Labor Parlamentaria

1.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Ha sido preocupación fundamental del actual Gobierno y parte integrante del programa que ofreció al país, la reforma de las estructuras vigentes. Dentro de ellas, ocupa lugar muy importante y preferente, la reforma integral del régimen comunal chileno, de tal modo que éste represente auténticamente al pueblo organizado.

Conjuntamente con el Proyecto de Ley sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, que actualmente se encuentra sometido a vuestra consideración, el conjunto de normas que en esta oportunidad se acompaña, reúne toda la importancia que, dentro de una forma de Gobierno dinámica y democrática, debe tener el régimen municipal.

Como es sabido, los municipios constituyen la institución más antigua de la República. Nacidos junto con la llegada de los conquistadores, tuvieron el importante papel de estructura los primeros núcleos urbanos, reglamentar la vida y la convivencia ciudadanas y regular la participación de los habitantes del país en las primeras actividades.

Posteriormente, durante la República y

a partir de 1854, se ha legislado periódicamente sobre los municipios procurando configurar la administración comunal entre las distintas bases. No obstante, ninguna de aquellas leyes logró adecuarse a la realidad y a las necesidades locales y nacionales, ni pudieron dar efectiva solución a los problemas comunales.

La Municipalidad, como Organismo de Administración Local, participa en la obligación de realizar los servicios necesarios y procurar el bienestar general de la población que integra la respectiva comuna. Para obtenerlo debe ser autónoma, si bien en cuanto dicha acción repercutirá necesariamente más allá de los límites territoriales asignados a cada comuna, esta autonomía debe someterse al bienestar general de todo el país.

La autonomía municipal ha sido una de las fundamentales conquistas de nuestro sistema político y ha llegado a ser absolutamente necesaria para la mejor administración de las comunas. El Gobierno tiene el más decidido propósito de respetarla, si bien considera imprescindible que la acción municipal se vincule y realice en armonía con los planes nacionales de mejoramiento de la comunidad.

De acuerdo a ésto la Municipalidad debe ser establecida pensando tanto en su enlace con las organizaciones vecinales y comunitarias, como en su conexión con la estructura político-administrativa general, en cuanto a que debe actuar coordinadamente 'en ambos sentidos. El aislamiento compromete la eficacia de los esfuerzos.

El proyecto que ahora presentamos a la consideración del Parlamento, procura armonizar estos conceptos.

Así, se mantiene la posibilidad de que dos o más Municipalidades convengan la atención o la ejecución de servicios u obras que sean de beneficio para las respectivas comunas. A la vez, se permite que las propias comunas interesadas o el Intendente, puedan establecer materias relacionadas con asuntos de su competencia. Igualmente, se faculta a los Municipios

para constituir empresas o servicios autónomos con el fin de explotar actividades industriales o comerciales que vayan en beneficio directo de la comunidad.

Como consecuencia de lo anterior, se establece que las Municipalidades, en el ejercicio de sus atribuciones, deben actuar en en forma coordinada con las autoridades, armonizando sus gestiones con la planificación general del país.

El proyecto que ahora presentamos, establece que los poderes del Estado sólo tendrán, respecto de los municipios, las facultades fiscalizadoras y correctivas que expresamente les otorguen la Constitución Política del Estado y las leyes que la complementen. Asimismo, expresa que se relacionarán con el Gobierno Central, mientras la Constitución y la ley no creen un Organismo específico, a través de los subdelegados, y del Intendente Provincial respectivo.

La relación con la comunidad está contemplada también en algunos artículos del proyecto. Ella representa el pensamiento planteado en el programa de Gobierno. La participación del pueblo en la administración comunal, antigua idea que venía de la época del Imperio Romano, se había perdido o distorsionado a través del tiempo. Por lo tanto, el proyecto sobre régimen municipal, que necesariamente debe formar un conjunto con el de Juntas de Vecinos y con las Reformas Constitucionales, pretenden que el pueblo no sólo se limite a elegir a sus representantes por medio del sufragio sino que, yendo más allá y a través de las Juntas de Vecinos y sus Uniones Comunales, participe en la labor edilicia colaborando con la Corporación. De este modo el Municipio representará las fuerzas vivas de la comunidad y tendrá el mejor apoyo para llevar sus problemas al nivel provincial y nacional a fin de buscar su más pronta solución.

Al presentar este proyecto, consideramos que un verdadero régimen democrático involucra la participación del pueblo desde su célula más pequeña.

El número de Regidores estará, según este proyecto, en proporción ajustada al número real de habitantes, buscando con ello una manera de hacer más representativa de composición de este Organismo.

La iniciativa contiene nuevas normas sobre elección de Alcaldes, funciones de éstos y atribuciones de la Corporación de Regidores, todo lo cual tiende a agilizar la forma de operación de estos órganos. Se establece, asimismo, la inamovilidad funcionaría en favor de los Regidores desde la presentación de su candidatura y hasta seis meses después de terminado su mandato, como una manera de caucionar la independencia de sus importantes funciones.

Se mantienen las atribuciones de la Contraloría General de la República como elemento de control y fiscalización del sistema financiero municipal. A la vez, se aclaran las propias funciones del Tesorero Comunal, diferenciando sus atribuciones de las que corresponden al cargo de Director de! Presupuesto y Control. Igualmente se tiende a evitar la discontinuidad administrativa que puede producirse entre un período de mandato municipal y otro que lo siga, procurando que los presupuestos sean verdaderos programas de larga acción, sin perjuicio de las necesidades a corto plazo, que deben satisfacer.

Por último, se da un estatuto más completo a la actual Confederación Nacional de Municipalidades, organismo que agrupa a todos aquellos municipios del país, entregándole asesoría en diversos aspectos de interés edilicio y encargándola de velar por el prestigio de la función municipal. De ella dependerá una Central de Compras para beneficio de los municipios, especialmente los de comunas con menores recursos, y un Instituto de Estudios Municipales para que dicte cursos y seminarios de especialización a Regidores y funcionarios, pudiendo hacer convenios con las Universidades y otras institucio-

nes, a fin de crear la especialidad de técnico en administración municipal.

La forma como aborda estas materias el proyecto de ley que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara, tiende a dar a la Institución Municipal una nueva visión y una nueva estructura, más moderna y dinámica, devolviendo a estos organismos la función social que deben tener dentro de la vida local del país, y cuya importancia y trascendencia el Gobierno reconoce y estimula. Incuestionablemente que la tramitación parlamentaria de esta iniciativa permitirá su perfeccionamiento y otorgará a las Corporaciones Municipales el nuevo' estatuto que ellas precisan para el adecuado cumplimiento de su cometido institucional.

El proyecto que en esta ocasión presento al Congreso Nacional no se refiere ni a la legislación sobre rentas municipales ni al estatuto aplicable al personal de empleados y obreros de esas Corporaciones, materias acerca de las cuales someteré un conjunto de disposiciones en un futuro próximo, previo término de los estudios que sobre el particular está efectuando el Gobierno.

En mérito de las razones precedentes, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente,

PROYECTO DE LEY SOBRE ADMINISTRACION COMUNAL

TITULO I

De la Administración Comunal y de las Municipalidades

Artículo 1°.- La administración de los intereses locales en las comunas del país será ejercida por las Municipalidades con la colaboración directa y responsable de los vecinos y de las agrupaciones vecinales destinadas al estudio y solución de los problemas de la comunidad local, en la forma y con las atribuciones que de-

termine esta ley y otras que la complementen.

Artículo 2°.- Habrá una Municipalidad en cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley. La creación de nuevas comunas así como la supresión de las existentes será materia de ley, la que deberá señalar concretamente los límites y la subdelegación completa que va a formar el nuevo territorio y la localidad donde se establecerá su cabecera.

Artículo 3°.- Las Municipalidades gozarán de plena autonomía en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, sin perjuicio de la fiscalización y supervigilancia a que están sometidas de acuerdo con la Constitución Política y las leyes.

TITULO II

De las funciones y atribuciones municipales

Artículo 4°.- A la Municipalidad le corresponderá ejercer las siguientes funciones :

La prestación de todos los servicios de utilidad pública que requiera el normal desarrollo de la vida comunal, para lo cual podrá crear, mantener o formar parte de empresas, sociedades u otro tipo de organizaciones con o sin fin de lucro que tenga este exclusivo objeto;

La alfabetización y educación comunal y el auxilio escolar;

. c) La administración de los bienes municipales y de los bienes nacionales de uso público de la comuna, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales;

d) La programación y realización de

una política de transportes y comunica

ciones comunales;

Participar en la ejecución de la política de turismo dentro de la comuna;

La coordinación y reglamentación del comercio, la industria y el fomento del desarrollo de las fuentes de abastecimiento ;

La asistencia social a indigentes;

e)

h) La salubridad comunal y la asistencia sanitaria;

i) La ejecución en la comuna de la política nacional antialcohólica;

j) El fomento del deporte, la recreación y esparcimiento comunales;

k) El fomento del arte y la cultura en la comuna;

La atención de los problemas que se deriven de calamidades públicas, nacionales y comunales, de acuerdo a la legislación vigente;

Intervenir en la política de desarrollo urbano en coordinación con las autoridades y organismos que establece la ley Nº 16.391; y

m) En general, la atención de los problemas de índole local, cuya solución no esté entregada por la ley a otras autoridades. Podrán, además, cuando así lo convengan con los representantes de los respectivos organismos, asumir las funciones y ejercer las atribuciones que la ley haya confiado a esos organismos, especialmente cuando éstos no hayan establecido para la respectiva comuna el correspondiente servicio en forma permanente. Para este objeto, deberá establecerse la forma de ejercicio de tales atribuciones, el cumplimiento de las normas que imparta su jefatura y el financiamiento.

La Municipalidad podrá dictar las Ordenanzas que estime convenientes para el mejor desempeño de las funciones señaladas en el presente artículo, fijando las sanciones de que trata el artículo siguiente.

Artículo 5°.- La Municipalidad tendrá las siguientes potestades para el cumplimiento de sus fines:

La potestad imperativa, en virtud de la cual puede dictar órdenes obligatorias para los administrados. Dicha potestad será ejercida principalmente por la Corporación Municipal, que es el órgano deliberante del Municipio.

La potestad reglamentaria, en virtud de la cual puede dictar normas generales obligatorias para los administrados,

que se denominarán ordenanzas, y reglamentos internos para el mejor funcionamiento de los servicios municipales.

La potestad ejecutiva con el objeto de hacer cumplir las decisiones municipales. Esta potestad será ejercida esencialmente por el Alcalde.

La potestad sancionadora, en virtud de la cual la Municipalidad puede establecer multas y otras sanciones de igual o menor gravedad para el caso de incumplimiento de las ordenanzas que dicte. En virtud de la misma potestad se pueden también aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios municipales, de acuerdo con las normas estatutarias respectivas.

La potestad jurisdiccional, que le corresponde al Municipio en los casos de excepción que contempla la ley, y que se ejerce a través de los Juzgados de Policía Local.

Artículo 6°.- Siempre que las leyes exijan el permiso o intervención de una autoridad para la ejecución de un acto directamente ligado a los intereses locales, sin designar aquella de otro modo, se entenderá que esa autoridad es la Municipalidad del territorio en que deba efectuarse.

Artículo 7°.- Todos los órganos y autoridades pertenecientes a la Administración Nacional, Regional o Comunal darán especial atención a la coordinación de la actividad de los servicios estatales en general y de los municipales en particular, de manera que el desarrollo de la comuna no interfiera el desarrollo regional y nacional, y viceversa.

Para los efectos de su interpretación, se entiende que las funciones y atribuciones a que se refiere esta ley se ajustarán al principio de unidad y coordinación administrativa reconocido precedentemente.

TITULO III

De los órganos superiores de la MunicipalidadArtículo 8°.- Los órganos decisorios de

la Municipalidad están constituidos polla Corporación Municipal y el Alcalde. El primero está integrado por los Regidores y el Alcalde. Los Regidores, el Alcalde y la Corporación Municipal se regirán preferentemente por las disposiciones contenidas en los párrafos siguientes.

Párrafo 1º

De los Regidores

Artículo 9°.- Cada Corporación Municipal estará integrada por un mínimo de cinco Regidores, que aumentarán en cada comuna o agrupación de comunas en uno por cada 30.000 habitantes o fracción superior a 20.000 hasta un máximo de 15 Regidores.

El número de habitantes de la comuna será determinado por la Dirección de Estadística y Censo, quien oficiará a la Dirección del Registro Electoral. Esta deberá publicar en el Diario Oficial, a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de la próxima elección ordinaria la lista de cargos de Regidores que correspondan a cada comuna o agrupación de comunas, todo de acuerdo con la proporcionalidad establecida en el inciso anterior.

Artículo 10.- Las elecciones ordinarias de Regidores se harán cada cuatro años, en votación directa, por los electores inscritos en los registros de cada comuna, y en la forma y plazo que determina la Constitución Política del Estado y la Ley General de Elecciones.

Artículo 11.- Para ser elegido Regidor se requieren los mismos requisitos que para ser elegido Diputado y, además, tener residencia en el territorio municipal por más de un año, al momento de inscribirse la correspondiente candidatura.

Para los efectos de esta ley, un ciudadano cumple con el requisito de residencia cuando concurren a su respecto alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener su habitación en la comuna respectiva; y

b) Ejercer alguna actividad, profesión, comercio o industria dentro de la misma.

Artículo 12.- No pueden ser elegidos Regidores:

Los que no tengan residencia en el territorio municipal por más de un año;

Los que hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva o se encuentren declarados reos por delito de igual gravedad en virtud de resolución ejecutoriada;

Los que tengan o caucionen contratos con la Municipalidad de la cual pretenden ser Regidores, sobre obras municipales, sobre provisión de cualquier especie de artículos, o estén directa o indirectamente interesados en cualquier negocio oneroso de la Corporación, sea como obligados principales o fiadores. Esta inhabilidad no comprende a los accionistas de las sociedades anónimas o en comandita que tengan contratos con la Municipalidad, pero afecta a sus directores, socios gestores, gerentes o administradores, abogados o asesores técnicos;

Los que como demandantes tengan juicio contra la Municipalidad, salvo que se trate de acciones de indemnización por expropiación;

Los que se encuentren sujetos a interdicción judicial por resolución ejecutoriada; y

Los que sean propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas que se consumen en el mismo local.

Artículo 13.- Los Regidores permanecerán en sus funciones por todo el período de su mandato y sólo cesarán en él, por las siguientes causales:

Remoción;

Fallecimiento;

Inhabilidad;

Renuncia; y

Por abandono de sus funciones. Artículo 14.- Procederá la remoción

por las mismas causales y de acuerdo al procedimiento establecido para la remoción del Alcalde.

Artículo 15.- La inhabilidad se produ-

cirá por la sobrevinencia de alguna de las causales indicadas en los números 1, 3, 4, 5, y 6 y en la primera parte del número 2º del artículo 12 de la presente ley.

Las indicadas en el número 5 y en la primera parte del número 2, se producirán por el solo ministerio de la respectiva resolución judicial ejecutoriada. Las demás deben ser declaradas por la Corte de Apelaciones respectiva.

En el caso previsto en la segunda parte del número 2 se producirá la suspensión de las funciones del Regidor afectado, pudiendo reasumir cuando tenga sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo.

Existirá acción pública para solicitar la declaración de inhabilidad a que se refiere este artículo.

Artículo 16.- No pueden ser simultáneamente miembros de una misma Municipalidad los cónyuges, los parientes consanguíneos o afines en línea recta en cualquiera de sus grados, ni los colaterales que se hallen del segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Si resultaren elegidas personas comprendidas en esta prohibición entrará a la Corporación el candidato que haya obtenido más votos o, en igualdad de circunstancias, el de mayor edad.

En una elección complementaria no podrá ser elegida ninguna persona comprendida en esta incompatibilidad.

Artículo 17.- En caso de vacancia del cargo de Regidor por cualquiera causa, sólo se procederá a una nueva elección si la vacancia se produce antes de los cuarenta días que preceden a la próxima elección ordinaria de Diputados o Senadores, y aquéllas se realizará conjuntamente con: ésta.

Sin embargo, si con motivo de vacancias producidas dentro de los cuarenta días anteriores a la próxima elección de Diputados o Senadores, o con posterioridad, pero antes del año que precede a la elección ordinaria de Regidores, se redujere a menos de dos tercios el número de

Regidores de la respectiva Municipalidad, se procederá a elegir a los reemplazantes en una sola elección extraordinaria que se realizará dentro del plazo de sesenta días, computados en la forma prevista en el inciso anterior.

El Alcalde o cualquier Regidor de la respectiva Municipalidad deberá comunicar al Presidente de la República toda vacancia, dentro del término de diez días de producida. Además, en la comunicación de aquella vacancia que dé lugar a una nueva elección conforme a lo previsto en los incisos anteriores, deberá hacerse especial referencia a tal circunstancia. El plazo de sesenta días señalado en este artículo se computará desde la fecha de recepción de esta comunicación.

Vencido este plazo cualquier ciudadano podrá hacer esta comunicación.

El Alcalde que no cumpliere con tales obligaciones incurrirá en una multa de diez escudos, y quedará siempre obligado a hacerlo dentro de un nuevo plazo de diez días, bajo pena de incurrir en otra multa de doble valor si no lo hiciere y así sucesivamente.

Artículo 18.- Si por cualquier causa dejare de efectuarse la elección o se declarare nula la efectuada en un territorio municipal o fuere disuelta la Municipalidad de acuerdo con las disposiciones constitucionales vigentes hasta un año antes de la expiración de su período, el Presidente de la República dispondrá que la elección se verifique dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la comunicación correspondiente del Tribunal Calificador, en su caso, y nombrará, con carácter provisional una Junta de Vecinos, que tendrá todas las atribuciones y deberes de las Municipalidades.

Si la disolución tuviere lugar cuando faltare menos de un año para la expiración del período, sólo tendrá lugar el nombramiento de la Junta de Vecinos expresada.

Artículo 19.- En caso que la Municipalidad no contare con número suficiente

de Regidores habilitados para sesionar, el Presidente de la República designará el o los integrantes de ella necesarios para tal objeto, los cuales durarán en sus funciones hasta la expiración del correspondiente período municipal o hasta que los Regidores inhabilitados pudieren reasumir sus funciones.

Artículo 20.- Sin perjuicio de las incompatibilidades que establece el Estatuto Administrativo, los cargos de Regidores son incompatibles con los de Intendente, Gobernador, Secretario de Intendencia o de Gobernación y con los empleos, funciones o comisiones en las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo de Carabineros o en la misma Municipalidad en que presten sus servicios, de modo que si el nombrado acepta el cargo de Regidor, cesa en el empleo, función o comisión que antes tuviere.

Constituida la Municipalidad, el Secretario oficiará al jefe de la repartición correspondiente la incompatibilidad que afecta al Regidor que hubiere prestado el" juramento correspondiente.

Ningún Regidor, desde el momento de la elección y hasta 6 meses de terminar su período, puede ser nombrado para cargos que se indican en el inciso primero.

Artículo 21.- Las Regidores que desempeñen cualquiera actividad remunerada compatible con su cargo, al servicio de un patrón o empleador, gozarán de inamovilidad en sus trabajo mientras dure su mandato y hasta seis meses después. Los candidatos a Regidores gozarán del mismo beneficio desde la fecha de inscripción de su candidatura y hasta seis meses después de la fecha de la respectiva elección.

Artículo 22.- Los Regidores que por atender las funciones propias de su cargo no asistan a sus trabajos, no perderán el derecho a sus remuneraciones ni el beneficio de la semana corrida. Se acreditará el motivo de la inasistencia mediante un certificado extendido por el Secretario Municipal al final de cada mes, con explica-

ción de los días empleados en las labores del cargo.

Párrafo 2º

Del Alcalde

Artículo 23.- Cada Municipalidad estará presidida por un Alcalde, quien será superintendente de todos sus servicios y ejecutor de las decisiones municipales. La Municipalidad designará para este cargo al Regidor que en la respectiva elección ordinaria haya obtenido el mayor número de sufragios en la. lista mayoritaria. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que corresponde al Presidente de la República según el articulo 101 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 24.- Los Alcaldes permanecerán en el ejercicio de sus funciones por todo el período que dure el mandato municipal y sólo cesarán en él por las siguientes causales:

Remoción;

Renuncia;

Fallecimiento;

Por haber cesado en el cargo de Regidor; y

e) Por abandono de sus funciones.

Artículo 25.- La remoción del Alcalde

sólo procederá por causa grave y justificada, según calificación que hará la Corte de Apelaciones respectiva, a solicitud de la correspondiente Corporación Municipal. Este acuerdo sólo podrá ser adoptado por los dos tercios de los Regidores en ejercicio, con exclusión del afectado.

El Secretario Municipal respectivo, deberá, en el término de cinco días contados desde el acuerdo, remitir la solicitud de remoción con todos sus antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva.

Recibidos los antecedentes por el Tribunal, éste apreciará los hechos y resolverá en conciencia, breve y sumariamente, con audiencia del afectado, debiendo dictar su fallo en el término máximo de 80 días. Contra la resolución que se dicte

podrá interponerse, como único recurso, el de apelación ante la Corte Suprema.

Ejecutoriado el fallo, será comunicado al Secretario Municipal respectivo, y el Alcalde cesará, desde ese momento, en su calidad de Alcalde y de Regidor, si fuere aprobada la remoción.

Artículo 26.- La renuncia del Alcalde sólo podrá fundarse en causales que lo imposibiliten para el ejercicio normal de su cargo, para cuyo efecto deberá acompañar los antecedentes que así lo justifiquen. Será resuelta por la Corporación con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, con exclusión del afectado.

Si fuere aceptada, cesará, además, en su cargo de Regidor.

Artículo 27.- La Corporación podrá otorgar al Alcalde permiso hasta por un mes al año para ausentarse de su cargo. Este permiso podrá prorrogarse por tres meses en casos justificados. Si transcurrido este plazo no reasumiere, o si se ausentare por más de diez días, sin obtener el permiso correspondiente, se producirá el abandono de funciones, en cuyo caso cesará en su cargo de Alcalde y Regidor. La declaración de este hecho la hará la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo con el procedimiento indicado en el artículo 25.

Artículo 28.- La cesación en el cargo de Alcalde se producirá en los casos indicados en el inciso 1° del artículo 15.

La sobreviniencia de la inhabilidad contemplada en el inciso 3º del mismo artículo, producirá la suspensión de las funciones del Alcalde afectado, las que reasumirá cuando obtenga sentencia absolutoria o sobreseimiento.

Artículo 29.- Cuando el Alcalde cese en sus funciones, asumirá por el solo minis terio de la ley, como Alcalde titular, el Regidor a quien corresponda, según el orden de precedencia establecida en el inciso 3º del artículo 34 de la presente ley.

En caso de ausencia temporal del Alcalde, el mismo Regidor indicado en el inciso

anterior, asumirá el cargo como subrogante por el solo ministerio de la ley, y por todo el tiempo que dure la ausencia.

Artículo 30.- El sueldo del Alcalde será igual al sueldo más alto que se pague en la correspondiente Municipalidad. Este sueldo será compatible con las pensiones de jubilación de que el nombrado gozare o le fueran concedidas; pero será incompatible con todo sueldo o sobre sueldo que tuviere derecho a percibir por cualquier causa, con excepción de los gastos de representación. Estos últimos no podrán exceder del uno por mil de los ingresos de la respectiva Municipalidad.

Artículo 31.- Son aplicables a los Alcaldes las mismas incompatibilidades que el artículo 20 establece para los Regidores.

Artículo 32.- Son atribuciones y deberes de los Alcaldes:

Presidir las sesiones de la Corporación y del Cabildo Abierto;

Asistir a las sesiones de los organismos de representación provincial y regional en los casos en que las leyes, reglamentos o decretos de autoridad competente lo establecieren, pudiendo para ello hacer delegación expresa y determinada de sus facultades en un Regidor de su designación;

Citar la Corporación Municipal a sesiones extraordinarias y especiales;

Convocar al Cabildo Abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la presente ley;

Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad, pudiendo delegar estas funciones en el Secretario o en el Abogado Municipal;

Promulgar las ordenanzas y acuerdos municipales de general aplicación, dentro del plazo de diez días desde su aprobación, salvo que la Corporación señale especialmente otro término. Esta promulgación se hará mediante decretos, cuyo resumen se exhibirá en cartelera municipal cuando contenga reglas de general aplicación. Para todos los efectos

5)

de esta ley esta publicación constituirá notificación válida.

No obstante, y dentro del plazo de cinco días que le sean notificados por el Secretario respectivo, podrá representar la ilegalidad de todo o parte de las ordenanzas, reglamentos o acuerdos aprobados por la Corporación Municipal. Si la Corporación insiste por la mayoría de sus miembros en ejercicio deberá promulgarlas dentro del plazo de 5 días desde su notificación, en cuyo caso quedará liberado de toda responsabilidad, que recaerá sobre quienes aprobaron la insistencia.

Conceder prórrogas generales o particulares para el cumplimiento de alguna disposición establecida en algún reglamento local, por medio de decretos fundados y previo informe escrito del Director del Servicio respectivo y hasta por un plazo improrrogable de dos meses;

Ejercer la inmediata superintendencia de todos los establecimientos, oficinas, servicios y obras municipales; dictar órdenes de servicio y normas para la administración interna de los mismos y delegar, en el correspondiente Director de Servicio, todas o parte de las facultades que le confiere este número;

Expedir los decretos de nombramiento, traslados y permutas de funcionarios, aceptar sus renuncias y aplicar medidas disciplinarias, ciñéndose en todos estos casos a las disposiciones del Estatuto de Funcionarios Municipales;

Dictar reglamentos internos para establecer los deberes y atribuciones de los funcionarios de las Municipalidades, los que deberán ser sometidos a la aprobación de la Corporación Municipal cuando tengan el carácter de permanentes;

Expedir los decretos de pago con arreglo al presupuesto o a los acuerdos de la Corporación Municipal. En las Municipalidades con ingresos ordinarios efectivos superiores a 1.000 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, el Alcalde podrá delegar esta facultad en

los jefes de servicios. El tesorero deberá efectuar los pagos de acuerdo a dichos decretos, salvo el caso de sentencia judicial ejecutoriada u otra causal establecida por la ley;

Girar, con cargo a los fondos de cualquier ítem del Presupuesto, sin sujeción a los requisitos del número anterior, a fin de atender a las necesidades de alguna calamidad o emergencia local, regional o nacional, quedando responsable del gasto si la Corporación Municipal no lo ratificare. Estos giros no podrán exceder del 3% del Presupuestos de Gastos;

Inspeccionar en cualquier momento la Tesorería y la Contabilidad Municipal;

14) Determinar sanciones por la in

fracción a los decretos que dicte en uso

de sus atribuciones, señalando multas de

hasta un sueldo vital mensual del respec

tivo departamento, de acuerdo a la regla

mentación vigente;

Decretar clausuras o decomisos en caso de infracciones o incumplimiento de cualquier resolución municipal;

Conceder o denegar permisos para bailes, juegos, espectáculos y otras diversiones en lugares de uso público o abiertos al público y la realización de colectas o rifas en el radio comunal para fines de utilidad pública o de beneficencia. En caso de negativa, los afectados podrán recurrir a la Corporación Municipal para su resolución definitiva;

Fijar la hora de apertura y cierre de los establecimientos comerciales e industriales, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias sobre jornadas de trabajo, prohibir su funcionamiento a horas que causen molestias al vecindario y otorgar permisos para abrir en días feriados, velando en estos últimos casos que no se interrumpa el descanso de los empleados u obreros del respectivo establecimiento o porque sean debidamente compensados ;

Velar por el cumplimiento de las disposiciones que reglamentan el uso, pre-

15) cio y expendio de artículos alimenticios y de primera necesidad o de uso o consumo habituales;

Solicitar el uso de la fuerza pública con el objeto de hacer cumplir resoluciones dictadas dentro de la esfera de atribuciones de las Municipalidades.

Disponer las publicaciones que sean necesarias para la realización y conocimiento de las medidas o programas de obras u otras propias de la competencia municipal; y

Delegar algunas de las facultades mencionadas precedentemente en los Directores de Servicios, de acuerdo con las materias de su competencia. En todo caso, las facultades señaladas en los Nºs 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14 y 19 serán indelegables.

Párrafo 3º

De la Corporación MunicipalArtículo 33,-La Corporación Municipal será el órgano normativo y deliberante de la Municipalidad, y estará compuesto por el Alcalde y los Regidores.

Artículo 34.- La Corporación se instalará, celebrando su primera sesión en el segundo domingo de mayo, siguiente a la elección, a las 14 horas, en la Sala Municipal de la comuna, con la mayoría de los Regidores declarados legalmente elegidos por resolución del respectivo Tribunal Calificador Provincial.

Presidirá la sesión el Alcalde, que será el Regidor que en la respectiva elección haya obtenido el mayor número de sufragios en la lista mayoritaria, salvo lo dispuesto en el inciso tercero, artículo 101, de la Constitución Política del Estado. En caso de ausencia presidirán, sucesivamente, los Regidores de acuerdo con su orden de precedencia.

Los Regidores tendrán el orden de precedencia de acuerdo con el número de sufragios obtenidos personalmente y por la lista respectiva. Así, será primer Regidor el que haya obtenido personalmente la

segunda mayoría en la lista mayoritaria, o la primera en la lista que le siga en número de votos, en el caso que la lista mayoritaria haya elegido sólo un Regidor, y así sucesivamente.

Artículo 35.- En la Sesión de Instalación se realizarán los siguientes actos:

1.- El Secretario Municipal, dará lectura a la nota del Tribunal Calificador Provincial, en la que se comunique el resultado provisional o definitivo de la elección, con indicación de la persona a la que corresponderá el cargo de Alcalde y del orden de precedencia de los Regidores;

2.- El Secretario Municipal tomará a los Regidores asistentes el juramento o promesa de observar fielmente la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones inherentes a su cargo.

Los Regidores inasistentes jurarán en la sesión en que se incorporen;

3.- -Acto seguido los Regidores procederán a designar Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la presen ley; y

4.- Se adoptarán acuerdos por simple mayoría sobre las siguientes materias:

Fijar los días y horas en que se realizarán las sesiones ordinarias de la Corporación, acuerdo que podrá posteriomente ser modificado, si las circunstancias así lo recomendaren. Las sesiones ordinarias se realizarán por lo menos 2 veces al mes;

Nombrar a los Regidores que integrarán las diferentes comisiones técnicas de trabajo, y los que deberán actuar como delegados o integrantes de las organizaciones o instituciones que determinen las leyes y ordenanzas.

Si en la sesión de instalación no se hubieren verificado alguno o algunos de los actos señalados en este artículo, la Corporación continuará sesionando en los días subsiguientes, de 14 a 18 horas, hasta su total realización, siendo nulo todo acuerdo previo sobre otra materia.

Una copia del Acta de la Sesión de Instalación se remitirá al Intendente.

Artículo 36.- Si uno o más Regidores que hubieren sido proclamados en el carácter de presuntivamente electos dejaren de pertenecer a la Municipalidad por sentencia definitiva del Tribunal Calificador, en conformidad al número seis del artículo 103 de la Ley General de Elecciones, la Corporación celebrará nuevamente la sesión de instalación a que se refieren ios artículos precedentes. Esta sesión se realizará dentro de los quince días de recibida la nota en que se comunique la sentencia, quedando sin efecto los acuerdos adoptados en cumplimiento a los artículos anteriores, sin perjuicio de la validez de las actuaciones realizadas.

Artículo 37.- La Corporación Municipal celebrará sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales.

Artículo 38.- Son sesiones ordinarias aquellas que fije la propia Corporación en su sesión de instalación o por acuerdo posterior.

Artículo 39.- Son sesiones extraordinarias aquellas convocadas para tratar materias determinadas, indicándose días, lugar y hora inicial y de término de la sesión. La convocatoria podrá hacerla el Alcalde directamente o a petición escrita de la mayoría absoluta de los Regidores en ejercicio. En este caso los Regidores deberán indicar las materias específicas que desean tratar. Si el Alcalde no hiciere la convocatoria dentro de los 10 días siguientes a ser apercibido para el efecto, podrá ser removido.

No se podrá adoptar ningún acuerdo cuya materia no esté incluida en la convocatoria, salvo si así lo acuerde la unanimidad de los Regidores en ejercicio o que se trate de la resolución de un reclamo de ilegalidad a que se refiere la presente ley o de dirimir un empate.

La citación la efectuará el Secretario Municipal, por sí o por delegado, dejando copia del Decreto de Convocatoria en el domicilio registrado en Secretaría, del Regidor, con 24 horas de anticipación. Con la misma anticipación exhibirá copia

del mencionado decreto en cartelera municipal.

El incumplimiento de los dos incisos anteriores, acarreará la nulidad de los acuerdos adoptados en la sesión.

Artículo 40.- Son sesiones especiales aquellas que las leyes o las ordenanzas señalan determinadamente, y se celebrarán en la oportunidad que ellas indiquen.

La citación la hará el Secretario en la misma forma y plazos indicados para las sesiones extraordinarias.

Artículo 41.- Los Regidores que no concurran a una sesión especial o a tres sesiones ordinarias, extraordinarias o de comisiones técnicas de trabajo consecutiva. y que no justifiquen su inasistencia debidamente, incurrirán en una multa equivalente a un centésimo de! sueldo vital mensual escala A) de ¡a provincia de Santiago por cada inasistencia.

Artículo 42.- El quórum para sesionar será el la mayoría absoluta de los Regidores en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los asistentes, salvo los casos de excepción que contemplen las leves o las ordenanzas. Los ....... resolverán en la sesión inmediata, ordinaria o extraordinaria, y si se repitieren se tendrá por rechazada la proposición en que hubieren recaído. Sin embargo, cuantío se trate de nombramientos, o designaciones, repetido el empate, en la sesión inmediata decidirá la suerte, lo que se determinará en esta misma sesión.

Esta norma no se aplicará tratándose de sesiones de instalación, en cuyo caso el empate será dirimido en la sesión respectiva.

Artículo 43.- Las sesiones serán públicas, a menos que, por mayoría de los dos tercios, se acuerde tratar en secreto algún asunto determinado.

Sin embargo, se tratarán siempre en sesión secreta las materias relacionadas con medidas disciplinarias u otras que afecten a los Regidores o al personal, modificaciones de Planta de Funcionarios, estudio y aprobación del Presupuesto,

aprobación de gastos no consultados en el Presupuesto y discusión y resolución de los reclamos de ilegalidad.

