Labor Parlamentaria

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

En conformidad con el objeto de la citación, corresponde ocuparse del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadurías de receptores de televisión y radio, y votar sus conclusiones.

-Dice el informe de la Comisión Investigadora en su parte final:

2.- Recomendaciones de la Comisión sobre algunos aspectos que deben considerarse para fijar la futura política electrónica.

La Comisión, finalmente, quiere fijar algunos puntos que a juicio de sus miembros, deben considerarse para la formulación de una política electrónica, en el rubro televisores.

En primer lugar, la Comisión estima que Chile está preparado para la instalación de una Planta para fabricar televisores integrados, como en el caso de Argentina, Méjico y otros países de la Zona, con un porcentaje de componentes nacionales superiores al 90%.

En segundo lugar, la Comisión considera que el establecimiento de esta Planta no significa una inversión exagerada, en moneda extranjera y nacional; que el desarrollo tecnológico chileno la hace factible y que también debe considerarse la posibilidad de que su producción entre a competir en el mercado de la ALALC y, también, que pueda exportar a otros países latinoamericanos o de otros continentes.

Juzga, en tercer término, que dado el volumen del mercado nacional y las posibilidades de una redistribución de rentas que lo amplíe, al favorecer a los sectores económicamente más débiles, permitirá el desarrollo de una Planta única, que fabrique al menor costo posible, una sola marca y tipo de televisor.

En cuarto término, esta Planta única, cuya sede se determinaría (posiblemente en Arica) deberá estar legalmente constituida como una Sociedad Mixta, integrada mayoritariamente (51% a 55% del total de las acciones) por la Corporación de Fomento de la Producción y por sociedades y particulares.

La Comisión Especial Investigadora estima que expresamente debe contemplarse que las sociedades y los particulares, accionistas de la Sociedad Mixta, sólo podrán poseer un número de acciones limitado, que se determinará administrativamente, y que también debe establecerse, en forma expresa y categórica, que la Corporación de Fomento de la Producción no podrá vender sus acciones.

En sexto lugar, la Comisión considera que la Sociedad Mixta debe participar con capitales en la integración de empresas nacionales que fabriquen los componentes fundamentales más valiosos para armar el televisor, pues la Planta única no significa, según su opinión, que no puedan existir, paralelamente, industrias particulares que fabriquen elementos y piezas para armar los televisores, pues ello es de la esencia de los complejos tecnológicos de las industrias modernas.

La Comisión considera que debe estudiarse la posibilidad de favorecer el movimiento cooperativo, ya sea permitiendo que las cooperativas armen para sus cooperados, o bien que a través de aportes en la formación del capital de la Sociedad Mixta obtengan beneficios que puedan destinarse a rebajar los precios de venta o para otorgar más amplias facilidades a sus cooperados.

Finalmente, la Comisión Especial Investigadora estima que a esta Sociedad Mixta, propietaria de la Planta única, debe otorgársele un estatuto legal que le permita desenvolverse, con ciertas garantías mínimas.

Este planteamiento de la Comisión se centra, fundamentalmente, en dos consideraciones : que es éste un negocio altamente rentable y en la conveniencia que existe de integrar a la cultura a más amplios sectores nacionales y esto, en parte, puede obtenerse colocando al alcance de un número considerable de hogares chilenos . este instrumento que permite informar y culturizar. Todo ello, por supuesto, al tener una televisión bien dirigida, inspirada en una finalidad de alto interés nacional y no rebajada en su calidad y moral por las exigencias de una comercialización que no respeta los valores culturales."

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, me corresponde en esta oportunidad dar cuenta ante esta alta Corporación del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas por la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadurías automotrices y de receptores de radio y televisión.

Ante todo, daré cuenta de la primera fase de este trabajo, o sea, de lo relativo a los televisores. Posteriormente, la Comisión informará a la Sala acerca de los resultados de su investigación: en las industrias automotrices y armadurías de radio.

Corno presidente de esta Comisión, y antes de referirme al informe propiamente tal, quiero dejar constancia, frente a la incomprensión con que muchas veces se aprecia el trabajo del Parlamento, de la responsabilidad, del espíritu de unidad y dedicación con que han trabajado todos los Honorables colegas miembros de esta Comisión, que, por encima de ideologías políticas, han contribuido a esta primera parte de nuestra investigación en forma realmente excepcional, que comprometen la gratitud de su Presidente y demuestran cómo, cuando se trata del bien común y de defender los intereses del pueblo de Chile, los parlamentarios se unen, aportando su inteligencia y su trabajo a la obtención de soluciones más claras y precisas frente a los problemas que preocupan al país.

Deseo también, en nombre de todos los componentes de esta Comisión, rendir testimonio de reconocimiento y gratitud a don Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión, y a don Carlos Olivares, ayudante de la misma, ambos antiguos y meritorios funcionarios de la Corporación, con cuyo talento, lealtad y preparación hemos contado todos los parlamentarios, constituyéndose, indudablemente, en los factores principales de nuestro trabajo.

Finalmente, deseo interpretar también el sentimiento de todos los colegas, destacando el papel que les ha cabido a los periodistas de diarios, radios y televisión. Ellos, con idoneidad profesional, han sabido informar a la opinión pública sobre los diversos aspectos de nuestro trabajo, formando conciencia clara de la importancia que tienen las labores que desarrollábamos y traduciendo con claridad la seriedad, honestidad y justicia que enmarcan todas las actividades del Parlamento de Chile.

Esta Comisión Investigadora, que se formó por expresa voluntad de esta Corporación, en Sesión 19ª, celebrada el 14 de julio del año pasado, en vista de las denuncias que diversos señores Diputados formularon en relación con las armadurías de autos, televisores y radios, pasa a informaros sobre uno de los aspectos de su competencia: el proceso de armaduría y comercialización de los televisores.

Como se recordará en la Honorable Cámara, en la referida sesión se acordó designar una Comisión Especial Investigadora con el objeto de conocer las irregularidades cometidas en las armadurías automotrices y de receptores de televisión y radio, y establecer costos, utilidades, autorizaciones de internación y armadurías, cumplimiento de obligaciones tributarias y todo aquello que tenga relación con estas industrias.

La Corporación acordó, asimismo, integrar esta Comisión con los siguientes señores Diputados: Acevedo Pavez, don Juan; Acuña Rosas, don Américo; Aravena Carrasco, don Jorge; Buzeta González, don Fernando; Cademártori Invernizzi, don José; Garcés Fernández, don Carlos; Lavandero Illanes, don Jorge; Momberg Roa, don Hardy; Pareto González, don Luis; Rodríguez Nadruz, don Juan; Sívori Alzérreca, don Carlos; Turna Masso, don Juan, y el Diputado que habla.

La Comisión se constituyó el jueves 22 de julio y eligió Presidente al Diputado que en estos momentos informa a esta Corporación.

En la Sesión 6ª de la Comisión, celebrada el martes 10 de agosto de 1965, se dio cuenta de un oficio del señor Presidente de la Corporación, en el que comunica que la Honorable Cámara acordó ampliar la competencia de la Comisión Especial Investigadora, con el objeto de que también pueda ocuparse "de las irregularidades en relación con la maquinaria agrícola y sus repuestos".

En la Sesión 4ª, celebrada en 3 de agosto, se dio cuenta del reemplazo del señor Garcés por el señor Monares.

En la Sesión 7ª, celebrada el día 20 de agosto, los señores Sívori y Lavandero fueron reemplazados por los señores Ruiz-Esquide y Videla, respectivamente; en la Sesión 9ª, celebrada el 26 de agosto, el señor Sívori reemplazó al señor Ruiz-Esquide.

En la Sesión 20º, de la Comisión, se dio cuenta de los reemplazos de los señores Sívori, don Carlos y Videla, don Pedro por los señores Fuentes, don César Raúl y Santibáñez, don Jorge, respectivamente.

Finalmente, en la sesión 22, celebrada el 14 de diciembre, los señores Momberg y Santibáñez fueron reemplazados, respectivamente, por los señores Phillips y Jerez, como miembros de la Comisión.

La Comisión ha celebrado 22 sesiones, muchas de ellas de larga duración. Junto con preocuparse de las materias que ahora informa, también estudió aspectos de la industria automotriz y de la comercialización de los vehículos motorizados.

Para formarse un concepto más completo y realista del funcionamiento de las armadurías de aparatos de televisión y da vehículos motorizados, los miembros de la Comisión se trasladaron a la ciudad de Arica entre los días jueves 9 y lunes 13 de septiembre.

Durante esa breve estadía cumplió un completo programa de visitas, con el objeto de que los integrantes de la Comisión pudieran formarse un cabal criterio sobre el proceso de armaduría, naturaleza de las instalaciones y maquinarias destinadas a este efecto y, también, las condiciones materiales en que trabajan los obreros y empleados.

La Comisión se hace un deber en destacar la colaboración del señor Gobernador de Arica, don Carlos Vildósola y, en forma muy especial, la del Presidente de la Asociación de Industriales de Arica (ASINDA), señor Teodoro Schmidt.

Asimismo, deja constancia que los representantes de las armadurías de aparatos de televisión y radios y de vehículos motorizados otorgaron a la Comisión facilidades para su visita y sus ejecutivos entregaron a los señores Diputados miembros de la Comisión informaciones, en conjunto o en forma particular, sobre diversos aspectos de sus actividades.

La Comisión invitó, para que hicieran relaciones sobre materias propias de sus funciones y entregaran información, a los señores Domingo Santa María Santa Cruz, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; Jaime Ross Bravo, Director del Servicio de Impuestos Internos; Hernán Lacalle Soza, Director de Industria y Comercio; Mario Puelma C, Gerente del Departamento de Comercio Exterior del Banco Central de Chile; Andrés Allende Urrutia, Jefe del Departamento de Actos y Contratos de la Subdirección de Operaciones del Servicio de Impuestos Internos: David Tunik Z., Secretario Ejecutivo del Comité de Desarrollo de la Industria Electrónica -Corporación de Fomento de la Producción- y Hernán Montero Labbé, Ingeniero Asesor del Departamento de Costos y Precios de la Dirección de Industria y Comercio.

Escuchó, también, a los representantes de las armadurías, quienes, además de la información que verbalmente proporcionaron, entregaron o enviaron posteriormente alguna documentación complementaria.

En la sesion 4ª, celebrada en martes 8 de agosto de 1965, se escucharon las exposiciones de los señores Milán Platovsky y Carlos Salgado, Gerente General y Abogado, respectivamente, de la firma "Me-llafe y Salas" y al señor Leopoldo Sanz de la firma "Leopoldo Sanz".

En la sesión 5ª, celebrada el jueves 5 de agosto de 1965, los señores Juan Hugo Zapata y Pablo Tirado. Gerente y Director Industrial, respectivamente, de la Sociedad Comercial V. Bolocco y Compañía Sociedad Anónima Comercial, hicieron una exposición sobre diversos aspectos de la citada industria.

En esa misma sesión, se escuchó a los representantes de la firma Bonacic y Caro, señores León Caro, Isaac Caro, Ljubomir Bonacic y Víctor Torres, Abogado.

En la sesión 6ª, celebrada en martes 10 de agosto de 1965, la Comisión escuchó a los representantes de la R. C. A. Víctor, señores Julio del Río, Gerente General, Miguel Berríos, Subgerente, y Alfredo Esquive!, Contador.

En la sesión 7ª, en viernes 20 de agosto de 1965, escuchó al señor Sergio Mal-donado Buendía, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Electrónica de la Asociación Nacional de Importadores de Chile.

En la sesión 17ª, en jueves 28 de octubre de 1965, los señores Tulio Núñez Troncoso y Edgardo Molinares Noceda, Gerente y Jefe del Servicio Técnico de Televisión de la Cooperativa de Empleados Particulares Limitada (COOPEM-

PART), respectivamente, reseñaron las actividades de esa entidad y la presentación que ha hecho al Comité de Desarrollo de la Industria Electrónica para que se le autorice la instalación de una armaduría de aparatos de televisión, a fin de entregarlos a sus asociados y a otras cooperativas a menor precio.

En esta misma sesión, la Comisión recibió al Encargado de Negocios de Polonia, señor Damián Silsky, quien se refirió a la oferta de la firma polaca "CE-KOP", de Varsovia, para instalar una armaduría de televisores en Chile.

Por acuerdo adoptado en la sesión 15ª, celebrada en jueves 7 de octubre, la Comisión designó al ingeniero señor Raúl Jofré para que la asesora en algunos aspectos técnicos. La Comisión destaca, valoriza y agradece el' aporte del señor Jofré y de sus colaboradores, ingeniero señor Jaime Canala Echeverría y señor Aurelio González.

Con el objeto de allegar la mayor cantidad de antecedentes, indispensables para el debido cumplimiento de las tareas que la Cámara tuvo a bien encomendarle, la Comisión ha dirigido hasta ahora más de un centenar de oficios. Ha recibido respuesta a la gran mayoría de ellos. Pero es importante señalar la demora con que han sido contestados y el hecho de que muchas informaciones contenidas en las respuestas no han correspondido fielmente a lo solicitado por la Comisión o han sido incompletas.

A esto debe agregarse que la naturaleza del trabajo parlamentario impide, como norma de proceder general, la realización personal de muchas diligencias por parte del Presidente o del personal de la Secretaría de la Comisión.

Por último, deseo dejar establecido que, en el transcurso de la investigación, se recibieron en la Comisión innumerables denuncias de particulares. La mayor parte de ellas se refiere a la falta de facturas o facturaciones hechas por un valor inferior al precio de compraventa. Algunas dan a conocer otras irregularidades e incumplimiento de contratos. Es el caso de la presentada por los "directivos" de la Cooperativa de Dentistas "CODEN-CHILE" y de la Cooperativa del Servicio y Consumo de Médicos de Chile, sobre la falta de cumplimiento del convenio que "FENACOP" suscribió con el señor Kurt Brauner, importador y armador domiciliado en avenida Diez de Julio 444.

Se ha constituido un comité que representa a todos los compradores de televisores con sobreprecio y que agrupa alrededor de 15.000 personas. Ha hecho llegar a Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Presidente de la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la Comisión investigadora, una larga lista de firmas que certifica el interés que ha despertado en la ciudadanía el trabajo que hemos estado desarrollando. Este comité está luchando activamente por obtener que se haga justicia a los compradores y ha entregado a Impuestos Internos valiosos antecedentes y documentos que prueban fehacientemente la magnitud de este escándalo, que ha permitido a un grupo de inescrupulosos industriales ganar fortunas fabulosas, evadiendo impuestos, obteniendo utilidades excesivas, comerciando con un medio de divulgación científica y cultural como los receptores televisión.

La verdad es que nadie pensó en la trascendencia que iba a tener una denuncia como ésta. Además de ser un acto fiscalizador, propio de la función parlamentaria, el proceso sobre los televisores ha constituido una acción moralizadora y de alto nivel educativo. Las medidas tomadas y por tomarse significarán poner al alcance de vastos sectores de nuestra población estos nuevos medios de la técnica moderna que, como una nueva ventana al porvenir, traen no sólo sano esparcimiento, sino también la información oportuna, el arte y la cultura, el aire renovado para un pueblo que avanza y dialoga, que tiene ansias de aprender y de ver lo que otros, como él, hacen en la lucha diaria de este mundo tan nuestro y desconocido.

A petición de parlamentarios de la Democracia Cristiana, el miércoles 14 de julio de 1965, la Cámara celebró una sesión especial para "analizar los costos y precios de los televisores y otros aspectos relacionados con su armaduría, producción e internación".

En esa sesión, parlamentarios de diversos sectores políticos formularon denuncias relacionadas con:

1.- El monopolio de cuatro firmas en materia de armaduría de televisores;

2.- El excesivo precio de venta al público de los televisores; y

3.- Las grandes utilidades obtenidas por los armadores.

Analicemos, punto por punto el origen de estas denuncias.

Respecto al monopolio de las cuatro firmas, es importante distinguir dos etapas. En la primera, la importación de estos aparatos estuvo permitida. En el Diario Oficial Nº 24.343, del 15 de mayo de 1959, se publicó el decreto Nº 5.474, del Ministerio de Hacienda, que fijó para todos los efectos legales, la libre importación de los artículos e instrumentos para las ciencias, las bellas artes y sus aplicaciones (equipos de televisión, repuestos para radiorreceptores u otros elementos).

La segunda etapa, en la cual ha estado prohibida la importación de televisores al país, comenzó el 12 de enero de 1962. Conviene que la Honorable Cámara recuerde esta fecha, porque a partir de ella se produjeron algunas irregularidades que hemos comprobado.

En el Diario Oficial Nº 25.142, del 12 de enero de 1962, se publicó el decreto Nº 41 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que eliminó de la lista de mercaderías de importación permitida por el decreto de Hacienda Nº 5.474, a los radiorreceptores armados, los receptores de televisión armados y los tubos electrónicos para uso de radiotransmisión y televisión.

Cabe advertir que, incluso con anterioridad a esta fecha, ya algunas firmas se encontraban instaladas en la ciudad de Arica, fabricando equipos electrónicos.

Para la comprensión cabal de este problema, es necesario referirse sucintamente, sin entrar en el detalle o análisis de cada uno, a los decretos que concedieron a sólo cuatro firmas armadoras las garantías que les permitieron después especular con los aparatos de televisión.

La firma Mellate y Salas fue autorizada por resolución Nº 256, de 27 de mayo de 1955, que no se publicó en el Diario Oficial.

Posteriormente, la resolución Nº 1.065, de 7 de noviembre de 1956, autorizó la ampliación de esta industria. En su parte resolutiva, dice lo siguiente: "La ampliación de esta industria producirá los siguientes artículos con las capacidades máximas anuales que se señalan: 1.000 instrumentos de medida electrónicos; 3.500 tocadiscos automáticos; 1.500 tocadiscos manuales; 100 tocadiscos actuados por monedas; 2.000 receptores de radio portátiles y de automóviles; 5.000 receptores de televisión; 50 transmisores de televisión; 1.500 aparatos para aire acondicionado...", etcétera.

Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 1955, se dictó el decreto Nº 11.440 que, en su parte resolutiva, declaró "aplicables, durante un período de quince años, contados desde el 1° de junio de 1956, a la industria de "Mellafe y Salas Ltda.", instalada en la comuna de Arica, las franquicias tributarias indicadas en las letras a) y b) del artículo 11 del D. F. L. Nº 303 de 1953".

Más adelante, por el decreto Nº 12.861, de 1° de octubre de 1958, se concedió a la firma Mellafe y Salas la exención del pago del impuesto a las compraventas a que se refiere el artículo 22, Nº 9, de la ley Nº 12.120.

En otras palabras, a través de sucesivos decretos, la firma obtuvo una ampliación de la industria, una exención tributaria y los beneficios de la Ley de Arica.

Por el decreto Nº 1.109, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 9 de agosto de 1961 se autorizó a la Sociedad Comercial Bolocco y Compañía para ampliar su industria de radios ubicada en Arica y para producir receptores de televisión, con la condición de armar una cantidad mínima de 5.000 unidades anuales.

Por decreto Nº 1.110, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 9 de agosto de 1961, se autorizó al señor León Caro Azar para ampliar su industria de radios instalada en Arica y para producir receptores de televisión, con la condición de armar 1.500 unidades al año, con mercaderías nacionales e importadas.

Como veremos más adelante, esta firma y las otras no cumplieron nunca con las cuotas de producción que se les fijaron.

Por decreto Nº 1.347, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 21 de septiembre de 1961, se autorizó a la firma Leopoldo Sanz y Compañía Limitada para ampliar su industria, fijándosele una producción mensual de 220 aparatos de televisión de sobremesa y consola y de 30 televisores portátiles, cantidades que tampoco ha fabricado hasta ahora.

Por lo tanto, en conformidad con las consideraciones que se tuvieron en vista para otorgarles los beneficios, las firmas fabricantes de aparatos de televisión tenían el compromiso de producir 5.000 unidades al año, en el caso de Mellafe y Salas; 5.000, en el de Bolocco y Compañía; 2.640 televisores corrientes y 360 portátiles, en el de Leopoldo Sanz; y 1.500, en el de León Caro Azar.

Sin embargo, la producción total de estas empresas ha sido la siguiente:

Mellafe y Salas: 1.450 unidades, en 1962; 1.400, en 1963; y 4.392, en 1964.

Bolocco y Compañía: 326 unidades, en 1962; 4.011, en 1963; y 4.505, en 1964.

Leopoldo Sanz: 989 unidades, en 1962; 1.039, en 1963; y 1.148, en 1964.

León Caro Azar: 335 unidades, en 1962; 791, en 1963 y 2.125, en 1964.

La producción total de las cuatro firmas indicadas fue de 22.511 televisores en el período de tres años.

Pues bien, durante la vigencia del régimen de libertad de importación, que terminó el 12 de enero de 1962, se internaron al país 12.000 receptores de televisión. Como en este momento existen en Chile alrededor de 80.000 televisores, cabe preguntarse: ¿dónde se fabricaron o de dónde salieron los 40 ó 50 mil aparatos que no coinciden con los datos de importación ni con los de producción de las firmas mencionadas?

Por decreto Nº 519 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de 18 de agosto de 1965, se creó una Comisión para el desarrollo de la industria electrónica, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, quien la presidirá; el VicepresidenteEjecutivo del Banco Central de Chile; el Director de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el Secretario Ejecutivo para los asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; el Director de Servicios Eléctricos y de Gas y el Secretario Ejecutivo de la Comisión.

La finalidad de esta Comisión es, fundamentalmente, el desarrollo de estudios, análisis de proyectos, orientación manufacturera y, en general, la promoción de la industria electrónica.

Entre sus principales atribuciones se pueden mencionar: Estudiar las inversiones y volúmenes de producción en relación con la capacidad de consumo del mercado interno o externo, con miras a proponer las medidas que permitan el desarrollo de una integración armónica y estable.

Preparar programas de integración aplicables tanto a las industrias electrónicas que se encuentran en funcionamiento como a las que se instalen en el futuro.

Recomendar los métodos o sistemas a que deben ajustarse los organismos especializados en los estudios estadísticos, con miras a establecer las verdaderas necesidades y posibilidades de la industria electrónica, especialmente en lo relativo al consumo y producción de divisas.

Proponer al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción las glosas de importación que deben crearse o eliminarse, como igualmente los niveles arancelarios que resulten aconsejables para el mejor desenvolvimiento de la industria electrónica y las condiciones y programas de integración a que deberá sujetarse la in-industria electrónica.

Le corresponderá también recomendar las medidas que permitan asegurar que las industrias instaladas, o que se instalen, se ajustarán estrictamente a los programas de desarrollo y producción, como asimismo, señalar aquellas medidas de promoción que faciliten el cumplimiento de dichos programas.

Finalmente, le cabe a esta Comisión proponer la reglamentación de cada uno de los campos de la industria electrónica, hasta llegar a la formación de un estatuto que contenga disposiciones legales permanentes que regulen y estabilicen el desarrollo y funcionamiento de la actividad electrónica.

Por oficio 19.168, de 10 de diciembre de 1965, el señor David Tunik, secretario ejecutivo de la Comisión para el desarrollo de la industria electrónica nacional, en respuesta al oficio Nº 110, de 24 de noviembre, de la Comisión Investigadora expresa que ''al tomar a su cargo las actividades señaladas en el párrafo precedente, la Comisión recibió del Departamento de Industrias del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 38 solicitudes relacionadas con la instalación en diferentes puntos del país de industrias armadoras de aparatos de televisión y otras manufacturas electrónicas.

"Asimismo, se recibió antecedentes correspondientes a solicitudes de autorización para fabricar componentes electrónicos para radio y televisión y otras manufacturas electrónicas menores".

En este mismo informe se expresa que, "dado que las solicitudes recibidas correspondían a distintas fechas de presentación, estaban planteadas sobre términos diferentes, y, en muchos casos requerían aclaración o ampliación de informaciones, la Secretaría de la Comisión solicitó, en el curso del mes de agosto pasado, que se reactualicen los antecedentes presentados".

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 194 de 1960, ha enviado a esta Comisión para el desarrollo de la industria electrónica, para su informe previo, las nuevas solicitudes de industrias relacionadas con la actividad electrónica.

Así es como ha recibido en el curso de los tres últimos meses otras cuatro peticiones.

Además, sin perjuicio de las solicitudes recibidas a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la Comisión para el desarrollo de la industria electrónica ha admitido directamente, para su consideración e informe, varias que corresponden exclusivamente a la fabricación de componentes electrónicos yo manufacturas electrónicas menores.

Se expresa en el informe del secretario de dicha Comisión que: "Es de interés señalar que los diferentes proyectos presentados a la consideración de la Comisión están siendo considerados desde el punto de vista de desarrollo general del sector electrónico. Vale decir, se ha enfocado el problema de la armaduría de televisores y fabricación de sus partes y componentes electrónicos, como primera etapa de un programa general de desarrollo electrónico que proyecta llevar a cabo el Gobierno, teniendo en vista las posibilidades de mercado interno y la integración dentro del mercado de la ALALC."

Dice también el informe: "Finalmente, en lo que se refiere a la instalación de nuevas armadurías de televisores, la Comisión ha estudiado un programa paulatino de integración, el cual permitirá una reducción substancial en el monto de divisas requeridas por aparatos que se armen en el país".

Y agrega que: "A título informativo podemos señalar que dicho programa significará inicialmente un egreso de divisas por concepto de partes y componentes importados no superior a US$ 70 por aparato armado, cifra que no deberá ser superior a US$ 30 al cabo de 2 años de desarrollo."

En el acta de la sesión 6ª de la Comisión Especial Investigadora, celebrarla en martes 10 de agosto de 1965, se expresa en forma textual:

"El señor PARETO.- Por lo menos, en lo que a mí respecta, quisiera aclarar bien si son un monopolio las autorizaciones dadas en su oportunidad, porque sólo fueron cuatro las firmas que las consiguieron. ¿Por qué aparece el señor Leopoldo Sanz y no le entregaron la autorización directamente a la R. C. A. Víctor?

"El señor DEL RIO (Gerente General de la R. C. A. Víctor).- Pedimos la autorización, pero llegamos place. Incluso Leopoldo Sanz no tuvo todas las franquicias, en el aspecto tributario".

Estos antecedentes que se están entregando a la Cámara, señor Presidente, van formando una idea general acerca de algo sobre lo que ya teníamos conciencia los integrantes de la Comisión, es decir, de la arbitrariedad de este tipo de concesión otorgada a cuatro industriales de Arica con detrimento de las posibilidades económicas del consumidor, pues se ha probado que no era el hombre de gran fortuna, sino el empleado, el modesto industrial, quien adquiría receptores de televisión. Al subir los precios, se produjo el monopolio que permitió las ganancias ahora investigadas.

Para una mayor referencia, me permitiré también dar a conocer el documento que nos hizo llegar la Cooperativa de Empleados Particulares, que presentó una solicitud al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para establecer una industria dedicada a la fabricación de televisores, registrada bajo el Nº 11.688, de 15 de octubre de 1963, clasificación 1-12 A-5/27, aún no resuelta. Entre los antecedentes que la justifican menciona este documento:

"A) Coopempart inició en Chile la actividad que permitió poner los televisores al alcance de grupos de recursos medios y aún modestos".

"B) Ha entregado 4.500 televisores a usuarios hasta comienzos del año pasado de 1964, en que no se ha podido disponer de unidades por imposibilidad de importación directa y por no haber podido obtener ofertas" -escúchenlo bien los señores Diputados- porque no han podido "obtener ofertas de las fábricas establecidas actualmente en Arica".

Es decir, éstas no se interesaban en colaborar con una cooperativa de empleados particulares, que atiende a un sector reducido de trabajadores, donde no existe competencia y se habría beneficiado a un grupo modesto de la población.

Agrega la nota: "Su mercado potencial propio es del orden de 30.000 unidades. El resto de las Cooperativas agregaría no menos de 200.000 unidades adicionales".

"C) Coopempart tiene organizado uno de los servicios más completos para televisores, en el precio que el usuario puede aprovechar y valores apenas superiores al costo efectivo y que representa la más positiva ayuda para permitir mantener el uso de sus aparatos a personas de ingresos medios y bajos".

"Este servicio se sigue atendiendo hasta donde la disponibilidad de repuestos importados lo permite.

"D) Coopempart, con un esfuerzo económico que se prolonga ya desde hace tiempo, ha mantenido personal técnico idóneo, el mismo que ha intervenido en gran parte en la armaduría de los televisores ya entregados al comercio, para afrontar en el máximo nivel técnico y de calidad el proceso de fabricación al aceptarse nuestra solicitud pendiente.

"E) A través de las conversaciones que hemos tenido oportunidad de mantener con las autoridades, creemos que existe consenso en la ventaja y necesidad de poner la televisión al alcance del pueblo como elemento de desarrollo político, económico y social".

"Nos permitimos sostener que esta Cooperativa, como lo ha probado ya ampliamente, está en condiciones de colocar este elemento de difusión al alcance de los cooperados de ésta y otras Cooperativas en el más alto nivel de calidad y al precio más reducido".

La comunicación enumera diversos otros puntos relacionados con los fundamentos y justicia de la petición que esta cooperativa iniciaba.

Con fecha 14 de agosto de 1965, la firma FATRA Limitada, de Santiago, se dirigió a la Comisión para el desarrollo de la industria electrónica de la Corporación de Fomento de la Producción, y le remitió el estudio para la instalación de una armaduría de televisores en aquella empresa.

