Labor Parlamentaria

En la de Gobierno Interior, el del señor Fuentes, don César Raúl, por el señor Buzeta;

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el del señor Aylwin por el señor González, don Víctor

En la Comisión de Hacienda, el del señor Irureta por el señor Lorca, don Alfredo, y el del señor Jaque por el señor Morales, don Raúl

En la Comisión de Agricultura y Colonización, el del Lorca, don Alfredo, por el señor Sotomayor.

En la Comisión de Educación Pública, el del señor Valente por el señor Godoy Urrutia;

En la Comisión Especial de la Vivienda, el del señor Jaque por el señor Fuentealba, don Clemente, y el de la señorita Paluz por la señora Dip;

En la Comisión Especial encargada de investigar los sucesos ocurridos en el mineral de El Salvador, el del señor Werner por el señor Valenzuela, don Héctor.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, me corresponde, en esta oportunidad, dar cuenta a la Honorable Corporación del trabajo desarrollado por la Comisión Especial Investigadora designada por la Honorable Cámara para conocer de las irregularidades que se habrían producido en la armaduría y comercialización de los receptores de radio y televisión y de los vehículos motorizados.

Debo informar ahora sobre la segunda parte de esta labor, la relativa a la armaduría y comercialización de los vehículos motorizados. Antes de entrar en materia, deseo dejar constancia del trabajo desarrollado en la Comisión por todos sus miembros y, muy especialmente, del celo funcionario con que han cumplido sus labores, en esta ocasión, como en el caso anterior, el Secretario de esta Comisión, señor Carlos Andrade Geywitz, y su ayudante, señor Carlos Olivares Olivares. Deseo hacer pública y manifiesta la conformidad de todos los miembros de la Comisión, sobre esta labor, ya que es oportuno, en este momento, dado los acontecimientos que hemos vivido, demostrar el celo y capacidad de los funcionarios de esta alta Corporación.

Señor Presidente, la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadurías de vehículos motorizados y de receptores de televisión y radios, en la importación y venta de maquinaria agrícola y sus repuestos, de establecer sus costos, utilidades, autorizaciones de internación y armadurías, cumplimiento de obligaciones tributarias y todo aquello que tenga relación con estas materias, me ha distinguido con la designación de Diputado informante del segundo aspecto de la materia que le fue asignada como competencia por la Honorable Cámara. Continuó así su labor, cumpliendo por etapas el estudio de las materias con las que se amplió la competencia que le fue fijada al acordarse su designación. Confía esta Comisión poder entregar, en etapas posteriores y en forma parcial y sucesiva los resultados de su investigación sobre la importación, armaduría y comercialización de los radiorreceptores y, también, respecto de la importación y comercialización de la maquinaria agrícola y sus repuestos.

El primer aspecto de su competencia, como es sabido, fue el relacionado con los televisores. Las conclusiones de su informe sobre esta materia fueron aprobadas en el mes de enero del presente año por esta Alta Corporación.

La Comisión celebró 35 sesiones, en las cuales estudió diversos aspectos de la investigación que le fue encomendada.

Voy a tratar de dar una visión panorámica y resumida de los complejos aspectos que abarcó el análisis sobre armaduría y comercialización de los vehículos motorizados.

En el boletín Nº 10.551 se contiene el informe de la Comisión, documento que está a disposición de los señores Diputados. Yo les agradecería y rogaría que tuvieran la gentileza de tenerlo presente, ya que, para abreviar el informe, voy a referirme a él en muchas oportunidades. Dicho documento contiene, asimismo, cuadros estadísticos, resúmenes de actas taquigráficas y, en general, informaciones que permiten -así lo creemos- formarse un completo y cabal conocimiento de la importación de partes y piezas y del proceso de armaduría y comercialización de los vehículos motorizados.

Finalmente, el informe contiene documentos emanados de la Gerencia del Banco Central de Chile; de la Superintendencia de Aduanas y de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fueron seleccionados, por cuanto son altamente ilustrativos.

En las páginas 4 y 5 del informe, figura la nómina de los distintos Ministros, Jefes de Servicios y funcionarios públicos que informaron a la Comisión. Asimismo, se señalan las personas que, en representación de las diferentes industrias armadoras de Arica, concurrieron a la Comisión a exponer diversos antecedentes relacionados con sus empresas comerciales.

Vuestra Comisión, entre los días 9 y 13 de septiembre de 1965, realizó una visita a Arica, con el objeto de inspeccionar las distintas armadurías de vehículos motorizados e imponerse, al mismo tiempo, del proceso de desaduanamiento de las partes y piezas importadas, el funcionamiento de los almacenes particulares, la fiscalización que ejercen los servicios fiscales sobre estas industrias armadoras y escuchar también a los ejecutivos de las firmas y a los directivos de las organizaciones sindicales. Fue una visita breve, pero la forma intensa como se trabajó y la colaboración del Gobernador de Arica, don Carlos Vildósola, del señor Teodoro Schmidt, Presidente de la Asociación de Industriales de Arica (ASINDA), de los encargados de las industrias armadoras, y de algunos funcionarios públicos, permitieron que los integrantes de la Comisión captaran los aspectos más sobresalientes de las armadurías y de su fiscalización.

Tengo la certeza de que los integrantes de la Comisión que participarán posteriormente en el debate de esta sesión han de abordar diversos aspectos que observaron en el viaje y que fueron extraordinariamente ilustrativos para el trabajo que ella desarrolló posteriormente.

La visita a Arica también sirvió para que la Comisión acordara pedir una ampliación de antecedentes, y fue así como remitió diversos oficios requiriéndolos de las autoridades pertinentes.

Algunos miembros de la Comisión acompañaron a la Mesa a una entrevista con Su Excelencia el Presidente de la República. En dicha reunión, que se celebró inmediatamente después de las Fiestas Patrias de septiembre de 1965 -y enfatizo sobre la fecha, porque es importante dejar constancia de que a un año casi de estas conversaciones, la actualidad de los problemas que allí se plantearon, todavía se mantienen-, la Comisión planteó diversos problemas, uno de los cuales, y tal vez el más importante, fue pedir la dictación de un decreto que declarara artículo de primera necesidad a todos los vehicular motorizados. Así, sólo como dato ilustrativo, debo señalar la inmensa cantidad de autos totalmente armados, enfundados en nylon, que se guardaron en los estacionamientos de algunas armadurías.

La Comisión Especial Investigadora solicitó a las autoridades pertinentes explicación sobre esta situación, que confirmaba la afirmación, comprobada, de la negativa y paralización de las ventas en Santiago de vehículos motorizados, como consecuencia de la labor de la Comisión Especial Investigadora y muy especialmente, de las medidas que el Gobierno había adoptado a proposición de esta Comisión, respecto de los precios que podrían, en adelante, cobrar las firmas armadoras de aparatos de televisión.

Hago mención de esta parte del informe, porque es evidente que, a raíz del trabajo de la Comisión Especial Investigadora y de la fijación de precios que hubo para los televisores, asunto del cual la opinión pública tiene conocimiento, puesto que ha sido ella la favorecida por este trabajo, se produjo una repercusión en la industria automotriz que provocó la negación de venta y, prácticamente, el acaparamiento de vehículos motorizados por las industrias que estaban en Arica.

El trabajo de la Comisión Especial Investigadora ha abarcado diversos aspectos. Sin embargo, dentro del deseo del Diputado informante de abreviar al máximo los detalles, quisiera solicitar, señor Presidente, la inclusión de una serie de cuadros y datos estadísticos en la versión oficial de la presente sesión, cuya lectura desearía omitir por la razón que señale.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, señor

Presidente.

Como reflexión primera, quisiera -y creo interpretar en esto el criterio de los miembros integrantes de la Comisión- señalar la sorpresa frente a una sostenida campaña. Repetidamente, una y mil veces, en algunos órganos de prensa, ciertos articulistas han manifestado su extrañeza y disconformidad porque se controle a las armadurías en su fijación de precios. Resulta casi inexplicable entender la "estructura mental" de personas que en estos tiempos preconizan una tan amplia libertad. Los vehículos motorizados son fundamentales para el desarrollo de la economía del país. Camiones, camionetas, agro-jeeps, etcétera, sirven para el transporte de los productos y materiales. Los automóviles han dejado de ser en la civilización actual elementos superfluos, de lujo, para transformarse, especialmente en los tipos populares de menor costo, en elementos de trabajo para muchos profesionales y técnicos y aun para obreros. Por otra parte, las divisas que se entregan a las firmas armadoras son producidas por el esfuerzo de los chilenos, mineros, exportadores de productos, etcétera.

Estas divisas son de todos los chilenos; deben, consecuencialmente, en un país con crónico déficit en su balanza de pagos, ser invertidas en forma cuidadosa. Además, las armadurías de vehículos motorizados instaladas en Arica, gozan de una situación tributaria de gran liberalidad. Entonces, discrepar del deseo de poner freno a la especulación y a las ganancias más allá de lo moral, resulta incomprensible, enfocado desde el punto de vista del interés del Fisco chileno y de la colectividad.

Posteriormente, me referiré a los precios. Por ahora, entregaré a los señores Diputados un resumen de las divisas entregadas por el Banco Central de Chile a las industrias armadoras:

RESUMEN DE LAS DIVISAS

Por decreto supremo de 9 de enero de 1962, se eliminó de la lista de mercaderías de importación permitida por el decreto de Hacienda Nº 5.474, de 15 de mayo de 1959 y sus modificaciones posteriores, a los vehículos motorizados. La parte pertinente de este importantísimo decreto aparece transcrita en la página 39 del informe que obra en poder de los señores Diputados, motivo por el cual también omitiré su lectura.

Quiero, sí, destacar que desde esa fecha, el mercado nacional solamente tuvo dos fuentes de abastecimiento: los vehículos armados en Arica y los internados al país por personas o instituciones que tienen regímenes especiales que los favorecen.

En la exposición de motivos del Mensaje con que el Presidente de la República, Excelentísimo señor Eduardo Frei Montalva, presentó al Congreso Nacional el proyecto que establece normas sobre el fomento de la producción de vehículos motorizados, textualmente se expresa:

"El mercado nacional de vehículos se estima puede alcanzar, en un plazo relativamente corto, a unas 35.000 unidades, de las cuales, un 90% puede ser abastecido por producción nacional."

A éste deben agregarse algunos datos que hemos extractado de una publicación del Automóvil Club de Chile titulada "Estudio del Mercado de los Vehículos Motorizados".

Según uno de los estudios, en el año 1963 existían 83.454 automóviles, de los cuales 43.700 tenían más de 10 años de antigüedad.

El señor SANHUEZA.-

Decía que, de acuerdo a los datos que existen en una publicación del Automóvil Club de Chile, titulado "Estudio del Mercado de Vehículos Motorizados", en el año 1963 existían 83.454 automóviles, de los cuales 43.700 tenían más de 10 años de antigüedad. Porcentualmente los autos con más de 10 años de antigüedad representan el 52%. En la mayoría de los países los vehículos con más de 10 años de antigüedad se consideran de "reposición inmediata."

En esa publicación se acompaña un cuadro en que se puede apreciar el porcentaje de vehículos que existía por habitante. Allí se ve con claridad la relación existente, en esta materia, entre los países con más alto grado de desarrollo y los subdesarrollados. Este porcentaje, en Estados Unidos, alcanza a 2,2 habitantes por automóvil; en Suecia, a 5,3; y, en el caso nuestro, a 58 habitantes por autómovil. Este cuadro en que se destaca la enorme diferencia que existe, como decía, entre los países con un alto grado de desarrollo y aquéllos como el nuestro, es el siguiente:

porcentaje de vehículos por habitante

Repito que este cuadro destaca la enorme diferencia que separa a los países de un alto desarrollo de los de menos desarrollo, como son los latinoamericanos, y entre éstos también hay notorias diferencias, derivadas del desarrollo normal de industrias armadoras.

Pero, volviendo al planteamiento expresado, incluso, en el Mensaje que motivó el proyecto sobre fomento de la industria automotriz, es interesante anotar lo siguiente: existe en nuestro país un mercado potencial insuficientemente abastecido. En efecto, la producción de estos últimos años en nuestro país fue la siguiente:

       Unidades

1961   3.399

1962   6.615

1963   7.939

1964   7.803

1965   8.624

No debemos olvidar que, según se expresa en dicho Mensaje del Ejecutivo, "el mercado nacional de vehículos se estima puede alcanzar, en un plazo relativamente corto, a unas 35.000 unidades".

Este factor, producción muy inferior a las necesidades del mercado chileno, es un elemento que debe ser debidamente ponderado y considerado, pues influye poderosamente en las facilidades que tuvieron los armadores y distribuidores para ir aumentando, sin justificación ni causa, los precios de los vehículos motorizados, hasta colocarlos a un nivel que hizo intolerable esta situación. Más adelante formularé otras consideraciones sobre este particular.

A la baja producción de que ya he dado cuenta, debe agregarse un hecho distorsionador: la existencia de hasta 26 firmas armadoras. Así lo revela el siguiente cuadro:

PRODUCCION DE VEHICULOS MOTORIZADOS POR EMPRESA

En 1965 se arman en Arica solamente 8.624 unidades por 20 firmas industriales. La firma que arma mayor número de unidades es la Citroen Chilena, con 1.350 vehículos; la Sociedad Importadora Willys, en cambio, armó ese mismo año sólo seis unidades.

En 1964, 18 firmas sólo armaron 7.803 unidades. Esta situación, que contradice todas las normas de la producción masiva, que significa la economía en escala, recarga indebidamente los precios que deben pagar los consumidores chilenos. Se repiten gastos de administración, de personal, etc., al existir pequeñas empresas que arman un muy reducido número de unidades. Los comentarios sobre esta situación son obvios. No abundaré en ellos, para no prolongar demasiado mi intervención.

Agréguese a esta irracional estructura de las diferentes armadurías instaladas en Arica, el hecho de que, actualmente, cada uno de los distintos tipos que arman en unidades tan escasas, deben ser integrados por piezas y elementos fabricados en Chile. Es bien difícil que las diferentes industrias proveedoras se interesen por fabricar las piezas en números muy reducidos de unidades. Vuestra Comisión Especial Investigadora, durante su visita a Arica, fue informada por ejecutivos de diversas armadurías, sobre las grandes dificultades que tenían para el abastecimiento de las piezas nacionales; acerca de los altos costos que por ellas debían pagar y, muy especialmente, de las dificultades que significaba el cumplimiento de los nuevos porcentajes de integración, por cuanto las industrias proveedoras muchas veces entregaban, una y otra vez, piezas y elementos que debían ser rechazados por no cumplir las exigencias mínimas.

En un informe del Director de Industria y Comercio, señor Hernán Lacalle, en que remitió un estudio de costos de la Citroneta 18 H.P., con relación a esta materia, se expresa textualmente:

"3°.- La enorme ineficiencia constatada en la mano de obra correspondiente al montaje y terminación se debe a dos factores:

a) Períodos de inactividad durante el año, y

b) Falta de mecanización y automatización del montaje debido al reducido volumen de producción".

He querido hacer mención de este informe de la Dirección de Industria y Comercio, porque más adelante me referiré a esta materia, en relación con los decretos que se dictaron respecto de la fijación de precios de los vehículos integrados en el mercado de la ALALC.

En las páginas 23 a 34 del informe, que está en poder de los señores Diputados, aparece la estructura de los costos de los vehículos producidos por la Citroen Chilena S. A.; por Alberto Avayú y Cía.; por la Sociedad Anónima Montajes Automóviles Fiat Arica y por la Nissan Motor Chile, Ltda. La forma como componen el costo total de los vehículos merece a nuestra Comisión serias objeciones, pues la mayoría de ellos están "inflados", no son costos reales. En muchos se adoptan resguardos, que hacen subir considerablemente sus precios.

Esta situación es enteramente irregular. Para mostrar un solo ejemplo significativo, basta señalar que el precio de las camionetas Datsun es de Eº 15.413.30 y la firma calcula un 10% de utilidad sobre esa cantidad, es decir Eº 1.543.13 en circunstancias que, entre los factores que sumados arrojan la suma indicada de Eº 15.431.30, figuran: Sueldo y Ley (Arica) ; Jornal y Ley (Arica) ; Sueldo Santiago y Gastos de Administración; es decir, se están cobrando intereses hasta sobre las imposiciones de los empleados y obreros a las respectivas cajas.

La misma situación se produce con respecto al automóvil Datsun, conforme a un documento que los ejecutivos de la Nissan Motor entregaron a varios integrantes de la Comisión, durante la visita a la planta de Arica, y que, en este momento, tengo en mi poder. O sea, se produce este tipo de irregularidades, ya que se cobran intereses sobre los sueldos, e incluso, hasta sobre las imposiciones. Es decir, este documento refleja una situación general sobre cómo las firmas armadoras han arreglado los costos para poder justificar los altísimos precios que cobran por ellos. Figura, al igual que otras estructuras de costos, insertados en el informe de la Comisión Especial Investigadora.

La Comisión Especial Investigadora destaca, en el informe que rindo, la circunstancia, no casual, de que la mayoría de las principales armadurías de vehículos motorizados instaladas en Arica son distribuidoras de sus propios vehículos en Santiago y en otras ciudades. Basta, por vía de ejemplo, señalar la situación de la Citroen Chilena S. A., que arma las ci-tronetas; de Federic S. A., que arma los NSU; de Alberto Avayú y Cía., que arma los Opel y camionetas Chevrolet; de la FIAT, que arma los Fiat 600, 1100 y 1500, etcétera. En esta concentración de varios aspectos de la comercialización de los vehículos motorizados se producen, indudablemente, ganancias extraordinarias, en pocas manos, a través de los diversos procesos económicos de esta industria.

Esta situación no justificaría una crítica si no fuera por el hecho de los altísimos costos y de las extraordinarias ganancias que han obtenido las firmas comerciales.

Más adelante insistiré sobre el rubro "utilidades'. Pero en este país en que, por suerte, todos nos conocemos, sabemos positivamente que, en muy breve plazo, armando un reducido número de unidades, algunas personas que no poseían capitales han capitalizado sus empresas, las han dotado de maquinarias y de edificios, y han construido en Santiago grandes instalaciones. Esto no sería criticable si sus ganancias hubiesen sido moderadas, por cada unidad entregada a los compradores chilenos. Lo que ellos desean es que se les permita seguir operando sin ninguna limitación, como durante tanto tiempo lo hicieron, en perjuicio de todos los chilenos, y en su exclusivo beneficio.

Como sabemos, la mayoría de las firmas armadoras de Arica distribuyen en Santiago y en otras capitales de provincia sus vehículos. Reúnen, así, dos importantes factores, que les permiten aumentar sus ganancias. Agréguese a este hecho la circunstancia de la facilidad que tienen, por el escaso número de unidades que se arman en el país, muy por debajo de la demanda real, de imponer sus condiciones de venta.

Es práctica frecuente, pues actúan de consuno, exigir altas cuotas al contado, que alcanzan, a veces, más del 70% del valor total del vehículo. El resto debe ser pagado en plazos que fluctúan, generalmente, entre tres y seis meses, con los más altos intereses legales permitidos. Esto no sería motivo de mis enérgicas observaciones de condena a esta práctica impuesta por los distribuidores, si no se agregara el hecho de que, entre la entrega de Eº 15.000 o más, valor de la cuota al contado, y la entrega del vehículo transcurren varios meses. Además, en el momento de la entrega, exigen una cuota al contado muy considerable.

En otras palabras, durante varios meses los industriales aprovechan los dineros que han entregado las personas interesadas en adquirir los vehículos, las que no reciben, durante ese lapso, ningún tipo de beneficio. En cambio, posteriormente, cuando se entra a pagar las letras, éstas vienen recargadas en un porcentaje de intereses que no se paga por la cuota que esas firmas han recibido mucho antes de entregar el vehículo.

Nosotros hemos recibido reclamaciones de personas que han depositado dinero a cuenta de un vehículo, con la promesa de que les iba a ser entregado dentro de cierto plazo. Posteriormente, las firmas les han fijado un plazo tres o cuatro veces mayor, sin dar ninguna explicación, y sin que los compradores reciban, tampoco ninguna compensación por este sacrificio.

Lo reprochable de este sistema está en las ventajas que obtienen los distribuidores. En efecto, durante tres o más meses disponen del dinero del comprador sin pagar ningún tipo de intereses. En cambio, cuando éste recibe el vehículo, después de pagar una segunda cuota muy alta, debe firmar letras por las sumas que quede adeudando, a las cuales se agregan los más altos intereses bancarios.

Si se analizara detenidamente, caso por caso, la situación de los futuros compradores de vehículos motorizados, tengan la seguridad los Honorables colegas -porque nos consta- que nos encontraríamos con una verdadera caja de sorpresas, en cuanto a los procedimientos arbitrarios y a la vejación que significa para los compradores el tener que realizar, durante meses, innúmeras consultas ante los ejecutivos de las empresas distribuidoras para saber cuándo, por fin, les van a entregar un vehículo, que hace tiempo han pagado en un porcentaje considerable de su valor.

En las páginas 12, 13 y 14 del informe, a que he hecho alusión, figura un resumen de algunos Registros de Importación aprobados para las distintas industrias armadoras, en el año 1963.

Como observación general, llama poderosamente la atención el alto monto de divisas otorgado por unidad. Por vía de ejemplo, podemos informar que, para partes y piezas para armar en Chile, el auto Acadian, se otorgan US$ 2.145,83; para el pequeño NSU Prinz-4 US$ 991 por unidad; para el Chevy II, US$ 2.140 por unidad, etc.

Como la Cámara acordó incluir en la versión los cuadros referentes a esta materia, no me extenderé en mayores consideraciones al respecto.

-Los cuadros que se acordó insertar son los siguientes:

DIVISAS

El señor SANHUEZA.-

En el año 1964, con otro porcentaje de integración, también se entrega a las firmas armadoras una cantidad de dólares por unidad, extraordinariamente alta.

Así, para el NSU Prinz 4, se entregan US$ 921,60; para la Citroneta, 706,63 dólares; para el Volvo P 12298, 1.606,94 dólares; para el Chevy II, US$ 1.960; para la camioneta Chevrolet, US$ 2.119.

Como se trata de un antecedente valioso, emanado de la Gerencia del Departamento de Comercio Exterior del Banco Central, incorporo al texto de mi intervención el documento en que constan estos antecedentes.

-El documento que se acordó insertar es el siguiente:

DOCUMENTO

El señor SANHUEZA.-

Creo de mucha utilidad que los señores Diputados puedan ver en el informe, ya que ahí se indica, la cuota de dólares que se entrega por el valor de cada unidad, respecto de todos los vehículos que se arman en Chile.

Me he detenido, Honorables colegas, en el alto monto de divisas aprobados en los Registros de Exportación, pues el costo de las partes y piezas es fundamental compararlo con el valor de los vehículos armados en los países productores que, como es sabido, entregan modelos de gran calidad y con terminaciones que satisfacen plenamente las exigencias internacionales. No es el caso de nuestras armadurías, que entregan vehículos con terminaciones y elementos incorporados, de inferior calidad. Comprendemos que hay muchos factores que explican esta situación; pero también es conveniente recalcar que, con el pretexto de desarrollar una industria automotriz y de favorecer el desarrollo del departamento de Arica, no se puede gravar en forma tan desproporcionada a los chilenos.

Como veremos más adelante, los precios de los vehículos chilenos no guardan ninguna relación con los precios internacionales, al margen de las consideraciones tributarias que diferencian los procesos de producción y comercialización en los distintos países.

La Comisión Especial Investigadora, en su propósito de conocer estos precios internacionales y los incentivos otorgados a los importadores, solicitó al señor Ministro de Relaciones Exteriores, que pidiera información sobre el particular a los Cónsules chilenos en distintos países.

Por oficio Nº 00362, de 7 de enero de 1966, el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores envió a la Comisión copia del oficio N° 1111/551, firmado por el Embajador de Chile ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, don Radomiro Tomic, en el cual se transcriben las informaciones que sobre esta materia ha podido reunir la Oficina de la Corporación de Fomento de la Producción en Nueva York.

En la parte relativa a la materia en análisis, el oficio textualmente expresa:

"En cuanto a vehículos entendemos lo siguiente:

"General Motors suele conceder a sus distribuidores en este país un descuento de entre 16% y 20%, según el modelo. Este descuento alcanza al 20%- 24% en ultramar.

"A continuación se citan los precios FOB fábrica que pagarían los distribuidores:

PRECIOS

Este último vehículo, cuya fotografía tengo en mi poder y que los señores Diputados pueden apreciar, vale 1.769,88 dólares, totalmente armado, sin piezas y partes por armar, como se afirma en este catálogo; y por traer, prácticamente la mitad del vehículo, se paga la misma suma de dólares que cuesta traerlo totalmente armado y listo para salir rodando por la ciudad de Santiago.

"El descuento sobre repuestos fluctúa sobre 25 y 30%.

"Por otra parte, parece que FORD concede un descuento menor a sus distribuidores, del 12 al 22%.

"Se nos informa que CHRYSLER da un 22 a 25% de descuento a sus distribuidores en este país, y que la cifra es mayor en el extranjero".

Es importante tener en cuenta esto, porque los precios que indicó el informe del señor Embajador no consultan los impuestos sobre los valores de 1.769,88, 1.657,60 y 2.066,28 dólares. En el caso de traer, o sea, de importar los vehículos, habría que consultar un descuento a los porcentajes ya señalados, que fluctúa entre un 14 y un 25%.

Expresamente se señala en el informe, que no escapa a vuestra Comisión, que las sumas de divisas otorgadas el año 1964 a las distintas firmas armadoras ya transcritas, corresponden al precio unitario CIF de las partes y piezas que, posteriormente, junto con las nacionales, en el porcentaje de integración señalado por el Supremo Gobierno, pasarán a constituir la unidad armada.

Parece, sin lugar a dudas, que hay un margen demasiado reducido entre el precio del vehículo armado totalmente en el país de origen, generalmente en una eficiente industria automotriz, y el monto de divisas que se entrega a las firmas armadoras, para que importen las partes y piezas para armar en Chile los vehículos.

Como consta en la página 37 del informe, la Comisión solicitó, al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, "una minuta con los costos que las firmas Fíat, Volkswagen y otras habrían presentado a esa Corporación, con el objeto de instalar armadurías en la zona central del país".

Aun cuando la respuesta del señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO y del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, tienen carácter secreto, la Comisión, sin violar ese carácter, puede informar que los precios para producciones de tres mil y seis mil unidades anuales son notoriamente inferiores a los de los vehículos de tipo similar, fijados por las actuales armadurías instaladas en Arica.

Obran en poder de la Secretaría de la Comisión, folletos de la Ford Motor Co. sobre precios de los vehículos y sus accesorios para los años 1965 y 1966.

Comprendo que, para que una comparación resulte del todo exacta, deben conjugarse los mismos factores. Las circunstancias de los mercados norteamericanos y extranjeros son disímiles; pero mucho más disímiles, aun ponderando las diferencias, son los precios que cobran los armadores ariqueños y los armadores extranjeros.

Ahora, ¡para qué hablar de las facilidades que se otorgan a los compradores de vehículos motorizados!

Quiero fundamentar mis aseveraciones, pues éste es uno de los aspectos fundamentales que deben ser considerados para establecer una verdadera política automotriz.

En el diario "El Nacional" de Caracas, del 6 de mayo del año en curso, -aquí tengo un ejemplar Honorables Diputados- se publica un aviso de la Organización Volkswagen de Venezuela, en que se ofrece un vehículo de esa marca, armado en ese país, en 10.800 bolívares. Calculando la equivalencia de este precio, en moneda chilena, el vehículo cuesta 11 mil escudos. Allá se entrega con 1.500 bolívares de pie, o sea al contado, y el resto, en un plazo de 36 meses. Así dice el aviso.

El señor MOMBERG.-

Es que en Venezuela hay mucha plata.

El señor SANHUEZA.-

Es posible que ésa sea una razón, pero hay mucha diferencia. El vehículo a que hago referencia vale mucho menos que una citroneta o que cualquier automóvil que se produce en nuestro país.

En Estados Unidos, un Falcon 1965, de 6 cilindros, modelo Standard, se ofrece - según los catálogos- por un valor total de 1.846 dólares; un Station Wagon de la misma marca, de 4 puertas, a 2.165 dólares; un Ford Fairlane, de 6 cilindros, 4 puertas, sedán, a 2.077 dólares. Tengo en mi poder un catálogo completo con las fotos de los diferentes modelos.

