pueden desconocer los colegas. En consecuencia, no podíamos esperar otra cosa cuando se fijara el tarifado de un sector tan explotado como es el de los obreros de la construcción. Porque allí hay empresarios tales como los señores Devés, Torretti, Del Río y Collados, grandes "capos" de la construcción con grandes influencias en el Gobierno de la Democracia Cristiana.

Nada más y muchas gracias.

Concedo una interrupción a mi colega Carmen Lazo.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se trató el proyecto de reajuste del sector privado, dejamos claramente establecido -y lo hicimos en presencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y que, por suerte, lo reconozco, es uno de los Secretarios de Estado trabajadores que viene al Parlamento...

Un señor DIPUTADO.-

¿A quién se refiere?

La señora LAZO.-

Al señor Ministrode Trabajo y Previsión Social, que está presente en la Sala, porque los otros Ministros parecen creer que vienen aquí como Raphael, sólo a firmar autógrafos, y no escuchan lo que se habla sobre las materias atingentes a su cartera. Por eso, como dije, el señor Ministrode Trabajo y Previsión Social es una excepción; ha estado en la Comisión...

El señor ISLA.-

¡Es nuestro!

La señora LAZO.-

No se abanique mucho, colega porque es una excepción. Entonces, en presencia del señor Ministro nosotros dijimos en la Comisión que si al redactarse el proyecto se hubiera invitado a las organizaciones importantes de trabajadores, muchos de los problemas que, sin duda alguna, se van a presentar con posterioridad al despacho de la ley, podrían haberse evitado. El señor Ministro dio algunas explicaciones, las que, en realidad, no conformaron, porque la verdad es que no hubo consulta previa a la redacción del proyecto.

Por otra parte, los que escuchamos a los dirigentes de la CEPCH y de la Central Única de Trabajadores sabemos perfectamente bien que hay algunos artículos enviados por el Ejecutivo que eran ampliamente repudiados por los trabajadores. Así fue como incluso el Comité Demócrata Cristiano hizo suyo el artículo 7° que había, entregado la Central Única de Trabajadores, el que, después de haberle hecho algunas modificaciones de redacción y algunas muy leves de fondo, cambió totalmente el artículo 7º consultado en el Mensaje.

Lamento que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no haya acogido una indicación que también fue firmada por un parlamentario de la Democracia Cristiana y que tendía a poner en un plano de realidad la situación actual del sector privado, porque ella significaba también, tomando en cuenta la proposición de la Central Única de Trabajadores, dejar el sueldo vital en 670 escudos. Y eso, señor Presidente, porque la Central Única de Trabajadores dio antecedentes que demostraban cómo actualmente la dieta mínima de 2.500 calorías cuesta 13 escudos diarios, sin tener en cuenta el vestuario, los gastos de escolaridad, la movilización, los esparcimientos, el arriendo, la luz, el agua, el gas o la parafina, según la situación.

Por otra parte, en esa indicación nosotros también proponíamos que el salario mínimo de los obreros fuera de 15 escudos diarios. Y, desgraciadamente, eso que era una base real, para hacer también un reajuste real, fue desestimado por la Comisión. Nosotros lo dijimos en la Comisión, y lo repetimos ahora.: los números que se han barajado para hacer un cálculo de lo que debe ser una ley de presupuesto son falsos. Porque es falsa -todos lo sabemos- la cifra de 354 escudos, que es el sueldo vital, puesto que los trabajadores que tienen la desgracia de ganar un sueldo vital viven en la miseria más absoluta. Porque también es falso el salario mínimo de los obreros, que es de 5. 500 pesos diarios.

Y por otra parte, señor Presidente -ojalá que me atendiera-, nosotros hemos afirmado que es falso también el índice de precios al consumidor. Nosotros escuchamos denantes al colega Cademártori y podemos afirmar que no sólo el hecho de retirar temporalmente las papas y cebollas del índice sirvió para engañarse -para que nos engañemos todos, unos más, otros menos-, sino que también la misma forma como se elabora el índice del costo de la vida es una burla para los trabajadores.

Los que vivimos en sectores populares sabemos que la gente que habita en los aledaños de la ciudad no puede ir a comprar a los grandes almacenes; ni siquiera compra por kilos. Sabemos que el pobre -empleado, el pobre carabinero, el pobre agente de Investigaciones, o el pobre obrero que gana menos de un sueldo vital no compra un kilo de azúcar; compra un cuarto de azúcar, que le venden "recortado" en el boliche de la esquina; no compra un kilo de fideos; en fin, compra unidades "recortadas" que le significan una pérdida doble, porque paga más caro, porque nadie controla eso y porque también se le da menos en el peso.

Por eso, nosotros lamentamos que al tratarse este proyecto de reajustes no se haya partido de una base de verdad y de realidad. Por último, mejor hubiera sido decir: este año no se otorga ningún reajuste, pero el Gobierno reconoce que, por la desvalorización de nuestra moneda y por la inflación, de la que no son culpables los trabajadores, ni el sueldo vital ni el salario mínimo de los obreros corresponden a la realidad, ni el alza del costo de la vida tampoco. Yo creo que la Central Única de Trabajadores, la CEPCH y todas las organizaciones se habrían quedado más contentas con decir: "Estos son los verdaderos vitales", y no declarar "Este año vamos a otorgar un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida", porque eso es una mentira. Nosotros, así como se lo dijimos al Ministro, lo decimos esta tarde, para que los gremios y las organizaciones que lo acepten, porque sabemos que van a tener que aceptarlo, lo hagan con la conciencia de que están asistiendo a la consumación de un nuevo autoengaño.

He concedido una interrupción al colega Aguilera.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, solamente deseo aclarar un concepto, para ir más al fondo de lo que ha expresado la camarada Carmen Lazo. Ella se refirió a un parlamentario de la Democracia Cristiana que firmó, en la Comisión de Trabajo y Legislación Social, una indicación que podría haber beneficiado a los empleados y obreros de Chile. ¿Qué dice la indicación firmada por los Diputados señora Lazo y señores Fuentes, Poblete y Canales? "Fíjase desde el 1º de enero de 1969, un sueldo vital Escala A) del departamento de Santiago, de Eº 650 mensuales para los empleados particulares.

"Para el resto del país, se establecerá igual concordancia y con proporcionalidad al nuevo sueldo Escala A) de Santiago y el vigente en cada departamento.

"Igual procedimiento y para todo el país se fijará los sueldos de la Escala B).

"Para los efectos previsionales sólo será considerado el valor del sueldo actual señalado como vital en el país, agregando el porcentaje equivalente al alza del costo de la vida señalado por la Dirección de Estadística y Censos, resultante al 31 de diciembre de 1968.

"Sin embargo, todos los sueldos superiores al sueldo vita! establecido por lo dispuesto en el inciso primero de este artículo serán reajustados desde la misma fecha, en un porcentaje igual a la variación que experimento el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1° de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1968.

"Asimismo, el salario mínimo para los obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos' colectivos, actas de avenimiento o fallo arbitrales, será fijado en la cantidad de Eº 15 diarios. "

Esta indicación fue rechazada en la Comisión por 5 votos contra 3. Y los socialistas queremos reconocer que el voto del parlamentario democratacristiano señor Canales ha sido muy valioso, por cuanto es la expresión de quien ha sido dirigente, de quien ha sido obrero, de quien siente en carne propia el problema de los trabajadores y que tiene la seguridad de que no se puede vivir con menos de 15 escudos diarios.

Además, queremos dejar establecido que en la Comisión hubo egoísmo, porque se presentaron varias indicaciones que podrían haber mejorado en parte el proyecto y, a la vez, alivianado la carga tributaria de algunos sectores de trabajadores, pero el Presidente declaró inconstitucionales a la mayoría de ellas y otras fueron rechazadas por simple mayoría.

Por ejemplo, presentamos una indicación para consultar un artículo que dijera: "Mientras dure la sequía, los campesinos arrendadores de pisos de hijuelas o cualquier predio agrícola cancelarán sólo el 50% del valor actual de los arriendos, disposición legal que regirá en las zonas declaradas y afectadas por la sequía. "

Esta disposición podía haber ayudado en parte a los escasos sueldos que se les dan a los campesinos en el país. Sin embargo, la indicación fue rechazada e, incluso, declarada improcedente.

De todas maneras, nosotros votaremos favorablemente en general el proyecto, pero nos vamos a reservar el derecho a rechazar varios artículos en la discusión particular, especialmente los que ha señalado el compañero Mario Palestro.

El señor ISLA.-

Señor Presidente, quiero hacer algunos alcances a las observaciones formuladas en la mañana y ahora por el Diputado Palestro, don Mario.

Acostumbro a escuchar con mucho respeto al Diputado Palestro, y creo que sus palabras nos obligan a hacer algunos alcances a lo que él ha expresado. Se ha referido al índice de precios al consumidor. La verdad de las cosas es que se ha dicho mucho, a lo largo de estos cuatro años, de que este índice, su sistema, su procedimiento es el mismo que ha regido en los últimos años en este país.

Pero lo que es necesario recalcar una vez más es que este Gobierno, a diferencia de todos los anteriores, por primera vez ha otorgado un reajuste en las remuneraciones equivalente al 100% del alza del costo de la vida, cosa que nunca se hizo antes, tomando como base este índice con todos los defectos que pueda tener y que no estamos lejos de reconocer.

Ha sostenido también el señor Palestro que las huelgas nunca antes habían sido tan largas como sucede y ha sucedido en estos últimos cuatro años. La verdad de las cosas es que un gobierno, en un régimen, en un sistema como el nuestro, donde cabe la libre discusión, no sólo en los problemas laborales, sino en todo orden de cosas, es natural que las huelgas sean largas, sin perjuicio, porque nosotros tenemos conciencia de ello, de que influyan en la longitud -si se pudiera usar esta expresión- en la excesiva duración de las huelgas, otros factores de orden social y político que los colegas de Oposición, sin duda, conocen lo mismo que nosotros.

Se refirió también a la Ley de Inamovilidad aprobada por este Gobierno y dijo que ella no ha dado los frutos que se tuvieron en vista cuando se discutió y aprobó. Sin duda que también este es un hecho que no se puede discutir, que el sistema procesal aprobado ha significado que muchas veces haya denegación de justicia para los trabajadores, especialmente en el campo agrícola. Pero, en realidad, ya lo hemos dicho, todo es susceptible de ser mejorado; y los Diputados de Oposición, como nosotros, tienen la iniciativa constitucional suficiente para, hacer las indicaciones correspondientes. En este terreno nosotros estaremos llanos a estudiarlas, a fin de mejorar esta legislación.

Finalmente, como corolario de estas observaciones sobre las palabras del señor Palestro, digo que en la vida de los hombres y en vida de los Gobiernos lo importante son las decisiones que se tomen; lo importante es el saldo que quede en definitiva, de sus acciones, y nosotros reclamamos este hecho de haber sido el primer Gobierno que se preocupó de este problema, mientras los de los señores Diputados de la Oposición, tanto de Derecha como de Izquierda, nunca, se preocuparon de él.

Me parece que este es un hecho histórico fácilmente comprobable hasta por los niños de nuestro país. Me parece que en este Gobierno ha habido iniciativas legales que no las hubo en los anteriores, que ha habido preocupación por los problemas laborales de todo los trabajadores. Nosotros invitamos a los colegas de Oposición para que entre todos podamos considerar las imperfecciones que puedan existir y elaborar una legislación que termine con todos los males sociales que el actual Gobierno está tratando de eliminar. Nada más, señor Presidente.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, en la mañana escuchábamos al señor Diputado informante y sus primeras palabras, de las cuales tomé nota, fueron: "Hay dos formas de dar estos reajustes: una forma, reaccionaria y otra forma de justicia social".

Señor Presidente, algunos Diputados de la Democracia Cristiana han manifestado, incluso, en esta sesión, que el salario mínimo de los trabajadores es extraordinariamente bajo y, sobre todo, que hay una serie de sectores que no tienen posibilidad alguna de mejorarlo en el futuro.

En este país de la "revolución en libertad", como le han dado en llamar algunos sectores, todos sabemos que existen chilenos de primera, de segunda y de tercera clase. Nosotros siempre hemos entendido que cuando se hace una revolución es para, tratar de nivelar a aquellos sectores de la clase baja con otros que están en mejores condiciones. Pero resulta que con este proyecto de ley que nos ha enviado el Gobierno -que los Diputados socialistas populares votaremos, en general, favorablemente- un alto porcentaje de trabajadores va a quedar ganando sólo el salario mínimo que, sin duda, no va a alcanzar a más de Eº 7,50.

Quisiera que alguien de esta Honorable Cámara, o del Gobierno, nos pudiera manifestar cómo podría hacerse el milagro para que la clase obrera, que gana un salario mínimo, pudiera vivir como corresponde a un ser humano. En Chile hay una clase que vive muy bien: son los banqueros, son los industriales, son los terratenientes, son los altos burócratas. Ellos tienen autos y casas en las playas, en el campo, en la ciudad; realizan viajes al extranjero; pueden educar como es debido a sus hijos y pueden dar a sus familiares la salud que necesitan. Pero hay una clase, la clase obrera, que, indudablemente, está desmejorada. Por ejemplo, sabemos que el 65% de los obreros afiliados al Servicio de Seguro Social ganan el salario mínimo. Esto significa que de 1.430.000 imponentes, hay 930 mil trabajadores que ganan apenas el salario mínimo. ¿Y esto es justicia social o es injusticia social? ¡Yo creo que es injusticia social!

Ayer se preguntaba al señor Ministro de Hacienda en cuánto iba a quedar el sueldo vital del empleado particular. De acuerdo con la ley, puede quedar en unos Eº 500 mensuales. Los empleados están pidiendo Eº 650 mensuales. Nosotros decimos: si los empleados reclaman con justicia este sueldo, ¿es que el estómago del obrero o del hijo del obrero no tiene las mismas necesidades que el del empleado o hijo del empleado particular? Aquí se habla de que hay un sueldo vital y de acuerdo con el significado de esta palabra "vital", lo lógico será que el sector obrero tuviese ese mismo sueldo o ese mismo salario, porque es lo vital para medianamente vivir.

Hemos tenido que entrar apurados a la discusión de este proyecto de tanta trascendencia, sin un estudio previo, porque llegó sumamente atrasado al Congreso. Además, lo hemos venido a conocer en el momento de iniciarse esta sesión.

Por eso, cuando los señores Diputados de Gobierno nos hablan de la justicia social que están haciendo y comienzan a discutir con los señores del Partido Radical si ellos son más buenos y los otros más malos. Creo que eso no es lo que desean la clase obrera, y la empleados en este país; porque si hay hombres que ayer fueron malos, no tienen por qué ahora estos otros escudarse en ellos y también ser malos. Creo que si hay ladrones en nuestro país, no tenemos por qué todos ser ladrones, sino sencillamente dedicarnos a estudiar como corresponde el problema que afecta a los trabajadores de Chile.

¿Acaso no sabemos que en Chile hay entre 250 y 300 mil personas cesantes, de acuerdo con los estudios hechos por la Universidad de Chile? ¿No significa eso que hay cerca de un millón de personas que no reciben salario para vivir? Indudablemente.

Por eso, estimo que el problema no está en creer que todo está bien hecho y ya prácticamente no queda, nada por hacer y que ahora estamos dando un gran paso en esto del aumento de los sueldos y salarios en un ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor, como lo plantean el Gobierno y los parlamentarios, índice de precios mentiroso, falso. Si ayer lo aplicaban los gobiernos reaccionario, lo lógico es que un Gobierno que se dice revolucionario debía haber reformado este sistema y no estar aplicando lo mismo que se combatió en otros tiempos, desde los bancos falangistas, primero, y de los democratacristianos, después, antes de ser Gobierno.

El señor ARANCIBIA.-

Es que dos más dos siempre son cuatro, en cualquier gobierno.

El señor OSORIO.-

Por eso, ya le dije al señor Arancibia...

El señor ARAVENA (don Andrés).-

Llámele la atención, señor Presidente.

El señor VIDELA (Vicepresidente).-

¿Desea una interrupción, señor Arancibia?

El señor ARANCIBIA.-

No, señor Presidente.

El señor OSORIO.-

Por eso, expresé que, si ayer había malos, no tienen por qué tratar de ser malos también, sino todo lo contrario, ver la forma de hacer las cosas de tal manera que puedan cumplir como corresponde en un Gobierno que se dice revolucionario, y que no pasa de ser un volador de luces.

Yo, lo saben los señores Diputados, soy un hombre que vengo de la clase obrera, de lo cual me enorgullezco, pero siempre me gusta leer, sobre todo lo que pasa en mi país, para tratar -como representante de los trabajadores, aprovechando esta tribuna que ellos me dieron- de decir lo que sucede aquí en Chile, al margen, muchas veces de la amistad que podamos tener entre unos y otros colegas.

Tengo aquí una revista internacional, editada en Cuba, "Panorama Económico Latinoamericano", que trae algunos cuadros estadísticos de médicos chilenos, que en pocas oportunidades se publican aquí en este país, para que los conozca la opinión pública, los parlamentarios y gobernantes.

Quiero llamar la atención de la Cámara hacia lo que voy a leer para que los señores Diputados de la Democracia Cristiana dejen de vivir en el cielo, se trasladen a la tierra y vean que hay necesidad de mejorar un poco más la situación económica de este país y, sobre todo, del sector asalariado, porque cada 36 minutos muere de hambre un niño en Chile.

¡Estamos en Chile y no en otro país! ¡Tenemos la obligación de preocuparnos de esta situación!

Comienza esta revista, diciendo: "Chile, el hambre también mata" Y agrega el artículo en una de sus partes: "El hambre mata más gente en Chile que cualquiera otra enfermedad. Las estadísticas comprueban que los llamados estados carenciales originados directamente en la desnutrición, sobrepasan con creces a otras enfermedades, como causa del fallecimiento entre los chilenos.

"El hambre se extiende a lo largo y a lo ancho del país y afecta a sus habitantes, desde que nacen hasta que mueren y se puede decir que la plaga la registran en sus organismos aun antes de nacer, pues está probado que un tercio de los motivos de muerte de los menores de un año se produce por enfermedades que tienen directa relación con la mala nutrición de la madre embarazada."

Y dice más adelante: "Sin embargo, está comprobado que en Chile cada 36 minutos muere un niño de hambre; que las enfermedades carenciales revelan cuadros avanzados de desnutrición; y mientras las calorías per cápita no superan las 2.500, un tercio de la población percibe menos de 2 mil calorías, cifra muy cercana a la imperante en la India. Simultáneamente, en la población adulta, el 20% de los varones y el 24% de las mujeres acusan peso insuficiente, corolario del mismo fenómeno: el hambre. "

Señores Diputados, aquí tengo un cuadro estadístico del doctor Alfredo Riquelme, Jefe de la Sección Nutrición del Servicio Nacional de Salud, que aparece en esta revista y que dice: "Chile/Alimentación: Mortalidad por enfermedades carenciales, comparada con otras causas de muerte.

COMPARACIÓN DE ENFERMEDADES CARENCIALES CON OTRO TIPO ENFERMEDADES

¿Qué es lo que pasa? Indudablemente que los alimentos que consume la población contienen escasas calorías. O sea, ¿de qué se alimenta la gente en Chile? De dulces, de azúcar, de masas, de cereales; pero en ningún caso de lo que necesita para su desarrollo: los huevos, las verduras, la carne, el pescado, la fruta; eso es lo que le hace falta, y le hace falta no porque el chileno no quiera comer sino, sencillamente, porque el chileno no está en condiciones de adquirir estos alimentos, en razón de sus bajos salarios.

Por eso siempre vale la pena acordarse de estas cosas, sobre todo cuando aquí se habla de justicia social. ¿Puede haber justicia social, cuando las grandes compañías, las grandes empresas obtienen utilidades extraordinarias?

Puedo mostrar un balance que aparece en el diario "El Mercurio" del viernes 13 de este mes. La Compañía Industrias Chilenas "CIC", S. A., tuvo el año pasado una utilidad de 6 millones 622 mil escudos, y la utilidad del ejercicio actual es de 10 millones 319 mil escudos. O sea, obtuvo, prácticamente, casi un 65 por ciento de mayor utilidad que el año pasado.

Y no es tan sólo esto. En la mañana de hoy alguien se refirió al caso de la Compañía Chilena de Electricidad, que ha obtenido, durante este año, dos alzas en sus tarifas; y ahora, de acuerdo con lo que decía la prensa de ayer, estaría solicitando nuevamente un 45% más de alza en sus tarifas, en razón de que ahora debe utilizar carbón, para generar energía, por la falta de agua. Mientras en Chile los trabajadores tienen que pagar las consecuencias de la sequía, como en el caso de Aconcagua, con su cesantía, con la pérdida de sus animales y sus siembras, esta compañía norteamericana, que tiene por nombre "Chilena de Electricidad", el año 1966 obtuvo una utilidad de 9.136 millones de pesos y en el año 1967, de 12. 279 millones.

Pues bien, aquí tienen que pagar los pobres, mientras las empresas imperialistas extranjeras cada día ganan más plata.

El señor ISLA.-

No es así.

El señor OSORIO.-

No puede desmentir esto. Son datos obtenidos de los balances. Pídalos a la Oficina de Informaciones y se los va a dar.

Eso no es todo. ¿Quiere el señor Diputado que le dé más nombres? La Dupont ganó el año 1966 4 mil millones de pesos y el año 1967, 12 mil millones, o sea, tres veces más. El Banco de Chile, ¿no ganó 10 mil millones de pesos el año pasado? La COPEC, ¿no ganó 6. 940 millones el año 1966, y el año pasado 10. 514 millones? ¿No ganó la Papelera 14 mil millones de pesos el año 1966 y el año pasado, 23.442 millones y ahora le acabamos de devolver por las exportaciones más de 17.000 millones, como lo denunciara el Diputado Cademártori acá, en esta misma Corporación? Fuera de eso, hay otras industrias que han obtenido pingües utilidades. ¿Para, qué nos vamos a referir a eso? Indudablemente que valdría la pena hacerlo, pero por el escaso tiempo de que dispongo dejo las mencionadas como una muestra de que en Chile los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día más pobres.

Nosotros, los socialistas populares, estimamos que la remuneración debe ser el salario que reciba el jefe de familia, con el cual pueda absorber los gastos en que necesariamente debe incurrir para adquirir los bienes y servicios privados y sociales que no son entregados en forma gratuita por el Estado y la comunidad, y no entenderíamos que tiene un salario bajo cuando aquí, como en los países socialistas, se diera la educación totalmente gratuita. Pero nosotros sabemos que, en Chile, la educación no es gratuita, porque hay que pagar matrícula y porque el obrero no está en condiciones de mandar a sus niños al liceo, debido a que el solo uniforme le cuesta prácticamente un mes o un mes y medio de salario. Además, cuando también tengamos asistencia social gratuita, vivienda gratuita, trabajo permanente, vacaciones gratuitas, etcétera, entonces, en realidad, vale la pena considerar esta situación; pero mientras tanto, no.

Por eso, nos extrañamos cuando nos hablan de la justicia social, cuando en este Gobierno todavía se autoriza, o por lo menos, no se le pone coto a ciertos desbordes de algunos terratenientes. Tengo aquí un aviso de "El Mercurio" que me llamó mucho la atención y ojalá los señores Diputados, especialmente los Diputados democratacristianos, si es que lo leyeron, pudieran poner coto a esta situación, porque es una desvergüenza lo que apareció en "El Mercurio" de 26 de agosto de 1968.

El señor ARANCIBIA.-

¡Léalo!

El señor OSORIO.-

Era el diario oficial, como usted sabe, en la. campaña del señor Frei. Y deben haber Diputados de Cautín que lo recuerdan. Desde luego, aquí está el señor Suárez, a quien estoy viendo en este momento.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OSORIO.-

Dice este aviso: "Vendo Fundo Villarrica, a 2 kilómetros camino pavimentado, 300 hectáreas, 70 sembradas, 30 empastadas, 200 pellín, ulmo, olivillo, casas patronales modernas, 4 inquilinos, galpones, pasto, bodegas, chancheras". O sea, junto con las chancheras, con las bodegas y galpones, venden también 4 inquilinos.

¿Es posible que en la "revolución en libertad" pueda aceptarse esta situación? Si ellos la aceptan, nosotros la repudiamos y combatimos, porque los campesinos son nuestros hermanos de lucha y más que eso, nuestros compatriotas.

Pues bien, nosotros queremos dar a conocer lo que los socialistas populares opinamos en lo que respecta al concepto de excedente económico.

El excedente económico, para nosotros, está constituido por todo aquellos que exceda de los costos de producción. En términos contables, es el resultado de los ingresos propios de la producción menos los gastos de la misma. Equivale a la plusvalía.

En las economías pobres, como la nuestra, el concepto de excedente económico tiene un nivel interno y otro externo.

¿Qué es el excedente económico interno, de acuerdo con lo que nosotros, los socialistas populares, pensamos? Podemos decir que los monopolios, al pagar escasos salarios, se quedan con una buena parte o tajada que no la orientan a servir a la humanidad. En términos precisos, la despilfarran. Los viajes al extranjero, los valores y dineros depositados en los bancos extranjeros, las importaciones y consumos suntuarios, la propaganda, la burocracia, y el gasto inútil, implican perjuicio y daño para la sociedad. En esta forma, la producción de bienes y servicios está distorsionada y no responde a las necesidades generales.