En comunicación que el señor Brauner, ejecutivo de FATRA dirigió al Diputado señor Félix Garay, quien la transmitió al Presidente de la Comisión, junto con informarle de la presentación de esta solicitud, se refiere al precio de venta al público y le expresa que, en el primer año de vida, esa firma está en situación de producir televisores de 23 pulgadas por un precio de 1.506,76 escudos, es decir, aproximadamente un millón y medio de pesos, con una inversión en moneda extranjera de 63 dólares. El saldo equivale al costo del material nacional y obra de mano. Agrega que durante el segundo año puede armar televisores con una inversión de 14 dólares y con un precio final al público de 1.362 escudos.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la cuenta que está dando el Honorable señor Sanhueza, como Diputado informante de la Comisión que investigó las irregularidades referentes a armadurías de televisión, que a simple vista se observan en el país. El Honorable colega manifestó que la Comisión Investigadora había realizado 22 sesiones, lo cual demuestra que ella trabajó bastante y por eso estamos conociendo un informe bien acabado. Sé también que esta Comisión ha recibido críticas de los empresarios que están especulando en Chile en estas industrias materia de la investigación, por lo menos, en la de armaduría de televisores.

Entonces, quiero preguntar al señor Diputado Informante, ya que se refirió a los precios de los televisores ¿en qué ha quedado una oferta que hizo la industria polaca CEKOP, de Varsovia? Como lo anunciara el Honorable señor Jerez en la Cámara, en esa proposición, esta fábrica de televisores ofrecía entregar aparatos a 600 dólares o a su equivalente en pesos.

Desearía que el Honorable colega me informara de esta oferta hasta donde esté en su conocimiento.

El señor SANHUEZA.-

Si me permite, Honorable colega, para no salirme del tema le rogaría que me excusara de referirme concretamente, en esta oportunidad, a la oferta de la industria CEKOP., en atención a que, más adelante, se da en el informe una explicación sobre ese detalle. Le suplicaría, con el objeto de no repetir cifras, porque se trata de un informe bastante largo, que me dispensara, por ahora, de contestarle, a fin de poder absolver, más adelante su pregunta. Sin perjuicio de ella puedo informar a Su Señoría que la Comisión escuchó al señor Damián Silsky, Encargado de Negocios de Polonia, quien dio amplios antecedentes sobre la materia, porque, en verdad, los que teníamos no eran exactamente iguales a los que él dio a conocer, en esa oportunidad.

En todo caso, en atención a la inquietud del Honorable señor Aguilera respecto a precios, puedo manifestar que, evidentemente, los que, al detalle, dio el señor Silsky sobre televisores, habrían sido muy inferiores a los vigentes en el mercado; lo que, además, constituye la mejor prueba de que con este monopolio en favor de cuatro firmas o industrias del ramo, se estaba favoreciendo a un grupo de industriales, a despecho de las necesidades del gran público consumidor.

Voy a referirme, ahora, a los precios de venta al público de los aparatos de televisión, los cuales, por ser excesivos, provocaron inquietud entre algunos Honorables colegas.

Debo recordar que en julio de 1965, los televisores armados en Arica tenían los siguientes precios:

NOMINA DE PRECIOS, TELEVISORES ARMADOS EN ARICA

Desde luego, hay que destacar que, a pesar de lo establecido en el decreto Nº 264, de 21 de febrero de 1964, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que congeló, a contar de esa fecha, los precios, al mayor y al detalle, de todos los artículos, productos y servicios declarados de primera necesidad por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los precios que fijaban las firmas armadoras experimentaron varias alzas.

En la sesión 4ª de la Comisión Especial Investigadora, se consultó al gerente de Mellafe y Salas "cómo han determinado esta ganancia en relación al costo. Si para ello han debido aplicar un porcentaje y, en caso afirmativo, cuál sería éste".

El señor Platovsky, gerente de Mellafe y Salas, respondió que han obtenido este dato mediante un estudio técnico actualizado. Y señaló que, en un régimen de libertad de empresa, los precios se fijan de acuerdo con la oferta y la demanda. Es decir, no existía ningún estudio técnico que permitiera a los industriales establecer los costos reales de sus aparatos.

En esa misma sesión, el Honorable Diputado señor Cademártori, refutando esta concepción, sostuvo que: "la circunstancia de encontrarse este mercado desproporcionado por una demanda extraordinaria y afectado por la escasez de divisas, parecería haber inducido a los industriales a alzar los precios sin medida para obtener el máximo de utilidad posible".

El estudio de los costos, realizado polla Comisión, muestra, a juicio de sus integrantes, que ellos han sido extraordinariamente aumentados. Así por ejemplo, en junio de 1965, los televisores marca "Celoso" tenían un precio de venta al público de Eº 2.900 al contado. Algunos factores de este costo son, indudablemente, materia de serias objeciones por parte de la Comisión. Pido a los Honorables colegas pongan atención en estas cifras que daremos a continuación, porque, evidentemente, sin tratar de acusar sólo a la firma Bonacic y Caro, ellas demuestran cómo fueron alterados los costos y disimuladas las utilidades, haciéndolas aparecer bajo otros rubros. Entre los factores de los costos que figuran en la lista entregada por ella, como aparece en la página 40 del informe entregado a los Honorables colegas, con el Nº 11 se señala: "costos de venta (propaganda: aporte canales de T. V.), Eº 20" por televisor. En el acta impresa de la sesión 5ª de la Comisión, celebrada en jueves 5 de agosto de 1965, se expresa textualmente: "Interrogado sobre este punto por el señor Acuña, el señor Bonacic explicó que de los Eº 120 que figuran como costo de venta, Eº 10 corresponden a aportes a los canales de televisión de las Universidades".

La Comisión recibió, posteriormente, sendas declaraciones de rectificación de los canales de televisión de Santiago, las cuales fueron publicados en la prensa y, hasta este momento, no han sido desmentidas. Así, el señor Carlos Fredes Aliaga,

Director del Departamento Audiovisual del Canal 9, en la parte substantiva de su declaración, expresa: "es absolutamente falso, pues, ni hoy ni durante todo el tiempo transcurrido desde la salida al aire de este Canal, se ha recibido subvención alguna de parte de éstas u otras firmas armadoras". Y el señor Eduardo Tironi Arce, director general del Canal 13, por su parte, manifiesta: "Debo declarar que Canal 13, televisión de la Universidad Católica de Chile, no recibe subvenciones de ninguna naturaleza, y por lo tanto, cualquiera declaración en sentido contrario, sería absolutamente falsa".

En el acta de la sesión 5ª de la Comisión, celebrada, como dije, en jueves 5 de agosto, el abogado de la firma Bonacic y Caro, señor Víctor Torres, dio a conocer una carta, dirigida al señor Director de Industria y Comercio. En esa comunicación, en que solicita un aumento de su cuota de divisas en un 100%, y en que se fundamentan las ventajas que se obtendría especialmente en la rebaja de los precios que se produciría por el volumen mayor de aparatos armados textualmente se expresa:

"Queremos hacer notar que nuestra empresa, sabedora de las múltiples dificultades económicas por que atraviesan los canales de televisión, los ha apoyado financieramente, patrocinando en forma constante programas en cada uno de ellos y, al mismo tiempo, apoyando la labor informativa de los mismos, auspiciando programas de difusión del Supremo Gobierno, como por ejemplo, la reciente gira del Excmo. señor Eduardo Frei."

Lamento, -hago esta observación, no como relator, sino como Diputado de Gobierno- que esta aseveración no haya sido desmentida.

En la misma acta de la Comisión correspondiente al 5 de agosto, a que estoy haciendo referencia, figura también otro tipo de cargos, que es interesante anotar. En la página 15 del impreso aparece como uno de los rubros del costo, con el Nº 15, la suma de Eº 480 por concepto de impuesto de compraventa.

"A este respecto, el señor Torres abogado de la firma "Bonacic y Caro" -que ni siquiera es representante de la industria- explica que la empresa no paga este impuesto, pero ha sido considerado en el costo en razón de ser una franquicia tributaria de que la firma está gozando, en virtud de su reconocimiento de la Excma. Corte Suprema, en fallo de casación de fondo, dicta con fecha 6 de mayo de 1964". Es decir, habría un costo supuesto en favor de los interesados, absolutamente lesivo para el Fisco.

Asimismo, los ejecutivos de Bonacic y Caro, para justificar este mismo costo, mencionaron, en la audiencia del 5 de agosto de 1965, como uno de los factores del precio de venta al contado al público de Eº 2.900, el rubro contenido en el Nº 16 del cuadro de análisis de costo a que estoy haciendo referencia: la comisión al distribuidor, de Eº 580 por aparato.

"En un memorándum entregado, al análisis el sub- párrafo "Utilidades", textual-mente se lee:

"Antes de entrar a analizar las utilidades de la empresa, es necesario tener en cuenta que hemos actuado en el doble carácter de fabricantes de T. V. y de distribuidores de los mismos, a través de nuestra organización, con locales "Telemundi", en calles Agustinas esquina de Mac-Iver, Providencia y Vicuña Mackenna, de Santiago, y en Santa María, de Arica, y Condell de Valparaíso y para este efecto debe temerse en cuenta que a partir de julio de 1963, de nuestra producción hemos vendido mediante nuestra organización aproximadamente el 43% y la diferencia por medio de comerciantes comisionistas, y que en el año 1964 se traspasaron a utilidades los fondos de eventualidades que se habían acumulado en años anteriores en espera de lo que se resolviera en el juicio tributario que tuvimos que seguir."

En otras palabras, en el costo de Eº 2.900, reconocido por la firma "Bonacic y Caro", la Comisión logró demostrar que se recargaban engañosamente Eº 120 como contribución a los canales de televisión de las Universidades, afirmación, como ya he dicho, desmentida rotundamente por los gerentes de dichos institutos; Eº 480, casi medio millón de pesos, como impuesto de compraventa, que no pagaban por estar exentos; y Eº 580 como Comisión de distribuidor, que tampoco existía por ser exclusivamente ellos, a través de sus locales "Telemundi", quienes efectuaban las ventas. Es decir, se cargaban en ese precio Eº 1.180 de utilidades, escondidas como gastos, que representan un 46, 6%. Si a esto agregamos la utilidad declarada como tal, que es de Eº 470 por aparato, realmente las utilidades alcanzan, en un televisor del costo que señalo, a! 56,8%.

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, deliberadamente he interrumpido, porque parece de extraordinaria gravedad que, informando ante la Comisión, a requerimiento de ella, sobre esta materia, algunos representantes de estas empresas hayan faltado manifiestamente a la verdad. ¿Qué medidas adoptó la Comisión frente a esto? Porque en presencia de las aseveraciones de los gerentes y responsables de los canales universitarios de televisión, negando por completo haber recibido las sumas indicadas de parte de los fabricantes, es evidente que han incurrido en un verdadero delito, del que podría conocer la Justicia Ordinaria, a falta de otra autoridad que interviniere en la materia.

Por eso, pregunto si la Comisión tomó alguna medida, si elevó la denuncia a alguna autoridad, para que obrara en consecuencia.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, puedo informar al Honorable señor Godoy Urrutia que la Comisión resolvió pedir a la Sala -lo que se hará en la sesión de la tarde- que acuerde solicitar la designación de un Ministro en Visita que se aboque al estudio de estas y otras irregularidades; porque, desgraciadamente, no teníamos atribuciones que nos hubieran permitido haber ido más lejos en esta investigación. Esperamos que todos los Honorables colegas nos acompañen en este proyecto de acuerdo, que viene a sancionar los delitos de que estamos dando cuenta.

Al continuar la apreciación de costos y de la economía de las diferentes armadurías, habiendo señalado ya cómo una firma hacía aparecer en sus costos cifras que no correspondían a la realidad, quiero pedir a los Honorables colegas que me acompañen en este análisis revisando el estudio que figura en la página 17 del boletín que se ha repartido, en el cual están contemplados los distintos rubros que inciden en la determinación de los precios.

Como puede apreciarse, y sin tratar de alargar más este informe, prácticamente existe coincidencia en el costo de los distintos ítem y productos que las armadurías presentan. Así, por ejemplo, en el punto A) "Materia prima importada", el valor CIF de las diversas piezas y partes que se traen del exterior es más o menos similar: Bolocco y Cía., 280 escudos; Mellafe y Salas Limitada, 257 escudos; Bonacic y Caro, 267 escudos; y, Leopoldo Sanz, 390 escudos. Lo mismo ocurre respecto de los rubros "Materia prima nacional", "Fletes y seguros" y "mano de obra directa". En general, hay semejanza, si bien es cierto que en algunos casos hay diferencias apreciables, de hasta un 50%.

Los estudios que nosotros tenemos, hechos por la Comisión con la asesoría de algunos ingenieros, a quienes ya mencioné y cuya cooperación agradecí, nos permiten dar a conocer un cuadro diferente.

En virtud de las conclusiones de esas investigaciones, la Comisión -como es de conocimiento de la Honorable Cámara y de la ciudadanía, en general- pidió al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fijara los precios de los televisores. Como resultado de esa solicitud se dictó el decreto Nº 606; el cual prácticamente, vino a hacer justicia y a establecer valores de venta que, si bien es cierto están todavía muy lejos de serlos efectivamente reales- pues a juicio de la Comisión son susceptibles de ser todavía más bajos-, por lo menos representan un avance y consiguieron terminar con la especulación que se estaba produciendo en esta materia.

Nuestra estimación acerca del costo de un aparato de televisión -incluyendo las utilidades- alcanza a la cifra de Eº 1.081. Hasta esta fecha, no hay en el comercio televisor alguno de este precio. Por tal motivo, nosotros seguiremos haciendo indicaciones para lograr la dictación de un decreto que haga justicia en este aspecto.

El señor AGUILERA.-

No obstante, la especulación sigue.

El señor SANHUEZA.-

Sigue, señor Diputado, pero en menor escala.

En la sesión de la Comisión Investigadora celebrada el jueves 5 de agosto de 1965, el gerente de Bolocco y Compañía Limitada, señor Zapata, expresó que, en el costo del televisor, el factor mano de obra representaba 130 escudos.

El "standard" mundial, en cuanto horas-hombre empleadas en un televisor, es de cinco horas por unidad. Dando un margen de seguridad amplio en favor de Bolocco, se podría llegar a siete horas.

El Honorable señor Jerez, durante su intervención en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el miércoles 14 de julio de 1965, en la cual se estudiaron diversos aspectos relacionados con la arma-duría de estos aparatos, consideró que el 50% de las sumas que han sido asignadas como remuneraciones para la hora-hombre -establecida en la cantidad de 10 escudos- corresponde a imposiciones y leyes sociales. Esa cantidad produciría el salario más alto que se pagaría en Chile a un obrero no especializado; o sea, cada operario ganaría una remuneración de Eº 2.400 mensuales. El Honorable colega Jerez hizo estas reflexiones respecto del costo de mano de obra indirecta, ascendente a Eº 130 por televisor, imputado por la firma Bolocco. Cabe, sin embargo, destacar que la cifra entregada por DIRINCO, que también nosotros mencionamos, es totalmente diferente a los valores señalados en la lista de costo que presentaron las firmas armadoras y a los antecedentes que nosotros obtuvimos, en conversaciones directas de algunos Honorables colegas con los obreros de algunas armadurías de Arica, y, posteriormente, a los contenidos en los documentos remitidos en relación con las cotizaciones correspondientes a layes del trabajo.

El señor SANHUEZA.-

La misma firma Mellafe y Salas Limitada, siguiendo el análisis de los costos y salarios, entregó una lista de las diferentes categorías de salarios, basadas en un aumento semestral igual al ciento por ciento del alza del costo de la vida. En mayo de 1965 hizo un reajuste a su personal equivalente al 15%. Las gratificaciones y participaciones que paga -dice- son superiores a las legales. Respeta el salario mínimo legal de Eº 3,26 por día. Las rentas diarias correspondientes a las categorías de esta firma son: Mínimo Categoría D, Eº 4,50; Mínimo Categoría C, Eº 5,70; Mínimo Categoría B, Eº 5,70; Mínimo categoría A, Eº 6,70; Mínimo categoría O, Eº 8,30.

La Comisión, por oficios números 107 y 198, se dirigió al Jefe de la Oficina del Servicio de Seguro Social de Arica y al Agente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares de esa misma ciudad, solicitándoles, respectivamente, un informe sobre el monto de los salarios y sueldos que percibían las distintas categorías de empleados y obreros de las firmas Mellafe y Salas Limitada. León Caro Azar y Compañía Limitada, Bolocco y Compañía Limitada y Leopoldo Sánz y sobre los cuales hacen las imposiciones respectivas. Hasta la fecha la Comisión no ha obtenido los antecedentes solicitados al Jefe del Servicio de Seguro Social de Arica.

A pesar de la falta de esas informaciones, no cabe duda alguna de que los datos proporcionados por los ejecutivos de la firma Mellafe y Salas Limitada, que enfatiza los salarios, distan bastante, como promedio, de la remuneración real de sus trabajadadores.

Con fecha 29 de noviembre, el Inspector Jefe de la Oficina de Arica de la Caja de Previsión de Empleados Particulares remitió a esta Corporación los datos sobre imposiciones del personal de las cuatro firmas ya mencionadas correspondientes al mes de octubre, señalando en un rubro aparte las horas extraordinarias. En general, los sueldos son bajos. Para Mellafe y Salas Limitada el promedio es de 300 escudos mensuales. Sólo algunos empleados obtienen otras remuneraciones por concepto de horas extraordinarias. El sueldo de 50 empleados totalizó Eº 13.229, 34 y la suma que ellos recibieron por horas extraordinarias Eº 627,43. 13 empleados de León Caro Azar y Compañía Limitada percibieron por concepto de sueldos, en el mes de octubre de 1965, la cantidad de Eº 9.317,34. 24 empleados de la Sociedad Comercial Bolocco y Compañía obtuvieron como sueldo, en el mes de octubre, Eº 14.543,09 y por concepto de horas extraordinarias Eº 1.501, 85.

Señor Presidente, tengo también en mi poder el detalle de los salarios de los obreros, con sus porcentajes, el cual pongo a disposición de los señores Diputados.

Por oficio Nº 2 441, de junio del año pasado, el Presidente de la Cámara de Diputados, de conformidad con un acuerdo adoptado en sesión de ese mismo día, solicitó del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción que funcionarios de su Cartera investigaran los costos de producción de los televisores armados en el país.

Como se ha expresado, posteriormente la Cámara de Diputados celebró una sesión, en la cual analizó todos este tipo de denuncias que estamos conociendo y nombró la Comisión Investigadora que hoy informa a esta Corporación.

Como consecuencia de todo ese trabajo, se dictó el decreto 606, de 3 de agosto de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que, como ya señalé, está en conocimiento de todos.

Dicho decreto fijó los precios para los televisores con pantalla de 23 pulgadas en la suma de Eº 2.400, y los de televisores con pantalla de 16 pulgadas en Eº 1.650. Además, estableció también que los precios máximos de venta al público de los receptores de televisión fabricados por firmas declaradas exentas del pago de impuesto a la compraventa serían de Eº 2.000 para los aparatos con pantalla de 23 pulgadas y de Eº 1,375 para los de 16 pulgadas.

El mismo decreto determinó, además, las condiciones en que debían efectuarse las ventas a plazos. Al mismo tiempo, fijó en Eº 50 el precio máximo de venta al público, incluido el impuesto a la compraventa, de las antenas para receptores de televisión.

Estos valores son considerablemente menores a los que tenían los televisores con anterioridad a este decreto, y que, como ya eran de Eº 3.400 para el Westmghouse; de Eº 3.410 para el Dorado R. C. A. Víctor; de Eº 2.900 para el Geloso de 23 pulgadas, y de Eº 2.200 para el Sanyo de 16 pulgadas, todos al contado. Estos precios y los costos fueron motivo de un análisis exhaustivo y acucioso estudio por parte de la Comisión.

El estudio del Departamento de Costos y Precios de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que sirvió de fundamento al decreto supremo Nº 606 de 3 de agosto de 1965, que ya hemos dado a conocer, arroja para el televisor Sanyo de 16 pulgadas un costo tal de Eº 660,43; para el modelo R. C. A. Víctor de 23 pulgadas, El Dorado, Eº 1.473,33; para el Geloso, Eº 1.327,70; para el Westinghouse, Eº 1.217,35; para el Pye, Eº 1.532,98, y para el Blaupunkt, Eº 1.031,58.

Esta diferencia tan considerable entre los costos y los precios fijados en el decreto supremo Nº 606 ha movido a la Comisión a solicitar, en forma reiterada, la dictación de un nuevo decreto que rebaje los valores establecidos, los cuales otorgan una ganancia, en algunos casos, superior al ciento por ciento y, en otros, al 80 %. Esta petición, como se comprende, además del claro fundamento emergente del estudio de costos, se justifica por la comprobación que la Comisión ha hecho del abultamiento y falseamiento de los valores que originan el precio de estos aparatos.

No es posible, por ejemplo, que la DIRINCO estime, según sus técnicos, que el costo de un televisor es de Eº 660,43 y se le fije en el decreto 606 un precio de Eº 1.650, que el Celoso tenga un costo total, según la DIRINCO, de Eº 1.327,70. y se le fije un precio de Eº 2.400.

Hay una diferencia, aún más irritante, en el costo. Por ejemplo, en el Saba éste es de Eº 830,10 y tiene un precio para la venta también de Eº 2.400.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, de la exposición del Honorable Diputado se puede observar, por una parte, el esfuerzo desarrollado por la Comisión para investigar, en profundidad, los costos de los televisores. Por otro lado, aparece la DIRINCO, servicio encargado de fijar los precios a estos aparatos, autorizando su venta en sumas que no corresponden a los costos. Luego, este organismo figura como cómplice en uno de los negociados más vergonzosos habidos en el país. De ahí que, ojalá la Comisión Investigadora haya llegado a la conclusión de que la DIRINCO debe revisar los costos. Es necesario modificar el decreto Nº 606, controlándose por lo menos, esto que ha permitido especular hasta en un 50 %.

Es indispensable que desaparezca la especulación; deben corregirse estos vicios e imponerse la moralidad en el campo de los negocios.

Nosotros, los socialistas, compartimos plenamente este informe, porque lo conocemos, y ojalá que se llegue a investigar las industrias automotrices, lo que también nos interesa bastante.

Si ha habido inmoralidad en este negocio de los televisores, la hay mucho más en el de la industria automotriz. Por eso, nos alegramos de que la Comisión haya sido firme e insistiera en plantear crudamente las cosas.

Cuando se pidió un Ministro en Visita para que realizara una investigación sobre el particular, se dijo, incluso, que la Corte Suprema estaba comprometida en este asunto. En efecto, el abogado de la firma Bonacic y Caro Ltda., señor Víctor Torres, explicó que esa empresa no pagaba impuesto; pero que lo consideraba en el costo de los televisores por ser una franquicia tributaria de que la firma estaba gozando en virtud de una resolución de la Ilustre Corte Suprema.

Habría sido interesante que se hubiera designado un Ministro en Visita, para que hubiera revisado también las resoluciones dictadas por la Corte Suprema, porque este alto Tribunal aparece aquí en tela de juicio.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, debo manifestar que comparto plenamente lo expresado por el Honorable señor Aguilera. La Comisión está consciente de que la lucha en esta materia no ha terminado e insitirá en que se fije un precio adecuado, real, a los receptores de televisión. En cuanto al problema de las armadurías de automóviles, puedo adelantar que la Comisión ya está abocada a su estudio, porque si el asunto de los televisores ha provocado justificada indignación, más aún es la que existe en relación con la industria automotriz, donde la especulación es mucho mayor y adquiere proporciones más vastas. Por eso, continuaremos en esta tarea hasta las últimas consecuencias.

Ahora me referiré a los precios de los televisores y a la forma en que se han cobrado.

La Comisión recibió, con fecha 13 de agosto de 1965, una propuesta o cotización de la firma "Petrowitsch, Errázuriz y Cía. S. A. C", para importar televisores "Telefunken", modelo FE 2.000, pantalla de 23", a 125 dólares CIF Valparaíso. Es decir, este tipo de televisor, que, de acuerdo con las informaciones de la empresa, es la última palabra en receptores de televisión, vale 125 dólares puesto en Valparaíso. Si convertimos a escudos estos 125 dólares al cambio que sea y pagado todos los impuestos, siempre el valor es inferior al precio de cotización más bajo que existe actualmente en el comercio.

Todas estas razones y estudios que dimos a conocer aquí y el convencimiento pleno de que en esta materia se había abusado, movieron a los parlamentarios miembros de la Comisión a presentar en esta Corporación un proyecto de ley que establece normas especiales en beneficio de los adquirentes de televisores.

El hecho de que los precios que estaban cobrando eran considerablemente superiores a los fijados en el decreto supremo Nº 606, de 3 de agosto, hizo que un grupo de parlamentarios presentara el 17 de agosto del año 1965 un proyecto de ley en el cual se proponía que los compradores de aparatos de televisión, sea que los hayan adquirido directamente a los armadores, distribuidores o por intermedio de cooperativas, departamento de bienestar, por sus servicios o por sus empleadores, que tengan contratos vigentes, pagarán por los televisores los precios fijados en el decreto supremo Nº 606 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que a las mismas personas deberá devolvérseles inmediatamente las sumas canceladas en exceso sobre los precios fijados en el citado decreto supremo.

Este proyecto cuya historia se conoce, fue aprobado por la Honorable Cámara, previo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; posteriormente, fue remitido al Senado de la República. Desgraciadamente, en la ¡fecha de su aprobación, terminó el período de la legislatura ordinaria del Congreso y, por eso, se pidió también en esa sesión que se enviara oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, para que fuera incluido en la convocatoria extraordinaria.

El tiempo pasó y no fue sino hasta los últimos días del año pasado que un nuevo proyecto, que contó también con el patrocinio de todos los Diputados miembros de la Comisión Investigadora, se presentó nuevamente en la Cámara. Este proyecto tiene relación directa con la iniciativa anterior nuestra destinada a obtener la devolución del sobreprecio pagado a los adquirentes de aparatos de televisión. Este proyecto, que fuera incluido posteriormente por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria extraordinaria, fue aprobado el día de ayer por la Comisión de Economía y Comercio y será tratado y convertido en ley próximamente en el Congreso.

No me voy a referir a los fundamentos de este proyecto, porque considero que será ampliamente debatido el día que sea conocido por la Honorable Cámara.

El señor SANHUEZA.-

Veamos ahora, en forma breve, las utilidades obtenidas por los armadores de aparatos de televisión, ya que hasta el momento sólo nos hemos referido a algunas disposiciones legales y a los precios.

Otras de las denuncias formuladas por los diversos señores Diputados en la sesión a que estábamos haciendo referencia, del 14 de julio de 1965, en la cual se encargó a la Comisión que se estudiara las irregularidades cometidas en las armadurías automotrices y de receptores de televisión y radio, fueron las grandes utilidades obtenidas por las firmas armadoras, como consecuencia de los altos precios fijados y de la situación de monopolio que les' permitían actuar sin competencia.

Como antecedentes, al respecto podemos señalar que en la sesión 4ª de la Comisión, celebrada el martes 3 de agosto de 1965, el Gerente de Mellafe y Salas", señor Milán Platovsky, respondiendo a una pregunta que se le formulara, señaló que el capital inicial de su firma fue muy reducido. Agregó que "durante todos estos años han reinvertido sus utilidades hasta formar el capital actual de alrededor de Eº 3.000.000".

Al mismo tiempo informó que las ganancias obtenidas durante los últimos tres años se habían descompuestos de la siguiente forma:

1962    Eº    600.000.

1963        2.200.000.

1964        2.650.000.

En la sesión 5ª de la Comisión, celebrada el jueves 5 de agosto de 1965, el señor Bonacic, directivo de la firma "Bonacic y Caro", informó que en el mes de mayo de 1946 se constituyó una sociedad entre los señores León Caro Azar y Ljubomir Bonacic Marinovic, la cual comenzó a vender sus productos en el primer semestre del año 1947 y que el capital inicial de ¡a sociedad fue de 50.000 pesos. Hay que recordar esta cifra, porque es importante que vayamos viendo la proporción de sus utilidades. Como decía, en 1947 se formó la sociedad con 50.000 pesos. Ahora, conforme a los documentos entregados por ellos, entre las inversiones de Arica y las de Santiago tienen un capital total de Eº 3.013.000. Entre los años 1962 y 1964 obtuvieron una ganancia de Eº 2.366.000; en 1964, esa ganancia fue de Eº 1.973.000. Merece destacarse, aun cuando no es el rubro exclusivo de actividades de esta firma, que en 1962 armó 255 televisores y en 1963, 751; en 1964, el año de la ganancia de 1 millón 973 mil escudos, produjo 2.125 televisores y 2.980 aparatos de radio.

El señor Zapata, gerente de Bolocco y Compañía, informó a la Comisión que en 1959 la sociedad Bolocco y Compañía Limitada poseía un capital de 133 millones 653 mil 58 centésimos de escudos y que se obtuvo una utilidad de Eº 81.674,14, es decir, produjo una utilidad del orden del 70 % de su capital. En 1964 el capital era de Eº 1.471.580,48 y el activo inmovilizado ese mismo año era de Eº 1.285.917,20.

Contestando a una pregunta, respondió que no era posible saber la parte de capital de utilidad correspondiente a la industria de Arica.

En cuanto a la R. C. A. Víctor, la Comisión no recibió los antecedentes que había solicitado. Fue, sí, informada de las modificaciones que había sufrido la composición de la sociedad y de la integración de su capital.