Es posible que se diga que en Estados Unidos, debido al grado de técnica alcanzado por la industria automotriz, la competencia, etcétera, los precios tienen que ser bajos. Comprendemos que sea así; pero, como verá luego la Honorable Cámara, resulta incomprensible que, dentro de

esta relación, y partiendo de la base de un dólar a 5.800 pesos o 5,80 escudos -que es el valor de un dólar, en la bolsa negra- una citroneta se venda a 3 mil y tantos dólares.

De todas maneras, es útil hacer ese tipo de comparación, porque un automóvil armado, de los modelos que he indicado, tiene ese precio, lo cual revela el sacrificio que estamos haciendo los chilenos, al pagar un sobreprecio, para mantener un ti-do de industria como la que ha sido favorecida por el decreto a que vamos a hacer referencia.

Estos precios y los altos montos de divisas, entregados por el Gobierno chileno a los armadores, hacen que pensemos que se necesita una revisión total del proceso de otorgamiento de divisas. No es posible que por unos cien a doscientos dólares menos, que es el valor del vehículo completamente terminado, precio exportación, se esté entregando divisas para armar autos en Arica que, al margen de la tributación de excepción a que están sometidos, alcanzan precios prohibitivos, por la integración de elementos nacionales de poco valor.

Se impone, como decimos, una revisión, ya sea para impulsar decididamente un proceso de complementación de la industria automotriz o, sencillamente, para terminar con estas armadurías de Arica que, sin aportar mayores beneficios, encarecen en demasía los vehículos motorizados y casi no significan ningún ahorro de divisas.

Pienso, y ésta es una reflexión en alta voz y personal que, antes de seguir manteniéndose la caótica y antieconómica situación actual, es preferible terminar con la ficción de la producción de vehículos motorizados y reemplazarla por un sistema controlado por un organismo estatal, de vehículos motorizados armados en el extranjero, con un sistema de impuestos progresivos, a medida que aumente el valor de ellos, en beneficio del Fisco chileno. A través de un inteligente control, podría orientarse la internación de vehículos motorizados hacia determinados tipos de vehículos que presenten mayores ventajas, ya sea en su valor, adecuación a la naturaleza de nuestros caminos y, muy especialmente, respecto de la composición socioeconómica de quienes deben tener preferencia para disponer de un elemento que hoy día es una herramienta de trabajo y no un artículo de lujo.

Llamo la atención de los señores parlamentarios sobre la situación tributaria que afecta a las armadurías de Arica, pues consagra un régimen de amplísimas liberalidades que no justifica, en absoluto, los precios de los vehículos motorizados, que son superiores en 5,4 veces o más, a los precios internacionales. En algunos modelos incluso llega a 11 veces más.

El señor ACUÑA.-

¿Once veces?

El señor SANHUEZA.-

Sí, Honorable colega.

Las industrias instaladas actualmente en Arica pagan sus impuestos a la renta reducidos en un 90%. Significa esto que las sociedades anónimas están sólo afectas a un impuesto del 3% sobre sus utilidades, y que las sociedades de personas tributan sólo un 2%, siempre que no estén acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 303, de 5 de agosto de 1953, que las libera totalmente del pago de los impuestos a la renta.

En la página 11 del informe de la Comisión Especial Investigadora se inserta el siguiente cuadro-resumen sobre impuestos aplicables a la importación de piezas y partes para la industria automotriz:

CUADRO RESUMEN DE IMPUESTOS APLICABLES

NOTA: Las industrias instaladas en Arica están exentas del 6% de impuesto de transferencia en la adquisición de piezas y partes chilenas."

Favorecidas, entonces, las industrias armadoras de Arica por un régimen tan liberal de excepciones tributarias, no se justifican los altísimos costos que cobran por los vehículos motorizados que arman. Ni el Fisco ni los chilenos obtienen beneficios que compensen, en parte siquiera, el generoso régimen tributario que las favorece.

A continuación, pasaré, señora Presidenta, a referirme a la fijación de precios de los automóviles y camionetas.

Esta ha sido y es una materia muy controvertida, en que los colegas miembros de la Comisión han trabajado acuciosamente. Hemos contado, también, para muchas investigaciones, con el concurso de funcionarios de esta Corporación; y creo que, través de ellas, los Honorables colegas van a poder apreciar cuáles han sido los problemas que han tenido, y la mayor incidencia en el precio de los vehículos, y, al mismo tiempo, de qué manera la industria ha demostrado su incapacidad para satisfacer las necesidades mínimas del país.

Los precios de los vehículos motorizados alcanzaban niveles tan altos que, aun cuando la Comisión Especial Investigadora había centralizado su investigación en el aspecto televisores, debió iniciar gestiones ante los personeros del Ejecutivo para buscar solución a tan anómala situación.

Hay constancia, por ejemplo, de que por oficio Nº 83, de 20 de septiembre de 1965 -es importante tener en consideración esta fecha-, la Comisión, después de fundamentar su petición, solicitó al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción: "que disponga se inicie a la brevedad posible, un estudio de los costos de los vehículos motorizados armados en Arica, con el objeto de fundamentar un efectivo control de sus precios".

En la entrevista sostenida con Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, por la Mesa y algunos miembros integrantes de la Comisión Especial Investigadora, a fines de septiembre de 1965, y después de haber visitado las armadurías de Arica, se le solicitó la dictación de un decreto supremo que declarara, a los vehículos motorizados, artículos de primera necesidad, y un segundo decreto supremo que fijara precios y regulara las condiciones de venta de ellos. En aquella oportunidad, Su Excelencia el Presidente de la República no fue partidario de este camino, pues estimó que podía desalentarse a las firmas que pensaban instalarse en Chile, de acuerdo con las nuevas modalidades que se consultarían en el proyecto que se estaba estudiando, y que establecía diversas normas para fomentar el desarrollo de la industria automotora.

Nuevamente, el 25 de enero de 1966, la Comisión Especial Investigadora envió al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción un oficio en el cual textualmente se concluía:

"Todo lo anterior fundamenta esta petición, que la Comisión califica de alta conveniencia social, pues permitirá regularizar un comercio anárquico y poner término a las desmedidas utilidades de un grupo privilegiado de industriales, que está frenando, en parte, el desarrollo económico y posibilitará a profesionales, empleados y obreros contar con vehículos motorizados, indispensables para sus actividades".

Sólo el 4 de marzo de 1966 se publicaron dos decretos supremos, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Por el primero de ellos, el decreto supremo Nº 267, se declara artículo de primera necesidad, uso o consumo habitual, a los vehículos motorizados.

El segundo de ellos, el decreto supremo Nº 301, regula las condiciones de venta de los automóviles y camionetas.

Parecía, por fin, que la constante preocupación de vuestra Comisión Especial Investigadora rendía positivos efectos, respecto a la comercialización de vehículos motorizados.

El texto de estos decretos es el siguiente:

"Ministerio de Economía, Fomento y

Reconstrucción Subsecretaría de Economía, Fomento y

Reconstrucción. Dirección de Industria y Comercio

Declara artículo de primera necesidad, uso o consumo habitual a los vehículos motorizados.

Santiago, 24 de febrero de 1966.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 267.- Vistos: el D.F.L. Nº 88, de 1953; el D.F.L. Nº 242, de 1960; el artículo 21 del decreto supremo Nº 1.262, de 30 de diciembre de 1953; el decreto supremo Nº 338, de 10 de marzo de 1945, y el oficio pertinente de la Dirección de Industria y Comercio,

Decreto:

1º.- Declárase artículo de primera necesidad, uso o consumo habitual, a los vehículos motorizados y a sus diversas piezas, conjuntos y subconjuntos.

2º.- A fin de que no pierda oportunidad, el presente decreto regirá desde su publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de cumplirse posteriormente con el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República.

Anótese, publíquese y tómese razón.- E. Frei M.- Domingo Santa María S. C.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Dios guarde a Ud.- Arturo Montes R., Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción Suplente.

Regida condiciones de venta a los Automóviles y Camionetas.

Santiago, 3 de marzo de 1966.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 301.- Vistos: lo dispuesto en la ley Nº 14.824, de enero de 1962; en el decreto supremo Nº 267, de febrero de 1966; en el decreto supremo Nº 338, de 10 de marzo de 1945; en el decreto supremo Nº 1.262, de 30 de diciembre de 1953; en el D.F.L. Nº 88, de 1953, reglamentado por el decreto supremo Nº 747, de 26 de agosto del mismo año; en el D.F.L. Nº 242, de 1960; el oficio Nº 1.386, de 24 de febrero de 1966, de la Dirección de Industria y Comercio, y el informe de la Comisión Automotriz,

Decreto:

lº.- Fíjase como precio máximo de venta al público de los automóviles y camionetas la cantidad equivalente a 5,4 veces el precio de venta del vehículo original standard armado completo.

El coeficiente mencionado en el inciso anterior no será aplicable a los vehículos de producción nacional acogidos al decreto supremo Nº 835, de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y que además hagan un uso significativo para su integración legal, del régimen que señalan el artículo 15 de la ley Nº 14.824 y sus disposiciones reglamentarias.

Se entenderá como precio del vehículo original standard armado completo, el que rija en la fábrica matriz como precio FOB-fábrica, para su envío a distribuidores en países de libre convertibilidad, exento de impuestos u otros recargos y sin embalaje.

A este precio, expresado en escudos al cambio libre bancario a futuro, se le aplicará el coeficiente 5,4 citado, para determinar el precio máximo de venta en el país.

2º.- Los fabricantes que vendan directamente al público, los distribuidores y comerciantes, deberán presentar a la Dirección de Industria y Comercio listas de precios de los referidos vehículos, fijados en conformidad a las normas del artículo primero.

Los precios así determinados, entrarán en vigor una vez autorizadas las listas respectivas por la Dirección de Industria y Comercio.

3º.- En las compraventas cuyo precio deba pagarse en todo o parte a plazo sólo podrá recargarse el saldo hasta con el interés máximo- que la ley permite estipular.

4º.- La Dirección de Industria y Comercio podrá controlar los precios de venta al público de los vehículos de producción nacional regidos por el decreto supremo Nº 835, mencionado, y que, además, para los efectos de su integración nacional, hagan un uso significativo del artículo 15 de la ley Nº 14.824 y sus disposiciones reglamentarias. Para dicho control la Dirección contará con la asesoría de la Comisión para el Fomento de la Industria Automotriz.

5º.- El procedimiento para fijar el precio máximo de un mismo modelo de vehículo producido por industrias que para la integración hagan uso del régimen que señala el artículo 15 de la ley Nº 14.824, y por industrias que no hagan uso de tal régimen, será el que establece, respectivamente, para cada caso, el presente decreto.

6º.- El presente decreto tiene los mismos efectos legales de una "orden" de la Dirección de Industria y Comercio y las infracciones a sus normas serán sancionadas de conformidad al decreto supremo Nº 1.262, citado, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

7º.- Este decreto entrará a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de cumplirse con posterioridad con el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Nº 10.336.

Anótese, publíquese y tómese razón.- E. Freí M.- Domingo Santa María S.C.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

Dios guarde a Ud.- Arturo Montes R., Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción Suplente".

El señor SANHUEZA.-

A pesar de estos decretos, los comerciantes y distribuidores, valiéndose de diversos arbitrios, comenzaron, sin ocultarlo, a burlar los efectos de los decretos del Supremo Gobierno.

Además, adelantando materias, a los integrantes de vuestra Comisión Especial Investigadora, los citados decretos supremos les merecieron varias observaciones. En resumen, las principales eran:

1º.- Dejar al margen de la fijación de precios a los vehículos motorizados armados en Arica, integrados en el marco de la ALALC, y

2º.- El alto coeficiente señalado para fijar los precios oficiales; es decir, el precio del vehículo original "standard", armado completo, que rija en la fábrica motriz como precio FOF-Fábrica para su envío a distribuidores a países de libre convertibilidad, exento de impuestos u otros recargos, y sin embalaje, multiplicado por el coeficiente 5,4. La multiplicación de ese valor por este alto coeficiente de 5,4, determina el precio máximo en el país.

En el hecho, comerciantes y distribuidores "paralizaron" las ventas y comenzaron a "crear" factores que agregaban al precio máximo, con lo cual burlaban la fijación de precios y aumentaban sus ganancias. Por este sistema, dejaron sin efecto -ésa es la triste realidad- las medidas de fijación de precios.

Preocupada de esta situación, la Comisión Investigadora celebró una sesión el 29 de marzo de 1966, cuya versión taquigráfica está a disposición de los Honorables colegas.

Interesantes párrafos de ella fueron seleccionados por la Secretaría de la Comisión e insertados en las páginas 42 a 44 del informe, que, en obsequio a la brevedad, no leeré, pero que solicito a mis Honorables colegas los estudien detenidamente.

El Subsecretario de Economía, que asistió en representación del Ministro, que entonces se encontraba en una conferencia que se celebraba en Buenos Aires, definió los propósitos del Gobierno al dictar los decretos de control de precio de los vehículos motorizados, diciendo que "el Ministerio de Economía está firmemente resuelto a cumplir este decreto hasta sus últimas consecuencias. En esta materia hay decisión oficial, definitiva y total", decía el señor Subsecretario.

"Por lo tanto -agregaba- quisiera pedir, casi en calidad de favor a la Comisión, como muestra de cooperación a la labor del Supremo Gobierno, en esta materia, que toda información o denuncia que reciban los señores Diputados o la Comisión en conjunto, por favor, se sirvan transmitirla, en forma inmediata, pues nuestro deseo es proceder oportuna y drásticamente."

Este llamado -como se verá más adelante- fue cumplido por la Comisión; pero, desgraciadamente, no hubo reciprocidad de parte del señor Subsecretario en orden a cumplir este propósito en forma dura, enérgica y hasta las últimas consecuencias.

A la Comisión Especial Investigadora no le pareció justa la situación de excepción para determinadas armadurías en Arica. Esta calidad de "verdaderos intocables" las beneficiaba. Adelantándome en la relación cronológica de los hechos, puedo manifestar que, por desgracia, se han confirmado todas las reservas que tuvimos y que hicimos presentes en dicha sesión al señor Director de Industria y Comercio.

En efecto, sin control alguno, los precios de los vehículos motorizados de estas industrias armadoras han alcanzado niveles prohibitivos. Consta de la versión taquigráfica de la sesión 28ª de la Comisión Especial, celebrada el 29 de marzo de este año, que el señor Hernán Lacalle, Director de Industria y Comercio, frente a los categóricos requerimientos para analizar y fijar los precios a los vehículos de las armadurías que operan en el marco de la ALALC, textualmente expresó: "En cuanto al plazo para completar los estudios, estimo que, sin un compromiso formal, podría ser del orden de los dos meses, en razón de que el problema es sumamente complejo". Y agregó: "...el problema es complejo y de difícil análisis. Ustedes conocen la situación precaria en que está la Dirección en cuanto a personal y a elementos. De todas maneras, puedo comprometerme a este plazo de dos meses, pudiendo ser posible que tenga que pedir, posteriormente, otro plazo".

El Director de Industria y Comercio, señor Lacalle, no ha solicitado nuevo plazo. Este venció el 29 de mayo, y desde esa fecha, vuestra Comisión Especial Investigadora sigue esperando del Gobierno la dictación de un decreto supremo que regule las condiciones de venta de los vehículos de producción nacional acogidos al decreto supremo 835, de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (integrados en el marco de la ALALC).

Al término de mis observaciones me referiré a la fundamentación de algunos proyectos de acuerdo que hemos suscrito varios señores Diputados, para ser sometidos a recomendación para la consideración de la Cámara.

En algunos de ellos se hace particular mención a estas industrias y se solicita que también se les aplique fijación de precios a los vehículos que arman.

Han destruido, con su desmedido afán de lucro, la ilusión que pudieron abrigar algunos personeros del Ejecutivo en orden a que se autocontrolarían. Por una lejana integración que está operando en forma muy incipiente, no se puede permitir el abuso y la burla. De no ser así, la conveniente idea de la integración y complementación de las economías del área, se está malogrando y haciendo que los pueblos, que son los que en última instancia, con su acción, hacen posibles los procesos integradores, pierdan confianza en estas ideas motoras, que dinamizan el proceso de la integración económica. Ella y el lento período de ajuste de las economías nacionales, no son para beneficio de algunos aprovechadores que quieren disfrutar de desmedidas ventajas.

La verdad es que en torno de todo este problema y de la dictación de estos decretos, la Comisión ha comprobado, con pesar, que en la práctica han sido totalmente inoperantes; aún más, no sólo han sido eso, sino que han servido también para que el precio de los automóviles, como una respuesta y como haciendo una burla no sólo al trabajo de esta Comisión y a la Cámara, sino a la decisión del Gobierno de poner fin a la especulación en la venta de estos vehículos, haya sido alzado buscando para ello todo tipo de subterfugios.

En las páginas 47, 48 y 49 del informe, aparece la lista de los precios de los automóviles y camionetas fijados por la Dirección de Industria y Comercio, el 20 de abril de 1966, en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 301, de 4 de marzo del mismo año, que reguló las condiciones de venta de esos vehículos. Es importante revisar estos precios, ya que, como lo apreciarán los Honorables colegas, han sido variados considerablemente, en perjuicio de los chilenos que desean adquirir un automóvil.

Las listas de precios son las siguientes:

LISTAS DE PRECIOS

Tan cierta es la afirmación que he hecho y que hace la Comisión Especial Investigadora en su informe, en el sentido de que, adoptada por el Supremo Gobierno la pedida de fijación de precios, se produjo una suspensión de ventas, que el Director de Industria y Comercio, IngenieroHernán Lacalle, debió dictar la Resolución Nº 179, publicada el 22 de marzo de 1966, en que se exigió a los comerciantes, entre otras materias, lo siguiente:

Mantener a la vista del público, en sus locales de venta, y en un lugar destacado, la lista de precios a que se refiere el Decreto Supremo Nº 301, del Ministerio de Economía, debidamente autorizado.

Deberían presentar a la Dirección de||AMPERSAND||quot; Industria y Comercio, dentro del plazo fatal de cinco días, una "declaración jurada" sobre los siguientes puntos: stock de automóviles armados listos para ser entregados al público y en poder de los distribuidores.

Como este documento, dictado por las autoridades del Ministerio de Economía para contrarrestar los procedimientos arbitrarios empleados por los armadores y distribuidores, es tan fundamental, deseo se inserte en mi exposición. Dice:

"Santiago, 21 de marzo de 1966.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Núm. 179.- Vistos: las facultades que me confieren el D.F.L. Nº 242 de 1960, en relación con el decreto supremo Nº 1.262, de 1953 y decreto supremo Nº 338, de 1945, ambos del Ministerio de Economía, y los decretos 267 y 301, de 1966, del mismo Ministerio

Resuelvo:

lº.- Los fabricantes que vendan directamente al público automóviles y camionetas, los distribuidores y comerciantes de los mismos vehículos, deberán mantener a la vista del público en sus locales de venta y en lugar destacado las listas de precios a que se refiere el artículo 2º del decreto supremo Nº 361, de 1966 del

Ministerio de Economía, debidamente autorizadas por esta Dirección.

Estas listas deberán contener las siguientes menciones: marca del vehículo, modelo y precios de venta al público en escudos.

Esta obligación se hará exigible después de transcurridos 3 días, contados desde la publicación de la presente resolución.

2º.- Las personas a que se refiere el número anterior, deberán presentar a la Dirección de Industria y Comercio, dentro del término de cinco días, una declaración jurada sobre los siguientes puntos:

Stock de automóviles armados, listos para ser entregados al público y en poder de los distribuidores;

Stock de vehículos armados que se encuentran en poder de los armadores o en tránsito a los distribuidores;

Número de vehículos armados o por armar, que se encuentran en tránsito del exterior, ya sea en aduanas o embarca-dos;

Número de vehículos armados o por armar, considerados en embarques comprometidos;

En todos los casos deberá individualizarse el vehículo con número de motor y chasis.

3º.- Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas de acuerdo a las normas del decreto supremo 1.262 y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.

4º.- Esta resolución regirá desde la fecha de publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de cumplir posteriormente con el trámite de toma de razón por la Contrataría General de la República".

Anótese, publíquese y tómese razón.- Hernán Lacalle S., Ing. Director de Industria y Comercio.- Jorge Arancibia M., Fiscal."

Uno de los factores empleados por los armadores y distribuidores para burlar la filiación de precios, fue el de cobrar sobreprecio por los vehículos motorizados, como consecuencia de la incorporación de los "elementos opcionales".

Ruego a mis Honorable colegas fijarse en la fecha: el 5 de mayo de 1966, se publicó en el "Diario Oficial" el decreto supremo N° 501, que fija normas sobre los elementos opcionales.

En el Nº lº del decreto supremo 501, que lleva la firma del Presidente, Excelentísimo señor Eduardo Frei y de su Ministro de Economía, don Domingo Santa María, se prohíbe a los armadores de vehículos motorizados afectos al régimen de precios dispuesto por el decreto supremo Nº 301, de 4 de marzo de 1966, incluir en ellos algún elemento opcional, sin la previa autorización de la Dirección de Industria y Comercio.

Se establece, además, la facultad del comprador para aceptar o rechazar dichos elementos opcionales. En caso de estar el elemento opcional incorporado de hecho al vehículo, el comprador deberá pagar al vendedor, por concepto de gastos de montaje y desmontaje, una suma equivalente al 5% del valor determinado por la Dirección de Industria y Comercio para ese elemento opcional.

El decreto que fija normas sobre los "elementos opcionales" en los vehículos motorizados, dice:

"Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción

Dirección de Industria y Comercio

Normas sobre elementos opcionales en los vehículos motorizados que indica.

Santiago, 22 de abril de 1966.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 501.- Que por decreto Nº 267, de 4 de marzo de 1966, fueron declarados de primera necesidad los vehículos motorizados y sus diversas piezas, conjuntos y sub-conjuntos;

Que por decreto N° 301, de 4 de marzo de 1966, de este Ministerio, se dispuso la fijación de precios para los vehículos motorizados, modelo standard, que ahí se señalan;

Que al aplicarse dicho decreto se ha comprobado que, actualmente, casi la totalidad de los vehículos armados en Chile llevan algún elemento del tipo denominado opcional, que no figura en el despiece aprobado por la autoridad competente;

Que aunque dichos elementos son generalmente aceptados por los compradores, es de toda conveniencia regular su aplicación y determinar su precio, y

Vistos: lo dispuesto en el D.F.L. Nº 88, de 1953; en el D.F.L. Nº 242, de 1960, en relación con el decreto supremo Nº 1.262, de 30 de diciembre de 1953 y lo expuesto por el Director de Industria y Comercio en el oficio pertinente,

Decreto:

lº.- Prohíbese a los armadores de vehículos motorizados afectos al régimen de precios dispuesto por el decreto N° 301, de 4 de marzo de 1966, incluir en ellos algún elemento opcional sin la previa autorización de la Dirección de Industria y Comercio.

Todo elemento opcional ya incorporado o que se incorpore por los armadores en los vehículos a que se refiere el inciso anterior, deberá tener precio fijado por la Dirección de Industria y Comercio.

2º.- Ningún elemento opcional que no esté incluido en los despieces aprobados por decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para los vehículos motorizados a que se refiere el artículo primero, podrá ser impuesto al comprador si éste lo rechazare. En este evento, para el caso de estar ese elemento incorporado de hecho al vehículo, el comprador deberá pagar al vendedor por concepto de gastos de montaje y desmontaje, una suma equivalente al 5% del valor determinado por la Dirección de Industria y Comercio para ese elemento opcional.

3º.- Los fabricantes que vendan directamente al público automóviles y camionetas, los distribuidores y comerciantes de los mismos vehículos, deberán mantener a la vista del público en sus locales de venta y en un lugar destacado, además de las listas a que se refiere el artículo primero de la resolución Nº 179, de 22 de marzo último, de esta Dirección, un cartel que contenga las siguientes menciones:

a) Precio de los elementos opcionales incluidos en el vehículo original standard y que no formen parte del despiece aprobado;

b) Facultad del comprador para aceptar o rechazar dichos elementos opcionales, y

c) Valor de los gastos adicionales de montaje y desmontaje de los elementos opcionales en los términos del artículo segundo del presente decreto.

4º.- El presente decreto tiene los mismos efectos de una "orden" de la Dirección de Industria y Comercio y su infracción será sancionada conforme a las disposiciones del decreto supremo Nº 1.262, citado, y de otros textos legales vigentes.

5º.- A fin de que no pierda su oportunidad, este decreto entrará en vigencia desde su publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de su trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República.

Anótese, publíquese y tómese razón.- E. Freí M.- Domingo Santa María S. C.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Dios guarde a Ud.- Arturo Montes Rodríguez, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción".

Aceptada la existencia de los elementos opcionales, que venían siendo cobrados pollos distribuidores y comerciantes, el Supremo Gobierno debió dictar una nueva resolución. Fue publicada en el Diario Oficial, el 20 de mayo de 1966.

En su Nº 1 establece que el precio de venta al público, excluido el impuesto a la compraventa, de los elementos opcionales de automóviles, a que se refiere el decreto Nº 501, de mayo de 1966, será el equivalente a 3,7 veces, como máximo, el precio FOB-Fábrica.

Dispuso, asimismo, en el Nº 2, que los fabricantes o armadores deberán entregar en las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio, antes del 30 de mayo de 1966, las listas de precio al público, resultantes de aplicar el coeficiente 3,7, haciéndose responsable, bajo juramento, del valor FOB declarado en su presentación y de los cálculos correspondientes para obtener el precio al público.

Es elocuente, como actitud de los personeros del Ministerio de Economía, el remitir la determinación del valor a los industriales; aun cuando, en parte, esto pueda resultar paleado por la declaración, exigida bajo juramento, de ser verdaderos el valor FOB declarado y los cálculos correspondientes.

La citada resolución, que con los decretos supremos ya transcritos, van conformando el sistema de comercialización vigente, es del tenor siguiente:

"Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción

Dirección de Industria y Comercio

Fija precio máximo de venta para los elementos opcionales de automóviles

(Resolución)

Santiago, 17 de mayo de 1966.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Núm. 338.- Teniendo presente: Que por decreto supremo Nº 301, de 4 de marzo de 1966 de este Ministerio se fijó precio a los vehículos motorizados modelo standard que ahí se señalan.

Que por decreto supremo Nº 501, de 5 de mayo de 1966, se establecieron normas sobre elementos opcionales en los vehículos motorizados que ahí se indican, y

Vistos: lo dispuesto en el D.F.L. Nº 88 de 1953; el D.F.L. Nº 242, de 1960, en relación con el decreto supremo Nº 1.262, de 30 de diciembre de 1953; el decreto supremo Nº 267, de 4 de marzo de 1966; en los decretos supremos números 301 y 501, de 4 de marzo y 5 de mayo de 1966, respectivamente y el informe correspondiente,

Resuelvo:

1.- El precio máximo de venta al público, excluido el impuesto a la compraventa, de los elementos opcionales de automóviles a que se refiere el decreto Nº 501, de 5 de mayo de 1966, será el equivalente a 3,7 veces como máximo el precio FOB-Fábrica, que rija en casa matriz expresado en escudos al cambio libre bancario futuro.

2.- Los fabricantes o armadores a que se refiere el decreto supremo Nº 501, ya individualizado, deberán entregar en las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio, antes del 30 de mayo de 1966, las listas de precios al público resultantes de aplicar el coeficiente arriba señalado, haciéndose responsables bajo juramento del valor FOB declarado en su presentación y de los cálculos correspondientes para obtener el precio a público.

3.- La presente resolución tiene los mismos efectos legales de una orden de la Dirección de Industria y Comercio y su infracción será sancionada conforme a las disposiciones del decreto supremo Nº 1262, ya citado, y de otros textos legales y reglamentarios vigentes.

4.- De conformidad con el inciso segundo del artículo Nº 158, de la ley número 16.464, la presente resolución se aplicará de inmediato, sin perjuicio de cumplirse posteriormente con el trámite de "toma de razón" por la Contraloría General de la República.

Anótese, publíquese y tómese razón.- Hernán Lacalle S., Ing. Director de Industria y Comercio.- Jorge Arancibia M., Fiscal.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.- Secretario General".

Estudio de los elementos opcionales incorporados a los vehículos motorizados.- La Comisión Especial Investigadora acordó, en sesión celebrada el 17 de mayo de 1966, dirigir oficio al señor Director de Industria y Comercio, solicitándole "se sirva informarla acerca de cuáles son los elementos opcionales incorporados a los tipos standard de automóviles, cuyos precios fueron fijados en conformidad al Decreto Supremo, ello en razón de las denuncias, innumerables y variadas, que habían recibido los integrantes de la Comisión Especial Investigadora sobre los elementos opcionales incorporados por los armadores.

