Labor Parlamentaria

1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 1576.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

V. E. por oficio Nº 1002 de 14 de sep­tiembre en curso, remitido con fecha 20, ha tenido a bien enviar al Poder Ejecutivo un proyecto de ley, totalmente tramitado por el H. Congreso Nacional, que dispona que las 67 casas de la Población "Rafael Saavedra" y las 22 casas de la Población "Cañete", construidas por la Corporación de la Vivienda y adquiridas por el Fisco, ubicadas en la comuna de Viña del Mar, sean vendidas a sus actuales ocupantes.

En uso de las atribuciones que me con­fiere el Art. 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en observar dicho pro­yecto por las siguientes razones:

Las Instituciones Armadas de la Defen­sa Nacional están vivamente empeñadas desde hace varios años a esta parte, en adquirir por intermedio de la Corporación de la Vivienda y Caja de Previsión de la Defensa Nacional, grupos habitacionales -cercanos a los Cuarteles -en las dife­rentes Guarniciones del país, a fin de po­der solucionar el grave problema habita­cional que se le presenta al personal de planta de las FF. AA. al recibir destina­ciones por razones del servicio, a las dife­rentes Unidades, a fin de poder cumplir requisitos que le permitan seguir regular­mente su carrera.

Es así como las Guarniciones han ido adquiriendo grupos habitacionales, los que hoy constituyen un patrimonio de la" De­fensa Nacional.

A pesar de estos esfuerzos, el déficit ac­tual de viviendas fiscales, en las diversas Unidades es considerable, lo que impide

a los mandos dar solución, a precios acor­des con los sueldos de sus subalternos, a una de las necesidades más apremiantes de su personal, por la dificultad de arrendar propiedades particulares en las diferentes ciudades. Esto crea dificultades que se tra­ducen en falta de tranquilidad para los afectados, para desarrollar las labores que la corresponden.

Cualquier otra situación o iniciativa que contribuya a aumentar este déficit habi­tacional en los Institutos de la Defensa Na­cional, entorpecerá los Planes previstos y retardará la solución definitiva de este agudo problema de la Defensa Nacional. Por otra parte, es preciso considerar que estas concesiones aisladas que se otorgan a grupos reducidos de personal, para ven­der propiedades fiscales a sus actuales ocu­pantes, crean precedentes que impulsan a otros pobladores militares a buscar la so­lución particular de su problema, en des­medro de los intereses del. Fisco.

El Ejecutivo, que trata de dar satisfac­ción adecuada a las aspiraciones de casa propia, de todo el personal activo y pasi­vo de la Defensa Nacional, comprende que el mejor camino para obtenerla, es recu­rriendo a la Caja de Previsión de la Defen­sa Nacional que consulta préstamos es­peciales a toda Comunidad o Cooperativa que se organice en las diversas Unidades, para operar en combinación con las Aso­ciaciones de Ahorro y Préstamo, con lo que se logra dar una solución justa y ade­cuada al problema habitacional particular.

Por otra parte, este Organismo Previsio-nal ha reglamentado sus préstamos hi­potecarlos para adquirir un bien raíz, for­mando con el personal que opta a estos préstamos, escalafones de puntaje, por años de servicio, cargas familiares, etc., constituyendo, en consecuencia, un trato discriminatorio cualquier otro procedi­miento que se acepte y que permita obte­ner una casa habitación, eludiendo el so­metimiento a este régimen que es el más equitativo que se ha logrado.

El beneficio que obtendrán unos pocos

servidores del Ejército, con la venta de las casas de las poblaciones "Rafael Saa­vedra" y "Cañete", además de significar un grave impacto a la solución de1 proble­ma habitacional que se pretende para toda la Institución, sólo beneficia a algunos Oficiales y Suboficiales, muchos de los cua­les cuentan con escasos años de servicio y ocupan estas propiedades desde fecha reciente.

Además, debe considerarse, que los ac­tuales ocupantes de estas propiedades, por razones de su carrera militar, deberán re­cibir en plazos más o menos breves des­tinaciones a otras Guarniciones, lo que los obligará a arrendar sus propiedades a par­ticulares, desvirtuando totalmente el ob­jetivo para el cual fueron construidas es­tas propiedades.

La solución planteada en este proyecto de ley, de restituir al Ejército para el uso del personal activo, un número de casas que en total compense el valor actualizado por la Dirección de Impuestos Internos y en un plazo de tres años, no significa man­tener la continuidad asistencial en mate­ria habitacional creando en consecuencia un agudo problema al Regimiento Corace­ros, Regimiento Maipo y Guarnición Mili­tar de Valparaíso, que son las Unidades y Reparticiones cuyo personal casado usu­fructúa de estas casas fiscales.

Es preciso, por otra parte, dejar cons­tancia que la mayoría de las poblaciones militares fiscales a lo largo del territorio nacional, han sido elegidas preferentemen­te por su ubicación cercana a los cuarteles militares y porque permiten tener en un solo sector a todo el personal de las Uni­dades, con lo que se facilita su seguridad, concurrencia masiva de sus ocupantes a los recintos militares, en caso de emergen­cia y facilidades para atender la satisfac­ción de las necesidades de Bienestar Social de sus pobladores. Nuevas poblaciones que se entreguen, ya no podrán cumplir en forma adecuada con este requisito de ubi­cación.

Por tanto, ruego a V. E. tener por ve­tado el indicado proyecto de ley.

Dios guarde a V. E.- (Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Juan de Dios Carmona Peralta".

2.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 951.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Por oficio Nº 1026 de 20 de septiembre ppdo., V. E. ha tenido a bien comunicar­me la aprobación del proyecto de ley que deroga el artículo 11 de la ley Nº 16. 394, de 18 de diciembre de 1965, y concede un plazo de 30 días para que puedan inscri­birse en el Registro Nacional de Viajantes aquellas personas que se encontraban ejer­ciendo la profesión de viajante con ante­rioridad al 5 de noviembre de 1965.

En conformidad a las atribuciones que me confiere el artículo 53 de la Constitu­ción Política del Estado, vengo en obser­var dicho proyecto, a fin de que se adicio­ne con las disposiciones que más adelante se expresan.

Las disposiciones que propone el Supre­mo Gobierno, han sido el fruto de conver­saciones en que han participado personeros de la Federación Nacional de Viajantes de Chile, de los sindicatos de agentes profesio­nales de seguros del 1º y 2° grupo, del Mi­nisterio del Trabajo y de la Superintenden­cia de Compañías de Seguros. Se inspiran en la necesidad de conceder la calidad irrestricta de empleado particular a los intermediarios de seguros y de valores o títulos diversos de inversión que se dedi­can preferentemente. a esas labores, ha­ciendo de ellas su medio habitual de vida. Por otra parte, se contempla la manten­ción del necesario control que la Superin­tendencia de Compañías de Seguros debe mantener sobre dichos intermediarios. Fi­nalmente, se consulta la dictación, dentro del plazo de 90 días, de las disposiciones reglamentarias necesarias para el mejor

cumplimiento de esta ley, en las cuales de­berá incluirse la consideración que mere­cen los egresados de la especialidad de via­jantes de los institutos comerciales u otros establecimientos reconocidos, en cuanto se entiendan cumplidos respecto de ellos los requisitos reglamentarios de capacitación y estudios previos, por el solo hecho de en­contrarse en posesion del título de viajan­te.

En relación con los aspectos laborales y previsionles, también es preciso adicio­nar el proyecto de ley aprobado, a fin de eliminar algunas restricciones discrimina­torias establecidas por la ley Nº 8. 032, que privan alos agentes profesionales da seguros del derecho a feriado, a licencias por enfermedad y a recibir asignación fa­miliar. Las adiciones propuestas les otor­gan estos beneficios en la misma forma que los tiene el resto de los empleados par­ticulares.

De acuerdo con las disposiciones de la ley antes citada, dichos agentes carecen del derecho a recibir las gratificaciones establecidas por el Código del Trabajo. En concordancia con el propósito antes enunciado, también se les otorga este dere­cho.

Sin embargo, como este nuevo beneficio podría lesionar los intereses de los em­pleados de las Compañías de Seguros, úni­cos que actualmente participan de las uti­lidades de ellas, y causar un impacto eco­nómico en las entidades aseguradoras, se ha preferido marcar un compás de espera para permitir que se produzca el equilibrio de los intereses en juego y entren a actuar las medidas que tiene en estudio la Super­intendencia de Compañías de Seguros pa­ra fomentar el desarrollo de los seguros. Con estos fines, se propone que el derecho a recibir gratificaciones sólo operará a contar del ejercicio financiero que se ini­ciará el lº de julio de 1968.

Para regular de manera integral la ma­teria referida, se hace necesario modificar, no sólo el texto de la ley Nº 16. 394 como lo hace el proyecto que vengo en observar,

sino también las disposiciones pertinentes del D. F. L. Nº 251 de 1931 y de las leyes Nºs 8. 032 y 9. 588.

En consecuencia, vengo en proponer al H. Congreso Nacional, se agregue al pro­yecto de ley ya aprobado, las siguientes nuevas disposiciones:

lº.- Agrégase el siguiente inciso 2º al artículo 2° del proyecto de ley observado:

"No obstante, este plazo será de noven­ta días para los intermediarios de segu­ros y de valores o títulos diversos de in­versión. "

2°.- Agréganse los siguientes artículos a continuación del 2º, pasando, en conse­cuencia, el artículo 3º a ser artículo 7º:

Artículo 3º.- Introdúcense las siguien­tes modificaciones a la ley Nº 9. 588, modi­ficada por las leyes Nºs. 16. 281 y 16. 363:

a) Agrégase el siguiente inciso 2º al ar­

tículo 2º:

"En el caso de los viajantes de seguros y de títulos o valores diversos de inversión, solamente tendrán la calidad de empleados particulares los agentes profesionales ca­lificados por la Superintendencia de Com­pañías de Seguros. "

b) Suprímese la coma (, ) y la conjun­

ción "y" al final de la letra a) del artículo

6º, reemplazando la primera por punto y

coma (; ); y agrégase al final de la letra

b) del mismo artículo, en vez del punto

(. ), la conjunción "y" precedida de coma

(, );

c) Agrégase la siguiente letra c) al ar-

tícu 6º:

"c) Las personas que se encuentren fa­cultadas para intermediar en la coloca­ción de seguros o títulos o valores diversos de inversión, las cuales no obstante 'las de­más disposiciones de esta ley, quedarán sujetas a las atribuciones que el D. F. L. Nº 251 de 1931, el D. F. L. Nº 324 de 1960, la ley Nº 16. 394 y sus respectivos reglamentos, confieren a la Superintenden­cia de Compañías de Seguros. "

Artículo 4º.- Agrégase al final de la le­tra a) del artícul 3º del D. F. L. Nº 251 de 1931, eliminando el punto, lo siguiente:

"de las entidades aseguradoras, en relación con la dirección y fiscalización de los pro­ductores de seguros".

Artículo 5º.- Introdúcense las siguien­tes modificaciones a la ley Nº8. 032:

Elimínanse en el artículo lº las pa­labras "gratificaciones o";

Reemplázase en el artículo 2º los in­cisos 2º, 3º y 4º por los siguientes:

"Serán considerados como agentes pro­fesionales de seguros aquellos productores que se dediquen preferentemente a la con­tratación de seguros y que reúnan, ade­más de los requisitos exigidos en esta ley y los que señale el reglamento sobre pro­ductores de seguros, las siguientes condi­ciones de producción:

Los del primer grupo, que perciban por concepto de comisiones, como mínimo anualmente, un sueldo vital anual prome­dio del Departamento de Santiago, escala A), producido con un mínimo de 36 segu­ros de personas distintas, sin consideración de los seguros propios o de sus dependien­tes;

Los del segundo grupo, que perciban por concepto de comisiones, como mínimo anualmente, un sueldo vital anual prome­dio del Departamento de Santiago, escala A), producido con un mínimo de 15 segu­ros sobre vida distintos.

Se presumirá que un agente se dedica preferentemente a la contratación de se­guros cuando el 60% a lo menos de sus ingresos de trabajo anuales proviene de sus actividades como productor de segu­ros. Para este efecto, el agente profesio­nal y el comisionista cuando estime reunir los requisitos para ser declarado profesio­nal, anualmente hará una declaración ju­rada suscrita ante Notario Público, en que señalará sus actividades desempeñadas en el último año comercial coincidente con el ejercicio social de las entidades asegura­doras, y el monto de los ingresos anuales provenientes de las mismas, separando los obtenidos por su gestión como productor de seguros, de los que tengan otro origen.

Las respectivas entidades aseguradoras

podrán impugnar dichas declaraciones. En tal caso, la Superintendencia se pro­nunciará como árbitro arbitrador sin ul­terior recurso sobre las impugnaciones y, en caso de acogerlas, podrá imponer al agente que hubiere hecho una declaración maliciosamente falsa, la inhabilidad tem­poral o perpetua para desempeñarse como productor de seguro.

Las atribuciones, obligaciones y dere­chos de los agentes profesionales y comisio­nistas de seguros, además de los conteni­dos en esta ley, serán los que se señalan en el Reglamento de Productores de Se­guros".

c) Reemplázanse los artículos 4º 5º y 7º por los siguientes:

"Artículo 4º.- El productor de seguros que se haya clasificado como agente pro­fesional durante tres años consecutivos, no perderá esta calidad si en un año pos­terior no cumpliese con la totalidad de las exigencias a que se refieren las letras a) y b) del inciso segundo del artículo 2º de esta ley, siempre que acredite que se de­dica preferentemente a la contratación de seguros. El agente profesional no podrá gozar de estas franquicias en dos años consecutivos.

