Labor Parlamentaria

La señora MARIN.

Señor Presidente, en la prensa de hoy hemos sido aludidos en forma que no corresponde a la verdad, a raíz de lo que sucedió ayer en el Ministerio de la Vivienda y a lo cual se ha referido el colega César Godoy en la mañana de hoy.

Un grupo de pobladores se dirigió ayer, en forma organizada, a solicitar una entrevista del Ministro de la Vivienda. Como fuimos requeridos para acompañarlos, nos hicimos presentes allí; pero nos encontramos con que a través de su Secretaria, el Ministro, señor Hamilton, se negó, pese a que nosotros sabíamos que en esos momentos estaba en su oficina. Lo más serio es que, cuando requeríamos la presencia del Ministro, para exponerles los problemas de estos pobladores, que iban con justo derecho a pedirle respuesta a un memorándum que se le había entregado hacía muchos días, advertimos que el señor Hamilton había llamado carabineros para desalojar a los pobladores, a las madres que estaban ahí con sus niños. Nosotros le hicimos saber, a través de su Secretaria, que íbamos a permanecer ahí con los pobladores hasta que tuviera la amabilidad de recibirnos.

Ante la presión de los pobladores, el Ministros se presentó y, en forma descortés, calificó al grupo de choclón desordenado y dijo que a los parlamentarios que ahí nos encontrábamos él los recibía cuando se le antojaba. Antes estas expresiones, como correspondía y como lo haría cualquier parlamentario, le representamos, delante de los pobladores su descortesía hacia nosotros.

El Ministro conocía el problema que llevaba hasta allí a los pobladores. Sin embargo, en una actitud que corresponde a

su extracción social, agregó que no los recibía, porque constituían una manifestación folklórica y pintoresca. ¿Por qué un grupo de pobladores es para el señor Hamilton una manifestación folklórica y pintoresca? ¿Por el hecho de que mujeres pobres, mal vestidas, con niños descalzos y desnutridos, se permiten llegar a su oficina a solicitarle una entrevista? La verdad es que al Ministro se le alborotó la sangre azul y reaccionó con criterio de gerente, de patrón de hacienda. 

Hablan varios señores Diputados a la vez. .

La señora MARIN.-

Nosotros reclamamos contra la actitud insolente e irresponsable del Ministro Hamilton, que se negó a atender las peticiones de un grupo de pobladores y de dos parlamentarios. Creemos que la Cámara debe hacer presentes estas observaciones al señor Ministro del Interior.

Porque nosotros nos preguntamos: ¿El señor Hamilton es Ministro de quién? ¿De algunos parlamentarios? ¿Es Ministro para atender los problemas y las peticiones de algunos grupos de pobladores, según el color político de los parlamentarios que los acompañan? Pensamos que no.

Nosotros protestamos contra este hecho. Ayer nos encontrábamos exclusivamente haciendo uso de nuestras atribuciones. Junto al problema general de los pobladores sin casa de Barrancas, íbamos a plantear el de 20 familias de esa comuna que tuvieron que tomarse un pedazo de terreno, porque no tenían dónde vivir. Otros colegas, como el señor Buzeta no sé si está presente, saben perfectamente bien que esas 20 familias no tienen nada que ver, en cuanto a su color político, con los partidos del FRAP. Pero los acompañamos, porque es nuestra obligación.

El señor Ministro se ha negado a recibirnos en la tarde de ayer, y, lo que es más grave, ha actuado en forma descomedida hacia nosotros, y se ha permitido llamar a los carabineros para que sacaran al grupo de pobladores...

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorable Diputada, ha terminado el tiempo concedido a Su Señoría.

La señora MARIN.-

Pido que se hagan presentes estas observaciones al Ministro del Interior, como Jefe del Gabinete, y al Ministro de la Vivienda.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para transcribir las observaciones de la Diputada señora Gladys Marín, en su nombre, a los señores Ministros que ha indicado.

El señor CANTERO.-

En nombre del Comité Comunista.

La señora LAZO.-

Del Comité Socialista.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Y del Comité Radical.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se transcribirán en nombre de la Honorable Diputada y de los Comités Comunista, Socialista y Radical.

Acordado.

El señor CAMUS.

Señor Presidente, es habitual en esta Corporación que los homenajes se rindan a personas que han dejado de existir. En esta oportunidad, en cambio, mis expresiones están destinadas a destacar la figura y la obra de un hombre que, en el camino de su fructífera vida, ha cumplido sólo una etapa más.

El Contralor General de la República, don Enrique Silva Cimma, luego de ejercer durante 8 años el cargo, se retira de la Administración Pública, acogido a jubilación.

El señor Silva Cimma ingresó al organismo contralor en 1939, como Ayudante del Departamento Jurídico que en ese tiempo dirigía don Alfredo Camus Valdés, y al año siguiente, inició en la Universidad de Chile sus estudios de Derecho.

Con una vocación firme e insobornable de servicio a la Administración e imbuido de un espíritu muy serio de estudio y superación, recorrió paso a paso, cada una de las etapas que lo llevaron al cargo de Contralor General de la República y de Profesor de Derecho Administrativo y Director del Seminario de Derecho Público de la Universidad de Chile.

No es mi intención señalar la trayectoria personal de este funcionario y maestro ejemplar, sino los méritos que le reconoce toda la República en la conducción del organismo contralor.

Dando aplicación cabal a las disposiciones que fijan las atribuciones de la Contraloría General de la República y manteniendo su acción ajustada a ellas, el señor Silva Cimma llevó a este organismo a un plano de eficiencia técnica, capacidad y honestidad funcionaría y prestigio internacional que se vieron siempre renovados y avalados por el ejemplo de su conductor.

Debemos agradecer a don Enrique Silva, especialmente desde esta tribuna parlamentaria, sus desvelos y su preocupación, y la sabia dirección que imprimió a la Contraloría General de la República durante el ejercicio de sus altas funciones.

Los Diputados radicales lamentamos su alejamiento del servicio. Sólo nos queda pensar que su ejemplo y sabiduría se mantengan, vivos en el organismo contralor, como garantía y respaldo de nuestro sistema institucional y democrático de Gobierno.

He dicho.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde continuar la discusión y votación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley de reforma agraria.

En discusión las modificaciones del artículo 80, que ha pasado a ser 85.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, nosotros votaremos en contra de la primera modificación de este artículo. En las letras b) y c) del artículo anterior, se prohíbe a las cooperativas gravar sus tierras o darlas en arrendamiento. Con el inciso nuevo que propone el Senado, se pretende que se extingan las prohibiciones, una vez pagado por la cooperativa el precio de las tierras que le fueren asignadas. De esta manera, tierras asignadas a cooperativas podrían pasar fácilmente a particulares, por la vía del gravamen. Bastaría hipotecarlas para, en seguida, sacarlas a subasta. A nosotros nos parece que estas tierras deben permanecer intocadas a favor de las cooperativas.

Nada más.

El señor DE LA JARA.-

En el artículo 83, que establece que en el acta de asignación se establecerá el precio de las tierras y su forma de pago, el Senado ha intercalado un inciso segundo nuevo que dice: "Este precio no podrá ser superior al valor de expropiación más el valor de las mejoras introducidas' con posterioridad a la expropiación".

Ahora bien, nosotros estimamos que una de las formas de hacer mayor cantidad de propietarios, de nuevos asignatarios, mediante la reforma agraria es no desfinanciar la Corporación de la Reforma Agraria. Al tomar posesión de la tierra la CORA, hay tres años de asentamiento y durante estos tres años lógicamente se produce también un desfinanciamiento en la Corporación de la Reforma Agraria.

El Ejecutivo iba a formular una indicación en el Senado para modificar el artículo 62 del D.F.L. R.R.A. Nº 11, de 1963, que se retiró debido a que se aprobó la enmienda al artículo 82 que establece que este reajuste no podrá ser de más de un 70% de la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección General de Estadística y Censos. Por lo tanto, vamos a rechazar esta modificación.

La segunda modificación consiste en redactar el inciso tercero en los siguientes términos: "El pago del precio se efectuará con una parte al contado y el saldo en cuotas anuales iguales en relación a los ingresos de la unidad agrícola familiar, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta años ni ser inferior a quince años."

Vamos a rechazarla] también, porque preferimos el inciso aprobado por la Cámara de Diputados, ya que en algunos casos es posible hacer estos pagos en un plazo inferior a 15 años, cuando los terrenos pueden dedicarse a hortalizas o frutales» lo que sería favorable para el nuevo asignatario, pues le permitiría pagar en un plazo inferior al oficial.

Nada más, señor Presidente.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, cabe hacer presente en este artículo la indicación que nosotros formulamos en el primer trámite, para liberar a los asignatarios de tierras del pago de la parte al contado que se les exige. Hemos comprobado en algunos asentamientos que, después de dos años de práctica y de trabajo, los asentados no han podido prosperar ni reunir los fondos necesarios para mantener su unidad agrícola familiar y, a la vez, enterar la cuota al contado. En Choapa, por ejemplo, se ha visto que los asentados, a pesar de estar en mejores condiciones que antes, no han podido juntar el dinero suficiente, ni tampoco mejorar sus condiciones de vida.

Ya hemos dicho que los campesinos han estado trabajando y viviendo durante tantos años en miserables condiciones; prácticamente, no tienen siquiera dónde dormir. Entonces, les resulta hoy día muy difícil comprar los elementos materiales, el mobiliario, las cosas más indispensables para una vida confortable o medianamente confortable. Por eso, estimamos que debiera haberse liberado a los asignatarios del pago de la cuota al contado de su unidad agrícola familiar.

No obstante, votaremos de acuerdo con el Senado, porque ha buscado una forma más amplia en este tratamiento del pago diferido.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, con respecto a la primera modificación del Senado, me llama la atención la explicación que ha dado el Honorable señor De la Jara. El proyecto dice que el precio no podrá ser superior al valor de expropiación más el valor de las mejoras introducidas con posterioridad a la expropiación. El Honorable colega se refería a los asentamientos, que duran tres años, y a las mejoras. Estas son las mejoras que, según entiendo, se van a introducir en los asentamientos con fondos de la CORA...

El señor DE LA JARA.-

El valor de la tierra.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

El valor de la tierra más las mejoras. Las mejoras de los asentamientos se harán con fondos de la Corporación de la Reforma Agraria, y luego la Corporación quiere que se le restituyan esos fondos. Por eso los considera como mejoras al momento de hacer la asignación.

Esto es lo que no he entendido respecto de la disposición en debate. O sea, la CORA expropia un terreno, hace los asentamientos; una vez hechos los asentamientos, invierte en mejoras en el predio expropiado, después de hechas las mejoras, asigna los terrenos en el valor de la tierra más el valor de las mejoras. Entonces, el criterio del Honorable colega señor De la Jara estaría en contra de lo que ha sostenido en cuanto a que la CORA no debe desfinanciarse. Si no se aprueba este artículo, se desfinancia, precisamente, la CORA. Hay una contradicción entre lo que sostiene el Honorable colega y lo que dice el proyecto.

Nada más, señor Presidente.

El señor DE LA JARA.-

Señor Presidente, no sé si no me he expresado bien. Posiblemente. Está muy claro que el período de asentamiento demora tres años...

El señor ROSALES.-

Puede llegar hasta cinco.

El señor DE LA JARA.-

.. .0 sea, al adquirir el predio, la CORA hace una inversión. Las mejoras las puede hacer en el primer año o en el segundo. Entonces una vez hechas las mejoras en el predio adquirido se desvalorizan, porque van adquiriendo otro valor a medida que transcurren uno o dos años. Por ese motivo, el precio se reajustará, según la reglamentación del artículo 62 del D.F.L. R.R.A. Nº 11, de acuerdo con una indicación que tenía el Ejecutivo para presentarla en el Senado, pero que no se formuló por haberse aprobado un artículo para reajustar el 70% del valor de cada cuota del saldo de precio en proporción igual a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. O sea, se da un reajuste de 70% y no de un 100% del índice de precios al consumidor.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, aun cuando Su Señoría, en tono de broma, ha dicho que estas modificaciones al Código de Aguas no tienen importancia, creo que constituyen uno de los grandes pasos que se han dado en esta materia, ya que se recuperan las aguas del dominio privado y pasan a ser un derecho público. Los Diputados socialistas vamos a aprobar todas estas enmiendas; pero quisiéramos solicitar de la Honorable Cámara que, esta tarde, acuerde, por lo menos, insinuar a Su Excelencia el Presidente de la República que, mediante un veto aditivo, agregue una disposición, que es de extrema necesidad, sobre todo para la zona norte, estableciendo que los lechos de los ríos, esteros y quebradas son del dominio público. En la actualidad, los hacendados usan de los lechos de los ríos y esteros, y aun los cierran. Como ya nosotros no podemos formular indicación en tal sentido, sería conveniente que el Gobierno, a través de un veto aditivo, estableciera, como digo, que los lechos de los ríos, esteros y quebradas son bienes nacionales de uso público.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, nosotros vamos a votar en contra de aquellas modificaciones que inciden en el inciso segundo, pues en virtud de ellas se le quitan algunas atribuciones al Tribunal Agrario de Apelaciones, que son otorgadas a las Cortes de Apelaciones.

Tanto en la discusión general como en la particular de este proyecto, siempre estuvimos de acuerdo en radicar en este Tribunal Agrario todo lo relativo al proceso de la reforma agraria, incluido el asunto de las aguas.

Aquí se ha vuelto a meter la Corte de Apelaciones. Y fuera de esto, aunque aquí se pone que "en contra de la sentencia no procederá el recurso de casación", siempre se deja abierta la posibilidad del recurso de queja, con lo cual todo el proceso de la reforma agraria se va a demorar y dilatar innecesariamente. De tal manera que vamos a votar en contra de la modificación al inciso segundo; las demás, vamos a aceptarlas.

Nada más, señor Presidente.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, el objeto que tuvimos presente al aprobar en la Cámara el artículo 110, que ha pasado a ser 115, fue entregar a los Tribunales Agrarios Provinciales el conocimiento dé todo lo relativo a las aguas de regadío de los predios, puesto que tiene atinencia directa con el problema agrario.

Eso se debatió extensamente en la Comisión y fue aprobado por unanimidad, lo mismo que en la Sala. Pero ahora el Senado le quitó esta facultad a los Tribunales Agrarios y se la entregó a los Tribunales Ordinarios y, todavía, le aplica las normas de los juicios de Hacienda.

Estos se siguen exclusivamente en las cabeceras de provincia y son relativamente complicados. De manera que la disposición les da competencia a los Tribunales Ordinarios de Justicia para resolver estos asuntos y los somete a la tramitación de un juicio de Hacienda.

Por esta razón, nosotros estamos en contra de la modificación aprobada por el Senado.

Nada más.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Los Diputados radicales vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado a este artículo.

En cuanto al argumento del Honorable colega señor Tejeda, respecto de que los juicios de Hacienda son conocidos por el Juzgado de la cabecera de provincia o de asiento de corte, no es menos cierto que los Tribunales Agrarios que figuran en el artículo de la Cámara son provinciales y están en la cabecera de provincia, así es que respecto a eso no hay dificultad alguna.

Tampoco es criticable entregarle competencia a los Tribunales Ordinarios, porque ya se han aprobado artículos, que deben guardar cierta armonía con éste, dando competencia a las Cortes de Apelaciones Por otra parte, resultará más expedito el procedimiento que ha introducido en sur enmienda el Honorable Senado. Por eso, vamos a votarla favorablemente.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas creemos que este artículo 134, nuevo, introducido por el Senado, en caso de aprobarse, vendrá a desmentir y a anular, en la práctica, todo el efecto que se ha querido lograr no sólo con esta ley de reforma agraria, sino incluso con la reforma constitucional del artículo 10, número 10, sobre derecho de propiedad que permitió la expropiación con pago a plazos superiores a 15 años, como estaba establecido en la modificación de la Carta Fundamental de ese mismo artículo impulsada durante el Gobierno del señor Alessandri.

En efecto, el país tiene conciencia de que la crisis agraria tiene un responsable,, que no es otro sino la clase terrateniente, esa minoría de propietarios que no pasa de los dos o tres mil y que son dueños del 70% de la tierra cultivable del país. Este es un grupo social perfectamente identificable, que ha tenido los resortes del poder y se ha resistido, por supuesto, a los juicios condenatorios que la historia y el pueblo chileno ya ha dado. De manera que, en una u otra forma, a través de diversos subterfugios se han introducido disposiciones que anulan este precepto básico que es el pago a 20 ó 30 años plazo, como tiene que ser, de las propiedades que son objeto de expropiación para los efectos de cumplir las finalidades de la reforma agraria.

Este artículo 134 autoriza a los expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria para entregar los bonos que se van a emitir con el objeto de pagar dichas expropiaciones en calidad de garantía para los créditos internos o externos que ellos obtengan en la Corporación de Fomento de la Producción u otra institución crediticia nacional.

En consecuencia, se trata de que estos bonos, al servir como garantía para créditos que beneficiarán a los expropiados, podrían hacerse efectivos antes del plazo establecido por la misma ley, con lo cual se anularía el efecto de determinar en la ley la expropiación con pago a plazo diferido, en la forma como está indicado en este proyecto. Podría suceder que un latifundista que recibe estos bonos recurriera al día siguiente a la Corporación de Fomento de la Producción solicitando un crédito para establecer una industria, un comercio u otra actividad lucrativa, y constituyera como aval, en calidad de garantía, los bonos que le entregaron al ser expropiada su propiedad en virtud de la reforma agraria. A los dos o tres años ese mismo señor podría darse el lujo de no pagar el crédito a la CORFO y, naturalmente, como esos bonos han sido dados en garantía, la Corporación de Fomento de la Producción tendría que hacerse pago de la deuda con dichos documentos.

