Labor Parlamentaria

1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 00214.- Santiago, 18 de mayo de 1966.

Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley, que consulta normas sobre conservación, protección, utilización y acrecentamiento de los recursos forestales del país. (Boletín Nº 10. 485 de la Ho-narable Cámara de Diputados).

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton G. "

2.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"Nº 473.- Santiago, 16 de mayo de 1966.

Ha recibido este Ministerio su oficio Nº 5274, de 29 de abril del presente año, por el que solicita, a nombre de la Honorable Cámara de Diputados, se adopten iniciativas tendientes a reajustar las pensiones concedidas por leyes especiales de gracia.

Al respecto, me permito manifestar a V. E. que esta Secretaría de Estado ha tomado debido conocimiento de lo solicitado por esa Honorable Corporación.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Sergio Molina Silva".

3.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA.

"Nº 1194.- Santiago, 13 de mayo de 1966.

Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia, en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a solucionar el problema que afecta al Liceo de Hombres de Valdivia, que carece de un local adecuado para su funcionamiento.

Sobre la materia, me permito manifestar a US. que dicha petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad de atenderla en la medida que los recursos económicos lo permitan.

Saluda atentamente a US. (Fdo. ): Juan Gómez Millas".

4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA.

"Nº 1192.- Santiago 13 de mayo de 1966.

En respuesta al oficio Nº 4902 de 15 de abril ppdo., relacionado con la petición formulada por esa Honorable Corporación, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la creación de una escuela primaria fiscal en la Colonia "Dignidad" ubicada en Parral, me permito manifestar a US. que se están reuniendo los antecedentes necesarios para ver la la posibilidad de llevar a efecto la creación solicitada.

Saluda atentamente a US. (Fdo. ): Juan Gómez Millas. "

5.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 387.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 4746, de 6 de abril del presente año, a nombre de la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, se adopten las medidas tendientes a posibilitar la destinación de las cañerías suficientes para dotar de agua potable, desde el ser-

vicio de Hualañé, a los pobladores de El Porvenir y El Molino, provincia de Curicó.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que debido a la falta de fondos en el presupuesto del presente año, no es posible acceder a lo solicitado por esa Honorable Corporación.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic".

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 389.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 4773, de 7 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Carlos Garcés F., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de servicio de alcantarillado en la localidad de Hualañé, provincia de Curicó.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que no se dispone de fondos en el Presupuesto del presente año, para la ejecución de las obras solicitadas.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic. "

7.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 386.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 4650, de 30 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de la Honorable Diputadadoña Inés Enríquez F., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción del camino de acceso a la Estación Cisnes, como, asimismo, la habilitación del nuevo muelle de Puerto Cisnes, en el departamento Aisén.

Sobre el particular, cúmpleme infor-

mar a V. S. que, la primera de estas obras, no está contemplada en el Presupuesto del presente año.

Con respecto a la habilitación definitiva del nuevo muelle de Puerto Cisnes, debo informar a V. S. que la Dirección del Litoral ha solicitado algunos trabajos complementarios de derrocamiento en la zona de atraque. Este Ministerio ha dado las instrucciones pertinentes para que este trabajo de poco monto sea realizado de inmediato, estimándose que en breve el muelle podrá ser utilizado.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic. "

8.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 388.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 4758, de 7 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Oscar Naranjo A., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación del servicio de agua potable en las localidades de Rauquén y Los Carros de la comuna de Romeral, provincia de Curicó.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que debido a que las localidades mencionadas tienen menos de mil habitantes, no están comprendidas entre las poblaciones favorecidas por la Ley de Agua Potable 6986.

Debo agregar a V. S. que el Servicio Nacional de Salud Pública, se encuentra facultado para dotar de este elemento a las localidades con población inferior a mil habitantes, en virtud de un préstamo internacional contratado con este fin.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic".

9.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 383.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 3883, de 18 de enero del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Eduardo Osorio Pardo, se construya un puente sobre el río Putaendo, en el sector denominado Punta El Olivo, departamento de San Felipe.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que no se dispone de fondos para abordar la obra solicitada, en el presente año.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic".

10.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.

"Nº 384.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Me refiero al Oficio de V. S. Nº 4543, de 23 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputadodon Fernando Rosselot Jaramillo, se adopten las medidas tendientes a obtener la ampliación de la red de agua potable de la ciudad de Curacautín.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que el proyecto de mejoramiento general del servicio de agua potable de Curacautín está actualmente en su etapa de elaboración. Este proyecto incluye nueva aducción, nuevo estanque y ampliación de redes, donde están considerados los sectores altos.

Debo agregar a V. S. que el costo de estas obras se estiman en Eº 450. 000, y su construcción no podrá iniciarse en el presente año, por falta de disponibilidad de fondos en el Presupuesto de 1966.

Dios guarde a V. S. (Fdo. ): Edmundo Pérez Zujovic".

11.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA.

"Nº 968.- Santiago, 18 de mayo de 1966.

Me es grato dar respuesta al Oficio Nº 2701, de 2 de Noviembre ppdo., por el cual esa Honorable Cámara solicita, a nombre del Honorable Diputadodon Galvarino Melo Páez se estudie la expropiación de los fundos "Herrera", "Quila-chenquín", "Peumo", "Descabezado", "Los Ríos", "Antiquina", "Pilpilco Alto", "Tranaquepe", "Lleu-Lleu" y "Mundo Nuevo", ubicados en la provincia de Arauco.

Sobre el particular, puedo informar a US. lo siguiente:

Respecto a los fundos "Peumo", "Mundo Nuevo", "Lleu-Lleu", "Tranaquepe" y "Los Ríos", se estudia su expropiación por la Corporación de la Reforma Agraria.

En cuanto al fundo "Antiquina", ya fue expropiado y su adquisición se está transando por la citada Corporación.

Saluda atentamente a S. S.- (Fdo. ): Hugo Trivelli F. "

12.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA.

"Nº 967.- Santiago, 18 de mayo de 1966.

Me es grato dar respuesta al Oficio Nº 2674, de 27 de octubre ppdo., por el cual esa Honorable Cámara solicita, a nombre de los Honorables Diputados señores Fernando Santiago Agurto, Galvarino Melo Páez y Jorge Montes Moraga, se informe acerca de las resoluciones adoptadas por la Corporación de la Reforma Agraria, en relación con las solicitudes elevadas a esa Corporación, por los Comités de Campesinos de los fundos "Tranaquepe", "Antiquina" y "Lleu-Lleu", relativa a la expropiación de los mencionados predios, ubicados en la Provincia de Arauco.

Sobre el particular, puedo informar a US. lo siguiente:

El fundo "Antiquina" ya fue expropiado y, a la fecha, se está transando su adquisición por la Corporación de la Reforma Agraria.

En cuanto a los fundos "Tranaquepe" y "Lleu-Lleu", su expropiación se está estudiando en la mencionada Corporación.

Saluda atentamente a S. S.- (Fdo. ): Hugo Trivelli F. "

13.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"Nº 527.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Por oficio Nº 5223 de 27 de abril último, recibido el 5 de mayo en curso, V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputadodon Pedro Stark Troncoso que este Ministerio obtenga que la Caja de Previsión de Empleados Particulares estudie la posibilidad de instalar una Agencia en Los Angeles, en razón del gran crecimiento industrial que ha tenido dicha ciudad en este último tiempo.

En respuesta, me permito expresarle que, por el momento, no es posible acceder a la creación de dicha Agencia, pero ella será una realidad en 1967, en consideración a que figura en los planos contemplados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares para el año citado.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): William Thayer Arteaga. "

14.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"Nº 500.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Tengo el agrado de responder a V. E. el oficio mencionado en la suma, recaído en petición del Honorable Diputadodon Juan Turna, relacionada con problemas laborales existentes en el Departamento de Villarrica.

Informado parcialmente al efecto, la Dirección del Trabajo ha emitido su oficio Nº 3984, de 13 de mayo presente, el cual tengo el honor de transcribir a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario peticionario:

"Respecto a los problemas laborales propiamente tales, debo informar a US. que esta Dirección por oficio Nº 2843, de 5 de abril ppdo., ha dispuesto las gestiones conducentes a hacer cumplir las disposiciones que benefician a los trabajadores de la madera de la ciudad de Villarrica, de cuyos resultados me será grato informar a US. en su oportunidad.

"En cuanto a la falta de personal en la provincia de Cautín. US. conoce los esfuerzos desplegados con el objeto de paliar en parte y en la medida de nuestras posibilidades, la situación que en dicho sentido afecta a todas las dependencias del país, la que logrará ser definitivamente resuelta sólo cuando se disponga del número suficiente de funcionarios".

En cuanto sean recibidas en esta Subsecretaría nuevas informaciones sobre la materia, me será grato dárselas a conocer a V. E.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): William Thayer Arteaga. "

15.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"Nº 529.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Por oficio Nº 4688 de 30 de marzo del presente año, recibido el 7 de abril último, V. E. se ha servido trasmitir la petición formulada por el Honorable Diputadodon Luis Valente Rossi, en el sentido que este Ministerio estudie la posibilidad de otorgar a la menor María Verónica Llipa Contreras, hija adoptiva de don Santiago Maldonado Ordóñez, jubilado de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y fallecido a fines de 1965, una pensión de orfandad y la asignación de un departamento que obtuvo por medio de la citada Institución.

En respuesta, lamento tener que manifestarle que no es posible acceder a la petición formulada por el referido señor parlamentario, por no permitirlo las disposiciones legales y reglamentarias que

rigen en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): William Thayer Arteaga. "

16.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"Nº 526.- Santiago, 17 de mayo de 1966.

Por oficio Nº 4973 de 18 de abril último, V. E. transmite la petición de los Honorables Diputados señores Luis Aguilera Báez y Galvarino Melo Páez, a fin de que el Servicio de Seguro Social informe, a través de este Ministerio, a esa Honorable Corporación la fecha en que procederá a pagar los reajustes de pensiones que adeudaría a sus imponentes desde el año 1961.

En respuesta, me permito transcribir a V. E. lo informado a esta Secretaría de Estado por el Servicio de Seguro Social en oficio Nº 5979-392 de 9 de mayo en curso:

"Al respecto, me permito comunicarle que sólo tienen derecho al referido reajuste los pensionados que estaban recibiendo pensión al 31 de diciembre de 1959, de manera que no son todos los pensionados de la Institución a quienes alcanza el referido beneficio.

"El Servicio canceló entre octubre y diciembre de 1965, el reajuste correspondiente al año pasado y en el presente mes ha comenzado a pagar el 10% que corresponde al período comprendido entre enero de 1961 y diciembre de 1964 con lo que se solucionará definitivamente la situación que afectaba a más o menos 70. 000 pensionados".

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): William Thayer Arteaga. "

17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 980.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 5038, de 20 de abril ppdo. V. E. da a conocer a esta Secretaría de Estado la petición del Honorable Diputado Sr. Guido Castilla Hernández a fin de obtener la construcción de un hospital en la comuna de Longaví, de la provincia de Linares; como asimismo, la designación de un médico que, en calidad de residente, atienda a las personas que viven en esa zona.

Al respecto, me permito informar a V. E. que por el momento no es aconsejable construir un hospital en la localidad de Longaví, debido a que el Servicio Nacional de Salud tiene instalado en este lugar un Consultorio que funciona en buenas condiciones y presta eficiente asistencia médica a la población.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

18.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 988.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 4724, de 11 de abril último, V. E. remite a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor César Raúl Fuentes Venegas, relacionada con la necesidad de establecer un cementerio en la localidad de Cachapoal, de la comuna de San Fabián de Alico, debido a que los más próximos están a 20 kilómetros de distancia y la Junta de Vecinos de la localidad dispone del terreno donado por un vecino.

Sobre la materia, me permito informar a V. E. que al Servicio Nacional de Salud no corresponde fundar o mantener cementerios. En efecto, las funciones del Servicio se encuentran consignadas en el artículo 62 de la Ley Nº 10. 383, y ellas se refieren a la protección de la salud por medio de acciones sanitarias y de asistencia social y atenciones preventivas y curativas. Ahora bien, dentro de estas funciones y en relación con los cementerios, sólo le corresponde al Servicio Na-

cional de Salud la relativa a la policía mortuoria, que tiene por objeto prevenir las enfermedades infecto-contagiosas, posibles de producirse por restos humanos o evitar su propagación. Todo lo cual, de acuerdo con el Título IV del Libro IV del Código Sanitario, por cuyo cumplimiento y por expreso mandato de la Ley, le corresponde velar al Servicio Nacional de Salud.

Pero estas funciones o atribuciones sobre policía mortuoria, no implican la obligación de fundar o mantener cementerios, los que pueden tener diversos orígenes y propietarios. Conviene tener presente al efecto que el Reglamento General de Cementerios, Decreto Supremo Nº 421, de 14 de abril de 1932, en su Art. 3º expresa que "habrá cementerios generales y particulares", agregando que "son cementerios generales: los del Fisco, los dependientes de la Direccón General de Beneficencia y Asistencia Social y los Municipales; y cementerios particulares: los católicos, los de disidentes, los de comunidades religiosas con privilegios, los construidos fuera de las poblaciones con licencia de las Municipalidades, los construidos dentro de las poblaciones con licencia gubernativa y los de indígenas. "

Los cementerios que mantiene el Servicio Nacional de Salud son los de propiedad de las ex-Juntas de Beneficencia que en vrtud del artículo 66 de la Ley N° 10. 383, pasaron a depender del Servicio. Pero aún, debe tenerse presente a este respecto que, tampoco era obligación de la ex Beneficencia Pública ser propietaria de cementerios, si bien podía voluntariamente serlo, al igual que el Fisco, las Municipalidades o las comunidades religiosas.

En conclusión, no corresponde al Servicio Nacional de Salud fundar o mantener cementerios, por las razones legales expuestas en el cuerpo de este Oficio. Lo procedente es que la comunidad se organice localmente y, previa la autorización municipal y cumplimiento de las pres-

cripciones del Reglamento General de Cementerios, funde un Cementerio propio de características y costos compatibles con sus disponibilidades.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

19.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 976.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 5215, de 26 de abril ppdo. V. E. a solicitud de la Honorable Diputada Sra. Gladys Marín Millie, da a conocer a esta Secretaría de Estado su petición en orden a disponer que el Servicio Nacional de Salud fiscalice el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad industrial y ambiental, por. parte de la Industria de Detergentes IN-DUS, de la comuna de Quinta Normal. Asimismo, hace presente que las emanaciones por la combustión de los diversos elementos que se usan en la elaboración de los detergentes, provocarían diversas molestias a las personas que viven en el sector donde se encuentra ubicada dicha fábrica.

Sobre el particular, debo manifestar a V. E. que la oficina de Higiene y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud, ha estado preocupada de la solución de este problema, exigiendo a la industria, de acuerdo a la Reglamentación sobre Higiene Industrial y Contaminación Atmosférica, la adopción de diversas medidas que incluyen moderación y transformación de operaciones y procesos industriales y la implantación de sistemas de captación de polvos y vapores que ya están puestos en práctica. Ultimamente se procedió a aprobar los planos de un nuevo sistema de captación de la Sección Jabón en polvo.

Precisamente, la denuncia de la Honorable Diputada proviene de esta última Sección, en que por deficiencia del actual método, esporádicamente se producen

emanaciones en cantidades limitadas de jabón en polvo, que producen molestias al vecindario, pero que no son nocivas para la salud. Las nuevas instalaciones ya aprobadas permitirán poner término a este tipo de molestias.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

20.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 979.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 5155, de 26 de abril ppdo. V. E. comunica a este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado Sr. Raúl Morales Adriasola para obtener la terminación de los trabajos de construcción de la Posta de Primeros Auxilios de la localidad de Queilén, provincia de Chiloé.

Al respecto, debo informar a V. E. que por el momento no es posible considerar la instalación de una Posta en Queilén, mientras no se complete el programa de construcciones hospitalarias en localidades con mayor prioridad. No obstante, se tendrá presente la petición del Honorable Diputado, de acuerdo al Plan Nacional de Construcciones de Postas Rurales que tiene en estudio el Servicio Nacional de Salud.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 977.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Me refiero a su oficio Nº 5306, de 3 de mayo en curso, en el cual V. E. a petición del Honorable Diputado Sr. Carlos Rosales Gutiérrez transmite a este Ministerio las observaciones formuladas en la Honorable Cámara de Diputados sobre la construcción y habilitación del nuevo Hospital de Rancagua, provincia de O'Higgins.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. E. que la habilitación del nuevo Hospital de Rancagua se encuentra prácticamente terminada, faltando solamente algunos elementos de importación que están incluidos en los créditos actualmente en trámite.

Por otra parte, con el objeto de ampliar y mejorar la atención médica de la zona, se ha programado la construcción de un Pabellón anexo al Hospital, con capacidad para más o menos 150 camas destinado a Maternidad.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

22.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 978.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Me refiero a sus Oficios Nºs. 5179, 5243, de 26 de abril último, por los cuales V. E. comunica a este Ministerio la petición del Honorable Diputado Sr. Carlos Sívori Alzérreca, para obtener la instalación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Pichipellahuén, de la comuna de Lumaco.

Al respecto, me permito informar a V. E. que en el estudio de construcciones hospitalarias para el presente año, se ha considerado la instalación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Pichipellahuén.

La oportunidad en que se llevará a efecto esta obra, depende de los recursos de que disponga el Servicio Nacional de Salud.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

23.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 983.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 4906, de 16 de abril ppdo. V. E. da a conocer a este Ministe-

rio la solicitud de los Honorables Diputados señores Mario Fuenzalida Mandriaza y Jorge Aravena Carrasco, para obtener que se destinen ambulancias a las localidades de Licantén y Curicó, que requieren con urgencia medios de transporte para los enfermos de la zona.

Sobre el particular, tengo el agrado de comunicar a V. E. que de acuerdo a las necesidades de los diferentes establecimientos hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, se ha asignado una ambulancia a Licantén y otra a Curicó, de la partida de estos vehículos que ingresará próximamente al país.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

24.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 982.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 4889, de 13 de abril último, V. E. pone en conocimiento de este Ministerio la petición de los Honorables Diputados señores Manuel Cantero Prado y Galvarino Melo Páez, relacionada con la instalación de una caldera y habilitación de algunos servicios en el Hospital de La Calera.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. E. que en este momento se están haciendo las construcciones correspondientes para instalar las calderas que necesita el Hospital.

Por otra parte, se ha impartido instrucciones al Servicio Nacional de Salud para estudiar las necesidades y costo que demandará la habitación de salas y guardarropía para uso del personal y la ampliación de los servicios higiénicos, de acuerdo con lo solicitado por los Honorables Diputados.

Saluda atentamente a UD. (Fdo).: Ramón Valdivieso Delaunay. "

25.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA.

"Nº 981.- Santiago, 12 de mayo de 1966.

Por Oficio Nº 4993, de 18 de abril ppdo. V. E. comunica a esta Secretaría de Estado la solicitud de los Honorables Diputados señores Alberto Daiber Etcheberry, Américo Acuña Rosas, Samuel Fuentes Andrades, Eduardo Koenig Carrillo, Galvarino Melo Páez y Hernán Olave Verdugo, en orden a que se transmitieran las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Daiber Etcheberry, que aparecen en la versión oficial de la sesión 71ª., de la Cámara de Diputados y que se refieren a diversos problemas médico-asistenciales de la provincia de Valdivia.

Sobre el particular, debo informar a V. E. que la habilitación del Hospital Regional de Valdivia se encuentra pendiente, en espera de la resolución que se adopte sobre los Servicios Clínicos que se trasladarán desde el Hospital John Kennedy.

En cuanto a los estanques de agua altos (de la terraza del último piso) y el grande (bajo) están terminados y actualmente se procede a la instalación de las bombas.

La calefacción, en la parte correspondiente a hospitalización, sólo le falta la unión de las matrices. Las calderas están colocadas, pero como a última hora se solicitó el cambio de la actual caldera a leña por una con quemadores a petróleo, se aguarda que la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios autorice esta modificación y otorgue los fondos para iniciar el trabajo.

En lo que se refiere a Corral, se ha asignado un médico de la actual promoción de Médicos Generales de Zona.

En lo que atañe a Panguipulli, se ofició al Director de la XI Zona de Salud Valdivia-Osorno, para que traslade a esta localidad, un médico de los tres profesionales que ejercen en Paillaco.

Respecto a Lago Ranco, en el Programa de Construcciones Hospitalarias está considerada la instalación de un Centro de Salud Rural.

En Paillaco existe un Hospital de 20 camas con un índice ocupacional normal. En este momento se pone término a la construcción y habilitación de su Consultorio Externo.

Los demás puntos señalados en las observaciones del Honorable Diputado y que se relacionan con la designación de matronas y auxiliares para las Postas de Releco y Puñir; instalación de Postas en Choshuenco, Riñinahue, Mantilhue, Pi-pilcahuín (La Unión) y Malihue (Los Lagos), y terminación del Hospital de Futrono, cúmpleme manifestar a V. E. que se ha solicitado la información respectiva a la Dirección de la IX Zona de Salud, para responder oportunamente su petición.

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Ramón Valdivieso Delaunay. "

26.-INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización pasa a informaros un proyecto de ley, originado en un Mensaje, que legisla sobre Reforma Agraria.

La trascendencia de la legislación en informe constituyó la causa fundamental de que vuestra Comisión alterara las normas tradicionales que son usuales para el estudio y conocimiento de las materias de ley que corresponde informar a las Comisiones Permanentes de esta Honorable Corporación. En esta oportunidad, la Comisión estimó oportuno adoptar un procedimiento diferente que, sin apartarse de las funciones que le encomienda el artículo 60 del Reglamento Interior de esta Honorable Cámara, le permitiera obtener una visión de mayor amplitud en cuanto a las proyecciones que tendría para el agro nacional la realización de una auténtica reforma agraria.

Consecuente con estos objetivos, en sesión de fecha 15 de junio de 1965, o sea, cinco meses antes de que se enviara al Congreso Nacional el Mensaje en estudio, acordó realizar diversas giras a través del país, para informarse de la realidad agrícola nacional y de las condiciones socio-económicas del campesinado.

En las visitas practicadas celebró innumerables reuniones con el sector campesino, con los medieros, arrendatarios, medianos y pequeños agricultores quienes, por razones obvias, no podrían expresar sus opiniones en las sesiones de la Comisión, pues se trata de personas de una modesta condición social que tampoco disponen de una adecuada representación gremial.

Con fecha 30 de noviembre del mismo año, tomó conocimiento del proyecto de ley sobre Reforma Agraria, y determinó también un nuevo procedimiento para su discusión y estudio. Acordó, al efecto, invitar a todos los sectores agrícolas a que expresaran su pensamiento acerca de esta materia; a permitir que la prensa y los órganos de difusión estuvieran presentes durante el debate en general de esta iniciativa de ley: a requerir todos los antecedentes que fueren necesarios, y a solicitar la presencia de los funcionarios de los Servicios del Estado que, por su idoneidad y competencia, fueran de utilidad para el mejor conocimiento de este asunto.

En virtud de los acuerdos indicados, concurrieron a las sesiones de la Comisión las siguientes personas, en representación de las sociedades o entidades que se indican:

Don Mario Astorga, Secretario General del Consorcio Agrícola del Sur;

Don Pedro Enrique Alfonso, Presidente de la Sociedad Agrícola de Ovalle;

Don Rodrigo Alvarado, Secretario de la Asociación de Viticultores;

Don Bernardino Alarcón, Presidente de la Sociedad Agrícola del Sur, Concepción;

Don Santiago Astraín, Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile;

Don Sergio Andrew, Ejecutivo Federación de Estudiantes, Universidad Técnica;

Don Samuel Bañados, Coordinador de Cooperativas Multiactivas (Ahorro) Aconcagua;

Don Félix Borlaf, Vicepresidente del Consorcio Agrícola del Sur y Vicepresidente de la Sociedad Agrícola Ganadera Osorno;

Don José Cánepa, Director de Empresas Vitivinícolas Integradas;

Don Eduardo Cañas Lira, Presidente de la Asociación de Agricultores de Linares;

Don Eugenio Correa Montt, Presidente de la Junta de Vigilancia de la Asociación de Canalistas del río Maule;

Don Carlos Celle, Presidente subrogante de la U. F. U. C. H.;

Don Ricardo Díaz, Presidente del Colegio Médico-Veterinario de Chile;

Don Guillermo Donoso, Director Asociación Agrícola Central de Talca;

Don Jorge Donoso, Secretario Asuntos Nacionales U. F. U. C. H.:

Don José Elgueta, MovimientoIndíge-nera de Cautín;

Don Mario Ernst, Presidente de Agro-Llanquihue;

Federación de Estudiantes de Chile

(FECH. );

Federación de Estudiantes Universitarios Católicos (F. E. U. C. );

Don Santiago Gaete, Vicepresidente del Consorcio Agrícola del Sur, y Presidente de la Sociedad Agrícola de Valdivia;

Don José Galilea, Presidente de la Sociedad Agrícola de Malleco;

Don Alberto Gruebler, Vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Sur, Concepción;

Don Sergio González Espoz, Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos;

Don Rolando Garrido, Asesor legal de la Corporación de la Madera (CORMA);

Don Carlos Huaiquiñir, Indígena de "Corporación Lautarina";

Don Aníbal Huneeus, Presidente Asociación de Fruticultores del Centro y de la Cooperativa de Fruticultores del Centro;

Don Juan Huinchalal, Presidente del Movimiento Indígena de Cautín;

Don Adriano Hercolari, Vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Bío Bío;

Don Néstor Hermosilla, Director de la Sociedad Agrícola de Bío-Bío;

Don Agustín Huneeus, Presidente Empresas Vitivinícolas Integradas;

Don Manuel Hederra, Vicepresidente Asociación Agrícola Central de Talca;

Don Roberto Hiribarren, Tesorero del Sindicato Profesional de Agricultores de Linares;

Don Amoldo Kroneberg. Director de la Asociación Nacional de Productores de Trigo;

Don Pedro Lyon, Vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Norte;

Don Miguel Larouelet, Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco;

Don Luis Larraín Marín, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura;

Don Jorge Larraín Valdivieso, Presidente de la Asociación de Productores de Trigo;

Don Fernando Léniz Cerda, Presidente de la Corporación de la Madera, CORMA;

Don Alberto Melillán, Indígena de "Corporación Lautarina";

Don Barry Mac-Auliffe, Presidente de la Sociedad Agrícola del Norte;

Don Héctor Millán, Presidente del Consorcio Agrícola del Sur;

Don Miguel Manríquez, Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco;

Don Oscar Núñez, Secretario General de la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT);

Don Eugenio Ortiz, Presidente de la Asociación de Viticultores;

Don Carlos Rojas Bravo, Secretario Sindicato Profesional de Agricultores del Departamento de Linares;

Don Manuel Soffia, Representante de la Asociación de Pequeños Agricultores de Puerto Montt;

Don Bernardo Schmutzer, Presidente de la Cooperativa de Fruticultores Aconcagua;

Don Juan Stolzembach, Vicepresidente de Agro-Llanquihue;

Don Guillermo Stein, Vicepresidente de Empresas Vitivinícolas Integradas;

Don Gabriel Sepúlveda, Secretario de Empresas Vitivinícolas Integradas;

Don Javier Vial, Director de la Sociedad Nacional de Agricultura;

Don Tomás Voticky Lederer, Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura;

Don Abel Valdés Acuña, Representante de la Cooperativa Agrícola Lechera de Lautaro;

Don Alejandro Yáñez B., Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, y

Don Leonardo Yáñez, Presidente del Centro de Alumnos de la Universidad Técnica.

Contó también la Comisión, con la asistencia permanente del señor Ministro de Agriculturadon Hugo Trivelli; del señor Director de Tierras y Bienes Nacionales don Francisco Cumplido; de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Corporación de Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario, señores Rafael Moreno y Jacques Chonchol, respectivamente, y del Asesor Jurídico de la Corporación mencionada, don Jorge Orchard. Todos ellos prestaron una efectiva colaboración y no omitieron sus desvelos para ilustrar los debates habidos en el seno de la Comisión.

Concurrieron también a informar en las materias de su especialidad, los siguientes funcionarios:

Don Ernesto Araos Villegas, Representante de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Chile (CORA);

Don Carlos Avilés, Jefe Técnico de la Corporación de la Reforma Agraria;

Don Daniel Barría, Subsecretario de Agricultura;

Don Jaime Castillo, Ministro de Tierras y Colonización;

Don Rolando Chatonefe, Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;

Don Enrique Delgado Castillo, Ingeniero Agrónomo, Asesor del Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario;

Don Rómulo García, Ingeniero, Representante de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas;

Doña María Eugenia Gámez Basten, Ingeniero Agrónomo de la Corporación de la Reforma Agraria;

Don Jorge Galzoaga Gajardo, Ingeniero Agrónomo del Ministerio de Agricultura;

Don Leonel León Ramírez, Representante de la Federación del Ministerio de Agricultura;

Don Ulises Moreno, Subgerente de Desarrollo Nacional de la Corporación de Fomento de la Producción;

Don Alfonso Nogueira Correa, Ingeniero Agrónomo, Asesor de la Dirección de Agricultura y Pesca;

Don Martín Olmedo, Subsecretario de Agricultura;

Don Renato Rodríguez, Ingeniero de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas;

Don Juan Tolosa, Ingeniero Jefe de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas;

Don Carlos Valenzuela Ramírez, Subsecretario de Obras Públicas, y

Don Guillermo Yul, Representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

La Comisión realizó una labor exhaustiva, lo que importó un evidente sacrificio para los señores Parlamentarios que la integran. En efecto, para el estudio de este

proyecto de ley, celebró 50 sesiones, con una duración total de 122 horas; envió más de cien oficios y comunicaciones, y las giras programadas las efectuó durante los fines de semana para no entorpecer o paralizar sus tareas habituales.

El proyecto de ley en informe, persigue como objetivo fundamental modificar el actual sistema de tenencia de la tierra e incorporar a la propiedad de ella a quienes la trabajan. Con ello se pretenden dos aspectos esenciales: aumentar el volumen físico de los productos agrícolas y levantar el nivel de vida de la familia campesina en el orden económico, social, educacional y cultural.

La actual constitución de la propiedad agrícola, adolece de defectos estructurales que constituyen un freno para el desarrollo económico y social del país. Esta circunstancia es común a los pueblos de América Latina.

El crecimiento demográfico de estos pueblos ha sido mayor que la producción de bienes y servicios, en especial, en cuanto dicen relación con los productos alimenticios. Por esta causa, una parte considerable de los ingresos provenientes de las exportaciones que realizan deben ser destinados a suplir el déficit productivo. La aplicación de estos recursos para satisfacer necesidades impostergables, importa una disminución de los medios que podrían destinarse a incrementar el desarrollo industrial o la ejecución de obras de infraestructura o de otro orden que redituarían en una mayor productividad de bienes y servicios.

Las limitaciones que afectan a estos países por las razones expuestas, no permiten aumentar los ingresos de la población laboral, privándosele de la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Los problemas que con ello se suscitan, tomaron conciencia en los Gobiernos de este hemisferio quienes adquirieron el compromiso de

realizar las reformas conducentes a eliminar los factores negativos que impiden el desenvolvimiento de sus pueblos.

En la Carta de Punta del Este que suscribieron los Estados Americanos, se dio vida a la Alianza para el Progreso cuya iniciativa correspondió al ex PresidenteKennedy. En este documento que suscribieron veinte países americanos, entre ellos el nuestro, se establece un compromiso solemne para tomar, con carácter de urgencia, medidas concretas y positivas, individual y colectivamente, con el objeto de transformar en diez años el estado de atraso económico y social en que permanece América Latina y mejorar las condiciones de vida de las grandes masas desvalidas en un grado que les permita gozar de los beneficios del progreso moderno, además de satisfacer sus necesidades vitales.

Entre las medidas de mayor urgencia para la consecución de los fines expresados, se consigna la realización de una reforma agraria integral, en los términos establecidos en la Carta de Punta del Este "orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injusto sistema de tenencias y explotación de la tierra, con miras a subsistir el régimen de latifundio y de minifundio por un sistema justo de propiedad, de manera que... la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad".

La incorporación de estos nuevos conceptos importa, indudablemente, la aplicación del principio de la función social de la propiedad rural, con lo cual se substituye el régimen arcaico que imperó durante más de cuatro siglos sobre la tenencia de la tierra en base al sistema colonial español.

Con anterioridad al envío del Mensaje en estudio, el Ejecutivo remitió un proyecto de ley de reforma a la Constitución Política del Estado. Entre dichas reformas se consulta una enmienda al Nº 10, del artículo 10, en cuanto a determinar la fun-

ción social de la propiedad. El texto aprobado por esta Honorable Cámara, dice al respecto:

"Nº 10.- El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Cuando el interés de la comunidad lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de determinadas especies de propiedad.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación para que aquélla cumpla con la función social que el legislador califique. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte que deba enterarse al contado, el plazo y condicio-nes en que se entregará el saldo, si lo hubiere, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará la posesión material del bien expropiado.

El Estado propenderá a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar. ".

En esta oportunidad, fundamenta el Ejecutivo la reforma transcrita en términos que no podríamos dejar de reproducir por el valor que dicha argumentación representa. Expresa al respecto:

"La reforma del artículo 10, Nº 10, de la Constitución Política del Estado consagra la función social de la propiedad, siguiendo así la evolución innegable de las ideas que se han venido realizando en esta materia en la inmensa mayoría de los países del mun-

do, bajo la influencia de las tendencias sociales modernas a raíz de las dos Guerras Mundiales.

El derecho de propiedad conforme al Derecho Romano, que ha imperado en los países de América Latina a través de las influencias jurídicas hispanas y francesas que en ellos se han ejercido, ha dejado paulatinamente de tener carácter absoluto. Las necesidades del desarrollo económico y social, que son impostergables, han conducido a una reglamentación cada vez más estricta de ese derecho. En muchos países, esta evolución se ha reflejado expresamente en los textos constitucionales modernos en los que se tiende cada vez más a incluir disposiciones expresas sobre los derechos económicos y sociales, con el fin de incorporar a las grandes masas a la vida activa de la Nación.

Así es como en Europa, numerosas Constituciones han seguido el modelo de la Constitución alemana, llamada de Weimar, de 1919, en la que figuraba el lema: "La propiedad obliga", que ha sido reproducida en la Constitución de Alemania Occidental, de 1949, actualmente vigente. Este principio se ha seguido también principalmente en las Constituciones de Irlanda de 1937, que establece que: el ejercicio del derecho de propiedad debe ser regulado por los principios de la justicia social, limitándolos, a fin de reconciliar dicho ejercicio con las exigencias del bien común; Italia (1947): la ley determina los modos de adquisición y goce, así como los límites de la propiedad privada, con el fin de asegurar su función social y de hacerla accesible a todos; Japón (1946): la ley definirá los derechos de propiedad en conformidad al bienestar público; Turquía (1961); República Arabe Unida (1958); y en el Fuero de los Españoles (1945), artículo 30: "Todas las formas de propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien común; la riqueza no podrá permanecer inactiva". En Suiza, la reforma constitucional de 1947 introduce disposiciones relativas a las relaciones eco-

nómicas, estableciendo la posibilidad de que el legislador dicte normas derogatorias del principio de libertad del comercio y de la industria, cuando ello sea necesario para conservar una sana población rural, asegurar la defensa de la agricultura o consolidar la propiedad agrícola.

En nuestro propio Continente, las Constituciones de la gran mayoría de los países tienen muy en cuenta las cuestiones económicas y sociales. La función social de la propiedad se reconoce expresamente en los textos Constituciones de Bolivia (1961): garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés nacional; Brasil: el uso de la propiedad estará condicionado por el bienestar social; Colombia (1936): la propiedad es una función social que implica obligaciones; cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con las necesidades reconocidas por la misma ley, los intereses privados deberán ceder al interés público o social; Ecuador, El Salvador y Nicaragua: la propiedad impone obligaciones que corresponde fijar a la ley; Honduras y Panamá: el cultivo del suelo es un deber del propietario para con la comunidad; Paraguay: permite establecer límites a la propiedad privada, habida cuenta de su función social; Perú: la propiedad debe usarse en armonía con el interés social; Venezuela (1961): la propiedad, en virtud de su función social estará sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o interés social.

No es, por lo demás, el principio de la función social de la propiedad agraria un concepto completamente nuevo ni, sobre todo, foráneo en los países de América. Las leyes que rigieron la repartición de las tierras en la época de la Colonia, en las que se fundan, por cierto, en muchos casos y en último término, los títulos de los actuales propietarios rústicos, imponían la obligación de plantar y cultivar las tierras otorgadas, so pena de perderlas. Vale la

pena mencionar aquí la ley XI del Libro IV, Título XII de la Recopilación de las Leyes de Indias, de 20 de noviembre de 1536, la que estableció que si pasado un cierto término, los vecinos y moradores a quienes se les hiciere repartimiento no tuvieran puestos, plantas y árboles para poner la tierra en "buena y apacible disposición", perdieran la tierra para que se pudiera dar a cualquier otro poblador.

La aplicación del principio de la función social de la propiedad ha conducido a limitar su ejercicio, con frecuencia en los propios textos constitucionales. Así, por ejemplo, la Constitución de Costa Rica permite que se establezcan limitaciones a la propiedad, basándose en el interés social; la de México prescribe que la Nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; en Perú, la reforma constitucional de 1964 establece que la ley puede limitar la extensión de tierras de que puede ser dueña una misma persona; en Europa, la Constitución italiana de 1947 establece que para lograr el aprovechamiento racional del suelo y establecer relaciones sociales equitativas, la ley puede imponer obligaciones y limitaciones a la propiedad privada, fijar límites a su extensión y fomentar e imponer la transformación del latifundio. La Constitución de Alemania Occidental (1949), a su vez, prescribe en el artículo 15, lo siguiente: que el suelo, los recursos naturales y los medios de producción podrán, con fines de socialización, transformarse en propiedad colectiva o en otras formas de economía colectiva mediante una ley que determine el modo y el importe de la indemnización; la Constitución de la India (1949) determina que el Estado se esforzará por repartir la propiedad y fiscalizar los recursos materiales a fin de servir lo más posible el bien común e impedir que el funcionamiento del sistema económico conduzca a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la comunidad. El Fuero de los españoles, por su parte, establece que el Estado favorecerá

e1 acceso a las diferentes formas de propiedad.

Como queda acreditado con los ejemplos expuestos, en la mayor parte de los países del mundo las disposiciones de carácter constitucional establecen el nuevo concepto del derecho de propiedad, con función social, dejando a la ley la determinación de las disposiciones en que el concepto ha de concretarse en relación con las diferentes actividades humanas. En este sentido, vale la pena citar una sentencia de la Corte Suprema de Colombia, que, afirmando la constitucionalidad de la ley de Reforma Agraria de 1961. declara: "Tratándose de una afectación o carácter genérico del dominio, la función social de la propiedad no puede manifestarse sino mediante cargas precisas que corresponde señalar a la rama legislativa; la función social converge sobre todos los elementos de la propiedad (uso, goce y disposición) y puede afectar en un momento dado a uno de éstos o a todos. " En consecuencia, la legislación agraria de los diferentes países establece los criterios que clasifican la función social de la propiedad, los que se refieren a cuestiones tales como la conservación de los recursos naturales (tierra y agua) y el eficaz aprovechamiento de éstos, la limitación de la extensión con el fin de que la propiedad agraria se haga accesible al mayor número de ciudadanos, la restricción de los actos de disposición, que quedan condicionados por las necesidades económicas y sociales, la indivisibilidad de la unidad de explotación, con el fin de que ésta sea económica, la explotación directa del suelo por los propietarios, la obligación de plantar determinados cultivos, etc.

Son innumerables los ejemplos de países de las más diversas partes del mundo en los que la legislación especial sobre la agricultura establece los medios de lograr las necesarias transformaciones estructurales del agro. En España, la legislación agraria de los últimos 20 años impone a la propiedad rústica obligaciones en cuanto

al uso y aprovechamiento de los recursos naturales (obligación de realizar determinadas labores y de abonar la tierra; de sembrar plantas cuyos cultivos se consideren de interés nacional; de mantener un cierto peso vivo de ganado en los predios; de admitir en los predios el número de trabajadores agrícolas previsto por las leyes; de poner las tierras en riego; de efectuar trabajos de conservación del suelo; de construir viviendas y escuelas para el personal; y en general, de cooperar en la realización de la política agraria del Gobierno). Esta misma legislación también establece medidas que se inspiran inconfundiblemente en la función social de la propiedad: por ejemplo, la ley de 1947 sobre la agricultura contiene disposiciones que permiten la expropiación de las tierras mal cultivadas y la fiscalización de las autoridades públicas para lograr el buen aprovechamiento de las tierras

En Dinamarca, la legislación de 1951 sobre la propiedad rural establece que sólo las pequeñas propiedades pueden ser objeto de fusión, estando prohibido aumentar la extensión de las grandes explotaciones; la misma ley prohibe que una misma persona sea dueña de más de dos explotaciones agrícolas.

En Egipto, México, la India y Pakistán está prohibido poseer superficies que sobrepasen los límites establecidos por la ley. En Japón, la legislación de reforma agraria de 1952 exige el permiso de las autoridades competentes para poder adquirir tierras, autorización que no se concede cuando la superficie global excede de la que la ley establece. En Austria, Holanda, Suecia y Suiza, las transacciones inmobiliarias están sujetas a autorización oficial (leyes de 1954, 1959 y 1951, respectivamente), que no se concede cuando la adquisición de tierras se efectúa con fines de especulación o cuando se trata de aumentar la extensión de tierras de que sea dueña una misma persona, o también cuando el adquirente ya sea dueño de predios rústicos que le aseguren una subsis-

tencia adecuada. En varios países, por ejemplo, en el Japón, las tierras agrícolas sólo pueden ser adquiridas por personas naturales que sean agricultores. "

El establecimiento de la función social de la propiedad es imprescindible para reglamentar su ejercicio, a fin de realizar una reforma agraria integral.

Las limitaciones que en esta iniciativa de ley se imponen a los predios rústicos, tienen por objeto obtener un mejor aprovechamiento del suelo y que sirvan en forma más efectiva los intereses de la comunidad. Se antepone el bien común al interés del propietario, sin perjuicio de otorgar una conveniente indemnización a quienes resulten perjudicados.

Las razones que fundamentan este concepto son de orden social y económico. Son de orden social, primero, por cuanto un sector apreciable de los trabajadores

agrícolas vive en general en condiciones inaceptables, al margen de los beneficios que otorga la civilización, y son de orden económico, por cuanto la producción agrícola es deficitaria y gravita fuertemente en los recursos de la Nación.

Para que la Honorable Cámara pueda formarse un juicio adecuado, haremos un análisis de la forma en que está constituida la propiedad agrícola en Chile, de su estructura, su población y producción.

Estructura de la propiedad agrícola

De acuerdo con las informaciones proporcionadas en el Censo Agrícola y Ganadero realizado el año 1955, que es el último publicado, el número de predios y las unidades de explotación serían las siguientes:

CUADRO 1

Tamaño Nº de Porcentaje

(has. ) explotaciones

Menos de 1, 0 28. 246 18, 7

de 1a 4, 9 27. 515 18, 2

de 5 a 9, 9 19. 866 13, 2

de 10 a 19, 9 19. 225 12, 7

de 20 a 49, 9 22. 195 14, 7

de 50 a 99, 9 12. 346 8, 2

de 100 a 199, 9 8. 474 5, 6

de 200 a 499, 9 6. 766 4, 5

de 500 a 999, 9 3. 076 2, 0

de 1. 000 a 1. 999, 9 1. 555 1, 0

de 2. 000 a 4. 999, 9 999 0, 7

de 5. 000 y más 696 0, 5

Nº de Porcentaje Nº de

predios predios Nº Explot

30. 976 15, 0 1, 1

36. 390 17, 7 1, 3

26. 946 13, 1 1, 4

26. 703 13, 0 1, 4

32. 393 15, 7 1, 4

18. 506 9, 0 1, 5

13. 293 6, 5 1, 6

10. 552 5, 1 1, 6

4. 779 2, 3 1, 6

2. 571 1, 2 1, 6

1. 647 0, 8 1, 6

1. 154 0, 6 1, 6

TOTAL 150.959 100,0 205.910 100,0 1,4

A su vez, la distribución de la superficie agrícola, arable y regada por tamaño de explotación, es la que se indica en el

cuadro siguiente:

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA, ARABLE Y REGADA POR TAMAÑO DE EXPLOTACION

Tamaño (has. ) Superficie total % Superficie agrícola % Superficie arable % Superficie regada %

Menos de 1, 0 8. 411, 5 0, 0 6. 431, 2 0, 0 6. 234, 6 0, 1 3. 436, 9 0, 4

de 1a 4, 9 69. 705, 1 0, 3 60. 950, 4 0, 3 51. 287, 9 0, 9 20. 137, 3 1, 8

de 5 a 9, 9 139. 487, 7 0, 5 125. 036, 0 0, 6 95. 960, 3 1, 7 20. 210, 1 1, 8

de 10 a 19, 9 271. 724, 5 1, 0 244. 099, 0 1, 1 171. 529, 7 3, 1 27. 923, 3 2, 5

de 20 a 49, 9 704. 834, 1 2, 5 632. 445, 4 2, 9 401. 583, 2 7, 2 58. 739, 0 5, 3

de 50 a 99, 9 857. 161, 3 3, 1 778. 649, 3 3, 6 433. 578, 3 7, 8 54. 124, 6 4, 9

de 100 a 199, 9 1. 163. 653, 3 4, 2 1. 060. 207, 6 4, 9 585. 339, 8 10, 6 100. 046, 4 9, 2

de 200 a 499, 9 2. 100. 089, 4 7, 6 1. 924. 449, 0 8, 9 964. 573, 1 17, 4 231. 809, 5 21, 1

de 500 a 999, 9 2. 101. 297, 5 7, 6 1. 921. 813, 5 8, 9 770. 839, 6 13, 9 179. 834, 0 16, 4

de 1. 000 a 1. 999, 9 2. 111. 621, 3 7, 6 1. 900. 806, 6 8, 8 725. 164, 6 13, 1 147. 310, 9 13, 4

de 2. 000 a 4. 999, 9 3. 019. 676, 4 10, 9 2. 622. 932, 2 12, 1 653. 258, 9 11, 8 121. 182, 2 11, 1

de 5. 000 y más 15. 164. 646, 7 54, 7 10. 359. 240, 6 47, 9 684. 050, 7 12, 3 133. 230, 7 12, 1

TOTAL 27. 712. 308, 9 100, 0 21. 637. 060, 8 100, 0 5. 543. 380, 7 100, 0 1. 097. 984, 9 100, 0

Fuente: Censo Nacional Agrícola Ganadero 1955.

Las cifras expresadas anteriormente, permiten deducir ciertas conclusiones que es necesario hacer resaltar en esta oca-sión. En efecto, se puede determinar que de las 151. 000 explotaciones censadas, 76. 000 de ellas tienen menos de 10 hectáreas cada una, considerando todo tipo de suelos y sólo disponen, en conjunto, de menos del 1% del total de la tierra. A su vez, dentro de ese total, 28. 246 explotaciones tienen una cabida inferior a 1 hectárea, o sea, que no resultan adecuadas para una efectiva producción agrícola.

Ahora bien, si se consideran los porcentajes relativos a las explotaciones superiores a 500 hectáreas, vemos que éstas suman 6. 326, lo que representa el 4, 2% del total de los predios y disponen del 80, 80% de la tierra. En la misma forma las explotaciones inferiores a 10 hectáreas, poseen el 2, 8% de las tierras arables y el 4% de las de riego. En cambio,

las superiores a 500 hectáreas disponen del 51, 1% de la tierra arable y del 53% de la regada.

Las informaciones censales a que nos hemos referido y que se contienen en los cuadros pre insertos, han sido analizadas y resumidas en un estudio efectuado por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, que es un organismo internacional creado el año 1961 en Punta del Este. En dicho estudio, se distribuye la propiedad agrícola en cuatro tipos de explotaciones: subfamiliar, familiar, multi-familiar mediano y multifamiliar grande. El cuadro siguiente, indica el número de explotaciones que consulta cada una de estas clasificaciones, la población activa que la integra, la superficie agrícola, la arable y de regadío, el número de personal activo por explotación y los promedios de superficie arable y regada en cada caso.

Subfamiliar % Multifamiliar Multifamiliar

Familiar % Mediano % Grande % Total País

explotaciones (Unida-

des) ......... 55. 761 37, 0 60. 388 40, 0 24. 427 16, 0 10. 383 7, 0 150. 959 100, 0

Nº de activos agrícolas. 83. 801 12, 6 182. 919 27, 5 141508 21, 3 255. 961 38, 6 664. 189 100, 0

Superficies (en Hás. )

67. 400 0, 3 1. 762. 800 8, 1 2. 823. 000 13, 0 16. 983. 900 78, 6 21. 637. 100 100, 0

Arable......... 57. 500 1, 0 642. 600 12, 0 1. 220. 400 22, 0 12, 6 3. 623. 000 65, 0 78, 0 5. 543. 500 100, 0 100, 0

Regada ........ 23. 400 2, 1 80. 000 7, 3 138. 300 856. 200 1. 097. 900

Nº de activos por explo-

tación ........ 1. 5 - 3, 0 - 5, 8 -

Superficie arable, apro- 24, 7 - 4, 4 -

ximada por explota-

ción ......... 1 há. 11 hás. 50 hás. 349 hás.

Superficie regada apro-

ximada por explota-

ción ......... 0, 4 hás. 1, 4 hás. 5, 7 hás. 82 hás.

Fuente: CIDA, basado en la Dirección de Estadística y Densos, 1960: VI.

La estructura de la propiedad agrícola en nuestro país, puede clasificarse en diversas formas que conducen invariablemente a los mismos resultados. Si se toma, en esta oportunidad el estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola que está valorado por corresponder a una institución internacional dependiente de la Organización de Estados Americanos, obtendríamos las siguientes conclusiones si lo resumimos a dos estratos: predios pequeños (subfamiliar y familiar) y predios grandes (multifamiliar medianos y grandes).

Los predios pequeños corresponderían a 116. 149 explotaciones, o sea, el 77% del total de los mismos; la superficie arable

sería de 700. 100 hectáreas, o sea, el 13% del total de la tierra arable, y el promedio aproximado de dicha tierra por explotación alcanzaría a 6 hectáreas. Los predios grandes tendrían 34. 810 explotaciones, lo que es igual al 23% de éstas; la superficie arable alcanzaría a 8. 843. 400 hectáreas, o sea, el 87% de la tierra arable del país, con un promedio de 139 hectáreas por predio.

El estudio en referencia, consulta también la relación entre los valores de los predios clasificados en los estratos anteriores, el cual reproducimos a continuación para reafirmar las conclusiones que más adelante se señalan:

CUADRO 4 CHILE: VALOR FISCAL DECLARADO DE LA PROPIEDAD RUSTICA, SEGUN TRAMOS DE AVALUOS, 1961

(Avalúo en Escudos).

De Eº 0 a Eº 999

(Subfamiliar y De Eº 1000 a Eº 2999 De Eº 3000 y más

Familiar) Multifamiliar Total

Concepto Por (Mediano Grande)

Cantidades ciento Cantidades Por ciento Cantidades Por ciento Cantidades Por ciento

Total de predios

(unidades)... 220. 523 84, 4 21. 179 8, 1 19. 662 7, 5 261. 364 100, 0

Total del monto de

los avalúos (Eº) 46. <http://4o.037.900> 037. <http://4o.037.900> 900 <http://4o.037.900> 11, 1 36. 971. 400 8, 7 339. 266. 200 ' 80, 2 422. 275. 500 100, 0

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos, Roles de 1961.

Del análisis de lo anteriormente expuesto, se desprende que la estructura agraria de Chile tiene características especiales que revelan una considerable concentración de la tierra en un grupo limitado de propietarios que, además, poseen la mayor proporción de la tierra arable y regada, o lo que es igual, la de mayor valor.

Población Agrícola.

Según el censo del año 1955, la población agrícola activa alcanzaría a 648. 000 personas, lo que representaría el 30, 1% de la población total activa del país.

La distribución de la población mencionada, dentro de las diversas funciones que sirve, de acuerdo con las informaciones del censo referido, serían las siguientes::

CUADRO 5

POBLACION ACTIVA AGRICOLA Número Porcen-

Denominación de personas taje

Patrones y familia

res 329. 262 49, 6

Administradores.. 10. 094 1, 5

Técnicos y oficinis

tas 2. 570 0, 4

Personal de vigilan

cia 19. 499 2, 9

Obreros especializa

dos 13. 808 2, 1

Inquilinos e inquili-

no-medieros... 82. 367 12, 4

Medieros 26. 861 4, 0

Obreros, peones y

afuerinos.... 179. 779 27, 1

Total 664. 240 100, 0

En la relación anterior quedan de manifiesto algunos aspectos de interés. El número de patrones o propietarios correspondería al 50% de la población rural y el otro 60% estaría integrado por los empleados, medieros y obreros. De estos últimos, llama poderosamente la atención que el 27, 1 % corresponda a peones y afuerinos, es decir, personal transitorio que, a pesar de que el trabajo agrícola constituye su medio general de vida, no está radicado en un predio determinado, sino

que sirve alternativamente en varios de ellos, según sea la demanda de obra de mano.

En el estudio del Comité Interamerica-no de Desarrollo Agrícola (CIDA) se consulta una relación diferente que, sin diferir en lo fundamental de las informaciones censales, proporcionan una visión actualizada que armoniza con los estratos en que ha clasificado la propiedad agrícola. El cuadro siguiente corresponde a este estudio.

CUADRO 6

DISTRIBUCION DE LA POBLACION AGRICOLA, SEGUN SU STATUS OCUPACIONAL Y FORMA DE TENENCIA, 1966.

Población Porcen-FORMA DE TENENCIA agrícola total taje

Población

Familias agrícola Porcen-

agrícolas Porcentaje activa taje

. Productores de ex-

plotaciones multi-

familiares grandes.

Propietarios... 38. 500 2. 0 8. 500 2. 5 11. 300 1. 7

Otros (a).... 8. 300 0. 4 1. 800 0. 4 2. 400 0. 3

Subtotal... 46. 800 2. 4 10. 300 2. 9 13. 700 2. 0

B. Productores de explotaciones multi-familiares media-

nas.

Propietarios... 94. 700 4. 9 19. 000 5. 6 38. 200 5. 8

Otros (a).... 17. 100 0. 9 3. 300 0. 9 6. 700 1. 0

Subtotal... 111. 800 5. 8 22. 300 6. 5 44. 900 6. 8

C. Administradores y

empleados técni-

cos.

Administradores

de predios multi-

familiares.... 16. 700 0. 9 5. 300 1. 6 6. 700 1. 0

Empleados técni-

cos y profesiona-

les 6. 300 0. 3 2. 000 0. 6 2. 600 0. 4

Subtotal... 23. 000 1. 2 7. 300 2. 2 9. 300 1. 4

D. Productores de ex-

plotaciones fami-

liares.

Propietarios... 307. 500 15. 9 51. 200 14. 8 91. 700 13. 8

Otros (a).... 59. 900 3. 1 9. 900 2. 9 17, 800 2. 6

Subtotal... 367. 400 19. 0 61. 100 17. 7 109. 500 16. 4

E. Pequeños productores en comunidades agropecuarias.

Comuneros indíge

nas

263. 700

13. 6

47. 900

13. 9

104. 500

15. 7

Población

Población Porcen- Familias agrícola Porcen-

FORMA DE TENENCIA agrícola total taje agrícolas Porcentaje activa taje

Comuneros suceso-

72. 500 3. 8 9. 400 2. 7 28. 500 4. 3

Subtotal... 336. 200 17. 4 57. 300 16. 6 133. 000 20. 0

F. Productores de ex-

plotaciones subfa-

miliares.

Propietarios... 121. 600 6. 3 18. 200 5. 3 31. 800 4. 8

Otros (a).... 28. 400 1. 5 4. 300 1. 3 7. 500 1. 2

Subtotal... 150. 000 7. 8 22. 500 6. 6 39. 300 6. 0

G. Operadores de uni-

dades en subtenen-

cias y trabajado-

dores.

Medieros.... 134. 500 7. 0 26. 900 7. 8 40. 400 6. 1

Capataces y obre-

ros especializa-

147. 000 7. 6 29. 400 8. 5 44. 100 6. 6

Inquilinos e inqui-

linos - medieros

(b) 494. 400 25. 6 82. 400 23. 9 173. 700 26. 2

Trabajadores sin

122: 500 6. 3 25. 400 7. 4 56. 300 8. 5

Subtotal... 898. 400 46. 5 164. 100 47. 6 314. 500 47. 3

Total Nacional 1. 933. 600 100. 0 344. 900

100. 0

664. 200

100. 0

Fuente: Censo Agropecuario 1955. Estimaciones CIDA.

Nota: Debido a las aproximaciones, la suma de los parciales no siempre corresponde a los totales.

Incluye arrendatarios, cesionarios y ocupantes.

Se consideró que el número de familias de inquilinos e inquilinos-medieros era igual al total de inquilinos del Censo de 1955.

(a) Como puede notarse en este cuadro, se ha seguido una metodología diferente que incluye a los pequeños productores de comunidades indígenas y sucesoriales, como también a los operadores de "subtenencias", o sea, a quienes forman parte igualmente de los productores agrícolas a un nivel distinto.

Resulta conveniente destacar también, que un sector mayoritario de los pequeños propietarios agrícolas está radicado en los llamados "minifundios", denominación que obedece a propiedades agrícolas que, por su reducida superficie, no constituyen una unidad económica que permita un eficiente aprovechamiento del suelo.

Los problemas creados por estas explotaciones agrícolas tienen especial importancia en una reforma agraria, por cuanto constituyen la negación de los objeti-tivos fundamentales que la informan. La división de la propiedad agrícola en unidades económicamente inconvenientes, tiene consecuencias que gravitan en una baja productividad y en la existencia de condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana.

En Chile, el más alto porcentaje de pequeños propietarios está radicado en la provincia de Chiloé, donde alcanza al 86% de la población agrícola. La Comisión estimó conveniente visitar esta zona e imponerse de todo cuanto se relaciona con este problema.

Dentro de este importante número de pequeños propietarios, se encuentran asimismo las comunidades indígenas ubicadas en la zona sur del país, los comuneros de la provincia de Coquimbo y otros que se han establecido en los terrenos más pobres de la Cordillera y Pre-cordillera Andina.

La Comisión visitó también las Comunidades de la provincia de Coquimbo, cuya actividad principal la constituye la crianza de ovinos y bovinos. Estos propietarios viven en condiciones lamentables de abandono y carecen de los medios más esenciales de subsistencia, lo cual los obliga, cada cierto tiempo, a buscar trabajo en las ciudades cercanas o en la actividad minera del norte del país. Sin embargo, retornan siempre a sus predios donde invierten lo que han obtenido con tanto sacrificio.

Se destaca igualmente en el cuadro anterior, la circunstancia de que el porcentaje mayoritario de la población agrícola corresponda a los medieros, capataces, inquilinos y trabajadores sin tierra, que constituyen el 47% de dicha población. Este sector, según el informe de CIDA, es el que contribuye en mayor proporción a la producción agrícola.

