Labor Parlamentaria

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Señor Presidente, como decía, la denuncia tiene caracteres de gravedad, fundamentalmente por la clientela de las oficinas que nos ocupan en este instante.

¿De qué se trata? En general, se trata de oficinas que están tramitando consultas, y no sólo consultas sino también solicitudes de carácter previsional, fundamentalmente de jubilación de los imponentes del Servicio de Seguro Social. Son oficinas particulares que, por la naturaleza de las prestaciones que realizan y, como dije, por la clientela que tienen, además de haberse extendido a todo el territorio nacional, han pasado a tener las características de verdaderos servicios públicos.

Ahora bien, ¿por qué la acción de estas oficinas ha preocupado a algunos colegas, entre ellos al Diputado que habla, que en fecha 17 de enero de este año intervino en la Cámara para hacer las denuncias del caso? Porque vimos que se estaban cometiendo verdaderos delitos con plena publicidad y que, lamentablemente, no había una acción eficaz para ponerles atajo. Algunos de ellos consistían en ofrecer beneficios previsionales a personas que no los tenían; otros, constituían verdaderas estafas, como por ejemplo, ofrecer jubilaciones a personas mayores de 55 años y menores de 65, en circunstancias que todos sabemos que la ley Nº 10.383, sobre Servicio de Seguro Social, exige 65 años de edad como mínimo para jubilar.

Incurrieron, además, en delitos como el de ofrecer servicios para tramitar la pensión asistencial establecida en el artículo 245 de la ley N9 16.464, en circunstancias que sabemos, con entera claridad, que es imposible poder tramitarla y obtenerla mientras no existe un financiamiento adecuado de la ley, para lo cual se dejó oportunamente establecido en el texto respectivo que sería necesario que el Presidente de la República dictara un reglamento. Asimismo, han cometido delitos como aquellos de aparecer cobrando, para ciertas tramitaciones normales ante el Servicio de Seguro Social, algunos derechos por gastos que no existen o algunos honorarios que, a la postre, han resultado totalmente excesivos: delitos o acciones moralmente reprobables como aquélla de establecer prácticamente como sistema la cobranza de cheques nominativos, que según la legislación vigente deben cobrarse directamente por el interesado ante el Banco respectivo. Según la acción de estas oficinas, ha venido a transformarse en un verdadero sistema el cobro a través de intermediarios, lo que, por supuesto, beneficia fundamentalmente, al intermediario y no al beneficiario.

Hay una serie de antecedentes que podríamos señalar en relación con esta materia. Evidentemente que el informe previo sobre estos aspectos hubiera reducido mucho más la exposición, ya que el carácter metódico que debiera haberse realizado -sabemos que así se iba a hacer- nos habría permitido sacar conclusiones y conocer con mayor claridad la forma de atacar este problema que afecta a sectores extraordinariamente modestos.

Hace tiempo, ciertos Diputados nos acompañaron en algunas denuncias. El que primero lo hizo en la Cámara, incluso tengo entendido antes que nosotros, fue el colega señor Valente. Con posterioridad, intervinieron otros señores Diputados, entre ellos el colega Alberto Jaramillo. Pero debo reconocer que quien propuso el sistema más eficaz para que la Cámara conociera este problema y colocar los puntos sobre las íes buscando la solución del caso, fue el colega señor Lavandero. El ha sido designado Diputado informante de las Comisiones Unidas, quien ha tenido que soportar ataques hechos públicamente mucho más que nosotros que fuimos los que formulamos algunas de las primeras denuncias y que después participamos junto con él arduamente en la Comisión. Pues bien, digo, ha sido el colega Lavandero quien ha tenido que resistir públicamente los ataques de muchas de estas oficinas de tramitaciones previsionales que veían que su suculento negocio se les iba de las manos y que se pondría fin al abuso y explotación, desenmascarados por el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo.

El colega señor Jorge Lavandero ha tenido, en esta materia, una conducta que podríamos calificar de ejemplarizadora. Ha trabajado incansablemente recibiendo las denuncias del caso y yo debo decirlo, por un deber de lealtad y honestidad, que por haber sido quien ha atacado con mayor dureza a estas oficinas, ha recibido la reciprocidad del ataque de ellas; pero él ha sabido defenderse como corresponde a través de este mismo hemiciclo y de la acción ante los Tribunales de Justicia, donde en estos momentos ha logrado resultados satisfactorios para el colega que ha perseguido la responsabilidad de personas conectadas con estas oficinas. Esto redundará, en definitiva, en el mejor resultado de esta investigación y también en la solución de los problemas que aquejan a tantos asegurados en el país y que todos estamos reclamando.

Pues bien, a través de las denuncias y de la acción de todos los parlamentarios se llegó a esta investigación por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo.

No me corresponde dar a conocer lo que sucedió en las Comisiones; comentar, por ejemplo, la participación eficaz de algunos personeros como la Directora del Servicio de Seguro Social, la ayuda y respaldo del señor Superintendente de Seguridad Social, la participación del señor Vicepresidente del Colegio de Abogados y de tantas otras personas más que han colaborado con las Comisiones y para quienes solamente podemos tener palabras de agradecimiento.

El trabajo fue arduo; se recibieron denuncias directamente de parte de las personas que se habían sentido estafadas y las conclusiones a que han llegado las Comisiones y que han sido comprobadas, fueron que estas oficinas han cometido realmente algunas infracciones, tales como estar recibiendo solicitudes para jubilaciones de personas que no cumplían siquiera con los requisitos mínimos de edad, y estar cobrando por atenciones asístenciales, para aprovecharse muchas veces de los emolumentos que debían recibir los pensionados del Servicio de Seguro Social y para llevarse la "parte del león" los personeros de estas oficinas de tramitación, dejando una mínima parte a los asegurados.

Sobre esta materia se han planteado algunas objeciones. Ha habido un reclamo de parte de una señor abogado ante su Colegio profesional, ante el cual hizo presente que la Cámara y las Comisiones se habrían excedido en sus atribuciones al iniciar una investigación de esta naturaleza. Pero nosotros, los que formulamos la denuncia, la hicimos, en primer lugar, porque había un antecedente de carácter social que no podía ser ajeno a la Cámara ni podía ser ajeno tampoco al Poder Ejecutivo, en su carácter de administrador del Estado. En consecuencia, 'la hicimos con el interés de cumplir nuestra función fiscalizadora. Por eso intervinimos públicamente aquí, para fiscalizar a todas las instituciones que tenían que ver con la tramitación de estos beneficios previsionales y obtuvimos declaraciones que se dieron a conocer también públicamente en este hemiciclo, como correspondía hacerlo.

En las respuestas a nuestras preguntas, por regla general, se traducía la inquietud de los organismos del Estado frente a un problema a cuyas consecuencias se deseaba poner atajo, por lo cual se decía, permanentemente, que estaban reuniendo los antecedentes respectivos para iniciar las acciones que fueren pertinentes.

Más tarde nos dimos cuenta, a causa del cobro de honorarios o de gastos que efectuaban estas oficinas que era imprescindible no sólo que la Cámara de Diputados, en su carácter de organismo fiscali- zador tomara conocimiento de estos hechos e hiciera las observaciones del caso, sino que también iniciara las labores legislativas y propusiera las iniciativas de ley que fueran de imprescindible necesidad para poner atajo a estos abusos.

Por eso, señor Presidente, la Honorable Cámara no designó una Comisión Especial Investigadora, sino que dio competencia a dos Comisiones que tienen un carácter exclusivamente legislativo, como son las de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, en atención a que, si bien 63 cierto que podíamos atacar el problema fiscalizando la actividad de algunos organismos del Estado que tienen que ver con el problema previsional, también tenemos plena conciencia de que nuestro carácter de legisladores nos impone el deber y nos entrega el derecho de plantear todas las inquietudes tendientes a impedir que se sigan produciendo estafas, explotaciones y abusos como aquellos que hemos denunciado, y al Poder Legislativo le corresponderá contribuir a la solución de este problema, ya sea creando normas de carácter civil, sea creando normas de carácter penal.

Por tal motivo, hemos discutido, durante la recién pasada legislatura ordinaria, un proyecto de ley, que aparece en la conclusión de este informe, a través del cual se aborda a fondo el problema anteriormente señalado, y nosotros sabemos que la sanción legislativa es el único medio expedito para poner fin a tantos y tan desgraciados y lamentables abusos.

Más tarde me referiré al correspondiente proyecto de ley propiamente tal, evidentemente, no para tratarlo en la presente sesión, porque sabemos que el reglamento nos impide hacerlo durante la presente legislatura extraordinaria. Sin embargo, esperamos que el Ejecutivo lo incluya más tarde en la convocatoria, a fin de pronunciarnos sobre él, haciendo uso de todas las facultades legislativas que nos corresponda.

Adelanto, señor Presidente, que no estuve presente en la última sesión de las Comisiones Unidas, en que fue despachado el informe y en la que se trató la parte final de este proyecto de ley. Sin embargo, me hago solidario y soy responsable también de él en todas sus partes. Además, presenté el proyecto que permitió establecer la filosofía general de esta legislación, según la cual no debe cobrarse por la dación de estos beneficios de carácter previsional. Al mismo tiempo tendría que formular dos o tres observaciones que, en el fondo, no son incompatibles con este proyecto de ley y que, oportunamente, las expondré a la consideración de la Cámara, como corresponde.

Como he dicho, el Colegio de Abogados hizo presente su inquietud, y he tratado de responder a ella, haciendo un análisis quizás detallado de la misma respuesta; pero sí, exponiendo un esbozo de ella, a grandes rasgos, en el sentido que la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas han hecho uso de su poder para fiscalizar y de su poder para legislar, al dedicarse a realizar esta investigación. Para hacer uso de esta facultad, de este derecho y de este deber, ha sido necesario reunir los antecedentes del caso, a través de las informaciones que nos dieron los representantes de los diversos organismos del Estado y los particulares que alcanzaron hasta las Comisiones Unidas, haciendo la denuncia respectiva.

Aun más, voluntariamente concurrió a esta Comisión el mismo señor abogado que más tarde reclamó ante el Colegio por la investigación que se estaba haciendo. ¡Qué gran contradicción existe en esta actitud suya, después de haber concurrido, en forma voluntaria, a las Comisiones Unidas, precisamente para cooperar con la investigación, durante la cual podría habernos demostrado, por así decirlo, la limpieza de todos sus procedimientos! Pero, quizás si por el curso que tomó esta investigación, el mismo señor abogado creyó necesario atacarla a través de una petición de amparo al Consejo General del Colegio de Abogados.

He dejado respondidas, en esta parte las objeciones formuladas en relación a la facultad de fiscalizar y de legislar de esta Honorable Cámara y, en consecuencia, de las Comisiones Unidas. Pero, al mismo tiempo, hay que hacer presente que por cierto, al Colegio de Abogados le corresponde velar por las prerrogativas de la Orden de estos profesionales. Tal como lo establece el artículo 12, letra a) de su ley orgánica: "Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de abogado y por su regular y correcto ejercicio ; mantener la disciplina profesional y prestar protección a los abogados;".

Todo esto, por cierto, dentro de los actos propios de la naturaleza de la profesión de abogado.

A nadie se le ocurriría que, si un abogado se dedica a una actividad diferente del ejercicio profesional, como podría ser, por ejemplo, una de orden netamente comercial, el Colegio de Abogados debiera acudir a prestar protección a ese profesional en las actividades propiamente comerciales que realiza en un establecimiento comercial. Las funciones que ese abogado desarrolla en esta forma por cierto que sobrepasan la órbita de la actividades propias de su profesión, porque los actos realizados como comerciante no pertenecen a ella. En consecuencia, al Colegio de Abogados no le corresponde velar por las prerrogativas de uno de sus profesionales que desarrolle actividades ajenas a la misma profesión.

Pues bien, ¿cómo y por qué se ha iniciado la investigación? ¿Se ha iniciado, acaso, porque los actos que estas oficinas realizan se relacionan con la profesión de abogado? No, señor Presidente. Tuvimos ocasión de establecer muchas veces, que los actos realizados por estas oficinas eran simplemente llenar una solicitud de jubilación de un imponente del Servicio de Seguro Social, sin importarles que el interesado cumpliera con los requisitos mínimos exigidos por la ley, tales como cantidad de imposiciones, densidad respectiva o simplemente la edad del imponente que se quería beneficiar.