¿Qué ocurriría, entonces? Que se anularía completamente el pago diferido, y el Fisco chileno debería, en la práctica, asumir la responsabilidad por el no pago de los créditos obtenidos por el expropiado con cargo a esos bonos de la reforma agraria. Este es, evidentemente, un privilegio que no se justifica de manera alguna.

Por consiguiente, los Diputados comunistas votaremos en contra del artículo 134.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, el artículo 134, nuevo, introducido por el Senado en este proyecto, evidentemente, viene a dar seriedad y respaldo a esta nueva institución que se creará por la ley de la reforma agraria, cual es la de los bonos de la reforma agraria.

Ya nosotros hemos objetado el hecho de que estos bonos tengan únicamente cierto porcentaje de reajustabilidad de acuerdo con el alza del costo de la vida. 0 sea, fuera del pago diferido, el que, a mi juicio, es injusto, pues el plazo llega a treinta años, por lo que, en muchos casos, la indemnización terminará por pagarse después de la muerte del propietario afectado por el acuerdo de expropiación, estos bonos se depreciarán en un porcentaje del alza del costo de la vida que el reajusté no contemplará y no absorberá.

En seguida, es necesario darle seriedad a estos bonos, porque es la única manera de que el proceso de reforma agraria tenga un aval de prestigio, no sólo nacional, sino también internacional.

El artículo 134, nuevo, propuesto por el Senado, contiene ideas parecidas a las que formulamos el Honorable señor Tuma y el Diputado que habla en el primer trámite constitucional del proyecto.

Nosotros comprendemos la actitud del Partido Comunista. En este caso, está respaldando el despojo de todo aquél que tenga un predio afecto a expropiación. Su interés es que no se paguen los bonos de la reforma agraria.

Cuando un propietario no ha trabajado sus tierras, y éstas se encuentran abandonadas o mal explotadas, se justifica la aplicación de una sanción. Por el contrario, si un predio ha sido trabajado en forma eficiente, es lógico que su dueño reciba el respaldo de todo el país.

Nosotros sostenemos que al propietario afectado por un decreto de expropiación hay que darle garantías, en el sentido de que se le devolverá lo que tenía. Si existe una capacidad empresarial, y ésta se quiere derivar hacia otra actividad, que al país le interesa, no comprendo cómo pretenden eliminarse estas posibilidades que, a la postre, significarán elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones sociales, especialmente de los que tienen menos, porque con ello se crearán fuentes de trabajo.

Nosotros votaremos favorablemente el artículo 134, nuevo, propuesto por el Honorable Senado. En alguna medida, corresponde a las ideas que formulamos en el primer trámite constitucional del proyecto.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos en contra del artículo 134, nuevo, propuesto por el Senado. Aunque el Honorable señor Ochagavía afirme que queremos despojar de la tierra a los señores propietarios, en realidad, pensamos de una manera distinta. Creemos que esta disposición es un obsequio que consiguieron en el Senado los señores parlamentarios que representan a los sectores empresariales. Consideramos que un país como el nuestro no puede darse estos lujos.

Por eso, sencillamente, votaremos en contra de esta disposición.

Concedo una interrupción al Honorable señor Aguilera.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, deseo agregar algo más a lo expresado por mi Honorable colega Carmen Lazo.

Esta modificación la propuso el señor Ministro de Agricultura, y ella está demostrando la debilidad de la Democracia Cristiana frente a los sectores de la Derecha, que han explotado la tierra por más de 150 años y ahora están reclamando estas franquicias para los bonos reajustables de la reforma agraria. Indudablemente que tienen que seguir defendiendo sus intereses. El artículo siguiente les da una especie de jubilación. Es decir, lo que se está aprobando no es una reforma agraria como la que se hace en un régimen socialista. Debe hacerse reforma agraria sin pagar la tierra, porque esta gente ya la explotó bastante. De ahí que los agricultores que van a entregar sus terrenos deben sentirse muy favorecidos con los bonos reajustables. Muchas gracias.

El señor TUMA.-

Tampoco comparto la opinión vertida en esta Sala, en relación con este artículo, por el Honorable Diputado del Partido Comunista, señor Cademártori.

Yo propuse esta idea, en carta abierta dirigida al Presidente de la República, con fecha 25 de enero de 1965.

El Honorable colega señor Ochagavía, sólo me acompañó con su firma en la primera indicación presentada en la Comisión de Agricultura durante el primer trámite. En el segundo informe, presenté una indicación mejorada, en la que proponía que se facultara a la Corporación de Fomento de la Producción para avalar los créditos que se obtuviesen en el exterior para la compra ed maquinarias, para la explotación de materias primas básicas. No se trata, como lo ha dicho, el colega Cademártori, de que cualquier persona puede invertir estos bonos en cualquier negocio. No, porque el propósito de esta indicación es que el país pueda contar con más recursos para echar a andar algunas industrias necesarias y de productos básicos.

En consecuencia., en este caso no se trata de favorecer a los agricultores, sino al país entero. Tenemos entendido que en una reforma agraria científica no van a trabajar más hombres en el campo. Lo harán menos hombres, porque en países adelantados, como Estados Unidos, un agricultor produce para 9 habitantes, y en Europa para 7 habitantes. En cambio, en Chile un agricultor sólo produce para 2 habitantes.

Por lo tanto, para que rinda económicamente el trabajo del campo no es necesario multiplicar los brazos, sino ahorrar trabajo por medio de la mecanización y de la modernización, hacer un trabajo científico en el agro, y en esas circunstancias va a quedar mucha gente desocupada.

Parece que mis Honorables colegas comunistas y socialistas no han considerado en sus observaciones la situación de aquellos campesinos que seguramente van a quedar desplazados, por la modernización del trabajo. Necesariamente, entonces, habrá que buscar nuevos recursos para instalar otras industrias, sea de la celulosa, de la remolacha, de la pesca o de la minería, que proporcione trabajo a esos campesinos.

En esas circunstancias era necesario que estos bonos sirvieran de respaldo a los créditos que se obtuvieran en el exterior.

Hemos considerado que el plazo de 25 años previsto en esta ley no es ninguna exageración. Por lo demás, no es de 25 años ni de 30 años, sino de 12 años y medio y de 15 años como promedio. Por lo tanto, pagando en cuotas anuales baja el promedio del plazo a la mitad.

En esa forma es factible obtener créditos en todos los países capitalistas para traer plantas industriales capaces de mover al país y de dar trabajo a los campesinos que seguramente van a quedar desplazados por el trabajo científico de la agricultura. Por otra parte, esta indicación fue aprobada en las Comisiones de Agricultura y de Hacienda de la Honorable Cámara, siendo rechazada en la Sala, lamentablemente. Aquí, con esta mayoría que tiene el Gobierno, hay que ganar las votaciones como en el juego del billar; hay que hacer las carambolas por baranda. Así tenemos que esta indicación se tuvo que ganar en el Senado, porque en la Cámara la perdimos. El Senado, obrando con muy buen criterio y contando con el asentimiento de S. E. el Presidente de la República y de los señores Ministros de Agricultura y Hacienda ha incorporado en el proyecto esta indicación que, a mi juicio, es una de las más valiosas de las que figuran en él.

Debo expresar que comparto la mayoría de las ideas del Frente de Acción Popular sobre la materia; en este caso yo les habría advertido oportunamente mi opinión respecto a este artículo. De manera que celebro que el Senado haya introducido esta disposición que, de ser aprobada, va a constituir una gran palanca para el trabajo industrial en nuestro país, aunque la forma como la ha aprobado, no corresponde exactamente a la indicación que nosotros presentáramos originalmente en la Cámara. No obstante, en el fondo refleja más o menos lo mismo y llena igual finalidad. Por eso, yo, personalmente, aun cuando formo parte del Comité Socialista votaré favorablemente esta modificación del Senado.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, en este momento, nosotros estamos recogiendo el fruto de lo que entendemos como el derecho que tiene cada uno de expresarse. El Honorable colega señor Tuma ha aclarado perfectamente bien que está adscrito a nuestro Comité y que no comparte nuestra ideología y, por lo tanto, que no es miembro de nuestro Partido.

En todo caso, deseo llamar la atención de la Cámara sobre el siguiente hecho: aquí se han aprobado artículos, como lo hizo ver denantes el colega Silva Solar, que significan, echar para atrás algunas reivindicaciones de tipo social del trabajador agrícola, en aquellos predios que seguramente no van a ser expropiados por la reforma agraria; y los colegas, encontrándonos razón, decían que ellos no podían aprobar este artículo, porque significaba desfinanciar la reforma agraria. Sin embargo, con este artículo que, como decía el Honorable señor Tuma, él con el Honorable señor Ochagavía consiguieron hacer pasar en el Senado, se va a dar a los agricultores un premio que nosotros consideramos injusto e inmerecido.

Porque el artículo siguiente, como expresaba el Honorable señor Aguilera, ya no sólo se dará posibilidad de obtener bonos, que van a ser una garantía de primera clase, como lo establece esta disposición, sino que, prácticamente, se va a otorgar una especie de jubilación a las personas que han sido usufructuarias de la tierra en el país. Mientras, el campesino. ..

El señor GARCES.-

¿Me permite una interrupción?

La señora LAZO.-

Voy a terminar primero. Ese campesino de que nos hablaba en forma tan emotiva el colega Ricardo Valenzuela, con palabras encendidas, que en realidad estaban impregnadas de fe y de ardor por la doctrina de su partido, y para el cual por fin estaba sonando una clarinada de verdadera revolución, de verdadera libertad, ahora, con esta reforma agraria, hasta este momento, en lo que va pasado del proyecto, aparte de lo que hemos señalado como positivo para él, no tendrá nada más. Los únicos que van a recibir son los señores usufructuarios de la tierra. Todos sabemos cuáles son los salarios agrícolas y cuáles son, por lo tanto, las jubilaciones que reciben los trabajadores agrícolas. Todos sabemos cómo ha sido, no ahora, sino durante toda la vida, la situación de los obreros frente al cobro de las asignaciones familiares, que en la mayoría de los casos han sido recibidas por los patrones. ¡ Para qué hablar de la situación de estos trabajadores frente a la previsión!

Sin embargo, con este sistema de bonos, en la forma como está redactado el artículo 134, creemos que se echa pie atrás, que se borra con la manga lo que se escribió con la mano. En realidad, no se trata, como dijo el Honorable colega Ochagavía, de despojar a los actuales propietarios, porque en ese caso habría que empezar a hacer un poco de historia y ver quiénes despojaron a los indios en la frontera, quiénes despojaron al hombre que era realmente el dueño de la tierra. Y resulta ahora que los despojadores se consideran despojados, porque se empieza a abrir la posibilidad de establecer un régimen que significa un poco de justicia para el hombre del agro chileno.

Por eso, creo que ésta es una inconsecuencia y que los colegas de la Democracia Cristiana, que han afirmado en la discusión de este proyecto, que él es uno de los pilares de la revolución en libertad, no pueden contradecirme en esta forma y aprobar este artículo, en circunstancias que lo rechazaron en el primer trámite constitucional. 'Quienes lo rechazaron tuvieron buenas razones para hacerlo.

No sé qué actitud adoptará ahora la mayoría de la Cámara frente a este artículo; pero dejamos establecido que no podemos aceptar una política que, en sus declaraciones y en sus palabras, afirma que está realizando una revolución, cuando en realidad, en el fondo y en definitiva, sólo está halagando a una clase que ya ha sido suficiente y más que suficientemente halagada y pagada.

Porque realmente defendemos el interés de los trabajadores agrícolas, nosotros vamos a votar en contra de los artículos 134 y 135, pues consideramos que son contrarios al espíritu de la ley sobre reforma agraria.

El señor GARCES.-

Con todo el respeto que me merece la Honorable colega señora Lazo, quiero decirle que se ha adelantado a emitir un juicio que considero equivocado, porque los Diputados de estos bancos vamos a rechazar el artículo 135, por las razones que daré más adelante.

Con referencia al artículo 134, no deseo dejar pasar las palabras vertidas, especialmente, por la Honorable señora Lazo y el Honorable señor Cademártori. Al plantear al país una reforma agraria, nosotros lo hicimos en el entendido de que no íbamos a despojar a nadie de su tierra sino que dijimos, en forma clara y precisa, que todo predio que estuviera abandonado o mal explotado, que tuviera exceso de superficie... 

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MONTES.-

¡Está repitiendo lo que dice el proyecto!

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados respetar el derecho del orador y guardar silencio!

El señor GARCES.-

...o que así lo exigiere la necesidad de la comunidad, sería expropiado, pagándose en la forma establecida en el proyecto de ley que estamos discutiendo esta tarde en la Sala....

Nosotros hemos planteado un programa al país. 

El señor GARCES.-

Además, nosotros queremos decir que no sacaríamos nada con dejar los bonos provenientes del pago diferido de los predios expropiados en conformidad a esta reforma agraria, en los bolsillos de las personas, en circunstancias que quien recibiera esos bonos prácticamente sólo los va a tener en su poder, y no los va a usar. Pero si a través de esos bonos vemos la posibilidad de poder agilizar la industrialización del país y el desarrollo y avance de la economía nacional, y ofrecer trabajo a la mano de obra desocupada, nosotros, en forma consciente, tenemos que aprovechar esa posibilidad, porque, de ninguna manera, estamos renunciando a nuestro programa; en ninguna forma estamos traicionando a los campesinos; de ninguna manera estamos cambiando el programa que planteamos al pueblo el año 1964. Así es que, cuando se dice que, al aprobar este artículo, estamos burlando a los campesinos, creo que no se están diciendo en forma consciente esas expresiones, sino que se está haciendo demagogia en torno de un proyecto de ley que ha sido expuesto al país, y que la mayoría de esta Cámara y del Senado ha aprobado y le ha dado su respaldo.

El señor ROSALES.-

Señor Presidente, en relación con este artículo, quiero hacer algunos recuerdos. En primer lugar, deseo recordar el esfuerzo que han hecho los sectores de la oligarquía para tratar de imponer su criterio, valiéndose de diversos expedientes. Cuando perdieron la posibilidad de hacerlo en la Cámara, siguieron trabajando en el Senado, hasta que consiguieron su objetivo.

Quiero decir también y recordar que en la Comisión de Agricultura, fue consultado expresamente el Subsecretario de Hacienda sobre el alcance y contenido de esta disposición. El señor Zaldívar manifestó que este artículo era altamente inconveniente para la reforma agraria.

El señor ROSALES.-

El señor Zaldívar dijo que este artículo era absolutamente negativo, porque restaba recursos a la reforma agraria.

Consultado el señor Francisco Cumplido, que asesoró a la Comisión y al señor Ministro, manifestó también una opinión parecida."

Varios señores DIPUTADOS.-

No, señor.

El señor ROSALES.-

Dijo que, con este artículo, se distraían fondos que iban a servir a la reforma agraria. En vista de eso, se rechazó el artículo aquí en la Cámara. De manera que la insistencia de los oligarcas de la tierra para sacar ventajas y obtener nuevos privilegios, tiene que resultar sospechosa, en estos instantes, a todos los sectores de esta Corporación.

Nada más, señor Presidente.

La señora LAZO.-

El Honorable colega empleó el término "demagogia".

Si realmente yo quisiera hacer demagogia en torno de este problema, me alegraría mucho de que los colegas aprobaran, lisa y llanamente, este artículo, porque, mirado el asunto desde el punto de vista político, a nosotros no nos cabe ninguna duda de que la Democracia Cristiana tan pronto está defendiendo a los trabajadores, como está amparando a los patrones; de modo que tendríamos razón. Pero como éste es un problema muy serio, nosotros tenemos que expresar cuál es nuestra opinión.

Ahora, yo deseo formular una pregunta al Honorable colega Garcés: ¿cuál fue la razón que tuvo la mayoría de la Honorable Cámara para votar en contra de este artículo en el primer trámite constitucional ?

La señora LAZO.-

Señor Presidente, en vista de que el Honorable señor Garcés me va a contestar más adelante, voy a formularle otras preguntas, aparte de la que ya le he hecho acerca de por qué en el primer trámite constitucional tuvieron una conducta diferente de la que tienen; ahora.

Si la Corporación de la Reforma Agraria quiere industrializar ciertas zonas del país en lo cual estamos absolutamente de acuerdo ¿por qué pretende hacerlo a través de particulares y no lo hace aprovechando precisamente los medios que le concede la propia ley de reforma agraria? Es más; para que vean quiénes son los que realmente hacen demagogia, en la mañana de hoy algunos colegas nos dijeron que, efectivamente, habían aprobado y estaban aprobando artículos que no les gustaban mucho, pero que iban a ser mejorados por el Presidente de la República a través del veto. O sea, la discusión de un proyecto que se anunció al país, de Arica a Magallanes, y que ya estaba estudiado, se dilató debido a los cientos de indicaciones si no me equivoco fueron más de doscientas formuladas por el Gobierno por intermedio del señor Ministro de Agricultura. A pesar de la discusión habida aquí en la Cámara durante el primer trámite constitucional de este proyecto, hay muchos artículos de la mayor importancia que, o van a ser aprobados ahora después de haber sido rechazados, luego del "muñequeo", como se ha dicho aquí, de los interesados en despachar estas cosas, o van a ser mejorados a través del veto.

Esto quiere decir que este proyecto es el monumento a una solemne improvisación. Si nosotros quisiéramos hacer política con esto, nos alegraríamos mucho de los errores que comete el partido de gobierno; pero sentimos que estos errores...

La señora LAZO.-

Pues bien, deseo aclarar una vez más en esta Cámara, y precisamente por respeto hacia el compañero Barra Villalobos, que no llegó aquí siendo un señor letrado o un latifundista, sino un humilde obrero; que él recibió ese proyecto equivocadamente y, como no era técnico ni entendido en la materia, lo entregó para la consideración del Congreso.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

La señora LAZO.-

Rogaría al Honorable señor Sotomayor que me dejara hablar o que me pidiera una interrupción. Su Señoría tiene la obligación de ser más educado que el compañero Barra Villalobos.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, durante el primer trámite constitucional de este proyecto, se trató este mismo asunto. Es decir, éste, que es el único error grande cometido por el señor Barra Villalobos, borra, a juicio de algunos colegas sus dieciséis años de impecable acción parlamentaria. Creo que eso es un egoísmo, porque Barra Villalobos llegó aquí siendo un humilde obrero, un hombre del pueblo, y yo sé que se llevó el respeto de la mayoría de la gente de todos los bancos. Por eso me duele que para justificarse. . .