Según consta en un oficio del Departamento de Actos y Contratos de la Subdirección de Operaciones del Servicio de Impuestos Internos, las citadas industrias han armado hasta el 31 de octubre de 1964, 16.379 televisores y obtuvieron el año 1963, una utilidad de Eº 8.071.976,41, es decir, tres mil millones de pesos.

Como dato ilustrativo para apreciar la composición de esta utilidad, voy a proporcionar algunas comparaciones.

Las ganancias de un año, el de 1984, para la firma Mellafe y Salas fue de Eº 2.650.000; y para Bonacic y Caro, de Eº 1.973.000. Es decir, entre ambas se obtuvo una utilidad de Eº 4.623.000.

Esta cifra superior, representa el doble de lo que cuesta en el Presupuesto Nacional, el Senado de la República, incluidos en esta cifra la dieta de los señores Senadores, los sueldos de todos los empleados y todos los gastos correspondiente a una rama del Congreso.

Entre todas las firmas, además de las dos nombradas, las utilidades, que fueron al bolsillo de no más de 8 o 10 personas durante el año 1964, prácticamente equivalen al Presupuesto del Congreso Nacional, que es de Eº 8.556.000, comprendidos el Senado, la Cámara y la Biblioteca. Este dato es para aquéllos que desprestigian y critican los gastos Parlamentarios, diciendo que sus miembros perciben altas remuneraciones.

Las firmas que obtuvieron estas fabulosas utilidades en el año 1964, construyeron y armaron 2.125 televisores y 2.980 radios, en el caso de la firma Bonacic y Caro; y 4.392 televisores, la sociedad Mellafe y Salas. En cuanto a las radios que ha fabricado esta última, la Comisión no puede entregar cifras, por no habérsele entregado los datos.

Es importante destacar y repetir que el total de la producción de televisores de estas firmas, durante todo el período en que han gozado de las franquicias de las leyes, es de 22.511 aparatos. En cambio, los televisores que ingresaron al país hasta antes de la dictación del decreto que prohibió su libre importación, de fecha 2 de enero de 1962, no fueron superiores a 12 mil o 13 mil aparatos. La sola comparación y suma de estas cifras demuestran que en la provincia de Santiago hay alrededor de cuarenta mil aparatos de televisión. ¿De dónde salieron? ¿cómo llegaron o entraron al país? ¿quién los ingresó ?; porque no pueden haber aparecido milagrosamente. Nadie lo sabe.

Otra de las denuncias formuladas en la sesión del 14 de julio fue la relacionada con el traspaso del registro para importar trescientos cincuenta televisores Loewe Opta, hecha por el señor Carlos Purcell Maschke, funcionario del Banco de Chile, a la organización cinematográfica, Norte Ltda., y su posterior internación al país.

En dicha oportunidad el Diputado que habla basó su denuncia en los siguientes puntos:

1.- Que con fecha 10 de noviembre de 1961, esto es, poco más de un mes antes de que se pusiera término al régimen de libre importación en nuestro país, fue registrada en el Banco Central de Chile para el Banco de Chile una importación de quinientos televisores marca Loewe Opta.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, como miembro de la Comisión Investigadora, puedo manifestar, en nombre de mi partido, que apoyaremos las recomendaciones que se proponen a la Cámara, a las que formularemos indicaciones sobre los rubros, materias o temas que, en conjunto, se contienen en el informe.

Respecto de la materia en debate, quisiera que el Honorable Diputado informante se refiriera, específicamente, dentro del rubro "utilidad de los fabricantes", a! hecho, confesado por éstos en la Comisión, relacionado con las ventas de televisores a personas de modestos recursos, de cooperativas, gremios y otras organizaciones, a los que se entregaron los aparatos con descuentos de un cinco o diez por ciento sobre el precio del mercado, descuento que no significaba pérdida, porque, como lo expresaron, lo hacían rebajándolo de la participación de utilidades del distribuidor, que es de un 20% ó un 30%, no recuerdo exactamente el porcentaje. Es decir, la participación del distribuidor se disminuía con el descuento. Si éste era del 5% o del 10% y al distribuidor le correspondía el 20%, le quedaba una utilidad del 15% o del 10%, respectivamente, sin que el fabricante perdiera nada.

Mi Honorable colega no ha hecho resaltar que el fabricante, al hacer un descuento a las cooperativas o gremios no tenía pérdida en sus utilidades, pues era el distribuidor a quien se le disminuía su porcentaje.

Quisiera que el señor Diputado informante se refiriera a este punto para que las personas afectadas, que son muchas, conozcan la verdad sobre esta materia.

El señor SANHUEZA.-

La intervención de nuestro Honorable colega señor Rodríguez Nadruz, que ha sido bastante completa, me ahorra palabras ya que ha respondido este punto que omití en mi exposición, no por falta de antecedentes, sino para abreviar. El informe, es demasiado extenso, y deseo reducirlo a las partes fundamentales, sin detenerme en detalles sobre aspectos muy precisos.

Creo que es importante que Su Señoría, como miembro de la Comisión haya dado a conocer este dato.

Fuera de ésta, hay otro tipo de utilidad obtenida por los armadores, la que, en el caso de las cooperativas y de las instituciones a que hizo mención el Honorable señor Diputado, eran muy pocas, porque generalmente se negaban a venderles. En todo caso, la rebaja que otorgaban era, indudablemente en detrimento de los distribuidores, ya que los fabricantes no resultaban lesionados en sus ganancias.

Continúo con mi informe. Me estaba refiriendo a la industria ORCINOR LTDA.

En esa oportunidad se plantearon varios puntos. El primero de ellos, como decía, era este régimen de importación que el señor Carlos Purcell había obtenido en el Banco Central de Chile para el Banco de Chile, que alcanzaba a 500 televisores marca Loewe Opta, procedentes de Alemania, por un valor de 191.970 marcos, es decir, 48.037,50 dólares.

En segundo lugar, con fecha 4 de diciembre, o sea pocos días después mediante solicitud anexa Nº 4.109, se pidió la modificación del registro para importar no ya los 500 televisores, sino 350, pero manteniéndose el mismo valor global.

En tercer lugar, este registro de importación por 350 televisores fue traspasado a la firma ORCINOR, traspaso que significó para el señor Purcell obtener 15.750 dólares, fuera de otras sumas.

En cuarto lugar, este traspaso contravino expresas disposiciones vigentes sobre comercio exterior, ya que la aduana no debió autorizar el cambio de destinatario, pues la única institución que tiene atribuciones para ello es el Banco Central, siempre que se acredite el pago del impuesto a la compraventa por la transferencia.

En quinto lugar, por antecedentes y copias fotostáticas de documentos, conocidos por la Cámara en esa oportunidad y puestos posteriormente a disposición de los miembros de la Comisión, el costo FOB de esta operación era el que en el registro de importación figuraba como gasto CIF; por lo tanto, estaban erradas las cifras correspondientes a fletes, primas por seguros, diferencias y comisiones, las que de ser exactas significaban un total CIF de 252.435,55 marcos alemanes, es decir, 88.360 dólares.

En sexto lugar, además de esta evasión tributaria señalada en cuarto lugar, existía también un menor impuesto aduanero, ya que se aplicaba un porcentaje del 100% sobre el valor CIF. El costo total de cada televisor, de acuerdo con la carta que la firma Oettinger y Cía, representante en Chile de los televisores Loewe Opta, con fecha 26 de junio de 1962, dirigió al señor José Daire Cortés, gerente de ORCINOR Ltda., era de 754,50 escudos; pero los aparatos habían sido vendidos en 2.500 escudos, lo cual indica desde ya una ganancia excesiva.

Los diversos aspectos aquí señalados fueron ampliamente analizados por la Comisión. Y en la sesión 7ª, celebrada el viernes 20 de agosto de 1965, tuvo oportunidad de escuchar al señor Mario Puelma Claro, gerente del Departamento de Cambios Internacionales y Comercio Exterior del Banco Central.

Por la importancia que tiene la declaración del señor Puelma, voy a leer íntegramente el Acta de la Comisión, que en su parte pertinente dice:

"El señor Puelma (Gerente del Departamento de Cambios Internacionales y Comercio Exterior del Banco Central) expresa que en el mes de noviembre del año 1961 existía libertad absoluta en materia de importaciones. No es extraño, en consecuencia, que poco antes del 28 de diciembre se hayan tramitado esos Registros, porque hasta esa fecha se tramitaban inmediatamente todos los Registros que se solicitaban al Banco. La crisis de divisas fue algo imprevisto que se produjo prácticamente en los últimos días de diciembre, de ahí que no se alcanzara a tomar ninguna medida para prevenirla, lo que, además, era difícil, porque se carecía de facultades para ello.

"Sin embargo, llama un poco la atención que en el mes de diciembre se haya tramitado una solicitud anexa al mencionado Registro, en el que se reduce el número de receptores sin variar el valor CIF. Esto podría explicarse por el hecho de haberse cambiado el modelo de los receptores: aparecían primitivamente especificados 150 receptores marca Lowe Opta de 21" y 350 de 17"; esto se cambió por 350 televisores Lowe Opta, modelo Atlas. Seguramente el cambio de modelo significó un mayor valor, lo que explicaría que con un menor número de unidades, se mantuvo el valor primitivo.

"Por otra parte, como en esa época existía una libertad absoluta de cambios, el Banco Central no se interesaba en comprobar los valores. Prácticamente el valor declarado sólo tenía para el Banco un interés estadístico. Nadie tenía interés en declarar un valor mayor al real para sacar divisas, pues podía adquirirlas libremente y al mismo precio en cualquier Casa de Cambio o Banco Comercial. Por otra parte, si alguien abultaba los valores, pagaba más derechos de Aduana, en forma innecesaria, como ya se explicó.

"De los antecedentes aparece que no ha sido transferido posteriormente el Registro de Importación, sino que la importación siguió haciéndose a nombre del señor Purcell, quien después traspasó la mercadería a otra empresa, incluso el conocimiento de embarque figura exclusivamente a nombre del señor Carlos Purcell Maschke. El hecho de venderlas después o aún, puesta en la Aduana, no infringía en nada las normas sobre Comercio Exterior vigente en aquella época".

A esta declaración de un alto ejecutivo del Banco Central, que dice que no se han infringido las normas vigentes, ha respondido otra autoridad, cuya competencia y seriedad reconoce la Comisión. Por eso, quiero dejar constancia ante la Honorable Cámara de la profunda discrepancia que existe entre ambos funcionarios.

El señor Superintendente de Aduanas, con fecha 2 de septiembre de 1965, respondió la consulta que la Comisión le hizo sobre este problema. Dada la importancia que tiene su opinión, y a fin de establecer la diferencia de criterios existentes entre el Banco Central y la Superintendencia de Aduanas, me permitiré leer la parte pertinente de ese documento. Dice así: "Ordenada por el Superintendente infrascrito una investigación a través del Servicio a su cargo, atinente al traspaso del Registro Nº 59465/961 para importar 350 televisores Lowe Opta hecho por el señor Carlos Purcell Maschke a la Organización Cinematográfica Norte Ltda. (Orcinor), ha podido establecerse que, como consecuencia de dicho traspaso, se produjo la importación de los televisores en materia, en forma irregular, al permitir la Aduana de Valparaíso que fuesen importados por una persona distinta de la señalada en el Registro respectivo, sin que existiese expresa autorización del Banco Central para ello.

En efecto, los Registros de Importación constituyen autorizaciones que el Banco Central, en uso de sus facultades legales, extiende nominativamente a favor de una persona determinada, no estando permitido al beneficiario hacer su transferencia libremente; para realizarlo debe obtener previamente la autorización del Banco Central, que deberá solicitar en la forma de una solicitud anexa de cambio de consignatario, de lo que no hay constancia en el presente caso."

Y agrega: "Tampoco hay constancia de que en esta transacción se diera cumplimiento al pago del impuesto de transferencia."

Es decir, de esta manera se confirmaba la denuncia que formulamos, en el sentido que se había cometido una irregularidad al conseguirse un registro de importación por una persona que no era importador, sino empleado del Banco de Chile, quien lo había traspasado por la suma de 17.000 y tantos dólares. Todo esto se había efectuado en forma irregular.

Sin embargo, el representante del Banco Central, tal vez mal informado, dijo en la Comisión que todo se había realizado de acuerdo con las normas vigentes. En cambio, el señor Superintendente ha confirmado la veracidad de esta denuncia.

Pero eso no es todo. Posteriormente, con fecha 3 de noviembre de 1965, el señor Superintendente de Aduanas, en oficio Nº 22, complementario del anterior de 2 de septiembre, analiza todo este caso de la firma ORCINOR LTDA, y de los receptores Loewe Opta.

En una de sus partes, refiriéndose a las evasiones de gravámenes tributarios, indican claramente lo siguiente: "Al practicar el cálculo de los gravámenes del caso, sobre la base teórica constituida por el valor FOB indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el modelo Opta Lux, convirtiéndolo en CIF, por adición del flete certificado por "Ultramar" y del seguro que se detalla en las facturas comerciales, su monto estaría indicando que habrían dejado de percibirse gravámenes por una suma total ascendente a Eº 16.570,98, como queda demostrado en el detalle que se señala a continuación". Es decir, el Estado ya había dejado de percibir por ese concepto, en el año 1962, el equivalente a 16.570,98 escudos.

Y agrega el señor Superintendente:

"La diferencia anteriormente consignada no puede, sin embargo, sino ser señalada a manera de presunción por esta Superintendencia, ya que, como ha quedado expuesto, no cuenta con los elementos de juicio suficientes para demostrar la efectividad del valor CIF que se ha tomado como base para determinarla.

"Por el contrario, lo que ha quedado demostrado sí de manera fehaciente, es la falsedad de la declaración correspondiente al rubro fletes, a través de la certificación de la firma "Ultramar". La diferencia dejada de percibir por concepto de los gravámenes aplicables sobre la suma declarada en defecto, alcanza a Eº 5.776,75, según se demuestra a continuación...", y da un detalle de su monto. O sea, de acuerdo con el señor Superintendente de Aduanas, no sólo hay irregularidades en la operación misma, sino que, además, no se pagó el derecho de transferencia y se dejó de percibir, en moneda del año 1962, la suma de 22 millones de escudos por haberse falseado los datos.

Sin embargo, y esto es lo más lamentable para los efectos prácticos de la investigación, el señor Superintendente agrega: "Finalmente, cúmpleme expresar a la Honorable Comisión Investigadora que, en conformidad con las disposiciones del artículo 187 de la Ordenanza de Aduanas, la responsabilidad por los hechos que investiga, en cuanto concierne a los inculpados, se haya prescrita, con excepción de la que pudiere derivarse en relación con las actuaciones de funcionarios del Servicio, que prescribe en el plazo de cinco años".

Por consiguiente, de acuerdo con la ley, los comerciantes quedarán impunes y sólo podrá sancionarse a los funcionarios que estén comprometidos.

A raíz de todos estos hechos, irregularidades y discrepancias, la Comisión envió un oficio al señor Vicepresidente del Banco Central, pidiéndole que, a través del Departamento de Auditoría General del Banco, se sirviera disponer que se realizase una inspección en el Departamento de Importaciones, con el objeto de verificar esta denuncia y otras más que pudieran existir.

Desgraciadamente, tengo que informar a la Corporación que, hasta la fecha, no hemos tenido conocimiento de las medidas adoptadas en relación con esta petición.

Me referiré, a continuación, a otras irregularidades analizadas por la Comisión, y que tienen relación directa con los señores industriales.

Como ya se expresó, en la Secretaría de la Comisión se encuentran numerosas presentaciones y denuncias dirigidas a su Presidente.

El señor SANHUEZA.-

Como estaba informando, la Comisión recibió numerosas denuncias, que se encuentran acumuladas en una carpeta, en que se aduntan fotocopias de los contratos de promesa de venta y prenda y de una especie de factura pro-fórmula.

Vale la pena insistir en la falta de documentos y de facturas, así como en la existencia de facturas adulteradas, por cuanto este hecho ha sido negado por los representantes de la sociedad "Bolocco y Cía.", tanto al declarar en la Comisión como en los foros televisados, en los cuales participaron el Presidente y otros miembros de la Comisión. Hay numerosos contratos de compraventa y letras canceladas por operaciones de adquisición de televisores hechas directamente en la firma comercial "Bolocco y Cía. Ltda." Estos documentos prueban, entonces, que la citada firma efectuó ventas directas, en forma más o menos ordinaria, pese a que dijo que jamás las había realizado.

En otras denuncias se hace presente la irregularidad de haberse celebrado el contrato de compraventa por una cantidad determinada, en tanto que se otorgaron facturas por un valor muy inferior. Indudablemente, en estos casos se estaba eludiendo el pago del impuesto de compraventa que, como se recuerda, asciende a un 20 % del valor de los respectivos aparatos de televisión.

El Presidente informó a la Comisión que había asistido a una reunión de un Comité que han formado los adquirentes de televisores para coordinar sus esfuerzos en favor de la dictación de una ley que ordene devolver los dineros cobrados en exceso, en relación con los precios fijados a esos aparatos por el Decreto Supremo Nº 606 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstitución, de fecha 3 de agosto de 1965. A ella también asistieron funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos. En esa oportunidad, un gran número de asistentes, frente a una pregunta que se les formuló, expresaron que a ellos no se les había otorgado ninguna factura por los aparatos de televisión que habían adquirido. Este hecho, indudablemente, reviste extraordinaria gravedad.

La Mesa de la Comisión, en cumplimiento de un acuerdo, adoptado por ésta, celebró una entrevista con el señor Rubén Celis, Jefe del Departamento de Delitos Tributarios, para coordinar su acción. Sobre el particular, puedo informar a la Cámara que la Comisión puso a disposición de los funcionarios designados por la Dirección de ese Servicio copia de todos ¡os documentos que ha logrado recopilar. Asimismo, les facilitó la carpeta en la cual se encuentran las denuncias sobre irregularidades, entregadas a la Comisión por los particulares afectados.

Otra posible irregularidad, cuya sanción escapa a la competencia de la Comisión, es relacionada con la doble administración que llevan algunas de las firmas armadoras. Esta situación, como se comprende, deriva del hecho que las sociedades de capital o de personas están extraordinariamente favorecidas, en lo que a tributación se refiere, por el régimen de excepción que favorece al departamento de Arica. De allí, entonces, que la doble administración pueda prestarse para eludir el pago de impuestos, cuya tasa en la provincia de Santiago es mayor. El procedimiento que se sigue es el de trasladar utilidades a la administración de Arica, imputando al rubo "ganancias" aquéllas que bien pudieron obtenerse en la administración de Santiago.

Un aspecto que si bien no dice relación con posibles irregularidades en el orden tributario, pero que no por ello debe silenciarse por la Comisión es el relacionado con la mala atención que reciben los adquirentes al reclamar por fallas en los aparatos de televisión.

Además, hay que mencionar también las demoras y tramitaciones en el cumplimiento de los contratos de compraventa y la entrega a los compradores de los aparatos de televisión, no obstante que ellos pagaron el pie y firmaron, con fechas escalonadas, las letras por el valor no cancelado al contado.

También, como ya se mencionó, hay denuncias contra distribuidores de las distintas marcas contra algunos importadores y armadores. Ya habíamos señalado, como ejemplo, la denuncia formulada por la Cooperativa de Dentistas CODEN-CHILE y de la "Cooperativa de Servicio y Consumo de Médicos de Chile", por una venta que habría hecho el señor Kurt Brauner al Gerente Técnico de FENA-COP, que era la cooperativa que en representación de ellos adquiría los televisores.

Por último, señor Presidente, deseo dar a conocer que, por oficio Nº 52, del 21 de agosto de 1965, la Comisión solicitó del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción que se sirviera informar si las firmas "Bolocco y Cía." y "Mellafe y Salas" estaban autorizadas para armar aparatos de televisión por cuenta de terceros, con indicación de las marcas en sus muebles.

Por oficio Nº 1.406, del 28 de septiembre de 1965, el señor Domingo Santa María Santa Cruz, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, dio respuesta a la consulta, transcribiendo el oficio Nº 696, del 3 de septiembre de 1965, del Departamento de Industrias, cuyo tenor es el siguiente:

"En relación con esta materia, me permito acompañar copia de la resolución Nº 1.065, de 7 de noviembre de 1956 y decreto 1.109, de 9 de agosto de 1961, que autorizaron a los señores Rafael Mellafe Rojas y a la firma Sociedad Comercial V. Bolocco y Compañía, respectivamente, para armar televisores, ampliando las industrias que ya tenían instaladas en Arica.

Se puede apreciar que en dichas autorizaciones no aparece ninguna mención expresa acerca de la modalidad de armaduría para terceros ni tampoco hay referencia sobre ninguna marca determinada de televisores."

No quisiéramos terminar sin dar a conocer el pensamiento de la Comisión sobre la política seguida en materia...

El señor GODOY URRUTIA.-

Señor Presidente, oyendo la exposición, que está por terminar, del señor Diputado informante, pienso que estamos en presencia de una de las operaciones más escandalosas que -al amparo de una nueva necesidad, que el desarrollo de la técnica ha creado, frente a una demanda inusitada de aparatos de televisión-, una serie de empresarios inescrupulosos han perpetrado, en nuestro país, en parte con la tolerancia, no quiero decir complicidad, de algunas instituciones que no han sido lo suficientemente exigentes para controlar, por un lado, los intereses del país y, por otro lado, los intereses de los adquirentes de estos aparatos.

Yo deduzco que una de las cosas más importantes que surgen de esta investigación acuciosa, es la falta de elementos para que la Comisión trabaje hasta agotar su cometido. Me refiero, por ejemplo, a la facultad de que debieran estar ellas investidas, para hacer una revisión de la contabilidad y de la documentación. Porque salta a la vista el engaño, la manera fraudulenta como se han cometido todas estas operaciones. Por ello, muchos de estos comerciantes quedan sin sanción, aunque en el ánimo público existe el convencimiento de que hay un delito configurado.

Son varias las Comisiones Investigadoras de esta Corporación que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo algunas facultades, de las que ha carecido esta Comisión. Ya es tiempo más que suficiente para que se sepa que la Cámara de Diputados es una rama de un Poder Público capaz de interferir y proceder

a poner término a situaciones delictivas como ésta y tantas otras que hemos conocido. Creo que ahora estamos frente a una de las peores y más escandalosas operaciones que se hayan efectuado en el país, la que no es posible que quede impune.

Para no alargar más esta intervención, ya que el señor Diputado informante va a entrar en la parte final de su informe y a exponer sus puntos de vista en este aspecto, yo deseo preguntarle si es efectivo que, con motivo de esta investigación o denuncia, una empresa comercial de Polonia hizo una proposición para vender televisores a un precio extraordinariamente favorable para los compradores, precio que tiene, desde luego, una enorme diferencia con éstos, que no sólo son especulativos sino usurarios, y que libremente fijaron las distintas empresas o personajes oscuros que están metidos en este negociado.

El señor JEREZ.-

Señor Presidente, la segunda parte de la consulta del señor Godoy Urrutia está contestada con la explicación que dio el colega señor Sanhueza, a raíz de la intervención del señor Aguilera. Yo me referiré a la primera parte de las observaciones del Honorable colega.

En el proyecto de reforma constitucional, que está considerando el Senado, se otorgan atribuciones de diverso orden a las Comisiones parlamentarias investigadoras, las que les permitirán cumplir de manera cabal sus funciones, en forma de poder conseguir sus objetivos y poner término a los abusos y la especulación, ya que contarán con facultades para operar en forma efectiva.

Como una acotación, debo manifestar que nosotros consideramos que este problema, que ha sido planteado también en el informe de la Comisión, es mucho más de fondo todavía. Creemos que no sólo hay que fiscalizar, sancionar e investigar, sino prevenir. Esta es la razón por la cual en la "última sesión de la Comisión Investigadora se propuso y aceptó por unanimidad la creación del Instituto de Productividad y Control de Costos y Comercialización . Este tipo de organismo, como señalaré oportunamente en una próxima intervención, funciona con extraordinario éxito en los países socialistas y en otras naciones de Europa, y en Chile tiene por objeto fundamental sustituir o reemplazar a la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), cuya acción es ineficaz.

En efecto, como esa repartición no tiene inspectores ni facultades legales para establecer los costos a través de su propia inspección y no de los antecedentes que le proporcionan los industriales, prácticamente ha fracasado como instrumento investigador efectivo de los costos reales de producción.

Queremos crear este instituto de carácter fiscalizador, para evitar que se continúe poniendo en tela de juicio, sin discriminación, a todos los industriales, por el hecho de ser ellos quienes proporcionan los datos relativos a sus costos de producción. De esta manera se podrán establecer los costos reales de producción exigiendo a esos industriales datos o antecedentes fidedignos, no parciales, como ha ocurrido en el caso de los televisores.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, me ha llamado la atención, más que nada, la esperanza de muchas personas que adquirieron televisores, en el sentido de que se les devolvería el dinero pagado en exceso.

Yo estoy de acuerdo en que los precios fueron y son especulativos. Pero estimo que el Supremo Gobierno ha incurrido en un error al pretender restituir lo que se haya pagado de más a través del proyecto de ley que fija los precios de los receptores de televisión. La Comisión de Economía y Comercio, que aprobó ya el proyecto, incurrió en ei mismo error. Deseo hacer presente este hecho, a fin de que se busquen oportunamente los medios necesarios tiara solucionar en forma satisfactoria las aspiraciones tanto de la Comisión Investigadora como de la Honorable Cámara.

En primer lugar, debo manifestar que se parte de un error fundamental. Se creía, y se ha dicho, que los televisores no tenían precio fijado; el que sólo se habría establecido por el decreto Nº 5, publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1965.

En realidad, señor Presidente, por decreto Nº 257, publicado en el Diario Oficial del 22 de febrero de 1964 -entiéndase bien: de 1964-, se declaran de primera necesidad, uso o consumo habitual, entre otros, los siguientes artículos y servicios: radiorreceptores, receptores de televisión y, el decreto Nº 264, publicado también en el mismo Diario Oficial de 22 de febrero de 1964, congeló el precio de los televisores. ¿Qué significa congelar un precio a través de un decreto, de un precepto legal? Que se ha establecido un precio legal, el que regía en plaza en ese momento. Posteriormente, en agosto de 1965, se dictó el decreto que fijó los nuevos precios de los receptores de televisión. El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Economía y Comercio expresa en su artículo 1º: "El precio de venta de los receptores de televisión, radiorreceptores, refrigeradores, enceradoras, extractores de aire..." etcétera, "...será el fijado o el que fije la autoridad competente."

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Deseo saber si en este caso de los receptores de televisión, el precio será el ya fijado por la autoridad competente, o "el eme fije" ésta. Porque, si nos atenemos al decreto Nº 264, del 22 de febrero de 1964, eme congeló el precio de esos aparatos, el precio ya estaría fijado legalmente desde esa fecha.

Se dice en el proyecto que se va a restituir a los compradores las sumas que excedan del máximo legal. Pues bien, este máximo legal ¿es o no es el precio fijado? Aquí, en esto es donde tengo la duda. ¿Ese precio máximo es el fijado cuando se congeló el precio de los televisores? Porque si es así, si estoy en lo cierto, toda la gente que compró receptores de televisión después del 22 de febrero de 1964, hasta el 3 de agosto de 1965, no va a tener derecho a devolución, porque el precio ya estaría fijado a esa fecha.

-Manifestaciones en tribunas y galerías.

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Advierto a tribunas y galerías que la Mesa ordenará su desalojo si prosiguen las manifestaciones.

Puede continuar Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señor Presidente, encuentro razonables las manifestaciones realizadas por el público. Estoy tratando de que se haga claridad en esta materia, para que se llegue a lo que toda la gente quiere: que haya devolución de lo pagado en exceso.

Por este motivo, creo conveniente que analicemos más a fondo este aspecto antes de entrar a considerar el proyecto a que he hecho referencia, lo que ocurrirá en la próxima semana. Estimo preferible que se solicite del Ejecutivo el retiro de ese proyecto para hacer un estudio profundo de esta materia y poder interpretar así el espíritu de esta Honorable Corporación, que es el de hacer justicia a quienes pagaron precios exorbitantes y especulativos por los receptores de televisión.

Es decir, estoy planteando la conveniencia de revisar este problema, para ver si encontramos la manera de darle la mejor solución o bien determinar que estoy equivocado al estimar que la congelación de precios no constituye fijación de ellos.

El señor SANHUEZA.-

Antes de concluir el informe de la Comisión, quiero responder a la pregunta que había formulado el Honorable colega Godoy Urrutia, relacionada con la proposición de la firma polaca CEKOP:

En realidad, esta empresa ofreció instalar en Chile una armaduría de televisores de 17 pulgadas. La proposición se encuentra en poder de la Comisión para el Desarrollo de la Industria Electrónica nombrada por el Supremo Gobierno. Pero en la Comisión investigadora no se habló del posible precio de los aparatos.

Por oficio Nº 109, de 22 de noviembre de 1965, la Comisión investigadora solicitó del Gerente del Departamento de Cambios Internacionales y Comercio Exterior del Banco Central de Chile "un detalle del monto total de las divisas que se han entregado hasta la fecha a las armadurías de televisores y radios establecidas en Arica y, muy especialmente, por cada televisor o radio, con indicación de los modelos, años y marcas".

Por oficio de 15 de diciembre de 1965, este funcionario, señaló que "los datos solicitados, por todo el período que ha funcionado la industria electrónica en Arica, con el detalle de cada firma armadora y de los distintos modelos, años y marcas producidos, sería de muy larga elaboración, dado que nuestras estadísticas no se llevan en forma tan minuciosa.