La Comisión Especial Investigadora se preocupó también de verificar si en el comercio se vendían vehículos motorizados tipo standard. Se pudo comprobar que los únicos vehículos que los comerciantes ofrecían, eran vehículos a los cuales habían incorporado, sin que lo solicitara el futuro adquirente, diversos elementos opcionales.

Se alzaban así, injusta y ficticiamente, los precios. En el hecho, se trataba de una "venta condicionada". O se aceptaban los vehículos con los elementos opcionales o no había posibilidad de adquirirlos.

Por oficio N 4.809, de 13 de julio de 1966, el Director de Industria y Comercio, IngenieroHernán Lacalle Soza, envió a la Comisión Especial Investigadora la nómina y el valor de los elementos opcionales.

El documento respectivo dice:

NOMINA Y VALOR DE ELEMENTOS OPCIONALES DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Es curioso observar cómo hay una gran variación entre los elementos opcionales de diversas marcas. Por ejemplo, Alberto Avayú y Cía., incluye como elementos opcionales del Opel Rekord 1.700, una radio que vale Eº 847,32; una caja de cambio de cuatro velocidades, Eº 259,13. La S. A. Importsur, que arma automóviles "Volvo", incluye como opcionales una radio parlante de E° 1.360; calefacción, Eº 992; dos correas de seguridad para asiento delantero, Eº 567; suplemento por tapicería de lujo, simple suplemento, Eº 1.560. Como es posible apreciar, en las correas y en la tapicería de lujo hay un recargo de dos mil escudos.

Hay, como digo, varios otros precios.

El Acadian tiene, entre otros, los siguientes precios, por artículos opcionales que son curiosos y conviene meditar: radio, Eº 670,18; asientos reforzados, Eº 62,80; tablero acolchado, Eº 208,96; limpiador de dos velocidades y lavaparabrisas, Eº 196,74; motor de baja comprensión, Eº 53,65; tapas rueda tipo sport, Eº 245,74; emblemas y molduras tipo sport, Eº 246,18; neumáticos sobre medida, banda blanca, reforzado y aros de sobre medida, Eº 836,11; trasmisión automática, Eº 2.151,91; accionamiento eléctrico de reloj, Eº 102,22, etcétera.

En la página 58 del informe, aparece un cuadro confeccionado por la Secretaría de la Comisión, en el cual, en una columna, aparece el precio determinado por la Dirección de Industria y Comercio, conforme al oficio Nº 3.327, de 26 de abril de 1966, y en otra, el precio total de los elementos opcionales, en conformidad a lo señalado en el oficio Nº 4.809, de 13 de junio, de esa misma Dirección.

Así, por ejemplo, en este cuadro confeccionado por la Comisión, tenemos que la Industria Nissan Motor Chile, por el auto Datsun, tiene un precio determinado de Eº 21.614, incluido el impuesto de compraventa, por concepto de piezas opcionales, fuera de ese precio, Eº 654,34 más. La firma Alberto Avayú, por el Opel Rekord, tiene Eº 29.115 como precio oficial y, por partes opcionales, Eº 1.106,45 más. Sin embargo, Manufacturas Nun y Germán tiene, por el Simca 1.000, un precio de Eº 22.494,96 y, por artículos opcionales, Eº 2.724. El Volvo tiene un precio fijado de Eº 33.494,96 y, por concepto de piezas opcionales, un sobreprecio de E° 4.479.

Comerciantes y distribuidores, además del sobreprecio que cobran por estos elementos opcionales en la forma que se ha indicado, recargan el precio de los vehículos motorizados con el flete Arica-Santiago, más el seguro, en valores muy dispares para vehículos de condiciones de peso y porte, semejantes.

Como observación sobre este procedimiento adoptado por comerciantes y distribuidores, debo, en primer lugar, señalar que en el precio determinado por la Dirección de Industria y Comercio para los automóviles y camionetas no figura como rubro aparte el flete Arica-Santiago. Además, en el oficio Nº 4.809, de 13 de junio, del Director de Industria y Comercio, señor Hernán Lacalle, no figura el que se puedan cobrar como valores adicionales el flete Arica-Santiago y el seguro.

Esto, evidentemente, es gravísimo, ya que en muchos casos suma una cantidad del orden de un 25% del total del precio de los artículos opcionales, y tiene que ser pagada sin que exista ningún control sobre esta materia, ya que cada uno cobra lo que quiere.

A mayor abundamiento, puedo decir a la Honorable Cámara que en ninguno de los decretos supremos, como había indicado, se autoriza este cobro. Aun más, la norma general con respecto a la fijación de precio para determinados artículos no es ésta.

Adelantando materia, puedo indicar que presentaremos un proyecto de acuerdo en que solicitaremos el término de este sistema, que distorsiona la realidad y que permite a comerciantes y distribuidores ganancias marginales, difíciles de probar, pero de fácil "constatación".

En efecto, usando los mismos medios de movilización y transporte entre Arica y Santiago, para vehículos de tamaño, peso y valor muy semejantes, comerciantes y distribuidores cobran precios extraordinariamente dispares por los conceptos de fletes y seguros.

El precio de los vehículos motorizados -es un hecho cierto- actualmente se obtiene de sumar el precio determinado en la lista de la Dirección de Industria y Comercio, de 20 de abril de 1966, que aparece transcrita en la página 47 del informe, más el valor de los elementos opcionales consignados en el oficio Nº 4.809, de 13 de junio, del Director de Industria y Comercio, más el valor de flete y seguros, fijado libremente por los distribuidores, y más los intereses legales por el saldo adeudado. Resulta, entonces, una diferencia muy notoria, superior, a veces, al 30%, entre el valor fijado por el Supremo Gobierno para los vehículos motorizados y el valor que deben pagar los adquirentes de automóviles y camiones, que es, en definitiva, el que cuenta.

Como observación general de vuestra Comisión Especial Investigadora, en cuya representación hablo, destaco que sólo algunas firmas han sido autorizadas para incorporar y cobrar estos elementos opcionales.

Ruego a mis Honorables colegas estudiar el oficio Nº 4.809, del Director de Industria y Comercio, que aparece consignado en las páginas 53 a 55 del informe, que corrobora lo que estoy sosteniendo.

En segundo lugar, objetamos el hecho de que sean considerados como "elementos opcionales" piezas, partes y accesorios fundamentales, sin los cuales, prácticamente, no se concibe el funcionamiento normal y la seguridad que debe prestar un vehículo motorizado.

Aun más, se consideran elementos opcionales, para ciertos vehículos, elementos que no merecen tal calificación en otros autos.

A Vuestra Comisión, y adelantándose a una posible objeción, no le parece posible que en ciertos vehículos "standard" no figuren elementos tan indispensables. De haberse aceptado como tipo "standard" un vehículo sin esos elementos, indudablemente que sería una omisión negligente de las autoridades administrativas.

Así, por vía de ejemplo, se considera elemento opcional, en el automóvil Volvo, la calefacción, y no en el Opel Rekord, en el Simca 1.000, en fel Triumph Herald, en el Chevy II, en el Acadian, etcétera.

Nadie, sensatamente, podrá sostener que el clima de Suecia, país de origen de los Volvo, es más benigno que el de países como Alemania, Italia, Francia, Canadá, países de origen de vehículos donde la calefacción está considerada dentro del modelo "standard", por cuanto se la considera indispensable.

Sí bien es cierto que se trata de modelos distintos, los elementos opcionales alcanzan diferencias muy notorias. Así, por ejemplo, la radio del auto japonés Datsun tiene un valor de Eº 654,34; la radio del Opel Rekord, Eº 847,32. Es conocida la calidad de los aparatos electrónicos japoneses y alemanes, que son mundialmente afamados. La radio con antena y parlante del auto Volvo se cotiza en Eº 1.360: más del doble del valor de la del Datsun y Eº 503 más que la radio alemana del auto Opel.

Se autoriza a la firma IMPORTSUR S. A. C, que arma el auto Volvo, a cobrar, por "suplemento por tapicería de lujo", la cantidad de Eº 1.560. En cambio, la Industria de Vehículos Motorizados Javier Echeverría A., por el Triumph Herald 1.200, se la autoriza, por este mismo concepto, para cobrar sólo Eº 274,82; a la firma NUN & GERMAN, por el Simca, 1.000, Eº 698; a EMSA, Equipos Mecánicos, por el Chevy II, sólo Eº 55,26, etcétera.

No escapó a vuestra Comisión que se trata de modelos distintos, pero las diferencias son también muy notorias.

Los elementos opcionales autorizados a algunas firmas, contenidos en el oficio transcrito, son dignos de ser estudiados con detenimiento, pues son altamente reveladores de un privilegio que vuestra Comisión rechaza.

Hemos sostenido que dictado el decreto supremo Nº 301, de 4 de marzo de 1966, se produjo una negativa de venta. Hemos sostenido, también, que comerciantes y distribuidores fueron creando nuevas modalidades en la comercialización de los vehículos motorizados y que, por desgracia, las autoridades las fueron reconociendo reglamentariamente.

En el caso de los elementos opcionales, por ejemplo, obra en poder de vuestra Comisión Especial Investigadora una Circular. Dice ella:

"FEDERIC S. A. C. I.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Oficina General

Estación de Servicio

Caupolicán 1159 Teléfono 255496

Casilla: 9961

Cables: Nsuprinz

Telex: SGO. 260 Nsuprinz

Salones de venta Santiago Providencia 753-763 Tel. 255846 Alameda 241. Tel. 382834

Santiago, 19 de abril de 1966 Señores

Muy señores nuestros:

Por la presente nos es grato informarles que pueden reanudar las ventas de nuestros automóviles marca "NSU" modelo Prinz 1000 a los precios oficiales fijados y timbrados por la Dirección de Industria y Comercio y que son los siguiente:

Venta al contado auto Standar Eº 22.251

Radio, incluido impuesto 720

Gastos flete y seguro 876

Gastos notariales, inscripciones y prenda 150

Accesorios:

Tapicería de lujo Bandas blancas

Parachoques completos cromados con sus defensas

Cubierta acolchada piso valijera delantera

Dos cubiertas acolchadas para descanso brazo izquierda y derecha

Vidrio giratorio derecho e izquierdo trasero

Marcos cromados para ventanilla giratoria superior izquierda Marcos cromados para ventanilla giratoria superior derecha

Varilla cromada de parabrisas delantera

Varilla cromada vidrio trasero 903

Eº 24.900

Los intereses deben ser del 19% anual más 15% Cifra de Negocios.

También deben cobrarse las estampillas correspondientes por las letras que se acepten.

Sin más saluda a Uds. como sus Attos. y Ss. Ss. Federic S. A. C. I."

Así, si tuviéramos que analizar cada una de las diferencias que existen entre las diversas piezas y artículos opcionales, veríamos -y eso ha sido lo que comprobó la Comisión- que son valores apreciables y que no se justifican, por los estudios que hemos realizado.

Oportunamente, pasaremos a comentar los proyectos de acuerdo que se presentarán a la consideración de esta Corporación, en los que hay, como he adelantado, una proposición concreta sobre el decreto de los elementos opcionales. Nosotros vamos a solicitar a la Honorable Cámara que acuerde la eliminación de este decreto, porque, por lo que hemos manifestado, por los estudios que hemos hecho -y así lo demostrarán también, seguramente, las intervenciones que harán los Honorables colegas en esta sesión-, ha sido un decreto innecesario, que sólo ha producido confusión y aumento en el costo de los vehículos.

Decía anteriormente que, en esa reunión a que asistió, el señor Subsecretario pidió la colaboración de la Comisión. Nosotros hemos cumplido y consideramos que no se ha tenido la firmeza necesaria por el Ministerio, esa misma firmeza que se nos prometió en la Comisión, cuando se nos requirió ese apoyo.

En efecto, nuestra Comisión cumplió, pues las denuncias que llegaron a nosotros, y que fueron muchas, sobre infracción a los decretos antes mencionados y sobre excesos de precio que se estaban cobrando por los vehículos, las pusimos en conocimiento del señor Director de Industria y Comercio. Estas denuncias fueron lo suficientemente serias como para que recibiéramos de parte del señor Director el oficio Nº 334, de 7 de julio de 1966, que, en sus partes pertinentes, expresa:

"En el caso del Opel Rekord 1.700, se comprobó que la firma Avayú y Cía. cobró por este modelo Eº 33.510, en vez de Eº 32.264, que es el valor que corresponde al tipo standar.

"Establecido el sobreprecio, se le dejó cédula de infracción Nº 27.881.

"También se verificó venta a mayor precio en la firma García Solano, que por un automóvil Acadian standard, con equipos opcionales, cobró Eº 45.242,07. Como su precio máximo autorizado es de Eº 44.127,86, se le extendió cédula de infracción Nº 278.866.

"Por último, en la firma Federic S. A. C. I. se estableció la venta del NSU Prinz 1,000, tipo standard, con equipo opcional, en Eº 26.640. Dado el hecho de que sólo correspondía cobrar" -pongan atención los Honorables colegas- Eº 22.616,06, se procedió a notificarle la infracción mediante cédula Nº 27.887."

Es decir, esta firma se había dado el lujo de cobrar cerca de Eº 4.000 de sobreprecio.

El señor SANHUEZA.-

¿Me permite, Honorable colega?

Yo me he limitado a dar lectura al informe que nos envió el Director de Industria y Comercio, don Hernán Lacalle, que dice:

"Por último, en la firma Federic S. A. C. I. se estableció la venta del NSU Prinz 1.000, tipo standard, con equipo opcional, en Eº 26.640. Dado el hecho de que sólo correspondía cobrar Eº 22.616,06, se procedió a notificarle la infracción mediante cédula Nº 27.887".

En este caso, y de acuerdo con el oficio que llegó a la Comisión, la diferencia es de cerca de Eº 4.000.

Paso, en seguida, a informar sobre otro aspecto de nuestro estudio, que se relaciona con la internación de vehículos.

Decíamos, al comenzar la intervención, que en esta investigación sobre la industria automotriz no sólo debíamos analizar la fabricación o armaduría de vehículos chilenos, sino también la internación de vehículos, aspecto muy importante en el que interesa sobremanera aclarar lo relativo al precio y a la forma en que se han internado los automóviles, porque éste ha sido un negocio que, como ha tenido conocimiento ya la mayoría de los Honorables colegas, se ha prestado en muchos casos a hechos delictuosos, pues se han evadido tributos, se han violado leyes y convenios internacionales, etcétera.

En las páginas 60 a 62 del informe, que está a disposición de los señores Diputados, aparece abordado este aspecto de la investigación. Por lo tanto, no me voy a referir a él en la forma exhaustiva en que hubiera deseado, sobre todo si tomamos en cuenta que también algunos Honorables colegas van a referirse precisamente a la materia.

Sin embargo, en relación con esto mismo, debo dejar constancia de que en una de las últimas sesiones de la Comisión Especial Investigadora, se acordó enviar un oficio, de fecha 21 de julio de 1966, al señor Superintendente de Aduanas, en el cual se le solicitó, a la mayor brevedad posible, una nómina completa de los vehículos internados en el país liberados de impuestos y derechos, en los últimos dos años. Asimismo, la Comisión le solicitó se sirviera individualizar a los representantes y diplomáticos acreditados ante el Gobierno, las Misiones, Agencias y' organismos internacionales, con indicación del nombre, cargo, y grado de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional que regresan al país, y de los funcionarios chilenos pertenecientes a organismos internacionales que regresaron definitivamente al país; como también la marca, modelo, año y valor del vehículo y cualquiera otra información complementaria que pudiera ilustrar a la Comisión sobre esta materia.

La Comisión Especial Investigadora acordó, una vez recibido el oficio del Superintendente de Aduanas, celebrar una sesión especial para ampliar este aspecto de su investigación, con invitación al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al Jefe del Departamento de Liberaciones. Es un aspecto importante, pues se conjugan diversos factores. En primer lugar, la Comisión Especial Investigadora deseaba conocer las disposiciones que permiten internar los vehículos motorizados y otros bienes, pues el factor "reciprocidad", a que se alude, no le parece justo. Asimismo, quería conocer el estatuto preciso a que están sometidos, sobre este particular los funcionarios de los organismos internacionales.

El sistema actual, que autoriza importar vehículos liberados a todas estas personas, les permite, también venderlos al término de dos años.

Como el precio actual de modelos que no se arman en Chile es extraordinariamente alto, los diplomáticos y personal de las agencias u organismos internacionales obtienen por ellos cuatro o cinco veces el valor en dólares del vehículo que cada dos años pueden importar con tratamiento tributario de excepción.

Así, por concepto de la compra de estos vehículos, se produce una salida de dólares superior, en la mayoría de los casos, a 8.000 dólares por unidad. Vendido el auto cuando ya se ha cumplido el plazo, el diplomático o el personal de las agencias especializadas interna otro, con parte de los dólares que obtuvo de la venta de su vehículo antiguo y deja en el extranjero los dólares restantes.

Es importante recordar que, de acuerdo con las cifras que proporcioné, después de dos años, ellos venden un auto aquí en 8.000 dólares, y con eso pueden traer otro por un valor de 1.700 a 1.800 dólares. El saldo de los dólares que ellos obtuvieron siempre queda fuera del país.

Sin ofender a nadie, pero con la certeza absoluta de que es así, podemos informar que el personal de las Embajadas, de los organismos internacionales, de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, obtiene por este concepto ganancias solamente posibles por el régimen de excepción a que están afectos y por el distorsionado y anárquico mercado interno de vehículos motorizados.

Los compradores chilenos de vehículos de diplomáticos y del personal de las agencias internacionales están fomentando la bolsa negra de dólares; pues, las más de las veces, estos vehículos son vendidos en moneda nacional o en su equivalente en dólares. Por supuesto, el diplomático o miembro de una agencia especializada reduce los escudos a dólares, fomentando la demanda de éstos en el mercado negro.

Sabemos -no nos consta- que algunos gobiernos han estado dictando normas sobre las ventas de los automóviles y otros bienes que hacen los miembros de sus misiones diplomáticas.

Con fecha 23 de agosto de 1966, por oficio Nº 5.088, el Superintendente de Aduanas, don Alberto Líbano Mesa, remitió a la Comisión Especial Investigadora una nómina de los vehículos internados desde julio de 1964 a julio de 1966, por los funcionarios diplomáticos, consulares y de organismos internacionales, actualmente acreditados ante nuestro Gobierno, como también de todos los funcionarios chilenos que han regresado al país, luego de una misión en el exterior.

Dice en su oficio que, "dada la urgencia que usted tiene por esta nómina, no se han incluido los funcionarios extranjeros que han cesado y que figuran con internación de vehículos en ese lapso, trabajo que será enviado tan pronto sea finalizado."

Con la colaboración de la Secretaría de la Comisión, he ordenado los antecedentes entregados por el señor Superintendente de Aduanas.

Según el cuadro que está adjunto, los vehículos internados por el personal de las Embajadas ascienden a 324; el personal de las agencias y organismos internacionales internó al país 483 vehículos; y los funcionarios chilenos que regresan al país, 262 autos. En total, han ingresado con franquicias, considerando el rubro diplomáticos, agencias y chilenos de regreso, 1.069 vehículos, en dos años.

A ellos debemos agregar, como fluye del oficio del señor Superintendente de Aduanas, "los funcionarios extranjeros que han cesado y que figuran con internación de vehículos, en ese lapso", cuya nómina no fue posible enviar.

Hay que recordar también, para mantener una comparación entre estas cifras, que durante los años 1965 y 1966, las 22 armadurías de Arica armaron sólo 16.427 vehículos. ¡En dos años! E ingresaron, como digo, 1.069 vehículos liberados de derechos y de todo tipo de gravamen.

Agregúese que, si se revisa la lista de vehículos internados, se comprueba que ellos son autos de marcas muy acreditadas y en los modelos de mayor calidad.

Tengo el cuadro enviado por la Superintendencia, pero no lo voy a leer porque es muy extenso y ha sido hecho por la Secretaría de la Comisión; en él figuran las Embajadas acreditadas en el país, por orden alfabético, y en él se ve que han ingresado, en total, 324 vehículos. Desgraciadamente, estos cuadros, que fueron elaborados por la Secretaría de la Comisión, no pudieron ser incluidos en el informe que está en poder de los señores Diputados, porque se recibieron después de su impresión.

Sin embargo, sería interesante que los señores Diputados supieran, más o menos, el número de automóviles que han ingresado, no tanto por las Embajadas, sino también por los organismos internacionales.

Así es como el Instituto de Asuntos Interamericanos ha internado, en dos años, 102 automóviles; la Comisión Económica para América Latina, 141; la FAO, 34; la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 1; el Comité para las Migraciones Europeas, 3; European Southern Observatory, 6; Cienes, 9; el Servicio Geodésico ínter americano, 8.

Funcionarios internacionales con derecho a internar un solo vehículos durante su permanencia en el país: Asistencia Técnica Naciones Unidas, 40 automóviles; Asistencia Técnica Alemana, 17; Cooperación Técnica Francesa, 43; Acuerdo Especial de Cooperación Educacional, conforme al Convenio Asistencia Técnica con Alemania, 74; Servicio Alemán de Voluntarios, 1; Organización de Estados Americanos, 1; Asistencia Técnica Danesa, 1. Total: 483 automóviles. Los 262 restantes, para completar los 1.069 vehículos, fueron ingresados por funcionarios chilenos que regresaron al país en el lapso 1964-66. Estos automóviles, como digo, corresponden a los últimos modelos, de los precios más altos y de las marcas más apetecibles y, generalmente, son vendidos en el país en dólares.

-Los cuadros a que se ha referido el Honorable señor Sanhueza y cuya inserción se acordó con anterioridad, son los siguientes:

VEHICULOS INTERNADOS POR DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS INTERNACIONALES DESDE JULIO DE 1964 A JULIO 1966

El señor SANHUEZA.-

La información a que alude el Honorable señor Acuña está en el informe. Yo sólo hice mención a ella, pues sabía que algunos Honorables colegas se iban a referir a este problema de la internación de automóviles. No la leí, porque está contenida en la página 60 del informe.

De todas maneras, ya que el señor Diputado lo ha solicitado, debo informarle que "en el año 1964 se internaron, al amparo de la franquicia legal mencionada, 351 vehículos, de los cuales 213 pertenecieron a funcionarios del Estado; y que en el año 1965, de un total de 378 vehículos internados, 289 correspondieron a empleados públicos, de acuerdo a los antecedentes mencionados en las nóminas que se acompañan." Así dice un oficio enviado a la Comisión por el Superintendente de Aduanas Subrogante. Es decir, en 1964 se internaron 351 vehículos; y en 1965, 378; cerca de 800 vehículos. En la Comisión está la nómina completa de todas las personas que los internaron. Esta nómina es conocida por los miembros de ella y se encuentra a disposición de los señores Diputados. Como digo, el resumen está en el informe.

El señor MILLAS.-

Señora Presidenta, en verdad, hay consenso general en el país de que el número de automóviles internados es bastante superior al que aparece en estas nóminas.

Sería muy fácil que los organismos estatales verificaran cuáles automóviles han sido internados en forma fraudulenta. Para ello bastaría, ya que no hay un registro nacional de vehículos -por ejemplo, los Impala y los Mercedes Benz existen en cantidad muy superior a lo que se dice en estas nóminas-, en relación a determinadas marcas, que se solicitara de las Municipalidades del país el número de los motores de todos los vehículos que han obtenido patente y se comparara, con máquinas IBM, el número de los motores de aquellos vehículos con los que figuran en estas nóminas.

Al margen del problema planteado en relación a estas internaciones, está este otro gran escándalo nacional. En la práctica hay tolerancia, por falta de adopción de medidas de esta especie, para precisar cuáles son esos vehículos y adoptar respecto de ellos las sanciones correspondientes.

Por eso, en relación al tema señalado por el señor Diputado informante, es importante adoptar medidas expeditas y sencillas para aplicar sanciones, lo cual redundaría en beneficio de las arcas fiscales y, además, establecería un principio de equidad en esta materia, en relación a todas las internaciones fraudulentas, sobre las cuales, insisto, existe la idea en el país, que considero bastante justificada, de que son muy superiores a las señaladas en las nóminas referentes a aquellas importaciones autorizadas por conducto de organismos internacionales y de Embajadas.

Igualmente, aprovecho la oportunidad para decir que en el país se tiene la impresión, basada en el conocimiento de muchos casos individuales, de que, en general, no hay control, por falta de un registro nacional de vehículos, sobre la efectividad de la correspondencia de las patentes que pagan con el tipo de vehículo, según su marca y el año. En este sentido, también sería útil efectuar una revisión sobre la base del registro del número de los motores. Se podría elegir una marca respecto de la cual se sepa que son más corrientes los fraudes, para determinar el valor de la patente, el año y el modelo de automóvil y el número de su motor. Entonces, con estos datos, dados por la firma importadora, procesados en máquinas IBM, se podría precisar todo esto y determinar fácilmente el fraude.

La verdad es que es vasto el tema; pero he querido hacer esas referencias, relativas, precisamente, al punto que está abordando el señor Diputado, cuyas consideraciones nosotros compartimos.

Nada más, señora Presidenta.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Es nada más que para hacer una aclaración respecto a las observaciones del estimado colega señor Millas respecto al Registro Nacional de Vehículos. Tal registro ya existe en el país. Lo que no hay son los medios mecanizados para el control, en este caso, como bien señalaba Su Señoría, mediante máquinas del sistema IBM.

Pero, en realidad, hoy por hoy, para poder obtener la patente de un vehículo, éste tiene que estar inscrito en este Registro Nacional de Vehículos.

El señor SANHUEZA.-

Refiriéndome a lo que ha planteado el Honorable colega señor Millas, debo darle a conocer que eso ya se hizo presente también en la Comisión. Es así como en la página 61 del informe aparece que la Comisión acordó, con fecha 30 de marzo, enviar un oficio a los Alcaldes de diversas Municipalidades, que fueron las de Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Quinta Normal, Viña del Mar, Valparaíso, El Quisco, Algarrobo, Zapallar y Calera de Tango, pidiéndoles las nóminas de los vehículos de determinadas marcas, tal como lo ha manifestado el colega Millas, que no se arman en Chile, a saber: Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Mercedes Benz, Packard, Plymouth, Oldsmobile, Taunus, Volkswagen y Volvo. Esos Alcaldes enviaron las nóminas de los automóviles que habían obtenido patente en su respectivo Municipio, las cuales están en poder de la Comisión.

Al mismo tiempo, quiero manifestar que, personalmente, en compañía del señor Secretario, don Carlos Andrade, nos entrevistamos con el señor Director de Delitos Tributarios de Impuestos Internos, señor Rubén Celis, a fin de darle a conocer el problema que había respecto a los autos marca Mercedes Benz, en cuya internación se habían producido irregularidades que provocaron, posteriormente, una investigación, a consecuencias de la cual, en este momento se encuentran detenidas algunas personas que participaron en ellos, el Gerente de la firma y otras personas más. Así es que la preocupación y la inquietud del Honorable colega en este punto también se hicieron presentes en la Comisión, en la que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para descubrir la verdad sobre la materia.

Todavía nos faltan algunos antecedentes de la Superintendencia sobre esto mismo, que no ha sido posible obtener, debido a que algunos de estos casos están en poder de la Justicia, lo que ha hecho difícil conseguir más datos. Pero estamos seguros de que a raíz de todo este trabajo de investigación, se llegará a la implantación de un sistema mecanizado de control, como ha propuesto nuestro Honorable colega Millas, único sistema capaz de registrar y fiscalizar efectivamente estas materias, para evitar que se sigan produciendo internaciones ilegales de vehículos, porque es increíble la cantidad de autos del último modelo, que no se producen en Chile, que andan por las calles de la capital y de provincias.

He querido hacer esta aclaración, ya que, en muchos aspectos, para que no se haga muy largo este informe, a pesar de que ya he ocupado bastante tiempo, me he limitado a complementar el texto escrito que está en manos de los señores Diputados.

Quiero referirme, en este mismo aspecto, a las irregularidades observadas y a las denuncias formuladas durante la visita de la Comisión Especial Investigadora a las armadurías de Arica, que aparecen en las páginas 62 y 63 del informe, a las cuales seguramente los Honorables colegas se van a referir.

La actuación de algunos funcionarios la denunciamos responsablemente en las sesiones especiales de la Comisión destinadas a este efecto. Pusimos nuestros antecedentes en conocimiento de sus superiores jerárquicos. Asimismo, expusimos algunos de estos hechos a Su Excelencia el Presidente de la República, Excelentísimo señor Eduardo Frei Montalva, en la audiencia que nos concedió, a la que también he hecho mención.