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PARETO (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor ESCORZA.-

Salió bien.

La señora LAZO.-

Ojalá Su Señoría saliera tan pulido y capaz como salió Barra Villalobos, porque una cosa es venir a calentar los bancos y otra muy distinta, es venir a estudiar y a prepararse.

Anteriormente hemos dicho esto mismo, y lo repitió el colega Ramón Silva durante el primer trámite; pero la majadería con que tratan de ocultar los errores que se cometen a conciencia, saca siempre a relucir los que se cometieron por desconocimiento o por falta de experiencia parlamentaria.

Por una parte, me alegro de que los colegas repitan esto, porque ello prueba que, a falta de mejores argumentos, sacan a relucir lo que ya, si no estaba olvidado, debiera ser comprendido por ellos.

¿De qué estamos hablando? De las consecuencias que va a tener la política que aplicará la Democracia Cristiana. Estamos esperando la respuesta que nos van a dar los colegas a la pregunta de por qué, durante el primer trámite constitucional de este proyecto negaron sus votos a estas disposiciones y por qué los dan ahora.

Señor Presidente, con respecto a la industrialización de algunas zonas del país, creemos que ella es necesaria y urgente; pero, si acaso se quiere liquidar al latifundista, a este gran señor del agro chileno, no digo que lo pongan a pan y agua o, sencillamente, le nieguen todo, debe hacerse una reforma agraria efectiva que también cree fuentes de trabajo en el campo, para que no tengan que seguir haciéndolo los particulares, porque sabemos perfectamente bien con qué criterio tratan a los trabajadores y con qué criterio resuelven sus problemas.

Nada más.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, reitero que votaremos afirmativamente este artículo.

No he pedido la palabra para contestar a la Honorable señora Lazo, porque nos sintamos emplazados por ella, ni tampoco para contestar al Honorable colega señor Rosales, que participó en la Comisión de Agricultura, sino para decir, como lo manifestáramos en la sesión de ayer en la Cámara, que este artículo tuvo su origen en una indicación del Honorable señor Tuma y que, yo bien lo reconozco, lo dejamos para el Senado, porque no estaba bien "afiatado". Pero no concordamos con la idea de que los bonos de la reforma agraria no sirvan para nada. Yo creo que mi Honorable colega señor Rosales no entiende el problema, porque los bonos se pagarán a su vencimiento y sólo servirán para formar capitales, como lo dice el artículo 134.

En cuanto al ex Diputado señor Albino' Barra Villalobos, nos merece gran respeto. Yo no he planteado nada. Sólo he dicho que el Partido Socialista no ha tenido jamás una política de reforma agraria, y que el único proyecto que presentaron lo tuvieron que rechazar por malo y por derechista.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, quiero intervenir sólo para levantar un cargo.

El Honorable señor Rosales ha dicho que la indicación que originó este artículo fue propuesta por elementos oligárquicos, con lo que me coloca en el mismo lugar de los oligarcas reaccionarios.

Al colega señor Rosales le consta que me he sentado durante seis años en estos bancos y que he acompañado permanentemente a Sus Señorías. Por eso, me parece injusto que ahora, porque tengo un criterio distinto en materia económica y en lo que se refiere a los bonos de la reforma agraria, insista en que la indicación fue presentada por la Derecha. No pretendo defender a la Derecha, pero no fue así. Lo que pasa es que, por falta de estudio de la indicación, el error debió ser corregido por el Senado. Y el señor Zaldívar, que fue la primera persona con quien conversé antes de presentar la indicación, la encontró magnífica. De manera que me extrañaría que a mis espaldas le hubiera dicho al Honorable señor Rosales que la indicación no servía para nada.

El señor ROSALES.-

Lo dijo en la Comisión.

El señor TUMA.-

No pudo haberlo dicho, porque, gracias a la intervención del señor Zaldívar, fue aprobada en la Comisión de Hacienda y también en la de Agricultura; de modo que no me parece justo achacar al Diputado que habla palabras, hechos o intenciones que no ha tenido.

El señor CADEMARTORI.-

Señor Presidente, yo quiero insistir en que los Honorables señores Garcés y Sotomayor no han dado ninguna razón para rebatir lo que afirmamos como una virtual anulación del propósito fundamental de la reforma agraria, de pagar mediante bonos a plazo diferidos que llegan hasta 30 años. Y no han podido hacerlo, porque de lo que efectivamente se trata es de lo siguiente: el expropiado que reciba los bonos, al ser beneficiado con un crédito de la Corporación de Fomento, o del Banco del Estado o de cualquiera otra institución financiera del Estado, está en condiciones, por su propia voluntad, y esto es lo importante, de pagarse con los bonos, con anticipación a la fecha de su vencimiento. Esto no lo ha aclarado el Honorable señor Sotomayor, porque basta que el expropiado deudor de un crédito en una institución estatal, caiga en mora para que la institución acreedora, por ejemplo, la Corporación de Fomento, no cubra los créditos correspondientes y se haga pago de ese crédito por medio de la garantía que es el bono de la reforma agraria.

En otras palabras, significa cambiar el plazo de pago de 30 años, que en algunos casos es de 20 y en otros de 15.

El señor SOTOMAYOR.-

Sólo la cuota al contado.

El señor CADEMARTORI.-

Conforme. Pero por el saldo de los bonos, la deuda que tendrá el Fisco con el expropiado puede ser pagada, como se sabe, hasta en un plazo de 30 años. En este caso, el que ha recibido un crédito del Banco del Estado o de la Corporación de Fomento, podría, al primero o segundo año, pagarse íntegramente del valor que le adeuda el Fisco con sólo no pagar los créditos. Esto lo puede y lo podrá hacer legalmente. Se sabe que es una práctica común. Podríamos solicitar la lista a la CORFO para comprobar que muchos agricultores beneficiados con créditos todavía no los han pagado, ni en su oportunidad ni nunca hasta ahora. A esto, que es un abuso incalificable y que es una práctica muy corriente en las instituciones de crédito, ahora se le da patente de legalidad.

Esto no tiene ninguna base económica ni moral, porque desvirtúa absolutamente el objetivo de la reforma agraria. Significa que todos los recursos que el Estado destina a través de la CORFO, para créditos o inversiones, se perderán o no serán recuperados, porque, sencillamente, entrará a jugar este artículo, y en parte de pago se darán los bonos.

Esto es tanto o más escandaloso que el tratamiento que se da a muchos jubilados a los que se adeudan no sólo la pensión, sino el desahucio, como a los ex empleados de Notaría. En la Caja de Empleados Públicos y Periodistas hay más de 50 que están impagos de sus beneficios. Figuran en lista de espera, y algunos tienen para varios años. Sin embargo, estos mismos jubilados tienen que pagar el impuesto a la renta, las contribuciones de bienes raíces y una serie de otras obligaciones.

Lo justo entonces, si se aplica este artículo, es que, con mucho mayor razón, se aplique a los acreedores del Fisco. Sin embargo, ha sido norma de este Gobierno, y que se ha planteado como criterio de saneamiento moral, el no dar facilidades a la gente que realmente las merece. En cambio, a los terratenientes que son sancionados con las expropiaciones, se les da esta facilidad que, en la práctica, anula completamente el pago diferido.

Este artículo significa convertir el proyecto en una reforma agraria de macetero, como la del señor Alessandri, porque la idea fundamental que escuchamos al Honorable señor Ochagavía es la compra de los fundos mal explotados. En la práctica, es comprar y no expropiar, cosa bien distinta. De ahí la gravedad de este artículo.

Por eso, lo votaremos en contra.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, en forma muy breve voy a demostrar que el Honorable señor Cademártori no ha leído el artículo.

El inciso primero de este artículo dice claramente "....la inversión en la actividad favorecida por el crédito de a lo menos el monto de la cuota al contado...". Y agrega el inciso segundo, también en forma muy clara: "Los bonos de la reforma agraria serán recibidos por las referidas instituciones, en conformidad al inciso anterior, sólo hasta la concurrencia del valor de las cuotas que deban amortizarse dentro del plazo del crédito respectivo."

Esto me ahorra todo comentario, señor Presidente.

Nada más.

El señor AGUILERA (don Luis).-

Señor Presidente, ya anunciamos que votaríamos en contra de este artículo. Pero yo quiero expresar que a los campesinos del Valle del Choapa no se les ha pagado la asignación familiar, es decir, se ha descuidado la previsión de esa gente que por dos años no tiene estampillas en sus libretas del Servicio de Seguro Social. Incluso algunos no han podido jubilar o han perdido el derecho a ello. Sin embargo, el Honorable colega señor Sotomayor manifestó en la sesión de ayer que se estaba pagando la asignación familiar a todos los asentados del país, y lo dijo en forma tan categórica y terminante, que casi convenció a varios sectores de la Cámara. Por eso, tal como se lo manifesté ayer, estimo que sigue desafortunado en sus explicaciones a la Cámara, incluso al mencionar a ex parlamentarios que merecen respeto; porque el ex colega Albino Barra ha dejado muchas leyes en beneficio de los trabajadores; en cambio, el colega Sotomayor, hasta este instante, todavía no puede entregar una ley que favorezca al país.

De todas maneras, yo quiero desmentir lo aseverado por el Honorable señor Sotomayor dando lectura a un oficio que lleva la firma del señor Ministro de Agricultura y que dice: "El proyecto de ley de Reforma Agraria establece en uno de sus artículos que los asignatarios de tierras y las personas naturales que sean miembros de cooperativas campesinas asignatarias de tierras, quedarán afectas al régimen de previsión establecido por la ley Nº 10.388 para los trabajadores independientes, cualquiera que fuere el monto de su renta total."

"Otro artículo de este proyecto sigue el señor Ministro otorga a los campesinos indicados el derecho de percibir asignación familiar por sus hijos que tengan entre 7 y 23 años".

De esto se desprende que los hijos de los asentados no perciben la asignación familiar. De ahí que el colega señor Sotomayor, no estaba en lo cierto cuando aseguró que sí la recibían.

Eso es todo.

El señor ARAVENA (don Andrés).-

Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente la enmienda de este artículo, por cuanto en ellas vienen consideradas algunas indicaciones que nosotros hicimos en el primer trámite constitucional y que se refieren a la participación de representantes de los trabajadores del campo en el Consejo Nacional Agrario.

Nosotros no concebimos una reforma agraria en la que no participe, en forma activa el elemento trabajador.

Felizmente, el Senado ha reparado esta grave falla, razón por la cual votaremos favorablemente las modificaciones de este artículo.

Nada más, señor Presidente.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, entre las funciones del Consejo Nacional Agrario que crea este proyecto, estaban la de acordar las expropiaciones de predios rústicos y la de resolver sobre las reclamaciones de los propietarios, como tribunal superior. Desgraciadamente, una de las modificaciones del Senado le quita la primera atribución, que era la más importante.

Nosotros somos partidarios de ampliar la composición del Congreso Nacional Agrario para que no sea un organismo meramente estatal. Estamos dispuestos a que participen los campesinos; a que haya representantes, como señala el Senado, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Colegio Médico Veterinario. También nos parece lógico que lo integren, por lo menos, dos representantes de las sociedades agrícolas del país.

Por desgracia, repito, las funciones del Consejo Nacional Agrario están desvirtuadas, ya que sólo tendrá que resolver los reclamos en relación al derecho de reserva.

Nada más, señor Presidente.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, respecto de este Título "De los Tribunales Agrarios", nos parece interesante recalcar las observaciones que ya formulamos en el primer trámite de este proyecto.

A nuestro juicio, estos Tribunales deben estar revestidos de seriedad y de respetabilidad, que no la pueden dar sino los organismos de los Tribunales de Justicia del país.

Creemos, por tanto, que en estos Tribunales especiales todos aquellos asuntos susceptibles de apelación deberían tener las mismas garantías que tendría el afectado si recurriese a un Tribunal de Derecho.

Quisiera destacar esto como observaciones de fondo al Título, y si la Mesa desea tomar una sola votación, como lo ha planteado, los Diputados Nacionales nos abstendremos, ya que las modificaciones del Senado, a nuestro juicio, en absoluto mejoran los términos relativos a la intervención de los tribunales como para que nosotros podamos discernir entre votar por el texto de la Cámara o a favor de la modificación del Honorable Senado.

Nada más, señor Presidente.

El señor OCHAGAVIA.-

Muy brevemente, nosotros deseamos destacar que los artículos 147 y 148 aprobados por la Honorable Cámara tenían por objetó permitir que los particulares contribuyeran con sus recursos a la realización del proceso de la reforma agraria en todas las zonas del país. Mediante algunas franquicias de orden tributario, se podría obtener una reforma agraria mucho más amplia, sin las limitaciones que el pago de funcionarios y servicios significa para el Estado.

El Senado propone suprimir ambos artículos de la Cámara. Los Diputados del Partido Nacional, consecuentes con nuestra posición en el primer trámite, votaremos en contra de la proposición del Senado.

El señor ROSALES.-

Esta disposición encierra una enorme gravedad...

El señor PHILLIPS.-

¡Eso es muy delicado!

El señor ROSALES.-

... por cuanto termina con el derecho a huelga de los trabajadores de la tierra.

Nosotros la objetamos en el primer trámite constitucional. Fue aquí materia de un largo debate, que incluso promovió varios incidentes, como todos los señores Diputados deben recordar.

En el Senado se reemplazó esa disposición por la que contiene ahora el artículo 169, que permite al Presidente de la República decretar la reanudación de faenas y faculta a las autoridades civiles para pedir el auxilio de la fuerza pública.

En primer lugar, esta es una materia enteramente ajena a las disposiciones de un proyecto de reforma agraria, que pudo haber figurado en cualquier otra iniciativa; por ejemplo, en el proyecto de sindicación campesina. Nos parece extraño que; se insista en colocarlo en este proyecto. Esto es mucho más grave si se considera lo que hemos presenciado, en los últimos tiempos, en materia de conflictos laborales, como lo que ocurrió en la gran huelga campesina de Colchagua. Allí pudimos observar que el Gobierno de la República, con todo el poder del Estado, respaldó a los terratenientes, se puso de parte de los latifundistas...

El señor FUENTES (don César Raúl).-

¡Eso no es efectivo!

 El señor ROSALES.-

Invadió la provincia de Colchagua con fuerzas policiales y puso a esa zona en pie de guerra, para amedrentar a los trabajadores, para amedrentar a los campesinos. Pero no sólo movilizó a las fuerzas policiales, que llegaron, como he dicho, a la ciudad en pie de guerra, sino que movilizó todo el aparato oficial: a Intendentes, Gobernadores, funcionarios del Trabajo, funcionarios del Servicio de Seguro Social, promotores, asesores, etcétera; una verdadera nube de funcionarios, incluso la Policía Política, con el señor Aceval a la cabeza.

El señor CLAVEL.-

¡Es grave la cosa!

El señor ROSALES.-

¿A qué fue toda esa gente a la provincia de Colchagua? ¿A amparar a los campesinos, a amparar a los trabajadores de la tierra, a prestarle ayuda en su lucha a esta gente, que siempre ha sido explotada y humillada por los terratenientes? ¡No, señor! Todo este aparato oficial y policial fue a Colchagua a amparar a los terratenientes, a obligar a los trabajadores a regresar a sus faenas, a amedrentarlos, a emplazarlos, a amenazarlos, a decirles que, si no volvían al trabajo, iban a ser lanzados a la calle, con sus mujeres y niños... .

El señor ROSALES.-

Este no es un hecho aislado; esto ha ocurrido en todos los conflictos laborales.

¿Qué pasó en la huelga del cobre? ¿Qué hizo el Gobierno? ¿Amparó a los trabajadores? ¡No! Protegió a la Braden Copper, a los intereses extranjeros. Se puso en pugna con los trabajadores. Todos sabemos cómo terminó ese movimiento de los trabajadores: con una "masacre" cobarde. ¡Sí, señor! Con una "masacre", en la que no sólo fueron asesinados obreros indefensos sino también, y por la espalda, mujeres chilenas, madres de nuestro pueblo. ¿Qué sucedió en la huelga del magisterio? ¿Qué hizo el Gobierno? Apaleó a los profesores en la calle. ¿Qué ocurrió en la huelga de los empleados del Banco de Chile? ¿Qué hizo el Gobierno? Se puso de parte de los capitalistas, de parte de los dueños de dicho banco, y los huelguistas fueron apaleados en la calle. ¿Qué aconteció con motivo de la huelga del personal de la Salud? ¿Qué hizo el Gobierno? Apaleó, otra vez, a los trabajadores en la calle.

Estamos, entonces, frente a una política antiobrera, a una política contraria a los intereses de nuestro pueblo, de los trabajadores. Por eso, esta disposición es muy grave; de ahí que nosotros la denunciamos en la Honorable Cámara. Porque, esta tarde, se ha visto aquí el espíritu reaccionario de los Diputados de la Democracia Cristiana. ¿Cómo votaron Sus Señorías el artículo 67, que significa dejar al margen de la reforma agraria a cientos y miles de campesinos? Votaron en favor de esa monstruosidad. Y votaron también en contra del artículo 98, que daba pequeños beneficios a los trabajadores de la tierra.

Entonces, ¿cómo vienen a decirnos, aquí, que ellos están en favor de los campesinos, en favor de los trabajadores, cuando les acaban de conceder a los terratenientes los mayores privilegios en esta reforma agraria? Los latifundistas están felices, señor. ¡Van a tener plata al contado y en el bolsillo! ¡Se acabó la reforma agraria con pago diferido! Tienen que estar de fiesta todos los terratenientes de Chile, por lo que acaba de aprobar la Honorable Cámara.