Si los obreros recibiesen más salarios, habría más casas de obreros y menos casas (fuera de los gastos de mantención) desocupadas en los balnearios.

Esto redundaría en la importancia de la actividad constructora. También si los obreros ganasen mejores salarios, sus hijos permanecerían más en la escuela y la mano de obra chilena, sería más productiva. La educación pasaría a ser una actividad de mayor importancia social. Finalmente, si los campesinos tuvieran más salarios consumirían más zapatos, ropas, menajes, muebles y la industria del país se constituiría en un factor crecientemente dinámico.

En resumen, si los obreros chilenos tuvieran más ingresos, las actividades económicas y sociales serían distintas y servirían a toda la comunidad, suprimiéndole el despilfarro y aumentándose la producción.

¿Qué es el excedente económico externo?

Los monopolios norteamericanos y de otras nacionalidades se llevan del país las utilidades, los intereses, las amortizaciones y las materias primas. Esto es lo mismo que decir que Chile produce más de lo que dispone para consumir. Dentro del país lo que se produce (producto interno) es superior a lo que queda aquí (producto nacional). El excedente económico externo significa que Estados Unidos, como monopolio, explota a Chile. En otros términos, en el plano interno el monopolio explota al trabajador, y en el plazo externo, el imperialismo explota a Chile.

El dominio imperialista sobre nuestra economía nos causa daños inconmensurables:

1) Impide la industrialización del país al llevarse las materias primas, así como también provoca paralización, cesantía y crisis; y

2) Disminuye nuestra capacidad de importación al llevarse las utilidades, intereses y amortizaciones, imposibilitando que se traigan maquinarias modernas y alimentos.

En las periódicas discusiones que el país ha presenciado en torno a la política de remuneraciones, nunca las partes han tomado en cuenta la problemática esencial de la remuneración y del excedente económico. Esta es una de las razones que han impedido que se le entreguen soluciones permanentes a los trabajadores, a pesar de los sacrificios que les han impuesto todos los gobiernos. Indudablemente, el problema de la inflación y de la crisis general no se superará recortando los salarios.

El Gobierno del actual Presidente no ha innovado en las materias que comentamos y mantiene la política tradicional: pretende superar la crisis y la inflación disminuyendo los salarios. Indiscutiblemente ésta es una política fracasada que lo seguirá llevando por el despeñadero de la crisis general.

La suerte que ha corrido la política que analizamos, demuestra palmariamente que nada puede hacerse al margen del pueblo y de los trabajadores. Por ejemplo, en 1966, al no legislar el ejecutivo para el sector privado, la gran mayoría quedó sin reajuste; en 1967, a gran parte del sector público se le reajustó solamente el 60% del alza del costo de la vida. Los trabajadores han debido emprender vigorosas luchas para detener la escala gobierno-empresarios, que tiende a disminuir crecientemente los niveles salariales.

Nadie puede negar que la capacidad adquisitiva de los salarios ha disminuido fuertemente con el gobierno de Frei. En enero de 1964, con un suelto vital se compraban 73 dólares y, en la actualidad, solamente se puede comprar la cantidad de 47 dólares. A pesar de este importante recorte en los salarios, la inflación continúa galopando, no se detiene, acelerándose a ritmos tales que este año ya se tiene la tasa de inflación más alta de la gestión democratacristiana: 28, 5% para 11 meses.

Ya vimos lo ocurrido en 1966, cuando la gran mayoría de la población quedó sin reajuste. Ahora se intenta con este sector, más o menos, lo siguiente: un reajuste de 100% del alza del costo de la vida para los trabajadores del sector privado no organizado y libre negociación para aquellos que gozan de la llamada negociación colectiva. Debemos recordar, también, que en 1966 el gobierno (a través del Ministerio del Trabajo) pedía mediante circulares a todas las juntas de conciliación, que no se sobrepasara en reajuste el 100% del alza del costo de la vida, impidiendo de esta forma la libre negociación. A nadie puede escapársele que esta petición favorecía abiertamente a los patrones.

Si nosotros observamos atentamente la línea de análisis, resulta fácil concluir en que al igual que el sector público, la gran mayoría del sector privado tiene sus salarios recortados. En 1967 recibieron reajustes sobre los salarios de 1965, acarreando graves perjuicios económicos a los trabajadores. Se insiste en reajustar los salarios bases y no el total de las remuneraciones, favoreciendo escandalosamente a los empresarios. Y esto ya lo dimos a conocer ahora con las utilidades de algunas empresas.

El Gobierno y su guerra declarada a los salarios.- Con un ejemplo muy sencillo -y ciñéndonos a las cifras reales de inflación y reajuste- veremos cómo el actual gobierno empobrece a los trabajadores:

ÍNDICE COSTO SALARIO 

El costo de la vida sube en 1967 un 21,9%, casi un 22%; en 1968 se entrega un reajuste de 12,5% y 7,5% como Fondo de Ahorro (éste no es salario). El Fondo de Ahorro, al no ser salario, no se reajusta en el futuro; o sea, se reciben 120, pero solamente 112,5 en salario.

En 1968, el costo de vida, aumentará en 31% y se dará una asignación de 21%. El salario seguirá siendo 112,5 y el trabajador recibirá 136 (112,5 más 21), desapareciendo el 31 de diciembre el 7,5%.

En 1969, la inflación será del orden del 30%, dándose como reajuste el 100% del alza del costo de vida (30%). El alza del salario llegará a Eº 146.

Con este sistema el gobierno ahorra mucho, pero empobrece a los trabajadores.

La cuestión es diferente, si hubiese reajustado en 100% del alza de costo de vida en 1970 deberían recibir los asalariados Eº 208 que es lo mismo que Eº 100 de 1967. En otras palabras se estaría igual que hace 3 ó 4 años. Pero, con el sistema de Frei, los trabajadores solamente reciben un salario de Eº146, que alcanza nada más que al 70% del salario real de 1967, sufriendo, por lo tanto, una notable merma de 30%. Esto no es reajuste. Así se hace justicia en la era de las revoluciones en libertad de Frei, Pérez Zujovic, Tomic y Renán Fuentealba.

"Novísimas teorías" en el recorte de salarios.- La base de los reajustes se encuentra en el alza hipotética o irreal de precios que se señala a través del índice de precios al consumidor. No entraremos a repetir nuestras argumentaciones sobre este índice, pero sí dejaremos sentado que Frei y sus técnicos han creado toda una serie de novísimas teorías en torno a la llamada realidad del índice, a fin de justificar nuevos recortes a los salarios obreros.

El gobierno reconoce para los primeros nueve meses del año, un alza para los precios al consumidor de 25%. Los precios al por mayor, en el mismo período, registran un alza de 33%. El dólar sube cada 15 días. Ya llevamos 21 alzas en el año, que significan más del 30%.

Con el alza de los precios al por mayor, con el alza del dólar, se benefician los monopolios productores y los monopolios cupreros, y estas alzas superiores al costo de vida determinan claramente que el índice de precios al consumidor está intervenido, está manipulado por el gobierno hacia abajo. No es un índice real. Es un índice mentiroso. Pero esto, aceptarlo como verídico equivale a dar el consentimiento a una mentira tan grande como la siguiente: en Chile, los comerciantes compran caro y venden barato; compran un 33% más caro y venden solamente con un recargo de 25%, sacrificando utilidades en beneficio de los consumidores.

¿Limitar el derecho a huelga.- Nuevamente se pretende imponer, como obligación para los trabajadores, la reanudación de faenas. Con esto se busca desembozadamente limitar el derecho a huelga, como ocurre en las dictaduras gorilas y en más de alguna de las llamadas democracias representativas. Después de cuatro años de gobierno, nadie puede tener una duda sobre la orientación abiertamente derechista de Frei y sus colaboradores. Tal como lo dijéramos los Socialistas Populares, ya en la iniciación del mandato pseudo reformista: "las presiones norteamericanas ubicarán a Frei, en definitiva, en el campo de la contrarrevolución. Nadie puede llamarse a engaño. Todo lo demás son ilusiones.

Para terminar, reitero, un niño está muriendo de hambre cada 36 minutos. Esto tiene que alarmarnos y llamarnos la atención. Y yo quisiera golpear no tan sólo en la conciencia del señor Ministro del Trabajo, sino también en el corazón de los hombres de la Democracia Cristiana para que pongan atajo a este tremendo drama que está viviendo la población de Chile, especialmente su niñez.

¿Cómo va a ser justo, que por cada 100 chilenos que mueren en este país, 48 sean menores de 15 años? Esto significa que aquí en Chile se está muriendo lo mejor que tiene nuestra patria, como son precisamente su niñez y su juventud. Por eso, los Diputados socialistas populares votaremos en general favorablemente este proyecto, y en la discusión particular impugnaremos algunos de sus artículos.

Nada más.

La señora ALLENDE.-

Señor Ministro, perdone que lo interrumpa, pero quisiera hacerle una observación con respecto a las reanudaciones de faenas.

En muchos casos en que me ha tocado Intervenir, se ha dictado la reanudación de faenas sin haberse hecho ningún estudio anticipado.

En este momento, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto que existe con los obreros que le trabajan a la Unión de Cooperativas de Bataflor, que la reanudación de faenas se dictó el 22 de octubre, salió publicada en el "Diario Oficial" del 6 de noviembre y hasta el día de hoy no hay reanudación de faenas. Nosotros hemos conversado con los interventores y se ha establecido, de parte de ellos, que a estos obreros se les va a pagar desde el día que entren a trabajar. Mientras tanto, ellos llevan más de un mes -un mes y 10 días- sin que hayan podido entrar a trabajar por culpa, supongo, de este mal estudio y por falta de preparación de la intervención. En esta última semana intervino el señor Estay. El ha establecido que necesita un técnico para que se haga cargo del trabajo que se va a efectuar ahí, en las labores que hacen estos obreros. Ha pasado un mes para que el señor Estay se dé cuenta de que necesita un técnico. En esta forma, los obreros, que ya estaban sin trabajar por un mes, llevan más de dos meses sin tener con qué vivir, sumidos en la desesperación, por culpa de estos decretos que se dictan, a mí me parece, con falta de responsabilidad. Creo que, en realidad, si no tienen técnicos, si no tienen la gente que corresponde, no pueden dictar una reanudación de faenas en estas condiciones.

Por eso, quisiera, señor Ministro, que en alguna forma usted nos explicara por qué se dicta una reanudación de faenas y después no se llevan a efecto, cuando es obligación que en el momento en que se dicte se empiece a trabajar, como lo establece el decreto.

Eso es lo que le quería preguntar.

El señor PALESTRO.-

El señor Ministro, con sus palabras, ha corroborado lo que nosotros hemos manifestado esta mañana: que los mecanismos que operan las relaciones entre los trabajadores y los patrones, sencillamente, no cumplen su misión.

Ya se lo dijimos al señor Ministro al conversar en días pasados en su oficina cuando le planteamos un problema laboral, defendiendo a los trabajadores, como es natural. Le manifestamos que los patrones, sencillamente, desconocen, "se sientan" -perdonen la expresión- en las inspecciones locales, departamentales, provinciales, en la Dirección General del Trabajo, en los funcionarios de menor categoría que el Ministro e incluso muchas veces hasta se burlan de lo que el propio Ministro ha dictaminado como conclusión.

Estamos totalmente de acuerdo con lo que decía el señor Ministro. El ha reconocido que no operan los mecanismos para obligar al patrón. Porque el obrero va a la huelga legal con todas las cosas a que lo obligan el Código del Trabajo y las leyes del país, y las cumple plenamente; por lo demás, se las hacen cumplir, si es que no quiere cumplirlas. Son los patrones los que no cumplen ni sus obligaciones más elementales.

En la comuna de San Miguel existe una huelga desde noviembre pasado, señor Ministro, por si no lo sabe, una huelga que no es por un pliego de peticiones. Se trata de que los trabajadores de la firma Andrés Hidalgo, que fabrica materiales para CHILECTRA, sencillamente, han hecho un paro en el interior de la fábrica para exigir el pago de sus salarios adeudados desde dos meses antes, el pago de las asignaciones familiares, que el patrón les debe desde hace muchos meses. Bueno, ¿qué pasó? El inspector departamental de Pedro Aguirre Cerda fue a comprobar el paro e inmediatamente lo declaró ilegal, en circunstancias que los trabajadores no estaban haciendo otra cosa que reclamar lo que legítimamente les correspondía, porque lo habían trabajado: era plata ganada, plata trabajada. Hasta ahora, ahí están esos trabajadores. Son 130 obreros y empleados. Se está exigiendo, si es posible, como decía el señor Ministro, que también sean los propios trabajadores los que ocupen y trabajen esa fábrica, ya que el patrón dice que no tiene ganancias, utilidades, y no puede cumplir con su obligación elemental de pagar los salarios a sus trabajadores, los sueldos a sus empleados y las asignaciones familiares.

Entonces, no se trata, señor Ministro, de que los obreros tengan o no confianza en el Gobierno para intervenir en estas cosas, sino que los propios organismos y autoridades encargados de hacer cumplir y obligar a los patrones, los hacen declarar paros ilegales, como en el caso citado del departamento "Pedro Aguirre Cerda", donde el patrón no cumplió con las obligaciones de pagar al trabajador.

Pero cuando hay hambre, cuando los estómagos de los chiquillos y de las mujeres están pidiendo y exigiendo por lo menos un pedazo de pan, yo creo que la legalidad o la ilegalidad no pueden ser consideradas como tales en un Gobierno revolucionario como el de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, en ese caso se trata -no sé si el señor Ministro conoce el problema- de una huelga que va para un mes y tanto, en una industria que está en una calle escondida de la comuna de San Miguel, de la cual nadie se preocupa, y sencillamente la gente está tratando de conseguir lo expresado en el propio manifiesto que lanzaron a la opinión pública y que dice: "Desde el 15 de noviembre los obreros y empleados de la industria eléctrica Andrés Hidalgo y Compañía de San Miguel, estamos en paro forzoso por la prepotencia del patrón, que ha cerrado la industria y caducado los contratos, porque los trabajadores le exigimos que nos pagara los salarios atrasados desde hace más de 60 días y las asignaciones familiares que nos debe desde agosto.

"En total nos adeuda a los obreros (somos 130) y empleados la suma de 145 millones de pesos, o sea, le debe a cada trabajador más de un millón de pesos.

"Por si esto fuera poco, este industrial mantiene a los obreros durante más de 6 años con las libretas atrasadas y a los empleados durante más de dos años. En total debe por previsión 750 millones de pesos. Se queda con los descuentos que los trabajadores autorizamos para las casas comerciales que nos habían abierto crédito. Además, no ha cumplido en reiteradas oportunidades con las actas de avenimiento comprometidas ante los organismos de trabajo.

"El industrial siempre ha manifestado no poder cancelar lo que nos adeuda, pero ha obtenido cuantiosas utilidades que ha invertido adquiriendo un hotel", -lo que es bien distinto de la actividad que desarrolla- "un aserradero y otras industrias. Además, ha comprado recientemente dos camiones de alto tonelaje y una camioneta último modelo de 2.000 kilos.

"Estos problemas vienen arrastrándose largo tiempo, siendo imponible una solución a través del sistema patronal" y del sistema actual de relación entre obrero y empleado.

Entonces, señor Ministro, lo que estaba diciendo no significa hacer oposición por oposición, sino que se trata de casos concretos que se repiten por decenas y por centenares a lo largo y a lo ancho del país. Incluso "doy de barato" que hay muchos funcionarios, excelentes funcionarios, que tratan de aplicar de alguna manera una política social en el campo del trabajo y no desconozco el interés del señor Ministro para buscar solución a estos problemas; pero se encuentran con esta maraña legal que envuelve a los trabajadores y nunca a los empleadores, nunca a los patrones.

Si la Democracia Cristiana cree que el pueblo confía en ella, bueno, esa confianza hay que demostrarla con hechos, hora tras hora. Si el Gobierno cree que existe esa confianza, que demuestre su cariño hacia el pueblo. Y queremos que lo demuestre a través de reformas, porque, de lo contrario, no sirve; es amor por un lado, de una sola persona. El amor es entre dos personas y de distinto sexo. No vaya a suceder lo que ocurre en otros países, donde el amor está autorizado entre personas del mismo sexo. Si reconoce esto el propio señor Ministro, lo natural es que se reformen los procedimientos.

Nosotros, los socialistas, y, seguramente, los comunistas...

El señor STARK (Vicepresidente).-

Me permite, señor Palestro? Se ha cumplido el tiempo de 40 minutos del Comité Socialista.

Señor Ministro, los Diputados señores Juan Acevedo y Melo le solicitan una interrupción de dos minutos cada uno.

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, yo quiero referirme a dos aspectos, que son los más graves, tanto en la estabilidad como en el cumplimiento de los fallos arbitrales.

La verdad es que uno de los aspectos más graves es el incumplimiento de los fallos arbitrales por los empleadores. Para exigir su cumplimiento es menester recurrir a los organismos del Trabajo. A veces, estos servicios no logran obtenerlo a través de la conciliación y, en consecuencia, hay que hacerlo a través de los tribunales. Pero, para esto, hay factores en contra, que son lamentables: los organismos del Trabajo carecen de los recursos más indispensables para atender los conflictos. Por ejemplo, las inspecciones departamentales del Trabajo funcionan en oficinas totalmente inadecuadas. No tienen recursos ni medios de movilización propios, sobre todo en el campo, para poder trasladarse a los lugares donde se presentan los conflictos y donde está, precisamente, el patrón que no cumple con los fallos que ha dictado el Tribunal del Trabajo.

En el caso, por ejemplo, de la ley Nº 16.455, se da el hecho de que aunque su texto es claro en un aspecto: da 15 días de plazo para que un tribunal falle respecto de una denuncia, ocurre a veces que ya fallado el caso por el tribunal, el empleador, simplemente, no recibe al trabajador, no lo repone en su cargo, pues la pena que tiene este incumplimiento es sólo el pago al trabajador de un mes de salario por año de servicios. A veces, esta gente tiene dos, tres o cuatro años de trabajo, pero el patrón, antes de aceptar su reintegro, prefiere pagar esa suma y liquidar el problema, con lo cual se produce la cesantía.

Ahora, en otros tribunales hay tal número de fallos que es materialmente imposible que se puedan ejecutar todos ellos.

He querido hacer presente a la Sala estos dos aspectos: la inoperancia de la ley Nº 16.465 en materia de inamovilidad, y la inoperancia de los organismos del Trabajo a causa de las condiciones precarias en que desarrollan sus actividades los Servicios de la Dirección General del Trabajo.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor OSORIO.-

Yo creo que el señor Ministro ha sido muy ligero al decir estas cosas, sobre todo cuando aquí algunos Diputados de Oposición manifestaron el agrado con que habían visto la presencia del señor Ministro en la Comisión de Trabajo. Si los parlamentarios tienen deferencia con algunos señores Ministros de Estado, con la mayoría, lo lógico es que ellos también tengan esta misma deferencia con nosotros. Por lo demás, ellos tienen que comprender que éste también es un Poder de Estado. Y aquí estamos nosotros representando ciudadanía, opinión pública. Y, perdóneme el señor Ministro, el Ministro representa exclusivamente a una persona: la voluntad del Presidente de la República. Por eso, creo que, en realidad, no debiera...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Palestro, ¡llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Palestro, voy a amonestar a Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Amonesto al señor Palestro.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Palestro, censuro a Su Señoría.

Puede continuar el señor Osorio.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Rodríguez, don Manuel!

El señor OSORIO.-

Creo que el señor Ministro reconocerá este error.

El señor PONTIGO.-

¡Don de caballero es reconocerlo!

El señor OSORIO.-

Después, el señor Ministro nos ha dicho que el Parlamento conocía, por lo menos, las ideas básicas de este proyecto de ley. No podíamos conocerlas, por una razón muy sencilla: porque un día aparecía una cosa, y al otro día aparecía otra cosa; porque un día se terminaba con el derecho de huelga, y otro día, no. Y resulta que, al final, yo recuerdo haber leído un información de prensa, según la cual, para que pudiera enviarse este proyecto al Congreso Nacional, tenía que haber asentimiento de la comisión parlamentaria democratacristiana que asesora, precisamente, al señor Ministro.

El señor CORVALAN.-

¡O sea, tenía información!

El señor OSORIO.-

La información de prensa...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OSORIO.-

¡Perdóneme, señor! ¿Dónde conocían esas informaciones? Allí en el local del Partido Demócrata Cristiano; pero no nosotros. Nosotros necesitábamos aquí el proyecto de ley que llegó hace pocos días a la Cámara; no lo que decía o no decía la prensa. ¿Las declaraciones del señor Ministro o las declaraciones de los parlamentarios? No, señor; lo que queríamos era esto.

Por lo demás, aquí el señor Ministro nos ha dicho que algunas proposiciones de la CUT fueron aceptadas, a pesar de que la CUT reconoce que no es todo lo que ellos deseaban para este proyecto.

Yo creo que para los trabajadores sería muy conveniente que ojalá hubiese elecciones todos los años; porque habiendo elecciones, hay proyectos que, en realidad, algo les dejan, como es éste que estamos tratando.

Respecto a lo que decía el señor Ministro de que muchos conflictos duraban mucho, porque no había una legislación para poderlos solucionar en el menor tiempo posible, la verdad es que en el hecho, estos conflictos duran porque el Gobierno tiene "mano dura" solamente con el sector asalariado, y no la misma "mano dura" con el sector empresarial. Si no, señor, allí están las persecuciones; allí están las "masacres"; allí está el Grupo Móvil: carabineros asestando palos todos los días a los que salen a pedir solución a sus conflictos.

Por eso, nosotros creemos que si hay "mano dura", debiera haberla para los explotadores de este país, que se están enriqueciendo a costa del hambre y de la miseria de los trabajadores.

Después, si aquí se ha hablado de la ley de inamovilidad -o de "movilidad", en realidad, la Nº 16.455, aprovechando que está el señor Ministro con nosotros, creemos que valdría la pena, sobre todo antes de la elección, para que no sea un "volador de luces" más, que ojalá pudieran darle la urgencia necesaria a las modificaciones de esta ley, porque se han cometido miles de abusos.

Por ejemplo, yo tengo aquí una reclamación que hacerle al señor Ministro en lo que respecta a la aplicación de la ley por parte del Juez de Policía Local, que al mismo tiempo tiene estudio junto al abogado de los patrones señor Pablo Casas.

En San Felipe, nos encontramos con el siguiente caso: despidieron a unos obreros de la firma Edmundo Pérez Zujovic…. 

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas queremos expresar también nuestra más enérgica protesta por la declaración que hemos escuchado esta tarde al señor Ministro del Trabajo. El ha hecho aquí una verdadera notificación...

El señor STARK (Vicepresidente).-

Excúseme, señor Diputado; el señor Ministro le solicita una interrupción.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, voy a ser muy breve.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Perfectamente.

El señor CANTERO.-

Tenemos poco tiempo. El ha hecho aquí, señor Presidente, una verdadera notificación a los parlamentarios, en el sentido de que si vamos acompañando a un grupo de dirigentes sindicales y le solicitamos una entrevista, él prefiere entrevistarse sólo con los dirigentes sindicales, y no con los parlamentarios.

Yo no sé si este menosprecio que el señor Ministro expresa por las atribuciones del Parlamento se refieren a todo el parlamento o sólo a un sector de él; concretamente, a los parlamentarios de izquierda, comunistas y socialistas.

Nosotros queremos decir que los parlamentarios hemos sido elegidos por una votación popular para defender a los trabajadores, para ponernos al servicio de ellos en el interior del hemiciclo y fuera de él. Y que tenemos que acompañarlos muchas veces y solicitar entrevistas, porque los dirigentes son tramitados burdamente en ministerios y en muchas otras reparticiones públicas, por lo cual ellos no tienen más remedio que recurrir a los parlamentarios. Pero ahora se nos ha notificado que no se nos recibirá en el Ministerio del Trabajo.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CANTERO.-

Afortunadamente, el hecho de que los parlamentarios vayamos acompañando o no a los trabajadores no lo resuelve el Ministro; lo deciden los trabajadores. Son ellos quienes solicitan la colaboración de los parlamentarios de los distintos partidos.

Es inaceptable esta verdadera notificación del Ministro, y, por eso, los Diputados comunistas no podemos pasarla por alto y protestamos enérgicamente en contra de ella.

Nada más.

El señor KAEMPFE (Secretario).-

Indicación renovada, con las firmas reglamentarias, de la señora Lazo y de los señores Fuentes, don Samuel, y Poblete, para consultar, a continuación, los siguientes incisos nuevos:

"Fíjase desde el 1º de enero de 1969, un sueldo vital, Escala A), del departamento de Santiago, de Eº 650 mensuales para los empleados particulares.

Para el resto del país se establecerá igual concordancia y con proporcionalidad al nuevo sueldo Escala A) de Santiago y el vigente en cada departamento.

