Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos de la Honorable Cámara y del Honorable Senado:

El Supremo Gobierno ha tomado conocimiento de una indicación sustitutiva formulada a un proyecto de ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se discutía en el Honorable Congreso Nacional desde el año 1960, y presentada por los Honorables Diputados Cancino, Valenzuela Valderrama, Garay, Pereira, Montt, Cardemil, Daiber, Escorza y de la señorita Paluz, doña Margarita.

La antedicha indicación, ofrece un tratamiento integral de los riesgos profesionales y se inspira en las más modernas tendencias que, sobre tal materia, presenta la Seguridad Social actual.

De otra parte, se han suscitado dudas en torno a la instancia constitucional en que se encontraría la indicación, duda cuya dilucidación entorpecería presumiblemente el rápido despacho de la iniciativa.

Por las razones anotadas, y siendo la intención del Ejecutivo acelerar el despacho de una iniciativa de tanta trascendencia, el Gobierno ha hecho suya la moción sustitutiva en cuestión con las salvedades que a continuación se indican y ha resuelto enviarla al Honorable Congreso Nacional como proyecto de ley, mediante el presente Mensaje.

El proyecto que se somete a vuestra consideración, es fundamentalmente, idéntico a la moción sustitutiva presentada por los Honorables Diputados en un principio nombrados, salvo diversas modificaciones, derivadas, en primer lugar, de las conclusiones a que se llegó en la provechosa discusión que se suscitó en el seno de las Comisiones Unidas de Asistencia Médico Social e Higiene y de Trabajo y Legislación Social, así como también de los diversos informes llegados de distintas organizaciones de trabajadores, de expertos internacionales y de instituciones y organismos que hicieron presente sus puntos de vista sobre la citada moción sustitutiva.

Asimismo se le han introducido algunas pequeñas modificaciones de orden formal destinadas a mejorar su ordenamiento.

Consecuente con lo relacionado, las explicaciones que siguen a continuación insisten en los conceptos contenidos en el informe acompañado a la indicación.

1.- Fundamentos doctrinarios.

El proyecto estructura el Seguro de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales como un Seguro Social. Esto implica una modificación fundamental al criterio sustentado por el vigente Código del Trabajo, el cual, en su Título II del Libro II, trata sobre los Accidentes del Trabajo aplicando la vieja teoría de la responsabilidad patronal o de la responsabilidad objetiva.

La teoría de la responsabilidad objetiva fue particularmente defendida a principios de siglo y sobre ella juristas como Jossrand y Salleiles nos han legado páginas memorables. Deslumhró en su época por sus consecuencias que aparecían generosas. Proyectada ella al campo de los Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales implica colocar de cargo de los Empresarios la responsabilidad exclusiva por los accidentes y enfermedades que ocurran a los obreros a causa o con ocasión del trabajo, aún cuando ellos se deban a caso fortuito o a culpa del trabajador.

Ahora bien, si el empresario era el único y exclusivo responsable, él podía asegurar su eventual responsabilidad donde estimare conveniente. Esta fue pues, la razón jurídica que permitió que se aseguraran tales responsabilidades libremente en compañías mercantiles de Seguros, con las consecuencias por todos conocidos.

Pero la teoría de la responsabilidad patronal que acepta nuestro Código actualmente vigente, hace ya muchas décadas que hizo crisis. Se ha entrado a estimar que el Seguro de Accidentes del Trabajo debe ser, un seguro social, cuyo punto de arranque no debe encontrarse en la eventual responsabilidad empresaria, sino en el estado de necesidad real o presuntivamente real del accidentado o del enfermo.

Ya en el año 1954, en nuestro ámbito continental la Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebrada en Santiago estimó que este Seguro era social por naturaleza. Idéntico predicamento tuvo la misma Conferencia reunida en 1946 en Río de Janeiro. Igual criterio ha mantenido siempre la Organización Internacional del Trabajo y, el Convenio Nº 102, sobre Norma Mínima de Seguridad Social, ratifica este pensamiento.

Pero fue especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la presentación del informe Beveridge (Social Insurance and Allies Servicies) en donde se estructuró por primera vez en forma integral este seguro como un Seguro Social. Esta experiencia ha sido posteriormente seguida por numerosísimas legislaciones dictadas al término de la Segunda Guerra Mundial.

El que sea un Seguro Social implicará, pues, por una parte, que será la sociedad la que deberá contribuir al financiamiento del Seguro; que serán los estados de necesidad y la medida de los mismos los determinantes de las prestaciones; y que, por otra la administración del Seguro deberá realizarse por los instrumentos y organismos que la Sociedad señale para ellos y de acuerdo con las normas y reglamentaciones que se dicten. Así, también en un seguro social debe descartarse la posibilidad de que se resuelvan los problemas que suscite la aplicación del Seguro, mediante acuerdos entre empresarios y trabajador, tal como se preceptúa en diversos artículos de nuestro Código, por la muy poderosa razón de que en un seguro Social los organismos administradores actúen como verdaderos representates de la sociedad, y la relación jurídica respectiva liga al trabajador con tal organismo, y ante ella el empresario es un simple tercero.

2.- Personas protegidas.

El proyecto en esta materia pretende aplicar el principio de la universalidad subjetiva que consiste en incluir dentro del ámbito de protección de la Seguridad Social a toda la comunidad. Este predicamento señala en su artículo 2º, los beneficiarios del seguro. Indica que la ley se aplicará a todos los trabajadores, empleados u obreros, funcionarios del Sector Público, los estudiantes y los trabajadores independientes y familiares.

3.- Financiamiento.

El proyecto establece una cotización de cargo de la entidad empleadora equivalente a un 3,5% de las remuneraciones o rentas que se paguen. Este porcentaje será el mismo cualquiera que fuere la naturaleza de las labores que se ejecuten.

El establecimiento de esta forma de cotización constituye la aplicación del principio de la solidaridad nacional que consiste en que toda la comunidad contribuya al financiamiento del Seguro.

Como es sabido, en la actualidad las primas del Seguro son diferenciadas y aumentan en la medida que se estima que aumental el riesgo genérico propio de la actividad de la Empresa. Esto es una simple técnica propia del Seguro Mercantil que

tasa primero el riesgo y luego cobra primas proporcionadas a esa tasación. Pero este criterio no puede perdurar en un Seguro Social el cual, por esencia y naturaleza, debe aplicar el principio de la solidaridad nacional.

Pero no sólo por aplicación del principio de solidaridad nacional debe descartarse la hipótesis de aplicar cotizaciones diferenciadas según el riesgo genérico, sino también por cuanto la simplicidad administrativa lo reclama imperiosamente, lo que a su vez redundará no sólo una simplificación del sistema, sino, también, en economía de los gastos de administración.

Debe considerarse, también, la tendencia que ofrecen las modernas legislaciones, tales como las de Austria, Reino Unido, Polonia, Yugoeslavia, India, Egipto, Cuba, Checoeslovaquia, etc., en todas las cuales se han dejado de mano la tarifa diferenciada.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado el que se adopte la cotización única, tanto en virtud de las anteriores razones que se han aducido y además, respecto de los países subdesarrollados, ha insistido especialmente en tal tipo de cotización en virtud de que la cotización diferenciada representaría un freno para la expansión industrial de estos países, desde el momento que tal expansión aparecería, en el hecho, gravada con tributos superiores a la de las actividades sin riesgos, que son las comunes en los países subdesarrollados.

Se ha argumentado en pro de la mantención de la prima diferenciada que ella estimularía la prevención de los accidentes. No se divisa la razón de esta afirmación, si se tiene presente que la tarifa diferenciada se aplica en consideración a la actividad que desarrolla la empresa y no al mayor o menor cuidado que ponga ésta en la prevención de los accidentes.

En cambio el proyecto que se somete a la consideración del Honorable Congreso contempla como estimulante de la prevención, rebajas o recargos de la cotización

para aquellas empresas que implanten medidas especiales de prevención o para aquellas otras que ofrezcan condiciones insuficientes de prevención, higiene y seguridad. Estos recargos y rebajas sí que son verdaderos estímulos para la prevención, desde el momento que tanto unos como otros implican, para la empresa de que se trata, una obligación distinta, perjudicada o mejorada en relación con las demás empresas de la misma actividad. Estas rebajas y recargos no complicarán los procedimientos administrativos desde el momento que se aplicarán o concederán al margen del proceso de recaudo de cotizaciones. Y significarán, en otros términos, una contribución a la prevención por parte de los organismos administradores cuando concedan una rebaja, o una sanción para las empresas que no adopten las medidas de prevención higiene y seguridad que le sean prescritas, cuando apliquen un recargo.

4.- Prestaciones.

En este sentido el proyecto aplica el principio de la integridad o suficiencia de las prestaciones, apartándose sensiblemente del criterio de los Seguros Sociales clásicos o previsionales que consultan prestaciones porcentuales parejas. Los artículos pertinentes de la iniciativa sometida a la consideración del Honorable Congreso, establece un sistema de prestaciones porcentuales oscilantes entre un mínimo y un máximo, calculadas según el estado de la necesidad real o presuntivamente real del accidentado o enfermo.

Consulta, también, el proyecto de la gran invalidez que caracteriza a quienes necesitan del auxilio de segundas personas para realizar actos elementales de la vida; para ella establece la prestación del 100% del sueldo base que puede ser aumentada hasta un 140%. En esta materia su supervivencia distingue entre huérfanos simples y huérfanos dobles. Estos últimos son aquellos que a consecuencia de la muerte del afiliado entran a carecer de padre y ma

dre. Para ellos consulta, también, una prestación mejorada de un 50% por la obvia razón de que el estado de necesidad que presentan es más grave que el que presentarían si fueran huérfanos simples.

Esta es, pues, la forma que en líneas generales el proyecto ha abordado al sistema de prestaciones tratando de relacionarlas, como se ha dicho, en cada caso, a los estados de necesidad reales.

5.- Sistema de Seguros de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Peofesionales

El proyecto ha sido estructurado sobre la base del principio de la unidad.

Sobre este principio de la unidad de la Seguridad Social, se ha especulado en múltiples sentidos. Hubo una época, especialmente la inmediatamente posterior a la aprobación del Plan Beveridge, en que, por unidad, se entendía unificación de todos los organismos administradores de la Seguridad Social. Ya no se habla más de la unidad en este sentido. La propia reforma del sistema inglés en 1959 puede ser una de las más elocuentes pruebas de la inconveniencia de la unidad administrativa. La experiencia de los países de centro Europa. prueba también, que la unidad entendida como unificación de todo en un Organo Unico, ni es una meta a alcanzar, ni representa un estado de mayor perfección.

La unidad se la entiende más bien como unidad del sistema de seguridad social que se aplicará a una colectividad, dentro de la multiplicidad de organismos de administración . Estos organismos alcanzan la "unidad" aplicando los mismos o idénticos preceptos, otorgando las mismas prestaciones, observando los mismos criterios frente a las diversas cuestiones que suscite la aplicación del seguro, etc.

En este sentido, pues, el proyecto entrega la administración del Seguro a las diversas Cajas de Previsión actualmente existentes, en relación con sus propios afiliados.

Con ello se pretende otorgar a cada per

sona todas las prestaciones de seguridad social en un mismo organismo.

es por esta razón que el proyecto contempla la fusión de la Caja de Accidentes del Trabajo con otras organizaciones de Seguridad Social. La mantención de esta Caja independiente de los demás seguros sociales no sería razonable.

no es esta la única razón que justifica la fusión de la Caja de Accidentes del Trabajo; las hay, también, de simplicidad para las empresas en lo que respecta al pago do las cotizaciones y, sobre todo, de economía en ios gastos de administración, que la hacen absolutamente imprescindible.

6.- Mutuales.

Consulta, también, el proyecto el que sean organismos administradores de este seguro, las mutuales de empleadores sin fines de lucro. Esto constituye una aparente disconformidad con la unidad de que se ha hablado en los párrafos precedentes, pero son poderosísimas las razones que aconsejan no sólo la mantención, sino, también. el estímulo de este tipo de organismos. Basta sólo para ello tener presente la extraordinaria eficiencia que han demostrado no sólo en Chile, sino que también, en otros países del mundo (Alemania, Dinamarca, etc.). En efecto, en Chile, estos organismos han logrado rebajar en un 30% a un 40% los índices de frecuencia y de severidad de los accidentes con la consiguiente economía de costos, el beneficio para la economía nacional por la menor pérdida de horas de trabajo, y con el bien inapreciable, para los trabajadores, de no estar expuestos a estos accidentes que les pueden ser de tan funestas consecuencias. Existe, también otra razón, particularmente importante, que no puede dejar de invocarse para justificar la mantención de estos organismos, y ella es que estas mutualidades podrían transformarse en el futuro, en administradoras de otras formas de seguros sociales.

Estos organismos, por otra parte, que

serán administrados paritariamente por representantes de los empleadores y de los trabajadores, se transformarán en instrumentos magníficos de desarrollo comunitario, permitirán una efectiva participación del pueblo organizado en la dirección de las estructuras administrativas que la sociedad destaca para su protección; y, lo que es, también, de suma importancia, serán estructuras que introducirán un elemento humanizador en las relaciones entre el individuo y el organismo destinado a otorgarle sus prestaciones de seguridad social.

7.- Contenido General.

El proyecto pretende abordar la generosidad de cuestiones que puedan implicar ¡a aplicación de un seguro moderno y social sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En este orden de ideas se dictan normas sobre afiliación, obligación de solicitar la afiliación recaudo de cotizaciones, provención de accidentes del trabajo, etc.

Se establece, como prestación de seguridad social, el derecho de los inválidos a su rehabilitación física y profesional, lo cual no es sino una nueva expresión del principio de la integridad antes señalado.

Tanto la Organización Internacional del Trabajo como los distintos organismos internacionales relacionados con la seguridad social, han venido insistiendo con vehemencia sobre la obligación que asiste a la sociedad de rehabilitar a los inváidos. La aplicación de esta recomendación significaría, por una parte, economía en el pago de las pensiones; por otra, la recuperación para ¡a comunidad de un capital humano necesario para activar y conseguir el bien común. Y no sólo es esta comunidad la beneficiada, sino que, también y muy fundamentalmente, la persona humana en su dignidad. Se ha consultado, junto con el derecho a la rehabilitación, la provisoriedad y revisibilidad de las pensiones, y esta materia será com

plementada con un proyecto de ley, ya elaborado por la Comisión de Reforma de la Seguridad Social que opera en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre la obligación legal de dar trabajo a los inválidos rehabilitados, pues de nada valdrá la rehabilitación si no se asegura a los inválidos un trabajo permanente y estable. Por no ser esta materia propia del presente seguro, este otro proyecto será enviado por el Ejecutivo como cuerpo aparte al Congreso Nacional.

La rehabilitación Física y la reeducación profesional estarán a cargo del Servicio Nacional de Salud. Pero cada organismo 'administrador, distinto del citado Servicio, estará obligado a mantener en sus servicios médicos propios a personal especializado en rehabilitación, con la finalidad precisa de que desde el primer momento el accidentado o enfermo sea tratado con miras a su futura rehabilitación y, además, para que se eviten tanto cuanto sea posible las invalideces irreversibles.

El proyecto consulta, asimismo, normas sobre reevaluación de incapacidades, para el caso de que a una incapacidad profesional le sobrevenga otra de carácter profesional o no. De acuerdo a nuestro actual sistema positivo, inspirado como se ha dicho en la teoría de la responsabilidad patronal, si a una incapacidad profesional le sucedía otra, ambas debían ser indemnizadas en forma individual. No es esta, pues, una aplicación de los modernos principios de la seguridad social, la cual señala que en tales casos, debe procederse a efectuar una reevaluación de la incapacidad en función del nuevo estado que presente la persona, con el fin de poderle otorgar una prestación integral y adecuada a su estado de necesidad actual.

Elimina el proyecto el llamado seguro de culpa, que ha existido desgraciadamente en el hecho, y de acuerdo al cual si ocurre un accidente a consecuencia de negligencia o culpa del empresario, a este le basta demostrar que había contrata

do una póliza para que ninguna responsabilidad le fuera exigida. El proyecto establece que si el accidente es debido a culpa o dolo del empresario, habrá derecho, por parte de la víctima, a las prestaciones que establece la ley, sin que por ello se exonere al empresario de su responsabilidad, la cual se concreta en la indemnización que deberá pagar el organismo administrador de una suma equivalente a las prestaciones que este haya otorgado. De igual modo, la víctima se hace acreedora a aquellas indemnizaciones adicionales que tenga derecho a reclamar en conformidad al derecho común por el daño sufrido, sea este material o moral Siguiendo las modernas orientaciones de la seguridad social el proyecto establece una absoluta independencia entre la obligación de cotizar, por una parte, y el derecho a las prestaciones por otra, en virtud de lo cual la mora en el pago de las cotizaciones no impedirá el nacimiento en el accidentado o enfermo del derecho a las prestaciones.

Contiene el proyecto, por último, una disposición que da sanción legal a una interesante experiencia que se ha hecho en algunas empresas del país y que es de común ocurrencia en naciones de Europa tanto en los países occidentales como en los socialistas. Se crean Comités Paritarios de Seguridad cuya misión fundamental es la de controlar el cumplimiento, por parte de las empresas, de dar seguridad e higiene a sus trabajadores, investigar las causas de los accidentes del trabajo que ocurren en las faenas y asesorar a los trabajadores en materias relacionadas con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Por las razones expuestas someto a la consideración de ese Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley, en el carácter de urgente, para que sea tratado en el actual período de sesiones:

PROYECTO DE LEY SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Título I

Obligatoriedad, Personas Protegidas y AfiliaciónPárrafo 1°.- Obligatoriedad

Artículo 1°.- Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y condiciones establecidas en la presente ley.