Finalmente, si deducimos del cuadro en referencia a la población que corresponde a productores de explotaciones multifa-miliares grandes y medianos, a los arren-dtarios y empleados técnicos y a los propietarios de explotaciones familiares, tenemos que el 71% de la población total está radicado en pequeñas propiedades como el minifundio o las comunidades, o bien forma parte del grupo de medieros y trabajadores agrícolas.

Producción Agrícola.

Nos hemos referido a dos aspectos que tienen íntima relación entre sí: la estructura de la propiedad agrícola y la población que la integra. Nos corresponde, en consecuencia, analizar la influencia de estos factores en cuanto dicen relación con la productividad del agro nacional.

La producción agrícola representa aproximadamente el 10% del producto bruto total del país. Si consideramos que la agricultura ocupa al 30% de la población activa, la rentabilidad que produce no dice relación con la de otras actividades productivas.

Esta baja productividad tiene graves consecuencias, por cuanto tiene efectos negativos en la economía de la Nación.

En este aspecto, nos limitaremos a reproducir los conceptos que contiene el Mensaje, que reflejan la preocupación del Gobierno por esta materia. Expresa lo siguiente:

"Según los estudios realizados por la Oficina de Planificación Nacional, se establece que entre 1939 y 1966, la producción agropecuaria-silvícola aumentó en una tasa del 2% anual, en circunstancia que la población de nuestro país se incrementó en el mismo período a un ritmo del 2, 26% por año. Como consecuencia de este desajuste entre el crecimiento de la producción agropecuaria nacional y la expansión de la población, Chile se ha visto obligado en los últimos 23 años a desti-

nar una creciente cantidad de divisas para importar alimentos y otros productos agropecuarios que no se están produciendo en nuestro país en cantidad suficiente y que son básicos para la sustentación de nuestro pueblo.

Es tal esta situación, que hasta el año 1939 nuestro país exportaba productos agrícolas por una cifra aproximada de 24 millones de dólares y teníamos necesidades de importación para este mismo período en productos agropecuarios por un valor de 11 millones de dólares, con lo cual el país obtenía un beneficio neto de su comercio exterior agropecuario. Esta situación se tornó desfavorable a contar desde el año 1942 y es así como en el año 1946, frente a un volumen de exportaciones agropecuarias de 47 millones de dólares, se importaron 57 millones de dólares, con lo cual se tuvo un déficit de 10 millones de dólares.

El promedio trienal 1961-63 señala importaciones de productos agropecuarios por un valor de 137 millones de dólares anuales y exportaciones del mismo origen por 33 millones de dólares, lo que arroja un saldo neto en contra del comercio exterior agropecuario de 104 millones de dólares.

En el año 1964 la situación es aún peor, ya que las importaciones agropecuarias alcanzaron a algo más de 159 millones de dólares, en tanto que las exportaciones llegaron a 39 millones de dólares, con lo que el saldo neto desfavorable aumentó a 120 millones de dólares.

Las cifras anteriores revelan que nuestro déficit de producción agropecuaria, principalmente alimentos, exigió gastar en importaciones de este tipo, más de la cuarta parte (27%) del valor total de todas nuestras exportaciones, que alcanzaron en 1964 a 590 millones de dólares.

De las importaciones efectuadas durante el año 1964 solamente 37 millones de dólares correspondieron a productos tropicales que el país no puede producir. La diferencia de 122 millones de dólares se

gastó en productos que son susceptibles de ser obtenidos en nuestros suelos, como trigo, carne, leche, mantequilla, azúcar y otros".

Las apreciaciones del Ejecutivo han sido confirmadas por las informaciones recibidas por vuestra Comisión y respecto a las cifras citadas, concuerdan ellas con los antecedentes que tuvo oportunidad de conocer. Sin embargo, con el propósito de precisar mejor dichas informaciones, se inserta a continuación un cuadro basado en las estadísticas del Banco Central de Chile en cuanto al Comercio Exterior Agropecuario.

CUADRO 7

CHILE. COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO, 1949 - 1962.

Balance

Año Exportación Importación Comercial

(Millones de Dólares)

1949 40, 2 64, 1 -23, 9

1950 36, 5 69, 2 -32, 7

1951 52, 2 83, 6 -31, 4

1952 46, 0 120, 3 -74, 3

1953 42, 1 91, 5 -49, 4

1954 36, 5 123, 7 -87, 2

1955 36, 1 112, 7 -76, 6

1956 33, 4 82, 0 -48, 6

1957 36, 1 92, 9 -56, 8

1958 34, 2 93, 7 -59, 5

1959 35, 3 86, 4 -51, 1

1960 30, 3 117, 1 -86, 8

1961 37, 1 126, 4 -89, 3

1962 (a) 40, 3 127, 9 -87, 6

1963 (a) 39, 4 181, 1 -141, 7

El cuadro anterior indica dos circunstancias evidentes. La primera, que las exportaciones de productos agrícolas en el período 1949-1963 no sólo se han estancado sino que han disminuido en 800. 000 dólares, y la segunda, que las importaciones han aumentado en 117. 000. 000 de dólares en el mismo período.

De las cifras anteriormente expuestas,

se desprende que la producción agropecuaria del país, es deficitaria para atender las necesidades de la población y ha mantenido un ritmo progresivo que está llegando a límites que perjudican gravemente los intereses de la Nación.

Sin embargo, cabe preguntarse si es posible eliminar las causas que motivan este déficit de producción.

Nuestro país tiene una superficie de 74 millones de hectáreas, excluido el territorio Antártico, y de esta cifra sólo 30 millones de hectáreas son susceptibles de algún aprovechamiento agrícola o ganadero, por cuanto 21 millones de hectáreas son de aptitud exclusivamente forestal, y el resto corresponde a desiertos, cordilleras, lagos, ríos, dunas y terrenos erosionados.

De la superficie agrícola ganadera indicada, 11 millones de hectáreas son potencialmente arables y de éstas sólo 6 millones son aptas para el cultivo sin limitaciones importantes. El censo agropecuario de 1955, estima en 5, 5 millones de hectáreas la superficie arable y establece que se cultivan solamente 2 millones de hectáreas, por cuanto el resto se encontraba con pastos naturales.

Según informaciones del censo anterior, la superficie regada, de acuerdo con el cuadro que se inserta anteriormente, alcanzaría a 1. 100. 000 hectáreas y de esta cantidad cerca del 30% estaría cubierta también con pastos naturales. Esta última circunstancia demuestra, fehacientemente, el mal aprovechamiento del suelo de mayor valor del país lo que constituye la causa primordial del déficit de producción en referencia.

Ahora bien, Honorable Cámara, para eliminar estos factores negativos es indispensable la aplicación de diversas medidas que formen un conjunto armónico y dinamicen el proceso productivo de la agricultura.

En primer término debe realizarse una división de la propiedad agrícola en unidades en las cuales sea posible aplicar el

más alto nivel técnico de explotación que permita el mejor uso de la tierra y el agua.

En segundo lugar, debe propenderse a radicar en las unidades que resulten de esta división a quienes actualmente trabajan la tierra y que por sus aptitudes y conocimientos están en condiciones excepcionales para mantener y mejorar su productividad.

En tercer lugar, es necesario mejorar los canales de comercialización de los productos del agro y evitar la intromisión de intermediarios que encarecen el precio del producto, perjudicando tanto al consumidor como al productor.

En cuarto lugar, es necesario atender a una mejor distribución del crédito agrícola de manera que beneficie por igual a todos los que participan en la gestación del proceso productivo, y

Finalmente, debe planificarse la producción de acuerdo a las necesidades del país.

Para el logro de estos objetivos, es necesario coordinar diversas medidas de orden administrativo y establecer las disposiciones legales conducentes a facilitar la realización de una reforma agraria.

En cuanto a las medidas de orden administrativo, el señor Ministro de Agriculturadon Hugo Trivelli, en sesión de la Comisión, celebrada el 10 de junio de 1965, hizo una exposición relativa a la política agrícola adoptada por la actual Administración, que consulta un mejoramiento de precios de los productos agropecuarios dentro del esquema antinflacio-nísta fijado por el Gobierno, a fin de restablecer su equilibrio frente a los precios de los demás sectores de la economía nacional. Asimismo, se buscarían nuevos métodos de comercialización, especialmente a través del sistema cooperativo. Por otra parte, se estaba dando una nueva orientación al crédito agrícola y se habían adoptado procedimientos adecuados para atender a la provisión de abonos y

disminuir el valor de los insumos que requiere la agricultura.

Respecto a las medidas de carácter legislativo, la principal de ellas es la que corresponde al proyecto de ley en informe.

Al comienzo de esta exposición, nos hemos referido a la función social de la propiedad y a través de los antecedentes expuestos se ha proporcionado una visión de la estructura de la tierra, de la población que en ella labora y de su producción. Sin embargo, el concepto de función social importa algo más, importa hacer accesible la propiedad a todos los que han hecho de ella su medio habitual de vida.

En base a este principio la propiedad de la tierra no puede ser objeto de acaparamiento ni tampoco de abandono, por cuanto ambas circunstancias atentan contra la esencia misma del concepto.

Es un hecho irredargüible, y así lo demuestran las informaciones censales que hemos citado, que existe una gran concentración de tierras y aguas en pocas manos y existe también una población rural apreciable que dispone de muy poca tierra y una gran masa de asalariados sin tierras.

Este último sector no ha tenido acceso a la propiedad agrícola debido a las limitadas posibilidades que le permite su nivel social y económico. El Ejecutivo, al referirse a esta materia, manifiesta lo siguiente:

"Nuestra población campesina que alcanza a un número superior a dos millones de personas, vive en general en condiciones inaceptables marginada de las ventajas y beneficios que otorga la civilización de nuestros tiempos, salvo escasas excepciones.

La agricultura ocupa un poco menos del 30% de la población activa y produce sólo entre el 8 y 10% de la riqueza que anualmente se produce en el país. Esto

demuestra que esta actividad económica se caracteriza por una baja productividad de la fuerza de trabajo que ella ocupa. Esta baja productividad se debe, en parte, a que los trabajadores agrícolas chilenos no logran trabajar un promedio de más de 180 a 200 días de los 365 que tiene cada año, aparte de que una proporción también importante de ella, gasta su tiempo en ocupaciones que no significan otra cosa que ocupación disfrazada. En resumen, se puede afirmar que alrededor de 1 |3 de la fuerza de trabajo disponible en la agricultura permanece ociosa y todo esto por la mala distribución de la tenencia de la tierra que prevalece en nuestros campos.

La falta de empleo pleno para la población campesina que desde el punto de vista económico es altamente desfavorable, está acompañada de situaciones sociales y humanas que son muy agudas y perjudiciales que es imprescindible corregir y solucionar a la más urgente brevedad. Esta es una tarea presente e impostergable.

A este respecto debemos anotar que siendo el nuestro un país con un apreciable grado de desarrollo de la educación elemental, ya que entre la población mayor de 15 años que vive en los sectores urbanos sólo el 11. 2% de ellos son analfabetos, en circunstancias que dicho porcentaje en los campos supera el 36%, lo que viene a demostrar la escasez de oportunidades educacionales que ha tenido este último sector de la población. Es necesario aclarar que este grado de analfabetismo no incluye toda la población campesina, ya que existe un gran número de gente que teniendo instrucción de primer grado, aparece como alfabeto, cuando de hecho han perdido esa mínima capacidad de leer y escribir.

En materia de vivienda, nuestra población campesina es, sin duda, la más postergada. Así, podemos citar lo manifestado en el seminario de vivienda campesina que se celebró en 1958 en la Universidad

Católica de Chile, en el cual se recomendaba que más de la mitad de las viviendas campesinas del país debía ser totalmente reemplazada, todo esto sin considerar los terremotos y otros desastres naturales que desde ese tiempo a la fecha han agravado la situación descrita.

En un estudio posterior efectuado por el Ministerio de Agricultura en fundos, de superficie superior a 100 hectáreas, en una comuna rural de condiciones superiores al promedio del país, se encontró que el 66% de las casas campesinas tenían piso de tierra, un 55% de ellas no disponían de servicios sanitarios y un 70% se abastecía de agua de acequia. Además, en un 90% de los casos encuestados dormían de dos a seis personas por pieza y una misma cama servía para más de una y hasta cuatro personas.

No es posible que en nuestros tiempos personas humanas con dignidad e igualdad de derechos como son nuestros campesinos, puedan vivir en condiciones sub-humanas de las cuales profundamente nos avergonzamos.

Muchos otros ejemplos podrían citarse para presentar esta crítica situación en la cual vive nuestro campesinado que reflejan la falta de oportunidades que ellos han tenido hoy día, situación que en muchos casos también repercute en los sectores urbanos. "

Estos conceptos revelan una situación de hecho que no es posible desconocer atendida la realidad nacional. Por otra parte, se explican también estas afirmaciones si se tiene presente la baja participación que corresponde al sector laboral en la agricultura.

Sin entrar a analizar el ingreso que han percibido y que perciben los trabajadores agrícolas, conviene dejar de manifiesto algunas consideraciones de orden general.

Es un hecho positivo que para fomentar el desarrollo industrial es necesario que exista una demanda permanente y constante de productos manufacturados y que a mayor demanda disminuyan los cos-

tos de producción. Esto ocurre en los países desarrollados que cuentan con un sólido mercado interno, lo que a su vez les permite proyectar una conveniente exportación.

En nuestro país, como en los demás países latinoamericanos, el mercado interno es débil, debido a los bajos ingresos que perciben los asalariados. Esta circunstancia determina, especialmente en la agricultura, que un sector importante de la población se encuentre al margen del consumo, lo cual constituye un freno para la expansión de otras ramas de la producción nacional.

Para que estos grupos laborales se incorporen al consumo, no sólo requieren de mejores ingresos, es necesario e imprescindible también que entren a participar con plenitud en los beneficios de la educación, de la cultura y de todo cuanto atañe a los métodos de vida que la civilización actual entrega a los seres humanos. Es necesario entonces realizar una promoción a niveles más altos, e ir a la formación de una clase campesina sana y vigorosa capaz de proporcionar al país los productos alimenticios que con tanta urgencia necesita.

El proyecto de ley en informe, persigue los objetivos enunciados y a través de sus disposiciones se trasluce con absoluta claridad este anhelo del sector campesino que comparten por igual la actual Administración y la mayoría de los miembros de esta Comisión.

Como se manifiesta al comienzo de este informe, durante la discusión general del proyecto tuvieron oportunidad de expresar su pensamiento todos los sectores que participan en el proceso agrario. Y consta de las actas de las sesiones celebradas al respecto, que todos ellos, sin excepción alguna, fueron partidarios de la realización de una Reforma Agraria. Sólo en una oportunidad la Comisión tuvo la sorpresa de conocer un planteamiento diferente de parte del Sindicato Pro-

fesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, y éste se basa en un lógico razonamiento motivado por efectos de la aplicación de la ley Nº 6. 152, de 19 de enero de 1938, modificada por las leyes números 7. 757, de 25 de enero de 1944, y 13. 908, de 24 de diciembre de 1959, en cuanto se refieren al arrendamiento y enajenación de predios fiscales en Magallanes.

En efecto, Honorable Cámara, la legislación citada estableció un sistema de arrendamientos y transferencias de terrenos en esa provincia, que hizo accesible el uso y la propiedad de la tierra a personas extrañas al sector agrícola, por cuanto entre los requisitos exigidos a los postulantes a ella, se configura una solvencia económica que los trabajadores campesinos residentes en la zona no estaban en condiciones de satisfacer. Por esta causa, los lotes que resultaron de la división de la tierra fueron entregados a personas ajenas a las labores del agro y, en muchos casos, provenientes de otras provincias o regiones en las cuales desarrollaban funciones diversas a las de la agricultura.

Estos nuevos agricultores, llamados "loteros"; iniciaron sus actividades agrícolas ocupando a los obreros y trabajadores que quedaron desocupados al dividirse la tierra que explotaban las empresas o sociedades ganaderas constituidas en la provincia, cuyos contratos de arrendamiento o concesión habían terminado. Indudablemente, la oferta de trabajo hizo bajar los salarios y regalías de que disfrutaban estos campesinos en las grandes empresas, produciéndose un desnivel entre ellos y los que continúan en dichas empresas. Además, es diferente la situación entre una empresa organizada y una pequeña en organización.

Las circunstancias anotadas fundamentaron esta posición del Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica la que, posteriormente rectificaron por intermedio de sus personeros más re-

presentativos al conocer los objetivos de esta Reforma Agraria.

Una de las finalidades de esta legislación, es precisamente radicar en la tierra a quienes actualmente la trabajan, sin considerar para ello la capacidad económica del postulante, sino que, exclusivamente su aptitud para las labores agrícolas.

Legislación sobre colonización.

Las antiguas leyes de colonización tuvieron como objetivo radicar colonos en tierras inexplotadas para incorporarlas a la producción. En general, se trataba de terrenos fiscales que se cedían en arrendamiento por un plazo determinado. Vencido este plazo el arrendatario podía optar a la propiedad del predio siempre que cumpliere ciertos requisitos y se aviniere a pagar un precio por el valor de la tierra.

Las concesiones se otorgaban sin sujeción a criterio técnico alguno y sin mayores exigencias en cuanto al resguardo de los recursos naturales renovables.

Con la dictación de la ley Nº 4. 496, de 15 de diciembre de 1928, que creó la ex Caja de Colonización Agrícola, se modificó el sistema anterior y se propendió a la formación de parcelas. Posteriormente, la ley Nº 5. 604, de 16 de febrero de 1935, introdujo diversas enmiendas a esta legislación, en especial en cuanto a eliminar algunas limitaciones en ella establecidas respecto a la expropiación de predios aptos para la formación de parcelas y a la toma de posesión de los mismos.

Las parcelas formadas por este organismo tuvieron, en general, resultados favorables, pero algunas de ellas han constituido justa causa de preocupación, por cuanto fueron muchos los casos de ausentismo de los parceleros y en algunas oportunidades también habían éstos entregado la tierra en mediería para su explotación por terceros.

Por último, la ley Nº 15. 020, de 27 de

noviembre de 1962, en su artículo 11, creó la Corporación de la Reforma Agraria, cuyo Estatuto Orgánico se estableció por Decreto R. R. A. Nº 11, de 5 de febrero de 1963. Este organismo fue el sucesor legal de la ex Caja de Colonización Agrícola y a él compete ejercer las funciones de su antecesor y las demás que la ley le señala.

La ley Nº 15. 020, sobre Reforma Agraria.

Estima la Comisión que en esta legislación se estableció un conjunto de disposiciones sobre reforma agraria, que en la práctica han resultado inadecuadas por tres razones fundamentales: 1°) Por cuanto no se contempla entre las causales sobre expropiación de predios rústicos el exceso de superficie, determinándose la cabida de un predio en base a un criterio técnico adecuado; 2º) Por no haberse establecido un sistema de indemnización conveniente, esto es, que sin perjuicio de los legítimos derechos del propietario expropiado, se considere el interés de la colectividad en base a los nuevos conceptos de la función social de la propiedad, que permitan el pago de la indemnización de acuerdo con los recursos de que dispone el Estado, pues, en caso contrario no puede realizarse un cambio masivo de la estructura de la tierra, y 3º) Por cuanto no se agilizó en el procedimiento de la expropiación la toma de posesión del bien expropiado, lo cual constituye un serio obstáculo para la continuidad de los trabajos agrícolas en el predio objeto de la expropiación.

El Ejecutivo al comentar las disposiciones de dicha ley en este Mensaje, expresa que "examinando las causales de expropiación contenidas en los artículos 15 y siguientes de la mencionada ley, podrá observarse que ninguna de ellas tiende directamente a limitar la extensión de los predios agrícolas a un máximo social-mente aceptable, ni a consagrar un régi-

men que ponga término a la acumulación en pocas manos de la propiedad rural y signifique un verdadero cambio de las estructuras agrarias existentes en el país, a fin de posibilitar el desarrollo social y económico del campesino". Más adelante agrega:

"Asimismo dice, dicha ley consagra el pago al contado de las indemnizaciones por las expropiaciones y, si bien la reforma constitucional de 1963, permite el pago a plazo de parte de la indemnización tratándose de la expropiación de predios abandonados y mal explotados, la falta de legislación complementaria impidió hacer uso de esa limitada facultad.

También de acuerdo con los términos de la ley que se comenta, el expropiador para tomar posesión material del predio expropiado debe esperar la sentencia de término que regule la indemnización, cuyo procedimiento para establecerla es excesivamente lento, ya que la sentencia del Tribunal Especial de Expropiaciones Agrarias puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones respectiva y a su vez, la sentencia de dicho Tribunal, puede ser objeto de recursos de casación ante la Corte Suprema.

Con la reforma constitucional del año 1963 se pretendió agilizar el procedimiento para tomar posesión material del bien expropiado, pero para que pueda aplicarse dicho procedimiento es indispensable que el dueño del predio expropiado no haya reclamado de la procedencia de la expropiación. Así las cosas, esta facilidad que pretendió darse al expropiador queda sujeta a la voluntad del propietario expropiado, a quien le basta reclamar de la procedencia de la expropiación para hacer inoperante el sistema previsto en dicha reforma constitucional.

Además, cabe considerar que los sistemas de selección de los asignatarios de tierras establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley R. R. A. Nº 11 de 1963, dictado conforme a las facultades confe-

ridas en la misma ley citada, otorgan en el hecho mayores facilidades para el acceso a la tierra a aquellas personas que tienen mayores recursos económicos y no a quienes efectivamente la trabajan.

Basta con señalar estos cuatro puntos para demostrar en forma inequívoca que la ley Nº 15. 020 no es el instrumento adecuado para realizar un cambio fundamental en las estructuras del agro chileno y tiende fundamentalmente a mantener el sistema agrario y social imperantes. "

Los conceptos que el Ejecutivo formula, han sido confirmados por vuestra Comisión durante el estudio de esta iniciativa de ley. Nos referiremos a dos circunstancias que corroboran estas observaciones.

En primer término, en el curso de la discusión general del proyecto en estudio, los representantes del Sindicato Profesional de Agricultores de Linares al objetar la calificación de predios mal explotados o abandonados, y, en respuesta a una observación relativa a que dicha calificación se consigna en la ley Nº 15. 020 actualmente vigente, manifestaron que dicha legislación no les habría causado preocupación alguna, por cuanto habían considerado que no tendría aplicación, razón por la cual no tenían mayor conocimiento de ella.

En segundo lugar, el señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria hizo entrega a la Comisión de los acuerdos del Consejo de ese organismo, relativos a la expropiación de cerca de 100 predios agrícolas, de los cuales sólo una parte reducida de los mismos se había perfeccionado, debido a los inconvenientes que el procedimiento de expropiación consulta en la legislación vigente.

El proyecto de ley que en esta oportunidad corresponde informar a vuestra Comisión, consulta un conjunto de disposiciones destinadas a realizar una reforma agraria integral, en base a los objetivos que se han enunciado al comienzo de esta exposición. Consta esta proposición de ley, de 165 artículos permanentes y

cinco artículos transitorios, los cuales se han compilado en diez Títulos, subdivi-didos éstos a su vez en diversos Capítulos.

Era el deseo de vuestra Comisión hacer un examen exhaustivo de cada uno de los artículos que integran este texto, pero atendida su extensión y la urgencia en legislar sobre esta materia, cree conveniente analizar sólo aquellas proposiciones de mayor trascendencia y de manifiesta importancia.

El artículo 1º del texto legal en informe, define los conceptos que el proyecto de ley emplea para» calificar determinadas circunstancias.

En la letra a) se señala lo que se entiende por "predio rústico", o sea, todo predio agrícola, ganadero o forestal que esté comprendido en zonas rurales o urbanas, entendiéndose que la palabra "agrícola" implica el significado de ganadero o forestal, salvo que la ley expresamente le diera una interpretación diferente en ciertas oportunidades.

La acepción de "agrícola" en este caso, incluye el vocablo "forestal", por cuanto de no expresarse así quedarían excluidos estos últimos predios, ya que el concepto anterior sólo se refiere a los predios de cultivo.

La letra b) determina el significado de "predio abandonado" que corresponde a aquél que no es objeto de hechos positivos de explotación económica. Determina, asimismo, qué clase de actividad agrícola se entiende por hechos positivos de explotación económica, a fin de precisar en la mejor forma posible esta calificación.

La letra c) determina el significado de "predio mal explotado", usando términos similares a los indicados en la letra a) del artículo 15 de la ley 15. 020. Sin embargo, amplía este concepto en cuanto a definir qué predios se reputarán siempre como mal explotados.

Al efecto, se reputará mal explotado todo predio cuya superficie sea superior

a 15 hectáreas de riego básicas que no reúna, en forma conjunta, determinadas condiciones. Las condiciones en referencia constituyen un conglomerado de labores agrícolas conducentes a un buen aprovechamiento de la tierra, es decir, todo aquello que representa una actividad económica productiva.

El peso de la prueba de los diferentes requisitos que en esa disposición se señalan, corresponderá al propietario. Las razones que fundamentan la inversión de esta institución jurídica, se deben a la conveniencia de agilizar el procedimento expropiatorio, atendida la extensión de las diligencias probatorias.

La letra d) señala lo que se entiende por "explotación directa", estimándose que se configura esta circunstancia, cuando se trata de una persona natural que explota por su cuenta la tierra, dirige por sí misma la explotación y participa de sus riesgos y beneficios. Consulta también como tal algunos casos calificados, cuando por tratarse de personas de avanzada edad o físicamente imposibilitadas deban recurrir a los servicios de un Administrador.

La letra e) determina lo que comprende la "explotación efectiva", o sea, la realizada por una persona natural en que este trabajo constituye su actividad básica.

La letra f) "explotación personal" es aquella en que una persona natural trabaja de modo continuo y personal la tierra con la colaboración de los miembros de su familia y, ocasionalmente, emplea un número limitado y proporcional de trabajadores agrícolas.

La letra g) define lo que comprende la "explotación por terceros", en este caso la realizada por una persona que no sea el dueño del predio, que dirija por su cuenta y riesgo la explotación independientemente del propietario, salvo la realizada por este último conjuntamente con otra u otras personas, siempre que

éste participe en la direcciór y financiamiento de la explotación.

La letra h) califica la "unidad agrícola familiar" en conceptos similares a los establecidos en la letra b) del artículo 11 de la ley Nº 15. 020.

La letra i) define lo que se entiende por "campesino", o sea, al obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, incluyendo en esta terminología al ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sea respecto de una superficie no superior a la unidad agrícola familiar. Se excluye, por razones obvias, a la persona que esté en posesión de un título profesional universitario.

En cuanto a la exclusión mencionada, quedó de manifiesto en la Comisión, que se trata de aquellos profesionales que sean dueños o tengan en arrendamiento propiedades de una superficie inferior a la unidad agrícola familiar, los que, indudablemente, no pueden incorporarse a la definición de "campesino", ya que se presume que su actividad principal debe corresponder a la profesión que ejercen.

La letra j) señala como "asignatario" al beneficiario de tierras asignadas por la Corporación de la Reforma Agraria.

La letra k) define el concepto sobre "habilitación de tierras para la producción", entendiéndose por tal la incorporación de terrenos inhabilitados para la producción agrícola regular que, mediante la ejecución de diversas obras o trabajos especiales, pasen a tener un aprovechamiento productivo.

La letra 1) determina el significado de la expresión "mejoramiento de suelos", que incluye a aquellos terrenos que, por medio de la aplicación de una técnica adecuada, pasen a una producción intensificada.

La letra m) fija como "año calendario" el que comienza el 1° de mayo y termina el 30 de abril del año siguiente, con excepción de la provincia de Tarapacá,

que dispone de un sistema climático diferente.

Finalmente, la letra p) que se incorporó. al proyecto original, señala cuáles son los "suelos con serias limitaciones" a que se refiere la tabla de valores consultada en el artículo 157 de esta proposición de ley.

El Título I, de las tierras para la Reforma Agraria, consulta cinco Capítulos que se refieren a los predios afectos a expropiación, a los derechos de reserva, a las excepciones a la expropiabilidad, a los predios rústicos de propiedad fiscal y a disposiciones generales.

El instrumento de la expropiación es el medio principal que se utiliza en este proyecto de ley para realizar la Reforma Agraria que se propone. Este instrumento, consultado en el artículo 15 de la ley 15. 020, ha sido utilizado, cada vez más, por diversos países que han resuelto modificar la estructura agraria para impulsar su desarrollo económico, por cuanto constituye el único medio posible para que la propiedad pueda cumplir su función social.

En el artículo 2º del Capítulo I, se establece que, en base al objetivo enunciado, se declaran de utilidad pública y se autoriza la expropiación total o parcial de los predios rústicos indicados en los artículos siguientes. La declaración de utilidad pública, en conformidad al texto constitucional actual, debe ser calificada por una ley. Esta ley puede ser amplia o circunscrita a determinadas especies de propiedad. En este caso, la declaración de utilidad pública es amplia, con lo cual se sigue el mismo procedimiento establecido en la ley 15. 020 y en otras que sería lato enumerar.

Los artículos 3º al 10 inclusive, señalan los predios afectos a la expropiación que pueden resumirse en la forma siguiente:

1) Por exceso de superficie en relación

al límite considerado aceptable para una explotación técnica adecuada, más allá de lo cual se produce una acumulación excesiva de la tierra. El límite que se fija es el equivalente a 80 hectáreas de riego básicas, o sea, un cartabón o norma que se determina en el artículo 157 de la presente ley.

Esta medida de 80 hectáreas de riego básicas fue extensamente debatida en la Comisión, pero, como en su oportunidad lo expresaremos, se consideró esta superficie tipo después de exhaustivos estudios técnicos en base a las características ecológicas, climáticas y económicas de las distintas zonas del país.

La expropiación por exceso de superficie está prevista en la legislación agraria de otros países, y en algunos de ellos, como en Egipto y la India, pasan éstos automáticamente a poder del Estado. Esta limitación a la cabida de los predios rústicos, se ha estimado indispensable para el mejor aprovechamiento del suelo, por cuanto se trata de un recurso natural limitado que debe cumplir una función social en beneficio no sólo de quien sea su legítimo propietario, sino que de toda la comunidad.

2) Por abandono o mala explotación. Esta causal está contemplada en la ley 15. 020, según lo hemos manifestado al comentar las definiciones del artículo 1º. Sin embargo, cabe agregar, a mayor abundamiento, que el abandono o mala explotación de un predio rústico tiene especial gravedad para los países en vía de desarrollo, por cuanto la falta de producción agrícola representa un gravamen que limita otras espectativas de crecimiento económico. Además, la función de la tierra es producir y no puede permitirse que este recurso esencial permanezca inactivo.

En cuanto a esta causal se refiere, hubo consenso unánime de los sectores agrícolas que concurrieron a la Comisión

a expresar sus opiniones, de que los predios así calificados deben ser objeto de expropiación.

3) Los que hubieren resultado de la

división de un predio de una superficie

superior a 80 hectáreas de riego básicas,

cuando la división se hubiere efectuado

con posterioridad al 27 de noviembre

de 1962 y siempre que la explotación

no haya sido seguida de una efectiva

división.

Esta causal de expropiación rige sólo por el plazo de tres años, a contar desde la fecha de vigencia de esta ley, y tiene por objeto sancionar aquellos casos en que, con posterioridad a la fecha de publicación de la ley Nº 15. 020, se hubieren efectuado divisiones de predios que pudieren estar afectos a las causales de expropiación contempladas en dicha ley, con la manifiesta intención de eludir sus disposiciones. Son muchos los propietarios que dividieron sus predios entre sus familiares, sin que por ello constituya una efectiva división en que el adjudicatario realice la explotación personal del predio resultante de dicha división.

4) Los predios rústicos de personas

jurídicas. Esta causal está contemplada

en la letra d) del artículo 15 de la ley

15. 020, pero limitada a los casos en que

la explotación no sea directa.

En esta oportunidad, la sola circunstancia de ser propietario de un predio rústico una persona jurídica de derecho público o privado, constituye causal de expropiación, salvo cuando se trate de cooperativas campesinas o de sociedades de personas que tengan por finalidad principal la explotación agrícola y ganadera y cumplan determinados requisitos.

Es uno de los propósitos de esta legislación promover una efectiva unión entre el campesino y la tierra y que este vínculo no sólo sea una forma jurídica sino que una auténtica relación humana. Indudablemente, las personas jurídicas, por la esencia misma de su constitución, se

apartan de esta unión, que es indispensable para el mejor aprovechamiento de ¡a tierra y de su conservación.

5) Los predios rústicos que se encuentren dados en arrendamiento o cedidos para su explotación por tercero, cuando sus dueños infringieran las disposiciones que regulan la materia.

Esta causal de expropiación, que fue modificada por la Comisión, tiene por objeto regularizar y reglamentar las relaciones agrarias y asegurar la continuidad de la explotación del suelo para su conservación y mejoramiento. Por otra parte, quedó de manifiesto en la discusión de este asunto, que al no existir una legislación adecuada que diera estabilidad para producir y evitar el deterioro de la tierra arrendada, se crean condiciones sociales inconvenientes que no deben ocurrir.

En base a esta disposición será posible reglamentar los arrendamientos, para lo cual se consulta extender el plazo de los contratos e incluir en ellos a los medie-ros que hoy en día carecen de una protección legal.

En cuanto a la situación de los arrendatarios en caso de expropiación del predio, se establecen disposiciones especial-les que lo trotegen y a las cuales nos referiremos en su oportunidad.

El señor Moreno (Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria) manifestó en la Comisión durante la discusión de esta causal, que se incorporará en el Reglamento de la ley, que el criterio del Gobierno sobre esta materia era el siguiente:

Extender los plazos de los arrendamientos hasta un máximo de diez años;

Establecer un derecho de renovación automática del contrato de arriendo, salvo que exista una infracción manifiesta del arrendatario;

c) Fijar normas de obligatoriedad para

la conservación de los recursos naturales

del suelo, tanto por parte del arrenda-

tario como del arrendador. Entre dichas obligaciones estima que podría exigirse al arrendador que realice una inversión aproximada al 20% del monto del arrendamiento, para capitalizarse en mejoras de la infraestructura del predio, que por último ingresarán al patrimonio del propietario, y

d) Establecer las garantías suficientes para el caso de que el propietario desee vender el predio, en cuanto a que el arrendatario que cumpla con todas las disposiciones técnicas y tributarias pueda continuar en la dirección de la empresa agrícola y tenga, además, la posibilidad de adquirir una parte de la tierra, conforme a las limitaciones establecidas en esta ley.

6) Los predios rústicos de que sean dueñas dos o más personas en común, respecto de los cuales no se hubiese puesto término al estado de indivisión, de acuerdo con los términos de la presente ley. Se exime a las tierras y comunidades a que se refiere el artículo 148, que se aplica a las comunidades agrícolas de las provincias de Coquimbo y Atacama, a las comunidades indígenas, a las constituidas de conformidad a lo dispuesto en el Título IV del Decreto-Ley Nº 153, de 1932, y a otras que en esa disposición Se señalan.

El propósito de esta causal de expropiación, es sustituir a la comunidades por el comunero que trabaja la tierra, por cuanto esta fórmula empresarial resulta inconveniente atendidas las razones en que se fundamenta la legislación en informe.

Cuando la propiedad de la tierra pertenece a una comunidad, por lo general, es uno de los comuneros el que dirige la empresa y trabaja la tierra, los demás miembros sólo participan de los beneficios que se obtienen de dicho trabajo. Esta circunstancia no permite un buen aprovechamiento del suelo y la conveniente capitalización traducida en mejo-

ras y obras de envergadura, por cuanto siempre existe un requerimiento de los demás comuneros en demanda de recursos. Además, para ellos la tierra es una inversión que les produce renta y es natural entonces que su vínculo sea sólo de carácter comercial.

En esta iniciativa de ley se pretende establecer una efectiva unión entre el hombre y la tierra y la existencia de las comunidades aludidas es antagónica a estos principios.

7) Los predios rústicos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de Propiedad Austral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de la tierra.

Esta causal rige siempre que las tierras estén ocupadas por personas que no tengan vínculo contractual alguno con el propietario y que la ocupación tenga a lo menos tres años a la fecha del acuerdo. Tampoco se aplicará si existe juicio pendiente sobre el dominio o posesión de la tierra, cuando el propietario hubiere iniciado el juicio dentro de los seis meses siguientes a la iniciación de la ocupación.

La causal en referencia está consultada primero en la letra f) del artículo 44 de la ley Nº 7. 747, de 24 de diciembre de 1943, y después en la letra i) del artículo 15 de la ley Nº 15. 020, que corresponde a la zona de aplicación de la Ley de Propiedad Austral. Su incorporación a las disposiciones de esta iniciativa de ley, tiene por objeto que las indemnizaciones que procedan por las expropiaciones respectivas, se paguen de acuerdo con las normas que en ella se señalan, como asimismo hacer aplicables a dichas expropiaciones los procedimientos que se fijan sobre toma de posesión del bien expropiado.

Con ello también se salvan determinados errores cometidos por el Estado en cuanto al reconocimiento de títulos de dominio en la zona mencionada.

En efecto Honorable Cámara, el Fisco

otorgó títulos de dominio en la zona limítrofe que posteriormente cuestionó por infracción a las leyes de prohibición establecidas, lo que determinó una mala constitución de dichos títulos. En el Decreto Supremo 1. 600, del año 1931, se estableció un procedimiento expedito para resolver los problemas creados en esa región, pero la precipitación en reconocer los títulos indicados determinó que se incurriera en graves errores, pues se permitió a los particulares probar la posesión material de la tierra con el recibo del pago de las contribuciones del impuesto territorial e incluso pagarlas con efecto retroactivo, para que el Estado les reconociera la validez de los títulos en oposición a los legítimos derechos de los que trabajaban realmente esas tierras y que se encontraban en posesión de las mismas.

A pesar de que han transcurrido más de treinta años, aún subsisten problemas relacionados con este aspecto y son muchos los colonos que esperan la validez de sus títulos. Esta situación podrá resolverse mediante la aplicación de las disposiciones en examen, o sea, mediante la expropiación.

8) Los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área de riego.

Esta causal de expropiación tiene por objeto hacer expropiables los terrenos que queden dentro de un área declarada de riego. Este sistema reemplaza la legislación vigente, que fue consagrada primero por el artículo 21 de la ley Nº 5. 604, y por la letra b) del artículo 15 de la ley Nº 15. 020 después.

El sistema contemplado en las legislaciones anteriores establecía la expropia-bilidad de la tercera parte de los terrenos que se rieguen por medio de las obras que se ejecuten, lo cual, atendido el procedimiento consultado en la ley de riego, no permitió una recuperación adecuada de las inversiones realizadas por el Estado, quedando a beneficio de los particu-

lares el mayor valor de los terrenos por la ejecución de dichas obras.

La ley en referencia determina que para que el Estado pueda proceder al cobro de las obras de riego, es menester que los propietarios acepten definitivamente dichas obras y puede ocurrir y ha ocurrido que en obras construidas hace 25 años aún no ha sido posible obtener su pago, debido a la dependencia de la voluntad del propietario.

Es el propósito de esta legislación, que el Estado obtenga una justa remuneración de los recursos que invierta en obras de riego, para lo cual se seguiría el siguiente procedimiento: declarada por el Presidente de la República el área de riego, la Corporación de la Reforma Agraria, previo informe de la Dirección de Riego, procederá a hacer una estimación provisoria del valor de las obras, la cual podrá reclamarse al Tribunal Agrario Provincial a que se refiere el Título VIII de esta iniciativa de ley. Sobre la base de esta estimación provisoria se determinará la posible reserva del propietario en terrenos de riego y la toma de posesión material del bien expropiado no se produce por el sólo acuerdo de expropiación, sino que al término de la ejecución de las obras.

Se persigue en la forma indicada, establecer definitivamente los terrenos que van a ser afectados por las obras de riego que realice el Estado, y en el caso que subsista el derecho a reserva del propietario, tenga éste la certeza de la parte de los terrenos que van a ser objeto de su reserva, a fin de que, con la debida anticipación pueda efectuar sus inversiones. Además, no se va a privar al propietario del dominio sino una vez terminadas las obras y tampoco se limita el libre comer-cio de las tierras afectas a expropiación, por cuanto el que las adquiera tendrá los mismos derechos que se confieren al propietario.

El artículo final del Capítulo I esta-

folece que el área de riego será declarada por el Presidente de la República mediante un Decreto Supremo que apruebe un plan de desarrollo agropecuario propuesto por el Ministerio de Agricultura. Esta disposición determina que para declarar zona de riego un área de terreno deberá previamente aprobarse un plan de desarrollo apropecuario propuesto por el Ministerio de Agricultura, es decir, que para la dictación del Decreto Supremo que así lo ordene debe concurrir una condición previa: un plan general de desarrollo agrario. Sin este requisito no podrá dictarse el Decreto en referencia.

El Capítulo II "De los derechos de reserva y de adquisición de tierras en relación con la expropiación", contiene las disposiciones relativas a los derechos de reserva de los propietarios expropiados. En primer término, para el caso de expropiación por exceso de superficie el propietario tiene derecho a conservar en su dominio una cabida de terreno que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas, que puede ampliarse hasta 100 hectáreas de acuerdo con un determinado número de hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas.

Este derecho no se concede a los propietarios que tuvieren sus predios arrendados, abandonados o mal explotados, por cuanto no se justificaría su permanencia en dichas explotaciones si no han demostrado interés o capacidad para trabajar sus tierras y hacerlas producir.

En el caso de tratarse de personas casadas, se considerará, para estos efectos, como un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad. Se estima al respecto, que la reserva del grupo familiar debe estar sujeta a un límite conveniente, o sea, a 80 hectáreas de riego básicas y si se exceptuara a los cónyuges separados de bienes cuya pío-piedad conyugal se ha liquidado, la re-

serva aumentaría al doble, en este caso a 160 hectáreas o 640 si el predio estuviere excepcionalmente trabajado.

En segundo lugar, se establece que las tierras de que sean dueñas dos o más personas en común, cada uno de los comuneros que estuvieren explotando personal y efectivamente las tierras, tendrán derecho a adquirir en el predio expropiado una superficie igual equivalente a la que explotaren de alguno de esos modos, con un máximo en conjunto de 80 hectáreas de riego básicas, las que no podrán ser superior, para cada uno de ellos, a esa misma superficie computada la de otros terrenos que tuvieren en su dominio.

Se estima en esta oportunidad, que no cabe otorgar el mismo derecho de reserva cuando se trata de varios propietarios que cuando corresponde a una sola persona natural, porque entonces no es posible establecer una vinculación efectiva entre los comuneros y las tierras expropiadas. En lo demás, se hace aplicable a estos comuneros las disposiciones relativas a la ubicación de la reserva y a las reclamaciones que pueden interponerse si existe desacuerdo en dicha ubicación con la entidad expropiadora.

Consulta también este Capítulo, una disposición que permite al arrendatario de un predio que se acuerde expropiar, obtener en dicho predio, una superficie de terreno que no podrá ser inferior a la de la unidad agrícola familiar ni superior a 80 hectáreas de riego básicas. Establece, asimismo, los requisitos que deberá cumplir el arrendatario y la forma de pago del precio de venta que fije la Corporación de Reforma Agraria, sometiéndose en lo demás a lo que se estatuya en el Reglamento que se dicte sobre esta materia.

El Capítulo III se refiere a las excepciones a la expropiabilidad. En primer término, cuando la expropiación se fundare en las causales relativas a exceso de superficie o por tratarse de personas

jurídicas de derecho público o privado, el propietario podrá requerir que se declare la inexpropiabilidad de aquellos predios respecto de los cuales esté cumpliendo los requisitos que determinan como óptima una explotación agrícola. La superficie excluida no podrá exceder, en ningún caso, de 320 hectáreas de riego básicas.

Esta excepción se basa en la conveniencia de mantener la continuidad de las explotaciones de ciertos predios que, por sus condiciones excepcionales de manejo, interesan en forma especial a la economía nacional. Esta excepción se concede a la persona natural que esté explotando el predio directamente, como también a las personas jurídicas que tengan como objetivo principal la explotación agrícola o ganadera, siempre que sus predios no estén entregados en arrendamiento o mediería, o cedidos en otra forma para su explotación por terceros.

Lo anterior puede resumirse, en el sentido de que aquellos propietarios que reúnan todos los requisitos que determinan una buena explotación, que cumplan con todos los reglamentos y leyes sociales vigentes, que paguen salarios superiores a los promedios existentes en la zona, que mantengan una producción que sobrepase los promedios de la región en que se encuentra ubicado el predio y que mantengan una efectiva conservación de los recursos naturales, podrán conservar hasta 320 hectáreas de riego básicas.

Por otra parte, existe interés en mantener en los trabajos agrícolas a muchos propietarios que constituyen un elemento empresarial valioso, atendidas sus condiciones de capacidad, esfuerzo y espíritu emprendedor que, a través de su actividad laboral, han incorporado riqueza a la Nación y tienen un trato justo y humano con el sector campesino.

Se establece también la inexpropiabilidad de los terrenos que sean dueñas una o varias personas naturales en común,

con respecto a los cuales sus propietarios presenten un plan de inversiones para la habilitación de suelos que deberá ser aprobado por el Ministerio de Agricultura. Esta inexpropiabilidad, en el caso de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes podrá referirse incluso a terrenos afectos a un plan de mejoramiento de suelos.

La Ley de Reforma Agraria de Egipto consulta una disposición similar que nace de la imposibilidad material para el Esta-de de atender a la formación de nuevos suelos de cultivo, debido a sus limitados recursos económicos. Además, se trata de terrenos que en la actualidad no son aptos para la producción agrícola o ganadera y no sería atendible privar al país de extender sus posibilidades productivas por una interpretación errónea de los conceptos que informan esta legislación.

La Comisión incorporó al texto original del artículo 18 que estamos comentando, una disposición destinada a facultar al Presidente de la República para declarar la inexpropiabilidad de los terrenos plantados de viñas viníferas con un 20% para rotación de dichos terrenos.

Se señala que se trata de aquellas viñas de propiedad de sociedades anónimas que tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas y de las cuales sean propietarias desde una fecha anterior al 22 de noviembre de 1965.

Se determinan los requisitos que deberán cumplir estas empresas para acogerse a la inexpropiabilidad, entre los cuales se exigen condiciones óptimas de aprovechamiento del suelo, un capital de cuatro veces el monto del avalúo fiscal del predio, tener plantaciones con el 95% de cepas de calidad autorizada por el Ministerio de Agricultura y comercializar como fino a lo menos el 50% de su producción.

La incorporación de estas viñas al régimen de excepción que se establece en este Capítulo, se basa en la conveniencia de

mantener un mercado que constituye un evidente prestigio para el país. Las viñas integradas son aquéllas que tienen más de 60 años de producción y seleccionan vinos de óptima calidad que pueden competir con indudable éxito en el mercado internacional. El prestigio de que ellas disfrutan corresponde a un largo proceso selectivo que no está sujeto a condiciones anuales o temporales como otros productos agrícolas y requieren, por lo tanto, de un régimen especial. Además, su explotación, por las condiciones propias de ella, no puede realizarse por una persona natural, lo que ha constituido la formación de Sociedades Anónimas que, en este caso, se estima conveniente proteger.

Las inexpropiabilidades anteriores quedan sujetas al cumplimiento de los propietarios de las reglamentaciones y requisitos que se establecen, por cuanto en caso de que ellos no se cumplan, no subs-tirá esta excepción.

La inexpropiabilidad se otorga también a los predios rústicos destinados a cumplir funciones de estaciones experimentales, de centros de capacitación campesina o de docencia agropecuaria o forestal que cumplan determinados requisitos y no persigan fines de lucro. Tampoco es expropiable la propiedad familiar agrícola, salvo que su ubicación corresponda a una zona declarada área de riego. Finalmente, tampoco serán expropiables los bosques artificiales que cumplan determinadas normas establecidas por el Ministerio de Agricultura.

Los casos señalados anteriormente, no requieren una explicación mayor por cuanto, indudablemente, se trata de predios que sirven un objetivo diferente. Las estaciones experimentales y los centros educacionales están llamados a desarrollar una labor de bien público que no persigue fines de lucro, sino que, por lo contrario, su altruismo es inobjetable. Asimismo, la propiedad familiar, por su extensión y las condiciones en que se basa

su constitución, no puede estar sujeta a expropiabilidad, ya que una de las principales finalidades de esta legislación es fomentar su establecimiento. Por último, los predios de aptitud forestal quedan afectos a la legislación sobre bosques que vuestra Comisión os informó anteriormente.

La inexpropiabilidad de algunos de estos predios está consultada en el artículo 20 de la ley Nº 15. 020.

El Capítulo IV autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria las tierras susceptibles de uso agrícola o ganadero pertenecientes a instituciones o empresas del Estado, en la forma que determine el reglamento, como también para que dicha transferencia sea gratuita cuando se trate de predios rústicos de propiedad fiscal.

El Decreto con Fuerza de Ley Nº 49, de 1959, autorizó a la ex Caja de Colonización Agrícola para solicitar y obtener la venta directa de los predios agrícolas no forestales de diversas instituciones fiscales. Tanto esa legislación como ésta tienen por objeto promover la división de la propiedad, encauzándola, naturalmente, dentro de las finalidades que en esa y esta oportunidad se persiguen.

En cuanto a la transferencia gratuita a la Corporación de Reforma Agraria de predios fiscales, es una cesión de una parte del patrimonio agrícola nacional para la consecución de los fines de esta ley.

El Capítulo V fija normas para la ubicación de los terrenos que podrán ser objeto de la reserva a que puede optar el propietario expropiado. Dicha reserva se determinará de común acuerdo con la Corporación de la Reforma Agraria y, en caso de no haber acuerdo al respecto, podrá reclamar el propietario al Tribunal Agrario Provincial, dentro de los plazos que se señalan.

En el sistema que se propone en este

Capítulo, se tendrá en cuenta las preferencias de los propietarios, incluyéndose en los terrenos de la reserva la casa patronal, siempre que así éstos lo soliciten. Asimismo, se propenderá a que los terrenos que ellos conserven en su dominio, correspondan, en lo posible, a una superficie continua y si la forma del predio lo permite, que sea convexa.

El Título II "Del acuerdo de expropiaciones, de sus efectos y de las indemnizaciones", contiene cinco Capítulos en que se divide la materia enunciada.

El Captíulo I "Del acuerdo de expropiaciones y de sus efectos" establece primeramente que las expropiaciones autorizadas por los artículo 3º a 10 inclusive y 1º y 3º transitorios, serán decididas por acuerdo del Consejo Nacional Agrario. En dicho acuerdo deberá consignarse la ubicación del predio, su rol de avalúos, la causal de expropiación, las modalidades de pago de la indemnización y los derechos de reserva o adquisición que podrá hacer valer el propietario expropiado, si los tuviere.

El acuerdo de expropiación será notificado por personal del Cuerpo de Carabineros, cuyos miembros tendrán la calidad de ministros de fe para estos efectos y deberán dejar una copia autorizada del mismo con una persona adulta en el predio objeto de la expropiación. Se entenderá cumplido este trámite cuando dicho acuerdo se haya publicado en el Diario Oficial y por dos veces en un diario o periódico del departamento en que se encuentre ubicado el predio, y si no lo hubiere, en un diario o periódico de la capital de provincia correspondiente. La notificación de los demás acuerdos del Consejo se hará por medio del personal del Cuerpo de Carabineros o de la Corporación de la Reforma Agraria, para cuyo efecto los funcionarios respectivos tendrán la calidad de ministros de fe.

Durante la discusión de esta materia, quedó de manifiesto por los personeros

del Ejecutivo, que la fórmula propuesta es la más adecuada, por cuanto el procedimiento señalado en el Título VI del Libro I del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones pertinentes de la ley 15. 020, han resultado dilatorios y han sido muchos los casos en que se trata de eludir la notificación, con lo cual se podía alegar, en algunas ocasiones, la nulidad de esta diligencia judicial, anulando de esta manera todo lo obrado y retrotrayendo el juicio al estado de notificación.

Para evitar que se dilate el procedimiento expropiatorio por las razones expuestas, se establece que no se podrá alegar falta o nulidad de notificación, por ningún motivo, cuando el acuerdo haya sido publicado en el Diario Oficial.

Se determina también que el predio expropiado no podrá ser objeto de actos de disposición ni de venta en pública subasta una vez efectuada la publicación en referencia. Igualmente establece sanciones para el caso de que, con posterioridad a la notificación del acuerdo, se dañaren, inutilizaren o destruyeren cercos, sem-brados, plantaciones, casas, bodegas y otros inmuebles. La sanción, en cualquiera de estos casos, será de presidio menor en sus grados medio a máximo.

El Capítulo II "De las reclamaciones sobre el acuerdo de expropiación", fija el procedimiento de la reclamación sobre las causales de expropiación.

En primer término, si se expropiare un predio por exceso de superficie y no se reconociere al propietario el derecho de reserva, podrá éste reclamar al Tribunal Agrario Provincial dentro del plazo que se fija. Y si el Tribunal acogiere la reclamación ordenará a la Corporación de la Reforma Agraria que fije la reserva y si ésta ya hubiese tomado posesión material de los terrenos, deberá restituirlos al interesado. No obstante, el Tribunal, a petición de esa Corporación, podrá disponer, por causa debidamente calificada, que se pague al propietario el valor de la

reserva, con un 20% al contado y el saldo en Bonos de la Reforma Agraria de la Clase B, o sea, a cinco años plazo. Lo anterior regirá también para el caso de expropiaciones basadas en las causales sobre declaración de área de riego o cuando los propietarios sean personas jurídicas de derecho público o privado.

Esta disposición permite al propietario, en el caso que la Corporación de Reforma Agraria le negare el derecho de reserva, a reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial y a obtener una indemnización favorable si éste no puede ordenar su restitución.

Las demás disposiciones de este Capítulo se refieren a las reclamaciones por la procedencia de la expropiación y determinan los casos y condiciones en que se podrá ejercer este derecho.

Las reclamaciones que se pueden interponer ante el Tribunal Agrario para reconsideración de las resoluciones del Consejo respecto de la procedencia de la expropiación, proceden cuando las causales sean de abandono o mala explotación del predio, o las divisiones efectuadas se hayan realizado con posterioridad al 27 de noviembre de 1962 sin que se hubiere seguido una efectiva división que corresponda a una explotación independiente, o se hubieren infringido las normas que regulen los arrendamientos u otras formas de explotación por terceros. Se puede reclamar también de la procedencia de la explotación cuando la resolución recaiga sobre predios inexpropiables de conformidad a las disposiciones de esta ley. En estos casos, el propietario puede pedir al Tribunal la suspensión de la toma de posesión material del predio por el organismo expropiador, y aquél dará lugar a ella cuando de los antecedentes expuestos se desprenda que no concurren las circunstancias que fundamentan dicha resolución.

El derecho a reclamar de la proceden-

cia de la expropiación no se concede cuando las causales aplicadas por el Consejo sean las de exceso de superficie, área de riego, incumplimiento de la obligación de liquidar una comunidad, o por tratarse de una persona jurídica, en razón de que estas materias, por su propia naturaleza, no pueden controvertirse.

El Capítulo III "De la toma de posesión de los predios expropiados" determina el procedimiento que deberá seguir el organismo expropiador para tomar posesión del bien expropiado.

La Corporación de la Reforma Agraria podrá tomar posesión material del predio una vez consignada la cuota al contado que corresponda a la indemnización que hubiere determinado de acuerdo con las causales de expropiación y una vez que haya inscrito el dominio de éste a su favor. Para esa consignación tendrá el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto del acuerdo de expropiación, vencido el cual, si ésta no se hubiere efectuado, podrá el propietario solicitar al Juez de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, que declare caducado el acuerdo de expropiación en referencia y ordenar se cancelen las inscripciones respectivas. Por otra parte, si se consigna la cuota al contado dentro del plazo indicado, el Juez dispondrá que el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, inscriba, sin más trámite, el dominio del predio a favor de la Corporación.

Se establece también que si al tiempo de tomar posesión del predio existieren frutos naturales pendientes en él, la Corporación aludida postergará dicho acto hasta que éstos se cosechen. Sin embargo, en casos calificados, podrá el Consejo dé la Corporación acordar la inmediata toma de posesión del predio, sin esperar que se cosechen los frutos. En esta oportunidad deberá indemnizar con pago al contado los perjuicios ocasionados a quien

debiere percibirlos. Del monto de dicha indemnización se podrá reclamar al Tribunal Agrario Provincial.

Como se ha manifestado anteriormente en este informe, una de las causas fundamentales de la inoperancia de la ley 15. 020, la constituyó el dilatorio procedimiento de toma de posesión del bien expropiado. En cambio, el que en estas disposiciones se señala, permitirá una rápida y expedita posesión material del predio, con lo cual se podrá planificar de inmediato todo el procedimiento productivo, sin que se perjudique a la economía nacional y a los trabajadores del predio objeto de la expropiación.

El Ejecutivo al referirse a esta materia, expresa:

"Los principios que el proyecto establece en este aspecto son fruto de las experiencias ya realizadas no sólo en nuestro país sino en muchos países extranjeros que se han abocado a reformas de las estructuras agrarias en general. En Perú, por ejemplo, la ley de reforma agraria de 1964 dispone que el propietario expropiado podrá interponer recurso para los efectos de que se le abone el mayor valor a que tuviere derecho, más no para la devolución o reposición de la tierra afectada. En Colombia, los problemas que se han encontrado en esta materia al aplicar la ley de reforma agraria han exigido la preparación de nuevas normas legales para hacer más expedito el procedimiento, con las que, por cierto, se muestran de acuerdo los propietarios afectados, deseosos de salir de toda situación de incertidumbre una vez tomado por las autoridades públicas el acuerdo de expropiación. Este tipo de problemas y de normas destinadas a resolverlos, no es, por lo demás, exclusivo en materias de expropiaciones con fines de reforma agraria: en España y Uruguay, por ejemplo, la legislación general sobre expropiaciones establece que, en caso de urgencia, las autoridades públicas pueden tomar

posesión inmediata de los terrenos expropiados, con arreglo al procedimiento establecido. En definitiva, reconocida la urgencia de realizar los fines de interés general para cumplir los cuales se utiliza la expropiación, y el predominio del interés general sobre los intereses particulares, el derecho de propiedad se transforma en un derecho de crédito, que califica al afectado para ser indemnizado en todo caso de los perjuicios que la ley determine existir por la privación de sus bienes, derecho cuyo ejercicio se garantiza plenamente en el proyecto que someto a vuestra consideración".

El Capítulo IV "De las indemnizaciones" determina la normas por las cuales se regirá el pago de las indemnizaciones que procedan de acuerdo con las causales de expropiación.

La indemnización que se otorga al propietario será equivalente al avalúo fiscal del predio expropiado, más el valor de las mejoras no incluidas en él. Estas últimas se tasarán aparte, pudiendo el propietario reclamar de su monto al Tribunal competente.