Llenar un formulario convenientemente impreso por el propio Servicio de Seguro Social, no es labor propia de un abogado, sino que es trabajo que deben realizar y que están realizando permanentemente las oficinas del instituto de previsión citado. En ellas existen funcionarios administrativos, a los que sólo se les exige cuarto, quinto o sexto año de humanidades, para llenar este tipo de formularios, el que debe presentarse junto con -la libreta de matrimonio, la libreta de seguro y el certificado de nacimiento. Estos no son actos que quedan comprendidos dentro de las actividades propias de abogados.

Por ello, resulta extraño que se haya hecho un reclamo por la investigación practicada, y que éste se haya amparado, desconociendo la situación de hecho, concreta y efectiva, por que atravesaban las oficinas comprometidas en estas actividades.

Pudiera ser que, en algunos casos, circunstancialmente o frente a algún hecho concreto, aunque hubiera sido de carácter colectivo, algunas de las personas a cargo de estas oficinas hubieran ejecutado una labor propia de abogado; pero la verdad del caso es que esto constituiría la excepción, y las actividades de esas oficinas no se pueden juzgar con miras a la excepción, sino a la regla general, que es la que señalé anteriormente, es decir, la de que se ¡imitaban a llenar un formulario y a acompañar los antecedentes del caso, lo cual no tiene ninguna ciencia.

Por eso se inició la investigación y, durante, ella, nos fuimos encontrando, casi sin quererlo, con la participación de algunos abogados que no realizaban una actividad propia de la naturaleza de su profesión, sino que, más bien, sin saberlo muchas veces, se limitaban exclusivamente a prestar su nombre para que estas oficinas pudieran decir: "Estamos respaldadas por algunos abogados prestigiosos". Así es, por ejemplo, como ONACO hizo extraordinarias y numerosas publicaciones de prensa, indicando los nombres de los abogados que participaban en esa oficina, a lo largo de todo el país. Hemos tenido ocasión de conversar con algunos de ellos y todos nos han dicho: "Cuando ya supe cuál era la naturaleza de esta oficina, de inmediato renuncié". ¿Y para qué se habían contratado sus servicios?, les preguntamos. Nos respondieron: "Exclusivamente para que, cuando hubiera alguna consulta frente a un caso dudoso, yo pudiera emitir mi opinión profesional".

¡Linda manera de hacerse propaganda: tener un sinnúmero de nombres de abogados y pagarles una cantidad no muy elevada, no mayor de un sueldo vital al mes! Esto servía de estímulo a la acción de estas oficinas y, además, de eficaz propaganda para que toda la gente creyera que quienes estaban prometiendo obtener los beneficios previsionales de jubilación por vejez, con más de 55 años de edad, o la pensión asistencial contemplada en el artículo 245 de la ley N9 16.464 eran abogados.

Como abogado, me duele que hayan ocurrido estos hechos; pero, al mismo tiempo, sé que hay una inmensa mayoría de colegas, a lo largo de todo el país, que han sabido reaccionar favorablemente, dejando estas oficinas, las que, desde ese momento, en muchas partes han debido cerrar sus puertas. Otras, tenemos razones para creerlo, esconden el nombre de los abogados, porque no están realizando, como regla general, actos propios de abogados, sino acciones propias de gestores. Nos ha dolido también que otras, respaldándose en el prestigioso orden del Colegio de Abogados, hayan inducido a equívocos, distorsionando los hechos y entregando antecedentes que no se compadecen con la realidad. Por eso nos preocupa este problema.

¿Cuántos son los estafados en el país? ¿Treinta mil personas? Quizás más; pero es improbable que sean menos. Es difícil reunir todos los antecedentes que quisiéramos para aportar mayores luces a este grave problema, cuando hay una Comisión que recibe datos que se entregan en forma exclusivamente voluntaria y que carece de imperio.

¿Cuántos millones de pesos, por hacer un cálculo estimativo, por fijar un mínimo, se han llevado estas oficinas en un año, abusando de los imponentes del Servicio de Seguro, que no tienen más patrimonio que su fuerza de trabajo y que merecen, por lo menos, que no se les engañe con sus bajas pensiones, que apenas les permite sustentar en la más mínima parte los últimos días de su existencia? Quizás 3 mil millones de pesos.

Los resultados de la investigaciones están en el impreso. He hecho un rápida referencia a las infracciones que pudieran haberse cometido, he indicado la labor de nuestra Comisión y he hablado en general acerca del proyecto de ley que oportunamente trataremos en esta Cámara, para poner fin a estos abusos, a través de la vía legislativa.

Como he dicho, han ocurrido algunos casos en que estas oficinas han querido aparecer con un rótulo de mucha limpieza ante la opinión pública; ha habido ataques por medio de la prensa, y también hemos hecho las denuncias respectivas, en relación con aquéllas.

En el informe de la Comisión se señalan antecedentes solamente reunidos por la Comisión Investigadora, emanados de oficinas de mucha seriedad, que también atacan y ponen en duda la actividad de las que han querido presentarse con un rótulo de corrección.

En primer lugar, tengo a la mano un caso que deseo denunciar públicamente.

Se trata del asegurado Francisco Gallegos Baltierra, fallecido en 1963, que obtuvo una resolución favorable, acogiéndose su beneficio previsional, con fecha 27 de marzo del año 1966. Tengo copia fotos- táctica del documento y se refiere a una pensión de vejez.

La fecha de la resolución favorable del Servicio de Seguro Social -así aparece con timbre- es del 27 de marzo de 1966; sin embargo, este documento hace referencia a un acuerdo adoptado por el Consejo en una fecha posterior, concretamente, el 20 de diciembre de 1966. Dice: "Pensión de vejez. Resolución N? 371.187. Santiago, 27 de marzo de 1966. Visto los antecedentes, lo dispuesto en párrafo VII del Título I de la ley N° 10.883, de 8 de agosto de 1952, y lo informado por el Departamento de Prestaciones y en virtud del acuerdo del H. Consejo de 20 de diciembre de 1966, que amplió el avenimiento tomado en sesión N9 17, de 21 de abril de 1965", se resuelve conceder una pensión de vejez al asegurado Francisco Gallegos Baltierra por un monto de E9 36,41 El asegurado había fallecido tres años antes y el decreto hace referencia a un acuerdo que tomó el Consejo más o menos 8 meses después.

Hay una declaración jurada que dice: "'La que suscribe, Brígida del Tránsito Muñoz Ortíz, carnet de identidad N9 163.770, del Gabinete de Chillán, viuda de don Francisco Gallegos Baltierra, chilena, labores de casa, mayor de edad, de este domicilio, expone bajo juramento que su cónyuge referido, don Francisco Gallegos Baltierra, falleció en el curso del año mil novecientos sesenta y tres. Que este causante era Pensionado del Servicio de Seguro Social, Inscripción N9 39.845.400, Resolución N9 371.187. Oficina pagadora la ciudad de Chillán. Que desde la fecha de su fallecimiento no ha recibido pensión de vejez que correspondía a su cónyuge, como igualmente ningún otro beneficio. Declara además que no ha otorgado autorización ni carta poder a ninguna persona o representante de oficina, para que cobrara salarios o pensiones insolutos que correspondían a su cónyuge, como igualmente para que se percibiera cualesquier otro beneficio que correspondiera al causante durante su vida, esto es pensión de jubilación ni otro que en razón de su fallecimiento correspondiera a la viuda compareciente".

Esta es la declaración jurada de una persona que hace la denuncia contra una oficina tramitadora, de éstas que se han puesto un rótulo de limpieza, y que ha estado, al parecer, retirando la pensión de vejez de su marido, fallecido varios años antes de la fecha del decreto que se la otorgó, y que ella no la recibía. Ella no tiene idea de cómo el Servicio de Seguro Social ha estado entregando esta pensión, pero el hecho es que sí, la recibió otra persona.

Pues bien, hago referencia a esta materia, porque quiero detenerme, en esta parte, en un punto específico, o sea, en el poder que estas oficinas reclaman de los imponentes del Servicio de Seguro Social que solicitan sus servicios para cobrar, todo lo que les corresponde. Reclaman un poder para percibir, y por cierto que bien puede fallecer el asegurado y algunas de estas oficinas seguir reclamando los beneficios.

Sobre esta materia, también quiero decir que a través de la acumulación de la pensión en el Servicio de Seguro Social es posible que estas oficinas, como decía anteriormente, se lleven la parte del león cuando el beneficio ha sido concedido. Me explico. ¿Qué sucede? Resulta que cuando el asegurado presenta su solicitud de jubilación, aunque sea resuelta favorablemente con posterioridad, ella se acumula desde el momento en que se la presentó. Si han transcurrido seis meses, se pagan seis meses; si ha pasado un año, se paga un año, si son dos años, por cierto, se pagan los años. Ahora bien, ¿cuál es el gran negocio de estas oficinas? No acelerar la tramitación de la pensión ante la oficina del Servicio de Seguro Social; retardarla para que se vaya acumulando mayor cantidad de dinero y sí controlar esa suma, y, tal como lo tienen establecido en los formularios de honorarios, cobrar el 20% sobre esa cantidad mayor, lo que significa más dinero o, lisa y llanamente, como sucede por regla general con ONACO, cobrar la gran cantidad que corresponde al imponente y pagarle a éste solamente una mensualidad. De manera que si hay 12 mensualidades acumuladas, se paga una al imponente y se queda con 11 la oficina;

si hay 20 mensualidades, se paga una al imponente y se queda con 19 la oficina.

En consecuencia, la acumulación beneficia ampliamente a estas oficinas, y como reclaman poder para percibir, evidentemente que ellas cobran, por regla general el cheque. Hay antecedentes que indican, incluso, la cuenta donde se lo ha cobrado para entregar después con un cheque y con dinero propios de la oficina, una sola mensualidad al beneficiado.

En el informe también se hace referencia a algunos problemas que se relacionan con la firma OFINTRA. He estado buscando, para no caer en un error, el antecedente que me ratificara que la denuncia, con nombre y apellido que he hecho, del asegurado Francisco Gallegos Baltierra, fallecido en 1963, correspondía a la oficina de OFINTRA, que trabaja en Chillán y que sigue trabajando -por los antecedentes que tengo- junto con la oficina PREVIDA, sigla de Previsión al Día.

En el informe hay varios otros antecedentes que echan por tierra muchas de las afirmaciones de corrección que reclama la oficina OFINTRA, porque hay declaraciones concretas en relación con la fabricación de patrones y de testigos para acreditar algunas imposiciones retrospectivas, como lo ha declarado el mismo Servicio de Seguro Social.

En último término, por lo menos tenemos que tener dudas con la actuación de la oficina OFINTRA, porque quien la dirige -tengo entendido- es un ex Director del Servicio de Seguro Social; y es evidente que las vinculaciones de orden personal a cualquiera persona le facilitan las diligencias que haga, y exigen, por lo mismo, una fiscalización más estricta.

No quisiera ocupar todo el tiempo en esta exposición. Creo que hay muchos colegas que tienen derecho a intervenir y, por cierto, terminaré rápidamente.

Señor Presidente, una última palabra. A mi juicio, está bien el proyecto de ley aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo, en su espíritu y también en la redacción concreta de sus normas.

Ellas dicen relación a que toda diligencia de carácter previsional, no ya sólo ante el Servicio de Seguro Social, sino ante cualquier caja o instituto de previsión, será gratuita. Cualquier persona, sea abogado o no, que preste cualquier servicio a un imponente de un régimen previsional, tiene la obligación de no cobrar honorarios por la diligencia que realice, salvo que medie una negativa formal de la institución, caso en que se regulan los honorarios en el artículo 2?, para que el beneficio se discuta administrativamente ante el instituto previsional respectivo, o salvo que se trate de una diligencia de carácter judicial. En este punto específico, tengo la observación de que cualquier diligencia que se realice ante el Servicio de Seguro Social, administrativamente, a mi juicio, debe estar exenta de honorarios.

Como sé que el tiempo es escaso, dejaré hasta aquí mis observaciones, con el objeto de escuchar a los colegas e intervenir posteriormente en el debate.

El señor GONZALEZ MAERTENS.-

Señor Presidente, el abogado señor Pedro Foncea Aedo, que es el profesional responsable de la oficina OFINTRA y cuyo desempeño profesional ha sido puesto en tela de juicio a través de la investigación de esta Comisión Especial, ha querido ser oído en la Cámara. Para tal efecto, ha enviado a la Presidencia de la Cámara, con el objeto de que se lean sus descargos frente a la investigación que se ha hecho de su oficina profesional OFINTRA. Apelando al sentido común y a la norma jurídica de que el inculpado debe ser escuchado, dejo solicitado que se recabe el asentimiento unánime de la Cámara con el objeto de que se lea el oficio enviado por el abogado señor Pedro Foncea.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, en realidad, ésta es la estafa más grande y negra que conoce la historia de este país. Pero, además de las denuncias que ha hecho el colega señor Fuentes y de las contenidas en el informe de las Comisiones hay un problema mucho más grave, y es el de la pérdida de los documentos de las personas que se acogieron a los beneficios de que hablaban estas famosas oficinas.

