Labor Parlamentaria

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades derivadas de los daños producidos por los sismos del mes de marzo último, acordó por unanimidad en su sesión 10ª, celebrada el martes 4 del presente, poner en conocimiento de la Corporación todos los antecedentes, actuaciones y trabajo, en general, realizado por ella hasta la fecha.

Acordó, asimismo, designar al Diputado que habla para que hiciera dicha relación.

La competencia de la Comisión Investigadora le fue señalada por acuerdo de la Cámara de fecha 6 de abril de 1965, que le encomendó establecer "las responsabilidades de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, propietaria del mineral "El Cobre", ubicado en la localidad del mismo nombre; de los propietarios de la Hacienda "El Melón", y de los funcionarios encargados de velar por la seguridad industrial en la catástrofe producida en el mineral "El Cobre", como consecuencia del terremoto, y la responsabilidad de los funcionarios de la Corporación de la Vivienda y del Ministerio de Obras Públicas encargados de fiscalizar la construcción de poblaciones y edificios públicos que fueron dañados por los recientes sismos ocurridos en la zona damnificada."

Posteriormente, a petición expresa de la propia Comisión Investigadora, la Cámara, con fecha 7 del mes pasado, amplió la referida competencia para establecer, además, "los efectos del terremoto en todas las obras públicas de las provincias devastadas y determinar las responsabilidades de los funcionarios fiscales, semifiscales y municipales, relativamente a los edificios deteriorados, incluye las del personal de las Cajas de Previsión que construyeron o encargaron construir poblaciones para sus imponentes en esas zonas".

La Comisión procedió de inmediato a constituirse y ha celebrado, hasta el momento, en el escaso tiempo de 27 días hábiles, 18 sesiones de trabajo, con un promedio de casi cuatro horas por sesión.

Además, dentro del referido plazo, durante cinco días recorrió la zona devastada, en duras jornadas de más de dieciséis horas consecutivas de labor, lo que le permitió recoger una visión directa de los efectos del sismo en las localidades de Llay-Llay, Hijuelas, El Cobre, La Ligua, Cabildo, Nogales, Valparaíso, Viña del Mar, Catemu, San Felipe, Los Andes, Lampa, Colina, Tiltil, Los Vilos e Illapel, y conocer los depósitos de relaves y tranques para almacenamiento de agua que posee la Compañía Minera Disputada de Las Condes en el yacimiento cuprífero denominado "Los Bronces", ubicado en la localidad de Pérez Caldera de la provincia de Santiago.

En el curso de la investigación la Comisión Especial Investigadora ha dirigido 88 oficios de peticiones de informes y antecedentes a diferentes autoridades de Gobierno, Administración Pública, Municipalidades y entidades u organismos particulares, y ha tenido oportunidad de escuchar las informaciones o declaraciones de los siguientes funcionarios o particulares, invitados o citados expresamente por la Comisión: señores Eduardo Simián, Ministro de Minería; Hugo Trivelli, Ministro de Agricultura; Modesto Collados, Ministro de Obras Públicas; Juan de Dios Carmona. Ministro de Defensa Nacional; Bernardo Leighton, Ministro del Interior; Juan Hamilton, Subsecretario del Interior; Ventura Galván, Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile; Francisco Aedo, Sergio Rica, Julio Chesta y Héctor Mery, profesores de esa misma Facultad; Arturo Arias y Ricardo Dobry, Ingeniero Jefe e Ingeniero, respectivamente, del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales -IDIEM- de la Universidad de Chile; Horacio Lira, Eduardo Truyol e Isidoro Latt, Vicepresidente, Fiscal y Jefe del Departamento de Construcción de la Corporación de la Vivienda, respectivamente; Rafael Romero, Vicepresidente de la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado; Fernando Castro, Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional; Roberto León, Vicepresidente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares; José Torres, Vicepresidente de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; Humberto García Z., Ingeniero del Servicio de Minas del Estado; Walter Dümmer, Ingeniero Jefe del Servicio de Higiene y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud ; Francisco Unda, Jefe del Departamento de Higiene Ambiental del mismo Servicio; Noel Quilici, Enrique Valenzuela y Enrique Morandé, representante legal y asesores de la Compañía La Disputada de Las Condes; Eduardo Hernández, representante legal de la Compañía Minera "Cerro Negro"; Leonel Rochefort, representante legal de la Compañía Minera "Los Maquis", de Cabildo; Carlos Vásquez, Alcalde de la Municipalidad de Nogales; Emilio Puebla, Regidor de la Municipalidad de Viña del Mar; Juan Ahumada, Danilo Gutiérrez, Juan Honorato, Antonio Carroza, JuanMoreno, Francisco Pérez, Ernesto Pastenes y Lázaro Funes, dirigentes Sindicales de los Minerales de "El Cobre" y "El Soldado"; Humberto Athenas, Presidente del Sindicato de Empleados Particulares deSan Felipe; Arturo Acevedo, Presidente de la Asociación de Empleados Fiscales deSan Felipe; Héctor Alvarez, Presidente del "Sector B" de la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe; Manuel Castro, Secretario General de la Junta de Vecinos de la misma Población; Luis Brazo, Director de Vialidad; Enrique Munizaga, Director de Obras Sanitarias; Iván Godoy, Arquitecto; Eugenio Blanco y Escipión Cortés, apoderados de la comunidad propietaria de la Hacienda "El Melón"; Luis Caviedes, Luis González, Enrique Benois. Raúl Vega, Jorge Toro, Enrique Alvarez, Benigna Tobar, María González y Rosa Salgado, dirigentes de la Junta de Vecinos de la Población "Francisco Infante", de Renca; Mariano Acuña, Raúl Gallardo y Carlos Salinas, dirigentes de la Junta de Vecinos de la Población "Juan Antonio Ríos", Sector C, de Santiago; Diego Vergara y Joaquín Morandé, representantes de la firma "Valdivieso, Vergara y Cía"; Francisco Soza y Francisco Cristi, Presidente y Gerente de la Cámara de la Construcción; Hernán Guevara, representante de la Federación Industrial de la Construcción; Santiago Roi y Guillermo Lois, Arquitecto y asesor jurídico de la firma PROVIEN; Alfredo Dünner y Humberto Hartones, representantes de la firma constructora "Dünner y Cía" ; Ricardo Russel, representante de la firma constructora "Magri, Hepner y Cía"; y Héctor Fuentes, Presidente del Sindicato Industrial Obrero de la Mina La Disputada de Las Condes.

Señor Presidente, la Comisión Investigadora que tuve el honor de presidir estimó conveniente entregar a la Cámara antes del término del actual período legislativo, una relación lo más completa posible acerca de la investigación que le encomendó.

Pondré también en conocimiento de los señores Diputados los diversos antecedentes que la Comisión reunió a través de las numerosas sesiones celebradas y que le sirvieron de base para proponer diversas medidas que eviten, en el futuro, tener que lamentar desgracias, como la pérdida de trescientas vidas en El Cobre, y las producidas por la mala construcción de las poblaciones de la Corporación de la Vivienda.

Haré esta tarde una relación de lo que observamos en la zona del sismo y escuchamos en el seno de la Comisión. En primer término me abocaré, en forma exclusiva, a los hechos que la Cámara quiso conocer en un comienzo planteados en la proposición del Honorable colega señor Volodia Teitelboim; o sea, a la catástrofe de la Planta El Cobre, que causó alarma pública, y a la destrucción casi completa de los segundos pisos de la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe. Me abstendré por ahora de informar sobre el estado de las diversas obras públicas y otras poblaciones de la zona damnificada aún cuando esta importante materia también fue motivo de principal atención por parte de la Comisión, lo que consta en las actas correspondientes.

Comenzaré por referirme a la investigación realizada en la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, en lo que respecta a los depósitos de relave y a la población de El Cobre.

Primero escuchamos a los dirigentes de los sindicatos El Cobre y El Soldado para saber si habían solicitado de la Compañía, en alguna oportunidad, el traslado de la población o la adopción de algunas medidas para evitar una posible catástrofe. Sin excepción, informaron a la Honorable Comisión que, en reiteradas oportunidades, habían conversado con el señor administrador, con el objeto de hacerle notar el peligro que existía en el tranque número uno de ese mineral.

Pero de sus declaraciones se desprende que no solicitaron por escrito, de la Compañía Minera La Disputa de Las Condes ni antes de la Compañía Minera Dü M'Zaita, el traslado de esa población. Los dirigentes sindicales nos manifestaron que la Compañía siempre les manifestaba que no contaba con terrenos -ni con la autorización de la Hacienda El Melón- donde construir otra. Pero, por lo que expondré más adelante llegamos al convencimiento de que esa prohibición nunca existió. Así, el Presidente del Sindicato, señor Pérez, en la sesión 4ªnos decía: "La Compañía ha dicho que no tiene terrenos donde hacerlo; sin embargo, si ahora ha instalado un campamento de emergencia en otros campos, donde, en realidad, se le considera como propietaria, ¿por qué no lo había hecho muchos años antes?". Y otro dirigente, el señor Moreno, acotaba: "Ese peligro lo veía el personal de empleados que vivía en ese sector, que eran ocho, y el sector obrero que había abajo. Todos tenían el presentimiento de esta tragedia, por cuanto los anteriores dirigentes han dejado constancia de la inminencia de una catástrofe, como pasó; pero, en cambio, la Compañía alude que la Hacienda no le ha querido vender los terrenos que ella pide para construir viviendas o habitaciones como corresponde a los trabajadores de un lugar minero.

El señor Fonck siempre se ha opuesto a cualquier avance en la industria, arreglo de campamento y poblaciones. De eso tengo conocimiento".

A una pregunta que le formulé al dirigente sindical señor Carroza, éste respondió: "Pero, no obstante, ese terreno que la Empresa tenía adquirido, nosotros recientemente, no hace mucho, discutimos con la Compañía la construcción de mayor número de habitaciones para los obreros. Ella contestaba que no tenía lugar dónde edificarlas, ni dinero para hacerlo. Era el mal que nosotros hemos escuchado toda la vida de la Empresa: falta dinero para edificar habitaciones. Ultimamente nos manifestaba que tampoco tenía lugar para hacerlos, sabiendo que ella es propietaria de un pedazo de terreno donde están ahora las casas de emergencia en el lugar donde se encuentra la población de empleados

Pero -reconoce- oficialmente, no hemos formulado la petición del retiro de la población de ese lugar, a consecuencia de las filtraciones".

Por su parte, el Honorable señor Rosales, en la sesión 5ª, preguntaba al señor Quilici, gerente de La Disputada; "Esta población -se refería a la actual- ¿se va a construir en terrenos de la Compañía? ¿Es así? Y el señor Quilici manifestaba: "Los terrenos los vamos a comprar.

Y a propósito de esto, voy a precisar otra cosa: que la población que ha sido destruida, estaba en terrenos que no eran de propiedad de la Compañía, sino que estaban sometidos a una servidumbre en favor de ella.

El terreno en que pensamos construir ahora, pensamos comprarlo a la hacienda El Melón".

Por mi parte, le formulé la siguiente pregunta; "Los terrenos en que ustedes están construyendo una población de emergencia y que queda a mano izquierda del camino, ¿son ds propiedad de la Compañía o de la Hacienda El Melón"? El señor gerente respondió; "De propiedad de la Hacienda El Melón; pero, con posterioridad a la catástrofe, nos han dicho: construyan ustedes donde quieran".

A continuación, el Honorable señor Rosales pregunta: ¿ Cómo es posible que se esté construyendo allí, sin haber adquirido los terrenos?", a lo que el señor Quilici contesta: "Es una servidumbre, señor Diputado. Tenemos autorización para construir". Recalco esto, porque, según el señor Quilici con posterioridad a la catástrofe, los representantes de la Hacienda "El Melón" habrían manifestado su propósito de que se construyera donde se quisiera. Pero la verdad es otra. Citamos a los dueños de la Hacienda "El Melón", y les hice la siguiente pregunta; "Señores representantes legales de la Hacienda "El Melón", la Comisión Investigadora nombrada por la Honorable Cámara ha creído conveniente invitarlos a esta reunión, con el objeto de formularles algunas preguntas.

Hemos tenido conocimiento, por declaraciones formuladas por los dirigentes sindicales de los obreros del mineral El Soldado y de la planta industrial El Cobre, que, en reiteradas ocasiones, la compañía minera Disputada de Las Condes, ahora, y anteriormente la Compañía Du M'Zaita, le habrían formulado peticiones a la hacienda, con el fin de adquirir algunos terrenos para la construcción de una población, o, por lo menos, cambiar lo que fue la población de la planta El Cobre. La Compañía minera Disputada dice que no tiene conocimiento de esto. Quisiera saber la Comisión si, alguna vez, esta compañía, ahora dueña de este mineral, o la anterior, solicitaron la venta de algunos terrenos para construir la población". El señor Blanco, representante legal de la Hacienda "El Melón", contestó; "Con respecto a lo que hubiera hecho en alguna ocasión la Compañía Minera Du M'Zaita, o bien, la Compañía Disputada de Las Condes, en el sentido de que la comunidad le vendiera algún terreno, debo decir que no hubo nunca ninguna petición a este respecto.

La Compañía arrienda terrenos que son más o menos 40 cuadras con suelos que no tienen ningún valor agrícola; o sea, cualquiera petición en el sentido de arrendarles nuevos terrenos para trasladar la población, o bien, para ampliar sus faenas de tipo minero, habría sido bien vista por la Comunidad, porque los terrenos no tienen mayor importancia agrícola. Nunca se ha dirigido a nosotros para solicitarnos eso".

Más adelante, agregaba: "Referente al permiso o autorización que la comunidad hubiera podido dar, no habría habido ningún inconveniente. Ahora, dentro de las modalidades del trabajo mismo de la Compañía, no conocemos cuál es el sistema. Pero en lo que se refiere a la comunidad, no habría habido ningún inconveniente en cederle esos terrenos, como sucede ahora, ya que para nosotros no tienen mayor importancia, puesto que por su falta de agua y otros factores que no vale la pena analiza, no se pueden dedicar a la explotación agrícola.

Hubiera bastado que la Compañía hubiese pedido los terrenos para que la comunidad se los hubiese facilitado; pero petición de esa naturaleza no fue hecha por la Compañía".

En seguida, otro representante de la Hacienda "El Melón", el señor Cortés, decía: "Yo quisiera agregar dos o tres cosas a lo que dijo el señor Blanco. He tenido contacto con la Compañía Disputada de Las Condes y con la otra Compañía, la Du M'Zaita, desde el año 1934. Siempre hemos marchado en armonía la Compañía y la hacienda. Cada vez que la Compañía ha solicitado algún servicio, alguna servidumbre nueva, siempre se le ha dado, sin ninguna discusión.