En el debate habido en la Comisión, quedó constancia de la conveniencia de fijar como valor del predio, para los efectos de la indemnización, el que corresponda a su avalúo fiscal, en atención a dos circunstancias precisas. Primero, por cuanto dichos avalúos son automáticamente reajustados anualmente, en relación a la variación experimentada por el costo de la vida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º de la ley Nº 11. 575, modificado por el Nº 5 del artículo 11 de la ley Nº 15. 021, y mantiene, por lo tanto, su valor efectivo, y segundo, por estimarse equitativo que la indemnización se otorgue en base a la tributación a que está afecto el predio como tal.

Las indemnizaciones que correspondan se pagarán con una parte al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria, amortizables en cierto número de cuotas

anuales iguales, según sea la causal de expropiación. Se consideró al respecto, que no deben tener el mismo tratamiento las expropiaciones que se ordenen, por encontrarse ubicado el predio en un área declarada de riego y exista un decreto de inexpropiábilidad, que cuando se trate de terrenos explotados en condiciones normales desde el punto de vista económico y social, y la causal se deba a exceso de superficie o porque los dueños sean personas jurídicas, como también no pueden tener igual tratamiento a los anteriores, cuando la expropiación se deba a abandono o mala explotación. En esta última indemnización se sanciona el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad.

En el primero de los casos citados, el pago se realiza con el 33% al contado, incluso las mejoras realizadas, y el saldo en 5 cuotas anuales reajustables. En el segundo caso, o sea cuando se trate de exceso de superficie o los propietarios sean personas jurídicas, con el 10% al contado, y el saldo en 25 cuotas anuales reajustadas en la forma que más adelante se señala. En tercer lugar, para los predios mal explotados o abandonados, el pago será de un 1% al contado y el saldo a 30 años plazo.

Se consultan también formas especiales de pago de las indemnizaciones cuando las causales de expropiación sean diferentes a las señaladas, entre ellas, cuando el predio tenga una cabida inferior a la de la unidad familiar agrícola. En este caso el pago es al contado.

Finalmente, el Capítulo en análisis, establece el pago al contado de las mejoras necesarias y útiles efectuadas con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 en los predios que fueren expropiados.

El pago diferido está consultado en el actual texto Constitucional y ha sido incorporado a las legislaciones de diversos países que han realizado una reforma agraria. Es interesante la opinión del

Ejecutivo al respecto, razón por la cual nos permitiremos transcribirla a continuación:

"En lo que respecta a los pagos a plazo, vale la pena observar que es ésta una forma de pago que no se puede evitar cuando se trata de realizar reformas agrarias de carácter redistributivo. Ningún país que ha necesitado realizar este tipo de reformas, que son precisamente, en general, países que se encuentran en vías de desarrollo, ha estado en condiciones financieras que le permitan el pago inmediato del monto total de la indemnización de expropiación. Por esto, los textos legales de muchos países que tratan de la expropiación, incluso las Constituciones Políticas, han debido ir adaptándose a esta necesidad; la Constitución de Brasil (artículo 141, párrafo 16, reformado en 1964), establece una excepción al pago de la indemnización en metálico cuando se trata de expropiaciones agrarias exigidas por el bienestar social, permitiendo entonces el pago de la "previa y justa indemnización con títulos especiales de la deuda pública". Una reforma análoga fue introducida en la Constitución de Perú, también en 1964, con los mismos fines, permitiendo el pago en bonos de aceptación obligatoria, como ya era el caso establecido en las Constituciones de México, Venezuela, Guatemala y Turquía. Estos países han querido resolver en los propios textos constitucionales, la cuestión del pago a plazo de las indemnizaciones, evitando cualquier dificultad ulterior.

En muchos países, las Constituciones contienen normas muy generales en materia de expropiación, que dejan al legislador la facultad de dictar las disposiciones que estime conveniente en relación con los diferentes casos de expropiación de las diversas especies de propiedad.

Más adelante agrega: "El pago a plazo de la totalidad o parte de la indemnización está establecido en un número con-

siderable de leyes de reforma agraria recientes: Colombia, Corea del Sur, Cuba, China (Taiwan), Egipto, Filipinas, Italia, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Perú, Venezuela".

Por último, señala algunas fórmulas utilizadas en diferentes países. En estos datos indica el año de la ley correspondiente, la proporción de la parte de la indemnización pagada al contado y de modo diferido, el plazo de amortización de los bonos u obligaciones, el interés que éstos devengan y la negociabilidad o no negociabilidad de los correspondientes títulos: "Colombia (1961) las tierras incultas se pagan exclusivamente con bonos a 25 años con un interés anual del 2%; las inadecuadamente explotadas, en metálico, sin exceder de la cantidad de cien mil pesos y el saldo en ocho cuotas sucesivas, con un interés del 4% anual; las otras tierras al contado hasta una cantidad de trescientos mil pesos y el saldo a plazos en cinco cuotas sucesivas con un interés del 6% anual. Sin embargo, los propietarios pueden pedir que se les pague el saldo a plazo en bonos a 15 años con un interés de 7%. Los bonos se amortizan por medio de sorteos a la par nominal, por el sistema acumulativo de amortización gradual; son negociables. China (Taiwán) (1951): pago exclusivamente en bonos a 10 años con interés del 4% anual, pagaderos en arroz, batatas o su equivalente; bonos no negociables. Filipinas (1963): 10% al contado, bonos a 25 años con 6% de interés anual; los propietarios pueden elegir entre varias formas de indemnización, además que en bonos, entre las que se cuentan la adquisición de acciones preferentes al 6% del Banco Agrario. India (reformas agrarias de los diferentes estados de la Unión): formas de pago variables, combinando pagos al contado y pagos en bonos con intereses que oscilan entre el 3% y el 4, 5%. Irak (1958): pago exclusivamente en bonos a 20 años con 3% de interés en

lo que respecta a los primeros 10. 000 dinares de valor; a 40 años y 3 % de interés en lo relativo a las cantidades superiores a esa cifra; bonos no negociables; la mitad de los pagos de amortización ha de depositarse en el Banco Agrícola y devengarán 2% de interés anual hasta la fecha de vencimiento de los bonos. Irán (1963): 6, 67% al contado; bonos a 15 años, interés 3% anual, no negociables; Japón (1946-1952): 1. 000 yens al contado; bonos a 30 años, 3, 65% de interés anual; no negociables. Pakistán (1959): sin pagos al contado, bonos a 25 años, 4% de interés anual, no negociables. Perú (1964): varias combinaciones de pagos; parte al contado variable de 50 mil soles a 200 mil soles; bonos a 18, 20 y 22 años con 6%, 5% y 4% de interés anual, respectivamente; bonos negociables. Egipto (1952, 1961, 1963): sin pagos al contado; bonos a 40 años y 1, 5% de interés en 1952; a 15 años con 4% de interés en 1961 y 1963; bonos negociables pero transferibles solamente a ciudadanos egipcios. República de Corea del Sur (1950): sin pagos al contado; bonos a 5 años, sin interés, no negociables. Venezuela (1960): pagos al contado variables y bonos a plazo variable de 10 a 20 años, según los casos, con interés de 5% a 3%, respectivamente; negociables".

El Capítulo V se refiere a materias de orden general y consulta primero una disposición similar a la establecida en el artículo 25 de la ley 15. 020, en cuanto a que se reputarán con título saneado las tierras adquiridas a cualquier título por la Corporación de la Reforma Agraria. Asimismo, declara extinguidos, desde la fecha de inscripción del dominio, todos los gravámenes, prohibiciones o embargos en cuanto afectaren al predio o parte del predio expropiado, con excepción de las servidumbres legales. También, en la misma forma establecida en el artículo citado de la ley 15. 020, declara extinguidos, desde esa fecha y respecto de lo

expropiado, los derechos de usufructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habitación, comodato y anticresis, con el solo agregado de haber incluido a los arrendamientos.

Finalmente, se autoriza al Presidente de la República para que, dentro del plazo que se fija, determine el procedimiento de liquidación de las indemnizaciones de expropiación ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, debiendo dictar normas en resguardo de los derechos del expropiado y de los terceros interesados.

El Título III se refiere a la organización de la propiedad en las áreas de riego.

El conjunto de las disposiciones que integran este Título, que se aplicarán con preferencia a los de los Títulos anteriores, permiten encauzar el planeamiento y ejecución de las obras de riego y reorganizar la propiedad rústica que resulte beneficiada con dichas obras, con lo cual se podrá obtener el máximo de aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país y por ende aumentar y mejorar la producción agrícola nacional.

En primer término, se determina el derecho del propietario a conservar en su dominio terrenos de un valor equivalente al que tenía su predio a la fecha del acuerdo de expropiación con motivo de haberse decretado una área de riego. Este derecho tiene las limitaciones de superficie establecidas en el artículo 3º de esta legislación, y no podrá hacerlo valer el propietario que tuviere el predio abandonado o mal explotado, como tampoco aquél que lo tuviere dado en arrendamiento o cedido para su explotación por terceros.

El objetivo de esta disposición, tiende a preservar, en lo posible, la unidad de la porción que haya de conservar el expro-piador y a distribuir proporcionalmente tierras de calidad y condiciones semejantes a las existentes con anterioridad al acuerdo de expropiación. Se estima también, que aquellos propietarios que no han

demostrado interés en cultivar sus tierras, no pueden aducir el derecho a reserva, por cuanto si así no se estableciere se daría la oportunidad para que con-tinuaran„vigentes los defectos que se trata de corregir, y tampoco podría justificarse una cuantiosa inversión del Estado en obras de riego que no fueran debidamente aprovechadas.

El derecho a reserva en las condiciones anteriores, se otorga igualmente a las sociedades de personas que reúnan los requisitos establecidos en esta ley.

Cabe dejar de manifiesto, que el límite de 80 hectáreas de riego básicas es, en este caso, suceptible de aumentarse hasta 320 hectáreas, cuando se cumplan las circunstancias que determinan una explotación óptima.

Consulta también este Título disposiciones relativas a los ajustes que deban realizarse al término de las obras, a la ubicación de los terrenos objeto de la reserva y prevé, igualmente, las garantías judiciales de que gozarán los interesados y a las compensaciones en tierras o pecuniarias que recibirán los que resulten afectados.

El Título IV "Del destino y de la distribución de las tierras", determina las finalidades que deberán cumplir las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria que, fundamentalmente, pasarán a ser asignadas en dominio individual a los campesinos. Sin embargo, cuando no fuere posible hacer esta clase de asignaciones por razones de orden técnico, atendida la naturaleza de la explotación que corresponda, podrán asignarse éstas a cooperativas campesinas o en copropiedad a campesinos y a dichas cooperativas. También podrán ser asignadas en cualquiera de estas formas cuando los campesinos seleccionados para ser asignatarios, de común acuerdo, así lo soliciten al Consejo Nacional Agrario.

Las asignaciones en referencia, deberán efectuarse dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de toma de pose-

sión material del predio expropiado. Este plazo podrá prorrogarse, en casos calificados, hasta por dos años más.

El propósito de estos plazos, constituye lo que se ha llamado el "asentamiento", que no es otra cosa que una sociedad colectiva civil representada por un Comité elegido por los campesinos asignatarios de la tierra y la Corporación de la Reforma Agraria. Este Comité está destinado a realizar diversas funciones en la explotación agrícola del predio, fiscalizado por los técnicos de la Corporación.

La Comisión visitó los asentamientos del Choapa en el Departamento de Illapel y tuvo la oportunidad de conocer todas sus proyecciones. Al efecto, celebró reuniones con los Comités respectivos y pudo formarse un juicio claro de los procedimientos puestos en práctica y de los objetivos que persiguen estos organismos.

En el debate habido durante la discusión de esta materia, quedó constancia de la conveniencia de que la tierra se entregue al campesino de preferencia en dominio individual, sin perjuicio de otras formas de dominio cuando las circunstancias así lo requieran.

La Comisión también modificó el texto original de este proyecto de ley en cuanto a la prórroga del plazo del asentamiento, que lo limitó a dos años, en circunstancias que en dicho texto quedaba al arbitrio del Consejo Nacional Agrario el término de la prórroga del plazo mencionado.

Las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria podrán transferirse también a otras personas, entre ellas a comuneros que trabajen efectivamente la tierra y que una vez dividida la comunidad quedaren con muy poca tierra; a los arrendatarios de los predios expropiados, y al propietario de un predio que quede inutilizado a consecuencia de la realización de obras de riego. Podrán transferirse igualmente al Fisco para que integren el Patrimonio Forestal del Estado cuando se trate de bosques; a éste y a

instituciones o empresas del Estado o a otras personas jurídicas que no persigan fines de lucro para el cumplimiento de sus objetivos propios; a la construcción de viviendas para la formación de aldeas campesinas, y a otros objetivos cuando se trate de terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la Corporación.

Las tierras asignadas en la forma anteriormente indicada, serán inembargables por un período de 30 años, contado desde la fecha de la inscripción del acta de asignación en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Los beneficiarios de las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria serán exclusivamente campesinos, entendiéndose como tales a los ocupantes, medieros, arrendatarios, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la unidad agrícola familiar.

El proyecto de ley en informe define en el Capítulo II de este título, los requisitos esenciales para ser asignatario de tierras y las causales que otorgan preferencia para dichas asignaciones. Determina, además, las obligaciones que éstos deberán cumplir y las prohibiciones que afectan al dominio.

Entre las obligaciones que afectan al asignatario, se consignan, las siguientes:

a) Pagar el precio del predio asignado;

b) Explotar personalmente las tierras

objeto de la asignación;

c) Tener su vivienda en el predio, salvo

autorización de la Corporación, en casos

calificados, y

d) Pertenecer a una cooperativa cam

pesina de acuerdo con el Reglamento.

Por otra parte, las prohibiciones que se harán constar en el título de dominio, son las que se indican:

La de enajenar las tierras asignadas en propiedad exclusiva o los derechos asignados en copropiedad;

La de dividir, por acto entre vivos, las tierras asignadas;

a)

La de ceder las tierras a cualquier título para su explotación por terceros;

La de gravar las tierras a cualquier título, salvo autorización expresa del Presidente de la República;

La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así como el no explotarlas adecuadamente, y

La de practicar comercio o expendio de bebidas alcohólicas.

Transcurrido el plazo normal de pago de los terrenos asignados se extinguirán las obligaciones y prohibiciones mencionadas, pero mientras esto no ocurra, si el asignatario infringiere alguna de ellas o las que expresamente le hubiere impuesto la Corporación de Reforma Agraria, al otorgarse el acta de asignación podrá declararse la caducidad del título de dominio, de la que conocerá, a petición de la Corporación, el Tribunal Agrario Provincial. Si la sentencia declara caducado el título de dominio, se ordenará la cancelación de la inscripción correspondiente.

Se establecen también en este Capítulo II algunas disposiciones relativas a establecer la indivisión de la unidad agrícola familiar, aun en caso de sucesión por causa de muerte, salvo autorización de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando de dicha división puedan resultar otras unidades agrícolas.

Esta disposición tiende a evitar la formación del minifundio y la división de la tierra sin sujeción a normas técnicas que, como se ha expresado, causa efectos negativos para la producción agrícola y crea problemas de carácter social inconvenientes.

Además, se prohibe la división del haber común en el caso de las asignaciones mixtas, la que se mantendrá mientras a juicio de la Corporación de la Reforma Agraria subsistan las razones que la fundamentan. No obstante lo anterior, podrá este organismo poner fin al estado de indivisión cuando dichas razones así lo justifiquen. En tal caso, se asignará a los comuneros una unidad agrícola familiar.

Finalmente consulta este capítulo el pago de una indemnización especial a los inquilinos y obreros voluntarios que, reuniendo los requisitos exigidos para ser asignatarios del predio expropiado, no reciban tierras. Esta indemnización será de cargo de la Corporación de la Reforma Agraria.

Los obreros que reciban esta indemnización no tendrán derecho a ser asignatarios de tierras, a menos que la destinen íntegramente a la adquisición de cuotas de ahorro agrícola emitidas por la Corporación indicada.

La indemnización a que tendrán derecho los trabajadores a quienes no se les pueda asignar tierras porque la división del predio en unidades agrícolas no alcance para ello o por encontrarse ubicados los terrenos en un área de riego o por otras circunstancias, constituye una justa compensación para el personal que trabaja en el predio expropiado. Asimismo, la inversión de este beneficio en cuotas de ahorro agrícola le permitirán optar a la asignación de tierras en otros predios que adquiera la Corporación.

El Capítulo III "De las asignaciones de tierras a las cooperativas campesinas" determina las obligaciones y prohibiciones que las afectan.

Según hemos manifestado anteriormente, el asignatario de tierras de la Corporación de la Reforma Agraria está obligado a pertenecer a una cooperativa campesina, por cuanto constituye uno de los objetivos de esta ley desarrollar en todo cuanto sea posible el régimen cooperativo.

El D. F. L. R. R. A. 20, de 1963, dictado en uso de la facultad que la ley Nº 15. 020 otorgó al Presidente de la República, legisla sobre cooperativas y en el Título III del Capítulo II se refiere a las cooperativas campesinas.

En las disposiciones pertinentes de la iniciativa en estudio, se precisan las actuaciones que a dichas cooperativas corresponden y la forma en que serán disueltas en caso de incumplimiento de las obliga-

ciones y prohibiciones que las afectan. Estas últimas coinciden con las establecidas para los asignatarios individuales de tierra y mantienen una misma finalidad y ordenamiento.

El Capítulo IV fija las normas a que deberán atenerse dichas cooperativas para el pago del precio asignado a las tierras que adquieran. Este pago será con una parte al contado y el saldo en cuotas anuales, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta años. Las cuotas respectivas devengarán un interés anual del 3%, con excepción de las tres primeras que no devengarán intereses. Asimismo, el 70% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censo.

También se establece el procedimiento de pago que regirá para el propietario expropiado que adquiera terrenos en un área de riego y para el comunero que adquiera terrenos de la Corporación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

El Título V "Del régimen de aguas" establece primero que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público.

La actual legislación sobre aguas está contenida en el Código de Aguas, aprobado por ley Nº 9. 909, de 28 de mayo de 1951, y establece en su artículo 9º que las aguas son bienes nacionales de uso público o de dominio particular. Determina asimismo que en las primeras se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, de conformidad a las disposiciones de dicho Código.

El propósito de la legislación en informe, es modificar el régimen jurídico de las aguas, estableciendo exclusivamente su calidad de bien nacional de uso público y otorgándose un derecho de aprovechamiento sobre este recurso natural.

Todo proceso de reforma agraria importa una redistribución de la tierra y la

tierra requiere del agua como elemento esencial para cumplir su función. Sin este requisito no podría prosperar ninguna reforma, por cuanto no es posible separar el agua de la tierra ni a la tierra del agua.

En nuestro país, las condiciones geológicas y topográficas del suelo hacen que este recurso natural tenga una extraordinaria importancia para los fines agrícolas, razón por la cual es indispensable racionalizar su distribución para que sirva en la mejor forma posible a la comunidad.

El Ejecutivo fundamenta esta disposición, en los siguientes términos:

"En todas las regiones áridas o semi-áridas del mundo existe la tendencia, generalizada, de considerar las aguas como de dominio público. La circunstancia de que se las haya incorporado al patrimonio público en esas regiones tienen una causa muy justificada, que es su escasez, la que infunde a dichos recursos su característica de elemento de importancia vital.

Dados la naturaleza y destino especiales de este recurso esencial, la legislación moderna de aguas de la mayoría de los países del mundo se ocupa sobre todo de regular el uso de ellas. Esta tendencia es particularmente notable en la ley sobre economía de las aguas de Alemania Occidental, de 1957, que se ocupa exclusivamente de regular y controlar su uso. En lo que respecta a las subterráneas, todas las legislaciones europeas, entre las que merece destacarse la francesa, establecen un control estricto que abarca todos los aspectos técnicos relativos a la excavación de pozos, al alumbramiento y aprovechamiento de esas aguas, a pesar de cualquier disposición de orden contenido efectivo, incluso en los países tradicionalmente más individualistas en lo que respecta al derecho de propiedad.

Nuestro país no ha sido una excepción a esta tendencia general y las aguas han sido de dominio público a través de todas las etapas de nuestro desenvolvimiento histórico.

En efecto, durante todo el período coló-

nial las aguas fueron parte integrante del Real Patrimonio; al independizarse nuestro país, esas aguas pasaron de la Corona de España al Estado chileno, incorporándose al dominio público.

El Código Civil, en 1855, ratificó que la mayor parte de las aguas eran de dominio público y, más precisamente, las calificó de bienes nacionales de uso público.

Los bienes nacionales de uso público tienen determinadas características que les son esenciales, como ser incomerciables e imprescriptibles, no admitiendo la existencia sobre ellos de un derecho de dominio privado ni cualquier otro que revista sus características.

El Código de Aguas vigente calificó, también, a la casi totalidad de las aguas como bienes nacionales de uso público, pero el derecho de aprovechamiento que concedió sobre ellas a los particulares tiene la característica de ser comerciable y prácticamente todos los atributos que otorga el dominio, ya que permite gozar, usar y disponer de las aguas.

Si se comparan estas características con las que señalábamos como esenciales a los bienes nacionales de uso público, se verá que son absolutamente contradictorias. El concepto que el Código de Aguas actualmente vigente establece sobre el derecho de aprovechamiento desvirtúa, por consiguiente, la calidad de bienes nacionales de uso público, patrimonio de todos los chilenos, que tienen las aguas.

En este aspecto las modificaciones que se proponen tienden a salvar las contradicciones señaladas, de manera que las aguas estén sujetas al régimen jurídico que como tales les corresponde, ejerciendo el Estado sobre ellas la tuición que le incumba, tratándose de un bien de dominio público que debe usarse del modo más racional y eficiente".

La Comisión tuvo presente durante la discusión de esta materia la conveniencia de reglamentar el régimen de aguas existentes y comparte, al efecto, los conceptos del Ejecutivo en cuanto a declarar co-

mo bienes nacionales de uso público todas las aguas del territorio nacional, sin exclusión de ninguna de ellas.

El uso de las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en virtud de un derecho de aprovechamiento, con excepción de aquellas de origen pluvial que caen y se recogen en un predio de propiedad particular y corresponden, en tal caso, a los propietarios del predio, mientras corran dentro de éste y no caigan a cauces naturales de uso público.

La naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento es substituida en las disposiciones de esta iniciativa de ley, por otra que le da el carácter de un derecho real administrativo, en que el Estado concede el uso de un bien nacional de uso público con sujeción a normas de Derecho Público, lo que no excluye la facultad del titular del derecho de continuar haciendo uso de él, sometido a las reglas de las concesiones administrativas. El Estado sólo puede conceder el uso de las aguas, pero jamás el dominio sobre ellas.

Como consecuencia de esta enmienda y para el solo efecto de incorporar las aguas al dominio público, se declaran éstas de utilidad pública y se expropian todas las aguas que, a la fecha de vigencia de la presente ley, sean de dominio particular. Los dueños de las aguas continuarán usándolas en calidad de titulares de un derecho de aprovechamiento sin necesidad de obtener para ello una nueva merced. El titular de dicho derecho que resultare perjudicado por haberse extinguido éste total o parcialmente será indemnizado por el daño emergente.

La regulación del uso de las aguas entre titulares del derecho de aprovechamiento se hará por las respectivas Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, en la forma prevista en el Título VI del Código de Aguas, sin perjuicio de las atribuciones que dicho Código y esta ley confieren a la Dirección de Aguas.

Las Juntas de Vigilancia en los cauces

naturales y las Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua en los cauces artificiales, son entidades encargadas de tomar las aguas del canal matriz y distribuirlas entre sus asociados. Respecto a esta materia, no se innova y quedan subsistentes íntegramente las facultades que les concede la legislación vigente.

Las aguas destinadas al riego sólo podrán extraerse de los cauces naturales en los períodos de riego y en la medida necesaria para estos fines, salvo que sea para embalsarlas. Esta disposición tiene por objeto reglamentar el uso de las aguas en la forma que más adelante se señala, por cuanto en la actualidad, de acuerdo con la legislación vigente, los particulares pueden extraer agua durante las 24 horas del día y los 365 días del año, tengan o no necesidad de utilizar las aguas, sin otra limitación que aquella que les señalan los derechos que les corresponden.

Se autoriza a la Dirección de Aguas para regular las exploraciones que vayan a efectuarse con el objeto de alumbrar aguas subterráneas y para prohibirlas en los casos que indica.

La legislación actual, contemplada en el artículo 50 y siguientes del Código de Aguas, establece que cualquiera puede explorar aguas en suelo propio con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, y en bienes nacionales se podrá explorar previa autorización de la Dirección General de Aguas.

Las facultades que se otorgan a la Dirección de Aguas en esta oportunidad, tienen por objeto reglamentar esta norma por cuanto los alumbramientos realizados sin control pueden ocasionar la intersección de napas, comprometer la calidad del agua y crear otros problemas que limiten la cantidad de agua disponible con grave perjuicio para su uso y aprovechamiento.

En la disposición siguiente, se faculta a las instituciones y empresas del Estado para que exploren y caven en terrenos de dominio privado y en aquellos cuya tenencia haya entregado el Estado a particula-

res, a cualquier título, con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, previa autorización de la Dirección de Aguas, conforme al procedimiento señalado en el artículo 287 del Código de Aguas.

El dueño del inmueble tendrá derecho a que las instituciones o empresas respectivas, le indemnicen el daño emergente causado por la ocupación necesaria para la ejecución de las obras. Asimismo, el aprovechamiento de las aguas alumbradas corresponderá a los organismos que hubieren efectuado la exploración. Para estos efectos, se permite la ocupación de los terrenos necesarios a esta finalidad.

El objetivo de esta disposición es obtener un aumento de las disponibilidades de aguas y, al permitir que las exploraciones las realicen servicios de carácter estatal, se pretende garantizar debidamente que las obras se ejecuten con seriedad y responsabilidad y sólo cuando el Estado estime que sea indispensable hacerlo. Además, se racionalizan las exploraciones de acuerdo a normas técnicas que determine un organismo especializado como es la Dirección de Aguas, que deberá procurar que la comunidad se beneficie y no se perjudique por disminución de las disponibilidades de este recurso.

La Comisión, con anterioridad al estudio de este proyecto de ley, conoció otro que tiene por objeto fomentar el riego subterráneo mediante la aplicación de tarifas eléctricas de excepción. En esta materia, se ha tenido presente la conveniencia de aumentar los recursos de agua, pero debidamente reglamentados para no perjudicar otras actividades agrícolas e -industriales. El uso de las aguas subterráneas no puede ser indiscriminado y debe conducir a un aprovechamiento óptimo, sobre todo si se tiene presente su importancia en determinadas zonas del país.

La disposición siguiente, establece que la Dirección de Aguas podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales la unificación de bocatomas en dichos cauces y las de sus correspondientes

canales. La facultad además para realizar los estudios y obras de unificación por cuenta de los particulares y para recuperar los gastos en que incurra cargándolos a los usuarios, aplicando sanciones de carácter económico a los deudores morosos de la parte de dichos gastos que les corresponda cubrir. La resolución que determine los gastos de los particulares, es reclama-ble ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.

Las facultades que en este sentido se otorgan a la Dirección de Aguas son altamente beneficiosas, por cuanto mediante la unificación de bocatomas se podrá racionalizar el uso del agua y aprovechar aque-llas que se pierden, tanto por filtraciones como por evaporación, debido a la multiplicación de bocatomas existentes en los ríos y cauces naturales. Gran parte de estas obras fueron construidas por los particulares sin sentido técnico alguno y atendiendo sólo al beneficio del usuario.

La disposición comentada, faculta también a la Corporación de Fomento de la Producción para conceder préstamos a los particulares que deban realizar las obras indicadas, en condiciones por demás favorables.

El artículo siguiente, faculta al Presidente de la República para que, a petición o con informe de la Dirección de Aguas, pueda declarar zonas de escasez en épocas de extraordinaria sequía. Esta atribución permitirá redistribuir las aguas disponibles para reducir al mínimo los daños generales derivados de una sequía manifiesta. En tal sentido, la facultad es amplia, incluso para suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas, como también para seccionar las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona objeto de la declaración indicada.

Estima al respecto la Comisión, que esta facultad es necesaria e imprescindible, por cuanto su objetivo es evitar daños ma-

yores frente a un estado de emergencia y dar preferencia al uso de este recurso natural en aquellas plantaciones y cultivos cuya pérdida podría ser irreparable para la economía de la Nación.

La disposición siguiente, faculta asimismo a la Dirección de Aguas para cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario cuando así lo aconseje el más adecuado empleo de las aguas y siempre que las de reemplazo sean de calidad apropiada y en igual cantidad. Los gastos, en la misma forma que la indicada para la unificación de bocatomas, serán de cargo de los particulares.

Esta medida tiene por objeto obtener una racionalización en el uso del agua y disminuir las pérdidas de este recurso por las razones anteriormente expuestas.

El artículo 95, determina que las atribuciones que el Código de Aguas confiere al Presidente de la República en las disposiciones que señala, serán ejercidas mediante resolución dictadas por el Director de Aguas.

Esta disposición tiende a facilitar el procedimiento indicado en el Código en referencia para la ejecución de las instrucciones que, en uso de las facultades que la ley le confiere, dicte el Presidente de la República.

El artículo siguiente, establece que no podrá cederse el derecho de aprovechamiento y determina cuándo subsistirá este derecho y los requisitos que deberá cumplir en caso de enajenación o adjudicación de parte de un predio regado.

El artículo 97 autoriza al Presidente de la República para fijar tasas de uso racional y beneficioso de las aguas para sus diferentes utilizaciones.

Esta disposición fue extensamente debatida en el seno de vuestra Comisión y quedó de manifiesto su concordancia con las finalidades de la legislación en estudio.

El concepto de la tasa de uso racional y beneficioso constituye indudablemente uno de los aspectos técnicos más relevantes de los Códigos de Aguas de otros países y su

incorporación a nuestra legislación, es una consecuencia de los nuevos planteamientos sobre su mejor uso y aprovechamiento.

Esta tasa, según informaciones proporcionadas a la Comisión por los Ingenieros de la Dirección General de Aguas, permite establecer una seguridad de riego que es altamente beneficiosa, por cuanto dará oportunidad a aprovechar los excesos del uso del agua en atender predios que actualmente carecen de este elemento. El agua, como recurso natural escaso, debe estar sujeto a limitaciones justas que, sin perjudicar a los actuales usuarios, permita disponer de ella para incorporar nuevas tierras de regadío que aumenten las posibilidades económicas del país.

El procedimiento que se seguirá para establecer, en cada caso, la tasa indicada, será aplicado por personal especializado que tendrá presente tanto los derechos de aprovechamiento que corresponde a los usuarios como los intereses generales de la nación.

Se dijo en la Comisión que son muchas y muy comunes las circunstancias en que los propietarios de predios rústicos adquieren derechos de agua en exceso, para precaverse de posibles emergencias. Esto no es aceptable en un país donde este recurso es esencial y que debe constituir por sí solo materia de extraordinaria preocupación.

La Dirección de Aguas, una vez terminados los estudios correspondientes, deberá publicar en un diario o periódico de la cabecera del Departamento respectivo esta circunstancia y los interesados podrán objetar dichos estudios dentro de un plazo determinado. Esta tasa podrá ser modificada cuando varíen los factores que hayan servido para determinarla.

La disposición siguiente permite al Presidente de la República declarar la extinción total y parcial de los derechos de aprovechamiento cuando sea necesario destinar el agua a la bebida, a otros usos domésticos o así lo requiera el desarrollo de

una zona. En tal caso se indemnizará, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, a quienes resulten perjudicados por estas medidas.

El artículo que sigue, es una consecuencia del establecimiento de la tasa de uso racional y beneficioso, y declara caducados todos los derechos de aprovechamiento desde la fecha de vigencia de la tasa indicada.

Igualmente, se consulta una disposición que faculta a la Dirección de Aguas para declarar caducados, en todo o en parte, los derechos de aprovechamiento, cuando concurran ciertas circunstancias que importan su mal uso o se infringieren disposiciones legales determinadas. En este caso, las personas afectadas no tendrán derecho a indemnización alguna.

Las indemnizaciones que se otorguen en los casos señalados en la presente ley, y en el Código de Aguas, comprenderán sólo el daño emergente y se pagarán con un 33% al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales, las cuales serán reajustabas y devengarán un interés del 3% anual.

Se establece también que las resoluciones de la Dirección de Aguas producirán sus efectos de inmediato en la forma que se determina y dentro de los plazos que se indican. En cuanto ellas establezcan alguna indemnización o fijen su monto, podrán reclamarse ante los Tribunales ordinarios, dentro del plazo que al efecto se señala. Corresponderá en todo caso, al particular interesado probar los hechos que sirven de fundamento a su reclamación.

Las notificaciones de la Dirección de Aguas que procedan, se efectuarán personalmente o por carta certificada o mediante publicaciones en los periódicos de la localidad en que estén ubicados los predios afectados.

El Presidente de la República podrá establecer por decreto supremo áreas de racionalización del uso del agua y con ello quedarán extinguidos los derechos de apro-

vechamiento de los particulares, sin perjuicio de lo cual podrán éstos continuar usando de ella hasta que la Dirección en referencia conceda nuevos derechos.

Se establece también que la Dirección de Aguas deberá llevar un Registro Público de Aguas en el cual figurarán todos los actos, informaciones y datos que tengan relación con esta materia, y en el que se inscribirán además las resoluciones que afecten a los particulares.

En la actualidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 236 del Código de Aguas, corresponde a los Conservadores de Bienes Raíces llevar un Registro de Aguas, en el cual se inscriben los títulos respectivos. Esta disposición se deroga más adelante, por cuanto ha sido substituida en la forma expresada anteriormente.

También se declaran extinguidos, desde la fecha de publicación de la presente ley, todas las hipotecas, prohibiciones, embargos y demás gravámenes que afecten a las aguas, sin perjuicio de los derechos que los acreedores puedan ejercer sobre las indemnizaciones que correspondan.

La extinción de estos gravámenes y prohibiciones es una consecuencia lógica del nuevo concepto que determina que las aguas son bienes nacionales de uso público, y no podrían éstos subsistir de no existir asimismo el dominio.

En caso de que las declaraciones que los particulares hubieren prestado a la Dirección de Aguas a requerimiento de ésta sean manifiestamente falsas, los usuarios afectados podrán ser excluidos de las concesiones de los nuevos derechos de aprovechamiento y no podrán reclamar indemnización alguna. Esta sanción permitirá a la Dirección de Aguas evitar que se incurra en errores que causen perjuicio a otros usuarios y a la colectividad.

El artículo 114 de este proyecto de ley introduce diversas enmiendas al Código de Aguas vigente, con el objeto de incorporar a dicho texto legal los nuevos conceptos enunciados sobre régimen de aguas.

Sin embargo, a pesar que dichas enmiendas tienen sólo el carácter indicado, con el objeto de que la H. Cámara tenga una clara visión de estas modificaciones nos permitimos transcribir, en cada caso, la disposición original del actual Código, la enmienda que se propone y el texto definitivo de la misma.

El Nº 1 deroga los siguientes artículos: 10, 11, 22, 25, 27, 32, 40, 41, 42, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 108, 195, 197, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 266, 270, 275, 276, 280 y 302.

El Nº 2 reemplaza el artículo 9º que dice:

Artículo 9°.- Las aguas son bienes nacionales de uso público o de dominio particular.

En los primeros se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código.

Este artículo queda, por tanto, redactado en los siguientes términos:

Artículo 9°.- Las aguas son bienes nacionales de uso público. Sobre ellas se concede a los particulares sólo el derecho de aprovechamiento.

El Nº 3 reemplaza el actual artículo 12 que dispone:

Artículo 12.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre aguas de dominio público y que consiste en el uso, goce y disposición de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el presente Código.

En consecuencia, este artículo queda redactado en los términos siguientes:

Artículo 12.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real administrativo que recae sobre las aguas y que consiste en su uso con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el presente Código.

El Nº 4 reemplaza el inciso primero del del artículo 18 que expresa:

Artículo 18.- Son derechos de ejercicio permanente:

1°.- Los que tengan esta calidad a la fecha de promulgación del presente Código:

Este inciso queda, por lo tanto, redactado en los siguientes términos:

Artículo 18.- "Son derechos de ejercicio permanente:

1°.- Los que se conceden con dicha calidad en conformidad a las disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación".

El Nº 5 reemplaza al artículo 21 que dice:

Artículo 21.- El aprovechamiento de las aguas que corren por un cauce artificial construido a expensa ajena, pertenece exclusivamente al dueño del derecho de aprovechamiento que con los requisitos legales haya construido el cauce.

La compra de derechos de agua importa la adquisición de la cuota proporcional del canal respectivo, salvo estipulación expresa de los contratantes.

Las reglas contenidas en los incisos precedentes se aplicarán también a las aguas admacenadas en represas o pantanos artificiales.

En consecuencia, este artículo queda redactado en la siguiente forma:

Artículo 21.- La Dirección de Aguas podrá autorizar el uso de un cauce artificial u obras construidas a expensa ajena, para conducir aguas destinadas al riego o a otros usos, siendo de cargo de los beneficiarios los ensanches del cauce y demás obras complementarias que se hicieren necesarias para este objeto. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a recibir indemnización por los perjuicios efectivos que se le ocasionen, pero no se hará acreedor a ella por el solo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.

El uso de dichos cauces u obras se ha-

rá efectivo desde la fecha de la autorización.

El Nº 6 deroga los incisos segundo y cuarto del artículo 23. Reemplaza, asimismo en el inciso primero del referido artículo la palabra "adquirir" por la palabra "obtener", suprimiendo la frase final "y ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlo en cauces naturales", terminando la frase con un unto (. ) después de la palabra "concederla".

Suprímese también en el inciso tercero del mismo artículo la frase siguiente: "de una capacidad superior a cien mil metros cúbicos", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "embalses"; y agrégase en el inciso final, reemplazando el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "excepto la autorización para construir embalses de una capacidad inferior a cien mil metros cúbicos, la cual se hará por simple resolución del Director de Aguas".

El actual artículo 23 dispone lo siguiente:

Artículo 23.- El derecho de aprovechamiento sólo se puede adquirir en virtud de una merced concedida por el Presidente de la Repúbliuca en la forma que establece este Código. Ninguna otra autoridad tendrá facultad para concederla y ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlo en cauces naturales.

Las mercedes podrán ser perpetuas o temporales.

Asimismo, todo cambio de bocatoma o traslado de derechos de aguas en cauces naturales sólo podrá efectuarse con autorización del Presidente de la República. También se necesitará esta autorización para la construcción de embalses de una capacidad superior a cien mil metros cúbicos.

Estas autorizaciones sólo podrán darse si no se lesionan derechos adquiridos y previa audiencia de la Junta de Vigilancia respectiva.

La tramitación de estas autorizaciones se sujetará a las reglas de las mercedes de agua.

De acuerdo a las enmiendas aprobadas, el aludido artículo quedó concebido en los siguientes términos:

Artículo 23.- El derecho de aprovechamiento sólo se puede obtener en virtud de una merced concedida por el Presidente de la República en la forma que establece este Código. Ninguna otra autoridad tendrá facultad para concederla.

Asimismo, todo cambio de bocatoma o traslado de derechos de aguas en cauces naturales sólo podrá efectuarse con autorización del Presidente de la República. También se necesitará esta autorización para la construcción de embalses.

La tramitación de estas autorizaciones se sujetará a las reglas de las mercedes de agua, excepto la autorización para construir embalses de una capacidad inferior a cien mil metros cúbicos, la cual se hará por simple resolución del Director de Aguas.

El Nº 7, suprime en el artículo 24 la siguiente frase: "y se concederán sin perjuicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos", reemplazándose la coma (, ) por un punto (. ).

El actual artículo 24, dice como sigue:

Artículo 24.- Las mercedes serán de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado entre varias personas, y se concederán sin perjuicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos.

En consecuencia, el artículo referido quedó redactado en la siguiente forma:

Artículo 24.- Las mercedes de ejercicio permanente o eventual, continuo o descontinuo, o alternado entre varias personas.

El Nº 8, reemplaza en el artículo 26 las palabras:

"un fin determinado" por las palabras "una utilización determinada" y las pala-

bras "otro diverso" por las palabras "otra div-ersa".

El actual artículo 26 dispone:

"Artículo 26.- Las aguas concedidas para un fin determinado no podrán aplicarse a otro diverso sin la autorización correspondiente, la que se otorgará como si se tratara de una nueva merced y salvas las excepciones legales".

De acuerdo a las enmiendas aprobadas, el mencionado artículo quedó redactado como sigue:

"Artículo 26.- Las aguas concedidas para una utilización determinada no podrán aplicarse a otra diversa sin la autorización correspondiente, la que se otorgará como si se tratara de una nueva merced y salvas las excepciones legales".

El Nº 9, reemplaza en el artículo 28 la palabra: "previa", por la frase "sin perjuicio de".

El actual artículo 28 dice:

Artículo 28.- La concesión de una merced de agua lleva aparejada por el ministerio de la ley la imposición de todas las servidumbres para su ejercicio, previas las indemnizaciones correspondientes.

Con las enmiendas aprobadas el artículo aludido quedó como sigue:

Artículo 28.- La concesión de una merced de agua lleva aparejada por el ministerio de la ley la imposición de todas las servidumbres necesarias para su ejercicio, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.

El Nº 10, deroga los números 3º, 4º 5º y 6? del artículo 30 del Código de Aguas, y reemplaza en el inciso final la palabra "empresas" por la palabra "actividades".

El actual artículo 30 establece:

Artículo 30.- Si se presentaren diver-sas solicitudes de merced para unas mismas aguas, su concesión se hará en el siguiente orden de preferencia:

1-Bebida y servicio de agua potable de las poblaciones y centros industriales;

2°.- Usos domésticos y saneamiento de poblaciones:

3°.- Abastecimiento de ferrocarriles y elaboración de salitre;

4°.- Regadío;

5°.- Plantas generadoras de fuerza motriz o eléctricas;

6°.- Industrias, molinos y fábricas, y

7°.- Otros usos.

Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de mayor importancia y utilidad, y en igualdad de condiciones preferirán según las fechas de sus solicitudes.

De acuerdo a las enmiendas aprobadas el referido artículo quedó en la siguiente forma:

Artículo 30.- Si se presentaren diversas solicitudes de merced para unas mismas aguas, su concesión se hará en el siguiente orden de preferencia:

1°.- Bebida y servicio de agua potable de las poblaciones y centros industriales;

2°.- Usos domésticos y saneamiento de poblaciones;

3°.- Derogado;

4°.- Derogado;

5°.- Derogado;

6°.- Derogado;

7°.- Otros usos.

Dentro de cada clase serán preferidas las actividades de mayor importancia y utilidad, y en igualdad de condiciones preferirán según las fechas de sus solicitudes.

El Nº 11, suprime en el artículo 31 la frase: "Sin perjuicio de los derechos ya adquiridos, ", iniciándose la oración con mayúscula.

El actual artículo 31 expresa:

Artículo 31.- Sin perjuicio de los derechos ya adquiridos, el Presidente de la República podrá conceder mercedes sobre unas mismas aguas a distintas personas para usos diversos, determinando el tiempo diario en que cada uno de los concesionarios podrá gozarlas.

Estas mercedes se denominan de ejercicio alternado.

Con las enmiendas aprobadas, el artículo aludido quedó redactado en los siguientes términos:

Artículo 31.- El Presidente de la República podrá conceder mercedes sobre unas mismas aguas a distintas personas para usos diversos, determinando el tiempo diario en que cada uno de los concesionarios podrá gozarlas.

Estas mercedes se denominan de ejercicio alternado.

El Nº 12, reemplaza el artículo 35 que dispone;

Artículo 35.- Para los efectos de concesión de nuevas mercedes de regadío o usos que consuman agua, el Presidente de la República podrá declarar, previa audiencia de la Junta de Vigilancia respectiva, el agotamiento de las aguas que corren por cauces naturales y las de lagos que sean bienes nacionales de uso público.

En consecuencia, este artículo quedó redactado en los siguientes términos:

Artículo 12.- Para los efectos de concesión de nuevas mercedes de riego o usos que consuman agua, el Presidente de la República podrá declarar el agotamiento de las aguas que corren por cauces naturales. Cuando se modifiquen los hechos que sirvieron de fundamento para declarar el agotamiento el Presidente de la República podrá dejarlo sin efecto, oyendo a la respectiva Junta de Vigilancia.

El Nº 13, suprime en el artículo 36 la frase: "Sin perjuicio de derechos adquiridos, ", iniciándose la oración con mayúscula.

El actual artículo 36 establece: Artículo 36.- Sin perjuicio de derechos adquiridos, el Presidente de la República podrá fijar y reservar cuotas para la concesión de mercedes de las diversas clases a que se refiere este Código y destinar exclusivamente a la concesión de ciertos usos, determinadas cantidades de agua.

Con las modificaciones aprobadas, el

artículo en referencia quedó concebido en los siguientes términos:

Artículo 36.- El Presidente de la República podrá fijar y reservar cuotas para la concesión de mercedes de las diversas clases a que se refiere este Código y destinar exclusivamente a la concesión de ciertos usos, determinadas cantidades de agua".

El Nº 14, reemplaza el inciso primero del artículo 43 que dispone:

Artículo 43.- Las mercedes de aguas para regadío se concederán únicamente a los propietarios que justifiquen necesitarlas y en la dotación que corresponda a los terrenos que se van a regar, según la extensión y naturaleza de ellos y el caudal disponible del cual se va a extraer el agua.

De conformidad con la enmienda aprobada el inciso aludido quedó redactado como sigue:

Las mercedes de aguas para riego se concederán únicamente a los propietarios que justifiquen necesitarlas y de acuerdo con la tasa de uso racional y beneficioso.

El Nº 15, establece que se agregue al artículo 47, cambiando el punto (. ), por una coma (, ) la siguiente frase final, "y de acuerdo con las instrucciones que imparta la Dirección de Aguas, en los casos que lo estime necesario".

El artículo original dispone:

Artículo 47.- La extracción y restitución de las aguas se hará siempre en forma que no se perjudiquen los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, ya sea sobre su cantidad, calidad o substancia, y demás particularidades.

Con las enmiendas propuestas, este artículo quedó concebido en los términos siguientes:

Artículo 47.- La extracción y restitución de las aguas se hará siempre en forma que no se perjudiquen los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, ya sea sobre su cantidad, calidad o substancia, y demás particularidades, y

de acuerdo a las instrucciones que imparta la Dirección de Aguas, en los casos que lo estime necesario.

El Nº 16, reemplaza en el inciso segundo del artículo 49 las palabras: "perjudiquen derechos adquiridos" por la siguiente frase: "perjudique la regularidad del riego".

El actual inciso segundo del artículo 49 expresa:

"En consecuencia, los concesionarios de aquellas mercedes deberán tomar las medidas o construir las obras necesarias para que no se produzcan mermas o golpes de agua que causen perjuicios a los regantes o destruyan sus bocatomas y, en general, no se perjudiquen derechos adquiridos".

De conformidad con las enmiendas aprobadas, el artículo mencionado quedó redactado como sigue:

"El uso de las aguas para fines industriales o para fuerza motriz debe hacerse de manera que no perjudique los riegos.

En consecuencia, los concesionarios de aquellas mercedes deberán tomar las medidas o construir las obras necesarias para que no se produzcan mermas o golpes de agua que causen perjuicio a los regantes o destruyan sus bocatomas y, en general, no se perjudique la regularidad del riego".

El Nº 17, deroga el inciso tercero del artículo 50.

Agrega, asimismo, al inciso primero del artículo 50 mencionado, sustituyendo el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "en conformidad a las normas que determine la Dirección de Aguas, salvo que dicha Dirección la haya prohibido".

El actual artículo 50 expresa:

Artículo 50.- Cualquiera puede explorar en suelo propio con el objeto de alumbrar aguas subterráneas.

En bienes nacionales se podrá explorar previo permiso de la Dirección General de Aguas.

No se podrá explorar ni obtener merced en suelo ajeno.

Con las modificaciones aprobadas el referido artículo quedó redactado en los términos siguientes:

"Artículo 50.- Cualquiera puede explorar en suelo propio con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, en conformidad a las normas que determine la Dirección de Aguas, salvo que dicha Dirección la haya prohibido.

En bienes nacionales se podrá explorar previo permiso de la Dirección General de Aguas".

El Nº 18, reemplaza en el inciso segundo del artículo 51 las palabras "cinco pesos", por la siguiente frase: "dos milésimos del sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago".

El actual inciso segundo del artículo 51 dispone:

No se podrá conceder el permiso sin previa consignación de la suma necesaria para responder de los perjuicios que puedan causarse, la que no podrá ser inferior a cinco pesos por hectárea.

En conformidad a las modificaciones aprobadas, el inciso en referencia, quedó redactado como sigue:

"No se podrá conceder el permiso sin previa consignación de la suma necesaria para responder de los perjuicios que puedan causarse, la que no podrá ser inferior a dos milésimos del sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".

El Nº 19, reemplaza en el inciso primero del artículo 52, la palabra "interesado" por la frase "beneficiario del permiso a que se refiere el artículo anterior".

El actual inciso primero del artículo 52 expresa:

Artículo 52.- Comprobada la existencia de aguas subterráneas en bienes nacionales, el interesado tendrá derecho preferente para solicitar la merced respectiva.

De acuerdo a las modificación aprobada, su redacción quedó de la siguiente forma:

"Artículo 52.- Comprobada la existencia de aguas subterráneas en bienes nacionales, el beneficiario del permiso a que se refiere el artículo anterior tendrá derecho preferente para solicitar la merced respectiva".

El N° 20 suprime el inciso segundo del artículo 66, que decía:

Este suelo es de dominio público, salvo el de aquellos a que se refiere el inciso 2º del artículo 11.

De acuerdo a lo preceptuado por este número, el artículo referido quedó redactado de la siguiente forma:

Artículo 66.- Alveo o lecho de los lagos, lagunas, pantanos y demás aguas detenidas, es el suelo que ellas ocupan en su mayor altura ordinaria.

El Nº 21 reemplaza en el inciso primero del artículo 74 la palabra "regadío" por la palabra "riego"; reemplaza, asimismo, en el inciso segundo la palabra "dueño", por la palabra "usuario", y suprime la frase "sin aprovechamiento en otro de su dominio", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "predio".

El actual artículo 74 establece:

Artículo 74.- Constituyen derrames las aguas que quedan después del regadío de un predio una vez abandonadas a la salida de él.

Se presume el abandono de los derrames desde que el dueño los deja salir fuera de su predio sin aprovecharlas en otro de su dominio. Caídos a un cauce natural o artificial, se confunden con las aguas de estos últimos.

Con las enmiendas aprobadas, el artículo aludido quedó redactado en la siguiente forma:

"Artículo 74.- Constituyen derrames las aguas que quedan después del riego de un predio una vez abandonadas las salidas de él.

Se presume el abandono de los derra-

mes desde que el usuario los deja salir fuera de su predio. Caídos a un cauce natural o artificial, se confunden con las aguas de estos últimos".

El Nº 22 suprime en el artículo 75 la frase "salvo estipulaciones en contrario", reemplazando la coma (, ) por un punto

El actual artículo 75 expresa:

Artículo 75.- La producción de derrames estará sujeta a las contingencias del caudal matriz y a las necesidades y distribución o empleo que de las aguas se haga en el predio que las origina, por lo cual no es obligatoria ni permanente, salvo estipulaciones en contrario.

De acuerdo a la enmienda aprobada el referido artículo quedó redactado en los siguientes términos:

"Artículo 75.- La producción de derrames estará sujeta a las contingencias del caudal matriz y a las necesidades y distribución o empleo que de las aguas se haga en el predio que las origina, por lo cual no es obligatorio ni permanente".

El Nº 23 reemplaza al artículo 76 que dispone:

"Artículo 76.- El aprovechamiento por terceros de los derrames no constituye gravamen o servidumbre que afecte al predio que los produce. Son actos de mera tolerancia que no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción".

En conformidad a la modificación el artículo mencionado pasó a tener la siguiente redacción:

"Artículo 76.- Los derrames que escurran en forma natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de dichos predios sin necesidad de obtener un derecho de aprovechamiento, salvo prohibición de la Dirección de Aguas".

El N° 24 deroga el inciso segundo del artículo 90, que dice:

"Se incorporarán a la Asociación con arreglo al título de que consten, con sus privilegios y preferencias si los tuvieren, y no se podrá imponerles en lo futuro car-

gas o gravámenes de los cuales estuvieren exentos por sus títulos ni alterarles los que tuvieren según los mismos".

De acuerdo a la modificación aprobada, el artículo aludido quedó redactado, en la forma siguiente:

"Artículo 90.- El derecho de los asociados se determinará en los estatutos por unidades que se denominarán acciones y que consistirán en una parte alícuota de las aguas del acueducto.

El Nº 25 reemplaza el artículo 93 que expresa:

"Artículo 93.- Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecuniarios o de otra naturaleza con que contribuyan los dueños de las aguas para los fines de la institución, el producto de las multas, los beneficios provenientes de las instalaciones de fuerza motriz que corresponde percibir a las Asociaciones, las indemnizaciones que se paguen por la servidumbre de fuerza motriz impuesta sobre sus acueductos y los bienes que adquiera por cualquier título".

En consecuencia, con la enmienda introducida, el presente artículo quedó redactado en la siguiente forma:

"Artículo 93.- Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecuniarios o de otra naturaleza con que contribuyan los titulares de los derechos de aprovechamiento para los fines de la institución, el producto de las multas y los bienes que adquieran por cualquier título".

El Nº 26 reemplaza el artículo 94 que dice:

"Artículo 94.- El derecho de aprovechamiento de las aguas y el cauce que las conduce no pertenecen a la Asociación; son del dominio de los accionistas".

De acuerdo a la modificación aprobada el aludido artículo quedó concebido en los siguientes términos:

"Artículo 94.- Los derechos de aprovechamiento de las aguas y el cauce que las conduce no pertenecen a la Asociación.

El cauce es de dominio de los accionistas".

El Nº 27 establece una modificación al inciso primero del artículo 98, reemplazándose la frase: "las mutaciones de dominio que se produzcan y los gravámenes que se constituyan", por la siguiente: "y las mutaciones del derecho de aprovechamiento".

El actual inciso segundo del artículo 98 dispone:

"No se podrán inscribir estas mutaciones ni los gravámenes mientras no se hagan previamente en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces las inscripciones correspondientes. "

Con la enmienda aprobada el inciso en referencia quedó redactado como sigue:

"No se podrán inscribir estas mutaciones mientras no se hagan previamente en el Registro de la Dirección de Aguas. "

El Nº 29 reemplaza en el artículo 99 las palabras "Aguas del Conservador", por "la Dirección de Aguas".

El actual artículo 99 dispone:

"Artículo 99.- El Directorio podrá ordenar de oficio la inserción en el Registro de la Asociación de las inscripciones respectivas que existan en el Registro de Aguas del Conservador. "

De acuerdo a la enmienda introducida ha quedado redactado en la siguiente forma:

"Artículo 99.- El Directorio podrá ordenar de oficio la inserción en el Registro de la Asociación de las inscripciones respectivas que existan en el Registro de la Dirección de Aguas. "

El Nº 30 suprime en el artículo 105 la frase: "sin menoscabo de los derechos a que se refiere el artículo 90, inciso segundo", reemplazando la coma (, ) por un punto (. ).

El actual artículo 105 expresa:

"Artículo 105.- Podrán establecerse en los estatutos normas permanentes para la distribución de las aguas, sin menoscabo de los derechos a que se refiere el artículo 90, inciso 2º. "

Con la enmienda aprobada el artículo

referido quedó concebido en la forma siguiente:

"Artículo 105.- Podrán establecerse en los estatutos normas permanentes para la distribución de las aguas. "

El Nº 31 reemplaza en el Nº 1 del artículo 106 las expresiones "sin que pueda exceder de trescientos pesos" por la frase "no pudiendo ser inferior a un centésimo ni superior a veinticinco centésimos, de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".

El actual artículo 106, dispone en su Nº 1, lo siguiente:

"Artículo 106.- Son obligaciones de los asociados:

1° Asistir a las Juntas de Accionistas. Los inasistentes pagarán una multa siempre que no haya sala. Si los estatutos nada dijeren, la multa será determinada por el Directorio sin que pueda exceder de trescientos pesos. "

En conformidad a las reformas introducidas el número referido, del artículo 106 quedó concebido en los términos siguientes:

"Artículo 106.- Son obligaciones de los asociados:

1° Asistir a las Juntas de Accionistas. Los inasistentes pagarán una multa siempre que no haya sala. Si los estatutos nada dijeren, la multa será determinada por el Directorio no pudiendo ser inferior a un centésimo ni superior a veinticinco centesimos de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el Comercio del Departamento de Santiago. "

El Nº 32 deroga el inciso cuarto del Nº 2 del artículo 106.

El inciso referido expresaba:

"Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará sin perjuicio de los derechos a que se refiere el artículo 90, inciso 29. "

En consecuencia, el número en referencia quedó concebido en la siguiente forma:

"2º Costear la construcción y reparación del dispositivo por el que extrae sus aguas del caudal principal; y si fueren va-

rios los interesados en el dispositivo, pagarán la obra a prorrata.

Los dispositivos calificados de partidores principales por las Juntas Generales, serán costeados por los accionistas de una y otra rama, a prorrata.

Cuando los dispositivos a canales costeados particularmente por los accionistas se inutilizaren por alguna medida de interés común acordada por el Directorio o la Junta, como ser, reforma del sistema de dispositivos, rebaje del pian del acueducto u otra obra semejante las nuevas obras que sean necesarias se harán a costa de todos los interesados en la obra.

El Nº 83 reemplaza el Nº 3 del artículo 106 que dispone:

"3º Soportar la introducción de nuevas aguas al cauce que conduce las suyas, aunque: sea de su dominio exclusivo, siempre que las aguas por introducir sean de otro asociado. Este deberá indemnizar al accionista afectado en conformidad a lo dispuesto por el artículo 181, y"

En consecuencia, el artículo 106 en su número tercero quedó redactado como sigue:

"3°.- Soportar la introducción de nuevas aguas al cauce, aunque sea de su do-dominio exclusivo. El dueño del cauce únicamente tendrá derecho a recibir indemnización por los perjuicios efectivos que se le ocasionen, pero no será acreedor a ella por el solo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos. "

El Nº 34 suprime en el inciso primero del artículo 110, la frase: "y del embargo y enajenación de las acciones u otros bienes del deudor", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "ejecutiva".

El actual artículo 110, en su inciso primero expresa:

"Artículo 110.- Los accionistas morosos en el pago de sus cuotas pagarán intereses penales hasta el dos por ciento mensual sobre el monto de lo adeudado, y serán privados del agua durante la mora,

sin perjuicio de la vía ejecutiva y del embargo y enajenación de las acciones u otros bienes del deudor. "

Con la enmienda aprobada, el inciso aludido quedó redactado como sigue:

"Artículo 110.- Los accionistas morosos en el pago de sus cuotas pagarán intereses penales hasta del dos por ciento mensual sobre el monto de lo adeudado, y serán privados del agua durante la mora, sin perjuicio de la vía ejecutiva. "

El Nº 35 reemplaza en el inciso primero del artículo 112, las expresiones "de $ 500 a $ 20. 000" por la frase "de un décimo a cuatro sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".