El productor que pierde la calidad de agente profesional deberá clasificarse nue­vamente como tal por dos años consecutivo para que vuelva a gozar de igual fran­quicia. "

"Artículo 5º.- Dentro del plazo de cin­co meses contados desde la fecha del ba­lance general de las entidades asegura­doras, la Superintendencia de Compañías de Seguros procederá a clasificar a los agentes profesionales de seguros, de con­formidad a las normas de esta ley y su re­glamento. "

"Artículo 7º- No serán considerados como agentes profesionales y, por consi­guiente no gozarán de los beneficios que esta ley acuerda, las personas jurídicas que actúen como productores de seguros".

D) Introdúcense, además, las siguien-

tes modificaciones a las disposiciones que se indican de la Ley Nº 8. 032:

Artículo 12.- Sustitúyese la expresión "emplean" por "emplea"; y se suprime la frase "y del reglamento Nº 596".

Artículo 14.- Suprímese la expresión "o comisionistas"; y se reemplaza la ex­presión "autorización Oficial", por "cla­sificación por la Superintendencia".

Artículo 14.- Agrégase el siguiente in­ciso: "Las personas que obtuvieran su clasificación como agentes profesionales gozarán de los derechos previsionales que les corresponda desde la fecha en que se inició el ejercicio que dio motivo a la cla­sificación".

Artículo 15.- Suprímese las expresio­nes "o comisionistas" y "o comisionista"; y se reemplaza la palabra "autorizó" por "clasificó".

Artículo 16.- Se sustituye por el si­guiente:

"Artículo 16.- Los productores serán designados por las entidades asegurado­ras.

Para entrar en funciones, dichos pro­ductores deberán constituir una garantía, por el monto y en la forma que señale el Reglamento".

Artículo 17.- Suprímese en el inciso 19 la frase "y no tendrán derecho a exigir gratificaciones", reemplazando la coma (, ) que la antecede por punto (. ). Intercálase el siguiente inciso 2º: "Las remuneraciones que excedan de los límites autorizados por la Superinten­dencia no obligarán a las entidades ase­guradoras y serán de la exclusiva respon­sabilidad de las personas que las pacta­ron en representación de aquellas, sin perjuicio de las sanciones que pueda im­poner la Superintendencia".

Artículo 18.- Reemplázanse los cuatro primeros incisos por los siguientes:

"Hasta el 30 de junio de 1968, no se aplicarán a los agentes profesionales y, en consecuencia, no tendrán derecho a los beneficios que dichos artículos acuer­dan, las disposiciones da los artículos 144 al 151 inclusive del Código del Trabajo.

Para los efectos de determinar la re­muneración en los casos de feriado y en­fermedad y del cálculo de las gratifica­ciones, cuando proceda, tendrán derecho a percibir, como sueldo mensual, el tér­mino medio de las comisiones ganadas en el año calendario inmediatamente ante­rior".

Artículo 19.- Reemplázase el guarismo "6. 020" por "7. 295"; y las palabras "una remuneración máxima de $ 42. 000 anua­les en lugar de la de $ 3. 500.- mensua­les que contempla el artículo 29 de dicha ley", por las siguientes como remunera­ción máxima la señalada en el artículo 38 de dicha ley".

Artículo 20.- Suprímense las palabras ''hasta enterar las que correspondan al máximo de $ 42. 000.- anuales de comi­siones".

Artículo 21.- Derógase.

E) Agrégase el siguiente artículo final a la ley Nº 8. 032:

"Artículo final.- Las disposiciones de esta ley para los agentes productores del 2º grupo, se aplicarán a los intermedia­rios de los valores o títulos diversos de inversión, señalados en el artículo 1° de la Ley Nº 16. 394".

Artículo 6º- De conformidad con las disposiciones del artículo 3º letra m) del D. F. L. Nº 251 de 1931, deberá dictarse un reglamento sobre productores de segu­ros dentro del plazo de 90 días.

Dentro del mismo plazo, el Presidente de la REPUBLICA dictará un reglamento sobre la inscripción en el Registro Nacio­nal de Viajantes a que se refiere el ar­tículo 6º de la Ley Nº 9. 588.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- William Thayer Arteaga".

3.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 3. 020.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

V.. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno por oficio Nº 1. 010 de 14 de

septiembre del año en curso, y remitido con fecha 20 del mismo mes, que el Ho­norable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que esta­blece un Fondo Especial "Pomaire", pa­ra la ejecución de obras públicas en la localidad de ese nombre, para el fomento de su producción artística autóctona. La denominación de dicho "Fondo Especial Pomaire" será dada a una cuenta corrien­te que abrirá el Banco del Estado de Chi­le a la orden de la Municipalidad de Me­lipilla. Para la finalidad que se persigue, se establece un impuesto de transferen­cia del 10% a los caballos fina sangre de carrera.

El Ministerio de Hacienda, por oficio Nº 1. 065, de 4 de octubre del año en cur­so, ha informado para los efectos de pro­poner el reemplazo del impuesto antes referido y que se contempla en el artícu­lo 39, en la forma que más adelante se propone. Asimismo, se ha considerado la ractificación manifestada en el oficio Nº 7. 467, de 22 de septiembre último, que ha sugerido esa Honorable CAMARA de Diputados, en el sentido de otorgar la fa­cultad de girar contra la cuenta corrien­te que se establece en el artículo lº al Tesorero Comunal respectivo, de confor­midad a las normas que se observan al respecto.

En mérito de lo expuesto y teniendo presente lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y lo remito a V. E. a fin de que tenga a bien introducirle las siguientes modifica­ciones:

"1.- En el artículo lº reemplázase la frase "y sobre la cual podrá girar el Al­calde con el acuerdo previo de los dos tercios de los regidores en ejercicio" por la siguiente: "y sobre la cual podrá gi­rar el Tesorero Comunal de Melipilla, ateniéndose a las normas aplicables en estos casos, conforme al acuerdo previo que al efecto adopte la Municipalidad por

los dos tercios de los Regidores en ejer­cicio".

2.- Reemplázase el artículo 89, por el siguiente:

"Artículo 3º-Establécese un impuesto especial de Eº 20.- a la inscripción en el Stud Book de Chile, de la transferen­cia de animales de fina sangre. No se aplicará este impuesto cuando la inscrip­ción corresponda a transferencia de ani­males que sean exportados.

Este impuesto será recaudado por el Stud Book de Chile al momento de la ins­cripción y enterado en arcas fiscales en los quince primeros días del mes siguien­te al de la inscripción. ".

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leigh­ton Guzmán. "

4.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 3. 019.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Por oficio Nº 1. 015, de 20 de septiem­bre del año en curso, y remitido con fe­cha 22 del mismo mes, V. E., ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el Ho­norable Congreso Nacional prestó su apro­bación al proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades de San Antonio, Cartagena, Navidad y El Tabo para contratar empréstitos por la suma de Eº 1. 000. 000 a cada una de ellas, para destinarlo a diversas obras de utilidad pública: como agua potable, alcantarilla­do, electrificación, habilitación de lugares de veraneo en las playas, adquisiciones de vehículos y otros gastos que constitui­rán positivos beneficios para los habitan­tes dé aquellas comunas, especialmente para los que concurren a ellas en épocas de verano.

Se consulta en el proyecto de ley de anterior referencia, además, una dispo­sición que tiene por objeto condonar su­mas percibidas por los empleados y obre-

ros indebidamente, por aplicación erró­nea de acuerdos adoptados por la Corpo­ración de San Antonio.

El Ministerio de Hacienda ha manifesdo la conveniencia de introducirle modi­ficaciones al proyecto de ley aludido, pa­ra los efectos de rebajar el monto de los empréstitos que se les autoriza contra­tar, a sumas que estén de acuerdo con el financiamiento que se contempla para cubrir el servicio de la deuda.

Por otra parte, se reemplaza la frase relativa a las disposiciones restrictivas de las leyes orgánicas o reglamentos de las instituciones bancarias, en las cuales se­rán colocados aquellos préstamos, para que ellas se mantengan en todos sus as­pectos, menos en lo que trata de plazo de amortización de la deuda.

Con respecto al artículo que condona . sumas a los empleados y obreros, se re­emplaza por otro que, junto con liberar de los pagos percibidos por empleados y obreros por acuerdos mal adoptados de la Municipalidad de San Antonio, los rec­tifique en un plazo determinado, a fin de que se ajusten a las disposiciones legales vigentes.

En mérito de lo expuesto, y de. acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, des­apruebo el referido proyect de ley y lo re­mito a V. E. con el objeto de que tengáis a bien introducirle las siguientes modifi­caciones:

"1.- En el artículo 1°, substituir la frase que dice: "hasta por la suma de Eº 1. 000. 000 cada una de ellas", por la siguiente: "por las sumas de Eº 500. 000, Eº 500. 000, Eº 100. 000, y Eº 300. 000, respectivamente, ".

2.- En el artículo 2º, después de la pa­labra "anterior", reemplázase la "coma" (, ) por un "punto" (. ) y sustitúyese la frase: "sin sujeción a las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes or­gánicas o reglamentos, ni a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley sobre Organización y Atribuciones

de las Municipalidades. " por esta otra: "Para los efectos de los plazos de amor­tización de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus res­pectivas leyes orgánicas o reglamentos. ".

3.- Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º- Condónanse las sumas que los empleados y obreros hayan per­cibido a la fecha de la publicación de esta ley y que estén o puedan estar obligados a restituir por los reparos que haya for­mulado o formulare la Contraloría Ge­neral de la REPUBLICA a los acuerdos de Corporación adoptados por la Municipa­lidad de San Antonio con fechas 30 de agosto, 27 de octubre y 17 de diciembre de 1965.

Libérase de toda responsabilidad al Al­calde, Regidores, Tesorero Comunal y fun­cionarios que hubieren intervenido en los acuerdos indicados y en su aplicación posterior.

La Corporación de que trata este ar­tículo, dentro del plazo de 30 días de pu­blicada la presente ley en el Diario Ofi­cial, deberá rectificar los acuerdos, de tal forma que cumplan con las disposiciones legales vigentes. ". "

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán".

5.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 3. 018.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Con fecha 22 de septiembre del año en curso, V. E. ha remitido al Gobierno el oficio Nº 1. 024, de 20 del mismo mes, por el cual ha tenido a bien comunicarle que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que au­toriza a la Municipalidad de Puente Alto para contratar uno o más empréstitos, hasta por la suma de Eº 800. 000.- , con el Banco del Estado de Chile o cualquie­ra otra institución de crédito, con el ob-

jeto de destinar su producto a la adquisi­ción de vehículos, terminación del Mata­dero Municipal y del Mercado Municipal, como también para cooperar a la urba­nización de poblaciones y a la construc­ción de una Escuela Hogar.

Conforme a lo informado por el Minis­terio de Hacienda, se rebaja el monto del empréstito por no estar de acuerdo el fi­nanciamiento con la obligación que co­rrespondería al servicio de la deuda.

También se deja sin efecto la frase que elimina la no vigencia de las dispo­siciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, para que éstas se mantengan, salvo en lo referen­te al plazo de amortización.

De acuerdo con la rebaja del monto del empréstito, se constituyen las sumas, para que concuerden con el total que que­dará fijado.

Cabe dejar constancia que, teniendo presente lo establecido en el artículo 5º que permite cubrir la deuda con los fon­dos ordinarios de la Municipalidad de Puente Alto, se ha aceptado este proyec­to de ley, no obstante estar comprometi­do el impuesto que lo financia en otro proyecto de ley que también autoriza pa­ra contratar empréstitos, entre otras, a esta misma Municipalidad, cual es el de la. industrialización de la basura, y que, es motivo de veto por parte del Ejecutivo.

Atendidas las razones expuestas, y con­forme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, des­apruebo el referido proyecto de ley y lo remito a V. E., a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modifica­ciones:

"1.- En el artículo 1º, substituyese la. suma de "ochocientos mil escudos" por esta otra "seiscientos cincuenta mil escu­dos. ".

2.- En el artículo 2º, substituyese, des­pués de la palabra señalada la coma (, ) por un punto (. ), y reemplázase la frase final que dice "para lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus res-

pectivas leyes orgánicas o reglamentos" por esta otra: "Para los efectos de los pla­zos de amortización de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o re­glamentos. ".

3.- En el artículo 3º, substitúyense los guarismos en la forma que a continua­ción se expresa:

"En el Nº 1.- "Eº 150. 000" por "Eº 100. 000", en el Nº 2.- "Eº250. 000" por "Eº200. 000", y en el Nº 3.- -"Eº 250. 000", por "Eº 200. 000". En este mismo artículo reemplázase la suma que dice "Total... Eº 800. 000. " por la si­guiente "Total... Eº650. 000. ". "

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán".

6.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 3. 017.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Por oficio Nº 1. 033, de 15 de septiem­bre del año en curso, y remitido con fe­cha 22 del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno, que el Ho­norable Congreso Nacional prestó su apro­bación al Proyecto de Ley que autoriza contratar empréstitos a las siguientes Mu­nicipalidades: a la de San Carlos por Eº700. 000.- , a la de San Fabián Eº 120. 000.- , a la de Ñiquén Eº400. 000, a la de San Nicolás Eº200. 000.- , a la de Ninhue Eº 60. 000.- , a la de Portezuelo Eº60. 000.- , a la de Quirihue Eº 75. 000, y a la de Cobquecura Eº 70. 000.

Las cantidades señaladas en el párra­fo anterior se distribuyen, en cada caso, en aportes y obras destinadas al progre­so local en sus respectivos territorios ju­risdiccionales.

El Ministerio de Hacienda ha expresa­do la conveniencia de reducir las cantida­des que para cada gasto se señalan, y es así como más adelante se reducen al mon­to que permita ser cubierto con el pro-

ducto de los impuestos que al efecto se señalan en el artículo 4º.