Tanto es así, que el año pasado nos solicitaron una ampliación del depósito de relaves, creo que del número 3, el más nuevo. Se le entregaron los terrenos y la escritura todavía no se ha firmado, lo que demuestra que siempre se ha marchado de común acuerdo. En todo la comunidad siempre ha estado dispuesta a ayudar en lo que se ha podido hacer. Contra la Compañía no tenemos ninguna queja."

Más adelante, el propio señor Cortés agregaba: "El otro día hablamos con el señor Quilici y me preguntó si estaríamos dispuestos a vender. Yo le dije que con mucho gusto. Lo dicho por el señor Quilici, de que la comunidad nunca había querido vender, me extraña muchísimo. A mi no me dijo eso."

Más adelante, el Honorable señor Rosales le hizo otra pregunta: "O sea, ¿a esos terrenos la Compañía pudo haber trasladado la población que estaba debajo del depósito de relaves, pues no habría habido oposición de la hacienda, de ninguna naturaleza?" Y yo le dije al señor Cortés lo siguiente; "Me gustaría que ojalá res- pendiera sí o no a la pregunta del señor Rosales, porque es importante."

El señor Cortés, representante de la hacienda "El Melón", dijo; "Nunca ha habido ninguna oposición. Al contrario, he tenido una amistad con ellos durante 30 años; jamás he tenido siquiera un sí o un no, ni con la Compañía Minera Du M'Zaita, ni con La Disputada de Las Condes.

En seguida, se volvió a interrogar al mismo señor Cortés: "Quiero terminar la pregunta inquiriendo si la población "El Cobre'' estaba construida dentro de las 40 cuadras que Uds. le arriendan al mineral "La Disputada de Las Condes" o no, y quién era el que daba autorización para que se construyeran casas para los comerciantes y obreros de temporada que Uds. tienen allá". Y el señor Cortés respondió lo siguiente: "La servidumbre llegaba hasta el camino si no me equivoco. Dentro de la parte de la servidumbre, la compañía hacía lo que quería".

O sea, señor Presidente, queda de manifiesto que la Compañía Minera "Du M'Zaita", primero, y "La Disputada de Las Condes", después, habrían podido trasladar esta población cuando lo hubiesen deseado, porque en realidad ellas ocupaban esos terrenos en virtud de un derecho de servidumbre. Así como pudieron construir en ellos las plantas, los campamentos mineros de "El Soldado" y la población para empleados, del mismo modo indudablemente, la Compañía "La Disputada de Las Condes", pudo haber trasladado esta población, pues disponía de los terrenos necesarios para ello.

Señor Presidente, se ha especulado mucho respecto a quien habría autorizado la instalación de esa población.

Durante la mayor parte de los 27 ó 30 días que duró la investigación de esta Comisión, aparecía como principal responsable la Corporación de la Vivienda, porque tanto el señor ingeniero del Servicio de Minas del Estado como el señor Gerente de la Compañía "La Disputada de Las Condes", siempre se asilaron en el hecho de que la Corporación de la Vivienda había autorizado construir una población en ese sitio. Pero la verdad es diferente.

Sólo hace tres o cuatro días hemos logrado comprobar que esta población fue construida bajo la responsabilidad de la Compañía Minera "Du M'Zaita". En efecto, me voy a permitir leer el oficio enviado por el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda al señor Ministro de Obras Públicas, con fecha 11 de mayo de 1965 y con el número 085:

"Señor Ministro :

"La Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados que investiga los daños producidos por el sismo de 28 de marzo de 1965, solicitó del Vicepresidente Ejecutivo infrascrito que acreditara si la Corporación de la Vivienda había autorizado a la Compañía Minera "Du M'Zaita" para construir un grupo de viviendas que formaban parte del Campamento de "El Cobre" que dicha empresa posee en la comuna de Nogales.

"Al respecto, me permito manifestar a US. que, de los antecedentes existentes en esta institución, es posible informar lo siguiente :

"Por Acuerdo N° 6.309, de 25 de septiembre de 1946, del Honorable Consejo Superior de la Habitación, se autorizó a la compañía mencionada para imputar al pago de su obligación de entregar el 5% a que se encontraba obligada dicha empresa, las viviendas que ésta poseía en la Concentración de El Cobre", comuna de Nogales, departamento de Quillota, Rol de Avalúo N° 825, las que, según se desprende los mismos antecedentes, eran viviendas construidas con mucha anterioridad al 31 de diciembre de 1945.

"Por Acuerdo Nº 13.358, de 29 de julio de 1959, el Honorable Consejo de la Corporación de la Vivienda autorizó a la misma compañía para imputar las nuevas viviendas construidas en la misma Concentración.

"No existe ningún antecedente que permita sostener que la ex Caja de la Habitación, al adoptar el Acuerdo 6.309, aprobó el emplazamiento de las viviendas de la Concentración de ||AMPERSAND||quot;El Cobre", sino que, por el contrario, estas viviendas se encontraban ya construidas al 31 de diciembre de 1945 y, aún más, por dicho acuerdo sólo se aprobó la imputación de 58 viviendas, rechazándose 26 de ellas en razón de ser insalubres o estar ocupadas, ya sea por locales comerciales o por personas que percibían un sueldo superior a 2 1/2 vitales.

"En virtud del Acuerdo 13.358 se autorizó la imputación de 12 viviendas en el mismo Campamento de "El Cobre", pero también dichas viviendas fueron imputadas al pago de la obligación con posterioridad a la construcción de la misma.

"En consecuencia, no existe ningún antecedente que permita sostener que se autorizó por parte de esta institución o por aquellas de las cuales es sucesora legal, el emplazamiento de la citada población, sino que, por el contrario, sólo se vino a tomar conocimiento de ellas una vez construidas".

Sí, señor Presidente; efectivamente, es como lo manifiesta el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda, y no como lo venían asegurando el señor Ingeniero del Servicio de Minas y el señor Gerente de la "Compañía La Disputada de Las Condes".

Estimo que, en realidad, las cosas sucedieron como lo informó el señor Dümmer, Jefe de la Sección Higiene y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud, en la 8ª sesión que celebró la Comisión. Dijo textualmente: "Creo que si la Comisión pidiera a la Compañía Minera "La Disputada de Las Condes" que le suministrara los antecedentes relacionados con la construcción de la población, nos encontraríamos con la sorpresa de que esa población creció como los hongos crecen en el bosque. O sea, que no hay autorización de ninguna especie. Esta es una política muy conocida por nosotros y, por lo menos en el medio industrial, nos trae muchas sorpresas. A diario las industrias se esconden de las autoridades en todas sus actividades, porque quieren ahorrarse las dificultades que les ocasionamos."

Efectivamente, señor Presidente, los integrantes de la Comisión Investigadora hemos llegado a la conclusión después de conocer los antecedentes y escuchar las declaraciones de las personas que citamos a la Comisión que esa población se construyó con autorización de la Compañía Minera "Du M'Zaita" y cuando ella explotaba el Mineral.

Aparentemente, la Compañía Minera "La Disputada de Las Condes" pareciera no tener ninguna responsabilidad, pues todo lo habría hecho la Compañía "Du M'Zaita". Al respecto, le pregunté al Gerente de aquella, si habían realizado alguna inspección técnica tanto en el depósito de relave como en la población, cuando tomaron posesión del mineral, me manifestó que no podía decirlo, pero que creía que así pudo haber sido.

El señor Dobry, que es ingeniero del Instituto de Investigaciones de Ensayos y Materiales en una sesión celebrada el día viernes de la semana pasada, al preguntársele si creía conveniente construir una población debajo del depósito de relave, manifestó lo siguiente: "La verdad es que la primera pregunta se sale un poco del aspecto estrictamente técnico dentro del cual dije se iba a mantener mi participación en este debate. Lo que sí puedo decir es que, a mi entender, según los antecedentes que tengo, con bastante probabilidad no existe en el mundo ningún especialista que pueda garantizar la estabilidad sísmica de un tranque de relave."

Pues bien, señor Presidente, este aspecto es el que debieron haber considerado los técnicos de la Compañía Minera "Du M'Zaita" primero y después los de la Compañía "La Disputada de Las Condes".

Tengo en mi poder una declaración que vale la pena que conozca la Honorable Cámara y antes de leerla quiero formularme esta pregunta. ¿Existía o no peligro en esa zona?

AI respecto cabe hacer presente que los dirigentes sindicales nos manifestaron que siempre, en los días de lluvia, personal de carabineros realizaba rondas especiales; y no permitía a los niños acercarse al tranque. También nos dijeron que se había llegado a un acuerdo con los pobladores, en el sentido de que se tocaría la bocina en caso de peligro, a fin de que pudieran alejarse oportunamente del lugar. Recibimos, asimismo los informes, entregados por diversos ingenieros que hubo pequeñas filtraciones y que inclusive el tranque se habría roto en el año 1952.

Ahora voy a leer la declaración anunciada, y que corresponde al Sargento 2º de Carabineros, don José Manuel Saavedra Lisera, a cargo del Retén "El Cobre", hecha al Ingeniero Jefe del Servicio de Minas del Estado, señor García Zúñiga, que ratifica plenamente estas afirmaciones e informes.

Dice que "tiene conocimiento que, por fallas propias de la estación de lluvias se hizo necesario ordenar rondas de carabineros de vigilancia especial. De estas rondas quedó constancia en el Libro Diario del retén que, desgraciadamente, está debajo del relave. Esta vigilancia permitía prevenir la ida del tranque ocasionable por una rotura cualquiera.

"Solamente el Libro de Servicio del Retén contiene la constancia del servicio de rondas aludido. Estas rondas no eran solicitadas por la empresa, sino que formaban parte del rodaje del servicio, con el fin de proteger a las personas que vivían en esta vecindad, con justificada razón, si se observa la fragilidad de las obras, la no existencia de muros sólidos de contención y la experiencia que sobre su conducta se tiene durante la estación de las lluvias.

"El Retén estaba a 120 metros del tranque".

O sea, señor Presidente, ha quedado establecido, porque se ha comprobado, que carabineros realizaban rondas, precisamente cerca del estanque de relave, en vista del peligro que él significaba; y esto, indudablemente, tiene que llamarnos la atención.

En efecto, nos preguntamos: ¿ Cómo es posible que un sargento o un cabo de Carabineros haya tenido más visión que los ingenieros de la Compañía Minera Du M'Zaita, primero, y de la Compañía Minera Disputada de Las Condes, después? ¿ Cómo es posible -decimos también- que carabineros hayan tenido más visión del peligro que los propios inspectores o los ingenieros de los servicios públicos que iban precisamente a visitar las faenas, tanto del mineral "El Soldado" como de la planta "El Cobre"?

Esto es lo que, en realidad, no nos explicamos. Y nuestra extrañeza se justifica más ampliamente ante las palabras del propio señor Ministro de Minería, quien manifestó que conocía el depósito de relave y, además, la población de "El Cobre", porque, cuando era estudiante, fue allá muchas veces, a realizar su práctica de vacaciones.

Las declaraciones del señor Ministro, hechas en la sesión tercera de la Comisión Investigadora, ponen de manifiesto cómo era de cierto que todo el mundo previa o, por lo menos, instuía el peligro de una catástrofe.

En efecto, el señor Ministro manifestó lo siguiente:

"Yo había estado en otras oportunidades en el mineral, hace ya muchos años, hice una práctica siendo estudiante, en 1936. Las minas de "El Soldado" eran de mucho menor importancia en la zona que en la actualidad. Recuerdo, vagamente, la ubicación de algunas casas en el faldeo. Cuando oí la noticia, mi reacción no fue de que hubiese aislamiento".

Sí, señor Presidente; el señor Ministro de Minería reconoce -y repito lo que dijo-. "Cuando oí la noticia mi reacción no fue de que hubiese aislamiento; no se concibe esto en una localidad como ésa, emplazada en un faldeo. Pensé que podría tratarse de un deslizamiento que provocara una catástrofe".

En el primer momento, en el mismo instante de conocer la noticia, el señor Ministro de Minería intuyo el peligro o por lo menos dedujo, lo que había ocurrido. En efecto, el señor Ministro dice: "Por eso, me dirigí inmediatamente a "El Cobre" para llegar allí a las tres y media o cuatro de la tarde. Desgraciadamente, pude comprobar que ahí existía un pueblo que había sido borrado completamente por un alud de barro, tierra y arena fina".

Pues bien, señor Presidente, la Comisión ha debido estimar por los antecedentes anotados que la empresa es responsable de la construcción de esa población, aun cuando algunas personas manifestaron que esto era de competencia de la Municipalidad de Nogales. El ingeniero jefe del Departamento de Minas, del Ministerio de Minería, nos manifestó que a él no le cabía ninguna responsabilidad frente a los hechos, porque tenía exclusivamente la obligación de vigilar el interior de las minas. El ingeniero jefe del Servicio de Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud, también manifestó que no tenía nada que ver en esto. El Jefe del Departamento de Higiene Ambiental, igualmente, contestó que tampoco a él le cabía ninguna responsabilidad. O sea se trató de envolver a la Comisión en el juego del "gran bonetón".. .

El señor OSORIO.-

Exactamente, tal como acota mi Honorable colega, a los miembros de la Comisión nos pasaba como en el cuento del "compra huevos", ya que tratábamos de investigar en "cada esquina" a fin de ubicar al responsable de la tragedia.

Por último, por si el responsable era la Municipalidad de Nogales, de acuerdo con lo manifestado reiteradamente por el señor Ingeniero Jefe del Departamento de

Minas, invitamos al Alcalde a la Comisión. Aquí está su declaración:

"Señor Alcalde -le manifesté yo -deseamos que nos informe sobre todo lo relacionado con autorización o autorizaciones dadas por la Municipalidad de Nogales para la construcción de viviendas, especialmente en lo que respecta a la población que estuvo ubicada debajo del depósito de relave de la Planta "El Cobre", de propiedad de la Compañía Minera Disputada Las Condes."

El señor Carlos Vásquez, Alcalde de Nogales, contestó:

"Señor Presidente, al respecto puedo informar que desde el año 1942, más o menos, la Municipalidad de Nogales no tiene Director de Obras. Entre 1941 y 1947, años en los cuales el que habla también era Alcalde, la Corporación contrató un Director de Obras; pero, posteriormente, la nueva administración comunal despidió a este funcionario. Desde esa época, la Municipalidad no cuenta con un Director de Obras, motivo por el cual las industrias de la zona no piden autorización para construir, como es el caso de "Cemento Melón" o la Compañía Minera "Disputada Las Condes".