Sería conveniente que la Cámara tomara el acuerdo de enviar un oficio a la Dirección General del Servicio de Seguro Social con el objeto de" que, en cada una de sus oficinas a lo largo de Chile, se .abra un registro especial de los imponentes que se acogieron a estas oficinas, las que no les cumplieron con lo que les prometieron, sobre todo, para que se les puedan restituir los documentos que en estos instantes están retenidos en estas oficinas, tan discutidas ahora en la Cámara de Diputados.

Por eso, como creo que todos los colegas o, por lo menos, la mayoría, tienen reclamos de esta naturaleza, quisiera que se dirigiera oficio al Servicio de Seguro Social en este sentido.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar un oficio, en nombre de la Cámara al señor Ministro del Trabajo, a quien corresponde lo atinente al Servicio de Seguro Social, con la petición que ha hecho el Diputado señor Osorio.

Acordado.

A continuación, se dará lectura al documento enviado por el señor Foncea.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, antes de entrar en materia, es necesario hacer un análisis, aunque sea breve, de la carta enviada por el señor Pedro Foncea Aedo.

La verdad es que el señor Foncea quiere poner en tela de juicio la misión fiscalizadora de la Cámara con respecto a acciones incorrectas. Nosotros pensamos que no se trata de perseguir especialmente a un abogado, como él dice, sino de aclarar lo sucedido con miles y miles de imponentes del Servicio de Seguro Social que han sido engañados y estafados por estas oficinas de tramitación, sin que nos atrevamos a decir que sea el señor Foncea el responsable de todo esto.

Nos parece que el hecho de que algunos abogados, como lo enuncia el informe de las Comisiones, al darse cuenta de que las tramitaciones que estaban efectuando por medio de estas oficinas no eran legítimas ni honestas, hayan renunciado a seguir desempeñándose en ellas, está demostrando que no era tan limpio ni tan correcto el procedimiento.

Es cierto que, según lo expresa la carta, el señor Foncea, o la OFINTRA ha conseguido algunos beneficios, como aquél que obtuvieron los ex imponentes nacidos antes de diciembre de 1897. Pero no se trata de analizar sólo la labor de esta oficina, sino de todas las demás a través del país y que, según lo dice el informe, se llaman ONACO, CONTALEX, OCONGE, OPROCO y PREVIDA, aparte de otras más. De tal manera que, si bien podría considerarse correcta la actuación de OFINTRA, la Cámara tiene la obligación de hacer una labor más exhaustiva para ver qué pasa en las otras oficinas.

Al margen de la discrepancia que el señor Foncea ha tenido con el señor Lavandero, creemos que la Cámara debe llevar esta investigación hasta el final, sobre todo si se considera que tiene facultad para legislar en la materia y que, tal como el proyecto lo indica, se trata precisamente de impedir que se cobre por estos actos o diligencias.

Al analizar el exhaustivo informe que nos han proporcionado las Comisiones unidas, vemos que estamos ante verdaderas empresas comerciales particulares, porque no se puede considerar de otra manera la actividad que realizan, obteniendo grandes utilidades a costa de la gente más modesta del país.

Hemos podido apreciar cómo personas que no han hecho sus imposiciones en forma continua y permanente y carecen, por lo tanto, del derecho a una jubilación que otorga el Servicio de Seguro Social, han sido sorprendidas por estas oficinas, que ofrecen tramitarles en forma eficiente esas diligencias que no siempre resultan beneficiosas y positivas.

Estas personas modestas, sin derecho a obtener beneficios del Servicio de Seguro Social, que viven angustiadas porque han terminado ya sus años de vida activa, se han visto, desde luego, estafadas por estas oficinas y es lógico que la Cámara de Diputados, cuya obligación es realizar una acción fiscalizadora, les ayude y defienda.

Se ha visto, en el curso del informe, que se ha procedido con falta de corrección, con deshonestidad, que se han cometido hasta actos delictuales. Es muy necesario aclarar bien esto, porque las empresas particulares que actúan al margen de las funciones correctas deben ser investigadas, para así poner atajo a sus abusos.

Aparte de las actividades de este tipo de oficinas, yo creo que la Cámara más adelante podrá investigar también la actuación de algunas empresas que están vendiendo acciones para la compra de parcelas o casas, y que en la práctica han quebrado, engañando a través de todo el país a mucha gente modesta, empleados públicos, profesores, que han comprado acciones y que hoy día han perdido irremediablemente el aporte hecho a estas instituciones.

Yo podría citar el caso de la firma de maderas prensadas "Parfo" S. A., que hoy día se encuentra en quiebra y cuya labor, desde luego, está siendo analizada por las personas que compraron sus acciones.

No podemos dejar de reconocer que el trabajo de las Comisiones es desde todo punto de vista halagador. Por la lectura del informe se puede ser que su labor ha sido muy exhaustiva, porque ha analizado centenares de casos de personas que han sido prácticamente estafadas por estas firmas a que hemos hecho mención. Y debemos tomar en cuenta que solamente se ha podido analizar la situación de las personas que viven en Santiago y, desde luego, podían llegar con facilidad a la Comisión, en circunstancias que existen, a través de todas las provincias, centenares, millares que han sido también estafadas, porque se les han cobrado honorarios de doscientos, cien o cincuenta escudos, sin que la gestión haya tenido resultado. Tal como lo expresaba el Diputadodon César Raúl Fuentes, hay más de treinta mil personas afectadas por las actividades de tales Oficinas en el país.

Se ha pretendido tramitar la jubilación de personas que tienen cincuenta y cinco años de edad, en circunstancias que la ley expresa en forma bien clara que los imponentes del Servicio de Seguro Social solamente pueden jubilar a los sesenta y cinco años cumplidos.

Se ha pretendido también tramitar las jubilaciones de aquellos obreros no acogidos a previsión a cuyo caso se refiere el artículo 245 del a ley N° 16.464, cuyo reglamento aún no se ha dictado, a sabiendas de que los fondos acumulados hasta la fecha no permiten dar una distribución que pueda ser beneficiosa para los asegurados. Se ha afectado un cálculo de las personas a quienes beneficiaría esta ley y se ha comprobado que con los fondos acumulados hasta la fecha solamente recibirían una pensión mensual de dos escudos cuarenta y un centésimos, cantidad que sería irrisoria y no tendría, desde luego, ningún efecto positivo para los imponentes.

Por eso este ofrecimiento no pasa más allá de ser una estafa, porque, sabiendo que el reglamento de esta ley no se ha dictado, no está en vigencia, se ha pretendido tramitar estos casos.

Por otra parte, los cheques nominativos girados por el Servicio eran cobrados por la oficina tramitadora, acumulándose grandes cantidades de dinero que no eran debidamente entregados a los interesados. Se cobraba por servicios que debían ser gratuitos, desde luego, no se devolvía el dinero en caso de ser rechazada la solicitud o la tramitación. Se pedía dinero para estampillas que faltaban, pero nunca fueron colocadas en la libreta, y estaban realizando estas actividades personas que, prácticamente, no son abogados.

Además, se establecía un cobro excesivo por trámites muy sencillos, como la presentación de una solicitud, y se estaban patrocinando solicitudes de invalidez sin tener los antecedentes, es decir, sin el certificado médico que pudiera determinar la clase de invalidez y, desde luego, hacer efectiva esa jubilación. También retenían estas oficinas las libretas de imposiciones correspondientes.

Señor Presidente, al analizar el problema, es necesario ver cuáles son los motivos, el origen de estas anomalías, y pudiéramos decir que uno de ellos es, precisamente, la falta de recursos de las instituciones de previsión.

Ya lo hemos dicho nosotros -lo dijo el Senador Juliet en el Senado- que el Fisco adeuda a las cajas de previsión la enorme suma de 200 millones de escudos. También los particulares, morosos hoy día en el pago de las contribuciones, adeudan a las cajas de previsión la suma de 194 millones de escudos, y estos particulares deben al Servicio de Seguro Social, a la fecha, 80 millones de escudos.

Esta falta de recursos es, precisamente, uno de los motivos por los cuales el Servicio de Seguro Social y las cajas de previsión no pueden dar una tramitación rápida y eficiente a las solicitudes que se presentan.

Creemos indispensable, además, que exista un sistema más claro, más expedito, que proporcione más informaciones; es decir, que el asegurado, persona muchas veces analfabeta, sin capacidad para comprender las cosas, disponga de una especie de silabario para conocer los beneficios a que tiene derecho, para cuyo objeto se podría editar folletos de fácil comprensión. Es lógico también que en una institución de tanta importancia como el Servicio de Seguro Social debiera haber en cada sucursal una oficina de informaciones, a fin de proporcionar al asegurado una información completa, sencilla y clara.

Quiero terminar, señor Presidente, felicitando a la Comisión por el trabajo que ha realizado y por la presentación de este proyecto, el cual determina que "toda gestión o diligencia" que se realice para obtener los beneficios en cualquiera repartición pública debe ser gratuita. Este es el gran aporte del trabajo de las Comisiones Unidas, pues creo que eso será beneficio para el asegurado

He concedido una interrupción al señor Cabello.

El señor CABELLO.-

Señor Presidente, seré muy breve A lo dicho por el colega señor Fuentealba, sólo quiero agregar, que el problema es mucho más profundo. Todos los problemas planteados hoy seguramente no existirían si en el transcurso del tiempo se hubiese estructurado cierto criterio unitario en relación con la previsión de los trabajadores en Chile. Precisamente por la heterogeneidad de la previsión de los diversos gremios, hoy nos encontramos con que cada asegurado o cada imponente de alguna Caja de Previsión generalmente no sabe en qué condiciones quedaría cuando jubile, o cuándo tiene derecho a recibir un subsidio, o a obtener un montepío. Por la tramitación burocrática de las oficinas y reparticiones públicas, ellos tienen inmensa temor de llegar, por sí y ante sí, a impetrar algo que les pertenece. Esto lo sabemos los parlamentarios, porque permanentemente los imponentes de cajas de previsión nos están solicitando que les sirvamos de intermediarios en una tramitación sencilla que cualquier caja o servicio debería solucionarles a la mayor brevedad. Esto se debe, en gran medida, al desconocimiento que hay de parte de muchos funcionarios de las reparticiones públicas para solucionar este problema.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, deseo expresar brevemente una opinión, sobre la base de una obligación moral.

En el debate de este problema de los imponentes del Servicio de Seguro Social, se ha nombrado, con cierta insistencia, al abogado señor Pedro Foncea Aedo. Desea declarar públicamente que tengo el honor de ser amigo personal suyo. Lo conozco durante muchos años; sé de su corrección, no sólo en el terreno profesional, sino también en todos los ámbitos de la vida en que ha actuado, y especialmente de la conducta intachable que ha demostrado en el campo deportivo y en el político.

A pesar de que no he participado en el debate que esta investigación provocó en el seno de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, empiezo por respetar los antecedentes que ellas han tenido como elementos de juicio. Sin embargo, no podemos olvidar que, muchas veces, políticos que son profesionales se ven en la necesidad, por qué no decirlo, de realizar gestiones administrativas ante los Tribunales.

Movido por el imperativo de la amistad y por una obligación de conciencia, no puedo aceptar que, al amparo del fuero parlamentario, se haya puesto en tela de juicio, esta mañana, en este hemiciclo,, la- honestidad del profesional señor Pedro Foncea Aedo.

Para que nada dudoso quede flotando en el ambiente de la Honorable Cámara ni en el de la opinión pública, quiero reiterar muy claramente la impresión que tengo del abogado señor Foncea, pues lo conozco como distinguido profesional, político y deportista. Creo que se pueden formular cargos a organizaciones dedicadas a estas actividades, pero no a un profesional, y estimo que ésta ha sido, felizmente, la intención de los colegas que han hecho uso de la palabra, ya que no se puede poner en tela de juicio la honorabilidad de un hombre que, durante toda su vida, se ha entregado por entero a causas cuya corrección todo el país conoce.