Por oficio Nº 82, de 15 de septiembre de 1965, la Comisión Especial Investigadora acordó solicitar del señor Ministro de Justicia el estudio de un Mensaje que proponga una legislación sobre probidad administrativa y su posterior envío al Congreso Nacional.

A los integrantes de la Comisión Especial, durante la visita a las armadurías de Arica, les llamó poderosamente la atención la forma desordenada, casi sin control, en que operaba el Almacén Particular de las firmas Nun y German Imports. Prácticamente, parte del Almacén particular era una calle.

Además, nosotros hicimos también diversas gestiones tendientes a terminar con muchas de las irregularidades que comprobamos en el curso de la investigación hecha por la Comisión y que, como digo, afectaban a. un sinnúmero de personas.

Finalmente, quiero dejar constancia de que, sin perjuicio de que durante la presente sesión se presenten algunos proyectos de acuerdo concretos para que esta Honorable Cámara, si lo estima a bien, los haga suyos; es importante conocer los fundamentos y los acuerdos de la Comisión, que están en el boletín impreso que obra en poder de los señores Diputados y que figuran en las páginas 64 y 66.

Ellos, que figuran bajo el título de "Conclusiones", creo que son sumamente interesantes. Por lo tanto, me voy a permitir darles lectura:

"Vuestra Comisión Especial Investigadora os ha entregado un cuadro aproximado de cómo se desenvuelve el proceso de la armaduría y comercialización de los vehículos motorizados. Con ese propósito ha tratado de entregaros la documentación necesaria para formarse un juicio cabal sobre este complejo asunto.

Sintentizando, podría decir que su acción -así lo estima- sirvió, en parte, para interesar más a las autoridades administrativas en la fiscalización de estas actividades.

"El decreto supremo que declaró a los vehículos motorizados artículos de primera necesidad y el que les fijó precios, se debieron a su tenaz y sostenida acción. Debió vencerse la resistencia de autoridades a muy alto nivel.

"Se invocó por vuestra Comisión lo que había sucedido en la investigación anterior sobre los televisores. Hoy día se venden éstos a menos de Eº 1.800, en circunstancias que cuando vuestra Comisión inició, como es sabido, sus actividades, éstos alcanzaban un precio de Eº 4.200.

"Comprende vuestra Comisión Especial Investigadora que la comercialización de los vehículos motorizados, su anarquía, y sus abusos se han debido, en gran parte, a la falta de una legislación adecuada.

Mucho se habla de los salarios, de la fuente de trabajo que para Arica han significado las armadurías. Algo hay de cierto, pero vuestra Comisión debe destacar que las firmas armadoras instaladas en Arica no pagan salarios tan altos; adeudan, muchas de ellas, sus imposiciones a sus obreros y empleados y, finalmente, les han negado la participación en las utilidades que les corresponden, conforme a lo estatuido en la ley.

"Aún más, frente a las cuantiosas capitalizaciones, a las considerables ganancias, pensamos que bien pudieron las firmas de Arica haber instalado y sostenido una escuela industrial, que preparara, en sus diversos niveles, a los técnicos y obreros que ellas necesitan, o haber hecho donaciones a la Universidad Técnica del Estado o a otras para que éstas, con esos aportes y otros, crearan escuelas. Se ha dicho, y no con falta de lógica, que los armadores estaban más interesados en obtener ganancias que sentirse integrados en la comunidad nacional, la que realiza esfuerzos considerables para perfeccionar sus estructuras y sus niveles de vida.

Por otra parte, y este es un hecho irredargüible, la anarquía y los abusos que los comerciantes y armadores han cometido, se debe, en gran medida, a la forma aislada, sin contactos, sin intercambio de informaciones con que actúan los diversos Servicios Públicos: Superintendencia de Aduanas, Banco Central, Dirección de Impuestos Internos, Ministerio de Economía, Hacienda, Dirección de Industria y Comercio, nuestros Cónsules en el extranjero, etcétera.

En parte, la Comisión de la Industria Automotriz, que funciona en la Corporación de Fomento de la Producción, ha centralizado los aspectos del desarrollo y análisis de costos de estas industrias.

Piensa vuestra Comisión Especial Investigadora que si se hubiese trabajado en equipo, en comité, representantes de los diversos Servicios Públicos, posiblemente se habrían evitado anomalías e irregularidades que fueron y que son posibles, en parte, por el conocimiento parcial, de algunos aspectos, que tiene y le corresponde a cada una de las reparticiones citadas, en el proceso del otorgamiento de divisas, internación al país y comercialización de los vehículos armados.

Deliberadamente, vuestra Comisión no entra en el análisis de algunos aspectos conexos, que son controvertidos, pues son materia del proyecto que el Parlamento Nacional conoce sobre normas para fomentar el desarrollo de la industria automotriz. La política futura a seguir sobre este particular es materia ajena a su competencia.

Vuestra Comisión Especial, como fluye del informe que os entrega, ha tratado de haceros un diagnóstico del anormal proceso de la armaduría y comercialización de los vehículos motorizados. Confía en que su trabajo y la documentación seleccionada que os entrega permitan a los Honorables miembros y a la Corporación obtener los juicios valorativos pertinentes.

Con la seguridad de que no es una falta de modestia, puede deciros, finalmente, que hemos cumplido con la acción fiscalizadora que nos ha encomendado esta Alta Corporación.

Nosotros queremos que, en la presente sesión, después de este informe, se abra aquí un amplio debate, con el objeto de que puedan adoptarse los mejores acuerdos y proposiciones, para terminar con las anomalías observadas en estas industrias, las cuales, por las razones indicadas, a pesar de su importancia para el país, hasta ahora habían desvirtuado, prácticamente, los fines y propósitos que debían cumplir, para lo cual sucesivas leyes les otorgaron garantías y tratos especiales.

Nada más, señora Presidenta; y quedo a disposición de la Honorable Cámara para responder cualquier consulta que se me haga sobre el particular.

El señor VALENTE.-

Señora Presidenta, la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades producidas en las armadurías de vehículos automotrices y de receptores de televisión y de radio, ha evacuado una segunda parte de su informe, complementando el que conoció la Cámara en sesión celebrada el 13 de enero del año en curso. En esta ocasión, corresponde conocer los antecedentes de la investigación practicada en la industria de vehículos automotrices, y las conclusiones sobre las irregularidades observadas y las denuncias formuladas ante esta Comisión Especial. El informe revela la dedicación y acuciosidad con que la Comisión Investigadora abordó su cometido.

Luego de un recuento de la actividad desarrollada, se insertan las disposiciones legales de excepción que afectan a estas industrias, y se ilustran los antecedentes recogidos con cuadros estadísticos y nóminas detalladas sobre la importación de partes y piezas, valores unitarios declarados, valor de importación, costo de la materia prima importada, costo de la materia prima nacional y costo del vehículo motorizado, en cada caso.

En su visita a Arica, la Comisión recibió diversas denuncias acerca de procedimiento en el aforo de las materias primas y partes importadas, y conoció, asimismo, la existencia de almacenes particulares de Aduana, ubicados fuera de los recintos aduaneros propiamente tales.

Se pidieron antecedentes al señor Superintendente de Aduanas sobre estas anomalías, ya que se había denunciado a la Comisión Especial que la revisión del contenido de los cajones que se efectuaba en los almacenes particulares de Aduana, se hacía solamente en algunos, elegidos indistintamente, y no en todos; y, además, al hacerse el aforo de ellos, se habría certificado su contenido en forma parcial, después de una revisión incompleta, sin el recuento unitario de las piezas contenidas en cada cajón.

A esta observación respondió el Superintendente de Aduanas, por escrito, que ese sistema se había adoptado, debido a que las industrias extranjeras despachaban directamente estas materias primas desde sus fábricas en el exterior, incluyendo en cada cajón sólo aquellas partes y piezas importadas que forman parte de cada vehículo motorizado, con exclusión de aquellas partes y piezas que debían ser integradas en nuestro país como materia prima nacional complementaria para la terminación del vehículo.

En cuanto a la revisión parcial de los bultos o cajones, escogidos indiscriminadamente, el Superintendente señaló que esa norma estaba contenida en el artículo 15 del decreto de Hacienda 3243/43, con modificaciones posteriores, mediante la cual se facultaba a las Vistas de Aduana para verificar solamente el contenido de aquellos bultos que estimen necesario y juzguen conveniente. Esta es una disposición general que se aplica en todas las Aduanas del país.

En cuanto al aforo de bultos en los almacenes particulares de Aduana, de acuerdo al procedimiento explicado por el Superintendente de Aduanas, esta revisión consiste en cotejar la mercadería contenida en cada bulto con las listas de empaque y los despieces aprobados por el Ministerio de Economía, para comprobar que no vienen incluidas aquellas partes y piezas que son materias de integración nacional y, comprobar, por otro lado, que el volumen de embarque no sobrepase al 70% de la unidad completa armada.

En esta fase de la fiscalización interviene también un funcionario de Impuestos Internos.

Por último, el Superintendente de Aduanas manifestó que era efectivo que algunos bultos se revisaban sólo superficialmente, sin desembalar la mercadería, debido a que la sola inspección ocular, después de abierto el cajón, era suficiente para determinar el contenido en especie, cantidad y características de la mercadería. Es el caso, por ejemplo, de los cajones que contienen exclusivamente motores, parabrisas, techos, etcétera.

Uno de los aspectos más debatidos y que preocupó con mayor interés a la Comisión fue el relativo a los altos costos de los vehículos, especialmente en cuanto a su comercialización.

En el informe de la Comisión Especial se han incluido cuadros analíticos de los costos en los que se detallan, rubro por rubro, todos los elementos que constituyen el costo industrial hasta establecer, además, el precio de venta.

El problema de los altos costos de producción, que repercuten naturalmente en el precio de venta al consumidor, fue expuesto en más de una oportunidad al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, ilustrando la exposición con los estudios de costos entregados por las propias armadurías de Arica.

El siguiente ejemplo permite apreciar cómo, por falta de una política de precios adecuada y de un financiamiento conveniente, los costos están elevados irracionalmente.

Los siguientes datos revelan el costo de un automóvil "Datsun" y su precio de venta: por concepto de materia prima importada, Eº 3.139; gastos de internación, Eº 3.430; materia prima nacional, 4.482 escudos; gastos generales y fletes, 1.885 escudos; amortizaciones, Eº 216; sueldos y jornales, Eº 1.274; y gastos de administración, Eº 1.452. Esto hace que el costo industrial alcance a Eº 15.878 por vehículo. Se agrega, de acuerdo con los datos entregados por la propia empresa en Arica, un 10% de utilidad, es decir Eº 1.558, más el impuesto a la compraventa, que alcanza a Eº 1.115. Así, se llega a establecer para el distribuidor un precio de Eº 18.581. El distribuidor percibe una comisión de 20% sobre el costo del vehículo, es decir, recarga en Eº 4.645 el valor del vehículo por concepto de comisión. De manera que al público este vehículo llega a Eº 23.226.

Es útil hacer un análisis objetivo de estos antecedentes, para establecer, en primer lugar, que es efectivo que algunos rubros del costo industrial están elevados artificialmente. En segundo lugar, la falta de una política crediticia para la adquisición de estos vehículos permite aumentar su precio en beneficio del distribuidor en una suma mayor que el valor de la materia prima importada, que el de la materia prima nacional, que el de los gastos de internación y de cualquier otro rubro y, en consecuencia, de otros elementos que integran el costo inicial. Es decir, compartimos y respaldamos todo lo que en esta ocasión ha manifestado el Diputado informante respecto a que habría que investigar a fondo los costos de esta actividad automotriz.

El Director de Industria y Comercio, a propósito de costos, dio a conocer un informe que conviene que lo escuche la Honorable Cámara. Dio cuenta en la Comisión de un estudio relacionado con el precio de la citroneta, el que fue elaborado por la Comisión Automotriz del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Este estudio es bastante curioso, pues establece un precio de costo superior al que entregó la propia industria en la Comisión Investigadora en Arica, y su contenido desglosado es el siguiente:

"lº.- A medida que la escala de producción aumenta, se produce una normalización de la estructura de los costos de fabricación, al punto de obtenerse una casi perfecta proporcionalidad entre el vehículo francés y el chileno a un volumen de 5.000 unidades anuales.

En este sentido no se extrapoló más aún el volumen de producción por cuanto ello implicaba hacer muchos supuestos, los cuales darían al análisis un carácter excesivamente teórico. Sin embargo, no caben dudas respecto a que la estructura de los costos serán mucho más similares en casos de volúmenes de 10.000, 15.000 y 20.000 unidades.

2º.- Con una escala de producción de 5.000 vehículos, es altamente probable que se puede lograr una reducción del precio de venta cercano al 20%.

3º.- La enorme ineficiencia constatada en la mano de obra correspondiente al montaje y terminación, se debe a dos factores:

a) Períodos de inactividad durante el año, y

b) Falta de mecanización y automatización del montaje debido al reducido volumen de producción.

4º.- Los factores siguientes, salvo "Distribución y servicio" no dependen de la voluntad de la firma, ya que en su mayoría corresponden a impuestos o gastos ineludibles cuyo nivel ha sido constatado como absolutamente normal. Estos son: impuesto adicional y derechos de aduanas, impuesto a la compraventa y flete Arica-Santiago.

El costo de la distribución y servicio, es normal, por cuanto alcanza a un 12% del de fabricación.

Los gastos generales y utilidad que hemos prorrateado entre los ítem del costo directo de fabricación, constituye un 20% del precio de venta para una escala de 1.200 vehículos anuales y un 14% para escala de 5.000 vehículos anuales. Esto demuestra una importante tendencia decreciente con el aumento del volumen de producción."

El estudio del costo de la Citroneta, entregado a la Comisión por la Dirección de Industria y Comercio, repetimos, arroja un precio superior por unidad al proporcionado a la Comisión por los personeros de la Citroen Chilena.

Otro aspecto de la mayor importancia en la investigación efectuada por la Comisión, que también señaló el señor Diputado informante, se relaciona con los datos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que demuestran cómo los distribuidores obtienen de los fabricantes en el exterior, además de las utilidades legítimas o ilegítimas que les corresponden de acuerdo con los costos señalados, descuentos o bonificaciones que alcanzan los siguientes porcentajes:

La "General Motors" suele conceder a sus distribuidores en este país un descuento de entre 16% y 20%, según el modelo. Este descuento alcanza al 20%-24% en ultramar.

A continuación, la "General Motors" señala los precios de algunos de sus modelos, que indican que sus costos en la mayoría de los países son inferiores, por supuesto, al precio de venta a que se entregan a los consumidores o adquirentes.

Por otra parte, la Ford también hace descuentos a sus distribuidores, que van desde el 12% al 22%. En el caso de la Chrysler, el porcentaje oscila entre el 22% y el 25%, de acuerdo con las cifras que ha consignado la Comisión.

Estos descuentos, por supuesto, contribuyen a elevar las utilidades de las firmas armadoras y distribuidoras en los porcentajes a que recientemente me he referido.

Tres industrias establecidas en Arica dieron a conocer en la Comisión Investigadora el monto de sus utilidades.

La Citroen, por ejemplo, entre 1962 y 1964 obtuvo Eº 1.859.278 de utilidad líquida; Avayú y Cía., en el mismo lapso, Eº 5.016.462; y SOCOVEM, sólo en el año 1964, Eº 650.000.

El señor BUZETA.-

Señora Presidenta, he pedido una interrupción al Honorable señor Valente, para dar otros antecedentes sobre las Citronetas, tema al cual aludió Su Señoría.

Estos datos demuestran cómo, en general, ha subido en forma totalmente descontrolada el precio de los autos que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción no quiso incluir en el respectivo decreto de fijación de precios. Quiero referirme, en especial, al caso de las Citronetas, porque es el único vehículo que podría adquirir con facilidades la gente de clase media. Naturalmente que con el precio que ahora tienen, adquirir una Citroneta va a ser tan difícil como comprarse un Impala o un Buick.

El año pasado, una Citroneta costaba 12.581 escudos. Si a esta suma se le agregaba el alza del costo de la vida, de los salarios, etcétera, se llegaba a un precio de venta de 13.650, excluyendo las utilidades. Este año, el precio al contado, porque en Tas ventas a plazo hay variaciones, asciende a Eº 17.967. O sea, sólo desde el mes de febrero de este año ha tenido un alza del 40%. En seguida, cuando intervienen otras empresas, como Cemento El Melón, que es la que compra a la firma extranjera Citroen, para vender esos vehículos en el país a plazo, entonces el precio se recarga en más de dos mil escudos.

Hago presente esto, porque creo que uno de los acuerdos que debe adoptar la Cámara a raíz del informe del Honorable señor Sanhueza, que ha sido muy completo, es que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción no permita que se concedan nuevas franquicias a distintas industrias automotrices que se instalarían en el país a condición de que se les dé un aliciente para actuar posteriormente en el mercado de la ALALC. Ya tenemos la experiencia de los abusos que están cometiendo las actuales industrias que existen en el país. Seguramente, lo mismo ocurrirá con las que se establezcan en el futuro. Ellas, como las que están funcionando en este momento, darán pocas oportunidades de trabajo a nuestros obreros y cobrarán precios exorbitantes. En suma, su instalación no traerá ningún resultado beneficioso para Chile.

Hay empresas productoras de otras marcas de vehículos, aparte de la Citroneta que han pedido establecerse. Algunas ni siquiera habían pensado instalarse en Chile, como la Chevrolet.

La camioneta Chevrolet no tiene precio fijado por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, porque iba a seguir de acuerdo con el precio que se les fijara a las camionetas Ford. Pero como la industria Ford quedó al margen del decreto, porque iba a operar dentro del sistema de integración de la ALALC, han subido en una forma bastante fuerte: de 27 mil escudos que costaban antes han llegado a un precio de venta de 44.000 escudos en la actualidad.

Si seguimos en este tren de precios incontrolados, va a llegar un momento en el cual todo lo que quiso hacer y está haciendo el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, no dará ningún resultado práctico. Y, sobre todo, hay compromiso, como lo mencionó el Director de Industria y Comercio en el seno de la Comisión Investigadora, en el mes de marzo, en el sentido de que a estos autos no se les iba a fijar los precios, pero sí a los dos meses de tal medida; esa Dirección veía que estas firmas vendedoras comenzaban a exagerar o a abusar en los precios, también habría que ir a la fijación de precios. Como llevamos más de seis meses de vigencia de este compromiso y no se ha tomado medida alguna, me parece que en el proyecto de acuerdo que apruebe la Cámara deberá insistirse en este aspecto, con el objeto de no permitir estos abusos, que estamos viendo se cometen actualmente.

Finalmente, deseo manifestar que en parte, le encuentro razón al Honorable señor Millas en sus observaciones sobre los autos que pudieran entrar de contrabando a Chile por distintas formas. Sin embargo, personalmente, temo que, si enfocamos el problema desde ese lado, no podríamos hacer hincapié en lo que dijo el Diputado informante acerca de los vehículos internados al país por diplomáticos y por integrantes de muchos organismos extranjeros.

Yo le doy mucha importancia a esto último, porque en dos años se internaron al país por diplomáticos y representantes de agencias extranjeras un número de automóviles equivalente al 10% de lo producido por la industria automotriz de Arica en igual lapso. Y se trata de vehículos de precios superiores, como ser Chevrolet, Oldsmobile, Mercury y otros que no se arman en Chile.

Nadie niega que dichos funcionarios tienen derecho a hacerlo; nadie niega que la ley chilena les permite, por distintos convenios, internar automóviles al país. Pero quienes hemos criticado en la Comisión Investigadora, estas franquicias no lo hemos hecho sólo por la "molestia" de ver automóviles nuevos paseándose por Santiago -ése no es el asunto-, sino porque, como decía el señor Diputado informante, lo más importante y fundamental es la enorme "fuga" de dólares en el mercado negro que se produce por las operaciones.

Voy a insistir en este aspecto, porque le doy mucha importancia. Se habla de que estos beneficios deben otorgarse como muestras de reciprocidad. Sin embargo, esto me parece muy relativo, porque no son tantos los funcionarios chilenos que están en el extranjero en esos organismos; ni tampoco son tantos los diplomáticos y los funcionarios de representación que traen automóviles al país. No tengo el detalle exacto; pero me consta que algunas Embajadas han tomado ya medidas para evitar problemas. Tengo informaciones de que Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia han ordenado 2 sus funcionarios en el exterior que cuando vendan sus vehículos, lo hagan al precio de costo y no obtengan un margen de utilidad que les permita operar en la bolsa negra con las divisas.

Por eso, tenía temor de que, a raíz de lo expresado por el Honorable señor Millas, nos distrajéramos de este asunto, que es el fundamental. Ojalá que las autoridades gubernativas de estos países que se ha dado en llamar subdesarrollados hagan una gestión directa ante los jefes o directivas de estas instituciones internacionales con el objeto de tomar una medida al respecto. Porque, de acuerdo con los cálculos que se han hecho -no digo que sean exactos; no se sabe bien a qué precio se trajeron los vehículos ni a cuál se han vendido- uno se encuentra con que algunas Embajadas han traído 11 vehículos en el transcurso de dos años, entre los cuales hay 4 Mercedes Benz, 4 Oldsmobile y los restantes de marca Mercury, -o sea, de los más caros.

Revisando las listas de la Aduana, nos encontramos con que algunos funcionarios de organismos internacionales en un mismo día, internaron dos vehículos Mercedes Benz para ellos. Bien; todos sabemos que estas operaciones se realizan como una manera de obtener aumento de remuneraciones; pero creemos que no podemos estar soportando la mantención de un sistema cuyas utilidades para los funcionarios o representantes extranjeros se ha estimado en más o menos 10.000.000 de dólares cada dos años. Y para estos países, tan es-escasos de divisas, esa suma representa un impacto muy fuerte que se provoca en la bolsa negra de dólares.

Nosotros queremos destacar esta situación y esperamos que alguien -no sabemos quién- tome medidas en este asunto, tal como lo han hecho otras naciones, especialmente las de Europa Occidental, que han adoptado resoluciones para no permitir que sucedan estas cosas, pues constituyen verdaderos abusos.

Nada más, señora Presidente.

El señor VALENTE.-

Señora Presidenta, estoy plenamente de acuerdo con el Honorable señor Buzeta en lo que respecta al control que debe existir sobre la internación de vehículos motorizados por parte del personal de los servicios diplomáticos. Nosotros compartimos su opinión y también propiciamos la otra fórmula, planteada ya por el Honorable señor Millas, en el sentido de fiscalizar, mediante un procesamiento mecanizado de I.B.M., todas las informaciones que obran en poder del Gobierno y de los organismos correspondientes, con el objeto de establecer, en forma fehaciente, la cuantía de la internación de automóviles. Además, somos partidarios de realizar un control estricto para evitar el contrabando de vehículos, que se realiza de mil maneras a través de nuestro largo país.

En especial, vamos a hacer llegar a la Mesa, para su posterior votación, en el momento oportuno, un proyecto de acuerdo tendiente a prohibir a los personales de los servicios diplomáticos la venta de sus automóviles en el país, una vez que terminan su misión en Chile, con el fin de que tales vehículos sean reexportados a su país de origen.

Los Diputados comunistas suscribimos las conclusiones a que arribó la Comisión Especial Investigadora de la industria automotriz. Si bien es cierto que esta actividad industrial constituye la más importante fuente de trabajo de Arica y puede convertirse en una poderosa palanca del desarrollo industrial de esa ciudad nortina, no puede desconocerse que la mayoría de estos industriales abusa con los trabajadores, los burla en sus reivindicaciones, les niega beneficios y atenta contra la organización sindical, cuando no trata de evitar la formación de los sindicatos y la organización de los trabajadores.

Parte de las considerables ganancias obtenidas por esta industria debió ser destinada a reinversiones tendientes a diversificar el desarrollo económico del departamento ; a la creación, como se plantea en el informe de la Comisión, de una Escuela Industrial para la preparación de obreros calificados y de técnicos en los niveles necesarios para la dotación de personal para esta actividad.

Compartimos las críticas a la anarquía absoluta que, en materia de fijación de precios, mantiene el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Sin pretender aminorar la indiscutible responsabilidad de los industriales y distribuidores en los abusos cometidos con la venta de vehículos, debemos decir que gran parte de la culpa de estas irregularidades la tienen los organismos de Gobierno, concretamente, la Dirección de Industria y Comercio, por la incapacidad demostrada en la comprobación de los costos, fijación de precios y fiscalización de ellos.

Es realmente sintomático que el costo calculado por la Dirección de Industria y Comercio para la Citroneta haya resultado mayor que el costo entregado por la propia industria. Yo no sé si esto revela la incapacidad del sistema de control de los costos; pero me atrevo a decir que existe hasta una predisposición para que en los estudios de costos, no sólo de los vehículos motorizados y de las Citronetas, sino que en general, de todos los productos de consumo obligado, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de la Dirección de Industria y Comercio, no juegue el papel que debe desempeñar: el de defensa de los consumidores.

Actuaciones de esta naturaleza, estudios tan irresponsables, como el que comento, no constituyen garantía alguna para los consumidores ni para el país.

Por otra parte, el Gobierno, lejos de remediar esta actuación y de corregir estos errores e irregularidades, intenta, mediante un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara, especialmente por la mayoría gobiernista, liquidar la posibilidad de organizar una industria automotriz nacional. Como lo señalamos durante la discusión del proyecto de fomento automotriz, el Gobierno pretende entregar al monopolio de la Industria Kayser Argentina, no la fabricación, sino la armaduría de vehículos motorizados en nuestro país.

Tampoco ha sido desmentido por el Gobierno la grave denuncia que hicimos en la Sesión 24ª ordinaria del 24 de julio de 1966, cuando afirmamos que la industria automotriz argentina, amparada por el; proyecto del Gobierno chileno, se apresta para irrumpir en el mercado chileno, aunque para ello deba cerrar las puertas a la integración, y lo que es más grave, la decisiva influencia que sobre la Kayser Argentina tienen las Fuerzas Armadas de ese país.

"Kayser Argentina, lo repito, pretende trasladar sus capitales a Chile, establecerse en nuestro país y, desde aquí, encarar el abastecimiento de la industria chilena y de la argentina. Es decir, junto con apoderarse de nuestro mercado consumidor, también intenta monopolizar la fabricación de partes y piezas, no dejando que la industria nacional surja y se perfeccione para construir nuestra propia industria automotriz.

Pero hay más. Si para irrumpir en el mercado chileno y para monopolizar la producción de partes y piezas es necesario "sacrificar" una parte de la industria argentina, a juicio de los industriales argentinos, bien "sacrificada" está.

¿Por qué? A nuestro juicio, por dos razones.

Primero: Industrias Kayser Argentina desea a toda costa paralizar el desarrollo de nuestra actividad automotriz para, una vez logrado, convertirse en el único monopolio abastecedor de vehículos para los países del Cono Sur de este continente. Una forma de agresión económica.

"Segundo: Porque a las Fuerzas Armadas argentinas, orientadas en su actividad política no sólo por el Pentágono, sino también, por los grupos monopólicos norteamericanos (petróleo, automotriz, etcétera), han estimado que este proyecto de promoción de la industria automotora les proporciona la ocasión de expandir sus actividades e influencias hacia nuestro país.

"Industrias Kayser Argentina, como ya lo hemos dicho- en la que es dueña del 30% del capital la Dirección Industrial de las Fuerzas Armadas argentinas y tiene representantes en su Directorio-, y una utópica integración latinoamericana son el señuelo de esta penetración económica y expansión del militarismo argentino hacia nuestro territorio."

Estas denuncias debemos repetirlas una y otra vez, aun cuando se nos califique de majaderos. Lo hacemos para formar conciencia de que la iniciativa del Gobierno, lejos de corregir las deficiencias anotadas en el funcionamiento de la industria automotora, coloca a Chile en la grave alternativa de renunciar a su derecho de construir su propia industria, con las implicancias internacionales que para nuestra soberanía signifique abrir las puertas a la influencia militarista argentina por intermedio de Industrias Kayser.

Los Diputados comunistas impulsamos la idea de crear una industria automotora chilena, bajo el control estatal, con la participación de la Corporación de Fomento de la Producción. La experiencia y el perfeccionamiento de la mano de obra y de la técnica industrial son una garantía concreta de que Chile puede y debe ser el dueño de su propia industria automotriz, aprovechando, como lo están haciendo los países socialistas, los mejores conocimientos técnicos de los países altamente industrializados, donde la actividad automotora ha llegado a un grado de desarrollo notable.