Por eso, nosotros creemos que éste es un artículo reaccionario, que no tiene por qué figurar en esta ley. Y, sin embargo el Gobierno ha hecho cuestión de él y ha insistido para incorporarlo en este proyecto.

Como el señor Ministro de Agricultura está presente en la Sala, podríamos escuchar alguna explicación de su parte. Por que le hicimos presente, en muchas oportunidades, nuestras aprensiones respecto de estas disposiciones, que acaban con derechos adquiridos por la clase obrera chilena y por los campesinos.

De manera que los Diputados comunistas no sólo vamos a rechazar esta disposición, sino que cumplimos con el deber de alertar a la clase obrera, especialmente a los campesinos, respecto del espíritu con que se está aprobando este proyecto.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas también vamos a rechazar el artículo 169, nuevo, propuesto por el Senado, porque establece claramente que, en cualquier instante, se podrá requerir de la fuerza pública para desalojar un fundo y quebrar las huelgas que efectúen los campesinos, en las cuales, por lo general, exigen ser escuchados.

Como, afortunadamente, el señor Ministro de Agricultura ha manifestado hoy que, cuando los parlamentarios tuviéramos algún reclamo que hacer, lo formuláramos con nombres o con hechos concretos, quiero llamar su atención sobre el telegrama enviado por un comité de campesinos de Linares, en el cual piden amparo al Parlamento. Dicho telegrama expresa lo siguiente:

"Los trabajadores fundo Santa Sara propiedad Emilio Gidi solicitamos amparo frente a persecución patronal y mal trato de parte administrador Eduardo Muñoz.

Por los trabajadores, Luis Cáceres, Estanislao Llely, Domingo Fuentes."

Señor Presidente, junto con anunciar nuestros votos contrarios a la disposición en debate, rogaría al señor Ministro tomar nota del problema que he denunciado y pedir a Linares, de inmediato, las informaciones respectivas, a fin de solucionar la situación dada a conocer por los trabajadores en el telegrama que he leído.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, a propósito de lo expresado por el Honorable señor Rosales, debo manifestar que los Diputados de estos bancos vamos a votar favorablemente el artículo 169, porque en él se establece en forma bien clara: "En caso de lockout patronal o de paralización ilegal...". Respecto de la huelga de los campesinos de Colchagua a que hizo referencia el Honorable colega, él sabe perfectamente que fue un movimiento ilegal.

El señor ACEVEDO.-

Pero justo.

El señor SOTOMAYOR.-

Aquí sólo estamos viendo si fue legal o ilegal..

Yo participé en las conversaciones de arreglo de la huelga. Y fui el único Diputado que, junto con el Senador señor Corbalán, estuve allí hasta el último momento, tratando de encontrar una fórmula de entendimiento para solucionar el conflicto.

El señor ACEVEDO.-

Los otros se corrieron.

El señor SOTOMAYOR.-

Nosotros no queremos dejar a los campesinos a merced de agitadores profesionales a sueldo, que andan metiéndole a la gente en la cabeza cosas que no sabe ni entiende. Porque en todas las partes adonde fuimos con motivo de esa huelga, en las que nos encontrábamos con el Honorable señor Rosales, la gente no sabía por qué estaba en huelga. Cuando se les preguntaba, ellos respondían: "Por el pliego, por el pliego." ¡Y no sabían de qué trataba el pliego! En varios fundos donde estuve tratando de arreglar este conflicto, ofreciéndose mejores condiciones de las que se dieron al final, precisamente nos encontramos con la oposición de la Federación Campesina, que defiende el Honorable colega señor Rosales.

Nada más, señor Presidente.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, al examinarse este artículo, no podemos menos que decir alguna palabra sobre el tema, porque no se trata de algo simple. Este artículo 169 habla de las paralizaciones "ilegales" del trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Se ha dicho que estamos viviendo en una época en que se va a hacer una "revolución en libertad".

Un señor DIPUTADO.-

- Sí, señor.

El señor PONTIGO.-

El Presidente de la República, cuando era candidato a la Presidencia, más aún, antes, cuando era Senador, muchas veces dijo, públicamente, que las huelgas no se pueden dividir en "legales" o "ilegales", sino en "justas" e "injustas". Ahora que está en el Poder, para aplicar este pensamiento nuevo que se dijo que se iba abrir camino en la vida chilena, se olvida lo que se dijo y lo que se prometió. Ahora, para el Gobierno y la Democracia Cristiana, no hay huelgas "justas" o injustas, sino "legales" o "ilegales".

El señor Ministro, que está aquí presente, y los Diputados de la Democracia Cristiana que asisten a esta sesión, saben que las huelgas son reflejos de un hecho social concreto que se produce porque los trabajadores, no siempre pueden tomar, como consecuencia de la actitud patronal, las medidas que les permitan, en el ciento por ciento de los casos, llevar sus movimientos reivindicativos por los cauces que se denominan "legales" en nuestro país.

Por eso, estimamos injusto este artículo. Y no sólo por eso, sino también por el hecho de que en él se dice que se podrán reanudar las faenas en virtud de un decreto del Presidente de la República y con la intervención las autoridades civiles, las que podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.

¿De qué se trata, señor Presidente? Se trata de utilizar la fuerza pública, como aquí se ha dicho, para los objetivos que representan los patrones y las grandes empresas agrícolas en nuestro país.

¿Podemos nosotros olvidar que el latifundio chileno está presionando sobre la Democracia Cristiana y sobre el Gobierno para impedir que esta reforma agraria vaya en profundidad a herir los intereses de los grandes terratenientes, dueños de la tierra?

Nosotros sabemos que sí. La presencia en Chile de un organismo que preside don Pedro Enrique Alfonso, ex militante del Partido Radical, ha demostrado, como sabe el Gobierno, que puede presionarlo para que vaya poco a poco, lentamente, a través de una política de vacilaciones, haciendo concesiones en favor de los grandes dueños de la tierra. En este proyecto de reforma agraria, entre otras concesiones que se hacen, está la de establecer la autorización para que el Presidente de la República pueda declarar inexpropiables las tierras de las provincias de Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá, como asimismo las de Aísén, Chiloé y Magallanes.

¿Qué significa esto? Significa dar posibilidades a los grandes dueños de la tierra para conservar el latifundio y, por consiguiente, las posibilidades de presionar políticamente sobre cualquier Gobierno,, porque, teniendo el poder económico en sus manos, ellos pueden obligar, en cierta medida y en determinadas circunstancias, a que el Gobierno haga lo que ellos desean en favor de sus intereses.

La aplicación de esta disposición involucra que la fuerza pública no va a ser utilizada en defensa de los trabajadores. La historia está llena de ejemplos en que los trabajadores que luchan por mejores condiciones de vida, salud y trabajo, han sido acribillados por las balas de la fuerza pública, en defensa del régimen institucional para poder garantizar, de esta manera los intereses de los ricos en contra de las posibilidades de que los pobres puedan vivir mejor.

Nosotros rechazamos este artículo 169, en defensa de los intereses de los campesinos, para favorecer el desarrollo democrático de Chile y para impedir que la presión de los terratenientes, la presión económica que ellos están desencadenando sobre el Gobierno y la Democracia Cristiana, pueda tener éxito en el futuro.

Nada más.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, esta materia relativa a la reanudación de faenas, la Honorable Cámara ha tenido oportunidad de debatirla en diferentes ocasiones, con anterioridad. Quiero recordarles a los colegas de la Democracia Cristiana, cómo fustigaron ellos al Partido Radical cuando se discutía el proyecto de ley sobre sindicación campesina, el año 1947. Dijeron que privábamos al campesinado chileno de la herramienta para luchar por sus reivindicaciones sociales; que los Gobiernos Radicales habían establecido el arbitraje obligatorio respecto de los trabajadores del campo; que no se les permitía ir a la huelga, que es la única arma de los trabajadores para obtener las conquistas sociales que ellos pretenden alcanzar.

Reconocemos, hidalgamente, que, al dictarse en aquella época la ley sobre sindicación campesina, no disponíamos de la mayoría con que cuenta ahora el partido de gobierno para imponer su criterio. Por eso, tuvimos que establecer entonces el arbitraje obligatorio, violando las convenciones internacionales que prohíben el trabajo obligatorio en los países signatarios. Y, cuando hay arbitraje obligatorio, existe trabajo obligatorio, y en consecuencia, se violan esos acuerdos internacionales. Aquí se ha insistido mucho por uno de los Honorables colegas de la Democracia Cristiana, en que este artículo 169, nuevo, del Senado se refiere a huelgas ilegales. Pero el colega y la Democracia Cristiana parecen olvidar que la actual ley sobre sindicación campesina, aprobada por el partido de gobierno, que es mayoría, establece la reanudación de faenas en el caso de las huelgas legales. Así que ahora el Gobierno no hace otra cosa que extenderla a las huelgas ilegales. Ahora tiene las dos armas para las dos clases de huelgas: las justas y las injustas o las legales y las ilegales, como quiera llamárselas. Pero lo cierto es que con esto se coarta la libertad. Como hemos dicho muchas veces, no existe aquí no la revolución ni la libertad que ellos andan pregonando.

Y, ¡admírese la Honorable Cámara! Se establece un tribunal arbitral compuesto por cinco miembros: dos representantes de los trabajadores, dos de los patrones y el quinto, del Presidente de la República, quien lo presidirá. El acuerdo se toma por mayoría. Pero, ¿para qué nos engañamos? ¿Por qué no decir que el Presidente de la República es el que decide? Es la esencia de la verdad, porque lo que diga el representante del Presidente de la República será el fallo y no otro.

En consecuencia, no se justifican las críticas a otros partidos vertidas tanto en el debate de esta iniciativa como en la discusión de los proyectos sobre sindicación campesina y sobre inamovilidad, que para mí nunca fue de inamovilidad, como lo han probado los hechos.

Como decía, dentro de la evolución constante en que está el Partido Radical, hemos ido laborando y entregando a la clase trabajadora los medios de lucha, necesarios para que obtenga las reivindicaciones sociales que siempre ha deseado y que ahora se le están restando. Y este Gobierno ha actuado en forma aún más retrógrada que cualquier otro. Cabe recordar que en el proyecto de reajustes, el veto del Ejecutivo facultaba a éste para hacer jubilar a los funcionarios públicos con sólo 15 años de servicios. Esto atentaba contra la ley de inamovilidad y el estatuto administrativo.

Todas estas contradicciones vienen a demostrar la incapacidad de la Democracia Cristiana para gobernar y para afrontar los problemas con seriedad.

Nada más.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, durante este debate hemos escuchado, especialmente en el día de ayer, largas disquisiciones del Honorable señor Ochagavía, representante del latifundio en esta Cámara, sobre la libertad que, según él, estaría siendo amenazada por este proyecto de reforma agraria. Luego hemos oído un encendido discurso del colega Ricardo Valenzuela, enfatizando su entusiasmo por defender los intereses de los campesinos.

Desde luego, celebramos esas palabras pronunciadas por el Honorable señor Valenzuela, pero esta tarde, frente al artículo 169, vemos cómo surgen las inconsecuencias de parte de los representantes de la Democracia Cristiana cuando se trata de tomar medidas concretas que defiendan el derecho de los trabajadores, sean ellos del campo o de la ciudad, a utilizar la única herramienta que tienen frente a la prepotencia patronal, que es la huelga. Entonces se quiere imponer la reanudación de faenas.

Constituye también una inconsecuencia la argumentación del Honorable señor Sotomayor, respecto a que este artículo se refiere a huelgas ilegales. Como ya se ha dicho una y mil veces en esta Cámara, la Democracia Cristiana ha insistido a través de sus publicaciones y durante la campaña presidencial, que para ese partido no existirían huelgas legales o ilegales, sino solamente huelgas justas o injustas. Sin embargo, frente a hechos concretos, se utilizan las mismas argumentaciones tradicionales de la reacción para imponer, por la fuerza, resoluciones que significan cercenar los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores, a través de sus luchas, con gran sentido de clase, han rechazado categóricamente estos decretos y estas disposiciones de reanudación de faenas. Pueden citarse, como ejemplo, las huelgas de Cemento Melón y del Banco de Chile. En este conflicto, mediante maniobras de la empresa, apoyadas por el Gobierno, se declaró ilegal la huelga. Actualmente, los dirigentes del Banco de Chile están despedidos y aún no se llama a nuevas elecciones, para impedir que los trabajadores vuelvan a elegir auténticos representantes que defiendan sus derechos.

Además, a lo largo de Chile, se han desconocido las reivindicaciones económicas de los campesinos y se ha atentado contra su integridad física.

Aquí hemos denunciado con el colega. Melo, los hechos ocurridos, hace poco, en las localidades de Pemuco y Hualañé, en que han quedado heridos, o por las balas de la policía o de los representantes de los patrones, auténticos campesinos que no han cometido otro delito que el de defender sus intereses, que el de ser dirigentes y contribuir a la organización de los trabajadores de la tierra, para poder avanzar por este camino, cuya meta es la de que, al fin, el campesino llegue a poseer realmente la tierra que trabaja.

Por eso, los parlamentarios del Partido Comunista rechazamos categóricamente este artículo y lo denunciamos como una disposición atentatoria contra los derechos conquistados por los trabajadores,, a través de largas y heroicas luchas.

Es indudable que este artículo se va a prestar para multitud de abusos, pues los patrones, disponiendo de abogados y de medios económicos, y recurriendo a toda clase de presiones, van a utilizarlo contra los campesinos, cada vez que estimen útil su aplicación.

Por eso, reitero que protestamos por este artículo y denunciamos la inconsecuencia que implica el hecho de que los parlamentarios democratacristianos, después de sus planteamientos ideológicos respecto a las huelgas, después de sus encendidas palabras de aparente defensa de los derechos de los campesinos, frente "a una disposición concreta como es ésta, adopten una posición que significa ir mano a mano con los terratenientes, que significa estimularlos incluso en su prepotencia frente a los campesinos.

El Honorable colega y compañero Carlos Rosales ha preguntado aquí al señor Ministro de Agricultura cuál es su posición frente a este artículo. Yo deseo repetir el emplazamiento, porque realmente no podemos comprender cómo quienes están diciendo que defienden los intereses de los campesinos, quienes están impulsando 'un proyecto que hemos reconocido que en muchos aspectos puede significar un avance si se aplica correctamente, están, al mismo tiempo, defendiendo disposiciones de este tipo, que sólo se van a prestar, como ya lo han demostrado los hechos, para abusos y para que haya nuevas víctimas entre los campesinos, como ya las ha habido y como las hubo también en la clase obrera en la huelga del cobre, en la "masacre" de El Salvador, el 11 de marzo, que es una fecha que no olvidarán los trabajadores de nuestra patria, puesto que ha marcado a fuego a quienes utilizaron las balas contra los trabajadores que ejercitaban la noble actitud de solidaridad hacia sus hermanos del mineral de El Teniente.

Repetimos, pues, nuestro rechazo a este artículo y hacemos un último llamado a los representantes de la Democracia Cristiana, para que recapaciten, mirando los hechos concretos, sobre el alcance que este artículo tiene y vean, realmente a quién va a ser útil. Va a ser útil para los terratenientes y de ninguna manera para los campesinos.

He dicho, señor Presidente.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, cuando se discutía en la Cámara el proyecto de reajuste, presentamos una indicación que significaba aclarar un concepto que, a lo largo y a lo ancho del país, dio a conocer la Democracia Cristiana: que no había conflictos legales o ilegales, sino solamente huelgas.

Sin embargo, en la Cámara fue rechazado este artículo que surgió, precisamente, a raíz de una artimaña que hicieron los patrones cuando se ventilaba el conflicto del Banco de Chile, ocasión en la cual, a través de la Junta de Conciliación, se declaró ese movimiento huelguístico como ilegal.

Ahora, en este artículo 169, se plantean posiciones y puntos de vista que nosotros no podemos menos que calificar como absolutamente reaccionarios.

Yo lamento que no esté aquí el Honorable señor Valenzuela...

El señor PHILLIPS.-

- ¿Cuál?

La señora LAZO.-

. . . que ayer dijo un discurso para afirmar que ésta era una reforma revolucionaria; que éste proyecto constituía un avance de la "Revolución en Libertad"; y que ahora, por fin, el pueblo empezaba a caminar decididamente en el terreno de una acción y de una conducción realmente revolucionarias.

Sin embargo, la sola lectura de este artículo provoca indignación por la inconsecuencia de los señores Diputados que, nadando en dos aguas, quieren.. .

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

- Pero si éste es un artículo de los Senadores.

La señora LAZO.-

Si acaso la disposición es de los Senadores, supongo que Sus Señorías la van a votar en contra Porqué, como acota el colega, quiere decir que estoy equivocada y que el partido de gobierno va a restablecer la justicia, contra la opinión del Senado que ha añadido este artículo reaccionario, y que va a colocar las cosas donde debe estar, para resguardar los intereses de los trabajadores.

Yo me alegro, porque la acotación que hace el colega de la Democracia Cristiana significa que ellos no van a permitir que tamaño atropello contra los trabajadores quede establecido en la ley de reforma agraria.

Nuestro colega Luis Aguilera ha anunciado ya los votos del Partido Socialista en contra de esta iniciativa. Yo, una vez más, sólo deseo dejar claramente establecidas en el debate de este proyecto las diferencias que hay de un artículo a otro y cómo la marea de la Democracia Cristiana a ratos sube y a ratos baja, según sean los intereses que se han movido en torno de este proyecto, el cual si fuera realmente de reforma agraria, si pretendiera en forma mínima representar normas legales que correspondieran a una "Revolución en Libertad", debería, resguardar y proteger a todos los trabajadores.