Párrafo 2°.- Personas Protegidas

Artículo 2°.- Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las siguientes personas:

a) Todos los trabajadores por cuenta

ajena, cualesquiera que sean las labores

que ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualesquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o personas para quien trabajen; incluso los servidores domésticos y los aprendices.

Se incluye en esta calidad a las personas que trabajen por cuenta ajena sin remuneración ;

Los funcionarios públicos, municipales y de instituciones administrativas descentralizadas del Estado;

Los estudiantes de establecimientos en que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingresos para el respectivo plantel, y

Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares. No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro

b) que esta Ley las personas indicadas en las letras b), c) y d) de este artículo.

Artículo 3°.- Estarán protegidos, también, todos ios estudiantes de establecimientos fiscales o particulares, por ios accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional.

El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que administrará dicho seguro.

Párrafo 3°.- Afiliación

Artículo 4°.- La obligación de solicitar la afiliación de los trabajadores por cuenta ajena será de cargo de la respectiva entidad empleadora para la cual trabajen.

En caso de incumplimiento de los obligados, facúltase a los interesados para solicitar su propia afiliación.

Con todo, la afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para los demás efectos de seguridad social, se entenderá hecha, por el ministerio de la ley, para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaje se encuentre adherida a alguna Mutualidad.

Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse, además, las siguientes reglas:

El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente, responsable de las obligaciones que, en materia de afiliación y cotización, afecten a sus contratistas respecto de sus trabajadores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación con las obligaciones de sus subcontratistas.

Artículo 5°.- Los trabajadores independientes deberán solicitar ellos mismos su afiliación. Tratándose de independientes afectos a algún organismo intermedio, de naturaleza sindical, profesional o

administrativa, el organismo administrador podrá convenir con dicho organismo intermedio que la obligación sea de cargo de éste último.

El convenio respectivo se podrá establecer, también, que el organismo intermedio realice, por administración delegada, otras funciones relativas, especialmente a recaudo de cotizaciones y otorgamiento de prestaciones.

Los convenios deberán ser aprobados por decreto supremo.

Título II

Contingencias cubiertas

Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley se entiende por accidentes del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, incluso al dirigirse o retirarse de él y que le produzca incapacidad o muerte.

Exceptúanse los accidentes debido a fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador.

Artículo 7°.- Son enfermedades profesionales las causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento empezará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuecia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá

decidir con informe del Servicio Nacional de Salud.

Título III

Administración

Artículo 8°.- La administración del seguro estará a cargo del Servicio de Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, en conformidad a las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 9°.- El seguro será administrado por el Servicio de Seguro Social respecto de los afiliados cuyos empleadores no estén adheridos a alguna Mutualidad y por el Servicio Nacional de Salud en lo que respecta a prevención de riesgos, otorgamiento de prestaciones médicas, rehabilitación y reeducación de inválidos, otorgamiento de subsidios por incapacidad temporal y calificación de las incapacidades.

El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a través del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se crea con la presente ley y cuya organización administrativa interna será determinada por un Reglamento que deberá dictar el Presidente de la República.

Mediante Decreto Supremo, se determinará la proporción en que se distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, el producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro.

El Presidente de la República queda facultado para modificar la Planta del Servicio Nacional de Salud, cuando lo estime necesario para que esta Institución amplié sus servicios de prevención y rehabilitación.

Artículo 10.- Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, cuyos empleadores no estén adheridos a alguna Mutualidad, administrará este seguro el res

pectivo organismo previsional en que estén afiliados.

Estos organismos, en caso de carecer de adecuados servicios médicos propios, podrán contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas. No obstante, para el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con las Cajas que lo soliciten, sujeto ello al pago de las tarifas que fijará periódicamente.

El Presidente de la República queda facultado para modificar las plantas del personal de los organismos que, para otorgar tales prestaciones, opten por instalar sus propios Servicios Médicos o ampliar los existentes.

Artículo 11.- El seguro podrá ser administrado, también, por las Mutualidades de Empleadores, que no persignen fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas.

Artículo 12.- El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones:

Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos, en. faenas permanentes;

Que tengan servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación.

No obstante, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social, podrá autorizar, en casos calificados, que las Mutualidades contraten con terceros el otorgamiento de las prestaciones médicas;

Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;

Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro; y

Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas.

c) En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus miembros deberán constituir los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad de dicha Mutualidad, en él o los organismos administradores que deban nacerse cargo, en el futuro, del pago de tales pensiones.

En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el Estatuto Orgánico de las Mutualidades que deberá dictar el Presidente de la República en conformidad al artículo siguiente.

Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.

Artículo 13.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley, dicte el Estatuto Orgánico por el que se habrán de regir estas Mutualidades.

Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas Instituciones esté integrado, paritariamente, por representantes do los empleadores y de los trabajadores y la forma como se habrá de elejir al Presidente de la institución, el cual lo será, también, del Directorio.

Artículo 14.- Los Organismos administradores no podrán destinar a gastos de administración una suma superior al 10% de los ingresos que recauden para este seguro.

TITULO IV

Cotización y financiamiento

Artículo 15.- El seguro de Accidentes de! Trabajo y Enfermedidades Profesionales se financiará con los siguientes recursos:

a) Con una cotización básica, de cargo de la entidad empleadora, equivalente al 3,5% de todas las remuneraciones que paguen a sus trabajadores;

Con una cotización adicional, en razón del riesgo concreto de la respectiva Empresa o entidad, cuando corresponda aplicarla en conformidad a lo establecido en el artículo siguiente:

Con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique en conformidad a la presente ley; y

Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva.

Artículo 16.- La cotización adicional a que se refiere la letra b) del artículo anterior, la impondrá el organismo administrador, a aquellas empresas o entidades que acusen un índice de accidentes o enfermedades superior al normal de la actividad de que se trata, o cuyo costo por accidentes y enfermedades resulta superior al promedio de la actividad respectiva, o que, a su juicio, ofrezcan condiciones insuficientes de higiene y seguridad. Esta imposición adicional podrá ascender hasta un 100% de la cotización a que se refiere la letra a) del artículo anterior.

El organismo administrador podrá rebajar hasta en un 50% el monto de la cotización básica a aquellas empresas o entidades que implanten medidas especiales en materia de higiene y seguridad, o que disminuya los accidentes o enfermedades por bajo el índice normal de la actividad de que se trata, o que ocasionen una rebaja en el costo por accidentes o enfermedades a un nivel inferior al promedio de la respectiva actividad.

El Reglamento establecerá los requisitos y proporciones de los recargos y rebajas y la forma, condiciones y plazo en que se aplicarán o concederán.

Artículo 17.- Las cotizaciones se calcularán sobre la base de las mismas remuneraciones o rentas por las que cotiza el afiliado para el régimen de pensiones de su respectiva institución de previsión.

Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caja de Previsión, se considerarán parte integrante de su sistema impostivo, gozando por lo tanto, de los mis

mos privilegios y garantías que las leyes contemplen para dicho sistema o que acuerden en el futuro.

En ningún caso podrán efectuarse cotizaciones en función de sumas inferiores a las remuneraciones mínimas correspondientes a la actividad profesional del afiliado.

Respecto de los trabajadores sin remuneración, de los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo 2? de esta ley y de los trabajadores familiares, las cotizaciones se calcularán en función de las sumas que determine el Presidente de la República.

Artículo 18.- En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar de parte de los empleadores afectos a alguna Mutualidad, deberán observarse las siguientes reglas:

La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones adeudadas;

El infractor deberá pagar un interés penal de un 3% mensual sobre el monto de los adeudado;

En la misma liquidación se impondrá, también, una multa cuyo monto será equivalente al 50% de las imposiciones adeudadas, y en ningún caso, inferior a medio sueldo vital mensual, escala a) del departamento de Santiago.

Esta multa se recargará en un 50% si la infracción se produce con posterioridad a haberse verificado un accidente o enfermedad por algún trabajador.

La liquidación aprobada por el presidente de la respectiva Mutualidad tendrá mérito ejecutivo y su notificación y cobro se ajustará a las mismas normas que rigen para el sistema de cobranza judicial del Servicio de Seguro Social, gozando, también, del mismo privilegio.

Articulo 19.- El régimen financiero del seguro será el de reparto. Pero deberá formarse una reserva de eventualidades no inferior al 2% ni superior al 5% del ingreso anual.

Si los organismos administradores no logran formar la reserva mínima antedi

cha, o si, por la inversa, arrojan excedentes, el Presidente de la República podrá, a sus respectos, aumentarles o disminuirles la tasa básica de cotización prevista en la letra a) del artículo 15, en lo que sea necesario, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social. Los organismos administradores, respecto de los cuales se decrete una disminución de la cotización, deberán haber dado cumplimiento a las obligaciones que esta ley les impone en materia de prevención de riesgos, rehabilitación y reeducación de inválidos.

En todo caso, el 50% de los excedentes que se produzcan en los diversos fondos, al final de cada ejercicio, serán destinados al Servicio Nacional de Salud, para que los dedique a programas extraordinarios de prevención de riesgos profesionales y rehabilitación y reeducación de inválidos.

TITULO V

Prestaciones Párrafo 1º DefinicionesArtículo 20.- Para los efectos del cálculo de las pensiones, se entiende por sueldo base promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, percibidas por el afiliado en los últimos doce meses inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de enfermedad profesional.

Para determinar el sueldo base, las remuneraciones o rentas que se tomen en cuenta, se expresarán en relación con el sueldo vital escala a) del departamento de Santiago de la época que fueron percibidos.

En caso que el accidente o enfermedad ocurra antes que hubiere correspondido enterar la primera cotización, se tendrá

por sueldo base el indicado como sueldo o renta en el acto de la afiliación.

Artículo 21.- Para los efectos del cálculo de las prestaciones se entiende en esta ley por jefe de hogar, a la persona a cuyas expensas viven otras que le causen asignación familiar.

Artículo 22.- Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes categorías, según los efectos que produzcan:

1.- Que producen incapacidad temporal ;

2.- Que producen invalidez parcial;

3.- Que producen invalidez total;

4.- Que producen gran invalidez;

5.- Que producen la muerte.

Artículo 23.- Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deberán otorgar, tanto en caso de accidente del trabajo, como de enfermedad profesional.

Párrafo 2º

Prestaciones médicas

Artículo 24.- La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrán derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán hasta su curación completa:

Atención médica; quirúrgica y dental, en establecimientos externos o a domicilio ;

Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;

Medicamentos y productos farmacéuticos ;

Prótesis y aparatos ortopédicos; y

Rehabilitación física y reeducación profesional.

Párrafo 3º

Prestaciones por incapacidad temporal

Artículo 25.- La incapacidad temporal da derecho al accidentado o enfermo a un

subsidio diario equivalente al 75% del promedio de las remuneraciones que haya percibido en los últimos seis meses calendario.

Si la incapacidad se prolongare por más de 15 días, y además la víctima fuere un jefe de hogar, tendrá derecho al pago de un 90% de dicho promedio, a partir del decimosexto día.

Si el afiliado fuere hospitalizado, el subsidio se pagará disminuido en un 15% o en un 50%, según si es o no jefe de hogar.

Artículo 26.- El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día en que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado, con una duración hasta de 52 semanas que podrá ser ampliada por igual período.

Al término del período durante el cual se otorgó subsidio, el afiliado será sometido a examen y se declarará si presenta y en qué grado, un estado de invalidez.

En todo caso, si al cabo de las 104 semanas no se hubiere logrado la curación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de invalidez.

Artículo 27.- El subsidio se pagará incluso por los días feriados y no estará afecto a descuentos por concepto de cotizaciones de previsión social.

El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su otorgamiento, se considerará como activo en la respectiva institución de previsión social para todos los efectos legales.

Artículo 28.- Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el tratamiento o dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del subsidio.

Párrafo 4º

Prestaciones por invalidez

Artículo 29.- Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido una dismi

nución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% o inferior a un 70%.

Artículo 30.- Si la disminución es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%, la víctima tendrá derecho a una indemnización global cuyo monto no excederá de 15 veces el sueldo base y que se determinarán en función de la relación entre dicho monto máximo y el valor asignado a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas en el Reglamento.

Artículo 31.- Si la indemnización global excede de medio sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, se pagará en mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá al del subsidio que se determina en conformidad al inciso 1º del artículo 25 de esta ley.

Sin embargo, el organismo administrador podrá autorizar el pago total de la prestación, de una sola vez, cuando se acredite que se la invertirá en uno cualquiera de los siguientes objetivos:

Compra de un inmueble;

Adquisición de cuotas de ahorro para la vivienda en la Corporación de la Vivienda o en alguna Asociación de Ahorros y Préstamo, de acuerdo a la reglamentación de la respectiva institución administradora;

Pago de deudas hipotecarias derivadas de la adquisición de una propiedad;

Instalación de un taller o industria que el inválido esté técnicamente capacitado para atender; y

En general, cualquier objetivo que, a juicio de la institución administradora, sea justificado.

Artículo 32.- El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una mutilación importante o una deformación notoria, será considerado inválido parcial en conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes. En tal caso, tendrá derecho a la indemnización establecida en el ar

tículo 30, que será fijada, por el organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o deformación. La mutilacuín importante o deformación notoria, si es en la cara, cabeza u órganos genitales, dará derecho al máximo de la indemnización establecida en dicho artículo.

Articulo 33.- Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual o superior a un 40% e inferior a un 70%, el accidentado e infermo tendrá derecho a una pensión mensual, cuyo monto será equivalente al 30% del sueldo base.

Artículo 34.- Se considerará inválido total a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 70%.

El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente al 80% de su sueldo base.

Artículo 35.- Se considerará gran inválido a quien requiere del auxilio de segundas personas para realizar los actos elementales de su vida.

En caso de gran invalidez, la víctima tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente al 100% de su sueldo base.

Artículo 36.- Las pensiones señaladas en este párrafo se aumentarán en un 10%, si la víctima es un jefe de hogar, y en un 5% más, por cada una de las cargas por las cuales perciba asignación familiar.

En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del 50%, 100% ó 140% del sueldo base, según sean por invalidez parcial, total o gran invalidez, respectivamente.

La cuantía de la pensión será disminuida o aumentada cada vez que se extinga o nazca el derecho a los suplementos a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo 37.- Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin causa justificada, a someterse

a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados.

Párrafo 5º

Prestaciones por supervivencia

Artículo 38.- Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del afiliado, o si fallece el inválido pensionado, la cónyuge y sus hijos legítimos, naturales o adoptivos, tendrán derecho a pensiones de supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.

Artículo 39.- La cónyuge superviviente mayor de 45 años de edad, o inválida de cualquiera edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente, o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte.

igual pensión corresponderá a la viuda menor de esa edad, por el período de un año, el cual se prorrogará por todo el tiempo durante el cual mantenga a su cuidado hijos legítimos menores de 16 años de edad. Si al término de la prolongación hubiere cumplido los 45 años de edad, la pensión se transformará en vitalicia.

Cesará su derecho si contrajera nuevas nupcias o si entrare en concubinato.

Sin embargo, la viuda que contrajere matrimonio tendrá derecho a que se le "pague, de una sola vez, el equivalente a dos años de su pensión.

Artículo 40.- La madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, que hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su muerte, tendrá, también, derecho a los beneficios a que se refiere el artículo precedente, sin perjuicio de los derechos de la cónyuge superviviente.

Para tener derecho a este beneficio el causante debió haber reconocido a sus hijos en la inscripción de nacimiento o con tres años de anterioridad, a lo menos, a la fecha de su fallecimiento.

Regirá, respecto de estas beneficiarías, lo dispuesto en los incisos 3º y 4º del artículo anterior.

Artículo 41.- El viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la viuda inválida.

Artículo 42.- Cada uno de los hijos del causante, menores de 16 años o mayores de esa edad, pero menores de 23 años, que siguen estudios secundarios, técnicos o superiores, o inválidos de cualquier edad, tendrán derecho a percibir una pensión equivalente al 20% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte.

Artículo 43.- Si los hijos del afiliado fallecido carecieren, también, de madre o padre, según el caso, tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aumentada en un 50%.

En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a las personas o instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el Reglamento.

Articulo 44.- En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder, en su conjunto, del 100% de la pensión total que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión total que percibía en el momento de la muerte.

Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el inciso anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán, también, proporcionalmente, dentro de los límites respectivos, a medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho a pensión o fallezca.

Párrafo 6º

Cuota mortuaria

Artículo 45.- El miembro de la familia o institución que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de la víctima, recibirá, como cuota mortuoria, a fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a dos sueldos vitales, escala a) del departamento de Santiago.

Si el que realizó los funerales es la cónyuge, recibirá, además, durante los 4 primeros meses siguientes a la fecha del fallecimiento, una suma equivalente a la pensión que le habría correspondido a la víctima por esos meses, sin perjuicio de la pensión de supervivencia que le correspondiere.

En caso que no hubiere habido cónyuge, la suma anterior corresponderá a los descendientes, con derecho a pensión de supervivencia, si los hubiere, y sin perjuicio de percibir también estas últimas.

Estas prestaciones no estarán afectas a ningún impuesto o imposición.

Párrafo 7º

Normas generales

Artículo 46.- Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que establece la presente ley, son incompatibles con las que contemplan los diversos regímenes previsionales. No obstante los beneficiarios tendrán derecho a optar entre aquéllas y éstas en el momento en que se les haga el llamamiento legal.

Exceptúanse de la regla del inciso anterior las pensiones por invalidez parcial, las que podrán ser compatibles con las que cubren la contingencia de la vejez. Esta compatibilidad se extenderá a las pensiones de supervivencia que deban sucederles.

Artículo 47.- El pensionado por riesgo profesional que cumpla la edad para te

ner derecho a pensión de vejez, dentro del correspondiente régimen de previsión social, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales pertinentes, siempre que renuncie a la pensión de que disfrutaba. En ningún caso, la nueva pensión será inferior al 80% del sueldo base definido en el artículo 20 y su pago se hará con cargo a los recursos que la respectiva institución de previsión social debe destinar al pago de pensiones de vejez.

Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá respecto de los que opten por lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior.

Artículo 48.- Los pensionados por riesgos profesionales deberán efectuar en el organismo previsional en que se encuentren afiliados las mismas cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también, de los mismos beneficios por lo que respecta a atención médica, asignaciones familiares y demás beneficios.

Artículo 49.- Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales las disposiciones legales y resoluciones que sobre reajuste, revalorización y montos mínimos rijan en el régimen de pensiones de vejez a que pertenecía la víctima.

Artículo 50.- El retardo de la entidad empleadora, en el pago de las cotizaciones, no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del derecho a las prestaciones establecidas en esta ley.

Los organismos administradores otorgarán al accidentado o enfermos las prestaciones que le correspondan, debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y multas, en la forma que señala la presente ley.

Artículo 51.- El Reglamento del Presidente de la República determinará la forma y proporciones en que habrán de concurrir al pago de las pensiones causadas por enfermedades profesionales, los distintos organismos administradores en que

estuvo afiliado el enfermo, mientras se encontró expuesto al agente causante de la enfermedad.

Artículo 52.- Los accidentes del trayecto causarán derecho a subsidio sólo a partir del 4º día de incapacidad temporal y no causarán derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 30 cuando el accidentado haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia inferior al 40%.

Los riegos profesionales que verifiquen los trabajadores independientes y familiares causarán derecho a subsidio con el período de carencia que indicará el Presidente de la República al declarar su incorporación obligatoria al sistema y no causarán derecho a la indemnización global a que se refiere el artículo 30 cuando el accidentado o enfermo haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia inferior al 40%.

TITULO VI

Evaluación, reevaluación y revisión deincapacidades

Artículo 53.- Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo se harán en función de su incapacidad para procurarse por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capacidad y formación una remuneración equivalente al salario o renta que gana una persona sana, en condiciones análogas y en la misma localidad.

Artículo 54.- Para los efectos de determinar las incapacidad permanentes, el Reglamento del Presidente de la República las clasificará y graduará, asignando a cada cual un porcentaje de incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.

El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por el médico especialista del respectivo organismo administrador, dentro de la escala preestablecida por el Reglamento. El facultativo,

al determinar el porcentaje exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores de edad, el sexo y la profesión habitual del afiliado.

En los casos en que se verifique una incapacidad no graduada ni clasificada previamente, corresponderá hacer la valoración concreta al médico especialista de la respectiva institución administradora, sujetándose para ello, al concepto dado en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores mencionados en el inciso precedente.

Artículo 55.- Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o enfermedad, también de origen profesional, procederá hacer una reevaluación de la incapacidad, en función del nuevo estado que presente.

Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra afiliado a un organismo administrador distinto del que estaba cuando se produjo la primera incapacidad, será el último organismo el que deberá pagar, en su totalidad, prestación correspondiente al nuevo estado que finalmente presente el inválido. Pero si el anterior organismo estaba pagando una pensión, deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

Artículo 56.- Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional.

Las prestaciones que correspondan pagar, en virtud de esta reevaluación, serán, en su integridad, de cargo del Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con cargo al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una pensión periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.

Artículo 57.- Las declaraciones de incapacidad serán revisables en todo tiempo

por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones o se aumentará o disminuirá su monto.

Artículo 58.- Durante los primeros ocho años contados desde la fecha de concesión de la pensión, el inválido deberá someterse a examen cada dos años. Pasado aquel plazo, el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los casos y con la frecuencia que determine el Reglamento.

La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado.

El Reglamento determinará los casos en que podrá prescindirse del examen a que se refiere el inciso primero de este artículo y la frecuencia y circunstancias en que el pensionado podrá ejercer el derecho previsto en el inciso segundo de este artículo.

Al practicarse la nueva evaluación se habrá de tener, también, en cuenta las nuevas posibilidades que haya tenido el inválido para actualizar su capacidad residual de trabajo.

TITULO VII

Prevención de riesgos profesionales

Artículo 59.- Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se realicen.

Las instrucciones, reglamentaciones y prescripciones que dicte tendrán valor normativo para todas las instituciones que, por administrar el presente seguro, les corresponda, también, fiscalizar y supervigilar la prevención, higiene y seguridad en el trabajo.

Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las instalaciones médicas de los demás organis

mos administradores, de la forma y condiciones como tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las actividades de prevención que realicen.

Artículo 60.- En toda empresa en que trabajen más de 25 personas, deberá funcionar un Comité Paritario de Seguridad, que tendrá las siguientes facultades:

1º) Asesorar a los trabajadores en el correcto ejercicio de los derechos que les concede la presente ley; 2º) Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad de la empresa; 3º) Investigar las causas de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa, haciendo las denuncias que procedan a ios organismos administradores; y 4º) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador.

El Reglamento del Presidente de la República deberá señalar la forma como habrán de constituirse y funcionar estos Comités.

Artículo 61.- Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los Reglamentos deberán consultar la aplicación de multo.; a. los trabajadores que no utilicen los elementos de higiene y seguridad que se les haya proporcionado. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo 1º, del Título III del Libro I del Código del Trabajo.

Artículo 62.- Las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el Trabajo que les prescriban los organismos administradores.

Si así no lo hicieren, el organismo administrador les recargará la cotización en la forma en que se indica en el artículo 16 de esta ley y podrá aplicarles una multa cuyo monto será de uno a cincuenta sueldos vitales mensuales escala a) del De

partamento de Santiago, todo lo cual se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren incurrir en conformidad al artículo siguiente.

Articulo 63,- Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:

El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar;

La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño, podrán reclamarle, también, las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.

Artículo 64.- Si el accidente o enfermedad se verifica debido a imprudencia y negligencia inexcusable del trabajador, deberán observarse las siguientes reglas:

En caso de incapacidad temporal el trabajador tendrá derecho a subsidio solo a partir del 4º día de incapacidad;

Por los días siguientes, hasta el decimoquinto, sólo percibirá el 80% del subsidio previsto en el inciso 1° del artículo 25 de esta ley.

Si verifica una incapacidad permanente cuyo grado sea inferior al 40% no tendrá derecho a la indemnización global a que se refiere el artículo 30.

Artículo 65.- Los enfermos afectados de neumoconiosis deberán ser trasladados, por la empresa donde presten sus servicios o otras faenas donde no están expuestos al agente causante de la enfermedad.

Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan estar expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control radiográfico anual de tales trabajadores.

TITULO VIII

Disposiciones Finales

Párrafo 1°.- Administración delegada en Empresa

Artículo 66.- Las empresas que demuestren estar en mejores condiciones que los organismos administradores para tomar a su cargo el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, con excepción de las pensiones, tendrán derecho a convenir con tales organismos el otorgamiento de dichas prestaciones, con la excepción anotada, sobre la base de la entrega por parte de los organismos administradores de un determinado porcentaje de las cotizaciones, que será fijado convencionalmente.

Tales empresas deberán ocupar habitualmente tres mil o más trabajadores y deben tener un capital y reservas superior a 10.000 sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago y cumplir, además, los siguientes requisitos:

Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación;

Realizar actividades permanentes de prevención de accidentes y enfermedades;

Constituir garantía suficiente del fiel cumplimiento de las obligaciones que asumen. El monto de esta garantía y la manera de mantenerla suficientemente serán determinados por el Reglamento del Presidente de la Repúbica.

Contar con el Comité Paritario de Seguridad a que se refiere el artículo 60.

Artículo 67.- Los servicios de estas empresas serán supervigilados por los organismos administradores y estarán obligados a someterse a las normas técnicas que se les imparta.

Los convenios no surtirán efectos sin la autorización de la Superintendencia de

Seguridad Social, con informe del Servicio Nacional de Salud.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la fiscalización de la aplicación de estos convenios.

Párrafo 2°.- Procedimiento y recursos

Artículo 68.- La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que puede ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador.

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. Copia de esta denuncia deberá ser enviada por el organismo administrador a dicho Servicio Nacional de Salud.

Artículo 69.- Cuando se produzca un accidente del trabajo o se diagnostique una enfermedad profesional, que incapacite por más de 60 días al afiliado o le produzca la muerte, el organismo administrador tendrá la obligación de denunciar el hecho a la Justicia del Crimen, enviando para ello entecedentes completos.

Artículo 70.- Los afiliados o sus derechohabientes podrán reclamar dentro del plazo de 45 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los organismos administradores recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 45 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación, por carta certificada, de la resolución de la cual se reclama.

Artículo 71.- La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por:

Un médico representante del Servicio Nacional de Salud que la presidirá.

Un médico traumatólogo, en representación de los otros organismos Administradores ;

Un abogado, nombrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el Reglamento.

El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que, en todo caso, estará sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social.

Párrafo III.- Prescripción y Sanciones

Artículo 72.- Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contados desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico médico de la enfermedad. En el caso de las neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contados desde que fue diagnosticada.

Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años.

Para las instituciones de previsión el plazo de prescripción para el cobro de cotizaciones de este seguro será el mismo que rija para el cobro de las demás cotizaciones; y para las Mutualidades este

plazo será de diez años contados desde la fecha en que debieron enterarse.

Artículo 73.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de esta ley, salvo que tengan señalada una sanción especial, serán penadas con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales escala a) del Departamento de Santiago, a beneficio del respectivo organismo administrador que la impuso.

La reincidencia será sancionada con el doble de la multa primeramente impuesta.

Párrafo IV.- Disposiciones varias

Artículo 74.- Fusiónase la actual Caja de Accidentes del Trabajo con el Servicio de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual se transferirá el activo y pasivo de esa Caja.

El Fondo de Garantía que actualmente administra la Caja, se transferirá, también, al Servicio de Seguro Social e ingresará al respectivo Fondo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Accidentes del Trabajo tiene destinados a los Servicios hospitalarios o médicos en general, serán transferidos por el Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional de Salud.

Artículo 75.- El personal que trabaja en la Caja de Accidentes del Trabajo en funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y técnica de salud, pasará a incorporarse al Servicio Nacional de Salud. El resto del personal se incorporará a la Planta de Servicio de Seguro Social. No se podrá disminuir remuneraciones ni suprimir personal ni modificar los grados y categorías con que figuran en sus actuales plantas o alterarse el régimen previsional que actualmente tienen.

El personal que trabaja en las Secciones de Accidentes del Trabajo y Administrativas de Accidentes del Trabajo de las Compañías de Seguros, será absorbí

do por el Servicio Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo con las funciones que desempeñen, a medida que las Compañías de Seguros Empleadoras les vayan desahuciando por terminación de los departamentos o secciones en que prestan servicios. Estos personales continuarán recibiendo las mismas remuneraciones de que hoy gozan y serán incorporados a las plantas permanentes de ambos servicios.

Facúltase al Presidente de la República para modificar las plantas del Servicio Nacional de Salud o del Servicio de Seguro Social con el objeto de incorporar a ellas los personales a que se refiere este artículo.

Artículo 76.- Traspásese las funciones y atribuciones de la Sección Seguridad Minera del Servicio de Minas del Estado al Servicio Nacional de Salud. El personal de esta Sección conservará la propiedad de sus cargos, grados y remuneraciones dentro de la planta del Servicio Nacional de Salud.

Artículo 77.- Reemplázase el artículo transitorio Nº 3 de la Ley Nº 8.198, por el siguiente:

Los aparatos y equipos de protección destinados a prevenir los accidentes de! trabajo y enfermedades profesionales y los instrumentos científicos destinados a la investigación y medición de los riesgos profesionales que el Servicio Nacional de Salud indique, serán incluidos en las listas de importación permitida del Banco Central y serán liberados de derechos de internación y de los otros impuestos a las importaciones.

Artículo 78.- Derógase el Título II del libro II del Código del Trabajo y toda otra norma que se oponga a las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 79.- La presente ley entrará en vigor dentro del plazo de 120 días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 80.- Los derechos concedidos

por la presente ley son personalísimos e irrenunciables.

Artículo 81.- En esta ley se ha entendido "entidad empleadora" a toda empresa, institución, servicio, o persona que proporcione trabajo; y por "Trabajador" a toda persona, empleado u obrero que trabaje para alguna empresa, institución, servicio o persona.

Artículos transitorios

Artículo 1°.- Dentro del plazo de 15 días contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las Compañías de Seguros entregarán a la Superintendencia de Seguridad Social una nómina de! personal de sus secciones de Accidentes del Trabajo y de los Empleados de Departamentos o Secciones administrativas que realicen funciones relacionadas con Accidentes del Trabajo.

Deberán entregar, también, al mismo organismo, con 30 días de anticipación a lo menos, la lista de los personales que vayan a desahuciar con motivo de la aplicación de la presente ley.

Estos personales serán absorbidos por el Servicio de Seguro Social o el Servicio Nacional de Salud en la forma que señala el inciso 2º del artículo 64.

Artículo 2°-Las garantías constituidas en conformidad al artículo 22 de la ley 4055, continuarán vigentes y se entenderán hechas para todos los efectos legales, ante el Servicio de Seguro Social.

No obstante, los patrones podrán rescatar la obligación correspondiente pagando a dicho Servicio el capital representativo de las respectivas pensiones.

Artículo 3°-Las compañías que contraden seguros de accidentes del trabajo deberán atender, hasta su término, los contratos vigentes y continuar sirviendo las pensiones, pero no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas contingencias, ni renovar los vigentes.

No obstante, las compañías que sean dueñas de adecuadas instalaciones médi

cas podrán seguir contratando seguros por un plazo de 3 años contados desde la vigencia de esta ley. Pasado este plazo se les aplicará la norma del inciso anterior. La determinación de la calidad de las instalaciones médicas corresponderá al Servicio Nacional de Salud.

Artículo 4°.- Los empleadores que estén asegurados o se aseguren en compañías privadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, estarán exentos de la obligación de hacer las cotizaciones establecidas en esta ley hasta el término de los contratos respectivos.

Artículo 5°-Las actuales empresas con régimen establecido de autoseguro podrán acogerse al sistema previsto en el artículo 66 aun cuando no cumplan las condiciones señaladas en el inciso 2º de ese artículo. Asimismo las empresas acogidas o que se acojan en el futuro al sistema previsto en el artículo 76 de la ley 10.383 podrán acogerse, también, al régimen del artículo 66 de la presente ley, aún cuando tampoco cumplan con los requisitos señalados en el mencionado inciso.

Artículo 6°.- El Presidente de la República queda facultado para, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la presente ley, decretar la rebaja de la tasa básica de cotización a que se refiere el inciso 2º del artículo 19, respecto de aquellos organismos que, presumiblemente, no requerirán la totalidad de la tasa básica para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- William Thayer Arteaga".

2.-MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del H. Senado y de la TI. Cámara de Diputados:

Como una parte de la reforma global de la Seguridad Social que propiciará el Gobierno, se ha estimado necesario someter a vuestra consideración el proyecto de ley sobre prestaciones familiares, que pre

vé, además, una nivelación de las asignaciones familiares.

Por primera vez se estructura un proyecto sobre la base de un concepto más

amplio de las necesidades del núcleo familiar. Así, se habla de prestaciones familiares, significando con ello que se trasciende el esquema típico de protección de la familia por la sola vía de la asignación, para extender la cobertura a otras contingencias propias del grupo familiar y conducentes a su desarrollo. De ahí, el servicio social familiar, educación familiar y eventualmente prestaciones en especie.

Por otra parte, como se verá más adelante, a la asignación familiar se le confiere una orientación tendiente a producir ciertos efectos transformadores de la realidad nacional, superándose el criterio, hasta la fecha seguido, de otorgar una mera prestación monetaria,

Los aspectos más relevantes de la iniciativa son los siguientes:

Sistema nacional de prestaciones familiares

Nuestra inorgánica legislación sobre asignación familiar ha configurado un cuadro asistemático, donde coexisten una diversidad de regímenes que no obedecen a un criterio central sobre la materia y que han generado particularismos fuertemente discriminatorios e injustos. En el futuro, y según lo previene el proyecto, recogiendo el concepto de uniformidad que informa a la Seguridad Social, existirán unas mismas reglas y sustancialmente unos mismos beneficios para la totalidad de los protegidos por la ley. Cabe destacar a este respecto, que se mantienen los diversos organismos hoy existentes para la administración de las prestaciones familiares, y ello es así porque se ha estimado que la uniformidad de un sistema nacional radica, principalmente, en la existencia de una normatividad común y no en un organismo único que administre. O

sea, se logra la unidad al través de las normas, pero se afirma en la pluralidad de organismos administradores.

Universalidad del ámbito

Característica del proyecto, es el propósito de extensión del ámbito de aplicación a los trabajadores independientes o autónomos,

Sin embargo, la ineludible jerarquización de prioridades que impone la escasa disponibilidad de recursos económicos, han hecho aconsejable una incorporación gradual de los diversos grupos de trabajadores independientes al sistema, y en tal sentido el proyecto confiere al Presidente de la República, las facultades necesarias para alcanzar esa incorporación gradual.

Administración

Como se ha dicho, se mantienen los actuales organismos que gestionan el otorgamiento de este beneficio, cabe decir, instituciones de previsión, Servicio de Seguro Social y cajas de Compensación. Respecto de estas últimas, se consultan reglas que permiten afianzar y perfeccionar su régimen institucional, lo que constituirá un reordenamiento de las mismas, situándolas claramente, en un papel ejecutivo de bien común. En tal sentido, se ratifican disposiciones como las relativas a la administración de los propios interesados, trabajadores y empresarios, convencidos de que el acceso del pueblo al poder se verifica en plenitud cuando éste asume la responsabilidad de administración en los organismos destinados a su protección. Creemos que no es misión del Estado el asumir directamente la administración de los diversos organismos de prestaciones familiares, salvo en la medida en que el pueblo organizado no pueda asumir tal administración.