Igual procedimiento y para todo el país se fijarán los sueldos de la Escala B).

Para los efectos previsionales sólo será considerado el valor del sueldo actual señalado como vital en el país, agregando el porcentaje equivalente al alza del costo de vida señalado por la Dirección de Estadística y Censos, resultante al 31 de diciembre de 1968.

Sin embargo, todos los sueldos superiores al sueldo vital establecido por lo dispuesto en el inciso primero de este artículo serán reajustados desde la misma fecha, en un porcentaje igual a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor señalado por la Dirección de Estadística y Censos para el período comprendido entre el 1º de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1968.

Asimismo, el salario mínimo para los obreros del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, será fijado en la cantidad de Eº 15 diarios. "

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el artículo 10 fue introducido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a raíz de un planteamiento formulado por los representantes de la Central Única de Trabajadores.

La verdad es que, sobre esta materia, presentamos indicación, por una parte, los Diputados comunistas, socialistas y radicales; y, por otra, algunos Diputados democratacristianos. No eran exactamente coincidentes las dos indicaciones; pero se aprobó la presentada por los Diputados de Gobierno. Nosotros vamos a aceptar esta indicación como viene ahora. Lo único que deseo dejar establecido, sí, es que lamentamos que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social se hubiera pronunciado en contra de este artículo 10. Ello me hace pensar que el Ejecutivo, de persistir en esta posición, vetará el artículo, lo cual sería verdaderamente una aberración y una manera de ir en contra de la Central Única de Trabajadores, la que acaba de celebrar su Quinto Congreso, con participación de todos los sectores políticos representados en el movimiento gremial.

Nada más.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, nosotros concordamos en aprobar el artículo 10 en la Comisión, porque no es la primera vez que en una ley se establece un descuento para una institución, a fin de asegurar su vida económica; de manera que, por esta razón, nosotros damos nuestra conformidad a esta disposición. Pero, más que todo ello, quiero decirle a mi colega señor Arancibia que cuando él habló de las multas establecidas en el artículo 5º del proyecto en debate, como él no concurrió a la Comisión, no sabe de que la idea del Gobierno era muy distinta. La idea del Gobierno era que se sancionara a los patrones con multas a beneficio fiscal de hasta diez sueldos vitales mensuales, o sea, unos cuatro millones de pesos. Los Diputados de Oposición formulamos indicación para que la sanción fuera un poco mayor. Por lo tanto, no debe hacer tanto alarde el Diputado informante, señor Arancibia, quien, desgraciadamente, participó a última hora en la discusión de este proyecto; incluso, no sé por qué lo nombraron Diputado informante. En su exposición ha incurrido en algunos yerros de apreciación, porque, repito, lamentablemente no estuvo presente en todo el debate de la Comisión. No oyó a las organizaciones sus planteamientos, no oyó a los jubilados; no oyó a los empleados particulares, no oyó a la Central Única de Trabajadores. De ahí que no haya podido conocer cuál es el verdadero pensamiento de los trabajadores.

Nada más.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, en primer lugar quiero responder a lo dicho por el señor Samuel Fuentes respecto del artículo 5º, ya aprobado por la unanimidad de la Cámara.

Debo hacer presente que ésta es una idea que nació de un proyecto que tuve a honra presentar en esta Cámara, junto con otros parlamentarios de la Democracia Cristiana, el que también fue aprobado por la Corporación por unanimidad. Como esta iniciativa estaba pendiente en el Senado, el Ejecutivo la tomó y la incorporó en el proyecto en debate, dando así satisfacción, precisamente, a reiteradas peticiones de los trabajadores de que se aumentaran las multas por falta de cumplimiento de los convenios, para darle mérito ejecutivo, como se ha expresado aquí, a estos instrumentos públicos. Y en cuanto al monto de la multa, la indicación fue hecha por Diputados democratacristianos; también formularon indicación los colegas del FRAP. Así que en esto, en realidad, hubo un acuerdo unánime en la Comisión. De esta manera, este artículo fue efectivamente mejorado.

Respecto del artículo 10, quiero expresar que la Central Única de Trabajadores, tal como lo dijo el señor Ministro, propuso entre las indicaciones que presentó y que fueron acogidas por la Comisión, ésta que voy a leer y que dice a la letra: "A petición de los trabajadores o de la organización sindical respectiva los empleados estarán obligados a descontar por planilla la cotización destinada a la Central Única de Trabajadores e integrarla dentro del plazo de 15 días a dicha. Central". Esta indicación fue presentada a la Comisión con la firma de los colegas Cademártori, Lazo y Olivares.

Pues bien, los Diputados de la Democracia Cristiana, considerando que contenía una idea conveniente para la organización sindical, presentamos una indicación ampliándola, porque la verdad de las cosas es que sólo se refería a la Central Única de Trabajadores, en circunstancias que hay otras organizaciones de trabajadores que también debían ser beneficiadas. Es así como nació el artículo 10, que fue aprobado por la unanimidad, y que establece el descuento de esta cotización para la Central Única de Trabajadores, Confederaciones Nacionales y Federaciones Nacionales de Trabajadores de empleados y obreros, entre las cuales, naturalmente, queda incluida la CEPCH y otras organizaciones por el estilo.

Esta es la explicación que quería dar a la Cámara respecto del artículo 10 que estamos considerando en este instante.

El señor KAEMPFE (Secretario).-

Los señores Valenzuela, don Renato, Pareto, Valenzuela, don Héctor; Monares, Torres, Stark, Escorza, Valenzuela, don Ricardo; Cardemil y Ansieta, formulan indicación para agregar al artículo 1º un inciso que dice lo siguiente: "No obstante, el salario mínimo obrero no podrá ser inferior a Eº 10 diarios ni el sueldo vital de la provincia de Santiago para los empleados particulares inferior a Eº 500 mensuales".

Y la otra indicación, de los señores Torres, Ballesteros, Stark, Valenzuela, don Ricardo; Escorza, Cardemil y Ansieta, es para agregar, pareciera a continuación del leído, el siguiente inciso: "La Honorable Comisión Central Mixta de Sueldos determinará los sueldos vitales para las demás provincias del país, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, y su aumento conservará la proporción que signifique el aumento determinado para el sueldo vital de la provincia de Santiago. "

La señora LAZO.-

Señor Presidente, las personas que se desempeñan como vigilantes, serenos y rondines están acogidos, generalmente, al régimen de previsión del Servicio de Seguro Social, siendo todos ellos hombres de confianza de su empleadores, puesto que bajo su responsabilidad se encuentran los bienes de las empresas, fábricas, establecimientos comerciales, etcétera, debiendo preocuparse de evitar la comisión de robos y de cualquiera irregularidad.

Es digno de destacarse el hecho de que estos trabajadores deben dedicarse especialmente los días domingos y festivos a sus funciones, debiendo trabajar, en la inmensa mayoría de los casos, ininterrumpidamente todo el año.

Por otra parte, el personal que me preocupa está integrado por ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que debido a sus bajas pensiones se ven obligados a trabajar en funciones de vigilia, y su esfuerzo no se compadece con la legislación previsional que los acoge al incorporarse a ellas, pues es notorio que no desempeñan un trabajo eminentemente físico.

Por éstas y muchas otras consideraciones, me permito formular la siguiente indicación:

Artículo...- Las personas que se desempeñan en las funciones de vigilantes, serenos y rondines en LAN CHILE, a partir de la promulgación de la presente ley, se incorporarán a los beneficios establecidos en la ley 16.469".

El señor STARK (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que en la discusión de las observaciones al proyecto que establece normas sobre racionalización de franquicias tributarias, cada Comité Parlamentario y el grupo de Diputados sin Comité, podrá disponer de hasta 30 minutos, con excepción del Comité Demócrata Cristiano, que dispondrá de hasta 35 minutos.

-Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el boletín Nº 10. 984-O, son las siguientes:

TITULO I

Artículo 1°

Para agregar en el artículo lº del proyecto, entre las expresiones "Ferrocarriles del Estado" e "y a la bonificación de la ley Nº 14. 688", colocando un punto y coma (;) después de la primera, la siguiente expresión: "a las indemnizaciones pagadas a empleados y obreros que se eximen en virtud del artículo 40 de la Ley de Impuesto a la Renta".

Para agregar al final del inciso primero del artículo 1° del proyecto, reemplazando el punto (.) por una coma (,) la expresión "ni a la exención establecida en el artículo 39 del Decreto Supremo Nº 4. 363, de 30 de junio de 1931, y sus modificaciones posteriores, que contiene el texto refundido de la Ley de Bosques;.

Para agregar en el penúltimo inciso del artículo lº del proyecto, después del guarismo "1968" eliminando el punto (.), la expresión "o comercial que termine dentro de dicho año calendario. "

TITULO II

Artículo 3°

Para sustituir en el inciso 29 del artículo 39 de la Ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II del Proyecto, la frase "respecto a todo su patrimonio y las obligaciones relacionadas con él. " por "pero sólo respecto de la parte de su patrimonio integrada por los bienes situados en Chile y las obligaciones relacionadas con ellos. "

Artículo 5°

Para suprimir en el Nº 2 del artículo 59 del texto de la Ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II del Proyecto, la palabra "extranjeros" que precede a la expresión "de los Organismos Internacionales destacados en Chile".

Artículo 8°

Para reemplazar en el Nº 3 del artículo 89 del texto de la Ley de Impuesto al Patrimonio, las palabras "pequeños agricultores, pequeños comerciantes y pescadores" por "y los pescadores acogidos al artículo 29 del DFL. Nº 208, de 21 de julio de 1953".

Para suprimir el Nº 9 del artículo 89 del texto de la Ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II del Proyecto.

Artículo 12

Para agregar al final del inciso 2º del artículo 12 del Impuesto al Patrimonio, contenido en el Título II del proyecto, después de un punto seguido, la siguiente frase:

"Sin embargo, para los vehículos que se embarquen a contar del lº de enero de 1969, este valor no podrá ser inferior al que señala la Dirección de Impuestos Internos para igual o equivalente modelo del año anterior".

Artículo 14

Para sustituir en el inciso 29 del artículo 14 del texto de la Ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II del Proyecto, la expresión "entre el día siguiente a la fecha del balance y el 31 de diciembre" por "entre el mes anterior a la fecha del balance y el 30 de noviembre".

Para sustituir en el inciso 5º del artículo 14 del texto de la Ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II del Proyecto, la expresión "en el presente artículo" por "en el inciso anterior".

Artículo 24

Para suprimir el inciso final del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Patrimonio.

TITULO III

Artículo 3°

Para reemplazar los inciso primero, segundo y tercero del artículo 3º del proyecto, por los siguientes:

Las empresas en general estarán afectas, durante el año 1969, a un empréstito obligatorio a favor del Fisco, cuyo monto será equivalente al 13% del monto de los impuestos fiscales que graven directamente a las rentas o utilidades de dichas empresas, y que deban pagarse por el año tributario 1969.

Este empréstito afectará también a los contribuyentes del impuesto Adicional establecido en el número 2º del artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo monto será equivalente al 13% del monto del impuesto mencionado que deba pagarse por el año tributario 1969.

TITULO IV

Artículo 4º

Para reemplazar el número 1º del artículo 4º del proyecto por el siguiente: "1.- Elimínase en el número 12 del artículo 2º la expresión "para los efectos de los artículos 20, 21 y 29".

Para colocar un punto y coma (;) después de la palabra "Municipalidades" y eliminar la coma (,) que antecede a las palabras "las amortizaciones de los bonos", en el Nº 3 del artículo 4º del proyecto.

Para reemplazar en la letra a) de la disposición contenida en el número 5 del artículo 4º del proyecto, la expresión "letra d)" por "letra c)".

Para introducir las siguientes modificaciones a la letra b) de las disposiciones que se contienen en el número 5 del artículo 4º del proyecto:

Eliminar en el inciso primero la palabra "mínima".

Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

"Las personas a que se refiere el inciso anterior que exploten bienes raíces agrícolas con un avalúo fiscal, en conjunto, igual o superior a 50 sueldos vitales anuales estarán obligadas, en todo caso, a establecer la renta efectiva de dichos bienes raíces mediante contabilidad fidedigna, para los fines de justificar sus inversiones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes vigentes. "

Para agregar en el inciso 2º de la letra d) del Nº 5 del artículo 4, del proyecto, después de la frase "al 5% del avalúo", precedida de una coma, la frase "siempre que éste no exceda de 25 sueldos vitales anuales. Sobre el exceso se presumirá una renta de 7%".

Para reemplazar en el inciso segundo de la letra f) del número 5 del artículo 4º del proyecto la expresión "inciso segundo y tercero" por "incisos tercero y cuarto".

Para eliminar en el número 6 del artículo 4º del proyecto la expresión "cuyo capital sea estimado por la Dirección en una cantidad no superior a 25 sueldos vitales anuales".

Para agregar al número 14 del artículo 49 del proyecto la siguiente letra:

"e) Agrégase al número 1) el siguiente inciso:

"Tratándose de empresas constructoras acogidas al D. F. L. Nº 2, de 1959, se considerarán en este número los materiales, terrenos, urbanizaciones por cuenta propia y construcciones por cuenta propia, tanto las ejecutadas como en ejecución, revalorizándose los bienes en existencia y los enajenados en el ejercicio respectivo. "

Para eliminar el número 17 del artículo 4º del proyecto.

Para reemplazar en el Nº 23 del artículo 4º, del proyecto de ley, el guarismo 35%" por "37, 5%".

Para intercalar, en el Nº 24 del artículo 49, entre la expresión "por un monto que" y la palabra "excederá", la palabra "no". "

Para reemplazar en el número 36 del artículo 4º del proyecto la palabra "afectas" por "afectadas".

Para reemplazar el número 41 del artículo 49 por el siguiente:

"41.- Agregase como número 3º del artículo 36 el siguiente:

"3º-Ingresos obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales. En ningún caso quedarán comprendidas en este número las rentas de sociedades de profesionales que exploten establecimientos tales como policlínicas, maternidades, laboratorios u otros análogos, ni de las que desarrollen alguna de las actividades clasificadas en el artículo 20".

Para agregar al artículo 4º del proyecto el siguiente número:

"44.- Elimínase en el número 2º del artículo 36 las frases que siguen a la expresión "sin que empleen capital", reemplazando la coma (,) que sigue a dicha expresión por un punto (.). "

Para agregar en el artículo 4º del proyecto los siguientes números:

"45.- Agrégase al final del inciso segundo del número lº del artículo 45, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:

"y con excepción finalmente, y previo informe de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, en caso de división de Sociedades anónimas, de la distribución de acciones recibidas de otras sociedades anónimas constituidas con parte del patrimonio de las primeras para el desempeño de una o más de las actividades de su giro".

"46.- Agrégase al final del inciso primero del número 2) del artículo 60, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase:

"y con excepción finalmente, y previo informe de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, en caso de división de sociedades anónimas, de la distribución de acciones recibidas de otras sociedades anónimas constituidas con parte del patrimonio de las primeras para el desempeño de una o más de las actividades de su giro".

"47.- Suprímese en el Nº 6 del artículo 33 de la ley de Impuesto a la Renta, la frase "cuando la tasa del interés exceda del 6% anual. ".

Artículo 23

Reemplazar en el inciso primero la expresión "presente ley" por "Ley Nº 16. 840".

Reemplazar en el inciso segundo la expresión "esta ley en el Diario Oficial" por "la Ley Nº 16. 840".

Reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

"También podrán revalorizarse, pagando un impuesto único del 20% sobre el mayor valor resultante, los bienes y partidas que constituyen el activo del balance mencionado en el inciso primero y de los anteriores, para ajustar su valor al de costo directo a que se refiere el artículo 24 de la ley de Impuesto a la Renta. En estos casos, el monto de la revalorización se calculará comparando el valor con que los bienes figuren en el inventario respectivo, siempre que este valor corresponda al empleo de sistemas o fórmulas generalmente aceptadas en la técnica de la contabilidad, con el valor de costo directo establecido en el artículo 24 de la ley de Impuesto a la Renta. En ningún caso esta revalorización desvirtuará cobros de impuestos a la renta practicados por el Servicio de Impuestos Internos que se encuentren a firme o ejecutoriados a la fecha de publicación de la presente ley".

Para agregar en el inciso séptimo la siguiente frase, en punto seguido (.) "En el caso de la revalorización a que se refiere el inciso tercero, sus efectos legales se entenderán producidos desde la fecha del inventario que haya servido de base para dicha revalorización, siempre que se cumpla dentro del plazo con el pago del impuesto único que la afecta. "

Artículo 25

Para sustituir en el artículo 25 del Proyecto, la frase "por los excedentes que obtenga en sus ejercicios y destine a finalidades sociales. " por "fiscales que afecten a los bienes raíces de propiedad de dicha institución. "

TITULO VII

Artículo 27

Para suprimir su inciso segundo. Para suprimir su inciso tercero.

Artículo 28

Para sustituir por el siguiente: Artículo...- El personal de Correos y

Telégrafos deberá compensar con trabajos realizados en horas extraordinarias, de acuerdo con un reglamento que dictará el Director Nacional del Servicio, los descuentos que se efectúen por el tiempo no trabajado en el período comprendido entre el 27 de marzo y el 8 de mayo de 1968.

Artículo 29

Para sustituirlo por el siguiente:

Artículo 29.- Establécese un impuesto de 0, 3% sobre el monto de las facturas emitidas por los laboratorios, institutos y demás empresas que elaboren productos farmacéuticos, incluyéndose entre éstos las especialidades farmacéuticas; cosméticos y artículos de tocador. Se exceptúan de esta disposición los productos farmacéuticos incluidos en el Formulario Nacional de Medicamentos, los cuales se regirán en su declaración y pago por las normas establecidas en el Impuesto de Compraventas.

Este recargo será de cargo de la Empresa y no podrá trasladarse al valor del producto facturado.

El rendimiento que se obtenga de este impuesto, será destinado a la construcción de establecimientos hospitalarios, de acuerdo a los programas de construcciones hospitalarias del Plan Nacional de Salud, debiendo consultarse de preferencia para estos fines a las comunas de Quinta Normal y Barrancas.

El rendimiento que se obtenga del impuesto establecido en el inciso lº, se contabilizará en una cuenta especial en el Cálculo de Entradas de la Ley de Presupuestos de la Nación. Los fondos que se recauden en dicha cuenta no ingresarán a rentas generales de la Nación al término del ejercicio presupuestario.

Con el objeto indicado en el inciso 3º, el Presupuesto de Gastos de la Nación consultará anualmente un aporte especial a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que será excedible hasta el rendimiento efectivo de la cuenta mencionada en el inciso anterior.

Artículo 30

Para sustituir el artículo 30 por el siguiente:

Artículo 30.- La Corporación de Servicios Habitacionales condonará los intereses penales, sanciones y multas que se hubieren originado por rentas de arrendamiento o dividendos atrasados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, a los ocupantes de las viviendas de la Población Juanita Aguirre Cerda, de la Comuna de Conchalí, que celebraren convenios de pago con aquélla y cumplieren los requisitos que la misma determine, antes del 30 de abril de 1969. "

Artículo 31

Reemplazar en este artículo la frase: "de funcionarios del Servicio Exterior y por los hijos de becarios chilenos en el extranjero" por la palabra "chilenos".

Artículo 32 Para suprimirlo.

Artículo 33 Para suprimirlo.

Artículo 36 Para suprimirlo.

Artículo 37 Para suprimirlo.

Artículo 38

Sustituirlo por el siguiente: "Artículo 38.- Sustitúyese en el inciso 3º del artículo 10 de la ley Nº 16. 582 el guarismo "0,10, " por el guarismo y palabras "0,20, con el consentimiento expreso del empleado u obrero, ".

Artículo 39

Para suprimirlo.

Artículo 40

Sustituirlo por el siguiente:

Artículo 40.- Las suspensiones de labores en las Empresas de cualesquiera naturaleza que sean, motivadas por la aplicación del racionamiento de la corriente eléctrica no hará perder a los trabajadores el derecho que les otorga el artículo 323 del Código del Trabajo, siempre que el tiempo perdido por esa circunstancia se recupere a través de modificaciones del horario normal de trabajo que exista en la respectiva Empresa.

En aquellos casos en que a juicio de la Dirección del Trabajo no fuere posible la recuperación del tiempo a que se refiere el inciso anterior, quedará a salvo el derecho a que se refiere el artículo 323 del Código del Trabajo.

Artículo 41

Para agregar al artículo 41 del proyecto, después del guarismo "1969" la frase: "y siguientes".

Artículo 42

Para reemplazarlo por el siguiente: Artículo 42.- Facúltase a los respectivos habilitados del Ministerio de Educación Pública para que a partir del mes siguiente a la publicación de la presente ley y por un plazo de cuatro meses descuenten del total de las remuneraciones del personal auxiliar dependiente del Ministerio de Educación Pública, de la planta, a contrata y a jornal, que expresamente lo autoricen para ello, hasta un dos por ciento (2%) para ser destinado a la adquisición de un bien raíz que será el "Hogar Nacional de la Asociación Nacional de Empleados de Servicio de Educación "ANESE".

Al término de los 4 meses a que se refiere el inciso anterior este descuento no podrá exceder del 0, 5% del total de las remuneraciones mensuales de dicho personal por concepto de cuotas sociales. De este porcentaje, el Consejo Directivo Nacional da "ANESE" deberá participar a las Directivas Provinciales el 65%.

Lo que se recaude mensualmente por la aplicación de este artículo, será remitido a la Tesorería General de la República, la que lo pondrá a disposición de la Directiva de la "Asociación Nacional de Empleados de Servicio de Educación "ANESE" por medio de una cuenta especial que abrirá Tesorería a nombre de esa organización gremial.

Artículo 43 Suprimirlo.

Artículo 44 Suprimirlo.

Artículo 45 Suprimirlo.

Artículo 46

Reemplazar la expresión "40 meses" por "24 meses".

Artículo 47

Suprimirlo.

Artículo 48

Para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 48.- Restablécense, a contar del 1º de enero de 1969, a los funcionarios del Servicio de Tesorería, los derechos provenientes de la aplicación de los artículos 59 y siguientes del Párrafo IV del Título II del D. F. L. Nº 338, de 1960, y que perdieron a raíz del encasillamiento a que dio lugar el artículo 83 de la ley Nº 16. 464. "

Artículo 49 Para suprimirlo.

Artículo 51 Para suprimirlo.

Artículos nuevos

Artículo…- Declárase que la referencia que hace la letra b) del artículo 219 de la ley Nº 16. 840 al inciso penúltimo del Nº 14 del artículo 1º de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, dice relación con el impuesto que grava a los documentos necesarios para efectuar operaciones de importación y que en dicho número se contiene.

Sustituyese el guarismo "2%" por "3%", correspondiente a la tasa que grava a los documentos necesarios para efectuar operaciones de importación, a que se refiere el inciso anterior.

"Artículo...- Facúltase al Presidente de la República para promulgar el texto de la ley de Impuesto al Patrimonio, que se contiene en el Título II de la presente ley, en forma separada, dándole la numeración de ley que corresponda. "

Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 12. 120, sobre impuesto a las compraventas y servicios:

Agrégase al inciso 2º del artículo lº, después de la palabra "aves, " la expresión "alimentos para aves" seguida de una coma (,).

Agrégase al inciso 3º del artículo lº, la siguiente letra nueva:

"f) Juguetes mecánicos de fabricación nacional con movimiento a cuerda, eléctricos o a vapor. "

Agrégase al final de la letra g) del inciso 5º del artículo l°, suprimiendo el punto y coma (;) la palabra "importados", seguida de un punto y coma (; ).

Agréganse en la letra a) del Nº 1 del artículo 18, después de la palabra "papas, " las expresiones "cebollas, ajos, ", seguidas de una coma (,).

Artículo.- Las rentas de las sociedades de profesionales que tributen con el impuesto de Segunda Categoría de la ley de Impuesto a la Renta estarán exentas del impuesto del 5% establecido en el artículo 20 del D. F. L. Nº 285, de 1953, y sus modificaciones.

Artículo...- El Reglamento do Contabilidad Agrícola, contenido en el decreto supremo Nº 3. 090, de 11 de agosto de 1964, seguirá vigente para establecer la renta efectiva de la actividad agrícola, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20, Nº 1, y 75 de la ley de Impuesto a la Renta, modificados por la presente ley. Dicho Reglamento deberá ser modificado por el Presidente de la República, a fin de contemplar en él las enmiendas introducidas por la presente ley a la ley de Impuesto a la Renta, manteniéndose en todo caso las normas sobre revalorización del capital propio que se establecen en el Título V del referido Reglamento.

Artículo…- Auméntase del 34, 65% al 39, 65% la tasa de impuesto a que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la ley Nº 15. 564.

Artículo...- Interprétase el artículo 12 de la ley Nº 16. 773, de 23 de marzo de 1968, en el sentido de que el precepto que establece debe agregarse a continuación del inciso 5º del Nº 14 del artículo lº de la ley Nº 16. 272, de 4 de agosto de 1965.

Artículo.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, y sus modificaciones posteriores:

1.- Sustituyese en el inciso primero del Nº 10 del artículo lº, el guarismo "Eº 0, 40" por "Eº 0, 60".