Después, el Honorable señor Tagle observó: "De manera que ustedes, con ocasión de la construcción de esta población, no tomaron acuerdo ni tuvieron mayor conocimiento al respecto, porque no tenía el organismo municipal competente." A esto, el señor Alcalde replicó: "En las actas de la Corporación no hay ninguna constancia de autorización o de conversaciones que hayan sostenido, en esa época, los regidores con representantes de la empresa "Disputada Las Condes". El Honorable señor Lavandero preguntaba: "¿Y petición?", a lo cual el señor Vásquez respondía : "Ni petición".

A continuación, el Honorable señor Tagle inquirió: "¿A ustedes les preocupaba el hecho de que se estuviera construyendo esta población? ¿Hay constancia en las actas?". El interpelado dijo: "Yo le he respondido en el sentido de que no hay constancia en las actas".

En suma, la Municipalidad de Nogales efectivamente no autorizó la construcción de esta población.

Se dijo y se repite, por la prensa, por las radioemisoras y también por personas que concurrieron a la Comisión -los señores ingenieros del Departamento de Minas del Estado, el señor Ministro de Obras Públicas, el señor Gerente de la Compañía Minera Disputada de Las Condes, etcétera- que el sismo tuvo grado 11 en la localidad de El Cobre y que, por lo tanto, la tragedia se habría producido por la intensidad del sismo, no por la imprevisión de la Compañía o de las autoridades de Gobierno.

Al respecto, voy a leer algunas conclusiones a que ha llegado el Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM), a fin de que los Honorables colegas sepan que no es efectivo que el sismo haya tenido grado 11 en la localidad de El Cobre, sino solamente grado 8, como ha quedado demostrado en los estudios realizados.

El señor Arturo Arias, ingeniero del IDIEM, dice "Hace unas cuatro semanas, más o menos, el señor René Vergara, que preside la Comisión designada por el Gobierno para investigar, justamente, los aspectos técnicos y de otra naturaleza que provocaron la tragedia de El Cobre, conversó con nosotros en el Instituto para pedirnos que participáramos en los trabajos de esa Comisión. Nuestro Instituto tiene un Laboratorio de Mecánica de Suelos.

"Funciona en él un Laboratorio de Mecánica de Suelos, que investiga justamente dentro de la rama que tiene que ver con los fenómenos de este tipo, que dependen de la estabilidad, y que estudia la calidad de los suelos.

"De modo que nosotros hemos estado participando en este trabajo, como integrantes de esta Comisión Investigadora designada por el Gobierno.

"Hicimos una primera visita al lugar mismo del mineral de El Cobre para ver las cosas en el terreno. En ella nos impusimos en general del problema. Posteriormente, una Comisión presidida por el señor Dobry, funcionario del Instituto, ha estado trabajando en el lugar mismo por una o dos semanas más o menos, o poco más. Se han tomado muestras, se han hecho ensayos de penetración por medio del clavado de una barra especial, para saber la resistencia que tiene el suelo, mejor dicho, la consistencia de éste. También se ha tomado un número grande de fotografías, fuera de la visualización personal misma. Se ha interrogado a varias personas para saber exactamente en qué forma ocurrió el fenómeno. En la primera visita que practicamos, recorrimos, también, la planta de tratamiento y algunos edificios para formarnos una idea de cuál era la intensidad del sismo en ese lugar, cosa sumamente importante.

"Las primeras informaciones que se entregaron a la prensa uno o dos días después del terremoto, sobre la intensidad del sismo, hay que tomarlas con cierto "beneficio de inventario", porque se basaban en apreciaciones formadas a través de las noticias periodísticas y no en informaciones de los observadores que el Instituto Sismológico de la Universidad tiene destacados en distintos lugares. El Instituto Sismológico ha repartido unas tarjetas especiales en que sus observadores informan sobre la naturaleza del fenómeno. De acuerdo con esos informes puede fijarse la intensidad en cada lugar, sobre la base de aplicar una escala conocida con el nombre de "escala Mercalli modificada", que es una escala subjetiva de intensidad, que juzga la intensidad del movimiento por los efectos sobre las personas y cosas, especialmente, sobre la construcción. Esta escala, que está de acuerdo con la escala internacional, es prácticamente, una traducción de ésta, nada más; tiene sus defectos, porque no resulta sencillo determinar si el sismo ha tenido grado uno o los siguientes, es decir, si es 8, 9, 10 u 11.

Del examen que hicimos allá, nos ha quedado la impresión de que el terremoto en "El Cobre" ha tenido grado 8 o un poco superior. Eso contradice las informaciones publicadas en la prensa, e incluso de organismos oficiales.

En la visita a que me refiero, se repartieron tarjetas al personal de ingenieros, a algunos empleados, como contadores, y a algunos empleados de la planta para que las llenaran.

Se trajeron esas tarjetas al Instituto Sismológico. Este Instituto, sobre la base de estas tarjetas hará una apreciación de los grados de intensidad."

El ingeniero señor Dobry en su declaración a la Comisión, dice:

"Efectivamente, a base de la contestación de los datos pedidos en las tarjetas mencionadas por el señor Arias, los miembros del Instituto Sismológico hicieron una estimación. Ellos piensan que la intensidad estuvo entre 8 y 9 grados, probablemente más cercano al 8."

O sea, no es como se ha dicho que haya sido grado 11, que es prácticamente el grado en que son muy pocas las cosas que quedan en pie.

Por lo tanto, esta Comisión llegó al acuerdo que más adelante me voy a permitir entregar a la Honorable Cámara de Diputados y que en una de sus partes acusa a la Compañía La Disputada de Las Condes de negligencia culpable.

Ahora, me referiré a la Población Pedro Aguirre Cerda, de San Felipe.

El señor MUÑOZ HORZ.-

Señor Presidente, yo quiero abundar en algunas consideraciones, antes que el señor Diputado relator se refiera a otras materias de la competencia de la Comisión Investigadora.

Ellas dicen relación con las conclusiones a que llegó la Comisión, para establecer que de parte de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes habría negligencia culpable en los hechos sucedidos y que ocasionaron la destrucción de un poblado y muerte, no sólo de trabajadores de la misma mina, sino que también de gente extraña a las faenas mineras.

Por mi parte, he llegado a la misma conclusión, pero no por el hecho de saber quien construyó la población al pie del tranque de relaves: si la Compañía Minera La Disputada de Las Condes o su antecesora. Lo que en realidad me ha convencido de que hay responsabilidad o negligencia culpable de la empresa son los precedentes ocurridos en actividades de la misma naturaleza.

Existiendo antecedentes sobre desgracias sucedidas en minas del mismo tipo, también como consecuencia de sismos, no es concebible que ingenieros y empresarios que permanentemente laboran en explotaciones mineras no hayan tomado la precaución de trasladar a otro lugar la población construida al pie del tranque. Por eso estimo que hubo falta de diligencia o de cuidado en los directores y en los ingenieros de la compañía.

Por desgracia, nuestro país está irremediablemente expuesto a sufrir los efectos de estos fenómenos sísmicos. Por lo tanto, si no se toman las medidas y las precauciones necesarias en esta clase de actividades, es indiscutible que los técnicos y los empresarios que trabajan en ellas deben asumir alguna responsabilidad. Aunque el hecho de que la establezcan las conclusiones de la Comisión no pasa de ser una declaración romántica -por cuanto nadie podrá percibir indemnización sino por la vía judicial-, no hay duda de que la compañía incurrió en negligencia culpable y tiene responsabilidad en la catástrofe que causó la muerte a mineros y a otras personas ajenas a las actividades de la empresa.

Nada más.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, decía que iba a referirme al caso de la población "Pedro Aguirre Cerda" de San Felipe, pues creo que fue el que causó más alarma pública. Pero antes deseo destacar un hecho insólito. Tengo aquí algunos recortes de diarios, uno del 7 de abril y otro del 4 de mayo, en los cuales aparecen publicaciones pagadas en que la Cámara Chilena de la Construcción se expresa en forma poco amable de los parlamentarios y de las personas que denunciaron la destrucción de diversas poblaciones en la zona devastada por el sismo del 28 de marzo.

En una inserción publicada el 7 de abril y titulada "En defensa del prestigio de la construcción", dice:

"A raíz del doloroso sismo que ha afectado a las provincias de Santiago, Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo, se ha desatado, desgraciadamente, a través de algunos medios de información, de intervenciones parlamentarias y de declaraciones de funcionarios administrativos, una verdadera campaña de desprestigio hacia las empresas constructoras que contratan con la Corporación de la Vivienda, atribuyendo a fraude o procedimiento dolosos de ellas los daños sufridos por algunas poblaciones ubicadas en la zona afectada por el terremoto.

La Cámara Chilena de la Construcción no puede permanecer impasible frente a acusaciones tan extemporáneas como injustificadas, que atentan gravemente contra el prestigio de empresas que tienen el derecho de exigir el respeto y la consideración que se merece cualquier ciudadano, cuya expresión mínima es la de no ser condenado antes de ser juzgado."

Más adelante, expresa: "A fin de formarse un criterio técnico, el Directorio de la Cámara realizó, durante los días sábado y domingo recién pasados, una exhaustiva visita personal a la zona afectada, a través de la cual pudo comprobar hasta qué punto las acusaciones precipitadas que se han venido lanzando carecen en absoluto de realidad."

Y agrega: "Por estas razones el Directorio de la Cámara Chilena de la Construcción expone ante la opinión pública del país:

1) Su formal protesta por los juicios temerarios que se han venido vertiendo para juzgar anticipadamente, y sin ninguna base técnica, la conducta profesional de empresarios prestigiosos, a los cuales se causa, en esta forma, un daño moral de suma gravedad."

Luego, señala: "Tomando como ejemplo aquellas poblaciones que han sido particularmente aludidas, puede declarar que las poblaciones Yungay y Aguirre Cerda, de San Felipe, no han sufrido daño alguno en sus estructuras. En la primera de ellas se observa el desprendimiento de algunas planchas de yeso de los cielos y trizaduras de tabiques que no ofrecen peligro alguno y que es consecuencia lógica y natural de las fuertes vibraciones a que fueron sometidos; la segunda, presenta trizaduras y roturas en tabiques interiores."

En otra parte, manifiesta: "La Cámara Chilena de la Construcción no sólo pide, sino que exige, en defensa de un sector importante de sus miembros, una amplia investigación, y si de ella resultan -lo que está cierta no ha de ocurrir- algunas responsabilidades específicas de determinadas empresas constructoras, será la primera en pedir la aplicación de sanciones ejemplarizadoras. Pero antes de que ello suceda, la Cámara niega a cualquiera el derecho de afectar la honra ajena de manera indiscriminada, como lamentablemente se ha venido haciendo."

En los últimos días de abril se realizó en Viña del Mar una reunión de la Cámara Chilena de la Construcción, en la cual su Presidente, don Francisco Soza, que según creo, es ingeniero civil, prácticamente se opuso a la investigación de los daños sufridos por las poblaciones lo que contradice la anterior publicación en que acepta una amplia investigación. En una parte de su discurso, reproducido en la inserción publicada el 4 de mayo, expresó:

..lo digo a sabiendas de que iré contra una serie de prejuicios que se han ido asentando, por efecto del desconocimiento, de la irresponsabilidad, de la reiteración o del simple afán politizante."

Más adelante, agregó: "Recurramos al testimonio de las cifras, de los hechos, tanto más elocuentes, tanto menos torcidos, que los de quienes desean aprovechar un siniestro con fines que no quiero calificar".

En otra parte, afirmó: "... esos daños afectaron -en la gran mayoría de los casos- sólo a tabiques y otros elementos secundarios de construcción".

A continuación manifestó: "¡Y estas construcciones han sido la gran piedra de escándalo, el blanco de las más ásperas y destempladas críticas!"

Parece que al señor Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción no le agradó que no hubiese habido muertos en las poblaciones, porque dijo: "Y cabe también preguntar dónde están las víctimas de eso que se ha dado en llamar la desidia o la irresponsabilidad de los contratistas".

O sea, el señor Francisco Soza creería en la destrucción de las poblaciones si hubiese habido víctimas. En efecto, expresó: "Otros movimientos sísmicos de igual magnitud han dejado miles, o decenas de miles de muertos y heridos. En las casas CORVI no hubo ninguno".

Después, señaló "En Chile hubo un terremoto -aun esto parece necesario recordarlo a algunos apasionados buscadores de "culpables"-, un terremoto de grandes proporciones".

Y añadió: "Es lástima que algunos órganos de prensa, muchos de ellos -me atrevo a pensar- de buena fe, hayan seguido a quienes se empeñan en buscar y agigantar el punto negro aun donde no existe.

Y es lástima que, a consecuencia de esta labor de zapa que opera por la vía del rumor, ya se esté hablando de que no debe construirse con tejas, por ejemplo, o de que tales o cuales bloques deben proscribirse. Por este camino de la histeria, yo temo que se llegue a lo que siempre ha sido el triste salario de ella. . ."

Pues bien, tengo aquí el número de abril de la "Revista de la Construcción", editada por la Cámara Chilena de la Construcción, de la cual es Presidente el señor Francisco Soza. En la sección "EI tema del mes", titulada en esta oportunidad "Comportamiento de las casas CORVI", dice: La población Pedro Aguirre Cerda sufrió daños más serios. Sin embargo, tampoco fueron en la estructura de las casas. Fallaron algunos muros exteriores de bloques de cemento y los tabiques del mismo material de los segundos pisos. Esta falla, contrariamente a lo que tanto se ha dicho -sin fundamento- no se debe a un defecto de construcción sino a que el propio bloque de cemento es muy rígido y ofrece poca superficie de pega; por tanto cualquier movimiento fuerte de carácter horizontal lo puede desplazar. En consecuencia, habría que estudiar si el bloque de cemento es un material que se puede seguir usando en este tipo de construcciones".

Aquí está la respuesta al señor Francisco Soza. Recordemos que él dijo: "Y es lástima que, a consecuencia de esta labor de zapa que opera por la vía del rumor, ya se esté hablando de que no debe construirse con tejas, por ejemplo, o de que tales o cuales bloques debe proscribirse". La propia "Revista de la Construcción" expresa que debe estudiar esta posibilidad.