Sumamos nuestros votos a las conclusiones de la Comisión Investigadora y reiteramos al país nuestro rechazo al proyecto del Gobierno sobre fomento de la industria automotriz, por las razones ya anotadas y tantas veces repetidas.

He dicho.

El señor SANHUEZA.-

Muchas gracias. Seré muy breve.

En nombre de los Diputados miembros de la Comisión Investigadora y acogiendo la inquietud manifestada por el Honorable señor Valente, anuncio que vamos a presentar un proyecto de ley -para cuyos efectos reglamentarios necesitaría en la presente sesión el acuerdo unánime de la Cámara- que establece un impuesto sobre las utilidades de la industria automotriz, cuyo producto se destina a financiar cursos de perfeccionamiento para los trabajadores, impartidos en las Universidades Técnica del Estado y de Chile en la zona donde ella está instalada. Creo que es la mejor forma de concretar la contribución de la industria automotriz al perfeccionamiento de sus obreros y empleados.

Muchas gracias.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, desde hace muchos meses, una Comisión Especial ha estado investigando todo lo que ha sucedido en Arica, con respecto, a las actividades de las armadurías de automóviles.

Hemos escuchado el acucioso informe que, sobre esta materia, ha dado el Honorable señor Sanhueza.

Creemos que nos encontramos frente a hechos que la Cámara y el país entero deben conocer.

El Parlamento, durante la pasada Administración, dictó, con el mejor propósito, algunas disposiciones legales destinadas a establecer determinadas franquicias en favor de ciertas industrias que se instalaran en Arica. Desgraciadamente, esos industriales han hecho mal uso de dichas franquicias cobrando precios abusivos, lo que, muchas veces, ha llegado a constituir una descarada especulación. Esto ha perjudicado gravemente los intereses de la población.

Hace pocos instantes, mi Honorable colega, el señor Valente, se refería a las utilidades obtenidas por los distribuidores. De sus palabras quizás pudiera deducirse una tácita defensa en favor de los industriales de Arica. Pero, esa realidad, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a la zona norte del país, en otros períodos parlamentarios integrando Comisiones Investigadoras, nos hemos dado cuenta de que hay industriales que han hecho mal uso de este tipo de franquicias otorgadas por las leyes. No queremos referirnos a personas determinadas, por las cuales sentimos el mayor respeto, sino a ciertas industrias. Tenemos el caso de la firma Javier Echeverría...

El señor PARETO.-

El que fue Ministro de Minería.

La verdad de las cosas es que ha habido un abuso indebido, una especulación desenfrenada. A pesar de que este problema no afecta al grueso de la población sino a ciertos sectores, con determinado poder adquisitivo, para comprar vehículos, la verdad es que, al amparo de estas disposiciones dictadas por nosotros, se han ido confabulando una serie de factores, para provocar ese aprovechamiento indebido.

Hace pocos instantes, escuchábamos al Honorable colega Buzeta referirse al problema de los actuales precios de las camionetas, que han llegado, en este momento, a una suma superior a los Eº 45.000, es decir, a US$ 10.000, a pesar de que el precio internacional no es superior a US$ 1.500 ó US$ 1.600. Y esto, ¿por qué razón? Porque el Ministerio de Economía, con una mala política, que reconocemos -porque tenemos la hombría de hacerlo- dejó al margen de la fijación de precios a aquellos vehículos que se estaban armando al amparo de la integración, a través del mercado de la ALALC. Esto ha significado que estos armadores, sin ningún escrúpulo ni limitaciones, han fijado precios especulativos que tienen que pagarlos la minería, la agricultura y los hombres de trabajo, que son los que usan estos vehículos.

Debemos destacar que esta Comisión Especial Investigadora ha sido una de las Comisiones que ha realizado su labor en forma más completa, responsable y acuciosa. Puedo decirlo con conocimiento de causa, sin el ánimo de halagar al camarada que la ha presidido, pues he tenido el alto honor de desempeñar el cargo de parlamentario durante tres períodos legislativos. Pero, como democratacristiano, debo reconocer ese hecho.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

En ella participaron representantes de todos los sectores de esta Cámara, Honorable colega.

El señor PARETO.-

Todos los sectores han colaborado en estas investigaciones, sin distingos de colores políticos. En eso estamos de acuerdo.

Por eso deseo que las conclusiones a que lleguemos sean acogidas favorablemente por los organismos responsables, y que termine, de una vez por todas, la desenfrenada especulación que hoy día existe en relación con las actividades de las Armadurías de Arica.

No diré que pueda resultar sospechoso tratar de defender a los Armadores de Arica, pero sí puedo afirmar que ello significa desconocer la realidad de lo que allí ha sucedido durante diez años. Eso es no conocer la verdad de ¡as cosas. Porque con estas franquicias no se ha favorecido a la ciudad de Arica, sino que a determinados sectores que tuvieron el privilegio de obtener autorización para armar vehículos en las zonas liberadas. No se ha favorecido a los trabajadores, porque ¿cuántas veces no hemos podido comprobar que a los hombres que trabajan en estas industrias, no se les pagaba un salario justo, y que, en muchas ocasiones los tenían atrasados en el integro de sus imposiciones?

Por eso, en esta oportunidad, cuando se entrega a la consideración del Congreso Nacional, de la opinión pública y del Gobierno, un informe tan interesante, es conveniente destacar que, como un sarcasmo, mientras la Comisión Especial Investigadora estudiaba todos los problemas relacionados con la industria automotriz de Arica, desgraciadamente, los vehículos marginados de la fijación de precios han alzado sus costos, y su precio de venta al público, a cifras astronómicas.

Nosotros lamentamos que esto haya sucedido, porque los industriales y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción debieron, por lo menos, haber paralizado toda clase de alzas, mientras no se conociera debidamente dicho informe.

Aquí se ha abordado un aspecto bien interesante de esta materia, que se relaciona con los vehículos último modelo internados desde países extranjeros, especialmente del área norteamericana, que circulan por las calles de Santiago con patentes y modelos de este año.

Esto ha sido objeto de preocupación de la Comisión, porque comparto plenamente lo que decía al respecto el Honorable señor Rodríguez en ella ha habido un trabajo de conjunto, de equipo; nadie ha querido destacarse personalmente. Se ha realizado un trabajo responsable, donde no ha habido ninguna dificultad; y muchos -por no decir todas las veces- los oficios se han enviado por acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión.

Respecto al número de estos vehículos que se ven en Santiago, a mí me han dicho que los diplomáticos pueden internar al país uno de ellos cada dos años. Esto quiere decir...

El señor MOMBERG.-

Señor Presidente, he pedido una interrupción en este momento, porque el Honorable señor Pareto ha venido cambiando el tenor de su exposición, y porque, a continuación de lo que estaba tratando, es decir, de las armadurías de Arica, se iba a referir a los coches internados ilegalmente al país.

Además, a raíz de algunas palabras vertidas por el Honorable colega Valente, el Honorable señor Pareto se refirió a las utilidades excesivas que habrían obtenido las firmas armadoras de vehículos de Arica. Y mencionó, si mal no recuerdo, a la firma Avayú y Compañía, la cual, obtuvo una utilidad de 5 mil y tantos millones de pesos y a otras, que obtuvieron 2 mil y tantos y 600 millones, respectivamente, de utilidades.

Señor Presidente, no quiero defender este predicamento, pero sí insisto y deseo que quede establecido- en que la empresa privada, de cualquier orden que sea- y en este caso específico, la industria automotriz- ha hecho uso de las leyes que la favorecían.

En efecto, se acogió a los beneficios de las leyes despachadas durante el Gobierno del señor Ibáñez, en primer lugar, las cuales fueron ratificadas y corregidas por el Gobierno del señor Alessandri y, posteriormente, se acogieron a las que se han dictado durante el Gobierno actual, precisamente, para corregir sus defectos, como se ha dicho.

Aún más, las leyes sancionadas por los Gobiernos que he citado, aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado, han dado, a estas industrias, la oportunidad de obtener utilidades sobre las cuales todos estamos de acuerdo en que son excesivas; pero el hecho es que esas leyes son las que han dado tal posibilidad a las firmas armadoras de vehículos de Arica.

Ahora bien, si en un país, cualquiera que él sea, la ley da, a la empresa privada, oportunidad de ganar 100, ¿a título de qué va a decir: -No me conviene ganar 100 y voy a ganar sólo 50?

Esto no podrá ocurrir, porque va contra todo principio económico. Además, en la Comisión Especial Investigadora, se planteó...

El señor VIDELA.-

No sucederá eso en un país capitalista...

El señor MOMBERG.-

Legalmente es así...

El señor PARETO.-

Señor Presidente, deseo aclarar un hecho.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Honorable señor Diputado, el Honorable señor Pareto desea recuperar su derecho.

El señor PARETO.-

Sólo para dejar en claro que la interrupción que concedí es con cargo al tiempo del Honorable señor Momberg.

El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Indudablemente.

El señor MOMBERG.-

Como acabo de manifestar, no cabe duda alguna de que puede ser excesiva esta utilidad. En todo caso, ella depende del monto del capital que la va a producir: o sea, es un porcentaje del capital que está ganando tales utilidades.

Si durante este Gobierno se lograron modificar efectivamente, y como consecuencia de la labor de esta Comisión Investigadora, los precios exorbitantes que se cobraban por los vehículos, ¿cuál fue el procedimiento empleado, que ha sido reconocido, además, por los Honorables señores Pareto y Sanhueza?

Que, en este Gobierno, el precio del automóvil se mantuvo en una suma equis. ¿En qué forma, entonces, se rebajó este precio? Sencillamente, a través de un decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El Gobierno, por intermedio del señor Lacalle, dispuso la rebaja del precio: pero, automáticamente, se dio la posibilidad de alzar los precios de las partes opcionales -llamemos así a la radio, los neumáticos, la funda del tapiz- con lo cual se mantuvieron los precios anteriores, es decir, sin aumentar el precio de venta fijado al armador, se aumentó el precio de venta al público.

El señor LORCA (don Alfredo).-

¡Muy grave!

El señor MOMBERG.-

Evidentemente, así lo acaba de expresar el Honorable señor Sanhueza.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

¡Es muy grave!

El señor VIDELA.-

¡Es una estafa!

El señor MOMBERG.-

Este es un sistema anómalo.

Yo no quiero atribuirlo a lo que, por principio, ha sido el planteamiento que, en este aspecto y en muchas oportunidades, hemos sustentado, porque, efectivamente, cuando hemos cometido errores, lo hemos reconocido.

Cuando a la empresa privada se le da la oportunidad de ganar 100, tiene que pretender automáticamente a ganar 100. Cuando se le da la oportunidad de ganar 200, tiende a obtener 200.

El señor PARETO.-

Nosotros queremos terminar con eso. Queremos que la empresa privada entienda, de una vez por todas, que su función no es especular, ganar y acaparar dinero, sino que debe cumplir una función social, a la cual nosotros estamos contribuyendo, a través de muchas leyes.

Entonces quiere decir, según se desprende de las propias palabras del Honorable colega, que la empresa privada en Chile, está en crisis. Lo reconocemos nosotros y, más que eso, estamos dispuestos a propiciar y a anunciar nuevas leyes tendientes a producir la reforma de la empresa privada, porque estamos ciertos -y me alegro de que Su Señoría lo haya manifestado -de que, si a una empresa privada se le autoriza para ganar 100, quiere ganar 200, por lo que queremos modificarla total y fundamentalmente.

El señor VALENTE.-

Señor Presidente, la verdad es que el Honorable Diputado señor Momberg ha manifestado que es legítimo, según su posición doctrinaria, que la empresa privada obtenga las utilidades que desee ganar...

El señor MOMBERG.-

Que legalmente le corresponde obtener, señor Diputado.

El señor VALENTE.-

...o que la ley le permita obtener, lo cual es una cuestión que, desde el punto de vista suyo, puede ser justificable.

Pero, en cuanto a la materia que estamos debatiendo, tenemos una posición totalmente distinta. En efecto, nosotros hemos criticado como un error y como un procedimiento ilícito, el hecho de que esta utilidad obtenida por estas empresas esta "super-utilidad", se base en un costo ficticio, en un costo que está indudablemente adulterado y...

El señor MOMBERG.-

Está aceptado por el Ministerio de Economía.

El señor VALENTE.-

...aceptado por el Ministerio de Economía,...

El señor MOMBERG.-

Desde luego.

El señor VALENTE.-

...como lo hemos manifestado, y, en algunos casos, aumentado por dicho Ministerio -como ocurrió, de acuerdo con los datos que entregó el Director de Industria y Comercio a la Comisión- respecto de la Citroneta.

Pero, ¿qué pasa con este procedimiento? Resulta que a través de él no solamente se inflan los costos, permitiendo a estos empresarios obtener las ganancias mencionadas sino que, además, el distribuidor, que generalmente es el mismo dueño de la industria, obtiene una utilidad superior al costo mismo de la materia prima importada, o de la materia prima nacional que se incorpora al vehículo motorizado.

Ello es una nueva demostración de que esta utilidad es absolutamente ilegítima y que, simplemente, hay fraude en la forma como se ha operado en ese instante. O sea, ya no solamente se trata de la mayor o menor posibilidad que entrega la ley para obtener estas utilidades grandes, pequeñas o medianas, sino del procedimiento seguido hasta el momento para la determinación de los precios de costo y de la ninguna fiscalización que ha existido de parte de organismos del Gobierno frente a este problema.

Eso quería decir. Muchas gracias.

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, agradeciendo al Honorable señor Pareto la posibilidad que me da para intervenir, quiero ratificar lo expresado por el Honorable colega señor Valente. Para eso, nada más útil que dar a conocer algunas cifras que aparecen en el informe y que conviene recordar, para ver la proporción de las utilidades de las empresas en relación a los vehículos armados que produjeron esas utilidades. Para tal efecto, voy a dar a conocer algunos estudios y documentos emanados de los mismos industriales. Nada hemos alterado nosotros sobre dichas utilidades.

La firma Citroen Chilena armó en el año 1962, 2.192 citronetas y obtuvo una utilidad de Eº 585.563,10. En el año 1963, armó 1.936 vehículos y obtuvo una utilidad de Eº 975.292,00. Con menos citronetas, obtuvo casi una utilidad doble. En 1964, armó 1.533 y obtuvo una utilidad de Eº 298.422.00.

La firma Avayú armó, en el año 1962, 568 vehículos y obtuvo una utilidad de Eº 663.331,26; en 1963, armó 731 vehículos y obtuvo una utilidad de Eº 1.998.501; o sea, cerca de 2 mil millones de pesos de utilidad. En 1964, armó 816 vehículos y obtuvo una utilidad de Eº 2.354.618, es decir, nuevamente 2 mil millones de pesos. ¿Dónde está la relación entre la producción y la utilidad?

Si se examinan las cifras, nos podemos dar cuenta de que todo esto es arbitrario: hay momentos en que, armando menos vehículos, obtienen mayor utilidad. ¿Dónde va la utilidad? Estos estudios de costos han sido hechos -me atrevería a decir- a título personal, y estoy muy interesado en ellos, como lo están los compradores, debido al costo excesivo de estos vehículos. Quisiera recordar aquí, especialmente, que, en los estudios de los costos, de la firma Citroen, por ejemplo, han quedado comprendidos, entre los gastos generales, los de luz, agua y otros rubros que alcanzan sumas fabulosas, del orden de los 300 ó 400 millones de pesos al año.

Creo que en esto es donde se ha producido el mayor escándalo, en cuanto a las utilidades de estas empresas, las cuales, desgraciadamente, han seguido en aumento.

En la sesión de la mañana de hoy, vimos que las citronetas, a pesar de los estudios de costo realizados, llegaron a valer en estos últimos meses, 18.800 y tantos escudos, precio que representa un alza de 40% al de hace tres meses. Esto, evidentemente, aumentará las utilidades de ¡os armadores.

Se sabe que, detrás de estas firmas, existen monopolios, consorcios y dineros que no pertenecen a la industria automotriz, sino a otro tipo de empresas, como es, concretamente, "Cemento Melón", las cuales son negocios que pagan mal a sus obreros, que hacen una serie de inversiones ajenas a sus actividades propias y que no se han preocupado de aumentar el rubro a que se dedicaron primitivamente.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, son interesantes los antecedentes que nos ha proporcionado el Honorable señor Sanhueza, porque ha demostrado, fehacientemente y con cifras, ¡a verdadera gravedad de este problema. Yo no creo que haya algún sector político de la Cámara que se atreva a levantar su voz en defensa de quienes han estado especulando durante largo tiempo, al amparo de las leyes vigentes y, a lo mejor, como bien lo anotaba el Honorable colega, con la tolerancia de los organismos que debían fiscalizarlos. Pero nadie nos puede negar un hecho: ha sido en este Gobierno cuando se han aplicado todas las disposiciones de control, porque antes no las había. Antes, y ahí están los antecedentes históricos del problema, sólo existía el abuso y la discriminación para otorgar a determinadas personas y empresarios las posibilidades de armar vehículos en Arica. Los sectores políticos, los parlamentarios que representan a la ciudad de Arica, tienen que estar de acuerdo en que al amparo de posibilidades de trabajo se ha estado engañando al país, en perjuicio del progreso de la ciudad de Arica, porque no se ha hecho nada de lo que se le prometió.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, las cosas hay que decirlas con hombría y valentía, para que el país sepa quiénes son los que pretenden defender a determinados armadores de automóviles en Arica, porque a pesar de los antecedentes que aquí se han proporcionado y de las denuncias formuladas, creo que es condenable la actitud de estos empresarios que, al margen de la ley y abusando de la buena fe del Parlamento, han estado especulando y saqueando las arcas del Banco Central.

Ahora, cuando este Gobierno, porque tenemos que decirlo, plantea al país la posibilidad de terminar con los abusos, con la especulación; de terminar con las componendas y con los negociados, y desea imponer aquí en Chile una industria automotriz responsable y seria, al amparo de la ley y vigilada por la ley en todas sus disposiciones, entonces hay voces y Partidos que se niegan, porque desean terminar con la industria automotriz en Chile o amparar a determinado sector de armadores de Arica.

Por eso, con responsabilidad, estamos dispuestos al diálogo abierto. Pero en esta oportunidad, en que todos los miembros de los diversos sectores políticos que integraron la Comisión Investigadora han llegado a una conclusión terminante y definitiva en su informe; en Arica, contra la voluntad de los trabajadores, ha habido sectores que no han sabido comprender el sacrificio que hacía el Parlamento al entregar la ley sobre liberación; y no se ha creado en el puerto del norte ninguna perspectiva futura. Por eso ha ocurrido lo que tenía que suceder con la armaduría de vehículos.

Ha habido industriales que sin instalaciones, sin maquinarias, con dos o tres trabajadores, armaron 140 vehículos en un año. Las marcas las conocemos, porque sus dueños tuvieron que defender sus intereses en la Comisión de Economía cuando se discutió el problema de la industria automotriz. Por eso, cuando se ha demostrado que hay personas en tela de juicio, tenemos que decir las cosas como son y no como se cuentan.

Creo que sobre este problema se ha hablado y se ha escrito mucho. Este informe lapidario para las actividades de esta industria en Arica nos demuestra, una vez más, que por encima de las pasiones políticas, los parlamentarios tienen la obligación de velar por los intereses de la nación. Y cuando hay abusos, hay que terminar con ellos, y cuando hay especulaciones, también. Nadie podrá decir que la Democracia Cristiana ha pretendido alguna vez amparar a estos sectores.

Hemos sido nosotros, los Diputados de estos bancos, los que hemos pedido una Comisión Investigadora; hemos sido nosotros los que, junto con otros colegas de Oposición, hemos solicitado el envío de oficios. Por eso, cuando creemos que tenemos la razón, la defendemos con pasión y vehemencia, con la misma pasión y vehemencia con que nos defenderemos de las injurias y calumnias con que se pretenda enlodarnos.

En el informe que ahora se ha entregado a la consideración de la Cámara, ha quedado demostrado, claramente, que hay sectores de las armadurías de Arica, no todos, que han especulado, saqueado y se han aprovechado de esta liberación. Es lamentable que algunos sectores políticos respetables, no diré influidos, sino impresionados por los industrias de Arica, pretendan destruir una ley que tanto la opinión pública como el país reclama, como es la de la industria automotriz. Con ello se pretende liquidar todo lo que se ha venido haciendo desde que se dictaron las leyes de liberación para el puerto libre de Arica.

Con respecto a los vehículos que circulan libremente, muchas veces hemos pedido la nómina de quienes los poseen. Para no cansar a la Cámara, diré que estos vehículos son vendidos al mejor postor, muchas veces en dólares que salen del país, porque son persona que terminan su misión diplomática o el período de permanencia dentro del territorio nacional.

También, como lo hemos denunciado, han entrado vehículos ilegalmente; los responsables ya están siendo procesados por la justicia ordinaria.

Nadie podrá negar, honestamente, la irresponsabilidad de algún funcionario o la actitud de alguien, que no se compadezcan con la conducta que le ha impreso a su Gobierno el Excelentísimo señor Frei, no hayan sido sancionadas por los organismos regulares. Por eso, no se pretenda ahora hacer aparecer como escándalo lo que ayer se hacía sin ningún escrúpulo. Queremos y estamos dispuestos a afrontar todo tipo de acusaciones; las afrontaremos virilmente, y ojalá lleguen lo antes posible, para que nos den oportunidad de decir en la tribuna lo que sucedió en Gobiernos anteriores.

Por eso, en esta oportunidad, compartimos totalmente el criterio y el informe de la Comisión Investigadora, para que haya conciencia de que lo hecho por la industria de Arica ha sido funesto para el país, especialmente para su economía.

El señor JEREZ.-

Dentro de los pocos minutos que le quedan a nuestro Comité, me voy a permitir hacer presente a la Cámara el alcance de los proyectos de acuerdo y de un proyecto de ley, de que conoció la Comisión respectiva y que ha contado con el apoyo de todos los señores parlamentarios.

Desde luego, somos partidarios de que se establezca un impuesto único de un 10% sobre las ganancias de la industria automotriz, con el objeto de otorgar recursos a las Universidades, tanto del Estado, como particulares y reconocidas por el Estado, para financiar escuelas o cursos especiales en las zonas donde estén instaladas las industrias, destinados a preparar a los obreros técnicos o profesionales que las industrias necesiten.

La Comisión acordó proponer a la Honorable Cámara los proyectos de acuerdo a que daré lectura, con la rapidez que me exige el escaso tiempo de que dispongo.

"1°.- Recomendar al Supremo Gobierno la creación de una Comisión integrada por funcionarios directamente vinculados con los aspectos de importación, fabricación y comercialización de los vehículos motorizados, que se encarguen de controlar la actividad de las industrias automotoras, adoptando resoluciones de consuno e intercambiando informaciones sobre los diversos aspectos del proceso y de las obligaciones tributarias sometidas a su control.

"2º.- Solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, se dicte un decreto supremo que también fije precio máximo de venta al público, a los automóviles y camionetas de producción nacional acogidos al decreto supremo número 835, de 1962, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y que, además, hagan un uso significativo para su integración nacional, del régimen que señala el artículo 15 de la ley Nº 14.824 y sus disposiciones reglamentarias (automóviles integrados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio: Peugeot, Chevy, Opel, Renault 4-R, Citroneta, Fiat 600 y 1.500, Rambler, Jeep Wil.lis, Land Rover, Falcon (Boloc-co), Austin Mini, etcétera).

"Estos vehículos motorizados han gozado de una situación de privilegio al excepcionárseles de las normas de fijación de precios aplicables al resto de los vehículos armados en Chile, por lo cual los armadores, libremente, les han fijado precios prohibitivos, obteniendo, de esta manera, ganancias excesivas, que no se justifican.

"3º.- Solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción la derogación del decreto supremo Nº 301, de 4 de marzo de 1966, que regula las condiciones de venta de los automóviles y camionetas, y del decreto supremo Nº 501, de 5 de mayo de 1966, que establece normas sobre elementos opcionales en los vehículos motorizados, y la resolución número 179, de la Dirección de Industria y Comercio, publicada en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1966, que establece exigencias que deben cumplir los fabricantes que venden automóviles directamente al público.

"Solicitar, asimismo, la dictación de un nuevo decreto supremo que fije precio a los automóviles y camionetas, conforme al modelo standard del país de origen, incluyendo fletes y seguros."

Esto, señor Presidente, porque los armadores estaban exigiendo sobreprecios, que, en algunos casos, llegaban a uno o dos millones de pesos...

El señor SANHUEZA.-

Y a cinco millones en algunos casos.

El señor JEREZ.-

...ya veces a cinco millones, como me apunta el Presidente de la Comisión Especial Investigadora, por el solo hecho de que el adquirente no había comprado el vehículo en Santiago, sino en un lugar distinto de la procedencia de la armaduría, lo que, realmente, constituía un abuso, ya que era un sobreprecio.

Continúo: "Este precio debe corresponder al vehículo puesto en Santiago y consultar recargos adicionales para las principales capitales de provincia y, por ningún motivo, deben aceptarse sobreprecios con respecto al valor asignado en el decreto que se dictará sobre fijación de precios.

"4º.- Solicitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, la dictación de un decreto supremo que someta al régimen de fijación de precios a todos los vehículos usados, sin excepción alguna, que se vendan en el país, de modelos de hasta tres años de antigüedad.

Recomendarle, asimismo, que la Dirección de Industria y Comercio determine los cuadros de valores de estos vehículos, en relación comparativa del precio de los vehículos armados en Chile y del valor internacional de ellos.

Recomendar también al señor Ministro que arbitre las medidas pertinentes para que los Conservadores de Bienes Raíces no inscriban en el Registro de Vehículos Motorizados las transferencias efectuadas con infracción a las normas fijadas en el decreto supremo.

"5°.- Solicitar al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al Gerente del Banco Central, una revisión de los montos de divisas autorizados en los Registros de Importación para internar las partes y piezas para armar los vehículos en Chile, pues son demasiado altos en relación con el precio de importadores de los vehículos armados en países europeos y de los Estados Unidos de América.

"6º.- Solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que perfeccione el mecanismo que señala los porcentajes anuales de integración, pues la inseguridad de contar con las piezas y partes necesarias para cumplir los porcentajes de integración; la premura con que los fabricantes deben cumplir los contratos con los armadores, y las escasas unidades requeridas por las distintas firmas que arman vehículos motorizados, influyen, en forma determinante, en los altos precios que deben pagar los propietarios de armadurías chilenas a los productores nacionales, encareciéndose así los vehículos motorizados armados en Chile.

"7º.- Informar a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, como conclusión de la investigación de la Comisión, que los industriales armadores de Chile han gozado de situaciones tributarias de excepción; que han obtenido ganancias más allá de lo aceptable; que los precios de los vehículos motorizados no guardan relación con los precios internacionales, a pesar de las franquicias que han sido otorgadas a los industriales armadores; y que, en general, procede que el Supremo Gobierno, en legítima defensa de los intereses fiscales y del adquirente chileno, estructure una política real, que ponga término a la situación privilegiada de estos industriales que, durante mucho tiempo, han cometido abusos incalificables, movidos por un desmedido afán de lucro."

Estas son las conclusiones que sometemos a la consideración de la Cámara, porque son útiles para llevar a la práctica los acuerdos de la Comisión Investigadora...

El señor MOMBERG.-

Señor Presidente, en los momentos en que. le solicité una interrupción al señor Pareto, quería solamente aclarar un punto.

Me parece que él dio a entender que ciertos sectores querían defender a estas empresas automotrices. Yo no quiero sentirme aludido; pero, por si alguna duda hubiere, quiero liberarme de esa responsabilidad. Yo he planteado, no una defensa especial de estas empresas, sino una defensa con respecto a las inversiones de capitales y a las utilidades que obtienen todas las empresas. Evidentemente, esto se refiere a todas las empresas privadas de Chile, y no sólo al caso que estamos enfocando.

Ahora, el planteamiento que hizo el Presidente de la Comisión, señor Sanhueza, dio una pauta bien clara y sencilla sobre las utilidades que está obteniendo cada una de las industrias instaladas en Arica. De su exposición es evidente que aparece que las mayores utilidades han sido percibidas en 1965 y en lo que va corrido de 1966.

El señor SANHUEZA.-

Hasta 1964.

El señor MOMBERG.-

Las mayores utilidades son de 1965 y 1966, aunque me quiera corregir el Honorable señor Sanhueza.

Con respecto a la intervención del Honorable señor Pareto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que estas industrias han estado obteniendo utilidades excesivas, pero lo han hecho amparadas por la ley. Esto es bien claro.