El actual inciso primero del artículo 112 dispone:

"Artículo 112.- Si algún accionista, por sí o por interpósita persona, alterase un dispositivo de distribución, éste será restituido a costa del accionista, quien sufrirá, además, una multa de $ 500 a $ 20. 000 y privación del agua hasta que la pague. Las reincidencias serán penadas con multa doble o triple, según corresponda. "

Con la modificación propuesta el inciso mencionado queda concebido en la siguiente forma:

"Artículo 123.- Si algún accionista, por sí o por interpósita persona, alterase un dispositivo de distribución, éste será restituido a costa del accionista quien sufrirá, además, una multa, un décimo a cuatro sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, y privación del agua hasta que la pague. Las reincidencias serán penadas con multa doble o triple, según corresponda".

El Nº 36 suprime en el artículo 160, la frase "pero se respetarán los derechos adquiridos", reemplazando la coma (, ) por un punto (. ).

El actual artículo 160 dispone:

"Artículo 160.- Cuando el Estado construya obras de embalse destinadas a regularizar el régimen de una corriente, el Presidente de la República podrá estable-

cer, modificar o suprimir el seccionamien-to de ella, con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de las aguas, pero se respetarán los derechos adquiridos. En este caso las Juntas de Vigilancia se constituirán en conformidad a las disposiciones de la Ley de Regadío. "

De acuerdo a las enmiendas aprobadas el presente artículo queda redactado en la forma siguiente:

"Artículo 160.- Cuando el Estado construya obras de embalse destinadas a regularizar el régimen de una corriente, el Presidente de la República podrá establecer, modificar o suprimir el seccionamiento de ella, con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de las aguas.

En este caso las Juntas de Vigilancia se constituirán en conformidad a las dis-posicones de la Ley de Regadío. "

El Nº 37 reemplaza el inciso segundo del artículo 169 que dice:

El decreto de concesión de la nueva merced o el que apruebe las nuevas obras, liará la declaración respectiva. "

En conformidad a la modificación introducida al referido inciso, éste quedó concebido en los términos siguientes:

"La resolución de concesión de la nueva merced o el decreto que apruebe las nuevas obras, hará la declaración respectiva. "

El Nº 38 reemplaza en el inciso 2º del artículo 177, las expresiones "de diez a mil pesos" por la frase "de un centesimo a cincuenta centésimos de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago".

El actual inciso segundo del artículo 177 dispone:

"Además de las penas que impongan las leyes comunes, estos empleados podrán ser castigados por el Directorio con multa de diez a mil pesos, sin perjuicio de la destitución de sus cargos. "

De acuerdo a la enmienda aprobada el referido inciso pasó a tener la siguiente redacción:

"Además de las penas que impongan las

leyes comunes, estos empleados podrán ser castigados por el Directorio con multa de un centésimo a cincuenta centésimos de sueldo vital para empleado particular de la industria y el Comercio del Departamento de Santiago, sin perjuicio de la destitución de sus cargos.

El Nº 39 reemplaza en el inciso primero del artículo 181, la palabra "previas" por la frase "de acuerdo con".

El actual inciso primero del artículo 181 dice:

"Artículo 181.- Las servidumbres legales se constituirán previas las indemnizaciones correspondientes. "

En conformidad a la modificación aprobada quedó redactado como sigue:

"Artículo 181.- Las servidumbres legales se constituirán de acuerdo con las indemnizaciones correspondientes. "

El Nº 40 agrega al inciso tercero del artículo 198, reemplazando el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "pero deberá contribuir a los gastos de las obras, en la forma y condiciones que la Dirección de Aguas determine, cuando a juicio de dicha Dirección las obras le reporten beneficios".

Suprímese asimismo, en el inciso final del mismo artículo la frase "La persona afectada por la resolución podrá reclamar en la forma indicada en el artículo 41".

Agrégase, finalmente, al artículo 198, el inciso siguiente: "La Dirección de Aguas, sin perjuicio de otras acciones, podrá exigir el pago en los plazos que haya fijado, bajo apercibimiento de privar del uso del agua a los morosos".

El actual artículo 198 expresa:

Artículo 198.- La servidumbre de acueducto se ejercerá por regla general en cauce a tajo abierto.

El acueducto será cubierto o abovedado cuando atraviese ciudades de importancia y pudiere causar daños, o cuando las aguas que conduce produzcan emanaciones molestas o nocivas para los habitantes.

No será de cargo del dueño del cauce

la obligación de abovedarlo cuando la necesidad de cerrar el canal se origine después de la construcción de aquél.

Las dificultades que se produzcan con motivo de la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, serán resueltas por la Dirección General de Aguas. La persona afectada por la resolución podrá reclamar en la forma indicada en el artículo, 41.

De acuerdo a las enmiendas aprobadas el presente artículo quedó redactado en los siguientes términos:

"Artículo 198.- La servidumbre de de acueducto se ejercerá por regla general en cauce a tajo abierto. El acueducto será cubierto o abovedado cuando atraviese ciudades de importancia y pudiere causar daños, o cuando las aguas que conduce produzcan emanaciones molestas o nocivas para los habitantes.

No será de cargo del dueño del cauce la obligación de abovedarlo cuando la necesidad de cerrar el canal se origine después de la construcción de aquél, pero deberá contribuir a los gastos de las obras, en la forma y condiciones que la Dirección de Aguas determine, cuando a juicio de dicha Dirección las obras le reporten beneficios

Las dificultades que se produzcan con motivo de la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, serán resueltas por la Dirección General de Aguas.

La Dirección de Aguas, sin perjuicio de otras acciones, podrá exigir el pago en los plazos que haya fijado, bajo apercibimiento de cortar el agua a los morosos. "

El Nº 41 suprime en el inciso final del artículo 217, las palabras "enajenar las aguas o".

El actual inciso final del artículo 217 expresa:

"Con todo, el dueño del predio sirviente podrá enejenar las aguas o variar el rumbo del acueducto".

Con la enmienda introducida, el inci-

so aludido quedó redactado en la siguiente forma:

"Con todo, el dueño del predio sirviente podrá variar el rumbo del acueducto. "

El Nº 42 reemplaza en el inciso primero del artículo 227, las palabras "al Juez", por la frase " a la Dirección de Aguas".

El actual inciso primero del artículo 227 expresa:

"Artículo 227.- Todo el que pretenda aprovecharse de los beneficios de esta servidumbre y no se pusiere de acuerdo con los dueños del acueducto, ocurrirá al Juez, para que le conceda la autorización correspondiente. "'

En conformidad a la enmienda apro-bada al aludido inciso queda redactado en la forma que sigue:

"Artículo 227.- Todo el que pretenda aprovecharse de los beneficios de esta servidumbre y no se pusiere de acuerdo con los dueños del acueducto, ocurrirá a la Dirección de Aguas para que le conceda la autorización correspondiente. "

El Nº 43 deroga el inciso segundo del tículo 228, que dice:

La indemnización que establece el artículo 226 no podrá bajar de diez pesos ni exceder de veinte.

En consecuencia, el artículo 228 pasó a tener la siguiente redacción:

"Artículo 228.- En canales construidos con fines exclusivamente industriales sólo podrá hacerse uso del derecho que confiere el artículo 221, para establecer motores destinados a una industria distinta de aquellas a que se aplica el canal. "

El Nº 44 reemplaza el artículo 229 que dispone:

"Artículo 229.- El dueño de la servidumbre de fuerza motriz no podrá impedir que el dueño del derecho de aprovechamiento de las aguas las venda, las cambie de destino, varíe el rumbo de sus acueducto y cierre la bocatoma en épocas de limpia o cuando los trabajos en el canal lo hagan necesario. "

De conformidad a la modificación apro-

bada, el presente artículo quedó redactado

en los siguientes términos:

"Artículo 229.- El dueño de la servidumbre de fuerza motriz no podrá impedir que la Dirección de Aguas, o el titular del derecho de aprovechamiento de las aguas varíe el rumbo de un acueducto y cierre la bocatoma en épocas de limpia o cuando los trabajos en el canal lo hagan necesario.

El Nº 45 deroga la sanción primera del artículo 230, y sustituye en la sanción segunda la frase "a beneficio del predio sirviente, que no bajará de doscientos pesos ni excederá de cinco mil", por la siguiente frase: "que no bajará de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago ni excederá de dos de esos sueldos vitales mensuales".

El actual artículo 230 dice:

"Artículo 230.- El goce de la servidumbre de fuerza motriz está sometido a las siguientes sanciones:

1° el mero retardo de treinta días en el pago de la indemnización anual faculta al dueño del predio sirviente para suspender por sí mismo el uso de las aguas.

Para reanudar el ejercicio de la servidumbre el deudor deberá pagar previamente, por vía de pena, una cantidad igual al doble de lo que dejó de solucionar oportunamente y además los gastos e intereses corrientes que haya exigido el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 226;

2ª La distracción de aguas del canal para cualesquiera otros usos hará incurrir al infractor en una multa a beneficio del predio sirviente, que no bajará de doscientos pesos ni excederá de cinco mil. La reincidencia será penada con una multa doble de la que establece el inciso anterior sin perjuicio de las sanciones civiles y criminales que pudieran hacerse va-ler. Las reincidencias posteriores llevarán con signo la extinción del derecho;

3ª Si se arrojaren a los cauces substanciales que alteren la calidad de las aguas, el autor incurrirá en las penas que señala el número precedente;

4ª La infracción de cualquiera otra de las obligaciones que impone este párrafo para el correcto uso de las aguas como fuerza motriz, será penada con las multas a que se refiere el número 2º de este artículo.

Las sanciones contempladas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de Jas indemnizaciones civiles a que haya lugar. "

Con las enmiendas aprobadas, el artículo en referencia quedó concebido en los siguientes términos:

"Artículo 230.- El goce de la servidumbre de fuerza motriz está sometido a las siguientes sanciones:

1ª-La distracción de agua del canal para cualesquiera otros usos hará incurrir al infractor en una multa que no bajará de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago ni excederá de dos de esos sueldos vitales mensuales. La reincidencia será penada con una multa doble de la que establece el inciso anterior sin perjucicio de las sanciones civiles y criminales que pudieran hacerse valer, las reincidencias posteriores llevarán consigo la extinción del derecho;

2ª-Si se arrojaren a los cauces substancias que alteren la calidad de las aguas, el autor incurrirá en las penas que señala el número precedente;

3ª-La infracción de cualquiera otra de las obligaciones que impone este párrafo para el correcto uso de las aguas como fuerza motriz, será penada con las multas a que se refiere el número 2º de este artículo.

Las sanciones contempladas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las indemnizaciones civiles a que haya lugar. "

El N° 46 sustituye el inciso final del artículo 231 que dice:

"La resistencia opuesta a estas visitas será penada con una multa de cien a quinientos pesos a beneficio del dueño del acueducto. "

En conformidad a la modificación aprobada el presente inciso quedó redactado en la forma que sigue:

"La resistencia opuesta a estas visitas será penada por una multa igual a la establecida en la sanción segunda del artículo precedente. "

El Nº 47 reemplaza el Nº 1 del artículo 233º que expresa:

"Artículo 233.- Las servidumbres sobre aguas se extinguen:

1°.- Por la nulidad, rescisión o resolución del derecho del que las ha constituido. "

En conformidad a la enmienda aprobada el número en referencia quedó concebido en la forma siguiente:

Artículo 233.- Las servidumbres sobre aguas se extinguen:

1°.- Por la caducidad, extinción, nulidad, rescisión o resolución del derecho del que las ha constituido. "

El Nº 48 deroga el Nº 6 del artículo 233º que dispone:

"69.- Por el retardo de más de dos años en el pago de la indenmización a que se refieren los artículos 226 y 230, números 1º y 2°; y"

El Nº 49 reemplaza el encabezamiento del Título XII del Libro I del Código de Aguas que dice:

"De las acciones posesorias sobre aguas".

En consecuencia, el encabezamiento mencionado quedó concebido en los siguientes términos:

"Acciones de los particulares en relación al uso de las aguas. "

El Nº 50 reemplaza el artículo 2569 que dice:

"Artículo 256.- En lo demás, regirán para las acciones posesorias sobre aguas las disposiciones contenidas en los Títulos

XIII y XIV del Libro II del Código Civil".

De conformidad con la enmienda aprobada el artículo quedó concebido en la forma que sigue:

"Artículo 256.- Las disposiciones del presente título se entienden, en todo caso, sin perjuicio del régimen de uso de las aguas, establecido en el presente Código. "

El Nº 51 agrega el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 256:

"Facúltase a la Dirección de Aguas para tomar todas las medidas necesarias destinadas a amparar a un usuario en los casos de entorpecimiento en el uso de las aguas, pudiendo incluso, requerir el auxilio de la fuerza pública para estos efectos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del D. F. L. 336 de 1953 y de lo dispuesto en el DFL. 22 del año 1959. "

El Nº 52 suprime en el Nº 2 del artículo 259, la frase "expresada en litros por segundo", reemplazando la coma (, ) por un punto y coma (; ).

El artículo Nº 2 del artículo 259 dispone:

"2°.- La cantidad de aguas que se desea extraer, expresada en litros por segundo; "

De acuerdo a las modificaciones aprobadas, el número aludido, quedó redactado en los términos siguientes:

"2°.- La cantidad de agua que se desea extraer; "

El Nº 53 suprime en el Nº 3 del artículo 267, la frase "expresada en litros por segundo", suprimiendo las comas.

El actual Nº 3 del artículo 2679 expresa:

"3°.- La cantidad de agua que se concede, expresada en litros por segundo, y la energía que va a desarrollarse, todo según sea la naturaleza de la merced; "

Con las modificaciones introducidas, el presente número quedó redactado en la siguiente forma:

"3°.- La cantidad de agua que se concede, y la energía que va a desarrollarse, todo según sea la naturaleza de la merced;

El Nº 54 suprime en el Nº 5 del artículo 271, la palabra "previamente" y deroga el inciso final de dicho artículo.

El actual Nº 5 del artículo 271 dispone:

"5°.- Para ejercitar cualquiera de los derechos a que se refiere este artículo, el interesado deberá indemnizar previamente al perjudicado.

Si hubiere desacuerdo, se necesitará autorización judicial, previo depósito a la orden del Juez de la suma que éste fije provisionalmente para responder a las indemnizaciones correspondientes. "

De conformidad a las modificaciones señaladas, el número mencionado pasó a tener la siguiente redacción:

"5°.- Para ejercitar cualquiera de los derechos a que se refiere este artículo, el interesado deberá indemnizar ai perjudicado".

El Nº 55 deroga el inciso segundo del artículo 272 que expresa:

"El Presidente de la República podrá aceptarlas previo informe de la Dirección General de Aguas. "

El artículo 272 pasó, entonces, a tener la siguiente redacción:

"Artículo 272.- El interesado podrá solicitar modificaciones durante la ejecución de las obras o antes de iniciarlas, acompañando los antecedentes del caso. "

El Nº 56 suprime en el artículo 278, la frase "Deberá inscribirse en el Registro de Aguas del Departamento respectivo". Derógase, asimismo, el inciso segundo del referido artículo.

El actual artículo 278 establece:

"Artículo 278.- El decreto de concesión definitiva se reducirá a escritura pública que suscribirán el concesionario y el funcionario que se designe al efecto. Deberá inscribirse en el Registro de Aguas del departamento respectivo.

Mientras no se cumplan los requisitos indicados en el inciso anterior, el conce-

sionario no podrá transferir sus derechos. "

Con las modificaciones propuestas, el referido artículo, quedó redactado de la siguiente forma:

"Artículo 278.- La resolución de concesión definitiva se reducirá a escritura pública que suscribirán el concesionario y el funcionario que se designe al efecto. "

El Nº 57 reemplaza en el artículo 284 la cita del artículo 286, por 265.

En consecuencia, él artículo 284 quedó redactado en los siguientes términos:

"Se aplicará a estas solicitudes, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 261 al 265. La oposición podrá fundarse, además, en un derecho preferente derivado de permiso ya concedido o en actual tramitación sobre el mismo terreno".

El Nº 58 suprime en el Nº 3 del artículo 287 la palabra "previamente".

De conformidad con la modificación aprobada, el número aludido quedó redactado como sigue:

"3º Que el solicitante indemnice al tenedor del suelo todo daño que con la exploración o con ocasión de ella pudiere causársele".

El Nº 59 intercala en el inciso primero del artículo 23, a continuación de las expresiones "y en todas las demás cuestiones sobre aguas", la frase "de que sean competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia, ".

El actual inciso primero del artículo 293 dispone:

"Artículo 293.- En los juicios sobre constitución, ejercicio y extinción de servidumbres y en todas las demás cuestiones sobre aguas se aplicará el procedimiento sumario".

De acuerdo a la enmienda señalada, el inciso referido quedó redactado en la forma siguiente:

"Artículo 293.- En los juicios sobre constitución, ejercicio y extinción de servidumbres y en todas las demás cuestiones sobre aguas, de que sean competentes los

tribunales ordinarios de Justicia, se aplicará el procedimiento sumario".

El Nº 60 reemplaza en el artículo 296, la frase: "exceder de cinco mil pesos ni ser inferior a cien", por la frase "exceder de dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, ni ser inferior a un décimo del mencionado sueldo vital mensual; ".

El actual artículo 296 dispone:

"Artículo 296.- Toda contravención que no esté especialmente sancionada será penada con multa que no podrá exceder de cinco mil pesos ni ser inferior a cien; todo sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles y penales que procedan".

En conformidad a la enmienda aprobada, el artículo mencionado quedó redactado en los siguientes términos:

"Artículo 296.- Toda contravención que no esté especialmente sancionada será penada con multa que no podrá exceder de dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, ni ser inferior a un décimo del mencionado sueldo vital mensual; todo sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles y penales que procedan. "

El Nº 61 deroga el inciso primero del artículo 300; suprime, asimismo, en el inciso segundo, las palabras "En consecuencia; " iniciándosela oración con mayúscula, y agrega el siguiente inciso final: "En todo caso estos derechos de aprovechamiento se regirán por las disposiciones del presente Código".

El actual artículo 300 dispone:

"Artículo 300.- Las disposiciones del Código de Aguas se aplicarán sin perjuicio de los derechos anteriormente adquiridos.

En consecuencia, subsistirán los derechos de aprovechamiento que a la fecha de promulgación de este Código se hallen reconocidos por sentencia ejecutoriada y los que emanen:

1º De mercedes concedidas por autoridad

competente, sin perjuicio de lo prescrito en los artículos 307 y 308;

2º De los artículos 834, 835 y 836 del Código Civil, con relación a los propietarios riberanos, y del artículo 944 del mismo Código, adquiridos durante la vigencia de estas disposiciones, siempre que estén en actual uso y ejercicio con obras aparentes, y

3º De prescripción".

De acuerdo a las modificaciones introducidas, el artículo aludido queda concebido en los términos siguientes:

"Artículo 300.- Subsistirán los derechos de aprovechamiento que a la fecha de promulgación de este Código se hallen reconocidos por sentencia ejecutoriada y los que emanen:

1º De mercedes concedidas por autoridad competente, sin perjuicio de lo prescrito en los artículos 307 y 308;

2º De los artículos 834, 835 y 836 del Código Civil, con relación a los propietarios riberanos, y del artículo 944 del mismo Código, adquiridos durante la vigencia de estas disposiciones, siempre que estén en actual uso y ejercicio con obras aparentes, y

3º De prescripción.

En todo caso estos derechos de aprovechamiento se regirán por las disposiciones del presente Código".

El Nº 62 reemplaza el Nº 1 del artículo 301 que dispone:

"Artículo 301.- Para los efectos indicados en el artículo 18, número 1º de este Código, se reputan derechos de ejercicio permanente a la fecha de su promulgación:

1° Los que emanen de merced concedida en cauces no agotados a la fecha de la respectiva concesión, sin ninguna limitación en cuanto al ejercicio indicado en el artículo 19; "

De conformidad con la enmienda aprobada, el número referido pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 301.- Para los efectos indicados en el artículo 18, número 1° de este

Código, se reputan derechos de ejercicio permanente a la fecha de su promulgación:

1° Los que emanen de merced concedida con dicha calidad de conformidad con las disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación; "

El Nº 63 deroga el inciso quinto del artículo 304 que expresa:

"Serán aplicables en este caso los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo 41. "

El Nº 64 deroga el inciso segundo del artículo 305 que dispone:

"Serán aplicables en este caso los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo 41. "

El Nº 65 reemplaza el artículo 306 que dice:

"Artículo 306.- En las corrientes naturales en que aun no se haya contituido la Junta de Vigilancia de acuerdo con las disposiciones de este Código, podrá la Dirección General de Aguas, a petición de parte, hacerse cargo de la distribución en períodos de escasez.

En tal caso, las personas designadas con tal objeto por dicha Dirección, actuarán con todas las atribuciones que la ley confiere al Directorio de la Junta de Vigilancia y será también aplicable lo dispuesto en el artículo 172. Los gastos que demande esta intervención serán de cargo de los regantes, en proporción a sus derechos".

De acuerdo a la enmienda aprobada, el presente artículo queda concebido en los siguientes términos:

"Artículo 306.- En las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aun no se hayan constituido Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, de acuerdo con las disposiciones de este Código, podrá la Dirección de Aguas, a petición de parte, hacerse cargo de la distribución en períodos de escasez. En tal caso, las personas designadas con tal objeto por dicha Dirección actuarán con todas las atribuciones

que la ley confiere a los Directorios de dichos Organismos, según corresponda, y será también aplicable lo dispuesto en el art. 172. La distribución de las aguas se efectuará en proporción a las superficies de los suelos efectivamente explotados. Los gastos que demande esta intervención serán de cargo de los regantes en la proporción mencionada".

El Nº 66 establece que en todos ¡os artículos en que aparece la frase "dueño del derecho de aprovechamiento" o "dueños de derechos de aprovechamiento" las palabras "dueño" o "dueños" quedan reemplazadas por "titular" o "titulares".

Reemplázase, en los artículos 46, 267, 277, 278 y 279 del Código de Aguas, las palabras "el decreto" por las palabras "la Resolución" y en el artículo 33 la frase "el respectivo decreto", por la frase "la respectiva resolución".

El artículo 115 que forma parte también del Título V, introduce algunas enmiendas al Código Civil. En primer término, se derogan los artículos 596, 860 y 936. El artículo 596 establece que los grandes lagos que puedan navegarse por buques de más de cien toneladas, son bienes nacionales de uso público y la propiedad, uso y goce de los otros lagos pertenecen a los propietarios riberanos. Las aguas, de acuerdo con la legislación en informe, son todas bienes nacionales de uso público, en consecuencia, está disposición debe ser derogada

El artículo 860 del Código en referencia, establece que las mercedes de agua que se conceden por autoridad competente, se entenderán sin perjuicio de derechos anteriormente adquiridos en ellas, y el artículo 936 determina que las acciones posesorias se regirán por el Código de Aguas. En ambas circunstancias la nueva legislación propuesta declara caducados los derechos y acciones a que diera lugar el dominio de las aguas. Por igual causa, se modifica el inciso primero del artículo 595 de ese Có-

digo y se deroga el inciso segundo de dicho artículo.

El artículo siguiente, deroga algunas disposiciones de la ley N° 9. 909, aprobatoria del Código de Aguas, que se refieren a las mercedes y concesiones de títulos de dominio sobre aguas.

El artículo 117 permite a la Dirección de Aguas exigir de las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Agua, la presentación de programas de trabajo y de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios, y en caso de incumplimiento a estos requerimientos, le permite también intervenir su Directorio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley 9. 909. •

El artículo siguiente establece un impuesto a las rentas periódicas que perciban las Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas o dueños de un canal, por concepto de las servidumbres de fuerza motriz constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

En algunos casos, las empresas de energía eléctrica o de otro orden, están sometidas al pago de un derecho de arrendamiento por el uso de las aguas de un canal. Los ingresos que por este concepto perciben, quedan gravados en un 75% sobre el monto de los mismos, el que será de exclusivo cargo de quien los percibe y se invertirán en mejoramiento de los canales u otras obras de regadío.

Finalmente, se autoriza en este Título al Presidente de la República para fijar un texto sistemático que coordine el Código de Aguas con las disposiciones de la presente ley. Esta autorización es de absoluta necesidad para que la legislación sobre aguas tenga un ordenamiento adecuado y facilite su conocimiento y estudio.

El Título VI "De los Bonos de la Reforma Agraria", autoriza primeramente al Presidente de la República para emitir bonos del Estado, que se denominarán "Bonos de la Reforma Agraria", por la cantidad de hasta Eº 1. 000. 000. 000 los cuales se aplicarán al pago del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley.

Estos bonos serán nominativos, es decir se extenderán expresamente a nombre del propietario expropiado y serán de tres clases: "A", "B" y "C", que corresponden a las diferentes causales de expropiación. Su amortización se hará en 25, 5 y 30 cuotas anuales iguales, respectivamente, que corresponden a las distintas clases de bonos, lo cual estará expresado en moneda nacional.

Cada clase se dividirá en dos series y la parte de la indemnización que se pague en bonos se hará con un 70% en bonos de la primera serie y con un 30% en bonos de la segunda serie, siempre de una misma clase para cada expropiación. El propósito de esta división, obedece a que el mecanismo de transferibilidad que crea, tiende a hacer más posible y expedita la negociabilidad de los bonos de la primera serie, por cuanto su reajustabilidad será del 100% de la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censo. En cambio los de la segunda serie no serán reajustables.

Las cuotas de amortización devengarán un interés del 3% anual que se calculará sobre el monto de cada cuota, aumentada en el caso de la primera serie en un 50% del monto del reajuste indicado anteriormente, y los intereses se pagarán conjuntamente con la cuota de amortización anual. En este caso, el 3% se calcula sobre el monto del valor nominal del bono de la primera serie y sólo en el 50% del reajuste correspondiente.

Para fijar el procedimiento de la transferibilidad de los bonos nominativos, la empresa emisora, en este caso la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, llevará un Registro Especial en que se anotarán todos los bonos con individualización del propietario, número, clase y valor que corresponda.

La transferencia de los bonos se hará por endoso en el mismo título, suscrito tanto por el cedente como por el cesionario, y se perfecciona mediante la inscripción en

el Registro. Se fija la abligación también, para los efectos de la inscrijición, de acreditar a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública que el cedente de los bonos, es decir, el propietario expropiado en el caso de la primera transferencia, ha, adquirido acciones de Sociedades Anónimas Chilenas -con el producto de la venta de los bonos, por un valor que no podrá ser inferior al porcentaje que determine el Presidente de la República del valor vigente del bono.

El propósito de esta última disposición, es evitar la creación de un mercado abierto para la transferibilidad de los bonos le la Reforma Agraria a cualquier valor, pues podría llegarse a una especulación inconveniente. Asimismo, se establece la exigencia de realizar una inversión por parte del propietario expropiado, de un porcentaje en relación al valor nominal del bono, que deberá ser estimado por el Presidente de la República en cada caso y en la forma diferenciada según corresponda a la serie del bono a que se refiere, ya que la exigencia indicada será diferente según se trate de bonos arnortizablos a 5, 25 ó 30 años, respectivamente.

Se determina también, que las acciones así adquiridas deberán quedar depositadas en el sociedad emisora respectiva, las que serán liberadas una vez que concurran determinadas circunstancias. El control del cumplimiento de las obligaciones indica-das, corresponderá a la Superintendencia de Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio y las infracciones serán debidamente sancionadas por este organismo.

Las normas anteriormente establecidas, se aplicarán para cada bono durante el plazo de cinco años y los tenedores sucesivos de los bonos adquiridos con posterioridad a la primera transferencia de los mismos, no podrán, en todo caso, enajenarlos antes de que haya transcurrido un año desde la fecha de su inscripción en el Registro correspondiente.

El Presidente de la República fijará el

monto de cada emisión y determinará la forma en que se podrá adquirir el porcentaje respectivo y las normas relativas a esta materia.

Estos bonos podrán entregarse en garantía de la ejecución de obras públicas, pero sólo hasta la concurrencia del valor de las cuotas que deben amortizarse dentro del plazo del contrato cuya ejecución se garantiza. Las cuotas vencidas deberán ser recibidas, asimismo, por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto, tributo, derecho, gravamen o servicio de los que se perciben por las aduanas, sean éstos en moneda nacional o extranjera.

Finalmente, el artículo 122 establece que la entrega dejos bonos se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública a requerimiento de la Corporación de la Reforma Agraria.

Las disposiciones de este Título constituyen el financiamiento del proyecto de ley en informe, por cuanto el pago de las indemnizaciones que correspondan a las expropiaciones que se realicen, se hará en bonos de la Reforma Agraria. El servicio de amortización, intereses y reajustes de dichos bonos, será de cargo fiscal para lo cual el Tesorero General de la República pondrá oportunamente a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública los fondos necesarios para cubrir las cuotas que venzan.

El Fisco atenderá el gasto que importe este servicio, con cargo a los recursos que consulte en el Presupuesto de la Nación, en el ítem establecido en el artículo 88 de la ley Nº 15. 020, sobre "Fondo Nacional de la Reforma Agraria".

El Título VII crea el Consejo Nacional Agrario, determina los miembros que lo integrarán y las facultades y atribuciones que le corresponden.

Este Título no requiere una relación mayor por cuanto del contexto de sus disposiciones se desprenden sus objetivos.

El Título VII crea un Tribunal Agrá-

rio Provincial en cada una de las ciudades capitales de provincia, establece las funciones que le competen y determina los procedimientos a que deberá atenerse para el conocimiento de las causas que le corresponda conocer.

Este Tribunal es similar al Tribunal Especial de Expropiaciones Agrarias establecido en los artículos 29 y siguientes de la ley Nº 15. 020, pero difiere de éste en cuanto a su composición y a las actuaciones que deberá cumplir de acuerdo con la legislación que en esta iniciativa de ley se propone.

Serán miembros del Tribunal un Juez de Letras de Mayor Cuantía" de la Capital de provincia correspondiente, designado por la Corte de Apelaciones respectiva, quien lo presidirá, y dos ingenieros agrónomos designados por el Presidente de la República, uno de los cuales deberá prestar servicios en la Administración Pública, y el otro será elegido a propuesta en terna del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos, no pudiendo en este último caso figurar en ella profesionales que presten servicio en dicha Administración.

Se contempla también una facultad al Presidente de la República para crear el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial, en caso que el número de causas que ingresen al Tribunal sean de tal cantidad que exija que el Juez atienda exclusivamente esta función.

Los Tribunales en referencia, fallarán los asuntos de que conozcan en única instancia y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Por excepción se concede este recurso de apelación en el solo efecto devolutivo para ante los Tribunales Agrarios de Apelación que serán siete y tendrán su asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Estos Tribunales podrán conocer y fallar los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias definitivas que dicten los Tribunales Agrarios Provincia-

les que funcionen dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales.

La composición de los Tribunales de Apelación es diferente de la que corresponde a los Tribunales Agrarios Provinciales, pero conserva también su carácter eminentemente técnico. Al efecto, ellos estarán formados por dos Ministros de la Corte de Apelaciones, designados anualmente por el Presidente de la República en la forma que se indica, y un ingeniero agrónomo designado también por el Presidente de la República, a propuesta, en terna, del Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Se señalan más adelante, los territorios jurisdiccionales de estos Tribunales y se establece que presidirá dichos Tribunales el Ministro de Corte más antiguo de entre los que lo componen. Asimismo, se faculta al Presidente de la República para determinar la fecha en que deberán entrar en funciones y se fijan las suplencias y reemplazos de los miembros que lo integran.

El procedimiento que se usará ante estos Tribunales es muy similar al que actualmente corresponde a las Cortes del Trabajo y tiende, en general, a establecer un sistema rápido y expedito para fallar las causas que se tramiten ante ellos. Fallada una causa por el Tribunal Agrario de Apelaciones, no procederá recurso alguno en su contra y se deberá dar cumplimiento inmediato al fallo. Los miembros de estos Tribunales gozarán de una asignación por audiencia a la cual concurran.

Se fija también en este Título, la competencia de los Tribunales Agrarios Provinciales que está señalada en el artículo 133º del proyecto de ley con que termina este informe. Dicha competencia, en términos generales, abarca todo lo relacionado con la reclamación que interpusiere el propietario por la procedencia de la expropiación, por los acuerdos del Consejo Nacional Agrario en cuanto a una forma de pago diferente a la que se consulta en la ley, sobre el valor de las tasaciones o estimaciones efectuadas por la Corpora-

ción de la Reforma Agraria, sobre toma de posesión del bien expropiado, de la procedencia y monto de la indemnización, sobre el derecho de reserva, y la superficie fijada, sobre diversos acuerdos del Consejo Nacional Agrario y otros que, como se ha dicho, se determinan en el artículo indicado.

Cabe señalar también, que las reclamaciones que se interprongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales se tramitarán con arreglo a las normas establecidas para el juicio sumario de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil. Esto implica una mayor rapidez en la tramitación de las diligencias del juicio.

La Corte Suprema sólo podrá disponer que no se innove en los asuntos que deba conocer por la vía de la queja y que se tramiten ante el Tribunal Agrario Provincial o ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, cuando de los antecedentes hechos valer por el recurrente aparezcan presunciones graves de la existencia de la falta o abusos cometidos.

Finalmente, se autoriza al Presidente de la República para que dicte normas complementarias relativas a la constitución y funcionamiento de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones. Igualmente, se le autoriza para señalar las disposiciones sobre expropiación de predios rústicos en actual vigencia que quedarán derogadas y las normas transitorias aplicables a las expropiaciones realizadas de acuerdo con la ley 15. 020 y de las cuales estuvieren conociendo los Tribunales Agrarios creados en dicha ley, como también, sobre liquidación de las indemnizaciones pendientes.

El título IX "De las entidades cooperadoras de la Reforma Agraria y de las divisiones de predios rústicos por particulares", establece primero que las instituciones y empresas del Estado podrán celebrar convenios con personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyos fines concuerden con alguno de los objetivos de esta ley. Estos convenios podrán perseguir finalidades relativas a la habilitación y redistribución de la tierra; la prestación de asistencia técnica, crediticia y educacional a los campesinos; la realización de ciertos estudios, investigaciones o tareas; la construcción de viviendas campesinas y otras obras de interés social, la comercialización y otros fines similares. Estas entidades gozarán de las mismas franquicias que se confieren a las sociedades auxiliares de cooperativas.

Las franquicias mencionadas son las que se indican en el D. F. L. R. R. A. 14, de 1963.

El Título X "Disposiciones Generales" corresponde al Título final de la legislación en informe.

El Capítulo I "De las Sociedades y de las Comunidades" establece, en primer término, la prohibición de formar sociedades anónimas y sociedades en comandita que tengan por objeto principal o accesorio la explotación agrícola o ganadera.

Como se ha señalado anteriormente en esta exposición, las sociedades anónimas no son convenientes para los fines de una Reforma Agraria, que persigue, como objetivo esencial, radicar en la tierra a quienes la trabajan. Esta prohibición no afecta a las sociedades anónimas que tengan por objeto principal la habilitación de nuevas tierras, en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén y Magallanes. En cuanto a esta exención a la regla general, se expresó también en su oportunidad, las razones que la fundamentan, atendido el interés en habilitar nuevas tierras y a la imposibilidad económica de que el Estado pueda participar en ella.

La prohibición que afecta a estas sociedades no será aplicable a las existentes a la fecha de vigencia de la presente ley, cuando su objeto sea la explotación agrícola o ganadera. En esta materia la Comisión tuvo presente la conveniencia de mantener aquellas sociedades anónimas que cumplen los requisitos que esta ley -determina, pero con esta finalidad, salvo las señaladas para habilitar nuevas tierras en las zonas indicadas.

El Capítulo II "De las Declaraciones y de los Registros", tiene por objeto facultar a la Corporación de la Reforma Agraria para exigir de los propietarios de predios rústicos, diversas informaciones y antecedentes relativos a las características de los terrenos, cultivos y demás actividades agrícolas, y para llevar un Registro de los decretos, acuerdos y resoluciones que afecten a dichos predios.

En el Capítulo III de este Título se establecen disposiciones relativas a facultar al Presidente de la República para decretar la reanudación de faenas en caso de que, por cualquier causa, se paralice la explotación de un predio. Al efecto, se establece la intervención de las autoridades civiles o militares a quienes se inviste de las atribuciones conducentes a la continuación de la explotación del predio como, asimismo, a dar solución al conflicto producido.

Esta disposición fue latamente discutida en el seno de vuestra Comisión y se tuvo presente la conveniencia de establecerla, para evitar graves daños que podrían producirse en los predios agrícolas por la paralización de faenas en determinadas circunstancias en que ellas son imprescindibles, como es el caso de la recolección de los frutos o de las cosechas, que si no se realizan en su oportunidad, se pierden.

La explotación agrícola difiere fundamentalmente de otras actividades industriales o comerciales, en las cuales la paralización de faenas si bien constituye un daño a la economía nacional no implica la pérdida del producto, que en la agricultura, corresponde al resultado de un año de labor.

La Comisión consideró que estas razones son suficientes para mantener esta disposición propuesta en el Mensaje del Ejecutivo.

Consulta también este Capítulo, que la declaración de zonas urbanas o de uso no agrícola, o la ampliación de las existentes, requerirá del informe previo del Ministerio de Agricultura, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de noventa días. Este informe tiene por objeto evitar que se destinen a la urbanización o a otros objetivos, terrenos que podrían ser aptos para la producción agropecuaria y que por su cercanía a los centros de consumo resultan convenientes para el abastecimiento de dichos centros.

También se consulta una exención a la Corporación de la Reforma Agraria de toda clase de impuestos, contribuciones y derechos, incluso del establecido en la ley Nº 12. 120 y sus modificaciones posteriores, o sea el de la compraventa, a los actos o contratos que celebrare y que estuvieren afectos a dichos tributos. Iguales exenciones se otorgan a las sociedades que se constituyan entre dicha Corporación y los campesinos o las cooperativas campesinas.

Otra disposición determina que el producto de las multas que establece la presente ley, con excepción de las señaladas en el Título V por incumplimiento de las prohibiciones relativas al régimen de aguas, ingresarán al patrimonio de la Corporación de la Reforma Agraria.

La disposición siguiente establece la Tabla de Conversión a hectáreas de riego básicas de las superficies de terrenos a que se refiere la presente ley. Esta Tabla de Equivalencias fue debatida extensamente en la Comisión y requirió un análisis exhaustivo de sus fundamentos técnicos y de la relación que sobre dicha base se aplica a las distintas zonas o regiones del país.

Como se ha expresado anteriormente, para la realización de una reforma agraria es necesario limitar la extensión de los predios agrícolas a superficies que resulten adecuadas a los objetivos que se proponen en esta legislación. Para esta finalidad se buscó una metodología que permitiera determinar las posibles equivalencias que concluyan en una superficie básica.

Se tuvo presente para estos efectos, tres alternativas:

1.- Equivalencia en base a avalúos fiscales;

2.- Equivalencia en base a zonificación del país por distintos tipos de agricultura y suelos; y

3.- Equivalencia en base a relación de tamaños de unidades económicas calculadas para diferentes zonas.

Se estimó que las equivalencias en base exclusiva a los avalúos fiscales no constituía un padrón fijo de comparación, por cuanto debe ser modificado anualmente y su empleo crearía una situación de incertidumbre en la agricultura e imposibilitaría el programa de reforma agraria.

Por otra parte, los avalúos de Impuestos Internos se basan en la clasificación de los suelos de acuerdo a su Capacidad de Uso. Esta clasificación puede ser modificada por errores en ella o por diferencia de criterios técnicos. Es decir, una Clase de Capacidad de Uso puede ser reemplazada por otra en base a un informe técnico elaborado con un criterio distinto. Además, los avalúos se han obtenido de acuerdo a una clasificación de Capacidad de Uso a nivel comunal, y la tabla de cabidas máximas se ha elaborado zonificando cada Provincia, en la que se considera, además, de las características edefológicas, condiciones climáticas y económicas.

Por otra parte, es importante señalar que los avalúos fiscales han sido fijados con un criterio estrictamente tributario, sin considerar la organización y manejo de los predios, lo que es fundamental en un proyecto de reforma agraria para los efectos de fijar las cabidas máximas. Una equivalencia, basada exclusivamente en el criterio tributario, puede inducir a error, ya que la productividad y el resultado económico de una empresa agrícola están condicionados por la forma y eficiencia con que se emplean los recursos productivos, y no por el valor de la tierra. Si se toma, por ejemplo, el valor de avalúo de 80 hectáreas Clase II y III de Capacidad de Uso,

ubicadas en la Comuna de Buin y se proyecta a la Comuna de Osorno en suelos de secano, se encuentra que el valor de las 80 Hás. en Buin es de Eº 162. 000 y corresponden a 270 Hás. de la Comuna de Osorno de la misma clasificación de suelos. La tabla de conversión del proyecto de ley asigna una cabida máxima de 500 Hás. a Osorno en consideración a que las posibilidades actuales de organización y manejo de los predios de la zona no corresponderían a una cabida de 270 Hás. Este ejemplo demuestra que, en general, la utilización de los avalúos tiende a reducir el tamaño de las explotaciones ganaderas y cerealeras típicas en zonas como las de Malleco a Llanquihue, las que requieren de una mayor extensión de terreno para desarrollarse eficientemente, en comparación con la explotación intensiva de la Zona Central. En consecuencia, el valor de avalúo de las cabidas de la zona sur es superior, en general, al valor que tienen en la zona central.

La segunda alternativa, vale decir, la equivalencia en base a una zonificación del país por distintos tipos de agricultura y suelos, fue descartada también, luego de analizar la pobreza de datos existentes al respecto y a la gran complejidad que implicaba. Se estimó, sin embargo, que se consideraba como una metodología adecuada siempre que se lograrai producir una tabla de fácil aplicación.

La tercera alternativa, es decir, determinar las equivalencias en base a la relación del tamaño de las unidades económicas, se desestimó pues podía conducir a serios errores, ya que no se disponía de todos los antecedentes tecnológicos, socio-económimos y de otra índole, que un estudio de esta naturaleza requiere para alcanzar finalmente una cabida denominada unidad económica, y que es altamente vulnerable.

Las alternativas recién expuestas no ofrecieron, por separado, una solución integral al problema, ya sea porque no existían todos los antecedentes necesarios, o bien por ser ellos insatesfactorios.

Sin embargo, al analizar estos aspectos en conjunto, se estimó que podrían considerarse como elementos de juicio en una nueva alternativa integrada, en la que concurrieran el mayor número de criterios y antecedentes técnicos disponibles. De aquí nacieron las cabidas máximas medidas en hectáreas.

Por motivos de nuestra heterogénea realidad geográfica y por razones técnicas, el país fue dividido en tres partes:

Cabidas máximas Tarapacá - Coquimbo

Cabidas máximas Aconcagua-Llanquihue y

Cabidas máximas Chiloé, Aisén y Magallanes.

Se excluyó de las tablas a las provincias de Antofagasta y Chiloé, por presentar problemas especiales y se recomendó que la ley autorizara al Presidente de la República para fijar sus cabidas máximas.

Al referirse a las provincias de los extremos norte y sur, no es posible compararlas, por razones obvias, con la zona central del país, donde se observan situaciones absolutamente discímiles tanto agrícolas, ganaderas, de clima, suelos, tipos de explotación, mercados, etc.

Dentro de las tres grandes regiones en que fue dividido el país, se efectúo una zonificación adaptada a las características geográficas imperantes.

La primera región, Tarapacá-Coquimbo, fue dividida teniendo en consideración que los sectores agrícolas están ubicados fundamentalmente en los valles y que dentro de ellos existen diferencias importantes que condicionan la agricultura.

La segunda región, Aconcagua - Llanquihue, es sin duda, la más importante desde el punto de vista agrícola y en ella se zonifico de acuerdo a las características de relieve. De esta manera, se definieron las siguientes zonas: 1.- Cordillera de los Andes; 2.- Precordillera y Valles Interiores; 3.- Llano Central; y 4.- Valles y Cerros de la Costa.

En la tercera y última región, Chiloé, Aisén y Magallanes, se dio un trato diferente a las provincias de Aisén y Magallanes, por cuanto poseen condiciones geográficas propias, que están en relación directa con las posibilidades de explotación pecuaria.

El factor suelo es indudablemente uno de los más importantes a considerar en una tabla de cabidas máximas. Sin embargo, juega un papel diferente en cada una de las grandes regiones en que se dividió el país. En la Región Norte (Tarapacá-Coquimbo), tiene un papel secundario en relación a las condiciones de clima y riego, salvo en el caso que posea factores negativos de tal magnitud, que afecten el desarrollo de los cultivos (condiciones de salinidad o alcalinidad excesivas).

En la Región Central del país, (Aconcagua-Llanquihue) el suelo ha sido considerado como el factor determinante para establecer las divisiones de cada una de las zonas para cada provincia. En estas divisiones se incluye el concepto de aptitud del suelo y se establece como base de comparación con otras provincias el criterio de relacionar entre sí los suelos normales, que son aquellos que predominan en las zonas y que no presentan condiciones excesivamente favorables ni limitacio-ciones físicas serias que dificulten los cultivos corrientes.

Cuando en esta región el factor suelo es superado en importancia por otros factores favorables o desfavorables a la agricultura, se ha procedido a separarla en zonas especiales.

En la tercera región (Chiloé, Aisén y Magallanes) la importancia del suelo está íntimamente ligada a factores de relieve, clima y vegetación, ya que estos condicionan el tipo de explotación pecuaria.

Se ha considerado en forma especial para la determinación de cabidas máximas el factor clima, el que junto con el suelo y el riego, son los medios físicos que originan las posibles alternativas de explotación de las diversas regiones.

En ciertas circunstancias suelo y cli-

ma actúan con un grado de intensidad similar, en otras uno de ellos puede perder importancia. Cuando el clima es el que adquiere predominio, es capaz de definir por sí solo las posibilidades del tipo de agricultura.

En la región norte, como se ha indicado, las condiciones climáticas y de riego son más importantes qué el factor suelo. Esto, debido a que en los suelos agrícolas regados, las características de luminosidad, temperatura, etc, permiten el buen desarrollo de los cultivos aún en suelos de limitadas condiciones físicas (ej. Azapa, Pica, V. del Huasco, etc. ).

En la Región Central, es el régimen pluviométrico el que determina la productividad de los suelos de secano, con prioridad sobre las condiciones de los suelos. En general, suelos de una misma clase de capacidad de uso tienden a ser más productivos en la medida en que aumentan las precipitaciones. Asimismo, la importancia del riego disminuye a medida que aumenta la cantidad y mejora la distribución de las lluvias.

En la Región Sur, se ha explicado que la relación clima-suelo es lo determinante, pero existen regiones donde condiciones climáticas especiales (campos de invierno y verano en Magalanes) priman sobre el resto.

El riego es el factor más delimitante de la agricultura en la Región Norte y Central del país, hasta la Prov. de Bío-Bío. Por tal motivo, el factor regadío fue especialmente considerado al establecer la tabla de cabidas máximas, ya que separa la agricultura de riego de la de secano.

Se ha estimado como riego básico, la cantidad de agua que es necesario utilizar para obtener cosechas que se consideren normales con los cultivos de la zona. Esto significa, que en las diversas zonas regadas del país, los agricultores disponen y manejan diferentes cantidades de agua que aplican a los cultivos que son posibles de realizar en cada lugar. Los empresarios agrícolas organizan sus cultivos de acuerdo a una determinada rotación, tomando

en cuenta los períodos en que corrientemente es indispensable regar los sembradíos, plantaciones frutales, viñas o empastadas.

En consecuencia, el así denominado riego básico que necesita un predio de la provincia de Santiago, es diferente al requerido por uno de Linares, Bío-Bío o Cautín.

Efectuar una conversión absoluta basada en hectáreas de riego básico, es técnicamente muy complejo, por cuanto existen variables en lo que se refiere a: regímenes de agua de los ríos; sistema actual de tenencia del agua; ubicación de los predios dentro de! sistema de riego; métodos de riego utilizados, etc.

Una vez elaborada la tabla, se procedió a comprobar la aplicabilidad de los criterios empleados y su grado de exactitud, utilizando el material aerofotogramétrico disponible. Para ello se marcaron las zonas con sus corespondientes divisiones en los mosaicos de escala 1: 20. 000 con indicación de propiedades, sobreponiendo por transferencia, todo el detalle de las clases de suelos, clasificadas por el Proyecto Aerofotogramétrico. Se logró de esta manera conocer el grado de afirmamiento alcanzado y que corresponde al de las fuentes de información más recientes y exactas disponibles.

En los párrafos anteriores se han descrito los criterios generales empleados en el diseño de las tablas de conversación a las 80 Hás. de riego básico. El resultado alcanzado se considera satisfactorio para los fines propuestos, esto es, la determinación en forma clara, simple y justa de ta maños de cabidas máximas para todo el país.

Los tamaños fijados, aún cuando constituyen una limitación física, no lo son en el sentido del desarrollo de la empresa agrícola, ya que la dimensión de dicha empresa estará dada, antes que por su superficie, por la disponibilidad de recursos de capital y trabajo, conjuntamente con la capacidad empresarial del productor.

Con el fin de convertir una superficie de terrenos a hectáreas de riego básico se

ha insertado en la tabla el respectivo coeficiente de la conversión. Este coeficiente es la relación expresada en decimales entre la cabida máxima respectiva y las 80 Hás. de riego básico.

El criterio seguido en esta región no se ajustó exactamente el concepto de equivalencia respecto de la propiedad tipo zona central, sino que de acuerdo a predios comparables en cada una de estas Provincias; ello debido a características propias de la zona norte, en que cada valle forma una unidad con diferencias, a veces notables, desde la cordillera al mar.

En Tarapacá, la diferencia en la calidad de agua de riego y suelos estableció distintas superficies entre predios ubicados en el Valle de Lluta, con respecto a aquellos ubicados en el Valle de Azapa.

Se estimó conveniente no considerar para los efectos de la tabla a la provincia de Antofagasta, dadas las características de los pequeños predios agrícolas existentes; lejanía, superficie, suelo, etc., y se sugirió que el Presidente de la República quedara autorizado para fijar las cabidas máximas.

La provincia de Atacama se estudió separando los valles de Copiapó y Huasco. Respecto del primero se consultaron tres sectores; el primero, desde la Cordillera a la ciudad de Copiapó; el segundo, el sector denominado La Chimba, que está inmediatamente al Oeste de los límites de la ciudad y el tercero desde La Chimbra al mar. Estos tres sectores son diferentes en dotación de agua, tipo de suelos, factores limitantes y cultivos, situación que determina la división anotada, y al mismo tiempo superficies prediales distintas.

En cuanto al valle del Huasco, también se estudiaron tres sectores, el primero de la Cordillera a la ciudad de Vallenar, el segundo de esta ciudad a Freirina y el tercero, de Freirina a la costa. Los tres sectores son diferentes en cuanto a cultivos, dotación de agua y suelos, lo que determinó la subdivisión anotada.

La provincia de Coquimbo se dividió en: los Valles y Hoyas del Elqui, Limarí y

Choapa; y en zonas de terrazas costeras, y en zonas cordilleranas, por cuanto las características de estas agrupaciones hacen posible una presentación clara del problema y determinan unidades de explotación máxima en cada sector.

Para definir las cabidas máximas entre Aconcagua y Llanquihue, se modificó esta región de acuerdo a las condiciones de relieve características de nuestro país, como se ha descrito al hacer referencia a los criterios generales.

En esta región se distinguen, de Oriente a Poniente, las siguientes zonas:

1) Cordillera de los Andes;

2.- Precordillera y Valles interiores;

3) Llano Central; y

4.- Valles y Cerros de la Costa.

Se ha escogido esta división por estimarse que en un proceso de reforma agraria, los límites deben ser simples, definidos y estar al alcance de la comprensión de toda la nación, para evitar interpretaciones confusas que harían engorrosa la marcha de este proceso. Además, las características geomorfológicas de estas zonas, defi nen, por sí mismas, un medio que determina explotaciones diferentes, por las condiciones de topografía y clima.

En cada una de estas zonas se ha incluido el factor suelo, considerando la aptitud de "arable" (1) y "no arable" (2). Dentro del primer grupo, es decir suelos arables, pueden incluirse los suelos con Capacidad de Uso I, II, III y IV (3), los suelos "no arables" incluyen los Clases IV y VI. A estos dos grupos se ha agregado un tercero, "Cerros", que corresponde a suelos seriamente limitados por la existencia de pendientes, y sectores sin uso agrícola, Clase VII y VIII de Capacidad de Uso.

A esta diferencia motivada por el relieve y el suelo, se ha sumado el factor regadío, que es tal vez el más delimitante y que separa la agricultura bajo riego de la de secano.

Dentro de los suelos arables de riego se estimó necesario diferenciar los suelos que presentan aptitudes para los cultivos de las zonas, de aquellos que presentan serias

limitaciones físicas para el establecimiento de estos cultivos, tales como: espesor muy delgado, excesiva pedregosidad, nivel freático muy superficial, texturas extremas, salinidad fuerte, erosión severa y susceptibilidad a ella, etc.

Todos estos factores son de clara diferenciación y están influyendo profundamente en la organización de los predios que desarrollan sus actividades en estas regiones y, por lo tanto, en su nivel de ingresos.

Si bien los recursos naturales permiten o restringen las posibilidades de determinados tipos de explotación, se han considerado también, en forma especial, las condiciones de mercado que incluyen las distancias y los medios de comunicación, ya que en muchos casos estas condiciones son determinantes en el tipo de agricultura de una región.

Para fijar los tamaños de las cabidas máximas se adoptó el criterio de comparar los suelos normales de cada región, por cuanto esto permite una mejor relación entre las posibilidades agrícolas de las distintas zonas lográndose, además, concretar en mejor forma las similitudes y diferencias entre una provincia y las vecinas.

Al analizar la información de suelos más detallada de que dispone el país se observa que, en los suelos arables de riego, la distinción por superficie de las Clases de Capacidad de Uso están indicando que los suelos de Clase II y III representan el 77% de la superficie de riego; la Clase I el 8% y la Clase IV cerca del 15%. La preponderancia de los suelos de Clase II y III determina que ellos deban considerarse como los suelos normales (ver cuadro con clasificación de los suelos regados según su Capacidad de Uso). En la Tabla de cabidas máximas, al hacerse referencia a los suelos arables de riego aptos para los cultivos de la zona, se incluye en conjunto a las Clases II y III por cuanto desde el punto de vista práctico de organización y manejo de los predios, no existen

diferencias; así también, al comparar la productividad de estos mismos suelos se aprecia que ésta no guarda relación con su clasificación por Capacidad de Uso.

Para determinar los tamaños máximos del Llano Central Sur se decidió tomar como referencia y punto de partida la provincia de Osorno, que reúne en situación de secano buenas condiciones de suelo y clima y, además, favorables condiciones de mercado y comunicación.

Se estudiaron en el Llano Central y pre-cordillera los criterios de ubicación geográfica, en cuanto a que esta representa una determinante de las condiciones de comercialización, por la existencia o ausencia de vías de comunicación permanentes para la salida oportuna de la producción. Además, se compararon con criterios tales como clima (en especial la pluviometría) y calidad de suelos, analizando hasta qué punto estas últimas características, en condiciones negativas, pueden ser contrarrestadas con el criterio de ubicación y buenas comunicaciones.

Los criterios utilizados en la zona de la Costa fueron:

Suelos y Clima (básicamente pluviometría);

Pendientes;

Posibilidades de diversificación de cultivos; y

d) Ubicación y vías de comunicación.

Resulta indudable que en una zonifica-

ción general, queden zonas de importancia agrícola y económica cuyas características especiales hacen necesaria su separación. El criterio general empleado fue el de separar sólo los sectores diferentes en la forma más simple y clara posible.

En la delimitación de estas zonas especiales se consideró, no sólo las condiciones diferenciales favorables, sino también las geográficas y las situaciones especialmente desfavorables a la agricultura.

Las zonas consideradas aquí son:

1.- El Valle de Aconcagua;

2.- Valles de Petorca y La Ligua;

3.- Suelos regados de algunos distri-

tos y Comunas de la Provincia de Santiago;

4.- Suelos regados salino-alcalinos de las Comunas de Lampa y Colina;

5.- Suelos arables de riego de las Comunas de Peumo y San Vicente de Tagua-Tagua; y

6.- Suelos arables de riego de la Comuna de Angol.

El criterio adoptado para estudiar y analizar la Provincia de Chiloé se centralizó en el actual estado de la tenencia de la tierra. En razón de ello, se consideró que es de gran complejidad incorporar esta Provincia a un cambio de la tenencia de la tierra, y que es preciso revisar, corregir y aplicar las medidas necesarias para favorecer el mercado de la producción de los predios existentes en la provincia. Por este motivo se recomendó se fa-cultura al Presidente de la República para fijar cabidas máximas mediante Decreto para los sectores agrícolas en particular.

En el estudio de las provincias de Aisén y Magallanes se tuvo en cuenta, además de los aspectos económicos, los siguientes factores: Clima, Suelo, Topografía, recursos forrajeros, y manejo del ganado.

Considerando los criterios anteriormente expuestos, se efectuó una agrupación zonal de terrenos de características similares en Aisén con el objeto de valorizarlos. Es así como se estimó que no puede dárseles el mismo valor y trato a las Comunas de Río Ibáñez y General Carrera, como tampoco a Cisnes con Baker.

En términos generales, se determinó que existen tres fajas o zonas definidas, que son: "Litoral", "Central" y de la "Frontera". Se estableció la similitud de los Valles del Río Simpson, Mañihuales, Rosselot, Valle Colonia y la primera parte del Valle Murta.

La zonificación de Magallanes se basó en la relación clima-suelo, que determina tipos diferentes de vegetación natural y por lo tanto de capacidad talajera o de

carga animal durante un año completo de explotación.

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior se consideran tres zonas:

1.- Zona seca o esteparia, que se extiende desde la orilla del mar hacia el interior hasta llegar a cierta elevación del terreno. La vegetación predominante en esta zona es el Coirón;

2.- Zona intermedia o de la mata, que comprende la región central de la provincia y se extiende entre la zona esteparia y la precordillera. La vegetación es distinta de la observada en la zona anterior notándose la presencia, con bastante intensidad, de arbustos (matas negras y verdes); y

3.- Zona precordillera húmeda o boscosa. En el Continente corresponde a la faja que queda al poniente de la zona anterior, y en la Isla Tierra del Fuego se presenta en su extremo Sur, o sea, a continuación de la zona de arbustos se caracteriza por los suelos altos y quebrados, ocupados en parte o totalmente por vegetación arbórea, tanto de monte aparragado como de monte alto y aserrable, lo que constituye una seria limitación para la explotación pecuaria.

El artículo 158º que forma parte de este Capítulo III, otorga facultades especiales al Presidente de la República, para dictar normas sobre las siguientes materias:

Arrendamiento y otra forma de explotación por tercero y medierías;

Régimen previsional aplicable a los beneficios de tierras asignadas conforme a lo dispuesto en el artículo 59;

Régimen de las cooperativas;

Régimen de participación de obreros y empleados en las utilidades provenientes de la explotación de predios rústicos;

Régimen de la propiedad familiar agrícola, y

Aldeas campesinas.

Las facultades señaladas tienen por objeto facilitar la aplicación de las disposiciones que consulta la presente ley y com-

plementar las finalidades de esta legislación en cuanto a las materias que se indican.