Más adelante, esta publicación agrega : "La albañilería de bloques de mortero de cemento, de carácter espontáneo, presenta un grado de destrucción tan alto como el de las estructuras de adobe. Los muros de bloque sin refuerzos (generalmente en cierros), se destruyeron todos, y aquéllos con refuerzo prácticamente se desintegraron, pues a los defectos de la albañilería de ladrillo hay que agregar la rigidez de los bloques. Es necesario añadir la pobreza de los morteros de pega y la pobreza de los morteros con que se fabricaron los bloques". Y añade: los bloques macizos tienen un porcentaje mayor de destrucción y los bloques en pandereta están prácticamente todos en el suelo."

Esta es la mejor respuesta al señor Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Como digo, al señor Soza no sé por qué motivo, le causó mucha preocupación que la Comisión nombrada por la Honorable cámara investigara estos hechos ¿Temor. remordimiento o prepotencia? Lo curioso y lamentable que este criterio fue compartido por el Supremo Gobierno, porque en esa reunión celebrada por la Cámara Chilena de la Construcción en Viña del Mar, el señor Ministro de Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona que asistió a ella en representación del Ejecutivo, manifestó en una parte de su discurso lo siguiente :

"Deseo, además recoger unas palabras recién pronunciadas por el señor Presidente de la Cámara. Sí, hay que enfrentar la reconstrucción con optimismo, con una actitud positiva y patriótica. Al dirigir una labor así, corresponde mirar hacia adelante, no hacer solamente un análisis de lo ocurrido, y mucho menos buscar responsabilidades -a menudo por el simple gusto de buscalas-. . O sea, el señor Ministro le dio la razón al señor Soza en cuanto a que la Comisión investigadora estaba buscando responsabilidades por puro gusto. En esta forma, el señor Carmona aparentó no escuchar el grito desgarrador y angustioso de miles de nuestros compatriotas, que lloraban a sus parientes muertos o lamentaban la destrucción de sus hogares. Sin embargo, de acuerdo con los informes técnicos que tenemos, hubo negligencia culpable y hay responsables de ello.

La Comisión visitó detenidamente la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe, y comprobó que casi todos sus segundos pisos estaban destruidos. Pero, para no cansar a la Honorable Cámara, me remitiré al informe de los profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Dice: "Identificación y características de los edificios observados. Población "Pedro Aguirre Cerda", compuesta de viviendas de 1 y 2 pisos. Un sector construido con bloques de mortero de cemento y otro con albañilería de ladrillo. Población proyectada por ¡a CORVI. Estado real de los edificios. Se observan en esta población mayores destrozos en los tabiques fabricados con panderetas de bloques que los ya observados en Illapel. La mayoría de los habitantes no ocupan los segundos pisos de sus viviendas construidas con bloques de mortero de cemento. Los muros de fachadas han experimentado grietas que rompen toda su sección, más numerosas en el segundo piso que en el primero."

"Los grupos de viviendas de 2 pisos poseen balcones con losas voladas, cuyos antepechos están formados por bloques en panderetas y ligeros refuerzos de barras de acero. Al romperse la totalidad de los enlaces de estos antepechos con los muros de fachada, su estabilidad es precaria y han debido demolerse."

Más adelante, agrega: Clasificación de los daños y diagnósticos. (Se refiere únicamente a los edificios construidos con bloques). "La destrucción de los tabiques divisorios en 2º piso es irrecuperable y deberán demolerse en su totalidad para ser reconstruidos con materiales más flexibles y deformables".

Voy a detenerme un momento en este punto. Resulta que la CORVI sin la autorización de los actuales arrendatarios o propietarios de las casas de la Población "Pedro Aguirre Cerda", ha contratado los servicios de la firma "Delta" para ejecutar las reparaciones de las viviendas dañadas por el sismo. ¡Ni siquiera se dignó pedir esa autorización! Sencillamente, por sí y ante sí, ordenó iniciar las reparaciones.

Pero hay un hecho sumamente grave.

Los profesores de la Faculta de Arquitectura de la Universidad de Chile están demostrando que "la destrucción de los tabiques divisorios en 2º piso" -como señala textualmente en su informe- "es irrecuperable y deberán demolerse en su totalidad para ser reconstruidos con materiales más flexibles y deformables".

Ellos creen que también las murallas de afuera, que están totalmente agrietadas, deben ser inspeccionadas o que técnicos deben iniciar una investigación al respecto. Los señores profesores de la Facultad de Arquitectura opinan que esos muros deben demolerse para levantar otros nuevos, pues, en el caso de producirse un nuevo sismo, que puede ser de igual grado o superior al anterior, tendríamos que lamentar no sólo la destrucción de poblaciones, sino también la pérdida de valiosas vidas.

En consecuencia, pido se envíe oficio, en nombre de la Honorable Cámara, al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que tenga a bien enviar a estas poblaciones una comisión de técnicos de la Universidad de Chile, antes de continuar las reparaciones, a fin de que dictamine si deben repararse estas murallas o demolerse y construir otras nuevas.

El informe continúa así: "La destrucción masiva de tabiques se debe incuestionablemente- a la adherencia prácticamente nula entre mortero y bloque, lo que pudo ser comprobado por los observadores. El mortero carece de cohesión y se pulveriza bajo la presión de los dedos". El mortero, conocido vulgarmente con el nombre de "mezcla", que hemos tenido en nuestras manos al visitar la población "Pedro Aguirre Cerda", se pulveriza, en efecto, bajo la presión de los dedos. Esto se debe, indudablemente, a irresponsabilidad manifiesta de los inspectores encargados de vigilar la construcción de estas poblaciones. En efecto, en la población "Pedro Aguirre Cerda" hubo un solo inspector de la Corporación de la Vivienda, a pesar de que allí se construyeron alrededor de ochocientas setenta casas.

Según determina el informe entregado por los técnicos de la Universidad de Chile, es peligroso emplear bloques en las construcciones, por una simple razón; el bloque de cemento al igual que el ladrillo es poroso. Por lo tanto así como el ladrillo debe colocarse en agua durante varios minutos para que absorba agua, la necesaria a fin de que fragüe después bien la mezcla, según los técnicos que corresponde, al 18% de su peso, también el bloque de cemento debe ser sometido al mismo procedimiento y absorbe entre el 25 y 30%. Pues bien, si no se tiene cuidado, el bloque absorbe más agua, produciendo el efecto de que una vez seco, el mortero o mezcla se pulveriza, como lo hemos visto, al simple contacto de los dedos.

El informe agrega que el mal comportamiento general de los muros de albañilerías de bloques a la acción sísmica induce a pensar que al verificar fatigas admisibles al esfuerzo de corte no se haya considerado el artículo 253, apartado 4, de la Ordenanza General de Construcciones, que dice textualmente: "En el caso de bloques huecos, las fatigas anteriores se refieren a las secciones efectivas de contacto".

Contando con tres (3) cm. de espesor de pared, en bloques de 3 huecos, el área efectiva de contacto es apenas el 50% del área total del bloque.

"El problema de los balcones volados merece comentario aparte, ya que revela una actitud técnica de particular negligencia, tanto por parte del proyectista como de la Empresa Constructora".

Aquí está la respuesta al señor Ministro y al Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que no damos los Diputados integrantes de la Comisión Investigadora, ni los que en la Honorable Cámara denunciaron el hecho, sino los técnicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

El informe sigue diciendo: "No precisa aquí formular una hipótesis sino constatar hechos efectivos."Cualquier constructor idóneo sabe -y con más razón debiera saberlo un Arquitecto- que anclar un elemento metálico en un muro de bloques posteriormente a su confección es tarea punto menos que imposible. Los bloques son huecos y están limitados por paredes de mortero de baja dosificación, de 3 cm de espesor."

Luego expresa: "No es necesario mayor comentario para calificar técnicamente este recurso constructivo. Si nos hemos extendido en su descripción es porque configura una posición mental que, hecha extensiva a partes más vitales del complejo proceso de construir viviendas, explicaría gran parte de las cuantiosas pérdidas que recaerán sobre la ciudadanía."

Este es parte del informe técnico de los profesores de la Universidad de Chile. En realidad, creo que no necesita mayor comentario.

Quiero insistir, en todo caso, si no hay número en la Sala, en que se oficie, al señor Ministro de Obras Públicas, en nombre del Comité Socialista, con el objeto de que inmediatamente se paralicen las reparaciones en la población "Pedro Aguirre. Cerda", de San Felipe, y en otras afectadas por el sismo, para que una comisión de técnicos de la Universidad de Chile vaya a inspeccionarlas cuidadosamente y emita informe al respecto. A continuación, se verá si es conveniente reparar las actuales murallas o si es preferible demolerlas para levantarlas de nuevo.

El señor MORALES ADRIASOLA (Presidente).-

Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.

Cuando haya quorum en la Sala, recabaré el asentimiento para dirigir este oficio en nombre de la Corporación.

Puede continuar Su Señoría.

El señor OSORIO.-

En la sesión 6ª le preguntamos al señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda y a los jefes máximos de las diferentes cajas de previsión, quién iba a pagar los daños ocasionados por el sismo. Al respecto, el señor

Vicepresidente de la CORVI nos manifestó que, por ahora, ellos estaban realizando las reparaciones, pero que no sabía quién las iba a pagar.

Dijo el señor Lira: "En lo que se refiere a reparaciones de viviendas, y aquí no me estoy refiriendo a las viviendas de las Cajas, por cuanto es un problema que no me atañe, el espíritu del Gobierno es que la CORVI las haga a su costa, en forma masiva, porque es un problema absolutamente técnico, porque hemos visto a los propietarios reparar algo que no corresponde. Hemos visto que reestucan y reconstituyen las casas de adobes; y eso es una cosa grave. Entonces, el criterio que debe tenerse, es de carácter técnico; una reparación masiva tiene que hacerla una institución para que salga más barata a los imponentes. Por eso hemos estimado este problema. El estanque de un edificio no lo pueden demoler los imponentes en conjunto sin tener compresoras, palas, grúas, hay una serie de elementos necesarios. Por eso, yo les puedo responder cuál es el espíritu del Gobierno en este momento. La ley de reconstrucción, con toda seguridad, abordará este tema de CORVI, por el cual yo puedo responder, pero no sé como va a resultar el problema dé las cajas de previsión".

De las declaraciones de los señores Vicepresidentes de instituciones previsionales y, especialmente, del de la Caja de Empleados Particulares, se desprendía que las reparaciones se iban a hacer por cuenta y responsabilidad de la Corporación de la Vivienda. Pero el señor Vicepresidente de la Corvi dijo en realidad, que no; tal como lo he leído, declaró no tener responsabilidad alguna en estas reparaciones.

Pues bien, ¿qué culpa tienen los pobladores y los imponentes de que la Corporación de la Vivienda, en su debida oportunidad, no haya visto las deficiencias de estos grupos habitacionales o de su construcción? Señor Presidente ya los persone- ros de la población "Pedro Aguirre Cerda" nos manifestaron que un subjefe de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas había comprobado las deficiencias de la población "Pedro Aguirre Cerda" y se las había hecho notar a la CORVI. Estos dirigentes representaron las fallas no sólo a la Corporación de la Vivienda, sino también a las cajas de previsión, al Intendente y al Alcalde de San Felipe, sin que estos funcionarios se hubieran dignado responder las notas que se les había enviado. Y uno de los pobladores nos contó una anécdota para que viéramos como habían recibido esas casas. Un técnico fue a recibir las casas y se le ocurrió entrar al baño; cerro la puerta para ver la construcción. Después hubo necesidad de sacar la puerta para hacer salir al señor Valenzuela, que era el técnico, porque, de lo contrario agregó, "habríamos tenido que pedirle al Cuerpo de Bomberos que lo sacara por el tragaluz". Esto lo vieron todos los dirigentes de la población y también las propias autoridades.

Por ese motivo, nosotros sostenemos que la Corporación de la Vivienda debe hacerse responsable de la reparación de todos los daños ocasionados en esas casas por el sismo, porque, indudablemente, su mala construcción es la causa de la destrucción de muchas de ellas. Esa es una de las recomendaciones que hacemos a la Honorable Cámara.

Posteriormente, en el curso de nuestra investigación nos hemos encontrado con otro hecho curioso. Las cajas de previsión no cobran a sus imponentes iguales dividendos por el mismo tipo de casa construida por la Corporación de la Vivienda, porque se las venden a precios totalmente diferentes. Por ejemplo, en la población "Pedro Aguirre Cerda" de San Felipe, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas vendió las casas tipo A en 10.240 escudos, y la Caja de Empleados Particulares, en 19.500 escudos o sea, casi el doble. ¿A qué se debe esta diferencia de precio, si las casas son del mismo tipo, del mismo material y construidas por el mismo contratista o empresa constructora?

Sobre el particular, consultamos a los señores Vicepresidentes de las cajas de previsión. El único que nos contestó fue el de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, quien nos dijo que esta institución vendía esas casas en su valor de reposición, o sea, al precio que tenían las vivienda en el momento de entregarlas. Pero ocurre que la Caja de Empleados Particulares entregó también las otras casas en la misma fecha. ¿A qué se debe entonces que haya cobrado el doble por ellas? El señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de los Empleados Par- culares no ha contestado hasta la fecha nuestra pregunta.

Esta diferencia de valores encierra una grave injusticia, ya que la Corporación de la Vivienda agrega al costo de las casas, solamente, un aumento del 6%. Y como no puede aceptarse que un instituto de previsión especule con las casas destinadas a habitación de sus imponentes, hemos incluido entre las recomendaciones que la Comisión hace a la Honorable Cámara, la de solicitar al Ejecutivo que, en la iniciativa de ley cuyo envío ha anunciado, sobre reconstrucción de las zonas devastadas por el último sismo, se incluya una disposición destinada a uniformar la reglamentación de las diferentes cajas de previsión con el objeto de que las casas que ellas vendan a sus imponentes las den a un mismo precio, pagadero en dividendos de un monto similar.

El señor MUÑOZ HORZ.-

Señor Presidente, creo que la diferencia de precio que se advierte entre las diversas cajas de previsión que venden a sus imponentes casas o departamentos construidos por la

Corporación de la Vivienda, se debe precisamente, al sistema que actualmente rige esta clase de operaciones, en virtud del cual el precio no se determina sobre una suma dada de escudos o de pesos, sino en "unidades reajustables" que la Corporación de la Vivienda fija anualmente, con arreglo a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, ahora de acuerdo con el índice del alza del costo de la vida, y antes de acuerdo con el índice del alza de los sueldo? y salarios. En consecuencia, como esta "unidad reajustable" varía anualmente en algunas cajas de previsión, se formaliza la operación y se escritura cuando ella tiene un valor determinado, mientras que en otras se hace esto cuando la "unidad reajustable" tiene un valor superior.