Muchas gracias.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, con fecha 13 de diciembre de 1966, 17 de enero de 1967 y 12 de abril del presente año, acogiendo las numerosas denuncias recibidas desde todo el país, formuladas por centenares de personas que habían contratado los servicios de algunas oficinas tramitadoras de pensiones, denuncié ante la Honorable Cámara la colosal estafa que estas oficinas estaban realizando en contra de modestas personas.

El 12 de abril de 1967, otros señores Diputados coincidieron con mi denuncia, exponiendo en esta Sala nuevos e innumerales casos de personas estafadas, especialmente por dos organizaciones: la Oficina Nacional de Consultas (ONACO) y la Oficina Nacional de Tramitaciones (OFINTRA). Como consecuencia de la gravedad de las denuncias, la Honorable Cámara acordó otorgar competencia a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social para que, en conjunto, investigaran las irregularidades que existirían en las actividades desarrolladas y los honorarios exigidos por las oficinas privadas ONACO, OFINTRA y otras, por sus actuaciones como intermediarias entre el Servicio de Seguro Social y los imponentes de esta institución.

Las Comisiones Unidas han dado término a la investigación que dispuso la Honorable Cámara, y por el innúmero de antecedentes -documentos, interrogatorios y declaraciones, tanto de los afectados como de los propietarios y empleados de estas oficinas tramitadoras- se ha llegado a la conclusión cierta de que decenas de .miles de modestos trabajadores han sido engañados y miserablemente estafados.

En efecto, las Comisiones Unidas calcularon en 30 mil las personas burladas. El mayor porcentaje de estas víctimas está constituido por ancianos de escasos recursos o que carecen totalmente de ellos. Impresionaron a los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas las declaraciones de los hombres y mujeres de edad avanzada que, para cumplir con la exigencia de los dueños de estas oficinas ONACO y OFINTRA para el pago de los honorarios, se vieron obligados a vender sus modestos enseres y pertenencias. Viejos trabajadores, con lágrimas de impotencia por no poder dar su merecido a estos despiadados estafadores, contaban que debieron empeñar su ropa, sus pequeños receptores de radio, sus anillos de matrimonio, sus planchas, mesas, sillas, etcétera, o postergar la compra de calzado para sus hijos estudiantes o restringir el alimento diario. Los deshumanizados timadores les habían asegurado tramitar favorablemente una pensión en el Servicio de Seguro Social y había que cumplir con el pago de los honorarios para acelerar el trámite y la percepción del beneficio tan irresponsablemente ofrecido.

Estas oficinas engañaron premeditada y alevosamente a sus víctimas, pues, a sabiendas de que éstas no cumplían con los requisitos legales para acogerse a los beneficios prometidos, les recibían documentos y, sobre todo, les exigían el pago puntual de los honorarios.

La mayoría de las ofertas de ONACO y OFINTRA aseguraban, por ejemplo, obtener pensiones de vejez a imponentes menores de 65 años y mayores de 55 años, sin imposiciones. OFINTRA demostró no tener escrúpulos para organizar esta estafa masiva, porque en el Servicio de Seguro Social hay trámites iniciados por los abogados dueños de esta oficina, los señores Pedro Foncea, padre e hijo, "falsificando" patrones, inventando nombres de personas inexistentes, para hacerlos aparecer como adeudando imposiciones al Servicio de Seguro Social, a fin de justificar un trámite en esta institución. Por supuesto, la intención de los abogados dueños de OFINTRA no era otra que embaucar al cliente, demostrar interés en su caso, sin importarle el resultado, para cobrar luego los honorarios que los afectados debían reunir con indecibles sacrificios y pagar por adelantado. Más aún, en el colmo de la desvergüenza, OFINTRA hasta inició trámites de jubilación por invalidez, sin tener siquiera un certificado médico, ni mucho menos el informe de la Comisión Médica del Servicio de Seguro Social o del Servicio Nacional de Salud, indispensable para iniciar el expediente.

Hay casos notables que conviene dar a conocer, para que la opinión pública del país conozca los caracteres de esta multimillonaria estafa efectuada contra modestísimas personas. No son casos de excepción, sino que son los inmensamente mayoritarios, comprobados en la investigación que nos preocupa.

Don Manuel Tomás Maldonado Martínez, de Santiago, entregó sus documentos .1 OFINTRA, para el trámite de su pensión en 1963. Este imponente tenía derecho a jubilar; de manera que si hubiera concurrido al Servicio de Seguro Social, habría obtenido su pensión sin gasto alguno. Pues bien, la pensión patrocinada por OFINTRA, quedó aprobada a contar de abril de 1963. Le correspondía percibir al imponente E9 3.432, considerando la retroactividad y los reajustes. El abogado Foncea, dueño de OFINTRA, cobró los honorarios y la pensión, pues lo hizo firmar un poder en blanco, quedándose , con E9 3.292; el imponente sólo recibió, desde abril de 1963 a marzo de 1967, E<? 140.

Otro caso similar es el de un imponente de Valparaíso Tramitó la posición ONACO. Al asegurado le correspondía recibir E9 1.300; sólo le entregaron E9 270; ONACO se quedó con E9 1.030. Insisto en que estos casos no son excepciones, sino que se repiten miles de veces. La estafa adquiere, pues, contornos que superan cualquier escándalo público colectivo de los últimos años.

¿Cuál es el monto de la fortuna amasada por los señores Raúl Rodríguez y Pedro Foncea Aedo?

Algunas de las siguientes cifras pueden dar una idea de la respuesta a esta interrogante:

ONACO: Recibió 15 mil solicitudes para el trámite de continuidad de previsión, cobrando por cada trámite E9 120. Es decir, tan sólo por este concepto, los "honorarios" del dueño de esta Oficina ascendieron a 1.400 millones de pesos. Ninguna de estas solicitudes -óiganlo bien, señores Diputados- fue presentada al Servicio de Seguro Social; o sea, se recibieron los honorarios y no se efectuaron los trámites.

OFINTRA: Cuando el Diputado que habla interrumpió los descargos que el abogado Pedro Foncea Aedo hacía en las Comisiones unidas, preguntándole cuánto había ganado en estas actividades, no quiso responder, se corrió por la tangente. Sin embargo, tan sólo en trámites por continuidad de la previsión y por pensiones de invalidez y tramitaciones con nombres falsificados de patrones, los ingresos de este abogado alcanzaron a 1.40O millones de pesos y, a lo menos, 720 millones más por honorarios cobrados a los clientes que reconoce haber atendido en la carta que acaba de conocer la Honorable Cámara, con la responsabilidad de su firma.

En suma, los dueños de ambas oficinas, ONACO y OFINTRA, se embolsaron, a costa de miles de pobrísimos y humildes ancianos, más de 5 mil millones de pesos.

En el informe evacuado por las Comisiones Unidas -que, según creo, se insertará completo en la versión de esta sesión- se exponen en detalle las alternativas de la investigación, los nombres de algunas de las víctimas y las pruebas y antecedentes que permiten confirmar y comprobar la existencia del delito de estafa que debe ser sancionada por los Tribunales de Justicia, no solamente para castigar a los inescrupulosos "profitadores" de la pobreza colectiva, sino también y, en primer término, para resarcirlas del daño económico y moral que se ha inferido a las personas estafadas.

Señor Presidente, no puedo terminar mi intervención en este debate, sin referirme al lamentable traspié dado por un organismo respetable, como es el Colegio de Abogados que, en esta ocasión, tras una pretendida defensa del libre ejercicio dé la profesión, ha hecho causa común con un miembro de esa Orden, el abogado señor Pedro Foncea Aedo, quien recurrió de amparo ante el Consejo General de la Orden.

Voy a referirme a algunos puntos que contiene esta presentación. Sin embargo, para que la opinión pública la conozca en toda su extensión, solicito, que el texto completo de ella se inserte en mi intervención, en el orden que corresponda para facilitar el análisis de su contenido.

El documento, cuya inserción se acordó posteriormente -por la Sala, es el siguiente:

"Presentación del Colegio de Abogados en la que solicita se ponga término a la investigación ordenada por la H. Cámara sobre las "irregularidades que existirían en las actividades y honorarios exigidos por las oficinas privadas denominadas "Onaco", "Ofintra" y otras y se remitan los antecedentes reunidos al Consejo de la Orden.

"Señor Presidente:

"Don Pedro Foncea Aedo ha recurrido de amparo ante el Consejo General del Colegio de Abogados en relación con las actividades de una comisión parlamentaria que le habría producido graves efectos para su prestigio profesional y para el desarrollo de la labor de su oficina.

"Concordando el H. Consejo con la apreciación de dicho abogado, considera su obligación prestarle el amparo que pide de acuerdo con la letra a) del Art. 12 de la ley N9 4.409.

"El H. Consejo estima que la H. Cámara se ha excedido en sus atribuciones constitucionales y que en razón de ello las perturbaciones y perjuicios provocados al señor Foncea carecen de fundamento en derecho y, por ello, el Consejo debe protegerlo.

"Son antecedentes básicos, los siguiente :

"1°.- En sesión del 12 de abril del presente año la H. Cámara acordó otorgar competencia a las Comisiones Unidas "de Hacienda y de Trabajo y Legislación Social para que investiguen "las irregularidades que existirían en las actividades desarrolladas y honorarios exigidos por las oficinas privadas denominadas "Onaco", "Ofintra" y otras, por sus actuaciones como intermediarias entres los imponentes del Servicio de Seguro Social y esta Institución en la obtención y tramitación de determinados beneficios previsio- nales a que tienen derecho tales imponentes y que la entidad referida debe otorgar sin que los interesados deban efectuar desembolsos económicos de ninguna especie; las Comisiones Unidas, en sesión del 18 de abril, acordaron designar una Subcomisión para que "analizara los antecedentes, recibiera las denuncias y facilitara el trabajo de las Comisiones Unidas."

"2°.- La Subcomisión procedió a remitir numerosos oficios, citó a diversas Autoridades y personas y publicó avisos en la prensa dando cuenta de sus actividades; el último de los mismos aparece en "El Mercurio" del 30 de junio de 1967, y en parte dice: "Las Comisiones Unidas . . . encargadas de estudiar las irregularidades que existirían en las actividades desarrolladas y honorarios exigidos por las oficinas privadas denominadas "Onaco" y "Ofintra", y otras similares. .. y en conocimiento de que dichas oficinas han continuado sus actividades, reiteran las publicaciones en orden a estar desarrollando su investigación, con el objeto de recibir las denuncias de las personas que puedan sentirse perjudicadas por aquellas oficinas y evitar también, que continúe el público acudiendo a solicitar esta clase de servicios... etc."

"3°.- "La oficina Ofintra -según el informe de la mencionada Comisión de la H. Cámara-, es un nombre de fantasía usado para las actividades de tramitaciones administrativas y previsionales por los abogados señores Pedro Foncea Aedo y Pedro Foncea Navarro, quienes se dedican a ellas dentro de su giro profesional desde el año 19<6:2 aproximadamente."

"La mera exposición de los hechos que precede, demuestra que la H. Cámara ha procedido fuera de sus atribuciones constitucionales al disponer la investigación mencionada y al desarrollar, como consecuencia de ella, las actividades recién recordadas.

"La H. Cámara puede designar toda clase de comisiones para reunir antecedentes que conduzcan a informarla sobre las iniciativas de ley que se le hayan presentado o que considere del caso elaborar o para el ejercicio de las demás atribuciones que son propias suyas.

"La H. Cámara tiene facultad también para fiscalizar los actos del Gobierno, pero indiscutiblemente, la investigación ordenada en este caso, no ha tenido tai propósito, como resalta claramente de su propio objetivo y ya que el Gobierno es completamente ajeno al problema.

"Entre tanto, resulta manifiesto que mediante sus indicadas Comisiones, la H. Cámara, en este caso, investiga la forma cómo desarrollan su actividad personas e instituciones en cuanto estuvieran actuando de un modo inmoral o ilícito que merecería ser reprimido. Por la manera en que ha llevado la investigación, se observa que la H. Cámara busca impedir y castigar directamente ella misma los comportamientos condenables que se estuvieren produciendo.

"Que tal es el sentido y objeto de la investigación lo pone de relieve el propio informe expedido por la Comisión en el cual, antes de enunciar concretamente los hechos que merecen reparo, dice a la letra: "se desprenden las siguientes materias que merecen la atención de las Comisiones Unidas, bien sea porque en algunas de ellas hay la posibilidad de existencia de hechos francamente delictuales, en algunas otras, actos que, si bien se encuentran dentro de lo lícito consideradas las cosas en su aspecto puramente legal, requieren un detenido análisis en cuanto a su moralidad y en otras, finalmente, que si son inatacables en los aspectos ya indicados, son inconvenientes y debe legislarse a su respecto por determinados motivos de orden social".