"Tenemos por ahora disponibles los datos del valor en divisas autorizado a las armadurías de televisión en el año 1964 y el primer semestre de 1965, y ellos son los siguientes:

ARMADURIAS DE TELEVISION, AÑO 1964 Y 1965, VALOR UNITARIO POR MARCA DE TELEVISORES

Frente a la alta suma de divisas otorgadas a estas firmas, 1.465.450 dólares en 1964 y 753.975 dólares en el primer semestre de 1965. cabe recordar, por vía de ejemplo, que la firma Bonacic y Caro, a la cual se le otorgaron 316.622 dólares en 1964, armó 2.125 televisores y 2.980 radios. Mellafe y Salas, a la que se asignaron 574.130 dólares, armó 4.392 televisores. No se tiene el dato relativo a las radios.

Este gasto tan elevado de divisas para importar televisores -1.465.450 dólares, en 1964-, los precios unitarios CIF Arica, que fluctúan entre un mínimo de 78,50 dólares para un "Sanyo" de 16 pulgadas y un máximo de 124,22 dólares para un "Pye", indican la conveniencia de crear una verdadera industria electrónica nacional o exigir un grado de integración que disminuya considerablemente la cantidad de divisas que se necesita para importar las piezas y elementos de los televisores

En el hecho, con el actual sistema de armadurias, el ahorro de divisas es casi nulo y. en cambio, los televisores llegan al público a precios ocho o más veces superiores al internacional.

Como recordarán los señores Diputados, a la Comisión se le dio a conocer una oferta para importar televisores "Telefunken", completamente armados y listos para ser puestos a disposición del consumidor, al valor de 125 dólares CIF. Sin embargo, en traer televisores desarmados, que deben completarse con piezas y partes nacionales, se invierte una suma similar y a veces superior a la que cuesta el aparato totalmente armado, puesto en Valparaíso. ¿Dónde queda, entonces, esa diferencia de dólares? ¿Qué pasa con las piezas y partes que se colocan en Chile? ¿O son tal vez las mismas que ya vienen encajonadas y están comprendidas en el precio que las firmas cobran por estas importaciones?

Esta materia ha preocupado hondamente a la Comisión. Los proyectos de acuerdo proponen medidas para terminar con este negocio de las importaciones.

Entre los reparos fundamentales a la forma en que se ha actuado con respecto a la armaduría de televisores, la Comisión destaca la falta de correlación entre las diversas reparticiones públicas que deben intervenir en las diferentes fases del proceso, que se inicia con la autorización de lo registros de importación y la consecuencial provisión de dólares, hasta la fiscalización de la correcta facturación e integro del impuesto de compraventa, pasando por etapas intermedias tan fundamentales como el desaduanamiento de las partes y piezas, hasta la verificación de si se han cumplido las exigencias de integración contenidas en los decretos supremos que autorizaron a las firmas para operar.

En la publicación "El Informativo" Nº 3.318, de 25 de octubre de 1965, órgano oficial de la Cámara de Comercio de Santiago, figuran autorizaciones para las firmas Bolocco y Compañía Limitada y León Caro Azar, que suman, en total, varias decenas de miles de dólares.

Llama, profundamente la atención el hecho de que, no obstante haber designado la Cámara una Comisión Especial para investigar posibles irregularidades, un organismo del Estado no haya considerado esta situación y haya cursado, sin mayores objeciones, registros de importación que sumaron en total, alrededor de 800 mil dólares en el primer semestre de 1965.

El señor Puelma, Gerente del Departamento de Cambios Internacionales y Comercio Exterior del Banco Central, explicó que, conforme a lo dispuesto en la legislación de excepción para Arica, el Banco Central no puede rechazar los registros de importación que se le presenten. Entonces, aunque la Cámara apruebe conclusiones como las que estamos dando a conocer, ¿las personas que aparecen en situación irregular seguirán gozando del beneficio de los dólares para continuar armando receptores de televisión a los precios que quieran y con todas las mañas con que saben hacerlo?

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, conviene recalcar y dejar al descubierto la política que hasta ahora, o hasta ayer, ha seguido el Banco Central de Chile respecto de la entrega de dólares para importación. El colega Sanhueza ha dado a conocer la liberalidad con que se entregan las divisas a algunas firmas, que siempre aparecen como las más amparadas y protegidas por los funcionarios de este organismo.

Yo puedo proporcionar otro antecedente, relacionado con una experiencia que sufrí en carne propia. Cuando era Alcalde de San Miguel, estuve un año tratando de conseguir, a través del Ministro de Hacienda de aquella época y de toda la gama de funcionarios del Banco Central, en sus diferentes niveles, 150 mil dólares para importar camiones destinados al servicio de aseo de la comuna. Fue un verdadero vía crucis obtener esa reducida cantidad que no influía en nada en el presupuesto de divisas de Chile.

Sin embargo, el colega Sanhueza ha denunciado una especie de chuña de divisas. A conciencia, con pleno conocimiento del "negociado" que se estaba cometiendo con la venta de televisores, se entregaron cerca de 800 mil dólares, a estas firmas a fin de que obtuvieran utilidades fabulosas que, como bien lo dijo un Diputado, constituyen una vergüenza para el país.

Felicitamos a los señores Diputados que participaron en la Comisión por el magnífico informe que han elaborado y porque, en el fondo, han defendido el interés de Chile, al velar por que las divisas se inviertan en lo que efectivamente corresponde, y también han protegido el bolsillo de la gente que desea tener este medio de difusión, el cual, por la rapacidad, por la rapiña de estos comerciantes, hasta ahora sólo ha estado al alcance de las personas de muchos recursos económicos.

Nada más.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Señor Presidente, la reciente intervención del Honorable señor Juan Rodríguez Nadruz me obliga a interrumpir al señor Diputado informante, porque ha dejado flotando en el ambiente una duda que se resolvió hace bastante tiempo en la Cámara.

La cuestión consiste en saber si el precio de los televisores estaba fijado con anterioridad al decreto Nº 606, dictado por este Gobierno en el mes de agosto del año pasado.

Con fecha 22 de febrero de 1964, apareció en el Diario Oficial el decreto Nº 257, que declaró a los televisores artículo de primera necesidad. En ese mismo Diario Oficial, se publicó el decreto Nº 264, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que congeló los precios de todos los artículos de primera necesidad. En consecuencia, los televisores tenían precio fijado y congelado el día 22 de febrero de 1964 y no podían haber subido con posterioridad a esa fecha.

El problema se produjo cuando la Comisión investigadora conoció estas irregularidades y quiso patrocinar un proyecto para devolver el sobreprecio con que los comerciantes inescrupulosos habían estafado a los compradores. Se promovió un debate bastante serio en la Cámara, porque lo que se pretendía era, realmente revolucionario. Se hicieron muchas argumentaciones; pero, en definitiva, se acogió el proyecto de ley aprobado ayer polla Comisión de Economía y Comercio, en el cual se aclaran estos aspectos y se establece la obligación de devolver el valor pagado en exceso sobre los precios que, legalmente, se podían cobrar con posterioridad al 22 de febrero de 1964.

Nos alegramos de que el Ejecutivo haya incluido esta iniciativa en la convocatoria. Este es un proyecto revolucionario, que caracteriza a un Gobierno que desea imponer la moralidad y la legalidad en los actos públicos.

El señor SANHUEZA.-

Señorita Presidenta, como decía en la mañana, por oficio Nº 82, de 15 de septiembre de 1965, la Comisión pide al señor Ministro de Justicia que estudie un proyecto que proponga una legislación sobre probidad administrativa y que, posteriormente, él se envíe al Congreso Nacional. Hicimos esta proposición, porque estimamos fundamental arbitrar medidas que impidan una serie de irregularidades funcionarías, de las cuales conoció la Comisión. Por desgracia, la actual legislación hace compatibles funciones, incluso, de directores de empresas y sociedades anónimas con cargos de bastante responsabilidad de diferentes servicios de la Administración Pública.

Este oficio a que he hecho mención fue respondido con fecha 25 de septiembre de 1965 por el señor Subsecretario de Justicia, quien expresa que ese ministerio se encuentra recopilando los antecedentes relativos a la materia, a fin de estudiar la posibilidad de que el Ejecutivo patrocine un proyecto de esa naturaleza.

Por último, quiero dar lectura a las recomendaciones de la Comisión sobre algunos aspectos que deben considerarse para la futura política electrónica:

"En primer lugar, la Comisión estima que Chile está preparado para la instalación de una Planta para fabricar televisores integrados, corno en el caso de Argentina, México y otros países de la Zona, con un porcentaje de componentes nacionales superiores al 90 por ciento."

"En segundo lugar, la Comisión considera que el establecimiento de esta Planta no significa una inversión exagerada, en moneda extranjera y nacional; que el desarrollo tecnológico chileno lo hace factible y que también debe considerarse la posibilidad de que su producción entre a competir en el mercado de la ALALC y; también, que pueda exportar a otros países Latinoamericanos o de otros Continentes."

"Juzga, en tercer término, que dado el volumen del mercado nacional y las posibilidades de una redistribución de rentas que lo amplíe, al favorecer a los sectores económicamente más débiles, permitirá el desarrollo de una Planta única, que fabrique, al menor costo posible, una sola marca y tipo de televisor."

"En cuarto término, esta Planta única, cuya sede se determinaría (posiblemente en Arica) deberá estar legalmente constituida como un Sociedad Mixta, integrada mayoritariamente (51 por ciento a 55 por ciento del total de las acciones) por la Corporación de Fomento de la Producción y por sociedades y particulares."

"La Comisión Especial Investigadora estima que expresamente debe contemplarse que las sociedades y los particulares, accionistas de la Sociedad Mixta, sólo podrán poseer un número de acciones limitado, que se determinará administrativamente y que también debe establecerse, en forma expresa y categórica, que la Corporación de Fomento de la Producción no podrá vender sus acciones."

"En sexto lugar, la Comisión considera que la Suciedad Mixta debe participar con capitales en ia integración de empresas nacionales, que fabriquen los componentes fundamentales más valiosos para armar televisores, pues, la Planta única no significa, según su opinión, que no puedan existir, paralelamente, industrias particulares que fabriquen elementos y piezas para armar los televisores; pues ello es de la esencia de los complejos tecnológicos de las industrias modernas."

"La Comisión considera que debe estudiarse la posibilidad de favorecer el movimiento cooperativo, ya sea permitiendo que las cooperativas armen para sus cooperados, o bien que a través de aportes en ia formación del capital de ¡a Sociedad Mixta obtenga beneficios que puedan destinarse a rebajar los precios de venta o para otorgar más amplias facilidades a sus cooperados."

"Finalmente, la Comisión Especial Investigadora estima que a esta Sociedad Mixta, propietaria de la Planta única, debe otorgársele un estatuto legal que le permita desenvolverse, con ciertas garantías mínimas."

"Este planteamiento de la Comisión se centra, fundamentalmente, en dos consideraciones : que es éste un negocio altamente rentable y en la conveniencia que existe de integrar a la cultura a más amplios sectores nacionales y esto, en parte, puede obtenerse colocando al alcance de un número considerable de hogares chilenos este instrumento que permite informar y culturizar. Todo ello, por supuesto, al tener una Televisión bien dirigida, inspirada en una finalidad de alto interés nacional y no rebajada en su calidad y moral por las exigencias de una comercialización que no respeta los valores culturales."

Señorita Presidenta, antes de terminar este informe, quiero recalcar nuevamente que las denuncias formuladas en esta Sala en sesión especial del 14 de julio -que incidían en destacar los aspectos más importantes en cuanto a la armaduría de televisores, además de una serie de irregularidades administrativas, como los altos costos de una producción inadecuada y la obtención de utilidades más allá de todo margen legal- no sólo fueron comprobadas, a través del estudio hecho por la Comisión, sino que, incluso, excedieron las apreciaciones que los Honorables colegas hicieron presentes en esa oportunidad.

Finalmente, en mi calidad de Presidente de la Comisión, deseo reiterar mi gratitud a todos los señores parlamentarios que, por medio de un trabajo ponderado, hicieron posible una labor eficaz que nos ha permitido rendir, esta tarde, un informe categórico.

Muchas gracias.

El señor JEREZ.-

Señorita Presidenta, cuando hace algún tiempo formulamos ante la Honorable Cámara, denuncias precisas acera de los precios verdaderamente escandalosos que se cobraban por los televisores, y posteriormente, cuando en conjunto con los Honorables Diputados señores Sanhueza y Luis Pareto proporcionamos toda clase de antecedentes sobre el particular, en sesión especial de la Corporación, no pensamos que la Comisión Especial Investigadora creada para el efecto, fuese no sólo a confirmar nuestras informaciones, sino además a entregar un cuadro sobre la forma como operan algunos industriales, cuyos procedimiento lesionan gravemente la ética comercial, dañan la economía del país y, lo más grave, extienden la desmoralización en la opinión pública.

Las conclusiones de esta investigación y el informe presentado por el DiputadoFernando Sanhueza, quien de manera tan seria e infatigable la dirigió, derrotando dificultades y presiones de toda índole, han demostrado no solamente que nuestra denuncia era procedente, sino que las cifras dadas en esa oportunidad concuerdan en grado apreciable con las proporcionadas por la Comisión.

En efecto, se ha comprobado que todos estos "industriales" han obtenido ganancias de alrededor de Eº 1.000 por aparato y que la utilidad total de las cuatro firmas arma doras de televisores ascendió a cerca de Eº 12.000.000 en el año 1964.

Pero lo más grave es que estas utilidades, de por sí excesivas en un país donde el habitante común debe luchar duramente para subsistir, se han obtenido mediante fraudes, adulteraciones de costos y otras argucias indignas de empresarios honorables. Al parecer, la orden del dia para ellos era: "¡A ganar, a ganar, que el mundo se va a acabar!"

Tan irrefutable es mi afirmación que con ocasión de las denuncias expuestas ante la Honorable Cámara, la Dirección de Industria y Comercio, de golpe, decretó una enorme rebaja en el precio de los televisores y, sin embargo, los "industriales" no sólo no protestaron sino que continuaron armando y vendiendo televisores, siempre con amplias utilidades.

Señorita Presidenta, algunos se han preguntado por qué tanta preocupación por el precio de los televisores, en circunstancias que no son elementos de consumo popular.

Creemos que están equivocados. Con el tiempo, tal como hoy ocurre con la radio, el televisor estará al alcance del pueblo. Y a este Gobierno le interesa que así suceda, a fin de lograr mejor sus fines educativos y culturales en favor de toda la población. Por su naturaleza geográfica, Chile debe estar unido de Arica a Punta Arenas a través de los aviones y la televisión.

Pero hay algo más importante. Una sociedad bien organizada, con una economía al servicio de la comunidad y no al lucro de algunos privilegiados, no puede tolerar abusos como los comprobados por la Comisión, y hemos patrocinado una ley que ordena devolver los valores indebidamente cobrados, porque pensamos que ella constituye una enérgica advertencia para todos los especuladores que desprestigian a los comerciantes e industriales honestos y abusan con el modesto consumidor.

Creemos que a estos industriales y comerciantes honrados, la mayoría en nuestro país, les interesa, más que a nadie, que se ponga término a la actividad de los especuladores y desvergonzados que hacen dudar de profesiones y actividades respetables.

Por ello, vale la pena que despejemos algunas confusiones, creadas, interesadamente, en contra de quienes no estamos dispuestos a tolerar los abusos y la burla de algunos inescrupulosos.

No somos enemigos, por principio de la empresa privada. Al margen de nuestra posición ideológica, creemos que ella tiene un importante papel que desempeñar, por largo tiempo, en algunos órdenes en la actividad económica, cualquiera que sea el rumbo que el país adopte en su lucha por su desarrollo económico y por el logro de la justicia social.

Pero encontramos inadmisible que, bajo los legítimos derechos de quienes se esfuerzan por promover la industria y el comercio, se amparen los monopolios, que demuestran desprecio absoluto por la comunidad, o aquéllos que creen que todo lo santifica el éxito obtenido mediante el afán desmedido de lucro.

Por ello, también, no podemos aceptar generalizaciones de parte de ciertos sectores empresariales, como cuando, por ejemplo, nos dicen que uno de los factores esenciales para el progresivo desenvolvimiento económico del país consiste en "dar confianza" a los empresarios. De esta manera -dicen ellos- aumentarán las inversiones, el empleo y la producción, y así vendrá la prosperidad.

Pero, ¿de qué confianza se trata? Creo que. cuando finalice esta breve intervención, quedará claro ante la Honorable Cámara que -observando que una importante zona de nuestra estructura productiva es monopolística y que la especulación ejercida por los armadores de televisores se extiende a otras muchas y muy importantes industrias del país, que la llevan a cabo de una u otra manera- son ciertos grupos de empresarios los que deben demostrar al país que merecen la confianza que reclaman del Gobierno, del Parlamento y de la ciudadanía. Estos grupos, que no tienen sentido social y mantienen una baja productividad en sus empresas, son los que obtienen ganancias socialmente ilícitas.

Nosotros estamos abiertos a los empresarios serios y progresistas, cuya contribución es indispensable para el progreso del país; pero creemos que se debe tratar con la máxima inflexibilidad a quienes se colocan en contra de los intereses de la comunidad.

Señorita Presidenta, en todos los aspectos de este problema, nuestra posición ha sido eminentemente constructiva. No nos hemos limitado a denunciar los escándalos o, simplemente, a exponer el mal; sino que, principalmente, hemos sido tenaces impulsadores de la única solución que puede poner término, no sólo a depredaciones, como las de los armadores de televisores, sino a todo el sistema de especulación que agobia a Chile.

En efecto, a mediados del año recién pasado, expuse, en esta Sala, que, considerando lo ocurrido con la armaduría de televisores y las generales protestas por las alzas decretadas en los precios de otros artículos de primera necesidad, se imponía la creación de un organismo fiscal, dotado de elementos técnicos y humanos capacitados, para promover una mayor productividad, esto es, que permita utilizar, en la forma más eficaz posible, todos los medios de producción y la totalidad de la capacidad instalada de las empresas, con el objeto de obtener una mayor cantidad de bienes y servicios, al más bajo costo real. Al margen de esta intervención escrita. quiero formular algunas observaciones para hacer presente que, según informaciones de organismos internacionales, el promedio de productividad de las empresas chilenas no sólo está muy por debajo de aquellos países europeos cuya productividad deja mucho que desear, sino que también es inferior al rendimiento de la mayor parte de los países latinoamericanos, lo que ya es mucho decir.

La segunda función de dicho organismo sería la de establecer los costos reales de cada producto, con el objeto de que el Estado pudiera fijar los márgenes lícitos de alzas y de utilidades, en cada caso.

Mi proposición, que fue aprobada en dos oportunidades por la unanimidad de los señores Diputados, tenía como base el hecho de que este tipo de organismo, que nosotros denominamos Instituto de Productividad, Costos y Comercialización, opera con éxito y con funciones parecidas en varios países europeos, en países del área socialista y en Israel.

Actualmente existe en Chile una serie de instituciones, tanto estatales como particulares, que tratan, en forma descoordinada, de aumentar la productividad de las empresas. Entre ellas, podemos mencionar al Servicio de Cooperación Técnica, filial de la Corporación de Fomento de la Producción; al Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (INDITEC-NOR) y a la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO). Otros organismos, tales como las Universidades, el Barco de! Estado, la Federación de Cooperativas, etcétera, realizan labores similares, en forma discordante y sin recursos.

Sin perjuicio de las iniciativas particulares, a nuestro juicio, el Estado debería asumir centralizadamente estas funciones, otorgándose a ese instituto facultades legales amplias, en particular para conseguir los antecedentes fidedignos que le permitan establecer los verdaderos costos de fabricación de los productos.

Yo hago especial hincapié, señorita Presidenta, en este aspecto, porque la impresión que tengo, al margen de otras consideraciones que expondré en su oportunidad, es que la Dirección ele Industria y Comercio, por falta de personal, por carencia de recursos legales y técnicos, lo que no le permite cumplir realmente sus funciones con profundidad y seriedad, está condenada a establecer los costos de producción de los artículos, sobre los cuales debe fijar los precios oficiales, exclusivamente sobre la base de las informaciones proporcionadas por los propios industriales, sin poder corregir o corroborar -porque no tiene los medios legales para hacerlo- que los costos de producción presentados por los industriales corresponden a la realidad.

Es, precisamente, en lo que respecta al establecimiento de costos reales –materia que incide directamente en la investigación de las armadurías de televisores- donde se hace más necesaria la rápida creación del Instituto de Productividad.

Y aquí entro en un tema ingrato y difícil, pero que no podemos eludir.

Pertenezco al partido de Gobierno y, por lo tanto, soy leal y solidario con la suerte del Gobierno; sin perjuicio de que ejerza el elemental derecho a discrepar y expresar mi opinión. Estimo que las cosas debieran hacerse de otra manera.

Pues bien, hay muchos que se escandalizan por esto, y otros que, de mala fe, nos presentan como entorpecedores de la acción del Gobierno. Tengo mi conciencia muy tranquila y creo que a éstos, que son "más papistas que el propio Papa", si no son capaces de razonar por sí mismo, le -debería bastar, al menos, con que tanto el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador Aylwin, y el Ministro del Interior, Bernardo Leighton, en el TeatroCaupolicán, el 7 de noviembre pasado, corno el propio Presidente de la República, en la última reunión general con los Diputados del Partido de la Democracia Cristiana, hayan expresado, muy categóricamente, que las discrepancias no sólo eran legítimas, sino saludables, ya que, al final, lo único de que puede disponer el hombre es de su razón y su libertad espiritual. Pues bien, cualquiera que sea el punto de vista desde el cual se juzga la acción del Gobierno, nadie puede dudar de que la tarea que él realiza está destinada a modificar, a la larga o a la corta, la estructura económica y social del país; y que algunas medidas, como la Reforma Constitucional, la Reforma Agraria, el Plan Educacional y su política internacional, han abierto el camino a cambios revolucionarios, que, como principal característica, muestran su irreversibilidad. ¡No habrá retrocesos en el avance del pueblo!

Sin embargo, creemos que algunos rubros de la acción gubernativa necesitan ser adecuados a estas grandes tareas; porque, lamentablemente, se han convertido en elemento de confusión y de descontento popular, y opacan la magnitud del conjunto.

La señora LAZO.-

Aunque me la concede condicionando mi libertad para hacer uso de ella, de todas maneras se la agradezco igual. Como tenemos otra idea de la libertad, pienso que no debería estar condicionada. Pero ésa es la razón de la diferencia entre Su Señoría, que está sentado al centro, y nosotros, que lo hacemos a este lado.

Solamente era para decirle, respecto al estudio hecho por esta Comisión Investigadora, que el Partido Socialista ha afirmado categóricamente que no sólo lo apoyaremos, sino que quiere que sus conclusiones lleven, en realidad, al castigo de los agiotistas y especuladores. Pero afirmar, como lo hace Su Señoría, que todo lo que está haciendo el Presidente de la República es obra de progreso y representa una revolución, yo lo pongo en duda, porque nosotros tenemos derecho a tener otras ideas sobre lo que es la verdadera revolución, que sólo existe cuando se ataca hasta el fondo el régimen capitalista, y no cuando se ataca sólo de palabra a algunos empresarios, que han obtenido pingües ganancias durante el actual Gobierno.

Nada más, señorita Presidenta.

El señor JEREZ.-

Yo he manifestado que mantengo discrepancia respecto de algunos puntos de vista que, en el fondo, están relacionados con ciertos aspectos de la acción del Gobierno.

En segundo lugar, aquí se trata, por supuesto, de que cada uno exprese con absoluta libertad, como lo ha hecho la Honorable colega y como lo estoy haciendo yo ahora, las ideas que se tienen acerca de la forma en que se realiza una "revolución en libertad". Pero, evidentemente, no se puede estar midiendo el alcance de las palabras de otra persona a través del marco y la medida de la propia concepción ideológica.

Está de más que diga que los socialistas y los democratacristianos tenemos un concepto distinto de lo que es una revolución. Si la Honorable señora Lazo hubiera pedido la interrupción para plantear esto, se la habría concedido con mucho gusto, sin condición; pero no para perder el tiempo expresando algo que no agrega absolutamente nada nuevo.

Por lo demás, creo haber manifestado, no sólo aquí, sino en muchas otras partes, que sabemos que una revolución no consiste en combatir las alzas y los costos. El problema es totalmente distinto y lo plantearé también, en su oportunidad. Estamos conscientes de que no podrá haber una revolución en Chile mientras no se elimine la desigualdad de clases. En eso, al margen de las diferencias entre las concepciones socialista y democratacristiana, hay un elemento o denominador común de ellas. Estamos de acuerdo en esto. Pero en cuanto a los métodos, fórmulas y herramientas de que dispone una sociedad determinada para poder hacerlo, indudablemente que hay maneras y maneras de pensar. En todo caso, el problema de la acción del Gobierno democratacristiano es materia propia de un debate interno, como dije al principio, que siempre se puede plantear en el seno de nuestra colectividad. Todo esto, sin perjuicio de que la Honorable colega señora Carmen Lazo pueda hacernos las críticas que estime convenientes.

La señora LAZO.-

Pero hay que discutirlo.

El señor JEREZ.-

Encantado. En cualquier ocasión tendré mucho agrado en entrar en un debate de carácter político con Su señoría, porque la respeto y estimo y la considero inteligente y honesta. Pero creo que no es ésta la oportunidad más adecuada para ello, porque estamos tratando otro tema. En otro momento, con todo gusto.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor JEREZ.-

Continúo, señorita Presidenta.

Yo no libero de responsabilidad ni al Ministro de Economía, ni a los funcionarios de su Ministerio. Pero al margen de la responsabilidad que les pudiera caber, ella es, en parte, consecuencia directa de la ineficacia del sistema.

Es inútil pensar que estos problemas van a tener solución en el marco de la realidad actual, considerando la falta de medios del Ministerio. De allí nuestra proposición de crear un organismo especializado. Ello debe ocurrir cuanto antes, pues no se puede continuar decretando alzas, acerca de las cuales la opinión pública tiene la creencia -errónea o no- de que se decretan muchas veces sin justificación. Por otra parte, los precios de algunos productos o artículos parecen inexplicables, cuando no abiertamente especulativos, y, a causa de esto, el Ministerio de Economía soporta toda suerte de andanadas, aparentemente reducido a la impotencia por la falta de medios para ejercer sus funciones.

Hemos dicho que el caso de los televisores, en una o otra medida, no es el único, sino demostrativo de los otros, desgraciadamente de muchos otros.

Una breve reseña nos permitirá confirmar nuestra aseveración.

Ayer, solamente, los diarios informaban del alza sufrida por algunos productos farmacéuticos en porcentajes de enorme consideración. ¿Hay alguien que ignore que estos artículos son objeto de precios especulativos y que, incluso el mismo producto, con sólo cambiarle el nombre o el envase o envoltorio de presentación, se vende con diferencias de precios que no se justifican?

La Comisión Investigadora de Televisores deberá continuar su trabajo, encaminado en el sucesivo, a establecer los costos reales y las utilidades de los armadores de automóviles. Creemos que cuenta con el beneplácito de toda la opinión pública para ello; pues nadie podrá entender que en un mundo en el que el automóvil ya dejó de ser un lujo, Chile se permita tener los autos más caros y más malos del mundo, mientras los fabricantes obtienen los más altos intereses por sus capitales. Nada se obtiene controlando la importación de piezas y partes, al cambio oficial, ni bonificando a los armadores con las exenciones de impuestos, ni en los fletes; y, en general, con todas las facilidades que obtienen a través de las autoridades estatales, si, al final del camino, no hay control de los precios de venta, mucho menos si no se busca la manera de instalar una industria.

Hay proposiciones concretas de firmas serias para fabricar realmente vehículos motorizados. No sería aventurado decir que se podría llegar a fabricar un vehículo, firme y sólido, por una cifra no superior a los Eº 6.000, importando no más de un 40% de las piezas y partes al principio, para terminar fabricándolo casi en un 100 %, en pocos años.

Yo me pregunto, señor Presidente, ¿alguien puede sostener que el precio justo de una Citroneta es el que hoy deben pagar los adquirentes? En otros países, por la misma suma se pueden obtener dos vehículos, no de emergencia, como es la Citroneta, sino de primera calidad.

Días atrás, al regresar de Inglaterra, un alto ejecutivo de cierta empresa extranjera se escandalizaba, en presencia mía, y con razón, al comprobar que la utilidad del armador de un automóvil Fiat, modelo 600, supera los Eº 6.000 y que con el valor pagado en Chile por un Fiat 1100, en Londres se puede adquirirse un Peugeot de lujo, y todavía sobra dinero.

A este respecto, señor Presidente, encuentro tan escandalosa la manera de actuar de estos verdaderos piratas de la industria nacional que, aun cuando la Cámara no conoce todavía el informe que elabora la Comisión Investigadora de la Industria Automotriz, quiero señalar algunos antecedentes de la forma cómo operan estos señores.

La firma Alberto Avayú y Compañía arma el automóvil Opel Rekord. En carta del 2 de septiembre de 1965, dirigida a la Comisión Investigadora, proporcionó sus "costos". Algunas de las cifras fueron comprobadas en el comercio en general, aun cuando la comparación que voy

a dar es entre los precios que él presenta como el valor de las piezas, compradas al por mayor y, por tanto, con rebajas,

y las adquiridas por el público al detalle, es decir, más caras.

Dichas cifras son las siguientes:

LISTA DE PIEZAS DE AUTOMOVIL, VALOR DADO Y AL DETALLE

La suma asignada al flete permite apreciar la forma descarada de falsear costos de este industrial, ya que Eº 580 representa el transporte de más de 2.000 kilos, y ocurre que el Opel Rekord, enteramente armado, pesa más o menos 1.000 kilos.