Hemos podido observar, con verdadero pavor, cómo esta "unidad reajustable" ha venido aumentando desde 1959, año en que se dictó el D.F.L. Nº 2, hasta la fecha.

La "unidad reajustable", que comenzó teniendo un valor de 1.000 pesos o de un escudo, ha alcanzado, hasta este momento, un valor cercano a los 3 escudos, o sea, 3.000 pesos. En consecuencia, una operación hipotecaria iniciada por un imponente de alguna caja de previsión sobre la base de una "unidad reajustable" de un escudo o de mil pesos, en la actualidad ha aumentado tres veces su valor, como consecuencia lógica del proceso inflacionista que nuestro país sigue viviendo, no obstante todas las promesas y certezas que nos dan los diversos gobiernos, especialmente el actual, que, según ha declarado, va a detenerlo en el curso de cuatro años, fijándole para los años venideros un porcentaje determinado.

En consecuencia, la diferencia de los precios se debe a esta inconsecuencia del D.F.L. Nº 2, problema que nosotros hemos hecho presente en más de una oportunidad, pues los deudores hipotecarios ven aumentar anualmente el saldo de sus deudas hipotecarias en sumas siderales.

En la visita efectuada por los miembros de la Comisión a las diversas poblaciones de las provincias afectadas por el sismo hemos podido observar cómo la Corporación de la Vivienda, formada en su generalidad por técnicos, por ingenieros y por arquitectos, y cuya Vicepresidencia ha estado también a cargo de técnicos, ha podido autorizar la construcción de poblaciones como las de "Villa Dulce" y de "Achupallas", en Viña del Mar, en cuyas urbanizaciones ha sido necesario gastar sumas enormes, que sobrepasan al costo de las poblaciones mismas, recargando en consecuencia, el valor de cada una de las casas o departamentos.

Por eso, para abaratar el costo de esas viviendas y su precio de venta han sido construidas en tal forma por la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar y por la Sociedad "PROVIEN", que seguramente van a tener muy corta vida y servirán como viviendas sólo algunos años, durante los cuales, sin embargo; la deuda hipotecaria de sus adquirentes irá aumentando en forma pavorosa, como consecuencia de la aberración que significa el sistema de reajustes implantados por el decreto con fuerza de ley Nº 2.

En efecto, una deuda, cuyo monto primitivo correspondía al valor de 4 mil "unidades reajustables", valor en el cual, según se desprende de varias declaraciones, fueron adjudicadas algunas de estas casas, alcanza en estos momentos, a un valor de 12 mil escudos, si se considera que el valor de esta unidad reajustable es hoy día de 3 escudos.

En consecuencia, creo que una de las conclusiones de la Comisión, la de insinuar al Gobierno la idea de realizar, de inmediato, un estudio concienzudo y realista de la legislación actual sobre la materia, a fin de modificar el decreto con fuerza de ley Nº 2 para hacer menos gravoso este sistema de reajuste de las deudas y los dividendos derivados de la Adquisición de estas casas, es de toda justicia. De lo contrario, va a ocurrir que llegará el momento en que ningún deudor hipotecario de las cajas de previsión podrá pagar sus dividendos o el saldo deudor porque el monto de ellos tendrá que aumentar como consecuencia del mayor valor de la "unidad reajustable" que es fruto del proceso inflacionista que sigue sufriendo nuestro país.

Nada más, señor Presidente.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, agradezco la benevolencia y gentileza de mi Honorable colega relator de la Comisión Investigadora, al concederme una interrupción, que he solicitado para hacer algunas observaciones respecto de las materias expuestas por el Honorable señor Osorio.

Su Señoría ha dicho, por ejemplo, refiriéndose a las respuestas dadas a oficios enviados por la Comisión, que el señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda declaró que esa Corporación repararía sólo las casas construidas por ella, pero no las levantadas por otros institutos de previsión.

En realidad, en su oficio dice que eso no se sabe. Y es la verdad, porque la Corporación de la Vivienda no tiene atribuciones para reparar las casas o las construcciones que pertenecen a las cajas de previsión de los Empleados Particulares, de los Empleados Públicos o del Servicio de Seguro Social.

De manera que, en este aspecto, ha dicho bien el señor Vicepresidente, ya que esto no lo puede saber, pues esta materia sólo se considerará en el proyecto de reconstrucción que el Ejecutivo enviará al Parlamento después del 21 de mayo.

En cuanto al problema de la diferencia de precios que existiría entre las casas, construidas por la Corporación de la Vivienda, que se entregaron a imponentes de distintas cajas de previsión a precios diferentes, situación a que se refirió también el Honorable señor Muñoz Horz, yo estoy de acuerdo en la necesidad de darle solución y creo que es conveniente que se reorganice la Corporación de la Vivienda, que adolece, como lo manifestaba mi Honorable colega, de una serie de vacíos y de desorganización. Por otra parte, bien saben los Honorables colegas que la Corporación de la Vivienda y la Caja de Previsión de Empleados Particulares eran las únicas instituciones en las cuales el actual Gobierno no tenía, prácticamente, representantes de su confianza en sus cargos ejecutivos. Solamente hace muy poco tiempo que se ha hecho cargo de la dirección de la Caja de Previsión de Empleados Particulares un personero suyo, el señor León Alquinta.

Señor Presidente, agradezco la deferencia y la gentileza que ha tenido el Honorable señor Osorio al otorgarme la interrupción de que acabo de hacer uso.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, tal como ha expresado el Honorable señor Lavandero, hemos podido observar una serie de deficiencias en el funcionamiento de la Corporación de la Vivienda, y esto se ha reflejado intensamente en la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe, a que me he venido refiriendo, la que como corresponde fue recibida por la Corporación de la Vivienda.

AI respecto, el señor Diego Vergara, uno de los socios de la empresa constructora "Valdivieso, Vergara y Cía. Ltda.", a cargo de dicha obra, nos decía, cuando lo invitamos a declarar en la Comisión Especial, que, según él, los daños "a mi juicio, se han debido exclusivamente al terremoto". Y agregaba: "Nosotros obtuvimos una clasificación de 84,6 puntos sobre un máximo de 85 puntos". o sea la CORVI le dio, prácticamente, la nota máxima a ]a referida construcción, ya que ésta, para ella, era de óptima calidad.

Le pregunté al señor Vergara : "¿Quién hace la calificación?". El nos respondió: "Esa calificación la hacen tres funcionarios de la CORVI. Uno es el Vicepresidente Ejecutivo, que tiene facultad para delegar, y debe delegar, entiendo, no estoy seguro, en un profesional. El otro es el Jefe del Departamento de Construcciones, que también tiene facultad para delegar en otro profesional. El tercero tengo entendido que es el arquitecto de la obra; no estoy seguro. Pero son tres funcionarios de alta categoría dentro de la Corporación de la Vivienda."

Pues bien, esta calificación la hizo la CORVI cuando se recibió de esas casas. Yo le preguntaría ahora. ¿Serían capaces, al comprobar el estado en que quedaron esas construcciones después del sismo, de ratificar el puntaje asignado tan generosamente?

En seguida, quiero referirme a otro aspecto. Los miembros de la Comisión Investigadora hemos creído conveniente hacer algunas recomendaciones a la Honorable Cámara. Una de ellas es que se adopten las medidas necesarias con el objeto de que se celebre un convenio con la Universidad de Chile, a fin de que las Comisiones Especiales Investigadoras de esta rama legislativa puedan contar con los asesores técnicos que necesiten para el mejor cumplimiento de su cometido. Por fortuna para nosotros, en esta oportunidad tuvimos la valiosa asesoría técnica de la Facultad de Arquitectura de esa casa de estudios ; pero, indudable- mente, las Comisiones Especiales Investigadoras de la Honorable Cámara van a necesitar después, no tan sólo de la asesoría de la Facultad de Arquitectura, sino que, seguramente, de otras Escuelas de la Universidad de Chile, a fin de cumplir eficientemente con la misión que le encomiende la Honorable Cámara.

Hemos estimado conveniente también recomendar a la Honorable Cámara el envío de un oficio al Supremo Gobierno solicitándole que, de acuerdo con sus facultades privativas, remita a! Congreso un proyecto de ley por el cual se refundan los diversos organismos que en una u otra medida tienen que conocer de todo lo relacionado con la seguridad en las minas o en las industrias, para que no vuelva a suceder el hecho insólito, que nos ocurrió a nosotros; que ningún organismo estatal era responsable de nada, en la vigilancia del estado de las poblaciones como la de "El Cobre". Al respecto, el Honorable señor Lavandero, en la sesión 8ª, de la Comisión, decía: "Señor Presidente, creo que uno de los graves problemas que afecta en estos instantes a todos los servicios es el hecho de que una misma función es cumplida por diversos organismos. En realidad, no la cumplen en forma integral, por lo que se desperdician los esfuerzos y el dinero". Este hecho se pudo apreciar a través de toda la investigación que realizamos, porque, como manifesté denantes, todos los representantes que citamos de los distintos organismos deslindaban su responsabilidad culpándose unos a otros.

Pues bien, a una pregunta del Honorable señor Lavandero, relacionada con la recomendación que hacemos, el señor Walter Dümmer, Ingeniero Jefe del Servicio de Higiene y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud expresó en la Comisión: "Estoy plenamente de acuerdo con el Honorable señor Lavandero en la necesidad de no desperdigar funciones, en que deberían estar todas centralizadas. Como es lógico, yo defiendo el Servicio Nacional de Salud en esta materia. Creo que es el organismo más indicado para asumir esta responsabilidad a través del país".

Por su parte, el señor Ministro de Minería llegó, también, a esta misma conclusión. En la sesión 3ª manifestó: "Estoy seguro de que, en este sentido, el Gobierno contará con toda la colaboración del Parlamento, cuando llegue el momento de estudiar una reestructuración total de este Servicio, para dar énfasis, a través de ella, principalmente al aspecto de la seguridad y de la asistencia técnica".

De las propias palabras del señor Ministro de Minería y de los jefes de los diferentes servicios que tienen a su cargo la seguridad industrial y minera se deduce la necesidad de que la Honorable Cámara recomiende al Gobierno refundir todos estos organismos que realizan labores similares o paralelas.

Por último, debo dar a conocer algunas denuncias bastante graves. Una de ellas se refiere al tranque o depósito de relaves que existe en la quebrada San Francisco, de Las Condes, cuyo material se ha vaciado en la propia quebrada con autorización del señor Ministro de Obras Públicas. Actualmente ya tiene una capacidad de 3 millones de metros cúbicos de material y el Ministerio de Obras Públicas ha dado autorización para que se llegue hasta una capacidad de 20 millones de metros cúbicos.

Si nos atenemos a lo que sucedió en la planta "El Cobre", que sólo tenía 6 millones 500 mil metros cúbicos, ya podremos darnos cuenta del peligro que significa la existencia de este depósito de relaves. En especial, si se considera que a 6 kilómetros, más arriba, se está construyendo un tranque para contener 45 millones de metros cúbicos de agua. Si el día de mañana se desborda, como nos decía el Ingeniero señor García Zúñiga, causaría un tremendo desastre ya que podría producirse un alud peor que el que tuvo lugar en la planta de "El Cobre": un alud de relave, de tierra, de lodo, que, inclusive, llegaría hasta El Arrayán, y pasaría más abajo, llegando a arrasar también la comuna de Las Condes.

Como esto es sumamente peligroso, dada la denuncia formulada por el propio ingeniero del Ministerio de Minería, también me permito insinuar que se envíen los oficios correspondientes, con el objeto d( que el Ministerio de Minería prohiba que se siga lanzando relave en este depósito.

El señor Gerente de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes nos manifestaba que ellos mandaron buscar técnicos al extranjero, con el objeto de que estudiaran el problema y que no pensaban llegar a los 20 millones de metros cúbicos, sino que solamente a los 12 millones. Después hay otras denuncias. . .

El señor OSORIO.-

Al final de mi in- forme solicitaré, señor Presidente, se remitan los oficios necesarios a los Ministros que correspondan.

Tengo denuncias que formular sobre el depósito de relaves de Andacollo, en la provincia de Coquimbo, y situado en Tierra Amarilla, en la planta Punta del Cobre, hoy llamada "Pedro Aguirre Cerda", propiedad de la Empresa Nacional de Minería. Respecto de este último, el ingeniero del Ministerio de Minería nos manifestó que su estructura era mucho más débil que la de otros depósitos de relave del resto del país, y que si el sismo hubiese alcanzado en esa zona proporciones parecidas a las que tuvo en "El Cobre", hoy deberíamos lamentar un número mucho mayor de víctimas e inclusive anotó que el día que llegue a destruirse ese depósito vamos a tener que sentir la pérdida de no menos de 5.000 vidas.

Por eso, me permito solicitar que se dirijan oficios, en mi nombre, a los señores Ministros de Minería y al de Salud Pública, con el objeto de que de inmediato se envíen técnicos a estas zonas, a fin de que se solucionen estos problemas oportunamente y no tengamos que lamentar otra catástrofe como la de "El Cobre". Si nosotros hubiésemos puesto remedio a esta situación después del desastre del tranque Barahona, ocurrido en 1928, como decía muy bien el Gerente de la Compa ñía Minera La Disputada de Las Condes, no habríamos tenido que lamentar estos hechos, porque la verdad es que, como ha quedado demostrado en el curso de la investigación realizada por la Comisión, no es efectivo que haya tranques de relaves a lo largo de Chile, sino que se trata, simplemente de depósitos, de relaves, porque no existen muros de contención.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, me permito rogar que en esa petición de oficio se incluya la zona minera de Andacollo, donde la situación es tanto o más grave que la expuesta por el Honorable señor Osorio.

El señor MORALES ADRIASOLA (Presidente).-

Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría, con el agregado hecho por el Honorable señor Pontigo.

El señor MELO.-

Y en mi nombre.

El señor LAVANDERO.-

También en mi nombre.

El señor MUÑOZ HORZ.-

En nombre del Comité Radical, señor Presidente.

El señor TAGLE (don Manuel).-

Y en el mío.

El señor MORALES ADRIASOLA (Presidente).-

Se enviarán en el nombre del Comité Radical y de los señores Diputados que lo han solicitado.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, antes de dar lectura a las recomendaciones, quiero agradecer, en nombre de la Comisión, y especialmente en el mío propio, al señor Decano de la Facultad de Arquitectura, don Ventura Galván, y a los señores profesores de esa Facultad, de Santiago y de la Universidad de Chile de Valparaíso, quienes nos prestaron su asesoría técnica con tanto acierto y tan extraordinaria buena voluntad; a los señores ingenieros del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales y demás personas que concurrieron hasta la Comisión a formular declaraciones. Agradezco, asimismo, la colaboración prestada por el señor Secretario de la Comisión, don Jaime de Larraechea y su ayudante, don José Nazar.