"Conviene advertir que la conclusión final, según la cual procediere introducir reformas a la legislación vigente, no explica la existencia de una investigación que exceda las facultades propias de la Honorable Cámara.

"No es función de la H. Cámara de Diputados tutelar el comportamiento de todos los miembros de la sociedad chilena, enderezarlo y castigar sus actos inmorales o ilícitos. El ordenamiento jurídico nacional provee los medios necesarios confiando tal tarea a determinados tribunales u organismos y es deber incluso de la misma Cámara no supeditarse a las funciones a ellos encomendadas.

"El H. Consejo está seguro de que, con mayor detenimiento la H. Cámara concordará en que esta investigación importa infracciones manifiestas del ordenamiento constitucional.

"No puede, en efecto, la H. Cámara disponer una investigación que no está cíaramente comprendida en las atribuciones que le otorga la Carta Fundamental, porque a ello se opone el Art. 49 de la misma.

"Los gobernados sólo pueden ser juzgados por los tribunales que establece la ley, como repetidamente lo afirman los artículos 12 y 80 de la misma Constitución.

"Las personas e instituciones afectadas por la investigación vendrían a ser juzgadas por comisiones especiales que no han sido establecidas por la ley Art. 12).

"Por otra parte, la forma como se desarrolla esta investigación infringe claramente el principio de la libertad de profesiones consagrado en el inciso 39 del N9 14 del Art. 10 de la Constitución Política.

"No hay duda de que esta actuación, desarrollada por la H. Cámara fuera de su órbita" propia, ha producido los entorpecimientos y daños de que con toda razón el abogado señor Foncea reclama.

"Sabe la H. Cámara que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, a los Consejos de la misma Orden corresponde: "Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de abogado y por su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina profesional y prestar protección a los abogados". (Art. 10, N9 12).

De acuerdo con la disposición de la misma ley, las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos profesionales del abogado, pueden formular las denuncias o reclamos correspondientes (Art. 22).

"Además, la misma ley establece, en cuanto al ejercicio de la profesión por personas que no sean abogados, que sólo pueden denunciar infracciones a la ley las partes, los funcionarios judiciales, los abogados y el respectivo Consejo del Colegio (Art. 59).

"Si la H. Cámara carece de atribuciones para reparar la conducta incorrecta de los abogados ni para castigar el ejer- ciico de la profesión de abogado por personas desprovistas de habilitación legal, resulta evidente que la investigación ordenada por la H. Corporación, en cuanto perturba el ejercicio de la profesión de abogado, constituye una extralimitación que estamos seguros de que esa Cámara no podrá menos de reconocer".

"El Consejo General del Colegio de Abogados siempre ha demostrado viva preocupación por el correcto desempeño de sus colegiados y considera con el mayor detenimiento la decisión de las denuncias o reclamos que recibe. Muchas veces ha sido criticado, en ciertos sectores, por lo excesivamente riguroso; pero, sin duda, que su severidad ha contribuido al prestigio de que goza «1 Colegio de Abogados en la República.

"Puede recordarse que el Honorable Consejo General de la Orden, en conocimiento de actuaciones realizadas por oficinas dedicadas fundamentalmente a las tramitaciones de solicitudes de particulares ante el Servicio de Seguro Social, algunas de las cuales podrían ser objetables, acordó, de oficio, instruir sumario a fin de investigarlas, y examinar si se han cometido o no actos contrarios a la ética profesional o que pudieren constituir una forma irregular o incorrecta del ejercicio profesional. Ese sumario está en tramitación y, una vez concluido, se determinará si procede o no aplicar sanción disciplinaria y si aparecen o no personas sin título profesional ejecutando actos propios de abogado, en cuyo caso se hará la correspondiente denuncia a. los Tribunales del Crimen.

"Con el mérito de lo expuesto, y prestando la protección solicitada, el Honorable Consejo General se dirige a esa Honorable Corporación, solicitándole tenga a bien poner término a la investigación en curso y transmitir todos los antecedentes que ha reunido a este Consejo, a fin de estar en mejores condiciones para cumplir sus deberes legales en relación con la investigación ya ordenada por él.

"Saludamos muy atentamente a V. E.-

(Fdo.): Alejandro Silva Bascuñán, Presidente.- Julio Tapia Fallk, Prosecretario."

El señor VALENTE.-

Al analizar la competencia de la Cámara de Diputados para investigar las irregularidades comentadas anteriormente, la presentación del Colegio de Abogados dice, en una de sus partes:

"La mera exposición de los hechos que precede -se refiere a los puntos l9, 29 y 39 de la presentación- demuestra que la Honorable Cámara ha procedido fuera de sus atribuciones constitucionales al disponer la investigación mencionada.

"El Honorable Consejo está seguro de que, con mayor detenimiento, la Honorable Cámara concordará en que esta investigación importa infracciones manifiestas al ordenamiento constitucional."

Continúa la presentación manifestando: "No puede, en efecto, la Honorable Cámara disponer una investigación que no está claramente comprendida en las atribuciones que le otorga la Carta Fundamental, porque a ello se opone el artículo 49 de la misma.

"Los gobernados sólo pueden ser juzgados por los tribunales que establece la ley.

"Las personas o instituciones afectadas por la investigación vendrían a ser juzgadas por comisiones especiales que no han sido establecidas por la ley.

"Por otra parte, la forma cómo se ha desarrollado esta investigación infringe claramente el principio de la libertad de profesiones, consagrado en el inciso tercero del artículo 10 de la Constitución Política."

Continúa la presentación del Colegio de Abogados en favor del señor Foncea:

"No hay duda que esta actuación, desarrollada por la Honorable Cámara fuera de su órbita propia, ha producido los entorpecimientos y daños de que con toda razón el abogado señor Foncea reclama.

"De acuerdo con la disposición de la misma ley -se refiere a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados-, las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos profesionales del abogado, pueden formular las denuncias o reclamos correspondientes.

"El Consejo General del Colegio de Abogados siempre ha demostrado viva preocupación por el correcto desempeño de sus colegiados y considera con el mayor detenimiento la decisión de las denuncias o reclamos que recibe.

Termina la presentación del Consejo, pidiendo a la Cámara de Diputados "poner término a la investigación en curso y transmitir todos los antecedentes que ha reunido, a este Consejo, a fin de estar en mejores condiciones para cumplir sus deberes en relación con la investigación ya ordenada por él."

Vale la pena distraer la atención de la Cámara para analizar y contestar algunas de estas consideraciones contenidas en el libelo del Colegio de Abogados, que pende de la consideración de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En primer lugar, la Comisión Investigadora y la Cámara han estado en su derecho al realizar una investigación de los hechos narrados. En efecto, la segunda atribución exclusiva que la Constitución Política confiere a la Cámara de Diputados, en su artículo 39, expresa claramente : "Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución, la Cámara puede, con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, adoptar acuerdos o sugeridas observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República."La Comisión Investigadora tuvo como mandato de la Cámara de Diputados la investigación de las actividades desarrolladas y los honorarios exigidos por oficinas privadas como intermediarias entre los imponentes del Servicio de Seguro Social y esta institución. Es decir, la investigación no sólo alcanza a las actividades de estas oficinas privadas, sino también a las conexiones de éstas con un organismo estatal, como es el Servicio de Seguro Social, en cuyo manejo y funcionamiento el Gobierno tiene responsabilidades. El fundamento de la alegación del Colegio de Abogados queda, pues, destruido por la atribución segunda del artículo 39 de nuestra Carta Fundamental. La Cámara de Diputados ha hecho uso de sus atribuciones constitucionales al investir como Comisión Investigadora a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Legislación Social.

En segundo lugar, el Colegio señala que las personas o instituciones, vale decir, "los gobernados", "sólo pueden ser juzgados por los tribunales que establece la ley". Correcto. Precisamente, el objetivo de la investigación ya terminada por las Comisiones Unidas fue reunir los antecedentes que permitieran a los tribunales juzgar a los responsables de los delitos de estafa, configurados por las actuaciones de las oficinas ONACO y OFIN- TRA. Pido que todos los antecedentes de esta investigación sean enviados al señor Ministro de Justicia para que inicie, en nombre del Gobierno y con arreglo a la Ley de Seguridad Interior del Estado, una querella en contra de las personas que aparecen responsables en esta investigación; y que se oficie al señor Presidente de la Corte Suprema para que designe un Ministro en Visita para incoar el proceso a que me he referido.

El señor VALENTE.-

En otro acápite, el Colegio de Abogados señala, en su presentación que, de acuerdo con la ley, las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos profesionales del abogado pueden formular las denuncias o reclamos correspondientes.

Al respecto, es útil recordar que la legislación penal vigente, redactada y aprobada con claro espíritu clasista por los grupos políticos reaccionarios que en tiempos pretéritos hicieron mayoría en el Congreso Nacional, no resguarda los intereses de la gente modesta, de los ciudadanos humildes del pueblo, de los que carecen de fortuna y de medios para pagar la defensa siempre costosa. ¿Es que hay que hacer leña del árbol caído y exigir de la víctima que, después de haber sido estrujada por el victimario, por el estafador, siga distrayendo dinero y tiempo con recursos a los Tribunales? ¿Quién financiaría los honorarios de la defensa? ¿Tendría el afectado que seguir vendiendo sus catres, empeñando sus colchones, ir desprendiéndose de sus pequeños, modestos e indispensables bienes, reunidos en 30 ó 40 años de trabajo incesante, para arriesgar una defensa de dudoso resultado?

Estimamos que esa apreciación es, realmente, una burla inconcebible, y mal ha hecho el Colegio de Abogados en dar su apoyo y acoger el amparo solicitado por el señor Foncea, propietario de OFIN- TRA. El amparo debió ser ofrecido, sin esperar que lo pidieran, a los miles, a las decenas de miles de ancianos, personas enfermas, humildes ciudadanos que han sido estafados por estas oficinas y por sus dueños, -enriquecidos a su costa.

¿Para qué pide amparo el señor Foncea Aedo, o Foncea Navarro, o la oficina OFINTRA? ¿Para pretender legalizar los 1.400 millones embolsados a la mala, arrebatándoselos a los trabajadores? ¿Para justificar la falsificación de nombres de patrones, que le permitieron engañar a imponentes con promesas que, a sabiendas, estaban fracasadas? ¿Para demostrar que obró con corrección, al aceptar trámites de pensiones de invalidez sin el informe previo de los médicos?

Señor Presidente, repito que el señor o los señores abogados dueños de OFINTRA han hecho dar un grave traspié a una institución respetable como es el Colegio de Abogados. Lamentablemente, los hechos denunciados y comprobados una y otra vez demuestran que OFINTRA y sus dueños no tenían ni tienen derecho a impetrar ni el respaldo ni el amparo de la orden. Por el contrario, en legítimo resguardo del prestigio de la profesión, el Colegio debe aplicar ejemplares sanciones a quienes aparecen comprometiendo vergonzosamente el buen nombre de la orden.

En resumen, creo necesario terminar mis observaciones, manifestando que estas irregularidades encuentran campo propicio entre algunos inescrupulosos, por diversas razones, entre las cuales conviene citar:

1.- El atraso de la legislación previsio- nal chilena, que entraba y dificulta el otorgamiento de beneficios a los imponentes. Somos partidarios de una reforma previsional que entregue más beneficios a los trabajadores, resguardando, por supuesto, las actuales conquistas, que deben ser actualizadas y mejoradas. En este aspecto, no compartimos el anteproyecto del Gobierno que, a pretexto de uniformar la previsión o establecer una previsión única, resta conquista a los asalariados, aumenta el número de años para acogerse a jubilación y, en una palabra, hace más reaccionarias y retardatarias las disposiciones vigentes.

2.- La poca agilidad de los organismos de previsión social. No hay justificación de ninguna, especie para que la tramitación dé una pensión demore meses y hasta años.

El señor VALENTE.-

La desesperación de los imponentes que dejan de percibir sus sueldos o salarios al acogerse a jubilación, los hace recurrir a instituciones u oficinas privadas, a gestores y a escamoteadores que, como en el caso de ONACO y OFINTRA, hacen su agosto a costa de los imponentes.

Tampoco puede dejar de señalarse la actitud de algunos funcionarios que, en el caso del Servicio de Seguro Social, a raíz de la investigación de las Comisiones Unidas, aparecieron directamente coludidos en esta gran estafa. Afortunadamente, la superioridad del Servicio de Seguro Social informó a la Comisión que estos funcionarios dejaron de serlo.