Sin embargo, aquí se dice, como se ha establecido en muchos proyectos que hemos conocido en los dos años de permanencia en la Cámara, que se dan atribuciones al Presidente de la República para decretar la reanudación de faenas con intervención de las autoridades civiles, las que podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; de esa fuerza pública, señores Diputados de la "Revolución en Libertad", a la cual se está dotando de armamentos como jamás lo había tenido; de esa fuerza pública que incluso, para atacar a muchos de los que creen en la "Revolución en Libertad", se la ha premunido hasta de tanques y de ametralladoras último modelo.

Yo entiendo que esta "Revolución en Libertad" que establece esta disposición en una ley que se pretende hacer para los campesinos, está desmintiendo su objetivo cuando afirma que el Presidente de la República podrá dictar la reanudación de faenas y que, para hacerla efectiva, hará uso de todas las medidas represivas que nosotros, por años, hemos conocido como patrimonio de la reacción de nuestro país.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, el Honorable colega Silva Solar, sobre cuya posición intelectual nosotros tenemos reservas, pero respeto al mismo tiempo, dice que estoy oficiando de adivina. No soy Casandra, señor Presidente, ni pretendo mirar en el futuro; pero una vieja experiencia nos ha enseñado a los que orgullosamente podemos decir que venimos de las humildes filas de la clase obrera, que siempre el hilo se ha cortado por lo más delgado; y que, en Chile, nunca han ido a la cárcel los verdaderos pillos, los que han despojado a nuestro país, los que se han robado la riqueza del subsuelo y los que se han enriquecido con la explotación de los trabajadores. Los que han ido a parar a la cárcel, en última instancia, son aquéllos que, indefensos de medios económicos, no han podido contratar a los personales que se pongan a su disposición para decir que lo derecho es torcido, o viceversa.

Porque tenemos esa vieja experiencia, creemos que éstas son disposiciones que van a servir para resolver por la fuerza los conflictos que se creen en el terreno laboral y que no van a servir en absoluto para detener los desmanes o los desbordes patronales. Si lo que se quisiera hacer fuera esto último, no estaría esta misma ley contemplando una serie de artículos que significan complacencia para quienes han estado poseyendo la tierra en nuestro país.

Nosotros no les rogamos a los colegas de la Democracia Cristiana que tengan ésta u otra posición; ellos están adquiriendo un compromiso con la historia y con el futuro. Nosotros solamente queremos dejar establecida nuestra posición; porque si la reforma agraria es efectivamente uno de los pilares de la política del Gobierno del Presidente Frei, allá, por último, el Presidente Frei y su partido con la responsabilidad que tendrán mañana frente a los trabajadores agrícolas de nuestro país.

Nada más.

El señor CANCINO.-

Como decía, los hechos son más fuertes que las palabras. Creo que basta recordar, no más, lo que ocurría antes de la Administración del Presidente Frei en materia de salarios de los campesinos, de pago de asignaciones familiares y de jornada de trabajo. El hecho real es que ahora el campesino, como recordaba ayer mi Honorable colega don Ricardo Valenzuela, sabe que es una persona que tiene derechos y los puede hacer valer, como lo está haciendo con valentía; y que este Gobierno lo apoya en esa lucha.

Aquí se ha hablado, ayer y hoy, de la huelga de Colchagua...

Un señor DIPUTADO.-

¡Y de otras huelgas!

El señor CANCINO.-

. .como que en ella la Democracia Cristiana y el Gobierno hubieran estado en contra de los campesinos.

En esa huelga de Colchagua, hubo sectores de campesinos que tenían diferentes planteamientos. Unos, representados por la Federación Campesina Indígena, que con absoluta justicia hicieron una presentación y defendieron un pliego, estaban en todo su derecho. Había otros sectores que también tenían un pliego que había sido aprobado.

El señor ROSALES.-

¡Lo habían presentado ya!

El señor CANCINO.-

Pero, señor Presidente, es muy importante señalar en esta oportunidad un hecho. Aunque reconozco en la mayoría de los Honorables colegas una gran versación y capacidad, creo que a veces, frente al problema campesino, algunos sectores, si han tenido oportunidad de conocerlo muy de cerca, pueden cometer errores de buena fe. Cuando se habla de los empresarios la mente se va siempre hacia los grandes magnates de la agricultura, mas resulta que éstos van contándose ya con los dedos de la mano.

De manera que me llama la atención haber escuchado aquí que pasarán a ser latifundistas aquellos propietarios que mantengan una unidad agrícola, por ejemplo, de 80 hectáreas.

El señor CANCINO.-

Esto es lo que planteé en Colchagua, en un diálogo muy cordial, en el cual participaron el Honorable Diputadodon Carlos Rosales y los Honorables Senadores señores Salomón Corbalán y Salvador Allende, y donde conversamos con absoluta tranquilidad.

¿De qué se trataba? Se trataba de superar el pliego colectivo de la U.C.C., aceptado por los campesinos pertenecientes a cerca de 50 fundos de la provincia de Colchagua, ubicados en su mayoría en el departamento de San Fernando, con el objeto de dejar en mala posición a dicho organismo, que había logrado para sus asociados salarios muy por encima de los legales. El objetivo de la Federación Campesina e Indígena era demostrar que también podía obtener condiciones favorables. El Gobierno sólo hizo respetar la libertad de trabajo.

Por nuestra parte, como dijo el Honorable señor Sotomayor, recorrimos los caminos de la provincia, conversamos con los campesinos y nos encontramos con algo muy curioso: la mayoría no conocía con exactitud el pliego que estaban defendiendo ni sabía en qué consistía.

El señor ROSALES.-

No, señor. Eso no es efectivo.

El señor CANCINO.-

Permítame, Honorable colega. Algunos sabían; otros no, y decían: "Nosotros defendemos el pliego tal" o "Nosotros estamos por la persona tal, que nos dijo que defendiéramos ese pliego".

Yo creo que no podemos llegar a esos extremos. Es necesario que alguien intervenga. 

El señor CANCINO.-

Estoy de acuerdo con eso. Es necesario arar con el arado y manejar el tractor; pero no basta el arado ni el tractor, como tampoco el hombre que trabaja; es necesario algo más. Igualmente, Su Señoría está aquí, y representa muy bien a su corriente política yo lo reconozco; además, es una parlamentaria de extraordinaria calidad y que da ideas, hace denuncias, para mejorar a un sector de nuestra ciudadanía, porque es indispensable también que otros elementos actúen en este país tan grande, en esta patria hermosa. No veo por qué no puedan tener cabida todos los chilenos. No veo por qué tiene que existir una lucha de clases irreconciliables. A los explotadores, castiguémoslos, pero no confundamos. No por el hecho de que una persona sea empresario, aunque sea modesto, estemos señalándolo con el dedo como un individuo que no merece vivir en el país. Eso es lo que estoy planteando en este momento.

En relación con este artículo, es el Gobierno el que tendrá que decir con la ley en la mano, en un momento determinado, si es un conflicto justo o injusto para intervenir en el momento que lo estime necesario.

Creo que debemos tener confianza, porque este es un Gobierno popular y lo ha demostrado, especialmente por lo que ha hecho por los campesinos. Para prueba ahí están las leyes dictadas, ahí están los cambios inmensos que ha experimentado la situación de los campesinos en sólo dos años de Gobierno dé la Democracia Cristiana.

Comprendo que estamos en una época cercana a las elecciones y que cada uno, naturalmente, tiene que tratar de demostrarle al pueblo que es el que mejor lo representa, que es el que mejor lo defiende... 

Hablan varias señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¡ Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor CANCINO.-

Yo respeto a todos mis Honorables colegas y creo que sus planteamientos los están haciendo con la mejor buena fe. Pero también deben respetarnos a nosotros y creer que la defensa de estos planes la hacemos en igual forma.

Siempre que haya un diálogo de caballeros, y no gritos e insultos, podremos ir avanzando en favor del pueblo de Chile, que constituye la única justificación de nuestra presencia en esta Cámara. 

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, quiero refutar ciertas afirmaciones temerarias hechas por algunos colegas de los partidos de Oposición que me precedieron en el uso de la palabra.

El Honorable señor Rosales ha sostenido que este es un artículo reaccionario...

El señor ACEVEDO.-

¿Y le merece dudas?

El señor ESCORZA.-

Deseo manifestar que quien ha hecho esta afirmación y este cargo a los Diputados democratacristianos y al Gobierno está demostrando, con absoluta claridad, un resentimiento.

En todo caso, quiero hacer presente a los colegas de Oposición, respecto de su aseveración de que en virtud de este artículo se procedería de inmediato en contra de los campesinos que se nieguen a trabajar, que lo he leído bastante, y en ninguna parte señala que se elimina el derecho de huelga, sino que se mantiene totalmente.

Quiero aclarar este concepto, porque los colegas comunistas y socialistas nos critican como si estuviésemos rompiendo el derecho a huelga en Chile. 

El señor ESCORZA.-

Yo los conozco, porque fui dirigente muchas veces y cuando alguien me palabrea por ahí, quisiera expresarle algo más concreto. Esta es la forma como se discuten los problemas en las juntas de conciliación. Y en cuanto al problema agrario, como lo ha hecho presente el Honorable colega Cancino, tiene un carácter especial, y el gobierno de la "Revolución en Libertad" tiene la obligación de mantener ciertas reglas de juego para conceder este derecho a huelga. No puede haber una huelga indiscriminada, y eso lo saben perfectamente Sus Señorías.

He usado también de la palabra, porque en algunas intervenciones... 

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio. El Honorable señor Escorza no desea ser interrumpido.

El señor ESCORZA.-

.. .se ha motejado a la Democracia Cristiana, a los Diputados democratacristianos y al Gobierno del Presidente Frei como un gobierno criminal, achacándole el desgraciado incidente de "El. Salvador". Creen que nosotros no sentimos lo ocurrido en el mineral de "El Salvador", y nos quieren enjuiciar como responsables.

En esa huelga, se procuró en el Ministerio' del Trabajo, por todos los medios a nuestro alcance, buscar una solución. Y junto con el Honorable Diputado señor Olivares y otros estuvimos presentes cuando se produjo el incidente. Los Honorables colegas conocen las razones, saben que estuvieron los colegas socialistas incitando a los trabajadores en contra de la fuerza pública... 

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESCORZA.-

Se ha dicho que el Gobierno del Presidente Frei mandó matar a los obreros. Esta es una mentira, es una falacia miserable, una cobardía del FRAP...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESCORZA.-

Yo quisiera que' alguna vez ellos pensaran un poco y nos dijeran: ¿Cuál es el obrero que puede criticar en Cuba ? ¿ Cuál es el obrero que puede criticar en la Unión Soviética?

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, yo respeto el derecho de los demás oradores y del mismo modo deseo que se proceda con el mío.

Ahora, en lo que se refiere al problema de la industria agrícola, debo decir que es un caso muy especial, porque se trata de una industria que produce alimentos, papas, porotos, carne, etcétera....

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¡Honorable señor Pontigo!

El señor ESCORZA.-

Esta industria está sujeta a ciertas condiciones climáticas, y no les vamos a dar el gusto a Sus Señorías para que cuando esté en pleno período de producción, declaren la huelga para hacer una contrarrevolución a la "revolución en libertad", como está sucediendo en muchas fábricas. ¡Nunca les vamos a dar en el gusto a Sus Señorías! En esta disposición no hemos olvidado las reglas de juego. Este artículo no es para defender a la reacción; servirá para defender al pueblo que votó por el señor Frei, para defender un concepto de nuestra "Revolución en Libertad".

Quería aclarar esto, para que lo sepan los activistas que tienen pagados y que recorren el país, que no van a tener éxito en la próxima elección de Regidores; que pueden ir a donde se les dé la real gana, ya que todas las puertas se les van a cerrar. Por eso gritan aquí y tratan de alguna manera de justificarse...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¡Honorable señora Lazo!

El señor ESCORZA.-

El pueblo de Chile está con nosotros.,

Estos señores dijeron aquí: "Vamos a la elección" ¿Y cómo votaron en el Senado? Votaron de manera distinta, diferente. ¿Qué se dijo aquí y qué se dijo en el Senado? No, señor Presidente; así no andan las cosas. Creo que las reglas del juego dentro del régimen de la "Revolución en Libertad" son claras; todo el mundo tiene derecho a criticar. Las reglas de juego en una revolución marxista también son claras; en ella nadie tiene derecho a criticar ni a oponerse. Nadie tiene derecho a nada. ¿Quién se atreve a criticar en esos movimientos ? 

El señor ESCORZA.-

Por eso, una vez más quiero declarar que no puedo aceptar esas expresiones temerarias, esos exabruptos falsos y demogógicos en contra de la Democracia Cristiana y del Gobierno del Presidente señor Frei.

Evidentemente, las palabras de la Honorable señora Maluenda son muy respetables, porque si nosotros buscamos una manera de dialogar y de dirimir conflictos, ello se podrá hacer oportunamente, con el buen propósito de que éstos no se creen, en bien del país y de la producción nacional.

Porque, ¿qué significa "Revolución en Libertad"? Significa hacer la revolución dentro de la ley de la democracia. Eso es lo que estamos haciendo, y el país lo sabe perfectamente. ¡A mí no me importa que Sus Señorías no lo comprendan! Lo importante es que el pueblo lo entiende perfectamente, y por eso nos entregó su respaldo. Ningún campesino de Chile quiere crear un problema al Gobierno en cuanto a la producción. Ellos sólo están defendiendo sus intereses en el caso de derecho a huelga...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorable señor Acevedo, voy a llamar al orden a Su Señoría.

El señor ESCORZA.-

Mucho se ha hablado sobre el conflicto de los campesinos de Colchagua. ¿ Qué significa dicho conflicto? Una posición para ver si la Unión de Trabajadores Cristianos podía caer derrotada ante la Federación Sindicalista de Campesinos que presiden nuestros compañeros comunistas. ¡ Nosotros nunca hemos hecho una huelga contra ellos! Por el contrario, ésta fue una huelga contra la Democracia Cristiana y contra la Unión de Campesinos Cristianos y no contra los patrones. ¿Por qué no dicen esto de una vez por todas? ¡ Fue contra ellos! ¿Cómo el Gobierno va a tolerar esas cosas? ¿Cómo la Democracia Cristiana va a tolerar que se utilice a los trabajadores para estos juegos? ¡Nunca!

Tenemos que repetir esto todas las veces que seamos consultados: ¡no! Porque nuestro compromiso con el pueblo es realizar una revolución, construir un país, acelerar su adelanto, cueste lo que cueste.

Muchas gracias.

La señora LAZO.-

Mi Honorable colega señor Escorza, al dejarse llevar por el calor místico de su perorata, ha dicho cosas que contradicen, tal vez, su íntimo pensamiento.

Ha afirmado que los campesinos de Chile tienen confianza en el Presidente Frei:

El señor SOTOMAYOR.-

Y lo van a demostrar el próximo 2 de abril.

La señora LAZO.-

Sin embargo, si Su Señoría, que me ha calificado poco menos que de ignorante y si no lo dijo, ese fue el resumen de sus palabras lee el artículo, verá que implica una desconfianza del Gobierno para con los campesinos.

Por otra parte, al parangonar a Cristo con el Presidente de la República, el colega ha olvidado un detalle. Cristo afirmó en una ocasión que "primero pasaría un camello por el ojo de una aguja, antes que un rico entrara en el Reino de los Cielos."

La señora LAZO.-

Pensaba recordarle también que, si Cristo llegó a ser sacrificado en la cruz fue, precisamente, porque quiso cargar sobre sus espaldas las de un solo hombre con todas las injusticias y maldades que se cometían en su época. Además, yo que algo he leído, Honorable señor Escorza, porque conviene leer algunas cosas en la vida, y leerlas bien, recuerdo también que Jesucristo echó a los mercaderes del templo y que, cuando habló de "los sepulcros blanqueados", quiso con ello enfatizar lo que significaba la gente que, con dinero, compraba o podía adquirirlo todo.

Yo deseo hacer esta declaración, porque el Honorable señor Escorza manifestó que ha incursionado por el marxismo

El señor ESCORZA.-

He leído obras sobre él.

La señora LAZO.-

.. .lo cual no es tan fácil, porque una cosa es leer "El Capital" o "La Crítica del Capital"; y otra es digerir esas obras. Es lo mismo que comerse un plato de porotos; otra cosa distinta es digerirlo.

Por eso, para poder hablar del marxismo o de cualquier filosofía, hay que tener cierta base cultural, y haber estado en condiciones de digerir los conocimientos que se captaron en cualquier libro de cualquier autor.

Aquí, el Honorable señor Escorza ha dicho que este artículo del proyecto es necesario; y ha afirmado, por otra parte, que la "Revolución en Libertad" cuenta con la confianza del pueblo. Sin embargo, si yo no tengo desconfianza, no pido un carabinero para que cuide mi casa. Y si yo no tengo desconfianza ni temor de nadie, incluso dejo la puerta de mi casa sin llave y sin cerrojo, porque no temo que entren a robar o desvalijar mi propiedad. En consecuencia, desde el momento en que estoy apelando a la fuerza, dejo la razón fuera de mi puerta. Y si dejo pasara la fuerza, quiere decir que no es la confianza la que informa mi actitud.

Por eso, no es que nosotros hayamos querido hacer oposición por molestar a "Sus Señorías, como dijo el Honorable señor Escorza en ese derrame de pasión que tuvo durante su discurso. Nosotros estamos más bien llamando la atención sobre la inconsecuencia que representa esta actitud: o se cuenta con la confianza del pueblo y se aplica una política de mano extendida y fraternal, o se amenaza con la luma del carabinero, que es lo que implica este artículo del proyecto.