Por otra parte, se reemplaza la frase que elimina las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y re­glamentos y lo dispuesto en el artículo 71, inciso 2º, de la ley Nº 11. 860, para la contratación de los empréstitos, con el ob­jeto de mantener dicha restricción, exclu­yendo solamente el plazo de amortización de la deuda.

Consecuente con lo manifestado, y, te­niendo presente lo dispuesto en el artícu­lo 55 de la Constitución Política del Es­tado, desapruebo el referido Proyecto de Ley y lo remito a 'V. E., a fin de que ten­gáis a bien introducirle las siguientes mo­dificaciones:

"1.- En el artículo lº, substitúyense los siguientes guarismos: en la letra a) "Eº700. 000" por "Eº 400. 000", en la le­tra b) "Eº 120. 000" por 'Eº 90. 000", en la letra c) "Eº 400. 000" por "Eº 250. 000", en la letra d) "Eº 200. 000" por "Eº 120. 000", en la letra e) "Eº 60. 000" por "Eº 50. 000", en la letra f) "Eº60. 000", por "Eº60. 000", en la letra h) "Eº por "Eº 50. 000", en la letra g) "Eº 75. 00" 70. 000" por "Eº 60. 000".

2.- En el artículo. 2º, reemplázase des­pués de la palabra "anterior" la "coma" (, ) por un "punto" (. ) y substituyese la parte final que dice "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o regla­mentos, ni lo dispuesto en el artículo 71, inciso segundo, de la ley Nº 11. 860" por lo siguiente: "Para los efectos de los pla-sos de amortización de estos empréstitos no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o re­glamentos".

3.- En el artículo 5º, introducir las si­guientes modificaciones:

En el plano de obras que se consulta para la Municipalidad de San Carlos, re­emplazar los guarismos en la siguiente forma:

En el Nº 1.- "Eº 350. 000" por "Eº

150. 000", en el Nº 2.- "Eº75. 000" por "Eº50. 000", en el Nº 3.- "E"? 150. 000" por "Eº 100. 000", en el Nº 4.- "Eº 75. 000" por "E"? 50. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de San Fabián, substituir las cantidades siguientes: En el Nº 1.- "Eº 50. 000" por "Eº 35. 000", en el Nº 2.- "Eº 30. 000" por "Eº 15. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de Ñiquén substi­tuir las cifras que a continuación se ex­presan: En el Nº 1.- "Eº 150. 000" por "Eº 120. 000", en el Nº 2.- "Eº 50. 000" por "Eº 25. 000", en el Nº 3. "Eº40. 000" por "Eº20. 000", en el Nº 4, "Eº 50. 000" por "Eº 35. 000", en el Nº 5, "Eº60. 000" por "Eº 20. 000", en el Nº 6, "Eº 45. 000" por "Eº 25. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de San Nicolás, reemplazar las cantidades, como se indica a continuación:

En el Nº 1- "Eº100. 000" por "Eº 60. 000, en el Nº 2, "Eº 20. 000" por Eº 10. 000", en el Nº 3, "Eº40. 000" por "Eº20. 000", en el Nº 4, "Eº40. 000" por "Eº30. 000".

En el plan de obras que se consulta para las Municipalidades de Ninhue, subs­tituir lo siguiente:

En el Nº 1, reemplázase la cifra "Eº 30. 000" por la cifra "Eº20. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de Portezuelo, substituir lo siguiente:

En el Nº 1, la suma de "Eº 30. 000" por la suma de "Eº20. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de Quirihue, modifícanse los montos que se consultan, como sigue:

En el Nº 1, reemplázase "Eº50. 000" por "Eº40. 000", y en el Nº 2, "Eº25. 000" por "Eº 20. 000".

En el plan de obras que se consulta para la Municipalidad de Cobquecura, modifícase la siguiente:

En el Nº 1, substituyese el guarismo ' Eº 30. 000" por "Eº 20. 000".

4.- En el artículo 4º, agrégase el si­guiente inciso final:

"Podrá destinarse el rendimiento co­rrespondiente a la letra d) señalada en el inciso anterior, sólo en el caso que se encuentre suficientemente garantido el pago de pavimentación de la comuna. ''. "

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán".

7.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"N º 3. 015.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Con fecha 20 de septiembre del año en curso, V. E. ha remitido el oficio núme­ro 1. 012, de 15 del mismo mes, en cuyo texto comunica que el Honorable Congre­so Nacional prestó en aprobación al pro­yecto de ley que autoriza la creación de sendos monumentos, en memoria del Aba­te Juan Ignacio Molina González, en las ciudades de Santiago y Villa Alegre.

El Ministerio de Hacienda ha informa­do lo siguiente: Con relación al artículo 1º ha manifestado que su redacción debe ser modificada, incorporando a su texto el inciso cuarto del artículo 2º, por refe­rirse expresamente a la misma materia, cual es el Abate Molina, cuyos restos se autoriza trasladar y sepultar en Villa Alegre.

Con relación al artículo 2º, se reem­plaza la frase que suspende la vigencia de las leyes orgánicas y reglamentos, pa­ra eliminar tal restricción sólo en cuanto a plazo de amortización del empréstito se refiere.

En el artículo 3°, se suprime la frase que dispone expresamente que en el Pre­supuesto de la Nación para 1967, se con cultará la surna de E° 80. 000.- , pues el Departamento de Estado antes aludido no estima conveniente hacer destinaciones

futuras en leyes especiales, y, si procede hacerla, agrega que debe hacerse en la Ley de Presupuestos Anual correspon­diente.

En atención a las razones expresadas, y, de acuerdo con lo dispuesto en el ar­tículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y lo remito a V. E., a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:

1.- Substituyese el artículo 1º, por el siguiente:

"Autorízase la erección de un monu­mento en memoria del Abate Juan Igna­cio Molina González, en las ciudades de Santiago y Villa Alegre y la colocación de placas recordatorias de su memoria, en las ciudades de Linares, San Javier, Talca, Molina y Concepción.

Asimismo, autorízase el traslado y se­pultación de los restos mortales del Aba­te Molina en la ciudad de Villa Alegre. ".

2.- En el artículo 2º, inciso ' primero, reemplázase la frase "suspendiéndose pa­ra tales efectos la vigencia de las dispo­siciones restrictivas de sus leyes orgáni­cas o reglamentos. " substituyendo la "co­ma" (, ) que la. precede por un "punto" (. ), por lo siguiente: "Para los efectos de los plazos de amortización de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgá­nicas o reglamentos".

3.- Suprimir el siguiente inciso cuarto, del artículo 2º: "Autorízase el traslado y sepultación en este lugar de los restos mortales del Abate Molina".

4.- En el inciso séptimo del artículo 2º- sustituir el "punto" (. ) por una "co­ma" (, ) y agregar la frase "siempre- que se trate de obras de adelanto local".

5.- En el artículo 3°, inciso segundo, suprímase la frase "para lo cual el Pre­supuesto de la Nación para 1967 consul­tará la suma de Eº 80. 000.- " y reem­plázase la "coma" (, ) que la precede por un "punto" (. )".

Saluda atentamente a V. E. (Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán".

8.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 1. 096.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Por Oficio Nº 1. 037, de 20 de septiem­bre de 1966, V. E. ha comunicado que el Honorable Congreso Nacional ha presta­do su aprobación a un proyecto de ley que establece por un plazo de 15 años un im­puesto especial equivalente al 5% del pre­cio total de venta al consumidor de ta­bacos, cigarros y cigarrillos, cuyo rendi­miento se distribuirá entre las provincias productoras de tabaco de acuerdo con el porcentaje que proporcionalmente les co­rresponda en su producción, conforme lo señalen las estadísticas del Ministerio de Agricultura y establezca anualmente la Dirección de Impuestos Internos.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular a dicho proyecto de ley las siguientes observacio­nes:

Artículo 1º-Para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 1°- Substituyese el artículo 4? de la Ley Nº 11. 741, de 28 de diciem­bre de 1954, sobre Impuesto a los Tabacos Manufacturados, por el siguiente:

"Artículo 4º- Los cigarrillos pagarán un impuesto de cincuenta y dos por cien­to (52%) sobre su precio de venta al con­sumidor por cada paquete, caja o envol­torio, considerándose como entero toda fracción inferior a un centésimo.

"Sin perjuicio del impuesto menciona­do en el inciso anterior, facúltase al Pre­sidente de la REPUBLICA para establece]', en el mes de noviembre de cada año, una sobretasa hasta de un nueve por ciento (9%), que regirá durante todo el año si­guiente y que se aplicará sobre el precio

de venta al consumidor por cada paque­te, caja. o envoltorio de cigarrillos.

"Mientras el Presidente de la REPUBLICA no haga uso de la facultad que le con­cede este precepto, la sobretasa será de un 4%. En caso que, en algún año, no se dicte el Decreto Supremo-respectivo, se entenderá que continúa vigente esta so­bretasa fijada".

En la actualidad, existen los siguientes impuestos sobre los tabacos, cigarros y cigarrillos: a) Tabacos, 20 a 40% según su precio de venta al consumidor sea in­ferior o no a Eº 6.- por kilo; b) Ciga­rros, 40% sobre su precio de venta al consumidor; y, c) Cigarrillos, 56% sobre su precio de venta al consumidor; todo ello en conformidad a lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 11. 741, de 28 de diciembre de 1954, sobre Im­puesto a los Tabacos Manufacturados.

Por otra parte, cerca del 99, 5% del rendimiento actual del impuesto a los ta­bacos, proviene del gravamen a los ciga-rrillos. siendo, por tanto, de escasa sig­nificación el rendimiento del tributo a los cigarros y a los tabacos elaborados.

El rendimiento del impuesto a los ta­bacos, cigarros y cigarrillos ha sido esti­mado para el año 1966, según la Ley de Presupuestos, en Eº 137. 700. 000.- Has­ta el 30 de junio pasado, la recaudación por este concepto alcanzó a Eº 61. 145. 100, la cual permite preveer un pequeño dé­ficit en la suma proyectada.

Ahora bien, el impuesto que se propo­ne en el artículo lº del proyecto de ley -equivalente al 5% del precio de venta total al consumidor-, debería aplicarse en relación al precio de venta final del producto gravado, o sea de acuerdo al mismo sistema de la Ley Nº 11. 741, de tal forma que los gravámenes que esta­blece esta Ley 20, 40 ó 56%, según el caso) se aplicarían, también, sobre el im­puesto del 5% que se propone,, y éste so­bre aquéllos.

Si se considera que del precio total de

los cigarrillos, sólo queda un 30% para la Compañía elaboradora, ya que el Fisco percibe un 56% y los distribuidores y comerciantes al por menor un 14%, lo anterior obligaría a aumentar sus precios de venta en un 25%, habida considera­ción a que el nuevo impuesto no podría afectar los márgenes de comercialización que actualmente obtienen los distribuido­res y comerciantes al por menor. En el evento de que fuera posible modificar di­chos márgenes, el aumento de precios no podría ser inferior a un 13%.

Por otra parte, un reajuste en los pre­cios y un nuevo aumento de ellos en el año 1967, además de ser contrarios al plan de estabilización, podrían provocar una contracción en las ventas de los ta­bacos elaborados y, consecuencialmente, una disminución en el rendimiento de los impuestos ya establecidos.

Por las razones expuestas, se conside­ra conveniente fijar el tributo actual a los cigarrillos en un 52% y facultar al Presidente de la REPUBLICA para aplicar una sobretasa de hasta un 9%, previo los estudios que deberá realizar sobre pro­ducción, comercialización y precio de los cigarrillos, lo cual permite darle flexibi­lidad al impuesto en beneficio tanto del rendimiento fiscal como de los consumi­dores. En todo caso, mientras no se apli­que la sobretasa del 5%, el impuesto se­guirá siendo un 56%.

Artículos 2º a 8°-Para reemplazarlos por el siguiente:

"Artículo 2º-El producto de la sobre­tasa que se establece en el artículo 4º de la Ley Nº 11. 741, modificado por la pre­sente ley, ingresará a rentas generales de la Nación. Sin embargo, si la sobretasa se fija en un porcentaje superior al 4%, el producto de la parte que exceda a di­cho 4%, podrá ser destinado por el Pre­sidente de la REPUBLICA, hasta el año 1972, a la realización de obras públicas, cons­trucción de locales escolares y estableci­mientos hospitalarios, que deberán efec­tuarse, preferentemente, en las provin-

cias afectadas por los sismos del año 1965, o en las provincias productoras de taba­cos".

El proyecto de ley dispone que el ren­dimiento del impuesto deberá distribuirse entre las provincias productoras de taba­co de acuerdo con los porcentajes que proporcionalmente les corresponda en su producción, conforme lo señalen las esta­dísticas del Minitserio de Agricultura y establezca anualmente la Dirección de Im­puestos Internos.

Además, establece que tales recursos de­berán invertirse, con excepción de Aconca­gua, la realización de obras de adelanto lo­cal conforme a los planes que deberán ela­borar y aprobar las municipalidades de las comunas productoras que forman cada provincia, en reuniones especiales citadas para esos efectos por el Intendente que corresponda.

Estas normas son contratarías a una adecuada racionalización de la obra pú­blica, en la cual la Administración Cen­tral debe fijar sus prioridades y conve­niencias.

Desde otro ángulo es necesario señalar que el rendimiento del impuesto que se propone debería distribuirse anualmente en proporción a la producción de tabaco. Puede suceder, por tanto, que los rendi­mientos para cada provincia o comuna se alteren en relación a las sumas estima­das para cada año, produciéndose el desfinanciamiento y paralización de las obras iniciadas.

Por otra parte, no es conveniente esta­blecer impuestos con destinos particula­res o regionales, habida consideración a que ello atentaría contra una adecuada racionalización del sistema tributario.