2.- Reemplázanse los incisos agregados al Nº 10 del artículo lº por la letra a) del artículo 219 de la ley Nº 16, 840, pollos siguientes, que pasarán a constituir el Nº 10 A del artículo lº.

"Nº 10 A.- Los protestos de cheques por falta de fondos o por cuenta cerrada cuando el cierre de la cuenta se hubiere producido con posterioridad al giro del cheque, estarán afectos a un impuesto de un 1% del monto del cheque, con un mínimo de Eº 10 y un máximo de 2 sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago.

Será primer responsable del pago de este tributo el banco librado, quien lo enterará mediante órdenes mensuales de ingreso en Tesorería, debiendo en todo caso dejarse constancia en cada acta de protesto del monto del impuesto correspondiente. El banco librado sólo podrá cobrar el valor del impuesto al girador, sujeto del tributo, y estará facultado para cargarlo en su cuenta. No regirá exención alguna, respecto de este impuesto, sea que esté establecido en ésta o en otras leyes.

La Superintendencia de Bancos y el Servicio de Impuestos Internos dictarán las normas que sean necesarias para la aplicación y control de este tributo. "

Artículo...- Sustituyese el texto del inciso 2º del Nº 4 del artículo 4º de la ley Nº 16. 272, de 4 de agosto de 1965, por el siguiente, que pasará a ser artículo 4º bis:

En los actos o contratos sujetos a impuesto proporcional en que no exista base definitiva para regular el impuesto, éste se aplicará por la apreciación jurada que los contratantes deberán hacer del monto de la convención en el respectivo documento.

Si el monto del acto o contrato resultare superior a lo declarado en la apreciación jurada, el impuesto correspondiente a la diferencia deberá ser enterado en arcas fiscales dentro del plazo de diez días, contado desde el momento en que exista base imponible determinada.

En todo caso, el tributo quedará sujeto a revisión durante toda la vigencia del acto o contrato y el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 200 del Código Tributario sólo empezará a correr desde la fecha de expiración del respectivo acto o contrato.

Artículo...- Autorízase la liberación de los derechos e impuestos percibidos por la Aduana, a todo chileno que haya sido contrato por la Empresa Hambornes Ber-ghan Aktiengeselkschaft Schtanlage Hohberg, de Alemania, en conformidad al Convenio suscrito entre la República Federal Alemana y el Gobierno de Chile, que regrese al país al término de su contrato, del menaje de casa usado, herramientas y útiles para el oficio adquiridos durante su permanencia en el extranjero por un valor que no exceda del 40% de su sueldo anual.

La internación de las especies a que se refiere el inciso anterior se autoriza sin cobertura, registro ni depósito.

El retiro de la mercancía que se señala en el presente artículo, podrá hacerse por el interesado como equipaje no acompañado, presentando un certificado emitido por el Ministerio del Trabajo en que conste haber cumplido con el contrato de trabajo mencionado en el inciso primero.

Artículo...- Los ingresos determinados por la aplicación de esta ley deberán destinarse, conjunta o separadamente con la provisión para reajustes que establezca la ley de Presupuestos para 1969, a financiar los gastos de cargo fiscal derivados de los aumentos de remuneraciones y de asignación familiar de los personales, activos y pasivos, del sector público.

"Artículo...- Declárase de carácter permanente la disposición contenida en el artículo 5° transitorio de la ley Nº 15. 575, a contar desde 1968. "

Artículo...- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 20 de la ley Nº 13. 039:

19) Agréguese en el inciso segundo la siguiente letra c):

"c) Mercaderías de importación permitida en el resto del país, siempre que se establezca, por decreto fundado expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que la producción de las zonas no comprendidas en esta ley es insuficiente para el abastecimiento normal del país. En estos casos quedarán gravadas con el 75% de los derechos e impuestos que afectan a la materia prima o partes empleadas en su producción. "

2°) Sustitúyase en el inciso tercero las palabras "este último caso" por las palabras "estos últimos casos".

3º) Sustituyase en el inciso séptimo las palabras "las letras a) y b)" por las palabras "las letras a), b) y c".

Artículo...- Prorrógase por 30 días, contados desde la fecha de publicación de la presente ley la facultad concedida al Presidente de la República por el inciso 2º del artículo 94 de la ley Nº 16. 840.

Los sueldos mínimos mensuales para los periodistas informados por la Comisión a que se refiere el mencionado inciso segundo del artículo 94 de la ley Nº 16. 840, fijados por el Presidente de la República, entrarán en vigencia el lº de diciembre de 1968.

Artículo.- Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo 160 del D. F. L. 251, de 20 de mayo de 1931:

El retardo en el pago de los aportes para el mantenimiento de la Superintendencia a que se refiere el inciso anterior estará afecto al interés penal señalado en el artículo 53 del Código Tributario, el que ingresará a rentas generales, salvo hasta la cantidad anual de 20 sueldos vitales anuales, escala A), del Departamento de Santiago, que incrementará los fondos del Departamento de Bienestar del Personal de la Superintendencia.

Artículo...- Autorízase al Director de la Casa de Moneda de Chile para fijar la planta Paratécnica y dar cumplimiento con ello a las leyes Nºs. 15. 467, 15. 944 y 16. 386 sobre la base de transferir personal actualmente en funciones en calidad de a jornal a dicha planta, sin la exigencia del artículo 14 del D. F. L. 338 de 1960.

En ningún caso el monto de la remuneración imponible de dicho personal podrá ser inferior a la renta imponible que tuvieren en el momento de ser transferido de planta. Toda diferencia entre esta última renta y la que resultare al efectuar los encasillamientos se continuará pagando en planilla suplementaria con cargo a los recursos del artículo 7º de la ley Nº 9. 856.

El 55% del costo de la planta Paratécnica se financiará con cargo al presupuesto de jornales de la Casa de Moneda de Chile y el 45% restante será de cargo de los recursos del artículo 7º de la ley 9. 856, para cuyo efecto el Director de la Casa de Moneda de Chile podrá, trimestralmente girar en forma global de Tesorería hasta dicho 55%, para abonarlo a la cuenta corriente del artículo 7º ya citado, que se mantiene en el Banco Central de Chile.

El personal de la planta Paratécnica tendrá todos los derechos y beneficios de los empleados de la Casa de Moneda de Chile.

Artículo...- Reemplázase a partir del lº de julio de 1969, el inciso lº del artículo 99 de la ley Nº 16. 617 por el siguiente:

"Las remuneraciones fijadas en los artículos lº y 11, sólo serán imponibles en el 70% del monto fijado en los mencionados artículos. El 30% restante de dichas remuneraciones constituirán una asignación no imponible a beneficio de los funcionarios y sobre ella no se calculará ningún beneficio establecido en el Estatuto Administrativo o en otras disposiciones legales vigentes, con excepción del derecho al sueldo del grado superior y gratificación de zona. "

Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16. 528 de diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y seis sobre estímulo a las exportaciones:

Agrégase en el inciso tercero del artículo 59, a continuación de la expresión "o de almacenes particulares", la siguiente frase: "o de cualquier otro régimen aduanero especial".

Reemplázase en el artículo 79 la frase "valor FOB o CIF y en ningún caso podrán exceder del 30% de dichos valores", por las siguientes: "precio de la mercadería en la parte que no incluya los fletes; seguros; comisiones; impuestos; intereses; o cualquier otro gasto en el extranjero. Los porcentajes de devolución a que se refiere el inciso anterior no podrán exceder del 30% de los precios así determinados".

Reemplázase en el inciso 39 del artículo 89 la frase "al valor FOB o CIF de la mercadería, según corresponda", por la siguiente: "el precio determinado en conformidad al inciso primero del artículo 7. ".

d) Suprímese el artículo 9º.

"Artículo...- Reemplázase el artículo

245 de la ley Nº 16. 617, por el siguiente: "No obstante lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5º de la ley Nº 16. 528, el Presidente de la República podrá disminuir los porcentajes de devolución a la exportación de determinados productos, si se comprueba que durante el lapso transcurrido desde la dictación del último decreto que otorgó o modificó dichos porcentajes, el tipo de cambio aplicable a la liquidación de los retornos de las exportaciones, ha experimentado un aumento superior al índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos durante el mismo período. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior a la diferencia aritmética entre ambos factores.

"Establecida la primera modificación de los porcentajes de devolución de acuerdo con el presente artículo, el Presidente de la República podrá proceder a las posteriores en cualquier momento, en la forma y condiciones que esta disposición señala.

"Los decretos que se dicten en conformidad a este artículo, deberán llevar las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, y entrarán, en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial".

Artículo.- Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 5º de la ley Nº 14. 949, pasando el actual tercero a ser inciso cuarto:

"Sólo con autorización del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile podrán pagarse en moneda extranjera las remuneraciones correspondientes a contratos de trabajo celebrados en dicha moneda".

Artículo...- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 16. 272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, el guarismo "Eº 0, 001" por "1%".

Artículo...- Agrégase a continuación del inciso tercero del artículo 33 de la ley Nº 15. 840, reemplazado por el artículo 20, letra b) de la ley Nº 16. 521, el siguiente inciso:

"Para los profesionales con título universitario, los sueldos de los grados lº al 13 se fijarán estableciendo desde el grado 14, determinado en la forma dispuesta en el inciso anterior, en forma ascendente, una diferencia porcentual de 15% hasta el grado 69, inclusive, y 6% entre el grado 6º y lº, inclusive. Para gozar del derecho a que se refiere este inciso no bastará la sola inscripción en el Colegio respectivo".

Agrégase al final del inciso cuarto del artículo 41 de la ley Nº 15. 840, lo siguiente:

"Sin embargo, dichas normas podrán - otorgar esta asignación al personal que ingrese al Servicio mientras no tenga calificación!”.

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 71 de la ley Nº 15. 840:

"Intercálase a continuación de la palabra "movilización", suprimiendo la coma (,), la frase "y de responsabilidad"; y reemplázase la frase "a aquellos funcionarios cuyo trabajo requiera el uso de vehículos y que no utilicen los de propiedad fiscal", por "siéndoles aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 41 de la presente ley".

"Facúltase al Presidente de la República para que, a contar desde el lº de enero de 1969, dentro del plazo de noventa días y por una sola vez, fije las remuneraciones del personal profesional de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el objeto de nivelarlas a las del personal profesional de la Dirección General de Obras Públicas y sus Servicios dependientes.

"Asimismo, quedará facultado para fijar, dentro del mismo plazo, las remuneraciones del personal profesional con título universitario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de nivelarlas a las de sus similares del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. "

Artículo...- Facúltase al Presidente de la República para que proceda a incorporar a las Plantas del Servicio de Impuestos Internos al personal que sirve actualmente a contrata y para modificar los escalafones en la siguiente forma:

A.- Escalafón de Abogados.- Incorporar a los actuales funcionarios con título de abogado ubicados hasta la 5ª categoría, para lo cual se crean treinta y siete cargos.

Crear en 3ª categoría cinco cargos que serán ocupados por los actuales Abogados de Secciones Regionales de 4ª categoría siempre que se encuentren calificados en lista de Mérito y hayan desempeñado sus funciones por más de un año.

Crear cinco cargos de 4ª categoría para designar a los integrantes del Consejo de Ahogadores.

B.- Escalafón de Inspectores.- Eliminar como requisito de ingreso el "título de abogado".

Crear en 3ª categoría cinco cargos de Jefe de División de Procesamiento y cinco de Jefes de División Administrativa, en los cuales se encasillarán a los funcionarios de 4ª categoría que actualmente desempeñan esas funciones y siempre que lo hayan hecho por más de un año y se encuentren calificados en lista de Mérito.

Crear, además, cincuenta cargos grado 1?.

C.- Escalafón de Tasadores.- Fijar como grado de ingreso el grado 1º.

Crear tres cargos de 4ª categoría y diez de 5ª. En dos de los cargos de 4ª categoría serán encasillados los empleados de más antigüedad de la 5ª categoría que se encuentren actualmente desempeñando funciones en el Departamento de Avaluaciones.

D.- Escalafón de Técnicos Ayudantes.- Crear treinta cargos de grado lº y eliminar igual número en el 5º. Encasillar en los treinta cargos que se crean a los empleados que tengan mayor antigüedad en la Administración Pública, considerando en ella el tiempo reconocido para los efectos de la jubilación.

Establecer que el grado 1º de este escalafón constituye el "grado máximo" para los efectos previsionales.

E.- Escalafón de Máquinas de Contabilidad y Estadística.- Crear un un cargo de 4ª categoría denominado "Jefe Operación de Equipo".

Encasillar en los grados 3º, 4º y 5º de la Planta Directiva, Profesional y Técnica a los actuales funcionarios de la Planta Administrativa, previo un curso cuyos requisitos y condiciones fijará el Director del Servicio.

Suprimir los cargos de los últimos grados de la Planta Directiva, Profesional y Técnica que en el futuro deje vacantes el personal de Perforadores, Verificadores

o de otra actividad no especializada. El personal que posteriormente ingrese al Servicio en esas calidades deberá hacerlo en grados de la Planta Administrativa, a medida que las necesidades del Servicio lo requieran.

F.- Escalafón de Asistentes Sociales.- Ubicar al actual personal en 6ª y 7ª categoría y grado lº.

G.- Escalafón de Oficiales.- Incorporar a los 218 funcionarios contratados para trabajos generales del Servicio, siempre que reúnan los requisitos de ingreso.

Crear treinta cargos en 5ª categoría.

Permitir designar a los contratados para trabajos del Rol Unico Tributario en las vacantes que se produzcan en este escalafón, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso.

H.- Planta de Servicios Menores.- Incorporar a esta Planta a 96 funcionarios contratados y crear ocho cargos de grado 2° y trece de grado 3°.

Disposiciones Generales:

Con motivo de la incorporación de funcionarios a las Plantas del Servicio y creación de cargos se le faculta además para:

1.- Modificar el número de cargos de las categorías y grados de los diversos escalafones, los cuales se proveerán de acuerdo con las normas legales que rigen los ascensos, salvo cuando se trate de las excepciones expresamente señaladas en este artículo. Por esta facultad no se podrá variar el número total de cargos de las Plantas del Servicio, sin perjuicio de las modificaciones que, al respecto, se contemplan en esta Ley.

2.- Dictar una disposición que permita dejar reservas de postulantes en los concursos para ingreso al Servicio.

3.- Fijar la norma de integración de los funcionarios con título de abogado al escalafón de Abogados.

4.- Permitir que funcionarios sin título puedan optar a determinados cargos en su respectivo escalafón.

5.- Los cargos de Químico Visitador y de Químico Asesor pasarán al escalafón de Inspectores con las denominaciones de Inspector Visitador de 3ª categoría y Jefe de Sección Regional de 4ª, respectivamente, los que serán servidos por los mismos funcionarios que ocupan aquellos cargos en la actualidad. Se considerará para todos los efectos legales que los títulos universitarios que estos funcionarios poseen constituyen requisito para el ingreso al escalafón de Inspectores.

6.- Eliminar del Estatuto Orgánico y Plantas del Servicio todas aquellas referencias al Escalafón de Químicos. La aplicación de este artículo no podrá significar eliminación de personal, disminución de sus remuneraciones o desmejoramiento en su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficios que les confieren los artículos 59, 60 y 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Las modificaciones dispuestas por este artículo deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días y tendrán vigencia a contar desde el 1º de enero de 1969.

"Artículo...- Interpretando lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Impuesto a la Renta vigente, declárase que el concepto de "adeudados" que se emplea en dicha disposición se refiere al momento en que el pago de la deuda es exigible por el acreedor de acuerdo con los términos del respectivo contrato o convención.

Lo dispuesto en este artículo no afectará a las cantidades que el Servicio de Impuestos Internos hubiere aceptado como gasto del contribuyente con anterioridad al año o ejercicio comercial 1968, mediante instrucciones generales, dictámenes o resoluciones. "

"Artículo...- Los contribuyentes tendrán derecho a un crédito contra el impuesto Global Complementario respecto de las rentas provenientes exclusivamente de la actividad de la construcción que, como dueños o socios, hubieren obtenido en empresas constructoras acogidas al D. F. L. Nº 2, de 1959, siempre que dichas rentas se mantengan capitalizadas por lo menos durante 5 años en la respectiva empresa en la forma y condiciones que determine el Presidente de la República.

Para determinar el crédito se calculará el porcentaje que dentro de la renta bruta global corresponda al 50% de las rentas de la construcción. Este porcentaje se aplicará al impuesto Global Complementario calculado conforme al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, y constituirá el crédito a que se refiere este artículo.

Artículo...- Los bonos o debentures que se emitan en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 16. 813, no podrán ser recibidos por la Tesorería General de la República en pago de impuestos, tributos, derechos, gravámenes o servicios de los que se perciben por las Aduanas, sea en moneda nacional o extranjera, mientras tales bonos o debentures no se encuentren vencidos".

Artículo...- Declárase que a partir del 1? de enero de 1968, el reajuste establecido en el inciso 1º del artículo 18 de la Ley 16. 840, se aplicará a las planillas suplementarias que percibe el personal del Instituto Bacteriológico y el personal proveniente de la ex Caja de Seguro Obligatorio que se encuentran incorporados a las plantas del Servicio Nacional de Salud. En igual forma serán reajustados todas las planillas suplementarias de que goza el personal de ese Servicio, no afecto a la Ley 15. 075.

Artículo...- Durante el año 1969 continuarán vigentes para el personal del Servicio Nacional de Salud las bonificaciones establecidas en el inciso 3° del artículo 18 de la Ley 16. 840, reajustadas en el mismo porcentaje que se reajusten para ese año los sueldos de ese personal, y en la misma forma y condiciones que establece dicho precepto legal.

Artículo...- Reemplázase el inciso 1º de la Ley Nº 15. 076, modificada por el artículo 17 letra a) de la ley Nº 16. 840, por el siguiente:

"Artículo 7º-El sueldo mensual por cada hora diaria de trabajo será de Eº 353".

Artículos transitorios Artículo 2° transitorio

Para reemplazar la letra b) por la siguiente:

b) El artículo 4º, que contiene las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, tendrá la siguiente vigencia:

1.- Regirán desde el día primero del mes siguiente al de publicación de la presente ley, afectando a los hechos que ocurran a partir de dicha fecha, las modificaciones de los números 1, 2, 3, 11, 12, 15 respecto de los incisos primero y segundo del artículo 38 que se contiene en este número, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 Nº 2, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46 y 47.

2.- Regirán a contar del año tributario 1969, afectando por consiguiente las rentas percibidas o devengadas durante el año calendario o comercial 1968, las modificaciones de los números 4, 5, excepto el inciso segundo de la letra b), 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 excepto letra e), 15 respecto del inciso tercero del artículo 38 que se contiene en este número, 18, 19, 21, 23, 29 y 31.

3.- Regirán a contar del año tributario 1970, afectando por consiguiente las rentas percibidas o devengadas durante el año calendario o comercial 1969, las modificaciones de los números 5 inciso segundo de la letra b), 32 Nº 1, 34, 41, 42 y 44.

4.- Regirá a contar del año tributario 1968, la modificación del Nº 14, letra e).

Para reemplazar la letra c) por la siguiente:

c) Los artículos 22 y 24 regirán a contar del año tributario 1969.

Artículo 3° transitorio

Para agregar, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), la siguiente frase:

"salvo las contenidas en los Nºs. 7, 8 y 9 del artículo 7 de la presente ley, que regirán a contar de la fecha de publicación de esta ley. '.

Para agregar los siguientes artícelos transitorios:

Artículo 4º transitorio.- El impuesto a los cheques cuyo nuevo monto se fija en esta ley, estará afecto durante el año 1969, al reajuste contemplado en el artículo 36 de la Ley Nº 16. 272, aun cuando la presente ley sea publicada con posterioridad al 31 de diciembre de 1968.

Artículo 5º transitorio.- La exención del impuesto del 5% en favor de la Corporación de la Vivienda que se establece en esta ley para las sociedades de profesionales, regirá a contar del año tributario 1970.

Artículo 6º transitorio.- El aumento de tasa establecido en esta ley del impuesto a que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la ley Nº 15. 564, regirá a contar del año tributario 1969.

Artículo 7º transitorio.- El crédito contra el impuesto Global Complementario que establece en esta ley respecto de las rentas obtenidas por dueños o socios de empresas constructoras acogidas al D. F. L. Nº 2, de 1959, regirá a contar del año tributario 1969.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el veto del Ejecutivo al número 9 del artículo 8º suprime lo aprobado por el Congreso Nacional, que consistía en establecer que las casas-habitaciones o departamentos habitados por sus dueños, con un avalúo fiscal de hasta 25 sueldos vitales anuales quedarían exentas del impuesto patrimonial.

Esta indicación no es nuestra; por lo tanto, no nos hacemos responsables plenamente de toda su redacción. No obstante, creemos que es conveniente mantenerla para que, posteriormente el Ejecutivo la limite o reglamente, porque en nuestra opinión es realmente conveniente que la casa-habitación de una persona modesta, como puede ser un empleado o un profesional, esté liberada del impuesto patrimonial, cual es el espíritu del proyecto.

Nada más.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el veto del Ejecutivo, en esta parte, tiene por finalidad eliminar una palabra, la expresión "mínima" en la frase que dice que se presume de derecho que la renta mínima de dichos bienes -o sea, los bienes raíces agrícolas- es igual al 10% de su avalúo fiscal.

A mí me parece que en la forma en que lo despachó el Congreso está mejor cautelado el interés fiscal y el interés nacional; porque, en este caso, se trata de predios agrícolas explotados por sus propietarios o usufructuarios, que no sean sociedad anónima, para los cuales se presume de derecho una renta igual al 10% del avalúo fiscal. Creo que esta presunción debe ser una presunción mínima. De esta manera, -repito- está mejor cautelado el interés fiscal.

Por eso, vamos a votar en contra del veto.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, este inciso que ha vetado el Ejecutivo, originado en el Senado, obliga a los propietarios de bienes raíces agrícolas avaluados por el Fisco en más de 50 sueldos vitales a llevar contabilidad agrícola.

Sobre la contabilidad agrícola, recordamos que ya en tiempos del señor Alessandri se venía hablando de que se iba a aplicar; pero, en el hecho, pasó toda la Administración Alessandri y la medida fue dilatada año tras año y nunca se aplicó. Lo mismo ha venido ocurriendo durante el Gobierno del señor Frei, en que también se ha dicho que es una cosa justa llevar contabilidad agrícola.

Sin embargo, en la práctica, esto se ha suspendido por diversas razones. Por ese motivo, entonces, se originó la indicación en el Senado.

Ahora el Gobierno veta esta disposición y quiere limitar la contabilidad agrícola sólo para efectos muy restringidos. Dice el Ejecutivo que esta contabilidad servirá para los fines de justificar sus inversiones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes vigentes y suprime la parte aprobada por el Congreso en que se establecía que, si estos propietarios agrícolas obtenían utilidades superiores al 10 ó al 4% del avalúo, debían pagar impuesto por la renta efectiva que percibieran.

Nos parece que este artículo debió haber sido despachado como lo aprobó el Congreso por ser más conveniente para el interés nacional y no favorece a grandes terratenientes que poseen enormes propiedades cuyos avalúos son superiores a 50 sueldos vitales anuales. Nos parece que siendo grandes terratenientes deben llevar contabilidad para todos los efectos tributarios y demás.

Nada más.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, el artículo 21 que ha sido modificado por el Ejecutivo viene a sustituir al artículo 21 de la ley Nº 15. 564 que establece un trato tributario especial para aquellos comerciantes minoristas, pequeños agricultores, artesanos y pequeños industriales en relación con la poca cuantía del movimiento que realizan sus negocios. Se establece en el artículo 21 de la ley Nº 15. 564 que todo comerciante cuyo capital no sea superior a seis sueldos vitales anuales deberá tributar no en la tasa de primera categoría, sino en la de segunda categoría, esto es, como si se tratara de un obrero o de un empleado.

La modificación que el Ejecutivo ha hecho a este artículo 21 sustituyéndolo por el que estamos viendo faculta al Director del Servicio Nacional de Impuestos Internos para fijar la renta líquida imponible para estos comerciantes en un porcentaje sobre las ventas o ingresos brutos, conforme al estudio de la rentabilidad de cada grupo de actividades.

El artículo aprobado por el Congreso califica quiénes eran comerciantes minoristas o agricultores, artesanos o industriales pequeños, y esta calificación la relacionaba con la cuantía de su capital, que se establece aquí en 25 sueldos vitales anuales en vez de los 6 vitales anteriores. Ahora, el Ejecutivo ha eliminado del artículo 21 la frase "no superior a 25 sueldos vitales anuales", dejando entonces este artículo sin una limitación. Nosotros estimamos que esto es perjudicial, especialmente para los sectores de contribuyentes modestos que pueden no ser considerados en la disposición del Director del Servicio Nacional de Impuestos Internos y sí puede favorecerse, sin esta limitación, a aquellos contribuyentes de un capital mucho más; elevado que estos 25 sueldos vitales anuales.

Creemos que el veto es malo. No ayuda ni beneficia a los pequeños contribuyentes. Se trata de una facultad que se otorga al Director del Servicio, en contraposición a una disposición imperativa, como es el artículo 21 de la ley Nº 15. 564.