Señor Presidente, creo que muy pocas veces una Comisión de la Honorable Cámara trabajó tanto y en tan corto tiempo para alcanzar un resultado satisfactorio y entregar oportunamente sus conclusiones y recomendaciones a la Corporación. Personalmente, deseo agradecer a los miembros de esta Comisión, pues durante el trabajo realizado no hubo diferencias políticas ; todos fueron integrantes de una Comisión de la Honorable Cámara a quienes sólo guiaba el propósito de investigar la materia encomendada, a fin de entregar a la Corporación las recomendaciones y conclusiones que ella deseaba y necesitaba.

Debo también expresar mis agradecimientos al personal de Redacción, cuyos taquígrafos debieron trabajar durante tantos días y noches en sesiones de esta Comisión.

Creo que la experiencia recogida por esta Comisión Investigadora debe servir para el futuro. Considero -y esto lo digo a título personal- que todas las Comisiones de ese carácter, designadas por la Cámara, deberían entregar, antes del término de cada período legislativo, los resultados de las investigaciones que se les ha ordenado realizar.

A continuación, me voy a permitir dar lectura a las recomendaciones formuladas por esta Comisión :

"1º.- Recomendar a la Honorable Cámara la adopción de las medidas necesarias para que se celebre un convenio con la Universidad de Chile, con el objeto de que las Comisiones Especiales Investigadoras designadas por la Corporación tengan asesoría técnica de dicha Universidad, cuando así lo requieran para un adecuado estudio y resolución de las materias sometidas a su conocimiento.

2º.- Recomendar a la Honorable Cámara acuerde oficiar al Supremo Gobierno, con el objeto de que éste, en uso de sus facultades constitucionales privativas, se sirva disponer la iniciación del estudio de un proyecto de ley que refunda en un organismo único a los diferentes servicios que actualmente tienen, en forma separada, una competencia limitada o insuficiente en todas aquellas materias que, genéricamente, dicen relación con la seguridad en la construcción de edificios y viviendas; en las explotaciones mineras, industriales o agrícolas, especialmente en sus aspectos de medicina, higiene y seguridad del trabajo y, muy particularmente, en lo que respecta a la construcción, instalación e inspección de los tranques de cualquiera naturaleza y depósitos de relaves que existan o se construyan en el país.

Entre las facultades, elementos técnicos y recursos económicos de que deberá estar dotado dicho organismo, considerará, en forma preferente, el funcionamiento de un Departamento de Mecánica de Suelo; como, asimismo, un Servicio que, aprovechando las experiencias derivadas de anteriores terremotos, que han dañado el territorio nacional, planifique y determine la acción, el procedimiento y las medidas que, racionalmente, deben adoptarse con ocasión de los fenómenos sísmicos de incalculables y graves efectos que, con lamentable frecuencia, afectan al país.

3º.- Recomendar a la Honorable Cámara solicite al Ejecutivo que, en la iniciativa de ley que ha anunciado enviar al Congreso Nacional sobre reconstrucción de las zonas devastadas por el último sismo, incluya disposiciones que contengan normas relativas a las siguientes materias :

a) Uniformidad de criterio entre las diversas cajas de previsión, con el objeto de que las unidades habitacionales que por un mismo valor y tipo les son entregadas por la Corporación de la Vivienda, sean vendidas a sus respectivos imponentes a un mismo precio y sujetas al pago de dividendos de un monto similar;

b) Obligación de la Corporación de la Vivienda de pagar el valor de las reparaciones ya efectuadas o por ejecutarse en las viviendas dañadas por el último sismo, ya sea que éstas hayan sido construidas para dicha Institución o para la cajas de previsión, o por estas últimas directamente para sus imponentes, sin perjuicio del derecho a repetir lo pagado que asiste a la Corporación de la Vivienda en contra de aquellos que, en definitiva, resulten civilmente responsables de los referidos perjuicios;

c) Racionalización de la Corporación de la Vivienda, inspirada en una finalidad esencialmente técnica y social, que le permita resolver con un criterio científico moderno los problemas que en materia de viviendas afectan a la inmensa mayoría de la población de Chile.

Esta racionalización deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos: 1) Transformación de la Corporación de la Vivienda, actualmente organismo autónomo, en un Servicio del Estado, a fin de que exista un mayor control de éste en la consecuencia de los planes de edificación, de manera que constituya efectivamente el organismo central y director de la política habitacional del país;

2) Descentralización administrativa para vigorizar y conceder auténtica autonomía a las delegaciones provinciales; 3) Estabilidad y responsabilidad funcionaria; 4) Positiva fiscalización técnica, tanto en la elección y calidad de los terrenos, planos de diseños, especificaciones, cálculos de estabilidad, detalles constructivos y de los elementos empleados, como en las diferentes etapas del desarrollo material de las obras proyectadas hasta su recepción final;

d) Otorgamiento de un beneficio especial de carácter económico, de cargo fiscal, a los familiares de las víctimas de la catástrofe ocurrida en el mineral de "Er Cobre" y que residían en la zona damnificada, y

e) Legislación especial para las declaraciones de muerte presunta de las personas desaparecidas con motivo de la referida catástrofe.

4º.- Encomendar a la Honorable Cámara el envío de un oficio a S. E. el Presidente de la República, con el objeto de que se sirva considerar la conveniencia de adoptar las medidas conducentes a obtener que la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, de acuerdo con los términos expresados sobre el particular por el señor Ministro de Minería en la 3ª sesión de esta Comisión Investigadora, conceda una indemnización extraordinaria a los familiares de las víctimas de la catástrofe de "El Cobre", por cuanto, de acuerdo con los precedentes que existen en el país de catástrofes similares, con los antecedentes y declaraciones obtenidas por la Comisión y en atención a la realidad sísmica chilena, se presumiría que la citada Compañía, propietaria de dicho yacimiento cuprífero, habría incurrido en negligencia culpable al no disponer el desalojo o traslado del poblado construido debajo del depósito de relaves situado en ese mineral.

5º.- Recomendar a la Honorable Cámara se sirva disponer se pongan en conocimiento del Ministro en Visita, designado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, todos los antecedentes, informes, actuaciones y demás documentación de esta Comisión Especial Investigadora, con el objeto de que los tenga a la vista para los efectos a que haya lugar."

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente y Honorable Cámara.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, quiero adherir, en primer término, a los agradecimientos expresados por el señor Presidente de la Comisión Investigadora a las personas que concurrieron a ella a declarar y a prestar su cooperación. Deseo agradecer, también, al personal de esta Corporación que contribuyó, eficazmente, a convertir en éxito el trabajo de esta Comisión, como asimismo, al personal de taquígrafos que, en una esforzada y sacrificada labor, colaboró para dar un testimonio más fidedigno a la Cámara de las acuciosas investigaciones realizadas.

Debo destacar también la eficiente y extraordinaria labor desarrollada por el Presidente de esta Comisión Investigadora, Honorable Diputadodon Eduardo Osorio, quien, por su modestia, no podría haber señalado este hecho.

En mi calidad de Diputado de la Democracia Cristiana me correspondió el honor de integrar esta Comisión. Tuve oportunidad de conocer más de cerca a todos sus miembros, de participar con ellos en muchas sesiones y de acompañarlos en varias visitas. Así pude comprobar el gran espíritu de cordialidad de cada uno de ellos, y su extraordinario desapasionamiento político para Investigar los problemas provocados por el sismo.

A título personal puedo decir que la labor desarrollada por esta Comisión constituye un ejemplo en la Cámara, pues en veintisiete días, como señaló su Presidente, celebró dieciocho sesiones, con un término medio de cuatro horas de duración, e interrogó o escuchó las declaraciones de sesenta y dos personas.

Se hacía necesaria la designación de esta Comisión Investigadora para que examinara la tremenda destrucción provocada por el sismo. No debemos olvidar que han sido totalmente destruidas veintiún mil casas y que es indispensable reparar cerca de setenta y cinco mil más.

Para medir la magnitud de esta catástrofe podemos tomar como punto de referencia la primera cifra mencionada y compararla con el número de casas de la ciudad de Temuco. El daño producido es como si ella hubiese sido totalmente arrasada. Pues bien, la tarea que compete a este Gobierno y al Parlamento que iniciará sus labores el 21 de mayo próximo, es reparar los daños provocados por el sismo.

Quiero señalar que la labor principal que encargó la Cámara a esta Comisión podría dividirse en las siguientes materias : las que indican la responsabilidad que afectaría a los particulares por haber construido casas deficientes, o por haber mantenido faenas en condiciones de inseguridad, haciendo caso omiso de las advertencias de las autoridades competentes; la negligencia de los funcionarios encargados de fiscalizar las construcciones realizadas por el Estado: casas, escuelas, hospitales; la culpabilidad de los funcionarios que debieron exigir a los particulares la observancia de normas de seguridad en las faenas de construcción, y, por último, los daños ocurridos, cuya causal fue la extraordinaria intensidad del sismo y en lo cual no existiría responsabilidad.

En esta forma, he circunscrito, desde un ángulo personal, la labor realizada por la Comisión Especial, cuyas investigaciones requirieron muchas horas de trabajo, a fin de deducir la culpabilidad de los sectores implicados e inculpabilidad en las consecuencias de la catástrofe. A mi juicio, dos hechos agravan la situación: la intensidad del sismo, causa principal que nadie puede desconocer, y la falta de un organismo capaz de centralizar, racionalizar y planificar la seguridad del trabajo en sus distintas formas. Esta necesidad es aún mayor si se toma en cuenta que, cíclicamente, nuestro país se ve sometido a graves experiencias sísmicas, como la ocurrida recientemente. Pero, además, también tienen su cuota de responsabilidad los particulares, la Corporación de la Vivienda, la Compañía Minera La Disputada de Las Condes y los funcionarios encargados de velar por la seguridad del país.

Es necesario destacar que debido a la gentileza, benevolencia y espíritu de comprensión que caracterizaron a los miembros de la Comisión, todas las recomendaciones propuestas fueron aprobadas por unanimidad. Ello demuestra que la totalidad de los sectores políticos estuvieron contestes con ellas. Una de las ideas, se tradujo en la conclusión de que era necesaria la creación de un organismo encargado de supervigilar la seguridad del trabajo y la forma de vida de los ciudadanos.

Ya nuestro Honorable colega relator, señaló, en forma detenida, acabada y extraordinariamente acuciosa, la labor desarrollada por la Comisión Especial. Por lo tanto, no vale la pena que yo entre en su detalle.

El Honorable señor Osorio, al fijar los aspectos contradictorios de la investigación, destacó la falta de responsabilidad que flota en el ambiente: responsabilidad que no podemos constreñir, tomar o determinar, porque no hay un organismo único encargado de prevenir sobre posibles inseguridades a las empresas particulares y a las instituciones estatales. Por el contrario, existe una profusión de ellos. El Servicio de Higiene, la Medicina del Trabajo, la Sección de Seguridad Minera y algunos servicios de los Ministerios de Agricultura y del Trabajo y Previsión Social, están encargados de la seguridad de la higiene ambiental. Para qué hablar de la reconstrucción, en la que cada ministerio o municipalidad, en forma aislada, ejerce su tuición. Sus departamentos funcionan en forma completamente independiente; a menudo, se producen problemas de competencia entre ellos, porque no están bien definidas las funciones específicas de cada uno. Para comprender esto como un caso increíble, digno de Ripley, basta ver lo que ocurre en algunos organismos del Estado. Por ejemplo, el señor García, funcionario de la Sección Seguridad Minera, a una pregunta de la Honorable señora Ugalde, en la sesión 8ª, celebrada el 29 de abril de 1965, respondió lo siguiente: "Respecto a la consulta formulada por la Honorable Diputada, quiero manifestar que no tenemos una legislación, pero procuramos arreglar los problemas aun sin legislación, en todas partes.

En el caso específico del poblado de Andacollo, estamos contando con una cooperación activa del Servicio Nacional de Salud, que agradecemos mucho.

En el caso específico del relave de Punta de Cobre, no podemos hacer nada, porque esta planta, la PresidenteAguirre Cerda, ubicada en Tierra Amarilla -respecto de la cual el Honorable señor Osorio dijo que al menor sismo podría arrasar con la vida de cinco mil personas-, se encuentra totalmente bajo el control del Servicio Nacional de Salud, porque es una planta que compra los minerales.

Desde luego, hay ahí un epicentro cerca y me parece que vamos a perder cinco mil vidas, por lo menos, porque en realidad la cantidad que tiene el tranque es considerable, pues se trata de una planta que partió moliendo mineral de oro.

Los micrones son tan pocos que, indiscutiblemente, se producirá la condición de fluidificación por la menor vibración. No se necesita una fuerza demasiado cerca para que ocurra una catástrofe seria en Tierra Amarilla. Desgraciadamente, eso debe verlo el Servicio Nacional de Salud, porque tiene a su cargo todo el control en cuanto a seguridad e higiene.

Nosotros no hacemos la inspección, de acuerdo con un convenio de caballeros que tenemos con el Servicio Nacional de Salud". ¡Imaginen esto los Honorables colegas! Y continúa: "Como esa planta no tiene mina, el Servicio de Minas del Estado no se hace responsable de lo que está pasando. Ahí no hay una sola, sino que son varias minas las que venden a la planta Aguirre Cerda, la que es considerada como industria. De manera que, en esas condiciones, el Servicio Nacional de Salud la controla en seguridad y en higiene. De ahí que el Servicio Nacional de Salud tiene que tomar las medidas del caso. Me parece que como los pueblos de Tierra Amarilla y Punta del Cobre son anteriores, si las industrias, en este caso la ENAMI, no toman medidas de seguridad satisfactorias, tendría que irse a la clausura de dicha planta. Me parece que eso podría ocurrir en un término perentorio y yo, personalmente, en el caso del colega Dümmer, ya la habría notificado."'.

El señor Dünmer, citado a la misma sesión y que se encontraba sentado al lado del señor García, contestó: -¡admírese la Honorable Cámara!- lo siguiente: "Señor Presidente, yo quisiera referirme en este momento a lo que acaba de expresar mi colega del Servicio de Minas del Estado, para hacerle presente que esto ilustra, una vez más, lo mal que está nuestra legislación en esta materia.