Aun más, en el artículo 4º del proyecto de ley se quiebra el sistema de cuenta Unica Fiscal, toda vez que se señala que el producido del tributo ingresará a una cuenta especial, sancionándose como de­fraudación cualquier destino diferente que se le dé al impuesto. Las ventajas y con­veniencias de mantener el régimen de la

Cuenta Unica Fiscal son indiscutibles, ra­zón por la cual se considera inconvenien­te introducir alteraciones en el sistema.

En mérito de lo expuesto, se observan los artículos 2º a 8º del proyecto de ley. y se propone en su reemplazo una nor­ma que permita destinar una suma equi­valente hasta el 5% de la sobretasa que se fije para cigarrillos, o sea en la parte que exceda al 4% de dicha sobretasa, que ingresará a rentas generales de la Nación para la realización de obras pú­blicas, construcción de locales escolares y establecimientos hospitalarios, los que deberán llevarse a efecto, preferentemen­te, en las provincias afectadas por sismo del año 1965, y en subsidio, en el resto de las provincias productoras de tabaco.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Sergio Molina Silva".

9.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Nº 4. 364.- Santiago, 10 de octubre de 1966.

Por oficio Nº 1. 004 de 20 de septiem­bre ppdo., V. E. tuvo a bien comunicar la aprobación del Proyecto de Ley que de­clara "Día del Maestro". el 11 de septiem­bre de cada año.

El Supremo Gobierno comparte plena­mente la idea de honrar la abnegada e importante función que corresponde al Magisterio Nacional, sin embargo consi­dera mas apropiado otorgar a los profe­sores que cumplan 35 años de funciones, una insignia en vez de una medalla, ya que de esta manera se permite a su po­seedor mayores posibilidades de lucir un acreditivo que habrá de constituir un le­gítimo orgullo.

Asimismo, estima inconveniente la re­ferencia que se hace al teatro Municipal de Santiago ya que, por no pertenecer di­cho recinto al Fisco no puede tenerse la certeza de disponer de él en la fecha in­dicada en la ley.

Finalmente, la trascendencia de! home­naje al "Día del Maestro" requiere que sea un solo acto de alcance nacional, por lo que el Supremo Gobierno considera ne­cesario suprimir el último inciso del ar­tículo 1º.

En consecuencia en uso de las faculta­des que me confiere el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, propon­go las siguientes modificaciones al Pro­yecto de Ley en referencia:

1.- Para suprimir en el inciso 2º ar­tículo 1º las palabras "en el teatro Mu­nicipal de Santiago".

2.- Para reemplazar en el mismo inci­so la palabra "Medalla" por "Insignia".

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Juan Gómez Millas".

10.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 10 de octubre de 1966".

Por Oficio Nº 1. 040, de 21 de septiem­bre último, V. E. se ha servido comuni­carme la aprobación del Proyecto de Ley que introduce modificaciones a las leyes Nºs. 9. 263 y 15. 076.

En conformidad a las atribuciones que me confieren los artículos 53 y 55 de la Constitución Política del Estado, vengo en desaprobar los artículos e incisos que indica del proyecto y en formular las ob­servaciones que siguen por las razones que en cada caso se expresan:

Artículo 1º, letra m).- Se propone su­primir los términos "Residencias de Hos­pitales y" y la palabra "Periféricos".

La supresión de los términos "Residen­cias de Hospitales y" obedece a la necesi­dad de adecuar el proyecto al régimen a que están sometidos los profesionales fun­cionarios. En efecto, la Ley Nº 16. 464, que modificó el Estatuto Médico, hizo des­aparecer la "Residencia", la que fue re­emplazada por un régimen de urgencia interna, sujeto a un estatuto diferente.

Asimismo, se solicita la supresión de la palabra "Periféricos" pues se ha comprobado que no es conveniente considerar en la ley este concepto, dado que el ré­gimen de funcionamiento y administración de un establecimiento de esta espe­cie es el propio de todo consultorio.

Artículo lº, letra o).- Se solicita su su­presión.

Esta disposición es inconveniente, pues amplía el beneficio de excepción del ar­tículo 34 de la Ley Nº 15. 076, al permitir que el derecho de opción a que se refiere, beneficie también a los empleados par­ticulares de las Instituciones que celebren convenios con el Servicio Nacional de Sa­lud para cumplir, por cuenta de éste, las funciones que la ley señala a dicho Servi­cio. Este disposición viene a complicar aún más el ya complejísimo régimen de excepción en el sistema de seguridad so­cial chilena.

Artículo lº, letra p).- Se solicita su supresión.

Se ha advertido que las personas be­neficiadas por el excepcional reconoci­miento de servicios establecido en el ar­tículo 35 de la Ley Nº 15. 076, obtiene un nuevo privilegio con la supresión del in­ciso 4º de la misma disposición que esta­blece que estos profesionales no podrán jubilar sino después de cinco años conta­dos desde la fecha en que hayan solici­tado dicho reconocimiento. Por esta ra­zón se solicita su supresión.

Artículo 3º-: Se propone la supresión del inciso 2º.

De aprobarse el artículo 2º en la for­ma propuesta, se perdería la finalidad que persigue el inciso lº. Este último per­mite una ampliación horaria voluntaria y remunerada para los profesionales fun­cionarios y personal paramédico que tra­baje en Servicios de Rayos X y Radiote­rapia, el que se concentra especialmente en el Servicio Nacional de Salud, en el Hospital José Joaquín Aguirre y en el Hospital Clínico de la Universidad Ca­tólica, instituciones que requieren de ese personal especializado, que es escaso, pa­ra la atención de los pacientes.

El inciso 2º excluye de esa disposición al personal auxiliar que trabaja en las instituciones señaladas y colabora con el personal médico, con lo cual no podría formarse los equipos de trabajo necesa­rios para estas actividades.

Artículo 4º-Se propone agregar en el inciso 1º las palabras "dentro del país" después del vocablo "perfeccionamiento"; y agregar en el inciso 2º, substituyendo el punto final (. ) por una coma (, ), la fra­se "el que deberá ser firmado también por el Ministro de Hacienda".

Con esta proposición se desea circuns­cribir al ámbito nacional las misiones de estudio o perfeccionamiento a que se re­fiere el precepto, sujetando su control, en lo que respecta a gasto, al Ministro de Hacienda. No se innova en consecuencia, en materia de estudios o perfeccionamien­to en el extranjero.

Artículo 5°- Se propone suprimir el inciso final.

La eliminación de este inciso deriva del hecho de que es totalmente innecesario. En efecto la actual legislación permite contratar a honorarios a los médicos ju­bilados.

Artículo 6º-Se propone agregar la si­guiente frase final:

"En consecuencia, derógase el artículo 56 de la ley Nº 15. 561".

El artículo 56 de la Ley Nº 15. 561, de 4 de febrero de 1964, dispuso que las re­muneraciones de ciertos días no trabaja­dos en el año 1953 por personal del Ser­vicio Nacional de Salud, serían restitui­das trabajando los días de vacaciones de la temporada siguiente. Por ser contra­ria esta fórmula a los elementales prin­cipios que regulan el ejercicio del dere­cho al descanso y a la salud de los em­pleados, el Honorable Congreso ha apro­bado el artículo 6º del proyecto. Para que este nuevo criterio surta plenos efectos, es conveniente derogar en forma expresa el artículo 56 de la ley Nº 15. 561.

Artículo 7º-Se propone su supresión.

Este artículo, cuya redacción contiene varios errores, no ha contado con el pa­trocinio del Ejecutivo, en circunstancias que importa un gasto en sueldos.

Por otra parte, no se compadece con los principios de continuidad e ininterrupción de las actividades de salud en beneficio de la población, ni con las re­glas de derecho establecidas para el cum­plimiento de dichos principios y para la retribución pecuniaria por servicios efec­tivamente prestados.

Artículo 9º- Se propone suprimir las palabras "Los cargos de" con que comien­za el artículo y agregar la siguiente fra­se final: "Con todo, será aplicable a estos profesionales el límite de remuneraciones establecido en el artículo 29, Nº 17, de la ley Nº 16. 464".

El artículo es análogo al que está con­templado en la Ley Orgánica de la Su­perintendencia de Seguridad Social y tie­ne por objeto permitir la colaboración de profesionales de reconocida calidad. Son determinados profesionales los que podrán quedar regidos por esta norma, por lo tanto es necesario eliminar la referencia a cargos. Asimismo, es conveniente la adición propuesta sobre monto máximo de remuneraciones, que constituye norma general para médicos, dentistas y farma­céuticos.

Artículo 10, incisos penúltimo y último.

Se propone suprimir en ambos incisos la palabra "vigente".

Esta observación permite que la incor­poración a la planta del personal a jornal y contratado pueda efectuarse sin incon-venientes de orden presupuestario. Por esta razón se omite el término "vigente", pues limita las modificaciones al Presu­puesto de 1966, en circunstancias que atendida la fecha en que se promulgará la ley será necesario también hacer mo­dificaciones al presupuesto del año pró­ximo.

Artículo 11, inciso 2.- Se propone su supresión.

El Ejecutivo propuso la idea contenida en el inciso primero, de derogar el sistema de calificaciones, porque aún no se han producido los efectos eliminatorios de las correspondientes a los años 1964 y 1965. Sin embargo, respecto del año 1963, las calificaciones produjeron todos sus efectos jurídicos y sería inconveniente y perjudicial entrar a legislar respecto de situaciones totalmente afinadas conforme a la legislación vigente. De aquí que se proponga la supresión del inciso 2º del artículo 11.

Artículo 14.- Se propone consultar la siguiente frase final agregando una co­ma (, ) después de la palabra "facultad": "conforme al Reglamento que dicte el Presidente de la REPUBLICA".

En atención a que la función de otor­gar licencias por causa de enfermedad afecta a los Servicios de la Administra­ción Central y de las Instituciones Semifiscales se ha considerado conveniente que la delegación que realice el Servicio Médico Nacional de Empleados, se sujete a una re­glamentación aprobada por el Presidente de la REPUBLICA.

Artículo 16, Nº 5.- Se propone susti­tuir por el siguiente: "5º.- En la letra i) del artículo 69 reemplázase la frase final por: "El Consejo podrá delegar es­ta facultad en el Director General o en organismos dependientes del Servicio; pe­ro en lo que se refiere a la enajenación de inmuebles la delegación sólo podrá ha­cerse al Director General".

El objeto de esta observación es res­tringir la delegación que podrá hacer el Consejo Nacional de Salud exclusivamen­te en el Director General de Salud, cuan­do se trate de enajenación de bienes raí­ces, dados los resguardos que la legisla­ción adopta para la enajenación de in­muebles.

Artículo 16, Nº 6.- Se propone agregar una coma (, ) a continuación de las si­guientes palabras: "cláusula resolutoria", "condición o modo" y "en cuanto fuere posible", respectivamente; y suprimir, la frase final que comienza "No será nece­saria... "

La agregación de las respectivas comas no tiene otro objetivo que mejorar la re­dacción del artículo.

La supresión de la frase final persigue eliminar de este artículo que se refiere a situaciones precisas y determinadas, la regla sobre traspaso de bienes a la Cor­poración de la Reforma Agraria, opera­ción ésta que se verifica conforme a una ley especial.

Artículo 16, N° 9º-Se propone su su­presión.

Esta disposición se estima inconvenien­te e innecesaria en virtud de que el Ser­vicio de Seguro Social debe enajenar la Hacienda Canteras por no contar con los elementos necesarios para efectuar en ella una explotación racional y adecuada, ade­más que la estructura del Servicio no es la más idónea para intervenir en esta clase de negocios que requiere de la in­versión de cuantiosos fondos que se res­tan a los destinados a cumplir las fun­ciones específicas que la ley le ha asig­nado.

Por otra parte, tampoco es convenien­te que el Servicio de Seguro Social parti­cipe, en cualquiera forma, en la explota­ción de la Hacienda Canteras, porque es de interés del Gobierno desvincularlo del campo de los negocios e inversiones por no estar en consecuencia con el régimen de reparto que ha venido a sustituir al de capitalización que rigió por muchos años.

Es necesario agregar que el Consejo del Servicio de Seguro Social, por acuer­do de 29 de marzo último, tomó la de­terminación de no transferir en caso al­guno la Hacienda Canteras a particula­res, sino que a organismos fiscales o semi-fiscales.

Artículo 20.- Se propone su supresión.

La ley Nº 11. 126 tuvo por objeto in­cluir a los profesionales funcionarios de­pendientes de la Universidad de Concep­ción al régimen de la Ley Nº 10. 223, Es­tatuto Médico.

Posteriormente se dispuso (ley 15. 076),

que todos los profesionales funcionarios que se desempeñen en las Universidades reconocidas por el Estado están someti­dos a un mismo trato, y se rigen en cuan­to a remuneraciones, honorarios e incom­patibilidades por la Ley Nº 15. 076, que fijó el nuevo Estatuto Médico y, en sub­sidio, por las normas propias que les sean aplicables según el régimen jurídico a que estén sometidos.

En consecuencia; el artículo propuesto es innecesario, se remite a una ley ya de­rogada y no viene sino a producir con­fusión en un sistema ya establecido.

Artículo 21.- Se propone sustituir los incisos 3º y 4º por el siguiente: "A fin de hacer posible la ejecución conjunta de aquellos programas en un sector territo­rial determinado, los que pueden incidir en todas las acciones que competen al Servicio Nacional de Salud en dicho te­rritorio, se autoriza al Director General de este Servicio para delegar en el Di­rector del correspondiente Hospital de la Facultad de Medicina respectiva, las fa­cultades que estime necesarias y en espe­cial, las que otorga a los Directores de los Hospitales y de los Hospitales Bases el Decreto Nº 449, de 11 de enero de 1961, del Servicio Nacional de Salud, denomi­nado "Reglamento de los Organismos lo­cales de Salud".