El Honorable señor Escorza, que ayer fue obrero, que afirma haber leído obras sobre el marxismo y que ha comparado a Jesucristo con los hombres de la Democracia Cristiana, sabe que, si su doctrina perdura aún en el mundo, es porque él dio una lección de amor no superada; y, si esa clase de amor fuera, siquiera comprendida por Su Señoría, lo haría tener, frente a sus demás colegas, una actitud respetuosa cuando ellos representan un pensamiento o un modo de pensar. Una cosa es llegar al Parlamento a ocupar un sillón adquirido apenas, y otra cosa muy distinta es representar una manera o una corriente de pensamiento. El colega puede estar de acuerdo con ella o no estarlo; pero nosotros, los que sufrimos el monólogo de las cadenas radiales, podemos decirle que no lo consideramos un diálogo en libertad. Por eso expresamos aquí nuestras dudas y temores, y hacemos presente nuestra oposición.

Si quisiéramos avasallarnos a la Derecha, si pretendiéramos ponerle "palitos" al Gobierno, aplaudiríamos estas medidas, que después serán antipopulares. Nosotros no necesitaremos mandar asesores a los campos cuando surja un movimiento campesino impulsado no por los comunistas o socialistas, sino por el acicate del hambre y la necesidad. No necesitaremos viajar a la zona del conflicto, cuando lleguen las fuerzas policiales enviadas por el Presidente de la República para defender sus derechos. Los derechos siempre se han defendido y se han hecho reconocer con la razón, no con la fuerza.

Que piense bien el Honorable señor Escorza en las palabras que ha dicho esta tarde. El menosprecia a todos los que no están de acuerdo con sus planteamientos, en circunstancias que, por su extracción proletaria, debería ser lo contrarió. Lamentamos que confunda la disciplina con el servilismo. Afortunadamente, nosotros no tenemos su misma actitud moral.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, con el permiso de mi Comité, voy a decir algunas palabras en relación con el artículo en debate.

Si consideramos que ha de ser el campesino chileno quien asuma la principal responsabilidad de llevar adelante el proceso de la reforma agraria para aumentar la producción de nuestro país, tenemos que convenir en que, si este proyecto de ley hiere o lastima las posibilidades de liberar al campesinado de Chile, se incurre en una manifiesta contradicción. Hay algo mucho más importante que la iniciativa legal que en este momento está despachando/la Cámara, en un trámite ya avanzado: estamos asistiendo a la eclosión de factores humanos nuevos en la historia social de nuestros pueblos; y, entre estos factores, todos saben que en el mundo de hoy y en nuestro país, las mujeres y los campesinos son los que empiezan a escribir nuevos capítulos en la historia social de* Chile.

Vale la pena recordar lo que dijo un historiador de la burguesía de nuestro país, Domingo Amunátegui Solar, en las primeras páginas de su libro "La Historia Social de Chile": "No son los ricos, los magnates, los genérales, los millonarios, los accionistas, los únicos que escriben la historia. La historia de nuestro tiempo empiezan a escribirla los trabajadores corrientes, los campesinos, los hombres humildes, aquéllos que no han figurado nunca en las páginas de honor de la historia del país."

Y a este campesino, de quien el Presidente ha dicho, en sus discursos, que gracias a su Gobierno, a las leyes de sindicación campesina y de reforma agraria, va a ser incorporado a la comunidad, como miembro de una clase que estuvo al margen de la historia social de Chile; a ese campesino a quien van a nivelar con los demás trabajadores, y al que le entregan la responsabilidad de poner en movimiento la reforma agraria, lo tratan de una manera discriminatoria en esta ley, al imponer un arbitraje obligatorio en caso de conflictos laborales y la vuelta al trabajo por medio de la fuerza pública. Dicen que, esto es aplicable cuando se trate de un conflicto ilegal. ¿De qué clase son la mayor parte de los conflictos que surgen en el campo chileno? Justamente, la inmensa mayoría de ellos son conflictos ilegales.

¿Por qué no se ha permitido antes, organizarse a los campesinos ? Porque no hay leyes que los protejan; no hay disposiciones jurídicas que hayan ordenado alguna vez, de un modo justo y racional, las relaciones entre los empresarios, los obreros y los inquilinos agrícolas. Seguiremos a pesar de esta misma ley y de la disposición de este artículo, tan controvertido, prestando nuestra colaboración a la solución de los conflictos ilegales y, en este caso se va a aplicar, por medio de la fuerza pública, la vuelta obligatoria al trabajo, van a transformar en esclavizado el trabajo de los campesinos, so pretexto de que hay una huelga ilegal.

Creo que ésta es una manifiesta contradicción y, en el fondo, esto significa la supervivencia de los complejos, de los prejuicios que existen respecto del campesinado nacional.

No hace mucho, en Isla de Maipo, me correspondió intervenir en un conflicto provocado por un viñatero italiano de esa zona. Hablando un poco privadamente conmigo, me dijo: "Mire, es necesario que ustedes comprendan lo que está pasando. Los campesinos nos han perdido el respeto y una prueba de ello es que ahora entran con el sombrero puesto a mi oficina" ¡Ah! dije yo para mí esto quiere decir que algo nuevo está pasando en Chile. El campesino ya no se saca el sombrero afuera, a una cuadra del patrón, desde donde empezaba a darle vuelta entre los dedos de sus manos, sino que entra con el sombrero puesto hasta la oficina del patrón del fundo y discute, mano a mano, con él. Así los vimos después frente al Gobernador e Inspector del Trabajo, mirándole los ojos y no con la vista baja, al patrón, que los ha tenido acobardados por siglos enteros, porque no los ha tratado como seres humanos, sino como esclavos, como una reserva política y económica. Esta vergüenza debe acabarse en Chile; porque, mientras siga arrastrándose este estado de cosas, nadie, ni la Democracia Cristiana, ni ninguna otra fuerza, podrá decir que ha comenzado una revolución de verdad en nuestra Patria.

Señor Presidente, un viejo escritor español decía que la ley era igual que los perros, que solamente ladran al que está mal vestido. ¿Qué ley conoce el campesino nuestro, que lo defienda de los desafueros patronales, de los abusos que constantemente se cometen contra él; que lo proteja de esta discriminación social, humana, económica, política, de todo género que se practica contra el campesino? Ninguna. No hay ley. Excepcionalmente, un patrón podrá ser mejor que otro y tener un mínimo de consideraciones hacia el trabajador de la tierra, pero, en el fondo, la inmensa mayoría mantiene un estado vergonzoso en la relación entre el dueño de la tierra y el campesino, al que se explota en el trabajo y se esclaviza en sus intereses, a él y a su familia.

Los campesinos, que no saben de protección, sólo conocen el gesto duro y agrio de la autoridad. ¡Cuántos años hace que se viene peleando porque los retenes de carabineros no queden en los límites de las "haciendas, sino a las orillas de los caminos públicos! ¡Cuántos años hace que se viene reclamando porque la escuela primaria, que es la manifestación más elemental de la cultura de la sociedad, no quede dentro de la propiedad del patrón, sino, independiente y soberana, a la orilla del camino! Años ha que se viene protestando porque la pareja de carabineros rurales y porque la maestra de la escuela rural, que también ocupa un rancho en la hacienda, no queden sometidos a la voluntad, al imperio o a la soberanía patronal, sino bajo las mismas leyes que se aplican a otros ciudadanos.

Por eso, este artículo es un atentado contra el desarrollo de la reforma que se propone.

Estamos en presencia de un éxodo de campesinos, porque ya no aguantan más. Y así como se va acabando en Chile lo que es un paso adelante el trabajo doméstico de la sirvienta que trabaja 18 a 20 horas diarias, que es como una reminiscencia de la esclavitud, también es justo que se vayan terminando las condiciones en que labora el campesino. La mayoría no piensa otra cosa que en irse a la ciudad, hacia los centros industriales o mineros, como una manera de zafarse de la esclavitud feudal. En los países socialistas de Europa han desaparecido las viejas aldeas infamantes del pasado y las casas que, como goteras cada tanto kilómetros, dejaban dispersas a las familias campesinas.

Hoy viven en aldeas donde tienen de todo, y van a sus trabajos, de ocho horas en el campo, en sus propios medios de locomoción: bicicletas, motocicletas, incluso automóviles, para regresar después a sumarse a una vida civilizada de verdadera comunidad.

Esto también, aunque Sus Señorías no lo quieran, en tiempos muy próximos lo desearán los campesinos nuestros. Y cuando en un proyecto anterior de reforma agraria, que de ninguna manera era mejor que éste, se habló de las aldeas campesinas, es decir, de una pequeña concentración humana en el campo, es porque la gente que trabaja la tierra hay que reconocerlo ya no se resigna a seguir trabajando en las condiciones en que lo ha hecho hasta ahora.

Por eso, si no hay consecuencia, este artículo, que en última instancia se aplicará sólo contra los campesinos, en resguardo de los intereses de los patrones y empresarios, alentará contra la suerte y el destino mismo de la futura ley de reforma agraria.

Nada más.

El señor URRA.-

Señor Presidente, voy a votar que sí. Pero, frente a las intervenciones de los colegas, quiero dejar claramente establecidos algunos hechos.

Primero, el proyecto de reforma agraria, al revés de lo que ha manifestado el Honorable colega señor Rosales, no responde a ningún espíritu reaccionario. El lo ha tratado de calificar así, suponiendo intenciones que, al leer el diario "El Siglo", se desvirtúan por sí solas. Como se reconoce en las crónicas semanales del vocero oficial del Partido Comunista chileno y en los discursos pronunciados por los Diputados comunistas en la tarde de ayer, el proyecto de reforma agraria rompe viejos horizontes y viejos esquemas en el campo chileno. Eso está fuera de toda duda y discusión.

Y, en cuanto a las expresiones del señor Tuma, quiero decir que, para intervenir en el debate, primero, hay que informarse sobre la materia que se está discutiendo, y, segundo, hay que tener autoridad moral para referirse a estos temas.

Nada más.

El señor ROSALES.-

Señor Presidente, en este artículo, se hace una nueva concesión a los terratenientes, al obligar al Consejo Nacional Agrario a considerar, para las provincias de Tarapacá, Atacama y Coquimbo, la categoría de terrenos "con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona."

Esta categoría, incorporada a última hora a la tabla de equivalencias, tiene por objeto conceder mucha más reserva a los terratenientes: el doble, precisamente, de lo establecido en las primitivas disposiciones del proyecto.

Por eso, votaremos en contra de esta modificación.

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, es nada más que para informar a la Honorable Cámara que, en la provincia de Atacama, hace 23 años que no llueve. Por lo tanto, cualquiera que sea el tratamiento que se le otorgue, la situación será exactamente la misma.

Lo que sucede es que Atacama carece de aguas lluvias y, en consecuencia, de riego. Esto no es una cosa que los parlamentarios de la zona o las autoridades puedan remediar.

Por eso, aunque se agregue esta frase, total, las cosas quedarán igual. Yo, por ejemplo, tengo un fundo de cien hectáreas cultivables y solamente puedo regar una ¡Ahí la tienen!

Risas, en la Sala.

El señor BARRIONUEVO.-

El valle de Copiapó, en especial, está absolutamente seco. Se están haciendo algunas inversiones para aprovechar las aguas subterráneas.

Por eso, repito, cualquiera que sea el tratamiento que se dé a la provincia de Atacama, la situación seguirá igual, porque no hay agua.

Nada más.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, deseo reiterar la posición de los Diputados nacionales respecto de la tabla de equivalencia que, sobre la base de 80 hectáreas de riego básicas del Plano de Maipo, permite convertir superficies en las distintas zonas del país.

Nosotros manifestamos que esta tabla es absolutamente simplista e irreal, ya que coloca a todos los terrenos del país en sólo tres categorías, en circunstancias que el proyecto aerofotogramétrico, que costó enormes sumas, y que fue hecho por un organismo oficial del Estado para disponer de un plano catastral de la capacidad agrícola de todos los suelos, da una respuesta completamente distinta y señala siete categorías.

Quiero destacar las injusticias que se cometen en el cuadro de equivalencias propuesto por el Gobierno. Al haber un avalúo general y la facilidad de ponderar las 80 hectáreas por el avalúo, que es algo estable y por lo cual se tributa, nosotros impugnamos este cuadro, porque lo estimamos inconveniente.

Creemos que en las zonas centro sur y sur la capacidad de las empresas agrícolas será mucho más limitada, ya que las equivalencias no corresponden, porque los terrenos son pobres.

Quiero agregar que votaremos favorablemente la modificación del Senado a que se ha referido el Honorable señor Barrionuevo, ya que estamos conscientes de que es preciso considerar la categoría de terrenos con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona, cuando se habla de las provincias de Tarapacá, Atacama y Coquimbo. Echamos de menos esa condición y hay que considerarla en este artículo.

Aprobaremos también la modificación del Senado que establece que los terrenos arables de riego de la provincia de Santiago deberán ser aptos para el cultivo predominante de hortalizas. El proyecto del Gobierno al comparar en forma genérica y amplia, 40 hectáreas de diversas comunas de Santiago con las 80 de riego básicas, sin decir específicamente que esos suelos deberán ser aptos para el cultivo predominante de hortalizas, estaba negando la realidad, porque es conocido el hecho deque en una misma zona, en una misma comuna, incluso en un mismo predio agrícola, los terrenos no son iguales, poseen diferencias notables. Estimamos que el Senado, al agregar la frase: "aptos para el cultivo predominante de hortalizas," mejora, evidentemente, el artículo.

Con respecto al artículo 162, nos parece injusto que por un cartabón se esté pagando impuestos; y por otro cartabón, de distinto tipo, hecho por un organismo que no corresponde se estén efectuando expropiaciones.

Es todo lo que quería decir.

El señor BARRIONUEVO.-

Señor Presidente, en la provincia de Atacama, dada la continua sequía, se ha recurrido a la búsqueda de agua subterránea y para eso se están efectuando inversiones. Si no se les da un estímulo a los dueños de esas tierras, quedarán abandonadas. Considero que debe otorgársele algunas facilidades a esta provincia, porque está totalmente seca. Si se les da algún estímulo a los agricultores de la zona, seguramente habrá fomento de la agricultura. En caso contrario,¿ qué agricultura va a haber en este país con los actuales servicios que prestan los bancos, cuando el Banco del Estado de Chile por un tractor que le entrega la casa importadora cobre un 15% de recargo; si los abonos tienen precios excesivos, si las prestaciones del Banco del Estado y de cualquier banco no constituyen ningún estímulo para los agricultores y, por el contrario, a éstos se les está exprimiendo como a un limón? ¿Cómo vamos a fomentar la agricultura?

Como decía anteriormente, fui al Banco del Estado a preguntar el precio de un abono, el del superfosfato triple. Costaba 0,40 escudos el kilo. Sin embargo, en la semana siguiente se había suspendido la venta, porque venía un alza y ese Banco estaba esperando el nuevo recargo. Posteriormente, el precio de ese mismo abono que ya tenía en su poder el banco fue elevado a 0,55 escudos y a 0,60 escudos. Es decir, el Banco del Estado, respecto de los agricultores, hace precisamente lo que tanto criticamos; se porta como cualquier usurero.

Por este motivo, creo que este sistema de intereses no va a fomentar la agricultura.

He pedido la palabra para decir que en la provincia de Atacama existe una sequía total y que es necesario hacer inversiones en obras de captación de aguas subterráneas para solucionar este problema, para estimular a los agricultores y para que haya una agricultura capaz de abastecer suficientemente la intensa actividad minera de la zona, que carece de alimentos.

El señor OCHAGAVIA.-

Señor Presidente, seré muy breve en esta intervención, ya que el tiempo no nos permite explayarnos sobre el punto.

El Honorable señor Coñuepán, que, desgraciadamente, no ha podido concurrir a esta sesión por encontrarse enfermo, nos ha pedido que planteemos sus puntos de vista, en el sentido de que los indígenas, a su juicio, requieren de un tratamiento y de una legislación específicos, que consideren sus especiales condiciones económicas y sociales.

Por medio de las disposiciones legales que dictamos durante el Gobierno del señor Alessandri, nosotros hemos contribuido a fortalecer la protección del indígena, impidiendo la enajenación de sus propiedades e, incluso, haciéndolas inembargables. Asimismo, por primera vez se les otorgaron créditos, se les proporcionó asistencia técnica y se demostró preocupación por la educación de adultos y niños indígenas.

Pero nosotros pensamos que el aborigen aspira a la liquidación de su comunidad en términos de poder tener su propia propiedad, privada y delimitada. Por desgracia, la reforma agraria no les permitirá cumplir estas aspiraciones, si acaso no se aborda la incorporación de tierras para ellos, porque las que poseen, sin grandes capitales, no les alcanzan para obtener sus medios de subsistencia.

Por estas consideraciones, nosotros vamos a abstenernos en este artículo. Nada más, señor Presidente.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, cuando se discutió este proyecto en esta Cámara en el primer trámite constitucional, no existía ninguna disposición que se refiriera a las comunidades y terrenos indígenas, con excepción del artículo 148, que pasó a ser 153, según el cual las disposiciones del Capítulo primero del Título X no serían aplicables a las unidades indígenas regidas por la ley Nº 14.511.

En el primero y en el segundo informe del proyecto formulamos algunas indicaciones, con el objeto de permitir a los comuneros indígenas poseedores de derechos hereditarios y radicados en virtud de títulos de merced, acogerse a lo dispuesto en la letra h) de su artículo 1º en los casos en que procedieren las divisiones de las comunidades regidas por la ley Nº 14.511.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho del Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.-

Como una manera de evitar la multiplicación de los minifundios, propusimos que la Corporación de la Reforma Agraria informara previamente al Juez de Letras de Indios respectivo sobre las unidades en que se podría dividir determinada comunidad, absorbiéndose a través de asignaciones y asentamientos, a los miembros que quedaren excluidos de ella.

Propusimos también que en los eventuales casos en que a la CORA le fuera materialmente imposible asignar tierras o acoger en asentamientos a los indígenas excluidos de las comunidades, el Instituto de Desarrollo Agropecuario u otras instituciones los constituyeran en cooperativas pesqueras o artesanales, con aportes de la parte que les correspondiere en dinero de sus derechos hereditarios.