Artículo 44.- Las sesiones se regirán por el reglamento interior de Sala que dicte la respectiva Corporación.

Los acuerdos tomados en contravención y omisión de cualquiera de las disposiciones de ese reglamento, serán nulos, salvo que se adopten con el voto unánime de los Regidores en ejercicio y que no vulneren las leyes vigentes.

Artículo 45.- La Corporación, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrá otorgarle a uno de éstos, permiso, hasta por un mes en cada año, para ausentarse de su cargo. Dicho permiso podrá prorrogarse hasta por 3 meses en casos calificados.

En estas circunstancias se producirá la rebaja del quórum por el solo ministerio de la ley.

Si transcurrido este plazo no reasumiere en la primera sesión siguiente, se aplicará el procedimiento señalado en el artículo 25.

Artículo 46.- Ningún miembro de la Corporación podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él, su cónyuge, ascendientes o descendientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. La presencia del Regidor en estos casos no se considerará para los efectos del quórum.

Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente al Regidor o a sus referidos parientes..

Todo acuerdo adoptado en contravención a esta disposición será nulo.

Artículo 47.- Son atribuciones y deberes de la Corporación Municipal:

1.- Dictar, modificar o derogar ordenanza locales municipales, entendiéndose por tales las normas aplicables en la comuna que contengan disposiciones de aplicación general sobre materias de su competencia ;

2.- Adoptar acuerdos generales o particulares, entendiéndose por tales las decisiones sobre materias o peticiones específicas de aplicación transitoria o circunstancial ;

3.- Reglamentar los servicios municipales y los requisitos de idoneidad que deben cumplir los funcionarios para su designación o ascensos;

4.- Fiscalizar los servicios municipales, pudiendo delegar estas funciones en algún Regidor respecto a determinados Servicios;

5.- Intervenir en el nombramiento de los directores de Servicio, en la aplicación de medidas disciplinarias de éstos y en la destitución de los funcionarios municipales ;

6.- Aprobar y modificar la planta de funcionarios de la Municipalidad;

7.- Aprobar, modificar y suplementar el presupuesto de ingresos y gastos municipales, acordar traspaso de fondos de un ítem a otro en los casos en que la ley lo autorice, todo esto con la ratificación del Intendente de la provincia;

8.- Solicitar la remoción del Alcalde en los casos que determine la ley;

9.- Aprobar y modificar los estatutos de los servicios autónomos o empresas municipales, en sesión extraordinaria convocada para tal efecto;

10.- Aprobar los empréstitos municipales y los fines a que se destinarán;

11.- Autorizar al Alcalde para ausentarse del cargo en la forma y casos que determine la presente ley;

12.- Aprobar las concesiones o arrendamiento de bienes o servicios municipales, bajo las condiciones que la ley determine ;

13.- Aprobar, con las limitaciones legales, el arrendamiento, compraventa o la adquisición de bienes raíces a cualquier título;

14.- Aprobar los planes y programas de desarrollo urbano que llevará a efecto la Municipalidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley sobre

Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias ;

15.- Crear o suprimir servicios municipales ;

16.- Aprobar la constitución o integración de cooperativas municipales o mixtas, estableciendo los aportes necesarios para su funcionamiento; sin perjuicio de la intervención que corresponda al Gobierno Central, en conformidad con las normas que rigen las cooperativas;

17.- Aprobar anualmente el Plan Municipal de Construcción de Viviendas y Poblaciones Populares, procurando el establecimiento de todos los servicios comunitarios adecuados, de conformidad a lo dispuesto en la ley 16.391 y demás leyes que la complementan;

18.- Constituir comisiones técnicas de trabajo, para los problemas de la hacienda municipal, subsistencias, tránsito, urbanismo, cultura, deportes y demás que sean de la competencia municipal. Estas comisiones serán integradas por los Regidores que estime conveniente la Corporación, por el jefe del respectivo servicio y por representantes de los organismos comunales que tengan interés en los problemas cuyo estudio corresponden a la comisión.

Estas comisiones serán informativas de la Corporación de Regidores, y el Alcalde tiene la obligación de someter el respectivo informe a su resolución, en la primera sesión ordinaria siguiente; y

19.- En general, todas aquéllas que corresponden a la Municipalidad, ya sea por disposición de esta ley o por otras que así lo señalen.

TITULO IV

De los Consejos Técnicos y otros órganos administrativos de las Municipalidades

Artículo 48.- El Consejo Técnico será el órgano asesor del Alcalde y de la Corporación y de las comisiones técnicas de

trabajo en todas las materias de carácter técnico.

Será presidido por el Alcalde e integrado por los directores de los servicios municipales. En caso de ausencia del Alcalde, será presidido por el Regidor que corresponda, de acuerdo con el orden de precedencia.

Artículo 49.- Serán directores de servicio los jefes de servicios a los que la Corporación, a iniciativa del Alcalde y con el acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, resuelva darles el carácter de directores.

Artículo 50.- Serán atribuciones y obligaciones del Consejo Técnico:

1.- Estudiar el proyecto de Presupuesto que el Alcade deberá presentar a la Corporación en los plazos legales;

2.- Estudiar e informar dentro del mes de agosto de cada año al Alcalde el plan y programas de desarrollo comunal y, dentro de los 60 días de iniciado el período edilicio los correspondientes a dicho período ;

3.- Informar, a requerimiento del Alcalde, a la Corporación y a las Comisiones Técnicas de Trabajo, los asuntos técnicos y administrativos que aquélla deba conocer ; y

4.- Informar al Alcalde, a su requerimiento, sobre la Planta de los diferentes Servicios y sus modificaciones.

Artículo 51.- Las Municipalidades con Presupuesto superior a veinticinco sueldos vitales anuales Escala A del departamento de Santiago, tendrán un Secretario Municipal, un Secretario de la Alcaldía y un Abogado.

En las Municipalidades con presupuesto inferior a veinticinco sueldos vitales Escala A del departamento de Santiago, podrán refundirse estos cargos.

En embargo, en todo caso, las Municipalidades deberán contar con una asesoría legal. Dos o más Municipalidades podrán contratar en conjunto a un abogado.

Articulo 52.- Los Tesoreros Comunales

lo serán de las Municipalidades respectivas, salvo en las que este cargo existe.

Las Municipalidades con ingresos ordinarios efectivos al año, superiores a 1.000 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, tendrán Tesorero propio y un Director de Presupuesto y Control, que deberán tener título de Ingeniero Comercial o Contador.

Esta funciones las tendrá el Tesorero Comunal en las Municipalidades con ingresos inferiores al indicado en este artículo.

Las Municipalidades, por acuerdo adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrán establecer en casos calificados oficinas recaudadoras de derechos, patentes y multas municipales. En todo caso, dichas oficinas deberán ingresar diariamente las sumas que perciban a la Tesorería Comunal correspondiente y estarán sometidas al control y dirección técnica de éstas.

Artículo 53.- En todas las Municipalidades se consultará el cargo de Director de Obras Municipales, que deberá ser desempeñado por un Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor Civil.

Las Municipalidades, con un centro urbano que tenga más de 50.000 habitantes, deberán tener una oficina de desarrollo urbano, a cargo de un Asesor Urbanista. Este cargo podrá ser desempeñado por un profesional especializado en problemas de desarrollo urbano.

Dicha oficina intervendrá en el estudio y elaboración de todos los planes y programas de desarrollo local de cualquier naturaleza, a corto plazo y a largo plazo.

Cuando los ingresos de una Municipalidad no fueren suficientes, se podrán hacer contrataciones a honorarios de profesionales para el desempeño de las funciones que correspondan al Director de Obras Municipales o al Asesor Urbanista.

Artículo 54.- Son deberes y atribuciones del Secretario Municipal:

1.- Desempeñarse como ministro de fe en la Municipalidad y, en especial, en las

sesiones de la Corporación, certificando lo acontecido en ellas;

2.- Tomar, personalmente o por intermedio de los funcionarios de su dependencia, versión fiel de las sesiones de la Corporación, haciendo el acta y llevando, bajo su responsabilidad, el libro correspondiente. Las actas serán firmadas por el Presidente de la sesión y por el Secretario;

3.- Transcribir los acuerdos que adopte la Corporación al Alcalde y a las demás personas o instituciones que corresponda y llevar un registro cronológico y actualizado de dichos acuerdos;

4.- Hacer por sí o por delegado las notificaciones que corresponda, mediante cédula que dejará en el domicilio del notificado ;

5.- Hacer las publicaciones de orden estrictamente municipal que corresponda, las que, por regla general, se harán en cartelera municipal, salvo que la ley, en casos especiales, o un acuerdo de la Corporación ordene hacerlas en algún diario o periódico del departamento o de la provincia, o en alguna otra forma;

6.- Firmar bajo las fórmulas "por orden del Alcalde" resoluciones de mero trámite o que declaren derechos reconocidos por la ley;

7.- Dar el trámite que corresponda a los asuntos que deba conocer la Corporación, los que colocará en tabla en la sesión ordinaria, inmediatamente posterior a que se encuentren "en estado";

8.- Desempeñar las funciones de Jefe de Personal en las Municipalidades en que no existe este cargo, adoptando todas las medidas necesarias para la marcha normal de los diferentes servicios municipales ;

9.- Dictar las resoluciones que correspondan a beneficios de que goce el personal municipal por el imperio de la ley, tales como licencias, feriados, permisos, subrogancias, reconocimiento de años de servicios, quinquenios y otros de igual naturaleza. Las resoluciones que beneficien

al Secretario serán dictadas por el Alcalde. En los casos que exista Jefe de Personal, tales funciones serán desempeñadas por éste;

10.- Llevar un registro de Juntas de Vecinos y organizaciones funcionales existentes en la Comuna;

11.- Tener a su cargo y organizar las actividades culturales de la comuna, cuando este servicio no esté organizado separadamente ; y

12.- En general, desempeñar todas aquellas funciones y ejercer las atribuciones correspondientes a la naturaleza del cargo.

Artículo 55.- Son deberes y atribuciones del Secretario de la Alcaldía:

1.- Estudiar y presentar el despacho al Alcalde;

2.- Autorizar la firma en los decretos y providencias del Alcalde, llevando un registro cronológico y actualizado de dichos decretos;

3.- Dar el trámite que corresponda a los asuntos que deba resolver el Alcalde, presentándoselos una vez que se encuentren "en estado"; y

4.- En general, desempeñar todas aquellas funciones y ejercer las atribuciones correspondientes a la naturaleza del cargo. Artículo 56.- Serán deberes y atribuciones de los Abogados Municipales:

1.- Defender en juicio a la Municipalidad, al Alcalde y los funcionarios por sus actuaciones municipales, sin perjuicio de que, si la Corporación o el Alcalde, en su caso, lo estiman conveniente, se encargue de la defensa a otro abogado. En ningún caso la defensa del Alcalde y de los funcionarios podrá ser incompatible con los intereses de la Municipalidad;

2.- Iniciar y defender los juicios que interesen a las Municipalidades y que ordenen la Corporación Municipal o el Alcalde;

3.- Hacerse parte representando a la Municipalidad, al Alcalde o a los funcionarios, en las denuncias que se formulen

ante los Tribunales Comunales por infracciones municipales.

4.- Informar en derecho todos los asuntos legales o administrativos. Si los Regidores, el Alcalde, los funcionarios municipales y el Tesorero actuaren de buena fe, en conformidad con la interpretación dada por el Abogado Municipal en un informe escrito, quedarán liberados de toda responsabilidad personal, la que se hará efectiva, en este caso, tratándose de perjuicios a terceros, en la Municipalidad.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que afecte a los abogados de acuerdo con las reglas generales por negligencia o mala fe.

No obstante lo anterior, el Alcalde, ios Regidores o funcionarios a los que les merecieren dudas los informes de los abogados municipales, podrán solicitar un pronunciamiento a la Confederación Nacional de Municipalidades o a la Contrato-ría General de la República, las que emi-tirán sus dictámenes en el menor tiempo posible;

5.- Asistir a las sesiones de la Corporación y representar las ilegalidades de que adolezca algún proyecto, ya sea para pedir su rechazo, modificación o aplazamiento, esclarecer los puntos legales que la Corporación o alguno de sus miembros soliciten;

6.- Legalizar el dominio y supervigilar la formación y conservación de los títulos de los bienes raíces municipales;

7.- Llevar al día un registro de leyes, decretos supremos, reglamentos, circulares y boletines de la Contraloría, que versen sobre asuntos municipales; y

8.- En general, les corresponderá desempeñar todas aquellas funciones y ejercer las atribuciones correspondientes a la naturaleza del cargo.

Los abogados no podrán actuar directa o indirectamente en contra de los intereses de cualquiera Municipalidad, salvo que se trate de un derecho que le atañe directamente a él, a su cónyuge o a sus pa-

rientes hasta el 2º grado de consaguinidad inclusive.

La contravención a lo dispuesto en este número será causal de remoción inmediata, sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal a que quede afecto.

Artículo 57.- Serán deberes y atribuciones de los Tesoreros:

1.- Tener a su cargo la contabilidad de los fondos municipales y organizar la percepción de todos los ingresos, cuando no exista la Dirección de Presupuesto y Control;

2.- Llevar una cuenta de los fondos correspondientes a los empréstitos contratados por la Corporación y, por lo menos, registros de saldos de caja, de cuentas corrientes, diario y mayor;

3.- Llevar y conservar las cuentas bancadas y girar los cheques por los pagos municipales;

4.- Rendir las cuentas mensuales a la Contraloría General de la República, conforme a su Ley Orgánica;

5.- Comunicar mensualmente al Alcalde, el estado de las entradas y gastos del mes anterior. A su vez, el Alcalde informará al respecto a la Corporación en su primera sesión ordinaria siguiente. Las cuentas podrán ser examinadas en cualquier momento por el Alcalde o los Regidores ; y

6.- Representar todo decreto de pago o giro que estime ilegal, fundando su reclamación. Esta representación la hará por escrito y por intermedio del Alcalde a la Corporación. Sin embargo, el Tesorero podrá dar curso a un pago, cuando, a su petición, el Abogado Municipal emita su informe favorable, y, en tal caso, quedará éste responsable de la cancelación para todos los efectos legales, salvo que emita un informe en contrario la Contraloría General de la República del que esté en conocimiento.

Si el informe del Abogado fuere contrario, necesariamente deberá el Tesorero representar el pago. En ningún caso, el

Abogado podrá negarse de informar una vez recibida la petición del Tesorero.

En todo caso, deberá dar curso al pago respectivo después de la insistencia en votación nominal de los dos tercios de los Regidores asistentes a la sesión en que se tome este acuerdo, quedando solamente responsables, solidariamente, todos los que concurrieron a aprobarlo;

7.- Asistir a las sesiones de la Corporación Municipal, y cuando se les solicite informar sobre el estado financiero y la situación efectiva y probable de los ramos de ingreso;

8.- Exigir en los pagos el cumplimiento de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, y demás impuestos análogos ;

9.- Actuar como Martiliero en todas las subastas públicas municipales, en cuyo caso cobrará los derechos que las leyes reconocen a estos auxiliares en la parte que sea de cargo del comprador;

10.- Rendir fianza, a satisfacción del Alcalde, a favor de la Municipalidad, no pudiendo ser ésta inferior al sueldo de dos años; y

11.- En general, les corresponderá desempeñar todas aquellas funciones y ejercer las atribuciones correspondientes a la naturaleza del cargo.

Artículo 58.- Son atribuciones del Director de Presupuesto y Control:

1.- Llevar la contabilidad presupuestaria de la Municipalidad;

2.- Tener a su cargo registros contables de los compromisos del presupuesto, en los que anotará y controlará debidamente el movimiento de cada cuenta o glosa de los egresos calculados para el ejercicio, rebajando las partidas correspondientes a gastos en trámite o pagados, como asimismo, las suplementaciones o modificaciones presupuestarias que la Corporación acuerde. Así también, le corresponderá controlar la correcta imputación y valor de cada gasto. Para ello llevará, además, un registro que permita

verificar las disminuciones que origine cada pago sobre un decreto global;

3.- Refrendar los decretos de pago o giros, entendiéndose en este caso por refrendación el acto previo a la firma del decreto o giro respectivo y por el cual certifica:

La conformidad que existe entre la naturaleza y objeto de pago y la glosa del respectivo ítem de egreso;

La exactitud de las operaciones matemáticas ;

Indicación de la partida, ítem y glosa correspondiente del presupuesto;

El cumplimiento de la aplicación del impuesto a la renta, cifra de negocios y otros análogos que corresponda retener;

El monto del saldo del ítem o glosa respectivo, deducido de los registros, con expresa constancia de que el gasto entrante satisface este requisito;

4.- Formar y mantener al día el Inventario Municipal, tanto de los bienes muebles como raíces;

5.- Controlar el correcto uso de los bienes municipales y dar las órdenes e instrucciones del caso;

6.- Controlar la correcta percepción de los ingresos municipales;

7.- Actuar como Departamento de Aprovisionamiento y Adquisiciones en los casos que no estuviere organizado separadamente; y

8.- En general, desempeñar todas aquellas funciones y ejercer las atribuciones correspondientes a la naturaleza del cargo.

Artículo 59.- Las funciones señaladas en el artículo anterior le corresponderán al Tesorero Comunal en las Municipalidades con ingresos inferiores a mil sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, con excepción de las indicaciones en los números 5 y 7. Las funciones señaladas en los dos números citados serán desempeñadas por el funcionario que designe la Corporación.

Artículo 60.- De los gastos que efectúen las Municipalidades, como asimismo de los compromisos que ellas contraigan

sin respetar la legalidad y que no cumplan con los requisitos ordenados por la ley, serán responsables solidariamente para todos los efectos legales los Alcaldes que los ordenaren, los Jefes de Servicio y demás funcionarios que hubieren intervenido en su tramitación, en la parte que a cada cual compete.

Si el empleado estimare ilegal una orden, deberá representarla por escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla, quedando en este caso, exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiere insistido en la orden.

Artículo 61.- Son deberes y atribuciones de los demás Jefes de Servicio, los que se indican expresamente en éste o en otras leyes, en los reglamentos internos de cada Municipalidad y los que corresponda a la naturaleza del cargo respectivo.

Artículo 62.- Será obligación de todos los Jefes de Servicio concurrir a las sesiones de la Corporación Municipal, con derecho a voz.

TITULO V

De los servicios autónomos y empresas municipales

Artículo 63.- Las Municipalidades, por acuerdo adoptado por los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrán crear, formar o constituir siempre que sea necesario para el cumplimiento de sus fines, organismos autónomos o empresas municipales con el objeto de atender actividades industriales, comerciales, de equipamiento de las ciudades o la prestación de servicios asistenciales, recreativos, artísticos, culturales y cualesquiera otros relacionado con sus funciones propias.

La Municipalidad podrá concurrir con los particulares o con otras instituciones y organismos estatales o particulares en la creación y funcionamiento de los servicios o empresas referidas en el inciso anterior. Igualmente podrá establecer ser-

vicios o empresas comunes con otros municipios, de acuerdo con el procedimiento

señalado en el Título X de esta Ley.

Artículo 64.- Los servicios autónomos o empresas municipales gozarán de personalidad jurídica independiente de la Municipalidad, tendrán patrimonio propio y autonomía, sin perjuicio de las facultades de supervigilancia y control que correspondan en conformidad a la ley.

El Presidente de la República dictará un Reglamento sobre organización y funcionamiento de estos organismos que contemple los distintos tipos de servicios o empresas según la naturaleza de sus actividades y la magnitud de las mismas.

En todo caso, dicho reglamento contendrá las siguientes limitaciones:

Los estatutos del servicio o empresa sólo podrán ser aprobados o modificados por la Corporación Municipal por el quórum de los dos tercios de sus miembros en ejercio;

Los servicios o empresa podrán celebrar toda clase de actos o contratos siempre que se encuadren estrictamente dentro de los fines específicos que señalen en reglamento y sus propios estatutos ;

Los servicios o empresas deberán llevar una contabilidad independiente y también un presupuesto propio, debiendo depositar sus fondos en el Banco del Estado ;

d) Estos organismos podrán gozar de las mismas franquicias, beneficios, derechos y exenciones que las leyes de carácter genera! o particular establezcan a favor de las Municipalidades respectivas ;

Los servicios o empresas autónomos municipales podrán contratar personal de empleados y obreros de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, sin perjuicio de serles aplicables las disposiciones estatutarias de los funcionarios municipales en las materias y condiciones que disponga el Reglamento, y

Los servicios o empresas municipa-

les estarán sometidos a las limitaciones que, en materia de gastos administrativos, contemple el Reglamento a que se refiere este artículo y los estatutos respectivos.

TITULO VI

De las relaciones de la Municipalidad con los Organismos Vecinales

Artículo 65.- Las Juntas de Vecinos y la agrupación de éstas al nivel comunal, se regirán por las normas legales sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, y sus relaciones con la Municipalidad se ejercerán a través de los órganos establecidos en esas leyes, y del Cabildo Abierto.

El Cabildo Abierto estará constituido por la reunión de los miembros de Juntas de Vecinos de la Comuna y de los demás organismos territoriales y funcionales de la misma. Tendrá por objeto deliberar y hacer recomendaciones sobre los asuntos incluidos en la convocatoria.

El Cabildo Abierto será convocado por el Alcalde, por sí, por acuerdo de la Corporación de Regidores o a petición de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, debiendo reunirse por lo menos dos veces al año con las personas que asistan.

Antes de citar al Cabildo Abierto, el Alcalde comunicará las materias que serán tratadas a la Corporación de Regidores y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para que estos, si lo estiman conveniente, agreguen otras para ser incluidas en la convocatoria.

El Alcalde de la Comuna presidirá siempre las reuniones del Cabildo Abierto.

Artículo 66.- Corresponde al Cabildo Abierto deliberar respecto a la solución de cualquier problema que afecte a la Comunidad y conocer de la cuenta de la gestión municipal que presente el Alcalde.

Artículo 67.- En las Municipalidades

formadas por agrupaciones de Comunas

el Cabildo Abierto podrá celebrar sus sesiones separadamente en cada una de ellas.

TITULO VII

De la, responsabilidad de los Agentes Municipales y de las Municipalidades

Artículo 68.- Los Alcaldes y Regidores tendrán responsabilidad administrativa, civil y penal en el ejercicio de sus cargos.

La responsabilidad administrativa se hará efectiva en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley para la remoción de Alcaldes y Regidores.

La responsabilidad civil se hará efectiva en la forma establecida en el artículo 67 de la presente ley.

La responsabilidad penal se regirá por las normas contempladas en el Código Penal y dentro de los plazos de prescripción en él establecidos.

Artículo 69.- La Contraloría General de la República hará efectiva la responsabilidad que en la inversión de los fondos municipales pueda caberle a los Alcaldes, Regidores o funcionarios municipales, adoptando todas las medidas conducentes a este objeto, de acuerdo con las disposiciones de su ley orgánica. Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de la obligación de pasar a la Justicia Criminal los antecedentes para el castigo de los Alcaldes, Regidores o funcionarios municipales que resulten culpables de delito.

En uso de las facultades contempladas en el presente artículo, la Contraloría procederá en conciencia.

Artículo 70.- Los actos de la autoridad municipal se reputan legales, a menos que sean declarados ilegales en recurso interpuesto mediante el procedimiento que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 71.- Cualquier ciudadano podrá reclamar contra las resoluciones u omisiones de carácter general que estime

ilegales de cualquier autoridad municipal. De la misma manera podrán hacerlo las personas directamente afectadas por una resolución de carácter particular de dicha autoridad. Para estos afectos los interesados deberán solicitar previamente a la autoridad municipal que dictó la resolución o que produjo la omisión, que reconsidere su actuación; petición que deberá entablarse en el plazo de 30 días contados desde la fecha de la notificación administrativa de la resolución reclamada o desde que se hubiera requerido a la autoridad en el caso de omisiones.

Tendrán derecho a entablar este reclamo los Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales por los actos que estimen ilegales y aun cuando no les afecten, sin que ello sea causal de inhabilidad ni aún en el caso que la responsabilidad recaiga en la Municipalidad de que forman parte o donde presten sus servicios.

La autoridad respectiva tendrá 30 días para resolver la reconsideración y si no lo hiciere dentro de ese plazo ella se tendrá por aceptada.

Artículo 72.- Si la reconsideración fuere denegada, la o las personas que la hubieren solicitado podrán formular reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, como subrogante del Tribunal Administrativo dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación administrativa de la respectiva resolución.

La Corte solicitará informe a la autoridad contra la cual va dirigido el recurso. Dicho informe deberá ser evacuado en el plazo que se indique en el requerimiento. Transcurrido este plazo con o sin el informe, la Corte dictará sentencia sin más trámite, salvo que si lo estima necesario, a petición de parte o como medida para mejor resolver habrá un término probatorio breve, en cuyo caso la sentencia la dictará vencido este último plazo.

La sentencia deberá dictarse, en todo caso, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que el reclamo de ilegalidad hubiere sido entablado.

La sentencia contendrá una relación de los hechos; el análisis y valor que se conceda a las pruebas rendidas; las disposiciones legales en que fundan su fallo y la resolución del recurso, con expresa indicación, en el caso de aceptar el reclamo, de la forma en que se reparará el daño causado y de la persona responsable.

Las costas serán de cargo del reclamante, a menos que el recurso fuera aceptado por sentencia definitiva, en cuyo caso deberán serie reembolsadas por la Municipalidad o el funcionario reclamado, según se resuelva en la sentencia.

Todas las notificaciones se harán por cédula.

Contra la sentencia sólo procederá el recurso de casación en el fondo.

Artículo 73.- Declarada por sentencia ejecutoriada la ilegalidad de un acto, se producirá su nulidad absoluta y la Municipalidad, los Alcaldes, Regidores o funcionarios, según proceda, serán responsables, solidariamente, de la indemnización de los perjuicios que acarree el acto impugnado. De la misma manera lo serán por sus omisiones declaradas ilegales.

El monto de los perjuicios será determinado en juicio sumario que se entablará ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía correspondiente. El plazo para entablar la demanda será de 30 días contados desde que la sentencia quede ejecutoriada.

TITULO VIII

De los Presupuestos Municipales

Artículo 74.- Anualmente, en la primera quincena de octubre, el Alcalde presentará a la Corporación el presupuesto de entradas y gastos de la Municipalidad, clasificados éstos en fijos y variables y divididos en partidas o ítem.

En el presupuesto se determinará el producto probable de cada ítem de ingreso, así como el detalle de las cantidades asignadas para cada inversión.

La Corporación no podrá aumentar el

presupuesto de ingresos presentado por

el Alcalde, y sí sólo disminuirlo y modificar la distribución de la inversión proyectada en él. El Presupuesto de egresos no podrá exceder al de ingresos así aprobado.

Sin embargo, no podrá disminuir los siguientes gastos fijos:

1.- Los ordenados por la presente ley;

2.- Los provenientes de contratos vigentes ;

3.- La adquisición de artículos que se consulten anualmente en los presupuestos y que son indispensables para el funcionamiento de los diferentes servicios y oficinas municipales, y

4.- El servicio de la deuda.

Si la Corporación disminuyera el cálculo de los ingresos, deberá hacer la disminución consiguiente en los egresos, no pudiendo hacerlo en aquellos ítem especialmente expresados en porcentajes en el presente Título.

Artículo 75.- Una vez aprobado el presupuesto por la Corporación, pasará al Intendente Provincial respectivo, para que se pronuncie sobre él antes del 15 de diciembre, para cuyo efecto el Secretario Municipal lo enviará a dicha autoridad dentro del plazo fatal de 5 días contados desde la fecha en que hubiere sido aprobado por la Municipalidad. El Secretario incurrirá en una multa de un día de sueldo por cada día de atraso, la cual se le aplicará de oficio por el Tesorero.

Si la Corporación no lo aprobare antes del 1º de noviembre, el proyecto del Alcalde pasará al Intendente Provincial para los efectos indicados en el inciso anterior. Si éste, por cualquier causa, tampoco lo aprobare dentro del plazo fatal que se le señala, regirá en el año siguiente el aprobado por la Corporación Municipal o por el Alcalde, según el caso.

Ni la Corporación ni el Intendente podrán rechazar los presupuesto que se le presenten en conformidad a lo anteriormente dispuesto, sino sólo modificarlos respecto a las infracciones legales que

contengan debiendo velar especialmente porque en el proyecto se consulten los fondos destinados a los fines indicados en el título sobre empresas muncipilaes.

Si el Alcalde no presentare el proyecto en el plazo legal que se le fija, será causal de remoción y regirá el presupuesto del año anterior.

Artículo 76.- Los fondos municipales se invertirán en la atención de los servicios de que está encargada la Municipalidad. La Ordenanza determinará los diferentes ítem de ingresos y egresos obligados.

El presupuesto deberá contener, especialmente, los siguientes ítem de egresos, los que se calcularán en relación con los ingresos ordinarios efectivos del primer semestre del año en que se confecciona el presupuesto multiplicado por dos, deduciendo los gastos que, en el año en que regirá el presupuesto, la Municipalidad deberá destinar al pago de remuneración y previsión de su personal:

Un 5% de Libre Disposición del Alcalde, del que éste podrá girar a su arbitrio en los fines que estime conveniente, siempre que estén dentro de la órbita de atribuciones de la Municipalidad y sin perjuicio de su responsabilidad ante el organismo Contralor ;

Un 2,5% a lo menos destinado a Imprevistos, del que dispondrá la Corporación Municipal para los fines no consultados en el presupuesto;

Un 30% a lo menos destinado a nuevas obras de adelanto local o a terminación de las existentes, según el plan de obras aprobado legalmente.

Dicho plan quedará incorporado al presupuesto y no podrá ser modificado si no es con el acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio y de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos;

d) Hasta un 2% destinado al fman

damiento de la respectiva Caja de Pre

visión de los Funcionarios Municipales,

de acuerdo con las disposiciones que se

establezcan en la presente ley u otras que la complementen;

Un 5% que se destinará exclusivamente a proporcionar asistencia social y económica a los escolares de la comuna por intermedio de la respectiva Junta Local de Auxilio Escolar;

Un 5% para la costrucción de habitaciones para funcionarios municipales.

Artículo 77.- Después de aprobados los presupuestos no podrá aumentarse ni disminuirse las remuneraciones de los funcionarios, ni aún por medio de sobresueldos, gratificaciones u otra forma de carácter permanente; tampoco podrá acordarse suplementos o nuevos gastos, sin disminuir o suprimir un gasto variable por igual suma, o sin imputarlos al ítem de Imprevistos o a la mayor entrada que se hubiere producido en el ingreso total del presupuesto o a un empréstito contratado ; pero la iniciativa corresponderá siempre al Alcalde, sin que la Corporación pueda aumentar las cantidades pro.- puestadas por aquél, a menos que concurran los tres cuartos de los Regidores en ejercicio.

En todo caso los presupuestos deberán atenerse a los planes y programas comunales e intercomunales de que trata esta ley.

TITULO IX

De la Administración de Bienes Munici-pales

Artículo 78.- La Administración de los bienes y rentas municipales reside en el Alcalde, a quien corresponde, en consecuencia, la iniciativa. La Corporación no podrá acordar gasto alguno sin dicha iniciativa, salvo acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Artículo 79.- Los pagos se harán previo decreto del Alcalde, en conformidad al presupuesto o al respectivo acuerdo posterior cuando el gasto no esté consul-

tado en aquél; no pudiendo gastar los fondos de ítem alguno en otros objetos que los indicados en general o específicamente en la respectiva glosa.

Los fondos sobrantes en el ejercicio financiero pasarán a incrementar por el solo ministerio de la ley el ítem de obras del siguiente año, entendiéndose en esta forma suplemetado.

Sin embargo, los fondos a que se refieren las letras c) y f) del artículo 76, que queden sin invertir en el curso de un año, pasarán a incrementar los mismos rubros en los años siguientes.

Artículo 80.- Las adquisiciones las efectuará el Alcalde en propuesta pública cuando su valor fuere superior a cuatro sueldos vitales mensuales escala A del Departamento de Santiago, en las Municipalidades cuyo número de Regidores fuere superior a ocho. En aquellas en que el número de Regidores fuere mayor, deberán efectuarse las adquisiciones en propuestas públicas si su valor fuere superior a 10 sueldos vítales mensuales escala A del Departamento de Santiago.

Las bases de la propuesta serán aprobadas por la Corporación Municipal y la resolución de la propuesta corresponderá al Alcalde, salvo que las bases dispongan otra cosa.

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, no se requerirá propuesta pública en los siguientes casos:

Cuando la naturaleza del contrato lo impida, como en la permuta;

Cuando se trate de adquisiciones cuyo precio sea fijado oficialmente;

Cuando la adquisición se haga en subasta pública;

Cuando se trate de repuestos, piezas, combustibles y otros elementos indispensables para mantener en servicio los vehículos y equipos mecanizados de aseo y ornato de la Municipalidad, con acuerdo de la Corporación por simple mayoría. Igual norma se aplicará tratándose de gastos menores.

Cuando la Corporación Municipal

autorice su omisión con acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, para un caso determinado y para un período que no exceda del respectivo año presupuestario.

Artículo 81.- Las obras o trabajos que excedan de las cantidades indicadas en el inciso primero del artículo anterior se regirán por las disposiciones de dicho artículo.

Artículo 82.- Las Municipalidades podrán adquirir inmuebles para destinarlos ai cumplimiento de los fines que les encomienda la ley por todos los modos de adquirir que establece el Código Civil y, especialmente, en virtud dé los siguientes títulos:

Por compra, que debe ser acordada por los dos tercios de los Regidores en ejercicio. El precio no podrá ser superior ai del avalúo establecido en el Rol de Bienes Raíces de la comuna aumentado en un 20%. No obstante podrá acordarse con el mismo número de votos un precio superior, prévia tasación practicada por la respectiva Dirección de Obras Municipales, en cuyo caso el acuerdo deberá ser ratificado por el Intendente Provincial o la autoridad que ejerza sus funciones, para su validez;

Por expropiación acordada por los dos tercios de los Regidores en ejercicio, para cuyo efecto se declaran de utilidad pública los inmuebles necesarios para los fines indicados en el inciso primero.

En las expropiaciones, el precio que se fije administrativamente no podrá ser superior al avalúo establecido en el Rol de Avalúos de la Comuna, aumentado en un 20%. Sin embargo, a solicitud del interesado, y con el informe favorable del Director de Obras Municipales, podrá la Municipalidad acordar, por los tres cuartos de los Regidores en ejercicio, un precio superior al máximo indicado.