Nosotros vamos a rechazar el veto para que se mantenga la disposición que establece que son comerciantes minoristas, pequeños agricultores, pequeños industriales y artesanos, aquellos cuyo capital en giro no sea superior a los 25 sueldos vitales anuales.

Nada más.

El señor VALENTE.-

Pero el veto realmente crea mayores dificultades a la Dirección de Impuestos Internos en cuanto a fiscalización, porque si no se menciona un monto para establecer quiénes son los que se van a beneficiar con esta disposición, simplemente cualquier comerciante, con cualquier capital, puede perfectamente acogerse a este beneficio. Por lo demás, el señor Ministro sabe, como Jefe de los Servicios, que la Contraloría General de la República no interviene en estos problemas de orden tributario, sino que es una norma o facultad que ejerce el Ministro de Hacienda por intermedio del Servicio de Impuestos Internos. Además nosotros creemos que el hecho de que no se limite el monto del capital de los contribuyentes que se van a acoger a este sistema va a prestarse para muchos abusos y muchas arbitrariedades. Creemos, además, que esta disposición puede constituirse en una especie de extorsión para los comerciantes minoristas, porque no tenemos muy claro, cuál es la intervención del Gobierno con respecto a la disposición del artículo 21, al no fijar el monto del capital en 25 sueldos vitales. En todo caso, creemos que debe haber un límite, porque eso va a señalar cuál es realmente el tipo de contribuyentes que puede acogerse a este beneficio tributario.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, nosotros queremos insistir en este artículo, porque consideramos que es uno de los más importantes de este proyecto de ley y, aún más, de toda la legislación tributaria, ya que él afecta, diría yo, sin riesgo de equivocarme, a más de doscientos mil contribuyentes. ¿Cuál va a ser el trato para estos doscientos mil contribuyentes? Ellos no van a saber, de ahora en adelante, cuál será el impuesto que pagarán, porque esto será fijado por la Dirección de Impuestos Internos a diferencia de la demás legislación que establece cuánto es lo que se paga por un impuesto determinado. ¿Qué significa esto? El Gobierno dice que lo va a fijar sobre la base de las ventas por grupos. Es decir, va a tomar, por ejemplo, el rubro venta de ropa usada, y como tiene que fijar un impuesto lo hará sobre la base de un promedio de ventas. Pero resulta que no es lo mismo lo que gana un comerciante del mismo giro que otro que tiene un menor capital y que se dedica a la misma actividad. Uno vende más, el otro menos; uno tiene más ganancias y el otro menos. Probablemente van a pagar el mismo impuesto, lo cual es injusto.

En segundo lugar, se establece un sistema engorroso, porque cada contribuyente tendrá que andar detrás de Impuestos Internos, llenando formularios y papeleos para acogerse a una disposición que lo favorezca. Estos doscientos mil pequeños comerciantes no disponen de tiempo, tienen que pagar y van a verse obligados a contratar personal que los asesore para ver cuál artículo del reglamento los favorece. A mí me parece que esto creará sencillamente un problema para el propio Gobierno. Va a ocurrir lo mismo que ya pasó con la renta mínima presunta hace tres años, en que se desencadenó un tremendo movimiento de los pequeños comerciantes del país, porque tenían que estar acogiéndose individualmente, esperando semanas que el Servicio dictaminara y, sobre todo, sometidos a toda clase de tramitaciones.

A mí me parece sumamente peligroso y queremos salvar nuestra responsabilidad, diciendo que estamos en contra de todo el artículo y, todavía más, del veto; porque él agrava más el problema dándose manga ancha en esta materia. Puesto que, incluso, ya ni siquiera se va a establecer que esto sea para el pequeño contribuyente, sino que, por el contrario, pueden ser hasta los grandes, porque contribuyentes con un capital superior a 25 sueldos vitales podrían acogerse a este sistema, lo que contradice el espíritu de la ley. Hay gente que va a pagar; gente que va a pagar mucho; gente que va a pagar poco; y gente que no va a pagar nada, creándose distintas situaciones y quedando ello sólo al arbitrio de los funcionarios.

Por eso, nosotros vamos a votar en contra del veto.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, yo tengo cierta aprensión sobre este problema y le solicitaría al señor Ministro de Hacienda que, si él estima oportuno, aclare lo más posible este asunto, que se relaciona con esta cantidad no superior a los 25 sueldos vitales anuales. Porque, en verdad, creo que esta disposición del artículo 21 es extremadamente importante para este numeroso sector de contribuyentes, como son los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores, los pequeños industriales y los artesanos, los cuales quedan, gracias a él, extraordinariamente favorecidos en cuanto a la tributación. O sea,

se trata de una disposición de origen en el Ejecutivo, extremadamente favorable para este inmenso sector de pequeños comerciantes y de personas que tienen una situación difícil en cuanto a su actividad productora...

El señor CADEMARTORI.-

¡Explíquelo!

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Honorable señor Cademártori!

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Por eso, me permito solicitar al señor Ministro de Hacienda que nos dé la explicación del caso, porque yo, lo digo leal, honesta y limpiamente, tengo la impresión de que es mejor que quede esto limitado a 25 sueldos vitales anuales, y no en la forma como está establecido en el veto. Por eso sería conveniente que el señor Ministro de Hacienda tuviera la gentileza de explicar a la Sala, porque creo que, así como yo, puede haber muchos parlamentarios, especialmente de la Democracia Cristiana, que tienen dudas respecto de este problema.

Nada más, señor Presidente.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el Ejecutivo veta la disposición que voy a leer: "Rehabilitase en la totalidad de sus derechos a los funcionarios de dicho Servicio -se refiere al de Tesorerías de la República-, que se hayan visto privados de parte o del total de sus asignaciones en virtud de medidas disciplinarias o administrativas dictadas a consecuencia de la mencionada paralización, y todo ello, desde la fecha en que dicha privación de derechos fue decretada".

Nos parece que esta disposición aprobada por el Congreso era y es absolutamente justa, porque favorece a funcionarios del Servicio de Tesorerías sancionados por participar en un movimiento de carácter económico y social, en procura de mejores condiciones de vida.

Por tal motivo, no nos parece justo que el Ejecutivo haya vetado esta disposición e insista en sancionar a funcionarios que no han cometido otro delito que defender a sus compañeros para conquistar mejores condiciones -como decía- de trabajo y económicas.

Por eso, los Diputados comunistas votaremos en contra de este veto, que consideramos absolutamente injusto.

Nada más.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a insistir en el artículo 27 primitivo del Congreso, que concede amnistía a los funcionarios del Servicio de Tesorerías de la República, que paralizaron sus labores los días 26 y 27 de marzo de este año.

Creo que con las sanciones de distinto tipo que ya se han aplicado a dicho personal, está bueno.

La verdad es que estas personas no hicieron otra cosa que luchar, como corresponde a gremios organizados, por defender sus legítimos derechos, por hacer ver a los Poderes Públicos que los funcionarios de Tesorería y otros personales de la Administración Pública, que realizan labores de primerísima importancia, también tienen derecho a tener cierto grado de preferencia en cuanto a sus sueldos y jornadas de trabajo.

De ahí que creemos que está fuera de foco, de toda lógica y de comprensión a este tipo de movimientos, la actitud del Gobierno, que se expresa en la supresión pedida por el Ejecutivo al inciso segundo de este artículo.

Por lo tanto, los socialistas, convencidos de que estamos haciendo justicia al personal de Tesorería, insistiremos en el artículo primitivo y rechazaremos, rotundamente, las observaciones formuladas por el Ejecutivo, que tienden a suprimir este inciso segundo.

El señor BASSO.-

Señor Presidente, es sólo para anunciar los votos de los Diputados del Partido Radical en contra de este veto del Ejecutivo.

Nos parece un acto de injusticia vetar el inciso segundo del artículo 27, porque el movimiento de los funcionarios de Tesorería obedeció, como todos sabemos, a una petición de mejoramiento económico lógico y justo, dado el trabajo excesivo y las bajas rentas que gana este personal, que hasta aquí ha sido postergado. Es una incongruencia del Ejecutivo, porque mientras por un lado da aprobación al inciso primero del artículo 27, que otorga amnistía legal, por otro, niega las asignaciones a que este personal tiene derecho.

Por lo tanto, porque estimamos que este veto es una incongruencia, una abierta injusticia e incomprensión de parte del Gobierno y de la Democracia Cristiana, los Diputados radicales votaremos en contra.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, el artículo 28 ha sido vetado por Su Excelencia el Presidente de la República con una norma sustitutiva que no satisface, de ninguna manera, a los personales que trabajan en Correos y Telégrafos. La disposición que aprobó el Parlamento fue, prácticamente, la resultante de las gestiones de entendimiento que se efectuaron entre los representantes del Gobierno y los dirigentes de la Asociación Postal Telegráfica. De acuerdo con esas gestiones prestamos nuestra aprobación al artículo 28, según el cual se establece: "No estará afecto a las disposiciones del artículo 144 del D. F. L. Nº 338, de 1960, el personal de Correos y Telégrafos, durante el período comprendido entre el 21 de junio al 10 de julio de 1967 y 27 de marzo al 28 de mayo de 1968.

"El tiempo no trabajado por dicho personal, en las fechas indicadas, será devuelto con horas extraordinarias de acuerdo al reglamento que dictará el Director Nacional de Correos y Telégrafos. '

O sea, señor Presidente, lo que quisimos fue, simplemente, no aplicar el artículo 144 del Estatuto Administrativo a este personal, que estuvo en una huelga que constituye para ellos un legítimo orgullo por la fuerza organizativa y la fiereza con que plantearon al Gobierno sus puntos de vista por normas y actitudes adoptadas, especialmente, por algunos dirigentes como los ejecutivos del servicio, sobre todo, su Director General y dos funcionarios de Correos y Telégrafos, que van a pasar a la historia de Correos y Telégrafos, que van a pasar a la historia como los personajes más torvos que haya tenido esa institución durante su larga existencia, los señores Oscar Herrera y Miguel Pizarro, a quienes hemos fustigado desde esta tribuna parlamentaria, porque además de ser saltarines en el escalafón, han realizado toda clase de actitudes para perjudicar a sus compañeros.

Señor Presidente, ¿cómo se aprobó este artículo? Tanto en la Cámara como en el Senado, en conformidad con el pronunciamiento de los señores democratacristianos, no habría podido aprobarse si no hubiese concurrido la voluntad de ellos, desgraciadamente mayoritaria aún. Ellos votaron favorablemente este artículo; otro tanto hicieron los señores Senadores de Gobierno en la Cámara Alta. Esperamos, entonces, que en esta disposición, que ha sido el fruto de las gestiones, de las negociaciones y de los acuerdos entre dirigentes del Servicio y personeros del Gobierno, no de la Oposición -ya que el Gobierno entregó su asentimiento para que se aprobara- los representantes de la Democracia Cristiana actúen del mismo modo como actuaron antes, o sea, rechazando el veto del Ejecutivo, porque éste no fue el espíritu que guió a los representantes cuando realizaron todas estas negociaciones.

Señor Presidente, pareciera que entre la disposición aprobada por el Parlamento y el veto del Ejecutivo no hubiera una gran diferencia; pero la hay, y muy' grande, porque si aprobamos el artículo 28, de inmediato se suspenden los descuentos que se le están haciendo al personal de Correos y Telégrafos por los días no trabajados. Además, no son días que no se trabajaron porque no quisieran los compañeros de Correos y Telégrafos, sino que son el producto de una de las huelgas más heroicas que se ha desarrollado en Chile y Latinoamérica, la más larga en el mundo entero, realizada por personales de Correos y Telégrafos. Fue aquélla que tuvimos aquí en los jardines del Congreso Nacional, cuando las mujeres de Correos y Telégrafos realizaron una huelga de hambre, que conmovió al mundo entero, y que ha sido citada como ejemplo de resistencia, esfuerzo, organización y sacrificio de las mujeres trabajadoras en favor de sus compañeros, de sus maridos, de sus simples compañeros de lucha en ese Servicio. Después de aquello, cuando se paralizó aquella huelga, porque se convino en algunos términos para solucionar el conflicto, el Congreso Nacional les hizo justicia a estos personales, que ya han sido muy sancionados, muy deteriorados en sus bajísimas remuneraciones, porque los descuentos por estos días no trabajados, que para ellos constituyen un timbre de legítimo orgullo, aparecen en sus planillas mensuales Y ellos dicen: "Si hicimos un esfuerzo tan grande, si nos sacrificamos, tanto y si nuestras mujeres estuvieron en huelga de hambre, ¿por qué, en vez de premiarnos o por lo menos pagarnos lo que ganamos, mensualmente nos descuentan estos días en que nos sacrificamos y dimos un ejemplo a la clase trabajadora con nuestro tremendo esfuerzo?" para terminar con esta situación, incomprensible en un trabajador de Correos y Telégrafos, el Congreso Nacional, ambas Cámaras, con los votos democratacristianos, aprobaron el artículo 28.

Ahora, ¿qué ocurre? Que el Ejecutivo veta el artículo y lo reemplaza, lo sustituye por otro. ¡Inocente sustitución! Pareciera que es justo el concepto que aquí se emplea cuando se dice: "El personal de Correos y Telégrafos deberá compensar con trabajos realizados en horas extraordinarias, de acuerdo con un reglamento que dictará el Director Nacional del Servicio, los descuentos que se efectúen por el tiempo no trabajado. "¿Cuál es la diferencia? Que con el artículo 28 aprobado por el Congreso, los descuentos que se están haciendo se suspenden de inmediato. Con el veto del Ejecutivo, se van a seguir haciendo. Empezará, entonces, una compensación a medida que se vaya trabajando extraordinariamente; pero, de todos modos, las remuneraciones bajas de estos personales van a seguir siendo cercenadas con los descuentos que se están haciendo. De manera que hay una gran diferencia. En cambio, la norma aprobada por el Congreso no les regala, no les condona a esos personales los días no trabajados; también los obliga a trabajar, pero sí suspender de inmediato los descuentos.

En seguida, se dice en el veto: "... de acuerdo con un reglamento que dictará el Director Nacional del Servicio,... ¿Qué confianza le merece al personal de Correos y Telégrafos, con excepción de los señores Oscar Herrera y Miguel Pizarro, saltarines en su escalafón, que el señor Director del Servicio vaya a ser el árbitro, el que dicte el reglamento, cuando fue el responsable de haberse producido esta tremenda y dramática huelga, que conmovió al continente latinoamericano con la huelga de hambre de las mujeres que estuvieron aquí, en nuestro Congreso Nacional? No puede haber confianza. Es colocar de nuevo una banderilla a estos personales, que esperaban que como consecuencia del advenimiento de las fiestas navideñas y del Año Nuevo pudiera el Congreso hacerles justicia a ellos, que realizaron tanto sacrificio en favor de todos los compañeros.

Además, viene aquí el caso insólito de que con el veto del Ejecutivo, como se van a trabajar horas extraordinarias para pagar estos tiempos que no trabajaron antes, van a salir también favorecidos los "krumiros" que traicionaron el movimiento y que estuvieron en contra de los compañeros mientras estos mantenían su huelga.

Por estas consideraciones, que son humanas, que son de justicia, que son de entrega total y absoluta a lo que nosotros hemos venido sosteniendo con relación a éste y otros personales, no podemos dejar de advertir estos hechos, para que el Honorable Congreso, haga, simplemente, lo que hizo antes. No va a cambiar en nada. Si aprobó antes el artículo 28, permitiendo que a estos trabajadores, de inmediato, no les sigan haciendo estos descuentos, bueno, el Congreso tiene que ser consecuente y no variar. Sé que los señores Diputados de Gobierno a veces son requeridos por el Ejecutivo para que acompañen su política económica; pero aquí no se trata de planteamientos de orden económico ni de orden financiero, aquí no se trata de problemas de orden presupuestario ni de grandes concepciones dentro de la teoría económica y política del Gobierno. Aquí se trata, simplemente, de que el Ejecutivo pretende pedirles a los señores Diputados de Gobierno que aprueben un criterio de injusticia social en contra de estos personales.

Sé que muchos colegas de la Democracia Cristiana han estado en contacto directo con estos personales. Sabemos de la intervención que tuvo el Diputado señor Sanhueza en todas estas gestiones. Si esto antes lo aprobamos, no podemos ahora desaprobarlo, ni ser inconsecuentes con lo que ya hicimos.

Por ello, los Diputados radicales vamos a votar en contra de este veto, y requerimos a la Honorable Corporación que haga otro tanto, para hacerles justicia a estos trabajadores, que están angustiados mirando cómo vamos a actuar respecto a esta esperanza, a esta posibilidad que nosotros les entregamos cuando aprobamos el artículo 28, por cuya insistencia vamos a votar en esta ocasión.

Nada más.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el artículo 28 que aprobó el Congreso Nacional, está destinado a hacerles justicia a los trabajadores de Correos y Telégrafos, quienes tuvieron que hacer dos movimientos, uno, del 21 de junio al 10 de julio de 1967, y otro, del 27 de marzo al 28 de mayo de 1968, en defensa de sus justas remuneraciones y reivindicaciones. Por eso el Congreso aprobó esta disposición. Además tenemos que decir que a este acuerdo concurrieron también, en ambas ramas, los parlamentarios de la Democracia Cristiana.

El artículo 28 tiene por finalidad eximir a este personal de las sanciones que establece el artículo 144 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960. Por este decreto, que regula el estatuto de los funcionarios, los compañeros de Correos y Telégrafos han sido sancionados con la pérdida de sus remuneraciones e incluso con otras sanciones establecidas en la misma disposición.

Por eso, al terminar ese conflicto y resolverse de la manera como lo planteaban los personales de dicho Servicio, realmente no había razón alguna para continuar con una verdadera persecución en contra de ellos.

Ahora, lo que el Ejecutivo hace en su veto es entregar en las manos del Director del Servicio, un reglamento por medio del cual se va a compensar con horas extraordinarias el tiempo no trabajado por dichos personales. Ellos están dispuestos a devolverlo con horas extraordinarias, pero, a la vez, lo que quieren, con toda razón, es quedar eximidos de las sanciones que establece el estatuto funcionario. Esas sanciones no han sido establecidas en ese decreto para perseguir a los movimientos huelguísticos.

Nosotros sabemos muy bien que, a pesar de que en este Gobierno se ha prometido muchas veces permitir la sindicalización de los funcionarios públicos, el hecho concreto es que esto nunca se ha llevado a la práctica. Cada vez que parlamentarios da Izquierda han tratado de que en alguna ley se legisle de manera que estos personales puedan hacer sus movimientos, conforme lo hacen los trabajadores del sector privado, conforme al derecho a huelga que ellos tienen reconocido, siempre se han encontrado o se han estrellado con la oposición intransigente de los personeros del Gobierno, que, con diversos pretextos, se han opuesto a que se legisle en definitiva sobre esta materia. Y hay que recordar que el Gobierno ha firmado un convenio internacional, el de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se reconoce expresamente que los trabajadores del sector público, e incluso de los servicios de utilidad pública, tienen derecho de formar sus organizaciones sindicales y de plantear sus movimientos reivindicativos.

De esta manera, pues al vetar el Ejecutivo esta disposición, está persiguiendo a los trabajadores del Servicio, les está impidiendo ejercer un derecho, como es el de huelga, al cual deben tener acceso todos los trabajadores del país.

Por la brevedad del tiempo de que disponemos, no daremos argumentos. Pero creemos que para ser consecuentes con la aprobación de este artículo, debe ser rechazado el veto del Ejecutivo.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, quiero fijar con extraordinaria claridad la posición que me ha correspondido en el estudio de este veto del Ejecutivo y, al mismo tiempo, en todo el transcurso tanto de la huelga misma como de las gestiones realizadas posteriormente para hacer realidad un compromiso que se adquirió por parte del Gobierno y del partido, a través del Diputado que habla, con el gremio.

Ese compromiso solamente fue sobre la huelga del año 1968. Como le consta al Presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, y al compañero de la CUT, no se incluyó en él la huelga anterior, sino solamente: a del año 1968. En la sesión del 20 de agosto de este año, ¡o dejé también expresamente en claro.

El veto que en este momento se discute creo que cumple el compromiso del Ejecutivo con el gremio, ya que, a través del texto se establece que los días no trabajados por la huelga van a ser compensados en horas extraordinarias. Esta fue una petición del gremio: poder compensar, en horas extraordinarias, el tiempo no trabajado con motivo de la huelga. Ellos no aceptaron jamás -y prueba incluso la entereza y la honradez de sus planteamientos- que se compensaran en otra forma los días no trabajados.

Por lo tanto, el único problema que se tuvo fue el referente a que esto debía hacerse a través de los descuentos que se efectuaban por el tiempo no trabajado. En ese sentido, aun encontrando razón a la parte gremial, creo que las seguridades que han dado tanto el Gobierno como el Director del Servicio, en una reunión sostenida el día de hoy en la sede de nuestro partido, permiten afirmar que los compañeros de Correos y Telégrafos obtendrán el equivalente exacto a los días no trabajados, a través de horas extraordinarias, horas extraordinarias que tampoco van a disminuir las que habitualmente tienen, porque ha quedado muy en claro que el régimen vigente en la actualidad les permite conservar en proporción los mismos montos que serán descontados, ya que, como muy bien saben los estimados colegas, las horas extraordinarias tienen un valor superior a las horas ordinarias de trabajo. Por lo tanto, partiendo de un pequeño cálculo, si se tuvieran que devolver en el mes 20 horas extraordinarias, para cubrir lo que en el mes debiera descontarse bastaría prácticamente con un 50% de ellas.

Por eso, pienso que la observación del Ejecutivo cumple y garantiza el acuerdo de compensar con horas extraordinarias de trabajo los días de huelga del movimiento de este año. El movimiento anterior nunca fue considerado dentro del acuerdo en que a mí me tocó intervenir; en segundo lugar, según me han informado, ya se encuentra cancelado por los compañeros trabajadores.

Ahora, el Partido de Gobierno, y en este caso el Diputado que habla, con la autorización de la directiva, da garantías suficientes...

El señor MELO.-

¡La directiva no!

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Melo!

El señor SANHUEZA.-

... para decirles a los trabajadores que la compensación será exactamente la misma que los descuentos en su valor, que no les van a ser deteriorados sus ingresos mensuales y que pueden estar tranquilos, porque en la misma forma en que se hará el descuento se hará también la compensación, en su valor exacto en horas extraordinarias.

Nada más, señor Presidente.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, con las palabras del Diputado Fernando Sanhueza, ya está resuelto, diríamos, dilucidado el resultado final de este veto. Sabemos que, naturalmente, va a ser favorable al Gobierno.

Pero creemos indispensable decir algunas palabras con respecto a este artículo 28, que, a pesar de las palabras del DiputadoSanhueza, es mucho más claro, mucho más taxativo, y también contempla todas las soluciones, que tanto favorecen al Gobierno como al Servicio y a los propios trabajadores. Es mucho más claro y más amplio, y está plenamente aceptado por los trabajadores de Correos y Telégrafos, el artículo 28 primitivo de la Cámara de Diputados. En cambio, el veto que lo sustituye, enviado por el Ejecutivo, sencillamente deja al arbitrio de un personaje, el Director General de Correos y Telégrafos, la solución de este problema, personaje -Diputado compañero Sanhueza- que fue uno de los grandes culpables de ese movimiento tan justo que se llevó a cabo por estos esforzados trabajadores de Correos y Telégrafos.

El señor SANHUEZA.-

Muchas gracias, estimado colega. Quiero hacer solamente una observación.

El artículo 28 primitivo...

El señor PHILLIPS.-

Dice lo mismo.

El señor SANHUEZA.-

... dice lo mismo. En el inciso segundo dice: "El tiempo no trabajado por dicho personal, en las fechas indicadas, será devuelto con horas extraordinarias de acuerdo al reglamento que dictará el Director Nacional de Correos y Telégrafos". Esta indicación fue hecha en el Senado; así es que no veo por qué ahora se duda de la seriedad que podría tener en su aplicación el Director, y no se dudó anteriormente. Es el mismo personaje.

Muchas gracias.

El señor PALESTRO.-

El artículo 28 primitivo del Congreso contiene todas las posibilidades favorables a todos los sectores y al propio Gobierno, a la propia Dirección, a los trabajadores. ¿Por qué esquivar el bulto a decir las cosa como corresponde decirlas, francamente, abiertamente? Por una razón muy sencilla. Sentimos una profunda estimación y respeto por el DiputadoSanhueza y, en consecuencia, nosotros podríamos hacer fe en sus palabras, pero no podríamos hacer lo mismo con las palabras del Director de Correos y Telégrafos. Nosotros estuvimos viviendo, minuto a minuto, las alternativas de ese esforzado conflicto y vimos que, justamente, uno de los principales culpables de que se prolongara en demasía fue el Director General de Correos y Telégrafos, quien se dejó "mangonear" por dos "krumiros" que fueron expulsados del gremio y fueron culpables de que este conflicto se prolongara tanto, en circunstancias que los trabajadores y el Gobierno en cierta manera, a través de personeros como el señor Sanhueza, también buscaban una solución.