Nuestras indicaciones fueron rechazadas por los Diputados de la Democracia Cristiana y de los Partidos Liberal y Conservador que, en ese entonces, formaban parte de la Comisión de Agricultura, entre ellos, el Honorable señor Urra, que ha pretendido negarme autoridad para intervenir en este debate, y al cual, en el momento oportuno, contestaré sus ofensas y alusiones. Los Honorables señores Urra, Alvarado y Rodríguez Huenumán, miembros de la Democracia Cristiana de la Comisión de Agricultura, rechazaron todas estas indicaciones que favorecían a las comunidades indígenas en sus divisiones. De tal manera que mantengo mi autoridad moral, en defensa de los sectores campesinos e indígenas. Por eso, más adelante, voy a solicitar al Honorable señor Urra que exprese claramente que intentó insinuar en su desacertada intervención anterior, al tratar el artículo 169 de este proyecto de ley.

El Honorable Diputado señor Ochagavía habló recientemente, en nombre del Diputado señor Venancio Coñuepán, diciendo que el anhelo de ese Diputado es modificar algunas disposiciones de la Ley de Indios.

El señor TUMA.-

Quedó, entonces, claramente demostrado, con esta actitud negativa hacia ellos, que es absolutamente falso que este Gobierno tenga la intención siquiera de solucionar el grave problema de aproximadamente 400 mil indígenas que existen en nuestro territorio, en las provincias de Arauco al sur.

Ha quedado demostrado, durante la discusión de este proyecto de ley, que se ha pretendido hacer discriminaciones y se ha ignorado un problema que existe.

Hemos dicho que, mientras no se incorporen al progreso las 350 mil hectáreas, más o menos, que se supone que estarían en poder de este sector, habría provincias como la de Cautín, por ejemplo, cuyo progreso se estaría frenando, porque la aparente ayuda que se le está dando a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario estaría produciendo un endeudamiento de los indígenas, que los está arrastrando cada día más hacia la miseria. Entregarles semillas de trigo a los indígenas sin proporcionarles el crédito y los medios necesarios para adquirir las herramientas y los bueyes de trabajo que requieren, y sin la ayuda técnica que les permita aprender los actuales métodos de cultivo de la tierra, está resultando perjudicial para los intereses del Estado y sin ningún provecho para aquéllos.

Los que conocemos las condiciones paupérrimas en que se ha mantenido a este sector de la ciudadanía chilena, tenemos que condenar a los Gobiernos anteriores, al actual o a los que vengan y que no quieran preocuparse de solucionar la situación de miseria y abandono en que vive la mayoría de estos ciudadanos de la raza aborigen.

La ley Nº 14.511 contiene algunas disposiciones que, de ser aplicadas, podrían dar positivos resultados, pero como nadie ha querido preocuparse de ello, no se cumplen las reglas que los favorecen. En cambio, se aplican todas aquéllas que les son desfavorables, como los artículos 69 y 78, que permiten la expropiación por particulares de terrenos indígenas, después de fallado un juicio de restitución.

Esta mañana, el Honorable señor Urra intervino en la discusión de los artículos 66 y 67 y, entre otros argumentos, estimó que sería necesario que se expropiaran las tierras indígenas en favor de terceros no indígenas.

Esta es otra de las monstruosidades que significa el artículo 69 de la ley Nº 14.511. Después que se ha luchado durante años para obtener el fallo en los juicios de restitución, finalmente el usurpador, que en esa ley se llama "el ocupante", se acoge, en el plazo de 30 días, a la expropiación de un terreno indígena.

Contra eso estamos nosotros y contra lo que está sosteniendo el Honorable señor Urra, quien demuestra que no conoce la Ley de Indios, y, por lo tanto, no debe intervenir en lo que no entiende ni sabe, ni debe hacer proposiciones que perjudican a los indios.

El Senado, por indicación del Ejecutivo, ha modificado el artículo 174, que ha pasado a ser 181. Esta disposición pretende dar preferencias en las asignaciones de tierras a indígenas que tengan una superficie inferior a aquélla con que figuran en los planos generales de las zonas, levantados con anterioridad a la concesión de los respectivos títulos de merced; a los comuneros pertenecientes a las reducciones que se hayan visto privadas de parte de los terrenos comprendidos en los deslindes mencionados en los respectivos títulos de merced, en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la ley Nº 4.802, de 1930; 44 y 46 del decreto supremo Nº 4.111, de 1931, y 67, 69 y 73 de la ley Nº 14.511, de 1961; y a los indígenas que se encuentran en el caso previsto en el artículo 83, letra a), de la ley Nº 14.511, etcétera.

Nosotros creemos que este artículo 181, que ha sustituido el 174, no beneficia a los indígenas, porque se derogan artículos positivos del decreto con fuerza de ley RRA Nº 11, en los cuales se establecen condiciones favorables para aquéllos que puedan acogerse a la ley de reforma agraria. Por lo tanto, la supresión de los artículos 171, 172, 173, hasta el 186, no cumple el objetivo que aquí se ha señalado, o sea, el de dar preferencia a los indígenas en las asignaciones de tierras, porque en la Ley de Indios hay muchas disposiciones que les dan prioridad, pero que no se aplican. Por eso, quiero decirles a los señores Ministros de Agricultura y de Tierras y Colonización, al señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, señor Moreno, y a los señores Diputados, que estas disposiciones las estimo poco practicables. Existen otras normas determinantes e imperativas en la ley Nº 14.511, que tampoco se han aplicado. Voy a citar algunos ejemplos.

El artículo 67 de la ley Nº 14.511, que habla de las restituciones, dice lo siguiente: "En caso de controversia acerca del dominio emanado de un título de merced, éste prevalecerá sobre cualquier otro, excepto en los casos siguientes:

1. Cuando el ocupante exhiba un título definitivo que emane del Estado, posterior al 4 de diciembre de 1886 y de fecha anterior al de merced; y

"2. Cuando el ocupante exhiba un título de origen particular de fecha anterior al de merced, aprobado de conformidad con la ley de constitución de la propiedad austral".

"Si la aprobación del título estuviere pendiente, se suspenderá el fallo de la causa hasta que se produzca el pronunciamiento del Presidente de la República".

Finalmente, dice: "En ambos casos el indígena será radicado en tierras fiscales disponibles, con arreglo a lo dispuesto en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 1º transitorio del D.F.L. Nº 65, considerándosele como ocupante para estos efectos siempre que no fuere posible proceder a la expropiación contemplaba en el artículo 68".

¿Qué está indicando este artículo? Que los indígenas que han perdido su título de merced, en todo caso, serán radicados en terrenos fiscales. "El ocupante será radicado en tierras disponibles de valor equivalente al predio que deba restituir, incluso el precio de las mejoras, cuando exhiba el título definitivo que emane del Estado, de fecha posterior al de merced, y sin abono de mejoras cuando exhiba un título provisorio que emane del Estado, siempre que haya cumplido con las exigencias que las leyes respectivas le impongan para obtener el título definitivo".

En el caso del artículo 67, podemos exhibir numerosos títulos de merced concedidos en el año 1912, como el que se refiere a la Hijuela Nº 25, de 100,62 hectáreas, que le fue concedido al indígena Miguel Currín en la ribera del lago Panguipulli, en la comuna del mismo nombre, provincia de Valdivia, y que hoy forma parte del fundo Huenehue, gran latifundio de la zona. Este título de merced fue eliminado el año 1937 de los archivos de la Dirección de Asuntos Indígenas, por haber aparecido títulos de dominio concedidos con anterioridad al año 1912 a un particular extranjero, fecha en la cual ni siquiera se encontraba radicado en Chile. No obstante lo establecido en el último inciso del artículo 67, disposición que también está contemplada en leyes anteriores, ni al indígena Miguel Currín ni a sus descendientes se les radicó en tierras fiscales, y no se piensa radicarlos, porque el Estado alega no tener tierras disponibles.

Ese título de merced lo tengo aquí y podría exhibirlo a los señores Diputados. Es uno de los cientos que han servido para constituir grandes fundos en la provincia de Valdivia, y que han sido totalmente eliminados, porque han aparecido extranjeros llegados a Chile con fecha posterior al otorgamiento de estos títulos de merced y que han podido exhibir títulos de dominio entregados por el Estado con fechas anteriores.

En estas circunstancias, y como los títulos anteriores prevalecían sobre los de merced, se estableció en la ley que estos indígenas debían ser radicados en terrenos fiscales.

Esta comunidad ya lleva treinta años peleando, discutiendo y reclamando sus tierras. Este no es un cargo que hago sólo a este Gobierno, sino a todos los anteriores que no escucharon el clamor de estos indígenas. Y no se trata de una, sino de cientos de comunidades que han pasado a constituir latifundios, porque se han instalado aventureros en la zona de Valdivia, que es donde peor se ha tratado a los indios.

Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento de la Sala para insertar en la versión este título de merced.

El señor TUMA.-

Desde la fecha en que los usurpadores ocuparon las tierras de una enorme cantidad de indígenas, principalmente en la provincia de Valdivia, donde se instalaron los elementos más audaces, no tenemos conocimiento de que ningún Gobierno haya hecho justicia a los indios, radicándolos en otros terrenos fiscales.

Cuando nosotros, a través del Partido Socialista, presentamos indicación en el sentido de que en la ley de reforma agraria se incluyera un artículo para obligar a la restitución de esas tierras, ella fue rechazada por el partido de Gobierno.

Podemos citar muchísimos casos en que tampoco ha sido aplicado el artículo 68, y

en que, lisa y llanamente, se están expropiando las tierras en favor de los ocupantes no indígenas que, por lo general, son buitres al acecho de los indefensos indígenas, permanentemente amedrentados por la autoridad y azotados por el látigo inmisericorde de aventureros que se aposentaron en sus terrenos, pagando al Estado una ínfima parte del valor de sus predios. Podemos citar el reciente caso de la comunidad encabezada por el indígena Antonio Paillán, ubicada en el lugar denominado Culán, en la comuna y departamento de Villarrica, provincia de Cautín. Son 70 hectáreas de terrenos planos, ubicados a diez kilómetros al oeste de la ciudad de Villarrica y que, en el año 1961, fueron tasados por el abogado defensor en la suma de 20.000 escudos y, posteriormente, por el topógrafo, en 7.000 escudos, suma que la Corte de Apelaciones de Temuco elevó a 9.000 escudos. Es decir, se pretende pagarles, el año 1967, 130 escudos por la hectárea del mejor terreno de Villarrica, para obsequiarlo al usupardor, de acuerdo con el artículo 69 de la ley Nº 14.511, que hoy día quiere nuevamente defender el Honorable señor Urra. En el Gobierno del señor Alessandri, hizo esta concesión en virtud del decreto Nº 1.533, del Ministerio de Tierras y Colonización, de fecha 20 de diciembre de 1962.

Pareciera que el Gobierno del señor Alessandri por extraña coincidencia hubiera buscado la fecha apropiada para dictar este decreto, a fin de ofrecerlo como un regalo de Pascua a quien ha usurpado las tierras a los indios.

Tampoco el Ministerio de Tierras y Colonización ha querido aplicar el último inciso del número segundo del artículo 67.

Podemos citar el caso del indígena Francisco Rayenpan, que fue radicado con su familia en la hijuela Nº 3, de 1.954 hectáreas y que solicitó los títulos según matrícula de septiembre de 1926, por terrenos que tenían ocupados durante 50 años antes, certificados por don Francisco Zañartu, Archivero General de Asuntos Indígenas de aquella época. Sin embargo, con fecha posterior, se habrían entregado títulos a dos particulares, indistintamente, por 1.500 hectáreas, dejándoles en aquella fecha, a 103 personas, que hoy día constituyen más de 200, sólo 454 hectáreas.

Si la comunidad Francisco Rayenpán lleva cuarenta años reclamando que se le haga justicia y se le restituyan sus tierras usurpadas o se le radique en otras tierras fiscales, ¿qué indígena va a creer y tener fe en que se le dará preferencia en los asentamientos o asignaciones?

En el artículo 181 de este proyecto se pretende conformar a los indios estableciendo que "tendrán preferencia"; esto es como dejarles caer el puño sobre la cabeza y después acomodarles el sombrero.

Cuando hemos planteado al • señor Director de Asuntos Indígenas el problema creado a la Comunidad Antonio Paillán, en que se le estarían pagando 70 hectáreas con el valor de 7, nos ha contestado que, aun cuando no se han extendido los títulos en favor del ocupante, por tratarse de un decreto tramitado no se podría derogar, pero que dicha comunidad sería considerada con preferencia en los asentamientos o asignaciones futuras. Le hemos dicho al señor Director de Asuntos Indígenas que esa promesa debiera ser concretada en una carta que enviara el Ministerio a los interesados para conminarlos a que acepten el pago de la expropiación en las condiciones desfavorables que he mencionado más arriba.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorable señor Tuma, ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.

El señor TUMA.-

Sin embargo, ni el señor Director ni el señor Ministro de Tierras y Colonización han aceptado entregar esa carta de resguardo. ¿Qué confianza van a tener los indios con una disposición como la que ahora se pretende en el artículo 181?

Cuando el Diputado que habla presentó una indicación para que un porcentaje pequeñísimo de las tierras que se expropiaran mediante la ley de reforma agraria fueran destinadas a cumplir con lo que hoy se quiere establecer en el artículo 181, recibí del señor Ministro de Agricultura y del señor Vicepresidente de la CORA la negativa más rotunda. Por lo tanto, este artículo 181 jamás se aplicará, pues queda sujeto a la voluntad de quienes lo aplican. Y si no se ha querido determinar en la ley una cantidad de tierra, un porcentaje de los terrenos que se expropien para destinarlos a los indígenas, ¿de qué manera vamos a creer que este artículo 181 va a entregar una solución, en circunstancias que están borrando casi toda la legislación favorable del D.F.L. RRA. Nº 11 establecido ahora en el artículo 181?

Si nosotros fuéramos los que estuviéramos gobernando, no necesitaríamos este artículo, porque ya habríamos buscado solución para arreglar esto.

En el artículo 86 de la ley Nº 14.511 se establece que el Banco del Estado otorgará préstamos, a través de los fondos que el Fisco ponga a disposición en la ley de Presupuestos de cada año, para el pago de las cuotas hereditarias de aquellos indígenas que quieran adquirir tierras de otros comuneros para agrandar sus predios.

No obstante, los jueces de letras de indios no se atreven a aconsejar estas operaciones, porque saben fehacientemente que pasan dos o más años para obtener el dinero y, en la mayoría de los casos, no hay fondos para cumplir con este objetivo.

Durante el año 1966 se destinaron Eº 450.000 en el Presupuesto Nacional para el cumplimiento del artículo 86 de ||AMPERSAND||lt;http://86.de>la ley Nº 14.511, que, además, se destinan para la compra de animales de crianza, de trabajo, reparaciones de casas y galpones, compra de alambre para cercos y semillas. Con cargo a esos Eº 450.000 se obtuvo la dictación del decreto 336, del Ministerio de Tierras y Colonización, que puso a disposición para los fines indicados la suma de Eº 180.000 a principios de abril del año pasado, pero los fondos llegaron a Temuco el 30 de agosto del año recién pasado. Para la entrega de la segunda cuota se dictó el decreto Nº 1.205, del 8 de septiembre, que salió de la Contraloría General de la República el 9 de octubre; sin embargo, llegaron sólo la semana pasada, Eº 240.000, es decir, en febrero de 1967, en circunstancias que ya debían haber estado a disposición los recursos destinados para este nuevo año.

Además, de entregar con un año de atraso esos fondos, les han cercenado 30.000 escudos de la suma destinada en el Presupuesto Nacional. La suma que se está destinando para estos efectos equivale, por razones de la desvalorización de nuestra moneda, a la tercera parte de lo que se consignó en años anteriores, en circunstancia que suponíamos que este Gobierno, que habla de revolución y de reforma agraria, y que pretende prohibirnos el uso de la palabra en los congresos indígenas, como ocurrió en Gurarrehue, iba a atender en forma justa y razonable al sector indígena para sacarlo de su postración e incorporarlo al progreso.

¿Acaso el señor Ministro de Tierras y Colonización, que viene aquí a la Cámara con pretensiones de adoctrinarnos con la teoría comunitaria de la Democracia Cristiana, no sabe que la Ley de Indios se está tornando inoperante por culpa de la inercia y de la inepcia de este Gobierno en proporcionar los medios para que se pueda aplicar? ¿No sabe el señor Ministro que en el Juzgado de Letras de Indios de Nueva Imperial hace más de un año que renunció uno de los topógrafos y está actuando uno solo de esos profesionales, quien ni siquiera tiene movilización?

Ese juzgado estuvo un año y cuatro meses sin juez titular y más de cuatro meses sin secretario; y sólo en la semana pasada cuatro reducciones han entablado juicios de restitución, en circunstancias que hay un solo topógrafo, que carece, como he dicho, de medios de locomoción.

El señor TUMA.-

Justamente, estas restituciones que se han solicitado la semana pasada a Nueva Imperial, inciden en un fundo que está expropiando la CORA en Imperial y cuyo nombre es Pancul. Al respecto, quiero señalar y advertir que en ese fundo hay terrenos que corresponden a comunidades indígenas, por cuanto el antiguo propietario habría construido unos tacos en el río Imperial, con el fin de desviarlo hacia las comunidades y formar así una isla que hoy pretenden que pertenezca al fundo Pancul.

En vista de que aquí están presentes los funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria, sería conveniente que tomaran nota de que el fundo Pancul probablemente tendrá que restituir tierras a cuatro comunidades indígenas, que recientemente han iniciado el juicio correspondiente.

Como en los títulos de merced las superficies son aproximadas, determinándose la cabida por los deslindes que se establecen en el título, hay agricultores que se han aprovechado de esa falta de precisión. Tal sería el caso de Taife, en la comuna de Carahue.