Se entiende por avalúo vigente el que rija al momento del pago.

Si dentro de los 60 días siguientes al acuerdo de expropiación no se conviniere

el precio con el propietario, cualquiera de las partes podrá concurrir ante la Justicia Ordinaria para obtener que la indemnización sea fijada por sentencia judicial, de conformidad con el procedimiento establecido para las expropiaciones que realiza la Corporación de la Vivienda.

Artículo 83.- Para la adquisición de bienes por herencia, legado o donación, se requiere que la Corporación acuerde la aceptación. En caso de herencia, ésta se entenderá siempre aceptada con beneficio de inventario, y cuando tales adquisiciones fueren condicionadas o impusieren un gravamen permanente, la aceptación deberá hacerse con el acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.

Artículo 84.- Los Bienes Raíces de propiedad municipal no podrán ser enajenados o gravados, sino en caso de necesidad o utilidad reconocidas por los dos tercios de los Regidores en ejercicio y con ratificación del Intendente Provincial.

El arrendamiento y las concesiones de uso de estos mismos bienes por más de cinco años se sujetarán a estos mismos requisitos. En caso de prórroga se cumplirá con iguales trámites.

Artículo 85.- Los bienes raíces de propiedad municipal se venderán en pública subasta, teniendo como precio mínimo el establecido en el Rol de Bienes Raíces.

No obstante, por los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrá acordarse otra forma de transferencia a instituciones públicas, tales como el Fisco, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y a Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias le-galmente constituidas y con personalidad jurídica.

Si no se presentaren postores a la subasta, podrá la Municipalidad acordar la venta privada del inmueble, por un precio no inferior al 80% del mínimum fijado para el remate y con acuerdo de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.

Tratándose de bienes muebles, se requerirá también pública subasta, salvo que la

Corporación, por acuerdo de los dos tercios de sus miembros, acuerde omitir dicho trámite.

Artículo 86.- Los bienes raíces de propiedad municipal no podrán entregarse en arrendamiento por un renta mensual inferior a la que determine como máximo la ley general sobre la materia.

No obstante, tratándose de funcionarios municipales que ocupen inmuebles municipales en razón de sus cargos, se regirán por las normas del artículo 87 del Estatuto Administrativo.

Artículo 87.- La Municipalidad no podrá alterar en perjuicio del Municipio contrato alguno, ni remitir deudas, ni disponer el cumplimiento de obligaciones contraídas a su favor, ni celebrar transacciones en pleitos iniciados o eventuales, sino por ios dos tercios de los Regidores en ejercicio y ratificación del Intendente Provincial.

Artículo 88.- Los que contrajeren obligaciones en virtud de contrato respecto de la Municipalidad, deberán rendir fianza a satisfacción del Alcaide.

Artículo 89.- No podrán celebrar contratos con la Municipalidad respectiva ni ser cesionarios o fiadores de ellos los Alcaldes, Regidores o funcionarios municipales, ni sus ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Es nulo, en especial, todo acto o contrato en que se contravenga esta disposición ; el que la infringiere responderá de los perjuicios resultantes.

Ningún Regidor ni funcionario municipal podrá defender pleitos o gestionar negocio alguno contrario a los intereses municipales o en que la Municipalidad tenga parte.

Artículo 90.- Las Municipalidades, en casos calificados y con autorización del Intendente Provincial, podrá invertir los fondos destinados a la construcción de habitaciones para funcionarios municipales en terrenos que queden fuera del radio comunal.

Podrán, asimismo, entregar estos fondos a la respectiva Caja de Previsión para el cumplimiento de los fines a que están destinados.

Con cargo a estos fondos, las Corporaciones podrán contratar los préstamos que sean necesarios.

La obligación que establece la letra f) del artículo 76 de la presente ley se entenderá también cumplida por las Municipalidades depositándolo total o parcialmente en la Corporación de la Vivienda o en Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en cuentas de ahorro individuales para sus empleados y obreros o a nombre de las Cooperativas que ellas formen, con los fines señalados en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1959, y en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 205, de 1960. Dichas Cooperativas no podrán tener para estos efectos, otra finalidad que la adquisición o la construcción de viviendas económicas para sus cooperados. Las "Cuotas de Ahorro" y los depósitos a que se refiere el inciso anterior, no gozarán de los derechos establecidos en la letra a) del artículo 30 del Decreto con Fuerza de ley Nº 2 ya dictado ni de los que determinan los artículos 41 y 59 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 205, respectivamente, y sólo podrán ser girados unos y otros para la construcción, adquisición, terminación o ampliación de viviendas económicas.

Artículo 91.- Las Municipalidades, con acuerdos favorables de los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrán vender directamente, con omisión del trámite de la subasta pública a sus funcionarios que no sean propietarios de una casa-habitación los terrenos de su dominio que sean aptos para la construcción de viviendas económicas, aunque estén sometidos a regímenes especiales. Los funcionarios deberán tener una antigüedad de dos años al servicio de la Municipalidad para poder optar a estas adquisiciones.

Para la selección de los postulantes la Corporación dictará un Reglamento que

establecerá especialmente el puntaje, que servirá de base para la selección, la fijación del precio y su forma de pago, los intereses y las garantías que deberán constituirse.

En todo caso, estas operaciones de venta se harán pagaderas en el plazo que cada Municipalidad fije, con un máximo de 15 años, y con garantía hipotecaria. El precio de venta no podrá ser inferior al avalúo fiscal, y será reajustable estipulándose en cuotas de ahorro D.F.L. 2.

Con los mismos requisitos y tratándose de los mismos terrenos que indican los incisos anteriores, las Municipalidades podrán vender sus propiedades a las Cajas de Previsión y a la Corporación de la Vivienda.

Artículo 92.- Las Municipalidades podrán contratar empréstitos directamente con el Banco del Estado de Chile, con la Corfo u otras instituciones nacionales, extranjeras o internacionales de crédito que produzcan hasta una cantidad equivalente a los ingresos de la respectiva Municipalidad durante el último año, a un interés equivalente al que paga el Banco por los depósitos municipales y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las normas que sobre política bancaria y crediticia impartan las autoridades correspondientes.

La contratación del empréstito se hará previo acuerdo adoptado por la Corporación can el quórum de los dos tercios de sus miembros en ejercicio y sólo podrá invertirse en los fines que se indiquen en el respectivo acuerdo.

No obstante, en sesión extraordinaria y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrá la Corporación invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida para una, si resulta insuficiente para su total ejecución con los fondos de la otra o alterar el orden de

prelación con la ejecución de las obras consultadas.

El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la respectiva Tesorería, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.

La Caja de Amortización extenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de deuda interna.

La Municipalidad depositará en la Cuenta de Depósitos Fiscal los recursos que se destinan al servicio de los préstamos a que se refieren los artículos anteriores y la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, deberá consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas.

El servicio de la deuda se hará con los ingresos ordinarios de la respectiva Municipalidad y con cargo al 1% del impuesto territorial sobre bienes raíces a que se refiere el decreto supremo de Hacienda Nº 2.047, de 29 de julio de 1965. Si ellos no fueren suficientes, el Presidente de la República, a petición del Alcalde, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Corporación con el quórum de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrá autorizar el cobro de recargos adicionales en los derechos que perciba la Municipalidad hasta la cantidad y por el período necesarios para el servicio de la deuda. Dicho recargo no podrá exceder del 20% del monto de los derechos respectivos.

El producto de los recargos adicionales o de los nuevos derechos a que se refiere

el inciso anterior, se invertirá en el servicio del préstamo, pero la Municipalidad podrá girar con cargo a su rendimiento, directamente en las obras acordadas, en caso de no contratarse el empréstito. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.

En garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente ley, las Municipalidades, con acuerdo de la Corporación, adoptado por los dos tercios de sus Regidores en ejercicio, podrán constituir hipoteca sobre los bienes raíces de su propiedad, que no estuvieren destinados a la atención de Servicios Municipales.

Artículo 93.- No son embargables:

El producto de los empréstitos contratados por la Municipalidad y las rentas afectas al servicio de los mismos; salvo para responder a deudas contraídas en virtud de dichos empréstitos;

Los bienes raíces y muebles que estuvieren destinados a los Servicios Municipales; y

Los dineros necesarios para el pago de las remuneraciones a los funcionarios municipales.

Artículo 94.- Están exentos de pagar impuestos:

1.- Los intereses que perciben los Municipios por los depósitos que efectúen en los Bancos y en las Instituciones de Ahorro.

2.- Las propiedades de las Municipalidades afectas a un servicio público o municipal y que no produzcan rentas; el concesionario u ocupante a cualquier título de terrenos municipales pagará el impuesto correspondiente; pero esta disposición no se aplicará a las concesiones mineras ni a las servidumbres, ni a las concesiones hechas para fines de beneficencia o de policía;

3.- Las propiedades tomadas en arrien-

do por la Municipalidad sobre las cuales tenga uso y goce.

Artículo 95.- En los juicios ejecutivos que entable la Municipalidad o quien sus derechos represente para cobrar las rentas contempladas en la Ley de Rentas Municipales y en otras leyes complementarias no se admitirán otras excepciones que las siguientes:

Pago efectivo de la deuda; y

Prescripción.

Estos juicios se tramitarán siempre siempre ante el Juzgado de Turno en lo Civil de Mayor Cuantía.

Artículo 96.- Los actos o contratos que celebre la Municipalidad para el cumplimiento de sus fines estarán exentos del pago de todo impuesto.

TITULO X

Del Desarrollo Urbano Intercomunal.

Párrafo I

Principios Generales.

Artículo 97.- Las Municipalidades deberán actuar coordinadamente de tal manera que sea posible un desarrollo integral de las provincias y zonas a que pertenecen y, en especial, de los centros urbanos de que forman parte.

Sin embargo, la acción común que efectúen las Municipalidades debe ser concordante con la acción del Gobierno.

Las normas contenidas en los párrafos siguientes tienden al cumplimiento de estos fines.

Párrafo II

De la Acción Municipal ínter provincial.

Artículo 98.- Los Municipios coordinarán su labor y se relacionarán entre ellos a través del Intendente de la respectiva

provincia sin perjuicio de la relación a nivel comunal de las Municipalidades con el correspondiente Subdelegado.

Los Intendentes deberán citar a los Alcaldes de las comunas que corresponda en todos aquellos casos en que se consideren problemas que afecten la esfera de competencia de las Municipalidades. Los alcaldes deberán proponer a sus respectivas Corporaciones las materias que les corresponda resolver y que les sean propuestas por los Intendentes.

Artículo 99.- Los Intendentes con el acuerdo de las Municipalidades interesadas podrán contratar a honorarios, o en la forma que lo estimen conveniente, personal técnico, semitécnico o especializado para atender asesorías municipales provinciales, cuando sean estrictamente necesarias, podrá asimismo, solicitar la cooperación o contratar a funcionarios de la Administración Civil del Estado para los fines señalados en el presente artículo. Los honorarios que se acuerden serán compatibles con las remuneraciones de dichos funcionarios y no tendrán el carácter de sueldo para ningún efecto legal y serán pagados por las respectivas municipalidades a prorrata de sus presupuestos o en la forma que para cada caso convinieren.

Artículo 100.- Los funcionarios municipales que se contratare de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior tendrán derecho por la prestación de sus servicios a una asignación de hasta el 50% del sueldo municipal, que se pagarán en la forma señalada en esa disposición.

Párrafo III

Disposiciones Generales.

Artículo 101.- Sin perjuicio de las facultades señaladas en el párrafo anterior, dos o más Municipalidades podrán convenir la atención en común o coordi-

nadamente de servicios o la ejecución de programas de beneficio para varias comunas, estableciendo las medidas que estimen necesarias o útiles para su finan-ciamiento y administración.

Estos convenios se aprobarán conjunta o separadamente por las respectivas corporaciones sin formalidad especial y a iniciativa de cualquiera de las Municipalidades interesadas; serán suscritos y ejecutados por los respectivos Alcaldes, quienes deberán adoptar todas las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento.

Los conjuntos urbanos que determine el respectivo Intendente deberán resolver, en común, conforme al procedimiento de este artículo, aquellas materias relacionadas con planeamiento urbano, tránsito, pavimentación, aseo y servicios públicos de urbanización y otras, dentro de su competencia.

Las sumas con que debe concurrir cada Municipalidad en virtud de los acuerdos que se adopten en conformidad al presente artículo, deberán consultarse en los respectivos Presupuestos. Si la Corporación Municipal así no lo hiciere, el Alcalde deberá girarlas en el plazo que corresponda, con cargo a cualquier ítem variable del Prespuesto, que de esta forma quedará disminuido.

Las obras que sea necesario realizar serán contratadas conforme a las normas de la presente ley, por la Municipalidad de mayor Presupuesto, sin perjuicio de la obligación de rendir cuenta a las demás Municipalidades.

Artículo 102.- Los servicios autónomos o empresas comunes o provinciales de varios municipios, se sujetarán a las normas del título V y su respectivo reglamento.

TITULO XI

De las relaciones con el Poder Central y la Contraloría General de la República.

Artículo 103.- Se mantienen íntegra-

mente y para todos los efectos legales las facultades de supervigilancia correccional y económica que correspondan a los Intendentes como subrogante de las asambleas Provinciales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 106 de la Constitución Política y las Leyes que la complementan.

Artículo 104.- Las Municipalidades intervendrán en el proceso de formulación de planes y programas de desarrollo regional en la forma y condiciones que determine la legislación respectiva y en coordinación con los organismos centrales de planificación.

Artículo 105.- Las Municipalidades y todos los servicios municipales inclusive la Confederación Nacional de Municipalidades y sus organismos dependientes, estarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República de acuerdo con las disposiciones de su ley orgánica.

Sin embargo, la Contraloría dentro del plazo máximo de tres meses deberá aprobar o reparar las cuentas de estas instituciones. Transcurrido este plazo, sin pronunciamiento de la Contraloría, se entenderán aprobadas.

TITULO XII

De la Confederación Nacional de Municipalidades de Chile.

Artículo 106.- La Confederación Nacional de Municipalidades de Chile será la Corporación de Derecho Público encargada de coordinar la acción de los Municipios, fomentando su vinculación, asesorándolas en su organización y en el ejercicio de sus atribuciones velando por el prestigio de la administración comunal. Informará, a solicitud de la respectiva Municipalidad sobre la correcta aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al régimen municipal, sin perjuicio de las atribuciones

que correspondan a la Contraloría General de la República.

Artículo 107.- Los Organismos de la Confederación serán los siguientes:

1.- El Congreso Nacional de Municipalidades.

2.- El Consejo Directivo Nacional.

Artículo 108.- El organismo máximo de la Confederación es el Congreso Nacional de Municipalidades, que se reunirá cada dos años en el lugar y fecha que él mismo o el Consejo Directivo Nacional designe. Podrá reunirse también extraordinariamente previa citación de dicho Consejo.

Estará integrado por los Alcaldes y Regidores de todas las Municipalidades del país y por un total de 10 representantes de los funcionarios municipales designados por las Directivas gremiales. Tendrán derecho a esta representación dichas Directivas, siempre que en sus estatutos orgánicos otorguen idéntico derecho a representantes de la Confederación en sus respectivos Congresos gremiales.

Artículo 109.- El Congreso Nacional de Municipalidades estudiará y adoptará •acuerdos sobre problemas municipales de carácter general que se determinen en la Tabla que le proponga el Consejo Directivo Nacional en la respectiva Convocatoria. Un reglamento de Presidentes de la República determinará las normas por las cuales se rija el funcionamiento de la Confederación, la designación de sus directivas, la administración de sus recursos y demás materias a que se refiere el presente párrafo.

Artículo 110.- El Consejo Directivo Nacional es el organisimo máximo de la Confederación en receso del Congreso Nacional y estará integrado por Consejeros designados por el Congreso Nacional de Municipalidades, por voto acumulativo y que tengan la calidad de Alcaldes o Regidores en ejercicio y dos representantes de los funcionarios municipa-

les bajo condición de reprocidad en sus directivas gremiales.

Arítculo 111.- Son deberes o atribuciones del Consejo Directivo Nacional:

1.- Convocar al Congreso Nacional de

Municipalidades ordinaria o extraordina

ria fijando su sede y fecha de realiza

ción, cuando éstas no hubieren sido de

terminadas por el anterior Congreso o

cuando sea necesario modificarlas por

motivo de fuerza mayor.

2.- Promover, fomentar y mantener relaciones internacionales con organismos extranjeros afines.

3.- Dar cumplimiento a las resoluciones de los Congresos Nacionales de Municipalidades y publicar sus acuerdos;

4.- Mantener y fomentar la vinculación entre las Municipalidades y demás organismos municipales del país.

5.- Velar por el prestigio de la administración comunal, asesorar a los municipios y evacuar los informes que éstos les soliciten, ejerciendo para ello las facultades que el Nº 4, del artículo 56 de la presente ley les señala.

6.- En general, todas aquellas funciones que las leyes le encomiende.

Artículo 112.- La representación judicial y extrajudicial de la Confederación corresponderán de consuno a su Presidente y al Secretario General, los que podrán delegar de estas funciones en algún otro miembro de la Mesa.

Artículo 113.- Créase la Central de Compras de las Municipalidades, que tendrá a su cargo la adquisición, almacenamiento y distribución de materiales de oficina, maquinarias y demás bienes muebles o elementos necesarios para el funcionamiento de las Municipalidades del país.

La Central dependerá de la Confederación Nacional de Municipalidades, y el reglamento por el cual se regirá, será dictado por el Presidente de la República.

Las Municipalidades podrán voluntariamente hacer sus adquisiciones de bie-

nes muebles por intermedio de la Central de Compras de las Municipalidades de acuerdo al reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República.

Artículo 114.- Autorízase a la Confederación Nacional de Municipalidades para crear el Instituto de Estudios Municipales, que funcionará bajo sus directivas dependencias, con el objeto de dictar cursos y seminarios de especialización para Alcaldes, Regidores y funcionarios municipales pudiendo establecer para estos efectos convenios con la Universidad de Chile u otras Universidades reconocidas por el Estado. El Instituto, a través de estos convenios podrá crear la especialidad de Técnico en Administración Municipal.

Asimismo, podrá realizar planes de instrucción en materia municipal con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y los organismos relacionados con dicho Ministerio.

Su financiamiento se hará en la forma que determine el Reglamento.

Artículo 115.- La Confederación Nacional de Municipalidades se financiará ordinariamente con el dos por mil de los ingresos efectivos de las Municipalidades del país, el que será depositado directamente por el Tesorero Comunal o Provinciales en una cuenta especial, de acuerdo con las normas que establezca el Reglamento que dictará el Presidente de la República.

El examen o juzgamiento de las cuentas de la Confederación se hará por la Contraloría General de la República, de acuerdo a su ley orgánica.

TITULO XIII

Normas Generales.

Artículo 116.- Siempre que en la presente ley se requiera el acuerdo del tercio o los dos tercios, los tres cuartos o cualquiera otro relacionado con el número de

los miembros de un organismo para funcionar o resolver, y el número de personas de que conste o que en casos determinados la compongan no admitiere división exacta, se aplicará la siguiente regla: la fracción que resulte después de practicada la correspondiente operación aritmética, si fuere superior a un medio se apreciará como un entero; si fuera igual o inferior, se despreciará.

Artículo 117.- Estarán liberados de derechos de internación, Ley 3.852 y sus modificaciones e impuestos ad valorem establecidas por el decreto de Hacienda Nº 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, y en genera;, de todos los derechos e impuestos que se perciban por las Aduanas como también de los derechos consulares, los equipos, maquinarias, repuestos, accesorios, vehículos de características técnicas especiales y dispositivos adecuados tales como : Frigorífico y/o isotérmicos, de descarga automática y similares, recolectores de basura para faenas pesadas empleados en pavimentación y caminos; coches, ambulancias, coches fúnebres, coches para auxilio de averías, coches bombas, coches escalas, coches barrederas, coches quitanieves, coches de riego, coches grúas, coches talleres y análogos; y demás elementos que sean indispensables para los servicios municipales de aseo, agua potable, alumbrado público, mataderos y señalización de vías de tránsito y otros servicios municipales.

Las mercaderías señaladas en el inciso anterior, no estarán afectas al impuesto adicional que se haya establecido o que se establezca, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la ley 13.305.

Las mercaderías a que se refiere el presente artículo deberán llegar al país consignadas a las Municipalidades respectivas.

La Corporación de Fomento de la Producción deberá certificar que no existe producción nacional adecuada y económi-

ca de las mercaderías a importarse o de las características que se requieren para atender los servicios respectivos, ni tampoco la posibilidad técnica inmediata de que puedan ser reemplazadas por otras similares fabricadas en el país.

El Ministerio de Hacienda concederá las franquicias del presente artículo por Decreto Supremo en el que se individualizarán las mercaderías que quedarán comprendidas dentro de la liberación que otorgan estas disposiciones.

Si dentro del plazo de cinco años, contados desde la internación fueren enajenadas a cualquier título alguna de dichas mercaderías, deberán integrarse en arcas fiscales los impuestos y derechos cuyo pago se exime, quedando solidariamente responsables de ello las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.

El Banco Central deberá mantener un porcentaje anual de divisas adecuado para las importaciones que requieran las Municipalidades.

Artículo 118.- El Tribunal Calificador de Elecciones Municipales en cada Provincia se compondrá:

Cuando deba funcionar en cada una ciudad asiento de Corte, de un miembro de la Corte respectiva designado por sorteo practicado por el Tribunal; en las demás cabeceras de Provincia por el Juez de Letras, correspondiendo al más antiguo si hubiese más de uno;

Del Tesorero Provincial; y

c) Del Defensor Público más antiguo.

Presidirá el Tribunal un miembro de la

Corte o el Juez de Letras, según el caso, y actuará de Secretario el Notario Conversador de Bienes Raíces de la cabecera de la Provincia.

Artículo 119.- Derógase la ley Nº 11.860, del 14 de septiembre de 1955, en todas aquellas materias en que sus disposiciones fueren contrarias a la presente ley.

Se faculta al Presidente de la Repúbli-

ca para que refunda en un solo texto las disposiciones legales relativas al régimen de administración comunal.

Artículo 120.- Los límites de las diferentes comunas o agrupaciones de comunas serán los señalados por la legislación vigente.

Artículo 121.- Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, el Presidente de la República, a petición de una o más de las Municipalidades que correspondan, podrá declarar como lugares de balnearios o de turismo, las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas que sean necesarios para el esparcimiento y recreación de los habitantes. Los lugares así declarados serán bienes nacionales de uso público.

Artículos transitorios

Artículo 1.- Mientras la Constitución no cree un organismo específico, las Municipalidades se relacionarán con el Gobierno Central, a través del respectivo Intendente Provincial y por la vía del correspondiente Subdelegado.

Artículo 2.- Los cargos que por la presente ley requieren para su desempeño la posesión de un título profesional determinado y que actualmente fueren desempeñados por personas que no tuvieren ese título o poseyeran otro, continuarán siendo ocupados por su actual personal hasta que vacaren.

(Fdo.) : Eduardo Freí M.- Bernardo Leigthon G.".

2.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 3241.- Santiago, 4 de junio de 1966.

En Mensaje Nº 16, de fecha 9 de noviembre de 1965, actualmente en esa H. Corporación (Boletín Nº 1039), el Ejecutivo sometió a la consideración del H. Congreso Nacional un proyecto de ley tendiente a cambiar la parte pertinente del texto del Párrafo III, del artículo 3º de la Ley

Nº 16.046, con el objeto de suprimir el grado de Subteniente en el Escalafón de Oficiales de Aeropuertos de la Fuerza Aérea de Chile; iniciativa que es necesario materializar cuanto antes para normalizar la situación de los actuales y futuros integrantes de dicho Escalafón.

Por tanto, en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado, vengo en solicitar del H. Congreso Nacional que el citado Proyecto sea tratado en el carácter de urgente.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Juan de Dios Carmona Peralta".

3.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 686.- Santiago, 1º de junio de 1966.

El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones de S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley Nº 10.343, en lo relativo a la jubilación de la mujer funcionaría de la Administración Civil del Estado y de las Municipalidades.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio Nº 627, de fecha 6 de abril ppdo.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña..- Pelagio Figueroa Toro".

4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 753.- Santiago, 31 de mayo de 1966.

Me refiero a su oficio del rubro y, sobre el particular, me es grato comunicar a V. E. que, por oficio Nº 8544 de 26 de mayo del año en curso, la Corporación de Fomento de la Producción da respuesta a la materia señalada por el H. Diputado señor Guido Castilla Hernández en lo que se refiere a la necesidad de instalar una planta productora de aceite en el departamento de Loncomilla.

Sírvase encontrar adjunto copia del oficio aludido.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

5.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 754.- Santiago, 21 de mayo de 1966.

Me refiero a su oficio del rubro y, sobre el particular, me es grato comunicar a V. E. que, por oficio Nº 8530 de 26 de mayo del año en curso, la Corporación de Fomento de la Producción da respuesta a la materia señalada por el H. Diputado señor Guido Castilla Hernández y que se refiere a un informe relativo a la construcción do la Central Eléctrica de Colbún, de la provincia de Linares.

Sírvase encontrar adjunto copia del oficio aludido.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 693.- Santiago, 20 de mayo de 1966.

En respuesta a su oficio consignado en la referencia, me es grato adjuntar a V. E. el informe evacuado por la Corporación de Fomento de la Producción y remitido a esta Secretaría de Estado por oficio Nº 7002, de 4 de mayo en curso.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

7.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 691.- Santiago, 20 de mayo de 1966.

En respuesta a su oficio consignado en la referencia, cúmpleme manifestar a V. E. que la Empresa de Comercio Agrícola, por oficio Nº 6107, de fecha 28 de abril de 1966, nos expresa que los Poderes Compradores de Trigo de Carahue y de Nueva Imperial han sido atendidos normalmente por los Inspectores Compradores designados para cumplir estas funciones y, en lo que a fondos se refiere, éstos se han pues-

to a disposición oportunamente para cancelar la totalidad de las adquisiciones efectuadas, dándose preferencia a aquellas zonas donde existe mayor número de pequeños agricultores y en las que se incluye, entre otras, a Carahue y Nueva Imperial.

Por otra parte, la Empresa cuenta con la provisión necesaria para cubrir la totalidad de la compra prevista para el presente año, de manera que no habría razón para postergar el cumplimiento de compromisos de esta naturaleza.

Como dato ilustrativo puedo informarle que la situación de los poderes compradores en referencia, es la siguiente:

Carahue ha comprado 16.000 qq. mt. por un valor de Eº 465.000 y cuenta con Eº 470.000.

Nueva Imperial ha comprado 22.000 qq. mt. por un valor de Eº 658.000 y tiene fondos acreditados por Eº 670.000.

La Empresa, a medida que avanza la temporada de compras destina nuevos acreditivos a las respectivas oficinas, acreditivos que guardan relación con las futuras posibilidades de compra, pero no puede distraer grandes partidas de dinero, ya que debe distribuir el capital destinado a este objetivo en 100 poderes compradores y evitar, en lo posible, que se produzcan apreciables saldos por retirar al cierre de las oficinas, prestando así oportuna atención a las que continúan en funciones.

En lo que al almacenamiento de la producción se refiere, la Empresa cuenta con bodegas con capacidad suficiente para almacenar la totalidad del trigo que puede recibirse, tanto en Carahue como en Nueva Imperial, de manera que las limitaciones en cuanto a mayores posibilidades de compra a cada pequeño agricultor inciden en el interés que cada uno tenga en vender su producción a este organismo.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

8.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 752.- Santiago, 31 de mayo de 1966.

En respuesta a su oficio del rubro, cúmpleme comunicar a US. que la Empresa de Comercio Agrícola por oficio Nº 7203 de 20 de mayo del presente año, nos remitió copia del oficio en que se daba respuesta directa al H. Diputado señor Marino Penna Miranda, sobre la materia en cuestión.

Sírvase encontrar adjunto copia del referido oficio.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

9.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"Nº 755.- Santiago, 31 de mayo de 1966.

Me refiero a su oficio del rubro y, sobre el particular, me es grato comunicar a V. E. que, por oficio Nº 5047 de 27 de mayo de 1966, la Empresa Nacional de Electricidad da respuesta a la materia señalada por el H. Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca en lo que se refiere a la instalación de alumbrado público en los sectores de la localidad de Capitán Pastene, departamento de Traiguén.

Sírvase encontrar adjunto copia del oficio aludido.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz".

10.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA.

"Nº 1871.- Santiago, 7 de junio de 1966.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) han convocado a la Conferencia de Ministros de Educación y Ministros Encargados del Planeamiento Económico en los países de América Latina y del Caribe. Esta reu-

nión se realizará en Buenos Aires entre el 20 y 30 de junio próximo.

El propósito de esta Conferencia es "facilitar la elaboración de criterios y principios normativos que permitan ayudar a los Estados miembros de América Latina en el Planeamiento del Desarrollo de la Educación en la Esfera Nacional.". Estos criterios y principios, como los programas de acción en los planos nacional, regional o internacional que se espera recomiende la Conferencia, se fundarán en el examen de los progresos alcanzados por los países de América Latina y del Caribe en el campo de la educación y de las necesidades derivadas de sus planes y perspectivas de desarrollo económico y social.

La Conferencia formulará, asimismo, recomendaciones acerca de la orientación de los futuros programas educativos de la UNESCO en la región latinoamericana y del Caribe una vez terminada, a fin de 1966, la vigencia del Proyecto Principal sobre Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria en América Latina.

En atención a la importancia de esta reunión y a lo dispuesto en el artículo Nº 39 letra b, de la Constitución Política del Estado solicito a la H. Corporación de su digna Presidencia, el permiso constitucional para ausentarme del país entre los días 19 de junio y 2 de julio, respectivamente.

Saluda atentamente a usted, (Fdo.) : Juan Gómez Millas".

11.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

Nº 1184.- Santiago, 1º de junio de 1966.

Se ha recibido en esta Secretaría de Estado el oficio de V. E. Nº 5037, de 20 de abril ppdo., por medio del cual pone en conocimiento del suscrito que el H. señen-Diputado don Guido Castilla Hernández solicita se adopten las medidas tendientes a obtener la creación de un Juzgado del Trabajo en San Javier.

Al respecto, cúmpleme informar a V. E. que dicha petición fue considerada por la

Subcomsión de Reformas Judiciales de este Ministerio, la que emitió un informe desfavorable a ella.

No obstante lo anterior, dicha materia será resuelta en definitiva por la Comisión de Reformas en pleno, a la que se le informará de lo expuesto por el H. Diputado señor Castilla.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. Rodrigue?: González".

12.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"Nº 1137.- Santiago, 26 de mayo de 1966.

Por oficio Nº 5498, de 11 del presente, V. E. ha remitido este Ministerio la denuncia formulada por el H. Diputado señor Mario Dueñas Avaria, relacionada con las arbitrariedades que habría cometido el señor Lagos Rivera, Notario Conservadorde Bienes Raíces, Comercio y Minas, y Secretario Judicial y Receptor del departamento de Tierra del Fuego, en contra de don Sergio Suárez Bastidas, funcionario de la Notaría.

Al respecto cúmpleme expresarle que con esta misma fecha, se ha oficiado a la Excma. Corte Suprema a fin de que arbitre las medidas que estime procedentes.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".

13.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"Nº 1138.- Santiago, 26 de mayo de 1966.

En respuesta al oficio de V. E. Nº 4557, de 23 de marzo último, en el cual se solicita a petición del H. Diputadodon Fernando Rosselot Jaramillo se obtenga la reconstrucción del archivo de la Oficina de Registro Civil e Identificación de Cura-cautín, me permito transcribirle lo informado por el Director General del Servicio indicado:

"En cumplimiento al oficio Nº 720, de

abril último, de esa Secretaría de Estado, por medio del cual tiene a bien representar las observaciones formuladas por el H. Diputadodon Fernando Rosselot Jarami11o, en el sentido de adoptar las medidas tendientes a obtener la reconstitución del archivo de la Oficina de Registro Civil de Curacautín, que fuera destruido en el incendio que afectara a dicha Oficina el 1° de julio de 1952, tengo el agrado de informar lo siguiente: Desde que asumí la Dirección del Servicio, ha sido una de mis preocupaciones preferentes, el impulsar por todos los medios a mi alcance, la sustitución de Registros del Archivo General del Registro Civil, que resultó destruido por un incendio declarado en sus oficinas en el año 1946, y donde por la acción del fuego y del agua quedaron inutilizados más de 80 mil registros que contenían alrededor de 16 millones de partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones; como asimismo, los archivos locales de varias oficinas del Registro Civil de diferentes puntos del país, también afectados por similares catástrofes. No obstante, contarse con una ley para la reconstrucción, hasta la fecha se han sustituido 280 mil partidas, debido a que es una labor lenta, por cuanto en muchos casos debe efectuarse en base a partidas semiborradas por el agua o a restos de ellas, y muy principalmente por la escasez de funcionarios que por años ha efectado al Servicio, motivo por el cual solo ha sido posible destinar a estas labores un reducido número de funcionarios, que copian entre 4 y 5 mil partidas mensuales. En esta tarea se ha estado dando preferencia a los archivos de las Oficinas ubicadas en los extremos norte y sur del país. En lo que se refiere a la sustitución del Archivo de la Oficina del Registro Civil de Curacautín, solicitada por el Parlamentario H. Diputadodon Fernando Rosselot, tengo el agrado de manifestar al señor Ministro, que en noviembre del año 1965, se inició esta labor comenzándose desde el año 1900 adelante, encontrándose a la fecha terminados y re-

mitidos a dicha Oficina, los registros de nacimientos hasta el año 1905, restando por copiarse más o menos 50 mil partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones, que se irán remitiendo a dicha circunscripción a medida que se le ponga término, pero que en todo caso, y por las razones anteriormente señaladas, no podrá realizarse con la celeridad que el suscrito habría deseado".

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".

14.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"Nº 1113.- Santiago, 25 de mayo de 1966.

E natención al oficio Nº 5083 de esa Corporación, de 19 de abril del año en curso, recaído en la solicitud del Honorable señor Diputado, don Jorge Santibáñez Ceardi, a fin de que se adoptaran medidas tendientes a obtener la reparación del edificio de la Cárcel-Presidio de Valparaíso, esta Secretaría de Estado puede informar a S. E. lo siguiente:

Que se ha tomado conocimiento del problema que se ha originado por el estado en que se encuentra el muro de circunvalación del Presidio de esa ciudad, el que está agrietado por el sismo de abril ppdo., existiendo posibilidades de derrumbe, con grave peligro para la población penal, los funcionarios del Servicio de Prisiones, el público y los vehículos que transitan por el lugar.