¡Esperamos que este industrial no sea uno de los que está pidiendo confianza al Gobierno y a la opinión pública para poder desenvolverse más a sus anchas!

El señor PALESTRO.-

Quiero agregar algunos antecedentes acerca de los precios que la firma Alberto Avayú y Compañía pide por los repuestos, ya sean de automóviles o de otros vehículos.

Cuando se encaró la adquisición de material de aseo para la comuna de San Miguel, el año 1963, el Municipicio, del cual formaba parte, pidió cotizaciones en distintas casas de automóviles y de vehículos

por chasis, con el objeto de armar los camiones aseadores y ponerlos al servicio de la población de San Miguel.

Aun cuando en aquel tiempo se había iniciado una gestión para importar vehículos de ese tipo a través de una firma especializada en el ramo, acicateados polla desesperada necesidad de dejar entregado antes del término de nuestra labor, un buen equipo de aseo a la comuna, pedimos también una cotización a la firma Avayú. Pues bien, en esa época, 1963, esa empresa nos cobraba 35 millones de pesos por importar un chasis de camión, en circunsntancias que los camiones importados de Estados Unidos, totalmente armados y de primerísima calidad -actualmente en servicio en la Municipalidad de San Miguel- costaban 32 millones de pesos, cada uno.

Eso demuestra, entonces, la importancia del trabajo realizado por esta Comisión Investigadora, que debe continuar, para hincarle el diente a los responsables de este tipo de negociados en que se explota la necesidad de tener un medio de movilización o un arma de trabajo, como son los camiones. En la actualidad, prácticamente ni siquiera existen en el comercio camionetas o camiones; sólo hay autos de lujo. Si algún señor Diputado se toma el trabajo de ir a cualquiera casa del ramo no encontrará chasis de camiones y menos una camioneta; todos son vehículos de lujo, a precios de lujo, que, por supuesto, están fuera del alcance de cualquier persona, incluso de las más adineradas del país.

De ahí que ratifico las palabras del Honorable señor Jerez sobre el abuso y la explotación que realizan determinadas firmas en la venta de automóviles y otros vehículos, sin control alguno.

Cuando en la Municipalidad de Santiago se planteó el alza de tarifas de los taxis, se dijo que una de las soluciones para resolver el problema y mantener los precios actuales era, justamente, "ponerle el hombro" al control de los precios de venta de los repuestos de automóviles y de vehículos en general, pues, sus importadores tienen mucha responsabilidad no sólo en el encarecimiento de ellos, sino consecuencialmente en el de las tarifas de taxis y de la locomoción colectiva. Sobre todo, las casas importadoras de repuestos son culpables de los abusivos y escandalosos precios, fuera del alcance de cualquier persona, fijados a un elemento tan indispensable como es el vehículo.

Nada más.

El señor JEREZ.-

Agradezco la interrupción al Honorable señor Palestro, por cuanto confirma lo que hemos expresado.

Ya llega a tal grado la descomposición moral y especulativa que no nos extrañaría ver a estos empresarios quejándose de fatiga tributaria o reclamándole al Gobierno que ponga en la órbita empresarial el factor "confianza".

Situaciones si no idénticas, al menos análogas, se presentan especialmente en los precios cobrados por los productos que fabrican algunos monopolios o industrias.

Por ejemplo, aun cuando los precios de los productos textiles son fijados por el Ministerio de Economía (salvo raras excepciones), ellos no guardan relación alguna con los precios internacionales. Para justificarlos puede aceptarse el argumento de falta de equipo y de consumo. Chile tiene plantas modernas y la renovación de equipos industriales no ha tenido, en general, dificultades.

La falla de la relación costo-precio-consumidor está en la forma de estudiar los costos.

No hay fiscalización efectiva. El algodón, que es netamente de consumo popular, se importa libremente, con todas las franquicias posibles e, incluso, se interna como excedente agrícola desde los Estados Unidos. Jamás estas ventajas han llegado al consumidor. Las fluctuaciones del mercado internacional de la materia prima son aprovechadas solamente por los industriales, que están interesados sólo en dar a conocer las alzas. Las bajas de precios y otras franquicias, generalmente van al bolsillo del industrial.

En el estudio de costos se cambia el tipo del producto lo cual en el fondo significa sólo cambio de etiqueta, ya que es el mismo algodón, la misma mano de obra y las mismas anilinas las que se emplean en la fabricación, pero se venden a un precio más ventajoso para el industrial.

El gas licuado es otro producto de consumo generalizado, cuyo precio provoca la justificada reacción de los consumidores.

Al respecto, conviene recordar que su comercialización se inició durante el régimen alessandrista y, por consiguiente, el primer punto que se tomó en cuenta fue el que convenía a los comerciantes o distribuidores.

Corno primera medida para no dañar a la Compañía de Consumidores de Gas, se fijo el precio de acuerdo con los gastos de esa empresa, que tenía como única meta en esa época la de hacer una serie de innovaciones en sus equipos; y, en consecuencia, sus costos eran altísimos. En seguida se formó un "pool" de distribuidores, dejando al Estado al margen de este espléndido negocio.

La materia prima es chilena, la compañía que lo extrae es chilena y los riesgos de explotación fueron y siguen siendo por cuenta del pueblo. Sin embargo, la parte brillante del negocio, la venta al contado, la efectúan estos privilegiados.

Valdría la pena preguntar a qué precio y en qué condiciones pagan estos privilegiados la materia prima a la Empresa Nacional del Petróleo. Además, es indispensable averiguar de qué impuestos están exentos y en qué forma contabilizan utilidades, en qué consisten sus inversiones (buques, estanques, etcétera).

Incluso, hoy día, se puede comprobar una disminución apreciable en el valor calorífero de este combustible. Antes, un balón de 45 kilogramos, solía durar un mes, ahora sólo 20 días. Ciertos consumidores han comprobado que los balones nuevos casi no contenían gas, sino una gran cantidad de aire. Este solo hacho ya justifica una investigación, pues no se encarece únicamente un producto alzando su precio, sino también disminuyendo su calidad y cantidad.

Con respecto al cemento, producto cuyo precio está gobernado por el cartel de Cemento El Melón, Gildemeister y Cemento Bío-Bío, podemos comprobar, si tomamos algunas cifras de la Fábrica Polpaico, que el alza acumulada desde el 22 de marzo de 1964 al 31 de diciembre recién pasado alcanza a un 61% ; y, lo que es más importante, el interés cobrado en las ventas a plazo, que son las que utilizan todos los industriales de la construcción, pues no pueden estar pagando al contado con el sistema actual, sobrepasa los límites de lo exageradamente usurario, pues en ese lapso llega a más del 41 %.

El señor AGUILERA.-

Señorita Presidenta, he escuchado con toda atención los planteamientos del Honorable señor Jerez. Al abordar el problema del gas licuado, el Honorable señor Jerez ha asegurado que, en la Administración pasada, siempre se amparó a estos distribuidores monopolistas. Los parlamentarios socialistas de aquella época también combatimos el monopolio que se estaba creando. Ignoro si el Gobierno actual irá directamente a la nacionalización de la distribución del gas licuado y de su comercialización. Porque la ENAP, está vendiendo todos los derivados del petróleo directamente a lo-particulares. Hemos podido comprobar que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y la Línea Aérea Nacional, si quieren comprar los productos de ENAP, sea bencina o petróleo, deben hacerlo a través de la ESSO, de la SHELL, es decir, por intermedio de empresas extranjeras, o bien, utilizando los servicios de COPEC.

Ignoro si el Honorable señor Jerez está en condiciones de explicarnos por qué las compañías distribuidoras de gas licuado están nuevamente alzando los precios. No sé tampoco si DIRINCO, autorizará esta nueva alza. Si lo hiciera, querría decir que el Gobierno, indudablemente, no estaría cumpliendo con su propósito de parar estas sinvergüenzuras.

El señor JEREZ.-

Es muy importante lo dicho por el Honorable señor Aguilera, por cuanto nos permite aportar algunos antecedentes y exponer el criterio que, sobre la materia, corresponde a los parlamentarios de Gobierno, y no sólo a mí.

En 1964, una de las últimas intervenciones que cupo a los señores Eduardo Frei y Radomiro Tomic, entonces Senadores, fue, justamente, participar en la discusión de este problema. En aquella oportunidad, expusieron el pensamiento del Partido Demócrata Cristiano, que coincide plenamente con lo expresado por el Honorable señor Aguilera, y que nosotros, además, en numerosas oportunidades hemos hecho propio, a través de nuestros miembros en la Comisión de Economía y Comercio de la Cámara, y Comités parlamentarios de oposición al alza del gas licuado.

Y quiero dar un antecedente más. Tengo en mi poder la respuesta a un oficio dirigido hace ya algún tiempo al señor Ministro de Interior solicitándole los antecedentes relacionados con el costo y utilidades de los distribuidores del gas licuado. En su contestación, el señor Ministro acompaña un estudio de la Dirección General de Servicios Eléctricos y Gas, que tiene la jurisdicción de esta materia, en el cual se manifiesta que la opinión pública no está preparada para aceptar en ese momento un alza y a continuación, se dice que en el mes de enero de este año podría efectuarse un alza de carácter adicional para absorber el deterioro producido a los distribuidores al no otorgarse el otro aumento. Esto lo estimo absolutamente improcedente e inmoral, pues si no hay razones en una época determinada para decretar un alza, no puede autorizarse de contrabando, con posterioridad, un aumento basado en una cantidad que opera por una sola vez, con el objeto de indemnizar lo que se ha considerado un deterioro económico del sector empresarial.

Por otra parte, no hemos insistido más en este problema, pues la Comisión Especial del Petróleo ya se abocó al conocimiento de este asunto; entiendo que en su última sesión alcanzó a tratarlo. Esto, sin perjuicio de decir que somos contrarios al alza del gas licuado.

Sin pretender justificar a un partido o grupo parlamentario, creo que es mucho más importante -y en este sentido la Cámara entera puede colaborar- efectuar un estudio serio, para el cual puede servirnos de ejemplo el realizado por la Comisión Investigadora de la industria automotriz y de televisores, a fin de que, a la luz de estos antecedentes, de los que proporcionen los empresarios y de cuantos tengan los señores parlamentarios, pueda hacerse una presentación final para pedir al Gobierno, en nombre de la Corporación, no sólo el término de la especulación con el precio del gas licuado, sino también el traspaso al Estado de este negocio, que realmente le corresponde a Chile, por derivar de una industria chilena que produce utilidades y cuyos riesgos de explotación, instalación y comercialización han sido pagados por todos los chilenos a través de los recursos entregados por el Fisco a la CORFO.

En este sentido, tenemos la misma opinión de nuestro Honorable colega.

El señor GODOY URRUTIA.-

Es muy atinente a la materia, porque me voy a referir a una declaración que me hizo personalmente él último Subsecretario del Ministerio del Interior del gobierno pasado. Estas fueron sus palabras: "Al Gobierno no le conviene, de ninguna manera, que baje el precio del gas licuado o aumente el consumo, porque es mejor negocio venderlo al extranjero para que vengan dólares".

Pienso que el Gobierno debería preocuparse de entregar este producto en mejores condiciones a nuestros propios compatriotas a cambio de renunciar al puñado de dólares que se obtienen de su venta a la República Argentina. Por un simple decreto, el Gobierno podría terminar con estas ganancias excesivas que están obteniendo los distribuidores.

El señor JEREZ.-

Señorita Presidenta, estaba dando a conocer los porcentajes de alzas que había experimentado el cemento y los recargos que se aplican a los adquirentes a plazo, recargos que adquieren caracteres realmente usurarios, como que alcanzan al 41% al año. ¿Quién paga las consecuencias de estos absurdos? Naturalmente el hombre medio y el proletario, que tendrán que comprar una vivienda a un precio inalcanzable.

El acero ha subido en un 63% en un año; el papel en más de un 45% en el curso del año recién pasado, y los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. No vale la pena causar a la Honorable Cámara continuando con esta enumeración que podría incluir a tantos artículos, como los teléfonos, el calzado, las ampolletas, los repuestos, los vidrios, etcétera, cuyos precios o tarifas, por una u otra causa, no se justifican.

En este cuadro, resulta, no diré conmovedor sino poético, que un destacado hombre de negocios, el Príncipe Enrique Stharemberg, años atrás radicado en Viña del Mar y que ahora reside en Austria, con quien conversé días atrás, me expresara que, a su juicio, un margen lícito y aceptable de utilidad para un inversionista lo constituía un 3 ó un 4% sobre el capital invertido, dentro naturalmente de un régimen de estabilidad monetaria. ¿Qué inversionista se conformaría en Chile con tal porcentaje de utilidad?

Al analizar todos estos hechos no podemos dejar de considerar que ellos obedecen a un sistema, a una mentalidad, a una educación que orienta a ciertos empresarios y que constituye la herencia legada por los anteriores Gobiernos, por la vieja sociedad capitalista, acosada hoy día por el propósito del Gobierno de restablecer los verdaderos valores que deben imperar en una sociedad realmente justa y humana.

La tarea de obtener la confianza popular es una batalla de cada día en que se lucha en innumerables frentes. No se trata de ejercer controles coercitivos o reparar el daño que se causa a la comunidad cuando las circunstancias lo exigen, como es el caso de la investigación de las armadurías de televisores, ni en la dictación de leyes que obliguen a devolver lo indebidamente cobrado. ¡No! Se puede y se debe adoptar las medidas moralizado-ras en el campo de la economía, porque los valores morales son capaces de motivar al pueblo tanto o más que los beneficios económicos directos.

Así pensamos que las utilidades confesadas por los bancos particulares -que sólo para trece de ellos alcanzaron a más de Eº 21.000.000 en 1965- nos deben mover a reflexión. Sabemos positivamente que ellas alcanzan a una suma mayor; pero, en todo caso, cualquiera que sea la cifra que consideremos, resaltan como un elemento negativo en el cuadro de la dura lucha de los trabajadores por subsistir y por colaborar en los planes del Gobierno para derrotar la inflación. Esperamos confiadamente que en definitiva vendrán en breve medidas que corrijan esta anomalía y esta injusticia.

¿Puede decirse entonces -como algunos lo han afirmado- que los propósitos que perseguimos están animados por sentimientos de animadversión a los empresarios? A nosotros nos interesa el bienestar de la sociedad -no somos guardianes del capitalismo- y sabemos que una sociedad no se mantiene cuando el esfuerzo de los ciudadanos se ve compensado de manera tan irritantemente desigual.

La lección que nos deja la investigación realizada acerca de los costos reales de los televisores, es la necesidad de disponer de un instrumento como el Instituto de Productividad, que impulse racionalmente la producción y que establezca el valor real de los productos y los márgenes justos de ganancia. ¿Quién que no esté animado por móviles torcidos puede oponerse a una idea tan justa?

La naturaleza y fines de este Instituto, cuyo proyecto ya ha sido redactado, son tan positivos que sus objetivos abarcan una amplia gama de promoción cuyas ventajas nadie sería capaz de discutir.

Por eso señorita Presidenta, vuelvo a insistir en este criterio eminentemente positivo. Aquí hemos denunciado escándalos, abusos y robos. Para ellos no sólo estamos pidiendo la adopción de medidas de carácter policial, cuando corresponda aplicarlas, sino de tipo orgánico, que puedan entregar al Estado la herramienta que le permita poner término, en forma general, a esos abusos. No se puede convertir a la Honorable Cámara en una especie de cuerpo investigador de toda clase de depredaciones y delitos económicos que se cometan en el país.

Al respecto, señalo las más importantes: en primer lugar, actuar como Contraloría técnica por disposición de! Presidente de la República, efectuando estudios de organización, de procedimientos, de costos o de técnica del a Administración Pública e instituciones descentralizadas.

Actuar como efectiva entidad de fomento de la pequeña industria y del artesanado, prestando asistencia técnica y tecnológica, concediendo créditos en coordinación con el Banco del Estado y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Actuar como entidad de fomento de las cooperativas, impulsando el desarrollo de cooperativas, impulsando el desarrollo de

zación, etcétera, prestándoles asistencia técnica y tecnológica y concediendo créditos en coordinación con el Banco del Estado y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Y, esto es importante también, actuar como un organismo de Control de Calidad e Instituto de Normalización, dictando normas y determinando especificaciones para los productos industriales, agrícolas, etcétera.

Cito nada más que un ejemplo. Al comenzar mi intervención, manifesté que en el rubro de productos farmacéuticos una de las maneras más desvergonzadas de especular con los precios consiste en que un medicamento de la misma naturaleza, con iguales virtudes medicinales y curativas y que, en definitiva, tiene los mismos costos, se vende a distintos precios, porque se les cambia el envase, el nombre, el color o la etiqueta. Estas desvergüenzas, que no ocurren en otros países, podrían impedirse con un instituto encargado de controlar, desde la partida, la forma y costos de producción de los artículos.

El señor PALESTRO.-

Señorita Presidenta, creo que todos los presentes hemos escuchado atentamente la intervención del Honorable señor Jerez, porque se ha referido a una serie de problemas que afectan directamente a la clase trabajadora, especialmente a los sectores más modestos y humildes del país. Nos ha hecho una enumeración larga de actividades y de artículos sujetos a control, a una labor moralizadora, como él la llama. Lamentablemente, el control jamás ha dado resultado, porque los especuladores mientras más ganan, más desean para aumentar los fondos de sus cuentas bancarias. Por otra parte, debo manifestar que no se ha tocado un problema que, a mi juicio, es de enorme importancia, porque afecta, sin distinción, a todos los sectores de la opinión pública. Me refiero al control que debe establecerse respecto de los servicios funerarios, que ojalá tratemos en alguna oportunidad o en esta sesión destinada a debatir el problema de los televisores.

En Chile, prácticamente, se está especulando con la muerte. El obrero o empleado, el comerciante o industria, el hombre adinerado o modesto conoce las condiciones en que se entregan los servicios funerarios. Actualmente, uno de segunda categoría significa a los deudos endeudarse en mil o mil quinientos escudos. Todo el mundo sabe, especialmente los sectores más modestos, que cuando muere el dueño de casa, aparte de lo que significa la desaparición del jefe de hogar, sus parientes deben pagar, durante 6, 8, 10 ó 12 meses, las cuotas a estos verdaderos buitres del dolor ajeno, a quienes forzosamente hay que recurrir.

Hago presente la necesidad de controlar estos servicios porque, justamente, en la mañana de hoy, con boleta de compraventa en mano, una persona ha venido a denunciar que, para poder sepultar los restos de un miembro de su familia, pagó Eº 600 por un modesto cajón.

Esto está demostrando cómo es necesario someter a control no tan sólo el largo enunciado de artículos hechos por el Honorable señor Jerez, sino que muchos otros, con lo que se solucionarían múltiples problemas que afectan a diversos sectores y se evitarían dificultades a éste o a cualquier Gobierno.

A este respecto, deseo citar, por ejemplo el caso específico del precio de los repuestos, en lo que vale la pena mencionar expresamente a la firma Avayú. Sobre esto no hablo por hablar ni "por boca de ganso", como se dice vulgarmente, porque es un problema que conocí y palpé. En efecto, cuando en mi calidad de Alcalde de la comuna de San Miguel pedí propuestas públicas para el suministro de repuestos, nos encontramos con el hecho de que ninguna de las seis u ocho firmas que se presentaban coincidían en su cotización. Había diferencia de precios que fluctuaban entre dos, tres, cuatro y cinco veces. Incluso había firmas que, aprovechándose de la normal falencia del municipio, por dar un mayor plazo, recargaban tres o cuatro veces el precio al contado que cotizaban otras. Esto lo puede ratificar o rectificar el Honorable señor Pareto, que conoce este problema que tanto incide en el alza de las tarifas de la locomoción colectiva. Es posible que los dueños de microbuses, por tener cooperativas obtengan precios más bajos y puedan defenderse de estos "pulpos" que venden los repuestos.

Creo, señorita Presidenta, que podríamos aprovechar el clima de amplia comprensión y serenidad con que se ha desarrollado este debate, en el que hemos estado escuchando y comparando las impresiones de cada sector de la Honorable Cámara, para buscar una solución a este problema. Creo necesario que pidamos en especial a la Dirección de Industrias y Comercio que cumpla efectivamente su función, y sin esperar componendas políticas ni presiones de ninguna especie, ponga mano firme y se aboque a controlar esto que, en el caso de las funerarias, constituye un abuso, una burla, además, de una especulación con la desgracia ajena, porque obliga a los familiares de quien fallece a endeudarse por meses y años para poder sepultarlos.

Este control es muy importante, porque la especulación en estos diversos artículos y servicios afecta seriamente el bolsillo de los sectores sociales más humildes. En el caso de los repuestos, es necesario que so someta a control los precios que cobra no solamente la firma Avayú, sino quince o más casas comerciales, ya que existe una verdadera anarquía y es preciso ir a una nivelación, a precios igualitarios fijados por el Gobierno, con el objeto de que no se abuse ni especule, especialmente con artículos que tanto afectan la situación económica de todos los sectores, como también la tranquilidad social del país.

El señor JEREZ.-

Antes de terminar mi intervención, quiero hacer presente al Honorable señor Palestro, que señalaba que nosotros no podíamos hacer demasiada fe en las llamadas fuerzas moralizadoras, que no se trata de evangelizar a los especuladores convenciéndolos acerca del objetivo de su misión. Me he referido al hecho de que las fuerzas morales del pueblo son capaces de promover un movimiento de saneamiento; y, precisamente, por eso, para contar con los medios necesarios a fin de eliminar actividades de esa naturaleza, estamos pidiendo para el Instituto de la Productividad facultades legales que le den autoridad, con el objeto de que, en forma legal, los empresarios se vean obligados a exhibir sus libros y queden constreñidos a acreditar, fehacientemente, sus costos y utilidades. O sea, se trata de hacer del Instituto una herramienta con poder compulsivo y con facultades para investigar a fondo -actividades que nosotros no podemos llevar a cabo, como quisiéramos, con nuestras Comisiones especiales la larga serie de lacras con que se han manchado algunos empresarios deshonestos.

Por último, me interesa destacar brevemente el alcance del acuerdo de la Comisión, en orden a que sea la propia Corporación de Fomento, en resguardo del interés de todos los chilenos, quien instale una fábrica de televisores o una armaduría.

Los derechos de la empresa privada no pueden basarse en privilegios discriminatorios, sin sentido social y en perjuicio de la comunidad.

Debe ser la CORFO, asociada mayoritariamente, ojalá, con cooperativas de producción, quien instale esta industria de rentabilidad tan segura, para que sus beneficios se extiendan a todos los chilenos y al Estado, el cual necesita con urgencia fuentes de capitalización.

Por otra parte, estamos urgiendo un cambio político en la CORFO, porque esto interesa efectivamente al desarrollo económico del país.

Hace demasiado tiempo que la CORFO sirve más bien los intereses de los particulares que los de la Nación.

En todo caso pensamos -y ésta es una de las lecciones que nos deja la primera parte de la investigación que finaliza hoy que es indispensable adoptar las medidas que obliguen a los empresarios a someterse, en el ejercicio de sus actividades, a las normas del progreso y del interés de la comunidad.

Muchos hablan hoy de la solidaridad nacional; otros, de la integración social. En los términos en que se desenvuelven las actividades de ciertos empresarios todo ello resulta una farsa ingenua. Ya hemos expresado que toda especie de solidaridad social, que no comience por eliminar las desigualdades básicas que dividen a los chilenos, está condenada al fracaso y sólo constituye una mistificación.

Sin embargo, se podría comenzar, hoy a: menos, por establecer las normas éticas elementales de la convivencia social; y entre estas normas debe contemplarse el ejercicio lícito y responsable de las actividades industriales y comerciales.

Tengo confianza en que la acción conjunta del Gobierno y los parlamentarios contribuirá no sólo a castigar a los culpables y a poner término a las irregularidades y abusos que hoy día se ciernen como plaga sobre las actividades económicas del país, desprestigiando estas actividades, de por sí honorables y necesarias, sino también a crear las condiciones que permitan restablecer la confianza en el público consumidor y encauzar el avance industrial de Chile sobre bases en que todos actúen mirando ante todo el interés nacional.

Me enorgullece, finalmente, como Diputado democratacristiano, que hayamos sido justamente nosotros, los Diputados de Gobierno, quienes hayamos iniciado esta investigación cuyos resultados, tengo la certeza de ello, serán de enorme beneficio para el país.

El señor ARAVENA (Don Jorge).-

Señorita Presidenta, hay hechos dentro de de nuestro desenvolvimiento económico y social que, a veces, nos dejan un tanto perplejos y sin poder definir con claridad si lo que tenemos frente a nosotros es una actividad seria, digna y respetable, o si bajo tal apariencia se esconde una maquinación rapaz, dispuesta a estrujar los escuálidos bolsillos ajenos.

Ahora bien, esta perplejidad, que me parece natural en el ciudadano común, no debe llegar hasta las esferas en que no es posible que pasen inadvertidos los hechos, aun cuando sean muy complejos.

En los últimos tiempos se han traído a nuestro país una serie de artefactos que son una novedad para el hogar. Entre ellos, el más sorprendente y de mayor significación, es, sin lugar a dudas, el televisor, avance de la técnica científica. Pero este aparato, que la industria electrónica ha creado para recrear y abrir caminos directos hacia otros niveles de cultura, lamentablemente, sin más ni más, ha ido a parar a las redes de la voracidad de unas cuantas personas que, ni cortas ni perezosas, se han aprovechado, tal vez por descuido de las autoridades en convertir este sacrificado esfuerzo de la ciencia y de la técnica en una vulgar trampa, que me recuerda a los tragamonedas que explotaban la ingenuidad de chicos y grandes, y que el ingenio de los nuestros llamaba "los chunchos".

En verdad, ¿qué nos ha traído este nuevo juego? Que miles y miles de millones de pesos haya sido el precio pagado por el pueblo chileno a unos cuantos improvisados, que, audazmente, han explotado esta estafa disfrazada de negocio.

Señor Presidente, no repetiré lo que con verdadero lujo de detalles ha dado a conocer el Diputado informante y Presidente de la Comisión Investigadora, mi estimado amigo señor Sanhueza. Yo, más bien, prefiero ahondar en lo que está más allá del detalle de la investigación misma, ya que, a través de ella, hemos logrado conclusiones que no sólo servirán para descorrer el velo de esta estafa amparada por la ley, sino muchas otras que corren por los mismos rieles y que van a parar a los bolsillos de los insaciables, que siempre están con el ojo alerta en estas coyunturas, en que el accionar aparentemente legal no tiene escrúpulo para obtener ganancias fuera de toda tasa compatible con las normas que en forma digna corresponden a las actividades de tai tipo.

No obstante este hecho deleznable y que merece, a mi juicio, el más airado repudio de la ciudadanía, debemos considerar otro que, según mi parecer, es también de suma gravedad, como lo señalaran en cierta manera, mi estimado amigo, el Honorable señor Jerez en su intervención y también el señor Diputado informante. Me refiero a la falta de correlación que existe entre los diferentes organismos del Estado con lo que, en cierto modo, sin quererlo, dan las herramientas para que las estafas colectivas se lleven a cabo.

Al respecto, debo señalar que el Banco Central, que según su estatuto orgánico es el organismo rector de las exportaciones e importaciones, aparece ubicado -cosa rara, y lo hemos visto a través de la investigación- en una parcela prácticamente desligada del resto de los organismos públicos. Es así como a través de la investigación hemos podido apreciar que mientras una Comisión especial de la Cámara se esforzaba por establecer la existencia de un escándalo en los televisores y en la industria automotriz, el Banco Central seguía entregando dólares sobre una base fuera de las reales necesidad de los armadores.

Recuerdo que a una de las reuniones de la Comisión Investigadora asistió un alto funcionario del Banco, al que –esa fue nuestra impresión- le parecían extrañas las interrogaciones que le hacíamos. Pero esto no es todo, por cuanto posteriormente recibimos una nota de la institución rectora, como digo, de las importaciones y exportaciones, en la que se nos hacía presente la autonomía de ese organismo bancario para la determinación de sus asuntos, según lo establecía su propio estatuto orgánico.

Es así como se ha entregado y se siguen entregando sumas de dineros que no corresponden a lo que verdaderamente necesitan los armadores. En una de las sesiones de la Comisión y frente a una interrogación que varios de sus miembros hiciéramos al Gerente del Departamento de Comercio Exterior del Banco Central de Chile, se logró saber que a la firma Mella-fe y Sala se le entregaban partidas de 150 y 160 dólares por cada aparato desarmado de televisión y que la misma cantidad recibía Bolocco y Cía., en circunstancias que quedó fehaciente y claramente establecido, no sólo por la investigación al margen de las declaraciones de los que concurrieron invitados por la Comisión, sino por los propios gerentes y representantes de las compañías, que la cantidad necesaria para la adquisición de las piezas de cada televisor era de hasta SO dólares.

Los Honorables colegas que han tenido la oportunidad de visitar diversos países europeos han podido apreciar las tremenda diferencia que hay entre lo que entrega el Banco Central de Chile y el valor de los elementos de los televisores, comparado con los que terminados, afinados y puestos en vitrina de las tiendas de Miami o de cualquier ciudad del Japón o de Europa, valen 100 y 120 dólares.