Yo personalmente no tenía conocimiento de que esta planta me correspondía a mí. La habíamos estimado siempre planta de beneficio de minerales y suponíamos que estaba bajo el control del Servicio de Minas del Estado. Yo tomé nota inmediatamente y voy a escribir una carta al ingeniero de La Serena... etcétera".

O sea, en la Comisión logramos poner de acuerdo a dos funcionarios del Estado, uno de los cuales debe fiscalizar esta obra que, en cualquier momento, puede provocar la muerte de cinco mil personas.

Esto, a mi juicio, es de una gravedad inusitada.

Por eso, en conocimiento de estos hechos, presenté en la Comisión Investigadora una indicación para crear un organismo de seguridad. Los tres organismos más importantes, el Servicio de Higiene, el de Medicina del Trabajo y la Sección de Seguridad Minera, no cuentan, en total, con más de 35 funcionarios, que deben controlar miles de industrias, sin contar para ello con los medios e instrumentos necesarios.

Los funcionarios del Departamento de Higiene Ambiental, deben visitar industrias, empresas periodísticas y cientos de minas existentes en nuestro país y que llevan una vida precaria.

Esta es una situación semejante a la que existía con anterioridad a la dictación del decreto con fuerza de ley 2, del año 1959, época en la que había en todas las cajas de previsión pequeños Departamentos de Arquitectura que jamás contaban con fondos para construir, pues los recursos disponibles se empleaban para pagar a los arquitectos o ingenieros que trabajaban en ellos.

No pretendo defender el decreto con fuerza de ley 2, pero debo reconocer que él tuvo la virtud de refundir en un solo organismo estatal toda la construcción del país. Socializó, podríamos decir, la construcción. Este decreto con fuerza de ley tiene innumerables defectos, que creemos que es necesario corregir, pero fue positivo en la medida que planificó, racionalizó, centralizó la construcción.

El señor LAVANDERO.-

Deseo poner un ejemplo, para demostrar que es necesario hacer lo mismo en materia de seguridad en el trabajo. Los actuales organismos encargados de esta labor, de acuerdo con las leyes vigentes, no han desempeñado ningún papel en los períodos anteriores y posteriores a los sismos.

Cabe hacer notar que en Chile los sismos se repiten con frecuencia casi cíclica. Sin embargo, hasta la fecha no se han dictado normas legales sobre el particular, ni existe planificación alguna para afrontarlos racional y organizadamente, aprovechando las tristes experiencias adquiridas con anterioridad...

El señor LAVANDERO.-

Por ejemplo, las valiosas experiencias de otros países, como sostiene con toda razón, mi Honorable colega.

Los antecedentes recogidos en el curso de la investigación, probaron que es necesario terminar con la dualidad de funciones de algunos servicios, la confusión que existe respecto a determinadas labores fiscalizadoras, los esfuerzos disgregados y poco racionales, la escasez de funcionarios y de personal idóneo en las tareas relacionadas con la higiene ambiental, la seguridad de las condiciones de trabajo, y de la vida de los ciudadanos. Por estas razones, se ha llegado a la conclusión de que es indispensable crear un organismo que centralice todos los aspectos de seguridad e higiene dependientes de los Minado se está debatiendo un proyecto de ley que tiende a disgregar aún más esta acción destinada a velar por la higiene y la seguridad en el trabajo, pues crea un organismo sobre seguridad atómica. En esta forma, se van a dispersar los fondos y los esfuerzos y, en definitiva, los chilenos resultarán perjudicados.

Decía que si consideramos que en Chile los sismos se repiten con extraordinaria frecuencia, el organismo cuya creación he propuesto y que ha aceptado la Comisión con gentileza extraordinaria, deberá elaborar y aplicar un plan preventivo destinado a atenuar los efectos de los sismos. Igualmente, deberá preparar un plan de emergencia inmediato, para terminar con la improvisación que siempre ha existido en esta materia.

Actualmente, existen servicios de seguridad a higiene dependientes de los Ministerios de Salud Pública, Minería y Agricultura, que podrían refundirse y ser la base de un organismo único, que racionalice los esfuerzos, disponga de funcionarios eficientes y debidamente preparados para realizar estas labores y cuente, a la vez, con el financiamiento necesario para adquirir los instrumentos y equipos modernos que precise para sus investigaciones sobre mecánica de suelos, higiene ambiental, seguridad en el trabajo y condiciones de vida, en general, de los habitantes de este país.

Señor Presidente, ésta ha sido una de las materias a las que he dedicado mayor atención en el seno de la Comisión Investigadora, la cual -vuelvo a decir- contó siempre con el aporte valioso de cada uno de los Honorables colegas miembros de ella.

Por las consideraciones anteriores, en su resolución número 2, la Comisión acordó recomendar a la Honorable Cámara que se sirva dirigir oficio al Supremo Gobierno, con el objeto de que, en uso de sus facultades constitucionales privativas, tenga a bien disponer la creación de un organismo encargado de resolver este problema.

Deseo señalar que muchas de las recomendaciones de la Comisión coinciden con el pensamiento del actual Gobierno, ya que las ideas que encierran aparecen contempladas en el proyecto del Ejecutivo sobre reconstrucción de las zonas devastadas por el último sismo.

Voy a referirme, particularmente, a la primera, porque reviste especial importancia. En ella se señala la conveniencia de que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Honorable Cámara cuenten con asesoría técnica.

Por mi parte, he sido uno de los parlamentarios que más ha insistido en esta necesidad, desde que, hace ocho años, me incorporé a esta Corporación. Pero también estimo que nosotros mismos tenemos algo de culpa en esta situación, porque no nos hemos preocupado de concretar este propósito. Podríamos racionalizar el trabajo que realiza la Biblioteca del Congreso Nacional y dotarla de personal técnico, a fin de que asesorara, a través de la Oficina de Informaciones, a las Comisiones de la Honorable Cámara, no tan solo a las Investigaciones, sino a todas.

Los parlamentarios que llegan al Congreso Nacional en cada período legislativo no tienen por qué ser técnicos, de lo cual me alegro. Su misión consiste en plantear, con sentido común, las medidas adecuadas para solucionar los problemas de carácter nacional y popular. De ahí, entonces, que sea necesario que el Parlamento cuente con asesoría técnica.

Desgraciadamente, no se tienen los medios adecuados para organizar la Biblioteca del Congreso, ni la Oficina de Informaciones de la Cámara y, por esa razón, no pueden cumplir esa labor, pese a los esfuerzos que realizan sus funcionarios, que, indudablemente, son extraordinariamente capaces.

Quisiera señalar...

¿Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?

El señor MUÑOZ HORZ.-

Señor Presidente, la Comisión Especial Investigadora designada por la Cámara, que presidiera el Honorable Diputado por Aconcagua, señor Osorio, procuró dar cumplimiento a su cometido antes del término del actual período legislativo, a fin de que los Honorables colegas que la integraron pudieran intervenir en el debate y aportar sus experiencias, observaciones y conclusiones que se desprenden de la investigación y que se lograron a través de visitas oculares y declaraciones hechas por Ministros de Estado, funcionarios técnicos, empresarios, dirigentes gremiales, sindicales, etcétera, que constan, como se ha dicho, en las actas de las diferentes sesiones celebradas por esta Comisión.

La Comisión no habría podido, en tan corto tiempo, dar cumplimiento a su cometido, ni pronunciarse sobre muchas materias complejas, en que se ha necesitado toda clase de informaciones de las más variadas especialidades, si no hubiera contado con la diligencia, constancia y sentido de responsabilidad de su presidente, Honorable señor Eduardo Osorio. Como miembro de la Comisión Especial Investigadora, debo reconocer este hecho, y, asimismo, la extraordinaria actividad de su secretario, señor Jaime de Larraechea, de sus otros colaboradores y de los taquígrafos de la Honorable Cámara.

La Comisión lamentó la ausencia de los Diputados de la Democracia Cristiana, representantes de las provincias afectadas por este sismo, en las diversas visitas que hicimos a muchas localidades y ciudades de la zona. No podría decir lo mismo respecto de los señores Ministros de Estado, Jefes de Servicios y funcionarios que, personalmente, dieron a la Comisión las informaciones que en cada caso se les solicitó en las numerosas sesiones que celebró.

Digo que lamentamos la ausencia de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, porque mientras los miembros de la Comisión Especial Investigadora realizábamos visitas oculares para informarnos detenidamente de los problemas, a fin de sacar conclusiones que permitieran legislar sobre diversas materias, la prensa de Valparaíso y Santiago informaba de que los Diputados democratacristianos en ejercicio y los electos, acompañados del Senador electo por la agrupación provincial de Aconcagua y Valparaíso, recorrían igualmente las diversas ciudades de las provincias afectadas por el sismo con el objeto de patrocinar por su cuenta, aquellas medidas tendientes a resolver los diversos problemas derivados de este terremoto.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, al igual que el Honorable señor Muñoz Horz, deseo dejar constancia de nuestra extrañeza por la ausencia de la representación democratacristiana en la visita que efectuaron los miembros de la Comisión Investigadora al departamento de Illapel.

Yo me encontraba en esa localidad, junto con la Senadora electa señora Julieta Campusano, con quien recorrimos durante quince días los pueblos, escuelas y edificios públicos de esa zona. Visitamos, por ejemplo. Salamanca, Guangualí, donde no quedó una sola edificación en pie; el interior del Valle del Choapa y la localidad de Caimanes lo recorrimos casa por casa.

Nos extrañó la ausencia de los Honorables colegas democratacristianos, porque ellos pertenecen al partido de Gobierno y tienen, por lo tanto, la mayor responsabilidad en la elaboración de las iniciativas que habrán de presentarse para legislar sobre esta materia, a fin de resolver los problemas derivados de este sismo.

He querido dejar constancia de esto para establecer, el día de mañana, las responsabilidades que corresponda en el asunto que estamos debatiendo.

Muchas gracias, Honorable colega.

El señor MUÑOZ HORZ.-

Señor Presidente, yo atribuyo esta ausencia de los representantes del Partido de Gobierno en esta investigación, al hecho de que en los primeros días de ocurrido el terremoto tuvieron una idea totalmente equivocada de sus verdaderas proyecciones en las provincias afectadas. En efecto, se ha dicho que éste fue un terremoto "hipócrita", porque en determinadas ciudades de las provincias de Valparaíso y Aconcagua la mayoría de las casas quedaron con sus fachadas íntegras; pero, en su interior fueron totalmente destruidas o dañadas. Hubo otras cuya estructura no se deterioró, pero sus moradores sufrieron perjuicios de orden material en diversos efectos personales.

Esa fue la información que se dio al Gobierno en los primeros días por las autoridades provinciales sobre las proyecciones de este terremoto. Si en realidad no tuvo la intensidad del terremoto del año 1960, que afectó a las provincias del sur de Chi- Je, indiscutiblemente que por tratarse de provincias que tienen mayor densidad de población, que tienen construcciones de mayor valor, en que existe un mayor número de industrias importantes, los daños producidos fueron mucho más cuantiosos. En consecuencia, justifico el discurso pronunciado por Su Excelencia el Presidente de la República, señor Freí, cuando expresó que no podíamos estar recurriendo cada cierto tiempo a la caridad o al crédito externo para asumir la responsabilidad de la reconstrucción de esas provincias, porque, en realidad, como lo he expresado, no se Je informó detalladamente, con conocimiento de causa, sobre las verdaderas proyecciones del sismo y de los graves daños materiales producidos.

Cuando se recorre, como nosotros lo hemos hecho, las diversas ciudades y pueblos de las provincias afectadas, se llega a la conclusión de que los daños han sido extraordinariamente cuantiosos.

Debido a esas equivocadas apreciaciones de los primeros días, se adoptaron indiscutiblemente, medidas injustas y equivocadas. Se llegó a decir, no sólo a través de las informaciones de la radio y de la prensa, sino en el Senado, en intervenciones de diversos señores Senadores, que por parte del Partido de Gobierno se quiso administrar esta tragedia, para tratar de sacar ventajas de orden político. Así fue como en los primeros días, la ayuda en materiales y alimentos enviada a determinadas ciudades, llegaba, precisamente, a las casas de los personeros del Partido de Gobierno. Pero posteriormente, cuando empezaron a formularse críticas sobre tales procedimientos se comenzaron a tomar medidas de otra naturaleza, más justas, sin entrar a odiosas discriminaciones de orden partidario.

De modo que muchas de las actuaciones que al principio tuvieron algunos miembros del Partido de Gobierno -no quiero pensar o suponer que en estas primeras desacertadas medidas hayan tenido participación altos personeros del Gobierno, el Presidente de la República o los Ministros de Estado, sino que ciertos y determinados dirigentes provinciales subalternos- fueron el fruto de la creencia que estas desgracias también podían "administrarse" con fines proselitistas. Cualquiera que sean las opiniones que pudieran emitirse sobre las conclusiones de la investigación hecha por la Comisión Especial designada por la Honorable Cámara de Diputados, es indudable que los resultados de su labor van a constituir un aporte valioso para afrontar en el futuro, estados de calamidad pública y de emergencia como el derivado del sismo ocurrido en las provincias de Valparaíso, Aconcagua, parte de la de Coquimbo y parte de la de Santiago. En casos anteriores como en los recientes, se han tenido que improvisar medidas que no sólo han significado gastos inútiles y dispendiosos por la falta de coordinación entre las autoridades, sino que también problemas de competencia entre autoridades políticas y administrativas.

Por desgracia, señor Presidente, las facultades que se otorgaron a la Comisión estuvieron limitadas a ciertas y determinadas materias, lo que nos privó de conocer otros hechos producidos como consecuencia del terremoto y que nos habrían permitido proponer algunas medidas preventivas para evitar que, en el futuro, otros acontecimientos de la misma naturaleza pudieran crear dificultades a las autoridades y gobierno.

Señor Presidente, a nosotros nos ha correspondido, como dijo muy bien el señor Presidente de la Comisión, hacer visitas a la zona del sismo, y escuchar en el seno de la Comisión no sólo a los Ministros de Estado, sino que también a los vicepresidentes ejecutivos de diversas instituciones de previsión social, a funcionarios, a dirigentes gremiales y sindicales, a dirigentes de las juntas de vecinos de las poblaciones que más sufrieron como consecuencia del sismo del 28 de marzo último.

De todas esas declaraciones indudablemente hemos sacado conclusiones positivas que serán beneficiosas, en definitiva, para el país, porque permitirán que el Parlamento y el Gobierno legislen para impedir en el futuro, dificultades como las producidas ahora entre diversos servicios. En la actualidad, los funcionarios a quienes competen el cumplimiento y ejercicio de ciertas facultades en materias derivadas de calamidades públicas aparecen dispersos en distintos Ministerios o servicios, por lo que cada uno trata de salvar su responsabilidad en caso de omisión, atribuyéndola a otro funcionario, por creer que el asunto es de competencia de otro organismo. Ministerio o Dirección General.