En razón de que las reparaciones que es preciso realizar exceden al límite máximo que se encuentran autorizados a ejecutar directamente los servicios públicos, de conformidad a la Ley de Presupuestos vigente, y a que por su magnitud y sus características técnicas, es un problema de ingeniería propiamente tal, el estudio y la solución del mismo debe ejecutarlo el Ministerio de Obras Públicas.

Por los motivos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Estado manifiesta

a S. E. que por Oficio Nº 1045 de 14 de mayo de 1966 se solicitó al señor Director General de Obras Públicas que se sirviera disponer las medidas procedentes, a fin de que se efectuaran las reparaciones del muro de circunvalación del Presidio de Valparaíso.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".

15.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA.

"Nº 1102.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Ha tomado conocimiento el Ministro infrascrito del oficio Nº 5146, de 26 de abril último, con que V. E. ha tenido a bien transmitirme las observaciones formuladas por el H. Diputadodon Carlos Morales Abarzúa y otros pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Radical, relacionadas con la situación económica del personal del Poder Judicial y con la falta de viviendas para los señores Magistrados.

En respuesta a la comunicación que me ha dirigido V. E., debo manifestarle, en primer término, que el Gobierno comparte la preocupación que ha motivado las observaciones insertas en la versión oficial de la sesión de esa H. Cámara que me fuera remitida y en que ellas fueron formuladas.

Es así, que desde enero del presente año este Ministerio se encuentra estudiando el problema relacionado con las remuneraciones del personal del referido Poder del Estado, tanto en lo que se refiere a las fórmulas que den por resultado el justo mejoramiento económico que se persigue, como al costo y financiamiento que demandará el proyecto respectivo.

En lo que se refiere , ahora, a las necesidades de la Administración de Justicia en cuanto a locales para Tribunales y habitaciones para los señores Jueces de Letras, puedo manifestar a V. E. que en el año último y en el presente se han adquirido, por intermedio de la Junta de Servicios Judiciales que es el organismo es-

pecíficamente encargado por la Ley de satisfacer esas necesidades, algunas propiedades destinadas a ese objeto.

Aparte de lo anterior, en el plan de construcciones carcelarias, cuya ejecución se está ya iniciando con cargo a recursos destinados especialmente a este fin, se programan edificaciones de establecimientos penales conjuntamente con locales para Juzgados de Letras y casas-habitaciones para los señores Magistrados.

Sobre esta materia, comprenderá V. E. que dichos planes sólo pueden realizarse a largo plazo y de acuerdo con las posibilidades financieras del Estado; pero ya la obtención de fondos para el año actual y la elaboración de los proyectos que se ha iniciado, constituyen un índice de la preocupación del Gobierno por este problema de cuya gravedad e importancia nunca ha estado ajeno.

Esta Secretaría de Estado, por otra parte, acogerá con el mayor interés cualquier sugerencia que se le formule y que constituya un aporte a la solución de este problema, siempre que ellas se encuentren dentro de las posibilidades financieras del Estado.

El Ministro infrascrito ha recibido, asimismo, por intermedio de la Secretaría General de Gobierno, la nota Nº 5145 relacionada con la misma materia y dirigida a S. E. el Presidente de la República por esa H. Cámara, la cual, en su nombre, doy también por contestada por medio de la presente comunicación y en los términos anteriores.

Lo que tengo el honor de manifestar a esa H. Corporación en respuesta a su atenta nota del 26 del mes último.

Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Pedro J. Rodríguez González".

16.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

S. 2. Nº 852.- Santiago, 1° de junio de

1966.

Cúmpleme referirme a su oficio Nº

5419, de 3. V. 1966, por el cual se sirvo transmitir una petición del H. Diputadodon Carlos Garcés Fernández en orden a que la Dirección de Deportes del Estado dote de galerías al Estadio de Hualañé, del departamento de Mataquito.

Al respecto, consultada la referida Dirección, puedo manifestarle lo siguiente:

La Dirección de Deportes, como asimismo el Ministerio de Obras Públicas, no cuenta con fondos en el presupuesto del presente año para nuevas construcciones deportivas.

La referida Dirección ha formado una Comisión Técnica con la colaboración de los Ministerios de Obras Públicas, de la Vivienda, de Educación y la Consejería de Promoción Popular, para estudiar un Plan Nacional de Construcciones Deportivas, cuyo financiamiento y forma legal de realizarlo, se incluirá en el Proyecto de Ley que crea la Corporación Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que proximamente la Dirección elevará a conocimiento del Supremo Gobierno, en cumplimiento a sus instrucciones.

Se solicitará directamente a los interesados los antecedentes necesarios para conocer su petición e incluirlos en dicho estudio, de acuerdo al orden de precedencia.

Saluda atentamente a V. E., (Fdo.) : Juan de Dios Carmona Peralta".

17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 402.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4778, de 5 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Pedro Alvarado Páez, se adopten las medidas tendientes a obtener la destinación de los recursos necesarios para iniciar los trabajos de ampliación de la red de agua potable de la ciudad de Puerto Saavedra.

Sobre el particular, cúmpleme informar

a V. S. que en el Plan de Inversiones del presente año, no se consultan fondos para la ejecución de las obras solicitadas.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

18.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 404.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

En atención al oficio de V. S. Nº 5051, de 19 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de la H. Diputadadoña Inés Enríquez F., se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción de las obras de defensa necesarias en la zona costera de la localidad de Queule, provincia de Valdivia, cúmpleme informar a V. S. que no se dispone de fondos en el Presupuesto del presente año, para atender a la construcción de las obras en referencia.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

19.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 409.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4809, de 11 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon César Raúl Fuentes V., se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción de las defensas en los ríos Perquilauquén y Ñuble, en los sectores San Gregorio y El Mono, provincia de Ñuble.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que en el Presupuesto del presente año, no se consultan fondos para la ejecución de las obras en referencia.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

20.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 400.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4562, de 24 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Carlos Garcés F., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación de servicio de agua potable en las poblaciones Quilico, Matadero y Emergencia, de la comuna de Hualañé y Balmaceda, de la comuna de Licantén.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que no se dispone de fondos en el Presupuesto del presente año, para la ejecución de las obras en referencia.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 406.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

En atención al oficio de VS. Nº 5434, de 3 de mayo de 1966, por medio del cual solicita de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Carlos Garcés Fernández, se construya un paso sobre nivel en la vía férrea del Longitudinal Sur, de la comuna de Curicó, pongo en conocimiento de V. S., que por Providencia Nº 2273, de 16 de mayo en curso, se ha enviado dicho oficio al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por corresponderle.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

22.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 396.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4036, de 18 de enero del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Carlos Garcés F., se informe a esa Corporación, acerca de las razones por las cuales la firma constructora Enrique Gidi S. A. paralizó los trabajos de pavimentación del camino que une a las localidades de Lontué y de Sagrada Familia de la provincia de Curicó.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que dicha firma, contratista a cargo de la pavimentación de varios caminos en la provincia de Talca, paralizó los trabajos en referencia con el objeto de concentrar su equipo en los otros caminos del contrato, vale decir, San Miguel-Las Rastras, Talca - Colín, Panguilemo -Pelarco y San Clemente-Perquín, cuyas obras se encuentran terminadas.

En la actualidad se trabaja activamente en la pavimentación del citado camino de Lontué a Sagrada Familia, faenas que se reanudaron en marzo último y que deberán quedar terminadas en septiembre del año en curso.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

23.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 410.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

Me refiero a los oficios de V. S. Nºs. 4058, 4060 y 3968, de fechas 18 y 19 de enero del presente año, respectivamente, por medio de los cuales tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del II. Diputadodon Carlos Garcés F., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la continuación de los trabajos de pavimentación del camino que une la ciudad de Curicó con la costa, en la provincia del mismo nombre.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que en dicho camino está termina-

do el sector con pavimentación hasta la localidad de Rauco, kms. 11,5. Fuera de este sector se terminó la pavimentación de media calzada en el lugar de Licantén, entre los kms. 91.600 y 92.620. Con respecto a la pavimentación de la otra media calzada, lamentablemente, este Ministerio no podrá acceder a lo solicitado por el H. Diputado señor Garcés, debido a la falta de disponibilidad de fondos en el Presupuesto del presente año.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

24.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 405.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 5082, de 19 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Raúl Morales A., se adopten las medidas tendientes a obtener la destinación de los recursos necesarios para la ampliación y reparación del Muelle Fiscal de Puerto Natales.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que ya se han puesto a disposición de la Inspección Fiscal de Aisén, los fondos suficientes para iniciar las obras solicitadas.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

25.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 419.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4901, de 12 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Hernán Olave V., se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción de las obras de defensa necesa-

rias en la zona costera de la localidad de Queule, provincia de Valdivia.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que se visitará el lugar, a fin de realizar un estudio de la factibilidad de las obras con el objeto de que estén en condiciones de ser consideradas para la programación de Defensas Fluviales del próximo año, de acuerdo con las prioridades y recursos que se asignen a esta especialidad.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic'''.

26.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 397.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4393, de 16 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Luis Papic R., se adopten las medidas tendientes a obtener la instalación del servicio de agua potable en el departamento de Maullín, provincia de Llanquihue.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que este Ministerio está elaborando un proyecto que consulta la habilitación del sistema de punteras ya construido, la construcción de un estanque de regulación y la modificación del proyecto de instalación de la red de distribución.

Debo agregar a V. S. que la ejecución de este proyecto no podrá abordarse en el presente año, por falta de disponibilidad de fondos en el Presupuesto de 1966.

Dios guarde a V. S., (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic.

27.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 416.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

En atención al oficio de V. S. Nº 5511,

de 11 de mayo de 1966, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado en nombre del H. Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia, se pavimenten las calles de la población "Raúl Marín Balmaceda", de la ciudad de Coquimbo, pongo en conocimiento de V. S. que por Providencia Nº 2422, de 24 de mayo del año en curso, se ha enviado dicho oficio al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por corresponderle.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic".

28.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 401.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4768, de 5 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Carlos Rosales C, se adopten las medidas tendientes a obtener la destinación de recursos necesarios para dotar de servicio de agua potable a las diversas poblaciones de la comuna de Rancagua, que carecen de este vital elemento.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que la ejecución de estas obras están contempladas en el Plan BID, y que se pedirá propuesta pública una vez terminado el proyecto correspondiente, el que quedará terminado a fines del presente año.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

29.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 399.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4551, de 22 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Fernando Rosselot Jarami-11o, se adopten las medidas tendientes a

obtener la construcción definitiva de los caminos que unen a las localidades de Cu-racautín y de Lonquimay y a esta última con el límite fronterizo de la República Argentina, en la provincia de Malleco.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que en el Plan de Inversiones del presente año, no se consultan fondos para la ejecución de las obras solicitadas.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

30.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 415.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 5161, de 26 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputadodon Carlos Sívori A., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se consulte la cantidad de Eº 100.000 para destinarla a la construcción de defensas ribereñas y al desembancamiento del río Lumaco, en el departamento de Traiguén.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que, lamentablemente, no podrá accederse a lo solicitado en el presente año, por falta de disponibilidades presupuestarias.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

31.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 411.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4808, de 12 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los HH. Diputados señores Fernando Buzeta C. y Cipriano Pontigo U., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se inicien los trabajos de pavimentación de

la ruta denominada "camino del diablo" que une a las localidades de Peñaflor y Talagante, de la provincia de Santiago.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que la pavimentación de dicho camino no está consultada en los Planes de Inversiones del presente año, de la Dirección del ramo.

En la actualidad este camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad y su conservación con maquinarias se hace en forma periódica.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

32.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 398.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4579, de 28 de marzo del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los HH. Diputados señores Fernando Santiago Agurto y José Tomás Camus Foncea, se adopten las medidas tendientes a obtener la construcción de un camino definitivo que una a las localidades de Ninhue y de Coelemu, de la provincia de Ñuble.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que no se dispone de fondos en el Presupuesto del presente año para la ejecución de dichas obras.

Debo agregar a V. S. que actualmente se está dando término a la construcción del camino de Quirihue a Coelemu, paralelo y muy cercano al que se solicita.

Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

33.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

"Nº 414.- Santiago, 27 de mayo de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 5122,

de 26 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los HH. Diputados señores Hernán Olave V. y Constantino Suárez C, la H. señora Diputadadoña Inés Enríquez F. y los HH. señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Comunista y Democrático-Nacional, se adopten las medidas tendientes a obtener que se dé término, a la brevedad posible, a las obras de construcción del Aeródromo Internacional de Pichoy, de la provincia de Valdivia.

Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que este Ministerio estima que dicho aeropuerto quedará en condiciones de ser entregado a la Dirección de Aeronáutica para su operación, a fines del mes de junio próximo.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic."

34.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 595.- Santiago, 1º de junio de 1966.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don William Thayer Artea-ga, ha recibido una invitación oficial del Ministerio del mismo ramo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, por intermedio de nuestra Embajada en Moscú, para que visite ese país, con el objeto de estudiar e imponerse de la organización de empresas, adiestramiento profesional y sistema de seguridad social.

Esta invitación ha sido aceptada y corresponde en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 Nº 1 letra b) de la Constitución Política del Estado otorgar a esa H. Cámara su asentimiento para que el citado Ministro pueda ausentarse del país entre el 10 y el 30 de junio en curso.

Debo agregar a V. E. que el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social aprovechará este viaje para concurrir al 50ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo que tendrá lugar en

Ginebra, Suiza, durante el presente mes y en la que se tratarán importantes temas de Seguridad Social.

En mérito de lo expuesto vengo en solicitar a V. E. la autorización en referencia para don William Thayer Arteaga.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga,"

35.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 515.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Tengo el honor de dar respuesta al oficio Nº 1139, de 3 de agosto de 1965, por medio del cual V. E. ha tenido a bien darme a conocer petición formulada por el H. Diputadodon Mario Dueñas Avaria, en orden a establecer algunas irregularidades cometidas por el industrial señor Kepa Zavala E.

Al respecto la Dirección del Trabajo en oficio Nº 3985, de 13 de mayo del año en curso, informa:

"Con fecha 15 de diciembre de 1965 se efectuó la visita de inspección correspondiente, constatándose numerosas infracciones por lo que se impartieron las instrucciones del caso para corregirlas dentro del plazo que se le otorgó al propietario del establecimiento."

"Por las razones antes anotadas la revisita sólo se practicó con fecha 20 de abril recién pasado, por el Jefe Comunal quien al encontrar dificultades y entorpecimientos en su misión, dictó resolución aplicando al dueño de la Panadería, multa administrativa por la suma de Eº 5.235,40."

"Por otra parte se ha instruido, a la Inspectora que practicó la visita, para que aplique las sanciones que correspondan por las infracciones constatadas."

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga."

36.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 514.- Santiago, 24 de mayo de 1966.

Tengo la honra de responder el oficio de V. E., mencionado al rubro, por el cual ha tenido a bien comunicarme las observaciones formuladas por el H. Diputadodon Galvarino Melo Páez, en la 44ª reunión de esa H. Corporación, sobre las condiciones de trabajo en las minas de Lota y Schwager.

A la consulta formulada por esta Subsecretaría al Ministerio de Salud Pública, esta Secretaría de Estado hizo presente diversas deficiencias en el mineral mencionado. En esta virtud, se solicitó urgente información a la Gerencia de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager, la que ha sido recibida recientemente y que adjunta diversos antecedentes que acompaño a V. E. para su conocimiento y fines del caso. La nota respuesta dice a la letra:

"En respuesta al oficio Nº 390 de esa Subsecretaría del Trabajo, relativo a las condiciones higiénicas en nuestras minas de Lota y Schwager, me apresuro a enviarle copia de informe que sobre el particular solicité a la Gerencia de Operaciones de la Empresa en Lota y los cuadros, plano y afiches a que en él se aluden.

"En cuanto a los baños de lluvia caliente para los operarios, efectivamente estaban contemplados en el programa de obras a ejecutar en el curso del año 1966 y ya se han adquirido algunos elementos como ser los "lockers" para la ropa y están listos los planos y especificaciones de edificios y calderas. No obstante, en atención a la difícil situación financiera de nuestra Empresa, hemos debido postergar su ejecución hasta contar con los recursos necesarios para atender al fuerte desembolso de aproximadamente Eº 3.000.000 que significarán. Es decididamente intención de la Empresa iniciar la construcción a fines de este año.

"Finalmente, puedo manifestarle que es preocupación constante de esta Gerencia General el bienestar de sus trabajadores y ha reiterado a la Gerencia de Operaciones Extremar las medidas de control para que se cumplan estrictamente los reglamentos sanitarios. La Empresa no escatimará esfuerzos ni sacrificios para dotar al personal de sus Minas de las mejores condiciones de higiene en sus labores que sean compatibles con la naturaleza de la actividad minera que realizamos.

"Aprovecho de expresarle que en ningún momento la XI Zona de Salud de que dependemos nos ha hecho llegar observaciones respecto de las materias contenidas en su oficio que contesto."

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga."

37.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 546.- Santiago, 1° de junio de 1966.

Tengo el agrado de responder el oficio de V. E. señalado al rubro, por medio del cual ha tenido a bien darme a conocer observaciones formuladas por la H. Diputadadoña Graciela Lacoste Navarro, relacionadas con los trabajadores agrícolas del fundo Pachacama, del Departamento de Quillota.

Al respecto, a solicitud de esta Subsecretaría, el Servicio de Seguro Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, ha emitido su informe Nº 62640-9, cuyo texto tengo el agrado de transcribir a V. E. para su conocimiento y el de la II. Parlamentaria señorita Lacoste:

"Cumplo con informar a US. lo siguiente: Debo señalar en primer término, que el Fundo Pachacama, de propiedad del señor Víctor Catan, fue tomado en arriendo por el señor Manuel Rodríguez en 1955. A contar del año 1961 continuaron con la explotación los hijos de este último, los señores Carlos y Antonio Rodríguez Hagelstron.

"Como resultado de la inspección lleva-

da a cabo en el mismo fundo, por el período 1° de mayo de 1964-31 de diciembre de 1965, se pudo establecer deuda por imposiciones ascendente a Eº 4.869,20, monto que corresponde a la tasa de 47,10% sobre Eº 10.338, de salarios imponibles.

"La última compra de imposiciones efectuada por el señor Carlos Rodríguez, al momento de la revisión, era de fecha 11 de diciembre de 1965 por salarios devengados en los meses de julio y agosto de ese mismo año.

"En cuanto a las asignaciones familiares, aparecen pagadas hasta diciembre de 1965, pero compensadas sólo hasta agosto, lo que es lógico, pues la última compra de imposiciones corresponde a este mes. No se han compensado, en consecuencia, los meses de septiembre a diciembre del año ppdo. por un total pagado a los obreros ascendente a Eº 1.891,59.

"Para dar cumplimiento a lo establecido en el Acta de Inspección de la Agencia de La Calera del S. S. S., que tuvo a su cargo la revisión, se fijó al señor Carlos Rodríguez el día 17 de febrero del año en curso.

"Nos informa el Agente Zonal de la III Zona Valparaíso-Aconcagua que el señor Carlos Rodríguez Hagelstron ha sido multado por Decreto Nº 0295 del 14 de abril pasado, por no haber dado solución a los requerimientos establecidos."

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga."

38.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 545.- Santiago, 1° de junio de 1966.

Tengo el agrado de referirme al oficio del rubro, por el cual V. E. ha dado a conocer a este Ministerio petición del H. Parlamentariodon Hernán Olave Verdugo, a fin de esclarecer los hechos y responsabilidades con motivo del accidente ocurrido en la Mina El Navio, de La Calera, Departamento de Quillota.

Al respecto, la Dirección del Trabajo, en oficio Nº 4385, de 28 de mayo ppdo., dice lo que sigue:

"En lo referente a las responsabilidades de orden técnico y de seguridad industrial del accidente de la mina "El Navio", por ser de competencia del Servicio de Minas del Estado, se le transcribió el oficio Nº 4006, de la H. Cámara, sobre petición formulada por el H. Diputadodon Hernán Olave Verdugo.

"En cuanto al aspecto propiamente laboral relacionado con el accidente, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, mediante oficio Nº 1829, ha comunicado que la empresa responsable, Empresas Industriales "El Melón" S. A. y el contratista señor Lorenzo Vilches, denunciaron oportunamente al Juzgado del Trabajo de La Calera el accidente referido, en el que fallecieron dos obreros, José Tomás Urrutia y Guido Díaz Zamora, y resultaron heridos otros cinco. Tanto la firma como el contratista tienen vigente póliza de accidentes en la Caja de Accidentes del Trabajo, organismo en el cual se han tramitado en forma normal las denuncias formuladas. A la fecha se tramita para la viuda del obrero José Tomás Urrutia el pago de su pensión vitalicia.

"Los funerales de las víctimas fueron costeados por la empresa y ésta, según convenio, ha cancelado a la viuda del obrero José Tomás Urrutia y a la madre del obrero Guido Díaz Zamora, que era soltero, la suma de Eº 550 a cada una por concepto de indemnización por accidentes del trabajo. La empresa les canceló también por concepto de indemnización por años de servicios las sumas líquidas de Eº 969,34 y Eº 147,93, respectivamente. Por oficio Nº 2873, de 6 de mayo en curso, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso informa que estos beneficios son de orden convencional, o sea provienen de los convenios colectivos de trabajo suscritos entre la empresa y su sindicato industrial.

"Agrega la citada Inspección Provincial que el Inspector de La Calera ha realizado

gestiones encaminadas a obtener que la Visitadora Social de la Empresa ubicara a los beneficiarios del obrero Guido Díaz que pudiera haber, fuera de los padres, para que en el caso de que los haya, la Caja de Accidentes les cancelara los beneficios legales a que tendrían derecho. Como resultado de estas gestiones la madre de dicho obrero recibió de la Caja de Accidentes del Trabajo la suma de Eº 100, por funerales. Pero en atención al estado de soltero del obrero Díaz Zamora, cuyos padres no vivían a sus expensas, se presume que no tendrán derecho a percibir renta vitalicia. No obstante, se está tramitando ante la fiscalía de la referida Caja la solicitud correspondiente en tal sentido.

"En cuanto a los obreros que resultaron heridos, cuyo patrón es el contratista señor Vilches, han tenido la atención médica necesaria y han estado percibiendo los subsidios legales correspondientes. Según informes obtenidos por la Inspección Comunal del Trabajo de La Calera los cinco obreros accidentados se encuentran en franca mejoría.

"Como puede verse, en lo relacionado con el aspecto laboral del accidente de la Mina "El Navio", se han cumplido todas las disposiciones legales relativas a accidentes del trabajo."

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga."

39.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 506.- Santiago, 20 de mayo de 1966.

Respondiendo al oficio mencionado al rubro, tengo el agrado de transcribir para el conocimiento de V. E., el Oficio Nº 1232, de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, que incide en solicitud similar del sindicato Industrial de Obreros Panificadores de Valdivia.

"Al respecto me permito informar a US. que en el mes de enero último el Industrial Panadero señor Aquilino Ramas formuló

una petición a esta Inspección Provincial para que se le autorizara desahuciar a los nuevos obreros que trabajaban en su panadería debido a que había terminado el arriendo del local en que trabajaba."

"Esta Inspección Provincial contestó al Industrial señor Ramas que no podía pronunciarse sobre el despido de su obreros porque existiendo un conflicto pendiente no podía resolver sobre el particular y que en tal caso sólo el Juzgado del Trabajo era el competente; además había algunos directores del Sindicato con fuero."

"Al término del contrato de arrendamiento el señor Ramas hizo efectivos los desahucios de treinta días que había dado a sus obreros y dejó el local, el que pasó a ocupar el señor José Berrocal Arbulú, industrial que empezó de inmediato a trabajar con miembros de su familia."

"El día que terminó su contrato el señor Ramas, el suscrito personalmente, concurrió al local de la panadería y se impuso de la decisión del nuevo arrendatario de trabajar sólo con miembros de su familia, e hizo gestiones ante el señor Berrocal para que ocupara aunque fuera algunos de los obreros que quedaban cesantes, pero no tuvo éxito pues el industrial hizo presente que el objeto de su venida a Valdivia era precisamente trabajar con miembros de su familia."

"Los obreros afectados recurrieron a la Intendencia de la Provincia y el señor Intendente conjuntamente con el suscrito, hizo gestiones igualmente ante el señor Berrocal, pero sin éxito, ya que mantuvo su decisión de trabajar en el establecimiento de panadería con la cooperación de sus familiares exclusivamente, pues el amasijo de 12 quintales no le permitía ocupar más personal."

"Los obreros recurrieron al Juzgado del Trabajo reclamando en contra de su ex patrón, el señor Ramas, y en los juicios que aún están pendientes, se han estado pagando algunas prestaciones pendientes."

Por su parte el señor Ramas recurrió al Juzgado solicitando autorización para despedir a sus obreros y la causa está pen-

diente aún, pero en ella se han cancelado diversas sumas a los obreros reclamantes."

"El nuevo arrendatario de la panadería señor Berrocal no ha tenido ningún vínculo con los obreros reclamantes y por tal motivo no hay disposición legal que hacer cumplir con relación a ellos."

"En cuanto al anterior arrendatario que se vio obligado a desahuciar a sus obreros por término de su contrato de arrendamiento, su situación se está dilucidando en juicio ante el Juzgado del Trabajo."

Es cuanto puedo informar a V. E. y al H. Parlamentario, señor Hernán Olave Verdugo, sobre su petición.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): William Thayer Arteaga."

40.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 440.- Santiago, 1º de junio de 19G6.

De conformidad con lo prescrito en el inciso 2º del artículo 5º de la Ley Nº 16.436, tengo el agrado de remitir a V. E. dos transcripciones del Decreto de este Ministerio, Nº 215, del año en curso, en cuya virtud se faculta al Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo para firmar "Por orden del Presidente", las materias que se indican.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

41.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 437.- Santiago, 1º de junio de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4943 de fecha 16 de abril del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Luis Aguilera Báez, se adopten las medidas tendientes a obtener la destinación de locales para Escuela, Posta de Emergencia y Sede Social en la

Población Marginal Nº 2, "Jorge Ramos Aracena" de Illapel.

Sobre el particular cúmpleme manifestar a V. S. que se han impartido las instrucciones necesarias a objeto de considerar las obras solicitadas, en los futuros programas de Equipamiento Comunitario, dentro de la prioridad correspondiente y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

42.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 441.- Santiago, 1º de junio de 1966.

Ha recibido este Ministerio su oficio Nº 4443, sobre petición del H. Diputadodon Carlos Garcés Fernández, referente a obtener la pavimentación de la doble vía de la calle principal de Licantén, Provincia de Curicó, de acuerdo con las modalidades propuestas por la firma Larraín Squella.

Al respecto, puedo manifestar a V. E. que por oficio Nº 66, de 1° de febrero del presente año, este Ministerio ya informó a V. E. sobre la petición del H. Diputadodon Carlos Garcés F.

Sin embargo, para su mejor información debo agregar a V. E. que, cuando la disponibilidad de fondos lo permitan, la Dirección de Pavimentación Urbana procederá a la pavimentación de la otra media calzada de la citada calle en la localidad de Licantén.

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

43.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 443.- Santiago, 1º de junio de 1966.

Me refiero al oficio de V. S. Nº 4772, de fecha 7 de abril del año en curso, por

medio del cual solicita del Ministerio de Obras Públicas, en nombre del H. Diputadodon Carlos Garcés Fernández, se considere la posibilidad de instalar un balneario popular, en la localidad de Hualañé, en la provincia de Curicó.

Sobre el particular cúmpleme poner en conocimiento de V. S. que, la referida petición, oportunamente remitida a esta Secretaría de Estado, por ser materia de su competencia, será objeto de estudio, a fin de determinar su prioridad y factibilidad en futuras programaciones y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Dios guarde a V. S., (Fdo.): Modesto Collados Núñez.' '

44.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 439.- Santiago, 1° de junio de 1966.

Ha recibido este Ministerio su Oficio Nº 3707, sobre petición del H. Diputadodon Héctor Olivares Solís, referente a la posibilidad de transferir el inmueble de propiedad de la Corporación de la Vivienda, ubicado en calle Freire, de Rancagua, a la Junta de Vecinos de la Población "Isabel Riquelme", y que las sumas adeudas por concepto de arriendo sean imputadas al valor de la transferencia.

Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Corporación de la Vivienda en Oficio Nº 1572, puedo manifestar a V. E. lo siguiente:

La H. Junta Directiva de la citada Institución, en su Acuerdo Nº 261 de 7 de abril del presente año, modificó el Acuerdo Nº 28.317 de 5 de enero del mismo año, mediante el cual se daba en arrendamiento, conjunto, a la Junta de Vecinos, Club Deportivo y Centro de Madres de la citada Población, el inmueble aludido, en el sentido de excluir del señalado Acuerdo Nº 28.317 a la Junta de Vecinos, en atención a que no cumplió con los compromisos contraídos en esa Institución, al no haber pagado renta alguna desde la ocu-

pación del inmueble en el año 1954 y negarse a firmar el contrato de arrendamiento.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de dar cumplimiento al mencionado Acuerdo Nº 261, esa Corporación ha iniciado los trámites necesarios tendientes a obtener la restitución del inmueble en referencia, a objeto de que pueda ser ocupado únicamente por el Club Deportivo y por el Centro de Madres de esa Población.

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

45.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Nº 438.- Santiago, 1° de junio de 1966.

Ha recibido este Ministerio su oficio Nº 4784, sobre petición del H. Diputadodon Carlos Rosales Gutiérrez, referente a obtener que la Corporación de la Vivienda entregue definitivamente a la Junta de Vecinos de la Población "Isabel Riquel-me", de la ciudad de Rancagua, el local que ésta ocupa en dicha Población.

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Corporación de la Vivienda en su oficio Nº 1629, puedo manifestar a V. E. que dicho inmueble fue dado en arrendamiento por esa Corporación, en conjunto, a la Junta de Vecinos, Club Deportivo y Centro de Madres, de la mencionada Población.

En atención a que la Junta de Vecinos no dio cumplimiento a los compromisos contraídos, ya que no ha pagado renta alguna desde que ocupa el inmueble, negándose a firmar contrato de arrendamiento, la Corporación de la Vivienda por Acuerdo Nº 261, de 7 de abril del presente año, determinó excluir a dicha Junta del convenio, puesto que entorpecería la labor de las otras agrupaciones.

Por las razones expuestas, esa Corporación se encuentra actualmente iniciando

los trámites necesarios para obtener la restitución del inmueble aludido, a fin de que sea ocupado únicamente por el Club Deportivo y Centro de Madres, de esa Población.

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

46.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

"Oficio Nº 444.- Santiago, 1º de junio de 1966.

Ha recibido este Ministerio sus Oficios Nºs. 4550 y 4576, sobre petición de la H. Diputadadoña Blanca Retamal Contreras y de los HH. Diputados señores Miguel Jarpa Vallejos y Enrique Zorrilla Concha, referente a que la Corporación de la Vivienda destine la totalidad de las viviendas del 1er. Sector de la Población Kennedy de Chillán, a los postulantes inscritos en los Registros respectivos y que cumplan con los requisitos reglamentarios.

Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Corporación de la Vivienda en Oficio Nº 9859, puedo manifestar a V. E. lo siguiente:

En conformidad a lo dispuesto por los Arts. 76, 78 y 79 del D.F.L. Nº 2 del año

en su texto definitivo fijado por Decreto Supremo Nº 1.100 de 3 de junio de

esta Corporación tiene la obligación de devolver en viviendas a las Instituciones de Previsión, a que se refiere el Art. 48 del mismo Cuerpo Legal, los excedentes que recibe de ellas. En cumplimiento a estos preceptos, esa Corporación deberá entregar a algunos Institutos Previsionales parte de las viviendas de la Población en referencia, para que éstos, a su vez, las transfieran a sus imponentes con residencia en Chillán. Cabe señalar que la gran mayoría (90 o más por ciento) de los postulantes inscritos en los Registros de la CORVI son imponentes de Cajas de Previsión, a través de las cuales también tie-

1959,

nen derecho a que se les asignen viviendas, sirviéndoles en abono al puntaje requerido, las cuotas de ahorro para la vivienda que hayan depositado en sus respectivas cuentas.

Igualmente, la Ley N° 14.603 impone a esa Corporación la obligación de transferir viviendas al Fisco, para las Fuerzas Armadas y Carabineros, para atender las necesidades habitacionales de estos Servicios.

En atención a la petición formulada por los Honorables Diputados, me es grato informar a V. E. que, aun cuando no será posible asignar la totalidad de las viviendas de esa Población a postulantes, esa Corporación procurará destinar el mayor número posible a este objeto, habida consideración a los compromisos ineludibles con el Fisco e Instituciones de Previsión.

Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.

Dios guarde a V. E., (Fdo.): Modesto Collados Núñez."

47.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en una moción de la señora Dip y del señor Videla. que establece diversos beneficios tributarios para las industrias que se establezcan fuera del departamento de Santiago.

El artículo 2º del DFL. 375, de 4 de agosto de 1953, estableció que "las industrias fabriles y manufactureras que se establezcan fuera de la provincia de Santiago", podrían acogerse a las siguientes franquicias, siempre que, a la fecha de promulgación de dicho DFL. no hubiese en la provincia en que se instale la industria otra cuya producción sea de la misma especie: a) Aquellas que consuman únicamente materia prima nacional, un descuento del 50% en el pago de impuestos de 3ª categoría y a la producción, y b) Aquellas que consumen materias primas

importadas en cantidad inferior al 50% del valor total de ésta, un descuento del 20% en el pago de los mismos impuestos. Si la industria no existiere en el país, los descuentos referidos serían del 60% y 30%, respectivamente.

Agrega el artículo 3º del mismo DFL. que las franquicias señaladas se otorgarían a las industrias que se instalaren dentro de un período de cinco años a contar desde su vigencia y que la duración de aquellas sería de diez años a contar desde el momento en que ellas comenzaren a producir.

La finalidad de dicha disposición legal fue la de favorecer las inversiones industriales fuera de la provincia de Santiago e impulsar su desarrollo, especialmente diversificando la producción y favoreciendo la instalación de actividades que no existiesen a esa fecha.