Mediante la sustitución propuesta se amplía y complementa lo dispuesto en los incisos anteriores y, por consiguiente, ha­ce posible la ejecución de programas de salud en los distintos sectores territoria­les, facultándose al Director General de Salud para delegar las atribuciones que en cada caso sea conveniente en los Di­rectores de los Hospitales de las distintas Facultades con las cuales se contrate, ba­jo el mismo sistema de delegación que permite la descentralización de acciones en el Servicio Nacional de Salud.

Artículo 22.- Se propone sustituir por el siguiente:

"Artículo 22.- Agréganse como incisos finales del artículo 37 de la Ley número 15. 076, las siguientes disposiciones: El desahucio de los profesionales funciona­rios a que se refiere esta ley, que se des­empeñen en la Empresa de los Ferroca­rriles del Estado, se liquidará y pagará, por los servicios prestados a contar del 16 de noviembre de 1962, con cargo a la cuenta especial del "Fondo de Seguro So­cial de los Empleados Públicos", de la Te­sorería General de la REPUBLICA, y confor­me a las disposiciones del párrafo 18, del Título II, del D. F. L. Nº 338, de 1960.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Empresa deberá tras­pasar a la Tesorería General de la REPUBLICA los descuentos que hubiere efec­tuado a los profesionales funcionarios en actual servicio por concepto de desahucio con posterioridad al 16 de noviembre de 1962. Los profesionales funcionarios de­berán cotizar esta diferencia hasta com­pletar el 6%, dentro del plazo de dos años, a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley".

La sustitución tiene por objeto, en pri­mer lugar, incorporar la regla que se pro­pone a la Ley Nº 15. 076, en la que se es­tablece el régimen de previsión de los pro­fesionales funcionarios de la Empresa de Ferrocarriles, y, en seguida, limitar la iniciativa a objetos propiamente previsionales. A este respecto cabe señalar que el artículo cuya substitución se pide de­jaría sometidos a los profesionales a que se refiere a la ley Nº 15. 076 y en subsidio al D. F. L. Nº 338, de 1960, en circunstan­cias que en la Empresa no se aplica este último Estatuto sino uno propio de la institución, el que como es lógico debe ser de aplicación general.

Artículo 24.- Se propone su supresión.

La eliminación de este artículo se fun­damenta en su inutilidad. En efecto, la ley Nº 15. 076 dispone que sus disposicio­nes sobre remuneraciones, donde está comprendido el sueldo base, es aplicable a todo farmacéutico o químico farmacéu­tico cualquiera que sea su empleador. En consecuencia, el artículo en referencia no aporta ningún concepto nuevo.

Artículo 28, inciso lº - Se propone agregar: a continuación de la palabra "construcción" una coma (, ) seguida de las expresiones "ampliación e instala­ción"; a continuación de las palabras "Servicio Nacional de Salud" los siguien­tes términos: "del Servicio Médico Na­cional de Empleados y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospi­talarios"; y al final del inciso la siguiente frase: "Las referencias, que, tanto en di­cha disposición como en la ley a que ella alude, se hacen al Ministerio de Obras Públicas o a sus dependencias, se enten­derán hechas al Ministerio de Salud Pú­blica".

Esta observación tiene por objeto per­mitir al Servicio Nacional de Salud ex­propiar bienes raíces no tan solo para la construcción de establecimientos hospita­larios, sino también para ampliar los exis­tentes e instalar nuevos en edificios ya construidos. Además, es conveniente ha­cer aplicable esta disposición al Servicio Medico Nacional de Empleados y a la So­ciedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, institución que para la con­secución de sus fines, que son coinciden­tes con los del Servicio Nacional de Sa­lud, requieren también un procedimiento expropiatorio similar al establecido para este último. Finalmente, la última frase que se agrega al inciso 1° tiene por ob­jeto entregar al Ministerio de Salud la responsabilidad de llevar a la práctica esas expropiaciones.

Artículo 28, inciso lº-Se propone subs­tituir las expresiones "para ese Servicio", por las siguientes: "para esas institucio­nes".

Esta modificación tiene por objeto ar­monizar el texto del artículo con las en­miendas anteriores.

Artículo 28, inciso 2º-Se propone subs­tituirlo por los siguientes:

"El Servicio Nacional de Salud tendrá sobre los bienes que adquiera para la construcción, ampliación o instalación de establecimientos hospitalarios por expro­piación o a cualquier título oneroso, la poSESION y el dominio, libre de graváme­nes y limitaciones, desde que se inscriba a su favor en el Conservador de Bienes Raíces la expropiación o el título respec­tivo. Para todos los efectos legales, se. considerará que esta poSESION es regular y de 15 años ininterrumpidos y que, en relación con ella, se encuentran cumpli­dos los demás requisitos legales necesa­rios para ganar por prescripción extra­ordinaria el inmueble de que se trate, sin que sea necesario alegar esta prescrip­ción. Se presumirá de derecho, además, que los títulos de dominio sobre el inmue­ble están saneados absolutamente, sin que sea admisible prueba en contrario.

Practicada la inscripción de dominio a que se refiere el inciso anterior, se extin­guirá, por el ministerio de la ley, todos los derechos de los dueños o poseedores anteriores, todos los derechos reales, to­dos los embargos, derechos de retención y prohibiciones, todos los derechos de go­ce y cualesquiera acciones, relativos o que afecten al inmueble respectivo. Los Con­servadores de Bienes Raíces, con el solo mérito de dicha inscripción de dominio, de oficio o a petición de parte, dejarán constancia de dichas extinciones median­te las anotaciones, inscripciones o sub-inscripciones que correspondan. La extin­ción de los embargos, derechos de reten­ción y prohibiciones, se producirá retro­activamente a la fecha del acto de expro­piación o del perfeccionamiento del título de adquisición.

Las disposiciones del inciso 2º regirán en favor de quienes adquieran inmuebles del Servicio Nacional de Salud; pero sub­sistirán con respecto a ellos los graváme­nes o derechos reales y las prohibiciones que hubiere constituido el Servicio sobre dichos bienes.

El Servicio depositará en la cuenta co­rriente del Juzgad o de Letras de Mayor cuantía dentro de cuya jurisdicción estu­viere situado el inmueble el valor de la expropiación o adquisición. Este valor subrogará, por ministerio de la ley y pa­ra todos los efectos legales, al inmueble expropiado o adquirido y sobre él podrán hacer valer sus derechos o ejercitar sus acciones los que pretendan dominio u otros derechos sobre el bien raíz o los ti­tulares de créditos garantizados con hi­potecas o de otros derechos reales o de cualesquiera otras acciones relacionadas con el inmueble. El depósito se hará en la cuenta corriente del Juzgado de turno, si dentro de la jurisdicción hubiere más de uno o en la de cualesquiera de los Juz­gados dentro de cuyos límites jurisdic­cionales estuviere situado el inmueble si éste, por su ubicación, perteneciere a va­rias de dichas jurisdicciones.

Practicada la inscripción de dominio a favor del Servicio Nacional de Salud, se acompañará certificado de gravámenes y prohibiciones de 30 años al Juzgado don­de se hubiere hecho o donde se haga el depósito del valor de la expropiación o adquisición. Este certificado deberá estar otorgado con posterioridad a la inscrip­ción de dominio que se hubiere practicado en favor del Servicio.

La adquisición del inmueble, el depósito a quel se refiere el inciso 5º, el nombre del expropiado o tradente y la nómina de las personas a cuyo favor, aparezcan dere­chos en el certificado de gravámenes y prohibiciones, si esto último procediere, se notificará a todos los que tengan o pu­dieren tener interés por medio de un avi­so publicado en el "Diario Oficial" de los días 1º ó 15, o del día siguiente hábil si alguno de esos días fuere festivo y de 3 avisos publicados en el diario o periódico del departamento o de la capital de la pro­vincia, si en aquél no lo hubiere, señalado por el Juez del Juzgado en cuya cuenta co­rriente se hubiere hecho el depósito. En los avisos se indicará la ubicación del inmue­ble expropiado o adquirido y el número y avalúo con que figure en el rol de avalúos de la Dirección de Impuestos Internos.

Transcurridos 15 días de la última pu­blicación, el Juzado girará la cantidad de­positada a favor del expropiado o tradente, siempre que en el certificado a que se refiere el inciso 6º no aparezcan consti­tuidos derechos reales, gravámenes, em­bargos, prohibiciones o derechos a favor de terceros. En caso contrario, resolverá sobre la persona o personas en cuyo favor se girará el todo o partes de la cantidad depositada, pudiendo disponer giros par­ciales y mantener el depósito del resto.

El Juzgado resolverá conforme al pro­cedimiento de los incidentes cualquiera controversia que pudiere suscitarse entre el Servicio y el expropiado o tradente en relación con el depósito, y conforme al procedimiento sumario las controversias que pudieren suscitarse entre el expropia­do o tradente y los terceros o entre éstos entre sí, en relación. con el valor de dicho depósito. Será Juez competente para todos los efectos relacionados con este artículo el del Juzgado donde se hubiere hecho el depósito del valor de la expropiación o adquisición.

El hecho o la circunstancia de ser ad­quirido el inmueble para los fines que se indican en el inciso 2º, quedará acredita­do suficientemente con la declaración que haga al respecto en la escritura de expro­piación o en el título de adquisición el re­presentante del Servicio Nacional de Sa­lud.

El Ministerio de la Vivienda y Urba­nismo, sus Servicios y las Instituciones que se relacionan con el Gobierno a través de él, de acuerdo con el artículo 5ºde la ley 16. 391, quedarán sometidos a las dis­posiciones de los incisos 2° y siguientes de este artículo para la adquisición de vi­viendas o de terrenos destinados a la-cons­trucción de viviendas urbanas y rurales y sus obras de equipamiento comunitario o desarrollo urbano en general y a las pres­cripciones del artículo 52 de la ley 16. 391 lo que éstas no sean contrarias a las normas que se dictan en los incisos pre­cedentes.

Las disposiciones de los incisos 2° y 4° regirán respecto de quienes adquieran in­muebles del Ministerio, sus Servicios o Instituciones citados en el inciso prece­dente. "

Estas observaciones tienen por objeto complementar los procedimientos estable­cidos primitivamente, en especial con el propósito de resguardar los derechos de terceros, y de permitir a los adquirentes de inmuebles que hayan sido enajenados por intermedio del Ministerio de la Vivien­da u otro de sus organismos, contar con un título de dominio saneado.

Cabe advertir que el Ministerio de la Vivienda por ley Nº 16. 391, de 16 de di­ciembre de 1965, contaba con un proce­dimiento expropiatorio muy similar el que se perfecciona por las enmiendas anterio­res.

Artículo 28, inciso 3º-Pasa a ser inci­so final.

Se propone substituir las palabras "el inciso anterior", por "los incisos anterio-res en cuanto fuere compatible".

Esta modificación tiene por objeto ex­clusivamente armonizar el texto del arti­culado.

Artículo 29.- Se propone su elimina­ción.

Este artículo es innecesario porque to­dos los años en la Ley de Presupuesto de la Nación deben consultarse los fondos necesarios para cumplir las leyes que im­ponen obligaciones al Servicio Nacional de Salud.

Artículo 32, inciso 2°-Se propone su supresión.

Se estima conveniente la eliminación de este inciso, para someter al personal a que se refiere el inciso primero del mismo ar­tículo a la norma general contenida en el artículo 61 de la ley Nº 16. 464, que en virtud del artículo 40 de este proyecto se­rá aplicable a todo el personal del Ser­vicio Nacional de Salud.

Artículo 35, inciso lº-Se propone agregar después de las palabras "declárase que" una coma (, ), seguida de la expre­sión "a contar desde la vigencia de la presente ley, ".

La observación persigue precisar la fe­cha desde la cual comenzará a regir el be­neficio que consulta este artículo y, en consecuencia, permitir su debido financia­miento.

Artículo 37.- Se propone su supresión.

Las transformaciones de cargos se han efectuado y tienen fecha de vigencia. Re­trotraer éstas, crearía un problema de fi­nanciamiento no contemplado.

Artículo 39.- Se propone agregar a con­tinuación de las palabras "Servicio Nacio­nal de Salud" una coma (, ) seguida de los términos "no afecto a la Ley Nº 15. 076, ".

La limitación obedece a que reciente­mente se otorgó a los profesionales fun­cionarios del Servicio Nacional de Salud una asignación especial por el desempeño en Unidades Clínicas Móviles, de acuerdo con el artículo 1º de la ley Nº 15. 076.

Artículo 42.- Se propone su supresión.

Si bien se reconoce las dificultades eco­nómicas que encuentra cualquier profesio­nal para instalarse y ejercer su profesión, a lo que es justo atender con otros pro­cedimientos, el propuesto representa una discriminación en beneficio de un grupo de profesionales, sin perjuicio de signifi­car una nueva situación excepcional en el ya distorsionado régimen de franquicias tributarias.

Artículo 43.- Se propone su supresión.

El Personal del Servicio Médico Nacio­nal de Empleados recibe atención médica a través de su Servicio de Bienestar; en lo sucesivo quedará acogido al régimen de Medicina Curativa para Empleados ac­tualmente en trámite en el Honorable Se­nado; y, finalmente, no es posible incor­porarlo al sistema del Servicio Nacional de Salud que. atiende a los asegurados que concurren a su financiamiento, sin esta­blecer ningún aporte económico para el Servicio.

Artículo 44.- Se propone su supresión.

Se fundamenta esta supresión en que no es necesaria ninguna disposición legal para que el Servicio Nacional de Salud constituya y habilite Salas Cunas y Guar­derías Infantiles, como que lo ha estado realizando hasta ahora y tiene en estudio un programa nacional para estos efectos.