La verdad es que en la Comisión ha quedado una verdadera interrogante en ese sentido. Por eso, una de las recomendaciones que proponemos y a la cual, sin duda, tendremos que abocarnos, es, justamente, la de modificar este sistema, a fin de que algunos organismos dependientes del Estado no continúen en la creencia de que constituyen una parcela dentro de la administración del país. Aún más, en estos asuntos no deben actuar directores que pretendan superar incluso lo que tiene en mente un Gobierno para llevar adelante una sana política económica.

Aparte de las conclusiones que ha dado a conocer el señor Diputado informante en el día de hoy, creo que hay defectos de estructura que van mucho más allá del pequeño detalle. Por eso, estimo que una de las resoluciones que debemos adoptar esta tarde, es pedir al Ejecutivo que sin demora, proponga las iniciativas para resolver esas faltas estructurales, a fin de permitir el normal desarrollo económico de Chile y evitar que los hampones que llegan a nuestra tierra se aprovechen de estos defectos de nuestra estructura económica.

Esta es una de las cosas que hemos podido apreciar a través de esta investigación. Los miembros de esta Comisión han trabajado al margen de posiciones políticas e ideológicas e inspirados sólo en el propósito de descubrir las irregularidades cometidas y proponer las conclusiones más adecuadas. Al respecto, quiero lamentar que se esté postergando en el Senado el despacho del proyecto de reforma constitucional propuesto por el Ejecutivo. La Cámara debatió esa iniciativa, en la cual se contiene una disposición de la mayor importancia. Es aquella que le da imperio a estas Comisiones Investigadoras, Jo que es necesario para que sus resoluciones no queden en el papel y en las buenas intenciones.

Esta Comisión ha descubierto que existen en el país ciertos empresarios y comerciantes que no contribuyen al progreso de nuestra patria, sino que son oscuros traficantes que se aprovechan de cualquier resquicio para esquilmar los bolsillos escuálidos de nuestro pueblo, a fin de aumentar cada día más sus ganancias, para las cuales son insaciables.

La señora LAZO.-

Muchas gracias. Solamente quiero recordarle al Honorable señor Aravena que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, los Senadores del Frente de Acción Popular, en compañía del Senador democratacristiano, señor Prado habían acordado desglosar del proyecto de reforma constitucional la modificación del Nº 10 del artículo 10, cuya rápida aprobación beneficiaría al pueblo, pues permitiría aplicar la reforma agraria.

Sin embargo, ha sido el propio Gobierno quien, con una maniobra política, ha entorpecido el cumplimiento de este acuerdo, que, sin duda alguna, habría sido un gran avance para la aplicación de una iniciativa que el mismo Ejecutivo dice que está interesado en sacar adelante.

De tal manera que deseo aclararle a Su Señoría que este problema no lo ha creado el Senado, sino el propio Gobierno, a causa de sus compromisos con sectores de la Derecha del país.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señorita Presidenta, en relación con lo expresado por mi Honorable colega, quiero decir que estas maniobras políticas que se realizan con prescindencia de los altos intereses del país y de las clases trabajadoras, no son materia del debate, por lo que no es éste el momento de discutirlas. Cuando llegue la oportunidad de hacerlo, cada uno de nosotros expresará la opinión que tiene al respecto. Ahora estamos hablando de un tema concreto y si he mencionado al Senado, es porque tengo una idea muy particular sobre la forma que ventila algunos proyectos. Ahora se trata del resultado de una investigación acuciosa, en la cual participaron representantes de todos los partidos políticos sin distingos de ninguna especie y mirando sólo el bienestar general.

Después de la relación tan completa que hizo esta mañana el Honorable señor Diputado informante, el Honorable colega señor Rodríguez Nadruz señaló que no compartía la proposición de algunos señores Diputados, en el sentido que debían devolverse los dineros estafados a muchos ciudadanos de nuestro país, que pagaron precios exorbitantes por los televisores que adquirieron. Al respecto, quisiera leer algunos párrafos de un libro, que demuestran la forma como se ha actuado en otro país frente a un problema de esta índole. No tengo especial interés en destacar el criterio que se aplicó en esa nación, porque no siempre he compartido sus actuaciones en otro orden de materias. La obra en referencia se titula "La Negra Conciencia de los Negocios". En una parte de ella se dice lo siguiente:

"Cuando Kennedy formó su gobierno, nombró a Hodges Secretario de Comercio, que es un departamento que se ocupa de orientar la economía de modo que se mantenga alejada de crisis, que trata de fomentar el comercio exterior -y también el interno-, y, al mismo tiempo, vigila que se cumplan las costumbres y las leyes que regulan las relaciones entre los hombres de negocios y la sociedad, y los que confiadamente adquieren ciertos productos.

"Poco después de ocupar su puesto, Hodges se encontró con uno de los mayores escándalos que hayan estallado en medio de un grupo de hombres de negocios: un tribunal de Filadelfia sentenció a distintas penas a varios gerentes de empresas productoras de artículos eléctricos y electrónicos, y éstos fueron juzgados. Era gente bien considerada en el mundo de los negocios, respetada en todos los sitios sociales, pero esos hombres de negocios fueron sentenciados por haber formado una "conspiración" o conjura, con el fin de fijar no sólo los precios, sino que de obtener pingües utilidades."

Prácticamente todos los habitantes de Estados Unidos que consumen electricidad y utilizan estos aparatos eléctricos, fueron víctimas de esta estafa. Y agrega el libro: "El tribunal, al sentenciar a los culpables a penas de cárcel, autorizó a las instituciones oficiales estafadas y a las personas, a reclamar de las compañías eléctricas y de los fabricantes de elementos electrónicos, el reembolso de las cantidades que habían pagado en exceso por el suministro de éstos, que suman cientos y cientos de millones de dólares".

Esto sucedió en Estados Unidos de Norteamérica.

Aquí, en cambio, causa extrañeza que un grupo de parlamentarios propiciemos la devolución de lo que le han robado a nuestros conciudadanos, porque estimamos que la ley no puede seguir amparando a los estafadores y ladrones.

Señorita Presidenta, voy a terminar...

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

Señorita Presidenta, quiero rectificar las afirmaciones del Honorable colega señor Aravena, relacionadas con mi intervención de la mañana de hoy.

De sus palabras se desprende que yo habría sostenido que era contrario a la devolución de las sumas pagadas en exceso por los adquirentes de televisores. Manifesté en forma clara, y lo reitero en esta oportunidad, que soy partidario de que se rebajen al mínimo los precios de los televisores, de acuerdo con los estudios efectuados por la Comisión Investigadora y por la Dirección de Industria y Comercio. Incluso, hemos presentado un proyecto de acuerdo sobre el particular. He dicho que los precios fijados a esos aparatos son especulativos y que se ha explotado precisamente a la gente más modesta, que los ha adquirido a través de cooperativas, gremios y organizaciones, lo que no es justo. Además expresé que me asaltaba una duda y pedí que la Comisión aclarara otros rubros.

He defendido los intereses de los que adquirieron televisores antes o después de los años 1964 y 1965, época, esta última, en que se fijó otro precio.

Eso es lo que he solicitado y solicitaré. Deseo hacerle presente a mi Honorable colega que en la Comisión Investigadora, en muchas oportunidades, fui duro, terriblemente severo con los gerentes y representantes de las diversas firmas responsables de estos abusos. Nunca pronuncié un término, una expresión, una sola palabra justificándolos o aceptándoles sus planteamientos. Siempre les hice presente que estaban burlando las leyes y alterando los costos que sirven de base para determinar los precios.

Nada más, muchas gracias.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Qué bueno es dialogar, señorita Presidenta, en un terreno de seriedad y qué bien hace a la Democracia el que podamos entendernos así, cordial y sinceramente, buscando lo mejor. Si yo no he sabido interpretar a mi Honorable colega, le ruego que excuse mi error, porque mi ánimo no ha sido, en ningún caso, molestarlo. Creo que este diálogo es útil y servirá también para precisar las conclusiones que deberemos aprobar esta tarde.

Señorita Presidenta, no quiero distraer más la atención de nuestros Honorables colegas. Por eso, termino, reiterando que esta Comisión ha logrado, por fin, encauzar la labor de la Cámara por un camino nuevo. Pero, aún falta encontrar los medios necesarios para que esas conclusiones tan acertadas propuestas por la Comisión en la cual me ha correspondido participar, no queden simplemente en las buenas intenciones, sólo en el papel.

Por eso queremos solicitar al Supremo Gobierno que establezca pronto los medios que permitan a estas comisiones investigadoras ser todo lo efectivas y eficaces que deseamos que sean, a fin de que logren la confianza que esta última ha obtenido del país.

El señor SANHUEZA.-

Señorita Presidenta, sólo deseo aclarar definitivamente el problema relacionado con el proyecto de ley que ordena la devolución de precio pagado en exceso por los televisores.

La base fundamental de esta iniciativa está en el decreto Nº 257, publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de febrero de 1964, que declaró a los televisores artículos de primera necesidad. Por decreto Nº 264, publicado en el mismo Diario Oficial del día 22 de febrero, se dispuso que desde ese momento quedaban congelados los precios de los artículos de primera necesidad.

¿Cuándo se produjo el alza de precio de los televisores? Alrededor de junio o julio del año 1964, con motivo de la campaña presidencial. En esa ocasión, la televisión organizó interesantes foros, en los cuales participaban todos los candidatos a la presidencia. Entonces, como lo explicó en la Comisión una autoridad o un gerente de empresa, los televisores se vendían como "pan caliente" -frase textual-, y así también ellos subieron indiscriminadamente los precios, sin pasar por los trámites que los decretos de congelación de precios habían establecido. En esa fecha los televisores llegaron a un valor casi similar al que tenían antes de dictarse el decreto Nº 606, de 3 de agosto de 1965.

Por lo tanto, en el artículo 1° de este proyecto de ley se señala que el precio de venta de los receptores de televisión será fijado por la autoridad competente (se refiere a la única fijación de precio habida, la del decreto antes mencionado). Además, también deja establecido que los derechos conferidos por esta ley son irrenunciables, ante la posibilidad de que algún industrial haya colocado alguna cláusula dentro del convenio de compra en el sentido de que el adquirente renunciaba a cualquier tipo de devolución o derecho que pueda otorgarle la ley.

La señora LAZO.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor SANHUEZA.-

Voy a terminar, Honorable señora Lazo. En seguida le concedo la interrupción.

El artículo 2º establece que si hubiera pactado para un precio superior al fijado por la autoridad competente, la obligación del comprador será absolutamente nula en la parte que exceda el máximo legal.

Por estas razones, creo que cuando la Cámara se aboque al estudio de este proyecto, podremos legislar con mayor amplitud al respecto. No cabe duda de que los valores cobrados en exceso deben ser devueltos a los adquirentes como una forma de hacerles justicia, según es el deseo de todos los sectores de la Cámara.

La señora LAZO.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, deseo expresar que los Diputados socialistas apoyaremos calurosamente una iniciativa como la anunciada por el señor Presidente de la Comisión Investigadora, tendiente a que se les devuelva a los adquirentes de estos artefactos lo que se les ha cobrado en exceso.

En segundo lugar, deseo dejar establecido que, según los antecedentes dados a conocer en esta oportunidad, no cabe duda tampoco de que la Dirección de Industria y Comercio, al congelar el precio de los televisores, no sabemos por qué razón, les fijó un margen del ciento por ciento sobre su costo. Esto quiere decir que ya en ese momento estos aparatos tenían un precio sumamente abusivo.

Hace un tiempo, denuncié en la Cámara «1 problema creado con los precios de las cocinas de gas licuado que se empezaron a vender a través del Banco del Estado, a raíz de la "campaña de equipamiento para el hogar". Basándome en estudios serios de costos, di antecedentes para probar que las firmas que venden estas cocinas, ayudadas por la fantástica propaganda que se hace en torno a esa campaña del Gobierno, obtienen ganancias de más del ciento por ciento.

Por lo tanto, la Cámara debería conocer también los costos de esas cocinas y las razones que tuvo la Dirección de Industria y Comercio para fijarles un precio que ya en ese momento habían sido abultados en más del ciento por ciento con respecto a su valor de fabricación. Si se quiere hacer justicia a las personas que adquirieron televisores, lo justo sería devolverles su dinero a todos quienes han pagado en exceso por diferentes artefactos, es decir, obligar a los comerciantes que han hecho las inmensas ganancias dadas a conocer aquí, todo lo que les han robado.

Muchas gracias.

El señor SANHUEZA.-

Señorita Presidenta, sólo deseo aclarar un punto. Como lo manifesté en la sesión de la mañana, al fijar la Dirección de Industria y Comercio los precios de los televisores, mediante el Decreto 606, no existían estudios de costos, de modo que realizó un estudio provisional, a fin de impedir que se siguiera abusando con los precios. Posteriormente, de acuerdo con estudios realizados por la misma Dirección de Industria y Comercio, la Comisión Investigadora presentó a la Cámara un proyecto de acuerdo, que espero cuente con la aprobación unánime de los Honorables colegas, con el objeto de que se dicte otro decreto que fije los reales precios de los televisores, de conformidad con los estudios que se harán, ya sea por la DIRINCO o por nosotros. Así se haría efectiva justicia.

Nada más.

El señor ACEVEDO.-

Señorita Presidenta, la labor realizada por la Comisión Investigadora de las irregularidades cometidas en las armadurías de receptores de televisión, de que se da cuenta en esta oportunidad, tiene para nosotros, los comunistas, una gran importancia. Ella significa la realización de un trabajo que deberá continuar en cuanto a la determinación de los costos reales y a la verdadera forma de operar de algunos sectores privilegiados de grandes empresarios que desde hace años obtienen fabulosas utilidades a través de procedimientos ilícitos.

Las funciones de la Comisión adquieren mayor relieve si se considera que la labor realizada en estas materias por los organismos específicamente competentes para controlar a los industriales y comerciantes se han demostrado absolutamente ineficaces y de una debilidad penosa ante los grandes intereses.

Desde ya declaramos que consideramos indispensable que la Comisión Especial Investigadora continúe aceleradamente sus funciones en lo relativo a los receptores de radio, a las armadurías de automóviles, a la internación de maquinaria agrícola y de repuestos y a las condiciones de producción y comercialización de otros bienes o productos.

En el caso concreto que nos ocupa -las irregularidades derivadas de la armaduría de televisores -el problema adquiere características especiales. En él se contiene, en buena medida, la posibilidad de extender masivamente en nuestro país ese maravilloso instrumento técnico que es la televisión, que de día en día ejerce una influencia más importante en los planos de la cultura, de la educación, de la tecnología y del esparcimiento.

Según datos proporcionados en el reciente estudio de la necesidad de comunicaciones sociales de la Universidad Católica, se llama a la televisión "el mundo de la pantalla chica". En Estados Unidos se ha calculado que cuando los niños que ahora nacen hayan cumplido 18 años, habrán visto unas 18.000 horas de televisión por término medio, es decir, más tiempo que el que habrán ocupado en su educación formal, contando la escuela primaria, secundaria y primeros años de universidad.

Este solo dato permite apreciar la enorme trascendencia de este portentoso avance técnico y científico que luego de ciento treinta años de incubarniento tecnológico y operacional se desarrolla masivamente en el mundo a partir de fines de 1950.

Nuevamente los datos de Estados Unidos puedan servirnos para fijar una imagen del gigantesco desarrollo alcanzado por la televisión en menos de 20 años. En 1948 operaban 25 estaciones y se vendían 140.000 receptores mensuales. De allí en adelante la expansión del medio adquirió dimensiones gigantescas; ya en 1950 habían 100 estaciones de televisión operando en los Estados Unidos y se calculaba que los programas eran captados por unos 4 millones de receptores. En 1960 la cifra de receptores había llegado a 52.600.000 unidades en los Estados Unidos y el número de estaciones de transmisión pasaba de 500.

En breves palabras, el desarrollo masivo de la televisión en poco más de diez años y su popularidad general constituye un fenómeno sin paralelo en la historia del hombre. Basta recordar que incluso en los Estados Unidos la electrificación tardó 62 años en llegar a 34 millones de hogares y el teléfono tardó 80 años en llegar a tal público.

En relación con las perspectivas de la televisión a corto y a largo plazo, creo necesario recordar la importancia que ha adquirido la radio en un tiempo relativamente corto desde el término de su etapa experimental. En más o menos medio siglo, ha pasado de ser una simple curiosidad o un lujo reservado a unos pocos, el medio de comunicación y difusión más extendido en el mundo que ejerce una influencia tremenda sobre la mente da las personas, corro vehículo de transmisión de conocimientos, noticias, medio de propaganda y factor de esparcimiento y recreación.

La experiencia chilena en este sentido es muy clara, semejante por lo demás a la generalidad de los países. Hace 40 años se efectuó en nuestro país la primera transmisión radiofónica. Veinte años más tarde el número de aparatos de radio se estimaba en un número superior a 400 mil, y en la actualidad ha ascendido a 1.800.000, sin considerar los receptores de transistores que han contribuido a aumentar enormemente la difusión de la radiofonía.

También conviene tener en cuenta el progreso del cine, como factor importante dentro de la sociedad moderna. En algo más de 70 años, desde que, en un café de París, Lumiére presentó, ante una docena de personas, la primera película, el cine ha pasado a ser un medio de comunicación y de entretenimiento que llega regularmente a cientos de millones de personas. Según estudios recientes, cada semana se adquieren unos 250 millones de localidades para el cine en el mundo.

En otras palabras, el desarrollo alcanzado por las modernas técnicas audiovisuales permite afirmar que constituyen factores muy importantes para la formación cultural, la educación, el solaz y la orientación de los habitantes de un país. Esta importancia se acentúa en las sociedades en desarrollo, como la nuestra, donde el precario nivel del desarrollo económico ha determinado bajos niveles de escolaridad y porcentajes apreciables de analfabetos y semianalfabetos. En esos países, Chile entre ellos, a través de la radio, del cine y, ahora, de la televisión, cientos de miles o millones de personas tienen la posibilidad de asomarse a la cultura, a la música, al conocimiento técnico, a las noticias y a problemas que, de otro modo, les serían desconocidos.

El señor SOTA.-

Señorita Presidenta, concuerdo absolutamente con mi estimado colega sobre la extraordinaria importancia que !a televisión ha adquirido como medio para la difusión de las ideas y, en general, corno vehículo de comunicación.

Estoy reuniendo antecedentes sobre la propagación de esta técnica audiovisual en distintas partes del mundo. Son muy interesantes las cifras que nos acaba de aportar el Honorable colega señor Acevedo sobre países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Pero quiero preguntarle si él ya dispone de algunos datos acerca de la extensión de la televisión en Rusia y otros países socialistas. Yo no los tengo todavía. Los estoy buscando, y precisamente, le he pedido a la Biblioteca del Congreso que me los ubique. Como el Honorable colega no los ha citado, a lo mejor no los tiene en este momento. En todo caso, me gustaría que nos proporcionara siquiera algún atisbo indicador sobre la materia.

El señor ACEVEDO.-

Señorita Presidenta, en este instante, no le puedo indicar cifras al Honorable colega señor Sota; pero, evidentemente, el uso de los aparatos de televisión está muy extendido en los países del área socialista. Por ejemplo, en Alemania oriental -Alemania democrática-, en el campo, en las zonas agrarias, en los villorrios, es muy difícil encontrar alguna casa que no tenga un aparato de televisión. Esto lo he comprobado personalmente. Es algo que se advierte a simple vista, por las antenas.

Más adelante, voy a dar también algunos antecedentes sobre el uso de la televisión como medio de cultura y de divulgación tecnológica y científica en esos países.

Desde el punto de vista de la comprensión o del "impacto", son indudables las ventajas de la palabra hablada, de la voz que llega a cada hogar, y de la imagen, sobre la palabra impresa la prensa o los libros.

En este entendimiento, debe tratarse de ampliar, en gran medida, el desarrollo y la difusión de las técnicas audiovisuales. Su utilización inspirada en principios progresistas e impregnada de una concepción humanística, ajena al lucro y a la explotación de la ignorancia, puede tener un muy positivo contenido social y contribuí'}' en forma relevante a la elevación de los niveles culturales y sociales de la comunidad.

¿No sería importante, por ejemplo, que en miles de escuelas de nuestra patria, existieran aparatos de televisión que permitieran la realización de programas educativos, de nivel pedagógico adecuado, en forma constante y gradual?

Por vía de ejemplo, se puede señalar que, en la Unión Soviética, aparte de los canales destinados exclusivamente a fines educativos, un alto porcentaje de la programación habitual está dedicado a la instrucción tanto de adultos como de niños, incluyendo dos horas y media semanales de cursos de ciencias, tecnología, artes e idiomas.

Hace casi seis meses, ante reiteradas denuncias por abusos en los precios de venta de los televisores, la Cámara acordó designar una Comisión Especial para investigar la armaduría, producción y distribución de televisores, como asimismo de receptores de radio, y la situación de la industria automotriz.

Junto con el colega José Cademártori, me ha tocado participar en las labores de dicha Comisión. Puedo decir que ella ha funcionado en forma eficiente y ha reunido una gran cantidad de antecedentes, que dan a su trabajo un carácter de indiscutible seriedad. En 22 sesiones, algunas de varias horas, se estudiaron exhaustivamente los diversos aspectos del problema y se escucharon opiniones de funcionarios del Gobierno, técnicos y representantes de las armadurías de televisores, radios y vehículos motorizados.

No me referiré en detalle ni a la investigación misma ni a las conclusiones consignadas en el informe, ya que éste es lo suficientemente extenso y claro como para formar una opinión fundada sobre el carácter escandaloso que han adquirido las actividades de un grupo privilegiado de empresarios.

Quiero, eso sí, hacer algunas consideraciones sobre las conclusiones y destacar sus aspectos más importantes, de acuerdo con nuestro criterio.

En primer lugar, las armadurías de televisores se encuentran instaladas en Arica y gozan, en consecuencia, del régimen tributario de excepción establecido para ese puerto por razones de todos conocidas y que, a nuestro juicio, debe mantenerse, por constituir el principal aliciente para la existencia, en el extremo norte del país, de un importante núcleo industrial y comercial, factor relevante para el progreso y desarrollo económico de la zona norte, agobiada por la crisis.

Como digo, las industrias armadoras de televisores se encuentran instaladas en el departamento de Arica y se benefician con exenciones y franquicias otorgadas a las industrias que se han establecido allí, en virtud de las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 303, del 5 de agosto de 1953; de la ley Nº 13.039; de la ley Nº 12.120, etcétera. Estas exenciones y franquicias se refieren a los impuestos sobre la renta, las contribuciones de bienes raíces, los tributos y demás gravámenes fiscales sobre las construcciones, el impuesto de compraventas y otros. O sea, las industrias instaladas actualmente en Arica, en este caso concreto, las armadurías de televisores, pagan sus impuestos sobre la renta reducidos en un 90%, lo que, en buen romance, significa que las sociedades anónimas están afectas a un impuesto del 3% sobre sus utilidades y que las sociedades de personas tributan sólo un 2%, siempre que no se encuentren protegidas por el decreto con fuerza de ley Nº 303, caso en el cual no pagan impuesto sobre la renta.

Luego, al analizar los decretos y autorizaciones que reglamentaron las industrias armadoras de aparatos de televisión establecidas en Arica, puede advertirse que, en la casi totalidad de los casos, los interesados acompañaron antecedentes relativos al reemplazo, en proporción apreciable, de las partes importadas por nacionales. Este compromiso fue muy importante para obtener la autorización del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que, en conformidad con su ley orgánica, debe "propender al incremento racional y armónico de la producción industrial, en forma que ella satisfaga cumplidamente las necesidades del consumo interno y pueda aprovechar las posibilidades que ofrecen o pudieren ofrecer los mercados exteriores, y por intermedio de la producción industrial del país, especialmente de aquellas industrias que consumen materia prima nacional y, en particular, de zonas determinadas, proponiendo la protección que deba otorgarse con tal finalidad".

Los industriales más importantes no han dado cumplimiento a sus promesas o lo han hecho tardíamente. Veamos algunos casos:

La firma Mellafe y Salas, autorizada en el año 1956 para producir 5.000 receptores de televisión anuales, todavía se encuentra en mora en el cumplimiento de su obligación. Según un informe del Departamento de Industrias del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hasta 1964 "los aludidos industriales importan su aparato de televisión completo, pero desarmado".

Bolocco y Compañía fue autorizado en 1961 para producir anualmente 5.000 unidades, en una sola etapa, con mercaderías nacionales y extranjeras. Sólo en 1964 ha comenzado a fabricar en Chile los muebles, dejando sin cumplir la obligación de emplear cristal de seguridad, pernos, golillas, tuercas, abrazaderas, blindajes, enchufes, cordones de línea de soporte, "bafles" de parlantes, aisladores para transformadores de bloqueo verticales y horizontales y discriminadores horizontales, etcétera, de fabricación nacional, pese a que este compromiso se tuvo en cuenta para concederle la autorización. En los considerandos del decreto, se expone, ingenuamente, que "con la incorporación de mercaderías nacionales, se economizarán las divisas correspondientes, se crea un nuevo mercado para la industria productora y trabajo para obreros y técnicos especialistas". ¡Buenos propósitos que hasta hoy día sólo existen en las mentes candorosas de los funcionarios del Ministerio de Economía!

Quizás si la parte más fundamental de la investigación, es la que se relaciona con el costo efectivo de los televisores.

Hasta hace poco, el precio de venta de los televisores de 23 pulgadas era de Eº 3.400 para los "Westinghouse", "Pye" y "El Dorado", armados, los dos primeros, por Bolocco y Compañía, y el último, por la firma Leopoldo Sanz; de casi Eº 3.000 para los "Geloso" armados por Bonacic y Caro, y de Eº 2.197 para los 'Sanyo" y "Motorola", armados por Mellafe y Salas. Esto da un promedio de más o menos Eº 3.000 por aparato, en circunstancias que, según se ha podido establecer en el informe, el costo de fábrica y venta de los televisores de 23 pulgadas armados en Arica, en las actuales condiciones, no puede ser superior a Eº 1.100. A esta cifra se ha llegado utilizando factores de seguridad exagerados, como salarios superiores a los pagados en realidad.

Incluso, al analizar los cuadros de costos proporcionados por los armadores, saltan sorpresas como las siguientes: la firma Mellafe y Salas incluye en sus costos la cantidad de Eº 91 por aparato, por concepto de partes y piezas de manufactura nacional, en circunstancias que, como hemos visto hace un instante, esa firma no cumple en absoluto con su compromiso de utilizar, en parte, productos nacionales, e importa la totalidad de las piezas que componen un televisor, limitando sus labores a la armaduría.

Además, se ha podido determinar que las empresas abultan sus costos a través de expedientes tales como comprar piezas y elementos al precio más alto posible para aumentar el porcentaje de integración y naturalmente los costos; las comisiones a los distribuidores, en circunstancias que en la mayoría de los casos ellas mismas distribuyen los aparatos al público; la invención lisa y llana de algunas partidas o la exageración descarada de otras.

Las utilidades excesivas (muchas de cuales oscilan entre el 80% y más del 100%) han permitido que las ganancias de cuatro firmas armadoras durante los doce meses del año 1964 se elevaran a un total estimativo en Eº 12.133.000, es decir, doce mil millones de pesos.

El señor TUMA.-

Ellos lo declararon; no son cifras estimadas.

El señor ACEVEDO.-

Esto es más de un millón de escudos de ganancia por mes y mucho más de un millón de pesos por cada televisor.

También ha llamado la atención en el estudio de costos realizado por la Comisión la significativa cantidad de divisas puesta a disposición de las firmas armadoras a fin de que realicen las importaciones de elementos de fabricación extranjera necesarios. Hecho muy importante si se considera la gravísima situación que afecta crónicamente a nuestro comercio internacional y la penuria de dólares que existe para internar, en muchas ocasiones, artículos absolutamente indispensables.

Ahora bien, se pudo comprobar que el Banco Central de Chile estaba entregando a los importadores el doble de los dólares que éstos necesitaban para realizar sus operaciones. En relación con esta materia, me permitiré leer el acta de la sesión 20ª de la Comisión, celebrada el 18 de noviembre pasado, que en la parte pertinente expresa:

"El señor Acevedo pregunta si en los estudios que han hecho los abogados del Banco para autorizar la entrega de divisas a los industriales para internar piezas o partes para armar televisores, aparecen los promedios de dólares correspondientes a las piezas necesarias para armar cada aparato.

"El señor Puelma (Gerente del Departamento de Comercio Exterior del Banco Central) manifiesta que estas cifras son las siguientes:

                       T.V. 28"                T.V. 16"

Mellafe y Salas     US$ 150-160                  80

Bolocco y Cía.          150-160                   -

León Caro Azar           -                        80"

"El señor Sanhueza (Presidente) manifiesta que los industriales F. Bolocco y Cía. y Mellafe y Salas, por ejemplo, han declarado en la Comisión que sus costos contemplan la cantidad de US$ 80 por concepto de partes y piezas importadas y que reciben del Banco una suma de U8$ 100 aproximadamente; pero, en toda caso, inferior a las cifras de 150 ó 160 dólares a que se ha referido el señor Puelma. A su juicio, esta es la primera vez que la Comisión escucha una cifra tan alta otorgada por el Banco Central por televisor de 23" y nunca las firmas han reconocido que las reciben."

"Pregunta, además, si en este caso el Banco Central no podía haber hecho una revisión de los costos correspondientes, con el objeto de otorgar solamente las divisas necesarias".

Y, por si pudiera quedar todavía alguna duda, "el señor Puelma (Gerente del Departamento de Comercio Exterior del Banco Central) reconoce que las cifras dadas por V. Bolocco y Cía., por ejemplo, no coinciden con las del Banco".