Los representantes nuestros que integraron la Comisión -por lo menos, el Diputado que habla- concordaron con todos los principios. Estas cosas son claras. No las puede negar nadie. Los hechos no se pueden negar. Ni siquiera los colores políticos pueden estar en juego cuando lo está un proceso industrial. Esto es evidente. Con eso queda aclarada cualquier pequeña duda en este sentido.

El sector nuestro está dispuesto a apoyar, en todo momento, cualquier acuerdo que tienda a poner en la verdad, en la realidad, los precios de la industria automotriz que tienen que regir en Chile.

Pero también habría que acotar un pequeño detalle. Es evidente que las mayores utilidades se han obtenido -es lo mismo que manifesté en un comienzo- a través de las últimas disposiciones dictadas por el Ministerio de Economía, a través del decreto del señor Lacalle. Evidentemente, él indicó la pauta para hacer la división de las partes de los automóviles, que ha permitido obtener estas utilidades. Al coche en sí mismo, al coche sin ningún adicionamiento, se le fijó un precio para que compitiera en el mercado y los diversos sectores pudieran adquirirlo. Pero, inmediatamente, se le puso precio aparte a ciertos elementos que son de vital importancia; por ejemplo, a una funda o a una radio. ¡ Esas son bromas, éstas son cosas que no existen! Si no tiene radio, no por eso el automóvil deja de andar; pero la radio es una comodidad en un automóvil.

Pero hay otros elementos que se están agregando y que son cosas que el automóvil necesita. Yo no quisiera hacer una discriminación con respecto a esta fijación de precios. Pero aplaudo la actitud del señor Buzeta y del Presidente de la Comisión, señor Sanhueza. Ellos han estado en contra del Ministerio de Economía, con respecto a esas pautas.

Este Gobierno, en todo momento, manifestó que se iban a corregir las cosas que se habían hecho en Administraciones anteriores. Yo estoy de acuerdo en que la industria automotriz tenía graves errores. Se dice que en este Gobierno se han estado corrigiendo. Bueno, pero, ¿cuál es la corrección? Resulta que el precio del coche estaba fijado en 25 mil escudos. La "corrección" determinó que bajara a 22 mil escudos. Pero, como se les fijó precio aparte a las piezas opcionales, llámense radio, repuestos y demás elementos, pasó de 25 a 26 mil 500 escudos. Yo digo que esto es un error en el sentido de "corregir".

El señor ZEPEDA COLL.-

En todo caso, se "corrigió"...

El señor MOMBERG.-

"Corregir" es una cosa bien sencilla. Si un automóvil completo costaba 25 mil escudos, es evidente que, corregido su precio, después de un estudio acabado de su costo, debe costar 22, 20, 18 ó 16 mil escudos. Eso entiendo por corrección. Pero si una cosa completa vale 25 mil escudos y se vende por partes para pedir 26 mil escudos, no veo la corrección.

Este es un planteamiento bien claro y bien sencillo; por lo demás, no se puede ni discutir, porque es lo que dice el informe, es lo que ha manifestado el Honorable señor Sanhueza y es en lo que todos en la Comisión hemos estado de acuerdo. Hemos estado en total desacuerdo con el señor Lacalle. Todo el mundo sabe que el Honorable señor Sanhueza, con toda justicia, criticó en varias oportunidades al señor Lacalle, porque no estaba cumpliendo un predicamento que nosotros habíamos planteado en la Comisión. Si corregimos el problema demos una pauta para que se llegue a una conclusión clara y precisa, cual es rebajar los costos de los coches. ¿Cómo se rebajan? ¿Por qué se nos ocurre? Se rebajan estudiando la materia, estudiando cuál es el verdadero costo, cuál es la incidencia que tiene.

En una oportunidad, ya me referí al hecho de que en el proyecto de la industria automotriz se aumentara el porcentaje de piezas y partes nacionales del 30 al 35%. Hay un estudio acabado, natural y lógico, hecho por el Gobierno, por el Ministerio de Economía, que indica que, mientras mayor sea el porcentaje de integración nacional, mayor será el costo del coche. Este es un hecho claro y preciso. Creo que el Honorable señor Sanhueza va a estar de acuerdo conmigo en que si un automóvil, que tiene en este momento un 30% de integración en partes nacionales, vale 20 millones de pesos, basta que suba la parte nacional en un 5%, para incrementar la pequeña industria subsidiaria, para que ese coche cueste, automáticamente, 5 millones de pesos más, o sea, 25 millones de pesos. Puedo equivocarme en 500, 200 ó 600 mil pesos. Eso, por vía de ejemplo. Esta es la verdad. Quisiera que el Presidente de la Comisión lo corroborara, o, en último caso, me dijera en qué parte estoy equivocado. En el actual sistema en que estamos trabajando, y no por intermedio de la ALALC, que consideraría la posibilidad de rebajar los costos, mientras mayor sea la integración nacional, por los altos costos de la producción en Chile, mayor será el valor del coche.

El señor SANHUEZA.-

Muy brevemente.

En primer lugar, quiero manifestar que, en lo referente a las utilidades que di a conocer anteriormente, alias abarcan el período comprendido entre 1962 y 1964; no el año 1965. No tenemos las cifras de las utilidades obtenidas por las empresas en el año recién pasado.

El señor MOMBERG.-

Es extraño, porque ya han transcurrido más de seis meses de 1966.

El señor SANHUEZA.-

En segundo lugar, quiero manifestar que, personalmente, concuerdo con lo aseverado por el colega Momberg, en orden a que la mayor integración, o sea, el mayor porcentaje de integración de piezas y partes nacionales, en este momento, produce un mayor valor en el precio de venta del coche.

Esto se produce debido a que la actual industria de piezas y partes nacionales está en formación y, por lo tanto, es evidente que cada una de las piezas y partes las fábrica a gran costo, ya que no existen todavía los adelantos técnicos ni la producción masiva para poder hacer bajar los costos. Al mismo tiempo, la integración de piezas y partes con algunos países de América Latina no se produce en la cantidad necesaria para llegar a un valor real.

De todas formas, creo que es importante también señalar qué no sólo este aspecto incide en el precio de los coches. En la medida en que existan en el país veinte industrias y un sinnúmero de marcas de automóviles, nunca se va a poder regularizar el mercado de la industria automotriz. El anhelo casi unánime de la Comisión -esto lo hemos discutido muchas veces y, tal como lo señalé en la mañana, la virtud y la eficacia de esta Comisión Investigadora, que yo me honro en presidir, ha sido, precisamente, la gran armonía que ha existido entre sus miembros y el deseo intenso de trabajar en estos aspectos, con toda seriedad- el deseo nuestro, digo, habría sido llegar, prácticamente, a que el país contara con una marca de automóvil, o dos o tres.

El señor MOMBERG.-

Tres o cuatro.

El señor SANHUEZA.-

Pero eso, hasta este momento, no se ha logrado. Mientras no lleguemos a reducir el número de marcas de vehículos, y a hacer que las industrias dedicadas a esto sean realmente industrias, y no simples armadurías o garajes, como son las que han existido en Arica, este problema no va a tener solución. Por eso, las medidas que nosotros vamos a recomendar y que ha dado a conocer el Honorable colega Jerez, tienden, precisamente, a tratar de normalizar, en este momento, la situación que ya se está produciendo, sin perjuicio de que los nuevos proyectos que el Ejecutivo pueda tener al respecto solucionen, en un futuro, este aspecto tan importante de la industria chilena.

Nada más.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, ya esta mañana, hemos escuchado el acucioso informe preparado por la Comisión Investigadora de la industria automotriz y de radios y televisores.

Este es el segundo pie, como en la cueca. El primer pie fue cuando se elaboró el informe relativo a la investigación sobre los televisores. Ahora, nos ha correspondido preocuparnos del informe referente a la industria automotora.

Tal como dijo el Honorable Presidente de la Comisión, señor Sanhueza, hemos contado con la colaboración del Secretario, señor Carlos Andrade, y de su ayudante, señor Carlos Olivares, quienes han contribuido a una mejor presentación de este informe.

Para que no se crea que hay animosidad en contra de nadie, con respecto a lo que voy a decir más adelante, quiero dejar constancia de la comprensión, de la buena voluntad, del buen ánimo y de la seriedad con qué la Comisión, de la cual hemos formado parte, se ha abocado al estudio de este problema. En verdad, hubo mucha armonía. Incluso, hubo acuerdo unánime para redactar el proyecto de acuerdo que esta tarde presentaremos a la consideración de esta Honorable Cámara.

Yo no me voy a referir a las cifras y a los cuadros que ya se acordó por la Honorable Cámara incluirlos en la versión de esta sesión. Sería inoficioso que volviera a citar cifras y números a los que, en la parte más importante, ya se refirió el Honorable Presidente de la Comisión, señor Sanhueza. Quiero analizar el problema de la industria automotriz en Chile desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Comité Socialista. En lo que no interprete el pensamiento del Comité, lo voy a hacer a título personal.

Los armadores han declarado las utilidades que aparecen en sus balances. A nuestro juicio -y en esto hay consenso unánime-, han declarado sólo una parte: la que ellos han invertido en la misma industria.

Se ha argumentado que como están exentos en un 90% del pago de contribuciones y rentas, no tendrían por qué ocultar las utilidades que hubieren obtenido. No podemos comprobarlo, pero tenemos antecedentes que nos permiten suponer que, aparte de las enormes utilidades, ha habido una gran evasión de dólares. Esto, desgraciadamente, no lo podemos comprobar, pero, si se observa la forma como han procedido estas empresas, es evidente que ha habido una evasión de dólares. Y creo que la utilidad declarada variaría mucho si se llegara a comprobar la cantidad de dólares que han sacado del país y que tienen en otros países. De manera que no es sólo la utilidad que ellos han declarado y que es muy alta.

Cuando en su primer "pie" esta Comisión estudió el problema de los televisores, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción dictó un decreto en que se fijaba precio a los televisores, que estaban sobre los Eº 4.000 y fueron rebajados a Eº 2.200. Nosotros hicimos ver oportunamente que aún ese decreto no reflejaba el verdadero precio de los televisores, porque fue aprobado sin estudio de los costos. Si se hubiera hecho un acucioso estudio de los precios de costo, el precio de los televisores habría sido aún inferior al fijado. Y el tiempo nos ha venido a dar la razón, porque algunas firmas que habían fijado un precio de 2.200 escudos a un televisor, voluntariamente lo han rebajado a 1.759 escudos, y lo ofrecen en avisos que cuestan cuatro millones de pesos diarios en la prensa.

El señor PARETO.-

¡Y hay otros a 1.540. Unos nuevos: los Motorola!

El señor TUMA.-

¡Ya lo ve usted!

De manera que, si bien es cierto hemos estudiado el problema con bastante interés en la Comisión Especial Investigadora, yo quiero declarar que el Ejecutivo -a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y de la Dirección de Industria y Comercio- no ha seguido una política acorde con las declaraciones y los principios que han sostenido la Comisión Investigadora y el Partido Demócrata Cristiano.

Porque nosotros no tenemos por qué estar constituyendo Comisiones Investigadoras, ya sea para estudiar la fijación de precios de los televisores, ya sea para las armadurías de automóviles, para los porotos o la carne. Nunca se ha necesitado una Comisión Investigadora para señalarle al Gobierno que algo anda mal, que hay abusos, que hay tolerancia. Por eso, a mí me causa alarma el pensar que, cuando el público lea esta versión, seguramente la va a tomar para la risa. Porque ya antes de terminar este estudio y el informe de esta Comisión, le hemos dicho al señor Hernán Lacalle que nosotros no estamos de acuerdo ni con los decretos dictados sobre la materia ni con el procedimiento adoptado. Y voy a decir más, señor Presidente.

Cuando visitamos la ciudad de Arica, entre los días 9 y 13 de septiembre de 1965, algunos armadores que también estuvieron, en esa ciudad viajaron con nosotros, en el mismo avión, tanto a la ida como al regreso. En esa ocasión, hicimos un sondeo personal, y cada parlamentario pudo conversar directamente con los representantes de algunas de estas empresas. El Diputado que habla lo hizo con tres armadores de automóviles de la ciudad de Arica. Pues bien, ya en el mes de septiembre de 1965, frente a esta investigación que encontraban seria y frente a los temores de que se tomaran medidas drásticas en su contra, porque así aparecía en las noticias de prensa y en la famosa cadena radial del Gobierno y porque en realidad estaban alarmados, ellos estaban dispuestos a aceptar los precios que regían en 1964. ¡Estaban dispuestos a aceptarlos! Se conversó con ellos, y hasta hubo acuerdo en la Comisión para plantearles, como le consta a su Presidente, Honorable colega Sanhueza, una rebaja de

un 20% de los precios que regían en 1965 y que sería tácitamente aceptada por los armadores. Resulta que no se tomó ninguna medida, se siguió tolerando a los armadores y, cuando éstos vieron que nada serio se hacía para fijar los precios de acuerdo con el verdadero costo, se dieron cuenta de que éstas eran puras bravatas del Gobierno y se han reído de esta Comisión.

El señor BUZETA.-

¡De la Comisión, no!

El señor TUMA.-

Señor Presidente, me siento herido porque no ha habido respeto por parte de las armadurías para las medidas que hubiéramos deseado proponer nosotros.

El señor MOMBERG.-

¡Sobre todo de la firma Anwandter!

El señor TUMA.-

Al mes siguiente, antes de finalizar el año, subieron los precios en general de todos los automóviles, camionetas y citronetas. Y en este año 1966 se llegó al colmo. Cuando la Comisión Investigadora empezó sus funciones, la camioneta de 500 kilos Chevrolet estaba en un precio cercano a los 30 mil escudos.

El señor MORALES (don Carlos).-

Treinta y cuatro mil escudos.

El señor TUMA.-

Y pocos meses antes, en 27 mil, precio arbitrario en aquel tiempo. Sin embargo, hoy día, este mismo vehículo, a pesar de la Comisión Investigadora, a pesar de los decretos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a pesar de las amenazas del señor Lacalle, lo tenemos en 44 mil escudos y fracción, más los "flecos" que después le cuelgan...

El señor MORALES (don Carlos).-

Más las "aleluyas".

El señor ACUÑA.-

¡En 46 mil!

El señor TUMA.-

...más las "aleluyas", como acota el Honorable señor Morales, o sea, las piezas opcionales. ¡Estas famosas piezas opcionales! Una radio Motorola se puede encontrar en las ferias libres de otros países en 40 dólares. Aquí, en algunos informes, la facturan en 1.300 escudos; es decir, cuesta mucho más barato pedir una botella de whisky en una casa de tolerancia, que agregar una pieza opcional a un vehículo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, en el informe sobre las citronetas tenemos los costos que ellos asignan al vehículo, Cuando vimos ese informe en la Comisión, nosotros preguntamos a los armadores cuánto tiempo demoran y cuántas horas-hombre ocupan en la armaduría de un automóvil, o de una camioneta. Pudimos recoger el siguiente antecedente, entregado por los mismos armadores. Se necesitaban ocho días, o sea, noventa y seis horas-hombre para armar un automóvil. Según los costos que en ese tiempo había y los salarios que se pagaban, con un promedio de quince escudos diarios por ocho horas, llegamos a la conclusión de que el costo por armar un automóvil era, aproximadamente, entre ochenta y ciento veinte escudos por vehículo.

Pero aquí, la Citroen quiere verse la suerte con nosotros y nos dice: "Gastos de fabricación en Arica, Eº 230,05; en San Nicolás, Eº 61,52". Después: "Salarios en Arica, Eº 585,48; en San Nicolás -hacen una manda a San Nicolás-, Eº 120,52." A continuación: "Sueldos en Arica, Eº 345,39; en San Nicolás, Eº 230,71; en Bandera, Eº 278,24." Aquí, a una cuadra del Congreso, dicen que arman citronetas. Después, ellos agregan el rubro "Distribución y Servicio", en el que tengo entendido están incluidos los gastos de local y oficinas, Eº 1.035,00."

Señor Presidente, de esta manera es muy fácil hacer un cálculo para llegar a los precios que ellos están fijando, casi Eº 19.000 para una citroneta, un ataúd andando, porque nadie que sube a una citroneta sabe si llegará vivo.

Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha seguido plácidamente tolerando que se sigan cobrando estos precios. ¿Voy a creer yo que, después de un año y meses que estamos en esta Comisión, por el simple hecho de que nos reunamos esta tarde aquí y aprobemos un informe, va a cambiar mañana, milagrosamente, la política del Gobierno respecto a los automóviles, a los televisores y a las radios?

Una radio de 8 transistores ahora cuesta más de medio millón de pesos. En cuanto a los productos textiles, en la Comisión Investigadora de este problema se han paralizado los estudios, porque nunca llegaron a ella los antecedentes pedidos, pues ha habido negativa para entregarlos. ¿Podremos creer que esta Comisión va a lograr bajar los precios? Pues bien, cuando se fijaron los precios de los automóviles, se dejaron libres los de aquellos vehículos de mayor demanda, que se fabrican en mayor cantidad y que están armados con partes procedentes de la ALALC. Quedaron al margen los autos de las mejores marcas, y ellos subieron inmediatamente de precio, en tanto se dicta el decreto que fija precios a estos vehículos, ya que no existen en este mercado.

Como se comprueba a través del informe de la Comisión, y como dijo, esta mañana, el Honorable señor Sanhueza, hay algunos armadores que tienen simples carpinterías o herrerías, que hacen llamar "armadurías", en las cuales han armado cuatro automóviles en un año.

El señor PARETO.-

Totalmente de acuerdo.

El señor TUMA.-

Por eso, nosotros tenemos cierta inquietud y pocas esperanzas de que algo se pueda corregir.

Denantes, el Honorable colega Momberg hablaba de que se había tratado de corregir hacia abajo; pero resulta que se ha corregido hacia arriba, en vez de hacia abajo. Nosotros somos partidarios de reajustar los precios de acuerdo con el verdadero costo. Pero en el Ministerio de Economía no existe un departamento de costos. Por eso, "andan más perdidos que el teniente Bello" en materia de precios; no quieren abordar este asunto y aceptan los antecedentes que dan estos famosos "armadores".

El señor PARETO.-

¿Dónde se perdió el "teniente Bello"?

El señor TUMA.-

En el sur...

El señor ZEPEDA COLL.-

¡En "la calle"!

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

Hace pocos meses, cuando vino el Presidente de Italia, señor Saragat, se nos dijo: "Miren, hombres; guarden un poco de silencio. Resulta que ahora no podemos tomar ninguna medida para fijar el precio a los automóviles armados en Arica e integrados por la ALALC, porque está aquí Saragat, y como se piensa traer a la FIAT, esto puede significar como echarle "Flit" o "D.D.T." Y para que no se arranque...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

...hay que demostrar que somos un país democrático y tolerante."

El señor MOMBERG.-

¡No sea iluso!

El señor TUMA.-

Eso se nos dijo: que no se quería que se fijaran precios.

El señor PARETO.-

¿Para qué lo creyó Su Señoría?

El señor TUMA.-

Esa es la disculpa que dio un personero de Gobierno, de que porque estaba Saragat aquí, no se podía fijar el precio a los automóviles armados en Arica.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

¿Cómo puede ser tan ingenuo?

El señor TUMA.-

Saragat ya se fue, y todavía no se ha venido la FIAT.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).-

La Mesa ruega a Sus Señorías respetar el sagrado derecho del señor Turna de usar de la palabra.

-Risas en la Sala.

El señor TUMA.-

Se dijo...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).-

Como la Mesa no encuentra eco a su petición, insiste en que se respete el derecho del orador.

El señor ACUÑA.-

¡Siempre que sea más "laica" la petición de la Mesa...!

El señor TUMA.-

Señor Presidente, se dijo acá que los importadores y agentes tenían una comisión, que fluctuaría entre el 13% y el 25%, en Estados Unidos. Esta comisión, que queda abonada en la cuenta de los importadores en el exterior, no está rebajada en los costos, ni registros del Banco Central. Yo quiero informar lo siguiente: Los "CKD" o los automóviles que despachan en los Estados Unidos a partir del lº de agosto de cada año, tienen, además, una rebaja del 25%, porque son modelos ya anticuados. Los pedidos para el año 1967 se están haciendo en este momento. Así, todo vehículo del modelo 1966 que se despache vendrá castigado en ese porcentaje. Esto me consta, porque en el año 1964 estuve en Houston, con algunos familiares de Méjico, quienes compraron, en octubre o septiembre de ese año, algunos automóviles modelo 1964, con el 25% de descuento. Esta es la política que tenían todas las agencias vendedoras de automóviles.

En consecuencia, los modelos 1966 que nos van a llegar, seguramente a principios del año próximo, vienen con el 25% de rebaja, porcentaje que queda en Estados Unidos como comisión, como bonificación, agregada a la deducción legal que tienen; de modo que representa una utilidad adicional.

Es muy difícil que nosotros, a través de una Comisión Investigadora, podamos establecer todas las triquiñuelas, todas las herramientas, todos los subterfugios de que se valen para obtener mayores utilidades. Lo único que queda en claro es que en nuestro país la clase media y los obreros están condenados a seguir siendo peatones.

Los profesionales honestos, porque los hay honestos...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor TUMA.-

...abogados honestos los hay, no tienen posibilidades de comprar un automóvil o sólo pueden adquirir uno usado. Los autos nuevos, dados los precios que tienen, están destinados únicamente a aquellos grandes industriales, a aquéllos que poseen grandes fortunas, agricultores poderosos o "grandes duques" que ganan una fortuna.

Por este motivo, deseamos que se oriente una política que permita a los trabajadores, como ocurre en otros países, ya sea de la clase media u obreros especializados, poseer un vehículo para movilizarse, porque no es posible que una citroneta llegue a los precios en que se están ofreciendo, en Chile. Un automóvil de dos cilindros, como hay muchos, están costando sobre 27 ó 28 mil escudos. Es decir, su valor se multiplica por diez o por once, como lo señalaba el señor Presidente de la Comisión. Hay algunos vehículos cuyo precio de origen está multiplicado en once veces.

Si nos queda algún tiempo, lo vamos a reservar para más adelante, señor Presidente.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, nosotros tenemos sumo interés en hacer una serie de planteamientos en torno de este informe de la Comisión Investigadora de las armadurías de Arica, porque estimamos que el trabajo que en ella se ha hecho, tal como lo han reconocido todos los sectores de la Cámara, ha sido extraordinariamente acucioso y profundo; y, consecuencialmente, creemos que, las conclusiones que de este informe salgan a la luz pública tendrán una alta significación, que será apreciada por la opinión pública nacional.

Quiero empezar siendo muy justo y objetivo, rindiendo un homenaje y felicitando principalmente al Presidente de la Comisión Investigadora, nuestro colega Honorable señor Fernando Sanhueza, quien, en el consenso de todos los integrantes de la Comisión, ha sido el motor -para emplear un término de acuerdo con la materia objeto de la investigación que se ha hecho- de este trabajo y de toda la labor investigadora, con la compañía y la asesoría fundamental del Secretario de la Comisión, don Carlos Andrade. Ellos no han escatimado esfuerzo para llevar a cabo fielmente el cumplimiento de su cometido y poder dar, con la modesta colaboración que los miembros integrantes de la Comisión pudimos aportar, un informe completísimo, el cual, como decían algunos Honorables colegas, es uno de los mejores que se han emitido en esta Cámara, en estos últimos años, por la trascendencia y profundidad con que ha sido hecho.

Deseo también acotar todo el régimen legal de liberaciones que favoreció a las armadurías instaladas directamente en Arica -hay que ser justo en precisarlo, al hacer la historia de estos hechos- no arranca, como se ha dicho por algunos Honorables colegas, del Gobierno anterior, sino, fundamentalmente, del D.F.L. Nº 303, dictado el 5 de agosto de 1953, mediante el cual se estableció una amplia gama de exenciones, suspendiendo por quince años la aplicación de una serie de impuestos de enorme trascendencia y que gravan fuertemente a otros sectores empresariales y a otras actividades del trabajo, como ser los impuestos sobre la renta, sobre los beneficios extraordinarios y sobre los bienes raíces. Asimismo, este régimen especial que favoreció a las armadurías de Arica fue sancionado y ratificado por la ley número 13.039, publicada en el "Diario Oficial" del 15 de octubre de 1958, que crea la Junta de Adelanto de Arica. En consecuencia, ambos estatutos legales, que son los principales cauces por los cuales se ha ido forjando todo este sistema de las armadurías, fueron establecidos y dictados durante el Gobierno del ex Presidente señor Carlos Ibáñez del Campo.

Es evidente también que en el Gobierno anterior, del señor Alessandri, se dictaron una serie de disposiciones, que, simplemente, otorgaban beneficios y hacían aplicaciones concretas de las facultades que antes he mencionado; de modo que venían a complementar o a poner en práctica los extraordinarios beneficios que ya se habían concedido.

-Un señor DIPUTADO.- ¿Su Señoría está en contra de ellos?

El señor ACUÑA.-

De acuerdo con los antecedentes que se han reunido, y a través de la visita que hicimos, en forma objetiva, al terreno mismo, en Arica, los miembros de la Comisión quedamos tremendamente impresionados, como aquí se ha dicho, por el estado en que se desenvolvían las actividades de una serie de armadurías, que habían estado trabajando en las condiciones más anormales, en cuanto a tecnicismo y continuidad de los servicios. En efecto, pudimos comprobar la existencia de una serie de pseudoarmadurías, que eran simples garajes. Los operarios que allí estaban y a quienes consultamos, nos expresaron que el trabajo de armar los vehículos que se les había asignado como cuota se terminó en tres o cuatro meses. El resto del año se habían paralizado las faenas, pero los obreros siguieron recibiendo sus salarios, pues así convenía a los armadores que allá se estaban enriqueciendo.

Los datos que se han proporcionado permiten apreciar que las diversas firmas comerciales que se establecieron en Arica lograron las más pingües y suculentas utilidades que empresa alguna puede exhibir en el desarrollo de una actividad económica nacional.

Por eso, el informe de la demisión Investigadora y sus conclusiones tienen que ser recibidos con vivo interés por todos los sectores políticos de la Cámara, ya que, evidentemente, se ha tocado un problema que casi ningún partido había demostrado interés en abordar, con el pretexto de un mal entendido regionalismo.

Hasta ahora, siempre se habrán defendido con pasión y vehemencia todas las franquicias, exenciones y liberaciones contenidas en el estatuto jurídico y en el régimen legal aplicable a la ciudad de Arica. Este era un tema tabú. No voy a repetir muchos antecedentes que aquí ya se han expuestos en forma muy documentada y seria por el Presidente de la Comisión Investigadora, Honorable señor Sanhueza. Sólo quiero destacar algunos hechos que, indudablemente, motivan la indignación de los parlamentarios de todos los sectores.

Las utilidades que ha obtenido la mayoría de las empresas armadoras de Arica no guarda ninguna proporción con la naturaleza del trabajo que han efectuado, ni con los propósitos que se tuvieron en vista al aprobarse el estatuto jurídico para esa zona. Porque, originalmente, se creyó que la instalación de esas empresas permitiría economizar al país una cantidad considerable de divisas. Al respecto, quiero destacar un hecho. Esta Comisión ha comprobado que la cantidad de dólares que entregó el Banco Central de Chile a la mayoría de las firmas establecidas en Arica es casi similar a los que se habría necesitado para internar los vehículos totalmente armados. En consecuencia, si el país hubiera importado directamente los vehículos que han sido armados en Arica con el porcentaje de integración que fijó el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, habría tenido que efectuar el mismo desembolso de divisas.

Por otra parte, los beneficios que las armadurías han reportado a los trabajadores han sido escasísimos. Está acreditado que la mano de obra que se ocupó en estas armadurías ariqueñas no fue nunca superior a 1.100 obreros.

El señor MUGA.-

Para Arica, es una cantidad importante.

El señor ACUÑA.-

Lo que dice el Honorable señor Muga, corrobora lo que expresé denantes.

Parlamentarios de todos los sectores han defendido permanentemente este régimen legal de Arica, pese a las profundas anormalidades que lo caracterizan y a los resultados tremendamente negativos que arroja, según el balance que ha hecho la Comisión Especial Investigadora. Esta trabajó con seriedad y reunió numerosos e importantes antecedentes sobre costos y problemas técnicos, para calcular en la forma más exacta posible cuál era el verdadero valor de los vehículos armados en Arica, incluyendo razonables utilidades para los empresarios. Sin embargo, según hemos podido comprobar y se ha desprendido del informe mismo y de la intervención de todos los Honorables colegas que se han referido a este problema, la Comisión, que realizó este trabajo con tanta acuciosidad, sólo encontró facilidades en la primera parte de la investigación, que se refiere a la armaduría de los televisores ; pero tuvo que vencer muchos obstáculos y resistencias para obtener antecedentes sobre las armadurías de automóviles, que constituyen un rubro mucho más importante.