Las Comisiones Unidas, por unanimidad de sus integrantes, acordaron iniciar un proyecto de ley, originado en anteproyectos de los colegas Diputados Juan Acevedo y César Raúl Fuentes, acogidos por la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de corregir las causas que originaron el gigantesco fraude que la Cámara conoce y ha conocido esta mañana. Entre las disposiciones de este proyecto de ley, cuyo patrocinio se solicitará al Ejecutivo -pido que se envíe oficio solicitándole que lo incluya en la convocatoria de la legislatura extraordinaria.- para despacharlo en poco tiempo más. Se ha considerado también, con el apoyo y beneplácito de los integrantes de la Comisión Investigadora, el financiamiento del artículo 245 de la ley N° 16.464, que dispuso el otorgamiento de pensión mínima a las personas mayores de 65 años, aunque no hayan sido imponentes de alguna caja o institución previsional, no gocen de otros ingresos y comprueben con informe de una asistente social ser económicamente indigentes.

Esta disposición, debidamente financiada, facilitará a los ancianos tener un seguro para la vejez, e impedirá, casi definitivamente, que prosperen oficinas, como ONACO y OFINTRA, en perjuicio, como lo hemos repetido tantas veces, de modestas personas de «dad avanzada que deben tener, sin mayor trámite y por ministerio de la ley, el derecho a una pensión vitalicia de vejez.

He dicho, señor Presidente.

El señor GONZALEZ MAERTENS.-

Señor Presidente, el informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y del Trabajo fue exhaustivo; sin embargo, no da una información categórica acerca de la actuación de cada una de las oficinas materia de la investigación de estas Comisiones, pues el informe es genérico. Hubiera sido interesante que estas Comisiones informasen a la Cámara cuáles fueron los actos de negligencia culpable o delictual -como se dice- en el cumplimiento de encargos profesionales que se les hacía. Lamentablemente, nada se dice al respecto.

Sin embargo, al leer someramente el informe de las Comisiones Unidas, se puede observar que de más de 550 cartas por las cuales reclaman los imponentes perjudicados por estas oficinas y que en él se anotan, 500 se refieren a la oficina ONACO, y solamente cuatro a OFINTRA. Es importante, en consecuencia, distinguir; porque aquí se ha dicho, en general, que estas oficinas han actuado en forma negligente, culpable o delictual, sin que se haya establecido cuál ha sido la responsabilidad precisa de cada una de ellas. Por lo tanto, es un poco aventurado lanzar cargos "a la bandada", con un lenguaje poco usual en la Cámara, y, sobre todo, cargos que no están debidamente comprobados.

Quiero hacer referencia a los descargos que ha formulado el abogado señor Pedro Foncea., miembro de mi partido, el Democrático Nacional, tanto respecto a los cargos planteados por la Comisión como respecto a los que ha formulado, hace un instante, el colega Luis Valente.

"He recibido -dice-, pero jamás he cobrado un centavo por solicitudes de invalidez. Actualmente, no recibo ninguna." Más adelante, agrega que, con respecto a dichas solicitudes, "hay que distinguir dos cosas: el inválido requiere dos requisitos para poder jubilar y, el primero, ser declarado inválido por la Comisión Mixta de Invalidez. Quiero expresarle a la Comisión, que incluso teniendo amistad con algunos médicos, yo ni nadie de mi oficina ha ido jamás a tratar con un médico la calificación de invalidez para un asegurado. Este es un problema técnico-médico. El otro requisito que requiere el inválido es el de tener el número de semanas para jubilar. Si es inválido, pero no está acogido a la ley de continuidad de la previsión, no recibe jubilación."

El señor GONZALEZ MAERTENS.-

Continúo, señor Presidente, leyendo la declaración del señor Foncea:

"El abogado incide solamente en el acogimiento de este obrero en la ley de continuidad de la previsión y por eso, señor Presidente, en el juicio seguido por nosotros que actuamos con los inválidos, la petición que no fue que se declararan inválidos, la petición fue que a estos obreros asegurados se les reconocieran sus derechos a acogerse a la ley de continuidad de la previsión y es por eso que con la señorita Directora, el Comando llegó a un avenimiento en el sentido de poderlos declarar inválidos, aún sin tener el número de semanas necesarias para jubilar, para que pudieran ser comprendidos en él."

Señor Presidente, éste es uno de los descargos formulados por el abogado señor Pedro Foncea, junto a otros más que, evidentemente, fueron escuchados por los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo que investigaron las actuaciones de estas oficinas.

En todo caso, sin entrar en la materia más profundamente, por lo que dice el informe y por las informaciones que se han dado en esta Cámara, la intervención profesional del abogado señor Pedro Foncea, como propietario de la oficina OFINTRA, estaría libre de toda mácula. Evidentemente, pueden surgir inconvenientes. Esta oficina tiene empleados. Y es difícil, sobre todo para los que ejercemos la profesión de abogado, tratar de satisfacer a todos los clientes que tenemos. En tal sentido, es posible que puedan formularse ciertos reclamos, como los que hay aquí, que son cuatro. Pero no por eso podemos declarar, en forma tan fácil, que en esta oficina se han cometido errores graves que pudieren calificarse como figuras de- lictuales. Creo que, en definitiva, se va a aclarar la actuación de cada una de estas oficinas, especialmente de aquellas que tienen responsabilidad, sobre todo la de la que dio motivo para iniciar esta investigación y que es la que provocó el escándalo: la oficina ONACO...

El señor ESCORZA.-

Señor Presidente, en realidad, no criticamos a ninguno de los abogados que han actuado en estas operaciones de trámites; pero lo que sí censuramos es el hecho de que existan oficinas instaladas -para este tipo de tramitaciones, que yo considero una ignominia que se comete con los trabajadores asegurados que están en condiciones de jubilar. Pero también existe, en mi concepto, y lo he podido comprobar, cierta negligencia culpable del Servicio de Seguro Social, al no otorgar oportunamente los beneficios a los trabajadores.

La desesperación los hace recurrir a los abogados, para que éstos les gestionen la obtención de los beneficios que les corresponden cuando cumplen 65 años de edad, han sufrido un accidente o se encuentran en cualquier otra situación que los obliga a efectuar algún trámite. En esto pasan dos, tres y hasta cuatro años, sin que el Servicio de Seguro Social les responda.

No obstante las declaraciones de la señorita Directoradoña Mercedes Ezquerra, en el sentido de que esto se va a modificar, creo que no ha habido tal cambio y lamento decirlo aquí, pero estimo necesario destacar que hay que resolver el problema del Servicio de Seguro Social antes que buscar culpables en otros lugares. Por eso, considero que el funcionamiento de estas oficinas es consecuencia de la negligencia culpable de todo el aparato burocrático, demasiado complicado, del Servicio de Seguro Social, que es uno de los organismos previsionales más importantes del país. Por lo tanto, es lógico que la Cámara y los colegas se preocupen de fiscalizar su manejo interno, porque siempre que se consulta algo a este Servicio, las respuestas son ambiguas y sin sentido de la realidad.

Termino mis observaciones, expresando que deberían denunciarse a los Tribunales de Justicia, estos hechos que estamos censurando, para aclarar el procedimiento de todas estas oficinas que se han creado para realizar este tipo de trámites.

La señora LAZO.-

Señor Presidente, creo que no se trata de decir quién es amigo de Fulano de tal, sino, como hará por eso, yo también conozco al señor Pedro Foncea por más de 20 años, ya que somos del mismo club: Colo Colo.

-Risas.

La señora LAZO.-

Y, en realidad, durante una época, fui muy amiga de don Pedro Foncea; en cambio, no conozco al señor Raúl Rodríguez, quien es hermano del Secretario General del Partido Socialista, pero no es militante de esta entidad política. Sin embargo, aquí no se trata de quiénes militan en tal partido y quién es amigo de Fulano de tal, sino, como ha dicho un colega, lo que procede es resolver si es justo que estas oficinas, instala^ das legalmente o no, sigan funcionando en desmedro de la gente más necesitada de la población, como son los jubilados y las mujeres que, ya cansadas de trabajar, no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida y, prácticamente, están mendigando una pensión, en los casos en que quedan al margen de la ley.

Creo que aquí no se trata de lavar la honra de nadie, porque, en última instancia, es un asunto personal de los propios afectados.

El señor Foncea es abogado; no sé si lo será el señor Rodríguez. En todo caso, he leído el informe en que se dice textualmente que todas estas oficinas "tenían nombres de abogados prestigiosos", pero como una carnada, como un anzuelo para que la gente tuviera confianza, y fuera a ellas a solicitar sus servicios.

Por lo tanto, concuerdo totalmente con lo expresado por el colega Valente en cuanto a rechazar los términos de la nota del Colegio de Abogados, porque no se trata aquí de defender una cofradía. Lo que corresponde es establecer si es cierto o no que profesionales que se dicen serios prestaron sus nombres para el funcionamiento de algunas oficinas -y yo creo que no lo han hecho gratuitamente- sabiendo o no que ellas estaban estafando a. la gente más pobre, más anciana, más necesitada.

Me parece que éste no puede ser un problema político. No se trata de atacar a un señor y defender a otro. Hay un refrán que dice: "No tiene la culpa el chancho, sino el que le da el afrecho". La ley N° 10.383 es muy buena en el papel; la conozco, porque como relacionadora gremial del Servicio de Seguro Social me tocó enseñar la ley en algunos sindicatos. Pero todos, incluso quienes no somos abogados, sabemos por experiencia que una cosa es la letra de la ley y otra es su cumplimiento. ¿Por qué los ancianos, por qué esta gente necesitada, ha debido acudir a particulares? Por la sencilla razón de que no han encontrado en las oficinas del Servicio de Seguro Social ni expedición ni facilidades para solucionar sus casos en forma rápida; y, por otra parte, porque, sin duda alguna, la ley tiene vacíos que hay que enmendar cuanto antes. Se exige un número determinado de semanas de imposiciones y una edad, que a nosotros nos parece excesiva, para jubilar. Porque, ¿a qué edad empieza el hombre a trabajar en nuestro país? El obrero, a veces, a los nueve años; en las viñas, a los diez, once y doce años; he visto, en fábricas de vidrios, a niños de trece y catorce años. Entonces, saquemos la cuenta. ¿Cuántos años necesita trabajar un obrero?

La señora LAZO.-

Los abogados también nos pueden decir que la ley se supone conocida por todos los ciudadanos de la República. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que la mayoría de las personas que deberían ser beneficiadas con esta ley la desconocen. Por esta razón y por el abuso de los sectores patronales, hay obreros a los que durante, muchos años se les han robado sus imposiciones. Hay obreros, conozco casos, sobra todo en el sector de las empleadas doméstica y de las trabajadoras textiles, de 40 y 50 años de edad, que tienen libretas del Servicio de Seguro Social, a veces con dos meses de imposiciones. ¿Qué es lo que le cuentan a. uno? ¿Qué pasa en los campos? El campesino dice: "Uno tiene que morir trabajando, porque el patrón saca la libreta, pero en el hecho no la devuelve nunca más". Entonces, cuando ese hombre completa la edad, después de trabajar 50 años y llega, a reclamar su pensión, ¿qué se le dice?: "Usted no tiene la edad ni el número de semanas necesarias para jubilar."

Y hay otros problemas. Yo trabajé en el Servicio de Seguro Social. En este momento, ni en Santiago ni en provincias, tiene el personal necesario para absolver todas las consultas y resolver los problemas que plantean los asegurados en sus oficinas. Conozco casos de gente que va a cobrar su pensión y que en invierno -escúchelo la Cámara- tiene que hacer cola, desde las 4 de la mañana, a veces con lluvia, y en el verano asándose al sol. Se amanecen las viejitas y los ancianos a. la intemperie. No se puede decir que el Servicio de Seguro Social está desfinanciado. Yo le preguntaba a la señorita Directora, a quien conocí cuando era visitadora social y de quien tengo una alta opinión, ¿ahora que el Servicio tiene mayores recursos, aumentará su personal, el número de locales, habrá mayor inspección? Porque hay otra cosa: ¿quién va a inspeccionar las pequeñas fábricas, donde a veces sólo hay dos, tres o cinco obreros con libreta y la mayoría no la tiene?

Cuando el hombre o la mujer llega a la senectud, empiezan a buscarle, como quien dice, "los tres pies al gasto", porque saben que no tienen imposiciones. Es fácil, entonces, que caiga en manos de personas que, como dijo un colega., venden ilusiones. Claro que las venden bastante caras, porque para un anciano, E9 130 ó E? 150, hay que ver que es plata. Yo escuché en la Comisión que tienen que vender la plancha o la argolla, de matrimonio o empeñar el terno para pagar al abogado.