El Estado, eso sí, por razones obvias que no admiten discusión, se reserva el de

recho de orientar, dirigir y fiscalizar la correcta marca del sistema.

Señalaremos que tales cajas constituyen un elemento humanizador de las relaciones entre la persona y el Estado.

En efecto, las grandes instituciones con cientos de miles de afiliados en los cuales éstos no son personas con nombres y apellidos, sino tan sólo fichas perforadas, constituyen la negación de la humanización que se pretende lograr. Contra esta deshumanización se ha venido hablando con vehemencia, por cuanto ella atenta, en último término, contra la dignidad misma de la persona humana.

Por lo demás, la experiencia nacional como extranjera ha demostrado que las Cajas de Compensación constituyen típicos organismos intermedios entre la persona y el Estado, donde concurren los sectores económicos en un encuentro ágil y recíprocamente beneficioso.

Suele sostenerse que la existencia de un excesivo número de tales organismos es antieconómica, pero los antecedentes que obran en nuestro poder, tomados especialmente de estudios efectuados sobre administración de la seguridad social europea, nos permiten afirmar lo contrario, ya que dichos estudios demuestran, precisamente, que los organismos con un excesivo número de afiliados son antieconómicos, por la burocratización excesiva en que deben incurrir; y que el ideal consiste en que cada estructura tenga un número mediano de afiliados, ni muy bajo -pues sería también antieconómico-, ni muy alto, pues padecería del mismo defecto.

Con cautela, pero con decisión, ha de buscarse para cada organismo social su dimensión óptima, sin prejuicios estatistas ni egoísmos de grupos, asegurando siempre la integración de cada institución administradora en el sistema general, de acuerdo al principio de la solidaridad.

Por último, cabe puntualizar que con la normalización del sistema de entrega de

excedentes y aportes de recompensación y las facultades conferidas al Presidente de la República para que, por propia iniciativa, cree Cajas de Compensación e incorpore a determinados grupos laborales, obligatoriamente, a su esfera de acción, dejan éstas de ser pasibles de la crítica que corrientemente se les formula, en el sentido de constituir entidades formadas sólo por grupos de altos ingresos económicos.

Debe agregarse, además, que el proyecto contempla la creación de Cajas de Compensación referidas a realidades de tipo territorial, profesional o de actividad. Esta característica tiende a la descentralización administrativa y operativa del sistema y posibilita que emerjan estos organismos en regiones donde, por variadas razones, principalmente de orden económico, existen núcleos de población cuyo acceso a una protección rápida y eficientes es difícil por la excesiva centralización del sistema vigente.

A tales Cajas se afiliarán obligatoriamente todos los obreros y empleados comprendidos en su campo de aplicación, con lo que se dará un nuevo paso en orden a eliminar las diferencias entre empleados y obreros.

Promoción familiar

Hay un aspecto, sobre el cual el Gobierno estima necesaria una especial acentuación, y es el que dice relación con la promoción familiar.

En efecto, Chile destina a asignaciones familiares un porcentaje de la renta nacional que, en términos absolutos, es el más elevado del mundo.

Baste considerar que las cotizaciones aquí son del orden del 23,5%, entre los empleados, y del 24%, entre los obreros; en circunstancias que un país tan generoso en materia de asignaciones familiares, como es Francia, destina al efecto una cotización equivalente al 16,75% de los

sueldos y salarios; y en Bélgica dicho porcentaje es de sólo un 10%.

Este esfuerzo representa un proceso de redistribución de rentas, aún insuficiente, debido especialmente a su regresivo financiamiento, pero en todo caso considerable. Ahora bien, este esfuerzo que realiza la comunidad se trunca, se frustra, como ocurre hoy día, si no va aparejado de una política familiar adecuada y eficiente, tendiente a la educación y promoción de la familia. No sólo es dinero lo que necesitan las familias de Chile, sino, también, servicios en general, educación y promoción.

Vale aquí, transcribir las autorizadas palabras de Pierre Larroque, quien fuera Director General de la Seguridad Social Francesa: "La ayuda que se presta a las familias tiene riesgos. Cuanto más generosa es, más tiende a hacer que los padres se desentiendan de sus obligaciones familiares, al menos de orden material. El debilitamiento del sentido de tales responsabilidades conduce inevitablemente al debilitamiento de la familia misma, es decir, a un resultado opuesto al buscado") (Aide aux familles et responsabilités familiales"). Continúa expresando el autor citado que, conjuntamente con el otorgamiento de las asignaciones familiares, deben adoptarse diversas otras medidas y políticas de orden familiar, relativas especialmente a la educación familiar, servicio social y forma de otorgamiento de las prestaciones para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Esto se ha escrito en Francia en donde la organización de la familia es sensiblemente mejor que la que ofrece nuestro país. De ahí, pues, la necesidad imperiosa de que, junto con la política de asignaciones familiares se lleven a efecto otras políticas que eviten también aquí, aquellos defectos que, por razones obvias, en Chile serían sensiblemente más graves que en aquel país europeo. Esas medidas y políticas deberán lograr, en primer lugar, que se demuestre a las familias que las asignaciones no es

tán destinadas a reemplazar el salario o a completarlo, sino que se trata de una ayuda que la sociedad otorga a los hijos y que si el beneficiario es la familia misma, ello lo es para que su producido sea empleado para el bienestar de los hijos. En segundo lugar, y como consecuencia da todo lo anteriormente expuesto, que junto con el dinero -representado por el monto de las asignaciones familiares- se otorguen otros beneficios, prestaciones familiares, en genaral educación, promoción y servicio, todo lo cual canalizará una eficiente política y fortalecerá el núcleo familiar. Encontramos aquí una razón más, en abono de lo expuesto anteriormente respecto administración, ya que una acción como la descrita requiere de entidades administradoras dotadas de agilidad operativa y próximas a la comunidad. Dichas condiciones las reúnen, especialmente, las Cajas de Compensación y de ahí el interés del Gobierno en propender a su fortalecimiento.

Monto de las asignaciones familiares

Tal como en forma reiterada se manifestó durante al curso de la campaña electoral y también con posterioridad, el proyecto conduce a la nivelación de las asignaciones familiares, objetivo éste que se ofreció a la Nación y que, mediante este proyecto, se cumple.

Se establece sí, que las asignaciones tendrán montos distintos, según sea la calidad de los causantes; pero tal diferenciación será igual y la misma en todos los regímenes.

Así, la asignación más alta será la causada por los hijos estudiantes. Pero ella tendrá el mismo monto en cualquier régimen: el hijo de un obrero, que curse estudios, causará la misma asignación que el hijo de un empleado, en análoga condición.

La modalidad señalada, hasta ahora desconocida en nuestro país, tiene un fundamento perfectamente lógico, que obedece a las siguientes causas:

a) En primer lugar, el hijo estudiante,

causa a sus padres un gasto superior. El

enviarlo al colegio, el tenerlo que vestir pa

ra tal efecto, representa para los padres un

esfuerzo superior que el mantener a un

párvulo.

Desde otro punto de vista, las exigencias de alimentación y vestuario de un mayor de siete años son, por razones obvias, superiores que las de un niño de 2 a 3 años.

b) En segundo lugar, cuando se estructura un sistema de asignaciones familiares

se debe tener muy en cuenta que el otorgamiento de tales beneficios tiene dos tipos

de objetivos: primarios y secundarios.

Primariamente, el objeto del otorgamiento de las asignaciones familiares, es el de auxiliar económicamente a las familias, en razón de las cargas de familia que pesan sobre los jefes de hogar.

Secundariamente, existen, también otros objetivos y son aquellos que los legisladores tienen presente para estructurar de una manera u otra el sistema.

Estos objetivos pueden ser: natalislas y demográficos, de redistribución de la renta nacional; de incentivo al estudio y aprendizaje, etc.

La variedad de soluciones que ofrece la legislación comparada, acerca de cómo estructurar el sistema de asignaciones familiares, tiene su razón, de ser, justamente, en los diversos objetivos secundarios que se han propuesto lograr las distintas sociedades políticas.

En nuestro país no existe interés en coadyuvar a la explosión demográfica que actualmente se observa y es por esa razón que no se ha establecido una asignación familiar de monto progresivo como en otros países.

Pero hay un objetivo que el Supremo Gobierno estima fundamental en su empeño por lograr una profunda transformación estructural de nuestra realidad económico social. Lo constituye el proceso educativo, en el cual se han dado ya pasos importantes, tales como el plan de construc

ciones escolares, la campaña de alfabetización y recientemente la reforma educacional.

Este proyecto aspira a integrarse a las iniciativas educacionales reseñadas, las cuales constituyen 'realizaciones que este Gobierno puede exhibir con orgullo.

Las razones anotadas, han determinado el establecimiento de una asignación familiar por escolaridad que significará una ayuda sensiblemente superior para los padres que tengan a sus hijos cursando estudios regulares, sean ellos primarios, secundarios, técnicos o superiores. Al jefe de hogar que se esfuerza, educando a sus hijos, la sociedad le debe ayudar más. De esta manera se posibilitará, también, que los hijos de los obreros, que en la actualidad no tienen acceso a los estratos altos de la educación tengan un aliciente y una ayuda efectiva para lograr tal objetivo.

En Canadá y en Bélgica se han estructurado sistemas de asignaciones familiares con prestaciones de monto diferenciad!!, para los mayores y menores de 7 años, fundada tal diferenciación, justamente, en las razones antedichas derivadas del mayor estado de necesidad que presenta el Jefe de hogar que tiene hijos escolares, en comparación con quien no los tiene en tal calidad. Y cabe agregar, también, en esta dirección, al propio sistema francés, que en vías de lograr la plena escolaridad, permite suspender el pago de toda asignación familiar cuando el presunto causante, en edad escolar, no cursa regularmente sus estudios.

El Gobierno estima que esta estructuración es el complemento indispensable para llevar a feliz término el Plan Educacional que se ha trazado.

Nivelación y recompensación

El proyecto sometido a vuestra consideración, instituye un Fondo Nacional de Prestaciones Familiares. Recibe aquí aplicación el principio de solidaridad que in

forma toda la Seguridad Social. En materia de Asignación Familiar, el sistema vigente ofrece una marcada tendencia a la hermetización de los diversos regímenes, lo que ha provocado una selectividad de los grupos económicamente fuertes, los cuales gozan, por ende, de asignaciones más elevadas en desmedro de los más débiles. No requieren mayores comentarios los claros ejemplos que ilustran esta aseveración. Basta comparar el monto de la Asignación Familiar Obrera pagada por el Servicio de Seguro Social y la de algunos grupos de empleados.

Aún más, en el campo obrero se detectan sustanciales diferencias entre las asignaciones pagadas por el Servicio de Seguro Social y las de algunos regímenes convencionales.

Estamos convencidos, que la solución que se propone es la más acorde con la justicia, pues, en definitiva, es la comunidad toda, la que de una manera fundamental contribuye, mediante el consumo de bienes y servicios, al financiamiento de la Asignación Familiar y, en general, de la Seguridad Social, y no resulta lógico, ni equitativo que los beneficios reviertan a ella en forma diferenciada y discríminataria.

Esta falta de solidaridad ha permitido afirmar, con justicia, que la clase obrera obtiene la peor parte en el reparto de los beneficios de la Seguridad Social, ya que ella se financia, según los estudios realizados, el 65% del costo de su propia seguridad social, mientras los empleados en general se financian, a si mismos, tan sólo el 55%, esto es, un porcentaje sensiblemente inferior, en circunstancias que, por lo menos, debiera ser el cuadro justamente a! revés.

Finalmente, debemos consignar que el proyecto termina con los llamados regímenes convencionales de asignación familiar, obligándolos a estruturarse como Cajas de Compensación en un plazo prudente.

Tales regímenes importan la existencia de estructuras ajenas a una moderna con

cepción de la Seguridad Social, y además conspiran no sólo contra el principio de solidaridad nacional, sino que. también, contra una sana política de protección de la familia; al generar riesgos para el personal casado con numerosa prole.

Por lo demás, no hacemos, sino restablecer el espíritu del DFL. 245 de 1953, el cual, reconociendo las negativas características de los regímenes convencionales, había ya previsto un plazo para su extinción.

Por las razones expuestas, someto a la considoación de ese Honorable Congreso Nacional, el siguiente Proyecto de ley para que sea tratado en el actual período de sesiones.

PROYECTO DE PREST ACIONES FAMILIARES

TITULO I

Del Sistema Nacional de Premiaciones FamiliaresArtículo 1°.- Créase un Sistema Nacional de Prestaciones Familiares al que estarán sometidas las personas afiliadas a los siguientes regímenes de asignación familiar:

Instituciones de previsión;

Cajas de Compensación; y

Regímenes de los sectores fiscal, semifiscal, autónomo, de municipalidades y cualquier otro del sector público en que la prestación sea de cargo del empleador.

Artículo 2°.- Las instituciones y regímenes mencionados en el artículo anterior administrarán el sistema respecto de los afiliados comprendidos en su campo de aplicación .

No obstante, la inversión de los fondos especiales -que mantengan para estos objetivos las instituciones señaladas en las letras "a" y "b" quedarán sujetas a las decisiones de la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares. Los excedentes que en ellos se produzcan, incrementarán el

Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, de acuerdo con las modalidades que se señalan en el artículo 7º.

Artículo 3°.- Todas las instituciones y regímenes pagadores de asignación familiar deberán atenerse al monto y normas generales que establezca la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 4°.- Prohíbese el pacto de regímenes convencionales de asignación familiar y convenir o establecer condiciones de trabajo que impliquen una modificación en el sistema de asignaciones familiares, sea en cuanto a beneficiarios, causantes, monto de la prestación, requisitos para obtenerla o a cualquiera otra de las materias señaladas en la presente ley.

TITULO II

Del Fondo Nacional de Prestaciones Familiares y su Administración

Artículo 5°.- Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, que tendrá por objeto establecer la compensación entre los recursos de los distintos regímenes mencionados en las letras a) y b) del artículo 1? de esta ley.

Artículo 6°.- El Fondo Nacional de Prestaciones Familiares será administrado por una Comisión dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social cuya constitución, composición y financiamiento se fijará por un Reglamento que dictará el Presidente de la República. En todo caso, en esa Comisión deberán estar representados; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda, los empleadores que coticen para el pago de la asignación familiar en algunos de los organismos de las letras "a" y "b" del Art. 1º de esta ley, los trabajadores que perciban asignación familiar pagada por alguno de esos mismos organismos y la Superintendencia de Seguridad Social en la forma que expresa el Art. 9º de la ley 12.211.

Artículo 7°.- El Fondo estará constitui

do por los excedentes que se produzcan en cada uno de los distintos fondos de asignación familiar.

Para este efecto, son excedentes la diferencia entre los ingresos totales de cada fondo y la suma de los gastos por beneficios realmente efectuados y de <http://jj.de> administración reglamentariamente autorizados.

La Comisión determinará, cada año, de acuerdo con los antecedentes que le proporcionen los organismos administradores, el excedente presupuestario que tales organismos deberán traspasar al Fondo Nacional. Estos traspasos se efectuarán en la forma y condiciones que determine dicha Comisión.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior la Comisión podrá disponer, periódicamente, la realización de balances presupuestarios para establecer las diferencias que se hayan producido y efectuar los traspasos y compensaciones que procedan. El ajuste correspondiente a cada ejercicio anual, se hará en relación al resultado del balance contable respectivo.

Los excedentes reales que se produzcan, en el Fondo Nacional, al final de cada ejercicio, pasarán a formar parte de sus ingresos del ejercicio siguiente.

Artículo 8°.- La Comisión Nacional de Prestaciones Familiares tendrá las siguientes funciones:

Dirigir el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, aprobar su presupuesto consolidado y ejercer todas las funciones normativas y administrativas necesarias para su buen orden y funcionamiento.

Determinar, en el mes de enero de cada año, el monto de las diferentes asignaciones familiares.

Mantener en el Fondo una reserva presupuestaria para eventualidades y fijar su monto, que no podrá ser inferior al 2% de los ingresos totales anuales de los regímenes de las letras a) y b) del artículo 1º de esta ley;

Determinar el monto de las sumas que corresponda destinar a los fondos particulares de asignación familiar deficita

a) rios y entregar a éstos, mensualmente, los aportes que procedan;

Proponer al Presidente de la República, las modificaciones o complementaciones a que se refiere el articulo 9º; y

Establecer normas administrativas generales para la concesión, el pago, el control y la administración del beneficio.

Artículo 9°.- El Presidente de la República, a proposición de la Comisión, podrá anualmente aumentar o disminuir hasta en un 20% las tasas de imposiciones o aportes al sistema, y el límite o porcentaje para gastos de administración.

Asimismo, a proposición de la Comisión, resolverá sobre la incorporación obligatoria al sistema de los grupos de trabajadores que no gocen actualmente del beneficio, tales como los independientes u otros; establecerá la forma y condiciones en que ella deba realizarse y las instituciones que administrarán el sistema para tales personas.

Artículo 10.- El Presidente de la República queda facultado para decidir que las personas señaladas en la letra c) del artículo 1º reciban el beneficio de la asignación familiar a través de los organismos mencionados en las letras a) y b) del mismo artículo.

Para estos efectos se le faculta para modificar las leyes orgánicas de los respectivos servicios u otras disposiciones que les fueren aplicables.

Las cotizaciones que se habrán de pagar serán las del régimen general.

Artículo 11.- Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares en las materias que les fija la presente ley, serán obligatorios y prevalecerán sobre los acuerdos, dictámenes o resoluciones de cualquier otra institución, organismo o servicio administrativo del Estado.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, la Comisión estará sometida a la

fiscalización exclusiva de la Superintendencia de Seguridad Social.