Es lamentable que respecto de estas empresas, que han percibido utilidades desproporcionadas y exageradas, no haya habido una acción enérgica y positiva, concreta y rápida, de parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Gobierno, para limitar estas ganancias excesivas de las firmas establecidas en la ciudad de Arica.

Quiero recalcar que, en diversas oportunidades, como consta en el informe de la Comisión Investigadora, concurrieron a ella una serie de funcionarios para entregar antecedentes técnicos de los organismos gubernamentales. En las actas constan sus intervenciones y los diálogos que sostuvieron con ellos los diferentes señores Diputados, principalmente con el Director de Industria y Comercio, señor Hernán Lacalle. Hay que decir con franqueza que este funcionario no actuó como debía haberlo hecho, durante el curso de la investigación. Cuando se pidió la fijación de precios a los vehículos y cuando se dictó el decreto que establecía la lista de los artículos opcionales, el Director de Industria y Comercio no parecía un funcionario del Gobierno y defensor de los intereses generales del país... Muchas veces, y esto consta en el informe, por lo que estoy repitiendo un hecho que figura en la investigación, los costos calculados por el Servicio a su cargo y proporcionados a la Comisión, fueron superiores a los que habían entregado las propias empresas armadores de Arica. Esto es deplorable, porque el país espera que los organismos gubernativos defiendan el interés de los consumidores.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).-

¿Me permite, Honorable Diputado? La Mesa se ve en la obligación de advertirle que de las palabras de Su Señoría, fluye que está suponiendo a un funcionario público sentimientos opuestos a sus deberes. La Mesa hace presente esto a Su Señoría para los efectos reglamentarios correspondientes.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, Su Señoría puede hacer borrar de mi discurso las expresiones que estime pertinentes; pero no podrá suprimir la idea esencial y maciza, que está consignada en el informe, aunque con diferentes palabras.

Es evidente que los costos que dio a conocer la Dirección de Industria y Comercio fueron, en reiteradas oportunidades, superiores a los que habían entregado las propias firmas armadoras. Esto es lamentable, repito, en un organismo de la importancia de la Dirección de Industria y Comercio, que ha sido objeto de tantas críticas por la opinión pública a causa de su actuación en materia de regulación de precios de artículos alimenticios y, en general, en una serie de materias de importancia para la vida económica de nuestros connacionales.

En este aspecto, deseo referirme a lo que se consigna en la página 31 del informe de la Comisión Investigadora. En la sesión 16ª, celebrada el martes 19 de octubre de 1965, se escuchó al señor Director de Industria y Comercio, sobre los estudios de costos de la Citroneta. "Respondiendo -dice textualmente el informe- a una consulta del Presidente señor Sanhueza, el señor Lacalle expresó que el estudio estaba hecho por la Comisión de la Industria Automotriz (CORFO) y revisado por la Dirección de Industria y Comercio, aun cuando sería mejor decir que es un trabajo realizado en conjunto". Esta declaración del propio Director de Industria y Comercio reviste extraordinaria gravedad. Los organismos técnicos que están actuando en relación con la industria automotriz y que han intervenido también a requerimiento de la Comisión Investigadora en un momento dado, y en los cuales confía el país y el Gobierno, han estado entregando costos más altos que los de las propias industrias armadoras. Esto no lo podemos dejar pasar por alto, porque es muy grave. ¿Qué esperanza podemos alentar para el futuro en materia de integración de la industria automotriz, después de lo declarado por un funcionario importantísimo del Gobierno en la Comisión Investigadora? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Podemos confiar en que bajarán los precios de los vehículos? Los Honorables colegas han señalado el hecho insólito y paradojal de que a mediados de 1965, cuando comenzó a trabajar esta Comisión Investigadora, la camioneta Chevrolet Apache, 1965, costaba Eº 26.000. Desde esa época, la Comisión ha trabajado en forma acuciosa y prolija, demostrando lo desproporcionado de los costos y la falsedad de los antecedentes que muchas industrias presentaban. Pues bien, después de un año del trabajo de esta Comisión, cuyo informe la Cámara aplaude, estas camionetas valen Eº 20.000 más que lo que costaban el año pasado. De Eº 26.000 han subido a Eº 46.000, que es su precio en este instante.

¿Cómo es posible que el organismo responsable del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción haya autorizado estos precios, que son un escándalo vergonzoso?

Tenemos, en consecuencia, justa razón para temer que fracasen las expectativas que el país ha cifrado en la industria automotriz, que estaría más seriamente montada e integrada dentro de la ALALC. Si siguen interviniendo estos mismos funcionarios, el desarrollo de esa industria no le va a producir al país los beneficios que se han planteado en muchas declaraciones y exposiciones de ciertos personeros de Gobierno sobre esta materia.

Señor Presidente, quiero también destacar que la Comisión sufrió una serie de desilusiones por la actuación negligente, poco celosa en la defensa de los intereses generales del país de algunos personeros del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que comprobó durante el viaje que sus miembros hicieron a Arica. Allí comprobaron una serie de irregularidades, al visitar, como decía, los garajes donde funcionaban las pseudoarmadurías; y al inspeccionar el sistema aduanero con que se fiscalizaba la internación de los vehículos. Esas aduanas funcionaban en los propios terrenos o patios de las industrias armadoras.

Varios Diputados miembros de esta Comisión Investigadora; nos entrevistamos con Su Excelencia el Presidente de la República ; y con la mejor intención, pues estábamos profundamente convencidos de la firmeza y de la justicia de nuestros planteamientos, fuimos a plantearle nuestras inquietudes y nuestros deseos de que el Gobierno pusiera coto a este proceso abusivo de utilidades desproporcionadas, que estaban gravando tan fuertemente a los compradores de vehículos de todo el país.

Y yo, porque esto fue público, sin cometer ningún acto de indiscreción quiero recordar, como lo hizo el Honorable señor Turna, hace un instante, lo que nos dijeron los funcionarios; que Su Excelencia el Presidente de la República nos expresó que, lamentablemente, no se podían tomar medidas más enérgicas para fijarle un precio justo a los vehículos de las armadurías, porque en esos precisos instantes se estaba gestionando la llegada al país de fuertes aportes de empresas extranjeras que iban a instalar aquí armadurías mucho más completas...

El señor MOMBERG.-

¡Eso es un engaño!

El señor ACUÑA.-

...y que colocarles precio a los automóviles en esos momentos iba a provocar el espanto, la huida de estos capitales, a los cuales el Gobierno ya daba por instalados en el país.

Señor Presidente, pienso cómo se ha podido soportar en forma tan complaciente la serie de desmanes que se han producido en materia de precios de estos vehículos. El decreto dictado por la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que estableció el valor de los elementos opcionales de los vehículos es una burla a esta Comisión Investigadora, es una burla a esta Cámara y, consecuencialmente, es una burla al país.

Ya se ha hecho un análisis completo, por algunos Diputados, de las diferencias de precios, de las diferencias de calificaciones opcionales que existían por parte de diversas empresas, con respecto a las mismas materias y a los mismos beneficios que podía presentar un vehículo determinado. Sin embargo, todavía está imperando ese decreto que fijó el precio de los elementos opcionales.

¡Cómo es posible que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción haya dictado un decreto tan atrabiliario, una resolución tan desprovista de fundamento técnico! Prácticamente, es una actitud complaciente con los precios irritantes, con los precios vergonzosos que se están cobrando por los vehículos armados en Arica.

Estas cosas tenemos que señalarlas hoy día, porque el trabajo exhaustivo que ha hecho la Comisión, el estudio completísimo y profundo que ha realizado su Presidente, no pueden quedar botados en la arena, no pueden botarse al oleaje, mientras en las esferas gubernativas correspondientes se sigue, en forma complaciente, la política insinuada por las mismas empresas armadoras.

A raíz de nuestra inquietud, el país conoció una serie de declaraciones respecto del cobro abusivo en el precio de los repuestos que se utilizan en los vehículos que transitan en los caminos de Chile. Sabemos que este capítulo correspondiente a la venta de repuestos y al negocio de las firmas importadoras de repuestos constituye una de las estafas más extraordinarias que se hacen a la nación, puesto que se cobra 10, 15 ó 20 veces el valor comercial que, en justicia, debiera tener un repuesto, determinado de conformidad con lo que gasta su importador en divisas y con lo que paga en materia de derechos aduaneros.

Al respecto, sin embargo, no ha habido una acción positiva y concreta de parte de los organismos gubernativos; y, pese a que se han hecho importantes declaraciones al respecto, el país está padeciendo de este proceso y sigue asistiendo al enriquecimiento desenfrenado de las grandes firmas importadoras de repuestos de vehículos, maquinarias agrícolas, etcétera.

Quiero recordar también que en esta Cámara, como consecuencia de toda esta investigación y del escándalo que las ganancias y las cifras que se han dado han ido produciendo en los sectores nacionales, se presentó, para dar un pequeño respiro y establecer un proceso de competencia, un proyecto que fue patrocinado, fundamentalmente, por nuestro colega el Presidente de la Comisión Investigadora, don Fernando Sanhueza, y que parlamentarios de diversos partidos firmamos, prestándole nuestra más amplia adhesión.

Y ese proyecto, que autorizaba al Banco del Estado de Chile para importar hasta 10.000 vehículos motorizados, con el objeto de venderlos a particulares en determinadas condiciones, como ser a profesionales, empleados, obreros, a elementos modestos que no pueden adquirirlos a los precios prohibitivos que hoy día tienen en el país, ¿encontró eco en los sectores de Gobierno? ¿Encontró su respaldo? No, señor Presidente. Sabemos que esa iniciativa, que figura en el boletín N° 11.079 y que fue presentada a esta Honorable Cámara hace ya muchos meses, provocó la crítica y la ira de ciertos altos funcionarios de este Gobierno, quienes censuraron la actitud de los Diputados de Gobierno que habían tenido la osadía de patrocinar ese proyecto y, consecuencialmente, la de todos los que habíamos adherido a esta justa iniciativa.

Yo quiero demostrar otra cosa que es palpable y palmaria.

Es cierto que se han cometido errores y que se ha estado legislando sobre esta materia en diversos períodos, de una manera extraordinariamente generosa para estas empresas, para estas pseudoarmadurías. Pero es lamentable que cuando se han traído al conocimiento del público y del Gobierno las investigaciones que hoy día se están concretando en esta sesión de la Cámara de Diputados, en que se demuestra de un modo tan objetivo, claro y preciso, las utilidades tan cuantiosas y tan desproporcionadas obtenidas así como los abusos cometidos, se asista también al espectáculo de ver que las conclusiones y resultados de esta investigación sobre los manejos de las armadurías de automóviles no haya encontrado eco alguno en las esferas responsable del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Por eso, yo deseo terminar mis planteamientos expresando que los Diputados radicales, principalmente los que hemos intervenido en la Comisión, hemos firmado el proyecto de ley que, como conclusión, se va a aprobar hoy día con el patrocinio fundamental del Presidente de la Comisión Investigadora y, asimismo, hemos concurrido a apoyar los proyectos de acuerdo que se han elaborado por la Comisión y que, hace algunos instantes, fueron leídos por nuestro colega Alberto Jerez.

También deseamos expresar que hemos presentado un proyecto de acuerdo por el que manifestamos, de una manera clara y precisa, el criterio que ha surgido de todos los juicios contenidos en esta investigación y de los planteamientos que, con tanta franqueza, han entregado los diferentes colegas, incluso los del Partido de Gobierno y, principalmente, nuestro Honorable colega Sanhueza. El consiste en lamentar la negligencia de la Dirección de Industria y Comercio, ese importante organismo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que en esta materia, como en tantas otras atinentes con la fijación de los precios de los artículos alimenticios y de primera necesidad, ha tenido una actitud tan desafortunada que el país soporta y, más que eso, sufre...

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, hoy día hemos analizado latamente un problema que le correspondió estudiar durante muchos meses a la Comisión Especial Investigadora Automotriz, y cuyas conclusiones figuran en un informe que, por su contenido, a mi juicio, es uno de los más completos que se ha podido hacer en la Honorable Cámara. Por esta razón, y tal cual lo ha hecho el resto de mis colegas, tengo que felicitar en forma cordial y efusiva al señor Presidente de la Comisión que en todo momento nos dio plena garantía para el ejercicio de la función fiscalizadora como así también al personal de Secretaría que en forma muy eficiente y acuciosa ha podido sacar un informe como el que ahora conoce la Honorable Cámara y, a la vez, la opinión pública.

Ahora bien, con respecto a las conclusiones, creo que no es posible seguir abundando en consideraciones, por cuanto el señor Presidente de la Comisión nos hizo una exposición completísima, muy detallada, de todo el contenido del informe y una apreciación con respecto a todo lo que a a nosotros nos ha correspondido investigar.

También creo que por hecho de haberse dado a conocer el proyecto de ley y los proyectos de acuerdo que se presentarán, quedan pocas observaciones que formular. No obstante, a través de la exposición del señor Presidente de la Comisión y de lo que hemos podido escuchar a los Honorables colegas sobre el problema mismo, se han ido deslizando algunas opiniones que se alejan un tanto del problema, aunque no extraño, que así lo hagan las corrientes contrarias al actual Gobierno, las que atribuyen toda la responsabilidad de estos hechos a los funcionarios o al Gobierno mismo, o sea, para ser más exactos, al Ejecutivo.

Sin embargo, no nos hemos detenido a pensar qué hay con respecto a la industria automotriz en sí misma. Comenzaré diciendo que comparto plenamente las opiniones de quienes dicen que en este negocio de la industria automotriz, armaduría o como quiera llamársela, hay un descontrol y abuso incalificables, a pesar de que no sólo en esta actividad suceden tales anormalidades en nuestro país. Pero en lo que, a mi juicio, perdemos un tanto la visión exacta del problema, es en cuanto a saber si este tipo de armadurías es o no conveniente para el país. En realidad, nos tiene que hacer meditar el hecho de que un automóvil que vale dos mil dólares en el extranjero, obtenido en el país por este sistema de armarlo en Arica, o en cualquier otro sitio, se venda a un precio equivalente a cerca de doce o quince mil dólares.

Se han dado muchas razones, y se han criticado, como es natural, las excesivas utilidades obtenidas por los industriales, pero se ha olvidado un detalle que es de extraordinaria gravedad. Yo recuerdo que en una de las sesiones de la Comisión Especial Investigadora se dio cuenta de un hecho que no se ha mencionado esta tarde, y la haré saber, porque la considero extraordinariamente grave y novedoso. Conocimos el caso de un industrial que declaraba más utilidades que las que realmente obtenía. ¿Por qué, señor Presidente? Por una razón muy sencilla y es digno de hacer notar que, en realidad, a los industriales no se les va una. Como allá tienen liberaciones y franquicias tributarias, acusaba mayores utilidades en la industria automotriz de Arica para blanquear capitales que tenía ocultos en el país. Este fue el caso de la firma Avayú, la que fue castigada con una multa cercana a los mil millones de pesos, después de un juicio en que se comprobó dicha martingala.

De aquí que el problema que estamos analizando no se reduce sólo a estos detalles de que si vale más o menos un automóvil. Hay otros aspectos como el que acabo de señalar, que transforman este asunto en uno de los escándalos mayúsculos existentes en materia industrial.

Ahora bien, se dice que el Gobierno, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el señor Lacalle, que todos estos personeros han descuidado el problema y lo han tolerado. Aun más, se ha manifestado que tenemos precios exorbitantes en materia de vehículos. Pero yo estaba recordando un hecho práctico sobre el valor de los automóviles.

En el año 1953, por ejemplo, un automóvil del tipo que se vende hoy a razón de 25 y 30 millones de pesos valían entre 6 y 7 millones de pesos. Ahora bien, 6 millones de pesos, en dólar a $ ¡600, equivale a US$ 10.000. Hoy ese mismo automóvil vale 30 millones de pesos, con dólar a $ 5.000 lo que equivale, entonces, a US$ 6.000.

Esta es una consideración que debe hacerse antes de acusar de tolerancia al Gobierno y de usar otras expresiones en su contra.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

No...

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Sí. En fin, no me haga dar cifras justas, porque no las tengo y estoy haciendo sólo un estudio más o menos comparativo. Si llega el caso, podríamos afinar las cifras, pero creo que no procede, pues trato de señalar un hecho solamente. Es la deflactación monetaria. Porque si sacamos las equivalencias del valor adquisitivo de la moneda, nos encontraremos con más de alguna novedad en este sentido. De allí que, cuando se comienzan a hacer apreciaciones ligeras sobre este problema, creo que bien vale la pena hacer un estudio más detenido frente al proceso económico mismo.

No quiero decir -repito- que en esto no haya abusos, ni que no se haya traficado con la industria nacional, por parte de algunos industriales deshonestos. Pero también hay en este complejo problema algunos aspectos que merecen ciertas observaciones.

El señor GONZALEZ MAERTENS.-

Señor Presidente, mis palabras no se van a referir a la materia en debate. Sólo quiero pedir al señor Presidente que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que se autorice a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para sesionar simultáneamente con la Corporación, a fin de que pueda tratar algunos proyectos de ley que están, desde un tiempo a la fecha, sin poder ser estudiados por ella.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).-

¿Qué proyectos?

El señor GONZALEZ MAERTENS.-

Se trata, entre otras cosas, de un proyecto de ley por el cual se dictan normas para el saneamiento de la pequeña propiedad urbana. Es decir, se establece un procedimiento para que aquellos ocupantes de predios y sitios urbanos que tienen posesión por más de 5 años, cuyo origen de dominio no se conoce, ya sea porque se murieron los propietarios o, sencillamente, porque son sitios fiscales, cuyo dominio no está discutido, puedan pedir, después de 5 años, al juez correspondiente la inscripción a su favor. Es un procedimiento corto, que permite dar el título de dominio, especialmente a los actuales ocupantes de aquellas propiedades.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, trataré de abreviar mi intervención, porque a esta hora ya estamos un tanto cansados por las observaciones que se han hecho.

Quiero aprovechar, sí, esta ocasión, para decir que, después de esta larga y acuciosa investigación, queda en pie la buena idea sugerida por el Honorable señor Va-lente, en el sentido de ir a una verdadera planificación con respecto a este problema. Más que eso, dejar que este negocio o industrialización de tipo "callampa", como se ha llevado hasta ahora, sea encarado por un organismo del Estado, como la Corporación de Fomento, que en este caso sería el más adecuado. Así, de una vez por todas, no sólo tendríamos seguridad en los costos, sino, a la vez, uniformidad en cuanto a los tipos de vehículos que nuestro país necesita.

Si hubiésemos seguido en las condiciones en que se planteó en otro Gobierno la fabricación de automóviles, para lo cual quedó terminada una fábrica en Rancagua y pendiente un Convenio con la Fiat sin que hasta la fecha, desafortunadamente, pueda empezar a trabajar, ya habríamos podido superar, justamente, todos los abusos de los que, de una u otra manera, algunos comerciantes o industriales siempre se aprovechan.

Quiero terminar mis palabras expresando que creo que con este informe y sus conclusiones hemos logrado hacer claridad en una de las actividades industriales en la que, por los caracteres que siempre ha mostrado, ha habido más escándalos y más abusos.

Nada más, señor Presidente.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, agradezco al Comité Comunista que me haya cedido el tiempo que le quedaba disponible.

La Honorable Cámara ha estado conociendo el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de estudiar las irregularidades cometidas en las armadurías de vehículos motorizados y de receptores de televisión y radio instaladas en Arica. Sin duda alguna que este informe merece no sólo el aplauso de la Sala, sino, también, el del país, porque esta Comisión, presidida por el Honorable Diputadodon Fernando Sanhueza, ha puesto lo mejor de su parte para estudiar, en forma acabada, todos los problemas relacionados con esta materia.

Pero hay que remontarse un poco a la historia de los acontecimientos ocurridos en Arica cuando se dictaron por el Presidente Ibáñez los primeros decretos relacionados con el puerto libre de Arica. Esto se hizo por razones que todos conocemos, con el objeto de permitir que esta ciudad, ubicada casi en el límite con el Perú, tuviera la posibilidad de un auge, para que no se siguiera desmantelando, en cuanto a población e industrias se refiere.

Así nació el puerto libre de Arica, con todos sus vicios, pero con muchas virtudes. Yo, como Diputado por Antofagasta, puedo declarar que esa ley y esos decretos dictados por el señor Ibáñez sirvieron para absorber la enorme cesantía de esa época. Efectivamente, empleados y obreros que habían quedado sin trabajo en las provincias de Antofagasta y Tarapacá se trasladaron a Arica para poder seguir viviendo.

Con esos decretos se cometieron muchas injusticias; tanto es así que, cuando se discutió el establecimiento de la frontera libre en Arica, en la Comisión de Economía y Comercio presenté una indicación para que los comerciantes e industriales que se instalaran allí fueran chilenos o extranjeros establecidos en Chile, con un mínimo de diez años.

Desgraciadamente en la Comisión de

Economía y Comercio sólo obtuvo mi voto.

Al pasar el tiempo, desgraciadamente, se ha podido establecer que llegaron a Arica muchos audaces que no deseaban el bienestar de Chile, ni de esa zona, sino aumentar su peculio personal. Y cuando vieron temblar a Arica, cuando se eliminó el puerto libre, lo primero que hicieron esos comerciantes fue tomar sus maletas, su dinero ganado, e irse.

Posteriormente, hubo que dar industrias a Arica y, entre otras, se creó la industria automotriz, con todos sus defectos, y en la que se ha producido la especulación más horrorosa,» como se ha podido establecer en el informe de la Comisión Especial Investigadora, designada para conocer de esas irregularidades.

Pero, ¿quiénes son responsables de todo esto? En la Democracia Cristiana, en el Partido único de Gobierno, ha habido una voz que se ha levantado en contra de esta especulación, porque en los partidos de Oposición...

El señor CLAVEL.-

En el escaso tiempo de que dispongo debo decir que la principal responsabilidad de lo que ha pasado, -y esto lo ha declarado durante mucho tiempo un Diputado del Partido único de Gobierno, el Honorable señor Fernando Sanhueza-, y de los abusos que se han cometido en esta materia, proviene no sólo de los industriales de Arica, sino del mal comportamiento de los organismos dependientes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, al cual le corresponde velar por los precios de los productos que se elaboran en Chile.

Pero hay algo más: ¿qué se ha hecho y qué se pretende hacer para reemplazar esta industria básica en Arica? Hay un proyecto sobre fomento de la industria automotriz, que la mayoría del país...

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, de acuerdo con lo que expresara el señor Ministro de Relaciones Exteriores, nosotros queremos plantear nuestros puntos de vista, en atención a que él manifestó que le agradaría escuchar las opiniones de todos los sectores del Congreso. Eso nos parece bien, para que él lleve, ojalá, a las Naciones Unidas, la palabra de todos los chilenos.

Si este permiso constitucional hubiera sido para la OEA, indudablemente que, como siempre, nosotros nos habríamos opuesto, en atención a que este organismo está extremadamente desacreditado.

Para que el señor Ministro ojala considere algunos de nuestros puntos de vista, en atención a que represen tamos a un gran sector de la ciudadanía, porque no se puede desconocer que el Partido Socialista es una fuerza viviente, que tiene parlamentarios en ambas ramas del Congreso; y para mejor ilustración, queremos dar a conocer la carta que el Partido Socialista le entregara al señor U Thant cuando vino a nuestro país. En esta carta se condensan todos nuestros puntos de vista, con entera franqueza. Esperamos que el señor Ministro la considere, en atención a que vamos a votar favorablemente el permiso que ha solicitado para salir del país.

Este documento está firmado por nuestro Secretario General, camarada Aniceto Rodríguez, y dice:

"El Partido Socialista de Chile desea aprovechar la oportunidad de su presencia en nuestro país para hacerle llegar sus opiniones sobre diversas materias que preocupan a los pueblos del mundo, en especial, a los de América Latina, y que, en una u otra forma, son de la competencia específica de las Naciones Unidas como órgano creado para promover la paz y el progreso de la humanidad.

"Las Naciones Unidas nacieron en 1945 con el propósito de evitar que se repitiera el holocausto desatado en 1939 por las potencias fascistas e inscribieron en su Carta Orgánica como finalidad esencial la de "mantener la paz y seguridad internacionales, suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz". También afirma este Documento el propósito de "fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto ai principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos" y establece que "los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas".

"Los autores de la Carta no se limitaron a formular estos preceptos, sino que, conscientes del fracaso de la anterior Liga de las Naciones, establecieron las normas y crearon los órganos necesarios para darles aplicación en la práctica.

La realidad que ha constatado la humanidad en los últimos años prueba, sin embargo, que ni la experiencia del pasado, ni las minuciosas precauciones adoptadas en la Carta han sido suficientes para evitar que ciertas potencias, particularmente los Estados Unidos de América, volvieran a caminar por la misma ruta de las potencias fascistas, amenazando, agrediendo, invadiendo o exterminando a pequeños e indefensos que no han querido doblegarse ante su poderío.

"Queremos llamar la atención del señor Secretario General sobre aquellos focos de perturbación que entrañan mayor peligro para el derecho y la paz del mundo.

"1º.- La agresión de los Estados Unidos de América contra Vietnam.

"Ningún conflicto actual y posiblemente ninguno del pasado está produciendo una repulsa más profunda y general que la guerra de exterminio que se lleva a cabo por los Estados Unidos contra la pequeña, lejana y agrícola nación vietnamita. Un pueblo sin recursos económicos ni militares que ahora ni antes en la historia ha amenazado o invadido ni a sus más próximos vecinos, que jamás ha librado guerra de conquistas, es invadido, bombardeado, quemado y envenenado sistemáticamente de día y de noche, desde hace cuatro años, por una potencia lejana y belicosa, que pretende garantizar su propia seguridad a costa de la independencia, la libertad y la vida de aquel. Pese a la gravedad de estos hechos y al peligro que entrañan para la paz universal, las Naciones Unidas han permanecido, prácticamente, al margen de ellos, con grave detrimento de sus principios y deberes internacionales.

"El retiro de las tropas norteamericanas y de sus aliados de Vietnam del Sur y el cese de los bombardeos por parte de los Estados Unidos en Vietnam del Norte, son factores que seguramente posibilitarían las justas demandas de ese heroico y sacrificado pueblo asiático, corno son lograr la reunificación de todo su territorio, la elección de un sistema político, social y económico sin interferencias de ninguna especie, contando sólo con la voluntad de su pueblo expresada por el Vietnam, y por el sur, por medio del Trente Nacional de Liberación. Todo ellos según el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1954, que han sido permanentemente vulnerados por el Gobierno norteamericano.

2°.- Intervención militar en la República Dominicana.- "En abril del año pasado, el pueblo dominicano, en unión con un sector de sus fuerzas armadas, quiso restablecer en su patria las libertades públicas y normas democráticas arrebatadas por un golpe militar anterior. Quiso restaurar, también, normas mínimas de decencia en el manejo de los negocios públicos, restringiendo los privilegios castrenses y los favores inauditos otorgados a ciertos negociantes extranjeros. Esta acción legítima, y de resorte interno de la República Dominicana, motivó la intervención armada de los Estados Unidos de América, la matanza masiva de los revolucionarios patriotas, la ocupación extranjera del país y la instauración de un régimen espurio que pretende perpetuar, bajo apariencia de legalidad, la sumisión y los crímenes de la vieja dictadura trujillista.

"La flagrante violación de los principios de las Naciones Unidas y la abierta complicidad del organismo regional OEA para dar cierta aparente legitimidad a esta acción estadounidense quedó también impune y ninguno de sus órganos competentes ejerció debidamente sus funciones.

3º.- Agresiones y "boicot" contra Cuba. -La República de Cuba, desde que se dio en 1959 un gobierno eminentemente popular y soberano, ha sido víctima de amenazas, presiones e invasiones armadas provenientes directa e indirectamente de los Estados Unidos. Innumerables actos de sabotaje y espionaje culminaron en 1961 con la invasión de Playa Girón, por la que asumió pública y directa responsabilidad el PresidenteKennedy. En enero de 1962 fue expulsada Cuba de la OEA: en octubre de 1963 se la amenazó por Estados Unidos con un ataque nuclear y, en julio de 1964, adoptó la Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de América el acuerdo ilegal, y contrario al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, de romper las relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y marítimas con la Isla. Los Estados Unidos han agravado esta acción ilegítima con medidas adicionales que afectan a otros países del mundo que comercian o desean comerciar con Cuba. Toda la política norteamericana en los últimos siete años ha estado dirigida al derrocamiento del Gobierno Revolucionario de Cuba, a la supresión de las reformas económicas y sociales introducidas por él y al restablecimiento de un gobierno sumiso a los dictados de Washington.