El artículo siguiente deroga determinadas disposiciones de la ley Nº 15. 020, por cuanto se contraponen con el texto del proyecto de ley en informe. Sin embargo, deja subsistentes los D. F. L. R. R. A. 2, 5, 6 y 20, de 1963, hasta que el Presidente de la República dicte las normas a que se refiere el artículo anterior, como asimismo, las relativas a las expropiaciones efectuadas con anterioridad a la publicación de esta ley y que están consultadas en el D. F. L. R. R. A. 9, del mismo año.

También se autoriza al Presidente de la República para que establezca un texto definitivo que armonice y coordine las disposiciones de esta ley con las de la ley Nº 15. 020 y de los D. F. L, dictados de acuerdo con esta última legislación.

La disposición que sigue determina el régimen previsional a que estarán afectos los campesinos que celebren convenios de explotación de tierras con la Corporación de la Reforma Agraria. Se obliga en este caso a dichos campesinos, a efectuar imposiciones en el Servicio de Seguro Social durante todo el tiempo de duración de esos convenios, en la misma forma y con iguales derechos que los imponentes obligados de ese organismo.

El artículo siguiente establece que el gasto que demanden el funcionamiento de los Tribunales Agrarios creados en esta ley, se financiará con la economía que se produzca al suprimirse los Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias a que se refiere la ley 15. 020, y con el mayor rendimiento proveniente de la aplicación de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Se establece también que las parcelas que recupere la Corporación de la Reforma Agraria se reasignarán de acuerdo a las normas que en esta legislación se proponen.

Las donaciones de predios rústicos que

se hagan en favor de los campesinos o de la Corporación de la Reforma Agraria, no requerirán del trámite de la insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil, y estarán exentas de toda clase de impuestos.

Las donaciones que se hagan a los campesinos no podrán exceder de tres unidades agrícolas familiares por cada jefe de familia y para gozar de los beneficios indicados, deberán ser autorizadas por la Corporación de la Reforma Agraria. Los campesinos que adquieran estos predios rústicos, no podrán dividirlos ni enajenarlos dentro del plazo de 15 años.

El artículo 164 faculta al Presidente de la República para dictar los reglamentos de la presente ley, dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de su vigencia.

Finalmente, el artículo 165 fue incorporado al texto del proyecto de ley en estudio a indicación del Ejecutivo, a fin de salvar cualquier objeción que pudiera formularse respecto a ciertas disposiciones que podrían no conformarse con el actual texto constitucional.

El artículo en referencia establece que las disposiciones que requieran para su aplicación la enmienda previa de determinadas materias de la Constitución Política del Estado, entregarán en vigencia una vez publicada la Reforma Constitucional que las haga procedentes.

Cabe señalar al respecto, que en la ley 15. 020, de 27 de noviembre de 1962, se consultaron algunas disposiciones que, para su aplicación, fue necesario esperar la dictación de la ley Nº 15. 295, de 8 de octubre de 1963 sobre Reforma Constitucional, la que las hizo procedentes.

Por último consulta el proyecto de ley en informe, cinco disposiciones transitorias, que versan sobre las siguientes materias:

1.- Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social, se declaran de utilidad pública y se autoriza la expropiación de los predios rústicos de su-

perficie igual o inferior a 80 hectáreas de riego básicas que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a la indicada, cuando dicha división se hubiere efectuado entre el 21 de noviembre de 1965 y la fecha de vigencia de la presente ley, salvo que ésta hubiere sido aprobada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.

El Ejecutivo, con fecha 22 de noviembre de 1965, envió para su consideración al II. Congreso Nacional el proyecto de ley en estudio, y desde esa fecha, en conocimiento de esta nueva legislación, se activó la división indiscriminada de predios rústicos.

Durante el estudio de esta materia, la Comisión aprobó e informó un Mensaje que prohibe la división, parcelación o hi-juelación de tocio predio rústico de una superficie superior a 80 hectáreas, sin previa autorización del Consejo de la Corporación de la Regorma Agraria.

Considera la Comisión en esta oportunidad como en la anterior, que las divisiones señaladas tuvieron por objeto, en la mayoría de los casos, evadir la aplicación de la presente ley, razón por la cual cree necesario incorporar a dichos predios a esta legislación y establecer una indemnización que constituya una sanción para los propietarios que procedieron en la forma indicada.

En virtud a las consideraciones anteriores, la indemnización que proceda se pagará con un 1% al contado y el saldo en bonos de la clase "A", o sea, en 25 cuotas anuales iguales. Finalmente, establece algunas excepciones que se justifican ampliamente por la sola lectura de las mismas.

2.- La materia relativa al artículo 2º, determina que, sin perjuicio de las facultades que se otorgan al Presidente de la República en el inciso segundo del artículo 141, las expropiaciones pendientes a la fecha de vigencia de la presente ley, que se hubieren ordenado de acuerdo a las dispo-

siciones legales que se indican, se regirán por esta ley, en cuanto a la indemnización que corresponda, a las formas de pago de la misma y a Ja toma de posesión material del predio expropiado. Al respecto, fija, para cada caso, las normas que, sobre esta materia, se aplicarán.

3.- El artículo 3º establece que si a la fecha de publicación de esta ley, se encontrare pendiente la expropiación de un predio rústico efectuada de conformidad a las disposiciones de la ley 15. 020 y al DFL. R. R. A. Nº 9, de 1963, por haber reclamado el propietario de la procedencia de la expropiación, el Consejo Nacional Agrario que se crea en el Título VII, podrá acordar la expropiación si la Corporación de la Reforma Agraria ya hubiere tomado posesión del bien expropiado y estuviere ejecutando trabajos u obras para su parcelación. Para estos efectos, se declaran de utilidad pública los predios que se encontraren en la situación anterior.

El monto de la indemnización se determina, en estos casos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, o sea, en base al avalúo fiscal, y se pagará con un 10% al contado y el saldo en bonos de la clase "A", es decir en 25 cuotas anuales iguales.

4.- El artículo siguiente, fija el procedimiento y los plazos en que se deberán hacer las designaciones de los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelación que se crean en el Título VIII.

5. _Finalmente el artículo 5º fija las normas que regirán mientras entre en vigencia el Registro Público de Aguas a que se refiere el artículo 110 de la presente ley.

La Comisión, como expresamos al comienzo de esta exposición, ha tenido una exhaustiva labor en el conocimiento y estudio de esta materia de ley, y estima que ha cumplido adecuadamente su cometido. En mérito a las razones expuestas en este informe, os propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Establécense las siguientes definiciones para los efectos de la presente ley:

Predio rústico: todo predio agrícola, ganadero o forestal esté comprendido en zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique una interpretación diferente, se entenderá que la palabra "agrícola" significa, igualmente, ganadero o forestal;

Predio abandonado: aquel que no es objeto de hechos positivos de explotación económica como cultivos agrícolas, empastadas, crianza de ganado, ciudado y conservación de los bosques naturales o artificiales, u otros de análoga significación económica. El hecho de que el predio esté cercado o que tenga ciudadores o la existencia de construcciones o la simple explotación de subsistencia, no constituirá por sí solo prueba de explotación económica;

Predio mal explotado: aquel cuya productividad se encuentra por debajo de los niveles adecuados en relación a las condiciones económicas predominantes en la región para tierras de análogas posibilidades.

Siempre se reputará mal explotado el predio cuya superficie sea superior a quince hectáreas de riego básicas, que no reúna en forma conjunta las siguientes condiciones:

1) Tener a lo menos el 80% de su superficie útil de riego normal ocupada con cultivos anuales, cultivos permanentes o praderas artificiales; en el caso de terreno de secano, éstos deberán estar dedicados a cultivos anuales o permanentes o a praderas naturales mejoradas o artificiales, a lo menos en el 70% del total de su superficie con aptitud para estos fines.

Pradera mejorada es aquélla en la que se han aplicado métodos de manejo, abo-naduras, construcción de cierros o realización de inversiones destinadas a elevar su productividad.

2) Tener abonado a lo menos el 50%

de la superficie cultivada total con dosis

de fertilizantes consideradas normales pa

ra los tipos de cultivos y zonas de que se

trate. Estas dosis serán las que determi

nan las instrucciones técnicas del Minis

terio de Agricultura.

El Estado tendrá la obligación de asegurar provisión de abonos y de créditos en todas las zonas del país para el cumplimiento de las abonaduras indicadas en el inciso precedente. No se aplicará la disposición del inciso primero cuando el interesado exhiba un certificado de la institución a la que corresponda la distribución del abono o crédito, en que conste que ha faltado la disponibilidad respectiva.

Tener inversiones en capital fijo y realizable cuyo valor global equivalga como mínimo al valor de tasación fiscal del casco del predio.

Cumplir con todas las disposiciones legales en lo que respecta a vivienda campesina, educación y sanidad y no haber sido condenado por sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada por infracción a la legislación social y del trabajo, ocurrida en los dos años anteriores al acuerdo de expropiación.

El peso de la prueba de los diferentes requisitos a que se refiere esta letra corresponderá al propietario.

Explotación directa: la realizada por una persona natural que explota tierras por su cuenta y riesgo, dirige por sí misma la explotación y participa en ella. En casos calificados, como el de ser el propietario de avanzada edad o encontrarse imposibilitado físicamente para el trabajo, se estimará que existe explotación directa cuando la dirección y participación de la explotación la efectúe un Administrador cuya actividad básica sea la administración de las tierras del propietario;

Explotación efectiva; la explotación directa realizada por una persona natural que, además, trabaja de modo habitual en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica;

d)

Explotación personal: la explotación directa realizada por una persona natural que trabaja de modo continuo en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica y que realiza dicha explotación con el solo aporte de su trabajo personal y el de los miembros de su familia que con él conviven, empleando asalariados sólo con carácter ocasional, en número limitado y proporcional a la extensión del predio y a la naturaleza de su aprovechamiento;

Explotación por terceros: la realizada por una persona que no sea el dueño del predio, que dirige por su cuenta y riesgo la explotación, independientemente del propietario. No se considerará explotación por terceros la realizada por el propietario que sea persona natural, conjuntamente con otra u otras personas, siempre que dicho propietario participe tanto en la dirección como en el financiamiento de los gastos de explotación y en los riesgos de ésta;

h) Unidad agrícola familiar: la superficie de tierras que, dada la calidad del suelo, ubicación, topografía, clima y otras características, en particular la capacidad de uso de los terrenos y siendo explotada personalmente por el productor, permite al grupo familiar vivir y prosperar merced a su racional aprovechamiento;

i) Campesino: el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza en el campo, así como el ocupante, medie-ro, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una superficie no superior a la de la unidad agrícola familiar. En ningún caso se considerará como campesino a la persona que esté en posesión de un título profesional universitario;

j) Asignatario: el beneficiario de tierras asignadas por la Corporación de la Reforma Agraria de conformidad con esta ley;

k) Habilitación de tierras para la pro-

ducción: la incorporación a la producción agrícola regular, mediante las obras y trabajos adecuados, de terrenos cuyas condiciones físicas los inhabiliten para su aprovechamiento productivo;

1) Mejoramiento de suelos: la adecuación de suelos agrícolas ya aprovechados, a una producción intensificada, mediante la realización de los obras y trabajos apropiados;

m) Año agrícola: el que comienza el 1° de mayo y termina el 30 de abril del año siguiente, salvo en la provincia de Tarapacá en que comienza el 1? de noviembre y termina el 31 de octubre del año siguiente, y

n) Son suelos con serias limitaciones aquellos considerados sólo de cultivo ocasional y más adaptados a la producción de pastos. Las limitaciones más usuales son las siguientes:

Pendientes que dificultan seriamente el regadío;

Suelos de espesor muy delgado;

Excesiva pedregosidad que afecta al cultivo del suelo y a su fertilidad;

Texturas extremas, o muy arenosas, o muy arcillosas;

Salinidad fuerte;

Erosión severa por riego o alta susceptibilidad a ella;

Inundaciones frecuentes y prolongadas que pueden impedir el uso del suelo en algunos períodos del año, así como niveles altos de aguas freáticas.

En todos los casos en que la presente ley emplee las palabras "la Corporación", deberá entenderse que se refiere a la Corporación de la Reforma Agraria.

Para los efectos de la presente ley se entenderá que es de dominio exclusivo de cada comunero o socio de una sociedad de personas, una superficie de terrenos de la respectiva comunidad o sociedad, proporcional a los derechos que en ellas tuviere.

TITULO I De las tierras para la Reforma AgrariaCAPITULO I

De los predios afectos a expropiación

Artículo 2°.- Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social, declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación total o parcial de los predios rústicos que se encuentren en cualquiera de las situaciones que se expresan en los artículos 3° a 10 inclusive de la presente ley.

Artículo 3°.- Son expropiables los predios rústicos de que sea dueña una misma persona natural, cualesquiera que sea su ubicación en el territorio nacional y las categorías de sus terrenos que, aisladamente o en conjunto, tengan una extensión que exceda de 80 hectáreas de riego básicas, calculadas conforme a la Tabla de conversión que se establece en el artículo 157.

Cuando la suma de las superficies de los predios de que sea dueña una misma persona natural exceda de 80 hectáreas de riego básicas, será expropiable cualquiera de esos predios, o parte de algunos de ellos, o la totalidad de éstos, sin perjuicio del derecho de reserva que corresponda en conformidad a la presente ley.

Quedan afectados por las disposiciones de este artículo los predios rústicos de que sean propietarias dos o más personas en común, y cuya superficie sea superior a la que se indica en el inciso primero, salvo que se trate de las comunidades a que se refiere el artículo 148.

Para los efectos de la expropiación por la causal establecida en este artículo en el caso de expropiarse predios de que sean dueñas personas casadas se considerarán como un todo los predios pertenecientes a ambos cónyuges, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

Artículo 4°.- Son expropiables los predios rústicos que se encuentren abandonados y los que estén mal explotados.

No obstante la causal de expropiación establecida en el inciso anterior, sólo se aplicará una vez transcurridos dos años desde la fecha de vigencia de la presente ley, respecto de aquellos predios rústicos que, desde una fecha anterior al 27 de noviembre de 1962 tengan una superficie que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas.

Artículo 5°.- Son expropiables los predios rústicos que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, cuando la división se haya efectuado con posterioridad a 27 de noviembre de 1962 y siempre que la explotación no haya sido seguida de una efectiva división, en una fecha no posterior al 1º de mayo próximo al del año en que ésta se haya realizado y no haya sido explotado personal o efectivamente a contar de esa misma fecha. En este caso serán expropiables, cualesquiera sean sus propietarios y su superficie, todos los predios que no hayan sido o no sean explotados personal y efectivamente y en forma independiente, de modo ininterrumpido.

La prueba de que el predio ha sido explotado personal o efectivamente y en forma independiente, de modo ininterrumpido desde la fecha no posterior al 1° de mayo próximo al del año en que se hizo la división, corresponderá siempre al propietario.

Esta causal de expropiación sólo será aplicable por el plazo de tres años a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley, respecto de los predios que se hayan dividido con anterioridad a ella.

Artículo 6°.- Son expropiables los predios rústicos de que sean dueñas personas jurídicas de derecho público o privado, salvo las excepciones expresamente establecidas en la presente ley. Exceptúanse igualmente todos aquellos que pertenezcan a cooperativas campesinas que cumplan los

requisitos establecidos en el Reglamento. Tampoco serán afectados por esta causal los predios rústicos de que sean dueñas sociedades de personas que tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera cuando éstas cumplan con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

Que la superficie de tierras de que la sociedad sea dueña no exceda de 80 hectáreas de riego básicas;

Que la dirección de la explotación de la totalidad de las tierras de la sociedad sea efectuada por uno de los socios, a los menos, el que deberá trabajar de modo habitual en esas tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica;

Que ninguno de los socios lo sea de alguna otra sociedad de persona propietaria de predios rústicos;

Que se hayan constituido o declaren su existencia por escritura pública, un extracto de la cual deberá inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial en la forma y plazo que establezca el Reglamento.

Los predios rústicos de que sean dueñas sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia de esta ley, no serán afectados por la causal de expropiación establecida en el presente artículo durante los ciento ochenta días siguientes a esa fecha.

Aquellas sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia de esta ley, que una vez transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior reunieren todos los requisitos expresados en las letras b), c) y d), precedentes, que sean al mismo tiempo sociedades que tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera, cuyos predios se expropiaren en virtud de la causal establecida en este artículo por no cumplir con el requisito expresado en la letra a), tendrán derecho a conservar en su to-minio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas. Se aplicarán en esta materia las normas

contenidas en los incisos primero y tercero del artículo 12 y en el artículo 25.

Artículo 7°.- Son expropiables los predios rústicos que se encuentren dados en arrendamiento o cedidos para su explotación por terceros, cuando sus dueños infringieran las disposiciones legales que regulan la materia.

Artículo 8°.- Son expropiables los predios rústicos de que sean dueñas dos o más personas en común, respecto de los cuales 110 se hubiese puesto término al estado de indivisión de los casos, forma y plazo establecidos en la presente ley.

No será aplicable el presente artículo a las tierras y comunidades a que se refiere el artículo 148.

Artículo 9°.- Son expropiables los predios rústicos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de la Propiedad Austral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el dominio o posesión de la tierra, siempre que las tierras estén ocupadas por personas que no tengan vínculo contractual alguno con el propietario y que la ocupación tenga a lo menos tres años a la fecha del acuerdo de expropiación. No se aplicará esta causal si existe juicio pendiente sobre el dominio o posesión de la tierra, cuando el propietario hubiere iniciado el juicio dentro de los seis meses siguientes a la iniciación de la ocupación.

Artículo 10.- Son expropiables los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área en la que el Estado está realizando o vaya a realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo y que sea declarada área de riego.

Artículo 11.- El área de riego será declarada por el Presidente de la República mediante un decreto supremo que apruebe para ella un plan de desarrallo agropecuario, propuesto por el Ministerio de Agricultura.

CAPITULO II

De los derechos de reservo, y de adquisición de tierras en relación con la expropiación.

Artículo 12.- En caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el artículo 3º, el propietario afectado tendrá derecho a conservar en su dominio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas, computada la de otros terrenos de que fuere dueño expresada en hectáreas de riego básica. Si el propietario tuviere más de cinco hijos que trabajen con él o vivan a sus expensas, el límite máximo de superficie mencionado se aumentará a diez hectáreas de riego básicas por cada uno de esos hijos que excediere de ese número, sin que el total de la reserva pueda ser superior a cien hectáreas de riego básicas. Dicho propietario sólo podrá ejercer el derecho de reserva sobre aquellos terrenos que no estén arrendados o cedidos para su explotación por terceros. No tendrá derecho a reserva el propietario que tuviere su predio abandonado o mal explotado.

Para los efectos de este artículo en el caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

El propietario que desee hacer uso del derecho de reserva establecido en este artículo deberá declararlo por escrito ante la Corporación dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo de expropiación; si así no lo hiciere, se extinguirá definitivamente ese derecho.

Artículo 13.- -En el caso de expropiarse de conformidad con el artículo 3º tierras de que sean dueñas dos o más personas en común, cada uno de los comuneros que estuvieren explotando personal o efectivamente las tierras tendrán derecho a adquirir, en el predio expropiado, una su-

perficie de terrenos, expresada en hectáreas de riego básicas, equivalente a la que estuviere explotando de alguno de esos modos. La superficie que los comuneros titulares de este derecho adquieran no podrá exceder, en conjunto, de 80 hectáreas de riego básicas ni podrá ser superior, para cada uno de ellos, a esa misma superficie, computada la de otros terrenos que tuvieren en su dominio expresada en hectáreas de riego básicas. No obstante, en el caso de que ios comuneros que tuvieren este derecho fueren dos o más, el límite máximo de terrenos que pueden adquirir en conjunto, se. ampliará en diez hectáreas de riego básicas por cada uno de ellos. No podrá hacer valer el derecho de adquisición el comunero que tuviere los terrenos abandonados o mal explotados.

Serán aplicables a este derecho de adquisición las disposiciones del artículo 12, inciso segundo y tercero, así como las de los artículos 25 y 31 en lo que concierne a la ubicación y valor de los terrenos y a la reclamación a que hubiere lugar en relación con este derecho.

Artículo 14.- El arrendatario que al momento del acuerdo de expropiación de un predio rústico por alguna de las causales de los artículos 3º, 6º, 7° ó 10, estuviere explotando personal o efectivamente tierras en él desde tres años consecutivos, tendrá derecho preferente a que la Corporación de la Reforma Agraria le venda, en esas tierras, una superficie que no podrá ser inferior a la de la unidad agrícola familiar ni superior a 80 hectáreas de riego básicas.

En ningún caso podrá ejercer el derecho de adquisición establecido en el inciso anterior el arrendatario que haya infringido las disposiciones legales que regulen los arrendamientos o que tenga el predio subarrendado, abandonado o mal explotado o que haya realizado una explotación que hubiere producido el deterioro del suelo.

Tampoco podrá ejercer este derecho la persona que fuere dueña, al tiempo de hacerlo valer, de una superficie de terre-

nos igual o superior a la de la unidad agrícola familiar, salvo que enajenare dichos terrenos a campesinos, en la forma y condiciones que la Corporación apruebe y siempre que, a juicio de dicha institución tuviere la capacidad empresarial y económica suficiente, podrá optar a que ésta le enajenare terrenos de hasta 80 hectáreas de riego básicas en el predio expropiado. En todo caso deberá cumplir las condiciones señaladas en el inciso anterior.

El Reglamento establecerá las demás condiciones que deberá reunir el arrendatario, así como la forma y plazo en que deberá ejercer este derecho.

Corresponderá al Consejo Nacional Agrario resolver sobre la solicitud del interesado.

El precio de venta se fijará por la Corporación y será pagado por el arrendatario con un 10% al contado y el saldo en ocho cuotas anuales iguales. El 80% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de la escritura de la compraventa, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota.

El comprador podrá pagar anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para calcular el reajuste sobre las cantidades que se paguen se considerará el promedio de los índices mensuales de los doce meses anteriores a aquél en que se efectúe el pago anticipado o el abono.

CAPITULO III

De las excepciones a la expropiabilidad

Artículo 15.- El propietario a quien se le expropiare uno o varios predios por la¡ causal del artículo 3º, o por la causal del artículo 6º, tendrá derecho a que se declaren excluidos de la expropiación aquellos predios respecto de los cuales esté cumpliendo todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 16. Si el propietario fuere una persona natural deberá, además, estar explotándolos, a lo menos directamente, y si fuere persona jurídica, sólo podrá ejercer este derecho aquella cuyas actividades tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera y siempre que los predios de que se trate no estén dados en arrendamiento o mediería o cedidos de cualquier otra forma para su explotación por terceros.

La superficie de terrenos excluida de la expropiación en virtud de este artículo, no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, incluida en ella la de los terrenos que el propietario se reservare en virtud de lo dispuesto en los artículos 6º ó 12 y computada la de otros predios de que fuere dueño, expresada en hectáreas de riego básicas. La superficie excluida de la expropiación quedará inexpropiable, en el futuro, por las causales referidas.

Para los efectos de este artículo, en el caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

El propietario deberá hacer valer el derecho establecido en este artículo ante la Corporación de la Reforma Agraria, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación del acuerdo de expropiación, debiendo acompañar a su solicitud los documentos que el Reglamento exija bajo apercibimiento de no admitir su solicitud a tramitación. Corresponderá al

Consejo de la Corporación pronunciarse sobre la solicitud, para la aprobación de la cual se requerirá el voto favorable de los dos tercios de sus miembros presentes, a lo menos.

Si la solicitud del propietario fuere denegada, éste podrá recurrir al Consejo Nacional Agrario, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que se le notifique el respectivo acuerdo de la Corporación.

El derecho que establece el presente artículo es intransferible.

Artículo 16.- Para que un propietario pueda acogerse al régimen de excepción establecido en el artículo anterior deberá cumplir en todos los predios con respecto a los cuales lo solicite, con la totalidad de los siguientes requisitos:

1.- Tener dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes o praderas artificiales, a lo menos el 95% de la superficie útil de riego normal del predio de que se trate; en el caso de terrenos de secano, éstos deberán estar dedicados a cultivos anuales o permanentes o a praderas naturales mejoradas o artificiales, a lo menos en el 80% del total de la superficie apta para ello;

2.- Explotar el predio en condiciones técnicas superiores al promedio de los predios de la comuna. Este requisito será acreditado mediante un informe técnico del Ministerio de Agricultura, que éste deberá expedir, en conformidad a las normas que se fijen en el Reglamento, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se solicite por el interesado. Para admitir a tramitación la solicitud a que, se refiere el artículo anterior, bastará que se acredite haber pedido dicho informe;

3.- Mantener en buen estado de conservación el suelo y otros recursos naturales renovables. En caso de que existiera algún proceso de deterioro de los mismos, deberán haberse iniciado programas de conservación o recuperación de esos recursos que a juicio del Ministerio de Agricultura sean adecuados;

4.- Conceder a los trabajadores del predio participación en las utilidades de la explotación, en los términos establecidos en la legislación sobre participaciones;

5.- Pagar por concepto de salarios, sueldos y participaciones conforme al número anterior, a los obreros y empleados del predio, un total anual de por lo menos dos veces el salario mínimo campesino y sueldo vital de la provincia en relación con el número de jornadas y meses trabajados. Para estos efectos, sólo se computará el valor de las regalías en lo que no excedan del 25% del monto total de los sueldos y salarios pagados. Los salarios y participaciones pagados a los obreros se calcularán separadamente de los sueldos y par-ticipaeiones pagados a los empleados.

Para los efectos de este requisito no se considerará a aquellos empleados que el Reglamento determine;

6.- Cumplir con todas las disposiciones legales en lo que respecta a vivienda campesina, educación y sanidad y no haber sido condenado por sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada por infracción a la legislación social y del trabajo, ocurrida en los dos años anteriores al acuerdo de expropiación.

El peso de la prueba de los diferentes requisitos a que se refiere este artículo, corresponderá al propietario.

Artículo 17.- El Presidente de la República podrá declarar inexpropiables terrenos de que sean dueñas personas naturales o varias personas naturales en común, con respecto a los cuales sus propietarios presenten un plan de inversiones para la habilitación de suelos y su subsecuente racional explotación que haya sido aprobada por el Ministerio de Agricultura. En las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes la inexpropiabilidad mencionada podrá referirse también a terrenos afectados a un plan de mejoramiento de suelos, aprobado en la misma forma.

Artículo 18.- El Presidente de la República podrá declarar inexpropiables te-

rrenos de que sean dueñas personas jurídicas, cuya actividad principal sea la explotación agrícola o ganadera, con respecto a los cuales sus propietarios presenten un plan de inversiones para la habilitación de suelos y su subsecuente racional explotación que haya sido aprobado por el Ministerio de Agricultura, en los siguientes casos y condiciones:

a) Cuando se trate de sociedades de per

sonas que reúnan todos los requisitos ex

presados en las letras b), c) y d) del ar

tículo 6º, cualquiera que fuere el lugar en

que los referidos terrenos estén ubicados;

b) Cuando se trate de otras personas

jurídicas, siempre que los referidos terre

nos estén ubicados en las provincias de

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquim

bo, Chiloé, Aisén o Magallanes. Tratándo

se de personas jurídicas existentes a la vi

gencia de la presente ley, la inexpropiabi

hdad, en este caso, podrá también fundar

se en un plan de mejoramiento de suelos

aprobado en las mismas condiciones ex

presadas en el inciso primero de este ar

tículo.

Asimismo, el Presidente de la República podrá declarar inexpropiables los terrenos plantados de viñas viníferas más un 20% para rotación, de que sean dueñas, desde una fecha anterior al 22 de noviembre de 1965, sociedades anónimas que tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas, siempre que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 16, reúnan las siguientes condiciones:

Tener un capital propio destinado a las actividades vitivinícolas equivalente, por lo menos, a cuatro veces el avalúo fiscal de los terrenos plantados de viñas;

Tener a lo menos el 95% de las viñas viníferas plantadas con variedades de cepas de calidad autorizada por el Ministerio de Agricultura, y

Comercializar como vino fino a lo menos el 50% de la producción de las viñas de la sociedad. Se entenderá cumplida este requisito si, a la época de cada cose-

cha, la sociedad propietaria tuviere en sus bodegas una existencia de vinos de años anteriores, equivalente a por lo menos el 50% de su cosecha normal.

Para los efectos de este artículo se considerará empresa vitivinícola integrada aquella sociedad anónima que, dedicándose básicamente a la activida vitivinícola, produzca, elabore, fraccione y comercialice sus vinos bajo sus propias marcas.

Artículo 19.- El decreto supremo que declare la inexpropiabihdad de terrenos, de acuerdo con los artículos 17 y 18, determinará, en cada caso, la superficie con respecto a la cual se concede la inexpro-piabilidad, la individualización de los terrenos, la duración de la inexpropiabihdad y las condiciones y requisitos que el propietario deberá cumplir durante la ejecución del plan aprobado en dicho decreto o durante el plazo de la inexpropiabihdad, tratándose de empresas vitivinícolas integradas.

Artículo 20.- La inexpropiabihdad declarada en conformidad a lo dispuesto en los artículos 15, 17 ó 18 de esta ley, caducará en el caso de que los propietarios dejaren de cumplir, en cualquier momento, alguno de los requisitos o condiciones que le permitieron obtener la inexpropiabihdad o los requisitos establecidos en los decretos supremos a que hace referencia el artículo 19, según corresponda.

La caducidad será declarada, en primera instancia, por el Tribunal Agrario Provincial, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria o del Ministerio de Agricultura.

Artículo 21.- No serán expropiables los predios rústicos destinados a cumplir funciones de estaciones experimentales, de centros de capacitación campesina o de docencia agropecuaria o forestal mientras cumplan con esas funciones, las que deberán ser calificadas por el Ministerio de Agricultura y siempre que los respectivos titulares del dominio no persigan fines de lucro con la explotación de dichos predios.

Tampoco será expropiable la propiedad

familiar agrícola, salvo por la causal establecida en el artículo 10.

Articulo 22.- No son expropiables por las causales establecidas en esta ley los bosques artificiales, como tampoco aquellos bosques naturales cuyos dueños estuvieren cumpliendo un plan de ordenación aprobado por el Ministerio de Agricultura, cuando unos u otros estén situados en terrenos de aptitud exclusivamente forestal o en terrenos agrícolas no arables. Tampoco son expropiables los terrenos desarbolados, de aptitud exclusivamente forestal, en los que sus propietarios estén cumpliendo un programa de forestación aprobado por el Ministerio de Agricultura. En todo caso, dichos terrenos no serán expropiables durante el plazo de dos años contado de la fecha de vigencia de esta ley, sin perjuicio de que el propietario pueda ofrecerle a la Corporación de la Reforma Agraria para su adquisición por ésta.

Los terrenos que el inciso anterior declara inexpropiables no serán considerados para los efectos de la aplicación de la causal de expropiación expresada en el artículo 3°, como tampoco para la determinación de la superficie que el dueño de un predio expropiado tenga derecho a conservar en su dominio en conformidad con las disposiciones de esta ley.

La calificación de terrenos de aptitud exclusivamente forestal y de terrenos agrícolas no arables, así como la de bosque ar-tificial o natural, corresponde al Ministerio de Agricultura.

CAPITULO IV

De los predios rústicos de propiedad fiscal y de los pertenecientes a Instituciones o Empresas del Estado.

Artículo 23.- Para los fines de la presente ley, autorízase al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria las tierras su-ceptibles de uso agrícola o ganadero pertenecientes a Instituciones o Empresas del

Estado, en la forma y condiciones que determine el Reglamento.

Artículo 24.- Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Corporación de la Reforma Agraria predios rústicos de propiedad fiscal.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo 25.- La ubicación de los terrenos objeto de la reserva a que se refieren los artículos 6º y 12, así como la de los terrenos excluidos de la expropiación de conformidad con el artículo 15, se determinará con arreglo a las siguientes normas:

Los terrenos que al propietario corresponda conservar en su dominio, deberán constituir en lo posible una superficie continua y si la forma del predio lo permite, convexa;

Se deberán distribuir proporcionalmente entre los terrenos que el propietario conserve en su dominio y aquellos que constituyan la parte expropiada, tierras de calidad y condiciones semejantes;

La parte de los terrenos que el propietario conserve en su dominio con frente a camino público, deberá ser, en lo posible, proporcional a la superficie del predio;

Los terrenos que el propietario conserve en su dominio deberán ubicarse de manera que no impidan el racional aprovechamiento de las aguas en los terrenos expropiados;

Deberá incluirse en los terrenos que el propietario deba conservar en su dominio, la casa patronal, siempre que así lo solicite; y

Que la distribución de las mejoras entre la parte de los terrenos, que el propietario conserve en su dominio y la parte que resulte efectivamente expropiada se haga de manera que no perjudique su racional aprovechamiento.

No obstante lo dispuesto en el inciso

anterior, el propietario y la Corporación de la Reforma Agraria podrán acordar una ubicación diferente a los terrenos que el primero deba conservar en su dominio.

En el caso que no hubiere acuerdo, el propietario deberá manifestar por escrito, y dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha en que la Corporación le notifique el desacuerdo, la ubicación de los terrenos que desee conservar en su dominio, ateniéndose a las normas señaladas en el inciso primero. No tendrá este derecho el propietario que tenga arrendado parcialmente el predio expropiado, correspondiendo la determinación definitiva a la Corporación.

Si el propietario no determina la ubicación dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, la Corporación la señalará defintivamente.

En el caso que el propietario señalare la ubicación de los terrenos que desee conservar en su dominio, pero no se ajustare a las normas establecidas en el inciso primero, la Corporación de la Reforma Agraria podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha en que el propietario haya manifestado por escrito la ubicación de los terrenos, que la determine en definitiva.

El Tribunal Agrario Provincial conocerá de la reclamación conforme a las reglas de los incidentes y fallará en única instancia.

El Tribunal deberá fallar la reclamación de la Corporación dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación del reclamo del propietario.

Artículo 26.- Cuando un propietario conserve terrenos en su dominio, ya sea por expropiarse parcialmente un predio o a consecuencia de la aplicación de los artículos 6º, 12 ó 15, la Dirección de Aguas concederá el derecho de aprovechamiento conforme a la presente ley, en relación con el número de hectáreas de riego que tengan esos terrenos.

TITULO II

Del acuerdo de expropiación, de sus efectos y de las indemnizaciones

CAPITULO I

Del acuerdo de expropiación y de sus efectos

Artículo 27.- Las expropiaciones autorizadas en los artículos 3º a 10 inclusive y 1° y 3º transitorios serán decididas por acuerdo del Consejo Nacional Agrario.

Dicho acuerdo deberá, en todo caso, contener la ubicación del predio objeto de expropiación, su rol de avalúo para los efectos de la contribución territorial si lo tuviere, la causal de expropiación y las modalidades de pago de la indemnización. Además, señalará, cuando corresponda, si el propietario afectado podrá hacer valer los derechos de reserva o de adquisición que establece esta ley.

Artículo 28.- El acuerdo de expropiación se notificará a las personas afectadas por personal del Cuerpo de Carabineros, cuyos miembros tendrán la calidad de ministros de fe para estos efectos, dejando una copia autorizada del mismo con una persona adulta en el predio objeto de la expropiación. Además, se deberá publicar un extracto de dicho acuerdo por una sola vez en el Diario Oficial del día 1º de mes, a menos que fuere festivo, en cuyo caso se publicará al día siguiente hábil, y por dos veces en un diario o periódico del departamento en que se encuentre ubicado el predio o si no lo hubiere en un diario o periódico de la capital de provincia correspondiente. Si el predio estuviere ubicado en más de un departamento o en más de una provincia, el extracto se podrá publicar en cualquiera de ellos.

No se podrá alegar falta o nulidad de la notificación, por ningún motivo, cuando el extracto referido en el inciso anterior haya sido publicado en el Diario Oficial.

Para todos los efectos legales se considerará como fecha de la expropiación la de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, todos los demás acuerdos del Consejo Nacional Agrario y de la Corporación de la Reforma Agraria se notificarán por personal del Cuerpo de Carabineros o por un funcionario de la Corporación, los que tendrán la calidad de ministro de fe para estos efectos, dejando una copia autorizada del acuerdo con una persona adulta en el predio objeto de la expropiación. Al efectuar cualquiera presentación administrativa relacionada con la expropiación, el afectado deberá fijar domicilio, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su solicitud. Fijado domicilio, los acuerdos se le notificarán por carta certificada enviada a ese domicilio.

Artículo 29.- Efectuada la publicación del extracto del acuerdo de expropiación en el Diario Oficial, aquél se inscribirá, sin más trámite, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. El Conservador dejará constancia en la inscripción, de la fecha del Diario Oficial en que se publicó el extracto y agregará al final del Registro copia autorizada del mismo.

El predio expropiado no podrá ser objeto de actos de disposición ni de venta en pública subasta una vez publicado el extracto respectivo en el Diario Oficial. Será nulo cualquier acto o contrato celebrado en contravención a esta norma, y en caso que el propietario enajenare a cualquier título la totalidad o parte del predio, los trámites de expropiación se continuarán con aquél como si no hubiere enajenado, presumiéndose de derecho, para todos los efectos legales, que representa a sus sucesores en el dominio.

Los que con posterioridad a la notificación del acuerdo de expropiación retiraren de un predio rústico o dañaren, inutilizaren o destruyeren en él cercos, sembrados, plantaciones, arboledas, casas, bodegas, si-

los u otros inmuebles por adherencia, serán sancionados con presidio menor en sus grados medio a máximo. En estos procesos, sólo podrá actuar como querellante la Corporación de la Reforma Agraria; la prueba será apreciada en conciencia y los cómplices tendrán la pena de los autores. La excarcelación sólo procederá con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva. Los autores y cómplices serán solidariamente responsables de la indemnización civil cuyo monto será el del daño causado al predio, aumentado en un cincuenta por ciento. Esta indemnización se entenderá en favor de la Corporación y se deducirá de la cuota al contado que deba pagarse por la expropiación.

CAPITULO II

De las reclamaciones sobre el acuerdo de expropiación

Artículo 30.- El propietario de un predio rústico expropiado de conformidad con cualquiera de las causales establecidas en esta ley podrá, en todo caso, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación del extracto del acuerdo de expropiación en el Diario Oficial, solicitar del Consejo Nacional Agrario que reconsidere dicho acuerdo.

Artículo 31.- Si se expropiare un predio por la causal establecida en el, artículo 3º y no se reconociera al propietario el derecho de reserva que le correspondiere, podrá éste reclamar, ante el Tribunal Agrario Provncial, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación del acuerdo del Consejo Nacional Agrario a que se refiere el artículo 30.

Si el Tribunal acogiere la reclamación, ordenará a la Corporación de la Reforma Agraria que fije la reserva conforme a las reglas pertinentes del Título I y, si la Corporación ya hubiere tomado posesión material de los terrenos, que los restituya al interesado. No obstante, en este último caso, si a petición de la Corporación el Tribunal

estimare que con la restitución de los terrenos de la reserva al propietario se causaría un grave perjuicio a los intereses de la comunidad por estarse ejecutando trabajos de parcelación u otras obras en ellos o por cualquiera otra circunstancia calificada, ordenará se le pague en cambio el valor de la reserva calculado de conformidad con el artículo 45, con un 20% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B".

Asimismo se aplicarán las disposiciones de este artículo a los propietarios cuyos predios fueren expropiados de acuerdo con el artículo 10, y a las sociedades de personas cuyos predios fueren expropiados en conformidad con el artículo 69.

Artículo 32.- Si el Consejo Nacional Agrario rechazarse total o parcialmente la solicitud de reconsideración a que se refiere el artículo 30, en el caso de expropiaciones efectuadas conforme a los artículos 49, 5°, 7º ó 9º, el propietario podrá reclamar de la procedencia de la expropiación ante el Tribunal Agraria Provincial, dentro del plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación de ese rechazo.

En el caso de expropiarse un predio de conformidad con la causal del artículo 6º, sólo tendrán derecho a reclamar de la procedencia de la expropiación, en los términos establecidos en el inciso anterior, las sociedades de personas cuya actividad tenga por objeto la explotación agrícola o ganadera, que reúnan los requisitos establecidos en las letras a) a d) de dicho artículo.

El propietario podrá, en los casos mencionados en los incisos precedentes, solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente con la reclamación, la suspensión de la inscripción de dominio a favor de la Corporación de la Reforma Agraria y de la consiguiente toma de posesión material del predio por la Institución. Esta solicitud del propietario se tramitará y resolverá conforme a las reglas de los incidentes y el Tribunal podrá dar lugar a ella solamente cuando de los antecedentes

acompañados aparezca claramente que está revestida de fundamento plausible, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva.

Artículo 33.- Cuando un acuerdo de expropiación afectare predios o terrenos que son inexpropiables a tenor de los artículos 15, 17, 18, 21 ó 22, el propietario a quien se le hubiere rechazado su solicitud de reconsideración interpuesta en conformidad con el artículo 30, podrá reclamar de la procedencia de la expropiación ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de quince días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo del Consejo Nacional Agrario que denegó dicha solicitud.

El propietario podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente con la reclamación, las mismas medidas contempladas en el inciso final del artículo anterior.

CAPITULO III

De la toma, de posesión de los predios expropiados

Artículo 34.- La Corporación de la Reforma Agraria deberá consignar ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del Departamento en que esté ubicado el inmueble, la parte de la indemnización por la expropiación que hubiere de pagarse al contado, sobre la base de la indemnización que la Corporación hubiere determinado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37. Esta consignación deberá hacerse en el plazo de un año contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del extracto del acuerdo de expropiación, salvo que el Tribunal Agrario Provincial hubiere suspendido la inscripción de dominio a favor de la Corporación de la Reforma Agraria y la consiguiente toma de posesión material por la Institución en los casos en que esta ley lo faculta expresamente para ello. En tales eventos, si el Tribunal Agrario Provincial mantuviere la expropiación, el plazo para consignar

se contará desde la fecha en que su sentencia quede ejecutoriada.

Si no se efectuare la consignación en el plazo antedicho, podrá el propietario solicitar al Juez de Letras de Mayor Cuantía que declare caducado el acuerdo de expropiación y ordene cancelar las inscripciones a que hace referencia el artículo 29. El Juez fallará en única instancia, con citación de la Corporación de la Reforma Agraria, la cual podrá oponer como única excepción la certificación de haber efectuado la consignación dentro de los plazos legales.

Efectuada la consignación, el Juez de Letras de Mayor Cuantía dispondrá que el Conservador de Bienes Raíces respectivo inscriba el dominio del predio expropiado a favor de la Corporación de la Reforma Agraria, sin más trámite.

Artículo 35.- La Corporación de la Reforma Agraria tomará posesión material del predio expropiado una vez que se haya inscrito el dominio de éste a su favor. En caso de oposición a la toma de posesión por parte del propietario o de terceros, el mismo Juez ante quien se practicó la consignación referida en el artículo anterior, con la sola petición de la Corpo-ción concederá de inmediato y sin más trámite el auxilio de la fuerza pública para el lanzamiento, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario.

Artículo 36.- Si al tiempo que correspondiere tomar posesión del predio expropiado existieren frutos naturales pendientes en él, la Corporación de la Reforma Agraria postergará dicha toma de posesión material hasta que se cosechen los frutos del año agrícola en que se inscriba el dominio del inmueble a nombre de la Corporación.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en casos calificados, el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria podrá acordar la inmediata toma de posesión del predio expropiado, sin esperar

que se cosechen los frutos naturales pen-dintes, pero en este caso la Corporación deberá indemnizar al contado los perjuicios causados a quien debiere percibirlos, salvo que dicha Institución le permitiere cosecharlos. Si no hubiere acuerdo respecto al monto de la indemnización, la Corporación procederá a determinarla. El interesado podrá reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de la notificación de la resolución de la Corporación que haya determinado dicha indemnización. En ningún caso el procedimiento del cobro de la indemnización podrá impedir la toma de posesión material del predio.

Con todo, la Corporación podrá convenir con el propietario expropiado o cualquier otro ocupante la forma y plazo en que podrán continuar explotando el predio. Durante este tiempo, deberán prestar las facilidades y colaboración que la Corporación les demande para los efectos de la ejecución de las obras y operaciones destinadas a la parcelación y subsecuente asignación.

CAPITULO IV

De las indemnizaciones.

Artículo 37.- La indemnización a favor de] dueño del predio expropiado será equivalente al avalúo del predio para los efectos de la contribución territorial, vigente al momento del acuerdo de expropiación, más el valor de las mejoras existentes en el predio que no estuvieren comprendidas en el avalúo mencionado. Estas mejoras serán tasadas separadamente por la Corporación de la Reforma Agraria en el valor que tengan al momento del acuerdo de expropiación. Toda disminución de valor que las mejoras incluidas en el avalúo hayan experimentado con posterioridad a la última determinación de éste se estimará separadamente

por la Corporación y se rebajará del avalúo vigente.

De las tasaciones y estimaciones efectuadas por la Corporación de la Reforma Agraria conforme al inciso anterior podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo del Consejo de la Corporación que apruebe la correspondiente tasación o estimación.

Artículo 38.- La indemnización de expropiación se pagará con una parte al contado y el saldo mediante los bonos de la Reforma Agraria que establece esta ley y de conformidad con las normas que se expresan en los artículos siguientes. Dichos bonos serán recibidos por su valor nominal. La fracción del saldo de la indemnización que fuere inferior al bono de menor valor se pagará al contado.

La totalidad de las mejoras necesarias y útiles que se hubieren incorporado al predio con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 se indemnizarán al contado por su valor al momento del acuerdo de expropiación. Dichas mejoras serán tasadas por la Corporación de la Reforma Agraria y de su resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincial dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo del Consejo de la Corporación que apruebe dicha tasación.

Artículo 39.- El Reglamento establecerá para los efectos de la indemnización de la expropiación, lo que se entenderá por mejoras necesarias y útiles y la forma de probarlas, así como el modo de determinar la disminución de valor del predio.

Corresponderá al propietario, en todo caso, acreditar si las mejoras se construyeron con posterioridad al 4 de noviembre de 1964.

Artículo 40.- En los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con los artículos 3º ó 6º, la indemnización se

pagará con un 10% al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". No obstante, si el predio objeto de expropiación estuviere abandonado, la parte al contado será del 1% y si estuviere mal explotado del 5%, y el saldo, en ambas situaciones, se pagará en bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".

Artículo 41.- En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con los artículos 5º, 7º y 8º, la indemnización se pagará con un 1% al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". En el caso del artículo 4º, si el predio estuviere abandonado la cuota al contado será del 1% y si estuviere mal explotado será del 5% y el saldo, en ambas situaciones, se pagará en bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".

En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con el artículo 9?, la indemnización se pagará con un 1% al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".

Artículo 42.- En los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con el artículo 10 y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la indemnización que corresponda se pagará con un 10% al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".

Artículo 43.- En caso de expropiarse de conformidad con el artículo 10 un predio rústico respecto del cual existiere vigente una declaración de inexpropiabili-dad efectuada de acuerdo con el artículo 15, su propietario tendrá derecho a que la indemnización a que pudiere haber lugar, calculada en conformidad al artículo 58, le sea pagada con un 33% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B".

Artículo 44.- En el caso de expropiarse en conformidad al artículo 10 un predio rústico cuyo propietario, a pesar de

reunir los requisitos señalados en los artículos 15 y 16, no tuviere derecho a acogerse con respecto a ciertos terrenos, al régimen de inexpropiabilidad establecido en el artículo 55, por tratarse de terrenos que no estaban ya regados a la fecha del acuerdo de expropiación o porque dichos terrenos quedarán inutilizados para el uso agrícola a consecuencia de las obras de riego, la indemnización que corresponda por la expropiación de dichos terrenos se pagará con un 33% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B". La superficie de terrenos con relación a la cual se aplicará este modo excepcional de pago no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, deducida la superficie de todos los terrenos que el propietario conservare en su dominio, expresada en hectáreas de riego básicas. La indemnización correspondiente al resto de los terrenos se pagará en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".

Para los efectos de este artículo, el valor de una hectárea de riego básica se determinará en conformidad al artículo 45.

La correspondiente solicitud del propietario se tramitará en la forma y plazo establecidos en el inciso cuarto del artículo 15 de esta ley, y en caso de ser rechazada, podrá el interesado recurrir ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la ratificación del acuerdo denegatorio del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.

Artículo 45.- Para los efectos de determinar la indemnización a que pudiere haber lugar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 44, el valor promedio de una hectárea de riego básica se determinará dividiendo el valor total del predio, establecido de conformidad con el artículo 37, por el número de hectáreas de riego básicas del mismo.

Artículo 46.- Cuando se expropiare un

predio rústico de cabida inferior a la unidad agrícola familiar, la indemnización se pagará íntegramente al contado, siempre que su dueño no fuere propietario de otros terrenos cuya superficie, sumada a la del predio expropiado, exceda de dicha cabida. Si al propietario expropiado se le asignaren otras tierras, el valor de dicha indemnización se imputará al precio que hubiere de pagar por ellas.

Artículo 47.- Cuando el propietario hiciere uso del derecho de reserva o una parte de su predio fuere excluida de la expropiación, tendrá derecho a recibir por concepto de cuota al contado el 1% del valor de la indemnización de los terrenos y mejoras que le sean efectivamente expropiados, siempre que el valor de los terrenos objeto de la reserva o excluidos de la expropiación, más el valor de las mejoras existentes en ellos, fuere superior al monto de la cuota al contado que le correspondería recibir en conformidad a los artículos precedentes. En caso de que este último valor fuere inferior, tendrá derecho a recibir al contado sólo la diferencia.

Artículo 48.- El valor de los terrenos y de las mejoras que el dueño de un predio expropiado conserve en su dominio de conformidad con los artículos 6º ó 12, o que queden excluidos de la expropiación en virtud del artículo 15, se detraerá del monto de la indemnización determinado en la forma indicada en el artículo 37.

CAPITULO V

Disposiciones Generales.

Artículo 49.- Las tierras adquiridas a cualquier título por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a esta ley se reputarán, en todo caso, con título saneado, el que no podrá ser impugnado por causal alguna.

Artículo 50.- Todos los gravámenes, prohibiciones o embargos, en cuanto afec-

taren al predio o parte del predio que fuere expropiado, con excepción de las servidumbres legales, se extinguirán desde la fecha de la inscripción de dominio en favor de la Corporación.

También se extinguirán, desde esa fecha y respecto de lo expropiado, los derechos de arrendamiento, usufructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habitación, comodato y anticresis.

El procedimiento de expropiación no se suspenderá por la existencia de juicios pendientes respecto del dominio, la posesión o la mera tenencia del predio o parte del predio que fuere expropiado.

En los casos de los incisos anteriores, el interesado podrá hacer valer sus acciones y derechos sobre el monto de la indemnización, con las preferencias y privilegios establecidos en la legislación ordinaria.

Se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de la presente ley, fije el procedimiento de liquidación de las indemnizaciones de expropiación ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, debiendo dictar las normas pertinentes en resguardo de los derechos del expropiado y de los terceros interesados. En lo que concierne al pago de los acreedores, dichas normas fijarán la parte de la cuota al contado que el Juez podrá destinar al pago de las deudas, así como el modo de aplicar al servicio de éstas los bonos correspondientes al saldo de la indemnización.

TITULO III

De la reorganización de la propiedad en las áreas de riego.

Artículo 51.- En las áreas declaradas de riego, las disposiciones de este Título se aplicarán con preferencia a las de los Títulos anteriores de la presente ley.

Artículo 52.- En el caso de expropia-

ciones efectuadas de conformidad con el artículo 10, el propietario de un predio rústico expropiado, que sea persona natural, tendrá derecho a conservar en su dominio terrenos, incluidas las mejoras en ellos existentes, que, una vez terminadas las obras de riego, tengan un valor equivalente al que tenía su predio a la fecha del acuerdo de expropiación, calculado en la forma indicada en el artículo 37.

La superficie de los terrenos que el propietario tiene derecho a conservar en su dominio no podrá exceder de 80 hectáreas de riego básicas, computada en ella la superficie, expresada en hectáreas de riego básicas, de otros terrenos que tuviere en su dominio al momento del acuerdo de expropiación. No podrá hacer valer este derecho el propietario que tuviere el predio abandonado o mal explotado, como tampoco aquél que lo tuviere dado en arrendamiento o cedido para su explotación por terceros..

Para los efectos de este artículo, en el caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

Podrán acogerse al derecho de reserva establecido en los incisos anteriores, en las condiciones en ellos expresadas, las sociedades de personas cuya actividad principal tenga por objeto la explotación agrícola o ganadera, que reúnan todos los requisitos expresados en las letras b), c) y d) del artículo 6º.

El propietario deberá declarar por escrito ante la Corporación de la Reforma Agraria, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo de expropiación, si desea hacer valer su derecho de reserva. Si así no lo hiciere, se extinguirá este derecho.

Artículo 53.- La ubicación de los terrenos objeto de la reserva se determinará

con arreglo a las normas establecidas en el artículo 25.

Para estos efectos, la Corporación de la Reforma Agraria estimará el valor por hectárea que tendrán los nuevos terrenos en el área de riego, sobre la base de la incidencia del costo total de las obras, del aumento de la productividad de las tierras por efecto de la realización de aquellas, y de otros factores, en la forma que establezca el Reglamento.

Artículo 54.- Una vez terminadas las obras de riego, el Presidente de la República fijará, mediante Decreto Supremo, la forma en que se repartirá el costo de la obra de riego entre las diversas utilizaciones del agua y la parte del costo que en casos calificados podrá absorber el Estado. La Corporación de la Reforma Agraria, teniendo en consideración la parte del costo de la obra de riego que corresponde a los regantes, de acuerdo con el Decreto del Presidente de la República, del aumento de la productividad de los terrenos, considerando únicamente los beneficios directos, y de los otros factores que el Reglamento determine, establecerá el valor definitivo por hectárea de los terrenos comprendidos en el área de riego. Procederá, en consecuencia, a determinar definitivamente el valor que, al término de las obras, tengan los terrenos de la reserva establecida de acuerdo con el artículo 53, incluidas las mejoras, y a fijar definitivamente la superficie que el propietario tiene derecho a conservar en su dominio en conformidad a las disposiciones del artículo 52. No se incluirá en el valor referido el de las mejoras que hubieren sido introducidas en los terrenos de la reserva con posterioridad a la fecha del acuerdo de expropiación.

Para los efectos del inciso anterior, el valor que el predio expropiado tenía a la fecha del acuerdo de expropiación se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por

mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del acuerdo de expropiación, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se determina el valor definitivo, al término de las obras, de los terrenos comprendidos en el área de riego.

En el caso de que la Corporación de la Reforma Agraria estimare que existe diferencia entre la superficie fijada definitivamente por ella y aquella que se determinó primitivamente de conformidad con las disposiciones del artículo 53, la Corporación procederá a realizar los ajustes necesarios de común acuerdo con el interesado o, a falta de acuerdo, lo realizará ella misma. Si el interesado se estimara perjudicado por la determinación que haya hecho la Corporación en lo que respecta a la superficie que le corresponda en definitiva por concepto de reserva o a los ajustes a que hubiere lugar, o bien si no estuviere de acuerdo con la determinación de la Corporación relativa al valor de los terrenos y mejoras de su reserva definitiva, podrá reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de notificación del correspondiente acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.

Si el Tribunal diere lugar a la reclamación del propietario, ordenará que se complete a éste la superficie necesaria para alcanzar la equivalencia referida en el artículo 52, o si no lo juzgare posible, que se le pague el valor de la diferencia de superficie, con un 20% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B".

Si en definitiva se determinare que la superficie que el propietario haya de conservar en su dominio debe ser inferior a

aquella que se fijó primitivamente de conformidad con el artículo 53, la Corporación de la Reforma Agraria podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial que la autorice a tomar posesión material de la diferencia existente entre la superficie primitivamente fijada y la que correspondiere en definitiva, o bien que ordene al propietario que le pague el valor de la diferencia de superficie con un 20% al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales. El 80% del valor de cada cuota se reajustará a la fecha de su vencimiento en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia definitiva que ordene el pago, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a la fecha que el pago se efectúa. Cada cuota del saldo devengará un interés del 3% anual que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota. El adquirente podrá pagar anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para calcular el reajuste sobre las cantidades respectivas, se considerará el promedio de los índices mensuales de los doce meses anteriores a aquel en que se efectúe el pago anticipado o el abono.

Artículo 55.- No obstante lo dispuesto en los artículos 52 y 53, el propietario que al momento del acuerdo de expropiación estuviere cumpliendo en sus predios expropiados con todos y cada uno de los requisitos expresados en el artículo 16 y que tuviere terrenos ya regados, tendrá derecho a hacer efectiva su reserva en estos terrenos.

Sin perjuicio de lo expresado en el in-

ciso anterior, si la superficie de los terrenos ya regados del propietario expropiado excedieren de la que le corresponda por concepto de reserva, tendrá derecho a que se declare excluido en la expropiación el resto de ellos, por una superficie que, incluidas las mejoras en ellos existentes, tenga, una vez terminadas las obras de riego, un valor equivalente al que tenían su predio o sus predios a la fecha del acuerdo de expropiación, calculado en la forma indicada en el artículo 37. La superficie máxima con respecto a la cual podrá ejercerse este derecho no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, en las que se computarán las hectáreas de riego básicas correspondientes a otros terrenos que el propietario tuviere en su dominio al momento del acuerdo de expropiación, así como las correspondientes a los terrenos en que el propietario hubiere hecho efectiva su reserva en virtud del artículo 52.

Para los efectos de este artículo, en el caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean dueños ambos cónyuges aún cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.

La superficie total que el propietario conserve en su dominio en virtud de las disposiciones de este artículo será inex-propiable por las causales de los artículos 3º ó 6°, según corresponda.

Sólo podrán ejercer el derecho establecido en el inciso segundo las personas naturales que estén explotando sus predios a lo menos directamente; también podrán ejercerlo aquellas personas jurídicas cuyas actividades tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera, siempre que los predios respecto a los cuales lo ejerzan no estén dados en arrendamiento o mediería o cedidos de cualquiera otra forma para su explotación por terceros.

El derecho que establece el inciso se-

gundo de este artículo se ejercerá por el propietario en conformidad a las disposiciones de los incisos cuarto y quinto del artículo 15. Este derecho es intransferible.

La ubicación de los terrenos regados que se declaren excluidos de la expropiación en conformidad al inciso segundo de este artículo, se determinarán con arreglo a las normas establecidas en el artículo 25, en lo que fueren aplicables.

La inexpropiabilidad declarada en conformidad a las disposiciones de este artículo caducará cuando el propietario dejare de cumplir, en cualquier momento, alguno de los requisitos o condiciones que le permitieron obtener la inexpropiabilidad. La caducidad será declarada por el Tribunal Agrario Provincial a petición de la Corporación de la Reforma Agraria.

Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del artículo 54.

Artículo 56.- El propietario de un predio expropiado en conformidad al artículo 10, que tuviere derecho a reserva en virtud del artículo 52, pero a quien no pudiere hacérsele efectivo en dicho predio por deber quedar éste inutilizado para el uso agrícola a consecuencia de la realización de las obras de riego, tendrá derecho a adquirir dentro del área de riego, una vez terminadas dichas obras, terrenos equivalentes en valor y superficie a los que hubiere tenido derecho a conservar en su dominio. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 52 y 54.