Por otra parte, hay dos iniciativas par­lamentarias para abordar en general este problema, las que están en poder del Eje­cutivo para su estudio, de modo que pró­ximamente se legislará sobre la materia.

Artículo 5º, transitorio.- Se propone substituir el inciso 2º por el siguiente: "Para los efectos del plazo de amortiza­ción a que se refiere el inciso anterior, no regirán las restricciones o prohibiciones contenidas en la ley orgánica o en los re­glamentos por los cuales se rige el Banco del Estado de Chile. "

La sustitución que se propone tiene por finalidad sujetar el empréstito que se au­toriza contratar con el Banco del Estado, a todas las disposiciones y normas que re­gulan a este organismo, con la sola salve­dad de excluir de ellos el plazo de amorti­zación de dicho préstamo.

Se propone agregar los siguientes ar­tículos nuevos:

Nº 1º-"Artículo....- Reemplázase en el inciso 2º del artcíulo 36 del Decreto Su­premo Nº 606, de 5 de mayo de 1944, del ex Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, que fijó el texto refun­dido de las leyes 6. 037 y 7. 759, el guaris­mo "2%" por "3%".- "

De acuerdo con la legislación citada el Servicio Médico Nacional de Empleados debe dispensar diversos beneficios médi­cos a los afiliados de la Caja de la Mari­na Mercante Nacional, con cargo a un aporte de ésta del orden de un 2% de los sueldos, sobresueldos y demás, emolumen­tos sobre los cuales se hacen imposiciones.

La atención médica de que se trata no alcanza a financiarse con el 2% referido, motivo, por el cual se propone aumentar el aporte a no más de un 3%.

Nº 2º.- "Artículo....- No se aplicará al Servicio Médico Nacional de Empleados la norma limitativa impuesta por el inci­so 2º del artículo 8º de la ley 6174, pudiendo imputarse al aporte a que este pre­cepto se refiere otros gastos derivados de la aplicación de la misma ley o de la cons­trucción o habilitación de Maternidades u Hospitales, previa, autorización del Presi­dente de la REPUBLICA",

El artículo 8º inciso 2º de la ley núme­ro 6174, establece una imposición patro­nal de 1, 5% sobre sueldos y comisiones de los empleados, cuyo monto debe destinar­se exclusivamente al pago de subsidio re­poso. "En el hecho, anualmente se produ­cen excedentes que se vienen acumulando desde largo tiempo. La proposición tiene por objeto que, aseguradas las cantidades destinadas al pago de subsidios reposo, puedan destinarse los recursos acumulados a otros objetos de Medicina Preventiva que recomienda la terapéutica moderna, como intervenciones cardio y tisioquirúrgicas, del cáncer, etc.; como también a la construcción o habilitación de Maternida­des u Hospitales medianos, previa autori­zación del Presidente de la REPUBLICA.

Nº 3º.- "Artículo....- Ratifícase el pago de la bonificación de Eº 100.- can­celada en el mes de septiembre de 1966 al personal de la Escala Directiva, Pro­fesional y Técnica, Administrativas a) y b) y jornaleros del Servicio Nacional de Salud, y exímese de toda responsabilidad a los funcionarios que ordenaron el pago.

Concédese al mismo personal una boni­ficación extraordinaria de Eº 100.- que se pagará en los días inmediatamente an­teriores a la Navidad de 1966. No tendrán derecho a la bonificación los funcionarios que a la fecha de su pago se encuentren haciendo uso de permisos sin goce de re­muneraciones superiores a 30 días, ni tampoco el personal contratado para ha­cer reemplazos, que a la misma' fecha no haya alcanzado a trabajar 30 días en el presente año.

Se deja establecido que las bonificacio­nes a que se refiere este artículo no se considerarán sueldo para ningún efecto legal y no son imponibles. "

El artículo cuya aprobación se solicita tiene por finalidad ratificar el pago de una bonificación de Eº 100.- que se con­cedió al personal indicado del Servicio Na­cional de Salud con motivo de las Fiestas Patrias el año en curso y, a la vez, auto­rizar el pago de igual cantidad para Na­vidad del presente año.

Nº 4º.- "Artículo....- Condónanse las sumas que pudiere estar adeudando el Servicio Nacional de Salud por impuesto de cifra de negocios derivado de presta­ciones médicas y asistenciales y déjanse sin efecto las liquidaciones o giros que por tal concepto hubiere practicado el Servi­cio de Impuestos Internos. "

La observación precedente tiene por ob­jeto regularizar situaciones pendientes en­tre el Servicio Nacional de Salud e Im­puestos Internos, en lo que respecta al co­bro del impuesto de cifra de negocio. De­be destacarse que dicho Servicio está ac­tualmente exento de dicho tributo.

Nº 5º.- "Artículo....- Los Directores de la Casa de Menores y del Politécnico de Menores "Alcibíades Vicencio" dependien­tes del Servicio Nacional de Salud, serán encasillados en la 3ª Categoría de la Es­cala Directiva, Profesional y Técnica. El Director de la Casa de Menores de Valpa­raíso del mismo Servicio será encasillado en la 5ª Categoría de dicha Escala. Los actuales titulares de ésos cargos conser­varán la propiedad de ellos.

A estos funcionarios no les será aplica­ble lo dispuesto en el artículo 64 del D. F. L. Nº 338, de 1960.

El gasto que signifique la aplicación de este artículo será de cargo del Servicio Nacional de Salud. "

Los Directores de los Establecimientos señalados que son tres, desempeñan fun­ciones eminentemente directivas y, con ocasión de la vigencia de la ley Nº 16. 520, que creó el Consejo Nacional de Menores, han debido asumir nuevas atribuciones y responsabilidades.

Por el motivo señalado es necesario con­ceder a los cargos de que son titulares una jerarquía que corresponda a la impor­tancia de ellos dentro de los organismos del Estado que se preocupan de la aten­ción de menores.

Nº 6º.- "Artículo....- Autorízase a la Universidad de Chile para configurar en las oportunidades, legales y reglamen­tarias, cargos de planta o contrata, hasta 48 horas afectas a la ley N° 15. 076, siem­pre que ellos deban ser desempeñados con exclusión del ejercicio libre de la profe­sión.

El personal que se acoja a dicho régi­men no necesitará la autorización de ex­tensión horaria para el desempeño de los cargos a que se refiere el inciso anterior, ni para completar el horario de 48 horas en más de un cargo dentro de la Univer­sidad. "

Esta observación permitirá a la Univer­sidad de Chile configurar cargos de 48 horas semanales para sus profesionales funcionarios que desempeñen labores do­centes y de investigación universitaria, quienes por esta causa deben abandonar el ejercicio profesional independiente.

La ley Nº 15. 076 permite contratar una jornada máxima de trabajo de 36 horas semanales la cual resulta insuficiente pa­ra desarrollar las labores antes señaladas.

Además, con motivo de la aplicación de la letra a) del Nº 18 del artículo 29 de la ley Nº 16. 464 la Universidad transformó en cargos de * 48 horas semanales todos aquellos que a la vigencia de la ley tenían asignación de dedicación exclusiva, cir­cunstancia que hoy día ha determinado la existencia de dos regímenes diferentes para el personal que desempeña iguales funciones, produciendo complicaciones ad­ministrativas que el artículo propuesto viene a solucionar.

Se propone agregar el siguiente artícu­lo transitorio nuevo:

"Artículo....- "Autorízase al Presi­dente de la REPUBLICA para fijar el texto refundido de las leyes Nºs 10. 383, 15. 076 y 9. 263 y sus modificaciones posteriores, inclusive las contenidas en el presente texto".

La presente observación tiene una fina­lidad eminentemente práctica: permitir reunir en textos actualizados cada una de dichas leyes y sus modificaciones poste­riores hasta la fecha.

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Ra­món Valdivieso Delaunay. "

11.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"Nº 1000.- antiago, 11 de octubre de 1966.

Por oficio Nº 998 de 15 de septiembre último, remitido con fecha 20 del mismo mes, V. E. se ha servido comunicar la aprobación de un proyecto de ley que fa­culta al Notario Público y al Conservador de Bienes Raíces de Ovalle "para autori­zar e inscribir las escrituras de transfe­rencias de dominio o de adjudicación de terrenos" que señala, "sin la exigencia de haberse ejecutado las obras de urbaniza­ción", conforme a los requisitos que se es­tablecen en dicho proyecto.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, manifiesto mi desaprobación al referido proyecto de ley, en los térmi­nos aprobados, por cuyo motivo formulo las siguientes observaciones:

Primero: El proyecto sanciona una si­tuación, pero crea un grave precedente para casos similares. Por otra parte, regu­lariza el dominio de ciertos ocupantes sin sujetarse a ninguna norma técnica sobre urbanización, desarrollo urbano o equipa­miento comunitario.

El Supremo Gobierno está consciente de muchas situaciones similares y enviará al Congreso Nacional un proyecto completo para sanear los títulos de dominio en las poblaciones irregulares. Por ello estima que la solución parcial que se da en este proyecto a un caso particular no debe estar en contradicción con una sana políti­ca de adecuado desarrollo urbano, cuya dirección corresponde al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de reciente crea­ción. De otra forma, la solución que se pretende podría ocasionar problemas más delicados y difíciles de solucionar con per­juicio evidente de las personas que se tra­ta de beneficiar.

Por ello propongo reemplazar el artícu­lo lº del proyecto, por el siguiente:

"Artículo lº- Facúltase al Notario Pú­blico y al Conservador de Bienes Raíces de Ovalle para autorizar o suscribir las es­crituras de transferencia de dominio o de adjudicación de terrenos ubicados dentro del radio urbano en las poblaciones y ba­rrios que existían en las laderas de los cerros de Ovalle antes de la vigencia de esta ley, previa autorización por Decreto Supremo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, quien establecerá las exigen­cias mínimas de urbanización que deben reunir las poblaciones".

Segundo: El artículo 80 del D. F. L. Nº 2 de 1959 prohíbe a las Cajas de Pre­visión celebrar contratos de construcción o adquirir a título oneroso viviendas para sí o para sus imponentes. Excepcionalmente las autoriza para adquirir sitios urba­nos para destinarlos a la construcción de edificios para sus propios servicios, ad­quisiciones que sujeta a los requisitos de propuesta pública, aprobación en cada ca­so del Presidente de la República, y autorización por decreto fundado del mismo Presidente para la compra directa sin el trámite de la propuesta pública.

Esta disposición excepcional ha resulta­do de difícil aplicación y no ha operado en la práctica.

Por otra parte, es pública y notorio que los edificios en que funcionan la mayoría de las Cajas son antiguos -algunos con más de 40 años- y por su vetustez y el aumento notorio del número de los impo­nentes, resultan inadecuados para la expe­dita atención de los mismos y el buen fun­cionamiento del servicio.

Es de alta conveniencia, por tanto, agi­lizar el sistema obviando los trámite alu­didos.

Por las consideraciones precedentes, propongo la siguiente, modificación al ar­tículo 80 del D. F. L. Nº 2 de 1959:

"Artículo 3º- Agrégase al artículo 80 del D. F. L. Nº 2 de 1959, el siguiente in­ciso final:

"Con todo, las Instituciones de Previsión referidas podrán, con fondos propios que no sean excedentes y que hayan consulta­do en sus presupuestos con autorización del Ministerio de la Vivienda y Urbanis­mo, financiar la adquisición de terrenos y la construcción de edificios en ellos des­tinados a sus servicios u oficinas, entre­gando dichos fondos para estos fines a la Corporación de Mejoramiento Urbano o a la Corporación de la Vivienda, según fue­re el caso. Dichos edificios podrán estar ubicados en conjuntos habitacionales des­tinados a sus imponentes".

De conformidad a las consideraciones precedentes y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Polí­tica del Estado, me permito devolver el proyecto de ley que se me ha remitido, con las observaciones respectivas.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Juan Hamilton Depassier. "

12.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 999.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Por Oficio Nº 1029 de 20 de septiem­bre último, remitido con fecha 22 del mis­mo mes, V. E. se ha servido comunicar la aprobación de un proyecto de ley que au­toriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar determinados inmuebles ubicados en la ciudad de Iquique, fija nor­mas para la expropiación, y señala deter­minadamente las personas a quienes de­berá preferirse en la venta de viviendas en su caso.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, manifiesto mi desaprobación al referido proyecto de ley en los términos en que ha sido aprobado, por cuyo motivo formulo las siguientes observaciones:

Primero: El artículo 1° del proyecto au­toriza a la Corporación de la Vivienda pa­ra efectuar las expropiaciones que indica, y en el inciso 2? se dan normas para de­terminar el valor de la expropiación a través de una comisión formada por los funcionarios que allí se designan.

Seguramente esta iniciativa de ley se produjo durante la tramitación de la ley 16. 391, y por ello es que aparece dando normas que no se avienen con el sistema orgánico de dicha ley.

En efecto, la ley 16. 391 creó y entregó al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la dirección superior y planificación de la política habitacional del país, y dio for­ma a organismos encargados de cumplir finalidades específicas sobre al materia. Fijó, además, normas de carácter general sobre expropiaciones contenidas en los ar­tículos 50 y 51 de esa ley, que conviene aplicar sin excepciones, reconociendo que dar normas particulares en cada caso só­lo puede dar lugar a confusión y pluridad de procedimientos.

Por las consideraciones anteriores, pro­pongo introducir en el citado artículo 1° la siguiente modificación:

Reemplazar el artículo 1° por el siguien­te:

"Facúltase al Ministerio de la Vivien­da y Urbanismo para considerar dentro de sus planes, y previos los informes téc­nicos correspondientes, la expropiación por la Corporación de la Vivienda u otra de las Instituciones señaladas en el artícu­lo 5º de la ley 16. 391, de los inmuebles ubicados en la ciudad de Iquique, en las calles y números que se señalan a conti­nuación: Zegers, números 518 y 526; Obis­po Labbé, números 962, 966, 970, 974 y 978; conforme a las normas señaladas en los artículos 50 y 51 de la citada ley".