El señor LAVANDERO.-

Con ocasión de la discusión de una ley anterior aquí en la Cámara, este Diputado se comprometió a que se les compensarían los días no trabajados con horas extraordinarias. En conjunto con la directiva, recurrimos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda para hacer efectivo el compromiso que yo había suscrito aquí en la Cámara de Diputados, compromiso que se cumplió, porque se traspasaron los fondos correspondientes a los días no trabajados entre el período del 21 de junio al 10 de julio de 1967. Se traspasaron mediante decretos internos a los ítem de horas extraordinarias y obligaciones pendientes. En un trabajo bastante concienzudo con la directiva obtuvimos estos pagos. De tal manera que mal podría, en esta oportunidad, legislarse planteando que se devuelvan fondos que ya están devueltos. Esa es la única diferencia, señor Presidente y Honorable Camara.

El señor PALESTRO.-

Claro. El problema que nosotros sostenemos es, más que nada, de confianza.

Aquí exponemos la decisión de un gremio frente a la palabra "chueca" de un director de servicio que, sencillamente, fue el principal culpable -y acaso podríamos sindicarlo como el auténtico y único gestor- del movimiento huelguístico. Por lo general, cuando hay directores de servicios que no son reacios a las sugerencias de su personal, no suceden estos conflictos. Pero cuando un personaje como el Director de Correos y Telégrafos no solamente se cierra, sino que además impone su propia voluntad a la de las autoridades de Gobierno, a pesar de las palabras de seguridad que nos da el Diputado Sanhueza, los Diputados socialistas no podemos hacer ninguna fe en la palabra de ese director, y de ninguna manera apoyaríamos una gestión ante el Director del servicio de Correos y Telégrafos.

Por otro lado, mientras se habla de la paz social, se culpa a la Izquierda en todos los titulares de prensa, de Gobierno y de la Derecha, que es la misma cosa. Titulares "copuchentos" de La Nación dicen hoy que el comunismo "busca destruir política antiinflacionaria para crear miseria popular". Tratan de crear la opinión de que los elementos de Izquierda andamos "revolviéndola", creando conflictos, promoviendo huelgas, haciendo paros o manifestaciones callejeras.

Pero, en el fondo, ¿qué significa este artículo del Ejecutivo que sustituye el primitivo? Significa, sencillamente, que el propio Gobierno está revolviendo el cuchillo en la herida al personal de Correos y Telégrafos. Si hay el deseo de arreglar el problema así, en sordina, en las oficinas de Correos y Telégrafos, bajo la buena o mala voluntad del Director de Correos, -que dependerá de si amanece con la vesícula en buenas o malas condiciones- que se diga claramente. Todos estamos de acuerdo en eso. Creemos, por lo menos en el caso del Diputado Sanhueza, que existe la intención de arreglar el problema. Entonces, ¿por qué no lo hacemos derechamente? Arreglarlo derechamente significa votar por la insistencia en el artículo 28.

¿Para qué andamos con subterfugios, para qué andamos con cositas que nadie las entiende? Lo mejor que puede hacer un parlamentario -por algo tenemos alguna responsabilidad- es plantear las cosas derechamente, buenas o malas, sin posiciones de media agua o medias tintas. Sencillamente hay que ir al grano. Así creemos los socialistas que deben darse las cosas. Una de las maneras de demostrar que se está con el personal de Correos y Telégrafos es, justamente, rechazar el veto del Ejecutivo.

En este mismo instante hay en el espíritu de todos los hombres del mundo, en vísperas de las fiestas de Pascua y Año Nuevo, el ánimo de deponer las armas. En cierto modo, el hombre va dejando la lucha permanente por las cosas que cree justas o nobles, para dar paso, por lo menos, a una semana de paz y tranquilidad. La única manera que tiene el Gobierno para dar una demostración de paz social es hacer un llamado de conciencia al Director de Correos y Telégrafos. El personal necesita estar tranquilo y saber que el Gobierno va a arreglar su problema; no pueden seguir con esta espada colgando sobre sus cabezas, con esta amenaza a sus planillas de sueldo. Y en esto ustedes tienen más responsabilidad que nosotros, porque no somos católicos; ustedes van a. misa, comulgan y se confiesan.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Resulta, entonces, que tienen más obligación de conciencia que nosotros, que andamos en busca de la paz social, y ustedes dicen que la "revolvemos". De ahí, señor Presidente...

Un señor DIPUTADO.-

¡Monaguillo!

El señor PALESTRO.-

Fui monaguillo cuando no tenía conciencia ni criterio. Ahora que tengo conciencia, no puedo ser monaguillo.

-Risas en la Sala.

El señor PALESTRO.-

Si usted sigue siendo monaguillo, si usted sigue siendo sacristán y sigue pegándose con un ladrillo en el pecho, no es cuestión mía.

Por eso anuncio, en nombre de los socialistas, que vamos a rechazar rotundamente, por "chueco", este veto enviado por el Ejecutivo, y vamos a insistir en el artículo 28 primitivo del Parlamento.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, yo creo que entre el artículo 28 y el nuevo artículo propuesto por el Ejecutivo como veto hay diferencias fundamentales.

Desde luego, en el primitivo artículo 28 se estableció que los funcionarios que fueron a la huelga no estarían afectos a la disposición del artículo 144 del decreto con fuerza de ley Nº 338. Al suprimir eso, significa que todavía este gremio puede ser sumariado por haber faltado a sus obligaciones sin la autorización de sus jefes. El inciso primero ponía a cubierto de cualquier situación que se pudiera presentar a este personal, porque la segunda huelga se ha producido hace algunos meses no más. De manera que si al Director se le ocurre iniciar sumario a esta gente, de acuerdo con el artículo 144, por haber faltado a sus funciones, esa instrucción de sumarios está perfectamente autorizada por el veto que se propone. Por eso la Cámara aprobó el inciso primero, para poner a cubierto a este personal ante cualquier eventualidad.

En seguida, señor Presidente, en el último inciso se estableció una cosa muy importante. Dice que "las Tesorerías Provinciales procederán a los pagos que correspondan en virtud de este artículo contra la sola presentación de las planillas respectivas". ¿Qué significa esto? Quisiera preguntarle al señor Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Con todo gusto.

El señor FUENTES (don Samuel).-

A los funcionarios se les está descontando. Si se aprueba este artículo 28 tal como viene, van a pagar los descuentos con horas extraordinarias, mientras que la fórmula propiciada por el Ejecutivo va a significar que los funcionarios van a seguir siempre sometidos a los descuentos. De eso se los quiso poner a cubierto y por eso se aprobó así la disposición en la Cámara y en el Senado, para dejarlos a cubierto de cualquier posibilidad de deterioro que pudieran experimentar por haber mantenido una huelga tan justa.

Un parlamentario de Gobierno, el colega señor Sanhueza, al comprender que esa huelga era justa, intervino para buscarle una solución. Y acaba de decir el señor Lavandero que en la huelga del año pasado también intervino, porque sencillamente era justa. Como era justa, defendimos también a los funcionarios de Correos y Telégrafos. Y si ahora queremos solucionar sus problemas, debemos aprobar el artículo tal como fue aprobado por el Congreso. Contiene algunos excesos, pero es claro. En cambio, el propuesto en el veto del Ejecutivo no cubre el deterioro de los descuentos que se están realizando ni los posibles sumarios, porque, repito, el artículo 144 faculta al Director y a los jefes del Servicio para iniciar sumarios al personal en el momento que quieran, por haber faltado a sus labores sin la autorización respectiva. Por eso, estamos con el artículo 28.

Nada más, señor Presidente.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, quiero levantar un cargo que se ha hecho en contra del Director de Correos y Telégrafos. No soy su amigo personal y lo conozco poco. Pero la verdad es que cuando se tomó el compromiso de pagar con horas extraordinarias los días no trabajados, fue el propio Director de Correos y Telégrafos quien, alternándose día por medio con la directiva, pidió que yo interviniera ante el Ejecutivo y el Partido Demócrata Cristiano. De tal tal manera que la razón de desconfianza que hoy día pudiera surgir, en esa fecha ni siquiera fue planteada por los interesados. El mayor impulsador para devolver los días no trabajados, por la vía de las horas extraordinarias, fue el propio Director de Correos y Telégrafos. Por eso, de mala manera se expresan en la Cámara estos conceptos, sobre todo en contra de una persona que ha favorecido al personal.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sólo para dar respuesta al colega Samuel Fuentes.

En la intervención que me cupo, quedó bien en claro que no se tomarían represalias en contra del personal que fue a la huelga. Y así ha sucedido. Desde mayo hasta ahora no se han hecho sumarios ni perseguido a nadie. Incluso, aquí hay muchos colegas que pueden atestiguar la diligencia del parlamentario que habla para solucionar de inmediato cualquiera situación. Si no se tomaron represalias en esa oportunidad, no creo que ahora sea el momento de hacerlo.

En segundo lugar, el inciso tercero pierde su valor desde el momento que la huelga de 1967 ya fue cancelada. Y los días de huelga del año 1968, a expresa petición del mediador, se iban a empezar a descontar desde enero de 1969. Por lo tanto, no han sido descontados. No hay nada que devolver...

El señor BASSO.-

Están descontando los días de huelga del año 1968.

El señor SANHUEZA.-

No, señor Diputado. Está equivocado. Se terminaron de descontar los del año 1967.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA.-

Está en un error. Y si insiste en su error, estoy dispuesto a probarle lo contrario...

El señor STARK (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados dirigirse a la Mesa.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, los días de huelga del año 1968 no se han descontado. Empezarán a descontarse desde el mes de enero. Los descuentos que se hagan, en valores reales, incluso en cuanto a los intereses que en ese momento se indiquen, van a ser compensados inmediatamente, en el mismo mes, por planillas de horas extraordinarias, que, como digo, tampoco van a afectar a las que habitualmente tienen los compañeros de Correos.

Por eso, creo, en primer lugar, que el Gobierno va a cumplir con este compromiso; en segundo lugar, que todos los ingresos de los compañeros de Correos no van a ser lesionados en la medida en que esto se cumpla. Mi partido ha garantizado, en presencia del Presidente señor Er-nol Flores, el fiel y oportuno cumplimiento de la disposición consagrada en la ley, que como digo, puso punto final a un conflicto.

Nosotros llegamos a un compromiso de caballeros, el que felizmente se ha cumplido. Así como el 20 de agosto lamenté que el Gobierno hubiera faltado a una parte de ese compromiso y voté a favor de este gremio, hoy en día, honestamente, creo que estamos cumpliendo y con esta disposición vamos a poner punto final a este episodio.

Nada más.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Nosotros confiamos de la palabra del colega Sanhueza, porque hemos observado que, aunque está en una trinchera distinta, es "derecho" en sus cosas y siempre sabe asumir su responsabilidad cuando empeña su palabra.

Pero, ¿qué dice aquí? ¿Por qué estamos en desacuerdo?

El artículo despachado por el Congreso dice en su inciso 2º que "el tiempo no trabajado por dicho personal, en las fechas indicadas, será devuelto con horas extraordinarias de acuerdo al reglamenta que dictará el Director Nacional de Correos y Telégrafos".

En cambio ¿qué dice el artículo propuesto por el Ejecutivo en su veto? Lo siguiente: "El personal de Correos y Telégrafos deberá compensar con trabajos realizados en horas extraordinarias, de acuerdo con un reglamento que dictará el Director Nacional del Servicio, los descuentos que se efectúen por el tiempo no trabajado en el período comprendido entre el 27 de marzo y el 8 de mayo de 1968".

Con respecto a este reglamento, nosotros tenemos dudas y desconfianza en el Director de Correos y Telégrafos. Ya nos ha pasado en otras oportunidades. Al Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional se le dieron facultades para reincorporar, en un plazo determinado, por lo menos a cuarenta o sesenta mecánicos especializados. ¿Qué es lo que ha sucedido? No los reincorporó, y ahora los está exonerando.

Además ¿por qué tenemos desconfianza en el Director de Correos y Telégrafos? Porque atropello la firma del DiputadoSanhueza y del Ministro, incluso, y procedió a trasladar a varios funcionarios, en aquella época, en diversas partes del país, aduciendo que sus servicios eran necesarios en otras.

Por ejemplo, al Director de Correos de Copiapó lo trasladó a Arica; y al de Arica, a La Serena. Y como estos funcionarios no eran democratacristianos, no tuvieron ninguna defensa. Por eso, tenemos desconfianza en el Director de Correos y Telégrafos. Pero no desconfiamos respecto de lo planteado por el colega Sanhueza. De ahí que vamos a votar de acuerdo con lo anunciado por el colega Palestro.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, ya llevamos más de una hora de discusión en esta observación, que parece un capricho del Ejecutivo. Y lo digo, porque en ambas disposiciones -la del Congreso y la del veto- figura "el reglamento que dictará el Director". En consecuencia, es estéril la discusión sobre la persona del Director de Correos y Telégrafos.

En seguida, viene el plazo. ¿Para qué se va a succionar de los sueldos determinadas sumas, cuando se van a reponer con horas extraordinarias? Entonces, resulta que el reglamento, en ambos casos, lo van a tener que dictar con cierta benevolencia, por cuanto si este personal trabaja ocho horas diarias y, además, se le mantienen las horas extraordinarias, van a tener diez horas de trabajo al día. Y si encima les van a hacer devolver estas sumas en horas extraordinarias de trabajo van a llegar a enterar doce horas diarias, jornada que es imposible para un ser humano.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ACEVEDO.-

¡El señor Phillips es más avanzado que ustedes!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Señor Palestro!

El señor PHILLIPS.-

Entonces, resulta que éste es un capricho. En consecuencia, como yo no creo en los acuerdos, ni en lo que se dijo o no se dijo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ACEVEDO.-

¿Y cómo llegó a un acuerdo con el señor Ministro?

El señor PHILLIPS.-

Yo voto de acuerdo con mi criterio, y no con el del Gobierno o con el de ustedes. Lo he demostrado y lo demuestro en cada proyecto. Ahora, si Su Señoría quiere que yo navegue en su barco, eso es imposible...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No! ¡No!

El señor PHILLIPS.-

... sobre todo, ahora que tienen un "negrero" a cargo del barco.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor STARK (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor PHILLIPS.-

Decía que ahora tienen un "negrero" a cargo del barco, que toma compromisos y no los cumple; que pacta y se olvida. Yo lo conozco desde hace varios años y sé que no se puede llegar a acuerdo con él.

Esto parece un capricho del Gobierno, que no se va a cumplir. Como los acuerdos no tienen validez legal fuera de los muros de este Congreso, estoy de acuerdo con la disposición que aprobó el Senado de la República.

Nada más.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, ya en la tarde nos decía el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que los conflictos generalmente se alargaban por la testarudez de los empresarios. En todo caso, si el conflicto o los conflictos de Correos y Telégrafos tuvieron una larga duración, ello no se ha debido a la testarudez de los funcionarios, sino del propio Gobierno; el cual, posteriormente, tuvo que reconocer su error, desde el momento en que entraron en entendimiento personeros del Gobierno con los dirigentes de Correos y Telégrafos. Por lo tanto, deben de haber estado en la razón los dirigentes cuando terminó el movimiento y, al final de cuentas, el señor Sanhueza, en representación del Gobierno, firmó un compromiso. Eso es lo que está en juego ahora.

Después, aquí se dice que los funcionarios no han comenzado a pagar. Y, por otro lado, el señor Lavandero nos dice que, en lo que respecta al movimiento del 21 de junio al 10 de julio de 1967, ya había sido cancelado. Pues bien, yo digo: ¿Para qué insistir si ha sido cancelado? ¿Qué problema tiene el Gobierno si no va a pagado de nuevo? Me figuro que no hay ningún problema.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite?

El señor OSORIO.-

Por otro lado, el problema es el siguiente...

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Osorio, el señor Lavandero le solicita una interrupción.

No desea ser interrumpido...

El señor OSORIO.-

A continuación.

Lo que interesa aquí es el encabezamiento del artículo 28, que dice: "No estará afecto a las disposiciones del artículo 144 del D. F. L. Nº 338, de 1980, el personal de Correos y Telégrafos... ".

¿Por qué es necesaria, en realidad, la aprobación de esta parte pertinente del artículo? Por una razón muy sencilla. Porque, en este momento, el personal de Correos y Telégrafos está, prácticamente en el aire. ¿Por qué? Porque el Director puede aplicar, en cualquier momento, lo dispuesto por el artículo 144 de dicho D. F. L. Nº 338, que dice:

"Los empleados deben desempeñar el empleo en forma permanente; no obstante, no estarán obligados a trabajar en días festivos o feriados, considerándose también como tales la tarde de la víspera de Pascua y Año Nuevo. Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrá percibirse remuneraciones, salvo en los casos de feriados, licencias o permisos autorizados en este Estatuto. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por 30, 60 y 210, respectivamente".

Pero aquí está lo más grave: "La infracción reiterada a lo establecido en esta disposición, sin causa justificada, será sancionada por el Jefe del Servicio con la petición de renuncia, previa investigación sumaria. "

Esto es lo que interesa. Si se mantienen las medidas que se adoptaron contra el personal de Correos y Telégrafos, en cualquier momento un Jefe de Servicio, por una falta cualquiera, puede aplicar este Estatuto y pedirle la renuncia al funcionario. Nosotros estamos peleando por esto, para que, ojalá, el personal de Correos y Telégrafos no esté "con la pistola al pecho", ya que por una nueva falta pueden aplicarle el Estatuto Administrativo.

Por otra parte, si en 1967 se les pagaron los emolumentos por horas extraordinarias, bueno, no los van a cobrar de nuevo. Ahora, si respecto del año 1968 todavía, como dice el señor Sanhueza, no ha comenzado a descontárseles, porque iba a efectuarse el descuento a contar de enero de 1969, ¿cuál es el problema para aprobar el artículo 28 despachado por el Congreso, que, en verdad, es más amplio? Indiscutiblemente, él favorece, como corresponde, a los funcionarios de Correos y Telégrafos. Lo que la mayoría del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, quiso, fue hacerle justicia a este personal de Correos y Telégrafos, cuyas mujeres dieron un ejemplo a Chile, especialmente a los "krumiros", para que alguna vez aprendan a amarrarse los pantalones como corresponde y, en vez de traicionar, luchar junto a sus compañeros. Las mujeres, aquí, afuera, nos dieron un ejemplo con una huelga de hambre, para que alguna vez este Gobierno se preocupara de la difícil situación económica en que se encontraban.

Por eso, consideramos que debe mantenerse el artículo 28, porque de ninguna manera el Fisco, y esto lo sabe el señor Sanhueza y lo sabe el señor Ministro de Hacienda, va a aportar ningún dinero de más, sino que solamente lo que se ha comprometido el Ejecutivo a pagar: los días no trabajados, con horas extraordinarias, trabajadas por los propios afectados.

Le concedo una interrupción al señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, solamente para explicarle al señor Osorio que son dos los procedimientos. Uno, el Estatuto Administrativo, que obliga a descontar los días de huelga. El descuento de los días no trabajados va, por supuesto, a una cuenta general. Lo que nosotros hemos propuesto es que se descuenten estos días de huelga; pero ese fondo, que va a una cuenta general, ha sido traspasado al pago de lloras extraordinarias. Si se pide la aplicación del artículo 28, como viene en el original del proyecto del Congreso, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que al haberse recibido ya una suma por concepto de horas extraordinarias, que no tiene por qué imputarse a los días no trabajados, habría que devolvérseles nuevamente los días de huelga por esta disposición, y tendrían que devolvérseles dos veces,...

El señor VALENTE.-

No.

El señor LAVANDERO.-

... una, a través de las horas extraordinarias; y la otra, a través de la vía de la inaplicación del artículo 144 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960.

Esta es una explicación clara y categórica. Y por más que el señor Valente diga lo contrario, así ocurrirá.

Nada más.

El señor OSORIO.-

Creo que no vale la pena continuar, porque, en realidad, en vez de aclarar la situación, el señor Lavandero creó una nueva confusión.

La verdad es que, en el fondo, tal como lo vengo repitiendo, de ninguna manera el Fisco va a pagar plata de más. Y de acuerdo con el reglamento que dictará el Director de Correos y Telégrafos -que es de exclusiva responsabilidad del Gobierno, no de nosotros- ese Reglamento será para no volver a pagar lo que ya se hubiese pagado. Por eso, me parece que está de más seguir discutiendo. Lo importante es...

El señor LAVANDERO.-

La disposición no obliga.

El señor OSORIO.-

... que la espada de Damocles no siga pendiente sobre los funcionarios de Correos y Telégrafos, pues la disposición del artículo 144 del Estatuto Administrativo, en cualquier momento, podría aplicarse por algún jefe de servicio.

Por eso, rechazaremos rotundamente el veto e insistiremos en el artículo 28, aprobado por el Congreso Nacional.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, me alegro de que el colega Osorio haya dado lectura al artículo 144 del D. F. L. Nº 338, que, seguramente, para muchos colegas era un tanto desconocido. La razón que hubo para aprobar el inciso primero fue dejar definitivamente a cubierto la situación funcionaría del personal de Correos y Telégrafos; porque no todo el tiempo tendrán la suerte de encontrar a mi estimado colega Sanhueza para que, interviniendo como Angel de la Guarda, ponga a más de algún funcionario a cubierto de un sumario administrativo. Por lo demás, él sabe que se han hecho traslados de funcionarios, ya que se le ha requerido en este carácter de Angel de la Guarda y no ha podido solucionar este problema. Así, por ejemplo, el colega señor Fuentealba le solicitó su intervención para impedir el traslado del funcionario señor Isaías Parada, desde Coquimbo a Arica; el del señor Horacio Adasme, desde Illapel a Baquedano.

El señor MUGA.-

Está feliz en Illapel.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Y, por último, en el de Carlos Toledo, desde Arica a Coquimbo; pero, como el señor Fuentealba no lo encontró a tiempo y con ánimo de intervenir, estos traslados se realizaron, como una sanción a la intervención que ellos tuvieron en esta huelga.

Por eso, queremos evitar que el colega Sanhueza le siga sirviendo de Ángel de la Guarda a los funcionarios de Correos y Telégrafos. Queremos ampararlos de esta disposición del Estatuto Administrativo y ponerlos a cubierto. Por eso, estamos de acuerdo con el inciso primero de esta disposición, la que ya fue aprobada por el Congreso Nacional. Como se señala con claridad, parece que la idea del Ejecutivo es seguir dejando a los funcionarios de Correos y Telégrafos en la posibilidad de que, en cualquier momento, por haber faltado a sus labores durante el largo lapso del 27 de marzo al 28 de mayo de 1968, o por cualquier circunstancia, pueda recibir una sanción sobre la base de un sumario. Y para que lo sepa el colega señor Sanhueza, voy a señalar aquí un caso producido en la Tesorería General de la República. Al año de que un funcionario estaba tramitando su jubilación, la que se paralizó en la Tesorería, el Jefe del Servicio lo dio como inasistente, le aplicó el artículo 144, le instruyó un sumario breve, le pidió la renuncia, y como este funcionario no la presentó, le declararon vacante su cargo.

Los parlamentarios no queremos que esto suceda. Y les ruego a los colegas de la Democracia Cristiana que dejen definitivamente tranquilo a este gremio, que sirve a toda la colectividad y a nosotros, en forma muy especial.

Luego, respecto al antecedente que da el señor Lavandero, que se señala en el oficio con que el Ejecutivo fundamenta su veto, se dice que ya está devuelto el jornal que se les había descontado entre el 21 de junio al 10 de julio de 1967. Pues bien, ese debió ser el veto. Si el Ejecutivo tenía una inquietud sana y santa, pudo haber vetado esa parte y nos habría dicho que lo hizo, porque ya pasó de oportunidad. Pero no sabemos por qué razón el Gobierno vetó los tres incisos, y sustituyó uno que no significa nada y que, por el contrario, deja a los funcionarios, seguramente, en manos de algún parlamentario de la Democracia Cristiana que tendrá que intervenir en cada caso para proteger al presidente de la asociación respectiva y a otros funcionarios que incurrieron en la falta de no asistir a su Servicio, desde el 27 de marzo al 28 de mayo de 1968.

Por ello, quiero rogarles a los colegas, especialmente al DiputadoSanhueza, quien es el que trae la resolución de obtener que el veto del Ejecutivo sea aprobado, que, consciente, con mucho, de la necesidad de actuar frente a la huelga de los funcionarios de Correos y Telégrafos, modifique su actitud de ahora. Le reconocemos su diligencia, porque sabemos que él puso término al drama que vivieron las mujeres, aquí, en el Congreso Nacional. Hoy le pedimos que cambie su criterio para dejar el artículo 28 tal como fue aprobado por el Parlamento.

El señor BUZETA.-

Señor Presidente, es sólo para solicitar algo que, seguramente, también lo pedirán de inmediato colegas de otros partidos: que el inciso tercero del artículo 29 se vote separadamente, porque en el inciso aprobado por el Congreso está más claramente especificada la intención que se tuvo, en el sentido de que se construyera un hospital en la comuna de Barrancas y se estableciera una posta de primeros auxilios en la comuna de Quinta Normal.