Artículo 12.- Los aportes al Fondo se depositarán en el Banco del Estado de Chile y sobre ellos girará el Secretario de la Comisión, o su subrogante legal, conjuntamente con la persona que determine el Reglamento .

La Comisión podrá convenir sobregiros en cuenta corriente hasta de un 10% de sus depósitos semestrales.

Las instituciones y regímenes que no enteren los aportes en los plazos que fije la Comisión, deberán pagar un interés penal de 3% mensual.

Artículo 13.- Para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le confiere, la Comisión podrá requerir ios antecedentes e informes que estime necesarios a los Servicios u organismos del Estado y a las instituciones de previsión social. Estas entidades estarán obligadas a proporcionar los antecedentes e informes y les serán aplicables las sanciones que establece el Estatuto Administrativo y las que contemple Ja Ley Orgánica de la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de las instituciones de Previsión Social.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones que contempla su ley orgánica a cualquier funcionario o persona responsable por el incumplimiento de las normas, instrucciones o plazos que establezca la Comisión, de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 14.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación de la presente ley, fije la planta de los funcionarios de la Comisión, establezca sus remuneraciones y su régimen de previsión. Los gastos de funcionamiento de la Comisión, las remuneraciones de los miembros que la componen y de su personal se harán con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares.

TITULO III

De los causantes, beneficiarios y prestaciones

Articulo 15.- Son causantes de asignación familiar las personas que no tienen ingresos propios o que tienen rentas inferiores a medio sueldo vital mensual escala a) del Departamento de Santiago, que viven a expensas de un beneficiario y que tienen con respecto a él algunos de los siguientes vínculos:

La cónyuge y el cónyuge inválido;

Hijo legítimo o natural basta de 15 años de edad;

Hijo legítimo o natural mayor de 15 años y menor de 23, siempre que esté cursando regularmente estudios secundarios, superiores o técnicos;

Hijo legítimo o natural mayor de 15 años, siempre que se encuentre inválido física o mentalmente para desempeñar una actividad remunerada;

Los adoptados y legítimos adoptivamente, en las mismas condiciones expresadas en las letras anteriores;

Hijos legítimos y naturales del cónyuge en las mismas condiciones señaladas en las letras b), c) y d) anteriores. No obstante, transcurridos los dos años a que se refiere el artículo 8º transitorio, los organismos administradores podrán sustituir el pago de esta asignación familiar por prestaciones familiares, en beneficio de tales causantes, con cargo a los fondos mencionados en los artículos 24 y 30;

La madre del afiliado; y

h) Los hijos que están por nacer, por el período completo de embarazo. Sin embargo, los organismos administradores, podrán otorgar, en lugar de la asignación prenatal mencionada, prestaciones familiares por causa de natalidad. El costo de tales prestaciones no podrá ser inferior a la suma que habría representado el pago en efectivo de la asignación prenatal.

Ningún causante podrá originar más de

una asignación familiar, y no podrá invocarse su carácter de carga sino por un solo beneficiario del sistema.

Artículo 16.- A los trabajadores independientes sólo les causarán asignación faliar los hijos legítimos, naturales o adoptivos mayores de 7 años de edad y menores de 23 años que sigan estudios primarios, secundarios, técnicos o universitarios.

Artículo 17.- Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, determinará la forma de acreditar la calidad de causante, la oportunidad desde la cual se pagará la asignación familiar y las características que deban reunir los estudios a que se refieren la letra c) del artículo 15, el artículo 16 y la letra c) del artículo 20.

Artículo 18.- Son beneficiarios de asignación familiar, los activos que actualmente gocen de tal beneficio, los pensionados, las pensionadas por viudedad, los subsidiados por accidentes, maternidad, enfermedad o cesantía, afiliados a los regímenes señalados en el artículo 1º y los que el Presidente de la República acuerde incorporar en el futuro, conforme al artículo 9º.

Artículo 19.- El derecho al monto mensual completo de la asignación familiar lo tendrán los pensionados y aquellos afiliados activos que cuenten con 20 o más días sujetos a cotización o asimilados, dentro del mes calendario correspondiente. Si dicho período fuere inferior a 20 días y superior a 9 días, percibirá sólo el 50%. Los períodos inferiores no darán derecho al beneficio.

Artículo 20.- Habrá tres categorías distintas de asignación familiar, a saber:

Asignación Familiar por el cónyuge y la madre;

Asignación Familiar prenatal; por los hijos menores de 7 años de edad y por los hijos inválidos.

Causarán, también, esta categoría de asignación familiar los hijos mayores de 7 años de edad y menores de 15 años, que no sigan estudios, siempre que se acredite, fehacientemente, ante el organismo adminis

trador, que hubo una causa justificada que impidió al menor seguir estudios regulares.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el mayor de 7 años de edad y menor de nueve que no siga estudios regulares, se encuentra imposibilitado para hacerlo; y

c) Asignación Familiar por hijos mayores de 7 años de edad y menores de 23, que sigan regularmente estudios primarios, secundarios, técnicos o superiores.

Artículo 21.- El monto de las asignaciones familiares, por cada una de las categorías de causantes señaladas en el artículo anterior, será el mismo en todos los regímenes .

Artículo 22.- Los organismos administradores podrán disponer que las asignaciones familiares sean entregadas directamente a los causantes, o a sus madres o a la persona o institución que se haga cargo de ellos, siempre que, de esa manera, se logre un mejor empleo de esas asignaciones .

Artículo 23.- Las asignaciones familiares no estarán afectas a impuestos de ninguna especie, serán inembargables y no se considerarán como sueldo o salario para ningún efecto legal.

Artículo 24.- Los organismos administradores otorgarán también, otras prestaciones familiares, en especial, beneficios sociales y servicio social familiar, y comunitario, en conformidad con las reglas que establezca el Reglamento que, sobre la materia, dictará el Presidente de la República.

El Presidente de la República, previo informe de la Comisión Nacional, podrá autorizar a las Instituciones de Previsión que destinen, para otorgar dichas prestaciones, hasta el 20% de los excedentes que arrojen.

Tal autorización deberá concederla siempre que esas Instituciones acrediten un programa a realizar en materia de otorgamiento de tales prestaciones familiares, el cual deberá ajustarse a las disposiciones que contendrá el Reglamento.

Tratándose de Instituciones de Previsión, que no tengan excedentes o los tengan en muy baja cuantía o de Cajas de Compensación de Asignación Familiar que presenten análoga situación, por cuyo motivo no hagan uso de la reserva a que se refiere la letra c) del artículo 30, el Presidente de la República podrán autorizarlas para destinar al otorgamiento de tales prestaciones familiares, hasta el 5% de sus entradas brutas, debiendo cumplir estos organismos con lo preceptuado en el inciso anterior.

TÍTULO IV

De las Cajas de CompensaciónArtículo 25.- Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son personas jurídicas cuyo objeto será el de administrar el sistema de prestaciones familiares en relación con los afiliados comprendidos en su campo de aplicación. Se regirán por la presente ley, por el Estatuto Orgánico que sobre ella deberá dictar el Presidente de la República, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, y por sus propios Estatutos.

Artículo 26.- Las Cajas de Compensación podrán ser organizadas a iniciativa de asociaciones de empresarios o de trabajadores.

El Presidente de la República podrá autorizar su existencia, concediéndole la correspondiente personalidad jurídica, previo informe favorable del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fundado en que la Caja corresponde a una adecuada unidad territorial, profesional o de actividad, y que cumple con los demás requisitos legales y reglamentarios.

También las Cajas podrán ser creadas por propia iniciativa del Presidente de la República en relación con una determinada unidad profesional, territorial o de actividad, mediante decreto supremo en que se declare su existencia, se otorgue su personalidad jurídica, se señale su campo de

aplicación y se consignen los Estatutos que la regirán.

Artículo 27.- El Presidente de la República, al autorizar la existencia de una Caja de Compensación, o con posterioridad a ello, señalará el grupo social, de base territorial, profesional o de actividad, que comprenderá su campo de aplicación.

Artículo 28.- Señalado el campo de aplicación, la afiliación a la Caja respectiva será obligatoria para todos los trabajadores, empleados u obreros, de las empresas que correspondan a la unidad territorial, profesional o de actividad, así como también, para los trabajadores independientes que se determine.

Artículo 29.- Las Cajas de Compensación serán administradas por un Consejo integrado por siete personas, tres de las cuales serán representantes de los trabajadores, tres representantes de los empleadores y un presidente designado por el Presidente de la República. Tales Consejeros durarán tres años en sus funciones. Las designaciones de estos Consejeros las hará el Presidente de la República de ternas, que al efecto, le presentarán las respectivas asociaciones patronales y sindicatos profesionales o industriales antes del 1º de octubre del año en que corresponda hacer estos nombramientos.

Los Consejeros de los trabajadores gozarán de fuero similar al de los dirigentes sindicales mientras se desempeñen en las Cajas de Compensación.

El Estatuto Orgánico a que se refiere el artículo 25 determinará la forma en que se integrarán los Consejos de las Cajas de Compensación cuando éstos administren el sistema, exclusivamente, en relación con los trabajadores independientes.

Artículo 30.- Las Cajas de Compensación podrán formar Fondo de Beneficios sociales y servicio social, quedando facultadas para destinar a él los siguientes recursos:

a) La diferencia entre la cuantía máxima autorizada para gastos de adminis

tración y el gasto efectivo en el año calendario ;

Las donaciones y los aportes voluntarios patronales y de los trabajadores;

Hasta el 20% del excedente calculado de acuerdo con el artículo 7º de esta ley; y

El producto de las sanciones que se apliquen, de acuerdo con los Estatutos de la respectiva Institución.

El otorgamiento de las prestaciones que se concederán con cargo a este fondo deberá ajustarse a las normas que fije la Comisión Nacional.

Artículo 31.- Las Cajas de Compensación estarán sujetas a la supervigilancia de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.

Disposiciones finales

Artículo 32.- Deróganse, todas las disposiciones legales, generales o especiales y reglamentarias, referentes a la materia de la presente ley, en todo lo que sean contrarias o distintas a lo dispuesto en ella.

Artículo 33.- El Presidente de la República, previo informe de la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, podrá reducir los porcentajes de 5% y de 20% a que se refieren los artículos 24, incisos 2º y 4º, y 30, letra c), por períodos que no excedan de un año y autorizar a esa Comisión para que dentro de esos márgenes, regule la política de entrega de excedentes a los diferentes fondos del Sistema Nacional.

Artículo 34.- El Sistema Nacional de Prestaciones Familiares empezará a regir a contar desde el día 1° del mes siguiente, a la fecha de publicación de esta ley.

Disposiciones Transitorias

Artículo 1°.- Incumbe a la Comisión

Nacional de que trata el artículo 9º transitorio y, en su caso, a la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, señalar las normas que aseguren la paulatina entrada en funciones del nuevo sistema que deberá quedar regularizado totalmente dentro del año 1966.

Artículo 2°.- Los regímenes convencionales de Asignación Familiar, actualmente vigentes, deberán, dentro de un plazo de 2 años transformarse en Cajas de Compensación de Asignación Familiar o incorporarse a ellas, o en el caso de que ello no fuere posible, integrarse en el régimen general.

El monto de las asignaciones familiares que perciban ¡os afiliados que en cumplimiento de lo ordenado en el inciso anterior, se integren en una Caja de Compensación, o en el régimen general, no podrá ser inferior al que recibían en el régimen convencional.

El término de los regímenes convencionales será total y, en tal sentido dejarán de existir tanto por lo que respecta a aquella parte de las asignaciones pagadas cuyo monto se imputa a las cotizaciones que debe integrar el patrón, como, también, a aquella otra parte que sea de cargo directo de éste.

Artículo 3°.- Los regímenes convencionales, mientras subsistan, se considerarán como si fueran regímenes que administran el sistema para los obreros que correspondan, e integrados en el sistema nacional.

Deberán atenerse, para el pago de Ja asignación familiar, al monto y normas generales que establezca la Comisión Nacional, de acuerdo con sus atribuciones.

Los excedentes que habrán de traspasar al Fondo Nacional se establecerán considerando la diferencia entre los beneficios actualmente pagados más los reajustes o modificaciones que la Comisión Nacional autorice, por una parte, y el monto de las imposiciones patronales que debieran enterarse en el régimen general,

por la otra. No se considerarán gastos de administración.

Los regímenes convencionales deficitarios no tendrán, en ningún caso derecho a los aportes a que se refiere la letra d) del artículo 8º.

Artículo 4°.- El Servicio de Seguro Social continuará controlando el funcionamiento de los regímenes convencionales.

Artículo 5°.- A contar de la vigencia de la presente ley no podrán pagarse nuevas asignaciones por causantes no contemplados en esta ley.

Las asignaciones familiares que actualmente se paguen por dichos causantes continuarán devengándose hasta su extinción, estabilizadas en su monto.

Artículo 6°.- El Servicio de Seguro Social reajustará, primeramente, las asignaciones familiares por causantes estudiantes, a que se refiere la letra c) del Art. 20, hasta que su monto iguale al monto de la asignación familiar que pague la Caja de Empleados Particulares.

Artículo 7°.- Si los recursos del sistema lo permiten la Comisión Nacional podrá determinar, en el mes de julio de 1966, un nuevo monto de las asignaciones vigentes por los causantes que indique.

Artículo 8°.- Durante los dos años siguientes a la. vigencia de esta ley, las asignaciones familiares señaladas en la letra f) del art. 15 se pagarán con cargo a los fondos destinados a pagos de asignaciones familiares propiamente tales.

Artículo 9°.- Mientras se constituye la Comisión Nacional de Prestaciones Familiares, ejercerá sus funciones una Comisión Provisoria compuesta por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, que la presidirá, el Superintendente de Seguridad Social, el Vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares y el Director del Servicio de Seguro Social. Actuará de Secretario de la Comisión, la persona que designe el Ministro del Trabajo y Previsión Social que tendrá una remuneración equivalente a la del Secretario de

la Comisión Revalorizadora de Pensiones.

Artículo 10.- Los empleados que se integran en Cajas de Compensación no podrán sufrir disminución del monto de las asignaciones familiares que perciban.

La misma regla se aplicará respecto de las personas a que se refiere la letra c) del artículo 1º cuando se incorporen a sistemas administrativos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.

(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- William Thayer Arteaga".

3.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 0116.- Santiago, 4 de enero de 1966.

El Senado, en sesión de hoy, acordó acceder a lo solicitado por el señor Secretario de la Comisión Mixta de Presupuestos en orden a proceder a rectificar el error de transcripción consistente en la omisión, en el texto del artículo 5º del proyecto aprobatorio del Presupuesto de la Nación para el año 1966, de los porcentajes de asignación de zona correspondientes a las provincias de Atacama y Coquimbo, de 30% y 15%, respectivamente, los que fueron propuestos en el Mensaje y aprobados por dicha Comisión Mixta.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio Nº 531, de fecha de hoy.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelier."

4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 3.686.- Santiago, 30 de diciembre de 1965.

Por oficio Nº 28.659, de 27 de diciembre en curso, la Corporación de la Vivienda dice a este Ministerio lo siguiente:

"Esta Corporación ha consultado para el presente año la iniciación de 794 vi

viendas superiores correspondientes a varios sectores de la población "Villa San Pedro", de Coronel, que si bien no soluciona directamente los problemas de la ciudad de Coronel, deben contabilizarse en esa comuna, por pertenecer a ella.

Por otra parte, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social en su plan de construcciones para esta misma localidad, ha programado para el presente año 1966 viviendas mínimas, de las cuales 96 se están construyendo en los terrenos que esta institución adquirió a la Sucesión Rojas Pradel, y las 100 restantes se edificarán en parte del predio de propiedad del señor Humberto Laurio Oliveira, que actualmente esta Corporación tiene en trámite de adquisición.

Además, puedo informar a US. que en el estudio de los planes de viviendas para el año 1966 se han considerado las dos comunas mencionadas anteriormente.".

Lo que me permito transcribir a V. E., para su conocimiento y en atención a su oficio Nº 1.702, de 23 de agosto de 1965.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."

5.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 11.- Santiago, 4 de enero de 1966.

Por oficio Nº 2.918, de 9 de noviembre último, V. E. tuvo a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado la petición formulada por el Honorable Diputadodon José Cademártori Invernizzi, en el sentido que se aumente la dotación de personal de la Subcomisaría Antonio Varas de la 11ª Comisaría de Carabineros, de esta ciudad.

Al respecto, la Dirección General del ramo, por oficio Nº 27.115, de 23 de diciembre en curso, ha manifestado a este Ministerio que tan pronto se aumente la planta institucional, se asignará un número de alzas de plazas proporcional a las necesidades de la Unidad Policial en referencia.

Agradeceré a V. E. quiera tener a bien dar a conocer lo anterior al Honorable Parlamentario señor Cademártori.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 9.- Santiago, 4 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.048, de 17 de noviembre último, Y. E. tuvo a bien dar a conocer a este Departamento de Estado la petición formulada por el Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, en orden a obtener la intalación de un Retén de Carabineros en la Población San Ramón de la comuna de La Cisterna, para lo cual se dispondría de los terrenos necesarios para construir un cuartel.

Al respecto, la Dirección General del ramo, por oficio Nº 27.341, de 28 de diciembre del año en curso, ha informado a este Ministerio que actualmente se encuentra en trámite la donación de un terreno que para dicha finalidad ha ofrecido la Municipalidad de La Cisterna, pollo que se solicitará a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la construcción del un cuartel para el Retén cuya instalación se solicita, tan pronto el predio en referencia pase a dominio fiscal.

Agradeceré a V. E. quiera tener a bien poner lo anterior en conocimiento del Honorable parlamentario señor Milas Correa.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."

7.-OFICIO DEL SEÑOR MNISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"Nº 11.- Santiago, 3 de enero de 1966.