Segundo: El artículo 2º del proyecto es­tablece que la Corporación de la Vivienda podrá modernizar o mejorar las viviendas existentes o construir un grupo habitacio­nal nuevo en los predios en referencia, y en este caso deberá vender viviendas a las personas que señala en forma preferente.

Conforme se ha expresado, la ley 16. 391 ha asignado estas tareas a determinados organismos como correspondería en este caso a las Corporaciones de Mejoramien­to Urbano o de la Vivienda, si fuere del caso mejorar o rehabilitar viviendas, o construir grupos habitacionales nuevos respectivamente.

Por otra parte, no resulta conveniente determinar por ley la individualidad de las personas a quienes han de favorecer con las asignaciones y enajenaciones respecti­vas de viviendas, por cuanto por una par­te esto es materia propia de encuestamientos sociales a cargo de organismos espe­cializados, como es el caso de la Corpora­ción de Servicios Habitacionales, y por otra, que tratándose de contratos en que debe existir un acuerdo de voluntades, re­sulta inconveniente determinar rígidamen­te la persona del contratante adquirente, en circunstancias de que éste aún no ha manifestado su voluntad de contratar.

Por las consideraciones expuestas, pro­pongo al respecto la siguiente modifica­ción:

Reemplazar el artículo 2º por el siguien­te:

"El Ministerio de la Vivienda y Urba­nismo encomendará a los organismos de la Vivienda competentes las tareas de re­habilitación de las viviendas o construc­ción de nuevas edificaciones, según corres­ponda, y otorgamiento de títulos de domi­nio, en su caso, a los ocupantes respecti­vos".

Tercero: La Ley 16. 391, en sus artícu­los 22 a 25 creó el Consejo Nacional de la Vivienda como persona jurídica de de­recho público.

No obstante ello, nada dijo sobre la si­tuación de su personal ni se le hacen apli-

cable a ella otras disposiciones de la mis­ma ley.

Ante esto, conviene que la ley dé las nor­mas mínimas por las cuales ha de regirse el personal de esta Institución.

Por ello, me permito proponer se agre­gue al proyecto el siguiente artículo nue­vo:

"Artículo 3º- Agrégase al artículo 25 de la ley Nº 16. 391, los siguientes inci­sos:

"El Consejo tendrá un Secretario Abo­gado, que será de la confianza del Presi­dente de la REPUBLICA para los 'efectos de su nombramiento y remoción; tendrá la calidad de Ministro de Fe de las actua­ciones del Consejo, será el Jefe Adminis­trativo del personal y le corresponderán las atribuciones y obligaciones que se de­terminen en el Reglamento de Sala.

El Secretario Abogado y el personal del Consejo serán considerados en las plan­tas de cargo y remuneraciones del Minis­terio de la Vivienda y Urbanismo y les se­rán aplicables las disposiciones de los ar­tículos. 46 y 47".

De conformidad a las consideraciones • precedentes y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, me permito devolver el pro­yecto de ley que se me ha remitido, con las observaciones respectivas.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Juan Hamilton Depassier".

13.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N1? 3021.- Santiago, 11 octubre 1966.

Por oficio Nº 953, de 20 de septiembre del presente año, y remitido con fecha 22 del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza a las Mu­nicipalidades de San Miguel, La Cister­na, La Granja, Puente Alto, y San Ber­nardo para constituir una empresa mixta

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de instalar y explo­tar una planta industrializadora de ba­suras, en el predio denominado "La Ca­ñamera", en la comuna-subdelegación de Puente Alto, del departamento de este nombre.

Para los fines expresados en el párra­fo anterior, se autoriza a las Municipali­dades a que se refiere para contratar di­rectamente, en conjunto, empréstitos has­ta por Eº 5. 000. 000.- , en las ¡condicio­nes que al efecto señala.

Por otra parte, en su artículo 9°, se introducen disposiciones relativas a re­muneraciones de los funcionarios munici­pales, que atañen a los de la Municiplidad de Santiago, como también a los de otras Municipalidades, según sus presupuestos.

El Ministerio de Hacienda, por oficio Nº 1064, de 4 de octubre en curso, ha emi­tido un informe con relación al referido proyecto de ley, destinado a introducirle modificaciones en algunos aspectos.

Es así como en el artículo 20, habría que reemplazar la frase "para cuyo efec­to no regirán las disposiciones restricti­vas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos" y substituir la coma (, ) que la precede por un punto (. ), por esta otra: "Para los efectos de los plazos de amorti­zación de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus respecti­vas leyes orgánicas o reglamentos".

En cuanto al financiamiento con el 1%0, que contempla el decreto reglamen­tario de Hacienda Nº 2047, de 29 de julio de 1965, se puede observar que las Muni­cipalidades de San Miguel y Puente Alto lo han destinado en otros textos legales para cubrir el servicio de la deuda, tam­bién por conceptos de empréstitos, lo que hará necesario darles facultad para ocu­par el producto del avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna que se con­sultan en las letras c) y d), además del ya citado que se determina en la letra e) del referido decreto. Esto hará, sin em­bargo, que se agregue un inciso que deje

garantidos los pagos de alumbrado y de pavimentación de que tratan las dos pri­meras letras. En cuanto a la Municipali­dad de La Cisterna, contaría con recur­sos propios y dispondría de parte de las letras citadas, por estar su producto com­prometido en otro proyecto de ley que se encuentra pendiente con observaciones del Ejecutivo.

Con relación al artículo 99, que legisla sobre remuneraciones de ciertos sectores dé funcionarios municipales, se hace ne­cesario suprimirlo por no contar con el financiamiento adecuado que permita cu­brir el gasto que demandaría su aplica­ción.

Se observa además que es necesario reemplazar el inciso relativo a la fiscali­zación por la Contraloría General de la REPUBLICA de la empresa mixta que se constituye en el artículo lº, por cuanto la creación de dicha empresa, sería bajo la forma de una sociedad anónima, cuya tui­ción legal corresponde a la Superinten­dencia de Compañías de Seguros, Socie­dades Anónimas y Bolsas de Comercio.

El Gobierno ha estimado de toda con­veniencia agregar un artículo nuevo como veto aditivo del referido proyecto de ley, para establecer las formalidades que de­ben adoptarse, de manera que las Muni­cipalidades puedan otorgarles o no la ca­tegoría de empleados a sus obreros, con­forme lo establecen las leyes 15. 944 y 16. 386. Este artículo nuevo tiene por fi­nalidad dar solución a los problemas que están afrontando por erradas interpreta­ciones de las leyes en referencia.

Asimismo, se agrega al referido pro­yecto de ley otro artículo nuevo, cuyo ob­jeto es destinar los fondos que en él se individualizan y que percibe y administra la Corporación de Fomento de la Produc­ción, a fines más amplios, esto es, no cir­cunscribir su destino solamente a estudios o sondajes concernientes al carbón, sino a labores de prospección y estudios técnicos o científicos relativos a la minería en ge­neral.

En mérito de lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desa­pruebo el referido proyecto de ley y lo re­mito a V. E., a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:

"1) En el artículo lº inciso tercero, reemplázase lo siguiente: "y será fiscali­zada por la Contraloría General de la REPUBLICA de acuerdo con su Ley Orgánica" por esto otro: "y quedará bajo la tuición legal correspondiente a la Superintenden­cia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como So­ciedad Anónima. "

2) En el artículo 2º agrégase después

de la palabra "refiere", lo siguiente: "su

inciso primero".

En el mismo artículo 2º reemplázase en su inciso final la frase "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o regla­mentos", substituyendo la "coma" (, ) que la precede por un "punto" (. ), por la si­guiente "Para los efectos de los plazos de amortización de estos empréstitos, no re­girán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamen­tos. ".

3) Reemplázase el artículo 3ºpor el si­

guiente:

"Artículo 3º-Destínase, con el objeto de atender el servicio del o los emprésti­tos que se contraten, el rendimiento de las tasas parciales de un dos, un uno y uno por mil, sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de las comunas de San Mi­guel, La Granja, Puente Alto, San Ber­nardo, La Cisterna y de las comunas cu­yas Municipalidades ingresen con poste­rioridad, en su caso, de acuerdo con lo es­tablecido en las letras c), d) y e), res­pectivamente, del artículo 2ºdel decreto reglamentario de Hacienda Nº 2047, de 29 de julio de 1965, dictado en conformi­dad a las disposiciones de la ley Nº 15. 021, y siempre que se encuentren suficiente­mente garantidos los pagos de alumbrado

y de pavimentación de las respectivas co­munas. ".

Suprímase el artículo 9º

Agrégase a continuación del artícu­lo 8ºel siguiente artículo nuevo:

"Articulo 9ºAgrégase al final del in­ciso segundo de la ley N° 15. 944, la si­guiente frase: "Sin embargo, será facul­tativo de cada Municipalidad otorgar o no este beneficio a su personal, debiendo ser en ambos casos, su aplicación de ca­rácter general. ".

Introdúcese al final del inciso segundo de la ley Nº 16. 386, lo siguiente: "Sin embargo, será facultativo de cada Muni­cipalidad otorgar o no este beneficio a su personal, debiendo ser en ambos casos, su aplicación de carácter general. "

6) Agrégase el siguiente artículo final:

"Artículo 10.- Las rentas provenientes

de los impuestos establecidos en la ley Nº 6. 155, de 8 de enero de 1938 y en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 212, de 5 de agosto de 1953, destinadas a estudios técnicos o científicos de carácter minero, y especialmente a reconocimiento por me­dio de sondajes o trabajos mineros en las zonas carboneras, podrán ser destinadas por la Corporación de Fomento de la Pro­ducción a estudios técnicos o científicos o a labores de prospección minera en gene­ral. ". "

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Ber­nardo Leighton Guzmán. "

14.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 00459.- Santiago, 11 octubre 1966.

En uso de la facultad que me confiere el artículo e la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguien­tes observaciones al proyecto de ley apro­bado por el Congreso Nacional, que otor­ga franquicias en el pago del pasaje a las delegaciones de alumnos que salgan en gira de estudios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, la rebaja que se au­toriza en el valor del pasaje es de un 70%, lo que resulta notoriamente excesivo, so­bre todo si se considera que en algunos casos la rebaja no solamente cubre el de­recho a usar el transporte, sino que tam­bién la atención, alimentación y aloja­miento.

Es así como la Línea Aérea Nacional no solamente realiza el transporte de un punto a otro, sino que también proporcio­na atención dentro del avión y alimenta­ción, igual cosa ocurre con la Empresa Marítima del Estado que además propor­ciona alojamiento, y con los Ferrocarriles del Estado en el caso de uso de coches dor­mitorios.

El planteamiento contenido en la ley, de otorgar una franquicia consistente en una rebaja de un 70% del valor de los pasajes de ida y regreso, a las delegacio­nes de alumnos que salgan en gira de es­tudios, se encuentra en abierta contradic­ción con la política de transportes, que tiende al autofinanciamiento de las Em­presas del Estado.

Por otra parte, la ley no distingue cuan­tos alumnos o profesores podrían usar de esta franquicia, ni tampoco cuantos via­jes podrían realizar estas delegaciones durante el año. Incluso no se expresa en la ley si estos viajes se realizarán dentro del país o fuera de él.

En consecuencia, si estas franquicias no son limitadas en la ley misma, podrían usarse en forma indiscriminada, causando con ello graves perjuicios a los presupues­tos de las Empresas del Estado.

Actualmente, la Empresa de los Ferro­carriles del Estado tiene establecida una rebaja de un 50% de sus pasajes, en be­neficio de las delegaciones de alumnos que salen en gira de estudios. Esta rebaja fue promulgada de acuerdo a lo dispuesto en el articuló 4º de la ley Nº 15. 525, regla­mentada por el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 141, de fecha 27 de febrero de 1962.

En igual situación se encuentra la Em­presa Marítima del Estado, la que otor­ga una rebaja de un 25% a los estudian­tes, esta franquicia se encuentra estable­cida en el Decreto Supremo Nº 38, de fe­cha 14 de enero de 1966, en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la ley Nº 12. 041.

La Línea Aérea Nacional concede a los estudiantes en las temporadas de vacacio­nes, un 30% de rebaja en los pasajes para aquellos que deseen regresar del lugar donde cursan sus estudios a sus respectivos domicilios. Esta franquicia otorgada por la Línea Aérea Nacional, fue autori­zada por la Junta de Aeronáutica Civil.

En virtud de estos antecedentes y dado el alto costo que tendría para las Empre­sas del Estado la aplicación de un porcen­taje equivalente al 70% de rebaja en el valor de los pasajes de ida y regreso, a las delegaciones de alumnos que salgan en giras de estudios, y tomando en conside­ración, además, los beneficios que por este mismo concepto tienen actualmente los es­tudiantes, es que, S. E. el Presidente de la REPUBLICA desea introducir con el ca­rácter de Veto al Proyecto de Ley apro­bado por el Honorable Congreso Nacio­nal sobre esta materia las siguientes ob­servaciones:

Reemplazar el porcentaje a que se refiere el artículo lº, inciso lº, de un 30% por un 50 %;

En el artículo lº, inciso lº, a conti­nuación de la expresión "la Línea Aérea Nacional", agregar la frase "en sus rutas nacionales, ";

Agregar a continuación del inciso 2º, del artículo lº, la siguiente disposición: "El mayor gasto que demande la aplica­ción de esta rebaja será de cargo fiscal".

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Do­mingo Santa María Santa Cruz. "

15.-OFICIO DE S E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Nº 1097.- Santiago, 11 octubre 1966.