El titular del derecho que este artículo establece deberá manifestar ante la Corporación de la Reforma Agraria, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la Corporación le ofrezca los correspondientes terrenos, si acepta adquirir estos últimos en las condiciones que ella le fije. Si así no lo hicieire, se extinguirá su derecho.

Si el interesado estimare que los terre-

nos que la Corporación de la Reforma Agraria le ofrezca no son equivalentes en valor y superficie a los que hubiere tenido derecho a conservar en su dominio, podrá reclamar ante el Tribunal Agrario Provincial dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación de la oferta antes referida.

En lo que respecta al pago de los terrenos que se adquiera de conformidad con este artículo, se estará a las disposiciones del artículo 83.

Artículo 57.- En el caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el artículo 10, el plazo para que la Corporación de la Reforma Agraria efectúe la consignación de la parte de la indemnización que hubiere de pagarse al contado se iniciará, en lo que respecta a los terrenos que sean necesarios para la realización de las obras, desde la fecha del acuerdo de expropiación, y en lo que respecta a los que queden utilizados para el uso agrícola a consecuencia de dichas obras, desde el momento en que queden inutilizados.

Con respecto a los otros predios comprendidos dentro del área del riego, el plazo para efectuar la consignación aludida se contará desde el término de ¡as obras de riego. Una vez efectuada la consignación y practicada la correspondiente inscripción de dominio, la Corporación tomará posesión material de los terrenos que no hayan sido objeto de reserva o no hayan sido excluidos de la expropiación.

No obstante, la Corporación de la Reforma Agraria podrá tomar posesión material del predio cuando lo estime conveniente, previa consignación e inscripción del dominio a su favor, si el propietario no tuviere derecho de reserva o si teniéndolo no hubiere hecho uso de él.

En los casos en que el propietario haya hecho uso del derecho de reserva o de que una parte del predio haya sido excluida de la expropiación, podrá la Corporación tomar posesión material del resto del

predio, en cualquier momento, previa consignación e inscripción del dominio a su favor, cuando la realización de las obras o la reorganización de la propiedad en el área de riego así lo exigiere; pero, en tal caso, deberá indemnizarle los perjuicios que este hecho le ocasionare. En todo caso, la Corporación podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial que la autorice para tomar posesión material de la totalidad del predio cuando el propietario efectúe en él actos que provoquen la destrucción de los recursos naturales o cuando lo tuviere abandonado en todo o en parte. Si así sucediere, éste no tendrá derecho a esa indemnización de perjuicios considerándose, además, para todos los efectos legales, que no ha hecho uso del derecho de reserva o del de exclusión de la expropiación de una parte del predio. La petición de la Corporación se tramitará y resolverá conforme a las reglas de los incidentes.

Desde la fecha del acuerdo de expropiación, tanto el propietario afectado como los terceros ocupantes del predio a cualquier título, estarán obligados a permitir la ejecución de las obras y trabajos que sean necesarios en los predios. En caso de oposición, la Corporación de la Reforma Agraria o la Dirección de Riego podrán solicitar de la autoridad administrativa correspondiente que otorgue el auxilio de la fuerza pública, el que deberá concederse de inmediato y sin más trámite.

No obstante lo dispuesto en el artículo 29, expropiado un predio rústico por la causal del artículo 10, podrá el propietario enajenarlo, siempre que lo haga como un todo y en este caso se entenderá que el adquirente subroga al propietario en todos los derechos y obligaciones en relación con las disposiciones de la presente ley. Si así no lo hiciere se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29.

Artículo 58.- El monto de la indemni-

zación a que hubiere lugar en el caso de las expropiaciones a que se refiere este Título, se determinará sobre la base del avalúo de los terrenos para los efectos de la contribución territorial, vigente al momento del acuerdo de expropiación y reajustado en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del acuerdo de expropiación, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que la Corporación tome posesión material de los terrenos efectivamente expropiados, más el valor de las mejoras existentes en estos últimos a la fecha de dicha toma de posesión, que serán tasadas por la Corporación de la Reforma Agraria. Del valor total así establecido se detraerá el de los terrenos que el propietario conservare en su dominio determinado de conformidad con el artículo 54.

De la tasación de las mejoras efectuadas por la Corporación de la Reforma Agraria podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincial dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo respectivo.

TITULO IV

Del destino y de la distribución de las tierras.

CAPITULO I

Disposiciones Generales.

Artículo 59.- Las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria se constituirán en unidades agrícolas familiares en conformidad a la letra h)

del artículo 1° y serán asignadas a campesinos, en dominio individual.

Sin embargo, cuando a juicio del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria no fuere posible este tipo de asignación, por razones de orden técnico debido a la naturaleza de la explotación, o por tratarse de asignaciones a campesinos que sean miembros de las comunidades a que se refiera el artículo 148, las tierras podrán ser asignadas en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o en copropiedad a campesinos y a cooperativas campesinas. Las tierras podrán también ser asignadas en cualquiera de estas formas cuando los campesinos seleccionados para ser asignatarios, de común acuerdo, así lo soliciten a dicho Consejo.

Las asignaciones referidas en los incisos anteriores deberán efectuarse dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de la toma de posesión material del predio por parte de la Corporación. No obstante, en casos calificados, el Presidente de la República, por decreto supremo fundado, podrá prorrogar el término señalado hasta por dos años.

Las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria podrán también destinarse, según corresponda:

A ser transferidas de conformidad con los artículos 13, 14 ó 56 de la presente ley;

A ser transferidas al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estado, cuando se trate de bosques, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 62;

A ser transferidas al Fisco, a Instituciones o Empresas del Estado o a otras personas jurídicas que no persigan fines de lucro, para el cumplimiento de sus objetivos propios en relación con los planes de desarrollo agrícola y de reforma agraria, o para destinarlas a estaciones experimentales, centros de capacitación campesina, de docencia agropecua-

ria o forestal o a centros de deportes o de turismo popular;

A ser transferidas para la construcción de viviendas, con el objeto de formar aldeas campesinas;

A ser transferidas, en las condiciones que determine el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, cuando se trate de terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la Corporación.

Artículo 60.- Las tierras asignadas en conformidad con los incisos primero o segundo del artículo anterior serán inembargables durante un período de treinta años contados de la fecha de la inscripción del acta de asignación en el Conservador de Bienes Raíces, salvo en el caso de incumplimiento de obligaciones constituidas en conformidad a la letra d) del artículo 68 o a la letra b) del artículo 77, de obligaciones provenientes de créditos otorgados por el Fisco, la Corporación de la Reforma Agraria, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento de la Producción u otras Instituciones o Empresas del Estado o en las que éste tenga representación o aporte de capital.

En caso de subastarse dichas tierras, sólo podrán intervenir en el remate aquellos postores que acrediten, mediante certificado expedido por la Corporación, reunir las condiciones requeridas para ser asignatarios de tierras.

Artículo 61.- En el caso de asignaciones mixtas, las tierras asignadas en copropiedad serán inherentes a las tierras asignadas en dominio exclusivo e inseparables de la explotación de éstos. Sólo podrán cedarse conjuntamente con los terrenos de dominio exclusivo en los casos que esta ley autoriza la cesión.

Artículo 62.- Los terrenos agrícolas arables cubiertos de bosques naturales o artificales que adquiera la Corporación de la Reforma Agraria deberán ser asignados o transferidos en conformidad con el artículo 59.

Los terrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubiertos de bosques o desarbolados que fueren adquiridos por la Corporación de la Reforma Agraria, podrán ser asignados a cooperativas campesinas con el objeto principal de que realicen actividades industriales o artesana-les de la madera. También podrán asignarse a dichas cooperativas, o a campesinos con el objeto de que puedan obtener los recursos de leña y madera que les sean necesarios. Los terrenos de estas características que se asignen en forma individual no se considerarán para la determinación de la superficie de la unidad agrícola familiar objeto de asignación. Los asignatarios de los terrenos desarbolados referidos estarán obligados a forestarlos en la forma y plazo que la Corporación determine.

Los terrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubiertos de bosques o desarbolados, que la Corporación de la Reforma Agraria adquiere y que no asignare a campesinos o a cooperativas campesinas, serán transferidos al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estado.

CAPITULO II

De la asignación de tierras a campesinos.

Artículo 63.- Serán requisitos esenciales para ser asignatario de tierras

Ser chileno. No obstante, los extranjeros podrán ser asignatarios de estas tierras, si así lo acuerda el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria con el voto favorable de, a lo menos, dos tercios de sus miembros asistentes, incluido el voto favorable del Ministro de Agricultura;

Ser campesino;

Ser mayor de 18 años;

Poseer aptitudes para el trabajo del campo; y

No ser propietario de tierras o ser-

lo de una superficie inferior a la de la unidad agrícola familiar.

Artículo 64.- Serán causales de preferencia para la selección de asignatorios las siguientes

Haber trabajado en forma permanente en el predio objeto de la asignación, por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a la fecha del acuerdo de expropiación o de adquisición de dicho predio por la Corporación de la Reforma Agraria. No regirá esta causal de preferencia para el campesino a quien se le haya declarado caducado el contrato de trabajo por sentencia judicial;

Ser ocupante sin violencia ni clandestinidad del predio objeto de la asignación a la fecha del acuerdo de expropiación y haberlo explotado personalmente durante cinco años consecutivos por lo menos;

Explotar personalmente terrenos de una superficie inferior a la de la unidad agrícola familiar;

Haber demostrado mayor capacidad para el trabajo del campo;

Ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de una familia como jefe de ésta.

El Reglamento determinará el sistema de selección de asignatarios, señalando puntaje a cada una de las causales de preferencia indicadas en este artículo y a las que el propio Reglamento estableciere, así como la forma de acreditarlas.

Artículo 65.- Un campesino no podrá ser asignatario de más de una unidad agrícola familiar, salvo que, en razón de su capacidad empresarial la Corporación acuerde asignarle una superficie mayor, la que no podrá exceder en conjunto de tres de esas unidades. En caso de ser el campesino dueño de terrenos agrícolas de una superficie inferior a la de la unidad agrícola familiar, tendrá la obligación de venderlos a la Corporación de la Reforma Agraria, antes de aceptar el acta de

asignación de tierras a su favor, en la forma y condiciones que establezca el Reglamento.

Si el campesino fuere comunero en un predio cuya superficie, por ser manifiestamente insuficiente con relación al número de comuneros, no permita que los respectivos grupos familiares vivan y prosperen merced a su racional aprovechamiento, tendrá la obligación de transferir sus derechos a otros comuneros antes de aceptar el acta de asignación de tierras.

Artículo 66.- La asignación de tierras será acordada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria. El acta de asignación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación deberá expedir dentro de los noventa días siguientes al referido acuerdo, expresará las obligaciones y prohibiciones a que estará sometido el asignatario en conformidad a la presente ley y sus reglamentos y las que, en cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aceptada en forma expresa y sin restricciones por el asignatario, constituirá título de dominio una vez inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Artículo 67.- El asignatario estará sujeto, en todo caso, a las siguientes obligaciones:

Pagar el precio del predio asignado;

Explotar personalmente las tierras objeto de la asignación;

Tener su morada en el predio asignado, salvo permiso en contrario de la Corporación de la Reforma Agraria la que sólo podrá otorgarlo en casos calificados; y

Pertenecer a una cooperativa campesina de acuerdo con el Reglamento.

Artículo 68.- En el título de dominio se harán constar, entre otras, las siguientes prohibiciones:

a) La de enajenar las tierras asignadas en propiedad exclusiva o los derechos

sobre tierras asignadas en copropiedad, salvo que la Corporación de la Reforma Agraria lo autorice en favor de campesinos que cumplan con los requisitos señalados en el Artículo 63 y así lo apruebe la cooperativa respectiva;

La de dividir, por acto entre vivos, las tierras asignadas. La Corporación de la Reforma Agraria podrá autorizar la división, siempre que se formen otras unidades agrícolas familiares;

La de ceder las tierras a cualquier título para su explotación por terceros o entregarlas en mediería, salvo autorización expresa de la Corporación de la Reforma Agraria y de la cooperativa respectiva;

La de gravar las tierras a cualquier título, salvo a favor de entidades crediticias expresamente autorizadas por el Presidente de la República;

La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así como la de dejarlas abandonadas, enmalezadas o expuestas a plagas que comprometan su buena explotación o causen perjuicios a los predios vecinos;

La de practicar comercio o expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 69.- Transcurrido el plazo normal de pago do los terrenos asignados se extinguirán las obligaciones y prohibiciones a que, en conformidad con las disposiciones precedentes, está sujeto el asignatario, con excepción de la prohibición de dividir las tierras asignadas, establecida en la letra b) del artículo 68 y de lo dispuesto en el artículo 61.

Artículo 70.- Si el asignatario infringiere alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley y sus reglamentos o las que expresamente le haya impuesto la Corporación de la Reforma Agraria al otorgar el acta de asignación, podrá declararse la caducidad del título de dominio. La declaración de caducidad corresponderá al Tribunal Agrá-

rio Provincial, a petición de la Corporación.

La sentencia del Tribunal Agrario Provincial que declare caducado un título de dominio ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción, así como la inmediata restitución del predio a la Corporación.

Al declararse caducado el título de dominio el asignatario tendrá derecho a la devolución de las mismas sumas que hubiere pagado por concepto de precio de la asignación y a ser indemnizado por las mejoras útiles o necesarias que haya hecho a sus expensas, al valor que tuvieren al caducarse la asignación. El asignatario estará obligado, por su parte, a pagar a la Corporación la disminución de valor de los terrenos asignados proveniente de los daños causados en ellos, como asimismo una suma equivalente al 5% anual del precio de la asignación por el tiempo que haya durado la ocupación, hasta un máximo de cinco años.

Artículo 71.- Si el asignatario falleciere con posterioridad al acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria que le asignó las tierras, pero antes de haber aceptado el acta de asignación, tendrán preferencia para ser asignatarios de dichas tierras el cónyuge sobreviviente o alguno de los hijos, que reunieren los requisitos establecidos en el artículo 63 y que estén explotando personalmente las tierras objeto de la asignación.

Artículo 72.- La unidad agrícola familiar asignada es indivisible aún en caso de sucesión por causa de muerte, salvo que la Corporación de la Reforma Agraria la autorice cuando de dicha división puedan resultar otras unidades agrícolas familiares.

En caso de fallecimiento de un asignatario los comuneros deberán poner fin al estado de indivisión dentro del plazo de dos años contados desde la fecha del fallecimiento del causante.

Sólo podrá ser adjudicatario de las tierras asignadas en propiedad exclusiva y de los derechos en terrenos asignados en copropiedad aquel comunero que cumpliere con los requisitos establecidos en el artículo 63. El adjudicatario de las tierras deberá serlo también de los derechos que el causante tuviere en la cooperativa correspondiente.

Si la comunidad no se liquidare dentro del plazo señalado, la Corporación de la Reforma Agraria podrá provocar la partición y, además, nombrar un interventor con las facultades establecidas en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil y las que, a petición de la Corporación, le otorgue el Tribunal Agrario Provincial para el cumplimiento expedito y oportuno de sus funciones. El Tribunal se pronunciará de plano sobre la petición y en única instancia.

Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contados desde la vigencia de esta ley, dicte normas sobre la forma en que deberán efectuarse las adjudicaciones mencionadas. Dicho texto establecerá las causales de preferencia para efectuar la adjudicación, teniendo en cuenta, en primer lugar, la capacidad para el trabajo agrícola de los diferentes comuneros. Deberá indicar, asimismo, la forma y plazo en que habrán de pagarse los alcances que pudieren resultar en contra del adjudicatario.

La Corporación de la Reforma Agraria podrá otorgar préstamos a los adjudicatarios de las tierras y derechos del asignatario fallecido, con el objeto de pagar los alcances que pudieren resultar en su contra.

Artículo 73.- Prohíbese la división del haber común en el caso de asignaciones mixtas efectuadas de conformidad con el artículo 59.

No obstante, cuando a juicio de la Corporación de la Reforma Agraria no subsistan las razones que se tuvieron para

efectuar esa clase de asignación, dicha Corporación podrá poner fin al estado de indivisión adjudicando en propiedad exclusiva dichas tierras de modo que a cada asignatario le corresponda una unidad agrícola familiar. Se computarán a la unidad agrícola familiar las tierras que les fueron asignadas en propiedad exclusiva.

Artículo 74.- Los inquilinos, sean o no medieros, y los obreros voluntarios de un predio adquirido por la Corporación de la Reforma Agraria, que hayan trabajado en forma permanente en dicho predio por lo menos durante cinco de los seis últimos años anteriores a la fecha de la adquisición, tendrán derecho a una indemnización especial equivalente a treinta se-larios mínimos diarios para obrero agrícola de la provincia en que se encuentre ubicado el predio, por cada cincuenta y dos semanas trabajadas en el mismo, siempre que, reuniendo los requisitos para ser asignatarios de tierras y habiendo solicitado una asignación, no reciban ésta, salvo que hayan puesto término voluntariamente a sus contratos de trabajo o que éstos hayan sido declarados caducados por sentencia judicial.

El pago de la indemnización prevista en este artículo será de cargo de la Corporación de la Reforma Agraria.

El pago de esta indemnización no crea vínculo alguno entre la Corporación de la Reforma Agraria y los beneficiarios de ella, a los que no se les confiere otro derecho que el de reclamarla en la forma y plazo que establezca el Reglamento.

No tendrán derecho a ser asignatarios de tierras las personas que hubieren percibido la indemnización establecida en el presente artículo, a menos que la hubieren destinado íntegramente a la adquisición de cuotas de ahorro agrícola emitidas por la Corporación de la Reforma Agraria.

CAPITULO III

De la asignación de tierras a cooperativas campesinas.

Artículo 75.- La asignación de tierras a las cooperativas campesinas será acordada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria. El acta de asignación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación deberá expedir dentro de los noventa días siguientes al referido acuerdo, representará las obligaciones y prohibiciones a que estará sometida la cooperativa en conformidad a la presente ley y sus reglamentos y las que, en cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aceptada en forma expresa y sin restricciones por la cooperativa, constituirá título de dominio una vez inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Artículo 76.- La cooperativa asignata-ria de tierras estará sujeta a las siguientes obligaciones:

Pagar el precio del predio asignado;

Destinar los inmuebles que se asignen a la cooperativa exclusivamente para los fines contemplados en el acta de asignación correspondiente; y

Explotar las tierras conforme a las normas señaladas por la Corporación de la Reforma Agraria, las que se sujetarán a los planes generales que el Ministerio de Agricultura haya establecido para la región.

Artículo 77.- La cooperativa asignatario de tierras estará sujeta a las siguientes prohibiciones:

La de enajenar las tierras asignadas o parte de ellas, salvo que la Corporación de la Reforma Agraria lo autorice y siempre que la enajenación sea compatible con el normal funcionamiento de la cooperativa;

La de gravar las tierras, salvo a fa-

a)

vor de entidades crediticias que expresamente autorice el Presidente de la República y en conformidad con lo que establezca el Reglamento de Cooperativas Campesinas;

La de ceder las tierras a cualquier título para su explotación por terceros;

La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así como la de dejarlas abandonadas, enmalezadas o expuestas a plagas que comprometan su buena explotación o causen perjuicios a los predios vecinos; y

La de practicar comercio o expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 78.- Cuando la cooperativa contraviniere alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley y sus reglamentos o las que expresamente le haya impuesto la Corporación de la Reforma Agraria al otorgarle el acta de asignación, la Corporación intervendrá la cooperativa en la forma que determine el Reglamento de Cooperativas Campesinas.

Artículo 79.- Las cooperativas campesinas asignatarias de tierras podrán ser disueltas por el Consejo Nacional Agrario, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria, por las causales señaladas en el reglamento correspondiente.

El acuerdo del Consejo Nacional Agrario se notificará al representante legal de la cooperativa, por un funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria especialmente designado, quien tendrá la calidad de ministro de fe, dejando copia del acuerdo con una persona adulta en el domicilio de la cooperativa.

Dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de la notificación referida en el inciso anterior, la cooperativa podrá reclamar en contra de dicho acuerdo ante el Tribunal Agrario Provincial.

Disuelta la Cooperativa, la Corporación de la Reforma Agraria tendrá derecho preferente para adquirir los bienes de ésta en el valor que tengan a la fecha

. de la disolución. Dicho valor y la forma de pago se determinarán de común acuerdo entre la Corporación y el representante legal de la cooperativa. Si no hubiere acuerdo, la Corporación lo determinará. De la resolución que fije este valor y las condiciones de pago, podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de la notificación de la resolución correspondiente.

CAPITULO IV

Del pago de las tierras asignadas o trans~

feridas por la Corporación de lia Reforma

Agraria

Artículo 80.- En el acta de asignación se establecerá el precio de las tierras y su forma de pago.

El pago del precio se efectuará con una parte al contado y el saldo en cuotas anuales iguales, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días.

Artículo 81.- Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3% anual a contar de la fecha de la inscripción del acta de asignación que se pagará conjuntamente con la respectiva cuota. No obstante, las tres primeras cuotas anuales no devengarán intereses. En caso de mora, el interés será del 6% anual.

El 70% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del acuerdo de asignación, con el correspondiente promedio decano calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago. Los intereses se calcularán sobre el monto de la cuota, aumentado en el 50% del reajuste correspondiente.

Artículos 82.- Las cuotas anuales del saldo de precio se harán exigibles a contar del término del año agrícola en que se inscriba el acta de asignación. No obstante, en casos calificados, el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria podrá postergar la iniciación del pago hasta el término del segundo año agrícola siguiente al de la inscripción del acta de asignación.

El asignatario podrá efectuar pagos anticipados, en cuyo caso tendrá derecho a los beneficios pecuniarios o de otro tipo que fije el Reglamento.

Artículo 83.- El propietario expropiado que adquiera terrenos en un área de riego, de conformidad con las disposiciones del artículo 56, pagando el precio de dichos terrenos con una suma al contado de hasta el monto de la que él haya recibido al contado por concepto de indemnización de expropiación. El saldo, si lo hubiere, lo pagará en tantas cuotas anuales iguales cuantas sean las cuotas de amortización de los bonos de menor plazo que haya recibido como saldo de la indemnización.

El comunero que adquiera terrenos en conformidad a las disposiciones del artículo 13, pagará el precio correspondiente con una suma al contado cuyo porcentaje, en relación con el precio total de adquisición, sea igual al porcentaje del monto total de la indemnización que la Corporación de la Reforma Agraria haya pagado al contado a los dueños en común del predio en el que dicho comunero haga valer su derecho de adquisición. El saldo del referido precio lo pagará en tantas cuotas anuales iguales cuantas sean las cuotas de amortización de los bonos de menor plazo con los que la Corporación haya pagado el saldo de la indemnización a los dueños en común del predio.

El 70% del valor de cada cuota anual se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se'

calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de la adquisición con el correspondiente al promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo del precio devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el monto de la cuota anual aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota.

Los adquirentes podrán pagar anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal caso, para calcular el reajuste sobre las cantidades que se paguen, se considerará el promedio de los índices mensuales de los doce meses anteriores a aquel en que se efectúe el pago anticipado o el abono.

Artículo 84.- El pago del precio de las asignaciones de terrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubierto de bosques o desarbolados, que se hagan a favor de cooperativas campesinas de conformidad con el artículo 62, con el fin de que realicen actividades industriales o artesanales de la madera y en el caso de los desarbolados con el fin de que los foresten, se efectuará a partir del momento en que la cooperativa obtenga ingresos provenientes de su explotación. Para la fijación del monto de las correspondientes cuotas, la Corporación deberá atender, preferentemente, a la capacidad de pago de la cooperativa estimada en función de sus ingresos globales.

Artículo 85.- Para garantizar el pago de precio de las tierras asignadas o transferidas, se entenderán gravadas con primera hipoteca a favor de la Corporación de la Reforma Agraria.

TITULO V

Del régimen de aguas

Artículo 86.- Todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público.

El uso de las aguas en beneficio particular sólo pueden hacerse en virtud de un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente, salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Aguas.

No se podrá adquirir por prescripción el dominio de las aguas ni el derecho a usarlas.

Artículo 87.- Para el solo efecto de incorporarlas al dominio público, decláran-se de utilidad pública y expropianse todas las aguas que, a la fecha de vigencia de la presente ley, sean de dominio particular.

Los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad de titulares de un derecho de aprovechamiento, de conformidad con las disposiciones de esta ley y las del Código de Aguas, sin necesidad de obtener una merced.

Las indemnizaciones que procedan se regularán de acuerdo con las normas del artículo 103 de esta ley.

Artículo 88.- La regulación del uso de las aguas entre titulares del derecho1 de aprovechamiento se hará por las respectivas Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, en conformidad al Código de Aguas, sin perjuicio de las atribuciones que dicho Código y esta ley confieren a la Dirección de Aguas.

Artículo 89.- Las aguas destinadas al riego sólo podrán extraerse de los cauces naturales en los períodos de riego y en la medida necesaria para esos fines, salvo que sea para embalsarla, todo ello en conformidad a las reglas que establecen -la presente ley y el Código de Aguas.

Artículo 90.- Autorízase a la Dirección de Aguas para regular las exploraciones que vayan a efectuarse con el objeto de alumbrar aguas subterráneas y para prohibirlas cuando lo considere necesario.

Autorízase, asimismo, a la Dirección de Aguas para que prohiba el uso de las

fuentes de aguas subterráneas, en los siguientes casos:

Cuando el correspondiente derecho de aprovechamiento haya caducado o se haya extinguido;

Cuando no se haya solicitado la concesión del derecho de aprovechamiento sobre las referidas aguas, o éste haya sido denegado; o

En el caso de pozos, cuando éstos estén construidos o se estén construyendo contraviniendo las disposiciones dictadas en virtud del primer inciso de este artículo. En este último caso la Dirección de Aguas podrá, incluso, ordenar la paralización de las obras.

Para los efectos de este artículo, el Director de Aguas, por sí o por delegado, podrá requerir de los Intendentes o Gobernadores el auxilio de la fuerza pública, el que será concedido de inmediato, con facultades de allanamiento y desce-rrajamiento si fuere necesario.

Si el propietario del pozo infrinjiere la prohibición de usar la fuente de aguas subterráneas, la Dirección de Aguas podrá aplicarle una multa de un monto equivalente al de cinco sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago, la que se irá duplicando sucesivamente en caso de reincidencia.

En todo caso, la Dirección de Aguas podrá ordenar al propietario que ciegue el pozo cuando establezca que su sola existencia causa perjuicio a terceros o destruye la napa subterránea. Si éste se negare a cegarlo, podrá la Dirección de Aguas hacerlo por cuenta de dicho (propietario, sin perjuicio de aplicarle las multas referidas en el inciso anterior.

Artículo 91.- Facúltase a las Instituciones y Empresas del Estado para que exploren y caven en terrenos de dominio privado y en aquellos a que se refiere el artículo 286 del Código de Aguas, con el

objeto de alumbrar aguas subterráneas previa autorización de la Dirección de Aguas. Dicha autorización estará sujeta a las condiciones señaladas en el artículo 287 de ese Código.

El dueño del inmueble tendrá derecho a que las Instituciones y Empresas mencionadas le indemnicen el daño emergente causado por la ocupación necesaria para la ejecución de las obras.

La Dirección de Aguas concederá el aprovechamiento de las aguas alumbradas preferentemente a las Instituciones o Empresas del Estado que hubieren efectuado la exploración.

Tanto las Empresas o Instituciones del Estado, como otros concesionarios de las aguas, podrán ocupar los terrenos correspondientes desde la fecha de la autorización o concesión.

Artículo 92.- La Dirección de Aguas podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales la unificación de bocatomas en dichos cauces y la de sus correspondientes canales.

La Dirección de Aguas podrá realizar los estudios y obras de unificación por cuenta de los particulares si éstos no hicieren los estudios y obras exigidos, dentro de los plazos que ella les haya fijado.

Los gastos que realice la Dirección de acuerdo con el inciso anterior serán pagados por los usuarios en la forma y condiciones que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine los gastos que serán de cargo de los particulares será reclamable, dentro del plazo de quince días, ante la Corte de Apelaciones respectiva la que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.

Las personas que se encuentren en mora en los pagos de los gastos que haya fijado la Dirección de Aguas, estarán sujetas al pago de intereses penales sobre el saldo de la deuda de hasta una vez y media el interés corriente mensual y podrán

ser privadas del uso del agua durante el tiempo que dure la mora. Serán de cargo de las mismas personas los gastos que originare la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en este inciso.

La Resolución correspondiente de la Dirección de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas por la vía judicial.

Facúltase a la Corporación de Fomento de la Producción para conceder préstamos a los particulares que deban realizar las obras a que se refiere este artículo, con una amortización que extinga la deuda dentro del plazo de diez años, con un interés del 3% anual y reajustándose anualmente el saldo adeudado, al comienzo del año agrícola, en el porcentaje que corresponda a la diferencia del precio del trigo producida desde el año inmediatamente anterior a la fecha en que deba aplicarse el reajuste indicado.

Artículo 93.- El Presidente de la República, a petición o con informe de la Dirección de Aguas podrá, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez. En tal caso, la Dirección de Aguas podrá redistribuir las aguas disponibles para reducir al mínimo los daños generales derivados de la escasez, pudiendo suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Cabalistas y Comunidades de Aguas, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.

Los decretos del Presidente de la República y las resoluciones de la Dirección de Aguas, que se dicten en virtud de las facultades conferidas en el inciso anterior, se cumplirán de inmediato sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.

Artículo 94.- La Dirección de Aguas estará facultada para cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario cuando así lo aconseje el más adecuado

empleo de las aguas, y siempre que las de reemplazo sean de calidad apropiada y de igual cantidad.

Los gastos que realice la Dirección de Aguas de acuerdo con el inciso anterior, serán pagados por los usuarios en la forma y condiciones que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine los gastos que serán de cargo de los particulares será reclamable, dentro del plazo de quince días, ante la Corte de Apelaciones respectiva la que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente.

Las personas que se encuentren en mora en los pagos de los gastos que haya fijado la Dirección de Aguas, estarán sujetas al pago de intereses penales sobre el saldo de la deuda, de hasta una vez y media el interés corriente mensual y podrán ser privadas de uso del agua durante el tiempo que dure ¡a mora. Serán además de cargo de esas personas los gastos a que diere lugar la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en este inciso.

La resolución correspondiente a la Dirección de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas por la vía judicial.

Artículo 95.- Las atribuciones que el Código de Aguas confiere al Presidente de la República en los artículos 71, 161, 171, 212, 267, 269, 271, 277, 285 y 290 serán ejercidas, mediante resoluciones, por el Director de Aguas.

Artículo 96.- No podrá cederse el derecho de aprovechamiento.

No obstante, si se enajenaren, transmitieren o adjudicaren los inmuebles o las industrias para los cuales las aguas fueron destinadas, subsistirán a favor del ad-quirente o adjudicatario los derechos de aprovechamiento. Sin embargo, tratándose de la enajenación o adjudicación de parte de las tierras regadas de un predio,

deberán presentarse previamente, para la aprobación de la Dirección de Aguas, el correspondiente proyecto de distribución de las aguas; aprobada la distribución, la Dirección de Aguas otorgará al adquiren-te o adjudicatario de dichas tierras el respectivo derecho de aprovechamiento, sin sujeción a los trámites establecidos en el Título I del Libro II del Código de Aguas.

Si la Dirección de Aguas no se pronunciare sobre el proyecto de distribución de aguas, dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de su presentación, se entenderá por aprobada la distribución.

Artículo 97.- Autorízase al Presidente de la República para fijar tasas de uso racional y beneficioso de las aguas para las diferentes utilizaciones, previa realización por la Dirección de Aguas de los estudios técnicos correspondientes.

La Dirección de Aguas, una vez terminados los estudios técnicos, deberá publicar en un diario o periódico de la cabecera del Departamento o Departamentos que vayan a ser afectados por la fijación de la tasa, la circunstancia de haber terminado los estudios relacionados con dicha fijación.

Los interesados podrán formular sus observaciones a los estudios correspondientes ante la Dirección de Aguas por intermedio de sus respectivas Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, si las hubiere y directamente deberán ser formuladas dentro del plazo de treinta días, contados desde la publicación referida en el inciso anterior.

Vencido este plazo, se hayan o no formulado observaciones, el Presidente de la República resolverá por decreto fundado.

El Presidente de la República podrá, en la misma forma, revisar o modificar las tasas de uso racional y beneficioso cuando varíe cualquiera de los factores que hayan servido de base para fijarlas o cuando nuevos antecedentes lo aconsejen.

Las tasas de uso racional y beneficioso,

así como sus modificaciones, entrarán en vigencia a partir del año agrícola inmediatamente posterior a la fecha del decreto que las haya establecido o modificado en definitiva.

Artículo 98.- Se entenderá por tasa de uso racional y beneficioso, tratándose de aguas para riego, el volumen anual de agua, con su distribución mensual necesario para atender la explotación de una hectárea de tierra, en consideración a los cultivos predominantes o preferentes de la región, a las condiciones ecológicas de ésta y al empleo de técnicas eficientes de riego. El volumen máximo anual de aguas, con su distribución mensual, se determinará para un predio sobre la base de la tasa de uso racional y beneficioso por hectárea, multiplicada por el número de hectáreas a cuyo riego se destinen.

Artículo 99.- Cuando sea necesario destinar el agua a la bebida u otros usos domésticos o cuando lo requiera el desarrollo económico de una zona, el Presidente de la República, a proposición de la Dirección de Aguas, podrá, por decreto supremo fundado, declarar la extinción total o parcial del derecho de aprovechamiento, cualquiera que sea su origen. En estos casos, los que fueron titulares de ese derecho serán indemnizados en conformidad a lo dispuesto en los artículos 103 y 105 de esta ley.

La proposición de la Dirección de Aguas, a que se refiere el inciso anterior, deberá ser notificada a los posibles afectados, a fin de que, dentro del plazo de treinta días, formulen las observaciones que estimen convenientes. Vencido ese plazo, háyanse o no formulado observaciones, resolverá el Presidente de la República.

Artículo 100.- Los derechos de aprovechamiento1, cualquiera que haya sido su origen, caducarán desde que el Presidente de la República fije la tasa de uso racional y beneficioso, respecto del volumen

de agua que exceda del que corresponda al aplicar dicha tasa.

Artículo 101.- La Dirección de Aguas podrá declarar caducados en todo o en parte los derechos de aprovechamiento, cualquiera que haya sido su origen, en los siguientes casos:

Si no se utilizaren las aguas durante dos años consecutivos o si cesare la utilización para la cual se concedió el derecho de aprovechamiento;

Si se da a las aguas una utilización diversa de la señalada en la concesión infringiendo lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Aguas;

Si se cede el derecho de aprovechamiento infringiendo lo dispuesto en el artículo 96 de la presente ley;

Si se extrajeren aguas de un cauce natural fuera de los períodos de riego infringiendo lo dispuesto en el artículo 89 de la presente ley;

Si el titular del derecho de aprovechamiento no efectuare, dentro del plazo que la Dirección de Apuas le señale, las modificaciones o reparaciones de las obras hidráulicas necesarias para la seguridad de ellas mismas, de las poblaciones y caminos y otras de interés general. En este caso la Dirección de Aguas deberá previamente, a la declaración de caducidad del derecho, requerir al interesado para que realice las obras dentro del plazo que ella señale, bajo apercibimiento de pagar una multa equivalente al monto de hasta cinco sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago; y

Si el concesionario no diere cumplimiento a las condiciones establecidas en los artículos 267 ó 269 o en el inciso segundo del artículo 74, del Código de Aguas.

Si el afectado estimare ilegal la declaración de caducidad, podrá reclamar por dicha causa, dentro del plazo de quince días, ante la Corte de Apelaciones respec-

tiva la cual resolverá en única instancia, procedidiendo breve y sumariamente.

Habrá acción popular para denunciar, ante la Dirección de Aguas, las infracciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 102.- No tendrán derecho a indemnización alguna las personas cuyos derechos de aprovechamiento caducaren.

Artículo 103.- El titular de un derecho de aprovechamiento que fuere extinguido total o parcialmente de conformidad con el artículo 99 de la preesnte ley tendrá derecho a que se le indemnice el daño emergente. Tratándose de aguas para riego dicha indemnización considerará exclusivamente el perjuicio ocasionado por la disminución del valor que experimente un predio por el hecho de destinarse al titular del derecho de aprovechamiento un volumen máximo anual de aguas inferior al que le correspondería recibir aplicando la tasa de uso racional y beneficioso al número de hectáreas que regaba con anterioridad a la extinción total o parcial de su derecho de aprovechamiento.

El titular de un derecho de aprovechamiento que fuere extinguido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la presente ley, sólo tendrá derecho a indemnización, en la forma establecida en el inciso anterior, en el caso de que el nuevo derecho de aprovechamiento que se le otorgare por la Dirección de Aguas no sea suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso de las aguas, las mismas necesidades que se satisfacían con anterioridad a la extinción del referido derecho. En el caso de las aguas de riego tendrá derecho a indemnización si no alcanzare a regar, mediante ese mismo uso, el número de hectáreas que regaba con anterioridad.

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, si hubiere desacuerdo entre la Dirección de Aguas y el propietario en lo que respecta a la determinación del área que tenía regada el predio afectado, se estará a la superficie decla-

rada como tal por el propietario en su última declaración para los efectos de la. contribución territorial.

Artículo 104.- La Dirección de Aguas una vez terminados los estudios técnicos que determinen cualquiera de las medidas señaladas en los incisos primeros de los artículos 92 y 94 y en el artículo 114 N° 5 todos de la presente ley, deberá publicar en un diario o periódico de la cabecera del Departamento correspondiente, la circunstancia de haber terminado los estudios del caso, así como las medidas que se propone aplicar.

Los afectados con dichas medidas podrán formular las observaciones que les merezcan ante la Dirección de Aguas, por intermedio de sus respectivas Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas, si las hubiere y directamente en el caso contrario. Dichas observaciones deberán ser formuladas dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación referida.

Vencido dicho plazo la Dirección de Aguas resolverá sin más trámite. De esta resolución podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que fallará en única instancia, procediendo breve y sumariamente.

Artículo 105.- Las indemnizaciones a que hubiere lugar en conformidad al presente Título y al Código de Aguas comprenderán sólo el daño emergente y se pagarán con un 33% al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales, el importe de cada una de las cuales se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha en que se hizo exigible la obligación de indemnizar, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba

efectuarse el pago. Cada cuota del saldo de la indemnización devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50 Jo del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota.

Las indemnizaciones correspondientes a obras de riego efectuadas por particulares con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 se pagarán al contado.

El monto de la indemnización se fijará por la Dirección de Aguas en la resolución correspondiente.

Artículo 106.- Las resoluciones de la Dirección de Aguas producirán sus efectos de inmediato.

Dentro del plazo de treinta días contados desde la notificación de la resolución, el afectado podrá pedir reconsideración a la Dirección de Aguas. Esta deberá resolver en el plazo de treinta días y si no lo hiciere dentro de él se entenderá que rechaza la reconsideración.

Artículo 107.- Las resoluciones de la Dirección de Aguas que determine la procedencia de alguna indemnización o fijen su monto, podrán reclamarse ante los Tribunales ordinarios, dentro del plazo de treinta días contados desde su notificación o del transcurso del término que el artículo anterior fija para que la Dirección de Aguas dicte su resolución.

Corresponderá al particular interesado probar los hechos que sirven de fundamento a su reclamación.

Artículo 108.- Las notificaciones de las resoluciones de la Dirección de Aguas se efectuarán personalmente o por carta certificada o mediante una publicación en un diario o periódico de la cabecera del Departamento en que se encuentre ubicado el inmueble afectado o en una de la capital de la provincia, si en aquélla no lo hubiere. El Reglamento determinará en qué casos deberán aplicarse las diferentes formas de notificación mencionadas.

Las notificaciones personales las efec-

tuará el funcionario que se designe en la respectiva resolución, quien tendrá el carácter de ministro de fe para esa actuación.

Los plazos para deducir los reclamos que autorizan el presente Título y el Código de Aguas se contarán desde la fecha de la notificación de la resolución correspondiente.

Artículo 109.- El Presidente de la República podrá establecer por decreto supremo áreas de racionalización del uso del agua.

Desde la publicación en el Diario Oficial del decreto que establezca un área de racionalización del uso del agua, quedarán extinguidos todos los derechos de aprovechamiento existentes en dicha área, sin perjuicio de lo cual los usuarios continuarán utilizando las aguas del mismo modo que anteriormente hasta que la Dirección de Aguas conceda nuevos derechos de aprovechamiento.

Los nuevos derechos de aprovechamiento se otorgarán por la Dirección de Aguas sin sujeción a los trámites establecidos en el Título I del Libro II del Código de Aguas.

Serán aplicables, en lo demás, las disposiciones de la presente ley.

Artículo 110.- La Dirección de Aguas deberá llevar un Registro Público de Aguas en el que figuren todos los actos, informaciones y datos que tengan relación con ellas, y en el que se inscribirán las resoluciones que afecten a particulares. Autorízase al Presidente de la República para dictar normas complementarias sobre esta materia.

La Dirección de Aguas podrá exigir por resolución, a cualquier usuario de aguas, declaraciones juradas por escrito, sobre puntos o hechos relativos a ellas, ante la persona o autoridad que se designe en esa resolución, la que tendrá el carácter de ministro de fe. Las declaraciones juradas deberán prestarse dentro del plazo que la Dirección fije, el que no

podrá ser inferior a 30 días. Si el usuario no formulare la declaración jurada en tiempo y forma, la Dirección de Aguas queda facultada para obtener los datos de otras fuentes y el interesado no los podrá impugnar ante las autoridades administrativas ni judiciales.

Si la declaración fuere manifiestamente falsa, los obligados a prestarla serán castigados con presidio menor en su grado medio.

Artículo 111.- Decláranse extinguidos desde la publicación de la presente ley todas las hipotecas, prohibiciones, embargos y demás gravámenes que afecten a las aguas, sin perjuicio de los derechos que los acreedores pueden ejercer sobre las indemnizaciones respectivas, cuando procedan.

Artículo 112.- Cuando las declaraciones señaladas en el artículo 110 de la presente ley se refieran a aguas comprendidas dentro de un área de racionalización sean manifiestamente falsas, los usuarios afectados podrán ser excluidos de la concesión de los nuevos derechos de aprovechamiento dentro de ella y no podrán reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda.

Artículo 113.- El Presidente de la República podrá, por Decreto fundado, modificar las áreas de racionalización del uso del agua.

Artículo 114.- Introdúcense al Código de Aguas las siguientes modificaciones.

1.- Deróganse los siguientes artículos del Código de Aguas: 10, 11, 22, 25, 27, 32, 40, 41, 42, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 108, 195, 198, 197, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 266, 270, 275, 276, 280 y 302.

2.- Reemplázase el artículo 9° del Código de Aguas por el siguiente: "Las aguas son bienes nacionales de uso público. Sobre ellas se concede a los particulares sólo el derecho de aprovechamiento".

3.- Reemplázase el artículo 12 del Código de Aguas, por el siguiente: "El derecho de aprovechamiento es un derecho

real administrativo que recae sobre las aguas y que consiste en su uso con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el presente Código".

4.- Reemplázase el inciso primero del artículo 18, por el siguiente: "Son derechos de ejercicio permanente los que se concedan con dicha calidad en conformidad a las disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación".

5.- Reemplázase el artículo 21 del Código de Aguas, por el siguiente:

"La Dirección de Aguas podrá autorizar el uso de un cauce artificial u obras construidas a expensa ajena, para conducir aguas destinadas al riego o a otros usos, siendo de cargo de los beneficiarios los ensanches del cauce y demás obras complementarias que se hicieren necesarias para este objeto. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a recibir indemnización por los perjuicios efectivos que se le ocasionen, pero no se hará acreedor a ella por el solo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.

El uso de dichos cauces u obras se hará efectivo desde la fecha de la autorización".

6.- Deróganse los incisos segundo y cuarto del artículo 23.

Reemplázase en el inciso primero del referido artículo la palabra "adquirir" por la palabra "obtener" y suprímese la frase: "y ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlo en cauces naturales", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "concederla".

Suprímese en el inciso tercero del mismo artículo la frase siguiente: "de una capacidad superior a cien mil metros cúbicos", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "embalses"; y agrégase en el inciso final, reemplazando el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "excepto la autorización

para construir embalses de una capacidad inferior a cien mil metros cúbicos, la cual se hará por simple resolución del Director de Aguas".

7.- Suprímese en el artículo 24 la siguiente frase: "y se concederán sin perjuicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos", reemplazándose la coma (, ) por un punto (. ).

8.- Reemplázanse en el artículo 26 las palabras:

"un fin determinado" por las palabras "una utilización determinada" y las palabras "otro diverso" por las palabras "otra diversa".

9.- Reemplázase en el artículo 28 la palabra: "previa", por la frase "sin perjuicio de".

10.- Deróganse los números 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 30 del Código de Aguas, y reemplázase en el inciso final la palabra "empresas", por la palabra "actividades".

11.- Suprímese en el artículo 31 la frase: "Sin perjuicio de los derechos ya adquiridos, ", iniciándose la oración con mayúscula.

12.- Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:

"Para los efectos de concesión de nuevas mercedes de regadío o usos que consuman agua, el Presidente de la República podrá declarar el agotamiento de las aguas que corren por cauces naturales. Cuando se modifiquen los hechos que sirvieron de fundamento para declarar el agotamiento el Presidente de la República podrá dejarlo sin efecto, oyendo a la respectiva Junta de Vigilancia. "

13.- Suprímese en el artículo 36 la frase: "Sin perjuicio de derechos adquiridos, ", iniciándose la oración con mayúscula.

14.- Reemplázase el inciso primero del artículo 43 por el siguiente:

"Las mercedes de aguas para riego se concederán únicamente a los propietarios que justifiquen necesitarlas y de acuerdo con la tasa de uso racional y beneficioso".

15.- Agrégase al artículo 47, cambiando el punto (. ), por una coma (, ) "y de acuerdo con las instrucciones que imparta la Dirección de Aguas, en los casos que lo estime necesario".

16.- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 49 las palabras:

"perjudiquen derechos adquiridos" por la siguiente frase: "perjudique la regularidad del riego".

17.- Derógase el inciso tercero del artículo 50.

Agrégase al inciso primero del artículo 50 mencionado, sustituyendo el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "en conformidad a las normas que determine la Dirección de Aguas, salvo que dicha Dirección la haya prohibido".

18.- Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 51 las palabras "cinco pesos", por la siguiente frase: "dos milésimos del sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago".

19.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 52, la palabra "interesado" por la frase "beneficiario del permiso a que se refiere el artículo anterior".

20.- Suprímese el inciso segundo del artículo 66.

21.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 74 la palabra "regadío" por la palabra "riego"; reemplázase en el inciso segundo la palabra "dueño", por la palabra "usuario", y suprímese la frase "sin aprovecharlos en otro de su dominio", terminando la frase con un punto (. ) después de la palabra "previo".

22.- Suprímese en el artículo 75 la frase "salvo estipulaciones en contrario", re emplazando la coma (, ) por un punto

23.- Reemplázase el artículo 76 del Código de Aguas, por el siguiente:

"Los derrames que escurran en forma natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de dicho predios sin necesidad de obtener un derecho de aprovechamien-

to, salvo prohibición de la Dirección de Aguas".

24.- Derógase el inciso segundo del artículo 90.

25.- Reemplázase el artículo 93 por el siguiente:

"Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecuniarios o de otra naturaleza con que contribuyan los titulares de los derechos de aprovechamiento para los fines de la institución, el producto de las multas y los bienes que adquieran por cualquier título".

26.- Reemplázase el artículo 94 por el siguiente: "Los derechos de aprovechamiento de las aguas y el cauce que las conduce no pertenecen a la Asociación. El cauce es de dominio de los accionistas".

27.- Modifícase el inciso primero del artículo 98, reemplazándose la frase: "las mutaciones de dominio que se produzcan y los gravámenes que se constituyan", por la siguiente: "y las mutaciones del derecho de aprovechamiento".

28.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 98, por el siguiente:

"No se podrán inscribir estas mutaciones mientras no se hagan previamente en el Registro de la Dirección de Aguas".

29.- Reemplázanse en el artículo 99 las palabras "Aguas del Conservador", por "la Dirección de Aguas".

30.- Suprímese en el artículo 105 la frase: "sin menoscabo de los derechos a que se refiere el artículo 90, inciso segundo", reemplazándose la coma (, ) por un punto (. ).

31.- Reemplázase en el Nº 1 del artículo 106 las expresiones "sin que pueda exceder de trescientos pesos" por la frase "no pudiendo ser inferior a un centésimo ni superior a veinticinco centésimos, de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".

32.- Derógase el inciso cuarto del Nº 2 del artículo 106.

33.- Reemplázase el Nº 3 del artículo 106 por el siguiente:

"Soportar la introducción de nuevas aguas al cauce, aunque sea de su dominio exclusivo. El dueño del cauce únicamente tendrá derecho a recibir indemnización por los perjuicios efectivos que se le ocasionen, pero no será acreedor a ella por el solo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos".

34.- Suprímese en el inciso primero del artículo 110, la frase: "y del embargo y enajenación de las acciones u otros bienes del deudor", terminando la frase con un punto (. ) después de ¡a palabra "ejecutiva".

35.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 112, las expresiones "de $ 500 a $ 20. 000" por la frase "de un décimo a cuatro sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".

36.- Suprímese en el artículo 160, la frase "pero se respetarán los derechos adquiridos", reemplazando la coma (, ) por un punto (. ).

37.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 169 por el siguiente: "La resolución de concesión de la nueva merced o el decreto que apruebe las nuevas obras, hará la declaración respectiva".

38.- Reemplázase en el inciso 2º del artículo 177, las expresiones "de diez a mil pesos" por la frase "de un centesimo a cincuenta centésimos de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de Santiago".

39.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 181, la palabra "previas" por la frase "de acuerdo con".

40.- Agrégase al inciso tercero del artículo 198, reemplazando el punto (. ) por una coma (, ), la siguiente frase: "pero deberá contribuir a los gastos de las

obras, en la forma y condiciones que la Dirección de Aguas determine, cuando a juicio de dicha Dirección las obras le reporten beneficios".

Suprímese en el inciso final del mismo artículo la frase "La persona afectada por la resolución podrá reclamar en la forma indicada en el artículo 41".

Agrégase al artículo 198 el inciso siguiente: "La Dirección de Aguas, sin perjuicio de otras acciones, podrá exigir el pago en los plazos que haya fijado, bajo apercibimiento de privar del uso del agua a los morosos".

41.- Suprímese en el inciso final del artículo 217, las palabras "enajenar las aguas o".

42.- Modifícase el artículo 227 sustituyendo en el inciso primero, las palabras "al Juez", por la frase "a la Dirección de Aguas",

43.- Derógase el inciso segundo del artículo 228.

44.- Reemplázase el artículo 229 por el siguiente: "El dueño de la servidumbre de fuerza motriz no podrá impedir que la Dirección de Aguas, o el titular del derecho de aprovechamiento de las aguas varíe el rumbo de un acueducto y cierre la bocatoma en épocas de limpia o cuando los trabajos en el canal lo hagan necesario".

45.- Derógase la sanción primera del artículo 230, y sustitúyese en la sanción segunda la frase "a beneficio del predio sirviente, que no bajará de doscientos pesos ni excederá de cinco mil", por la siguiente frase: "que no bajará de un décimo de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago ni excederá de dos de esos sueldos vitales mensuales".

46.- Sustitúyese el inciso final del artículo 231, por el siguiente: "La resisten-cia opuesta a estas visitas será penada con una multa igual a la establecida en

la sanción segunda del artículo precedente".

47.- Reemplázase el Nº 1 del artículo 233, por el siguiente:

"Por la caducidad, extinción, nulidad, rescisión o resolución del derecho del que las ha constituido".

48.- Derógase el Nº 6 del artículo 233.

49.- Reemplázase el encabezamiento del Título XII del Libro I, por el siguiente: "Acciones de los particulares en relación al uso de las aguas".

50.- Reemplázase el artículo 256 por el siguiente:

"Las disposiciones del presente título se entienden, en todo caso, sin perjuicio del régimen de uso de las aguas establecido en el presente Código".

51.- Agrégase el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 256:

"Facúltase a la Dirección de Aguas para tomar todas las medidas necesarias destinadas a amparar a un usuario en los casos de entorpecimiento en el uso de las aguas, pudiendo incluso, requerir el auxilio de la fuerza pública para estos efectos. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del D. F. L. 336, de 1953, y de lo dispuesto en el D. F. L. 22, del año 1959".

52.- Suprímese en el Nº 2 del artículo 259, la frase "expresada en litros por segundo", reemplazando la coma (, ) por un punto y coma (; ).

53.- Suprímese en el Nº 3 del artículo 267, la frase "expresada en litros por segundo", suprimiéndose las comas.

54.- Suprímese en el Nº 5 del artículo 271, palabra "previamente" y derógase el inciso final de dicho artículo.

55.- Derógase el inciso segundo del artículo 272;

56.- Suprímese en el artículo 278, la frase "Deberá inscribirse en el Registro de Aguas del Departamento respectivo". Derógase, asimismo, el inciso segundo del referido artículo.

57.- Reemplázase en el artículo 284 la cita del artículo 266, por 265.

58.- Suprímese en el Nº 3 del artículo 287 la palabra "previamente".

59.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 293, a continuación de las expresiones "y en todas las demás cuestiones sobre aguas", la frase "de que sean competentes los Tribunales Ordinarios de Justicia. ".

60.- Reemplázase en el artículo 296, la frase: "exceder de cinco mil pesos ni ser inferior a cien", por la frase "exceder de dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, ni ser inferior a un décimo del mencionado sueldo vital mensual; ".

61.- Derógase el inciso primero del artículo 300; suprímese en el inciso segundo la palabra "En consecuencia; " iniciándose la oración con mayúscula y agrégase el siguiente inciso final: "En todo caso estos derechos de aprovechamiento se regirán por las disposiciones del presente Código".

62.- Reemplázase el N° 1 del artículo 301 por el siguiente:

"Los que emanen de merced concedida con dicha calidad de conformidad con las disposiciones del presente Código, así como las que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación".

63.- Derógase el inciso quinto del artículo 304.

64.- Derógase el inciso segundo del artículo 305.

65.- Reemplázase el artículo 306 del Código de Aguas, por el siguiente:

"En las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún no se hayan constituido Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas de acuerdo con las disposiciones de este Código, podrá la Dirección de Aguas, a petición de parte, hacerse cargo de la distribución en períodos de escasez. En tal caso, las personas designadas con tal objeto por dicha Dirección actuarán con to-

das las atribuciones que la ley confiere a los Directorios de dichos Organismos, según corresponde, y será también aplicable lo dispuesto en el artículo 172. La distribución de las aguas se efectuarán en proporción a las superficies normalmente regadas de los suelos efectivamente explotados. Los gastos que demande esta intervención serán de cargo de los regantes en la proporción mencionada".

66.- En todos los artículos en que aparece la frase "dueño del derecho de aprovechamiento" o "dueños de derechos de aprovechamiento" las palabras "dueño" o "dueños" quedan reemplazadas por "titular" o "titulares".

Reemplázase, en los artículos 46, 267, 277, 278 y 279 del Código de Aguas, las palabras "el decreto" por las palabras "la Resolución" y en el artículo 33 la frase "el respectivo decreto", por la frase "la respectiva resolución".

Artículo 115.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1.- Deróganse los artículos 596, 860 y 936.

2.- Suprímese, en el inciso primero del artículo 595, la frase "que corren por cauces naturales, ".

Derógase el inciso segundo del mismo artículo.

Artículo 116.- Deróganse los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 9. 909, de 1951.

Deróganse el inciso cuarto del artículo 8 de la misma ley y reemplázase su inciso primero por el siguiente: "La Dirección General de Aguas podrá fiscalizar e intervenir en la distribución de aguas que compete a las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas de oficio o a solicitud escrita o telegráfica del interesado".

Artículo 177.- La Dirección de Aguas podrá exigir del Directorio de una Junta de Vigilancia, Asociación de Canalistas o Comunidad de Aguas la presentación de programas de trabajo y de los presupues-

tos ordinarios y extraordinarios que estos organismos elaboren para el siguiente ejercicio anual, dentro del plazo que esa Dirección determine.

En tal caso la Dirección estará facultada para hacer las modificaciones de dichos programas que estime convenientes y para fijar los presupuestos y cuotas ordinarias y extraordinarias para dichos organismos.

La Junta General Ordinaria del organismo afecto a esta medida se limitará a tomar conocimiento de las resoluciones dictadas por la Dirección al respecto.

El incumplimiento por parte del organismo respectivo de las medidas exigidas por la Dirección de Aguas, dentro del plazo que ésta señale, la facultad para intervenir su Dirección de conformidad con el artículo 8º de la ley 9. 909.

Artículo 118.- Las rentas periódicas que perciban las Comunidades de Aguas, Asociaciones de Canalistas o dueños exclusivos de un canal por concepto de indemnización provenientes de las servidumbres de fuerza motriz constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, estarán afectas a un impuesto del 75% sobre dichas rentas, el que será de exclusivo cargo de quien las perciba.

Las sumas que se recauden por este concepto deberán ser ingresadas en una cuenta especial, en la Tesorería Provincial respectiva, dentro del plazo de 15 días de haber sido percibidas y deberán ser invertidas en el mejoramiento de canales, obras de defensa contra inundaciones o destinadas a mejorar la eficiencia del riego de la correspondiente cuenca u hoya hidrográfica.

Artículo 119.- Autorízase al Presidente de la República para fijar un texto sistematizado que coordine el Código de Aguas con las disposiciones de la presente ley.

Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, dicte normas que tengan por objeto adecuar las disposiciones de los Títulos VI, VII y VIII

del Libro I del Código de Aguas a las reglas contenidas en los artículos anteriores.

TITULO VI

De los bonos de la Reforma Agraria.

Artículo 120.- Autorízase al Presidente de la República para emitir bonos del Estado, que se denominarán "Bonos de la Reforma Agraria", por la cantidad de hasta Eº 1. 000. 000. 000 los cuales se aplicarán al pago del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley.

Artículo 121.- Los bonos de la Reforma Agraria serán nominativos, de las clases "A", "B" y "C" y su amortización se hará en 25, 5 y 30 cuotas anuales iguales, respectivamente. Estos bonos se expresarán en moneda nacional.

Cada clase se dividirá en 2 series y la parte de la indemnización que se pague en bonos se hará con un 70% en bonos de la primera serie y con un 30% en bonos de la segunda serie, siempre de una misma clase para cada expropiación.

El valor de cada cuota anual de los bonos de la primera serie se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de entrega de los bonos, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquél en que venza la respectiva cuota. Las cuotas anuales de los bonos de la segunda serie no tendrán reajuste.