Estos y otros medios habilidosos que se han empleado son los que vienen provocando un fuerte malestar entre los comuneros, los que ningún Gobierno ha querido abordar en profundidad.

Señor Presidente, se ha inventado una serie de leyendas negras en contra de los indios para hacerlos aparecer como seres despreciables, con el objeto de negarles méritos y no dar importancia a la justa legislación que reclaman en favor de sus derechos.

Dicen de ellos que no merecen atención, porque son flojos. A mi juicio, los indios no son flojos; lo que sucede es que por falta de educación elemental, por el estado de abandono en que se les ha mantenido, carecen de iniciativa.

Los descendientes de la raza indígena que llegan a Santiago o a los centros poblados en busca de trabajo aprenden rápidamente ; se adaptan al medio, y se convierten en hombres de trabajo. Hace poco, en la visita que hiciéramos los miembros de la Comisión de Economía y Comercio de esta Honorable Cámara a la Compañía de Acero del Pacífico, en Huachipato, encontramos a varios mapuches ejerciendo altos cargos técnicos y de responsabilidad; entre ellos, al señor Quilaqueo, quien incluso había sido enviado a los Estados Unidos por cuenta de la empresa, para su perfeccionamiento profesional.

En consecuencia, es falsa la leyenda de que el indio es flojo; y, repito, al indio sólo le falta la iniciativa, para lo cual habrá que instruirlo, y obtener que el Gobierno cumpla con lo establecido en el artículo 98 de la ley Nº 14.511, que establece los medios para hacerlos progresar. Para eso se dictó esa ley y para eso se dictó ese artículo, que no lo cumple ningún Gobierno.

Dicen también que el indio es borracho. Esa es otra de las leyendas fatídicas que se tejen en contra del indio. En las comunidades no hay licor y, por lo tanto, en el campo son sobrios. Pero cuando llegan a la ciudad y venden su cosecha o su ganado, en el deseo de manifestar su contentamiento o su amargura se meten a una cantina y se tragan de un sorbo un litro de mal vino; y, naturalmente, no estando acostumbrados a beber, el alcohol les afecta profundamente, perdiendo ellos los sentidos, lo que los hace aparecer ante la opinión pública como borrachos consuetudinarios.

Otra de las leyendas inventadas en contra del indio es que es ladrón y cuatrero. La proporción de ladrones y cuatreros que existen entre los indios es similar a la que se encuentra en todas las razas y pueblos subdesarrollados; por lo tanto, sólo la educación podrá corregir en su mayor parte estos defectos. Sin embargo, debo hacer presente que con frecuencia a muchos indígenas inocentes se les acusa maldadosamente por abigeato, delito que no es excarcelable bajo fianza, gracias a las leyes dictadas por los legisladores terratenientes, con el objeto de encarcelarlos y usurparles sus tierras.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

El señor TUMA.-

Existe para cada juzgado un "jeep" destartalado que deben usar alternativamente el juez, que tiene que salir a terreno a hacer los empadronamientos para las divisiones o para las visitas oculares en casos de litigios, y para el topógrafo, cuando va a efectuar las mensuras. Cuando uno de esos vehículos está en "panne", para obtener su reparación hay que elevar una solicitud a los Servicios Judiciales en Santiago, enviando previamente el presupuesto, con el objeto de recibir después los fondos. En estos trajines se pasan meses, como está ocurriendo con el "jeep" del Juzgado de Nueva Imperial. Allí los indígenas esperan de verano a verano para que el topógrafo les haga la visita, y en muchos casos como he podido comprobarlo, han tenido que pagar ellos la movilización.

Cuando en algunos casos he facilitado mi camioneta para que jueces y topógrafos puedan trasladarse y cumplir sus diligencias urgentes, un Diputado adicto a este Gobierno ha acusado a los jueces y topógrafos al Ministerio de Tierras y Colonización e incluso a la Corte de Apelaciones de Temuco.

Habiendo renunciado un topógrafo del Juzgado de Indios de Imperial y habiendo fallecido otro perteneciente al Juzgado de Indios de Victoria, han pasado meses sin que se haya llamado a concurso para llenar esas vacantes, en circunstancia que ninguno de estos Juzgados podría funcionar normalmente con menos de cuatro topógrafos.

En el caso del departamento de Villarrica y de las comunas de Lanco y Panguipulli, de la provincia de Valdivia, que pertenecen a la jurisdicción del Juzgado de Letras de Indios de Pitrufquén, esta falta de medios de movilización resulta más grave, pues sus comunidades distan muchas veces más de trescientos kilómetros de ese lugar, razón por la cual se ven imposibilitados de concurrir a Pitrufquén para defenderse de la voracidad de audaces y aventureros, que permanentemente están acosando a los indios, usurpándoles sus derechos.

Se ha hecho ver a este Gobierno la necesidad de crear el Juzgado de Indios en la ciudad de Villarrica, existiendo un informe favorable de la Corte de Apelaciones de Temuco; y han transcurrido dos años sin lograr resultados favorables, so pretexto de que no habría fondos para financiar el funcionamiento del nuevo tribunal y la remuneración del abogado defensor. El presupuesto anual para la creación de ese juzgado no pasaría de los Eº 60.000. En cambio, sí, ha habido fondos para destinarlos a los Centros de Madres, que en muchos casos son imaginarios, yendo a parar las cantidades que se les asigna a manos de otras "madres". ¡Y qué madres!

Señor Presidente, así no se puede administrar justicia a los indígenas, que en su mayoría votaron por la Democracia Cristiana.

Hemos pedido insistentemente el envío de nuevos vehículos para los juzgados de indios; pero, hasta aquí, "¡No se oye, padre!". Y así se pretende ahora que con el artículo 181 se va a encontrar una solución al problema indígena. ¡Tendríamos que ser ilusos para creer en este artículo 181 en discusión!

Visité, hace algunos meses, al señor Ministro de Tierras y Colonización para plantearle el problema del cacique Vicente Huayquillán, de Lonquimay, en la provincia de Malleco, a quien se le arrebatan por decreto de este Gobierno 560 hectáreas para favorecer a 15 personas en una comunidad donde existen 120 familias.

Por lo que conversé con el señor Ministro, me di cuenta de que entiende de todo de teoría, de filosofía y de ideología menos de asuntos de tierras, o sea, para el cargo que ha sido designado. Cuando pasé a su gabinete me dio la impresión de que me encontraba en un establecimiento de pompas fúnebres, ya que na había indicios de preocupación por querer solucionar los miles de casos pendientes, que se arrastran durante muchos años.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, me estoy refiriendo al artículo 181, que estimo inoperante. Estoy diciendo que el Ministerio de Tierras y Colonización de este Gobierno y de los anteriores no se han querido preocupar del problema de los indígenas. No porque en esta disposición se establezca que tendrán preferencia, voy a creer y "comulgar con rueda de carreta". El Ministerio de Tierras y Colonización debe preocuparse de los lanzamientos injustos que se están haciendo en la provincia que represento. Y voy a señalar uno de los últimos casos.

Hace muy poco tiempo, fue lanzada en la provincia de Cautín la familia de María Leoncia Villegas, con nueve hijos, cuyo conviviente, Jerzan Lavín, había adquirido un predio de 60 hectáreas. Esta mujer trabajó en ese terreno durante 35 años, gastando los mejores años de su vida para destroncar y limpiar el campo, junto con sus hijos. El que fue su conviviente enfermó, trasladándose a una pensión en un pueblecito del ramal de Freire a Toitén. La dueña de la Densión "se afanó" a esta campesino y lo llevó al Civil, donde contrajo matrimonio, falleciendo él poco tiempo después.

Risas en la Sala.

El señor TUMA.-

Esta flamante viuda entabló juicio de comodato en contra de María Leoncia Villegas y sus hijos; y a pesar de haber recurrido a la Oficina de Tierras en Temuco, no recibió amparo de ninguna naturaleza. Finalmente, fue lanzada del terreno que moralmente le pertenecía, que estaba poseyendo, lo trabajada y tenía el "animus" de vivir en él.

Casos como éste podemos citar muchos en los campos chilenos, principalmente en las provincias del sur. Por ejemplo, podemos citar, además, el caso de Fermín Navarrete, un indígena del lugar denominado Maite, del sector de Curarrehue, en la provincia de Cautín, a quien favorecía lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Indios, Nº 14.511. Fue despojado de sus derechos para beneficiar a un tercero, y con la desacertada intervención de los funcionarios del Ministerio de Tierras y Colonización. Esta Secretaría de Estado, a mi juicio, no está prestando la debida atención para que se haga justicia a los legítimos ocupantes de tierras fiscales, a los legítimos ocupantes de tierras indígenas, ni a los ocupantes que ampara el decreto con fuerza de ley Nº 65, de 1960.

Estamos insistiendo reiteradamente en la modificación de la Ley de Indios, para introducir nuevas disposiciones que prohíban la expropiación de terrenos indígenas ocupados por terceros no radicados.

Tal vez nuestra constante preocupación y mi majadera insistencia inducirá a que el Supremo Gobierno se sirva enviar a corto plazo un proyecto de reforma de la actual Ley de Indios.

Termino diciendo que, aunque no me satisface plenamente el artículo 181, lo votaremos favorablemente. No obstante, debo advertir, para que no se crea que nos han "metido el dedo en la boca", que de acuerdo como está redactado este proyecto de reforma agraria, aun sin el artículo

181, si la CORA quisiera hacerlo, no tendrá ningún impedimento para atender a indígenas y a no indígenas en los asentamientos y asignaciones, pero no en los casos de formar unidades agrícolas, con motivo de división de las comunidades.

Por lo tanto, el artículo 181 no sirve para nada; no obstante, lo votaremos favorablemente.

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).-

Señor Presidente, voy a contestarle al Honorable colega señor Tuma, porque durante los dos años que lleva en funciones este Parlamento, ha sido el defensor de los indios. Me alegro que lo sea. Pero en el hecho creo que se está entusiasmando con la defensa de los indígenas. Y voy a decirle por qué. El ha sostenido que nosotros votamos en contra de algunos artículos del proyecto de reforma agraria.

El señor TUMA.-

Sí, señor.

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).-

Cuando viajamos a la provincia de Cautín a recorrer algunas reducciones indígenas, con el señor Ministro, con el Vicepresidente del INDAP, con el Vicepresidente de la CORA, en una conferencia, en que estaban presentes los indígenas, el señor Ministro fue categórico al decir: "Nosotros, en este Gobierno, vamos a darles una oportunidad a los indígenas, pero tratándolos como chilenos, o sea, como ciudadanos". Estos mitos, estas supersticiones a que ha dado lectura el Honorable señor Tuma, el indio común ya no las acepta.

Me alegro de que el Honorable señor Tuma esté defendiendo, en este momento, a los indígenas. Desgraciadamente, él no los conoce a fondo, no está interiorizado de sus problemas, ni ha vivido con ellos.

¿De qué se ha preocupado este Gobierno? Primero, de darles escuelas, de construirles caminos...

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).-

Además, creó la oficina del Registro Civil en Trobolbo, porque hay que constituirlos legalmente. Esa no es obra de Su Señoría, sino de este Gobierno.

Incluso en la reducción indígena de mi abuelo soy nieto de cacique y tengo orgullo de serlo, en las 500 hectáreas de la reducción indígena de Danquil y también en la de Hueñalihuén, Su Señoría, en vez de ofrecer a los indígenas una oportunidad, responsabilidades y considerarlos como ciudadanos, les dijo que corrieran a los terrenos fiscales para aumentar sus propiedades. Ellos se han ido de sus tierras y no han podido subsistir...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorable señor Tuma, ruego a Su Señoría guardar silencio.

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).-

Nosotros estamos tratando de mejorar, responsablemente, las disposiciones de la ley Nº 14.511...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Honorable señor Tuma, llamo al orden a Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Manuel).-

.... porque es indudable que tiene muchos vacíos.

Su Señoría sabe que en el Ministerio de Tierras y Colonización, al cual dice que da sueño ir, se está haciendo algo, se está estudiando una modificación de esta ley, y lo invité para que integráramos una Comisión, a fin de considerar esté problema, porque me interesa, aun cuando soy parlamentario por la provincia de O'Higgins.

Creo que este Gobierno ha asignado responsabilidades a los indígenas; y cuando se llevó el Registro Civil a la zona, se casaron más de 80 familias. Incluso por este proyecto de ley la convivencia está asegurada, porque, como he dicho, el Ministerio de Tierras y Colonización está en antecedentes.

Además, ha manifestado el Honorable señor Tuma que los indígenas no estarían considerados en esta reforma agraria. Debo expresarle que a los integrantes de muchas reducciones indígenas de la provincia de Arauco se les ha dado oportunidad de postular a los fundos expropiados por la Corporación de Reforma Agraria. Con ello Su Señoría estuvo totalmente de acuerdo la otra vez, porque hay muchos indígenas, especialmente los caciques, que no desean irse de su terruño, pero la gente joven quiere dejar la tierra y piden que se les proporcionen otras mediante título de merced.

Amparados por la Corporación de Reforma Agraria y por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, se les ha dado la oportunidad de abonar sus tierras, lo que nunca se había hecho. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en la reducción de Taife, donde Su Señoría se proclamó en esa zona. Yo estuve hace poco en Carahue y me decían estos hombres: "Diputado, esto es lo que hemos sembrado con abono y esto no; pero resulta que nosotros no le creímos al INDAP y no le echamos todo el abono completo. Nunca más vamos a sembrar sin abono. Esto es solamente una primera experiencia".

¿ Qué significa esto ? Ellos están convencidos de que por primera vez el Instituto de Desarrollo Agropecuario les está dando una oportunidad realmente a los pobres, a aquellos pequeños propietarios que constituyen las reducciones indígenas. Ellos también están responsablemente ávidos de integrarse a esta reforma agraria, pero debo decirles que, si nosotros le diéramos un tratamiento especial, en este artículo, a las reducciones indígenas que son tres mil, más o menos 800 mil indígenas en Chiloé, Arauco, Cautín y BíoBío, no tendríamos tierra para entregar a los campesinos. Nosotros queremos constituirlos legalmente, queremos darles responsabilidad.

Si mi partido en este Gobierno me dio la oportunidad, siendo indio, de llegar a la Cámara de Diputados, creo que también a ellos, nosotros, como partido y cómo Gobierno, les estamos dando la responsabilidad para que puedan surgir y constituirse legalmente. Además, debo decirle a Su Señoría, que este artículo 174 lo mejoraron los Senadores nuestros y nosotros aceptaremos esto a sabiendas de que viene detrás la modificación de la ley 14.511. Finalmente, quiero decirle que es necesario terminar con la majadería de que el indio es la última carta del naipe. No, señor; es un ciudadano como todos nosotros; lo único que le falta es la oportunidad. Entonces, si Su Señoría sirve de activista en la provincia de Cautín y recorre los campos azuzando a los indios y diciéndoles que este Gobierno no hace nada, que los funcionarios son unos tales por cuales, y no les entrega una responsabilidad, creo que no vamos a llegar al espítu que queremos que tenga el indígena en Chile. Ello están conscientes, y cada vez que alguien les va a tender la mano en forma misericordiosa piensan que los están engañando. En cambio, si nosotros les damos trabajo organizado y responsabilidad, ellos van a decir que los queremos ayudar, que queremos colaborar, y no como Su Señoría que siempre está hablando de los indígenas y va a la zona exclusivamente a azuzarlos.

Por eso, yo invito a Su Señoría, para que en otra oportunidad analicemos este problema con el señor Ministro de Agricultura, que está presente, y que tiene un concepto muy claro a este respecto. Igualmente lo invito al Ministerio de Tierras y Colonización para que veamos qué se está haciendo con las reducciones indígenas.

Nosotros creemos que en esta reforma agraria no se han satisfecho sus necesidades, pero ellos esperan, como todos los chilenos. Los indígenas van a tener por primera vez en la historia, una reducción de tierras con su escritura, porque su asentamiento es un proceso de selección y de responsabilidad.

Con esto termino, señor Presidente, para que no diga el Honorable señor Tuma que nosotros hemos votado en contra de algunos artículos de la reforma agraria. 

El señor TUMA.-

Señor Presidente, el Honorable señor Rodríguez, don Manuel, decía que nosotros íbamos a las reducciones solamente a azuzar a los indígenas. Lo que ellos pretenden es mantener a los indígenas con una manta en los ojos, como quien va a ensillar un potro nuevo. Nosotros lo que hacemos es quitar la manta y la venda de los ojos, porque queremos que vean la verdad. No queremos azuzarlos, sino que conozcan las leyes que les dan derechos...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

El habla de las 330 hectáreas que, mediante un decreto, que fue dictado por este Gobierno, obtuve en favor de la familia Huenumán, parientes del Honorable señor Rodríguez Huenumán, y que beneficia a toda su comunidad. Pero ahora resulta que les hemos hecho un daño a sus parientes. ¡Vaya uno a entender al Honorable señor Rodríguez Huenumán! 

El señor TUMA.-

Me estoy dirigiendo a la Mesa, señor Presidente.

Decía que, según el Honorable colega, estamos azuzando a los indígenas. Eso es una falsedad. Ellos van a enseñar a los indios a hacer mermeladas, pero no les dicen cuándo les van a entregar los títulos definitivos a los colonos y en qué oportunidad se van a hacer las restituciones de la tierra indígena usurpada. Si les dieran los topógrafos necesarios, en los Juzgados de Indios se habrían hecho las restituciones oportunamente.

Yo formulo un cargo de lenidad al Gobierno, por no designar los topógrafos y por no crear el Juzgado de Indios de Villarrica, donde están siendo usurpadas las tierras de los indígenas, que se encuentran en su mayor parte divididas.

Nada más, señor Presidente.

RESPUESTA A ALUSIONES PERSONALES. APLICACION DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma hasta por cinco minutos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Ha terminado el tiempo que le correspondía a Su Señoría.

Se levanta la sesión.