Por Oficio Nº 1030, de 20 de septiem­bre de 1966, V. E. ha tenido a bien comu­nicar al Ejecutivo que el Honorable Con­greso Nacional ha dado su aprobación a un proyecto de ley que hace aplicables las disposiciones de la ley Nº 12. 858 en lo que sean pertinentes, a los departamentos de Copiapó, Huasco y Freirina, de la Pro­vincia de Atacama.

En uso de las atribuciones que me con­fiere el artículo 53 de la Constitución Po­lítica del Estado, vengo en formular las siguientes observaciones al mencionado proyecto de ley:

Artículo único.- Para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo primero.- Las disposiciones de la ley Nº 12. 858, de 2 de febrero de 1958, serán aplicables, en lo que sean per­tinentes, y de acuerdo con las modalida­des que se establecen en los incisos siguien­tes, a los Departamentos de Copiapó, Huasco, y Freirina, de la Provincia de Atacama. "

"La importación contemplada en el. ar­tículo lº de la ley Nº 12. 858 queda limita­da a las siguientes mercaderías:

Partida

83 Vacunos en pie para mataderos;

114 a. Arroz;

184 Carnes de cerdo no elaborada, con­gelada o enfriada;

184 Carne de vacuno frigorizada o en­friada;

Grasas comestibles vacunas;

Manteca de cerdo; 198 Mantequilla;

212 Aceite comestible;

243 Azúcar materia prima;

245 Azúcar refinada blanca.

"Las importaciones contempladas en el

artículo 2º de la citada ley, quedan limi­tadas sólo a la leche condensada (Parti­da 196). "

"El Comité Ejecutivo del Banco Cen­tral de Chile fijará semestralmente las cuotas de importación de las mercaderías que se indican en los dos incisos prece­dentes, y cuya internación podrá efectuar­se libre de todo derecho e impuesto que se recaude por intermedio de las Aduanas, sin perjuicio de la aplicación de lo dis­puesto en el artículo 3º de la ley Nº 12. 858, cuando proceda. El Reglamento determi­nará la forma en que se distribuirán las cuotas recién referidas".

"Si por cualquier motivo el Comité Eje­cutivo no adoptare el acuerdo correspon­diente dentro de los primeros 15 días de cada semestre calendario, será aplicable lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 2º de la ley Nº 12. 858. "

"No obstante lo anterior, el Comité Eje­cutivo determinará las necesidades de im­portación para el resto del año 1966, den­tro del plazo de 30 días contados desde la vigencia de esta ley".

"El Presidente de la REPUBLICA podrá suspender, en todo o en parte, las fran­quicias que otorga esta ley o la ley nú­mero 12. 858, cuando las necesidades del país así lo aconsejen. En el mismo evento, podrá fijar contingentes de importación respecto de todas las mercaderías cuya internación autoriza la ley citada. "

El Ejecutivo es contrario al estableci­miento de regímenes aduaneros especiales en favor de zonas determinadas del país, tanto por las dificultades que ellos provo­can en el ordenamiento de las importa­ciones del país, como por constituir una limitación del mercado disponible para las producciones nacionales.

Sin embargo, de lo anterior, las cono­cidas necesidades de abastecimiento de productos esenciales, de los Departamen­tos Copiapó, Huasco y Freirina, justifican

un tratamiento de excepción, en tanto las actuales dificultades subsistan.

Ahora bien, dentro de estas ideas, el Ejecutivo considera indispensable entre­gar al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, la determinación de las necesi­dades de importación, de los Departamen­tos referidos, en cuanto se refiere a las mercaderías incluidas en el proyecto, a fin de asegurar que ellas guarden rela­ción con las reales necesidades de consu­mo y con las posibilidades de abasteci­miento desde el resto del país y además, establecen un mecanismo que cubra las si­tuaciones imprevistas o las necesidades de mercado para la producción nacional, pa­ra lo cual se establece una fórmula que permite suspender en todo o en parte, las franquicias que contempla el régimen ge­neral de la ley Nº 12. 858.

Se ha suprimido de la Lista de Merca­derías a la Yerba Mate (Partida 153), por tratarse de un producto negociado por nuestro país dentro de la Asociación La­tinoamericana de Libre Comercio y, por lo tanto, incluido en la Lista Nacional de Chile, motivo por el cual una eliminación general de gravámenes constituiría una restricción o limitación de las franquicias convenidas.

Artículo nuevo.- Para agregar, como Artículo Segundo, el siguiente nuevo ar­tículo:

"Artículo segundo.- Se aplicará tam­bién lo dispuesto en el artículo 158 de la ley Nº 16. 464, de 25 de abril de 1966, a los decretos y resoluciones del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que se refieran a cualquiera de las mate­rias contenidas en el artículo 3º del De­creto Supremo Nº 338, de 10 de marzo de 1945, del Ministerio de Economía y Co­mercio. "

Esta disposición tiende a permitir que el Ministerio de Economía, Fomento y Re­construcción opere con mayor agilidad,

haciendo posible que los decretos y resolu­ciones del mismo tengan vigencia inmediata, antes de su toma de razón.

Artículo transitorio.- Para suprimirlo.

En atención al nuevo texto que se pro­pone para el Artículo primero, es innece­sario el Artículo transitorio, motivo por el cual se propone su supresión.

Por lo tanto, y en conformidad a lo dis­puesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno devuelve a V. E. el referido proyecto de Ley.

Dios guarde a V. E.

(Fdo. ): Eduardo Frei Montalva.- Ser­gio Molina Silva. "

16.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

"Nº 3004.- Santiago, 28 de octubre de 1966.

Me es grato referirme a la nota de V. E. Nº 7149, de 30 de agosto último, por la cual comunica a esta Secretaría de Estado la petición formulada por el H. Diputado señor Hernán Olave Verdugo, en orden a que se adopten las medidas necesarias a fin de elevar de categoría al Retén de Carabineros de la comuna de Máfil como asimismo el aumento de su personal.

Sobre el particular, me permito mani­festar a V. E. que efectuados Tos estudios técnicos-policiales respectivos por parte del Servicio de Carabineros de Chile, se ha establecido que no es posible elevar a Tenencia dicho Destacamento -a pesar de lo conveniente de esta medida- de­bido a que no se cuenta con plazas de re­serva de ningún grado para este propósi­to, no obstante lo cual, la Dirección Ge­neral del ramo informa que la petición del H. parlamentario señor Olave Verdugo se mantendrá pendiente para ser considera­da en su oportunidad.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Bernardo Leighton Guzmán".

17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

"Nº 16322.- Santiago, 1º de octubre de 1966.

Me es grato dar respuesta al oficio Nº 7059, de fecha 23 de agosto ppdo., de esa H. CAMARA, dirigida a este Ministerio a petición del H. Diputadodon Luis Valen­te Rossi, relacionado con la situación que afecta al pescador don Luis Araya Araya.

Al respecto, puedo manifestar a US. que esta Secretaría de Estado solicitó de inmediato los informes pertinentes, con cuyo mérito puedo informar a esa H. CAMARA que el señor Cónsul de Chile en Tac. na intervino en su oportunidad ante las autoridades peruanas. La multa con que se había sancionado al señor Araya que, en un principio, se fijó en 50. 000 soles fue rebajada a 7. 500 soles. Además, las autoridades de Arica han obtenido permi­so para que el señor Araya pueda gestio­nar en Perú la devolución de su lancha pesquera.

Me permito hacer presente a US. que todas las facilidades otorgadas al señor Luis Araya, son sin perjuicio de las san­ciones que Te corresponden por pesca ile­gal en aguas peruanas y que aplicará la Gobernación Marítima de Arica.

Dios guarde a US. (Fdo. ): Gabriel Val­dés S. "

18.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

"Nº 00245.- Santiago, 11 de octubre de 1966.

Ha recibido esta Secretaría de Estado su oficio Nº 7255, de 6 de septiembre del presente año, por el que solicita, a petición del H. Diputadodon Fernando Ocha­gavía Valdés, la creación de una Oficina del Banco del Estado de Chile en la loca­lidad de Quellón, de la provincia de Chi­loé.

Al respecto, cúmpleme manifestar a V. E. que ya fue resuelta por el H. Directorio

del Banco del Estado de Chile la apertura de dicha Oficina, en SESION de fecha 4 de agosto último, con anterioridad a la pe­tición del mencionado parlamentario.

Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Sergio Molina] Silva".

19.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"Nº 4679.- Santiago, 1º de octubre de 1966.

En respuesta al Oficio de US., Nº 6520, de 27 de julio del año en curso, dirigido a este Ministerio a nombre del H. Dipu­tado señor Raúl Morales A., por el que solicita la destinación de nuevos terrenos para trasladar a ellos la Villa Mañihuales, tengo el agrado de informar a US. que tanto la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Aisén, como la Intendencia de la Provincia han actuado con toda pron­titud a objeto de buscar alguna solución que permita solucionar el' grave problema que afecta a la mencionada Población.

De las diligencias efectuadas, es nece­sario establecer si es posible continuar con la edificación existente, lo que pare­ce, por los datos reunidos, muy dudoso. Habría que entrar a reconocer terrenos de propiedad particular, que podrían ser expropiados por el Fisco, a fin de levan­tar una nueva Villa en las inmediaciones.

Debo hacer presente a US., que en di­cho lugar no hay, a varios kilómetros a la redonda, terrenos fiscales que sean apro­piados para la ubicación de una nueva Villa.

Sin perjuicio de lo anterior y una vez que sean transitables los caminos, la Ofi­cina respectiva enviará funcionarios que tratarán de darle una solución al problema expuesto.

Dios guarde a US. (Fdo. ): Jaime Cas­tillo Velasco".

20.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION

"Santiago, 1º de octubre de 1966.

En respuesta al Oficio de US., Nº 4719 de 11 de abril del año en curso, dirigido a este Ministerio a nombre del H. Dipu­tado señor Cipriano Pontigo U., relacio­nado con observaciones formuladas por dicho Parlamentario, que aparecen insertas en la versión oficial de la SESION 70 de esa H. Corporación, y que solicita se ejecuten diversas obras de progreso en la comuna de Coquimbo, puedo manifestar a US., lo siguiente:

Los terrenos a que se refiere el H. Di­putado señor Pontigo, se encuentran ubi. cados en el lugar denominado La Pampi-11a, parte alta del Puerto de Coquimbo y se hayan ocupados por numerosas fami­lias que han levantado sus viviendas en dicho lugar..

De los antecedentes proporcionados por la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de La Serena, se desprende que dichos te­rrenos son de dominio particular y per­tenecen a la Sucesión Bonilla Vicuña, uno de cuyo miembros, el Abogado señor Hernán Bonilla Vicuña reside en la ciudad de La Serena.

En consecuencia, no siendo estos terre­nos de propiedad fiscal, a este Ministerio no le cabe intervención alguna en ellos.

Dios guarde a US. (Fdo. ): Jaime Cas­tillo Velasco".

21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"Nº 2139.- Santiago, 6 de octubre de 1966.

En respuesta a sus oficios Nºs. 7205 y 7206, de fechas 7 y 6 de septiembre úl­timo, por los que esa Corporación comu­nica a este Ministerio la urgente nece­sidad de aumentar la Planta de Vigilan­tes y de dotar de un furgón para el tras­lado de reos al Presidio de Rancagua

cúmpleme transcribir a V. E. el Oficio Nº 7336, de 28 de septiembre del año en curso, de la Dirección General del Servicio de Prisiones que se relaciona con la ma­teria, y cuyo texto es del siguiente tenor:

"Me refiero a la providencia Nº 3868, de fecha 17 de septiembre del año en cur­so, de ese Ministerio de Justicia, recaída en los oficios Nºs. 7205 y 7206, de la H. CAMARA de Diputados, que se relaciona con la necesidad de dotar de mayor número de funcionarios de Vigilancia y de un fur­gón para el traslado de Reos, al Presidio de Rancagua". "Al respecto me permito manifestar a US., que dada la escasez de personal de Vigilancia existente en el Servicio, problema que afecta a la mayor parte de los establecimientos penales del país, no es posible por el' momento consi­derar la petición de la H. CAMARA de Di­putados, mientras no se obtenga el au­mento de plazas". "Al mismo tiempo co­munico a US., que se realizan las gestio­nes del caso ante la Dirección de Aprovi­sionamiento del Estado para la adquisi­ción de 42 vehículos, considerándose a la Cárcel de Rancagua entre los penales que se dotará de uno de ellos".

Dios guarde a V. E., (Fdo. ): Pedro J. RODRIGUEZ González".

22.-PETICION DE SESION

"Santiago, 8 de octubre de 1966.

Señor Presidente:

En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento Interior, so­licitamos de V. E. que, si lo tiene a bien, sé sirva citar a SESION a la Corporación para el día 11 de octubre de 1966 de 22 a 23, 45 horas, con el objeto de "tratar el conflicto que mantienen los empleados con el Banco de Chile". (Fdo. ) Lazo, doña Carmen, Sepúlveda, don Francisco; Silva Ulloa, Olivares, Palestro, Maluenda, doña María; Godoy, Guajardo, Marín, doña Gladys; Allende, doña Laura, Aravena, don José Andrés; Poblete, De la Fuente, Millas, Cademártori, Cantero, Acevedo,

Carvajal, Naranjo, Valente, Melo, Tejeda, Pontigo, Guastavino, Robles Galleguillos, Montes, Osorio, Naudon, Acuña, Morales, don Carlos".

23.-PRESENTACION

Del señor Aníbal Rodolfo Catrileo Vi­vanco, en que solicita que, por ley espe­cial, se rectifique su nombre.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor Prosecretario Accidental da cuenta de los asuntos recibidos en la Se­cretaría.

El señor SIVORI (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.