Cada cuota de amortización devengará un interés del 3% anual que se calculará sobre el monto de cada cuota, aumentada en el caso de la primera serie en un 50% del monto del reajuste que a dicha serie le corresponde de conformidad al inciso anterior. Los intereses se pagarán conjun-

tamente con la cuota de amortización anual.

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública llevará un Registro especial, en que se anotarán todos los bonos que se hayan emitido con indicación de su número, clase, serie, valor y el nombre de la persona a quien pertenezcan.

La transferencia de los bonos se hará por endoso en el mismo título suscrito por el cedente y por el cesionario y sólo se perfeccionará con la inscripción en el Registro a que se refiere el inciso anterior y de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 7 y 11 de este artículo.

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública deberá proceder a la inscripción de la primera transferencia sólo cuando se acredite que el cedente ha adquirido acciones de Sociedades Anónimas Chilenas con posterioridad al endoso del bono por un valor no inferior al porcentaje, que determinará el Presidente de la República, del valor vigente del abono según lo dispuesto en el inciso tercero.

El pago que efectúe el cesionario y la adquisición de acciones que efectúe el ce-dente se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.

Las acciones así adquiridas deberán quedar depositadas en la sociedad emisora respectiva. Esta sólo podrá entregar títulos representativos de dichas acciones a su dueño y cursar transferencias de las mismas hasta concurrencia de un número de acciones, cuyo porcentaje, dentro del total adquirido, corresponda a la proporción de cuotas ya vencidas del bono cedido, contadas desde la fecha de la cesión, en relación al número de cuotas por vencer.

El control del cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior corresponderá a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsa de Comercio. La infracción de estas normas por la Sociedad Anónima respectiva, será sancionada por esa Superintendencia con una multa a beneficio fiscal

equivalente al valor de adquisición de las acciones, según lo dispuesto en el inciso séptimo, o al valor bursátil que ellas tengan, o, a falta de éste, el valor de libros, si éstos fueren superiores a aquél al momento de la infracción. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las demás facultades que, de conformidad a la ley, correspondan a dicha Superintendencia en relación a las infracciones en que incurran las Sociedades Anónimas a sus administradores.

Las normas dispuestas en los incisos 7, 8 y 9 sólo se aplicarán para cada bono durante el plazo de 5 años contado desde la fecha de su emisión. En todo caso, los tenedores sucesivos de bonos adquiridos con posterioridad a la primera transferencia de los mismos, no podrán enajenarlos sino que después de transcurrido un año contado desde la fecha de la inscripción de su adquisición en la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.

El Presidente de la República fijará los montos de cada emisión de bonos, su número, valor nominal, forma de los títulos, fecha y lugar de pago de los intereses y amortizaciones y demás condiciones, modalidades, plazos y requisitos propios de cada emisión. Determinará, asimismo, la forma de aplicar el inciso séptimo de este artículo en lo relativo a las acciones que puedan adquirirse y al porcentaje a que dicho inciso se refiere, señalando normas que podrán ser diferentes para cada clase y serie de bonos.

Los bonos podrán ser entregados en garantía de la ejecución de obras públicas, pero sólo hasta la concurrencia del valor de las cuotas de los bonos que deban amortizarse dentro del plazo del contrato cuya ejecución se garantiza.

Las cuotas de amortización vencidas de los bonos de la Reforma Agraria, deberán ser recibidas por su valor reajustado en los términos de este artículo, por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto, tributo, derecho, gravamen o servicio de los que se perciben

por las aduanas, sean en moneda nacional o extranjera.

Artículo 122.- La entrega de los bonos y el servicio de los mismos se harán por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.

Para los efectos de dicha entrega será previo el respectivo requerimiento de la Corporación de la Reforma Agraria, el que deberá efectuarse dentro de los sesenta días contados desde que quede a firme la fijación de la indemnización.

El Tesorero General de la República, con un mes de anticipación, a lo menos, al vencimiento de cada cuota de amortización, pondrá a disposición de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública los fondos necesarios para atender al servicio de estos bonos.

TITULO VII

Del Consejo Nacional AgrarioArtículo 123.- Créase el Consejo Nacional Agrario, el que estará integrado por:

El Ministro de Agricultura, quien lo presidirá;

el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria;

el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;

El Director de Agricultura y Pesca;

el Director de Tierras y Bienes Nacionales.

En ausencia del Ministro de Agricultura, presidirán los otros Consejeros según el orden de precedencia fijado en este artículo.

El Consejo Nacional Agrario tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) acordar a petición de la Corporación de la Reforma Agraria, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 27, las expropiaciones de predios rústicos a que se refieren los artículos 3º a 10, y 1º y 3º transitorios, y conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de los acuerdos de expropiación;

resolver si los propietarios de predios rústicos objeto de expropiación tienen derecho a reserva en conformidad con los artículos 6°, 12 ó 52;

decidir la reclamaciones que interpongan los propietarios de predios rústicos objeto de expropiación en contra del acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria que deniegue el reconocimiento del derecho a que se excluyan de la expropiación determinados terrenos de conformidad con los artículos 15 ó 55, y conocer, por vía de la consulta, de los acuerdos de dicho Consejo que den lugar a la exclusión;

decidir sobre los derechos de adquisición establecidos en los artículos 13, 14 y 56; y

las demás artibuciones que le encomiende la ley.

El Consejo Nacional Agrario funcionará con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de los presentes en la correspondiente sesión.

El Consejo Nacional Agrario adoptará sus acuerdos previo informe de la Corporación de la Reforma Agraria.

El Secretario del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria desempeñará las funciones de Secretario de Consejo Nacional Agrario y tendrá la calidad de ministro de fe.

Los predios rústicos que expropiare el Consejo Nacional Agrario de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, ingresarán al patrimonio de la Corporación de la Reforma Agraria, la que deberá entenderse como entidad expropiadora.

Las reclamaciones que se interpusieren ante los Tribunales Agrarios en contra de los acuerdos del Consejo Nacional Agrario se seguirán en contra de la Corporación.

Corresponderá a la Corporación ejecutar todas las gestiones relacionadas con el acuerdo de expropiación.

El Reglamento establecerá las demás normas sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Agrario y sobre la coordina-

ción de sus atribuciones con las de la Corporación de la Reforma Agraria.

TITULO VIII

De los Tribunales Agrarios.

Artículo 124.- Créase un Tribunal Agrario Provincial en cada una de las ciudades capitales de provincia. Su composición será la siguiente:

Un Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, de capital de provincia designado por la Corte de Apelaciones respectiva, quien lo presidirá. En caso que el número de causas que ingresen a un Tribunal Agrario Provincial sea de tal entidad que exija para su expedita resolución que el Juez de Letras de Mayor Cuantía se dedique exclusivamente a ese Tribunal, el Presidente de la República, por decreto supremo, podrá crear el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial. El Presidente de la República podrá, por decreto supremo dictado a petición de la Corte de Apelacones respectiva, suprimir este cargo, cuando con posterioridad a su creación disminuya el número de causas que ingresen al Tribunal de manera que no requiera la dedicación exclusiva de dicho Juez de Letras de Mayor Cuantía;

un ingeniero agrónomo designado por el Presidente de la República de entre los que presten servicios en la Administración Pública, el que durará un año en sus funciones, pudiendo ser nombrado nuevamente para el cargo;

c) un ingeniero agrónomo, residente en

la provincia, nombrado por el Presidente

de la República a propuesta en terna, para

cada provincia, por el Consejo General del

Colegio de Ingenieros Agrónomos, el que

durará un año en sus funciones. En la

terna no podrán figurar personas que pres

ten servicios en la Administración Públi

ca, siendo incompatible este cargo con

cualquier otro de dicha Administración.

Al término de sus funciones, dicha perso-

na podrá ser nuevamente propuesta y designada para el cargo, conforme al mismo procedimiento.

Actuará de secretario y relator del Tribunal un abogado idóneo, domiciliado en la provincia, designado por el Presidente de la República, por decreto supremo, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva. En la misma forma, el Presidente de la República designará un suplente.

Artículo 125.- Cada Corte de Apelaciones designará dentro de los diez primeros días de cada año, a uno de los Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de cada ciudad capital de provincia, o al que existiere si fuere uno, para integrar cada uno de los Tribunales Agrarios Provinciales que deban funcionar dentro de sus respectivas jurisdicciones. En la misma forma y plazo designará a otro Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de su jurisdicción para que integre dicho tribunal en calidad de suplente. En el caso de que se cree el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial, el Juez que deba desempeñarlo será nombrado por el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

Los ingenieros agrónomos señalados en las letras b) y c) del artículo anterior serán nombrados por decreto supremo conjuntamente con sus suplentes.

El Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar, dentro de los diez primeros días de cada año, las ternas a que se refiere la letra c) del artículo anterior. De dicha terna el Presidente de la República nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular, así como a aquel que actuará de suplente. Si el Consejo no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente a los ingenieros agrónomos, titulares y suplentes, que integrarán cada Tribunal.

Artículo 126.- Créanse Tribunales

Agrarios de Apelaciones que tendrán su asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, para conocer y fallar los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias definitivas que dicten los Tribunales Agrarios Provinciales que funcionen dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales. Su Composición será la siguiente:

A) Dos Ministros de Corte de Apelacio

nes, designados anualmente por el Presi

dente de la República. Los Ministros de

Corte de Apelaciones que integrarán cada

Tribunal Agrario de Apelaciones serán de

signados en la siguiente forma:

para el de Iquique, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Antofagasta;

para el de La Serena, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Valparaíso;

para el de Santiago, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelacones de esta cudad o de Valparaíso;

para el de Talca, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Santiago;

para el de Concepción, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Chillán;

para el de Valdivia, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Temuco;

para el de Punta Arenas, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Valdivia;

B) Un ingeniero agrónomo designado

anualmente por el Presidente de la Repú

blica, a propuesta en terna del Consejo

General del Colegio de Ingenieros Agró

nomos. Dicha terna deberá ser presentada

dentro de los diez primeros días de cada

año y de ella el Presidente de la República

nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular, así como aquel que actuará de suplente. Si el Consejo no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente al ingeniero agrónomo titular y al suplente, que integrará cada Tribunal.

Conjuntamente, y en la misma forma que los titulares, el Presidente de la República designará un suplente a cada uno de los Ministros que integrarán el Tribunal Agrario de Apelaciones.

Actuará de Secretario y Relator, el Secretario de la Corte de Apelaciones en cuya sede tiene su asiento el Tribunal. Si hubiere más de un Secretario de Corte de Apelaciones, desempeñará el cargo aquél que designe el Tribunal Agrario de Apelaciones.

Artículo 127.- El territorio jurisdiccional de los Tribunales Agrarios de Apelaciones será el siguiente:

el Tribunal de Iquique comprenderá las provincias de Tarapacá y Antofagasta;

el Tribunal de La Serena comprenderá la provincias de Atacama y Coquimbo;

el Tribunal de Santiago comprenderá ls provincias de Valparaíso, Aconcagua, Santiago, O'Higgins y Colchagua;

el Tribunal de Talca comprenderá las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule;

el Tribunal de Concepción comprenderá las provincias de Ñuble, Bío - Bío, Arauco, Concepción y Malleco;

el Tribunal de Valdivia comprenderá las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé; y

g) el Tribunal de Punta Arenas com

prenderá las provincias de Aisén y Maga

llanes.

Artículo 128.- Será Presidente del Tribunal Agrario de Apelaciones el Ministro de Corte más antiguo de entre los que componen el Tribunal.

Artículo 129.- Los Tribunales Agrarios Provinciales y los Tribunales Agrarios de

Apelaciones entrarán en funciones en la fecha que señale el Presidente de la República mediante decreto supremo.

Cada Tribunal Agrario Provincial y de Apelaciones deberá funcionar con la totalidad de sus miembros para conocer y fallar de los asuntos que le están encomendados. En caso de ausencia o impedimento de un miembro titular será reemplazado por su suplente, y si se ausentare o inhabilitare algún ingeniero agrónomo suplente integrará el Tribunal Agrario Provincial el Ingeniero Agrónomo Provincial y en el caso del Tribunal Agrario de Apelaciones, el ingeniero agrónomo que designe especialmente el Presidente de la República. Los acuerdos de ambos Tribunales se adoptarán por mayoría de votos y sus actos se regirán por lo dispuesto en los artículos 81, 83, 84, 85 86 y 87 del Código Orgánico de Tribunales, en lo que fueren aplicables.

Artículo 130.- Las implicancias y recusaciones de los miembros que componen los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones se regirán por el Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, la calidad de ingeniero agrónomo de la Administración Pública no será causal de implicancia o recusación.

Artículo 131.- Los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y el secretario relator gozarán, por audiencia a la cual concurran, de la misma remuneración que los abogados integrantes de Corte de Apelaciones, asignación que será compatible con cualquiera otra. En el caso de que se cree el cargo de Juez de Letras de Mayor Cuantía Presidente del Tribunal Agrario Provincial, el Juez que lo desempeñe percibirá únicamente la remuneración asignada al cargo.

El Oficial Primero del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que la Corte de Apelaciones respectiva determine, prestará servicios en el correspondiente Tribunal Agrario Provincial. Dicho funcionario gozará de una asignación mensual, com-ptible con cualquiera otra remuneración,

ascedente a un sueldo vital mensual clase "A" para empleado particular del departamento donde funcione el Tribunal.

Artículo 132.- Los miembros de los Tribunales Agrarios de Apelaciones y el secretario relator gozarán, por audiencia a la cual concurran, de la misma remuneración que los abogados integrantes de la Corte Suprema, asignación que será compatible con cualquiera otra remuneración.

Prestará servicios en el Tribunal Agrario de Apelaciones el Oficial Primero de la Corte de Apelaciones en cuya sede éste funcione. Dicho funcionario gozará de una asignación mensual, compatible con cualquiera otra remuneración, ascendente a un sueldo vital mensual clase "A" para empleado particular del departamento donde funcione el Tribunal.

Artículo 133.- Los Tribunales Agrarios Provinciales tendrán competencia exclusiva para conocer de las siguientes materias:

De la redamación que interpusiere el propietario de un predio expropiado en contra de la procedencia de la expropiación en los casos establecidos en los artículos 32 y 33;

De la reclamación que interpusiere el propietario de un predio expropiado en contra del acuerdo del Consejo Nacional Agrario que establezca una forma de pago distinta a aquellas que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 46;

De las reclamaciones que se interpusieren en contra de cualquier tasación o estimación de valor efectuada por la Corporación de la Reforma Agraria en cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, con excepción de aquella a que se refiere el inciso segundo del artículo 53;

De la solicitud del propietario para que se suspenda la toma de posesión material del predio expropiado, en los casos expresamente establecidos en la presente ley;

De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para que se le auto-

a)

rice a tomar posesión de un predio expropiado en conformidad al artículo 10, ' en los casos establecidos en el inciso cuarto del artículo 57;

De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios a que se refiere el artículo 57;

De la reclamación, que en conformidad al artículo 31, interpusiere el propietario de un predio expropiado, por no habérsele reconocido el derecho de reserva establecido en los artículos 6º, 12 ó 52;

h) De la reclamación que, en conformidad al artículo 25, interpusiere la Corporación de la Reforma Agraria, en contra del propietario de un predio expropiado, cuando éste no se ajustare a las normas establecidas en el inciso primero de dicho artículo, para determinar la ubicación de los terrenos que constituyen la reserva o que pueden excluido de la expropiación en su caso;

i) De la reclamación que, en conformidad a los artículos 54 ó 55, interpusiere el propietario en contra de la resolución de la Corporación de ¡la Reforma Agraria que fijó definitivamente la superficie de la reserva o de los terrenos que queden excluidos de la expropiación o que determinó los ajustes a que hubieren lugar;

j) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para que, en conformidad al inciso quinto del artículo 54, se reduzca la superficie que el propietario de un predio expropiado haya de conservar definitivamente en su dominio o para que dicho propietario le pague el valor de la diferencia de superficie;

k) De la reclamación que se interpusiere en contra del acuerdo del Consejo Nacional Agrario que no reconociere los derechos de adquisición establecidos en los artículos 13, 14 ó 56;

1) De la reclamación que interpusiere un comunero titular del derecho de adquisición establecido en el artículo 13, en caso que la superficie que la Corporación de la Reforma Agraria ofreciere venderle sea inferior a aquella a que tiene derecho;

m) De la reclamación que interpusiere el propietario de un predio expropiado, titular del derecho de adquisición establecido en el artículo 56, en caso que la superficie que la Corporación de la Reforma Agraria ofreciere venderle sea inferior a aquella a que tiene derecho;

n) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria o del Ministerio de Agricultura interpuesta en conformidad a los artículos 20 ó 55 inciso octavo, con el objeto de que se declare caducada la inexpropiabilidad concedida conforme a los artículos 15, 17, 18 ó 55;

ñ) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria interpuesta en conformidad al artículo 70, con el objeto de que se declare caducado el título de dominio de un asignatario;

o) De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios a que se refiere el artículo 36;

p) De la solicitud de la Corporación de la Reforma Agraria para conceder facultades al interventor en el caso establecido en el artículo 72, y

q) De la reclamación, que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, interpusiere una cooperativa campesina en contra del acuerdo del Consejo Nacional Agrario que la declarare disuelta o en contra de la resolución de la Corporación de Reforma Agraria que determinó el valor de sus bienes y las condiciones de pago.

Corresponderá al Tribunal Agrario Provincial conocer en primera instancia de las materias indicadas en las letras a), b), c), f) g), k) l), m), n), ñ), o) y q) de este artículo. De las demás conocerá en única instancia.

En contra de las resoluciones de los Tribunales Agrarios Provinciales no procederá recurso alguno, excepto el recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, que sólo será admisible en contra de las sentencias definitivas que se dicten en aquellas materias que

los Tribunales Agrarios Provinciales deban conocer en primera instancia.

Artículo 134.- Será competente para conocer de las reclamaciones que se interpongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales, el del lugar donde esté ubicado el inmueble expropiado, sin perjuicio de la prórroga de competencia. Si el predio estuviere situado en el territorio jurisdiccional de dos o más Tribunales Agrarios Provinciales podrá conocer de las reclamaciones cualquiera de ellos, pero radicado al asunto en uno de ellos sólo éste podrá continuar conociendo de él.

Artículo 135.- Las reclamaciones que se interpongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales se tramitarán con arreglo a las normas establecidas para el juicio sumario en los artículos 682, 683 inciso primero, 685, 687, 688 y 690 del Código de Procedimiento Civil, a menos que expresamente se señale en esta ley otro procedimiento. En la audiencia a que se refiere el artículo 683, precitado, el Tribunal deberá en todo caso llamar a las partes a avenimiento. Con el mérito de lo que en ella se exponga, se resolverá la contienda o se recibirá la causa a prueba. El término probatorio será de quince días y el plazo para presentar listas de testigos de cinco días. Será aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

En los juicios que se tramiten de conformidad con las disposiciones de la presente ley, con excepción de las establecidas en el Título V, sólo se podrá rendir prueba ante el Tribunal Agrario Provincial. Los hechos que sirvan de fundamento a una expropiación serán aquellos que existían al momento de ser acordada y el Tribunal en su sentencia no podrá considerar aquellos efectuados o sucedidos con posterioridad.

La redacción de las sentencias corresponderá al Presidente del Tribunal.

En lo no previsto en la presente ley y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones regirán las

normas establecidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 136.- El recurso de apelación en contra de las sentencias de primera instancia deberá interponerse ante el Tribunal Agrario Provincial en el plazo de cinco días, contado desde la notificación de la parte que lo entabla, el que se concederá, en el solo efecto devolutivo.

Al deducir el recurso el apelante deberá fundarlo y exponer las peticiones concretas que formule respecto de la sentencia apelada.

El apelado podrá hacer las observaciones que convengan a sus derechos, antes de la remisión del proceso o dentro de los tres primeros días de su ingreso en el Tribunal Agrario de Apelaciones.

El Tribunal Agrario Provincial deberá remitir los autos al Tribunal Agrario de Apelaciones, dentro de tres días de concedido el recurso.

Artículo 137.- Para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Agrario Provincial que aplique una multa en conformidad a las disposiciones de la presente ley, deberá previamente consignarse en Arcas Fiscales la tercera parte de la multa.

Si el Tribunal Agrario de Apelaciones dejare sin efecto la multa se devolverá al recurrente la. consignación.

Artículo 138.- Recibidos los autos por el Tribunal Agrario de Apelaciones, éste fallará la causa sin más trámite dentro de los diez días posteriores a la recepción del expediente. Las partes podrán solicitar del Tribunal que se proceda a la vista de la causa oyendo a los abogados. El Tribunal podrá acceder o no a la petición.

El conocimiento de las apelaciones se ajustará estrictamente al orden en que hubieren sido recibidos en el Tribunal los respectivos expedientes.

El Tribunal rechazará de plano toda petición para rendir prueba y devolverá, sin más trámite y en la misma forma, toda documentación que tenga ese objeto.

La redacción de los fallos estará a car-

go de alguno de los Ministros de Corte integrantes del Tribunal.

Dictado el fallo, el expediente será devuelto dentro del segundo' día al Tribunal de origen para el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 139.- Contra las sentencia de los Tribunales Agrarios de Apelaciones no procederá recurso alguno.

Artículo 140.- La Corte Suprema sólo podrá disponer que no se innove en los asuntos que deba conocer por la vía de la queja y que se tramiten ante el Tribunal Agrario Provincial o ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, cuando de los antecedentes hechos valer por el recurrente aparezcan presunciones graves de la existencia de la falta o abuso cometidos. En todo caso, la orden de no innovar requerirá la unanimidad del Tribunal para que pueda surtir efecto y deberá ser fundada.

La queja deberá interponerse dentro del plazo fatal de tres días, aumentado en la forma que indica el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales.

En todo caso, la queja deberá verse y fallarse dentro de diez días hábiles de ingresado el recurso en la Secretaría de la Corte Suprema, sin audiencia de las partes. Se entenderá rechazada, si no se falla dentro de ese plazo.

Artículo 141.- Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de esta ley, dicte normas complementarias relativas a la constitución y funcionamiento de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones, al procedimiento, gestiones de avenimiento, feriado de vacaciones y plazos dentro de los cuales los interesados deberán interponer sus reclamaciones, en lo que no estuviere previsto en esta ley.

Dentro del mismo plazo y en la misma forma el Presidente de la República señalará las disposiciones sobre expropiación de predios rústicos en actual vigencia que quedarán derogadas y las normas

transitorias aplicables a expropiaciones hechas bajo la vigencia de la ley 15. 020 de que estuvieren conociendo los Tribunales Agrarios creados por dicha ley y sobre liquidación de las indemnizaciones pendientes.

TITULO IX

De las Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria y de las Divisiones de Predios Rústicos por Particulares.

Artículo 142.- Las Instituciones y Empresas del Estado podrán celebrar convenios con personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyos fines concuer-den con alguno de los objetivos que se indican en el inciso siguiente. Estas personas jurídicas que tendrán la calificación de "Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria", deberán reunir, en cuanto a organización y funcionamiento, los requisitos que se fijen en el correspondiente Reglamento.

Los convenios podrán tener por objeto la habilitación y redistribución de tierra; la prestación de asistencia técnica, crediticia y educacional a los campesinos; la realización de determinados estudios, investigaciones o tareas; la construcción de viviendas campesinas y otras obras de Interés social para el medio rural; la organización de facilidades de comercialización, y otros fines similares, conforme a la legislación de reforma agraria.

Las Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria gozarán de las mismas franquicias que se confieren a las sociedades auxiliares de cooperativas.

Artículo 143.- Las personas naturales o jurídicas que realicen parcelaciones de predios rústicos podrán acogerse a las franquicias tributarias establecidas en el decreto con fuerza de ley R. R. A. Nº 14, de 1963, en las condiciones que en cada caso determine la Corporación de la Reforma Agraria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) que cada par-

cela que se forme de la división del predio rústico constituya una unidad agrícola familiar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65; b) que se enajene la totalidad de las unidades a campesinos que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 63 y 65, y c) que el precio y demás condiciones de venta de las parcelas, incluidos los reajustes e intereses, si los hubiere, sean aprobados por la Corporación.

Los adquirentes de las parcelas resultantes de la división quedarán sometidos a las obligaciones, prohibiciones y sanciones que establezca el Reglamento.

TITULO X

Disposiciones Generales

CAPITULO I

De las Sociedades y de las Comunidades

Artículo 144.- Por exigirlo el interés nacional, prohíbese la formación de sociedades anónimas y de sociedades en comandita por acciones que tengan por objeto principal o accesorio la explotación agrícola o ganadera.

Esta prohibición no afectará a las sociedades anónimas que tengan por objeto principal la habilitación de nuevas tierras y su subsecuente explotación en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes.

Los decretos supremos que autoricen la existencia de las sociedades a que se refieren los incisos precedentes se dictarán previo informe del Ministerio de Agricultura.

Artículo 145.- Por exigirlo el interés nacional, prohíbese la adquisición de predios rústicos por parte de sociedades anónimas o de sociedades en comandita por acciones. Esta prohibición no afectará a las sociedades anónimas existentes a la fecha de vigencia de esta ley cuyo objeto

sea la explotación agrícola o ganadera ni a las autorizadas conforme a las disposiciones del artículo 144, cuando se trate de tierras destinadas a ser habilitadas para la producción. Con todo, las sociedades señaladas en el inciso segundo de este artículo sólo podrán adquirir dichas tierras en las provincias en él indicadas.

Artículo 146.- Las comunidades en cuyo haber común hayan en dominio predios rústicos, con excepción de las originadas por sucesión por causa de muerte o por disolución de la sociedad conyugal, deberán poner término a la indivisión, respecto de dichos predios, dentro del plazo de dos años contado desde que se originen.

En el caso de comunidades existentes a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, el plazo señalado se contará desde esa fecha.

Artículo 147.- Los pactos de indivisión, presentes o futuros, no afectarán en ningún caso a los predios rústicos comprendidos en una comunidad. En consecuencia, todo comunero puede pedir, en cualquier momento, el término de la indivisión sobre dichos predios.

Artículo 148.- Las disposiciones del presente Capítulo no serán aplicables a las comunidades agrícolas de las provincias de Coquimbo y Atacama regidas por el D. F. L. R. R. A. Nº 19, de 1963, ni a las tierras comunes indígenas regidas por la ley 14. 511, ni a las comunidades constituidas según Decreto Ley 153, de 1932, ni a aquellas comunidades tradicionales que determine el Presidente de la República por decreto supremo dictado en el plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de esta ley.

Asimismo, las disposiciones de los artículos 146 y 147 no serán aplicables a las comunidades sobre terrenos de aptitud exclusivamente forestal o terrenos agrícolas no arables, cuando unos u otros estén cubiertos de bosques artificiales o de bosques naturales sometidos a un plan de or-

denación aprobado por el Ministerio de Agricultura.

Tampoco serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo a las tierras que se asignen en copropiedad por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad al artículo 59 de la presente ley.

CAPITULO II

De las Declaraciones y de los Registros

Artículo 149.- La Corporación de la Reforma Agraria podrá requerir a los propietarios de predios rústicos, por avisos publicados en la forma que determine el Reglamento para que dentro del plazo que en el aviso se señale, el que no podrá ser inferior a 30 días, y del modo que la Corporación establezca, presenten declaraciones juradas ante las autoridades que el mismo Reglamento señale, en las que se indiquen las superficies de predios rústicos de que sean dueños en la totalidad del territorio del país, con la ubicación de cada uno de ellos, tipos de cultivos que en ellos se realicen y otros antecedentes que la Corporación de la Reforma Agraria determine.

En el caso de aquellos predios de su propiedad que se encuentren dados en arrendamiento o mediería o cedidos para su explotación por terceros, en virtud de contratos, escritos o. no, dichos propieta-tarios deberán declarar, además, la fecha de celebración del contrato, su duración, sus principales estipulaciones y todos aquellos otros datos que la Corporación de la Reforma Agraria requiera.

Cuando se trate de sociedades, éstas deberán declarar, además, los nombres de sus socios, así como los aportes y los derechos de ellos en la sociedad.

La Corporación de la Reforma Agraria podrá, asimismo, requerir a los tenedores de predios rústicos para que presenten declaraciones juradas en las que expresen los contratos, escritos o no, en virtud de los cuales se encontraren explotándolos, la

ubicación y extensión de los predios, los tipos de cultivos que realicen y todos aquellos datos que la Corporación determine:

La Corporación de la Reforma Agraria podrá requerir la presentación de las referidas declaraciones en la totalidad del país, en determinadas regiones o zonas de él, o por parte de los propietarios o tenedores de predios rústicos de determinadas características.

Las autoridades que reciban esas declaraciones deberán siempre dar recibo.

Los que no formularen las declaraciones a que se refiere este artículo o las hicieren incompletas o falsas serán sancionados con una multa de hasta el 10%; del avalúo para los efectos de la contribución territorial de los predios respecto de los cuales no formularen declaración o la formularen incompleta o falsa, sin perjuicio de que la Corporación de la Reforma Agraria pueda obtener los datos y antecedentes requeridos de otras fuentes. En este último caso, los acuerdos o resoluciones que dicte la Corporación sobre la base de los datos por ella reunidos se considerarán definitivos y no podrán ser impugnados por el propietario ante las autoridades administrativas o judiciales. Corresponderá aplicar la multa referida al Tribunal Agrario Provincial, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria. Los que formularen declaraciones manifiestamente falsas serán penados, además, con presidio menor en su grado medio.

Artículo 150.- El Secretario General de la Corporación de la Reforma Agraria tendrá el carácter de ministro de fe público encargado de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos en que intervengan la Corporación de la Reforma Agraria y que ante él se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que las leyes le encomienden.

Este funcionario deberá, además llevar un registro de todos aquellos decretos, acuerdos y resoluciones que afecten a predios rústicos y que se dicten en virtud de

la presente ley, con excepción de los que se refiere el Título V.

Los instrumentos que ante él se otorgaren se escribirán dactilográficamente en cuadernillos de papel simple de diez fojas cada uno. Los protocolos que así se formen deberán entregarse al Archivero Nacional cada vez que tengan más de treinta años.

El Secretario General deberá tener la calidad de abogado y en caso de que faltare o estuviere impedido para el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la República, a proposición del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria, designará a un abogado funcionario de dicha Corporación para que lo reemplace mientras dure el impedimento.

El Secretario General no podrá cobrar derechos de ninguna especie por el desempeño de las funciones que la presente ley le encomienda.

En todo lo no modificado por la presente ley, serán aplicables las disposiciones del artículo 401 Nºs. 1, 7, 8, 9 y 10 y de las de los Capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Párrafo 7 del Título XI, excepto lo dispuesto en los artículos 414, 417 y 420, todos del Código Orgánico de Tribunales.

CAPITULO III

Disposiciones varias

Artículo 151.- En caso de que por cualquier motivo se paralizaren las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar la reanudación de ellas, con intervención de las autoridades civiles o militares.

El interventor tendrá todas las facultades que sean necesarias para continuar la explotación del predio y tomará a su cargo las gestiones para dar solución al conflicto.

Decretada la reanudación de faenas, el personal de obreros y empleados volverá

al trabajo en condiciones que no podrán ser inferiores a las que regían al tiempo de plantearse el conflicto.

Artículo 152.- La declaración de zonas urbanas o de uso no agrícola, o la ampliación de las existentes, requerirá de informe previo del Ministerio de Agricultura, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de 90 días.

Artículo 153.- En los casos en que la presente ley sanciona con la nulidad determinados actos o contratos, la Corporación de la Reforma Agraria será titular de la acción de nulidad, sin perjuicio de la que corresponda a otros titulares.

Artículo 154.- La Corporación de la Reforma Agraria estará exenta de toda clase de impuestos, contribuciones o derechos. Cuando la Corporación celebrare algún acto o contrato afecto al impuesto establecido en la ley 12. 120 y sus modificaciones posteriores, relativo a un bien sometido al régimen de fijación de precios por alguna disposición legal, podrá incluir, en su propio beneficio, en el precio o valor de la cosa transferida, una suma igual al monto del impuesto, a menos que el acto o contrato lo celebrare con algún campesino o cooperativa campesina.

Artículo 155.- De las mismas exenciones establecidas en el artículo anterior gozarán las sociedades que se constituyan entre la Corporación de la Reforma Agraria y campesinos o cooperativas campesinas. Respecto de aquellas constituidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, gozarán de dichas exenciones a partir de la fecha de su constitución.

Para los actos o contratos celebrados por campesinos asignatarios de tierras con Instituciones o Empresas del Estado, sólo se les exigirá su cédula de identidad y la comprobación de estar inscritos en los Registros Electorales o la circunstancia de encontrarse exentos de esta última obligación.

Artículo 156.- El producto de las multas que establece la presente ley, con ex-

cepción de las señaladas en el Título V, ingresará al patrimonio de la Corporación de la Reforma Agraria.

Artículo 157.- En aquellos casos en que conforme a esta ley superficies de terrenos hayan de expresarse en hectáreas de riego básicas, las superficies en hectáreas de las diferentes categorías de terrenos se convertirán a hectáreas de riego básicas multiplicándolas por los coeficientes que se señalan en la tabla que se inserta en este mismo artículo, para las diferentes categorías de terrenos existentes en cada provincia, región y zona.

Para los efectos de la conversión de superficies de terrenos a hectáreas de riego básicas, los terrenos regados por riego mecanizado por elevación se computarán como de secano cuando el desnivel en-

tre la fuente de donde proviene el agua y las tierras que se riegan por este medio sea superior a cuatro metros.

En lo que respecta a las provincias de Antofagasta y Chiloé, autorízase al Presidente de la República para fijar para esas provincias, las superficies, en hectáreas, que equivalen a 80 hectáreas de riego básicas así como los coeficientes de conversión de las superficies de las diferentes categorías de terrenos a hectáreas de riego básicas, teniendo en cuenta las características especiales de cada sector agrícola en particular.

Corresponderá al Consejo Nacional Agrario aplicar el cuadro que sigue y determinar, en cada caso, la superficie equivalente a 80 hectáreas de riego básicas para los efectos de la presente ley.

80 1, 000

50 1, 600

250 0, 320

60 1, 333

90 0, 889

120 0, 667

30 2, 667

80 1, 000

100 0. 80'"»

Columna 1 Columna 2 Columna 1

Columna 2 Columna 1 Coeficiente Superficie de conver- en Hás. que sión de la equivale a 80 superficie Hás. de riego en Hás. de básicas, los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Columna 2 Coeficiente de conversión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Coeficiente Superficie de conver- en Hás. que equivale a 80 Hás. de riego básicas.

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

ATACAMA COQUIMBO

0, 800 0, 400

2, 000

100 200

40

60

40 5. 000

10. 000

2, 000 0. 016

0, 008

sión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

CATEGORIAS

DE

TERRENOS

TARAPACA I.- 1. Valle del Lluta

Suelos planos regados 100 0, 800 2. Valle de Azapa Suelos planos regados 40 2, 000 II.- A. Valle del Río Copiapó

De Copiapó al interior Suelos planos regados

De Copiapó a la Chimba Suelos planos regados

De la Chimba a la Costa Suelos planos regados

B.- Valle del Río Huasco

Vallenar al interior Suelos planos regados

Vallenar a Freirina Suelos planos regados

Freirina hacia la Costa Suelos planos regados

III.- A. Hoya Río Elqui

1. Zona Vicuña al Interior

Suelos regados

2. Zona entre Vicuña y

La Serena

Suelos regados

3. Zona Costera de La

Serena

Suelos regados

B.- Hoya del Río Limarí

1. Ovalle hacia la Costa

Suelos aluviales recientes y regados

Llanos regados

2. Ovalle hacia el Interior

Suelos regados

C.- Hoya del Río Choapa

Illapel a la Costa Suelos regados

Illapel al Interior Suelos regados

D.- Terrazas Costeras E.- Cordilleras y serranías

CATEGORIAS

DE

TERRENOS

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

Columna 2 Columna 1

Coeficiente Superficie de conver- en Hás. que sión de la equivale a 80 superficie Hás. de riego

en Hás. de básicas.

los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Columna 2 Columna 1 Columna 2

Coeficiente Superficie Coeficiente

de conver- en Hás. que, de conver

sión de la equivale a 80 sión de la

superficie Hás. de riego superficie

en Hás. de básicas. en Hás. de

los diferen- los diferen

tes terre- tes terre

nos, a Hás. nos, a Hás.

de riego de riego

básicas. básicas.

ACONCAGUA VALPARAISO SANTIAGO

I, -Cordillera 6. 000 0, 013 6. 000 0, 013

II.- -Precordillera y valles interiores 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para 150 0, 533 120 0, 637

cultivos de la zona 310 0, 258 250 0, 320

b) Secano 1. 000 0, 080 950 0, 081

2. No ambles 2. 000 0, 010 2. 000 0, 040

III.- -Llano Central 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los cultivos de la zona. a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona. b) Secano 2. No arables 80 170 950 2. 300 1, 000 0, 470 0, 084 0, 035

IV.- -Valles y cerros de la Costa 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la 100 0, 800 100 0, 800 100 0, 800

zona. 210 0, 381 210 0, 381 210 0, 381

b) Secano 800 0, 100 500 0, 160 500 0, 160

2. No arables 1. 900 0. 042 1. 900 0, 042 1. 900 0, 042

3. Cerros 3. 000 0, 027 3. 000 0, 027 3. 000 0, 027

V.- -Zonas Especiales

1.- Valle del Aconcagua

A.- Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona 50 1, 600 40 2, 000

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2

Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente

en HÁs. que de conver- en Hás. que de conver- en Hás. que de conver-

CATEGORIAS equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la

HÁs. de riego superficie Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie

DE básicas. en Has. de básicas. en Hás. de básicas. en Hás. de

los diferen- los diferen- los diferen-

TERRENOS tes terre- tes terre- tes terre-

nos, a HÁs. nos, a Hás. nos, a Hás.

de riego de riego de riego

básicas. básicas. básicas.

ACONCAGUA V A L P A R A I S O S A N T I A G O

a) 2. Con serias limi-

taciones físicas para

los cultivos de la

zona 120 0, 667 150 0, 533

b) Secano 500 0, 160 500 0, 160

B.- No arables 1. 900 0, 042 1. 900 0, 042

2. Valles de Petorca y

La Ligua

A.- Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona 50 1, 600

a) 2. Con serias limi-

taciones físicas para

los cultivos de la

zona 170 0, 470

b) Secano 800 0, 100

B.- No arables 2. 000 0, 040

3.- Suelos arables de riego

de la Provincia de San-

tiago, correspondientes a

los siguientes distritos de

las comunas que se seña-

lan: N°s 1 y 3 de Coli-

na; 1, 2, 3 y 4 de Quili-

cura; 3, 4 y 5 de Concha-

lí; 3 y 4 de Renca; 2 y 3

de Barrancas; 1, 2 y 4

de Qta. Normal; 1, 2, 4,

5 y 6 de Maipú; 4, 5 y 8

Ñuñoa; 1, 2, 3 y 4 de Las

Condes; 1, 2 y 3 de La

Granja; 1 y 2 de La Flo-

rida; 4 de San Miguel; 1

y 3 de La Cisterna; 3, 4,

5, 6 y 7 de San Bernar-

do; 1, 2 y 3 de Calera

de Tango; 1 y 3 de Peña-

flor. 40 2, 000

4.- Suelos regados salinos-

alcalinos de las comunas

de Lampa y Colina. 150 0, 533

COLCHAGUA

6. 000 0, 013

CURICÓ

6. 000 0, 013

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2

Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente

en Hás. que de conver- en Hás. que de conver- en Hás. que de conver-

CATEGORIAS equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la

Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie

DE básicas. en Hás. de los diferen- básicas. en Hás. de los diferen- básicas. en Hás. de los diferen-

TERRENOS tes terrenos, a Hás. de riego básicas. tes terrenos, a Hás. de riego básicas. tes terrenos, a Hás. de riego básicas.

O'H I G G I N S

I.- Cordillera 6. 000 0, 013

II.- Precordillera y valles interiores

1. Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

160

180

0, 441

0, 500

cultivos de la zona 150 0, 533

310 0, 258 330 0, 242 350 0, 228

900 0, 089 950 0, 084 950 0, 084

2. 000 0, 040 2. 200 0, 036 2. 200 0, 036

2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona

Secano

2. No arables

III.- Llano Central

1. Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

100

0, 800

90

0, 889

cultivos de la zona 80 1. 000

170 0, 470 190 0, 421 210 0, 381

900 0, 089 800 0, 100 800 0, 100

. 200 0, 036 2. 200 0, 036 2. 200 0, 038

2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la zona

Secano

2. No arables

IV.- Valles y cerros de la

Costa

1. Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

130

0, 615

120

0, 667

220 0, 364 250 0, 320 270 0, 296

500 0, 160 550 0, 145 550 0, 145

1. 900 0, 042 1. 900 0, 042 1. 800 0, 044

3. 000 0. 027 3. 000 0, 027 3. 000 0, 027

cultivos de la zona 100 0, 800 a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la

zona

b) Secano

2. No arables

3. Cerros

V.- Zonas Especiales

5. Suelos arables de riego de las comunas de Peumo y San Vicente de Tagua-Tagua 50 1, 600

CATEGORIAS DE

TERRENOS

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

Columna 2 Columna 1 Coeficiente Superficie de conver- en Hás. que sión de la equivale a 80 superficie Hás. de riego en Hás. de básicas, los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Columna 2 Columna 1 Columna 2

Coeficiente Superficie Coeficiente

de conver- en Hás. que de conver

sión de la equivale a 80 sión de la

superficie Hás. de riego superficie

en Hás. de básicas. en Hás. de

los diferen- los diferen

tes terre- tes terre

nos, a Hás. nos, a Hás.

de riego de riego

básicas. básicas.

I.- T -Cordillera A L C 6. 000 A 0, 013 LINA 4. 500 R E S 0, 018 M A U L E

II.- -Precordillera y valles interiores 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones para los cultivos de la zona 200 380 0, 400 0, 210

b) Secano 950 0, 084 750 0, 107

2. No arables 2. 200 0, 036 2. 200 0, 036

II.- -Llano Central 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para 120 0, 667 140 0, 571

los cultivos de la zona 250 0, 320 280 0, 286

b) Secano 900 0, 089 950 0, 084

2. No arables 2. 200 0, 036 2. 200 0, 036

V -Valles y cerros de la Costa 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la 150 0, 533 200 0, 400

zona 310 0, 258 360 0, 222

b) Secano 600 0, 133 550 0, 145

2. No arables 1. 800 0, 044 1. 500 0, 053

3. Cerros 3. 000 0, 027 2. 800 0, 029

CATEGORIAS

DE TERRENOS

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

Columna 2 Coeficiente

de conversión de la superficie en Hás. de os diferentes terrenos, a Hás. de riego

básicas.

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

Columna 2 Coeficiente de conver- sión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego

Columna 1 Superficie en Hás. que quivale a 80 hás. de riego básicas.

Columna 2 Coeficiente de conversión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

ÑUBLE CONCEPCION ARAUCO

I, -Cordillera 4. 500 0, 018

II.- -Precordillera y valles interiores 1. Arables 2. No arables 750 2. 000 0, 107 0, 040

II.- -Llano Central 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la 160 0, 500 170 0, 470

zona 310 0, 258 320 0, 250

b) Secano 900 0, 089 900 0, 089

2. No arables 2. 000 0, 040 2. 000 0, 040

V.- -Valles y cerros de la Costa 1. Arables a) Riego a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona a) 2. Con serias limitaciones físicas para los cultivos de la 220 0, 364 170 0, 470 300 0, 237

zona 380 0, 210 300 0, 267 400 0, 200

b) Secano 600 0, 133 500 0, 160 550 0, 145

2. No arables 1. 500 0, 053 1. 200 0, 067 1. 500 0, 053

3. Cerros 2. 800 0, 029 2. 300 0, 035 2. 800 0, 029

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2

Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente

en Hás. que de conver- en Hás. que de conver- en Hás. que de conver-

CATEGORIAS equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la

Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie

DE básicas. en Hás. de básicas. en Hás. de básicas. en Hás. de

los dif eren- los diferen- los diferen-

TERRENOS tes terrenos, a Hás. de riego básicas. tes terrenos, a Hás. de riego básicas. tes terrenos, a Hás. de riego básicas.

B I 0 - 1 3 I O M A L L ECO C A U TIN

I.- Cordillera 4. 500 0, 018 5. 500 0, 015 5. 500 0, 015

II.- Precordillera y valles

interiores

1. Arables 700 0, 114 700 0, 114 650 0, 123

2. No arables 2. 000 0, 040 2. 000 0, 040 2. 000 0, 040

II.- Llano Central

1. Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona 170 0, 470 210 0, 380 250 0, 320

a) 2. Con serias , limi-

taciones físicas para

los cultivos de la

zona 320 0, 250 380 0, 210 400 0, 200

b) Secano 600 0, 133 650 0, 123 550 0, 145

2. No arables 1. 800 0, 044 1. 800 0, 044 1. 800 0, 044

V.- Valles y cerros de la

Costa

1. Arables

a) Riego

a) 1. Aptos para los

cultivos de la zona 300 0, 267

a) 2. Con serias limi-

taciones físicas para

los cultivos de la

zona. 450 0, 178

b) Secano 650 0, 123

2. No arables 2. 100 0. 038 2. 100 0, 038 1. 800 0, 044

3. Cerros 3. 000 0, 027 3. 000 0, 027 3. 000 0, 027

V.- Zonas Especiales

6. Suelos arables de

riego de la Comuna de

Angol. 120 0, 667

CATEGORIAS

DE TERRENOS

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

Columna 2 Coeficiente de conversión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

Columna 2 Coeficiente de conversión de la superficie en Hás. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

Columna 1

Superficie

en Hás. que

equivale a 80

Hás. de riego

básicas.

Columna 2 Coeficiente de conversión de la superficie en Has. de los diferentes terrenos, a Hás. de riego básicas.

VALDIVIA

I.- Cordillera 7. 000 0, 011

II.- Precordillera y valles interiores

Arables TOO 0, 11-1

No arables 1. 700 0, 047 III.- Llano Central

Arables 600 0, 133

No arables 1. 500 0, 053 IV.- Valles y cerros de la

Costa

Arables 650 0, 123

No arables 1. 500 0, 053

Cerros 2. 800 0, 029

OSORNO LLANQUIHUE

7. 000 0, 011 7. 000 0, 011

600 0, 133 600 0, 133

1. 700 0, 047 1. 700 0, 047

500 0, 160 550 0, 145

1. 500 0, 053 1. 500 0, 053

700 0, 114 700 0, 114

2. 100 0, 038 2. 100 0, 038

3. 800 0, 021 3. 800 0, 021

CATEGORIAS

DE TERRENOS

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2

Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente

en Hás. que de conver- en Hás. que de conver-

equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la

Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie

básicas. en Hás. de básicas. en Hás. de

los diferen- los diferen-

tes terre- tes terre-

nos, a Hás. nos, a Hás.

de riego de riego

básicas. básicas.

AISEN MAGALLANES

I.- Aisén

A.- Zonas de las post-cordillera de los valles de los Ríos Simpson, Mañihuales y Aisén

B.- Zonas de las post-cordillera de los Valles de los Ríos Cisnes, Ñiriguao, Emperador Guillermo, Blanco y Baker

C.- Zonas de la Pampa de los Valles de los ríos Cisnes, Ñiriguao, Emperador Guillermo, Simpson y Mañihuales

D.- Zonas de post-cordillera de los Valles de los ríos Ibáñez, Murta y Delta

E.- Zonas de post-cordillera del Valle del río Mayer II.- Magallanes

A.- Continente:

Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal permiten pastoreo permanente a través de todo el año

Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal permiten sólo pastoreo periódico por sectores

Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal presentan serias limitaciones para su explotación permanente

B.- Isla de Tierra del Fuego. Isla Dawson y similares: a) Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal permiten pastoreo permanente a través de todo el año

3. 000 0, 02667

4. 800 0, 01667

4. 800 0, 01667

9. 600 0, 00833

19. 000 0, 00421'

3. 000 0, 02667

7. 000 0, 01143

22. 000 0, 01364

3. 200 0, 02500

Columna 1 Columna 2 Columna 1 Columna 2

Superficie Coeficiente Superficie Coeficiente

en Hás. que de conver- en Hás. que de conver-

CATEGORIAS equivale a 80 sión de la equivale a 80 sión de la

Hás. de riego superficie Hás. de riego superficie

DE básicas. en Hás. de básicas. en Hás. de

los diferen- los diferen-

TERRENOS tes tecre- tes terre

nos, a Hás. nos, a Hás.

de riego de riego

básicas. básicas.

AISEN MAGALLANES

Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal permiten sólo pastoreo periódico por sectores

Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal presentan serias limitaciones para su explotación permanente

C.- Isla Navarino y similares:

a) Campos que por su ubicación y condiciones de clima, suelo y cubierta vegetal presentan serias limitaciones para su explotación permanente

7. 500 0, 01067

23. 000 0, 00348

25. 500 0, 00314

Artículo 158.- Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, se dicte normas sobre las siguientes materias:

Arrendamiento y otras formas de explotación por terceros, y medierías;

Régimen previsional aplicable a los beneficiarios de tierras asignadas conforme a las disposiciones del artículo 59;

Régimen de las cooperativas;

Régimen de participación de obreros y empleados en las utilidades provenientes de la explotación de predios rústicos;

Régimen de la propiedad familiar agrícola;

Aldeas campesinas.

Artículo 159.- Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 46, 47 y 67 de la ley Nº 15. 020.

Los Decretos con Fuerza de Ley R. R. A. Nºs. 2, 5, 6 y 20, de 1963, se mantendrán vigentes hasta que el Presidente de la República dicte las normas a que se refiere el Artículo 158. El Decreto con Fuerza de Ley R. R. A. Nº 9, de 1963, se mantendrá vigente, en relación con las expropiaciones efectuadas con anterioridad a la publicación de la presente ley, hasta que el Presidente de la República haga uso de la facultad que se le confiere en el inciso segundo del Artículo 141.

Autorízase al Presidente de la República para que establezca un texto definitivo que armonice y coordine con las disposiciones de esta ley aquellas disposiciones de la ley Nº 15. 020 y de los Decretos con Fuerza de Ley R. R. A. dictados de acuerdo con ella, que continúan en vigencia.

Artículo 160.- Los campesinos que celebren convenios de explotación de tierras con la Corporación, estarán obligados a imponer en el Servicio de Seguro Social por el salario mínimo, durante el tiempo

de duración de dichos convenios, en las mismas condiciones y con iguales derechos que los imponentes obligados de ese Servicio.

Las imposiciones en su totalidad serán efectuadas por la Corporación o por la persona jurídica formada por ésta con los campesinos y cargadas al término del ejercicio, a los gastos generales de la explotación.

Los asignatarios de tierras estarán obligados a acogerse como imponentes al Servicio de Seguro Social en las mismas condiciones que los imponentes voluntarios, salvo que la Corporación los autorice expresamente para liberarse de esta obligación.

Artículo 161.- Los gastos que demande el funcionamiento de los Tribunales Agrarios creados en la presente ley se financiarán con la economía que se produzca al suprimir el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 141, los Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias a que se refiere la ley Nº 15. 020, y con el mayor rendimiento que proporcione la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado en actual vigencia.

Artículo 162.- Las parcelas que la ex-Caja de Colonización Agrícola o la Corporación de la Reforma Agraria hubieren entregado a título provisorio o transferido definitivamente y que esta última recupere o haya recuperado en conformidad a la ley, se reasignarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente ley.

Artículo 163.- Las donaciones de predios rústicos que se hagan en favor de los campesinos y siempre que no excedan de tres unidades agrícolas familiares por cada jefe de familia, o que se hagan en favor de la Corporación de la Reforma Agraria, no requerirán del trámite de la insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos.

Para que las donaciones que se hagan

a campesinos puedan gozar de los beneficios establecidos en este artículo, deberán ser autorizados previamente por la Corporación de la Reforma Agraria.

Los campesinos que adquieran estos predios rústicos no podrán dividirlos, ni enajenarlos dentro del plazo de 15 años contado desde la inscripción del respectivo título de dominio, sin previa autorización de la Corporación de la Reforma Agraria.

Artículo 164.- El Presidente de la República dictará los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente ley, dentro del plazo de 180 días contado desde la fecha de su vigencia.

Artículo 165.- Las disposiciones de la presente ley que requieran para su aplicación la enmienda previa de determinadas disposiciones de la Constitución Política del Estado, entrarán en vigencia una vez publicada la Reforma Constitucional que las haga procedentes.

Disposiciones Transitorias

Artículo 1°.- Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación de los predios rústicos de superficie igual o inferior a 80 hectáreas de riego básicas que hubieren resultando de la división de un predio de superficie superior a la mencionada, cuando la división se hubiere efectuado entre el 21 de noviembre de 1965 y la fecha de vigencia de la presente ley, salvo que la división hubiere sido aprobada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria.

La indemnización de expropiación, se pagará con un 1% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". Serán aplicables en lo demás las disposiciones de la presente ley.

Sin embargo, y con el objeto de que se finiquiten los procesos de división que se encontraren en trámite y sin perjuicio de

lo dispuesto en el artículo 5º permanente, la causal de expropiación que contempla el inciso 1º del presente artículo no regirá respecto de los predios rústicos que se dividan antes del 15 de diciembre de 1965, siempre que con anterioridad al 21 de noviembre del mismo año su propietario haya realizado alguno de los siguientes actos: a) Haber celebrado contrato de promesa de venta que conste por escritura pública, respecto de una parte del predio de que se trate; b) Haber celebrado, por escritura pública, algún acto de enajenación o adjudicación respecto de una parte del predio de que se trate; o c) Haber publicado respecto del predio de que se trate aviso de remate en algún diario o periódico.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 141, las expropiaciones pendientes a la fecha de vigencia de la presente ley, que el Presidente de la República o la Corporación de la Reforma Agraria hubieren efectuado en conformidad a la letra f) del artículo 44 de la ley Nº 7. 747 o a la ley Nº 15. 020 y al D. F. L. R. R. A. Nº 9, de 1963, se regirán por las disposiciones de la presente ley en lo que respecta a la indemnización y formas de pago de ésta, así como a la toma de posesión material del predio expropiado.

Las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones que estuvieren pendientes a la fecha de vigencia de la presente ley, que hubiere efectuado la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a la ley Nº 15. 020 y al D. F. L. R. R. A. Nº 9, de 1963, se pagarán en la siguiente forma:

a) En el caso de que la expropiación se hubiere efectuado en conformidad a la letra a) del artículo 15 de la ley Nº 15. 020, correspondiente a la letra a) del Artículo 1º del D. F. L. R. R. A. Nº 9, citado, con un 1% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "C".

b) En el caso de que la expropiación se hubiere efectuado en conformidad a las letras d) ó f) del artículo 15 de la ley Nº 15. 020, correspondientes a las letras d) ó f), respectivamente, del artículo 1° del D. F. L. R. R. A. Nº 9, citado, en la forma establecida en el Artículo 40 de la presente ley.

Cuando se trate de expropiaciones pendientes a la fecha de vigencia de la presente ley, que el Presidente de la República hubiere efectuado en conformidad a la letra f) del artículo 44 de la ley Nº 7. 747 o a la letra i) del artículo 15 de la ley Nº 15. 020, correspondiente a la letra i) del artículo 1º del D. F. L. R. R. A. Nº 9, citado, la indemnización se pagará con un 1 % al contado y el saldo en treinta cuotas anuales iguales. El 70% del valor de cada cuota del saldo de la indemnización se reajustará a la fecha de su pago en proporción a la variación que hubiere experimentado el índice de precios al por mayor, calculado por la Dirección de Estadística y Censos. Para estos efectos se comparará el promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del decreto de expropiación, con el promedio de los índices mensuales del año calendario inmediatamente anterior al año en que se pague la respectiva cuota. Cada cuota devengará un interés del 3% anual que se calculará sobre su monto y sobre el 50% de su reajuste. Los intereses se pagarán conjuntamente con las respectivas cuotas.

En el caso de las expropiaciones a que se refiere el presente artículo, el expro-piador podrá solicitar al Tribunal de primera instancia que conozca de la expropiación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141, que le autorice a tomar posesión material del predio expropiado e inscribir el dominio de éste a su nombre, previa consignación de la parte al contado de la indemnización que corresponda pagar de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. Esta solicitud se tramitará como

incidente y se fallará en única instancia. En la sentencia, el Tribunal fijará provisoriamente al monto de la indemnización, debiendo el expropiador consignar la cuota al contado que corresponda conforme a dicho monto.

Artículo 3°.- Si, a la fecha de vigencia, de la presente ley, se encontrare pendiente la expropiación de un predio rústico efectuada en conformidad a la ley Nº 15. 020 y al R. R. A. Nº 9, de 1963, por haber reclamado el propietario de la procedencia de la expropiación, y el Tribunal hubiere dado lugar a la reclamación, el Consejo Nacional Agrario podrá acordar la expropiación, si la Corporación de la Reforma Agraria ya hubiere tomado posesión material del predio en conformidad al artículo anterior y estuviere ejecutando en el predio trabajos u obras para su parcelación.

Para los efectos del inciso anterior, con el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función social, decláranse de utilidad pública los predios que se encuentren en esas circunstancias.

El monto de la indemnización se determinará en conformidad a las disposiciones del Artículo 37, siendo aplicable además, las disposiciones del inciso segundo del Artículo 38 y las del artículo 39, todos de la presente ley.

La indemnización se pagará con un 10% al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".

Artículo 4°.- Dentro del plazo de treinta días contado desde la vigencia de la presente ley, las Cortes de Apelaciones deberán designar a los Jueces de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de Capital de Provincia que integrarán los Tribunales Agrarios Provinciales que se crean dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como al Juez de Letras de Mayor Cuantía que integrará dicho Tribunal en calidad de suplente y deberán presentar al Presidente de la República, una terna de abogados idóneos domiciliados en la pro-

vincia, a fin de que designe el secretario-relator del Tribunal.

Dentro del mismo plazo, el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar al Presidente de la República las ternas a que se refiere el Artículo 124 letra c). Si dicho Consejo no presentare las ternas correspondientes dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente a los ingenieros agrónomos que integrarán el Tribunal en calidad de titular y de suplente.

Dentro del plazo señalado en este artículo, el Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar al Presidente de la República las ternas a que se refiere el Artículo 126, letra B). Si dicho Consejo no presentare las ternas correspondientes dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente a los ingenieros agrónomos que integrarán los Tribunales Agrarios de Apelaciones en calidad de titulares y de suplentes.

Los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones que los integren cuando se constituyan por primera vez, continuarán en sus funciones mientras no sean designados los que los reemplacen, en conformidad a los artículos 125 y 126.