Posteriormente, la ley Nº 12.992, de 24 de septiembre de 1958, modificó la anterior y sustituyó el encabezamiento del artículo 2º por otro que decía: "Las industrias fabriles o manufactureras que se establezcan fuera del departamento de San. tiago, podrán acogerse a las siguientes franquicias: ". Por otra parte, prorrogó por diez años a contar desde su vencimiento, el plazo que fijaba el DFL. 375 para la instalación de las nuevas industrias.

El propósito de esta segunda ley fue dejar en las mismas condiciones que las provincias a los departamentos de la provincia de Santiago, excepto el de este nombre. Se estimó, entonces, que las razones que existían para dejar fuera de las condiciones excepcionales a las industrias señaladas e instaladas en la provincia de Santiago operaban solamente respecto del departamento de este nombre y que los restantes departamentos de la provincia se encontraban en idénticas condiciones que las demás provincias en cuanto a la necesidad de impulsar sus actividades fabriles.

Sin embargo, la ley Nº 15.564, de 14 de

febrero de 1964, en su artículo 13 transitorio, volvió al criterio anterior y sustituyó en el artículo 2º del DFL. 375 ya citado, modificado por la ley Nº 12.992, las palabras "departamento de Santiago" por "provincia de Santiago", dejando nuevamente excluidas de los beneficios antes indicados a las industrias instaladas dentro de la provincia de Santiago, pero fuera del departamento de este mismo nombre.

El proyecto en informe tiene por objeto restablecer la situación creada por la ley Nº 12.992, esto es, que gocen de las franquicias y en las condiciones indicadas en el DFL. 375 las industrias instaladas fuera del departamento de Santiago, o sea, en los restantes departamentos de la provincia de Santiago y en todas las demás provincias. Se fundamenta en el hecho de que los departamentos señalados están en las mismas condiciones desfavorables que las provincias y se verán perjudicados por la legislación restrictiva existente respecto de ellos.

La Comisión coincidió con la inspiración del proyecto y le prestó su aprobación sin modificaciones. Estimó que existe la necesidad de crear fuentes de trabajo y de actividad económica en los departamentos de la provincia de Santiago y de impedir la concentración de la casi totalidad de la producción manufacturera en el departamento correspondiente a la capital de la República.

La Comisión acordó, en consecuencia, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, concebido en los mismos términos originales, que son los siguientes:

Proyecto de ley

"Artículo único.- Sustitúyese el artículo 2º del decreto con fuerza de ley 375, de 4 de agosto de 1953, modificado por la ley Nº 12.992 y por el artículo 13 transitorio de la ley Nº 15.564, por el siguiente:

"Artículo 2°.- Las industrias fabriles o manufactureras que se establezcan fuera

del departamento de Santiago, podrán acogerse a las siguientes franquicias:

Las industrias que consuman únicamente materia prima nacional, tendrán derecho al descuento de un 50% en el pago de los impuestos de 3ª Categoría y a la producción.

Las industrias que consuman materias primas importadas en cantidad inferior al 50% del valor total de la materia prima, tendrán el derecho al descuento de un 20% en el pago de los impuestos mencionados en la letra anterior.

Las rebajas indicadas se aplicarán siempre que en la provincia donde se instale la industria, no exista otra cuya producción sea de la misma especie, a la fecha de promulgación del presente decreto con fuerza de ley.

Si la industria no existe en el país, los descuentos expresados bajo las letras a) y b) serán del 60% y el 30% respectivamente"."

Sala de la Comisión, a 3 de junio de 1966.

Acordado en sesiones de fechas 5 y 12 de mayo, con asistencia de los señores Iru-reta (Presidente), Acevedo, Aravena, José; Canales, Cerda, Eduardo; Maira, Penna, Phillips, Rioseco, Rosales, Urra y Zorrilla.

Se designó Diputado informante al señor Cerda.

(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."

48.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO

"Honorable Cámara:

La Comisión de Economía y Comercio pasa a informar el proyecto, de origen en un Mensaje, calificado de "suma" urgencia, por el cual se establecen diversas normas para fomentar el desarrollo de la industria automotriz.

Durante el estudio del proyecto la Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Economía, Fomento y Re-

construcción, don Domingo Santa María Santa Cruz; del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, señor Raúl Sáez; del Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, señor Salvador Lluch; del Secreatrio Ejecutivo de la Comisión Automotriz, señor Alfredo de Amesti; del Gerente de Exportaciones del Banco Central de Chile, señor Javier Ver-gara; del abogado del Banco Central de Chile y asesor de la Comisión Automotriz, señor Gastón Illanes; del Asesor de la Gerencia de Fomento de Exportaciones del Banco Central de Chile, señor Fernando Barrios; del AsesorAduanero, don Fernando Ortega, y del Jefe de la Sección ALALC del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Gustavo Valdivieso. Además, escuchó a las siguientes personas vinculadas con la industria automotriz: al señor Francisco Cuevas Mackenna, industrial armador de automóviles; a los señores Pablo Abadie y Patricio Huneeus, en representación de los fabricantes de partes y piezas de automóviles; a los señores Luis Escobar, Enzo Bolocco, Francisco Gioviné y Sergio Goldenberg, representantes de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Automóviles (ACCIA); a los señores Octavo Aguilar y Emérico Frank, Presidente y Sugeren-te Técnico de ASIMET; Gustavo Ross Os-sa, Presidente de IndustriasKaiser Chile Ltda.; J. O. Nielsen, Joseph Garretson y Alan L. Ockene, representantes de Ford Motor Co. en Chile; y Francisco Gioviné representante de la firma FIAT en nuestro país; finalmente, conoció de informe escritos presentados por la Asociación de Industriales de Arica (ASINDA) y de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), en los cuales se refieren al proyecto en informe.

La incorporación de nuestro país, cada día más intensiva, al ritmo de la vida mo-

derna, hace necesaria la utilización creciente de automotores de diversos tipos. Con el objeto de subvenir a esta necesidad imperiosa, nuestro país ha debido recurrir a su importación desde países industrializados, lo que provoca anualmente un consumo creciente de divisas que, en alguna medida es necesario economizar. Por otra parte, ha quedado demostrado que la industria automotriz provoca un crecimiento acelerado y de efectos multiplicadores dentro del marco de la industrialización de un país, como asimismo, dentro del campo laboral al crear mejores condiciones de trabajo y, consecuencial-mente, un mercado de mano de obra bien remunerado cuyos beneficios repercuten en todos los ámbitos del desarrollo económico y social de una nación. Esto obliga a una especialización cada vez más creciente de la mano de obra, como a la formación de una estructura tecnológica que abre nuevas perspectivas a la juventud estudiosa, y que, en general, de una u otra forma, se hace sentir a través de todo el país.

Es por eso, que en todos los países se ha tratado de crear una industria de esta especie por los beneficiosos efectos que ella produce en todos los campos de la vida económica y social de ellos. Cabe citar, por vía de ejemplo, el caso del joven estado de Israel que al poco tiempo de nacer a la vida institucional dentro de los Estados del mundo, estimó necesario fomentar una industria de esta especie con el propósito de llegar a su autoabastecimiento y de acelerar su desarrollo económico mediante el proceso multiplicador que las actividades de fabricación de automotores produce.

Los países de América Latina han comprendido que su situación de subdesarro11o económico, como asimismo, su condición de exportadores de materias primas -que no les permiten incorporar un mayor valor agregado y que por tanto ven más deterioradas sus balanzas de pago debido a la relación desfavorable de los

términos de intercambio- hacen necesario e imprescindible ir a la creación de industrias de un valor agregado cada vez mayor, tanto con el objeto de reemplazar importaciones que cada día se hacen más onerosas, como con la finalidad de propender a una aceleración necesaria y conveniente de su economía.

Con este propósito, se ha iniciado en los últimos años un proceso cada vez más acelerado tendiente a obtener una comple-mentación económica entre los países del hemisferio sur que les permita montar industrias a las cuales les es imprescindible para su desarrollo -dentro de niveles que la moderna tecnológica exige- de mercados amplios que no pueden proporcionar los países individualmente. Es por eso que se ha buscado la posibilidad de crear mercados supranacionales que permitan el desarrollo de estas factorías.

Con igual finalidad, nuestro país suscribió, primeramente, el Pacto de Montevideo junto con nueve países latinoamericanos, que tiende a una integración económica entre los países signatarios mediante el establecimiento de una Zona de Libre Comercio y la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la cual comenzó su programa de liberación intrazonal el 1° de enero de 1962.

Hasta el momento sólo se ha concretado esta complementación con la República Argentina, pero según informaciones proporcionadas a la Comisión por diversos representantes del Ejecutivo, existen conversaciones que podrían permitir en un futuro cercano la incorporación de México y Venezuela.

Posteriormente, y en base a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Tratado de Montevideo, -que patrocinan la celebración de acuerdos de complementación por sectores industriales- se dictó la ley Nº 14.824, la cual en su artículo 15 autorizó al Presidente de la República para reconocer como piezas nacionales a aquellas

destinadas a formar parte de vehículos motorizados que provengan de países de la ALALC siempre que esas importaciones sean compensadas con exportaciones por igual valor, de piezas de origen chileno a esos países.

El Decreto Nº 835, de 19 de mayo de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, reproduce los mismos conceptos expresados en el artículo 15 de la ley Nº 14.824, ya mencionada. En seguida, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción dictó el Decreto Nº 574, de 3 de mayo de 1963, que reglamentó la aplicación del intercambio de partes y piezas para vehículos motorizados con los diversos países signatarios del Tratado de Montevideo. Debe señalarse también en este informe que el Gobierno de la República Argentina, por su parte y dentro del mismo ánimo, dictó el Decreto Nº 1.188, de 16 de febrero de 1965, que establece la misma posibilidad de considerar nacionales las partes o piezas provenientes de ALALC, siempre que el valor de dichas piezas haya sido compensado por exportaciones de piezas de origen argentino a los países de ALALC.

Al mismo tiempo, se creó en nuestro país, en el año 1962, la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz, por el mencionado Decreto Nº 835 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,, la cual fue reemplazada con posterioridad por la Comisión Técnica de la Integración Latinoamericana de la Industria Automotriz, en virtud del Decreto Nº 189, de 2 de mayo de 1963, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego por Decreto Nº 103, de 10 de enero de 1964, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se fusionaron ambas Comisiones y pasaron a constituir la que actualmente se denomina Comisión Automotriz y que tiene su sede en la Corporación de Fomento de la Producción. Los miembros que actualmente la integran fueron designados por el DecretoNº 336, de 6 de mayo de 1965, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, con este mismo objetivo, el Ejecutivo ha propuesto a la consideración del Congreso Nacional el proyecto en informe, que tiende a crear las condiciones y estímulos necesarios para el desarrollo y fomento de industrias ya existentes, como también, el nacimiento de nuevas empresas industriales destinadas a producir elementos destinados a la industria auto-

motriz en condiciones de precio y calidad cada vez mejores.

En el Mensaje mismo constan antecedentes acerca de las necesidades potenciales de automotores del país, como asimismo, la producción de ellos por parte de las actuales industrias automotrices, lo que permite evaluar el carácter creciente del déficit, el que se ilustra con los cuadros estadísticos que a continuación se insertan:

MERCADO POTENCIAL CHILENO DE VEHICULOS MOTORIZADOS

CUADRO Nº 1. PERIODO 1966/1975

Tipo vehículo 1966 (Unid.) 1967 (Unid.) 1968 (Unid.) 1969 (Unid.) 1970 (Unid.) 1971 (Unid.) 1972 (Unid.) 1973 (Unid.) 1974 (Unid.) 1975 (Unid.)

A. Automóviles . . B. Station wagón y jeep 12.210 1.468 13.476 1.589 14.730 1.716 16.018 1.844 17.333 1.976 18.536 2.051 19.214 2.131 19.924 2.213 20.663 2.2º9 21.4 2.38

C. Furgones ... 782 856 933 1.010 1.089 1.130 1.172 1.215 1.262 1.31

D. Camionetas . . 6.501 7.036 7.584 8.145 8.721 9.056 9.407 9.772 10.155 10.55

E. Camiones ... 11.010 13.020 15.052 17.107 19.186 19.775 20.393 21.037 21.711 22.41

F. Buses 2.438 2.747 3.058 3.371 3.685 2.711 2.780 2.849 2.921 2.99

Totales anuales (unidades) ... 34.409 38.745 43.073 47.495 51.990 53.259 55.097 57.010 59.011 61.09

PRODUCCION DE VEHICULOS MOTORIZADOS POR EMPRESAS (1)

Empresa 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965Citroen Chilena (J.

(Lhorente) ... 457 1.081 1.238 2.197 1.813 1.533 1.350

Socovem 175 252 440 499 288 220

Soc. Import Willys . 72 192 60 24 6

SICA Automotores

(S. I. Portugués) . 40 38 60 156 288 288

Autocar Arica ... 98 406

J. Echeverría ... 12 52 18 72 72

Nun y German ... 270 12º 333 744 940 710

Nissan Motor

(E. Musa J.) ... 457 323 114 577 636

S. C. Bolocco .... 35 360 532 696 776 312

Imp. WAL 171 96 96

S. A. Import SCIR . 50 162 288 288 696

Imcoda ...... 31 34 60 300

Anglo Chilena Autos 263 216

I. Guelfand 2º 80

Imp. Fisk 32 12º 114 78 60

H. Federic 137 562 338 387 480

A. Avayú 48 438 812 816 816

EMSSA 150 702 420 516

Ind. Angloamericanas 96 114 120 144

TECNA 48 264 216 264

Soc. Agr. FIAT . . 688 1.536 600 960

J. A. Spencer ... 5

INDAUTO 248 446

Chilemotores .... - 312

Arica Motors .... 238

FORD 274

TOTAL PRODUC-

CIÓN ANUAL . . 632 2.317 3.939 6.615 7.939 7.803 8.624

(1) Informaciones extraoficiales.

En cuanto a la economía de divisas que produciría la instalación de las diversas empresas automotrices que han manifestado oficialmente ante el Ejecutivo y ante la Comisión misma su interés por establecer fábricas en el país al amparo de las disposiciones del proyecto de ley en informe, se inserta un cuadro en el que se desarrolla el costo para el país de la fabricación de 31.500 vehículos, cantidad que corresponde, aproximadamente, a un 90 % de la demanda estimativa para los próximos años susceptible de abastecerce por la industria nacional. El costo de estos 31.500 vehículos ascendería en el extranjero, valor CIF, a US$ 77.000.000 y su producción en el país significaría un desembolso de US$ 21.100.000, como se detalla a continuación:

1.- Importación de par

tes y piezas US$ 11.600.000

2.- Importación de equi

pos o implementos de

producción, 4% ... 3.000.000

3.- Importación de dife

rentes materias pri

mas incorporadas en

la producción de par

tes nacionales, 6,5% 5.000.000

4.- Remesas al exterior

por royalty, amorti

zaciones y utilidades

de los aportes de ca

pital, 2% 1.500.000

US$ 21.100.000

Por otra parte, también debe consignarse un estudio estimativo del volumen de ingresos fiscales que tributará esta nueva industria, por diversos capítulos, a saber:

1.- Impuesto de transferencia de los vehículos, 6% sobre 800 millones de escudos . . Eº 48.000.000

2.- Impuesto a la renta so-

bre sueldos y jornales 4.000.000

3.- Impuestos a la impor

tación de partes y pie

zas (150% sobre CIF) 70.000.000

TOTAL Eº 112.000.000

Los fundamentos y antecedentes de hecho anteriormente enunciados, como asimismo, el compromiso contraído por nuestro país en orden a propender a la integración regional latinoamericana mediante un amplio intercambio que permita la creación de industrias supranacionales, justifican, plenamente a juicio de la Comisión, la aprobación de la idea de legislar sobre la materia y, consecuencialm ente, destruyen las objeciones que se plantearon en el seno de ella a esta iniciativa de ley, y que consisten, principalmente, en las siguientes:

1°.- No se crearía una industria automotriz integral sino que se propendería, solamente, a la instalación de fábricas de partes o piezas;

2°.- Se produciría una dependencia económica en cuanto se refiere al abastecimiento de partes, conjuntos o subconjuntos de un mayor valor agregado, respecto de otros países de la Zona de Libre Comercio que cuenta con una industria automotora más desarrollada que la nuestra;

3°.- En la práctica, sólo se beneficiaría a grandes consorcicios internacionales que operan industrias automovilísticas en otros países de la Zona de Libre Comercio, en perjuicio del desarrollo de nuestra propia industria automortora y de toda la economía nacional, al eliminar empresas pequeñas no susceptibles de integrar regional-mente su producción, y

4°.- La pérdida que significaría al erario nacional la exención del pago de gravamen del 140% a la internación, a los productos que se intercambian con países de la Zona, la cual debería ser recuperada o paliada mediante la aplicación de nuevos tributos.

Una vez expresados los antecedentes y argumentos que tanto a favor como en contra del proyecto, se expusieron en la Comisión, ésta pasa a analizar su estructura general y sus disposiciones particulares.

El proyecto está concebido para aplicarse a la importación, exportación, fabricación y montaje de vehículos motorizados y a la fabricación, elaboración, semielabo-ración o montaje, importación y exportación de conjuntos, subconjustos, piezas, repuestos y accesorios de vehículos motorizados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1°. Además, en conformidad con una modificación que le introdujo la Comisión a este artículo, también se aplicarán sus disposiciones a la fabricación de maquinarias y herramientas que se utilicen en la industria automotriz.

La Comisión estimó conveniente incluir expresamente esta cláusula, por cuanto no quedarían comprendidas dentro del término "accesorios" de que habla el artículo y porque, además, al tener una vital importancia en todo el proceso de elaboración o montaje de automotores, debe aplicárseles el mismo tratamiento legal. Finalmente, se estimó que este tipo de elementos de trabajo no puede quedar expuesto a ser eliminado administrativamente de las listas que confecciona el Banco Central de Chile sobre los productos que deben ser considerados como "accesorios".

El artículo 2º, que fue aprobado con la misma modificación explicada anteriormente, aplica a las industrias de fabricación o montaje de vehículos motorizados, y de fabricación, elaboración, semielabora-ción o montaje de conjuntos, subconjuntos, piezas, repuestos o accesorios de dichos vehículos. En él se considera la posibilidad de que estas industrias sean calificadas de "complementación regional", concepto legal que no ha sido definido genéricamente en el proyecto, pero que, si podrá aplicarse en la práctica en los tres casos que contempla el resto del artículo, que se refieren a: 1°.- cuando estas industrias integren vehículos motorizados con partes o

piezas, conjuntos o subconjuntos provenientes de países de ALALC, conjuntamente con partes o piezas de producción nacional y de terceros países; 2º.- cuando su producción de partes o piezas, conjuntos o subconjuntos se destine, total o parcialmente a incorporarse a vehículos motorizados montados en Chile, y 3°.- cuando su producción de piezas, conjuntos, subconjuntos, repuestos o accesorios para este tipo de vehículos se destine, total o parcialmente, a ser exportada a países miembros de la ALALC.

Respecto del primer caso enunciado, vale decir, la fabricación de vehículos motorizados, debe señalarse que no se exige la concurrencia de los tres requisitos copulativamente, o sea, que se integren con productos de ALALC más piezas chilenas y de terceros países, sino que pueden emplearse, además de piezas provenientes de ALALC, otras de producción nacional o de países no integrantes de ALALC.

El Título II del proyecto consulta el tratamiento aduanero que se aplicará a la importación y fabricación o montaje de vehículos motorizados y a la importación de piezas, conjuntos o subconjuntos para dichos vehículos, y los casos de excepción a la tributación que establece.

En primer lugar, se establece en el artículo 3° un impuesto de 400% sobre su valor CIF para la internación de vehículos motorizados al país. Este gravamen tiene por objeto favorecer la fabricación de vehículos motorizados en el país, razón por la cual es de un monto tan elevado. Igual impuesto y de igual cuantía se establece para la fabricación o montaje de estos vehículos, el cual se aplicará sobre el valor de fabricación de ellos.

Como excepción a la regla general del impuesto de 400% para ambos rubros, se consulta una suspensión o rebaja de dicho tributo, decretada por el Presidente de la República, respecto de aquellos vehículos de características especiales y para usos específicos que no se produzcan en el país, y para la internación de chasis para vehí-

culos destinados a la locomoción colectiva y para la fabricación o montaje de este tipo de vehículos cuando sean carrozados en el país. Se expresó en la Comisión que esta facultad que se confería al Presidente de la República era demasiado amplia y que podría llegar a incluir cualquier tipo de vehículos motorizados, razón por la cual se incluyó la modificación que exige que se trate de vehículos "para usos específicos", lo cual será precisado en el Reglamento respectivo.

Finalmente, en el inciso tercero se grava la importación de piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados con un impuesto único de 150 % sobre el valor CIF de dichos productos.

En el artículo 4º, igualmente, se consignan las excepciones a la aplicación de este impuesto de 150% para la internación de partes o piezas, que son las siguientes:

1°.- Se otorga una facultad general al Presidente de la República para modificarlos, rebajarlos, suspenderlos o aumentarlos cuando las necesidades del país así lo aconsejen y previa solicitud de la Comisión Automotriz;

2°.- El Presidente de la República podrá adoptar igual medida respecto de todas o algunas piezas, conjuntos o subcon-juntos que importen las idustrias declaradas de complementación regional desde los países de la ALALC, y

3°.- Igual resolución podrá adoptar el Jefe del Estado respecto de todas o algunas de las piezas, conjuntos o subeonjun-tos que importen este tipo de industrias desde países que no formen parte de la ALALC y siempre que exporten a dichos países productos para vehículos motorizados por un valor equivalente a los que importen. Estos elementos importados desde terceros países no serán considerados como regionales para los efectos de los porcentajes de integración, concepto que guarda estrecha relación y concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del proyecto que se refiere a la misma materia.

El artículo 5º tiene por objeto dejar

claramente establecido que los impuestos anteriormente señalados son los únicos que gravarán la importación de los productos para la industria automotriz.

El Título III, que trata de las exigencias de integración que se imponen a las industrias automotrices es, tal vez, uno de los más importantes del proyecto en informe, pues contiene la parte conceptual del mismo.

En efecto, se define lo que debe entenderse por "producto de origen regional"; se precisan los porcentajes mínimos de integración regional como los porcentajes de producción chilena que deben consultarse dentro de dichos porcentajes regionales, y se fijan las normas acerca de cómo las empresas podrán cumplir con estas exigencias técnicas.

El artículo 6º dispone que las empresas que fabriquen o trabajen en montaje de vehículos motorizados, para acogerse a las franquicias de la ley en proyecto, las cuales se encuentran contempladas en el Título V del proyecto, deberán integrar di: chos vehículos con partes o piezas de origen regional, entendiendo por tales aquellas producidas por industrias establecidas en Chile u originarias de países miembros de la ALALC.

Por el artículo 7º se ordena a la Comisión Automotriz establecer programas, de duración mínima de 4 años, que contengan los porcentajes mínimos de integración regional por vehículos motorizados, y las bases sobre las cuales serán aplicados dichos porcentajes, las cuales podrán ser diferentes según la naturaleza de esos vehículos. Estos programas deberán publicarse en el Diario Oficial con una anticipación mínima de un año a la fecha en que deban regir, plazo en el que no podrán ser modificados.

El artículo 8º, cuyo texto fue modificado por la Comisión, luego de establecer que los porcentajes de integración regional a que se refiere el artículo 7º no podrán ser alterados durante el plazo fijado en el programa, contempla la excepción a la regla

general, la cual consulta la posibilidad de que sean modificados solamente por el Presidente de la República o que se varíen las bases para su aplicación, en caso que circunstancias graves o de efectos generales en la industria lo aconsejen. La modificación consistió en quitar esta facultad a la Comisión Automotriz en atención a que se estimó que debía un acto de tal trascendencia para una industria o grupo de industrias ser de la responsabilidad del Jefe del Estado.

Ahora bien, como ejemplo de lo que debe entenderse por circunstancias graves y de efectos generales en la industria, se citó el caso de una huelga internacional o de una interrupción de las comunicaciones entre dos o más países que afectaran el normal desarrollo de las actividades industriales.

En cuanto al concepto "producto regional", quedó establecido que se refiere tanto a las partes y piezas producidas en Chile como a las provenientes de los países integrantes de ALALC; igualmente, quedó establecido que el único porcentaje que podría modificar el Presidente de le República, dentro de la integración regional es el referente a las partes y piezas provenientes de ALALC, pero jamás el porcentaje de producción chilena, según lo dispone el inciso segundo del artículo 9°, que guarda relación con el artículo en examen. Tal variación sólo podría realizarse por medio de una ley.

El artículo 9° faculta a la Comisión Automotriz para fijar los porcentajes mínimos de producción chilena, dentro de los porcentajes totales de integración regional, de las piezas, conjuntos o subconjuntos que se emplearán en la fabricación o montaje de vehículos motorizados, los cuales no podrán ser inferiores al 35% de acuerdo con una enmienda introducida por la Comisión, que lo elevó del 30% hasta el monto señalado. Debe dejarse constancia que este porcentaje podrá ser diferente para cada tipo de vehículos, pero con un mínimo de 35% de producción nacio-

nal, como ha quedado explicado, el cual, luego de 7 años, no deberá ser inferior al 50%. Estos porcentajes mínimos de producción chilena han sido establecidos en el proyecto con el objeto de ir fomentando el desarrollo progresivo de nuestra industria productora de piezas, conjuntos o subcon-juntos para vehículos motorizados.

El artículo 10, que guarda relación con el 6º, y cuya redacción fue modificada por la Comisión, amplía el concepto de lo que debe entenderse por producto regional y, al efecto, dispone que sólo serán consideradas como tales, las piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados originarios de ALALC si dichos países adquirieron en Chile y por un valor equivalente, tales elementos producidos en Chile. Con esta exigencia lega, se persigue obtener un intercambio compensado de productos para la industria automotriz que, obviamente, favorece y garantiza nuestra producción industrial en este rubro.

Corresponderá a la Comisión Automotriz determinar los requisitos que deben reunir estos productos para ser considerados originarios de ALALC y fijar las normas para determinar la equivalencia de los productos del intercambio.

Por el artículo 11 se consulta un Registro en el cual deberán figurar las piezas, conjuntos o subconjunttos para vehículos motorizados susceptibles de exportación a los países miembros de la ALALC, los cuales serán los únicos que podrán intercambiarse con esos países. Además, se le autoriza para abrir otro Registro en el que se consignen estos mismos productos fabricados en Chile y que sean aprobados como susceptibles de ser incorporados en vehículos fabricados o armados en el país.

Ahora bien, este intercambio podrá efectuarse, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 11, de dos formas: 1°) remitiendo previamente a dichos países las piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados, de producción chilena, por un valor equivalente al de la importación proyectada, o 2º importando piezas, conjun-

tos o subconjuntos para vehículos motorizados con la obligación de efectuar la exportación equivalente de productos de integración regional dentro del plazo que fije a cada industrial la Comisión Automotriz.

El Título IV del proyecto reglamenta la forma en que las industrias pueden solicitar que se las declare de "complementa-ción regional", lo cual está considerado en los artículos 13 al 17.

En general, debe señalarse que esta declaración deberá hacerla la Comisión Automotriz una vez que haya comprobado y analizado las respectivas solicitudes que presenten los industriales, en las cuales deberá consignarse claramente: 1° el volumen de producción anual que proyecten, con indicación de los costos y precios, y la forma en que cumplirán con las exigencias mínimas de integración regional; 2º las importaciones de piezas, conjuntos o subconjuntos, por vehículos, proyectadas realizar anualmente, como las materias primas, equipos y maquinarias con indicación del país de procedencia de éstas, y 3º el plan anual detallado de exportaciones.

Una vez que la Comisión Automotriz estime conveniente, tanto para el país como para el desarrollo de la industria automotora, la realización de los planes consultados en la solicitud de cada industrial, deberá exigirles compromisos específicos acerca de la forma en que se realizarán el intercambio con la ALA; volúmenes mínimos de producción y sus tipos; monto de las inversiones y plazos mínimos para realizarlas e iniciar la producción; participación chilena en el capital de la empresa "no inferior al 25% con fijación del plazo en que deberá ser completado y, finalmente, de acuerdo con una modificación introducida al proyecto deberá exigirles que los Directorios de las empresas estén integrados con un 50% de miembros de nacionalidad chilena; que dichos Directorios tengan sus domilicios en Chile; y que sus contabilidades sean llevadas en el país, con el objeto fundamental de permitir un

control más eficaz acerca de las utilidades y de procurar que sean dirigidas por chilenos.

El artículo 16º establece que la declaración de complementación regional deberá ser decretada por el Presidente de la República, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sin que pueda ser modificada sino con informe favorable de la Comisión Automotriz y a petición de la propia industria.

El artículo 17 contempla la posibilidad de que una industria armadora o productora, parcialmente, de vehículos motorizados y/o de partes de ellos, pueda ser declarada de complementación regional respecto de esa producción o armaduría.

El Título V trata fundamentalmente de las diferentes franquicias que se otorgarán a las industrias declaradas de "complementación regional", las cuales se pasan a analizar.

En primer término, y principalmente, se las exime del pago del gravamen del 400% sobre el valor de fabricación del respectivo vehículo, cuando se trate de industrias que se dedican a fabricarlos o armarlos. Respecto de este impuesto, debe diferenciarse la situación que afecta a las industrias que han sido declaradas de "complementación regional" de aquellas que no han obtenido tal declaración. Además, estas industrias podrán ser beneficiadas con la suspensión, rebaja o eliminación del impuesto del 150% sobre el valor CIF de las piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados que se importen al país, en las mismas condiciones anteriormente analizadas en el artículo 4º de este proyecto.

En seguida, se las autoriza para importar liberados del pago de impuesto y derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, las maquinarias, equipos y repuestos que se destinen directa y exclusivamente a la instalación, ampliación o renovación de la industria o a la producción respecto de la cual ha sido declarada de "complementación regional". También se

las libera de la obligación de efectuar depósitos previos para la importación y se las exime de toda posibilidad de rechazo de sus registros de importación por parte del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile. .

Otra franquicia importante es aquella que libera del pago del impuesto de compraventa a la adquisición de piezas, conjuntos o subconjuntos que efectúen las industrias de producción o montaje de vehículos motorizados. También, con el objeto de estimular la producción nacional, se establece una rebaja en el pago de los impuestos que afectan las utilidades en este tipo de actividad industrial, cuando sobrepasan los porcentajes mínimos de integración nacional.

Análisis aparte dentro del rubro de las franquicias merece la modificación introducida, a indicación de diversos Parlamentarios, en orden a propender a la instalación de la industria de la forja de estampa, destinada a producir implementos para vehículos motorizados, por considerar que su existencia es vital para el desarrollo dinámico de una real industrial automotora nacional. Con este objeto, se le otorga todas las franquicias consultadas en este Título, una vez que sean declaradas de complementación regional, y por el plazo de quince años contado desde la fecha de dicha declaración. Se insistió, reiteradamente, en la Comisión para que el país pudiera contar con una real industria automotriz era indispensable tener plantas de forja de estampa que son las que le dan tal carácter, ya que mediante su empleo se logra la fabricación de las piezas o partes más importantes de un vehículo y las que en definitiva contienen un mayor valor agregado.

El Título VI, que trata de las importaciones y exportaciones de vehículos motorizados, y de conjuntos o subconjuntos partes o piezas, contiene una reglamentación detallada al respecto que se caracteriza por otorgar preeminencia en este comercio a las decisiones de la Comisión Au-

tomotriz. Consulta, además, disposiciones acerca de la importación de elementos por partes de las industrias de complementación regional, y establece un sistema de compensación periódica para agilizar el intercambio regional.

Respecto del inciso segundo del artículo 19, se expresó por los representantes del Ejecutivo que tenía por objeto establecer un mecanismo lo suficientemente flexible para que la Comisión Automotriz pueda rechazar o limitar ciertas importaciones en circunstancias graves y de carácter nacional, pero siempre que estas medidas no signifiquen una discriminación respecto de una empresa determinada.

El Título VII que trata de la instalación, ampliación y traslado de industrias, contempla, principalmente, el caso de aquellas industrias que se encuentran instaladas en Arica y que deseen trasladarse al resto del país, las cuales gozarán de la franquicia de trasladar sus equipos y maquinarias e instalaciones al resto del país liberados del pago de derechos e impuestos que se perciben por las Aduanas y eximidos de los depósitos previos de importación, siempre que hubieren estado en uso, y la respectiva industria se encontrare instalada y en actividad con tres años de anticipación a la fecha de la respectiva solicitud de traslado, o cuenten con informe favorable de la Comisión Automotriz y hayan sido declaradas de "complementación regional".

En el artículo 27 que es el que trata específicamente la materia analizada, la Comisión introdujo los modificaciones consistentes en exigir que los equipos, maquinarias e instalaciones se encuentren en uso al momento del traslado, y que las industrias hayan estado en actividad, a lo menos, con tres años de anterioridad a la fecha de la solicitud de traslado.

Estas modificaciones tienden a impedir que se pueda traer al resto del país maquinarias o equipos en desuso, que no prestarían ninguna utilidad industrial.

Sobre este artículo se exlicó a la Comi-

sión por los representantes del Ejecutivo que no significaba que necesariamente tenían que trasladarse al resto del país las industrias establecidas en Arica, puesto que con los diferenciales que se les otorgan en el proyecto que faculta al Presidente de la República para modificar el régimen especial de dicho departamento, podrían continuar trabajando allá en condiciones comerciales ventajosas.

El Título VIII, que trata de la fiscalización del régimen de franquicias y tributario que se aplicará a las industrias automotrices, otorga al Servicio de Aduanas la facultad de aplicarlo, previo informe de la Comisión Automotriz. Así por ejemplo, esta Comisión deberá certificar que respecto de una industria se ha suspendido o limitado el monto del gravamen del 150% sobre la internación de piezas, conjuntos o subconjuntos destinados a la industria automotriz o de que otra industria cumple con los porcentajes de integración regional en las condiciones indicadas en el artículo 6° del proyecto, ya analizado. Igualmente, esta Comisión podrá requerir el concurso de diversos funcionarios públicos para que colaboren en sus funciones y solicitar de las empresas industriales todos los antecedentes que necesite para una mejor fiscalización, podrá inspeccionar sus establecimientos y revisar sus libros de contabilidad. Aun cuando algunos señores Diputados impugnaron estas facultades que se otorgan a la Comisión Automotriz, por considerarlas excesivas, se aprobaron los tres artículos que comprende este Título en razón de que se estimó necesario centralizar en este organismo todas las facultades que conduzcan a la planificación, fomento y fiscalización de la industria automotriz.