Este hecho inaudito demuestra que ha habido verdadero derroche de dólares y que la institución encargada de nuestro comercio exterior y del control de las importaciones no ha sido capaz siquiera de confrontar las peticiones de los industriales con sus necesidades reales, ni ha revisado los costos, sino que se ha limitado a entregar a los felices empresarios los dólares que han requerido. Incluso, en los mismos momentos en que estaba realizando sus investigaciones la Comisión Especial en octubre, del año pasado, les fueron autorizadas a las firmas Bolocco y Compañía y León Caro Azar operaciones por decenas de miles de dólares.

¿Cómo es posible que el Banco Central, en conocimiento de las irregularidades que se habían cometido y se continuaban produciendo en las armadurías de televisores, no tomara siquiera el resguardo mínimo antes de autorizar la entrega de divisas, que deberían reservarse sólo para las importaciones más indispensables?

La firma Bolocco y Compañía obtuvo, en esa ocasión, tres partidas de US$ 55.500 cada una, y se aprobaron muchas otras, por cantidades similares, superiores o inferiores a la mencionada cifra de US$ 55.500.

Mencionemos también, aunque sea de paso, que la adulteración de costos, por abultamiento de partidas y aún la simple invención de partidas inexistentes, revela falta de honradez y de ética, que se manifestó, además, en algunos procedimientos con que los industriales afectados trataron de eludir la acción de la Comisión Investigadora. Un rumor difundido irresponsablemente afirmaba que las empresas hacían entrega de aportes a los canales de televisión universitarios, lo cual recargaba en 120 escudos el precio de cada aparato receptor vendido. Era una especie de contribución o exacción forzosa. Este infundio merece un repudio general, como procedimiento deleznable para empañar el prestigio de la televisión universitaria y, a la vez, distraer la atención de la opinión pública de los hechos que estaba estableciendo la Comisión Investigadora.

Es interesante hacer un alcance en relación con el costo efectivo de los televisores. Tengo entendido que ésta es la primera vez que una Comisión de la Cámara de Diputados hace un estudio de costos de un producto manufacturado y llega a conclusiones desfavorables para los empresarios.

Ello tiene, sin duda, importancia. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que se trata de una labor propia de los funcionaros estatales encargados de la determinación de los costos a fin de impedir la especulación y precisar las utilidades efectivas para calcular los impuestos. Este trabajo se realiza con personal técnico, que cuenta con todos los antecedentes necesarios. A pesar de esta circunstancia -y ante el evidente incumplimiento de esas obligaciones, o por lo menos ante la falta de resultados completos- la Cámara de Diputados, con el propósito de legislar sobre la materia, efectuó los estudios del caso.

En segundo término, el estudio de costos se ejecutó en conformidad a las normas técnicas y corresponde fielmente a la realidad.

Por último, los resultados alcanzados señalan claramente la conveniencia de continuar estas fiscalizaciones y extenderlas a otras materias, ya sea por medio de esta misma Comisión en los casos de la industria automotriz, de la fabricación de receptores de radio, de la internación de maquinaria agrícola o de repuestos o a través de otras, como la Comisión Especial del Petróleo, en relación al gas licuado, artículo cuya distribución constituye un verdadero escándalo. Esos resultados hacen indispensable legislar a la brevedad sobre la materia, como lo ha venido reclamando nuestro partido desde hace varios años.

Al respecto, es necesario recordar que, durante la Administración del señor Alessandri, la Cámara de Diputados aprobó una indicación de nuestro partido para limitar el precio de venta del gas licuado a un porcentaje del valor a que este producto es entregado por ENAP a los distribuidores. Tal acuerdo contó con el voto favorable de la Democracia Cristiana, cuyos representantes incluso, manifestaron la absoluta conveniencia de entregar a la ENAP el proceso íntegro de producción y distribución del petróleo y sus derivados. En aquella oportunidad nuestra indicación, aprobada por la Cámara, no llegó a prosperar. Ahora que ese partido es Gobierno, tiene a su alcance el cumplimiento de esos propósitos. Existe una bien delineada mayoría en el Congreso Nacional, que permitiría legislar rápida y eficientemente sobre estas materias en favor de los consumidores.

Uno de los aspectos que más llama la atención en este esclarecimiento es la virtual impunidad con que han operado, desde hace años, los industriales, con la benévola tolerancia de los funcionarios encargados de controlarlos y con la negligencia de los organismos competentes.

Así, por ejemplo, la ley Nº 14.824, sobre internación y exportación de mercaderías en el departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, estableció una multa equivalente hasta 15 sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago, sin perjuicio de otras sanciones que procedieren o corresponda aplicar a la justicia ordinaria, para quienes contravinieren las disposiciones legales o reglamentarias del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o de sus servicios dependientes, como la Dirección de Industria y Comercio.

Se sabe que los industriales no han cumplido oportunamente con su obligación de integrar una parte de los aparatos producidos por sus Armadurías con elementos y piezas fabricados en el país. Sin embargo, hasta la fecha, no se sabe que hayan sido sancionados ni siquiera con una multa.

Por lo demás, cuando en la Comisión Especial solicitamos informe de la Dirección de Industria y Comercio sobre estudios de costos, pasaron meses antes de que pudiéramos obtener algunos antecedentes escasos, fragmentarios e insuficientes.

Hace unos instantes he llamado la atención hacia el hecho de que, en pleno funcionamiento de la Comisión y cuando ya era de pública notoriedad la existencia de graves irregularidades incluso en lo que se refiere a las importaciones, se autorizara a las firmas Bolocco y Compañía y León Caro para efectuar internaciones equivalentes a muchos miles de dólares.

No se sabe tampoco qué papel ha jugado el Servicio de Impuestos Internos, a través de sus departamentos especializados, en la determinación de las utilidades efectivas y en la pesquisa de evasiones tributarias. En la Comisión hubo ambiente para estimar como una posible y gravísima irregularidad, que escapaba a su competencia y a sus responsabilidades, la relacionada con la doble administración llevada por algunas firmas armadoras, sistema que puede prestarse para eludir el pago de impuestos, trasladando e imputando al rubro utilidades de las sucursales instaladas en Arica, que, como se sabe, gozan de un tratamiento tributario excepcional, ganancias que pudieran haberse obtenido en Santiago.

No quiero referirme a circunstancias tales como la no entrega de recibos a los compradores, vicios en las facturaciones, traspasos de registros de importaciones, etcétera. Ellas constituyen fraudes, más o menos habituales entre muchos empresarios y comerciantes inescrupulosos: vicios conocidos por todos y que, sin embargo, continúan a vista y paciencia de las autoridades fiscalizadoras.

Señorita Presidenta, hemos suscrito un proyecto de acuerdo, con otros sectores de esta Cámara, en el que se plantea, además de resoluciones concretas respecto del problema en debate, la necesidad de establecer un servicio del Estado, posiblemente un instituto de productividad y de control de costos y comercialización, cuyas finalidades fundamentales sean el estudio de la productividad, el control de los costos y el análisis de las condiciones de comercialización de las diversas mercaderías. De acuerdo con las normas constitucionales vigentes, una ley que cree tal servicio necesita la iniciativa del Presidente de la República.

Los comunistas estimamos de la mayor importancia desplegar una efectiva campaña contra la inflación monetaria y la carestía.

En vez de repetir la desprestigiada monserga de que los reajustes de sueldos y salarios influirían en la inflación, lo que es falso; y en lugar de pretender eliminar el derecho de huelga de los trabajadores, como lo pretende el proyecto de ley gubernativo sobre reajustes, se necesita fiscalizarlos costos y reducir los precios. Lo comprobado respecto de los televisores es sólo un ejemplo.

Los comunistas proponemos que los sindicatos obreros tengan intervención, como se las reconoce hoy la legislación de la mayoría de los países, en el estudio de los costos de las respectivas empresas.

Ha quedado en claro que, bajo la dirección superior del actual Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Santa María, la DIRINCO, sigue siendo la misma de los gobiernos de Derecha. En efecto, no sirve para nada al pueblo ni a la Nación, y se dedica sólo a justificar las más injustificables peticiones de alzas para esquilmar a los consumidores.

Quiero referirme, todavía, a dos aspectos interesantes. Los comunistas estamos de acuerdo con la observación que hace la Comisión Investigadora en el sentido de que el país está preparado para la instalación de una planta para fabricar televisores, integrados con componentes nacionales en un porcentaje superior al 90%. Esta planta única, ubicada en Arica, asumiría legalmente el carácter de una sociedad, donde el socio mayoritario fuere la Corporación de Fomento, con prohibición legal de vender sus acciones, y en la cual podrían participar las empresas nacionales que fabriquen los componentes más valiosos para armar el televisor. No estamos en contra de que, paralelamente a esta planta única, existan, por lo menos en una primera etapa, empresas particulares que se dediquen a la fabricación de elementos o piezas que, después, serían incorporadas a los aparatos que se armarían en ella. Sin duda, el volumen del mercado nacional, actualmente calculado en una demanda de 40 mil aparatos anuales, susceptible de ampliarse mediante una baja de los precios de venta, aseguraría el desarrollo y progreso de esta planta única, que fabricaría, a bajo costo, una sola marca y tipo de televisor.

Creemos que es indispensable llamar a propuesta pública internacional, abierta a todos los países, para el suministro de algunos equipos o de la planta de integración de televisores, y que debe preferirse a aquéllos que brinden condiciones más favorables, especialmente si ofrecen la posibilidad de pagar el valor de los equipos o plantas con productos nacionales.

No es posible tolerar que se repita lo ocurrido con la proposición polaca para la instalación de una fábrica de televisores, en el país, en materia de industria electrónica, hecha por intermedio de un memorándum entregado a la Corporación de Fomento el 2 de julio del año pasado por el Encargado de Negocios de Polonia, señor Damián Silski. Aunque resulte increíble, la verdad es que la Corporación de Fomento ni siquiera se dio el trabajo de responder la proposición polaca, y la desechó por estimar -a su juicio- que la instalación de esa fábrica no correspondía al objetivo primordial de "dar un impulso enérgico al desarrollo de la industria electrónica del país".

No vamos a pronunciarnos sobre la oferta polaca: solamente podemos decir que ella consistía en entregar televisores de la norma FCC, norma americana que es usada en Chile, a 115 dólares, valor "CIF" Valparaíso, el televisor de 17 pulgadas, y a 130 dólares valor "CIF", el televisor de 21 pulgadas, o sea, unos 500 mil pesos como promedio, estimado el dólar a 3 4.000.

Como decía, la CORFO no respondió siquiera la oferta comercial que hacía un país con el que Chile mantiene relaciones diplomáticas. Y el señor Silski tuvo ocasión de informarse del rechazo de su proposición en una sesión de la Comisión Especial Investigadora, el 28 de octubre, de una manera "indirecta y casual".

Es claro que la exigencia mínima que tenía la CORFO, no sólo por un deber de cortesía elemental, sino también por ser la única manera de cimentar adecuados lazos comerciales con los países socialistas, era la de dar respuesta, para abrir el diálogo con los representantes comerciales, aceptando, analizando o rechazando las proposiciones o solicitando mayores antecedentes. Esa es la forma de comerciar, si es que se tiene interés. ¡ Qué distinta es la actitud que se tiene para con otras firmas determinadas, especialmente norteamericanas. A ellas se les abren todas las puertas, y los funcionarios corren a atender a sus representantes. Con Polonia ha sido distinto: alguien decidió que ni siquiera merecía respuesta, y ahí quedó todo.

El señor SANHUEZA.-

Señorita Presidenta, como Presidente de la Comisión Investigadora, debo decir que, efectivamente, en la sesión a que fue invitado el representante comercial de Polonia le dimos a conocer la respuesta de la CORFO, contenida en el memorándum que había hecho llegar a la Comisión, a la proposición polaca. También es efectivo que. en esa oportunidad, el señor Silsky manifestó que no le había llegado respuesta y que era la primera vez que conocía el texto del memorándum de la CORFO. Los demás antecedentes que mencionó el Honorable señor Acevedo corresponden exactamente a lo manifestado, en esa oportunidad, por el señor representante de Polonia y constan en el documento que la CORFO hizo llegar a la Comisión.

Nada más.

El señor ACEVEDO.-

Efectivamente, entonces, el representante comercial de Polonia tuvo conocimiento de la respuesta de la CORFO en la sesión a que fue citado por la Comisión Investigadora.

Continuando con mi exposición, debo manifestar que la instalación de una planta única de integración de televisores debe estar sujeta a las propuestas públicas más amplias e imparciales, más aún si se tiene conocimiento de que habría el propósito de dar entrada, por este medio, a la "Philips" y a la "RCA". También consideramos que sería un paso altamente positivo que se favoreciera el movimiento cooperativo, de modo que se permitiera que estos organismos armaran televisores para sus cooperados, o bien, que participaran con fondos en la instalación de la sociedad que tendría a su cargo la planta única, a cambio de entrega preferencial de aparatos a sus socios. Por ello, estimamos como una iniciativa valiosa la de la Cooperativa de los Empleados Particulares (COOPEMPART) entidad que inició en nuestro país toda una política tendiente a poner los televisores al alcance de los grupos de recursos medios y, aún, modestos -en el sentido de establecer, para sus asociados, una industria productora de televisores que atendería un mercado propio de unas 30 mil unidades, susceptibles de ampliarlo a no menos de 200 mil, considerando el mercado potencial formado por los afiliados a otras cooperativas.

Señor Presidente, para terminar, quiero sintetizar nuestro pensamiento en dos palabras:

La investigación ha demostrado, en forma indiscutible, que un grupo de empresarios, individualizados con nombres y apellidos, que gozan de franquicias y exenciones tributarias, han realizado, a través de la armaduría de televisores, un fabuloso negociado a costa del esquilmamiento de los consumidores. Y que han contado, si no con la complicidad, por lo menos con la tolerancia amable de los organismos y funcionarios competentes en la fiscalización y aplicación de sanciones.

Al mismo tiempo, ha quedado de manifiesto, una vez más, que mientras a los trabajadores se les grava de más en más con nuevos tributos y se les reduce su poder adquisitivo, a través de reajustes congelados y de alzas de precios, los otros, los grandes empresarios, los magnates intocables, hacen de las suyas con la mayor tranquilidad.

Los comunistas valoramos en alto grado estas investigaciones. Podemos calificarlas, incluso, de indispensables ante la inoperancia de la administración. Pero no es posible que las investigaciones queden allí, que sólo queden en eso. No basta señalar a los culpables. Es necesario castigarlos y tomar medidas efectivas que permitan el abaratamiento de incontables artículos, cuyos costos han sido abultados fraudulentamente. Hablaba del gas licuado: como ése, hay muchos otros casos. La inmensa mayoría de los chilenos reclama que el Gobierno tome, de una vez por todas, "el toro por las astas", y combata la especulación y a los que lucran a costa de los consumidores. Este es el único camino que cabe tomar, si se quiere actuar en forma consecuente en favor del pueblo.

He dicho, señor Presidente.

El señor TUMA.-

Señorita Presidenta, el Comité Socialista de esta Cámara me designó su representante ante la Comisión Especial Investigadora de la Industria Automotriz, Televisores y Maquinaria Agrícola. Hoy nos corresponde ocuparnos sólo de la primera parte de su informe, que trata sobre los televisores; próximamente, nos ocuparemos del informe relativo a la industria automotriz y, posteriormente, a la de radiorreceptores. Los integrantes de la Comisión deseábamos emitir un informe conjunto respecto de la situación de las industrias de televisores y radiorreceptores, pero, lamentablemente, el trabajo en esta materia es muy complejo y el tiempo muy limitado. A pesar de todo, desde el 2 de julio hasta la fecha, celebramos 24 sesiones, lo cual representa mucho esfuerzo ya que todos los miembros de esta Comisión Especial debemos desarrollar también nuestra labor en las permanentes de la Cámara.

Esta mañana escuché al Honorable señor Godoy Urrutia preguntar por qué la Comisión no se había adentrado más en el estudio de costos y, principalmente, de la contabilidad de estas armadurías. Bueno, es muy fácil decirlo. Nosotros no podemos constituirnos en auditores contables, porque para eso se necesita mucho tiempo. Investigar la contabilidad de una firma requiere meses; la de muchas, demandaría, tal vez, años.

Por este motivo, la Comisión no se encuentra capacitada para establecer con certeza cuál es la situación contable de cada una de esas firmas y sólo debe hacer fe de los informes que ellas le entregaron directamente o a través de los organismos correspondientes.

En los pocos minutos con que contamos para referirnos a esta materia, no quiero preocuparme de los detalles contenidos en el informe elaborado por la Comisión, el cual, tan brillante, exhaustiva e inteligentemente expuso en esta Cámara su Presidente, el Honorable señor Sanhueza. El Honorable colega proporcionó ya a la Sala todos los datos estadísticos relacionados con costos, precios de venta, utilidades supuestas a cada una de estas industrias, salarios pagados a obreros y empleados, impuestos, divisas concedidas por el Banco Central, decretos dictados para autorizar su instalación y demás pormenores. Sólo deseo referirme a aspectos generales.

El Honorable señor Sota preguntaba hace pocos momentos, según creí escuchar, en qué situación se encontraban otros países con respecto al número de televisores, por habitante, seguramente.

Para información de mis Honorables colegas, sólo puedo manifestar que, mientras en Alemania Oriental o en la Unión Soviética un obrero puede comprar un televisor con el salario de un mes de trabajo, en Chile, aún con el precio fijado en el decreto Nº 606, necesitaría un año de trabajo para adquirirlo siempre y cuando tenga una remuneración superior a Eº 65 diarios, lo que en los sectores rurales especialmente, ocurre muy poco. Esto puede dar una medida de la diferencia que existe entre nuestro país y otras naciones donde está muy difundido el uso de estos aparatos, hecho que pudimos comprobar quienes hemos viajado últimamente. En Alemania, Polonia, Checoeslovaquia, Yugoslavia, China Continental, y en otros países de Europa, los visitantes pueden ver antenas de televisión en todas las viviendas populares.

Un señor DIPUTADO.-

¿No serían otra cosa?

El señor TUMA.-

Dichas antenas no están instaladas para colgar ropas, Honorable colega; son de televisión.

Por eso, señorita Presidenta, creo que si bien Cristóbal Colón descubrió histórica y geográficamente el continente americano, los armadores de televisores "descubrieron" la América cuando empezaron a fabricar estos aparatos, por cuanto las utilidades que han obtenido con actividades están fuera de lo normal. En efecto, de acuerdo con las palabras del señor Diputado informante, no obstante la dictación del decreto Nº 606, el precio actual de venta todavía es susceptible de rebajarse en forma considerable.

Los que hemos viajado sabemos que el costo promedio de un aparato de televisión, en cualquier país del mundo, es de US$ 120. Por lo demás, nuestros colegas que recién regresan del extranjero nos contaron haberlos visto hasta a US$ 96. Los hemos visto en Miami a 75 dólares, y eran de 23 pulgadas. Los de 15 pulgadas eran más caros, quizás por el hecho de ser importados desde Japón.

Los "kits", de acuerdo con los datos obtenidos por la Comisión Especial Investigadora, no pueden costar más de US$ 65. En consecuencia, los precios de venta actuales son exagerados y especulativos. Hay, sin duda, abuso de parte de los industriales. Lo que más nos llama la atención, sin embargo, es la inercia que a este respecto se advierte en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Y no se trata sólo de los televisores. La misma actitud se puede apreciar frente a otros sectores empresariales.

Nosotros queremos citar también lo que sucede en la industria automotriz, especialmente en el rubro neumáticos. El valor del neumático de 760, aro 15 asciende en todos los depósitos de Estados Unidos a US$ 8.80. Si calculamos, por último, el dólar al precio del mercado negro, digamos a 6 escudos, resultarían Eº 54; si agregamos otros Eº 54 como margen para otros gastos y utilidades, llegaríamos a poco más de Eº 100,

Hace pocos días, señorita Presidenta, debí cambiar neumáticos a mi camioneta y tuve que pagar Eº 175 por cada uno. ¿El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción no ve esto? ¿No se da cuenta de que estamos soportando precios fuera de lo común, totalmente anormales en otros países?

Nosotros aceptamos que se impongan impuestos y derechos a las mercaderías importadas, para defender a la industria nacional. Mas nuestros precios están demasiados subidos. Porque cuando se multiplican al cubo los valores de los productos, tenemos razón para pensar que hay lenidad, inercia e incapacidad. No quiero decir que exista complicidad, señorita Presidenta. Parece que en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción no existe un organismo idóneo, tal como lo dijo hace un momento el Honorable señor Jerez. Nuestro estimado colega propuso con justa razón, y lo vamos a apoyar en este aspecto, la creación del Instituto de Productividad y Costos de la Industria Nacional. Sin esa institución creemos que jamás llegaremos a fiscalizar todos los rubros de la industria nacional.

Ya hemos dicho que no se trata solamente de especulación con los televisores, sino con todas las materias. Sabemos, incluso, que la industria textil compra la fibra artificial a un valor que, sin exagerar es de cuatro o cinco veces más que el normal. Es decir, mientras el kilo de "nylon" cuesta US$ 3,50 en el país de origen, aquí se vende sobre Eº 36 o Eº 40. Y esto incide en el costo de la ropa interior, sobre todo femenina. La mujer necesita usar prendas más finas. Y la chilena viste bien, 'excepcionalmente mejor que en otros países. Es un orgullo para nosotros decirlo; y no podemos quitarle ese derecho a presentarse elegantemente, como lo hemos apreciado a través de nuestros viajes.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¡Lo bueno va envuelto en lo bueno!

El señor TUMA.-

Sin embargo, por ello estamos pagando un elevado precio, el cual, en definitiva, lo afrontamos nosotros, los maridos.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Nuestras mujeres son de calidad.

El señor TUMA.-

Por eso lo sentimos y protestamos, señorita Presidenta.

Aparte de otras irregularidades mencionadas por el señor Presidente de la Comisión, también pudimos comprobar que a los fabricantes no les basta con obtener utilidades usurarias, sino, también, eluden impuestos. Sorprendimos ventas sin facturas, lo cual constituye un delito flagrante, penado por nuestras leyes tributarias.

Por eso, mediante uno de los acuerdos que propondremos esta tarde, vamos a solicitar la designación de un Ministro en Visita para conocer de todas las irregularidades aquí señaladas, e incluyendo la relativa a la evasión de impuestos.

Existen otras materias a las cuales deberemos referirnos oportunamente, por, incidir en el problema relacionado con la industria automotriz, ya que hoy sólo corresponde que nos ocupemos del que atañe a las armadurías de televisores.

En relación con la industria electrónica, podemos asegurar que Chile está en condiciones de producir aparatos y piezas para abastecer el mercado de la ALALC, pues el país es productor de cobre y la mayor parte de esas piezas son confeccionadas con este metal. No hacerlas es tan inconcebible como pensar que para fabricar empanadas debiéramos importar la cebolla, en circunstancias que tenemos suficientes para exportar. Un caso similar ocurriría si no lográramos expandir nuestra industria electrónica a fin de poder abastecer incluso el mercado europeo.

Señorita Presidenta, he conversado hoy con representantes de los países socialistas, quienes están muy quejosos, pues dicen que, con fecha 8 del presente, ha aparecido en el diario "La Nación", un artículo que critica la actitud de las naciones socialistas, pues -dice la publicación- a pesar de que el Gobierno del Excelentísimo señor Frei ha entablado relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con ellos, los miembros de esa área no han correspondido a las esperanzas cifradas en el intercambio comercial.

La verdad es que no se les ha abierto posibilidad alguna y ni siquiera se les ha querido vender cobre manufacturado. Tenemos el caso de Checoslovaquia, que necesita comprar cobre manufacturado. Su representante comercial ha recorrido MA-DECO, "El Seco" y "El Meco" y no ha podido adquirir un solo kilo de dicho metal.

Tampoco se les ha permitido instalar en Chile una industria de alambre trefilado de cobre, el cual podríamos exportar a todas partes del mundo.

Por eso, estimo que el Gobierno debería, entonces, acelerar el despacho de una ley que estableciera, digamos, un nuevo sistema de importación para nuestro país, un nuevo estatuto industrial. No estamos en condiciones, en este momento, de poder abastecernos y competir en otros mercados si no logramos un entendimiento en materia industrial.

Nosotros creemos que la Comisión Investigadora de la industria automotriz y de receptores de televisión, ha cumplido dentro de los medios que se le han entregado y dentro de las facultades que las leyes nos otorgan a los parlamentarios. Nosotros no podíamos ir más allá. Nuestra labor se circunscribió al conocimiento de algunas irregularidades, de no todas, porque no nos ha sido posible. Nos corresponde solamente recomendar ai señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y, desde luego, a S. E. el Presidente de la República, las normas que podrían aplicarse para poder tal vez, de alguna manera, atajar la avidez, la ambición, la especulación y la falta de patriotismo de estos señores, que han tenido la suerte de obtener la dictación de estos decretos de instalación de la industria automotriz y de televisores.

Y voy más allá, señor Presidente. Esta mañana ya se dijo que hay algunas empresas, de ésas que gozan de la exención del impuesto de compraventa, que no proceden en forma debida. El precio de los televisores que venden dichas empresas es igual o mayor que el de las otras que quieren incorporar esa suma a su ganancia, como cosa legítima, al suponer que ellas también podrían cobrar este impuesto.

El impuesto de compraventa es de un 20%. Aplicado sobre un televisor de Eº 2.000, son Eº 400 por ese concepto. Se trata de un recargo que ellos lo incluyen en el precio de venta y que paga el público. Las firmas se quedan con ese dinero, el cual no ingresa al erario, al patrimonio fiscal. Estos comerciantes pueden hacerlo en virtud de que han sido favorecidos por una ley que exime a estos aparatos del pago de dicho gravamen. ¡ Esto es proceder con descaro!

Considero que firmas de esta naturaleza no debieran contar, siquiera, con las divisas necesarias para adquirir los "kits", la materia prima, partes y piezas.

Conjuntamente con los miembros de la Comisión y otros señores Diputados, he firmado los acuerdos que esta tarde se pondrán en votación, excepto el Nº 5 que dice lo siguiente: "Solicitar al Ministerio de Hacienda y al Vicepresidente del Banco Central de Chile que suspendan, en forma absoluta, la aprobación de los registros de importación presentados por las firmas armadoras de televisores, mientras se dicta la ley que fije un estatuto definitivo a esta industria".

Estoy absolutamente de acuerdo con el Nº 5, pero no lo firmo, porque existe una ley que establece normas sobre la mate ría. No quiero aparecer firmando un acuerdo que es contrario a algo que nosotros mismos hemos establecido, la ley Nº 16.101, de 15 de enero de 1965. No quiero exponerme a que el Banco Central de Chile me diga que estoy proponiendo algo que es contrario a lo que yo aprobé en una ley -que a mí no me gusta- la cual en su artículo 2°, inciso primero, dice: "El Comité Ejecutivo del Banco Central sólo podrá rechazar el total de los registros de importación correspondientes a una o más glosas de las listas de importación presentadas en el mes calendario anterior, siempre que en ese lapso la suma total del valor de los registros de importación que se hubieren presentado excediere en más del 5% del promedio mensual de los registros cursados dentro de los 12 meses anteriores."

En su inciso quinto establece: "Si el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile no ejercitare oportunamente las facultades de rechazar referidas en el inciso primero de este artículo, deberá cursar esas solicitudes de registro de importaciones dentro del plazo de noventa días contado desde que éstas fueron presentadas". Es decir, poco menos que se obliga al Banco Central de Chile.

Yo convendría en la presentación de un proyecto de acuerdo, en el sentido de pedirle al Ejecutivo que derogue en parte esta ley Nº 16.101.

Si los Honorables colegas lo estiman conveniente, podríamos redactar un nuevo proyecto de acuerdo por el cual se solicite del Presidente de la República la dictación de normas para corregir o derogar parte de la ley Nº 16.101, a fin de que el Banco Central de Chile tenga libertad para decirle a los importadores: "Señores, ustedes no cuentan con nuestra confianza, porque no han cumplido con estas leyes y han especulado; no se han servido honradamente de estas divisas, por lo cual vamos a negárselas".

Yo estaría dispuesto a aceptar un proyecto de acuerdo siempre que esté dentro de lo ya establecido. Nosotros, los legisladores, los que hacemos las leyes, no podemos aprobar proyectos de acuerdo en los que se ignore la existencia de la ley. No podemos aparecer ante la opinión pública y el Banco Central de Chile ignorando las leyes que nosotros mismos hemos sancionado.

Como manifesté denantes, creo que el Banco Central de Chile no debe conceder divisas hasta que no se dicte otra ley en la que se establezcan nuevas normas para las industrias electrónicas y automotriz en Chile, que están actuando en forma abusiva.

En 1964, las ganancias de estas empresas alcanzaron a doce mil millones de pesos, en circunstancias que las utilidades de todos los bancos del país en el último semestre, según los balances publicados en "El Mercurio", al 31 de diciembre, llegaron a veinte mil millones de pesos. Es decir, sólo cuatro o cinco firmas armadoras han obtenido una utilidad de doce mil millones de pesos. Y esto es lo que ellas declaran.

El Diputado que habla se encontró hace poco en el aeropuerto de Los Cerrillos con el hijo de uno de estos armadores, el que llevaba en sus bolsillos la suma de cincuenta mil dólares que si padre le había regalado para farrear y pasear por Europa. Pues bien, esos cincuenta mil dólares se obtuvieron a costa del pueblo, de la explotación de nuestros obreros, ante quienes estos industriales pasan por benefactores por el hecho de proporcionarles trabajo. Ellos creen que los trabajadores de la industria electrónica...