El Colegio de Abogados dice que los obreros debieron recurrir por las vías legales a reclamar sus derechos. ¿No sabemos nosotros acaso lo que significa a un obrero, sobre todo a un anciano, la mayoría de las veces iletrado, reclamar contra algunos abogados, contra algunas oficinas organizadas para la estafa? Digan lo que digan, traficar con el hambre, con la ancianidad, con las últimas ilusiones de la gante puede ser que legalmente no constituya estafa, pero moralmente lo es.

El trabajo de esta Comisión tiene sólo el mérito, porque no creo que tenga otro, de permitir que la Cámara sancione la estafa moral que representa engañar a miles de ancianos y de mujeres que han pretendido acogerse a la legislación, pero que no han podido obtener beneficio alguno seguramente por deficiencias de la ley N° 10.383. Esta parece ser muy buena, incluso me acuerdo que en su preámbulo se dice que es una ley para, proteger al hombre desde antes de nacer hasta el momento de morir; pero en verdad son sólo palabras; la realidad es otra muy diferente.

Por este motivo, quizás por primera vez concuerdo con el colega Escorza en el sentido de que esto debe ser sancionado...

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

Que no sea la. última vez.

La señora LAZO.-

Espero que no sea la última. Depende de como siga progresando.

-Risas.

La señora LAZO.-

En todo caso, estoy de acuerdo con el colega señor Escorza. Los Tribunales resolverán si sancionan o no a estas personas, pero nosotros tenemos que tratar de obtener que el Servicio de Seguro Social tenga la agilidad y eficiencia que los trabajadores necesitan, para que no haya que decirle a la gente, al final de su vida: "Mire, señor, usted se quedó sin derechos".

Que los colegas que son de provincias pregunten cuántos inspectores hay en sus respectivas zonas. Es para la risa, y resulta que los industriales, los latifundistas, los dueños de fábricas e incluso los contratistas de quienes se hablaba ayer, no son angelitos. Ellos no andan detrás de los obreros para ponerles sus libretas al día...

La señora LAZO.-

Señor Presidente, un colega me señalaba un problema que ocurre en provincias: se da el caso de que los inspectores del Servicio de Seguro Social, en provincias, no tienen medios de locomoción. ¿Cómo van a recorrer gran- des áreas y zonas de terreno donde hay trabajadores, si ni siquiera tienen medios para hacerlo?

Sin embargo, podría decir que firmas tan grandes como Sumar y, si no me equivoco, la del propio señor Yarur, que son -digamos- los grandes textiles de nuestro país, tienen pendientes juicios millonarios con el Servicio de Seguro Social. Pero como aquí los litigios duran ochenta y tantos años, el día que vengan a pagar esas sumas, los obreros van a estar todos sepultados.

Por eso, para terminar, manifiesto que nosotros suscribimos totalmente la sugerencia hecha por el Diputado Valente, porque consideramos que, aparte de la sanción que sin duda alguna, por corrección, el Gobierno va a aplicar no sólo a estas oficinas que fueron cuestionadas, sino también a las personas que se ocupan de hacer el papel de gestores entre los asegurados y las oficinas, también se buscará la forma de darle al Servicio de Seguro Social una estructura tal que signifique favorecer al obrero, al anciano; porque hay una contradicción en todo este juicio.

Resulta que el señor Foncea, le ganó un juicio al Servicio de Seguro Social; o sea, legalmente, había de parte del Servicio una negligencia, un olvido, que no sé cómo calificarlo; pero, en todo caso, aquí tengo un detalle de muchos obreros que firmaron un poder y fue el señor Foncea quien cobró los cheques de esos obreros. Todo esto debido a que él le ganó al Servicio de Seguro Social un juicio en nombre de todos esos trabajadores. Sí; eso existió. Hubo un juicio que favoreció al señor Foncea y por tanto, también en mínima parte al grupo de trabajadores a que él defendía. Quiere decir, entonces, que algo no estaba tan bien en la aplicación de la ley N? 10.383 y en la del articulado que favorece a los trabajadores.

Por eso, no se trata de hacer aquí lo de Don Otto, quien, porque la mujer lo engañaba, vendió el sofá. Lo que hay que hacer es arreglar el "sofá"; estructurar el Servicio de Seguro Social para que realmente sirva al asegurado y no siga siendo solamente una ley, que es una de las mejores de América, pero que "cojea". Y "cojea", porque al hombre del campo, al imponente de las ciudades lejanas, les llega totalmente deformado el beneficio y muchas veces, como dijo el colega, les llega cuando el hombre ha dejado de existir.

Nada más, señor Presidente.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Deseo solamente decir rápidamente una cosa. El juicio a que se refirió la señora Lazo fue iniciado por don Pedro Foncea, pero el juicio no se ganó; se llegó a una transacción. Creo que el Servicio de Seguro Social aceptó el arreglo exclusivamente porque se había creado un problema social extremadamente grande, hasta el extremo de que se había inquietado a la gente al decirle que tenía un derecho, muy dudoso. En consecuencia, hubo una transacción; el señor Foncea no ganó el juicio.

El señor DE LA FUENTE.-

Señor Presidente, esta sesión ha sido citada con el objeto de conocer el informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de ver la forma cómo han actuado la firma ONACO y otras en la tramitación de jubilaciones obtenidas de acuerdo con la ley Nº 10.383.

En el informe de las Comisiones se indica que se ha mandado una serie de oficios a diferentes instituciones y organismos y también se manifiesta que se dio respuesta a la mayoría de ellos, pero no figura en el informe el texto de tales oficios.

Me interesaría mucho saber la respuesta al oficio que se mandó a la Corte Suprema pidiendo un Ministro en visita para investigar estos casos, porque no me cabe duda de que en las actuaciones de la firma ONACO y de otras similares se ha configurado el delito de estafa; y, siendo así, me parece que la Corte Suprema debiera aceptar la designación de un Ministro en visita.

En el informe, en la letra a), se indica que se han recibido solicitudes de obreros que han cumplido 55 años y no los 65 que establece la ley para percibir jubilación.

Me refiero especialmente a la firma ONACO, la cual ha actuado en mi zona. Pedía 20 escudos por la inscripción; al mes siguiente, 20 escudos y, a.l segundo mes, 20 escudos más; una vez que la oficina informaba que la solicitud estaba aceptada, los interesados debían pagar 60 escudos y otros 50 escudos más al recibir los beneficios. Pero sólo se llegaba a recibir el aviso de la oficina y nunca resultaba la jubilación que los interesados estaban esperando durante tres o cuatro meses, hasta que se decidían a reclamar ante el Servicio de Seguro Social, donde se les informaba que nada sabían y que no tenían relación alguna con la firma ONACO.

La situación para los asegurados es así extremadamente grave, especialmente por lo que esta firma parece haber hecho con las libretas. Se tiene conocimiento de que se han sacado algunas estampillas para arreglar otras libretas; que otras han sido destruidas, seguramente con el mismo objeto, y que hay muchas perdidas. Indudablemente, las consecuencias las pagan las personas que con inmensos sacrificios han estado acumulando imposiciones para llegar a. jubilar.

Recuperar las libretas es algo muy difícil. He estado recibiendo frecuentemente cartas de asegurados en las cuales me piden que solicite de la firma ONACO la restitución de libretas, y me ha sido imposible obtenerlo. Sin ir más lejos, en estos últimos días he recibido cartas de don Francisco Flores Flores, inscripción número 31.192.600, de la ciudad de Angol, y de don Miguel Segundo Urra Carvajal, inscripción N<? 91.819.300, de la misma ciudad. Tengo, además, un recibo de la firma ONACO, extendido a nombre de don Juan de la Cruz Fernández Toledo, quien entregó 20 escudos para la tramitación del expediente N9 13.182, y que aparece firmado por la señora Juana P. de Mora. Obra, además, en mi poder un certificado en que se acredita que ha sido enviada a Santiago la libreta de Servicio de Seguro Social de don Carlos Segundo Salazar Zurita, inscripción N° 83.172.225, de Collipulli, y presentada ante la oficina ONACO en la ciudad de Victoria.

Ellos me han indicado que el Gerente de la firma ONACO es don Raúl Rodríguez Arenas, lo que también fue comprobado en el informe de las Comisiones. Su oficina funcionaba en Teatinos 371, teléfono 712189. Pero resulta que desde hace dos o tres meses el teléfono no contesta y la oficina está totalmente cerrada, porque se han trasladado. La residencia del señor Rodríguez Arenas está ubicada en Gran Avenida 4903, San Miguel, donde tampoco ha sido posible ubicarlo para pedir las restituciones de libretas.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Solicito el asentimiento de la Sala para que pase a presidir el Diputado señor Barrionuevo.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor DE LA FUENTE.-

Respecto del punto b), que trata de la jubilación llamada "asistencial", cabe señalar que el artículo 245 de la ley N9 16.464 permite jubilar a aquellos obreros mayores de 65 años no acogidos a previsión alguna. Con el objeto de obtener recursos para financiar esas jubilaciones se impuso un impuesto del 2% a los premios "gordos" de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de Concepción. Según cálculos de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, con tal tributo se financiaría una jubilación de Eº 2,41 y, según declaraciones de otras personas, el beneficio podría alcanzar a los Eº 3, lo que es irrisorio. Pero, en todo caso, esa disposición, que figuró en una ley, fue el primer paso que creó ilusiones a todas estas personas ancianas y les hizo abrigar esperanzas de obtener una jubilación. Creo que el Gobierno debe buscar algún financiamiento y una vez encontrado, dictar el correspondiente reglamento.

Por eso, pido que se oficie al señor Ministro de Hacienda, solicitándole estudiar un financiamiento, y al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el fin de que dicte el reglamento correspondiente una vez conseguido lo primero.

El señor BARRIONUEVO (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

El señor AGUILERA.-

Y en mi nombre.

La señora LAZO.-

Y del Comité Socialista.

El señor BARRIONUEVO (Presidente accidental).-

Se enviarán también en nombre del señor Luis Aguilera y del Comité que lo ha solicitado.

La señorita LACOSTE.-

Que se envíe en nombre de la Cámara, señor Presidente.

El señor BARRIONUEVO (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para enviarlo en nombre de la Cámara?

Acordado.

El señor DE LA FUENTE.-

Con respecto al punto e), se recibiría de parte de los solicitantes dinero para completar las imposiciones en estampillas. Esto, en realidad, las firmas no lo han hecho, y me parece que es otro punto serio, porque entonces ha habido un robo de dinero, entregado con fines claros y precisos y que las firmas no han cumplido.

Respecto al proyecto de ley que figura al final del informe, resguardará, en el futuro, a todos aquellos asegurados que deseen jubilar, frente a las oficinas que hacen tramitaciones, pero no así a quienes ya cayeron en sus manos y, en estos momentos, están sufriendo las consecuencias.

Analizando los puntos a), b) y c) del informe de las Comisiones Unidas se configura el delito de estafa; y, desde el momento que se "tipifica" tal delito, solicito que se complete el oficio del señor Osorio, que la Cámara acordó enviar, en el sentido de que los abogados del Servicio de Seguro Social, a pedido o reclamo de aquellos imponentes que están pidiendo sus libretas, puedan actuar ante la justicia y recuperar sus libretas.

El señor BARRIONUEVO (Presidente accidental).-

Oportunamente recabaré el acuerdo de la Cámara.

El señor DE LA FUENTE.-

Que se envíe en mi nombre el oficio sobre esta materia.

El señor BARRIONUEVO (Presidente accidental).-

Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.

La señorita LACOSTE.-

Señor Presidente, el 14 de junio expuse, en breve intervención, el "escándalo de ONACO" en mi provincia. Celebro que hoy día se haya citado a una sesión especial para considerar este problema, que tiene dimensiones enormes y una importancia extraordinaria.

La premura del tiempo, en la sesión indicada, me impidió exponer algunos casos que podría calificar de suma gravedad, pues, además de significar un latrocinio, tienen la agravante de que las víctimas son modestos obreros que no poseen recursos para defenderse. Ante la imposibilidad de dar cuenta de los miles de casos de personas afectadas por esas actuaciones, cuya lista tengo en mi poder, no sólo de mi provincia, sino de todo el país, y cuyos nombres se me han enviado después de mi intervención, voy a. referirme a uno que, por su premeditación y alevosía, debe señalarse como la expresión de una crueldad incalificable.