El título IX consulta las sanciones que pueden aplicarse a las industrias regidas por la ley en proyecto, en caso de incumplimiento de las obligaciones que les haya impuesto el decreto o resolución que las declaró de "complementación regional" o

que autorizó su instalación, ampliación o traslado, o de algunas normas, instrucción o resolución de la Comisión Automotriz, las cuales pueden consistir en multas de hasta 200 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago; suspensión total o parcial de las franquicias que se le haya otorgado y, finalmente, derogación de la autorización de instalación de la industria respectiva.

Se establece un procedimiento especial para el cobro de los tributos que correspondan o el pago de las multas que procedan, con el objeto de hacer más expedita la aplicación de las sesiones señaladas.

El Título X contempla los diversos casos que pueden presentarse respecto de las industrias de vehículos motorizados o de partes o piezas de ellos, instalados en Arica o que se instalen en el futuro.

Al efecto, el artículo 35 dispone que las normas del proyecto en informe se aplicarán a estas industrias sólo a partir de 180 días contados desde la publicación en el Diario Oficial de la ley respectiva, con lo cual se les otorga un plazo prudencial para que puedan seguir funcionando sujetas a su estatuto jurídico actual, el cual queda derogado expresamente después de transcurrido el plazo señalado, o pueden obtener la declaración de industria de "complementación regional", en cuyo caso se les otorgarán diversas franquicias adicionales consultadas en el artículo 36, consistentes en exenciones tributarias sobre las utilidades generadas en el departamento de Arica y del pago de la contribución de bienes raíces por el lapso de 15 años; exención de toda clase de tributos y gravámenes que afecten a las construcciones destinadas a las faenas de las industrias y liberación del pago del impuesto a la compraventa, en la parte que exceda del 6%, a la primera transferencia de los vehículos fabricados o armados por ellas.

El artículo 37 contempla el caso de aquellas industrias de Arica que no pudie-

ren obtener, dentro del plazo señalado anteriormente, la declaración de "complementación regional", caso en el cual según el inciso primero, se les denegarían las franquicias de la ley en proyecto, salvo que lograren cumplir con el 80% del porcentaje de integración regional exclusivamente con piezas, conjuntos o subconjuntos de fabricación chilena.

Esta franquicia del 809c de integración con producción chilena fue establecida por la Comisión con el objeto de servir de estímulo y premio a aquellas industrias que por no estar en condiciones de integrar con países de la ALALC, se esfuercen en elevar la parte netamente chilena del vehículo a un porcentaje tan alto como es el 80% del regional. Así, por ejemplo, si el porcentaje de producción chilena dentro del porcentaje regional de un 50% asciende al 35%, como lo establece el artículo 9º del proyecto, estas industrias deberán armar el vehículo con un 40% de partes o piezas netamente chilenas. En esta forma se otorga una posibilidad real de poder subsistir y progresar a empresas comerciales que arman vehículos con piezas provenientes de terceros países.

El Título XI del proyecto, que trata de la Comisión Automotriz, contempla sus diversas facultades, su integración y un procedimiento especial para reclamar de sus resoluciones.

En primer término, el artículo 38 le da existencia legal como un organismo autónomo de Derecho Público, con personalidad jurídica, al cual entrega la facultad de formular, aplicar y fiscalizar la política automotriz en el país.

En su inciso segundo, se refiere a la integración de esta Comisión, respecto de la cual hubo amplio debate, pues se estimó que en ella debiera haber representantes tanto del sector empresarial como de los empleados y obreros de la industria automotriz, los cuales no figuran en el Mensaje en estudio. Por ello, se aprobó el artículo, por la unanimidad de los miem-

bros de la Comisión, con la modificación expuesta, que consulta dos representantes del sector laboral de la industria automotriz y un representante de los empresarios, designados por el Presidente de la República, los cuales durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza de los organismos que representan. Debe señalarse que los representantes de los trabajadores serán elegidos de una terna presentada por los sindicatos de empleados y obreros de la industria automotriz.

Los artículos 39 y 40 se refieren a la designación de un Secretario de la Comisión Automotriz el cual actuará como Ministro de Fe; al financiamiento de esta Comisión, que será de cargo de la Corporación de Fomento de la Producción, y al personal con que desarrollará sus funciones, el cual, también, deberá ser proporcionado por la Corporación de Fomento de la Producción.

En este último artículo se consultó una disposición que establece que las remuneraciones de los -miembros de la Comisión serán fijadas por el Presidente de la República, la cual había sido suprimida durante la discusión de un artículo anterior.

El artículo 43 consulta las funciones de la Comisión Automotriz. De ellas, la más importante es la consignada en la letra a) que le otorga la facultad de planificar y dirigir la política de la industria automotriz en el país en los diversos aspectos y casos analizados en el curso de este informe. En seguida, merece destacarse la función contemplada en la letra d), que le faculta para emitir dictámenes oficiales de carácter obligatorio sobre la interpretación y aplicación de la ley en proyecto. Se explicó a la Comisión que esta autorización era similar a la que tenían otros Servicios como Impuestos Internos, la Dirección de Industrias y Comercio, etc. Las demás funciones dicen relación con aspectos ya explicados durante el estudio del articulado del proyecto.

El artículo 44 consulta un procedimiento especial para reclamar de las resoluciones de la Comisión Automotriz, en el cual se introdujeron tres modificaciones, a saber : 1°.- Se amplió a 15 días el plazo para interponer el reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago; 2°.- Se sustituyó su inciso segundo por el que figura en el texto del proyecto, porque se estimó que el texto original imponía exigencias excesivas a la presentación del reclamante; y 3°.- Se rechazó el inciso tercero con el objeto de hacer más expedito el recurso de reclamación.

El artículo 45 fue reemplazado por la Comisión, con el objeto de procurar que estos almacenes particulares de aduana puedan establecerse expeditamente, con lo cual se salva un inconveniente de importancia que ocurre actualmente, ya que el Decreto del Presidente de la República sigue una larga tramitación administrativa. Por ello, en el artículo aprobado polla Comisión se otorga la facultad a la Junta General de Aduanas para que autorice la instalación de estos almacenes, con la sola condición de que cumplan con las exigencias que contiene el reglamento sobre esta materia.

El Título XII y final del proyecto, contempla una disposición que deroga todas las disposiciones legales y reglamentarias que rigen actualmente la importación de vehículos motorizados; su tributación, etc. Primero, el artículo 11 de la ley Nº 12.084 modificado por las leyes Nºs. 12.434, 12.462 y 14.824, se refiere al impuesto del 200% a la importación de vehículos y a la fabricación o armaduría de los mismos; segundo, los artículos 6º y 7º de la ley Nº 12.919 establecen la manera de exceptuarse del pago del impuesto del 200% referido anteriormente; tercero, el artículo 2º de la ley Nº 14.171 fija el impuesto de transformación de las camionetas pick-up ; cuarto, los artículos 13, 14 y 15 de la ley Nº 14.824 se refieren, respectivamente, al texto definitivo del impuesto del

200% establecido por la ley Nº 12.084; el aforo aduanero de las partes y piezas que se internen al país para su armaduría, y a la facultad al Presidente de la República para considerar nacionales las piezas de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio que se importen compensadas ; quinto, el artículo 10 de la ley Nº 15.077 establece impuestos adicionales en las piezas y partes extranjeras incorporadas a vehículos armados en el departamento de Arica; sexto, el inciso segundo del artículo 11 de la ley Nº 16.426 facultó al Presidente de la República para rebajar o suprimir los impuestos y derechos de aduana que graven la internación de partes o piezas destinadas a armadurías de vehículos; séptimo, el Decreto Nº 835 reglamenta la industria automotriz nacional ; octavo, el Decreto Nº 574 reglamenta la forma de hacer el intercambio compensado con los países de la ALALC, y noveno, los Decretos Nºs. 1165 y 2100, ambos de Hacienda, eximen de impuestos adicionales a las importaciones de partes y piezas desde los países de la ALALC, conforme al régimen compensado y en el inciso segundo de este artículo se contempla una disposición ya analizada al estudiar el artículo 35 del proyecto.

El artículo 47, introducido por la Comisión, concede a los taxistas no propietarios de vehículos la facultad de importar automóviles para taxi liberados del pago de los derechos de internación y otros, en conformidad a lo establecido en el artículo 3º transitorio, de la ley Nº 16.426, siempre que tengan 5 años de antigüedad en su ejercicio profesional y se encuentren ejerciéndola.

Finalmente, los artículos transitorios regulan el caso de los porcentajes de integración y las bases para su aplicación en el presente año y en el lapso que medie entre el 1° de enero de 1967 y la fecha en que entre en vigencia el primer programa de la Comisión Automotriz.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Economía y Comercio acordó recomendar la aprobación del proyecto en informe, redactado en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

TITULO I

De la aplicación de la leyArtículo 1°.- La presente ley se aplicará a la fabricación, montaje, importación y exportación de vehículos motorizados. Igualmente, se someterán a las disposiciones de esta ley la fabricación, elaboración, semielaboración o montaje, importación y exportación de conjuntos, subcon-juntos, piezas, repuestos, accesorios, maquinarias y herramientas utilizados en la industria automotriz.

Artículo 2°.- Las industrias de fabricación o montaje de vehículos motorizados, como asimismo de fabricación, elaboración, semielaboración o montaje de conjuntos, subconjuntos, piezas, repuestos, accesorios; maquinarias y herramientas utilizados en la industria automotriz, podrán ser consideradas industrias de "cora-plementación regional" en los términos y para los efectos de la presente ley.

Podrán solicitar se las declare industrias de "complementación regional" las siguientes:

Aquellas en cuya producción de vehículos motorizados incorporen piezas, conjuntos y subconjuntos originarios de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, junto con piezas, conjuntos o subconjuntos de producción nacional y de terceros países, según los casos, de acuerdo con los procedimientos que en la presente ley se señalan;

Aquellas cuya producción de piezas, conjunto o subconjuntos se destina, total o parcialmente, a incorporarse a vehículos motorizados montados en el país;

c) Aquellas cuya producción de piezas, conjuntos, subconjuntos, repuestos o accesorios para vehículos motorizados, se destina, total o parcialmente, a ser exportada a países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, independientemente de la persona o empresa que efectúe la exportación.

TITULO II

Régimen Aduanero

Artículo 3°.- Los vehículos motorizados que se importen al país estarán afectos en su internación a un gravamen único de 400% de su valor CIF, sin perjuicio de la aplicación a su respecto de las disposiciones generales, legales y administrativas vigentes en materia de importaciones.

La fabricación o montaje de vehículos motorizados estará afecta a un impuesto especial de 400% sobre el valor de fabricación del respectivo vehículo. Este valor será determinado en la forma que señale el Reglamento.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República, en informe favorable de la Comisión Automotriz, podrá suspender o rebajar los impuestos que en ellos se establecen, tratándose de vehículos de características especiales para usos específicos y que no se produzcan en el país, pudiendo además restablecer, en cualquier momento, los impuestos así suspendidos o rebajados. Análoga facultad podrá ejercer el Presidente de la República respecto de la internación de chassis para vehículos destinados a la movilización colectiva y para la fabricación o montaje de los mismos vehículos, cuando sean carrozados en el país.

Establécese un gravamen único de 150% sobre el valor CIF de las piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados que se importen al país.

Artículo 4°.- No obstante lo señalado en

el artículo anterior, el Presidente de la República, a solicitud de la Comisión Automotriz, podrá modificar, rebajar, suspender, aumentar dentro del margen señalado o restablecer el gravamen de 150% establecido en el artículo anterior, cuando las necesidades del país lo aconsejen.

Asimismo, el Presidente de la República podrá establecer tasas diferentes o suspender o eliminar dicho gravamen, para todas o algunas piezas, conjuntos o sub-conjuntos que importen las industrias declaradas de "complementación regional" desde los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12, sea en atención a la naturaleza de esas especies o a la naturaleza de los vehículos a los cuales serán incorporados.

El Presidente de la República podrá además establecer tasas diferentes o suspender o eliminar el gravamen a que se refiere este artículo, para todas o algunas de las piezas, conjuntos o subconjuntos que importen las industrias declaradas de "complementación regional" desde países que no formen parte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, siempre que ellas exporten a dichos países pie-xas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados por valores equivalentes a las importaciones que efectúen. Estas operaciones se regirán por las disposiciones de esta ley relativa al intercambio con los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en cuanto les sea aplicables.

Las piezas, conjuntos y subconjuntos que se importen conforme al inciso anterior, no se considerarán como regionales para los efectos de los porcentajes de in-tegración.

Artículo 5°.- Los gravámenes establecidos en el artículo 3°, serán los únicos impuestos que afecten la importación de las mercaderías que en ellos se indican; en consecuencia, quedan derogados todos los demás impuestos, derechos y gravámenes

que se perciban por intermedio de las Aduanas que afecten la internación de las especies señaladas en ambas disposiciones.

La fiscalización, aplicación y recaudación de los impuestos establecidos en el artículo 3º, estará a cargo del Servicio de Aduanas.

TITULO III

De las exigencias de integración.

Artículo 6°.- Para gozar de las franquicias de esta ley, los vehículos motorizados, fabricados o montados por industrias establecidas en el país, deberán estar integrados con piezas, conjuntos o subcon-juntos de origen regional, en la forma, porcentaje y condiciones a que se refiere la presente ley.

Para los efectos indicados en el inciso precedente, se considerarán como de origen regional las piezas, conjuntos o subconj untos producidos por industrias establecidas en Chile, como asimismo, las que sean originarias de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuya importación se efectúe ajustándose a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12.

Artículo 7°.- La Comisión Automotriz establecerá programas que tendrán una duración mínima de 4 años, que fijarán los porcentajes mínimos de integración regional por vehículo que anualmente deberán ser cumplidos en la fabricación o ar-maduría de los vehículos motorizados a que se refiere esta ley y las bases sobre las cuales serán aplicados; dichos porcentajes podrán ser diferentes, según la naturaleza de los vehículos.

Los programas a que se refiere el inciso precedente, deberán ser publicados en el Diario Oficial con una anticipación mínima de un año a la fecha en que deban entrar en vigencia, plazo durante el cual no podrán ser modificados.

Artículo 8°.- Los porcentajes de integración regional, vigentes en conformidad al artículo anterior para un período determinado, no podrán ser alterados. No obstante, cuando circunstancias graves y de efectos generales en la industria así lo aconsejen, el Presidente de la República, con informe favorable de la Comisión Automotriz, podrá rebajar los referidos porcentajes o variar las bases para su aplicación.

Artículo 9°.- La Comisión Automotriz fijará en los programas señalados en el artículo 7º, porcentajes mínimos por vehículos, de piezas, conjuntos o subconjun-tos que, dentro de los porcentajes totales de integración regional, deberán ser de producción chilena no pudiendo ser inferiores al 35%. Al cabo de siete años este porcentaje no será inferior al 50%.

Los porcentajes que dentro de la integración regional deban ser de producción chilena, en conformidad a este artículo, no podrán ser disminuidos ni aún en los casos a que se refiere el artículo 8°.

Artículo 10.- Sólo se considerarán regionales las piezas, conjuntos o subcon-juntos para vehículos motorizados originarios de los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio si dichos países adquieren en Chile y por un valor equivalente piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados producidos en el país.

La Comisión Automotriz señalará las condiciones o requisitos que deberán cumplir las piezas, conjuntos o subconjuntos a que se refiere este artículo para ser considerados originarios de los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Igualmente, la Comisión Automotriz podrá dictar y modificar normas para determinar la equivalencia a que se refiere el inciso primero de este artículo y, en general, para reglamentar este intercambio.

Artículo 11.- Para los efectos señalados en el artículo anterior, las industrias

de fabricación o montaje de vehículos motorizados deberán exportar a los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, piezas, conjuntos o subconjuntos para dichos vehículos que figuren en un Registro abierto por la Comisión Automotriz, en el cual se consignarán las piezas, conjuntos o subconjuntos aprobados por ella como sucepti-bles de exportación.

Asimismo, la Comisión podrá abrir otro Registro en el cual se incluirán las piezas, conjuntos o subconjuntos de fabricación chilena, que apruebe como susceptibles de incorporación en vehículos fabricados o armados en el país.

Artículo 12.- Las empresas podrán cumplir con las normas previstas en los artículos 10 y 11, en alguna de las siguientes formas:

a) Efectuando previamente la expor

tación de piezas, conjuntos o subconjun

tos de producción chilena para vehículos

motorizados, por un valor equivalente al

de la importación que proyectan; en este

caso, las empresas deberán acreditar ante

la Comisión Automotriz la realización de

la exportación, mediante el correspondien

te documento aduanero; o

b) En los casos en que la exportación no

se efectúe previamente, las empresas po

drán realizar importaciones de piezas,

conjuntos o subconjuntos, pero en este ca

so, la Resolución de la Comisión Automo

triz que autorice la importación, deberá

fijar un plazo dentro del cual el industrial

deberá realizar las exportaciones que es

tablecen los artículos 10 y 11 de esta ley.

Sólo en casos debidamente calificados, la Comisión Automotriz podrá prorrogar los plazos indicados precedentemente.

TITULO IV

De la declaración de industria de, "complementación regional".

Artículo 13.- Las industrias a que se refiere el Título I de esta ley, instaladas

o que se instalen, podrán solicitar al Presidente de la República que previo informe favorable de la Comisión Automotriz, las declare "industrias de complementa-ción regional".

Artículo 14.- Los interesados en obtener la declaración a que se refiere el artículo anterior, presentarán su solicitud a la Comisión Automotriz con los antecedentes que ésta determine.

Las empresas, en todo caso, deberán presentar, como mínimo, un plan que incluya ;

El volumen de la producción anual proyectada, análisis aproximado de costos y precios, y en el caso de industrias de fabricación o armaduría de vehículos motorizados, la forma de cumplir las exigencias mínimas de integración regional; tanto de piezas, conjuntos o subconjun-tos de producción chilena, conforme al artículo 9º, como originarias de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio;

Las importaciones de piezas, conjuntos o subconjuntos por vehículos que proyecta realizar anualmente, como asimismo, de materias primas, equipos y maquinarias, según el caso, indicando el país de procedencia; y

c) El plan anual de exportaciones,

cuando proceda, indicando el tipo de piezas,

conjuntos o subconjuntos que exportará,

como asimismo, su cantidad, precios es

timativos y país de destino.

Igualmente, los interesados deberán indicar en su solicitud los nombres de tres personas para los efectos de las notificaciones a que se refiere el artículo 34 de esta ley.

Artículo 15.- La Comisión Automotriz analizará las solicitudes de los interesados, tanto desde el punto de vista de la conveniencia del desarrollo de la industria automotriz, como de las ventajas generales que para el país suponga la ejecución del proyecto.

En caso de que, a juicio de la Comisión, el análisis aludido demuestre la conve-

niencia del proyecto, ella exigirá de los interesados, compromisos específicos sobre las siguientes materias:

1.- Volúmenes mínimos de producción anual y sus tipos;

2.- Forma, plazo y condiciones en que se realizará el intercambio con los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio conforme a los artículos 10, 11 y 12 cuando ello proceda;

3.- Monto de las inversiones y plazos mínimos para realizarlas y para la indicación de la producción;

4.- La participación chilena en el capital de la empresa, que no podrá ser inferior al 25%, y el plazo dentro del cual deberá ser completado;

5.- La presencia en el Directorio de las empresas interesadas de, por lo menos, un 50% de integrantes de nacionalidad chilena; la exigencia de que dicho Directorio tenga su domicilio en Chile y de que sus contabilidades sean llevadas también en Chile, y

6.- Otros aspectos específicos contenidos en cada plan, que la Comisión Automotriz estime del caso incluir.

Artículo 16.- El Decreto del Presidente de la República que declare a una industria como de "complementación regional", se dictará a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y contendrá los compromisos fundamentales que deberá cumplir la industria, los que sólo podrán modificarse en la misma forma, a petición de la propia industria y previo informe favorable de la Comisión Automotriz.

Artículo 17.- Las industrias cuya actividad está destinada parcialmente a la producción o armaduría de vehículos motorizados y/o a la producción de piezas, conjuntos o subconjuntos para los mismos, sólo podrán ser declaradas de "complementación regional", respecto de esa producción o armaduría. Para estos efectos, podrá exigirse que lleven contabilidad separada, que reúnan las condiciones materiales de independencia respecto de la

empresa total, que exija la Comisión Automotriz, y otras exigencias que permitan asegurar la importancia de la actividad automotriz con relación a la producción total de la empresa.

TITULO V

De las franquicias.

Articulo 18.- Las industrias declaradas de "complementación regional" gozarán de las siguientes franquicias :

Las industrias de fabricación o ar-maduría de vehículos motorizados estarán excentas del gravamen de 400% sobre el valor de fabricación del respectivo vehículo, establecido en el inciso segundo del artículo 3º;

Las industrias indicadas en la letra anterior, tendrán derecho a acogerse a los tratamientos especiales a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 4°, en la importación de piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados, en los casos en que se establezcan dichos tratamientos especiales y siempre que den cumplimiento a las obligaciones consignadas en los artículos 10, 11 y 12 de esta ley:

Las industrias a que se refieren las letras anteriores y las demás que hayan sido declaradas de "complementación regional", podrán importar, libres de impuestos y derechos y, en general, de todos los gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas, las maquinarias y equipos y sus repuestos que se destinen directa y exclusivamente a la instalación, ampliación o renovación de la industria respectiva o a la producción respecto de la cual ha sido declarada de "complementación regional" de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17.

Estas importaciones, al igual que las indicadas en la letra b), estarán liberadas de los depósitos que fije el Banco Central de Chile y no se les aplicarán las prohibiciones de importación y la facultad de

rechazo que establece la ley Nº 16.301; no obstante dichas importaciones deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 19;

d) En las mismas condiciones estable

cidas en la letra anterior, las industrias

podrán internar con autorización especial

de la Comisión Automotriz, prototipos pa

ra emprender la fabricación, de modelos

nuevos, sean vehículos o sus partes y pie

zas, instrumentos y equipos de control y

documentación técnica, en la cantidad y

con las exigencias que la Comisión esta

blezca en cada caso.

Las especies indicadas, como asimismo, las que se importen de acuerdo a la letra c), no podrán ser enajenadas, arrendadas o materia de ningún otro tipo de contrato, sin previa autorización de la Comisión Automotriz. La infracción a esta norma constituirá fraude aduanero y podrá ser sancionada, además, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII;

A requerimiento de la Comisión Automotriz, el Superintendente de Aduanas autorizará la internación, en admisión temporal, de las maquinarias y matrices que sean necesarias para ¡a atención de las necesidades industriales de las empresas a que se refire este artículo, en la forma, plazo y condiciones que aquella fije en cada caso;

La adquisición de piezas, conjuntos o subconjuntos que efectúen las industrias de producción o montaje de vehículos motorizados declaradas de "complementación regional" estará exenta de impuesto de compraventa, sea que los destine a su propio uso o a la exportación;

Las industrias de fabricación o montaje de vehículos motorizados, que en su producción de un año calendario sobrepasen los porcentajes mínimos exigidos en conformidad al artículo 9º, gozarán de una rebaja en los impuestos de Categoría de la Ley de la Renta, que afecten sus utilidades en ese ejercicio, a razón de un 5% de rebaja por cada 1% de mayor integración chilena. La comisión Automotriz certificará al Servicio de Impuestos

e)

Internos la procedencia y monto de esta franquicia, y

h) Las industrias de la forja de estampa, destinadas a la producción de piezas para vehículos motorizados, como industrias de "complementación regional", gozarán de todas las liberaciones y franquicias estatuidas en la presente ley, estimulándoselas, además, con la exención del 100% del impuesto a la renta.

La exención del impuesto a la renta no alcanzará al impuesto complementario o adicional que pueda afectar individualmente al respectivo industrial o a los socios, en el caso de personas jurídicas.

La franquicia establecida en esta letra tendrá una duración de 15 años contados desde la fecha en que la industria respectiva sea declarada de "complementación regional".

TITULO VI

De las importaciones y exportaciones.

Artículo 19.- Todas las importaciones de vehículos motorizados, sean de transporte, de carga o de pasajeros, de piezas, conjuntos o subconjuntos para los mismos vehículos, como asimismo, de maquinarias, «quipos, materias primas y elementos destinados a las industrias comprendidas en el Título I deberán ser autorizadas previamente por la Comisión Automotriz.

La Comisión deberá autorizar las importaciones de piezas, conjuntos o sub-conjuntos para vehículos motorizados, siempre que dichas importaciones estén contempladas en los planes aprobados para cada industria, conforme al artículo 14 de esta ley. Sin embargo, aún en estos casos, la Comisión podrá rechazar o limitar las importaciones cuando circunstancias graves y de carácter nacional así lo requieran, y previo Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que en forma fundada la autorice para ello. En todo caso, los re-

chazos o limitaciones de importaciones recién referidos deberán efectuarse en forma general, no discriminatoria.

Artículo 20.- El Banco Central de Chile, con la autorización de la Comisión Automotriz, deberá cursar sin más trámite las solicitudes de registros para las importaciones a que se refiere el artículo anterior. A estas importaciones les serán aplicables, en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente ley, las normas generales relativas a importaciones.

Artículo 21.- Todas las importaciones de las industrias declaradas de "complementación regional" deberán ser efectuadas directamente por ellas y en su propio nombre.

Artículo 22.- La Comisión Automotriz podrá autorizar a las empresas armadoras de vehículos motorizados para importar piezas, conjuntos o subconjuntos, de los mismos que importan para el cumplimiento de las exigencias de integración regional, o en conformidad con los incisos tercero y cuarto del artículo 4º, como repuestos o accesorios, debiéndose cumplir, en todo caso, con las exigencias de composición establecidas en los artículos 10, 11 y 12. A este intercambio le serán aplicables las franquicias que otorga la presente ley.

Artículo 23.- El establecimiento de depósitos y de prohibiciones para importar vehículos motorizados, cualquiera que sea su naturaleza, requerirá informe favorable de la Comisión Automotriz. La misma norma se aplicará para el establecimiento de prohibiciones, depósitos o impuestos adicionales que afecten a la importación de repuestos y accesorios para los refer-dos vehículos.

Igualmente, se requerirá informe favorable de la Comisión Automotriz para cualquiera modificación o supresión de las medidas a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 24.- El Banco Central de Chile, con informe favorable de la Comisión Automotriz y como excepción a las normas

generales sobre retornos de exportación, podrá autorizar a cada empresa armadora de vehículos motorizados que se ajusten a las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12, a compensar periódicamente el valor de las importaciones y exportaciones que efectúen de acuerdo con esas normas.

TITULO VII

De la instalación, ampliación y traslado de industrias.

Articulo 25.- La autorización para la instalación o ampliación de industrias de fabricación o montaje de piezas, conjuntos o subconjuntos para dichos vehículos, se otorgará a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que sólo la concederá cuando cuente con informé previo favorable de la Comisión Automotriz.

Artículo 26.- El Decreto Supremo que autorice la instalación o ampliación de las industrias en los casos a que se refiere el artículo anterior, deberá además, declarar a la industria respectiva como de "complementación regional", cuando ello fuere procedente, ajustándose a lo dipuesto en el Título IV de esta ley.

Artículo 27.- Todo traslado de industrias de las indicadas en el artículo 25 deberá ser autorizado o rechazado por resolución de la Comisión Automotriz.

En el caso de industrias a que se refiere este artículo, instaladas en zonas sujetas a regímenes aduaneros especiales, que se trasladen al resto del territorio nacional, podrán internar sus maquinarias, equipos, instalaciones y útiles actualmente en uso, liberados de todos los impuestos, gravámenes o derechos que se perciban por intermedio de las Aduanas, como asimismo, de los depósitos fijados por el Banco Central de Chile, prohibiciones y demás restricciones aplicables a las importaciones. Para gozar de las franquicias señaladas, será necesario que las indus-

trias correspondientes hubieren estado en actividad en la respectiva zona, a lo menos con tres años de anticipación a la fecha de la solicitud de traslado.

TITULO VIII

De la fiscalización.

Artículo 28.- El Servicio de Aduanas aplicará los tratamientos a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 4º, con el solo mérito del certificado estampado por la Comisión Automotriz, en los registros de importación respectivos, que acrediten que la operación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de esta ley.

Artículo 2º.- Para los efectos de lo dispuesto en la letra a) del artículo 18, la Comisión Automotriz certificará al Servicio de Aduanas la circunstancia de haberse dado cumplimiento a las exigencias de integración regional a que se refiere el artículo 6º.

Artículo 30.- La Comisión Automotriz podrá requerir de los Servicios de Aduanas, de Impuestos Internos y otros que estime necesario, el concurso de funcionarios de esas reparticiones, para que, en comisión de servicio, colaboren en las funciones de fiscalización que a ella corresponde.

Artículo 31.- La Comisión Automotriz en cumplimiento de sus labores de fiscalización, podrá requerir de las empresas a que se refiere esta ley, todos los antecedentes que estime necesarios, inclusive libros de contabilidad, pudiendo inspeccionar sus establecimientos industriales y comerciales.

La negativa a permitir la fiscalización a que se refiere el inciso anterior o a proporcionar los antecedentes que la Comisión requiera, será sancionada como infracción a las normas de la presente ley en conformidad a las disposiciones contenidas en el Título IX.

TITULO IX

De las sanciones.

Artículo 32.- En los casos de infracción o incumplimiento de las normas de la presente ley o de las obligaciones que establezcan los respectivos decretos o resoluciones de declaración de industrias de "complementación regional" o de instalación, ampliación o traslado de las respectivas industrias, como asimismo, de las normas, instrucciones y resoluciones de carácter general, emanadas de la Comisión Automotriz en uso de sus atribuciones, ésta sancionará al infractor con una o más de las siguientes medidas, que aplicará administrativamente:

Multa a beneficio fiscal de hasta 200 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago; el acuerdo de la Comisión Automotriz que aplique la multa tendrá mérito ejecutivo y en el juicio correspondiente sólo podrá oponerse la excepción de pagos; las demandas ejecutivas correspondientes serán interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco;

Suspensión total o parcial, temporal o definitiva, de las franquicias que se establecen en la presente ley, y

Derogación de la autorización de instalación de la industria respectiva. Para estos efectos, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a petición de la Comisión Automotriz, dictará el. correspondiente decreto derogatorio.

De las resoluciones de la Comisión Automotriz que establezcan sanciones en conformidad a este artículo, podrá reclamar dentro de quince días hábiles contados desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no cabrá recurso alguno.

En caso de reclamarse de multas inferiores a 40 sueldos vitales anuales del departamento de Santiago, será requisito previo el pago de la multa.

Para los efectos previstos en este artículo, se considerará que la infracción de las resoluciones que sobre compensación dicte la Comisión Automotriz, conforme al artículo 12, constituye una infracción a las normas de la presente ley.

Artículo 33.- Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos en que la infracción consista en el incumplimiento de los requisitos mínimos de integración regional, se harán exigibles los gravámenes de que el infractor se ha eximido, en conformidad al artículo 18, letra a), de esta ley, con respecto a la parte de su producción que no cumplió con esas exigencias.

En el caso de ser necesario, procederá al cobro judicial de los tributos el Consejo de Defensa del Estado sirviendo de título ejecutivo suficiente en contra de la industria la resolución de la Comisión Automotriz que dé por establecida la infracción y la correspondiente liquidación efectuada por el Servicio de Aduanas.

Artículo 34.- Las resoluciones de la Comisión Automotriz que apliquen sanciones deberán ser notificadas a la empresa respectiva, entendiéndose cumplido dicho trámite mediante notificación a cualquiera de las tres personas designadas por ella conforme al inciso final del artículo 14.

La notificación deberá ser practicada por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz o por un receptor judicial de mayor cuantía, quienes tendrán la calidad de Ministro de Fe para estos efectos, siendo lugares hábiles para la diligencia la oficina del Secretario Ejecutivo, la habitación del notificado y el lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, y el domicilio de la empresa.

La notificación a que se refiere este artículo deberá efectuarse personalmente, entregándose copia íntegra de la resolución al notificado.

No obstante, sí buscada en dos días distintos en lugares hábiles para la notifica-

ción, no es habida la persona a quien se trata de notificar, el Secretario Ejecutico practicará la notificación entregando la copia de la resolución a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada del que se va a notificar; y si nadie hay allí, o si por cualquier causa no es posible entregar la copia a las personas que en ellas se encuentren, dicha copia se fijará en la puerta, entendiéndose en esta forma cumplida la diligencia.

El Secretario Ejecutivo levantará un Acta en la cual dejará testimonio de la forma en que se procedió a la notificación; con expresión de las diligencias efectuadas para llevarla a cabo, y con la firma de las personas que han intervenido o indicación de haberse negado a firmar, si ello hubiere ocurrido. Cuando la notificación se efectúe en la forma prevista en el inciso cuarto de este artículo el Secretario Ejecutivo deberá dar aviso de ella el mismo día al notificado, dirigiéndole con tal objeto carta certificada, dejándose constancia del envío en el acta respectiva; sin embargo, la omisión del envío de la carta certificada o de la constancia de él en el Acta, no invalidará la notificación.

TITULO X

Del departamento de AricaArtículo 35.- Las industrias de vehículos motorizados, así como las de piezas, conjuntos o subconjuntos para dichos vehículos, instaladas en el departamento de Arica, se regirán por las disposiciones de la presente ley una vez transcurrido el plazo de 180 días contados desde su publicación en el Diario Oficial; desde ese mismo momento dejarán de serles aplicables las disposiciones contenidas en la ley Nº 13.039 y sus modificaciones, y en el D.F.L. Nº 303, de 1953; y en el Decreto Reglamentario Nº 556, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1953, según los casos.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, las industrias que en él se indican que obtengan su declaración de "industria de complementación regional" con anterioridad a la expiración del plazo señalado, se regirán por las normas de esta ley desde la fecha de la respectiva declaración, dejando de serles aplicables las disposiciones legales y reglamentarias recién citadas.

Artículo 36.- Las industrias a que se refiere el artículo anterior, instaladas o que se instalen en el departamento de Arica y que sean declaradas de "complementación regional", gozarán, además de las franquicias generales que esta ley otorga del siguiente tratamiento especial, según corresponda:

Pagarán con una rebaja del 90% los impuestos a la renta que afecten sus utilidades generadas sólo por su actividad en departamento de Arica. Esta franquicia no incluye el impuesto global complementario o adicional que pueda afectar personalmente a cada industrial;

Exención de las contribuciones de bienes raíces que afecten a los inmuebles ubicados en el departamento de Arica de propiedad de las mismas industrias, destinadas al giro de sus negocios.