El señor BUZETA.-

Dé el nombre de ese empresario.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¿Cómo se llama ese señor?

El señor TUMA.-

El nombre de ese industrial es muy conocido y los Honorables colegas lo deben haber escuchado. Pero, en lugar de dar ese nombre, puedo mencionar el de algunas personas u organismos encargados de fiscalizar a estos empresarios. Creo que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y la DIRINCO no están fiscalizando en la forma que corresponde, sino que con mucha tolerancia. Ellos conocen a esta gente. Aún más, cuando el señor Ministro vino a la Comisión Especial que estudia el problema textil según creo, conversamos acerca de las razones que existían para autorizar la instalación de nuevas industrias en Arica.

El manifestó que ello tendía a darle trabajo a los obreros del salitre que estaban cesantes. ¿Y cuántos obreros hay en la industria de televisores? Creo que se nos dijo que ascendían más o menos a 220 obreros, en total; pero hay cerca de dos mil en Arica. Los demás trabajan en la industria automotriz, que es otra cosa. Pues bien, si sacamos la cuenta de cuánto ha perdido el Fisco por derechos de aduana, por el impuesto adicional, ascendente al ciento por ciento, que pagaría el aparato que llega desde fuera del departamentó de Arica y por los derechos de aduana normales, pagando a 120 dólares cada televisor, el país podría haber obtenido el 243 por ciento de estos derechos de aduana e impuesto adicional sobre los 120 dólares. Sin embargo, el público no habría pagado nunca, establecida la competencia, más de Eº 1.500 por cada aparato de televisión.

El señor BUZETA.-

He solicitado esta interrupción, porque el Honorable señor Turna en el curso de sus observaciones, y reafirmando los conceptos de la Comisión, ha expresado una cosa que considero de extrema gravedad. Conozco la forma en que está trabajando tanto la Dirección de Impuestos Internos, por intermedio del Departamento de Delitos Tributarios, como el Banco Central, para tratar de fiscalizar la evasión de dólares. El Honorable colega nos ha dicho que conoce el caso de un señor que en el aeropuerto de Los Cerrillos le dijo que llevaba 50 mil dólares. En este momento, nadie que viaje al extranjero puede comprar más de 600 dólares. Creo que sería un acto de cooperación con el Gobierno si diera a conocer su nombre, para que se fiscalice el caso. Porque si estamos haciendo acusaciones, y digo esto con toda seriedad, considero que tenemos la obligación de proporcionar estos nombres para los fines del caso.

Ahora, si no quiere hacer esta denuncia en la Cámara, puede comunicarla al Departamento de Delitos Tributarios. Creo que ésta es la única manera en que podemos colaborar con un Gobierno al cual pertenecemos y estamos seguros de que tiene la intención de superar los innumerables abusos que se están cometiendo con las divisas que tanto cuesta producir en Chile.

El señor TUMA.-

Señorita Presidenta, parece que el Honorable señor Buzeta sufre de un exceso de candidez, ya que cree que solamente este joven a que he aludido se ha escapado con US$ 50.000. ¡ Si estos "pájaros" se ven todos los días en el aeropuerto, porque quién va a viajar con US$ 600! ¡Si en Chile se pueden comprar los dólares que se deseen, pues, a pesar de existir la Ley del Oro, ellos se venden impunemente!

Ahora bien, si un ciudadano antes de tomar el avión, dice tener US$ 50.000, yo no soy policía para meterle la mano al bolsillo y verificar esta afirmación; pero, en todo caso, eso es lo que él ha declarado.

En cuanto a la compra de dólares, puedo decir que los agricultores en el sur están vendiendo todos sus "cachudos", vacas y bueyes, e invirtiendo su producto en esta moneda todos los días, asustados por la reforma agraria. Son miles de dólares los que compran estas personas. Si uno sabe que los adquieren, ¡cómo no lo va a saber el Gobierno!

No hace mucho, un ciudadano chileno fue a abrir una cuenta bancaria al Perú con alrededor de doscientos millones de pesos. Esto lo sé, porque me lo dijeron. Bien; si este señor ha podido abrir una cuenta en el extranjero, es porque ha comprado los dólares y soles necesarios aquí en Chile. En realidad, la evasión es terrible y se pueden comprar los dólares que se quieran, no al cambio oficial, pero sí a Eº 6 por dólar.

Por todo esto hemos dicho que debe haber una ley más drástica, más eficaz, que impida realmente la salida, la fuga de estas divisas del país.

Quiero continuar con mis observaciones sobre la materia, y decirles a mis Honorables colegas que no crean que los dólares para viajar se obtienen sólo en el

Banco Sudamericano, en el Banco de Chile o en algunos otros en que se puede comprar legalmente esta moneda.

El señor BUZETA.-

Señorita Presidenta, quiero manifestar al Honorable señor Turna, con la mejor de las intenciones que en el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos, yo he presentado denuncias sobre evasión tributaria. Por eso, como no quiero que quede flotando en el ambiente que este Gobierno y sus funcionarios no han tenido la preocupación necesaria en relación con este problema, le pido que también la formule, ya que no desea dar nombres aquí en la Sala.

Y a propósito de estos hechos, si la Cámara lo permite después de las seis de la tarde, la Honorable colega Maluenda, el Honorable señor Julio Silva Solar y el que habla nos referiremos a lo que está sucediendo en este país con los remates y divisiones de predios agrícolas, oportunidad en la que también solicitaremos una investigación.

Por eso, como conocemos el espíritu de colaboración del Honorable señor Turna, le pedimos que haga la denuncia. Con que nos diga que la va a hacer, quedamos satisfechos.

El señor TUMA.-

Señorita Presidenta, en 'la misma Comisión, los personeros que han venido a ayudarnos en esta investigación, han confesado que es imposible, en las actuales condiciones, fiscalizar la venta de dólares. Todos sabemos, por ejemplo, que hay empleados y funcionarios, incluso de algunas Embajadas, que venden sus dólares en el "mercado negro". Sacristán que vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde "peccatas mea" si no es de la sacristía? ¿De dónde salen estos dólares? Todo lo que he dicho no es ninguna historia nueva.

En otros países no sólo existe una estricta fiscalización sobre los dólares que cada uno tiene en su bolsillo, sino que averiguan su procedencia y obligan a las personas a utilizar la moneda nacional respectiva. En Yugoslavia, por ejemplo, no me aceptaron que pagara el hotel con dólares, los que tuve que convertir a dinares. En cambio, uno llega a Los Cerrillos y por todos lados hay individuos que venden dólares a tres y cuatro mil pesos, que los más comerciantes después venden a seis mil pesos.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¿A qué hora vamos a hablar de los televisores?

La señorita SAAVEDRA (Presidenta accidental).-

Honorable señor Tuma, ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.

El señor TUMA.-

Señorita Presidenta, si consideramos la pérdida de entradas que ha experimentado él Fisco a raíz de la evasión de impuestos por la venta de televisores, tendríamos que concluir que la cantidad es elevadísima. En Arica solamente han sido miles los ciudadanos que han pagado enormes precios por estos televisores. Muchas familias los han adquirido guiados por el espíritu de gozar de los adelantos científicos y de la cultura.

Como lo dijo el señor Ministro de Eco-noria, valdría más la pena que se jubilara a los obreros de Arica, se los tuviera gratis en el Hotel El Paso, y que el Gobierno importara los televisores para venderlos directamente al pueblo; saldría mucho más barato, pues su precio no sería nunca superior a los 1.500 escudos. Por eso protestamos airadamente. Ha habido lenidad e inercia, no quiero decir incapacidad ; pero se ha aceptado y tolerado que se especule con los televisores y radios, cuyo costo máximo en el extranjero es de 9, 12, ó 13 dólares, en cambio, aquí se venden a 380 mil pesos en las vitrinas de los establecimientos comerciales. ¿Acaso los funcionarios de la Dirección de Industria y Comercio usan anteojos ahumados o están ciegos que no ven los precios que se cobran por radios de 8 transistores? Cobran trescientos ochenta escudos, es decir, ¡cinco veces sus verdadero precio! Y la gente los compra. Para qué hablar de los contrabandistas. A lo mejor el Honorable señor Buzeta quiere que le confiese si he visto algunos.

El señor BUZETA.-

No es necesario. Su Señoría lo sabe todo.

El señor TUMA.-

Los contrabandistas venden los radios a 400 mil pesos y muchas de nuestras mujeres, cándidas también, pagan ese precio porque desean tenerlos y exhibirlos con ellos en los paseos.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Por lo menos eso es útil.

El señor TUMA.-

Si todo esto se conoce, ¿por qué se sigue tolerando? ¿Es acaso necesario que una Comisión investigadora vaya a la Dirección de Industria y Comercio, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a decir que están muy caras las radios, cuando la función de ellos es fiscalizar? Para eso existen el Ministerio y los organismos responsables del Estado.

Pero supongamos que no exista Comisión Investigadora alguna. ¿Se seguirán cobrando estos precios, se continuará especulando con el pueblo y abusando de su paciencia? Y no se crea que estoy incitando a la revolución; sólo estoy diciendo el precio que se cobra por una mercadería.

A mayor abundamiento, hace poco tiempo fui a hablar con el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para plantearle un problema relativo al consumo de pescado y carne y a la nueva política de explotación del mar en las costas de nuestro país. El proyecto que le mostré lo encontró magnífico y me dijo: "Mire, Diputado, lo voy a entregar a los organismos técnicos, porque es muy bueno." Yo le repliqué: "Señor Ministro, ¿qué le parece que vuelva en dos años más?" "¿Por qué tanto tiempo?", me contestó. Y yo le agregué: "Porque conozco cómo son los Ministerios."

El señor BUZETA.-

Los anteriores.

El señor TUMA.-

Ya han pasado seis meses y no se me ha contestado absolutamente nada.

En otra oportunidad le expuse el problema de la ganadería de mi provincia. El señor Ministro me expresó que mandaría el proyecto al Departamento de Fomento de la Ganadería para que lo estudiara el ingeniero agrónomo señor Mario Habitt. Este, posteriormente, contestó algo distinto de que yo había propuesto. Vamos de Herodes a Pilatos: uno propone una cosa y los técnicos de los departamentos disponen otra.

Como todos son técnicos y todos son expertos, contestan todo lo contrario de lo que uno les propone. La verdad es que se termina la paciencia. Ojalá el Ministerio de Economía, Comercio y Reconstrucción tome cartas en el asunto y modifique el decreto Nº 606, a fin de que a los radios y televisores se les fijen nuevos precios por ley.

En el proyecto aprobado en la Comisión de Economía y Comercio, que establece normas para la devolución del sobreprecio de los televisores, hemos incluido también a otros artefactos, como refrigeradores, licuadoras, enceradoras, extractores de aire, máquinas de coser y artículos de la industria automotriz, a fin de que también se les aplique la misma norma de fijación de precios. No podemos negar que hoy por hoy para comprar un refrigeradores o un televisor, hay poco menos que vender la casa. ¡Un millón y medio de pesos cuesta cualquier "tarro" que venden por ahí!

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No sea exagerado!

El señor TUMA.-

¡No soy exagerado!

Como digo, en el proyecto aprobado por la Comisión de Economía y Comercio presentamos una indicación para la devolución de los sobreprecios de los televisores y la fijación de precios para los artefactos de primera necesidad.

El Honorable señor Juan Rodríguez dijo que los precios habían sido congelados por el gobierno del Presidente Alessandri en 1964. Pero ello no significa que se les hayan fijado precios a los artículos. Si así hubiera sido, los televisores que se venden en San Diego no tendrían otro precio en Bandera y uno diferente en Ahumada. La verdad es que no ha habido precios uniformes. Lo lógico hubiera sido fijarlos. Por eso el proyecto que hemos aprobado, opera, a mi juicio, sobre todos los aparatos de televisión vendidos tanto con anterioridad como con posterioridad a la fecha de congelación; es decir, operará en la devolución de las diferencias de precio, y con mayor razón a partir del decreto Nº 606, de 3de agosto de 1965, que fijó el precio de los televisores en Eº 2.400 y Eº 1.650.

El señor PARETO.-

Señorita Presidenta, estamos llegando a la culminación de un proceso público y político, y bien vale la pena detenernos un instante para analizar la trayectoria de la Comisión Especial de Televisores.

Es altamente halagador para un Diputado que ya lleva diez años en la Cámara, comprobar la eficiencia, el tesón y el esfuerzo con que el Presidente de esta Comisión, mi Honorable colega don Fernando Sanhueza, supo llevar a feliz término su cometido. Será ésta la primera vez en la historia de Chile que se apruebe un proyecto de ley que en pocas horas más conocerá el país, por el cual se dispone la devolución de su dinero a quienes fueron vulgarmente estafados.

Junto con dejar establecido que este tema ha apasionado a la opinión pública, queremos desmentir a algunos agoreros. Cuando inició sus labores esta Comisión, ciertos sectores de la prensa y de la radio se mofaron y expresaron que cómo era posible que la Cámara se preocupara de bajar el precio de los televisores cuando eso no era lo fundamental para llenar las ollas de los hogares del pueblo de Chile. ¡ Cuán equivocados estaban quienes pensaron de esa manera! Como lo pudimos comprobar esta mañana aquí en la Corporación y en las calles de Santiago, en que grupos de hombres y mujeres demostraban su fe en el Parlamento y en todos los partidos políticos que integran este hemicliclo. No era gente adinerada ni de una clase social económicamente privilegiada.

Los parlamentarios que tenemos la oportunidad de concurrir a reuniones en la periferia y en el centro de la capital, hemos comprobado que la televisión ha entrado en el alma y en el corazón de los hogares. Con el tiempo ha ido desplazando al cine y se ha convertido en un elemento fundamental, vertebral, en la unidad del hogar. Si entráramos en detalles domésticos, podríamos decir que muchos padres de familia, que a veces llegaban a sus casas a avanzadas horas de la madrugada, ahora lo hacen temprano para encontrar en los canales universitarios, tanto de la Chile como de la Católica, un momento de recreación a las duras tareas que les impone la vida.

¿Cuál ha sido uno de los principales medios para combatir el analfabetismo en algunos países latinoamericanos, en Venezuela, por ejemplo? Precisamente la televisión. Así, se ha procurado facilitar la adquisición de televisores a todos los sectores para impartir a través de ellos enseñanzas a los marginados de la cultura y el saber. Hacemos notar este ejemplo como un elocuente mentís para quienes nos acusaron de defender a una clase privilegiada.

Hoy podemos comprobar con íntima satisfacción que todos los sectores de la Cámara han llegado a un acuerdo, dejando a un lado sus diferencias políticas. Durante la labor de la Comisión Investigadora no hubo barreras políticas ni doctrinarias, ni se reflejó en sus debates la pasión con que generalmente defendemos nuestras posiciones, porque ante un problema económico como éste priman antes que nada los intereses de la gran masa de consumidores.

En las interesantes observaciones de los Honorables señores Sanhueza, Jerez, Acevedo, Tuma y Aravena, se plantearon diversos puntos de vista sobre la materia e incluso se emitieron juicios políticos en torno a ella. Nosotros respetamos las posiciones doctrinarias y filosóficas contrarias a las nuestras. Creemos, como nuestros Honorables colegas, que Chile, este rincón del mundo, el país más austral de la tierra, tiene que abrir sus puertas al ancho comercio internacional, sin considerar fronteras políticas.

Sin embargo, mientras España, cuyo Gobierno no comparte las ideas del de Cuba, comercia con éste; mientras Brasil, con un Gobierno dictatorial, hace lo mismo, así como también Inglaterra, y mientras Estados Unidos comercia con Rusia, en Chile todavía subsisten en algunos sectores económicos reaccionarios los viejos prejuicios con respecto a los países socialistas. Creemos que Chile debe buscar en el mercado internacional las mejores perspectivas para prosperar económicamente, sin complejos doctrinarios o ideológicos de ninguna especie. Felizmente, podemos decir con profundo y legítimo orgullo que el Gobierno del Excelentísimo señor Frei ha dado el primer paso en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los países socialistas, las cuales estuvieron interrumpidas durante muchos años.

Acabo de escuchar a mi Honorable colega y amigo señor Tuma decir que discrepa con el punto 5 del proyecto de acuerdo presentado, que propone que el Banco Central no siga entregando divisas a los armadores de aparatos de televisión.

Al pedir esto y la restitución del dinero pagado en exceso por los adquirentes de televisores, sabemos que herimos muchas susceptibilidades e intereses creados. Pero pensamos que es una manera de sancionar a quienes han cometido este delito económico en contra de un sector modesto de nuestra población, privilegiado, como han sostenido algunos. Si analizamos la forma cómo muchos hogares han obtenido un aparato, comprobaremos que para pagar en un año plazo los cuatro mil escudos que costaba cada uno, se tuvieron que unir varias rentas: la del padre, la de algunos hijos, la de la madre, si trabaja, etcétera. O sea, todo el grupo familiar tuvo que hacer un esfuerzo para disfrutar de este medio moderno y revolucionario de esparcimiento y cultura, que debería estar al alcance del mayor número de chilenos. Incluso, el Estado está haciendo aportes económicos a las Universidades para que puedan financiar sus canales de televisión, a fin de elevar el nivel cultural de las masas. Por eso, quisiéramos que no sólo haya 14, 18 ó 20 mil televisores en el país, sino muchos más. Y estoy cierto de que no pasará mucho tiempo antes que el Estado facilite su adquisición masiva a través de cooperativas, centros de madres, juntas de vecinos, sindicatos y organizaciones deportivas, como lo proponía el Honorable señor Rodríguez. Para ello debería montarse una gran industria electrónica, en la que el Estado controle la producción y distribución. Así podremos lograr que los televisores lleguen a los sectores más modestos y postergados de la ciudadanía, que durante mucho tiempo no han tenido numerosos bienes y servicios. Se puede encontrar bueno o malo este Gobierno. Respetamos esas opiniones, porque vivimos en una legítima y auténtica democracia. Pero nadie puede desconocer que una de las principales preocupaciones del Excelentísimo señor Frei ha sido elevar el nivel de vida de las poblaciones más humildes, las cuales muchos Honorables colegas conocen perfectamente, porque con frecuencia las visitan en cumplimiento del mandato que les ha entregado la ciudadanía.

Estamos conscientes y satisfechos de esta labor.

Por estas razones, también somos partidarios de este proyecto que establece la devolución de los dineros cobrados en exceso por los aparatos de televisión. Y quiero destacar que esta iniciativa fue patrocinada por Diputados de todos los sectores de la Cámara.

Asimismo, es conveniente recalcar el hecho de que actualmente nos encontramos en legislatura extraordinaria. Por lo tanto, para que el proyecto pudiera ser tratado por el Congreso, constitucionalmente se necesitaba que el Presidente de la República, que ha tenido mano firme para reprimir las especulaciones, lo incluyera en la actual convocatoria. Así ha ocurrido.

Como se dijo hace unos instantes, en el día de ayer la Comisión de Economía y Comercio designó Diputado informante al Honorable señor César Raúl Fuentes, que más adelante dará a conocer algunos detalles del proyecto de ley que consulta normas para reclamar judicialmente el exceso pagado por los compradores de televisores, iniciativa de extraordinaria trascendencia política y económica.

Cuando el proyecto se publique en el "Diario Oficial" y se convierta en ley de la República, lo que esperamos y deseamos que suceda antes del 31 de enero de 1966, no faltarán comerciantes y armadores -4 en total, a quienes me voy a referir a continuación- que unan sus colosales capitales para defenderse y recurrir ante la Excelentísima Corte Suprema, como ya lo anunciaron, para que se declare la inaplicabilidad de sus preceptos. Confío en que ese recurso de inaplicabilidad, en caso de presentarse, será rechazado categóricamente.

Este proyecto de ley sienta un precedente definitivo para sancionar a quienes deseen especular el día de mañana. Asimismo, demuestra que el Parlamento está dispuesto, por encima de todas las diferencian políticas y doctrinarias, a defender los derechos e intereses de los consumidores.

Por otro lado en forma muy breve, quiero referirme también a la verdadera mafia que Constituyen las industrias electrónica y automotriz. Quienes hemos tenido la suerte y el honor de pertenecer a un municipio de la República, podemos decir que teníamos que mendigarle divisas al Banco Central de Chile para poder importar los elementos más fundamentales que el progreso de la ciudad exige. Esa institución, verdadero bastión reaccionario, siempre fue inexpugnable para nosotros.

Y así, por defender los intereses privados, se ha pasado por encima del interés nacional y se ha postergado a los municipios frente al apetito insaciable de esta maquinaria económica de la reacción enclavada en el corazón financiero de Chile.

Señorita Presidenta, quienes hemos visitado Arica hemos comprobado, y en esto no es mi ánimo mirar hacia atrás y responsabilizar a Gobiernos anteriores, porque este debate se ha llevado con altura y serenidad, y no seré yo...

El señor PARETO.-

Señorita Presidenta, agradezco al Honorable señor Aravena la interrupción que me ha concedida.

Decía que yo no violaré esta norma de conducta seguida por la Corporación en este debate.

Sin embargo, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley y para conocimiento de los señores Ministros de la Corte Suprema, que el día de mañana tendrán que pronunciarse sobre el recurso de inaplicabilidad que deducirán los importadores y armadores, quiero manifestar que hubo cuatro firmas privilegiadas, algunas de ellas de propiedad de una sola familia, a quienes se entregó el monopolio de las armadurías. Estas firmas, como bien han señalado los Honorables señores Jerez y Sanhueza, han obtenido 15 millones de escudos de utilidad.

Queremos destruir para siempre ese bastión económico. Por ello, trataremos, por todos los medios a nuestro alcance, que el proyecto que el próximo martes discutirá y votará esta Corporación, sea aplicado en su integridad y se devuelva lo cobrado de más a quienes compraron televisores.

Hemos trabajado con tesón y desprendimiento, renunciando a muchas horas de tranquilidad. Es conveniente que la opinión pública sepa que cuando investigábamos estos hechos, los miembros de la Comisión éramos asediados, acosados, con infinidad de invitaciones de toda índole, a comer, a almorzar, en fin, a todas partes, para tratar de convencernos de que estábamos equivocados.

Sin embargo, y esto honra al Parlamento, no aceptamos ningún tipo de invitaciones y nuestra respuesta a estos verdaderos "gangsters" de la economía nacional, está consignada en el proyecto de ley que la Cámara y el Senado sancionarán en pocos días más, y por el cual obligaremos a devolver el dinero cobrado en exceso n los adquirentes de televisores.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Agradezco la gentileza de mi Honorable colega, señor Aravena.

Señorita Presidenta, no es mi intención rendir, en esta oportunidad, un informe sobre el proyecto de ley que ordena la devolución del sobreprecio cobrado en los contratos de venta de televisores. No puede serlo, porque la Cámara, en la mañana de hoy, no aceptó tratar este proyecto de ley, en esta sesión, por no ser procedente. Así lo manifestó la Mesa, y, tal como lo han dicho los Honorables colegas, la próxima semana...

El señor CLAVEL.-

La Cámara no se opuso a que se tratara, Honorable Diputado.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

El señor Presidente de la Corporación dijo que, reglamentariamente, no se podía tratar.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

...la Cámara se abocará al estudio de esta iniciativa.

Considero, sin embargo, muy importante dar a conocer en esta oportunidad, en términos generales, los fundamentos de este proyecto de ley y explicar cuáles son sus preceptos básicos. Durante la discusión del informe de esta Comisión, Diputados de distintos sectores hicieron referencia a esa iniciativa e interpretaron sus disposiciones. Por eso, me parece absolutamente necesario esclarecerlas en esta ocasión.

Mucho se ha hablado sobre este problema. Desde el principio, desde que se empezó a discutir el proyecto de ley sobre esta materia, se dijo que era inconstitucional.

Tuvimos oportunidad de leer artículos de prensa y de escuchar audiciones de radio en las cuales se decía que el proyecto era inconstitucional.

En términos generales, se puede decir que las normas generales de nuestro derecho permiten resolver una situación como la que se ha producido. Existen principios jurídicos que vienen del Derecho Romano, como el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, el concepto de orden público, de buenas costumbres, de moralidad pública, etcétera, que permitirían, claro está que a través de un procedimiento engorroso y de una discusión interminable, llegar a conclusiones similares a las de este proyecto.

El gran mérito de él es que, por una parte, interpreta una situación de hecho que se ha producido y, por la otra, establece un procedimiento expedito para hacer operante la acción de los compradores de aparatos de televisión que hubieren sido estafados al pactarse el precio de venta.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hace mucho tiempo, al pronunciarse sobre una consulta que se le hiciera en este sentido, dejó perfectamente en claro que el proyecto era constitucional, porque se partía de la siguiente verdad jurídica:

El precio máximo de venta de estos artefactos estaba fijado por el Decreto Supremo Nº 264, que se publicó en el "Diario Oficial", con fecha 22 de febrero de 1964. En aquella oportunidad, se congelaron los precios de los televisores. Una vez más, creo indispensable precisar que congelación es fijación de precio, aunque éste no se exprese en términos monetarios. Se dijo que el precio no podía subir.

Desde luego, el precio de este artefacto estaba fijado al dictarse el decreto de congelación. El proyecto parte de esta realidad. Hay un precio permitido por la ley y hay un precio prohibido por la ley.

El precio permitido por la ley era el máximo que existía al 22 de febrero de 1964, y el precio prohibido era el superior al máximo fijado o que existía en el comercio a esa fecha.

De modo que es bien claro el problema, y de acuerdo con nuestro Código Civil, hay objeto ilícito en todo contrato que contraviene nuestras leyes. Concretamente lo dice así la parte final del artículo 1.466 de dicho Código, para abundar en una sola razón. Y el contrato que está viciado de objeto ilícito está viciado también de nulidad, y de nulidad absoluta.

Por eso, el proyecto de ley dice que tales contratos son nulos, y que el efecto de esta nulidad -aquí también hay una novedad en la iniciativa que nos ocupa- es devolver el sobreprecio pagado en exceso. Así lo establece el artículo 2º del proyecto de ley que estoy comentando.

En el artículo 3º se establece el procedimiento que, como he dicho, es funda mental. En primer lugar, si no existiera ese procedimiento, las partes quedarían sujetas al juicio ordinario, que es de lato conocimiento y que, en la práctica de nuestros tribunales', es interminable.

Se establece uno de nuestros procedimientos más breves, cual es el juicio sumario, que es un procedimiento judicial concentrado, si así pudiera decirse, donde lo principal y lo accesorio se discuten conjuntamente. Pero a este mismo procedimiento sumario se le hacen diversas modificaciones procesales para hacerlo más expedito aún e, incluso, más eficaz.

Ellas son las siguientes: En primer lugar, no rigen las limitaciones de la prueba de testigos. De acuerdo con las normas generales, debieran probarse estos contratos y las acciones por medio de documentos, o prueba escrita. En el proyecto a que me estoy refiriendo se establece la admisibilidad de la prueba de testigos, lo que es muy importante, porque, como se ha dicho, la especulación con los televisores llegó a términos tales que, a fin de resguardarse, no hubo siquiera contratos por escrito, sino verbales y hay casos también en que no se habría entregado las facturas respectivas. De modo que el actor, el perjudicado o víctima a quien se pretende, resguardar/por medio de este proyecto de ley, no tendría una manera eficaz dé probar su reclamo.

Esta situación está contemplada claramente, como he dicho, en el artículo 3º de la iniciativa y permite la prueba de testigos en los casos citados.

En segundo lugar, se hace procedente el informe de la Dirección de Industria y Comercio sobre todos los hechos del pleito; es un informe que tendrá el mérito de prueba pericial para todos los efectos de la apreciación de estos hechos, lo que es importante porque en estos pleitos habrá que investigar muchos hechos.

En tercer lugar, resulta muy significativo que el tribunal aprecie la prueba en conciencia y no va a estar restringido por los medios de prueba que tenemos en nuestra legislación. Más importante es quizás que la apelación se concederá lo que en términos jurídicos se denomina "en el solo efecto devolutivo". Esto significa que si en primera instancia gana el denunciante, la persona que pide la devolución por haberse perjudicado en la compra, la ley lo protege, porque se podrá hacer cumplir la sentencia sin necesidad de que el Tribunal resuelva la apelación en el caso de que, a su vez, apele el demandado.

Se establece también que estas causas tendrán preferencia para su vista y fallo. Por otro lado, cabe tener presente que en estos casos no procede el recurso de casación, como una manera, precisamente, de acelerar más el resultado del pleito.

Para que no quede duda- porque en muchas oportunidades se ha sugerido que quizá el proyecto que estoy comentando no alcanzare a resolver en todos sus aspectos el problema específico que estamos analizando-, el artículo transitorio establece claramente la modalidad que se aplicará en los contratos de compraventa de receptores de televisión celebrados con anterioridad a la vigencia de la futura ley.

A través de esta rápida mirada general sobre el proyecto de ley en referencia, yo quisiera dejar desvanecidas las dudas que algunos han querido manifestar en relación con la efectividad de esta iniciativa legal. Al mismo tiempo, quiero dejar de manifiesto el deseo sincero de que aquellos que han sido perjudicados, puedan obtener el resarcimiento correspondiente, la devolución de lo pagado en exceso con los intereses devengados.

Por último, felicito a los autores de este proyecto por su feliz iniciativa y a todos los Honorables colegas que han trabajado en ella en forma afanosa, contribuyendo a su perfeccionamiento con muchas ideas constructivas, para permitir cristalizar la aspiración que mencionaba el Honorable señor Pareto: hacer reinar el imperio de la ley y la moral en el campo de las actividades comerciales.

He dicho.