Como ya se cuenta en Barrancas con la donación de los terrenos y el apoyo de toda la comunidad para construir este edificio, solicito de la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para que este inciso tercero del artículo 29 se vote separadamente.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, en realidad, este hecho nos sorprende, porque esperábamos que este veto sustitutivo, que reemplaza al inciso tercero del artículo 29, se votara separadamente. El origen de este artículo es una indicación mía, en la que había dejado establecido que se diera prioridad a la construcción de una posta de primeros auxilios en Quinta Normal y del hospital de Barrancas.

La posta de primeros auxilios de Quinta Normal es una aspiración de muchos años de la comunidad, de veinte años a lo menos, y la gente ya está reuniendo los fondos para construirla. Nosotros hemos conseguido los terrenos y hasta el plano está aprobado por el Servicio Nacional de Salud. Como esta indicación tuvo por objeto, precisamente, solucionar un grave problema, asistencial, deseamos mantener el inciso tercero del artículo observado.

Ahora, como la Mesa estima que no se puede votar en esta forma, creo que... 

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, de todas maneras, queremos dejar constancia, en la historia de la ley, que esta indicación mía y que se constituyó en este artículo, fue justamente para establecer la posta de primeros auxilios en Quinta Normal, y construir el hospital en Barrancas, a fin de que el Servicio Nacional de Salud pudiera cumplir con el programa elaborado.

Por eso, esta disposición fue aprobada en el Senado; y aquí cuenta también con el apoyo de la gran mayoría de los Diputados democratacristianos. Ahora, no sé si pudiera pedirse por unanimidad que se votara separadamente...

El señor STARK (Vicepresidente).-

No es posible, señora Diputada.

La señora ALLENDE.-

Entonces, que quede establecido en la historia de la ley.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, a nosotros nos ha asombrado el veto del Ejecutivo al artículo que faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales -indicación mía también- para regularizar la situación de la población "Juanita Aguirre". Nosotros consultamos esto con don César Díaz, Subsecretario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, quien estuvo totalmente de acuerdo con esa indicación.

Esta población es de gente de muy escasos recursos, que ha dejado de pagar durante un tiempo no por no querer, sino porque no ha podido hacerlo, por el alza del costo de la vida, por la cesantía y enfermedades; además, la integra también un gran número de pensionados del Servicio de Seguro Social.

Nosotros normalizábamos la situación de estos pobladores, dejando el pago de estos dividendos para el final de la deuda total. El Ejecutivo, en realidad, no les da ninguna posibilidad, porque no les fija un plazo que permita, siquiera, poder pagar.

Por estas razones, nos vamos a oponer al veto.

El señor BUZETA.-

Señor Presidente, concuerdo con el planteamiento de mi colega; pero me asalta la duda de por qué en el artículo primitivo se habla solamente de "dividendos atrasados con anterioridad al 31 de octubre de 1968". Esto significa que también se perjudicarían quienes estuvieran atrasados hasta la promulgación de la ley, lo que no ocurre en caso de prosperar la observación del Ejecutivo. Esta la encuentro más aceptable, pues dispone que estos dividendos estarán prácticamente sometidos a los requisitos que exigirá la Corporación de Servicios Habitacionales para que también puedan ser pagados al final de la deuda contraída.

Si mantenemos la disposición como estaba primitivamente, saldrá perjudicada mucha gente, desde el momento que tiene como fecha el 31 de octubre de 1968.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, el principio que informa a esta modificación es, evidentemente, saludable; está llamada a resolver una situación que afecta a estudiantes, hijos de chilenos que se han visto obligados, por el desempeño de funciones o como becados, a residir en el extranjero. Pero la simple lectura de su texto permite ver una omisión.

Con la reforma educacional, hay en Chile ahora educación primaria, educación básica, de 2 años, y educación secundaria. Dentro de muy poco, el séptimo y octavo años, que tienen programas diferentes, van a ser desglosados de la educación primaria y de la secundaria. Habrá centros de educación básica, absolutamente marginados de los de primaria y secundaria.

Señor Presidente, ¿a qué cursos de éstos a que me estoy refiriendo, equivalen por ejemplo, los estudios de primero y segundo de la enseñanza media en otros países de América Latina? Yo quisiera que alguno de los Diputados que representan al Gobierno me diga en qué situación queda, qué pasa con una ley que dispone que para ser nombrado en propiedad en el Servicio Nacional de Salud, se necesita haber cursado cuarto año de humanidades. No se ha modificado esto; pero actualmente, ¿qué exige el Servicio Nacional de Salud para el ingreso o para la designación en propiedad del empleo? Nadie puede decir que exige, porque todo está cambiado, todo está trastornado. Se calcula, en esos casos, que "este curso" eso puede coincidir con "este otro", etcétera.

Hace pocos días, en el informe de la Comisión que investigó el asunto de la Colonia "Dignidad", se pide a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o a la de Educación Pública, que diga, en definitiva, cuáles son las disposiciones que rigen en materia de educación primaria, porque en un caso el Director abogado del Ministerio de Educación dice una cosa y la Directora de Educación Primaria, otra. Hay incongruencias, contradicciones.

Todo esto, ¿por qué pasa? Porque no se ha hecho por ley la reforma de la educación.

El señor PHILLIPS.-

¡Ahí está el problema! Tiene toda la razón.

El señor GODOY URRUTIA.-

En este momento, para seguir en la educación media hay que cursar ocho años, no seis, como antes. Para establecer la obligatoriedad de los seis años, hubo que dictar una ley. Ahora la obligatoriedad ha sido prolongada en dos años más. ¿Qué ley se ha dictado para ello? ¿Qué disposición rige? Por un decreto se ha violentado una ley, se ha derogado una ley. Yo quisiera saber quién ha dado esta facultad y a quién. ¿Cuándo el Congreso ha abdicado de lo suyo y ha permitido que el Ministro de Educación, con la firma del Presidente de la República, por la vía puramente administrativa del decreto elimine disposiciones que tenían vigencia legal hasta estos momentos en la Educación Pública? ¡Nunca!

Si en estos momentos se presentara una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación por lo que ha hecho y por el procedimiento seguido en materia de reforma de la educación no tendría salvación posible, ¡porque ni el mejor jurisconsulto podría darle patente de legalidad a lo establecido simplemente por la vía de un decreto! Esta es la realidad de lo que pasa en la educación, en nuestro país.

La idea contenida, en la observación es correcta, pero va a ser muy difícil asimilar, equiparar la validez de los estudios hechos en otros países, en vista de la modificación experimentada por nuestro sistema educacional por la vía del decreto.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Seré muy breve, señor Presidente.

En realidad, este veto significa hacer más amplia la posibilidad para los hijos de chilenos que estudian en otros países por cualquiera circunstancia, de que puedan hacer válidos sus certificados en Chile.

Yo creo que lo único que habría que hacer -por desgracia, reglamentariamente no se puede- es colocar, en reemplazo de lo que propone el veto, las palabras: "de chilenos", después de la frase: "obtenidos en el extranjero por los hijos", y, en esta forma, quedaría perfectamente bien. En cambio, aquí se reemplaza en el artículo la frase: "de funcionarios del Servicio Exterior y por los hijos de becarios chilenos en el extranjero" por la palabra "'chilenos".

Si hubiera asentimiento unánime en la Sala, porque la Cámara podría rectificarlo, o simplemente...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

¿No? ¿No se puede? Bueno; de todas maneras es más amplio el veto, porque esto no queda circunscrito sólo a los hijos de funcionarios chilenos del Servicio Exterior y de los becarios que estén en el extranjero, sino a cualquier chileno que se encuentre en el exterior. Así es que, en realidad, el veto es favorable y mucho más amplio.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a rechazar el veto enviado por el Ejecutivo. La verdad es que conocemos la situación de los personales de las municipalidades; en este caso especial, me imagino que no escapa a la regla la de Quinta Normal. Los que hemos sido alcaldes o regidores sabemos las condiciones en que se debaten los trabajadores municipales del país, al igual que todos los obreros y empleados en este Gobierno democratacristiano.

Pues bien, en este caso, un alcalde o una mayoría de regidores con sensibilidad ha estudiado la situación económica de este personal de la Municipalidad de Quinta Normal y ha comprendido que siendo obreros y empleados municipales también tienen la mala costumbre de comer y de vestirse. De ahí que nosotros creamos justificados plenamente los acuerdos adoptados por la Municipalidad de Quinta Normal con fechas 26 de octubre de 1960, 27 de octubre de 1961 y 26 de octubre de 1962, en relación con algunos aumentos de sueldos y salarios a su personal.

Por eso, votaremos en contra del veto del Ejecutivo a este artículo 37.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, la ley 16. 582, de fecha 24 de noviembre de 1966, o sea, tiene ya más de dos años de vigencia, establece en su artículo 10, inciso tercero, lo siguiente: "En los meses siguientes al indicado en el inciso lº, el descuento será de 0, 10, escudo, que se entenderá como cuota social de los Asociados de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a cuyo Directorio Nacional serán entregados por la Tesorería General de la República, en la forma señalada en el inciso 2º. " O sea, por esa disposición, cuya vigencia ya data de más de dos años, el Congreso Nacional y el Ejecutivo le entregaron a la ANEF la posibilidad de que se descontara la cantidad de 10 centésimos de escudos (cien pesos mensuales), a cada asociado.

Nosotros conocemos muy bien a esta organización gremial, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, a la que le entregamos, no hace mucho tiempo, la posibilidad de tener su propia casa, que está ubicada en la Avenida Bernardo O'Higgins, esquina de Manuel Rodríguez, que se ha transformado prácticamente en la casa de los trabajadores, ya no sólo fiscales, sino de todos los trabajadores que van allí para tener sus reuniones, analizar sus problemas y buscar solución a sus conflictos.

Permanentemente llegan delegaciones de funcionarios de otros países; van allí y son atendidos, y se tratan también problemas en el plano internacional. O sea, el Gobierno y el Congreso Nacional le hicieron justicia a este gremio cuando le dieron la posibilidad de tener su propio inmueble. Para financiar los gastos normales que tiene esta institución, y que son muchos, se le entrega esta cantidad reducidísima a la ANEF, de cien pesos por cada asociado para las funciones que la propia entidad permanentemente está realizando. El Congreso, en este proyecto, aumentó esta cantidad de cien pesos a la pequeñísima cantidad, según mi concepto, de quinientos pesos mensuales, o sea, una media lustrada, ya que la lustrada de zapatos hoy en día cuesta sobre un escudo y a veces más; o bien, cinco cajas de fósforos, ya que cada caja en la actualidad vale cien pesos. Sin embargo, el Ejecutivo, en el veto, más absurdo de todos los que hemos estado analizando, rebaja la cantidad de quinientos a doscientos pesos, o sea, de cinco cajas de fósforos las rebaja a dos. Esto es lo que el Ejecutivo quiere que cada asociado entregue a su entidad, que lo defiende en los sistemas de jubilación, de viáticos, en los desahucios, que lleva la iniciativa en la lucha gremial de todos los trabajadores del Estado chileno. Este Gobierno pretende que cada asociado le dé el equivalente a dos cajas de fósforos y todavía con el agravante de que será, según dice el veto, con el consentimiento expreso del empleado u obrero.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

¡Justo!

El señor MORALES.-

¿Cómo que justo? ¿Por qué en la ley anterior no hay discriminación? ¿Por qué ahora el Gobierno no sólo rebaja el aporte de quinientos a doscientos pesos, sino que exige el consentimiento del empleado u obrero, cuando nosotros sabemos que para que las organizaciones gremiales sean serias y responsables, todos los asociados deben cotizar a su entidad, que hace mucho por los derechos laborales de los mismos trabajadores? Esta disposición que Su Señoría dice que no es justa fue aprobada, a lo mejor, con su voto. Ella establece que «cada asociado le entregará la cantidad de quinientos pesos a su institución, que durante tantos años ha defendido al gremio de empleados fiscales; una organización por la que han pasado muchos colegas de la Democracia Cristiana. Incluso, algunos de ellos fundamentaron su campaña electoral como ex dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

La ANEF tiene prestigio internacional. Nosotros hemos comprobado que ella es respetada en los países latinoamericanos y en el mundo entero. Participó en la primera convención mundial de trabajadores estatales, donde presentó un proyecto de estatutos para los funcionarios del Estado que esta agrupación mundial hizo suyo por ser el estudio más completo que se propuso en ese torneo. Tuve el honor de representar a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en ese congreso, que se realizó en Viena hace 12 ó 14 años. Hemos podido conocer las grandes organizaciones sindicales de Europa y de los países socialistas, que tienen prestigio debido especialmente al apoyo que le prestan sus propios asociados, porque los gobiernos no ayudan con subvenciones especiales a estas instituciones. Pues bien, en el proyecto hemos dispuesto que cada empleado fiscal dé 500 pesos mensuales a su organización, que equivale a media lustrada, a cinco cajas de fósforos, a un cuarto de paquete de cigarrillos. En cambio, el Gobierno nos dice que es mucho 500 pesos y rebaja esta cantidad a doscientos pesos. Además, exige que esta erogación mensual, equivalente al valor de dos cajas de fósforos se haga con el consentimiento expreso de empleados y obreros, con lo cual pretende quebrantar la unidad sindical. Porque, aprovechándose de esto, muchos empleados partidarios de la política económica del Ejecutivo, para debilitar a su organización, que está luchando no contra el Gobierno, sino en favor de los trabajadores, van a negarse a entregar esta pequeñísima y casi miserable cantidad de doscientos pesos mensuales.

Este artículo aprobado por la Cámara y el Senado, abre una nueva esperanza, para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, pues le permite disponer de más fondos para el trabajo que debe realizar. Por otra parte, no deben olvidar Sus Señorías que la ANEF forma parte de la Central Única de Trabajadores, a la cual se han incorporado los democratacristianos en un congreso unitario que se realizó recientemente. Ellos están representados por un Vicepresidente y dos miembros del Consejo Directivo. Cuando todos queremos reforzar el movimiento sindical y darles los recursos necesarios a los organismos gremiales -con tal propósito se establece una cotización reducida de quinientos pesos por asociado para la ANEF-, el Gobierno reduce este aporte a doscientos pesos, o sea, a menos del cincuenta por ciento, con una exigencia como la del consentimiento del asociado, que va a hacer inoperante esta disposición.

He conversado con los dirigentes de la ANEF, quienes estiman que es preferible rechazar este veto y dejar la ley tal como está. Porque esta exigencia, el consentimiento, reducirá los modestos ingresos que percibe actualmente de acuerdo con el artículo 10 de la ley Nº 16. 582.

Por estas consideraciones, que no as necesario reiterar, creo que esta Cámara será consecuente- y repito lo que dije cuando planteaba la defensa de los empleados de Correos y Telégrafos-, con lo que aprobó antes. Si ya aprobamos la suma de quinientos pesos, que es una mísera cantidad, reiteramos ahora este mismo predicamento y entreguemos a la ANEF esta misma cantidad por cada asociado sin la exigencia del consentimiento, para que esta institución siga luchando por el bienestar de los trabajadores fiscales de Chile.

El señor SANHUEZA.-

Muy brevemente. Coincido con las expresiones del colega señor Morales, don Carlos. Creo que es justo mantener el artículo 38 en su forma primitiva, como fue despachado por el Congreso, ya que los fondos, que evidentemente no serán excesivos, van a una institución que, a través del conocimiento personal que he tenido de ella y de sus dirigentes, prestigia a los trabajadores chilenos. En ella pueden, en un clima de libertad y de auténtico sentido gremial, participar los trabajadores de todas las ideologías, para luchar por el bienestar de los funcionarios del Estado.

Por lo tanto, voy a votar en contra del veto del Ejecutivo.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

Señor Presidente, quiero decirle al colega Morales que yo manifesté que estaba de acuerdo con el veto del Ejecutivo, porque a mí me parece que es necesario que este aporte se efectúe con el consentimiento expreso del empleado u obrero; porque he conversado con algunos empleados, incluso con obreros, y ellos me han manifestado, muchas veces, que no están de acuerdo con pagar esta cotización. Y como yo estoy legislando...

El señor MORALES (don Carlos).-

¡Cien pesos!

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

¡Aunque sean cincuenta pesos, colega!

Es inaceptable que se les obligue a dar dinero para una institución, si ellos no quieren. Precisamente porque estamos viviendo, colega señor Morales, en un régimen de libertad, debemos dejar que ellos decidan en forma libre. Por eso denantes lo interrumpí; pero en esta oportunidad dejo establecido mi punto de vista.

Nada más.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, el artículo 39 se originó en una indicación presentada en el Senado por el Senador señor Miranda y por otros señores Senadores. Se refiere a las "cartas de intención" que el Gobierno se ve obligado a firmar con el Fondo Monetario Internacional y que han sido nefastas para el país. Por medio de ellas el Gobierno se ha comprometido a establecer una política económica y social contraria a los intereses de los trabajadores, lo que ha merecido el repudio de la mayoría nacional.

Esta disposición establece que como estas "cartas de intención" constituyen verdaderos compromisos internacionales del Estado de Chile, requerirán para su aprobación del acuerdo del Senado de la República.

Nos parece absolutamente justo que no sea solamente un Ministro de Hacienda el que se vea comprometido. Si estas cartas se van a firmar y enviar al Fondo Monetario Internacional, que sea la mayoría del Senado la que las avale también con su firma, si es que está de acuerdo con ello.

Por eso, los Diputados comunistas vamos a votar en contra del veto del Ejecutivo y a insistir en el artículo.

El señor CADEMARTORI.-

En verdad, el tono que ha empleado el señor Ministro de Hacienda, al referirse a esta indicación aprobada por el Senado de la República y por el Parlamento, que se relaciona con el Fondo Monetario Internacional, hubiera sido bueno que lo usara, justamente, con los funcionarios y los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, quienes en más de alguna oportunidad se han expresado con prepotencia respecto de la política económica y del Gobierno de Chile en relación con materias de orden económico.

El señor Ministro dice que hay instrumentos para acusar a los Secretarios de

Estado. Justamente, durante el Gobierno anterior, parlamentarios de estos bancos presentaron una acusación constitucional en contra del nefasto MinistroRoberto Vergara Herrera, por haber firmado una de esas "cartas de intención". Sabemos muy bien la suerte que corren las acusaciones constitucionales en esta Cámara de Diputados; como la que corrieron las presentadas en contra del Ministro del Interior, señor Pérez Zujovic, por represión policial, y tantas otras que se han presentado...

El señor FUENTES (don Samuel).-

Ya van tres.

El señor CADEMARTORI.-

Por eso, la argumentación del señor Ministro no convence en ese sentido.

Ahora, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, éste ejerce, con determinados países, sobre todo de América Latina, una verdadera política de sometimiento. Hay tantas pruebas que sólo por la falta de tiempo en esta oportunidad no podríamos darlas a conocer. Pero basta una sola prueba, la más reciente de todas, la que acaba de salir en la prensa y que el señor Ministro de Hacienda debe haber leído, porque supongo que le interesará conocer lo que declaran los responsables de la Cartera de Hacienda de otros países de América. Nada menos que el Ministro de Hacienda del Perú acaba de hacer declaraciones condenatorias en contra del Fondo Monetario Internacional; y ha dicho que el Perú se ha visto sometido a toda clase de presiones, negándoseles determinados préstamos pendientes por el solo hecho de haber expropiado las instalaciones de la Internacional Petroleum. En términos similares se ha expresado el señor Ministro de Hacienda de Colombia, y los personeros de Colombia en las Naciones Unidas; lo dijo años atrás el PresidenteKubitschek, de Brasil, acusando al Fondo Monetario. Raro sería que, en el caso de Chile, el Fondo Monetario Internacional no hubiera hecho presiones de esta naturaleza.

A nosotros nos llama la atención otra cosa muy sintomática. ¿Por qué firma el señor Ministro "Cartas de intención"? ¿Acaso él no sabe que son verdaderas copias de las que se hacen firmar a los Ministros de Hacienda de otros países de América Latina? ¿No ha leído, el señor Ministro, las cartas que han firmado los Ministros de Hacienda de Argentina, de Uruguay y de otras naciones?

El señor SOTOMAYOR.-

Es una coincidencia.

El señor CADEMARTORI.-

Es una rara coincidencia, podrán decir algunos Diputados. Sí, señor Presidente; es una coincidencia, pero no casual. Es un hecho comprobado que el Fondo Monetario Internacional pone condiciones -esto no lo puede ignorar el señor Ministro- para la concesión de sus préstamos. Exige, por ejemplo, la devaluación permanente y sistemática de nuestra moneda, no importándole, por cierto, que estas devaluaciones repercutan en la economía nacional, produzcan el encarecimiento de los artículos de primera necesidad y disminuyan el poder adquisitivo de los consumidores. Esto es lo que estamos enjuiciando.

Creemos que, si no hay razón alguna para estar en contra de estos convenios que se firman con el Fondo Monetario Internacional, perfectamente se puede, entonces, acoger esta disposición. Aquí no los estamos rechazando; lo que queremos es que sea el Congreso Nacional el que discuta estos documentos, porque son verdaderos tratados internacionales; que sea el Senado, que sea la opinión pública la que se entere de ellos. Consideramos que no es mucho exigir, sino cautelar el interés nacional.

Por eso, nos parece justa la disposición y, en consecuencia, rechazaremos el veto del Ejecutivo.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, el artículo 40, que se originó en una indicación de los Diputados socialistas, es muy justo. La forma en que ha sido reemplazado por el veto del Ejecutivo nos parece que, en realidad, perjudica bastante a los trabajadores, porque, en el caso del racionamiento de la corriente eléctrica, los industriales están haciendo que los trabajadores laboren horas extras, que en la mayoría de los casos los hacen permanecer en las faenas hasta bastante tarde, hasta las ocho o nueve de la noche. Algunos los hacen trabajar hasta los sábados en la tarde. Es injusto que por una situación de sequía, con la cual se les ha encarecido la vida a ellos mismos, los obreros deban trabajar horas extraordinarias para que los industriales recuperen el tiempo perdido con motivo del racionamiento existente.

Consideramos que lo propuesto en el veto del Ejecutivo de ninguna manera mejora la situación de los trabajadores, sino que se va a seguir con el mismo sistema, porque la observación dice que la recuperación se hará a través de modificaciones del horario normal de trabajo que exista en la respectiva empresa. Es decir, los trabajadores tendrán que seguir llegando a las once de la noche a su casa, porque tienen que pagar por una situación que, en realidad, es injusta.

Por lo tanto, nosotros, los socialistas, vamos a rechazar este veto sustitutivo.

El señor PARRA.-

Señor Presidente, solamente deseo llamar la atención, para los efectos del establecimiento fidedigno de la ley, la deficiente redacción con que quedaría el inciso segundo del artículo propuesto, en el caso de aprobarse el veto del Ejecutivo.

El señor GUASTAVINO.-

Hay que rechazarlo.

El señor PARRA.-

Si no fuera porque la Excelentísima Corte Suprema suele ser muy estricta en la interpretación de las leyes, cuando conoce problemas del trabajo por la vía de la queja, sería quizás innecesaria la aclaración; pero, la formulo en el entendido de que es preciso hacerla.

La lectura pura y simple del inciso segundo del artículo propuesto por el Ejecutivo, podría de alguna manera inducir a pensar que, en el caso de que la Dirección del Trabajo estableciera que no es posible la recuperación del tiempo perdido, el derecho que los obreros tendrían no sería otro sino el pago de la remuneración base de los días festivos o feriados y no el pago de la remuneración base por aquellas horas de trabajo que no se pudieron realizar a causa del racionamiento de energía eléctrica. Yo hago esta distinción para los efectos de que no sea mal interpretada la ley. En ese caso no sería el artículo 323 del Código del Trabajo el que debería aplicarse, sino lo establecido por el inciso primero del artículo 40.

Eso es todo.

El señor GUASTAVINO.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas queremos referirnos a este veto al artículo 44, que faculta al Presidente de la República para que, en definitiva., dicte el Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado, que fue aprobado por la Comisión especial que se designó por el Consejo de dicha Universidad, en su debida oportunidad.

Lo cierto es que este veto resulta sorprendente y entraña, además una suerte de discriminación bastante curiosa.

Los Estatutos Orgánicos de las Universidades de Concepción y Técnica Santa María de Valparaíso, que fueron elaborados en la misma forma en que se redactó este Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado, fueron ya dictados por el Presidente de la República. De esta manera se ha consolidado el proceso de reforma que todo el país observó que se vivía en esos centros universitarios.

Hoy se hace imprescindible que la Universidad Técnica del Estado, que también ha permanecido en el marco de este proceso de reforma universitaria alentadora y positiva que, de manera general, se ha vivido en el país, tenga también su estatuto orgánico.

La razón que da el Ejecutivo en su veto es que se está discutiendo en el Parlamento el proyecto de ley sobre planificación de la educación superior; pero, en este mismo proyecto se establece justamente la forma, el "modus operandi" para que se dicten los estatutos orgánicos de estos centros universitarios. En consecuencia, nos parece, simplemente, una postergación que, a nuestro modo de ver, representaría una especie de mala voluntad por parte del Ejecutivo respecto de la Universidad Técnica del Estado. Quien quiera inclinarse con seriedad al proceso de reforma que se ha vivido en esta Universidad tendrá que estar conteste en reconocer que allí se ha obtenido y conquistado un progreso y un avance, que al ser positivo y alentador para la Universidad Técnica del Estado, lo será también para el conjunto de la educación superior del país.