Las franquicias indicadas en las letras a) y b) durarán quince años contados desde la publicación de la presente ley;

Exención de toda clase de impuestos, tributos y demás gravámenes fiscales a las contrucciones destinadas a las faenas de dichas industrias. Esta exención se aplicará a las construcciones que se inicien antes del 1º de enero de 1967, y

La primera transferencia de los vehículos fabricados o armados por las industrias aque se refiere este artículo, sólo estará afecta al impuesto de compraventa en la parte en que exceda de 6 % ;

Artículo 37.- Transcurrido el plazo que se señala en el artículo 35, las industrias que en esa disposición se mencionan, que no hubieren obtenido su declaración de

industria de "complementación regional", no gozarán de las franquicias contempladas en esta ley.

No obstante, estas industrias podrán gozar de todas las franquicias que esta ley concede cuando cumplan el 80% del porcentaje de integración regional que corresponda conforme al Título III, exclusivamente con piezas, conjuntos o subcon-juntos de producción chilena.

TITULO XI

De la Comisión Automotriz

Artículo 38.- Créase un organismo autónomo de Derecho Público denominado "Comisión Automotriz", que tendrá personalidad jurídica propia y que estará encargado de formular, aplicar y fiscalizar la política automotriz nacional.

La Comisión Automotriz estará integrada por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, que la presidirá; por un miembro designado libremente por el Presidente de la República; y por tres miembros también designados por el Presidente de la República, en representación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Banco Central de Chile y de la Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, respectivamente, los que durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República.

En el plazo de un año, a contar de la publicación de la presente ley, la Comisión Automotriz deberá quedar integrada, además, por: dos representantes del sector laboral de la Industria automotriz, designados por el Presidente de la República de una terna presentada por los sindicatos de obreros y empleados de la industria automotriz, respectivamente; y por un representante del sector empresarial de la misma industria, igualmente designado

por el Presidente de la República, los que durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza de los organismos que representan.

Artículo 39.- La Comisión Automotriz designará un Secretario Ejecutivo que asistirá a sus sesiones con derecho a voz, que actuará como Ministro de Fe en todos los actos y resoluciones de la Comisión.

El Reglamento determinará la forma de sesionar y la subrogación de los miembros de la Comisión.

Artículo 40.- La Corporación de Fomento de la Producción consultará anualmente en su presupuesto las cantidades que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la Comisión Automotriz, la que podrá disponer de ellas libremente en el cumplimiento de las funciones que le encomienda esta ley.

Igualmente, la Corporación de Fomento de la Producción deberá proporcionar a la Comisión el personal técnico y administrativo y elementos materiales y de secretaría que requiera para el desempeño de sus labores.

Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Automotriz serán fijadas por el Presidente de la República.

Artículo 41.- Tendrán la representación judicial y extrajudicial de la Comisión el Presidente y el Secretario Ejecutivo de ella, actuando conjuntamente.

Artículo 42.- Los acuerdos o resoluciones que adopte la Comisión Automotriz serán públicos y se notificarán en la forma que determine la Comisión, salvo los casos de notificación o publicación especial que se establecen en esta ley.

Artículo 43.- Serán funciones de la Comisión :

a) Formular y aplicar la política a seguir respecto de la fabricación o armadu-ría de vehículos motorizados, y de piezas, conjuntos o subconjuntos, repuesto o accesorios para los mismos vehículos, como asimismo, con relación a la importación y exportación de dichas especies y a la

instalación, ampliación o traslado de las industrias respectivas;

Recomendar al Supremo Gobierno la política a seguir en las materias indicadas en la letra anterior, frente a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio o a terceros países;

Sugerir al Supremo Gobierno las medidas concretas que a su juicio sea necesario adoptar para dar cumplimiento a las políticas a que se refieren las letras anteriores;

Emitir, por Resolución, dictámenes oficiales de carácter obligatorio respecto de la interpretación y aplicación de la presente ley, sin perjuicio de lo que establezcan las resoluciones judiciales, en los casos particulares de que conozcan los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Estas resoluciones serán notificadas al público y a los industriales mediante su publicación en el Diario Oficial los días 1° o 15 de cada mes;

Fiscalizar la aplicación de las normas contenidas en esta ley y en los decretos y resoluciones que en ella se indican y sancionar a los infractores en la forma prescrita en el Título IX;

Impartir a las empresas instrucciones obligatorias, de carácter general, destinadas a obtener la más adecuada aplicación de la ley; estas instrucciones podrán incluir la fijación de mínimos de producción por vehículos que cada empresa deberá obligatoriamente cumplir;

Informar al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción las solicitudes de instalación o ampliación de industrias regidas por las normas de esta ley, y las de declaración de industria de "complementación regional", pudiendo señalar las condiciones, limitaciones y obligaciones que deberán cumplirse en cada caso;

h) Fijar los porcentajes, requisitos y condiciones de integración regional, incluso los contemplados en el artículo 9º, que deberán cumplir las industrias en los casos previstos por esta ley;

i) Aprobar o rechazar los planes de producción o de integración que presenten las industrias de conformidad con la instrucciones que al respecto haya impartido;

j) Aprobar o rechazar, a petición de parte y para los efectos del artículo 16, cualquier modificación en los planes de producción o de integración o en las inversiones y demás obligaciones fijadas para cada empresa en el respectivo decreto de declaración de industria de "complementación regionol";

k) Autorizar o rechazar las importaciones o exportaciones de vehículos motorizados, como asimismo, de piezas, conjuntos o subconjuntos, repuestos y accesorios para dichos vehículos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19;

1) Autorizar o rechazar la importación de maquinarias y equipos y sus repuestos destinados a la fabricación o montaje de vehículos motorizados, cualquiera que sea su naturaleza;

m) Autorizar o rechazar la importación de maquinarias y equipos, materias primas, piezas, conjuntos o subconjuntos, destinados a la fabricación y montaje de piezas, conjuntos o subconjuntos para vehículos motorizados, cualquiera que sea su naturaleza;

n) Colaborar con el Servicio de Aduanas sugiriendo las normas que a su juicio sean convenientes para la fiscalización de las importaciones y exportaciones a que se refiere esta ley, como asimismo, de la internación en admisión temporal de maquinarias, matrices y otros elementos para la industria, y

o) Cumplir las demás funciones que la presetne ley le encomienda.

Artículo 44.- De las resoluciones de la Comisión Automotriz que se estimen ilegales, podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación.

El reclamante hará una exposición cla-

ra de los hechos y fundamentos de derecho en que basa su reclamación y las razones por las cuales la resolución lo perjudica.

Si la Corte de Apelaciones declara admisible la reclamación, dará traslado de ella por diez días a la Comisión Automotriz. Evacuado el traslado por la Comisión o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte oirá el dictamen de su Fiscal y dictará sentencia en el término de treinta días.

Las reclamaciones de que trata este artículo tendrán en la Corte de Apelaciones preferencia para su vista y fallo.

Artículo 45.- La Junta General de Aduanas, previo informe favorable de la Comisión Automotriz, podrá habilitar como almacenes particulares de aduana los recintos de las industrias a que se refiere la presente ley, cuando cumplan con las exigencias contempladas en el Reglamento. Esta autorización no requerirá Decreto Supremo y sólo se otorgará por medio de una resolución de la Junta General de Aduanas.

TITULO XII

Disposiciones Generales

Artículo 46.- Una vez transcurridos 180 días contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial quedarán derogados el artículo 11 de la ley N° 12.084, modificado por las leyes Nºs. 12.434, 12.462 y 14.824 y los artículos 6º y 7º de la ley Nº 12.919 y el artículo 2º de la ley Nº 14.171; artículo 13, 14 y 15 de la ley Nº 14.824 y artículo 10 de la ley Nº 15.077 y el inciso segundo del artículo 11 de la ley Nº 16.426; igualmente quedarán derogados los Decretos Nºs. 835 y 574 y sus modificaciones, todos del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, de fechas 19 de mayo de 1962 y 8 de mayo de 1963, respectivamente, y los Decretos del Ministerio de Hacienda Nºs.

1.165 y 2.100; de fechas 13 de abril y 20 de junio de 1964, respectivamente, como asimismo, todas las disposiciones legales y reglamentarias que sean contrarias a las normas de la presente ley.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, las disposiciones legales y reglamentarias que en él se citan dejarán de ser aplicables a las industrias de fabricación o montaje de vehículos motorizados y de piezas, conjuntos o subconjuntos para dichos vehículos, antes de la expiración del plazo indicado en este artículo, cuando obtengan su declaración de industrias de "complementación regional".

Artículo 47.- Los taxistas no propietarios de vehículos podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 16.426, siempre que tengan cinco años de antigüedad en la profesión y se encuentren en el ejercicio de ella. Este derecho será intransferible.

Disposiciones Transitorias

Artículo 1°.- Durante el año 1966, los porcentajes de integración y las bases para su aplicación que deberán cumplir los vehículos motorizados fabricados o montados en el país, serán los previstos en el Decreto Nº 240, de 1965, y en el Decreto Nº 835, de 1962, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 2°.- Las mismas normas del artículo precedente se aplicarán durante el lapso que medie entre el 1º de enero de 1967 y la fecha en que entre en vigencia el primer programa que fije la Comisión Automotriz, conforme al artículo 6º de esta ley, sin perjuicio de que la Comisión Automotriz pueda convenir con los industriales porcentajes de integración regional mayores".

Sala de Comisión, a 5 de mayo de 1966,

Acordado en sesiones de fechas 23, 15, 30, 20, 21 y 27 de abril, y 4 y 5 de mayo

de 1966, con asistencia de los señores Stark (Presidente), Ansieta, Buzeta, Clavel, Corvalán, Guastavino, Iglesias, Mom-berg-, Montt, Sanhueza, Sepúlveda don Eduardo, Sepúlveda don Francisco, Pare-to, Téllez y Turna.

Se designó Diputado Informante al Honorable señor Iglesias.

(Fdo.) : Fernando Parga Santalices, Secretario."

49.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto de origen en un Mensaje, calificado de "simple urgencia", con informe de la Comisión de Economía y Comercio, que establece normas para el fomento de la industria automotriz.

La Comisión contó con la presencia del señor Ministro de Economía y Comercio, don Domingo Santa María Santa Cruz, del Subsecretario del mismoMinisterio, don Arturo Montes, del Seretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, don Salvador Lluch, del Secretario Ejecutivo de la Comisión Automotriz y del asesor de la Comisión Automotriz y abogado del Banco Central, don Gastón Illanes, todos los cuales proporcionaron antecedentes y explicaciones requeridos durante el debate.

La Comisión examinó el proyecto, tanto en general como en el detalle del articulado, en el curso de varias sesiones y compartió sus fundamentos generales, expuestos en el informe de la Comisión técnica respectiva. Acordó, eso sí, proponer algunas modificaciones que en nada alteran los principios fundamentales en que se basa la legislación en proyecto.

Como se desprende de los antecedentes señalados tanto por la exposición de motivos del Mensaje como por el informe de

la Comisión de Economía y Comercio, la legislación en proyecto constituye un paso decisivo en el avance de nuestro país hacia el autoabastecimiento de sus necesidades en materia de vehículos motorizados.

En efecto, a partir del año 1953, en que el D.F.L. 303 permitió la instalación de armadurías e industrias de transformación de vehículos motorizados se han ido dictando sucesivas disposiciones legales y reglamentarias que constituyen cada una un paso en el sentido indicado. La ley Nº 12.919 de 1958 liberó de algunos impuestos a aquelos vehículos producidos, en el país que cumpliesen ciertos requisitos de incorporación de valor nacional en su producción. La ley 14.824, de 1962 y su decreto reglamentario Nº 835, de 19 de mayo de ese mismo año, constituyeron, igualmente, otra innovación importante permitiendo al Gobierno modificar anualmente el porcentaje exigido de integración nacional, que ha sido fijado en los últimos años en 20% en 1963, 28%, en 1964, 33,6% en 1965, y 45% en 1966 aparte del montaje y terminación final del vehículo.

Finalmente, y aparte de otras disposiciones de menor importancia, se dictó en 3 de mayo de 1963 el decreto 574, que reglamenta la aplicación del intercambio de partes y piezas para vehículos motorizados con los diversos países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Correlativamente, el decreto 835 de 1962 había creado la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz, complementada en 1963 por la Comisión Técnica de la Integración Latinoamericana de la Industria Automotriz y fusionadas ambas en 1964 en la actual Comisión Automotriz, con sede en la Corporación de Fomento de la Producción.

El proyecto en informe pretende, al par que subsanar todas las deficiencias que la experiencia de su aplicación ha ido señalando en la legislación vigente, am-

pliar en forma notable el campo de sus posibilidades mediante un efectivo intercambio de piezas, conjuntos y subconjuntos con los países de ALALC basado fundamentalmente en la norma ya vigente de compensar las importaciones de piezas que efectúe nuestro país con exportaciones de otras por igual valor a los demás países que forman dicha Asociación.

Puede apreciarse por los antecedentes examinados por la Comisión que la economía de divisas para el país, sobre la base de la producción de unos 31.500 vehículos en el año, ascendería a no menos de US$ 21.100.000 y los ingresos fiscales directos que produciría dicha producción serían del orden de los Eº 112.000.000. Por otra parte, la cifra arriba indicada constituye la satisfacción del 90% de la probable demanda de vehículos motorizados susceptible de abastecerse por la industria nacional.

Contiene el proyecto todo un conjunto de dispociones destinadas a dar las necesarias posibilidades y facilidades para la instalación de industrias en el país, en la forma y modo que se examinan en el dictamen de la Comisión respectiva.

Los artículos 3º, 4º y 5º se refieren al régimen aduanero a que estarán sometidos los vehículos motorizados que se importen al país. El primero de ellos establece un gravamen único de 400% de su valor CIF, sin perjuicio de la aplicación respecto de ellos de la generalidad del régimen jurídico y administrativo en materia de importaciones. El inciso final establece un gravamen de 150% sobre el valor CIF de las piezas, conjuntos o subcon-juntos para vehículos motorizados que se importen al país.

Por su parte, el artículo 4º otorga al Presidente de la República diversas facultades en orden a modificar, rebajar, suspender, aumentar dentro de su margen o restablecer este último gravamen, cuando las necesidades del país lo requieran y le concede igualmente las necesarias atri-

buciones para conjugar estas normas con el funcionamiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

El artículo 5º establece que los gravámenes implantados en el artículo 3º serán los únicos impuestos que afecten la importación de las mercaderías que en ellos se indican y que, en consecuencia, quedan derogados los demás impuestos, derechos y gravámenes que se perciban por intermedio de las aduanas, que afecten la internación de las especies allí señaladas.

La Comisión que ahora informa acordó hacer extensiva la referencia a los gravámenes establecidos en el artículo 3º también a los del artículo 4º, ya que se producen respecto de ellos las mismas razones. Así se da sentido a las palabras finales del primer inciso, que hablan de "ambas disposiciones".

Concordante con lo anterior, se agrega en el inciso segundo que la fiscalización, aplicación y recaudación de estos impuestos estará a cargo, también, del Servicio de Impuestos Internos cuando corresponda.

En el artículo 7º, que se refiere a los porcentajes mínimos de integración regional, se acordó facultar expresamente a la Comisión Automotriz para adecuar los porcentajes de producción chilena si la medición de la integración se efectúa en otra referencia distinta del valor del vehículo. Ello, a causa de que pueden operar diferentes formas de medición de dichos porcentajes, como el peso específico u otras, muy diferentes del valor de costo de cada pieza o conjunto.

La modificación que se propone en el artículo 9º tiene por objeto expresar en forma más clara la intención del mismo, sin variar su propósito, ya que su actual redacción puede dar lugar a equívocos.

La frase final que se propone añadir en el artículo 32 establece expresamente que en los casos de aplicación de multas, deberá siempre integrarse como máximo cuarenta sueldos vitales antes de reclamar de

ella, ya que la actual redacción parece eximir de dicho pago a las multas superiores a esa suma.

La referencia que se propone agregar en el artículo 35 tiene por objeto completar la disposición.

Se ha considerado inconveniente al artículo 47 del proyecto, que autoriza a los taxistas no propietarios de vehículos para importar en ciertas condiciones especiales automóviles de alquiler, porque él amplía considerablemente el margen de aplicación de tales franquicias, con detrimento de los propósitos de la legislación en estudio que tiende, precisamente, a fomentar la producción de vehículos en el país.

Se han consultado tres artículos nuevos, uno permanente y dos transitorios, cuya utilidad fluye de su propio texto. El primero tiende a facilitar la internación de vehículos especiales para el uso de personas lisiadas, el segundo a permitir la introducción de taxis colectivos de servicios interprovinciales y, finalmente, el último, que fija como plazo inicial de aplicación de las disposiciones del artículo 9º, sobre porcentajes de integración chilena y regional, respecto de los buses y camiones, el 1º de julio de 1968. Se comprende que en el caso de buses y camiones se hacen más difíciles las exigencias en cuanto a la integración con piezas nacionales.

Por las consideraciones hechas presentes, la Comisión acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:

Artículo 5º

Reemplazar las palabras "el Artículo 3º" por las siguientes: "los artículos 3º y 4º", en los incisos primero y segundo y agregar la siguiente frase final, eliminando el punto: "o del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda".

Artículo 7º

Agregar el siguiente inciso nuevo, después del primero:

"La Comisión Automotriz quedará facultada para adecuar los porcentajes de producción chilena si la medición de la integración se efectúa en otra referencia distinta del valor del vehículo".

Artículo 9º

Reemplazar el inciso primero por el siguiente :

"La Comisión Automotriz fijará en los programas de integración regional señalados en el artículo 7º, porcentajes mínimos por vehículos, de piezas, conjuntos o subconjuntos que deberán ser de producción chilena, no pudiendo ser inferiores al 35% del total del vehículo. Al cabo de 7 años este porcentaje no será inferior al 50%".

Artículo 32

En el inciso penúltimo, agregar la siguiente frase, en punto seguido:

"Si la multa fuere igual o superior a cuarenta sueldos vitales, deberá integrarse precisamente dicha suma".

Artículo 35

Reemplazar la referencia "el D. F. L. 303, de 1953," por la siguiente: "Los D. F. L. 303 y 375, de 1953".

Artículo 47

Suprimirlo.

Artículo nuevo

Agregar el siguiente: "Artículo ...- Libérase de los derechos de internación a los vehículos, que

por sus características especiales, se adapten al manejo por personas lisiadas y que se importen para su uso exclusivo y con el fin de ejercer su trabajo habitual o para completar estudios o enseñanzas que propenden a su integral rehabilitación.

Quedan comprendidas en esta disposición las personas que presenten incapacidad permanente para la marcha normal en virtud de lesiones orgánicas o funcionales que afecten uno o los dos miembros inferiores, y también las que, además de la incapacidad para la marcha normal, sufran la de uno de los miembros superiores.

El Servicio Nacional de Salud deberá certificar todos los años si el peticionario se encuentra comprendido entre los casos que señala el presente artículo. El certificado indicado deberá ser solicitado para proceder a los trámites de internación del vehículo y todos los años, para comprobar la incapacidad señalada en el inciso anterior.

El examen médico correspondiente deberá practicarlo una Comisión Especial que el Servicio constituya o un médico autorizado y designado por el Servicio Nacional de Salud.

Los vehículos que se importen de acuerdo con la presente ley no podrá ser transferidos hasta un plazo de cinco años desde la fecha de su internación y no podrán sufrir modificaciones en sus características, sin el pago total de los derechos de importación liberados.

Las autorizaciones correspondientes deberán contar en cada caso con informe favorable de la Comisión Automotriz".

Artículos Transitorios Nuevos

Agregar los siguientes:

"Artículo ...- Las organizaciones cooperativas o asociaciones de taxis colectivos de servicios interprovinciales constituidas de acuerdo al decreto supremo 518 podrán internar vehículos dentro del plazo

de un año a contar de la publicación de la presente ley para el servicio público de alquiler, ampliándose el beneficio de importación bajo los regímenes de excepción tributaria y aduanera de automóviles para taxi, en conformidad al artículo 3º de la ley 14.426.

La Subsecretaría de Transportes reglamentará la capacidad necesaria de los vehículos, que no podrá ser menor de nueve ni mayor de doce pasajeros, y la distribución de ellos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes."

'Artículo ...- Lo dispuesto en el artículo 9º de esta ley será aplicable a la fabricación o armaduría de chassis de camiones y buses sólo a contar del 1º de julio de 1968".

Sala de la Comisión, a 1° de junio de 1966.

Acordado en sesiones de fechas 13, 16, 17 y 18 de mayo, con asistencia de los señores Acevedo, Aravena, José Andrés; Canales, Cerda, don Eduardo; Fuentealba, Daiber, Garcés, Maira, Penna, Riseco, Rosales, Phillips, Urra, Lorca Alfredo; Va-lente, Momberg y Zorrilla. Presidió el señor Irureta.

Se designó Diputado Informante al Honorable señor Daiber.

(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión."

50.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:

La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar un proyecto de ley, obvio y sencillo, de origen en una moción del señor Lorca Valencia, por el cual se modifica la ley Nº 13.678, que autorizó a la Municipalidad de Punta Arenas para contratar un empréstito.

Dicha ley facultó a la expresada Corporación Edilicia para solicitar un crédito bancario hasta por la cantidad de Eº 250.000, con el objeto de destinar su

producido al financiamiento de las obras de construcción de un nuevo edificio Consistrial.

El autor de la iniciativa de ley en informe expresa que, atendido el monto consultado para los fines señalados, el tiempo que puede demorar la construcción de un edificio de esta naturaleza y la ventajosa propuesta de venta de una propiedad que le ha sido ofrecida a la Municipalidad y que reúne satisfactoriamente todas las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, resulta muchísimo más oportuno y provechoso para los intereses locales autorizar a la Municipalidad para que proceda a la adquisición de un edificio ya terminado o, en su defecto, construya un local nuevo, según lo estime conveniente.

La Comisión de Gobierno Interior ha estimado perfectamente atendibles las razones expuestas y acordó recomendar a la H. Cámara la aprobación del referido proyecto, concebido en los siguientes términos:

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Sustitúyese en el artículo 3º de la ley Nº 13.678, de 19 de noviembre de 1959, la frase "en la construcción del edificio municipal", por la siguiente: "en la adquisición o construcción de un edificio destinado a la Municipalidad."."

Sala de la Comisión, a 6 de junio de 1966.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Lorca Valencia (Presidente), Ruiz-Esquide, Santibáñez y Téllez.

Se designó Diputado Informante al H. señor Santibáñez.

(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario de la Comisión".

51.-MOCION DEL SEÑOR PENNA

"Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Autorízase a la Municipalidad de Ovalle para contratar uno o más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de Eº 1.200.000 al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.

Artículo 2°.- Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.

Artículo 3°.- El producto del o los empréstitos autorizados contratar por la presente ley deberá ser invertido en los siguientes fines:

Adquisición de vehículos motorizados para trabajos que cumple la I. Municipalidad Eº 500.000

Remodelación de la Alameda de Ovalle (pavimentación, jardines, juegos infantiles, etc.) 200.000

Adquisición de elementos para mejoramiento alumbrado público 100.000

Adquisición de terrenos para parque y piscina Municipal 200.000

Expropiación para apertura y ensanchamiento de calles de acuerdo al plano regulador y Estación de Buses 200.000

Eº 1.200.000

Artículo 4°.- Destínase con el objeto de atender el servicio del o los préstamos autorizados, el rendimiento del impuesto de un uno por mil a que se refiere la letra e) del artículo 2º del decreto Nº 2047, del 2º de julio de 1965, del Ministerio de Hacienda, que fijó la taza única del impuesto territorial, como, asimismo, un dos por mil del porcentaje contemplado en la letra a) del artículo 2º del citado decreto reglamentario.

Artículo 5°.- La Municipalidad de Ovalle, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insuficiente para su total ejecución, con fondos de las otras o alterar el orden de prelación en la jecución de las obras consultadas.

Artículo 6°.- En caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de Ovalle podrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para su inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 3º. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el préstamo se contrajere por un monto inferior al autorizado.

Artículo 7°.- La Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, si los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida.

Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin necesidad de nueva autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio.

Artículo 8°.- El pago de intereses y

amortizaciones ordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto, la Tesorería Comunal de Ovalle, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en caso de que no haya sido dictado en la oportunidad debida.

La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo a las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.

Artículo 9°.- La Municipalidad de Ovalle depositará en la cuenta de depósito fiscal F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos los recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Ovalle deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley.

(Fdo.) : Marino Penna Miranda".

52.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

"Honorable Cámara:

Las comunas de Coronel, Lota, Curanilahue, Los Alamos y Lebu, donde tienen su asiento las industrias del carbón, no obstante la generosa y permanente acción de sus habitantes, les ha sido imposible zafarse del atraso en todo orden de cosas en que se debaten. Los ingresos que perciben por concepto de impuestos, son irrisoriamente bajos que no permite a las Municipalidades efectuar obras de adelanto debiendo casi periódicamente solicitar la ayuda del Supremo Gobierno, a la vez que

el Congreso Nacional les despacha leyes de empréstito que no siempre resuelven totalmente sus variadas necesidades.

En el caso de la Provincia de Arauco, los empresarios mineros jamás se han preocupado de colaborar al adelanto de los pueblos donde tienen sus industrias, dejando sólo a la capacidad financiera de las Municipalidades el mejoramiento general de dichos pueblos. Las poblaciones que ellos les tienen a sus empleados y obreros lindan con la insalubridad que atenta permanentemente en contra de la salud y la vida de esos grupos familiares. Bastará decir a vía de ejemplo, que la población minera de Lebu, en el caso de los campamentos de la compañía propietaria, no cuenta con ninguna obra de urbanización, pues hasta el agua es acarreada en tambores vacíos del aceite, esto es, en lo que se refiere a los sectores altos de Lebu. Curanilahue y Los Alamos viven a su particular suerte, pueblos donde actualmente nadie es dueño del terreno donde construyeron hace años sus casas, con el esfuerzo también personal de cada habitante. Estos pueblos viven al calor del trabajo en las minas, pues no hay otras fuentes de trabajo, por lo que mucha gente debe desmembrar sus hogares para buscar mejores horizontes.

La industria del carbón actualmente paga sus impuestos en la ciudad donde tiene su domicilio el señor Gerente, lo que constituye una aberración, pues ello disminuye toda posibilidad de acelerar el proceso de adelanto. Hasta hace pocos años se aplicaba un pequeño impuesto a las ventas de carbón, que permitió pavimentar el camino Concepción - Lota, derogándose posteriormente, cuando debía comenzarse los trabajos hacia la Provincia de Arauco.

Aplicar nuevamente un pequeño impuesto a las ventas de carbón, esta vez en beneficio de las Municipalidades donde tienen su asiento las industrias productoras, llevaría un efectivo alivio a las preca-

rias finanzas municipales, a la vez que permitiría ejecutar obras de bien público complementando los escuálidos ingresos que éstas perciben, por cuya razón los programas trazados siempre quedan inconclusos. No es necesario describir en profundidad esta situación porque atraviesan los pueblos mencionados, en cuanto a progresos se refiere, para no colaborar en su solución, incluyendo a dichas empresas para que hagan un sacrificio en aras del bien común.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, venimos en proponer a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Proyecto de ley :

Artículo primero.- Durante el plazo de cinco años desde la publicación de la presente ley, las compañías carboneras que tienen su domicilio en las comunas de Coronel, Lota, Curanilahue, Los Alamos y Lebu, pagarán un impuesto de un escudo a beneficio de las Municipalidades de éstas comunas, por tonelada de carbón que vendan.

Artículo segundo.- Las Municipalidades en cuyo beneficio se aplica el impuesto señalado en el artículo anterior, deberán abrir una Cuenta especial en el Banco del Estado de Chile para el depósito de los ingresos que se produzcan. Podrán girar sobre éstos fondos previa presentación por el Alcalde de un Presupuesto Extraordinario el que debe ser tratado y aprobado por los dos tercios de los Regidores en ejercicio y sancionado por la Asamblea Provincial.

Estos giros podrán hacerse para financiar obras nuevas, no consultadas en el Presupuesto ordinario, o que habiéndose consultado no alcanzaron a ejecutarse por falta de financiamiento. En todo caso, en el decreto de pago se dejará constancia de la finalidad del o los giros.

Artículo tercero.- La Corporación de la

Vivienda podrá reinvertir, en el caso de la comuna de Curanilahue, los ingresos que perciba por la venta de terrenos en obras de urbanización conforme lo señala el artículo 114 de la ley Nº 14.171.

Artículo cuarto.- Las industrias del carbón señaladas en el artículo primero, deberán pagar la totalidad de sus impuestos a que estén obligadas, en la Tesorería Comunal de las comunas mencionadas en el artículo primero de esta ley. Queda derogada toda otra disposición que contravenga lo dispuesto en este artículo.

(Fdo.) : Fermín Fierro.- Mario Palestro.- Laura Allende".

53.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

"Honorable Cámara:

Existe en la comuna, Departamento y Provincia de Arauco, un retazo de terreno de aproximadamente 8 hectáreas perteneciente al fisco según consta en la constitución de propiedad de fecha 1897. En efecto, a fojas ciento treinta y dos número ciento sesenta y cinco del Registro de Propiedades del año 1897 se encuentra inscrita la siguiente inscripción:

"Número ciento sesenta y cinco.- Constitución de Propiedad.- El Fisco.- Según Minuta que me ha sido presentada por el Tesorero Fiscal de esta ciudad, se hace constar la circunstancia de ser dueño el Fisco de varias propiedades situadas en este Departamento, entre las cuales figura la "Isla de Pescadores", ubicada en la segunda (2ª) subdelegación de Carampangue, y que deslinda por todos sus costados con el río Carampangue. Los expresados deslindes están conformes con los de la Minuta la que se agregará al final del presente Registro. Para los efectos de la presente se han dado los avisos correspondientes, obrando en mi poder tres carteles certificados. El TesoreroFiscal, don Federico Quilodrán, en su carácter de representante del Fisco, requirió la presen-

te inscripción, quien firma para constancia. Arauco, diciembre de mil ochocientos noventa y siete. Federico Quilodrán. Manuel Puga H. Conservador. -Conforme. Arauco, veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. Arturo Baier Heindrich N. y C".

Por Decreto Supremo Nº 2066 de once de septiembre de mil novecientos treinta y siete, fue entregado al usufructo de la 8ª Comisaría de Carabineros de Arauco, para el pastoreo del ganado fiscal, pues en aquellos años no se contaba con los medios motorizados de que hoy dispone dicho Cuerpo Policial, por cuyo motivo dicho terreno se encuentra prácticamente desocupado, no obstante estar vigente el decreto mencionado. Próxima a estos terrenos se encuentra la Caleta de Pescadores de Arauco, donde deben trabajar el producto de la pesca en plena bocacalle, con los consiguientes problemas sanitarios, tanto para los familiares de los pescadores como para el resto del vecindario.

Este gremio tan importante, sin ninguna ayuda de los Poderes Públicos, sin previsión, asignaciones familiares, ni ningún otro beneficio social, han estado solicitando que se les entregue para su usufructo el terreno mencionado como "Isla de Pescadores", a fin de ocuparlo en secar sus redes, desvicerar el pescado, secarlo, guardar botes y lanchas, etc., pero se tropieza con la vigencia del Decreto 2066, lo que ha impedido hasta hoy que tengan éxito en sus gestiones, justas desde todo punto de vista. Como ya no es ocupado por Carabineros y prácticamente se encuentra desocupado y sin construcciones de ninguna especie, es que venimos en presentar a consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Facúltase al Ministerio de Tierras y Colonización para transferir a título gratuito los terrenos com-

prendidos en la denominación "Isla de Pescadores", ubicados en la comuna de Arauco, Subdelegación de Carampangue, inscrito en el Registro de Propiedades de Arauco, según inscripción número ciento sesenta y cinco de mil ochocientos noventa y siete, a los pescadores que a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren registrados en la Alcaldía de Mar de Arauco.

El Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, vigilará que no se construyan casas ni otras mejoras en estos terrenos, los que sólo estarán destinados al trabajo de la producción pesquera. Derógase el Decreto Nº 2066 de once de septiembre de mil novecientos treinta y siete.

(Fdo.) : Fermín Fierro Luengo.- Mario Palestro Rojas.- Laura Allende Gossens".

54.-MOCION DEL SEÑOR LORCA,  DON ALFREDO

"Honorable Cámara:

El día 23 de junio de 1966 se cumple el centenario del nacimiento de una de las más egregias y representativas figura de los últimos tiempos, de nuestra patria.

El 23 de junio de 1866, llegó al mundo en su modesta cuna José María Caro Rodríguez, en el Valle de los Ciruelos, villorrio de la localidad de Pichilemu, de una de las típicas provincias chilenas, la de Colchagua, el que fuera más tarde el Primer Cardenal-Arzobispo y Primado de Chile.

Don José María Caro aprendió sus primeras letras en la Escuela Pública de los Ciruelos.

Su angustia de Dios, su inquietud espiritual y su vocación sacerdotal fue despertada y encauzada por el Canónigo Colchaguino don José Ramón Saavedra.

No cumplía aún los quince años de edad cuando ingresó al Seminario Conciliar de los Santos Angeles Custodios, para iniciar la carrera sacerdotal y de apostolado, en favor de los pobres y desvalidos, que fue el norte supremo que inspiró y orientó su existencia.

Por sus brillantes condiciones y talento natural, fue enviado a perfeccionar sus estudios a la Ciudad Eterna y el 20 de diciembre de 1890 recibió las Sacras Ordenes.

Volvió a Chile, a esa Casa que tanto amó, al Seminario; pero, ya no como estudiante, sino como maestro y Pastor de Almas.

El día 16 de marzo de 1899 fue designado Cura y Vicario de la Parroquia de Mamiña.

En el año 1911 fue designado Vicario Apostólico de Tarapacá y al año siguiente consagrado Obispo de Milas. En 1925 fue promovido a Obispo de La Serena y 1938 al cargo de Arzobispo de la misma ciudad norteña.

En el año 1939, año del triunfo del Frente Popular, fue designado Arzobispo de Santiago.

Don José María Caro Rodríguez se caracterizó por su profunda inquietud por la custión social y efectuó estudios e hizo publicaciones destinados a divulgar las enseñanzas sociológicas cristianas y católicas.