En respuesta a su oficio Nº 3.250, de 29 de noviembre ppdo., relacionado con la adopción de las medidas necesarias para obtener que se cancelen las remuneraciones del profesorado, puedo mani

festar a US. que este Ministerio se ha preocupado en forma especial de estos maestros y que los respectivos decretos de nombramiento, si no están ya totalmente tramitados, se encuentran en los últimos trámites en la Contraloría General de la República, razón por la cual ninguno de estos profesores quedará sin percibir sus emolumentos, durante el presente año.

Saluda atentamente a US.- (Fdo.) : Juan Gómez Millas."

8.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 989.- Santiago, 31 de diciembre de 1965.

En atención al oficio de V. S. Nº 3.533, de 16 de diciembre de 1965, por medio del cual tiene a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado, el acuerdo tomado por esa Honorable Corporación, que se relaciona con la construcción de una población para las familias que integran el Comité Sin Casa de la comuna de Conchalí, pongo en conocimiento de V. S. que por providencia Nº 7.857, de 28 de diciembre en curso, se ha enviado vuestra solicitud al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S.- (Fdo).: Edmundo Pérez Zujovic".

9.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 992.- Santiago, 31 de diciembre de 1965.

En atención al oficio de V. S. Nº 3.630, de 21 de diciembre de 1965, por medio del cual solicita de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Juan Acevedo Pavez, que la Corporación de la Vivienda construya una población destinada a los pescadores de la Caleta de la Boca del río Rapel, en la comuna de Navidad, departamento de

San Antonio, pongo en su conocimiento que por providencia Nº 7.979, de 31 de diciembre de 1965, ha pasado su oficio al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S.- (Fdo).: Edmundo Pérez Zujovic".

10.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 990.- Santiago, 31 de diciembre de 1965.

En atención al oficio de V. S. Nº 3.551, de 15 de diciembre de 1965, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Carlos Garcés F., obtenga que la Corporación de la Vivienda construya una población para trasladar a los habitantes del Cerro Condell, de Curicó, pongo en conocimiento de V. S. que por providencia Nº 7.856, de 28 de diciembre en curso, se ha enviado vuestra solicitud al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S.- (Fdo).: Edmundo Pérez Zujovic".

11.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

En atención al oficio de V. S. Nº 3.474, de 14 de diciembre de 1965, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas C, se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se entreguen los títulos de dominio a las 162 personas de la población Lo Valledor Sur, pongo en conocimiento que por providencia Nº 7.870, de 28 de diciembre en curso, se ha enviado su solicitud al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S.- (Fdo).: Edmundo Pérez Zujovic".

12.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 991.- Santiago, 31 de diciembre de 1965.

En atención al oficio de V. S. Nº 3.589, de 21 de diciembre de 1965, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Juan Acevedo P. y la Honorable Diputada señora Juana Dip de Rodríguez, informe si las disposiciones de la Ley de Pavimentación son o no aplicables a los trabajos de pavimentación del camino denominado 18 de Septiembre de la comuna de Paine, pongo en conocimiento de V. S. que por providencia Nº 7.980, de 31 de diciembre ppdo., se ha enviado vuestra solicitud al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S.- (Fdo) : Edmundo Pérez Zujovic".

13.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 10.- Santiago. 4 de enero de 1966

Por oficio Nº 1.300, V.F. solicitó a este Ministerio se tomaran las medidas necesarias a fin de que se pague el reajuste de remuneraciones del 38,4% a los obreros acogidos a Medicina Preventiva.

En atención a ello, me es grato transcribir el oficio Nº 9.364, solicitado por este Ministerio a la Dirección del Trabajo.

"Como la fiscalización del cumplimiento de esta obligación no es de la competencia de nuestro Servicio, se ofició al Servicio Nacional de Salud a fin de que nos proporcionara los antecedentes del caso, para poder satisfacer la petición de la Honorable Cámara de Diputados."

"El señor Director General del Servicio Nacional de Salud, por oficio Nº 29.782, de fecha 12 de noviembre en curso, manifiesta que por oficiocircular Nº

24.541, de fecha 15 de septiembre último, esa Dirección General impartió las instrucciones a las diversas dependencias del Servicio Nacional de Salud para el pago del reajuste del 38,4% establecido en la ley 16.250, sobre los subsidios de los obreros acogidos a reposo preventivo."

"Para una más completa información hizo llegar a este Servicio un ejemplar de dicho oficiocircular, el cual, revisado por el Departamento de Inspección de esta Dirección, contempla en forma completa las distintas categorías de obreros afectos al pago de reajuste de! 38,4%, sobre los subsidios que éstos perciben."

Es cuanto puedo expresar a V. E, sobre el particular.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William Thayer Arteaga."

14.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

"Nº 7.- Santiago, 4 de enero de 1966.

Tengo la honra de dar respuesta a la comunicación de V. E., individualizada al rubro, por medio de la cual ha tenido a bien darme a conocer petición del Honorable Diputadodon Luis Aguilera Báez.

Al respecto y con el fin de responder, asimismo, comunicación del Honorable Parlamentario dirigida directamente a este Ministerio sobre la misma materia, se solicitó a la Dirección del Trabajo el informe del caso.

Por oficio Nº 9.474, la reputación ha respondido la consulta informe que tengo el agrado de transcribir a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Diputado señor Aguilera Báez.

"Al respecto debo decir a US. que esta Dirección está preocupada en dotar con el personal necesario a sus Oficinas de todo el país para que pueda desarrollar normalmente sus funciones. No obstante lo anterior no ha podido cumplir con ese propósito y sólo dentro de sus escasas

rios de sus dependencias debido a su exigua Planta.

"En lo que se refiere a Illapel se desempeña actualmente en la Oficina del Trabajo el Inspector señor Eduardo Aguayo Sueyras. En cuanto a proporcionar un vehículo para facilitar el ejercicio de su labor fiscalizadora en regiones lejanas, lamentablemente por una disposición de la Ley Orgánica de la Dirección de Aprovisionamiento para contar con un vehículo nuevo es necesario dar de baja el antiguo, en circuntsancias que este Servicio sólo cuenta con uno. De esta manera, es imposible aumentar la cuota de vehículos para destinarlo a las diversas labores

"Asimismo cono existe prohibición de llenar vacantes de cargos administrativos, es imposible por el momento dotar con un Oficial a esa Oficina.

"Sin embargo, como esta Dirección necesita llenar algunas vacantes de Oficial ha insistid; para que se autorice realizar un concurso con este fin.

"Se espera que la Dirección del Presupuesto acceda a esta petición.

"El Inspector del Trabajo, para movilizarse o regiones rurales apartadas, puede pedir la colaboración de los Servicios de Seguro Social, Repartición que ha sido deferente para facilitar un vehículo siempre que se ha tratado de practicar una fiscalización a los campos con funcionarios de ambos Servicios."

Es cuanto puedo informar a V, E. sobre la materia.

Dios guarde a Y. E.- (Fdo.) : William Thayer Arteaga."

15.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 9-Santiago, 4 de enero de 1966.

por oficio del rubro, V. E, tuvo a bien transmitir las observaciones del Honorable Diputadodon Manuel Cantero Prado en orden a obtener una fiscalización

en el documento de leyes sociales y

convenios pactados entre el industrial de la Panadería París, de San Francisco de Limache, y sus trabajadores.

En atención a ello, me es grato transcribir el informe que sobre la materia ha emitido la Inspección del Trabajo de Limache, mediante oficio Nº 356.

"Esta situación estaba en conocimiento de esta Inspección, que intervino en el caso, con actuación y participación del Directorio del Sindicato Profesional de Panificadores de Limache. La dificultad radica en el hecho de que el industrial, señor Angel Navarrete, se niega a pagar a estos obreros el salario fijado en Acta de Avenimiento de 5 de agosto del año en curso, suscrita entre el Sindicato Profesional de Panificadores de Limache y los industriales del ramo, aduciendo de que ellos no le presentaron pliego de peticiones el 1º de enero ppdo., como lo hicieron dos obreros que trabajan en su establecimiento a quienes les paga lo convenido en acta, lo que es verdad. En comparendo celebrado en esta Inspección al que asistieron las partes y el Directorio del Sindicato Profesional de Panificacdores, el señor Navarrete declaró textualmente: "Los obreros reclamantes ganan sobre el salarios mínimo de la industria (lo que es efectivo) y que él no tiene obligación de pagar salarios acordados en el Acta de Avenimiento sino a aquellos que le presentaron pliego de peticiones".

"Según el Libro de Actas de sesiones del Sindicato, los obreros Levín y Jara ingresaron a esta organización el 2 de febrero de 1965; Fernández el 9 del mismo mes y año y Cerda el 11 de mayo. Por no haber sido miembros del Sindicato, no firmaron el pliego de peticiones, según explican; pero, en el momento de suscribirse el acta, ya lo eran. Como no hubo avenimiento, el caso quedó en condiciones de pasar al Juzgado, lo que los interesados no habían hecho en espera de la llegada de un abogado que el Sindicato tenía para que patrocinara el juicio. La demanda, redactada y calculada por el suscrito, fir

mada ya por los cuatro demandantes, se encuentra, desde ayer, en poder del dirigente sindical, miembro del Directorio del Sindicato don Francisco Corríales, a fin de que continúe en el Juzgado las tramitaciones a que haya lugar, por recomendación de los interesados y de la organización."

Es cuanto puedo comunicar a V. E. sobre la materia.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William Thayer Arteaga."

16.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 22.- Santiago, 5 de enero de 1966.- En respuesta al oficio mencionado al rubro por medio del cual V. E. se sirvió transmitir las observaciones del H. Diputadodon Sergio Fernández Aguayo, relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de la Hacienda Río Colorado, comuna de San José de Maipo, cúmpleme transcribir para el conocimiento de V. E. el informe Nº 9484, expedido por la Dirección del Trabajo:

"Los fiscalizadores ya mencionados, separadamente, evacuaron sus informes y en ellos expresan que no se han celebrado contratos de trabajo; que las casas están en mal estado; que las imposiciones al Servicio de Seguro Social se encuentran atrasadas desde el mes de septiembre pasado, situación de la que conoció el funcionario del Servicio de Seguro Social que acompañó a la Inspección del Trabajo; que no se lleva Registro de Obreros y Salarios; no hay botiquín de primeros auxilios; que no se exhibe en lugares visibles del fundo, a los que tengan acceso los obreros, el texto íntegro de la ley de accidentes del trabajo; etc.

"Por todas las infracciones señaladas, ha dispuesto esta Dirección se envíen las instrucciones pertinentes al propietario del fundo, señor Palazuelo, para que, dentro de un plazo prudencial, sean subsanadas, recomendando a los funcionarios de

estos Servicios preocupación preferente para que, vencido el plazo concedido, en el caso que no se corrijan las infracciones se aplique la sanción que proceda.

"En relación con el salario de los inquilinos y la concesión de feriados, los Inspectores informan que, efectivamente, los inquilinos del fundo Río Colorado perciben como salario en dinero a lo más Eº 0,05, diarios pero que en la práctica este salario es sólo simbólico, porque aparte de que además del dinero indicado se les dé de una a cinco cuadras de tierra para siembras y de quince a cincuenta talajes para animales mayores (vacunos, caballares, mulares, etc.), fuera de la autorización que se les concede para criar cabras, ovejas o cerdos y aves, tanto como puedan, el inquilino no trabaja para el fundo sino que se dedica a efectuar sus trabajos particulares; o sea, que si se les pagara por días trabajados estos trabajadores no tendrían derecho a salarios porque no efectúan labores para el fundo. Por la misma razón de que no trabajan para el fundo, estas personas denominadas inquilinos no tendrían derecho a feriado legal. De conformidad con lo dispuesto en el art. 98 del Código del Trabajo, ya que no completarían los requisitos exigidos por esta disposición legal.

La única obligación que tiene el inquilino es de mantener en el fundo un "reemplazante", trabajador éste, que es contratado directamente por el inquilino y al que le proporciona comida, lavado y habitación en la casa, además de $60.000 a $ 70.000 mensuales y se le hace íntegramente las imposiciones al Servicio de Seguro Social.

Además de los denominados inquilinos y sus reemplazantes, en el fundo viven y trabajan sin que tengan relación contractual alguna en el fundo, leñadores y carboneros a quienes el señor Palazuelo les autoriza para que hagan carbón y corten leña y vendan estos productos como mejor les acomode sin que estas personas tengan obligación de trabajarle al fundo;

pero el señor Palazuelo se reserva la facultad de cobrar un derecho de puerta a cada comprador del carbón y la leña que fabrican aquellas personas.

Aun cuando esta Dirección ha recomendado en forma especial a la Inspección Provincial de Santiago atención preferente respecto a las instrucciones que se remitieron al fundo, se preocupará también de que un funcionario verifique el cumplimiento de las mismas, vencido los plazos que se concedan para corregir las infracciones".

Es cuanto puedo informar a V. E. en respuesta a su oficio mencionado.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William Thayer Arteaga".

17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 12.- Santiago, 4 de enero de 1966.- Tengo el agrado de referirme al oficio de! rubro, por medio del cual V. E. solicita, a petición del H. Diputadodon Joel Marambio Páez, se designen Inspectores del Trabajo, a fin de exigir el fiel cumplimiento de las leyes sociales vigentes en la Provincia de Colchagua.

En atención a ello, me es grato trascribir el informe N9 9368 de la Dirección del Trabajo.

"Como es de conocimiento de US. nuestro Servicio tiene un escaso personal y carece de medios de movilización a través de todo el país, y en consecuencia en la provincia de Colchagua, con el exiguo personal de Inspectores fiscaliza casi solamente a petición de parte y no de oficio y en forma total como sería el deseo de esta Dirección para cumplir con los convenios internacionales que exigen se visite por lo menos una vez al año cada sitio de trabajo.

Es también de conocimiento de US. y ha sido de su constante preocupación, que se estudia en estos momentos una Planta Racional del Servicio, de manera que se pueda cumplir integralmente con las fun

ciones que a esta Dirección del Trabajo le ha encomendado la ley.

No obstante ser estos hechos bastante conocidos se pidió informe a la Inspección Provincial de Colchagua sobre planes de fiscalización, actividades que se fiscalizan de preferencia y actividades que por falta de personal no se alcanzan a fiscalizar. Al respecto dicha Jefatura Provincial informa lo siguiente:

Que a la fecha, esa oficina cuenta con tres Inspectores los cuales están dedicados a la fiscalización del comercio, siendo dos de ellos recién ingresados, por lo que algunas visitas tienen que hacerlas acompañados del único Inspector con experiencia con que se cuenta. En estas condiciones, la labor de fiscalización dentro del presente año no será muy fértil.

"Dentro del próximo año espera cumplir con un amplio plan de fiscalización de la industria y el comercio; fiscalización que se hará por rubros determinados, a fin de que los Inspectores que las efectúen se compenetren de una materia solamente y lleguen a dominarla, para proseguir en el futuro con la fiscalización por sectores, y puerta por puerta.

El problema agudo en cuanto a falta de personal se hace sentir en el departamento de Santa Cruz. Esta Oficina necesita con urgencia un Inspector Ayudante o un Oficial Administrativo, pues el Inspector para atender comisiones tiene que cerrar la Oficina, lo que provoca trastornos en el rodaje administrativo a la vez que se desatiende al público, el que en esa zona es numeroso y va a reclamar al señor Gobernador o al H. Diputado señor Marambio.

Actualmente las únicas fiscalizaciones que se realizan en forma masiva son las de hoteles, restaurantes, fuentes de soda y ramos similares, ordenada por esta Superioridad y la inspección agrícola realizada por equipos móviles enviados desde Santiago; pero esta última fiscalización crea el problema de las revisitas las que no podrá atender en forma debida el ac

tual Inspector Departamental de Santa Cruz.

Debo hacer presente a US. que en la Planta que estudiamos se le asignan al Departamento de Santa Cruz seis Inspectores Agrícolas y dos funcionarios administrativos, a fin de atender en forma integral la fiscalización de ese extenso Departamento que se compone de once comunas, sobrepasa hoy día los 100.000 habitantes y es de una gran extensión territorial."

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre su oficio en referencia.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.) : William Thayer Arteaga".

18.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 11.- Santiago, 4 de enero de 1966.- En respuesta al oficio mencionado al rubro, por medio del cual V. E. se sirvió transmitir las observaciones formuladas en el seno de esa H. Corporación por el H. Diputado don Orlando Millas Correa, relacionado con una investigación en la Empresa Constructora Embalse Paloma, cúmpleme transcribir a V. E. el informe Nº 8920. expedido por la Dirección del Trabajo :

"De la investigación se obtuvo los siguientes resultados, respecto de cada uno de los puntos denunciados:

1.- Desnido de 50 obreros afectados por el sismo del 28 de marzo ultimo.

Sobre este punto se entrevistó en Santiago a los señores José R. Mogas Vidaurre, Gerente de la firma y don Germán Bauer Wolf, Contralor, quienes manifestaron que de ningún modo podría haberse producido un despido masivo como el que se expresa, y que sólo podría tratarse de despidos aislados, originados por la evolución de las obras.

En las faenas se entrevistó al señor Abel Cruz quien manifestó que no eran

efectivos tales despidos, que sólo se había registrado algunos retiros voluntarios de obreros y empleados.

La Inspectora del Trabajo de Ovalle manifiesta que durante el período posterior a la fecha en que se supone el despido masivo no hubo reclamaciones contra esta empresa, como tampoco inscripción de cesantía de obreros de esa obra. Hace, además, presente que en el lugar en que se encuentra ubicada la Emprsa Constructora como son las firmas Yaconi Hnos., Sigdo Koppers y Oscar Spichiger, por lo que se ejerce sobre ellas una permanente fiscalización.

Despicha de empleados en la oficina de Santiago, entre los que se incluye al Delegado del Personal.