Flor Angel Cancino Espinoza firmó con ONACO un contrato, desde luego sin fecha; durante más de un año pagó sus cuotas mensuales de E9 20. Se trata de un anciano analfabeto, casi totalmente sordo; padece de un reumatismo articular que le dificulta el andar; su esposa, que es tan anciana, como él, desde hace algunos años está ciega. Viven en una mediagua en Forestal Alto, en Viña del Mar; sus vecinos se turnan para darles de comer y los ayudaron para pagar las cuotas a ONACO. En todas estas gestiones acompañó al señor Cancino doña Juanade Lobos, su vecina más próxima. Sus antecedentes fueron entregados a ONACO el año 1965. Con fecha 22 de junio de 1966, el Servicio de Seguro Social le concedió pensión de vejez por resolución N9 339.139, asignándole una cuota mensual de 128,34 escudos; el monto de la pensión actual es de E9 172,99 mensuales. Esa resolución se envió a la. Agencia Zonal de Santiago por guía N9 17.539, de 24 de junio, oficina donde se está cobrando esta pensión. De acuerdo con esta cifra, ONACO ha cobrado más de 2.500 escudos. ¿Cuánto ha pagado al interesado? El certificado que tengo en mi poder, dice lo siguiente:

"Certifico que la empresa ONACO me ha entregado cuatro cuotas de mi pensión, de acuerdo con las siguientes cifras: E9 119,50, Eº 119,50, E9 119,50 y E9 160.

"La primera cuota fue entregada en octubre de 1966; la segunda en diciembre de 1966; la tercera, en el mes de febrero; la cuarta cuota, en mayo.

"En una sola oportunidad dieron copia del recibo que hicieron firmar (la tercera).

"En cada recibo dejaron la impresión digital, por no 'saber firmar."

Si al interesado le han entregado, a la fecha, E9 518,50, los "honorarios" que ha cobrado ONACO suman alrededor de 2.000 escudos.

Pero hay algo más grave. A esta persona se le hizo firmar un recibo en cada una de las cuatro entregas; sólo en la tercera se le dio copia, que tengo en mis manos y que dice: "Anticipo que le hace ONACO". O sea, frente al interesad#, a quien estaban estafando, aparecían como benefactores que le estaban haciendo el servicio de darle anticipos a cuenta de su futura jubilación.

¿Cómo se puede calificar una acción semejante? ¿Cómo es posible que estos traficantes de su profesión -porque se dice que son abogados- no tengan una sanción inmediata? ¿Qué papel está jugando en este "affaire" el Colegio de Abogados, cuya intervención, tan extraña a 'su prestigio, estamos conociendo?

En la provincia que represento, y tal vez en todo el país, ONACO tenía oficinas en cada comuna, las que recientemente ha cerrado, dejando sólo una en la ciudad de Valparaíso. En cada oficina había montones de libretas del Servicio de Seguro Social. Si fuera una empresa responsable rio habría podido tener libreta alguna en su poder, porque ese hecho constituía incumplimiento del contrato que obligaba a firmar a los interesados. Esos miles de libretas significaban que estaban burlando a sus clientes, ya sea porque no les iniciaban los trámites o porque no tenían derecho a jubilar. En este caso, el conservarlas les permitía seguir cobrando las cuotas mensuales y mantener a la gente con una esperanza indebida. ¿Cómo se llama esta acción en el Código Penal?

Nada más, señor Presidente.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, no voy a extenderme mucho en mi exposición como hubiese sido mi deseo hacerlo al comienzo de la sesión para informar sobre la materia, sino que seré muy breve.

No obstante, quiero destacar, en forma sucinta, algunos hechos. Creo que el problema que la Cámara considera en estos momentos es de extraordinaria gravedad, ya que constituye la estafa más grande que se ha realizado en Chile después de muchos años.

El señor CARDEMIL.-

Fuera de la de los bonos dólares.

El señor LAVANDERO.-

En primer lugar, por la gran cantidad de personas afectadas, ya que son más de 30 mil. Sin embargo, la seriedad del problema no sólo radica en el número de personas que han resultado perjudicadas por esta estafa, sino también en la circunstancia de que las víctimas pertenecen a los grupos económicamente más débiles del país. Este hecho se ve más agravado aún, si se considera que, dentro de grupos económicamente más débiles, los afectados son, precisamente, asegurados que cuentan con 55, 60 ó 65 años de edad. Es decir, se trata de personas que, después de haber trabajado durante muchos años, prácticamente están en situación de jubilar. O sea, ellos están en condiciones de percibir del Estado una pensión que les permita vivir tranquilos la última parte de su existencia.

Las oficinas tramitadoras no sólo se han aprovechado de la buena fe de estas personas, sino que también las han estafado, se han quedado con sus libretas de imposiciones y el dinero que les correspondía percibir. Por eso, creo que la Cámara ha aprobado por unanimidad cada una de las resoluciones, como asimismo, fueron aprobadas en las Comisiones Unidas que trabajaron acuciosa y detenidamente sobre este problema.

Allí no existieron Diputados de Gobierno ni de Oposición, hecho que quiero destacar, en forma muy especial, sino que todos actuamos como parlamentarios que nos encontrábamos frente a un problema que había que solucionar.

Uno de los problemas más graves planteados en esta investigación fue el hecho de que cierta oficina, concretamente la de ONACO, contratara avisos, a través de la prensa y la radio, para llamar a los imponentes del Servicio de Seguro Social que tuvieran menos de 65 y más de 55 años de edad, asegurándoles que estaban en condiciones de obtener para ellos el beneficio de la jubilación.

Frente a este llamado, innumerables campesinos y obreros modestos, cuyas edades fluctuaban entre los 55 y 65 años, concurrieron a la Oficina ONACO con la esperanza de obtener su jubilación, en circunstancias que la ley solamente confiere este derecho a los asegurados que hayan cumplido los 65 años de edad.

Es evidente que, al concurrir, toda esta gente pensó obtener la regularización de su situación y el reconocimiento de sus derechos previsionales. Sin embargo, ni uno solo de ellos ha logrado conseguirlo, en circunstancias que cada uno pagó honorarios y derechos de tramitación. Por otra parte, las pensiones de los asegurados que tenían 65 años de edad fueron prácticamente incautadas por esta Oficina ONACO, la cual les señaló que estas mensualidades quedaban en la oficina, por concepto de tramitación y honorarios.

Vuelvo a repetir, la Oficina ONACO ocupó los servicios de más de 85 abogados a lo largo del país, que especularon con la necesidad, con la miseria de estos miles de asegurados modestos, que ya estaban en condiciones de jubilar en forma gratuita en el Servicio de Seguro Social o lo iban a estar en pocos años más.

Creo que este hecho merece, por parte de la Cámara, una condenación moral, porque es el abuso hasta la saciedad en el ejercicio de una profesión, como la de abogado. Es posible que muchos de ellos estén ignorantes de] fondo de esta situación, pero eso no los autoriza para abusar de su profesión por el hecho de tener un título profesional.

Es posible que, desde el punto de vista legal, sea inatacable el derecho que tiene un abogado para defender a cualquier persona, como lo sería si prestara sus servicios y cobrara honorarios a un campesino ignorante que recurriera a él para que lo asesore en la compra del cerro Santa Lucía. Pero, ¿sería moral que ese abogado ejerciera su profesión y cobrara honorarios por efectuar la venta, de un bien nacional como ése? Lo mismo ocurre en el caso de esta gente modesta que, según la ley, no tiene derecho por ahora a jubilar. Esos abogados, amparados en su título profesional, han usufructuado de la miseria y del hambre de más de 30 mil modestos trabajadores. Es una grave falta de carácter moral la que se ha cometido en contra de miles de los más modestos ciudadanos chilenos.

Seguramente nosotros no podremos impugnar la legalidad de las actuaciones de esos abogados. Sin embargo, el Colegio de Abogados debió haberse apresurado a sancionar a esos 85 profesionales que han pretendido defender determinados derechos, cobrando suculentos honorarios, cuando los interesados muy bien podrían haber tramitado gratuitamente su jubilación a través del mismo Servicio de Seguro Social.

La Oficina ONACO, con 85 sucursales, más que el Banco del Estado de Chile, ha obtenido millones y millones de pesos a costa de la miseria de la gente más modesta.

Esa es la sanción moral que ha querido significar la Cámara a través de la investigación de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo unidas, y, esta mañana, a través de esta sesión de la Sala. Esta Corporación ni ningún otro organismo público y menos el Colegio de Abogados, pueden aceptar el oprobio que significa que la profesión de abogado sea usada en esta forma.

Señor Presidente, han ocurrido muchos hechos dolosos, como el robo de estampillas, que eran vendidas a quienes pensaban que tenían que colocar algunas estampillas más para poder jubilar. Igualmente, esta firma se ha incautado de miles de libretas que aún están en sus oficinas y que es el único documento que tienen miles de obreros para jubilar y que si des- aparecen perderán años de esfuerzo y sacrificio para obtener los beneficios que la ley concede.

Por su parte, el Servicio de Seguro Social carecía de las herramientas legales para incautarse de estas libretas en estas oficinas o en la de los malos patrones que en el campo, durante muchos años, se las han ocultado a sus obreros.

La Comisión, por sobre los partidos políticos, acordó legislar sobre la materia, y ni el Colegio de Abogados ni ningún organismo público o privado podrá impedir que la Cámara o sus Comisiones se aboquen a modificar las leyes vigentes para poner fin a la inmoralidad que significa que algunos vivan en esta forma, a costa de la gente modesta.

La defensa del Colegio de Abogados es mala, porque, si bien es cierto está defendiendo un derecho contemplado en la ley, está defendiendo, en el fondo, el abuso de un derecho que lleva a revestir el carácter de una inmoralidad.

El señor GUASTAVINO.-

¿Cómo es eso?

El señor LAVANDERO.-

Es inmoral, señor Diputado, porque atenta contra la ética. Es evidente que, si nosotros exageramos la garantía de ciertos derechos, podemos incurrir en una inmoralidad, que es lo que ha hecho el Colegio de Abogados al defender, en este caso, a estos profesionales que han estado aprovechándose de la gente más modesta., cobrándole honorarios, a sabiendas de que no tenían derecho a impetrar un beneficio.

Finalmente, frente a las referencias de que públicamente he sido objeto por parte del señor Pedro Foncea, quiero decir tan sólo que no fue el Diputado que habla el que lo denunció, que no fue el parlamentario que habla el que se ensañó con él, y que la Comisión solamente investigó hechos y que jamás estuvimos en contra ni perseguimos a ninguna persona. Pero había personas comprometidas y que voluntariamente fueron a declarar. Sé que los hechos cometidos por la Oficina ONACO son inmensamente más graves que los realizados por la Oficina OFINTRA, por su volumen, pero tampoco esta última escapa a las irregularidades en que, por lo menos como abogado, incurrió el señor Pedro Foncea. En efecto, falsificó declaraciones de testigos y de patrones inexistentes, como consta en los informes aquí señalados, para obtener beneficios previsionales para quienes no tenían derechos suficientes. Ahí están las declaraciones de funcionarios, en más de 300 casos similares, en que se expresa que se falsificaron declaraciones de testigos y patrones. ¿Cómo puede permitir el Colegio de Abogados que un profesional que pertenece a él desarrolle su actividad y gane sus honorarios a cambio de la falsificación de documentos destinados a obtener el reconocimiento de derechos previsionales en un instituto del Estado como el Servicio de Seguro Social, en favor de determinadas personas?

Es evidente que ese señor abogado no está libre de culpa. Seguramente no tiene tanta como otros; pero, en todo caso, tiene una responsabilidad como profesional y el Colegio debiera hacérsela efectiva.

Para terminar, quiero señalar que no me haré cargo de las imputaciones de orden personal de que he sido objeto, porque solamente actué en representación de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados en tal carácter, y no he tenido una sola censura ni un solo rechazo, sino que, por el contrario, puedo ratificar que fueron aprobadas por unanimidad cada una de las actuaciones que tuvieron y las resoluciones que adoptaron las Comisiones Unidas, resoluciones que hoy día, también, han sido sometidas a la consideración de la Cámara de Diputados.

Por eso estimo que el Colegio de Abogados debería aplicar la sanción que pudiera merecer la actitud de don Pedro Foncea, quien deberá, además, responder ante la justicia por las expresiones que ha vertido, porque no seré yo quien inicie una causa sobre esta materia para defender o atacar al señor Foncea en esta circunstancia.

Nada más, señor Presidente.