"Los pueblos y naciones del mundo, respetuosos del derecho y preocupados del destino de los Estados pequeños, echaron de menos también, en este caso, una acción clara y definida de las Naciones Unidas, siquiera como una sanción moral al agresor.

4º.- Intervención armada conjunta en América Latina.- La agresión a la República Dominicana perpetrada por los Estados Unidos, en lugar de promover la condenación del agresor y el retiro de sus fuerzas del país invadido, se ha transformado, por el contrario, en el paso inicial para dar patente de legalidad a una fuerza armada permanente, destinada a intervenir cuando y donde los Estados Unidos lo estimen conveniente. Bajo la denominación falaz de "Fuerza Interamericana de Paz" se pretende constituir, al margen de las Naciones Unidas, en violación de sus normas y órganos, un aparato militar destinado a hacer tabla rasa de los principios de no intervención y autodeterminación, del respeto a la independencia de las naciones y de los preceptos de conciliación, arbitraje y arreglo pacífico de las controversias. Todo lo conquistado por las naciones latinoamericanas en una lucha centenaria con el coloso del Norte y todo lo construido en el campo del Derecho Internacional en los últimos veinte años para impedir la violencia y la rapiña de las grandes potencias, pretende ser demolido y pisoteado con la creación de esta "Fuerza Interamericana de Paz". Sería ocioso insistir ante Vuestra Excelencia en que medite en que es incompatible la existencia misma de las Naciones Unidas con una fuerza armada como la que los Estados Unidos pretenden constituir en América.

5º.- Admisión de la República Popular China en las Naciones Unidas.- China pertenece al grupo de naciones fundadoras de las Naciones Unidas, y tiene, por derecho propio, un asiento permanente en su Consejo de Seguridad. Este asiento pertenece al Estado Chino y no a determinados ciudadanos chinos. En 1949 se dio el Estado Chino un Gobierno que reemplazó al que hasta entonces había regido en la República. Sin embargo, las Naciones Unidas, bajo la presión de los Estados Unidos de América, crearon y han mantenido hasta hoy la ficción de que el Estado Chino sigue siendo gobernado y representado por quienes huyeron del país y se refugiaron, bajo la protección de las armas norteamericanas, en la isla de Formosa. Es así como el ciudadano chino llamado Chiang Kai Chek se llevó la representación del Estado Chino en el Consejo de las Naciones Unidas, como un objeto más de los que sacó de su patria al momento de huir. Hoy día la República China y sus setecientos millones de habitantes carecen, por lo tanto, del mandato que legítimamente les corresponde y lo ejerce, para todos los efectos prácticos, la potencia que está empeñada precisamente en destruirla.

Esta increíble anomalía, esta ofensa al pueblo chino, resta a las Naciones Unidas no sólo su universalidad, sino la respetabilidad que debe tener para realizar su misión de paz. El Partido Socialista de Chile cree que ha llegado el momento de terminar con esta situación y de dar los pasos necesarios para que la República Popular China recupere el puesto que le corresponde en el Consejo de Seguridad", y también la República de Cuba,

El señor MONTES.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas queremos expresar algunas opiniones en relación al problema que debate esta tarde la Honorable Cámara, después de haber escuchado con toda atención la exposición que el señor Ministro ha formulado.

Nosotros podemos decir, con absoluta franqueza, que estamos de acuerdo con el señor Ministro en considerar que, en estos instantes de la historia del mundo, el problema principal que debe preocupar a los representantes de los gobiernos que participan en el 21º período de la Asamblea

General de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz mundial.

Es un problema complejo, difícil de resolver, por lo cual es importante que el señor Canciller haya expresado que Chile está dispuesto a colaborar en la búsqueda de la consolidación de la paz mundial. Nosotros concordamos en que en estos instantes el problema decisivo, el punto de máxima tensión internacional, del cual depende la paz en el mundo y las posibilidades de una nueva conflagración mundial que, como se ha dicho y todos comprendemos, sería inevitablemente termonuclear, es justamente Vietnam.

Por eso, nosotros deseábamos expresar la palabra del Partido Comunista en relación con este problema, teniendo en cuenta algunas opiniones que, previamente, planteara el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Ante el hecho de que el peso de la opinión pública -como él señaló- tenga una influencia cada vez mayor en la Organización de las Naciones Unidas y considerando que la guerra agresiva de los Estados Unidos en contra del Vietnam está creando situaciones extremadamente riesgosas para la paz del mundo, un país pequeño como el nuestro puede jugar un papel importante, quizás decisivo, en esta materia vital para la humanidad.

Por eso, nosotros creemos que nuestro país no puede estar ausente en las deliberaciones que, sobre esta materia particularmente, se deberán desarrollar en el seno de las Naciones Unidas.

Nosotros estimamos, y lo expresamos para que en todo caso el señor Canciller pueda tener en cuenta alguna de nuestras opiniones acerca de que en Vietnam se presenta una situación que es necesario encarar con franqueza, con absoluta claridad. Allí, los Estados Unidos de Norteamérica han violado los acuerdos de Ginebra, de julio de 1954; han violado los principios de no intervención y de autodeterminación. Han agredido a un pueblo lejano basándose en la concepción

de las denominadas "fronteras ideológicas" y "fronteras políticas", que ha hecho decir a los representantes de los Estados Unidos- en relación a la guerra de Vietnam- que la seguridad de Estados Unidos pasa por el paralelo 17.

Este concepto no sólo significa una amenaza para la paz mundial, que en el Vietnam se agudiza cada día, sino también a la paz seudo-doctrinaria, diría yo. Porque mañana Estados Unidos de Norteamérica podría estimar que su seguridad depende que en cualquier país latinoamericano, y concretamente el nuestro, pudiera producirse, con peligro para los intereses norteamericanos, lo que se denomina, o se acostumbra denominar, "subversión comunista". Por eso, nos parece que la agresión norteamericana en Vietnam no sólo tiene un contenido local en relación a ese país, sino que la agresión del Pentágono, la participación abierta del ejército de los Estados Unidos en Vietnam, se asientan en una concepción extraordinariamente peligrosa para todos los países de la tierra.

No sólo se lucha al sur del paralelo 17 en estos instantes; el ejército de los Estados Unidos no sólo mantiene una fuerza superior, a esta altura, a los 300 mil hombres en Vietnam del Sur, sino que, como producto de la política denominada de "escalada", de ir acentuando la gravedad del conflicto cada vez que lo estima conveniente la política agresiva de Estados Unidos, se han llevado a cabo, desde un tiempo a esta parte, bombardeos masivos, diarios permanentes en contra de la República Democrática de Vietnam ubicada al norte del paralelo 17. Y esto sí que significa que la paz del mundo pende de un hilo; yo diría que pende exclusivamente de la serenidad de los dirigentes de la República Democrática de Vietnam, de la manera realmente admirable y maravillosa como está resolviendo el problema político derivado de la agresión norteamericana, para enfrentarla y repelerla.

Pero el cable anuncia hoy, en la primera página de La Nación -entiendo que el señor Ministro de Relaciones Exteriores ha tenido oportunidad de leerlo- un posible desembarco norteamericano en Vietnam del Norte. Y esto sí que no coloca ya no sólo frente a la posibilidad, más o menos cercana, de una conflagración mundial, sino frente a la inevitabilidad de una tercera guerra mundial termonuclear. Un ataque, un desembarco norteamericano en un país socialista, un desembarco de "marines" yanquis en Vietnam del Norte, en la República Democrática de Vietnam, no puede significar que los países del mundo socialista permanezcan impasibles y no adopten todas las medidas para derrotar al agresor, para ayudar a respaldar a la República Democrática de Vietnam, para resolver el pleito planteado en estos instantes, a través de la guerra. Como aquí lo ha expresado el señor Canciller, toda persona sensata tiene no sólo la intención o buen deseo, sino el deber de hacer todo lo que esté en sus manos para evitar tal guerra, porque una nueva conflagración mundial significaría el holocausto de una importantísima parte de la Humanidad.

Por eso, nosotros creemos, basándonos en hechos y no sólo guiados por lo que pudiera denominarse una concepción apriorística respecto a la política de los Estados Unidos, a la política del imperialismo, sino tratando, lo más objetivamente que nos sea posible, de examinar los hechos, la situación real que presenta la vida, que es manifiesto que la política norteamericana, en esta parte del mundo, sobre todo en estos instantes, conduce a la guerra mundial.

Por eso estimamos que nuestro país, a través de la representación chilena en el seno de las Naciones Unidas, puede jugar un papel importante, a pesar de que, en sentido figurado, algunos dicen que vivimos o estamos ubicados en el último rincón del mundo.

Porque si nuestra representación considera que lo sensato es exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Ginebra, a fin de preservar la paz y, para lograr estos objetivos, obtener el cese de la agresión, paralizando la "escalada" en Vietnam y logrando el retiro de las tropas invasoras, evidentemente ella estaría aportando una valiosa contribución que nosotros, tomando en cuenta ¡as proporciones o la magnitud con que deben plantearse estos problemas, podríamos calificar de muy importante y realmente excepcional.

Yo creo que esto no significa plantear esta cuestión fuera de foco o en forma exorbitante, sino, repito, señalar la situación tal como se presenta en la realidad. Los vietnamitas, tanto de la República Democrática del Vietnam, como los representantes del Frente de Liberación del Sur...

Perdón, señor Presidente. Observo que la Mesa me advierte que me queda un minuto de tiempo. No sé si me será posible obtener cinco minutos, o diez, para terminar mis observaciones.

El señor MONTES.-

Repito, señor Presidente, que el Gobierno de la República

Democrática de Vietnam y el Frente Nacional de Liberación, que dirige la lucha en Vietnam del Sur, denominado por los norteamericanos como Vietcong, que viene a significar algo así como comunistas del sur, han expresado, a través de los denominados "cinco puntos", por una parte, y "cuatro puntos", por la otra, la posición y la actitud fundamental de estos dos países, para lograr la paz y la solución del problema del pueblo vietnamita.

El Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, que representa una dirección unificada de las organizaciones políticas y sociales que allí existen, y donde, naturalmente, participa el Partido Comunista de ese país, junto con organizaciones católicas, budistas, estudiantiles, etcétera, ha expresado que en cualquier acuerdo, en cualquiera situación que se plantee referente a la paz en esa región del inundo, no puede excluirse su participación, ya que el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur controla, en estos instantes, las cuatro quintas partes del territorio al sur del paralelo 17, y, sobre 14 millones de habitantes de esta parte de Vietnam, 10 millones, a lo menos, viven en la zona liberada. Este es el organismo más representativo, y, evidentemente, es imposible ignorar la realidad de su existencia y del hecho de que representa a las diversas fuerzas políticas, corrientes religiosas, organismos sociales; de modo -insisto en ello- en cualquier acuerdo no puede estar ausente una participación de este organismo político, creado por el pueblo de Vietnam para dirigir y orientar su resistencia frente a la invasión norteamericana. '

Comprendemos que la situación es grave. Ya dijo un cable que hay anunciado un desembarco norteamericano en la República Democrática de Vietnam. El Ministro de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la intención del Pentágono de elevar a 800.000 los efectivos de su ejército invasor. Recordemos y tengamos presentes las palabras del actual Secretario General de las Naciones Unidas, U Trant, a su paso por Chile, quien, entre otras ideas, condenó la agresión norteamericana de una manera muy clara y explícita: no sólo, tal vez, por el hecho de ser asiático, sino porque, como hombre sensato y realista, observa que la única posibilidad de lograr la solución de los problemas es hablar de esta manera. Condenó la agresión y expresó su desaliento por la actual situación que vive el mundo, a raíz de la guerra de Vietnam. Expresó: "No veo perspectivas de que la situación mejore en un futuro cercano."

Efectivamente, las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, corroboradas hace pocos minutos por el Canciller en esta Sala, reflejan la actual situación, extremadamente grave en que vive el mundo, y la posibilidad de que se desate, insistimos en ello, una tercera conflagración mundial.

La lucha por la paz debe constituir, hoy día, a nuestro juicio, el centro de la actividad de la representación chilena en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y las proposiciones e iniciativas de nuestra representación, para que tengan validez y se desarrollen con personalidad propia e independiente, deben, a nuestro juicio, ser realistas. Si el señor Ministro así lo tiene a bien, exigimos que se tenga en cuenta la opinión que hemos expresado; porque, de otra manera, no sólo los comunistas chilenos, sino todos los habitantes de nuestra patria de nuestra América y del mundo estarán lamentando no haber hablado claro, no haber asumido su responsabilidad en una hora decisiva de la historia de la Humanidad, para representar las posibilidades de una solución del conflicto creado en Vietnam.

La lucha por la paz, a nuestro juicio, significa la lucha contra la agresión. Podemos tener diversas ideas y, también, puede haber diferentes interpretaciones en torno de tal o cual problema; pero, en relación al de Vietnam, nadie podrá negar ni ignorar de dónde viene la agresión, cuál es la realidad de lo que allí ocurre y cuál es el ejército extranjero que allí está actuando en contra de la independencia de un pequeño país.

Esta agresión, como señalara el Honorable Diputado señor Aguilera, también la conoce América Latina a través de su dramática historia: Cuba y, más recientemente, Santo Domingo.

Quiero recordar este segundo caso, porque, respecto a él -lo reconocemos, a nuestro juicio, el Gobierno de Chile y el Partido de Gobierno asumieron una actitud correcta: condenaron la agresión. Más aún, reconocemos, asimismo, el hecho de que la juventud democratacristiana participó, codo a codo, con la juventud de los partidos Comunista, Socialista y Radical en la protesta callejera, en expresión masiva de repudio a la agresión norteamericana a Santo Domingo.

Creemos que el caso de Vietnam puede reeditar esta unidad tan amplia en torno de un aspecto capital de nuestro tiempo, concitando la unidad de las fueras mayoritarias de nuestro país, para plantear la necesidad de que cese la agresión norteamericana en esa región y exigir el retiro de sus tropas.

Nosotros deseamos conocer la opinión del señor Ministro, que suponemos será la del Gobierno, respecto a esta materia. Entiendo que el señor Ministro debe haberse ausentado de la sesión, sólo por un momento, por algún motivo realmente importante.

Quiero,, además, hacer presente que no concordamos con los planteamientos que ha expuesto el señor Canciller sobre determinadas materias. Pero no vamos a insistir en esas discrepancias. Deseamos hacer notar aquellos puntos de coincidencia en relación a la política internacional señalada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Repito, en este instante en que el señor Ministro regresa a la Sala, que deseamos conocer la opinión del Gobierno, el pensamiento del Canciller sobre el problema de Vietnam,

Además, desearíamos señalar, concretamente, otro problema. Sabemos, por algunas declaraciones publicadas; en la prensa y emanadas, entiendo que de la propia. Cancillería o de algún personero del Gobierno, que Chile se pronunciará en favor del ingreso de China a las Naciones Unidas. Estimamos que de ser efectiva esta actitud de Gobierno de Chile corresponde por entero a los intereses de la; Naciones Unidas y contribuye a preservar la paz Además, nos parece ver en esto un paso realista y la aplicación de una política sensata en torno de esta materia.

Queremos también destacar que Alemania Democrática ha planteado y solicitado su ingreso a la Naciones Unidas. Al respecto, le asiste el mismo derecho que a la República Federal Alemana.

Nosotros quisiéramos conocer la opinión del señor Ministro en torno de este problema, porque estimamos; indispensable actuar con los ojos abiertos a la realidad que vive el mundo y no asumir la actitud del avestruz. Esto significa reconocer que, en verdad, existen dos Estados alemanes y que cada uno de ellos debe tener asiento en las Naciones Unidas.

Creemos, pues, de alguna importancia la participación de la representación chilena en ese organismo internacional. En consecuencia, votaremos favorablemente el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, porque la política del Gobierno, por lo menos en ciertos aspectos, puede significar un avance y un aporte positivo a la consolidación de la paz mundial. No sé si podré disponer de uno o dos minutos más, para referirme al permiso del señor Ministro de Salud Pública

El señor MARTINEZ CAMPS.-

Señor Presidente, los Diputados radicales coincidimos con la apreciación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, en cuanto a que ha sido tradicional la asistencia del Secretario de esa Cartera a la primera parte de las sesiones de la Asamblea anual de las Naciones Unidas.

Creemos en la necesidad de fortalecer ese organismo, y celebramos que la crisis política y financiera que en él se había producido; se haya superado. Incluso, desearíamos que tuviera razón el señor Ministro cuando dice que las Naciones lindas han salido fortalecidas de esta prueba.

Esta organización ha hecho todo lo posible por imponer la paz y el desarme, pero sus esfuerzos no han impedido que siga habiendo conflictos entre las naciones en el mundo.

En cuanto a su preocupación por el desarrollo económico y social -que el señor Ministro expresó que había sido más positiva tenemos que señalar que lo hemos analizado anteriormente, que los resultados para Chile y América Latina no han coincidido con las expectativas y anhelos de sus pueblos.

Hemos aplaudido las palabras del señor U Thant, que el señor Ministro trajo al debate, y compartimos también la actitud del Gobierno de respaldar su designación por un nuevo período como Secretario General de las Naciones Unidas. Creemos que es un hombre de espíritu extraordinariamente bien dotado y que, como manifestaba el señor Ministro, no sólo merece ser Secretario Administrativo de las Naciones Unidas, sino que está en condiciones de orientar la acción de esta entidad universal.

Coincidimos en que el conflicto de Vietnam es extraordinariamente riesgoso; que no sólo es una guerra brutal, que merece la condenación del mundo, sino que puede acarrear consecuencias fatales para la supervivencia de la humanidad.

Concordamos también con la decisión adoptada por el Partido de Gobierno, en el sentido de que la delegación de Chile vote en favor del ingreso de la República Popular China a las Naciones Unidas, y ocupe allí el lugar que le corresponde. No puede negarse la existencia de ese país, que tiene la mayor población en el mundo. Ese puedo, consciente de su capacidad y poderío y del abnegado esfuerzo que ha estado realizando para desarrollar su economía, cree tener derecho a ser tratado con respeto por todas las demás naciones. No es justo esperar y menos exigir comprensión y actitudes conciliatorias de un país cuya existencia se pretende ignorar. Comencemos por reconocer la existencia de la República Popular China, y después tendremos derecho a esperar de ella actitudes favorables a una armónica coexistencia universal. Esperamos que, en esta ocasión, Chile adopte esta actitud.

Por estas razones, que me he limitado a exponer en síntesis, y por el escaso tiempo de que disponemos, termino expresando que votaremos favorablemente los permisos constitucionales solicitados por los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Salud Pública.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).-

Señor Presidente, creo que ésta es una buena oportunidad para recordar, muy brevemente, algunas ideas generales sobre la Organización de las Naciones Unidas.

Las razones que tuvo Chile para suscribir, en 1945, la Carta de Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, y que lo obligan a seguir prestando su concurso a esa Organización, están incorporadas en ese documento, que dice textualmente que ella se constituye para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra..."

Las naciones adheridas están obligadas "a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida, dentro de un concepto más amplio de libertad."

En su decimoquinto período de sesiones de 1980, la Asamblea General proclamó solemnemente la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo internacional, en todas sus formas y manifestaciones.

Esta resolución, conocida como Declaración de independencia de los países y pueblos coloniales, prescribió que debían tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos y a sus territorios, sin condiciones ni reservas.

En conformidad con ese deseo, expresado libremente, desde 1960, las Naciones Unidas han avanzado considerablemente hacia el logro de éste, que constituye uno de sus principales objetivos. Como complemento de ello, la Organización ha establecido programas multilaterales de ayuda técnica en apoyo de los esfuerzos que realizan los países menos desarrollados, para su progreso económico y social.

Chile no puede estar ajeno a las actividades de las Naciones Unidas ni de sus organismos especializados,

Entre éstos, debe mencionarse la Organización Internacional de Energía Atómica, cuya finalidad es contribuir al uso de la energía atómica con fines pacíficos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas para Europa, Asia, Lejano Oriente, América Latina y África, que cooperan a resolver las dificultades económicas de las respectivas zonas del mundo; el Fondo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina; el Banco Mundial; la Asociación Internacional de Fomento, y otros.

Las Naciones Unidas han hecho aportaciones notables al Derecho Internacional mediante su codificación y la conclusión de varios convenios internacionales para regular la conducta entre las naciones. Entre éstos figuran, en forma destacada, el convenio para proscribir los delitos de genocidio, o sea, la destrucción premeditada de un pueblo. Estos son los propósitos de las Naciones Unidas, claros y precisos: mantener la paz y la seguridad internacional; fomentar, entre las naciones, las relaciones de amistad; propender a la cooperación internacional y a la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario; propiciar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los hombres; y, finalmente, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes.

Estas son, en líneas generales, las di-rectrices o el esquema que rigen a las Naciones Unidas, de acuerdo con los objetivos y las aspiraciones que se manifestaron en el momento de su fundación, a la que Chile concurrió a darle su aprobación.

Nos hayamos frente a un hecho concreto: el día 20 de septiembre se iniciará el XXI Período de Sesiones y necesitamos saber si es útil para que Chile concurra.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo ya un análisis acabado del temario, de modo que yo solo quiero poner énfasis en algunos aspectos de la agenda que estimo son de extraordinaria utilidad para los intereses de Chile.

En la primera Comisión, la Política, se tratarán el tema del desarme y los problemas de la desnuclearización Creemos que, en relación con este último aspecto, Chile tendrá que intervenir necesariamente dada la determinación de Francia de detonar artefactos atómicos en la zona del Océano Pacífico, y levantar la voz de nuestro pueblo junto a las de los demás pueblos latinoamericanos para protestar una vez más por esta actitud del Gobierno de Francia.

En la Subcomisión Política se tratará el importantísimo tema del "apartheld". Es preciso recordar que, hace muy poco tiempo, se realizó en Brasilia un seminario sobre esta materia. Pues bien, en ese seminario Chile fue representado por nuestro colega el Diputadodon Enrique Zorrilla, quien fijó la posición de nuestro país en defensa de los derechos del pueblo africano, de Sudáfrica, sometido todavía a la política criminal y discriminatoria del "apartheid". Creemos, pues, que también Chile tiene una palabra que decir en elación con lo que se discuta en las Naciones Unidas sobre el tema político.

En la segunda Comisión, la Económica en la cual se tratarán temas tales como el problema de! comercio y del desarrollo, la transferencia para usos y fines pacíficos de los recursos liberados por el desarme y la soberanía permanente sobra los recursos naturales, que atañen especialmente a los países subdesarrollados, Chile también tiene una palabra que decir, porque son temas del mayor interés para un país en vías de desarrollo como el nuestro.

En la tercera Comisión, la de Asuntos Sociales, se tratará el tema de la situación social en el mundo, la eliminación de la discriminación racial y los proyectos y pactos internacionales sobre los derechos humanos.

Íntimamente ligados con los temas de la Tercera Comisión están los temas de la Cuarta Comisión, que es la de Descolonización. Está latente el problema de Sudáfrica, a que me acabo de referir, y que nuestro Honorable colega don Enrique Zorrilla, fijó como posición oficial de Chile en el seminario de Brasilia.

Pero hay más en esta materia. En la Comisión de Descolonización la voz de Chile debe persistir en esa actitud que hasta ahora lo ha distinguido en materia ole eliminación de la discriminación racial y en defensa de los derechos de los pueblos africanos, Chile ha tomado en esta tarea el puesto de líder indiscutido de Latinoamérica, hecho reconocido por los mismos pueblos africanos. Tenemos, pues, que dar nuestra palabra, afirmando este principio que va en beneficio de los pueblos en vías de desarrollo, igual que nosotros, pero en condiciones incluso inferiores a las nuestras, para conseguir el avance de todos los pueblos de mundo hacia su destino de progreso, de bienestar y de paz.

Hay dos Comisiones más a las que ya el señor Ministro se refirió, la Quinta y la Sexta, y que, respectivamente, se refieren a temas presupuestarios, de orden administrativo, y a teínas jurídicos en donde tendrán que estudiarse los proyectos de declaración sobre el Derecho de Asilo y el desarrollo progresivo del Derecho Comercial Internacional.

Pero no estando en la agenda, no cabe duda alguna de que también va a surgir otro tema que preocupa, y con razón, al ruando de hoy. Queremos que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores levante su voz en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que exprese ante el mundo el sentir del pueblo de Chile en orden a poner rápidamente término a la guerra de Vietnam, que amenaza tan gravemente la paz del mundo, posición que, según lo ha declarado el señor Ministro, abonan los argumentos que hará valer Chile para solicitar la reelección del Secretario General de las Naciones Unidas, señor U Thant.

En resumen, creemos que nuestro país, representado por una delegación que encabeza el señor Ministro de Relaciones Exteriores, según es usual, debe concurrir al XXI Período de Sesiones de las Naciones Unidas para ratificar la posición de Chile en !a avanzada de la lucha por los derechos humanos, por la paz del mundo, por la dignidad de los pueblos. Todos han reconocido, hasta hoy, la posición de independencia y de dignidad sostenida por Chile, trente a las grandes potencias en la persecución de tales objetivos, y en esa posición es necesario persistir.

Anuncio, pues, los votos favorables del Partido Demócrata Cristiano y, por encargo especial de sus Diputados, los del PADENA. Al mismo tiempo, cumplo con el grato deber de agradecer, en nombre de mi Partido, los votos favorables que han anunciado los Honorables Diputados de la Oposición.

Nada más, señor Presidente.

El señor CANCINO.-

Señor Presidente, quiero decir algunas palabras sobre el permiso que ha solicitado el Ministro de Salud Pública para asistir a la 17ª Conferencia de la Oficina Sanitaria Panamericana, que se efectuará en Washington. La Oficina Sanitaria Panamericana es el organismo donde se estudian los planes y los presupuestos para llevar a cabo las acciones de dichos programas en los países latinoamericanos y, naturalmente, también en Chile. En consecuencia, el viaje del señor Ministro de Salud Pública tiene una extraordinaria importancia. Por lo demás, es habitual que los países estén representados en esta conferencia por sus Ministros de Salud Pública, para demostrar así la importancia que ellos clan a esta reunión y, al mismo tiempo, para defender los programas que a cada país le interesan.

A Chile le interesa defender en esta conferencia los planes relativos a formación de personal, los relacionados con el 'equipamiento ' para la ampliación de los servicios asistenciales y, como aquí ya lo ha expresado el señor Ministro de Relaciones Exteriores, le interesa, además, apoyar la postulación del actuar Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, doctor Abraham Horwitz, eminente médico chileno, profesor de la Facultad de Medicina, respecto de cuya reelección existe ambiente favorable.

Esas son las razones fundamentales pollas cuales el señor Ministro de Salud Publica ha solicitado permiso a esta Honorable Corporación para asistir a la conferencia que se realizara en Washington, a las cuales se agrega la conveniencia de defender del importante cargo de Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que se desea continúe en manos de un chileno. Así se podrán lograr para Chile las mejores ventajas dentro del programa y del presupuesto que la conferencia de la Oficina Sanitaria Panamericana destina a los países latinoamericanos.

Nada más, señor Presidente.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas nos vamos a abstener de votar, teniendo en consideración lo que señala el propio señor Ministro de Salud Pública en la solicitud de permiso que ha hecho llegar a la Cámara de Diputados, en la que textualmente expresa: "Es tradicional que los Gobiernos miembros presenten una información sobre las labores realizadas entre una y otra Conferencia, sobre las condiciones alcanzados en materia de salud durante el cuadrienio precedente. En ella se establecen las normas generales a que se han de ajustar los programas de todo un período cuadrienal, por lo que los acuerdos son siempre de una importancia decisiva."

Al tenor de esta formulación, nosotros creemos que no se han entregado antecedentes a la Cámara de Diputados acerca de la labor realizada entre la anterior conferencia y ésta, sobre las condiciones y progreso alcanzado en materia de salud, por el señor Ministro ni por ningún

Diputado de Gobierno. En realidad, nadie se ha referido exactamente a estas materias, cuyo análisis nosotros consideramos indispensable.

Por este motivo, los Diputados comunistas nos abstendremos de votar este permiso constitucional.

En la Comisión de Hacienda se propone el reemplazo del señor Urra por la señora Retamal.

En la Comisión de Relaciones Exteriores se propone el reemplazo del señor Zorrilla por el señor Fernández, don Sergio,