Su espíritu de caridad cristiana que no se limitó a la mera prédica, sino que fue más allá de ella, se tradujo en la "Obras de Auxilio Social Cristiano", dependiente del Arzobispado de Santiago, para prestar ayuda a las personas necesitadas, las que son atendidas por Visitadoras Sociales domiciliarias.

Es digno de destacar que en su promoción al Capelo Cardenalicio le cupo un papel y rol preponderante a su dilecto amigo el abanderado del Frente Popular y Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda, con quien lo ligaba un afán común -servir a los pobres- cuyo Gobierno hizo las gestiones diplomáticas antes la Santa Sede, las que posteriormente encontraron acogida de su Santidad el Papa Pío XII quien, como un regalo de Navidad para el pueblo de Chile, el 23 de diciembre de 1945 lo designó Cardenal-Arzobispo de Santiago y fue consagrado en Roma el 21 de febrero de 1946.

El Cardenal Caro fue conocido como un pastor de almas, incansable amigo de los pobres, de los enfermos y en los momentos difíciles y angustiosas del fragor político, siempre se oyó su voz dulce que llamaba a la paz, al respeto y a la concordia, como lo expresara en una de sus Pastorales, del mes de abril del año 1957.

Las más prístina expresión de su bondad y caridad cristiana, de su humildad propia de un siervo de Dios, está contenida en el testamento que otorgara el 9 de abril de 1954, ante el Notario Público de Santiago don Rafael Zaldívar Díaz, en el que en uno de sus pasajes dice: "Todo lo que heredé de mis padres, lo vendí para crear fondos a fin de atender a los pobres...".

Creo, Honorable Cámara, que no todos los días la historia de nuestra Patria nos brinda ejemplos más relevantes de humildad, de caridad, de santidad, de espíritu cristiano, sin discriminaciones y que tiene por finalidad plasmar en una realidad la doctrina de Cristo, para elevar y dignificar la condición humana.

Estimo Honorable Cámara que este Parlamento no puede permanecer ajeno ni indiferente en este próximo aniversario del nacimiento de un venerable e ilustre prelado que exhaló su postrer suspiro un día 4 de diciembre de 1958.

Creemos que la forma más efectiva de honrar su memoria, para que su recuerdo sirva de ejemplo a una humanidad convulsionada por la crisis de los valores espirituales, frente a un excesivo maqui-nismo y perfeccionamiento técnico, es erigir un monumento para perpetuar su nombre y autorizar una emisión de estampillas conmemorativas.

Por todas estas razones vengo en someter a la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Autorízase la erección de un monumento en el centro de la ciudad de Santiago a la memoria del Cardenal-Arzobispo de Santiago y Primado de Chile doctor José María Caro Rodríguez.

Artículo 2°.- Autorízase al Presidente de la República para que disponga una emisión de estampillas postales y aéreas conmemorativas del centenario, el 23 de junio de 1966, del nacimiento del Cárdenal-Arzobispo y Primado de Chile doctor José María Caro Rodríguez.

Artículo 3°.- Créase una Comisión, ad honorem, encargada de determinar la ubicación, característica del monumento y su recepción defintiva, la que estará integrada por las siguientes personas :

1.- Intendente de la provincia de Santiago.

2.- Los Rectores de la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile, los que podrán delegar sus funciones en los Decanos de las Facultades de Arquitectura de ambas Universidades.

3.- El Alcalde de Santiago.

4.- El Cardenal-Arzobispo de Santiago.

Artículo 4°.- El producto de la emisión de las estampillas autorizadas por el artículo 2° se destinará a financiar el monumento a que se refiere el artículo 1°.

Artículo 5°.- La Dirección de Especies Valorada determinará las características de la emisión que autoriza la presente ley de sellos de acuerdo con la Comisión a que se refiere el artículo 3º.

Artículo 6°.- Autorízase realizar anualmente una colecta pública en el territorio racional que se denominará "Pro Monumento al Cardenal-Arzobispo de Santiago don José María Caro Rodríguez"." -

(Fdo.) : Alfredo Lorca Valencia."

55.-MOCION DEL SEÑOR TUMA

"Honorable Cámara:

La Ley Nº 16.363, de 5 de noviembre

de 1965, reafirmó la calidad de Empleado Particular con todos los derechos y beneficios que otorgan las leyes previsionales y del trabajo, a un numeroso sector laboral dedicado a la venta de bonos, acciones y propaganda, como también a los Agentes colocadores de Seguros; sin embargo, en un caso increíble, jamás registrado en la historia legislativa del país, a escasos días de haberse logrado esta conquista social - consecuente con la política preconizada por el actual gobierno- se promulga la ley Nº 16.394 que nada tiene que ver con los viajantes, y se incorpora el artículo 11 que deroga parte de la Ley Nº 16.363, frustrando el objetivo y el espíritu de la Ley Nº 16.363, haciendo prevalecer la caduca y antisocial ley Nº 8.032 de diciembre de 1944, inconcebible en la época en que vivimos, pues priva a los trabajadores, entre otros, de los siguientes derechos:

Reajuste de sueldos y comisiones;

Participaciones;

Gratificaciones legales;

Asignaciones familiares;

Feriado legal y, lo que es más importante

Imposiciones previsionales a los que tengan menos de tres sueldos vitales.

En la Ley Nº 16.363, al incorporar a un numeroso sector de trabajadores con los mismos derechos que establece el artículo 1° de la Ley Nº 9.588, por una omisión lamentable e inadvertida, no se fijó un plazo para su inscripción en el Registro Nacional de Viajantes, y con el fin de corregir esta anomalía es indispensable dar un plazo prudente para la inscripción de esos trabajadores y de antiguos viajantes, que no alcanzaron a inscribirse antes de la derogación de la letra c) del artículo 6º de la Ley Nº 9.588.

En mérito de los motivos expuestos, me permito presentar a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Derógase el artículo 11 de

la Ley Nº 16.394, de 18 de diciembre de 1965.

Artículo 2°.- Concédese un plazo de 180 días, desde la fecha de la promulgación de la presente ley, para que el Registro Nacional de Viajantes pueda recibir las solicitudes de inscripción de aquella personas que se encontraban ejerciendo la profesión con anterioridad al 5 de noviembre de 1965.

(Fdo.) : Juan Tuma Masso".

56.-MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Reemplázanse, en el artículo 1°, la palabra "Mayoristas" por "Comerciales" y, en el artículo 59, la frase: "Dos representantes de la Cámara de Comercio Mayorista" por la siguiente: "un representante de la Cámara de Comercio Mayorista y uno de la Cámara de Comercio Minorista".

Artículo 2°.- "Dentro de un plazo de noventa días, a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, la Comisión señalada en el artículo 4º podrá inscribir en el Registro de Viajantes, a las personas que se encontraban ejerciendo la función de Viajante al 31 de diciembre de 1965, aun cuando no completen los cinco años de ejercicio profesional que determina el inciso b) del artículo 6º||AMPERSAND||quot;

Artículo tercero.- "Autorízase a S. E. el Presidente de la República para refundir en un solo texto las Leyes Nº 9.588, Nº 16.281, Nº 16.365 y la presente ley".

(Fdo.) : Graciela Lacoste Navarro".

57.-MOCION DEL SEÑOR MARTINEZ CAMPS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Auméntase a Eº 300 mensuales la pensión de que goza doña

Margarita Petit viuda de Terrel, por ley Nº 15.342, de 23 de noviembre de 1963.

El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Juan Martínez Camps".

58.-COMUNICACIONES

Con la primera el Honorable señor Sepúlveda, don Eduardo, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.

Con la segunda, el Honorable señor Cantero hace llegar una petición de la Honorable señora Maluenda para que se le otorgue permiso constitucional para permanecer fuera del país por un plazo superior a 30 días.

Con la tercera, doña Rosa Elcira Crisóstomo Montecinos solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley en beneficio de su marido fallecido, don Luis Armando Domínguez San Martín.

59.-TELEGRAMA

De la Federación de Campesinos e Indígenas de Cautín, con el que se refieren a las peligrosas consecuencias de las explosiones nucleares que se realizarán en el Pacífico Sur.

60.-PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican, en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos nombres, se enviaran los oficios que se expresan:

El señor Acevedo, al señor Ministro de Obras Públicas para que se sirva disponer la pronta terminación del camino de doble vía desde Guayacán hasta el puente El Almendro, en San José de Maipo.

El señor Acuña:

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a objeto de solicitarle disponga los estudios necesarios para la construcción de un conjunto habitacional para

obreros en la localidad rural de Las Cascadas, comuna de Puerto Octay;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva considerar la ampliación de la aldea campesina de Entre Lagos, en la provincia de Osorno; y

Al mismo señor Ministro, representándole la necesidad y urgencia de solucionar el problema habitacional en la provincia de Osorno.

El señor Aguilera:

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la construcción de un local escolar para la Escuela Nº 21, del departamento de Illapel;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la provincia de Coquimbo;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole una pronta solución para los problemas que afectan a diversos barrios en la comuna de Ovalle, provincia de Coquimbo;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva disponer la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 12, 43 y 62 de la ley Nº 16.391 que benefician a los actuales ocupantes de poblaciones en la comuna de La Serena; y

Al señor Ministro de Obras Públicas solicitándole la ampliación de los trabajos de aducción de agua potable en la ciudad de Illapel.

El señor Alvarado:

Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole tenga a bien considerar los cierros para la Escuela Nº 41 de Gorbea, departamento de Pitrufquén;

Al mismo señor Ministro, solicitándole una información relacionada con la creación de una escuela fiscal en el lugar denominado "Roble Rincón", de la comuna de Carahue;

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva dotar de un motor más potente a la planta eléctrica de Hualpín;

Al mismo señor Ministro, solicitándole la instalación de teléfonos para la localidad de Trovolhue, comuna de Puerto Saavedra; y

Al señor Ministro de Justicia, para que se sirva disponer la creación de la oficina de Registro Civil en Hualpín y Queule, de la comuna de Toltén.

El señor Aravena, don Jorge, al señor Ministro de Defensa Nacional solicitándole una información con respecto a la agresión que habría sido objeto el menor Carlos Correa por parte del General de Ejércitodon Oscar Guzmán.

El señor Astorga:

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la construcción de un nuevo local para la Escuela Completa de Niñas Nº 10 de la ciudad de Iquique;

Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se sirva solucionar el problema que afecta a los Guardianes de Lanchas de Arica; y

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se exija a la empresa Astilleros Marco Chilena S. A. I. de Iquique el cumplimiento del pago del 10% de utilidades, a su personal de empleados ; y

Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole informes sobre balance y rentas presuntas de la citada empresa.

El señor Cabello, al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole reconozca oficialmente al Liceo Nocturno Particular de la ciudad de Talca.

El señor Cademártori, al señor Ministro de Haienda, solicitándole la lista completa de los accionistas de la Compañía de Acero del Pacífico.

El señor Camus, al señor Ministro de Educación Pública poniéndolo en conocimiento acerca de la situación en que se encuentra el Liceo Coeducacional "Carlos Montana" de Quirihue.

El señor Cancino, al señor Ministro del Interior, para que se sirva autorizar una colecta nacional con motivo del primer centenario del natalicio del hijo ilustre de Colchagua, el Cadenal José María Caro Rodríguez.

El señor Carvajal:

A S. E. el Presidente de la República,

para que se sirva declarar exentas todas las importaciones que se realicen al amparo de las leyes Nºs. 12.937 y 12.858, y del D.F.L. 266;

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole la construcción de un local para la Escuela Nº 10 de Niñas, de Iquique;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva acelerar los trámites destinados a conceder un préstamo de excepción solicitado por la Junta de Vecinos de la Población Corvi "Roberto Simpson" de Iquique;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva informar acerca de la circular Nº 7.911, del 1º de diciembre del año 1964, en razón de la cual la Dirección de Obras Sanitarias Local de Iquique estaría cobrando a cada poblador por la instalación de agua potable la suma de Eº 150 más Eº 80 de impuestos por cada arranque;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva intervenir para que sea modificado el trazado del camino de Circunvalación;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva emitir un informe favorable a fin de que se le ceda al Centro Universitario de Iquique los terrenos ubicados en el sector denominado Playa Brava, con el objeto de destinarlos a edificación de la sede definitiva;

Al señor Ministro de Tierras y Colonización en los mismos términos;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva disponer la instalación de un colector en diversas poblaciones de Iquique; y

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva exigir el cumplimiento por parte de los industriales pesqueros del pago del 10% de las utilidades contempladas en la ley Nº 12.937.

El señor Castilla:

Al señor Ministro de Justicia, pidiéndole la creación del 2° Juzgado de Mayor Cuantía de Linares;

Al señor Ministro de Educación Pública, reiterándole la petición que le formu-

lara anteriormente, en el sentido de construir un nuevo edificio para el Liceo de San Javier; y protestando por la tramitación que ha sufrido dicha construcción;

Al mismo señor Ministro para que se sirva acelerar los estudios a fin de que el Liceo de Hombres de Linares cuente con una Sección de Internado;

Al mismo señor Ministro, pidiéndole se aceleren los estudios para construir el internado de la Escuela Agrícola Femenina de Yerbas Buenas;

Al mismo señor Ministro, solicitándole que el local de la Escuela Nº 7 de Linares, que está desocupado, se habilite para la sede de la Dirección de Educación y Junta de Auxilio Escolar;

Al mismo señor Ministro, solicitándole se compre una casa en San Javier para oficinas de la Dirección Departamental de Educación;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva instalar marmitas en el internado del Instituto Politécnico de Linares;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva tomar las medidas del caso que permitan la construcción de un Grupo Escolar en Parral;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva acelerar los estudios a fin de que la Escuela Agrícola de Panimávida, provincia de Linares, cuente con una sección de internado;

Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole la construcción del Liceo de San Javier;

Al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva considerar la posibilidad a fin de que se contrate un ayudante para el Tesorero de la comuna de Longaví;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva proporcionar los fondos asignados en el Presupuesto de la Nación para la construcción del nuevo liceo de San Javier ;

Al señor Ministro de Justicia, pidiéndole la designación de una asistente social para atender numerosos casos de menores y reclusos de Linares;

Al mismo señor Ministro, solicitándole la creación del 2º Juzgado de Menor Cuantía de Linares;

Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva ordenar la visita a diversos fundos de la comuna de Parral;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva solucionar los problemas que afectan a los asignatarios de la población Tohá (Delicias de Parral) ;

Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de una Estafeta de Correos en la localidad de San Pablo, comuna de Parral; y

Al mismo señor Ministro, para que se sirva construir un puente alcatarilla en la línea férrea del costado sur de Parral.

El señor De la Fuente:

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva ordenar que no se desarme el puente carretero llamado Moncóles, ubicado en el camino antiguo Angol-Los Sauces;

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole la lista de las firmas que han vendido trigo para semilla a INDAP; y

Al señor Contralor General de la República, para que se sirva enviar copia del informe Nº 181 del 1° de diciembre de 1965 relacionado con la reclamación del señor Manuel Rodríguez Contreras.

El señor Dueñas:

Al señor Ministro de Obras Públicas, « para que se sirva destinar los fondos necesarios para iniciar la reparación del camino de Linares a las Lástimas o variante Llepo;

Al señor Ministro del Interior, planteándole la situación que afecta a la Tenencia de Carabineros de la comuna de Retiro, provincia de Linares;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la localidad de Semillero, departamento de Linares;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer los fondos necesarios para una total reparación de

la Escuela Nº 43 de la localidad de Per-quilauquén, ubicada en el departamento de Parral; y

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva atender los problemas que afectan a la Posta de Primeros Auxilios de la comuna de Retiro;

El señor Fuentes, al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva dar término a las obras de construcción de las escuelas de Trehualemu y Colmuyao, del departamento de Itata.

El señor Fuenzalida:

Al señor Ministro del Interior, solicitándole el envío del Libreto de Informaciones o comentario político leído por el periodista Raúl González Alfaro, de Radio Portales la noche del 19 del presente, a las 22 horas; y

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva informar qué medidas se han adoptado en relación con las peticiones formuladas anteriormente, sobre problemas que afectan a diversas escuelas de la provincia de Arauco.

El señor Fuenzalida:

Al señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva solucionar el grave problema que afecta a los pobladores de la localidad de Chequenlemu, Curicó;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva solucionar el problema que afecta a los pobladores de las poblaciones Alameda Sur y Puente Alto, ubicadas en la ciudad de Curicó;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole la construcción de un matadero en Curicó;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva informar el estado en que se encuentran los estudios y planificación de la construcción del Tranque El Manzano, en el río Teno; y

Al mismo señor Ministro, solicitándole una información acerca del estado en que se encuentran los trabajos de telecomunicaciones en la provincia de Curicó.

El señor Galleguillos:

Al señor Ministro de Obras Públicas,

para que se sirva reponer la cañería de racolí en la población Miramar Central de Antofagasta;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva solucionar el problema que afecta a los trabajadores de la Empresa Minera de Mantos Blancos S. A.

Al señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva impartir las instrucciones del caso para que se reponga la cañería de racolí en la población Miramar Central de Antofagasta ; y

Al señor Ministro de Obras Públicas, informándole acerca de la situación que se ha producido con un trecho de alcantarillado en la población Covadonga de Antofagasta.

El señor Garcés:

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva ordenar la instalación de un teléfono en el hospital de Hualañé; y de teléfonos particulares;

Al señor Ministro de Salud Pública, en los mismos términos;

Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de luz eléctrica en las poblaciones colindantes del centro del pueblo de Hualañé;

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva informar sobre diversos oficios;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva solucionar los problemas que afectan a diversas localidades de la provincia de Curicó;

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva informar sobre el número de ambulancias que serán entregadas a la provincia de Curicó;

Al mismo señor Ministro, para que estudie la posibilidad de entregar a la comuna de Sagrada Familia una unidad de ambulancia;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva estudiar la posibilidad de pavimentar las calles Vidal y Chaca-buco, en la población Mataquito de Curicó ;

Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole haga el traspaso al Gimnasio de Población Mataquito un juego de tablero de básquetbol;

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva informar si hay posibilidad de construir una Casa de Socorros en la localidad de Licantén; al mismo tiempo de dotar de una matrona a las localidades de Licantén y Hualañé; de entregar una ambulancia nueva al hospital de Hualañé y una para las zonas de Llico y Vichuquén;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstruclión, para que se sirva ordenar que el recorrido de taxibuses Aguas Negras Maule Abajo llegue hasta la Escuela Hogar Nº 3 de Curicó;

Al mismo señor Ministro, solicitándole la creación de servicio de automotores en la tarde de los domingos de Santiago a Curicó y viceversa;

Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole se llame a concurso para la Jefatura de Servicio de la Residencia del Hospital de Curicó;

Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se sirva estudiar el costo del alcantarillado del pueblo de Hualañé;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva enviar a un funcionario a la localidad de La Huerta de Mataquito a fin de ver la posibilidad de construir en esa localidad;

Al mismo señor Ministro para que se sirva estudiar la posibilidad de solucionar los diversos problemas que afectan al departamento de Mataquito;

Al señor Ministro de Salud Pública, reiterándole la petición anterior en el sentido de apurar el sumario de indemnización al doctor Oscar Díaz;

Al señor Ministro de Agricultura, a fin de que se sirva acelerar los trámites legales relacionados con parcela El Porvenir de Curicó;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva estudiar los

problemas de fundos de la localidad de Teno;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva apurar la construcción del edificio del Servicio de Seguro Social en Lontué;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva solucionar los diversos problemas que afectan a la provincia de Curicó;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se estudie la posibilidad de solucionar los problemas que afectan a la provincia de Curicó.

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva disponer la instalación de alumbrado público en los sectores Trapiche y Tricao, de Rauco; instalación de teléfono en la localidad de Tutuquén Centro ; y alumbrado público en esta misma localidad;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva disponer de una estafeta de Correos en la localidad de Tutuquén Centro;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que se sirva disponer la modificación de los horarios de automotores entre Curicó y Santiago;

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva informar si se tiene consultada la construcción de alguna población para carabineros en la provincia de Curicó;

Al mismo señor Ministro para que se sirva informar si existe la posibilidad de construir un edificio de Correos y Telégrafos en la localidad de Iloca;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva informar el por qué del encarecimiento de la distribución de aceite comestible en la zona de Lontué;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva solucionar el problema que afecta a diversas Postas de la provincia de Curicó.

El señor González Maertens, al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva

indicar el total del rendimiento de los impuestos en la ciudad de Temuco.

El señor Guajardo:

Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que se sirva ordenar una investigación sobre el desgraciado accidente que costó la vida al obrero chileno Humberto Sánchez Vásquez;

Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva dejar sin efecto la resolución que afecta al gremio de obreros matarifes de Punta Arenas;

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole que las vacaciones de invierno se fijen en el mes de julio; y

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva iniciar los trabajos de saneamiento urbano en la población Playa Norte, en Punta Arenas.

El señor Ibáñez:

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva considerar la posibilidad de construir un edificio para oficinas públicas en Linares;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva disponer que se revise la fijación de los dividendos establecidos por la CORVI respecto de la población Tohá de Parral;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, solicitándole una información sobre las causas que han motivado el retraso para la entrega de departamentos en la población Olavarría de Parral.

El señor Jaque:

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva informar sobre los problemas que afectan al pueblo de Monte Aguila;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva eliminar punta de rieles del tren ramal Monte Aguila-Polcura;

Al señor Ministro del Interior, para que se sirva acoger la petición del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante;

Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole el nombramiento de un médico en el pueblo de Monte Aguila; y

Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de una mesa conmutadora en el pueblo de Monte Aguila.

La señora Lazo, al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole se sirva informar si se han tomado las medidas del caso ante el mal estado en que se encuentra la Escuela Nº 207 ubicada en Catedral a la altura del 2.700.

El señor Naranjo:

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole una nómina de los fundos expropiados hasta la fecha por la Corporación de la Reforma Agraria, en la provincia de Curicó; y

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva arbitrar las medidas del caso tendientes a solucionar el grave problema creado por la inexistencia de agua potable en diversos pueblos de la provincia de Curicó.

El señor Marambio:

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole se proceda a la reparación del local de la escuela de Lolol, provincia de Colchagua; y

Al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar los diversos problemas que afectan a la comuna de Pichilemu; y

Al señor Ministro de Salud Pública para que se sirva considerar la posibilidad de que se envíe una matrona al hospital de Pichilemu.

El señor Millas:

Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva conceder títulos de dominio a los pobladores de la calle Beneficencia de la ciudad de Valdivia;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva instalar agua potable en la población John Kennedy, ubicada en el sector de La Higuera, de la comuna de La Florida;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva dotar de alcantarillado al Sector Sur-Oriente de la comuna de La Cisterna;

Al mismo señor Ministro, solicitándole que se complete la construcción del colec-

tor de alcantarillado Santa Raquel en la comuna de La Florida;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole que se establezca un nuevo servicio de locomoción en el sector Sur Oriente de la Comuna La Cisterna;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva habilitar líneas de locomoción colectiva para el sector Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva verificar las irregularidades que se estarían cometiendo en la industira Implatex S. A.;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva apresurar la adquisición de la Chacra Santa Raquel; y

Al mismo señor Ministro, para que se sirva investigar las irregularidades cometidas por la firma Santiago Marinovich en la población José María Caro; y

Al señor Contralor General de la República, a fin de que se sirva investigar las irregularidades que se están cometiendo en el Servicio de Seguro Social, en lo referente al pago de sueldos.

El señor Montt:

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva consultar los fondos necesarios para la construcción del camino de Cofalmo-Pucopio, en la provincia de Osorno; y

Al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva estudiar la posibilidad de crear una oficina del Banco del Estado en la ciudad de Purranque.

El señor Morales, don Raúl:

Al señor Ministro de Agricultura, a fin de que adopte las medidas necesarias para dar solución al problema de la Cooperativa Agrícola Lechera "Ancud" Ltda.;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva consultar la posibilidad de proceder a la deroación del impuesto que deben pagar los pasajes por vía aérea, desde Punta Arenas, a las ciudades argentinas de Río Gallegos y Río Grande;

Al señor Ministro del Interior, transcribiéndole la petición formulada por pobladores del distrito de Melinka, departamento de Castro;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole que proceda a considerar el avalúo establecido recientemente para las casas de la población "Pedro Auirre Cerda", de Puerto Porvenir;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer los fondos necesarios para la cancelación de las deudas atrasadas de la Escuela Mixta Yugoslavia de Punta Arenas;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva estudiar la posibilidad de elevar a primera categoría la Escuela Técnica Femenina de Punta Arenas;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva proveer diversas necesidades de la Escuela Hogar N° 48 de Magallanes;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva solucionar el problema que afecta a los obreros de ese Ministerio en Punta Arenas;

Al señor Ministrode Trabajo y Previsión Social, solicitándole el pago de las imposiciones a los tripulantes, jubilados y montepiadas de la Caja de la Marina Mercante Nacional;

Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole el pago a los pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva conceder un préstamo para los funcionarios fiscales de Punta Arenas;

Al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva consultar la posibilidad de cancelar totalmente el reajuste de sueldos y salarios en la primera quincena del mes de junio en la provincia de Magallanes;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva aprobar la solicitud formulada por el Club Civil Aéreo de Ancud a fin de que se le cancele la subvención extraordinaria acordada; y

Al señor Ministro del Interior, solici-

tándole la cancelación a la Municipalidad de Porvenir.

El señor Millas:

Alseñor Ministro del Interior, para que se sirva ordenar vigilancia especial en la población Villa Olímpica; y

Al mismo señor Ministro, solicitándole se dote de vigilancia policial a diversas poblaciones del sector Sur-Oriente de la comuna de La Cisterna.

El señor Ochagavía :

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva destinar los fondos necesarios para construir el local en que funciona la Escuela Mixta Nº 15 de Villa Huyar Bajo, en la comuna de Curaco de Velez;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva destinar los fondos necesarios para la construcción de un segundo piso en el Cuartel de la Séptima Cía. de Bomberos de Punta Arenas.

El señor Olave:

Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole la continuación de las obras del camino entre Lanco a Panguipulli;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva disponer los fondos necesarios para la prosecución del paquete de caminos transversales en la provincia de Valdivia;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva contemplar la construcción de un local adecuado para la Escuela Consolidada de Lanco; y

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva informar por qué no se ha cumplido con lo dispuesto en la ley Nº 16.392.

El señor Papic:

Al señor Ministro de Obras Públicas, a objeto de que disponga la ejecución de las obras en los caminos de acceso sur y de Valdivia en el pueblo de Paillaco;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva disponer los trabajos del camino de Lago Ranco a Riñinahue, provincia de Valdivia;

Al señor Ministro de Educación Pública,

solicitándole la construcción de un pabellón para el Internado y administración de la Escuela Consolidada de Experimentación de la comuna de Lanco, provincia de Valdivia;

Al señor Ministro de Hacienda, consultándole la posibilidad de crear una agencia del Banco del Estado en la localidad de Lago Ranco, provincia de Valdivia;

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva adoptar las medidas pertinentes para expropiar los terrenos que actualmente ocupan los pobladores de la población "El Pantano ", y

Al señor Ministro de Educación Pública, a objeto de que se designen profesores en las escuelas de las localidades de la comuna de Lago Raneo.

El señor Poblete, al señor Ministro de Minería, para que se sirva disponer que se abra un poder comprador en la localidad de Salado.

El señor Pontigo:

Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva acoger favorablemente las peticiones elevadas por la Unión de Campesinos de Huanillas en la comuna de Monte Patria;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva acoger la petición del Gobernador de Ovalle;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva acoger favorablemente la petición formulada por los campesinos del fundo "La Viruta", de la comuna de Vicuña;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva consultar las medidas necesarias para diversas obras en la zona del Norte Chico, y

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole que se reconozca la calidad de fiscal al Liceo Vespertino de Ovalle.

El señor Rodríguez:

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva resolver el caso que se les presenta a los vecinos de

la población "Barrio Norte", de San Vicente de Tagua Tagua;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva disponer los fondos necesarios para iniciar los trabajos de pavimentación de la calle Libertad, ubicada en la localidad de Rosario, comuna de Rengo, y

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva disponer la entrega de material didáctico para los establecimiento educacionales de la provincia de O'Higgins, y

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva disponer la pronta entrega de la Escuela Nº 11 del departamento de Cachapoal.

El señor Rosales:

Al señor Ministro del Interior, solicitándole la instalación de un teléfono público en la localidad El Almendro, comuna de Coltauco;

Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole la canalización del estero de Codegua;

Al mismo señor Ministro, con el fin de que proceda a la pavimentación del camino que une Codegua con la vía longitudinal ;

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva resolver los problemas que afectan a los hospitales de Graneros y Codegua;

Al mismo señor Ministro, para que se dote a Codegua de una Posta de Primeros Auxilios;

Al mismo señor Ministro, solicitándole se apresuren los trabajos de construcción del colector de la ciudad de Rancagua;

Al señor Ministro de Justicia, para que se sirva investigar las irregularidades que estarían cometiendo en la notaría de Rengo la Comunidad Bertotti;

Al señor Ministro de Agricultura, en los mismos términos;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva dotar a la Escuela Nº 44 del departamento de Rancagua de una máquina de escribir;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva acelerar la construcción del local de la Escuela Nº 55 del departamento de Rancagua;

Al mismo señor Ministro, solicitándole se sirva tomar las medidas del caso para que se restablezca la escuela pública que funciona en la hacienda Las Nieves, en la comuna de Rengo;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva acelerar la construcción del local de la Escuela Nº 49 de Coltauco;

Al mismo señor Ministro, solicitándole la inscripción Nº 523 de un terreno donado para escuela en la localidad de Ché-pica;

Al señor Ministro de Obras Públicas, reiterándole la denuncia que le formulara anteriormente, en el sentido de que don Ramón Baeza se apoderó de un camino público en la localidad de Parral;

Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole la instalación de una policlínica en la localidad de El Almendro, comuna de Coltauco, y

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, haciéndole presente la situación que se creará a los que viven en diversas localidades de la provincia de O'Higgins.

El señor Rosselot, al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole se sirva estudiar la posibilidad de habilitar el camino de Ercilla a Quechereguas.

El señor Rodríguez, al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva solucionar los diversos problemas que afectan a la provincia de O'Higgins.

El señor Santibáñez:

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva informar si en los planes de obras a realizar en la provincia de Valparaíso;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva informar si está contemplado en el Presupuesto de Obras los planes para la ejecución de la Planta Elevadora de Alcantarillado de Quinteros;

Al señor Ministro de la Vivienda y Ur-

banismo, para que se sirva informar acerca de los estudios realizados en la población de autoconstrucción de las Ventanas Alto, comuna de Puchuncaví, y

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva informar respecto de las medidas que se han adoptado para vender a sus actuales ocupantes los departamentos ubicados en la población Quebrada Marquez, sector ampliación, bloque B 354, como también la población Recreto Alto.

El señor Stark, al señor Ministro de Salud Pública, haciéndole presente la necesidad de dotar a la Posta de Primeros Auxilios de Loncomilla de todos los elementos necesarios para la atención de la población.

El señor Sepúlveda, don Francisco:

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva solucionar los problemas que se les han presentado a diversas escuelas de la provincia de Llanquihue;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar el problema derivado de la falta de material didáctico en diversas escuelas de la provincia de Llanquihue, y

Al mismo señor Ministro, para que se sirva dotar a la Escuela Nº 2 de Llanquihue de un nuevo edificio.

El señor Valente:

Al señor Ministro del Interior, para que tenga a bien solucionar el problema que afecta a las familias que ocupan viviendas en la ciudad de Iquique y que están amenazadas de desalojo;

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva dictar el reglamento orgánico de la institución Corfo-Norte;

Al señor Ministro de Hacienda, para que tenga a bien disponer que las mercaderías internadas por la provincia de Tarapacá, para el consumo de la zona, o para la fabricación, armaduría, elaboración y cualquier uso industrial, no queden afectas al gravamen que establece el . artículo 190 de la ley Nº 16.464;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva considerar la posibilidad de solucionar los problemas que afectan a la Escuela Industrial de Arica;

Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva autorizar el arrendamiento del local que señala para el funcionamiento de la Dirección Provincial de Obras Públicas de Iquique, y

Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que tenga a bien considerar la posibilidad de disponer la transferencia de 16 hectáreas del sector Punta Brava, zona sur de Primeras Piedras, en la región costanera del camino Caleta Molle, al Centro Universitario de la Universidad de Chile que funciona en Iquique

A los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública, para que se sirvan ordenar una investigación respecto a denuncias formuladas por el Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Pesqueras de Iquique;

Al señor Ministro de Trabajo y Previsición Social, a fin de que los integrantes del Sindicato Profesional de Estibadores de Arica continúen percibiendo el beneficio acordado en el acta de avenimiento;

Al mismo señor Ministro, para que tenga a bien ordenar que el Inspector del Trabajo de Arica investigue el horario de trabajo de los serenos de la Junta de Adelanto de Arica, y

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva acoger favorablemente la petición formulada por las Juntas Vecinales de las poblaciones Caupolicán, Bernardo O'Higgins y Aeropuerto, referente a urbanización.

El señor Valdés, don Manuel:

Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva enviar al Congreso el proyecto de ley que legisla sobre el régimen impositivo y fomento de las nuevas plantaciones de viñas, trasplantes y replantes en el territorio nacional.

El señor Zorrilla:

Al señor Ministro de Obras Públicas,

para que se sirva estudiar la posibilidad de que se considere la pavimentación de diversos caminos en la provincia de Linares ;

Al señor Ministro de Agricultura, haciéndole presente la necesidad de que se efectúe un nuevo estudio del segundo tramo del canal Campo, en la misma provincia ;

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva estudiar la posibilidad de crear 17 plazas de profesores para diversas escuelas del departamento de Loncomilla;

Al mismo señor Ministro, para que se sirva solucionar el problema que afecta a la Escuela Nº 30 del departamento de Linares, y

Al señor Ministro de Salud Pública, para que estudie la posibilidad de enviar un médico residente para la localidad de Loncomilla.

De los señores Santibáñez y Ballesteros, para que se sirva informar sobre los derechos y beneficios de que estarían gozando las viudas y deudos de los tripulantes fallecidos en el naufragio de la escampavía "Janequeo".

Las Actas de las sesiones 87ª, 88ª, 89ª y 90ª de la legislatura extraordinaria quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor Prosecretario da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

El señor MORALES, don Raúl (Presidente accidental).- Terminada la Cuenta.