Yo quiero insistir en que la forma de legislar de un Parlamento es recoger, justamente, lo que le "demos", la mayoría, está propugnando a través de múltiples formas, de múltiples luchas y medios de expresión y de fuerza. La Universidad toda ha participado democráticamente en la elaboración de este estatuto orgánico y, en consecuencia, no existe ninguna razón valedera e importante para que en este proyecto de ley no quede incorporado el artículo 44 y, de una vez por todas, se tenga el instrumento jurídico en virtud del cual se pueda consolidar todo este proceso positivo de la reforma universitaria que se ha vivido en la Universidad Técnica del Estado.

Hoy mismo estamos asistiendo a un nuevo capítulo de la lucha, que libra ese centro universitario de nuestro país, con esos jóvenes que están aquí, en los mismos jardines del Congreso Nacional. Que nadie dude que esa nueva circunstancia, que ese nuevo capítulo, también contribuirá a conquistar un progreso y un avance para la Universidad.

No encontramos en la fundamentación del veto ninguna razón de fondo, válida, para que se mantenga esta postergación de la Universidad Técnica respecto del resto de las universidades del país, que ya tienen su estatuto orgánico que les permite encauzar, como corresponde, su vida institucional desde el punto de vista universitario.

Nada más y agradezco el tiempo que me concedió la colega Allende.

La señora ALLENDE.-

Nosotros, los socialistas, queremos pedir aquí, en el Congreso Nacional, que se rechace el veto del Ejecutivo, porque, en realidad, la juventud de la Universidad Técnica del Estado ha sufrido un rigor que nos extraña y que estimo como una represalia por las pretensiones de ellos de continuar pidiendo justicia para su Universidad. Al aprobar ahora este veto, la juventud se va a sentir nuevamente frustrada.

Por eso, nosotros apelamos a los parlamentarios democratacristianos pidiéndoles que rechacen este veto, para que la juventud sienta que la Democracia Cristiana, está con ellos y los está apoyando, porque la Universidad Técnica del Estado ha sufrido injustas postergaciones y está en mala situación económica.

Los socialistas rechazaremos este veto.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

Señor Presidente, este artículo 45 me parece bastante justo, porque se refiere a una población...

El señor BASSO.-

Hay que suprimirlo.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

... denominada "Mapocho", en la cual, la mayoría de las veces, los pobladores nos han solicitado...

El señor BASSO.-

Hay que suprimirlo porque lo pide el Ejecutivo.

El señor STARK (Vicepresidente).-

Señor Basso, ruego a Su Señoría no interrumpir.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

... que lo apoyemos, con el fin de que se les condonen las deudas.

Esta parlamentaria presentó un proyecto de ley que se relaciona no tan sólo con las inmensas deudas de agua potable que tiene tanto la población "Mapocho", como también la "Gabriel González Videla", además de otras; pero no es por culpa de ellos, sino por el sistema de cobranza que tiene la empresa. Como son colectivos, se llega a la aberración de que los del último piso pagan dos veces más que los de los pisos primero y segundo.

Por eso, se le ha pedido en reiteradas oportunidades a la Empresa de Agua Potable que haga un estudio serio para solucionar el problema que tienen estas poblaciones.

A mí me parece que la observación hecha para suprimir el artículo no es justa. Si bien es cierto que este artículo no es mío y tengo presentado un proyecto de ley sobre la materia, hubo otros colegas que aquí se preocuparon, que lo han pedido en conjunto y que hicieron las indicaciones pertinentes en el Senado.

Por lo tanto, quiero solicitar que, en mérito a que estos pobladores son en su mayoría modestos, nosotros les hagamos este regalo de Pascua aprobando la condonación de estas deudas.

Nada más.

La señora AGUILERA (doña María Inés).-

Señor Presidente, el artículo 46 viene, justamente, a solucionar lo que habíamos planteado anteriormente cuando se trataron las observaciones al artículo 45. Se dan facilidades y se obliga a la Empresa de Agua Potable a colocar medidores en cada vivienda. Así los pobladores podrán solucionar este gran problema como es el pago excesivo de agua. Creo que, incluso, la enmienda que le hace el Ejecutivo, de reemplazar la expresión "40 meses" por "24 meses", hay que rechazarla, ya que debe dárseles las mayores facilidades a los pobladores. Por lo tanto, creo que hay que votar el artículo tal como lo aprobó el Congreso Nacional.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, esta es la segunda oportunidad en que el Congreso Nacional ha despachado una norma de carácter jurídico tendiente a modificar los efectos señalados por el artículo 99 de la ley número 16. 617.

Quienes han tenido la oportunidad de concurrir -como lo hemos hecho en numerosas ocasiones- a reuniones con los sectores de jubilados afectos a esta disposición de la ley 16. 617; quienes han concurrido al congreso de la central gremial de ex servidores del Estado, que se constituyó con finalidades destinadas a mejorar la situación de estos compañeros que se encuentran en pasividad, pudieron comprobar que uno de los problemas que más les preocupó fue, justamente, dar ama lucha a fin de obtener, si no la derogación total del artículo 99, por lo menos alguna norma intermedia que viniera a paliar los nefastos efectos que está produciendo la aplicación de esa norma.

Hemos tenido ocasión de estudiar una sentencia muy importante dictada por la Excelentísima Corte Suprema en un juicio a través del cual se le pidió un fallo sobre la inaplicabilidad del artículo 99, por estimársele inconstitucional.

No prosperó la tesis del recurrente. Pero, sí, es, importante considerar el voto de minoría suscrito por seis Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, quienes llegaron a la conclusión de que el derecho de jubilación adquirido por un individuo que ha prestado servicios al Estado, que ha cumplido con todas las normas legales y reglamentarias, es un derecho que está amparado por la inviolabilidad de la propiedad señalada por la propia Constitución Política del Estado, puesto que en estudios anteriores al vigente, se establecía -también perentoriamente- que el derecho a la jubilación estaba amparado por la inviolabilidad que señala para la propiedad el artículo 10, número 10, de la Constitución Política del Estado. Ese voto de minoría de la sentencia que estoy analizando debe ser estudiada por los parlamentarios, porque alguna vez deberemos incorporar al texto constitucional, y en atención a que no se pueden violar los derechos adquiridos, una disposición en la cual se consigne en forma muy perfecta y específica, el derecho a percibir una pensión de jubilación, que es el dinero entregado por el Estado a la persona que trabajó durante el tiempo que el mismo Estado exige; de manera que no sea posible que ninguna ley posterior venga a cercenar ese derecho adquirido, porque si bien el artículo 99 de la ley Nº 16. 617, rebajó los montos imponibles al 60 ó 70% de las rentas de la Escala Directiva, Profesional y Técnica y de la Escala Administrativa, también podría una nueva ley rebajar aún más estos niveles señalados en el artículo 99, y decir: es mucho lo que se está dando; lo vamos a disminuir a un 40 ó 50%, en la forma caprichosa que quisieran los poderes colegisladores. Esto significaría, simplemente, ir violando otro derecho adquirido y cercenar las conquistas sociales logradas por los, trabajadores después de cumplir la ley vigente durante el tiempo que estuvieron prestando servicios al Estado.

En ese orden de consideraciones, quien haya estudiado el problema, corno lo han hecho muchos colegas de esta Honorable Corporación, van a comprobar una cosa que en, realidad no es justa, porque sólo hay once servicios -¡óiganlo bien, señores Diputados de Gobierno!- afectos al

Artículo 99. En cambio, hay cuarenta y tres a los cuales no se les aplica este artículo 99 de la ley Nº 16. 617. Esta es una tremenda discriminación.

En seguida, cuando se ha estudiado el costo que esto significaría, se ha comprobado que él no es una suma que reportaría un gran desembolso para el erario, cuando el artículo que aprobemos derogue simplemente esta disposición que ha sido impugnada por todos los jubilados de Chile, porque dijimos: establécese una norma declarativa: a contar del lº de enero de 1968, los porcentajes contemplados en el artículo 99 no son aplicables a quienes hayan jubilado o se hayan acogido a retiro con anterioridad a la fecha de vigencia de dicha ley. ¡Qué más justo, señor Presidente, que no les apliquemos el artículo 99 a los que jubilen antes de la vigencia de la ley Nº 16. 617! Aquí no se pretende, aunque eso significaría un amplio espíritu de justicia, que esa disposición nunca, se aplique a ningún jubilado; solamente se pretende buscar una norma justa, intermedia, para favorecer a los que jubilen antes de la vigencia de esta, ley.

Por estas razones, y por muchas otras dadas en este Parlamento y porque antes este propio Parlamento también derogó el artículo 99, vamos a rechazar el veto del Ejecutivo y a insistir en la norma aprobada por el Congreso Nacional.

El señor MAIRA.-

Señor Presidente, muy brevemente y estimando que es un deber expresar aquí una opinión, por el hecho de haber actuado, a petición de la Mesa directiva del Partido Demócrata Cristiano, en gestiones de contacto y en conversaciones con los dirigentes de la Central de ex Servidores del Estado, quiero dar a conocer algunos antecedentes que obran en nuestro poder y expresar algunos juicios.

Tuvimos, con los miembros de la directiva a que he hecho referencia, numerosas conversaciones en que solicitamos explicaciones, clarificaciones, puntos de vista y justificación de los alcances de la indicación que ahora el Congreso está discutiendo. En estas gestiones participó también el Director del Departamento Técnico del Partido Demócrata Cristiano,, señor Alejandro Foxley, y varios personeros del Departamento Sindical de nuestra colectividad. Finalmente, y como producto de estas conversaciones, el partido, a través de la Mesa directiva, decidió hacerse eco de la inquietud y del clamor que expresaba la Central de ex Servidores del Estado y buscar una fórmula ante el señor Ministro de Hacienda que nos permitiera resolver de manera definitiva este problema. Especialmente, tuvimos presente el hecho de que los asuntos relacionados con la previsión, y dentro de ella los aspectos relativos a la imponibilidad, habían sido objeto durante el último tiempo, de importantes y profundos estudios, los que habían sido recogidos, finalmente, en un proyecto de reforma previsional que pende de la consideración del Congreso y donde, en el sistema definitivo de la imponibilidad, se establece un margen variable de 60 a 80 por ciento, pero partiendo de 80, se va a otorgar un punto por cada año trabajado, en términos tales que a los 20 años, todo el que ha servido por ese período obtiene ya el margen de 80% de la imponibilidad.

Planteamos al señor Ministro de Hacienda la conveniencia de que, si había de por medio razones financieras que imposibilitaron la realización de la totalidad de los puntos contenidos en el proyecto originalmente despachado en el Senado, había que ir buscando gradualmente y desde ahora esa fórmula intermedia ya consagrada en la legislación. Y recibimos como respuesta del señor Ministro de Hacienda el antecedente de que razones ligadas al volumen de las finanzas públicas le impedían satisfacer esta petición cuyo costo avaluó en una suma cercana a los 30 millones de escudos.

No obstante la opinión expresada, por el señor Ministro y el costo que según él afectaría el volumen de los fondos disponibles para el pago de los salarios del sector público, y sus reajustes, el criterio nuestro fue insistir a lo menos en esta fórmula.

Finalmente, en virtud de los mecanismos internos existentes dentro de las comisiones tripartitas que nosotros teníamos, no existió la posibilidad de ese acuerdo y, en definitiva, conforme al reglamento de estas comisiones tripartitas, se ha decretado en esta materia libertad de acción.

Personalmente yo deseo expresar el compromiso que adquirí, en su ocasión, y que manifesté al señor Ministro de Hacienda oportunamente, con la directiva de los ex servidores del Estado.

En la alternativa y disyuntiva única planteada entre la aceptación del criterio original del Congreso y un veto supresivo, votaré en esta ocasión por el criterio del Senado.

El señor PHILLIPS.-

Señor Presidente, dentro de la parte de los números del aspecto económico, el señor Ministro de Hacienda tiene toda la razón. Pero este artículo fue posible gracias a la modificación del derecho de propiedad del artículo 10, número 10, de la Constitución, modificado so pretexto de la reforma agraria. Cuando sostuvimos en aquella oportunidad que iba a llegarse incluso a la previsión, se nos acusó de mentirosos y se nos lanzó una serie de epítetos y adjetivos que no quiero recordar esta tarde. Pero esto fue posible gracias a esa disposición.

Nosotros no podemos tocar los derechos adquiridos. Hace algún tiempo, cuando esta disposición iba en el artículo 99 de otro proyecto de ley, fueron los Senadores del Partido Nacional los que, con sus votos, contribuyeron a que esto no fuera ley. Pero la prensa y la radio, tomando en cuenta que sólo eran cinco o seis los Senadores que votaron, nos hicieron responsables ante la opinión pública de estas disposiciones. No se culpó al Gobierno ni a los parlamentarios de Gobierno. Incluso, con motivo de la discusión de la ley de reajustes, fue colocada una bomba en la casa del Senador Bulnes, que de no despertar uno de sus hijos, seguramente habrían muerto todos quemados y asfixiados.

Pero no es menos cierto que todo esto guarda relación con el sistema previsional, que creemos debe ser modificado y que está conociendo la Comisión. Pero los derechos adquiridos no pueden ser tocados. Conscientes de estos antecedentes, queremos que cada uno asuma su responsabilidad. En el Senado fueron los señores Von Mühlenbrock y Bossay los que en la Comisión respectiva plantearon esta indicación.

Consecuentes con esto, en esta oportunidad vamos a estar con la posición que hemos planteado. La Democracia Cristiana tiene fuerzas suficientes como para no tratar de sacar las castañas con la mano del gato, como pasó en el Senado. En consecuencia, que asuman su responsabilidad como nosotros así mismo la nuestra.

El señor FUENTES (don Samuel).-

Señor Presidente, he pedido la palabra, porque creo de conveniencia hacer notar que este veto trae dos errores muy graves. Quisiera que el señor Ministro de Hacienda oyera el planteamiento...

Sostiene el veto del Ejecutivo que, a través de los aportes contemplados en la letra a) del artículo 11 de la ley Nº 15. 386, se le va a obligar al Fisco a hacer un gran desembolso, en circunstancias que este impuesto fue derogado en el artículo 37 de la ley Nº 16. 466. En consecuencia, la observación del Ejecutivo trae un grave error. Conviene meditar el fundamento del veto que ha formulado el señor Ministro de Hacienda.

Además, trae otro error bastante grave. Señala: "Finalmente, el aporte contemplado en la letra c) de dicho artículo, obligaría a un aporte adicional de Eº 12, 0 millones por parte de los empleadores. " Resulta que la disposición del artículo 51 establece, en forma precisa: "Auméntanse en un 100% los impuestos y aportes establecidos en el artículo 11 de la ley Nº 15. 386, sobre Revalorización de Pensiones, con excepción del aporte de empleados y obreros que contempla su letra c). "

En consecuencia, con estos dos graves errores contemplados en su veto, el Presidente de la República y el señor Ministro de Hacienda seguramente han querido sorprender la buena fe del Parlamento...

El señor FUENTES (don Samuel).-

Ha venido a sorprendernos con el argumento de que va a haber un mayor gasto con la aplicación de la letra a). La letra a) del artículo 11 fue derogada hace dos años en la ley 16. 466. En consecuencia, no afecta en absoluto al impuesto de la compraventa.

Y, finalmente, señala que, a través de la letra c), se va a hacer un gravamen de 12 millones de escudos a los patrones, en circunstancias que la disposición señala expresamente que se exceptúa el aporte de empleados y obreros que contempla la letra c).

Esto es lo que he estado explicando. En consecuencia, con estos antecedentes, creo que la Honorable Cámara puede rechazar esta observación del Ejecutivo, porque contiene errores imperdonables, que podrían impresionar al resto de la Sala para aceptar el veto.

Eso es lo que he querido aclarar. Para eso he pedido este tiempo extraordinario al Comité Independiente, y le agradezco haberme permitido hacer esta intervención, que servirá de luz para que los colegas de la Democracia Cristiana resuelvan este problema.

El señor MAIRA.-

Señor Presidente, deseo hacer una muy breve referencia a este artículo que se nos propone en un veto aditivo, especialmente en relación con los dos incisos finales. El primero de ellos faculta al Presidente de la República para que, por una sola vez, a contar del lº de enero de 1969, fije las remuneraciones del personal profesional de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; el segundo inciso establece una atribución semejante del personal profesional con título universitario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

A mi juicio, lo importante es dejar perfectamente en claro, en la historia fidedigna del establecimiento de esta disposición, que hay una exigencia diferente, más amplia, más estricta, en el inciso segundo, respecto del personal profesional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: la del título universitario para acreditar su calidad de profesionales, lo que no acontece en el inciso primero con el personal de la Subsecretaría de Transportes y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para quienes sólo se enuncia, en forma amplia, la exigencia de ser profesional.

En este sentido, resulta perfectamente claro que la formación técnico-profesional que imparte la propia Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a través de un instituto técnico-profesional de su dependencia, denominado "Carlos Arias Martínez", queda comprendida dentro de los beneficios de esta disposición. Es así, porque estas personas forman parte, efectivamente, del personal técnico-profesional de que dispone esa Empresa para su manejo y rodaje interno.

He consultado este alcance, que es de extraordinaria importancia para determinar la aplicación de esta disposición, con el señor Ministro de Hacienda y con diversos altos personaros de la propia Empresa de los Ferrocarriles del Estado; y todos ellos han estado contestes en manifestar que, a su juicio, la disposición, con su redacción actual, permitirá incluir dentro de los beneficios de este artículo al personal técnico-profesional egresado del instituto mencionado.

Por esa razón, he consultado con el señor Ministro la necesidad de esta apreciación, y su silencio será la mejor prueba de que la interpretación que entrego es la correcta y que él ha contribuido a precisar en la entrevista privada que hemos tenido.

Nada más.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, la verdad es que el planteamiento del colega Maira refleja la aspiración de los ingenieros de los Ferrocarriles del Estado. La mayoría de los técnicos laboran en instituciones estatales, incluso los de la Dirección General de Obras Públicas, están mal rentados, no así los que trabajan en empresas privadas. De todas maneras, los Diputados socialistas vamos a votar favorablemente esta disposición.

El artículo en debate, en uno de sus incisos, dice: "Facúltase al Presidente de la República para que a contar desde el lº de enero de 1969, dentro del plazo de noventa días y por una sola vez, fije las remuneraciones del personal profesional de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el objeto de nivelarlas a las del personal profesional de la Dirección General de Obras Públicas y sus Servicios dependientes. "

Frente a esto, quiero hacer presente que esos profesionales, en el año que termina, tuvieron un aumento especial, no así el personal de servicio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. El señor Ministro de Hacienda lo sabe, porque se lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Hay cerca de cuatro mil ciudadanos que sólo ganan más del vital con las bonificaciones que tienen. Entonces, si hay cuatro mil personas, en esa empresa estatal, con sueldos bases inferiores al vital; y, por otro lado, se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de noventa días, mejore las remuneraciones del personal superior, el Gobierno debe ser consecuente aumentando también los sueldos de los funcionarios que trabajan en los Servicios menores.

Además, quiero dejar establecido que, si el Gobierno no le entrega oportunamente una tonificación económica, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado puede quebrar. Hasta este instante, tenemos conocimiento de que adeuda 62 millones de escudos, desglosados de la siguiente manera: a la Caja de Retiro de los Ferrocarriles del Estado, por los descuentos que hace por planillas a su personal para pagar los montepíos, 32 millones; a las cooperativas de consumo, 1 millón; a las cooperativas de viviendas, 1 millón 500 mil; a las organizaciones gremiales ferroviarias, 500 mil; a la Casa Ruddoff, 7 millones; y al personal, por pago de desahucios, jubilaciones acumuladas y pagos a contratistas, 20 millones.

Cuando una empresa pública, como es la de los Ferrocarriles del Estado, tiene estas tremendas deudas, se produce una contradicción si se faculta al Presidente de la República para que, dentro de 90 días, mejore las remuneraciones del personal más bien rentado de la empresa. Pero como nosotros, los socialistas, siempre hemos estado bregando porque se entreguen mayores aumentos al profesional chileno, vamos a votar favorablemente esta disposición.

Nada más.

El señor MILLAS.-

Señor Presidente, el señor Ministro de Hacienda manifestó anteayer, al discutirse en esta Sala el proyecto de ley de presupuestos, que, en relación con el reajuste para el sector público para el año 1969, se considerarían los recursos que iba a entregar el Parlamento.

Pues bien, precisamente a través del artículo que estamos considerando, el Gobierno se desprende de recursos considerables, a fin de favorecer a las grandes empresas constructoras de este país y que gozan de amplias franquicias tributarias.

El Gobierno sostiene que esto se hace, porque desea estimular la actividad constructora para que vaya aumentando el volumen de sus operaciones. Pero la realidad es que las empresas constructoras disponen de amplísimas y casi absolutas franquicias tributarias y que, a pesar de dichas exenciones, tales empresas, después del aumento del volumen general de desarrollo que la construcción experimentó luego que se les otorgaron estas franquicias, mantienen en Chile, hasta hoy, el mismo nivel de construcción.

Las cifras totales de lo construido por los sectores público y privado para la vivienda durante el Gobierno de la Derecha del señor Alessandri y del actual, muestran guarismos relativamente equivalentes, pues oscilan alrededor del mismo número de metros cuadrados. Esto es de responsabilidad de las empresas constructoras.

Entre los obreros de la construcción y entre las más amplias actividades nacionales, hay consenso de que las empresas constructoras aprovechan la falta de fiscalización en este ramo fundamental de la economía, para realizar actividades dé naturaleza distinta, en desmedro de otros sectores de la economía del país; y ello, burlando al Fisco, sin que haya habido un aumento en la construcción de viviendas, que era el objetivo de tales franquicias tributarias.

En la exposición de motivos de este artículo, el gobierno expresa que otorga nuevos beneficios a las empresas constructoras para posibilitar una reducción de los costos. Sin embargo, los costos de construcción, con todas las franquicias tributarias, son extraordinariamente alzados en Chile.

Los parlamentarios comunistas consideramos de extraordinaria gravedad que el sector público no fabrique viviendas, ni tenga sistemas racionales de construcción de casas baratas y de calidad; y que, en cambio, hagan grandes negocios las firmas constructoras, manteniendo precios por metro de construcción extraordinaria-mente elevados, por lo cual un obrero o un empleado no pueden financiar hoy día el costo de la construcción de viviendas para ellos.

Por eso, consideramos absolutamente injustificado el artículo que propone el Ejecutivo y planteamos la necesidad de que, en relación con esto, no se establezca la posibilidad de que los contribuyentes del ramo de la construcción, por el hecho de mantener capitalizada parte de, sus utilidades durante cinco años, tengan derecho a un crédito, lo cual no es garantía de desarrollo de la industria de la construcción. No lo es, porque la experiencia de los últimos diez años indica que no hay desarrollo de la producción en esta rama, a pesar de las franquicias tributarias; esta mayor capitalización puede derivar -y en los hechos derivará si se otorgan estas facilidades a las grandes firmas constructoras- concretamente a que ellas puedan operar, con esta mayor capitalización, no en la rama misma de la construcción...

El señor VIDELA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.

El señor MILLAS.-

Por eso, dejamos constancia de esta inconsecuencia en algunos vetos, como es concretamente en este artículo.

"Muchas gracias.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Muy brevemente, quiero destacar que este veto del Ejecutivo viene a hacer justicia al personal del Servicio Nacional de Salud que se denominó, durante bastante tiempo, como la Planta "B" de dicho Servicio, constituido por el personal de la ex Caja de Seguro Obligatorio, cuando se produjo la fusión de estos servicios para la creación del Servicio Nacional de Salud. Sucede que...

El señor VIDELA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

Puede continuar Su Señoría en el tiempo del Comité Democrático Nacional, que lo ha cedido al Comité Demócrata Cristiano.

El señor ACEVEDO.-

No se puede ceder. Sólo por asentimiento unánime podría hacerlo.

El señor CADEMARTORI.-

Así es.

El señor VIDELA (Vicepresidente).-

Está cedido por el Comité, señores Diputados.

Puede continuar el señor Valenzuela, don, Ricardo.

El señor VALENZUELA (don Ricardo).-

Señor Presidente, por esta razón, en todas las leyes de reajustes se establecía que este personal, una parte de cuyo sueldo se paga por planilla suplementaria, debería percibir el reajuste del total de sus emolumentos, o sea, de todo lo que correspondía a su renta. En la ley de reajustes de este año no se incluyó este artículo y, por este motivo, la Contraloría General de la República, al interpretar restrictivamente la ley, impidió que se otorgasen reajustes en la parte de la planilla suplementaria de este personal del Servicio Nacional de Salud.

Conversé con el señor Ministro de Hacienda, hace algún tiempo, sobre este problema. El comprendió de inmediato la injusticia de esta situación y ahora, a través de este veto aditivo, que pido a los colegas se sirvan aprobar, se hace justicia a este personal del Servicio Nacional de Salud.

Nada más.