Declaró el Contralor de la firma señor Bauer, que se ordenó reorganizar la oficina y en virtud de ello, por acuerdo directo de las partes, se produjo con fecha 1º de abril de 1965, el retiro de las señoritas Ruby Adams Mondaca, Silvia Offerman Alarcón y María Angélica Sánchez Rodríguez, a quienes se les habría cancelado una indemnización mayor que la que legalmente les correspondía. No obstante, se dieron instrucciones a la Provincial de Santiago, para que oyendo a los interesados procediera en la forma que correspondiera.

En cuanto al Delegado del personal despedido, éste entabló demanda ante el 6º Juzado del Trabajo, donde se llegó a un avenimiento entre las partes. En relación con este caso la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, aplicó multa administrativa a la firma por la no reposición del señor Vásquez Figueroa.

3°.- Adulteración de diversos contratos de trabajo.

Se pudo constatar que en los contratos de trabajo del personal de santiago, empleados Srtas. Graciela Adams, Nella Ra

mona Rojas Pavez y señores Hugo Cepeto Novoa y Luis Robleros Valenzuela, junto al reajuste del año 1963, suscrito por las partes, aparece una cláusula hecha con máquina de escribir de tipo diferente que expresa: "Aplicable a cualquier aumento legal posterior", al lado de la cual hay una firma o media firma de cada empleado.

Sobre el particular se ha oficiado a la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y Departamental de Ovalle a fin de que se arbitren las medidas conducentes a resguardar los derechos de los empleados afectados por la mencionada cláusula.

4°.- Imposiciones efectuadas por rentas inferiores a las que corresponden.

Sobre este punto se pudo constatar que las sumas que figuran en las planillas de liquidación mensual de sueldos firmadas por los empleados, y las que figuran en las planillas de imposiciones, coinciden. La mayoría de los empleados percibe, además, una suma que varía todos ios meses, que no consta en documento alguno, pero que no pudo verificar el Inspector destacado para la visita porque los empleados no se atrevieron a hacer declaraciones sobre esta parte de sus remuneraciones.

Sin embargo, sobre este punto, como esta Dirección había oficiado a la Caja de Previsión de Empleados Particulares, me es grato informarle que dicho Instituto Previsional ordenó una visita completa y minuciosa a la firma denunciada, comisión que por su envergadura dilató desde el 13 de julio hasta mediados del mes pasado, dando como resultado que la Sociedad Constructora Embalse La Paloma Ltda., fue recientemente notificada para integrar la suma de Eº 382.091,30, por imposiciones de diferencias de remuneraciones no consideradas imponibles por este empleador.

llago presente a US. que el atraso que acusa el presente informe se debió a que hubo necesidad de esperar informe de la Caja de previsión de Empleados Particu

lares, que demoró debido a la minuciosa fiscalización que efectuó en el Empresa de que se trata".

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular, haciéndole presente que posteriormente con fecha 25 de agosto del presente año se dictó la Orden Ministerial Nº 47, que autorizó una reducción parcial de faenas por término de algunas secciones. Con fecha 31 de diciembre se pondrá término definitivo a esta obra.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William Thayer Arteaga".

19.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 13.- Santiago, 4 de enero de 1966.

Tengo el agrado de referirme a la nota mencionada al rubro, por medio de la cual V. E. tuvo a bien darme a conocer la petición del H. Diputado señor Luis Valente Rossi, a fin de disponer las medidas necesarias para obtener el cumplimiento en diversas irregularidades que cometería la Industria Nissam Motor Co., de Arica.

Al respecto, tengo el agrado de transcribir el oficio Nº 9567, emitido recientemente por la Dirección del Trabajo y que dice lo siguiente:

Al respecto, cúmpleme informar a US. que esta Dirección en su oportunidad, ordenó a la Inspección Departamental del Trabajo de Arica, que se realizaran las investigacinoes correspondientes tendientes a comprobar la correcta aplicación de las leyes sociales y los demás aspectos denunciados.

En base a los informes de la citada Oficina y de los documentos que ha acompañado, se ha establecido lo siguiente, respecto a cada uno de los aspectos denunciados que se reproducen:

"1) Que no se paga a los obreros sus salarios, horas extraordinarias ni los tratos convenidos".

No es efectivo que la industria automotriz Nissan Motor Co., adeude a sus obre

ros, salarios, horas extraordinarias o que no pague a éstos el trato convenido. En la visita efectuada, los obreros que trabajan en la Sección Pinturas reclamaron el no pago del 50% de recargo sobre las horas extraordinarias trabajadas en días sábado. El Inspector respectivo al comprobar el hecho ordenó que se cancelara el recargo, cosa que fue cumplida por la empresa.

"2) Que no se pagan las asignaciones familiares".

El pago de las asignaciones familiares se hace en forma regular a quienes acreditan reunir los requisitos legales. En efecto, en la primera visitación efectuada se comprobó que un grupo de obreros no percibían las asignaciones familiares a que tendrían derecho, en razón de que- según declaración de los interesados- no habían presentado la documentación pertinente, pero esta anomalía se corrigió posteriormente, mediante la asesoría que prestó la citada Oficina a requerimiento de esta Superioridad, aun cuando se trataba de una materia que es de la incumbencia del Servicio de Seguro Social. Con respecto a este asunto la Inspección Departamental del Trabajo de Arica, ha informado que en una nueva visita de inspección efectuada el 4 de noviembre último, se comprobó que la totalidad de los obreros, con derecho a este beneficio, gozan del mismo.

"3) Que no se han integrado al Servicio de Seguro Social las imposiciones".

Las imposiciones a esta Institución Previsional se encuentran al día.

"4) Que los obreros se encuentran contratados por otros obreros calificados que hacen las veces de subcontratistas"

Todo el personal de obreros ha sido contratado por la firma Industria Nissan Motor Co. Solamente en una ocasión, en diciembre de 1964, por razones muy especiales, algunos maestros especializados de la Sección Pinturas, tuvieron la calidad de contratistas, los cuales a su vez, contrataron personal. El Inspector observó el pro

cedimiento y la empresa se manifestó dispuesta a considerar, en lo sucesivo, las sugerencias de aquél.

"5) Que se observa falta de acción conciliatoria en las reclamaciones interpuestas en la Inspección Departamental del Trabajo de Arica".

Con respecto a este punto, cabe señalar que los reclamos en contra de esta firma, en 1964, fueron dos, declarados infundados por el Inspector, en razón de la documentación que aquélla exhibiera. En 1965, se han recibido tres reclamos; de ellos, dos fueron desestimados por no haber concurrido los obreros recurrentes a una segunda citación con ocasión de la cual la empresa exhibió sendos finiquitos; en el tercer caso, el obrero respectivo al no estar conforme con la liquidación practicada por la firma reclamada se abstuvo de recibir el dinero que le correspondía no produciéndose, en consecuencia, el avenimiento y sin que aquel recurriera al Tribunal del Trabajo tal como se le instruyó. No obstante lo anterior, se le citó nuevamente recibiendo en esa oportunidad la suma que rechazó en la primera ocasión, sin dar ninguna clase de explicaciones por este cambio de actitud. Por lo tanto, queda de manifiesto que ni son numerosos ios reclamos en contra de esta industria ni tampoco ha habido negligencia funcionaría en la atención de éstos.

Finalmente, expreso a US. que estos antecedentes se devuelven a ese Ministerio con esta fecha, en razón de que fue necesario mantenerlos a la espera de que se realizaran todas las gestiones tendientes a regularizar el pago de las asignaciones familiares, cuya última actuación tuvo lugar el 4 del mes pasado (noviembre), como ya se dijo."

Es cuanto tengo el agrado de expresar a V. E.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William Thayer Arteaga"'.

20.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 1579.- Santiago, 28 de diciembre de 1965.

En respuesta a los oficios Nºs. 15.104 y 15.129 de la Honorable Cámara de Diputados que V. E. tuvo a bien enviar a esta Secretaría de Estado, relacionados con las denuncias en contra de la Empresa Salitrera Victoria y la Industria Pesquera Pisagua, ambas de Iquique, cúmpleme transcribir para el conocimiento de V E. el oficio Nº 9.481 expedido por la Dirección del Trabajo, que informa sobre la materia:

"Al respecto, cúmpleme informar a US. que esta Dirección, en su oportunidad, ordenó a la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique adoptara las medidas del caso tendientes a satisfacer lo solicitado en los oficios ya mencionados.

"Del resultado de las diligencias efectuadas, se pudo comprobar lo siguiente:

"Empresa Salitrera Victoria S. A."

"1) Que a raíz de la visita de inspección realizada el 27 de julio pasado, la empresa Salitrera Victoria S. A. celebró con 69 obreros que trabajan en el campo de la actividad eléctrica, contrato de trabajo, en la calidad jurídica de empleados particulares. La Dirección del Trabajo de Iquique, confirmando lo expuesto remitió una nómina en que se consignan los nombres y sueldos de este personal."

"2) Que no obstante, debieron impartirse las instrucciones pertinentes, a fin de que se regulara la situación legal de un grupo de 34 obreros que laboran en la misma actividad".

''3) Que además, otros 67 obreros, tendrán previamente que acreditar una práctica no menor da cinco años en el ejercicio de la profesión, o bien, dar cumplimiento a los restantes requisitos que se

ñala el artículo único de la precitada ley." "Cabe hacer presente que, en los grupos señalados precedentemente, se. encuentran incluidos todos los obreros que se desempeñan en el campo de la actividad eléctrica."

"Remuneraciones:"

"El cambio de calidad jurídica, de obreros a empleados particulares, en cumplimiento de lo preceptuado por la ley Nº 1.5.944, no le ha importado a este personal, modificación en la remuneración que devengaban al momento de operar dicho cambio jurídico."

"Industria Pesquera: "Pisagua"

"1) Que es efectivo que en los contratos de trabajo de los obreros, se ha estipulado como duración de los mismos, el lapso de un mes, revalidándolos en la práctica, por igual período."

"2) Que la empresa no cuenta con pulparía, para su personal de obreros. Sin embargo, a través de un intermedio de ésta, los trabajadores se abastecen de mercaderías."

"3) Que se entregan a los obreros los elementos de trabajo, de conformidad a lo estipulado en el Acta de Avenimiento vigente."

"4) Que de las viviera las construidas por la Empresa para sus trabajadores, solamente dos de ellas están ocupadas por los empleados, señores Carlos Schmidt, Jefe de Flota, y Luis Arcilles, Bodeguero. Las demás, son habitadas por obreros. Cabe señalar también, que han sido entregadas once casas prefabricadas a los Trabajadores, con un valor unitario de Eº 850, y pagaderas en cuotas mensuales de Eº '20."

"5) Con respecto a las utilidades que haya obtenido esa empresa , se requerido de la oficina bocal de Impuestos Internos los datos correspondientes, aun cuando……….........posibilidades de utilidades

por ................................España S. A."

"Debo expresar a US. que estos ante

cedentes no se habían devuelto a ese Ministerio, más oportunamente, a la espera de que el Servicio de Impuestos Internos proporcionara los datos solicitados sobre utilidades de la empresa precedentemente señalada, para poder informar a US. en forma más completa, pero a fin de evitar un mayor transcurso de tiempo y en vista de que esos datos aún no se reciben, devuelvo a US. con lo informado, su providencia."

Tenso el agrado de expresar a V. E que se informará en definitiva cuando se reciba la respuesta de Impuestos Internos.

Es cuanto puede expresar a V. E. en respuesta a su oficio mencionado.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William Thayer Arteaga."

21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

"Nº 8.- Santiago, 4 de enero de 1966.

Por oficio del rubro. V. E., tuvo a bien transmitir a este Ministerio las observaciones, de los Honorables Diputados don Luis Aguilera Báez y doña Carmen Lazo Carrera a fin de que los organismos respectivos den cumplimiento a las disposiciones de las leyes 15.467 y 15.994 que otorgaron calidad jurídica de empleados a los torneos, fresadores y matriceros y a los electricistas, respectivamente.

Para atender a lo solicitado por V. E., se encomendó a la Dirección del Trabajo las diligencias respectivas, repartición que ha informado sobre el particular por medio de su oficio Nº 9.615, que me es grato transcribir en respuesta a su oficio mencionado,

"Que desde antes de la petición del Honorable Diputado señor Luis Aguilera Báez y la Honorable Diputada señora carmen Lazo Carrera, el Servicio a mi cargo ha ido tomando las medidas para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes 15.467 y 15.994, que otorgaron la calidad jurídica de emplea

dos a ios torneros, fregadores y matriceros y a los electricistas, respectivamente, mediante circulares e instrucciones a todas las provinciales del país. Actualmente, con fecha 29 de noviembre pasado se despachó a todas las Inspecciones Provinciales Minuta Postal Circular Nº 633, que es del siguiente tenor:

"Sírvase instruir a todos los Inspectores de su jurisdicción que en las visitas que efectúen deberán preocuparse de la clasificación del personal de torneros, matriceros, fresadoras y electricistas, a quienes por leyes 15.467 y 15.994, respectivamente, les corresponde la calidad de empleados particulares".

"Esta Dirección se mantendrá atenta al estricto cumplimiento de estas instrucciones, requiriendo cada cierto periodo de tiempo se rinda cuenta sobre el estado de dichas clasificaciones."

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William Thayer Arteaga."

22.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº37.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 2.895, de 10 de noviembre recién pasado, a petición del Honorable Diputado señor José Cademártori Invernizzi, V. E. solicitó a este Ministerio que informe a la Honorable Cámara de Diputados, acerca de la construcción de una Policlínica en el sector 2C de la Población Juan Antonio Ríos, de la ciudad de Santiago.

Al respecto, cúmpleme informar a V. E. que los planes de Salud en estudio contemplan la construcción de diversos establecimientos de asistencia médica preventiva y curativa que permitan servir a la comunidad en la mejor forma posible. Este programa se ha fijado como meta la edificación de Consultorios, Postas y Estaciones Médico Rurales, situados en los centros donde vive la población beneficia

ria. En estas condiciones, no se ha estimado conveniente por ahora, decidir acerca de la construcción de una Policlínica en el sector 2C de la Población Juan Antonio Ríos, mientras no se completen los planes en estudio. Por otra parte, no estaría justificada la urgencia de esta Policlínica, dado que dicho sector se encuentra a corta distancia del Hospital José Joaquín Aguirre y del Consultorio Nº 2 del Servicio Nacional de Salud.

Saluda atentamente a Y. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

23.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 28,-Santiago, 5 enero de 1966. Me refiero a su oficio Nº 15.344, de 27 de abril del año en curso, en el cual V. E. comunica a este Ministerio la petición de la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Julieta Campusano, para que se efectúe una investigación de las condiciones sanitarias en que viven quienes trabajan en las minas "Dulcinea", "Pu........."Tres Puentes" y "Amolana" ubicadas en la provincia de Atacama.

Al respecto, debo informar a V. E. que las condiciones, sanitarias en que vive el personal de estos centros mineros deja mucho que desear, motivado por la particularidad de las faenas inestables del trabajador llamado "pirquinero"; por las grandes distancias que separan a sus poblados y los reducidos ingresos de este sector laboral, todo lo cual ha impedido ejecutar un verdadero programa de saneamiento

Sin embargo, algo se ha conseguido en cuanto a mejoramiento de las condiciones mínimas ambientales, se ha promovido acciones para el consumo higiénico del agua ………………….para la disposición de las basuras y para realizar campañas de desinsectación y cultura sanitaria en la población. Con todo, se han impartido instrucciones para atender preferentemente a

estos problemas.

En cuanto a atención médica, progresivamente se ha aumentado el número de Postas de Primeros Auxilios, que ya alcanza a 91 en conjunto, para las provincias de Coquimbo y Atacama.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

24.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 35.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.312, de 2 de diciembre en curso, a petición del Honorable Diputado señor Mario Dueñas Avaria, V. E. solicita a este Ministerio que se adopten las medidas necesarias para destinar un equipo de Rayos X al Hospital de Parral, provincia de Linares, en atención a que el actual que posee está fuera de uso.

Sobre el particular, lamento comunicar a V. E. que actualmente el Servicio Nacional de Salud no dispone de aparatos de Rayos X para enviar al Hospital de Parral. Con todo, se espera en el futuro considerar esta petición, con la aprobación de dos créditos en el extranjero para adquirir equipos de Rayos X.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

25.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 30.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.482, de 15 de diciembre del presente año, V. E. tiene a bien poner en conocimiento de este Ministerio el deseo del Honorable Diputado señor Mario Dueñas Avaria, sobre instalación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Orilla del Maule, departamento de Loncomilla.

Al respecto, me permito manifestarle que en el Plan de Construcciones Hospitalarias para el año 1966, se contempla la Posta solicitada por el Honorable Diputado señor Dueñas Avaria.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

26.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 23-Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.230, de 29 de noviembre último, V. E. da a conocer las observaciones formuladas por el Honorable Diputadodon César Raúl Fuentes Venegas, relacionadas con la necesidad de construir un nuevo hospital para la localidad de Quirihue, de la provincia de Ñuble, con el objeto de que sean acogidas por este Ministerio.

Sobre el particular, cúmpleme expresar a V. E. que las actuales limitaciones de recursos humanos y materiales del Servicio Nacional de Salud, obliga a un riguroso orden de prioridades que no hacen aconsejable por el momento un nuevo hospital en la comuna de Quirihue. No obstante, el Programa de asistencia médica en estudio, permitirá en el futuro atender sus necesidades asistenciales, mediante la habilitación de nuevos Consultorios en los Centros mismos donde vive la población beneficiaría.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay."