Artículo 5°.- Hasta que el Presidente de la República determine por decreto supremo la fecha en que entrará en vigencia el Registro Público de Aguas a que se refiere el artículo 110, regirán las siguientes normas:

a) En el actual Registro de Aguas que "están obligados a llevar los Conservadores de Bienes Raíces deberán inscribirse:

1°.- Los títulos constitutivos de una Asociación de Canalistas;

2°.- Los acuerdos y resoluciones ejecutoriados que determinen los derechos de cada comunero en las gestiones realizadas ante la justicia ordinaria para la constitución de las Comunidades de Aguas, en

conformidad al Párrafo II del Título VI del Libro I del Código de Aguas;

3°.- Los documentos que acrediten la alteración de la distribución de las aguas conforme a los derechos de aprovechamiento sometidos al régimen de Asociación de Canalistas o de Comunidades de Aguas;

4°.- Las escrituras públicas que contengan el decreto de concesión definitiva de una merced de aquellas a que se refiere el artículo 278 del Código de Aguas, otorgada con posterioridad a la vigencia de dicho Código; y

5°.- Todo acto que genere un cambio de titular de derecho de aprovechamiento, en los casos expresamente autorizados por la ley;

El titular de un derecho de aprovechamiento que extraiga sus aguas de la corriente natural independientemente de otro derecho y que haya sido incluido en la constitución de la respectiva Junta de Vigilancia, podrá inscribrise este derecho en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, mediante el correspondiente certificado de la Dirección de Aguas;

Las inscripciones deberán hacerse en el Registro de Aguas del departamento en que se encuentre ubicada la bocatoma del canal matriz en el cauce natural.

Sin perjuicio de las inscripciones que procedan, los Conservadores deberán anotar al margen de las inscripciones relativas a las Asociaciones de Canalistas o a las Comunidades de Aguas, todo acto que genere un cambio de titular de derecho de aprovechamiento, en los casos expresamente autorizados por la ley;

d) Las inscripciones en el Registro de

Aguas se harán en la forma prevista pa

ra los bienes raíces.

La inscripción originaria contendrá los siguientes datos:

1°.- El nombre del titular del derecho de aprovechamiento;

2°.- El nombre del canal por donde se

extraen las aguas de la corriente natural y la ubicación de su bocatoma;

3°.- ei nombre de la corriente natural de donde se extraen las aguas;

4°.- La individualización del predio o establecimiento industrial a que están destinadas las aguas;

5°.- Las indicaciones referentes a los títulos de la Asociación de Canalistas, Comunidad de Aguas o Juntas de Vigilancia, en su caso, a que están sometidos los derechos de agua; y

6°.- La forma en que estos derechos se dividen entre los regantes del canal, si fueren varios. Si el titular de la inscripción fuere uno, deberá indicarse la cuota que le corresponde en la corriente natural.

La Dirección de Aguas requerirá de los Conservadores de Bienes Raíces la anotación de los derechos que correspondan a los respectivos canales de conformidad a lo dispuesto en los artículos 167, 235 y 304 del Código de Aguas, y de las sentencias ejecutoriadas que alteren la distribución de las aguas en los cauces naturales, al margen de las respectivas inscripciones originarias de las Asociaciones de Canalistas y de las Comunidades de Aguas organizadas ante la Justicia ordinaria; y

Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia a la Dirección de Aguas, por carta certificada, de todas las anotaciones, inscripciones o modificaciones que practiquen en el Registro de Aguas, dentro del plazo de treinta días contado desde la respectiva anotación, inscripción o modificación.

Los funcionarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta letra, o que no cumplan la de llevar el Registro de Aguas, serán sancionados con las penas previstas en el Artículo 441 del Código Orgánico de Tribunales.

Sala de la Comisión, a 14 de abril de 1966.

Acordado en sesiones 27?, de 30 de

noviembre de 1965, 28ª, del mismo día, 29ª, de 1º de diciembre de 1965, 30ª, de 2 de diciembre de 1965, 31ª, de 7 de diciembre de 1965, 32ª, del mismo día, 33ª, de 14 de diciembre de 1965, 34ª, del mismo día, 35ª, del mismo día, 36ª, de 15 de diciembre de 1965, 37?, del mismo día, 38ª, de 4 de enero de 1966, 39ª, del mismo día, 40ª, de 5 de enero de 1966, 41ª, del mismo día, 42ª, de 11 de enero de 1966, 43ª, del mismo día, 44ª, de 12 de enero de 1966, 45ª, del mismo día, 46ª, de 16 de enero de 1966, 47ª, de 25 de enero de 1966, 48ª, de 16 de marzo de 1966, 49ª, del mismo día, 51ª, de 17 de marzo de 1966, 52ª, de 22 de marzo de 1966, 53ª, del mismo día, 54ª, de 23 de marzo de 1966, 55ª, del mismo día, 56ª, de 24 de marzo de 1966, 57ª, del mismo día, 58ª, de 29 de marzo de 1966, 59ª, del mismo día, 60ª, de 30 de marzo de 1966, 61ª, del mismo día, 62ª, de 31 de marzo de 1966, 63ª, del mismo día, 64ª, de 4 de abril de 1966, 65ª, de 5 de abril de 1966, 66ª, del mismo día, 67ª, de 6 de abril de 1966, 68ª, del mismo día, 69ª, de 12 de abril de 1966, 70ª, del mismo día, día, 71ª, del mismo día, 72ª, de 13 de abril de 1966, 73ª, del mismo día, 74ª, del mismo día, 75ª, de 14 de abril de 1966, y 76ª, del mismo día, con asistencia de los señores Sívori (Presidente), Alvarado, Aravena, Cabello, Canales, Cancino, De la Jara, Fuentealba, Garcés, Guajardo, Jarpa, Laemmermann, Marambio, Ochagavía, Rosales, Rosselot, Silva Solar, Sotomayor y Urra.

Se designó Diputado Informante al Honorable señor Julio Silva Solar.

(Fdo. ): José Manuel Matte Y., Secretario de la Comisión.

27.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en un

Mensaje, informado por la Comisión de Agricultura y Colonización, que legisla sobre Reforma Agraria.

La Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Agricultura, don Hugo Trivelli; del Director de Tierras y Bienes Nacionales, don Francisco Cumplido; de los señores Jacques Chonchol y Rafael Moreno, VicepresidentesEjecutivos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Corporación de la Reforma Agraria, respectivamente; del Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, don José Florencio Guzmán; de los señores Jor-ge Orchard y José Olivares, Asesor Jurídico y Asesor de Planificación de la Corporación de la Reforma Agraria, respec-, tivamente; del Director de Estadística y Censos, don Sergio Chaparro; de don Sergio García, Director General de Riego; de los señores Miroslav Kovacic y Darío Valenzuela, Ingeniero y Abogado, respectivamente, de esta Dirección; de don Rodrigo Santa Cruz, Asesor Jurídico del Ministerio de Agricultura y de los Ingenie-| ros Agrónomos de la Corporación de la Reforma Agraria, doña María Eugenia Gómez y don Enrique Delgado, quienes proporcionaron a la Comisión las informaciones que se estimaron necesarias para una cabal comprensión del proyecto de ley en informe.

La Comisión examinó con acuciosidad el proyecto sometido a su dictamen a través de numerosas sesiones y coincidió con sus fundamentos generales, expuestos en el amplio informe de la Comisión técnica. Aprobó, en consecuencia, la idea de legislar sobre la base del texto aprobado por aquélla, que, a su vez, mantiene en su integridad la inspiración fundamental del Mensaje, sin perjuicio de haberle introducido diversas enmiendas en el detalle del articulado.

También la Comisión que ahora informa propone no pocas modificaciones al texto en estudio. Pero todas ellas tienden

a perfeccionar el sistema propuesto, a determinar el sentido de muchos preceptos, a corregir la redacción de otros que no han parecido suficientemente claros, a coordinar entre sí diversas disposiciones, a agregar a los ya contemplados casos posibles o necesarios y, en fin, a llenar inevitables vacíos en una legislación de tan vasto alcance. Se mantiene en su integridad, no obstante, tanto la filosofía de las instituciones jurídicas que se crean como las finalidades y objetivos a que ellas tienden, explicados todos también en el informe de la Comisión de Agricultura.

En el artículo 1º, que fija el significado de ciertas expresiones para los efectos de la ley en tramitación, se reemplaza por otra más precisa la definición, que corresponde a "pradera mejorada" y se añade la de "suelos de secano arables".

El artículo 5º, incluido en el capítulo correspondiente a los predios afectos a expropiación, declara en dicha calidad a aquellos resultantes de la división de un predio de extensión superior a 80 hectáreas de riego básicas, que no se hubiere hecho efectiva en fecha posterior a la vigencia de la ley Nº 15. 020, que contempla las actuales normas sobre reforma agraria.

Se propone ahora modificar en dicho artículo la fecha ya aludida, por el 4 de noviembre de 1964, en que se inició el actual Gobierno y se modifica ligeramente la redacción, manteniendo, en lo demás, la misma idea original.

En el artículo 14, se introducen algunas modificaciones de redacción, y se rebaja del 80% al 70% la parte de las cuotas anuales de pago del precio que se reajustará en proporción al aumento del índice de precios al por mayor, en el caso de adquisición de un predio por parte de sus arrendatarios, para concordar dicha disposición con las relativas a los demás ad-quirentes.

La cita que el artículo 16 hace de "sueldo vital de la provincia" se sustituye por

el de "la escala B del departamento respectivo" pues los sueldos vitales corresponden a los departamentos y no a las provincias, y la escala B es la asignada a la agricultura.

La parte segunda del artículo 18 contempla una disposición especial destinada a declarar inexplopiable los terrenos plantados de viñas viníferas de que sean dueños sociedades anónimas que tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas, siempre que reúnan, además de las condiciones óptimas generales, las especiales que el mismo artículo determina. Con el objeto de concordarlo con el espíritu general del proyecto la Comisión acordó agregar, también como requisito para tal exención, el de que los empleados y obreros de ellas, con excepción de los que el Reglamento determine, sean dueños a lo menos de un diez por ciento de las acciones de la sociedad y tengan en el directorio por lo menos un representante.

En el inciso primero del artículo 22, situado también en el capítulo relativo a las inexpropiabilidades, se suprime el plazo de dos años que protegía con dicha inmunidad a los bosques artificiales y los bosques naturales o terrenos desarbolados de aptitud exclusivamente forestal cuyos dueños estuvieron cumpliendo planes de ordenación o de forestación aprobados por el Ministerio de Agricultura. Dichos terrenos quedan, entonces, sujetos a la regla general de la primera parte del mismo artículo, en orden a que "no son expropia-bles por las causales establecidas en esta ley", en razón principalmente a que quedarán regidos por las disposiciones de la legislación forestal en particular.

En el artículo 39, del Capítulo referente a las indemnizaciones, y que trata en especial de las mejoras necesarias y útiles y la forma de probarlas, se agregó expresamente que se entenderán por mejoras útiles el vuelo, esto es, lo que queda sobre tierra, de los bosques naturales y

artificiales, las viñas y los árboles frutales existentes en el predio.

El artículo 50, se refiere a la forma en que será subrogado el predio por el monto de la indemnización, esto es, en general, a que los derechos de terceros sobre el bien raíz quedan extinguidos en relación con éste, pudiendo hacerse valer, en cambio, sobre aquélla. La Comisión agregó una frase en el inciso cuarto para que, en todo caso, se sujete este derecho de los terceros a las modalidades y forma de pago que correspondan de acuerdo con la ley en tramitación.

Dentro del capítulo relativo a la distribución de las tierras por parte de la Corporación de la Reforma Agraria, se agregó una frase al artículo 61, para definir las "asignaciones mixtas" como "aquellas en que un asignatario recibe tierras, parte en propiedad exclusiva y parte en común".

En el mismo capítulo se propone modificar el artículo 62, que trata de las asignaciones de terrenos de aptitud forestal, para establecer más definidamente la obligación de destinar dichos terrenos a dicha finalidad específica, y cumplir, en todo caso, con la legislación forestal.

Se propone modificar los artículos 63 y 64 para establecer como requisito esencial para ser asignatario de tierras el ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de una familia como jefe de ésta, que el proyecto establecía solamente como una causal de preferencia.

La causal de preferencia consistente en haber trabajado en los tres últimos años en forma permanente en el predio objeto de asignación está limitada en el proyecto para aquellos campesinos a quienes no se hubiere declarado caducado el contrato por sentencia judicial. Se propone modificar el artículo 64 en esta parte para restringir esta causal a los casos contemplados en el artículo 2º de la ley 16. 455, que fijó las normas para la terminación

del contrato de trabajo. Se exceptúan los números 1, 8 y 10 de dicho artículo, ya que serían inaplicables como justificación en el caso: la conclusión del trabajo o servicio, el caso fortuito o fuerza mayor y aquellas razones determinadas por las necesidades del funcionamiento de la empresa.

El artículo 74, consulta una indemnización de cargo de la Corporación de la Reforma Agraria, para aquellos inquilinos y obreros voluntarios que, reuniendo los requisitos para ser asignatarios del predio expropiado, no reciban tierras. Añade que estas personas no tendrán derecho a ser asignatarios a menos que destinen esta indemnización íntegramente a la adquisición de cuotas de ahorro agrícola emitidas por la Corporación. La Comisión propone modificar este precepto para incluir en él a los empleados y obreros agrícolas del predio y reduciendo a un 50% de la indemnización la suma que deberán invertir en cuotas de ahorro agrícola. La primera enmienda se justifica por sí sola pues militan en el caso de los empleados las mismas razones que para los obreros y, en cuanto a la segunda, pareció lógico dejar de libre disposición de los afectados una parte de la indemnización, pues con su forzosa cesantía deberán afrontar gastos subidos que les harían perder toda posibilidad de ser asignatarios de tierra en el futuro.

Se propone concordar el artículo 79 con el resto del proyecto, en cuanto a la forma de pago por parte de la Corporación de la Reforma Agraria a las cooperativas que fueren disueltas por alguna de las causales que contempla la ley, de los bienes de que éstas sean propietarias, ya que la Corporación tiene un derecho preferente para adquirirlos.

En el Título V, sobre el régimen de aguas, el artículo 86, que establece que las aguas son bienes nacionales de uso público, agrega que su uso en beneficio particular sólo podrá hacerse en virtud de

un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente, salvo el caso de las aguas lluvias que caen y se conservan dentro de un predio, contemplado en el artículo 15 del Código de Aguas. Se consideró conveniente hacer una referencia general a "los casos expresamente contemplados en el Código de Aguas" y no sólo a su artículo 15, pues existen otros casos similares dentro de la misma situación.

En los artículos 87 y 88 se cambia la referencia a "esta ley" por "este Título", pues se refieren únicamente a materias del régimen jurídico de las aguas. Igual cambio se propone para otros preceptos, por la misma razón.

Se propone hacer el distingo en el artículo 89 entre lo que sería el período de riego y el momento en que exista la necesidad de regar, que bien pueden no ser coincidentes.

El artículo 90, contempla las normas por las cuales debe regirse el alumbramiento de aguas subterráneas. La Comisión propone mantener el inciso primero, que autoriza a la Dirección de Aguas para regular las exploraciones que vayan a efectuarse con este objeto y para prohibirlas en caso necesario, y reemplazar el resto del artículo por disposiciones que otorgan también a dicha Dirección facultades drásticas para sancionar su incumplimiento.

Se propone completar diversas reglas contenidas en el artículo 92, respecto de las obras de riego ejecutadas por los propios usuarios y que puedan beneficiar a terceros.

El artículo 94, que autoriza a la Dirección de Aguas para cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario, cuando las circunstancias así lo determinen y la calidad del agua se mantenga igual, se propone, como necesaria consecuencia, declarar que, efectuado el cambio, quedará extinguido el derecho de aprovechamiento anterior.

Se aumentan las atribuciones que el artículo 95 del proyecto otorga a la Dirección de Aguas, en cuanto a la concesión de mercedes y su procedimiento.

Se complementan las normas contenidas en el artículo 105, sobre indemnización a los propietarios del valor de las obras de riego efectuadas por ellos en los cinco años anteriores a la expropiación de sus predios con motivo de la ejecución de planes de regadío.

Se agrega en el artículo 106 un inciso que autoriza al Director de Aguas, por sí o por delegado para requerir del Intendente o Gobernador respectivo el uso de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento, para cumplir las disposiciones que dicte en el ejercicio de las atribuciones que le confieren la ley en proyecto y el Código de Aguas en actual vigencia.

En el artículo 109 se propone facultar a la Dirección de Aguas para exigir, en los plazos y condiciones que ella determine, la constitución de juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas en los cauces comprendidos en las áreas de racionalización, o para constituirlas por sí misma y por cuenta de los regantes en caso de la negativa de éstos.

El artículo 114 del proyecto contiene numerosas modificaciones en el articulado del Código de Aguas, que resultan algunas de ellas como consecuencia de las disposiciones generales del proyecto y, principalmente, de los fundamentales cambios introducidos en el régimen de dominio, uso y aprovechamiento de las aguas, a los cuales se ha hecho ya referencia y que se encuentran extensamente analizados en el informe de la Comisión técnica. Otras, constituyen en sí alteraciones de la legislación de aguas en vigor y la Comisión que ahora informa propone diversas enmiendas destinadas a perfeccionar los mecanismos de uso y aprovechamiento ya propuestos, sin cam-

biar en nada el nuevo sistema establecido en el proyecto, en orden a disponer que las aguas son bienes nacionales de uso público, sobre las cuales tendrán los particulares solamente el derecho de aprovechamiento en conformidad a la ley.

En el artículo 21 del Código, se proponen nuevas disposiciones respecto al uso de cauces artificiales construidos a expensa ajena y concede el derecho a indemnización del daño efectivo que ello provoque, más no del solo hecho de su utilización. Correlativamente, hace de cargo del nuevo usuario la parte proporcional de los gastos comunes.

En el artículo 43, relativo a la concesión de mercedes de regadío, reputa ser de la naturaleza de las mismas la autorización para extraer agua para la bebida y uso doméstico, así como para el abreva-miento del ganado del predio.

Concordante con el espíritu del nuevo sistema propuesto, en el artículo 106 del Código de Aguas se agrega, entre las obligaciones de los asociados de una Asociación de canalistas, la de soportar la introducción de nuevas aguas al cauce, en la forma y condiciones allí estipuladas, las cuales contemplan una racional armonía entre los intereses contrapuestos de los antiguos y los nuevos usuarios.

Se establecen diversas normas complementarias respecto de los sistemas de computación de votos en las juntas de accionistas, en los artículos 117, 119, 124, 143 y 158 del Código, así como para la celebración de las juntas generales, a las cuales se fija un plazo perentorio para su celebración. En lugar del sistema vigente de que cada acción representa un voto, se establece una representación básica igualitaria entre los accionistas, adicionada con el sistema actual de un voto por acción.

Se reemplaza el sistema establecido en el artículo 181 del Código de Aguas, en orden a que las servidumbres legales se constituirán previas las indemnizaciones

que procedan, por el inverso, esto es, que ellas serán previas a una determinación y pago posterior de tales indemnizaciones.

Se establece, en el artículo 198 del Código, el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva, respecto de las resoluciones de la Dirección de Riego acerca del cumplimiento de las servidumbres de acueducto.

En el artículo 116 del proyecto en informe se agrega un inciso mediante el cual se autoriza al Banco del Estado de Chile para otorgar préstamos a las asociaciones de canalistas o juntas de vigilancia para la construcción de obras de riego, hasta por el setenta y cinco por ciento de su valor.

Finalmente, se propone la agregación de un artículo nuevo que otorga a la Dirección de Riego el cumplimiento de las atribuciones que el Código de Aguas y la ley en proyecto conceden a la Dirección de Aguas, así como al Director de Riego aquellas que se confieren al Director de Aguas. En igual forma deberán entenderse las referencias que se hagan a uno y otra, respectivamente.

No se han propuesto modificaciones a los Títulos VI y VII, correspondientes, respectivamente, a los bonos de la Reforma Agraria y al Consejo Nacional Agrario.

En el artículo 133,. del Capítulo VIII, sobre los Tribunales Agrarios, se agrega, entre las atribuciones exclusivas de los Tribunales Agrarios Provinciales, la de suspender a solicitud del propietario, la inscripción de dominio en favor de la Corporación en los casos establecidos en la ley y la de aplicar, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria la multa que impone el artículo 149 a quienes no cumplan con las obligaciones que en virtud de dicho artículo puede imponerles la Corporación en orden a efectuar ciertas declaraciones juradas acerca de diversos antecedentes técnicos, topográficos, con-

tables y de otro orden relativos a los predios poseídos, arrendados o explotados por ellos.

Para evitar trámites inútiles se establece expresamente en el artículo 137 que las multas que deban ceder en beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria sean consignadas en algunas oficinas de esa institución, lo que se completa con un inciso nuevo que se propone agregar en el artículo 156.

En el artículo 143, que permite bajo ciertas condiciones la realización de parcelaciones por personas naturales o jurídicas privadas se propone añadir, como exigencia, que en el caso de terrenos de aptitud exclusivamente forestal o agrícolas no arables cubiertos de bosques, deban realizarse ellas en conformidad a la legislación forestal.

Por las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título X se prohibe, en términos generales, a las sociedades de capitales la adquisición y explotación de predios rústicos, en la forma y con los detalles que allí se contemplan. La Comisión ha propuesto agregar en el artículo 145, como excepción, la adquisición de terrenos de aptitud exclusivamente forestal por parte de sociedades anónimas que tengan por objeto la forestación de dichos terrenos y su subsecuente explotación.

El artículo 157 es una de las disposiciones básicas del proyecto. El contiene las tablas y los coeficientes que marcan la equivalencia de las hectáreas de riego básicas, según la calidad y aptitudes de los suelos en las distintas provincias y regiones del país. El inciso tercero de dicho artículo autoriza al Presidente de la República para fijar en las provincias de Antofagasta y Chiloé la superficie, en hectáreas, que equivalen a 80 hectáreas de riego básicas, así como los coeficientes de conversión de las superficies de las diferentes categorías de terrenos a hectáreas de riego básicas, teniendo en cuenta las

características especiales de cada sector agrícola en particular.

En consideración a que iguales razones que para las provincias de Antofagasta y Chiloé se producen respecto de las de Aisén y Magallanes, por tratarse de zonas de características geológicas, edafológi-cas y climáticas especiales, se propone incluir en la atribución antedicha estas provincias australes y suprimir, en consecuencia, las equivalencias contempladas para ellas en el artículo 157.

El D. F. L. R. R. A. Nº 11, de 1963, en su artículo 22, contempla inhabilidades para la asignación y adquisición de predios de la Corporación, que la Comisión consideró excesivas, pues abarcan a parientes de funcionarios de dicha institución que nada tienen que ver ni decidir sobre la distribución de terrenos. Se propone, en consecuencia, la eliminación de tales prohibiciones agregando para ello un inciso en el artículo 159 del proyecto.

Se ha acordado proponer, finalmente, diversos artículos nuevos en el proyecto sometido al conocimiento de esta Comisión, tendientes a resolver casos cuyo análisis surgió del debate. Así, se faculta a las cajas de previsión para otorgar préstamos a sus imponentes que resulten asignatarios, en forma similar a diversas disposiciones previsionales vigentes en la actualidad para otros casos análogos.

Se establece en forma expresa que las indemnizaciones de las expropiaciones que se efectúen en conformidad a las disposiciones de la ley en proyecto se pagarán con cargo a los fondos que anualmente consulte la Ley de Presupuestos para dicho objetivo.

Se faculta al Consejo de la Corporación para alzar las prohibiciones que afecten a los predios vendidos por la ex Caja de Colonización Agrícola, siempre que se encuentre pagado en su totalidad el precio de venta de ellos.

El señor Ministro de Hacienda explicó en el curso del debate la estimación del costo del programa relativo a la aplicación de la Reforma Agraria, entre los años 1966 y 1972.

Sobre la base de promedios ponderados de valores determinados para ocho casos típicos de unidades agrícolas familiares, se llegó a un costo total para la instalación de una familia ascendente a E° 40. 250 compuesto en la siguiente forma:

Tierra Eº 18. 030

Infraestructura 10. 790

Capital de explotación 6. 300

Capital circulante 3. 100

Puesta en marcha 2. 030

Costo total Eº 40. 250

Esta suma total de Eº 40. 250 se gasta en el curso de veinticinco años. Así, por ejemplo, del valor de la tierra se gasta solamente un diez por ciento al contado, o menos y la infraestructura tiene, también un período de inversión que se ha calculado en cinco años. Por otra parte, debe considerarse, igualmente, un período inicial de tres a cuatro años sin recuperaciones, pasado el cual, el monto de aquellas es superior a los gastos que es necesario seguir haciendo, por lo que quedará un excedente neto.

Para completar el proceso de reforma respecto de cien mil familias, consideradas ya las dos mil que se incorporaron en el año 1965, se contempla el siguiente ritmo:

Nº de familias Nº acumulado

Año asentadas de familias

1966 4. 000 4. 000

1967 9. 000 13. 000

1968 12. 000 25. 000

1969 15. 000 40. 000

1970 18. 000 58. 000

1971 20. 000 78. 000

1972 20. 000 98. 000

Sobre la base de las cifras dadas y considerado el ritmo de progreso, el saldo por financiar por cada unidad agrícola familiar es, en el primer año, de formación del asentamiento, de Eº 11. 860.- , el segundo año de Eº 3. 860, el tercer año, de asignación de las unidades, de Eº 5. 700 y el cuarto año, de Eº 460.- , con un total para estos cuatro años de Eº 21. 880.

Para la estimación del costo del programa, en lo que se refiere a la tierra, se consideró el pago al contado de un 10% y el saldo en veinticinco años, como se ha dicho, más un 3% de interés. Por su parte, el asignatario paga un 2% al contado y el saldo, también, a veinticinco año, con 3% de interés.

Respecto de la infraestructura, se estima la reparación de la mitad de las casas, correspondiendo un 25% al primer año y otro 25% al segundo; la otra mitad deberá construirse en el término de cuatro años, con sólo un 5% el primer y segundo año, y un 25% el tercero, para completarse con un 15% en el cuarto año. La construcción de galpones se completa en cuatro años con 10% en el primero y segundo, 50% en el tercero y 30% en el cuarto. La construcción de edificios comunes se hará en los dos primeros años: un diez por ciento en el primero y el resto en el segundo. La construcción de cercos se haría por mitades en el tercero y cuarto años. La construcción de caminos en los tres años, con un 20% en el primero,

un 40% en el segundo y otro 40% en el tercero. Se contemplan obras de mejoramiento general también en los tres primeros años y la instalación de agua potable y alcantarillado en el tercero y cuarto, así como la de luz eléctrica, por mitades en el cuarto y quinto.

La Corporación aportará en cada año agrícola la totalidad del capital necesario para operar las sociedades de asentamiento, recuperándolo al final de cada año, con el diez por ciento de las utilidades que se obtengan de la explotación. Asimismo, otorgará a los asignatarios un crédito inicial para que adquieran su capital de explotación y créditos anuales durante diez años para financiar sus necesidades de capital circulante en proporciones sucesivamente decrecientes. El primero de estos créditos será pagado por sus beneficiarios en cuatro y en diez años, según los casos, y el segundo al final del año agrícola, más un 4% de interés.

Para poner en marcha los proyectos será necesario contar con un jefe de proyecto por cada doscientas a cuatrocientas familias, un auxiliar por cada treinta a cincuenta familias y un vehículo por cada treinta a cien familias.

Para poder hacer las 98. 000 unidades con el ritmo ya señalado, será necesario la siguiente inversión anual durante el decenio 1966-1975, (en miles de escudos de 1965):

Año Tierra Infraestructura Aportes a los asen Crédito asignta. Puesta e/march GASTO TOTAL

1966 7. 200 5. 460 31. 200 - 2. 820 46. 680

1967 18. 870 21. 720 108. 200 - 8. 170 156. 960

1968 30. 360 54. 640 179. 100 37. 600 14. 380 316. 080

1969 44. 020 96. 720 231. 000 95. 760 21. 960 489. 460

1970 59. 910 135. 360 282. 900 147. 830 29. 080 655. 080

1971 76. 500 167. 950 327. 000 205. 480 34. 580 811. 510

1972 91. 050 196. 230 346. 000 267. 780 38. 220 939. 280

1973 69. 790 190. 180 190. 000 324. 400 26. 390 800. 760

1974 71. 710 146. 090 - 362. 220 18. 200 598. 220

1975 73. 620 59. 320 - 205. 840 9. 100 347. 880

La composición porcentual de este gasto es la siguiente:

a;

1 5 I

O «

<! -2

£8

os

CD OS

^ S

Oh <

H «i

<) O

1966 15, 4 11, 7 66, 8 - 6, 1 100, 0

1967 12, 0 13, 8 69, 0 - 5, 2 100, 0

1968 9, 6 17, 3 56, 7 11, 9 4, 5 100, 0

1969 9, 0 19, 7 47, 2 19, 6 4, 5 100, 0

1970 9, 1 20, 7 43, 2 22, 6 4, 4 100, 0

1971 9, 4 20, 7 40, 3 25, 3 4, 3 100, 0

1972 9, 7 20, 9 36, 8 28, 5 4, 1 100, 0

1973 8, 7 23, 8 23, 7 40, 5 3, 3 100, 0

1974 12, 0 24, 4 - 60, 5 3, 0 100, 0

1975 21, 2 17, 0 - 59, 2 2, 6 100, 0

El financiamiento del gasto que implicará el proceso de Reforma Agraria es el siguiente: (en miles de Eº); y según

cuadro proporcionado también por el señor Ministro de Hacienda:

RECUPERACIONES GASTOS YA INCLUI-

DOS EN OTROS PRO-

GRAMAS

Año Gasto Total Retiros de los acenta mientos Amortización de créditos Vivienda Caminos Necesidad de nuevo financiamiento ()

1966 46. 680 - - 980 1. 150 44. 550

1967 156. 960 33. 080 - 3. 190 4. 750 115. 940

1968 316. 080 114. 720 1. 440 11. 000 10. 850 178. 070

1969 489. 460 190. 000 18. 550 24. 390 16. 510 240. 010

1970 655. 080 245. 130 57. 550 37. 010 21. 550 293. 840

1971 811. 510 300. 220 111. 970 47. 380 26. 110 325. 830

1972 939. 280 347. 138 179. 990 56. 500 30. 430 325. 230

1973 800. 760 367. 540 261. 140 58. 760 25. 920 87. 400

1974 598. 220 201. 800 346. 680 56. 960 13. 440 -

1975 347. 880 - 419. 470 28. 220 - -

Costo total en el quinquenio 1966-1970 Ffi 872. 410

Costo Total E° 1. 610. 870

() Palta por incluir las inversiones en riego y los créditos que están recibiendo actualmente de instituciones públicas los predios que serán expropiados, lo que reduce las necesidades de nuevo financiamiento.

Debe recalcarse que este nuevo financiamiento, es sólo una colocación, ya que esos fondos son totalmente recuperado", en los años siguientes, al amortizar sus deudas los asignatarios.

Cabe destacar, como está indicado en el cuadro, que dos de los rubros corresponden a costos actuales de los Ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas, o sea, las inversiones en habitaciones y caminos, y forman parte de los programas ordinarios de inversiones de capital del Estado.

Según explicó el señor Ministro, la diferencia entre el financiamiento a base de la emisión de bonos y el costo anual real de la inversión deberá ser consultada anualmente en la Ley de Presupuesto de Gastos de la Nación, para lo cual, como se ha dicho, la Comisión acordó agregar un artículo nuevo que así lo dispone expresamente. El estudio expuesto son las metas que se consideran factibles y la prioridad deberá otorgarla el Ejecutivo mediante el mecanismo presupuestario corno órgano de planeamiento a corto plazo.

Por lo que respecta a la capacidad de pago de los asignatarios, ella ha sido calculada sobre la base de estudios practica-

dos principalmente por la Corporación de la Reforma Agraria, que atribuyen una utilidad neta de seis mil escudos en oi año a cada uno.

El procedimiento de la emisión de los bonos, sus características, modalidades, transferibilidad, posibilidades ele utilización y amortización están contemplados en los artículos 120, 121, 122 y 123 clel proyecto, que no fueron objeto de enmiendas por parte de la Comisión. El primero de ellos autoriza la emisión de hasta mil millones de escudos en tales valores, que se denominarán "Bonos de la Reforma Agraria", que se aplicarán a! pago de los sel-dos a plazo de las indemnizaciones previstas en la ley en proyecto.

El informe de la Comisión técnica analiza detalladamente las disposiciones mencionadas. En cuadro proporcionado también por el señor Ministro se contiene el desarrollo de la emisión en los diez años sucesivos hasta 1975, en la siguiente forma:

Año Emisión necesaria Emisión acumulada Amortización del Estado Amortización de los asignatarios Saldo por financiar Saldo Acumulado

1966 64. 800

1967 145. 800 2. 670 2. 670

1968 194. 400 8. 760

1969 243. 000 17. 020 1. 440 7. 320

1970 291. 600 939. 600 27. 510 6. 150 10. 870

1971 325. 800 40. 300 13. 850 13. 660 34, 520

1972 325. 800 54. 850 23. 930 16. 370

1973 69. 790 36. 440 18. 410

1974 71. 710 51. 130 18. 660

1975 1. 591. 200 73. 620 67. 080 4. 700 - 2. 460 92. 660

Con los antecedentes y por las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Suprimir el inciso segundo del Nº 1 de la letra c).

Suprimir el inciso segundo del Nº 2 de esta misma letra.

Consultar las siguientes letras nuevas:

"... ) Pradera mejorada: aquella que sea sometida a métodos especiales de manejo, como ser abonadura, control de malezas, regulación del pastoreo, etc., dirigidos a proteger, conservar y acrecentar las especies forrajeras naturales bajo explotación, la fertilidad del suelo y demás recursos naturales renovables. "

"... ) Suelos de secano arables son aquellos cuyo único recurso de agua proviene de las lluvias, que pueden ser cultivados variando su uso desde muy intensivo hasta ocasional, y que en el caso de ser cultivados con riesgos de deterioro o pérdida de su capacidad productiva, ésta puede ser mantenida con medidas de conservación. "

Artículo 5º

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo....- Son expropiables los predios rústicos que hubieren resultado de la división de un predio de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, cuando la división se haya efectuado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964, siempre que a la iniciación del año agrícola inmediatamente siguiente a la fecha de la división no se haya hecho materialmente efectiva la división de la explotación y los predios resultantes de la subdivisión no hayan sido objeto de explotación personal o efectiva, independiente y de modo ininterrumpido.

Todos los predios que no cumplan los requisitos anteriores serán expropiables, cualesquiera sean sus propietarios y su superficie.

La prueba de que el predio ha sido explotado personal o efectivamente y en forma independiente de modo ininterrumpido desde la iniciación del año agrícola inmediatamente posterior a la fecha de la división corresponderá siempre al propietario.

Esta causal de expropiación sólo será aplicable por el plazo de tres años a contar de la vigencia de la presente ley, res-

pecto de los predios que se hayan dividido con anterioridad a ella.

Artículo 7º

Reemplazar la forma verbal "infringio-ran" por "infringieren".

Artículo 14

En el inciso primero suprimir el vocablo "preferente".

En el inciso tercero sustituir el párrafo que se inicia "podrá optar a que ésta... " hasta el final, por el siguiente, reemplazando la coma por un punto seguido: "En tal caso dicha persona podrá optar a que la Corporación le enajene terrenos de hasta 80 hectáreas de riego básicas en el predio expropiado. En todo caso deberá cumplir las condiciones señaladas en los incisos anteriores. "

En el inciso sexto reemplazar el guarismo "8º%" por "70%".

En el inciso final reemplazar la expresión "abonos a ella" por "abonos anticipados de ella".

En el mismo inciso sustituir la expresión "el pago anticipado o el abono" por "el pago o el abono anticipados".

Artículo 16

En el inciso primero del número 5 reemplazar la palabra "provincia" por la expresión "de la escala B del Departamento respectivo".

En el inciso segundo de este mismo número agregar a continuación de la palabra "empleados" la expresión "u obreros".

Artículo 18

Consultar la siguiente letra nueva: "... ) Que los empleados y obreros de la empresa vitivinícola integrada, con excepción de aquellos que el reglamento determine, sean dueños de a lo menos el 10% del total de acciones de la sociedad y ten-

gan en el directorio a lo menos un miembro. "

Artículo 20

En el inciso primero reemplazar la expresión "condiciones que le permitieron" por "condiciones que les permitieron".

Artículo 22

En el inciso primero suprimir la frase que dice: "En todo caso, dichos terrenos no serán expropiables... " hasta el final.

En el inciso tercero agregar a continuación de "corresponde al" lo siguiente: "Director de Agricultura y Pesca del".

Artículo 39

Consultar el siguiente inciso segundo nuevo:

"Para los efectos de esta ley se estimarán como mejoras útiles el vuelo de los bosques naturales y artificiales, las viñas y los árboles frutales existentes en el predio".

En el inciso segundo, que pasaría a ser tercero, reemplazar la forma verbal "construyeron" por "hicieron".

Artículo 50

Agregar al final del inciso cuarto, la siguiente frase, suprimiente el punto (. }: "pero sujetos en todo caso a la forma de pago, plazo o condiciones que correspondan en conformidad a esta ley".

Artículo 54

Reemplazar la frase final que dice: "el pago anticipado o el abono" por "el pago o el abono anticipado".

Artículo 56

En el inciso primero reemplazar la expresión "deber quedar éste" por "tener que quedar éste".

Artículo 61

Agregar a continuación de la expresión "asignaciones mixtas, " la siguiente frase: "esto es, aquellas en que un asignatario, recibe tierras parte en propiedad exclusiva y parte en común, ".

Artículo 62

En el inciso segundo reemplazar la frase final que dice: "Los asignatarios de los terrenos desarbolados referidos estarán obligados a forestarlos en la forma y plazo que la Corporación determine" polla siguiente: "Los asignatarios de bosques no podrán utilizarlos con un fin distinto de aquel para el cual fueron asignados y en el caso de asignaciones de terrenos desarbolados de aptitud exclusivamente forestal, los asignatarios estarán obligados a forestarlos en la forma y plazo que la Corporación determine. Los asignatarios deberán, en todo caso, cumplir con la legislación forestal".

Artículo 63

Consultar la siguiente letra nueva a continuación de la d), suprimiendo en ésta la conjunción "y":

"... ) Ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de una familia como jefe de ésta. "

Artículo 64

En la letra a) reemplazar la frase: "No regirá esta causal de preferencia para el campesino a quien se le haya declarado caducado el contrato de trabajo por sentencia judicial" por la siguiente: "No regirá esta causal de preferencia a quien se le haya declarado legalmente terminado su contrato de trabajo por alguna de las causales establecidas en el artículo 2º de la ley Nº 16. 455, con excepción de las señaladas en los Nºs 1, 8 y 10".

Suprimir la letra e).

Artículo 65

Agregar en el inciso primero después de la expresión "tendrá la obligación de venderlos a la Corporación de la Reforma Agraria" lo siguiente: "siempre que ésta lo requiera para ello".

En el inciso segundo reemplazar la expresión inicial "Si el campesino fuere comunero" por "Cuando el campesino fuere comunero".

Artículo 67

En la letra c) reemplazar la expresión "salvo permiso en contrario de la Corporación de la Reforma Agraria" por "salvo autorización de la Corporación de la Reforma Agraria".

Artículo 73

En el inciso primero reemplazar la referencia "el artículo 59" por "los artículos 59 y 61".

En el inciso segundo reemplazar la expresión "se computarán a la unidad agrícola" por "se imputarán en la unidad agrícola".

Artículo 74

Reemplazar el inciso primero por el siguiente: "Los empleados y los obreros agrícolas de un predio adquirido por la Corporación de la Reforma Agraria, que hayan trabajado en forma permanente en dicho predio, por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a la fecha de la adquisición y que, no obstante reunir los requisitos para ser asignatarios de tierras, no reciban ésta, pese a haberlo solicitado, tendrán derecho a una indemnización especial que para los primeros será equivalente a un sueldo vital mensual de la provincia en que se encuentre ubicado el predio por cada año trabajado en el mismo y para los segundos, equivalente

a treinta salarios mínimos diarios para obrero agrícola de la provincia en que se encuentre ubicado el predio, por cada 52 semanas trabajadas en el mismo. No tendrán derecho a esta asignación los empleados y obreros que hayan puesto término voluntariamente a su contrato de trabajo o se le haya declarado legalmente terminado por alguna de las causales establecidas en el artículo 2º de la ley número 16. 455".

En el inciso final reemplazar la expresión "a menos que la hubieren destinado íntegramente" por la siguiente: "a menos que hubieren destinado un 50% como mínimo".

Artículo 79

En el inciso cuarto agregar después de la expresión: "La Corporación lo determinará" por la siguiente frase: "no pu-diendo fijar una cuota al contado inferior al 1% ni superior al 10% del valor de los bienes y el saldo deberá pagarlo en cuotas anuales iguales que no podrán ser menos de 5 ni más de 15.

El 70% del valor de cada cuota anual del saldo de precio se reajustará en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de la escritura respectiva, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en un cincuenta por ciento del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva cuota".

En el mismo inciso cuarto suprimir la expresión "y las condiciones de pago".

Artículo 83

En el inciso primero reemplazar la expresión "de hasta el monto" por la siguiente "no inferior al monto".

En el inciso final reemplazar la expresión "el pago anticipado o el abono" por "el pago o el abono anticipado".

Artículo 86

En el inciso segundo reemplazar la frase "salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Aguas||AMPERSAND||quot; por la siguiente: "salvo los casos expresamente contemplados en el Código de Aguas".

Artículo 87

En el inciso segundo reemplazar la expresión: "esta ley" por "este Título".

Artículo 88

Reemplazar la expresión "esta ley" por "este Título".

Artículo 89

Reemplazar la expresión "en los períodos de riego y en la medida necesaria para esos fines" por la siguiente: "cuando exista la necesidad de regar y en la medida adecuada para ese objetivo".

Artículo 90

Reemplazar desde el inciso segundo hasta el final del artículo por lo siguiente: "La construcción de pozos en contravención con las disposiciones dictadas en virtud del inciso primero de este artículo, como también al uso indebido de la fuente de agua subterránea podrá ser sancionado por la Dirección de Aguas con una multa, a beneficio fiscal, de un monto equivalente hasta 5 sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de San-

tiago, sin perjuicio de que pueda ordenar la suspensión del uso o de la construcción, según proceda. En caso de reincidencia, el monto de la multa se duplicará por cada nueva infracción y la Dirección de Aguas podrá cegar el pozo.

Se estimará que existe uso indebido de la fuente de agua subterránea, cuando se haga uso de ella pese a que el correspondiente derecho de aprovechamiento haya sido caducado o extinguido o cuando no haya sido solicitado o le haya sido denegada la concesión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección de Aguas podrá ordenar la paralización de las obras de construcción del pozo y el cegamiento de la fuente de agua subterránea cuando estime que su sola existencia causa perjuicios a terceros o destruye la napa subterránea. En caso que el particular afectado se negare a cegar la fuente, la Dirección de Aguas podrá hacerlo por cuenta de aquél.

La resolución que establezca el pago de la multa, así como el cobro de los gastos que realice la Dirección para cegar el pozo, tendrán el carácter de título ejecutivo para los efectos del cobro por la vía judicial".

Artículo 92

En el inciso segundo agregar a continuación de la expresión "podrá realizar" la siguiente: "o encomendar a otro servicio del Estado o a Instituciones o Empresas del mismo".

En el inciso tercero reemplazar la palabra "usuarios" por "beneficiarios".

Consultar el siguiente inciso a continuación del tercero: "Cuando las obras sean realizadas por los usuarios y éstas beneficien a terceros, la Dirección de Aguas determinará la forma y condiciones en que éstos deberán concurrir a los gastos".

Agregar a continuación del inciso séptimo el siguiente inciso final: "La Direc-

ción de Aguas podrá formar la Asociación de Canalistas en el cauce artificial unificado o exigir a los usuarios su constitución".

En el inciso sexto reemplazar la expresión "al comienzo del año agrícola... " hasta el final por la siguiente: "en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor determinado por la Dirección de Estadística y Censos".

Artículo 94

En el inciso primero agregar lo siguiente en punto seguido: "Efectuado el cambio, se extinguirá el derecho de aprovechamiento anterior. Con tal fin, la Dirección podrá encomendar a otros servicios o a Empresas o Instituciones del Estado la realización de los estudios y trabajos correspondientes".

Agregar a continuación del inciso primero, el siguiente nuevo:

"Con el fin establecido en el inciso anterior, la Dirección de Aguas podrá encomendar a otros servicios del Estado o a Empresas o Instituciones del mismo, la realización de los estudios y trabajos correspondientes".

En el inciso segundo reemplazar las expresiones "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

En el mismo inciso sustituir la palabra "usuarios" por "beneficiarios".

En el inciso tercero reemplazar las palabras "en mora en los pagos" por las siguientes: "en mora en el pago".

En el inciso final reemplazar la expresión "correspondiente a la Dirección" por "correspondiente de la Dirección".

Artículo 95

Reemplazarlo por el siguiente: "Las atribuciones que el Código de Aguas confiere al Presidente de la República en los artículos 23, 31, 36, 48, 71, 161, 171, 212, 267, 269, 271, 277, 285 y 290, serán ejer-

cidas, mediante resoluciones, por el Director de Aguas".

Artículo 96

En el inciso segundo agregar a continuación de la frase: "el correspondiente proyecto de distribución de las aguas" ¡a siguiente: "con sus antecedentes completos".

Reemplazar el inciso tercero por el siguiente: "La Dirección de Aguas deberá pronunciarse sobre el proyecto de distribución de aguas dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de su presentación".

Artículo 97

En el inciso tercero agregar después de la expresión "si las hubiere y directamente" lo siguiente: "en caso contrario, las observaciones".

En el inciso final agregar la siguiente frase, reemplazando el punto (. ) por un a coma (, ): "el que se publicará de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo ||AMPERSAND||quot;.

Artículo 101

En la letra d) suprimir las palabras "fuera de los períodos de riego".

Artículo 103 '

Reemplazar el inciso final por los siguientes: "Para los efectos de lo dispuesto en los incisos anteriores, corresponde a la Dirección de Aguas, determinar por medio de resolución fundada el área que tenía regada el predio afectado.

La Dirección de Aguas tomará en consideración al dictar la resolución fundada los antecedentes proporcionados por el propietario, los que deberán presentarse dentro del plazo que ella le fije, el que no podrá ser inferior a 60 días. En caso que el propietario no proporcionare los ante-

cedentes solicitados o lo hiciere en forma incompleta, la Dirección resolverá con los antecedentes que tenga a la vista".

Artículo 104

En el inciso primero, agregar a continuación de la expresión: "si en aquella no lo hubiere" lo siguiente, en punto seguido: "Si el inmueble afectado se encontrare ubicado en más de un departamento o en más de una provincia, se podrá hacer tal publicación en cualquiera de ellos. "

Artículo 105

Reemplazar el inciso segundo por el siguiente: "La parte al contado de la indemnización que corresponda pagar en conformidad al artículo 103, se aumentará hasta el monto de las inversiones efectuadas en obras hidráulicas por el titular de los derechos de aprovechamiento durante los 5 años anteriores a la Resolución que declare la extinción total o parcial de los referidos derechos. Para estos efectos no se tomará en cuenta el monto de las inversiones efectuadas con anterioridad al 4 de noviembre de 1964".

Reemplazar el inciso final por el siguiente: "El monto de las indemnizaciones que corresponda pagar en conformidad al artículo 103 se fijará por la Dirección de Aguas en la Resolución correspondiente".

Agregar el siguiente inciso nuevo: "El monto de las indemnizaciones que procedan en conformidad al inciso segundo del artículo 91 o a los números 5 y 33 del artículo 114, se determinará de común acuerdo entre la Institución o Empresa del Estado y el dueño del predio, o entre los beneficiarios y los dueños del cauce u obras, según corresponda. Si no hubiere acuerdo, la determinación la hará el Juez de Letras de Mayor Cuantía del Parta-mento en que esté ubicado el predio, la bocatoma del canal respectivo o la obra de riego en cuestión, según sea el caso,

previa audiencia de la Dirección de Aguas".

Artículo 106

Consultar el siguiente inciso nuevo: "El Director de Aguas, por sí o por delegado, podrá requerir del Intendente o Gobernador respectivo el auxilio de la fuerza pública, que le será facilitada con facultades de allanamiento y descerrajamiento para el cumplimiento de las resoluciones que dicte en el ejercicio de las atribuciones que le confieren el presente Título y el Código de Aguas".

Artículo 108

En el inciso primero, agregar a continuación de la expresión "si en aquella no lo hubiere" lo siguiente en punto seguido: "Si el inmueble afectado se encontrare ubicado en más de un departamento o en más de alguna provincia, se podrá hacer tal publicación en cualquiera de ellos".

En el inciso segundo agregar las siguientes palabras finales, cambiando el punto por una coma: "y todos sus efectos".

Artículo 109

Consultar el siguiente inciso a continua-ción del tercero: "La Dirección de Aguas podrá, una vez otorgados los derechos a que se refiere el inciso anterior, exigir en los plazos y condiciones que ella determine, la constitución de Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de Aguas en los cauces comprendidos en las áreas de racionalización, bajo apercibimiento de que las constituya la propia Dirección por cuenta y cargo de los titulares de los respectivos derechos de aprovechamiento".

En el inciso final reemplazar las palabras "de la presente ley" por "del presente Título y el Código de Aguas".

Artículo 114

Consultar el siguiente número nuevo a continuación del 3º: Nº... ) Reemplázase en el inciso primero del artículo 15, la palabra "aprovechamiento" por "uso".

Reemplazar el Nº 5 por el siguiente: "5.- Reemplázase el artículo 21 del Código de Aguas, por el siguiente:

La Dirección de Aguas podrá autorizar el uso de un cauce artificial u obras construidas a expensa ajena, para conducir aguas destinadas al riego o a otros usos. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a que los beneficiarios le indemnicen los perjuicios efectivos que le ocasionen, pero no se hará acreedor a indemnización por el sólo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.

En caso de requerirse el ensanche del cauce o realizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello origine serán de cargo exclusivo de los beneficiarios, así como las indemnizaciones a que pudiere tener derecho el dueño del suelo, en conformidad a las disposiciones del Título VIII del Libro I.

El uso de dichos cauces u obras se hará efectivo en la forma y condiciones que la resolución de la Dirección de Aguas determine y desde la fecha que en ella se indique".

En el Nº 12 reemplazar la palabra "regadío" por "riego".

En el Nº 14 sustituir en el encabezamiento la expresión "el siguiente" por "los siguientes" y consultar el siguiente inciso nuevo: "En las mercedes de riego se entenderá siempre comprendida la autorización para extraer el agua necesaria para la bebida y uso doméstico de los habitantes del predio, así como la necesaria para el abrevamiento del ganado del mismo, a menos que expresamente se estableciere lo contrario".

El Nº 33 reemplazarlo por el siguiente:

"Reemplázase el Nº 3 del artículo 106, por el siguiente:

"Soportar la introducción de nuevas aguas al cauce, aunque sea de su dominio exclusivo. El dueño del cauce u obras sólo tendrá derecho a que los beneficiarios le indemnicen los perjuicios efectivos que le ocasionen, pero no se hará acreedor a indemnización por el sólo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios contribuirán en el futuro a los gasto:; comunes que origine la utilización de aquéllos.

En caso de requerirse el ensanche del cauce o realizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello origine serán de cargo exclusivo de los beneficiarios, así como las indemnizaciones a que pudiere tener derecho el dueño del suelo, en conformidad a las disposiciones del Título VIII del Libro I".

A continuación del Nº 35 consultar los siguiente:

"... ) Reemplázase el inciso primero del artículo 117, por el siguiente: "Cada accionista, por el hecho de serlo, tiene derecho al número de votos que resulte de dividir el número total de acciones por el número total de accionistas. Además, cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea. "

"... ) Reemplázase en el artículo 119 la frase "acciones representadas" por la frase "votos emitidos".

"... ) Reemplázase el inciso segundo del artículo 124, por el siguiente: "En las elecciones los votos serán unipersonales y resultarán elegidos los que en una misma votación hayan obtenido el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir. "

"... ) Agregar al artículo 125 la siguiente frase: "Esta Junta General deberá celebrarse, a más tardar, dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha que correspondió celebrar la Junta General Ordinaria. Si así no se hiciere, los Directores quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente el cargo. La Dirección de

Aguas podrá dejar sin efecto la inhabilidad cuando lo estime conveniente".

"... ) Reemplázase en el inciso primero del artículo 143 la frase "de los derechos de agua" por la frase "del total de votos en la Asociación".

"... ) Reemplázase en el inciso primero del artículo 158 la frase "de los derechos de agua" por la frase "del total de votos en la Comunidad".

Reemplazar el Nº 39 por el siguiente: "Reemplazar el inciso primero del artículo 181 por el siguiente: "Las servidumbres legales se constituirán sin perjuicio de la posterior determinación y pago de las indemnizaciones que correspondan".

En el Nº 40 reemplazar el inciso segundo por el siguiente: "Reemplázase el inciso final del mismo artículo por el siguiente: "La resolución de la Dirección de Aguas que determine el monto de la contribución que corresponda efectuar al dueño del cauce será reclamable, dentro del plazo de 15 días, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que resolverá en única instancia, procediendo breve y sumariamente".

A continuación del Nº 52 consultar el siguiente:

"... ) Para reemplazar en el inciso segundo del artículo 261, las palabras "Esta publicación se hará por tres veces" pollas siguientes: "El trámite de la publicación se hará por dos veces".

Artículo 116

Consultar el siguiente inciso nuevo: "Reemplázase el artículo 2º de la misma ley, por el siguiente: "El Banco del Estado de Chile podrá otorgar préstamos a las Asociaciones de Canalistas o Juntas de Vigilancia para la construcción de obras de riego hasta el setenta y cinco por ciento del valor conjunto de las obras y de los bienes de la respectiva Asociación o Junta".

Artículo 117

En el inciso tercero suprimir la palabra "ordinaria".

Artículo 118

Consultar el siguiente inciso nuevo: "Para los efectos del inciso anterior, el Tesorero Provincial pondrá a disposición de la Dirección de Aguas las sumas recaudadas".

Artículo nuevo, a continuación del 18

Consultar el siguiente: "Corresponderá a la Dirección de Riego, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, el cumplimiento, en forma exclusiva, de las funciones que el presente Título y el Código de Aguas confieren a la Dirección de Aguas, así como al Director de Riego aquellas que se confieren al Director de Aguas.

Todas las referencias a la Dirección General de Aguas o al Director General de Aguas que existen en leyes, reglamentos o decretos, se entenderán hechas a la Dirección de Aguas y al Director de Aguas, respectivamente".

Artículo 119

En el inciso primero, a continuación de las palabras "el Código de Aguas", agregar después de una coma, lo siguiente: "el artículo 8º de la Ley Nº 9909 y el Reglamento sobre atribuciones de la Dirección General de Aguas en las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua".

Artículo 131

En el inciso primero agregar la siguiente frase, cambiando el punto por una coma: "a menos que la que estuviere percibiendo fuese superior".

Artículo 133Artículo 145

Reemplazar la letra d) del inciso primero por la siguiente "d) De la solicitud del propietario para que se suspenda la inscripción de dominio a favor de la Corporación de la Reforma Agraria o la toma de posesión material del predio expropiado, en los casos expresamente establecidos en la presente ley". Agregar letra: "r) Aplicar, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria, la multa a que se refiere el artículo 149".

En el inciso segundo reemplazar las referencias a "letras a), b), c), f), g), k), 1), m), n), ñ), o) y q)" por las siguientes "letras a), b), c), f), g), k), 1), m), n), ñ), o), q) y r).

Artículo 134

Reemplazar las palabras "del lugar" por "de la provincia".

Artículo 135

En el inciso segundo reemplazar la forma verbal "sucedidos" por "acaecidos".

Artículo 137

En el inciso primero agregar la siguiente frase final, cambiando el punto (. ) por una coma (, ): "a menos que la multa sea a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, en cuyo caso el porcentaje referido se consignará previamente en alguna de las Oficinas de esta Institución".

Artículo 143

En el inciso 1º sustituir la conjunción "y" que antecede a la letra c) y agregar lo siguiente: "y d) que las parcelaciones de terrenos de aptitud exclusivamente forestal o agrícola no arables cubiertos de bosques, se realicen de acuerdo con la legislación forestal".

Consultar el siguiente nuevo inciso: No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán adquirir predios rústicos, siempre que estén constituidos en su totalidad por terrenos de aptitud exclusivamente forestal, las sociedades anónimas que tengan por objeto la forestación de dichos terrenos y su subsecuente explotación".

Artículo 148

En el inciso final reemplazar la referencia "al artículo 59" por "a los articulos 59 y 61".

Artículo 149

En los incisos primero y cuarto a continuación de las palabras "declaraciones juradas" agregar las siguientes: "por escrito".

Artículo 150

En el inciso primero sustituir la palabra "público" por "pública".

En el inciso final reemplazar "y de las de los Capítulos" por "y las de los Capítulos".

Artículo 156

Consultar el siguiente inciso nuevo: "Siempre que se establezca que una multa es a beneficio de la Corporación de la Reforma Agraria, se consignará directamente en alguna de las Oficinas de esa Institución, la que deberá otorgar el comprobante correspondiente".

Artículo 157

En el inciso tercero reemplazar la expresión "a las provincias de Antofagasta y Chiloé" por la siguiente: "a las provin-

cias de Antofagasta, Chiloé, Aisén y Magallanes".

Suprimir las equivalencias correspondientes a Aisén y Magallanes.

Artículo 159.

Consultar el siguiente inciso nuevo: "Suprímese el inciso 2º y la última frase del inciso 3º, reemplazando la coma (, ) por un punto (. ) del artículo 22 del D. F. L. RRA. Nº 11, de 1963".

Artículo nuevos

Consultar los siguientes:

"Artículo -... Facúltase a las Cajas de Previsión para que, en caso que algún imponente resultare asignatario de la Corporación de la Reforma Agraria, puedan hacerle préstamos a fin de que pague su valor".

"Artículo-... Las indemnizaciones de las expropiaciones que se efectúen en conformidad a las disposiciones de la presente ley, se pagarán con cargo a los fondos que la Ley de Presupuesto Fiscal destine anualmente para este objetivo".

"Artículo...- El Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria podrá autorizar el alzamiento de las prohibiciones de gravar y enajenar de las parcelas vendidas por la ex-Caja de Colonización Agrícola bajo el imperio de las leyes 4. 496 y 5. 604, y D. F. L. 397 de 1953 y D. F. L. Nº 76 de 1960, siempre que sus actuales propietarios paguen o hayan pagado íntegramente el precio de venta y no tengan ninguna otra obligación pendiente para con la Corporación.

Las personas que hagan uso de este beneficio perderán su calidad de colonos para todos los efectos legales".

Artículo 1º transitorio

Agregar el siguiente inciso nuevo, después del tercero;

"Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo no se aplicará respecto de aquellos predios que se hayan subdividi-do, durante dicho período, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley RRA. Nº 14, de -963".

Sala de la Comisión, a 18 de mayo de 1766.

Acordado en sesiones de fechas 4, 5, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 1966, con asistencia de los señores Irureta (Presidente), Acevedo, Acuña, Canales, Aravena, don José Andrés, Cerda, don Eduardo, Fuentealba, Lorca, don Alfredo, Maira, Fenna, Phillips, Rioseco, Rosales, Urra y Zorrilla.

Se designó Diputado Informante al H. señor Maira.

(Fdo. ): Jorge Lea-Plaza Saenz", Secretario de la Comisión".

Se va a  leer la Cuenta.

-El señor Prosecretario da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.