27.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 38.- Santiago, 5 de enero de 1966. Me refiero a su oficio Nº 3.018, de 17 de noviembre último, por el cual V. E. comunica a esta Secretaría de Estado la petición del Honorable Diputado señor Víctor Galleguillos Clett, en orden a obtener que el Servicio Nacional de Salud designe una comisión especial de médicos para examinar a los obreros que trabajan en la zona norte del país, especialmente en la Oficina "Flor de Chile", que se encuentran afectados por silicosis, y reciban los dictámenes médicolegales, con el objeto

de lograr los beneficios previsionales a que tienen derecho.

Hace presente además, el Honorable Diputado, que la Oficina del citado Servicio de Taltal expide certificados que, no siempre, guardarían relación con el grado de enfermedad de los obreros que acuden a ella.

Al respecto, cúmpleme informar a V. E. que durante los meses de julio y agosto del presente año, una Unidad Móvil del Servicio Nacional de Salud especializada en silicosis y a cargo de médicos especialistas en Medicina del Trabajo y Tuberculosis, sometió a examen a los obreros de las Oficinas Salitreras "Flor de Chile", "Alemania", "Victoria" y de los minerales de cobre "Mantos Blancos" y "Santa Julia" y posteriormente a esto, remitió a los interesados los resultados de dicho reconocimiento.

En lo que se refiere al Hospital de Taltal que ha tomado a su cargo los resultados y radiografías de los casos de las Oficinas Salitreras "Flor de Chile" y "Alemania", además de la mina "Santa Julia", los dictámenes médicolegales se consideran adecuados a la competencia de los médicos interesados. Por otra parte, es corriente que algunos obreros no queden conforme con el resultado del examen, sea porque estiman tener silicosas por haber trabajado expuestos al polvo, o porque han tenido un dignóstico efectuado por un médico no especialista y basado en radiografías de técnica diferente.

Salud atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

28.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 32.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 2.994, de 16 de noviembre último, V E. da a conocer a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa, en orden a

obtener la ejecución de las siguientes obras de Ñuble :

Ampliación del Hospital Regional de Chillán;

Construcción del Hospital de Quillón ;

Instalatación de Postas Rurales en todas las localidades apartadas;

Creación de sitios de reposo, y

Construcción de Sanatorios.

Al respecto, cúmpleme informar a V. E. al tenor de su comunicación, lo siguiente:

El Hospital Regional de Chillán será ampliado en forma substancial, una vez que se termine la edificación de su nuevo Consultorio Externo;

Dadas las limitaciones presupuestarias del Servicio Nacional de Salud y la necesidad de dar término a las numerosas construcciones hospitalarias ya en marcha en el país, no es posible, por el momento, considerar la edificación del Hospital de Quillón;

El Programa Nacional de construcciones de Postas y Consultorios Médicos, consulta alrededor de 15 Postas Mínimas para la atención médica de la VIII Zona de Salud de Ñuble;

Al Servicio Nacional de Salud no le corresponde construir sitios de Reposo, y

Los Programas de Salud vigentes no consultan la construcción de Sanatorios.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

29.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

'Nº 31.- Santiago, 5 de enero de 1966.

En respuesta a su oficio Nº 3.436, de 14 del mes en curso, por el cual V. E. tiene a bien comunicar a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa, para obtener la instalación de un Consultorio Materno Infantil en la población San Ramón de la comuna de La Cisterna, tengo el agrado de informarle que en el Programa tenta

tivo de construcciones asistenciales para 1966, figura la Población San Ramón con un Consultorio Médico.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : llamón Valdivieso Delaunay."

30.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 33.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficios Nºs. 15.492 y 1.741, de 4 de mayo y 25 de agosto último, respectivamente, Y. E. comunica a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, en el sentido de obtener que se destine una matrona para que preste servicios en el Hospital de Collipulli, como, asimismo, que provea a dicho establecimiento de las camas y de los medicamentes requeridos para su normal funcionamiento.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. E. que hasta el momento no ha sido posible destinar una matrona al Hospital de Collipulli por falta de estas profesionales en el país. Con todo, se espera solucionar el problema al distribuir las matronas que egresen este año, dando primera prioridad al establecimiento mencionado.

En cuanto a mayor número de camas, se ha impartido instrucciones al Servicio Nacional de Salud para superar el déficit actual mediante nuevos recursos económicos.

Finalmente, respecto a la escasez de medicamentos, el problema ya ha sido solucionado.

Saluda atentamente a V. E..- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

31.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 25.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 2.671, de 27 de octubre último, V. E. puso en conocimiento de este Ministerio, la petición del Honorable Diputado señor Luis Tejeda Oliva, en

orden a obtener la expropiación del terreno de propiedad de la Sucesión José de la R. Valencia Seguel, ubicado en la localidad de Negrete, departamento de Nacimiento para instalar una Posta de Primeros Auxilios.

Hace presente el Honorable Diputado que ios vecinos de la localidad de Negrete, con la ayuda de la I. Municipalidad, están dispuestos a adquirir este terreno en la suma de Eº 6.000, pero que debido a dificultades en la operación de compraventa, insisten en la expropiación y en tal caso el dinero presupuestado contribuiría a solventar los gastos de instalación de la Posta.

Sobre el particular, cúmpleme informar a Y. E. que en la lista tentativa de construcciones hospitalarias para 1966, figura la localidad de Negrete con una Posta de Primeros Auxilios

En cuanto a la expropiación del terreno de propiedad de la Sucesión José de la R. Valencia Seguel, debo manifestar que el Servicio Nacional de Salud no lo estima conveniente porque ello retardaría la obra y necesitaría además un financiamiento que en el momento actual no está en condiciones de afrontar.

En cambio, si la comunidad aporta el terreno, se facilitaría su ejecución. En este sentido se ha oficiado a la IX Zona de Salud, para concretar con la I. Municipalidad de Negrete su adquisición y mejor ubicación.

Saluda atentamente a V. E..- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

32.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 38.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Me refiero a su Oficio Nº 3.347, de 6 del presente mes, en el cual V. E. comunica a este Ministerio la petición de los Honorables Diputados señores Fermín Fierro Luengo, Galvarino Melo Paéz y Jorge Moraga y Honorables Diputados integrantes del Comité Parlamentario del

Partido Socialista, para que se amplíe el edificio en que funciona la Posta de Primeros Auxilios de la comuna de Antihuala, provincia de Arauco.

Sobre el patricular, me permito informar a V. E. que el Programa para la construcción de Postas en las provincias de Maule, Arauco y Chiloé coordinado entre el Servicio Nacional de Salud, la Sección Social de la Universidad de Chile y la Acción Juvenil de la Presidencia de la República, contempla la edificación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Antihuala.

Saluda atentamente a V. E.- (do.): Ramón Valdivieso Delaunay."

33.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 34.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.266, de 30 de noviembre último, V E. da a conocer a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Samuel Fuentes Andrades y de los Honorables señores Diputados pertenecientes al Comité Independiente y a los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista y Comunista, en el sentido que se adopten las medidas tendientes a obtener que se dé cumplimiento a las disposiciones legales que establecen que el personal a contrata del Servicio Nacional de Salud, deberá ser incorporado a la respectiva planta del citado Servicio.

Al respecto, tengo el agrado de informar a Y. E. que por oficio Nº 2.421, de 16 noviembre recién pasado, esta Secretaria de Estado remitió a la Honorable Cámara de Diputados diversas indicaciones al proyecto de ley que modifica las levos Nºs. 9.263 y 15.076. Por este oficio, se propone agregar el siguiente artículo:

"Articulo...- El personal contratado y a jornal de! Servicio Nacional de Salud, no afecto a la ley Nº 15.076, legalmente designado al 31 de agosto de 1965, y que se encuentre en servicio a la fecha de vigencia, de esta ley, será incorporado a la

planta permanente en el último grado del escalafón en que se encuentre contratado, sin sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre provisión de cargos. El personal a jornal será designado en el escalafón de Personal de Servicio no Especializado o de Choferes, según corresponda.

Para los efectos de la aplicación del inciso anterior se considerará personal a jornal, el que se desempeñe en dicha calidad en cualquiera de los Establecimientos dependientes del Servicio Nacional de Salud, con excepción de los que hayan sido contratados por el Programa de Saneamiento Rural (BID) y los que tengan carácter de obreros agrícolas.

Las disposiciones anteriores no se aplicarán a aquellos funcionarios que, en virtud del artículo 169 del Estatuto Administrativo, han mantenido la propiedad de su empleo al ser contratados en cargos diferentes.

Si la renta asignada al cargo en que se incorpore el personal mencionado en los incisos anteriores, fuere inferior a la remuneración de su contrato, la diferencia le será pagada en planilla suplementaria.

La incorporación del personal a que se refiere este artículo, se efectuará por estricto orden de antigüedad, según las normas del artículo 51 del Estatuto Administrativo considerando exclusivamente los antecedentes sobre antigüedad registrados en la Contraloría General de la República.

El Servicio Nacional de Salud creará los cargos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores.

El gasto que demande el cumplimiento de esta disposición será de cargo del Servicio Nacional de Salud y se financiará medíante traspaso entre ios distintos ítem de remuneraciones del presupuesto vigente de ese Servicio.

Para estos efectos se faculta al Director General de Salud para efectuar Jas modi

ficaciones que correspondan del presupuesto vigente del Servicio Nacional de Salud"

En consecuencia, la petición de los Honorables Diputados quedará ampliamente cumplida al ser aprobada esta disposición que regulariza precisamente la situación del personal a contrata del Servicio Nacional de SaludSaluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

34.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 29.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Me refiero a su oficio Nº 3.382, de 6 de diciembre en curso, en el cual V. E. transmite a este Ministerio las observaciones formuladas por los Honorables Diputados señores Mario Fuenzalida Mandriaza y Carlos Garcés Fernández e integrantes del Comité Parlamentario del Partido Democrático Nacional, relacionadas con diversos problemas y necesidades de la provincia de Curicó.

Al respecto, debo informar a V. E. que con el objeto de resolver el problema médico que afecta a Licantén y a Teno, el Servicio Nacional de Salud llamó a concurso amplio para proveer plazas médicas en ambas localidades. Se presentó sólo un oponente para Licantén y ninguno para Teno. Habrá que arbitrar otra medida para el futuro.

En cuanto a viviendas para el personal del Servicio Nacional de Salud, cúmpleme manifestarle que está en estudio un Plan que permitirá proporcionar casas al personal. El sistema de operación no es posible darlo a conocer aún pues no está terminado.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

35.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 24.- Santiago, 5 de enero de 1966. Me refiero a su oficio Nº 3,215, de 26

de noviembre último, en el cual V. E. tiene a bien poner en conocimiento de este Ministerio la petición de las Honorables Diputadas señoras Blanca Retamal Contreras y Juana Dip de Rodríguez y Honorables Diputados señores Eduardo Clavel Amión y Luis Aguilera Báez, solicitando la apertura y funcionamiento del Balneario El Trapiche de Peñaflor, departamento de Talagante.

Al respecto, debo comunicar a V. E. que de acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Salud, las actuales condiciones sanitarias del Balneario El Trapiche son las mismas que originaron su clausura.

En efecto, los locales de alimentos no reúnen los requisitos mínimos fijados en el Reglamento de Alimentos.

En cuanto al recinto de baño en la parte baja del Balneario (estero) no hay innovación, pues las aguas siguen altamente contaminadas y además no posee ninguna condición sanitaria para autorizar su funcionamiento.

Ante esta situación, lamento manifestar a Y. E. que no procede acceder a lo solicitado por los Honorables Diputados.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Belaunay."

36.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 26-Santiago, 5 de enero de 1966.

En respuesta a su oficio Nº 1.785, de 24 de agosto recién pasado por el cual V. E. da a conocer a este Ministerio la consulta de los Honorables Diputados señores Víctor Galleguillos Clett y Hugo Robles Robles, acerca de si es efectivo que la Dirección del Hospital de Antofagasta habría solicitado la renuncia a sus cargos de aquellos funcioarios que prestan servicios en dicho establecimiento y que gozan de pensiones de jubilación o montepío, cúmpleme informarle que tal aseveración carece de fundamento, ya que en ningún momento se ha procedido en la forma insi

imada por los Honorables señores Diputados.

Lo que realmente aconteció en esa oportunidad en el Hospital de Antofagasta fue, que con motivo de una circular de la Contraloría General de la República, todos estos establecimientos hospitalarios del Servicio Nacional de Salud debieron exigir a los funcionarios de su dependencia una declaración jurada, en el sentido si gozaban o no de pensión de jubilación o montepío, para los efectos de las incompatibilidades establecidas en los artículos 56 del D.F.L. Nº 256 de 1953 y 172 del D.F.L. Nº 338 de 1960.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

37.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA

"Nº 27.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 3.341, de 6 de diciembre del año en curso, esa Honorable Cámara pone en conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud de los Honorables Diputados señores Luis Tejeda Oliva, Fernando Ochagavía Valdés y Patricio Hurtado Pereira y de los Honorables Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista y Radical, en el sentido que se adopten las medidas necesarias tendientes a lograr la construcción del Hospital Regional de Coyhaique, provincia de Aisén.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. E. que ya se solicitó a la Dirección de Bienes Nacionales la cesión de los terrenos fiscales del lote "C" de la comuna de Coyhaique, terreno sobre el cual se proyectará la construcción del nuevo hospital para esa ciudad.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) : Ramón Valdivieso Delaunay."

38.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"Nº 614.- Santiago, 4 de enero de 1966.

En respuesta al oficio Nº 3.424, de 14 de diciembre de 1965, remitido a petición de! Honorable señor Diputadodon Oscar Naranjo Arias y en el que se solicita se efectúe una investigación en la I. Municipalidad de Romeral con motivo de diversas irregularidades que se habrían producido, cumple el Contralor General que suscribe con informar a V. E. que se ha designado al Inspector de Servicios, señor Constante Fellenberg F., quien realizará la investigación solicitada tan pronto dé término a la que actualmente practica.

Finalizada la investigación, copia del informe que sobre el particular se emita, se remitirá a V. E.

Dios guarde a V. E-(Fdo.) : Enrique Silva Cimma."

39.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"Nº 801.- Santiago, 5 de enero de 1966.

Por oficio Nº 529, de 30 de diciembre de 1.965, esa Honorable Cámara de Diputados comunicó a! Presidente de la República el Proyecto de Ley de Presupuestos liara 1966, con el objeto de que fuese promulgado. El Presidente de la República procedió a dictar el decreto promulgatorio correspondiente, en la parte no vetada del proyecto a que se ha hecho referencia, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 3 de enero de 1966, como Ley Nº 16.406.

Ahora bien, esta Contraloría General ha podido advertir, al revisar la publicación de la citada ley algunas omisiones y errores que se habrían deslizado en las transcripciones del texto aprobado por el Honorable Congreso Nacional y que fuera sometido a la aprobación del Presidente de la República. Siendo así, el Presi

dente de la República, al dictar el decreto promulgatorio, y esta Contraloría General, al tomar razón del mismo, se limitaron a aprobar y a dar curso, respectivamente, al texto que, según la comunicación contenida en el oficio Nº 529 de esa Honorable' Cámara, era el proyecto que había merecido la aprobación del Honorable Congreso Nacional.

Pero, como se trata de defectos de transcripción que aparecen en la publicación de la Ley de Presupuesto y que pueden dar origen a serias y graves dificultades, esta Contraloría General se ve en la obligación de hacerlos presentes a V. E. para que se sirva, rectificándolos, solicitar del Presidente de la República el decreto correspondiente que complemente la promulgación de la ley Nº 16.408, corrigiendo tales deficiencias.

Las comisiones a que me refiero son las siguiente : en el artículo 5º. en que se fijan para el año 1966 los porcentajes de gratificación de zona, aparecen la provincia de Atacama y la provincia de Coquimbo sin porcentaje de gratificaciones.

El error a que aludo es el siguiente: en el artículo 16 se dice que "las bonificaciones que durante el año 1960 se pasaron con cargo al ítem 26 01 13 de la lev Nº 13.911 se continuarán pagando sin necedad de decreto supremo . . " En realidad, el ítem que debió citarse es el 6 01 13.

Es posible que otros errores no hayan sido advertidos, por lo que me permito sugerir a V. E. se sirva disponer que la publicación a que me vengo refiriendo sea sometida a una completa revisión antes de solicitar de! Ejecutivo el decreto complementario y rectificatorio antedicho.

Saluda atentamnte a V. E.- (Fdo.): Enrique Silva Cimma."

40.-OFICIO DE LA COMISION DE CONTITUCION LEGISLACION Y JUSTICIA

"Nº 18.- Santiago, 5 de enero de 1966. La Comisión de Constitición, Legisla

ción y Justicia en sesión celebrada en el día de hoy, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el acuerdo correspondiente de la Corporación para otorgar autorización a esta Comisión a fin de sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, desde las 17.30 horas, en la cual se continuará conociendo el proyecto de ley, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley Nº 15.576 sobre Abusos de Publicidad.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento a V. E., en cumplimiento del referido acuerdo.

Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Osvaldo Giannini Iñiguez, Presidente Accidental.- Eduardo Mena Arroyo, Secretario."

41.-OFICIO DE UNA COMISION ESPECIAL

"Nº 1.- Santiago, 5 de enero de 1986.

Tengo a honra poner en conocimiento de V, E. que la Comisión Especial encargada de visitar las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, se imponga de las necesidades de éstas y estudie un plan destinado al desarrollo de ellas, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 58 del Reglamento de la Corporación, procedió con esta fecha a constituirse y eligió Presidente de ella al que suscribe.

Dios guarde a Y. E.- (Fdo.) : Luis Papic Ramops , Presidente.- Patricio Goycolea Lira. Secretario Accidental."

42.-COMUNICACIÓN

Del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile con la que formula sus sentimientos de pesar por el fallecimiento del ex DiputadoAbogado don Carlos Mu

Se va a leer la Cuenta.

-El señor Prosecretario subrogante da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Terminada la Cuenta.