Estimo que en un país como Chile, expuesto como está constantemente a los desastrosos efectos de algún sismo, no puede seguir viviendo de las improvisaciones. Se hace necesario estar prevenido y sacar algún provecho de las experiencias ya adquiridas. Debemos no sólo legislar en lo referente a. reestructuración y racionalización de determinados servicios para concentrar en un solo organismo todas aquellas funciones y facultades que hoy se encuentran dispersas y disgregadas, sino también para adoptar con prontitud y eficacia las medidas de emergencia o reconstrucción. Esto permitiría también cumplir en forma adecuada funciones preventivas destinadas a evitar desgracias como la ocurrida en el mineral de El Cobre. Si estos organismos cuentan con el personal y los medios económicos suficientes, sólo entonces podrán cumplir en forma oportuna y adecuada con sus obligaciones para evitar catástrofes como la del poblado del mineral de El Cobre.

Durante las visitas que realizamos, como dije, circunscribimos nuestra acción exclusivamente a las materias de nuestra competencia, como era investigar la responsabilidad que pudiera caber a los empresarios. No sólo visitamos el lugar en que ocurrió esta tragedia lamentable, sino que también tomamos declaraciones a muchas personas que trabajaban en él y, posteriormente, escuchamos en el seno de la Comisión, a los empresarios y a personas que están íntimamente vinculadas a ellos. Después de oír estas declaraciones, como asimismo las de los señores Ministros de Estado y de algunos funcionarios públicos, hemos llegado a las conclusiones que acaba de leer el Honorable señor Osorio, Presidente de la Comisión, en el sentido de considerar que en lo referente al desastre del mineral de El Cobre, ha habido negligencia culpable de parte de los propietarios de la mina, la Compañía La Disputada de Las Condes. Hemos llegado a esta conclusión basados en las circunstancias de que se trata de una empresa que está dedicada a una actividad determinada similar a otras en las que habían ocurrido anteriormente tragedias de las mismas proyecciones y que dispone de ingenieros y técnicos que, teniendo conocimiento de tales precedentes, debían haber cumplido con su cometido de prever las consecuencias de un sismo, en tranques de relaves como el que había en ese mineral.

En consecuencia, el Diputado que habla estima que la Compañía, empleando una mediana diligencia y cuidado, debió, con la debida antelación, haber cambiado el poblado de "El Cobre" a otro lugar. Los antecedentes acumulados, indican que jamás los propietarios de la hacienda El Melón se habían negado a venderle a la empresa los terrenos necesarios, con el objeto de trasladar la población en referencia a otro lugar. En consecuencia, por tales consideraciones nosotros estimamos que en esta tragedia ha existido negligencia culpable por parte de esa empresa.

Si bien esta declaración nuestra no producirá efectos jurídicos en cuanto a la indemnización que pudieren reclamar las víctimas a la empresa, porque es una materia que corresponde a los tribunales de justicia, creo que bien vale la pena hacerla para los efectos de que en el futuro esta misma compañía, u otras empresas que posean obras de este tipo, tomen las medidas necesarias para evitar desgracias como la ocurrida en el mineral El Cobre el día 28 de marzo pasado.

Ya el Honorable Diputado relator y el Honorable señor Lavandero, se han referido al caso de las poblaciones. Durante el curso de la investigación, hemos oído algunas declaraciones de importancia y gran significación. Ellas permiten establecer que, por lo menos, la Corporación de la Vivienda tiene una gran dosis de responsabilidad en la falta de fiscalización de todas las obras realizadas a través del territorio nacional. En muchos casos, no se ha cumplido con las especificaciones, o no se han levantado las viviendas en la forma en que técnicamente deben construirse en un país como el nuestro, expuesto, cada cierto tiempo como he dicho, a fenómenos telúricos, que afectan principalmente a quienes después de grandes sacrificios, han logrado adquirir una casa o un departamento por intermedio de un instituto de previsión.

Además de las razones que ya se han dado, es necesario destacar algo que, a mi juicio, ha contribuido en gran parte a la falta de la debida fiscalización de los contratistas que tienen a su cargo las construcciones de la CORI y de las cajas de previsión. Se trata de que, con el objeto de agilizar las actividades de la CORVI, el señor Ministro de Obras Públicas del Gobierno anterior tuvo la idea de quitarles a sus funcionarios la calidad jurídica de semifiscales, con lo cual se les privó del beneficio de la inamovilidad establecida en el Estatuto Administrativo para todos los empleados de la Administración Pública.

A nuestro juicio, los arquitectos, abogados, ingenieros y técnicos de la CORVI no tienen, en determinados casos, la suficiente autoridad para lograr que sus observaciones sobre las obras sean respetadas por los empresarios que las realizan. Esto ya se ha dicho repetidas veces y fue reconocido por el arquitecto y profesor universitario, señor Godoy, quien, a raíz de una pregunta que le formulé, expresó que muchas deficiencias y la falta de fiscalización se deben, en gran parte, a que los funcionarios técnicos han perdido su inamovilidad y a que dentro de la CORVI mandan más los empresarios y la Cámara Chilena de la Construcción...

El señor MUÑOZ HORZ.-

En consecuencia, si un funcionario técnico formula alguna indicación respecto del cumplimiento de las especificaciones, está expuesto a ser eliminado de la planta, porque la CORVI anualmente confecciona nuevas plantas y excluye al personal que cree conveniente dar de baja. Este año, precisamente, han sido eliminados el señor Godoy y otros funcionarios, por haber pedido en observancia de la ética profesional, que se respetaran las especificaciones de los contratos.

Lamento que llegue a su término el tiempo que corresponde a mi Partido, ya que deseaba refirme a los problemas producidos en la provincia de Valparaíso como consecuencia del terremoto. En todo caso, a ellos me referiré en detalle una vez que se envíe al Parlamento el proyecto de reconstrucción de las zonas devastadas.

Como miembro de la Comisión investigadora, comparto ampliamente sus recomendaciones. Pero a ellas debería agregarse, en mí opinión, la necesidad de refundir en un nuevo estatuto jurídico todas las disposiciones que se refieren a calamidades públicas y que hoy se encuentran dispersas en nuestra legislación, en la Constitución Política y en leyes como la de Seguridad Interior del Estado, en la de Régimen Interior, en la Orgánica de las Municipalidades y otras. Esta codificación permitiría agilizar las medidas preventivas de catástrofes públicas y la reconstrucción de las zonas damnificadas.

Termino reiterando que comparto ampliamente las recomendaciones de la Comisión. Estoy convencido de que serán beneficiosas para lo futuro y espero que el Gobierno tome la iniciativa de legislar sobre cada una de las materias a que se refieren.

El señor MELO.-

Señor Presidente, el sismo del 28 de marzo último mostró una, vez más a los chilenos el tremendo drama habitacional de nuestro pueblo. Todos los gobiernos, sin excepción del actual, han demostrado que en Chile las casas, las es- cuelas, los puentes se construyen "al lote", sin tomar en cuenta jamás que vivimos en un país de temblores y de catástrofes sísmicas.

La última de ellas, la ocurrida el 28 de marzo, puso a prueba a los hombres del Partido de Gobierno, los que, como alumnos nuevos, han dado "palos de ciegos". Desde los primeros momentos, pidieron calma y más calma, diciendo que el Gobierno tenía todo en sus manos; que el terremoto era sólo un temblor un tanto más fuerte que de costumbre; que en las minas de "El Cobre" y "El Soldado", habían quedado mineros "entrampados" y que se había despachado toda la maquinaria pesada de la CORFO al sitio de la tragedia, maquinaria que, por lo demás, nunca ¡legó a ese lugar. Más adelante, expresaron que no necesitábamos ayuda extranjera; y así sucesivamente.

Lo que vino después ya lo conocemos : se nombró un Ministro en Campaña, lo que demostró la ineficacia de los hombres que acababan de hacerse cargo de las Intendencias, Gobernaciones y Subdelegaciones. Luego, siguieron la "operación alimentos", la "operación carpas", la "operación techo" y la "hija" de ésta, o sea, la "operación mediagua", todas las cuales han beneficiado sólo a una parte de la población damnificada.

El sismo demostró nuevamente que, todas las leyes y reglamentos, todos los organismos creados por la maquinaria estatal y patronal del régimen que aún nos rige para velar por la "seguridad" del trabajador chileno no son más que "cortinas de humo" para acallar las protestas de los obreros, de sus sindicatos y federaciones. La tragedia de los hombres enterrados vivos bajo decenas de miles de toneladas de arena, barro, piedra, fango y relaves de minerales, en la localidad de "El Cobre", es un nuevo "yo acuso" para los hombres de Gobierno y las compañías, principalmente extranjeras, que llegan hasta nuestro país sólo a enriquecer en el más corto plazo posible.

En esta sesión, queremos recordar, una vez más, algunas de las muchas catástrofes anteriores. En primer lugar, tenemos la ocurrida en el tranque Barahona, el 1º de diciembre de 1928, en el mineral "El Teniente", que causó tantas víctimas, que hasta la fecha se ignora el número de personas que fueron arrastradas hasta el mar. ¡Menos mal que entonces no estaba el actual Ministro de Minería, porque habría declarado cementerio particular a todo el valle del Cachapoal !

Después, han sucedido grandes tragedias en Sewell, en Chuquicamata, en Lota y Schwager, en las oficinas salitreras, en Plegarias. En todas estas desgracias, los representantes del Gobierno, de las compañías, de la Iglesia, llevan grandes promesas a los deudos de las víctimas. Se dicen misas de campaña; pero después las viudas y los huérfanos quedan caminando de una parte a otra, pidiendo amparo o reclamando el cumplimiento de las bellas palabras pronunciadas en los cementerios, las que siempre se las lleva el viento.

Por la Comisión han pasado Ministros de Estado, el Jefe del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud, el de la Sección Seguridad Minera del Servicio de Minas del Estado y muchos otros funcionarios. Cuando ha habido que afrontar responsabilidades, nadie sabe nada, o se manifiesta que al servicio tal o cual no le corresponde intervenir en el asunto, porque ha cambiado de nombre y ahora le incumbe a otro. ¡Si hasta los jefes de la compañía dueña del mineral "El Cobre", para no ser menos, han expresado no tener responsabilidad en la tragedia!

El señor Ministro de Minería, en una declaración hecha días atrás, ha descargado la responsabilidad en la intensidad del terremoto, llegando a colocarlo casi en el último grado de la escala de Mercalli, quizás con el afán de restar culpabilidad a alguien. Lo mismo ha hecho en esta sesión el Honorable señor Lavandero, al decir que hay dos responsables : la intensidad del sismo y la falta de un organismo centralizador. Pero la verdad es que el sismo no tuvo grado 11, como han dicho el Gobierno y las compañías, sino 8, según opinión de los profesores del Instituto de Geofísica Sismología de la Universidad de Chile.

La intensidad de los fenómenos sísmicos marcada con el grado 8 se refleja en lo siguiente ;

"Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de consideración y aun el derrumbe parcial en estructuras de albañilería bien construidas. En estructuras de albañilería, especialmente bien proyectadas y constituidas sólo se producen daños leves. Caen murallas de albañilería. Caen chimeneas en casas e industrias; caen igualmente monumentos, columnas, torres y estanques elevados. Las casas de madera se desploman y aun se salen totalmente de sus bases. Los tabiques se desprenden. Se quiebran las ramas de los árboles. Se producen cambios en las corrientes de agua y en la temperatura de vertientes y pozos. Aparecen grietas en el suelo húmedo, especialmente en la superficie de las pendientes escarpadas."

Estas son las características de un temblor de grado 8, según la escala de Mercalli.

El señor MELO.-

El temblor tuvo grado 8, y no 11, como ha dicho el señor Ministro de Minería. ¡ Y el gerente de la compañía incluso llegó a afirmar que había tenido grado 12 !

Sobre el sismo de grado 11 de la Escala Mercalli de Intensidad de los Fenómenos Sísmicos dice; "Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles de las vías férreas quedan fuertemente deformados" -y en la zona hemos visto que los rieles no están deformados-. "Las tuberías (cañerías) subterráneas quedan totalmente fuera de servicio" -y nosotros somos testigos de que en la localidad de El Cobre están intactas.

El señor MELO.-

El tiempo que tenemos para referirnos a este problema es muy escaso. Disculpe, Honorable colega.

El 30 de marzo pasado, este Secretario de Estado anunció la formación de una comisión integrada por Técnicos del Instituto de Ingenieros de la Universidad de Chile y de] Servicio de Minas del Estado, y aseguro que, en el plazo de una semana, esa comisión evacuaría un informe. Pasó esa semana y las que le han sucedido sin que hasta la fecha haya llegado el informe. Por otra parte, no ha dado respuesta a varios oficios solicitados por esta Comisión.

Más aún, con esa tranquilidad que Dios le ha dado, el señor Ministro nos contó el viejo "cuento del loro", en la Comisión del 19 de abril último, cuando manifestó lo siguiente; "sin contar las pérdidas de viviendas, que son más de 300 personas, las pérdidas materiales en las industrias y minas, las pérdidas de 70.000 casas, de las cuales hay 21.000 totalmente destruidas, los daños han sido relativamente pequeños". Como se puede apreciar, para el señor Ministro, es una pequeña tragedia, un poco fuera de lo común. Y frente a El Cobre, reconoce que no fue un depósito de relave el que se derrumbó, sino dos de los tres que existen, el 1 y el 3 y que los relaves conservan su humedad por 20 ó 30 años. Además, agregó, con el movimiento sísmico se produce una verdadera licuación de masas y "queda en pie, naturalmente, la responsabilidad, del emplazamiento de aquel grupo de casas, ante la eventualidad de una catástrofe de esta naturaleza."

Pues bien, cuando ha habido que buscar esta responsabilidad, nos encontramos con que el Servicio de Seguridad Industrial de! Servicio de Minas del Estado nada sabe de depósitos de relave. El propio Ministro de Minería reconoce que "hay faenas mineras a las cuales ni siquiera una vez al año llegan estos funcionarios". Termina manifestando el Ministro que es una situación muy grave; que él se propone corregir, dándole la estructuración, los medios y el personal que debe tener el Servicio de Minas del Estado.

El Ingeniero Jefe de la Sección Higiene del Departamento de Higiene y Medicina del Trabajo dice que el Servicio Nacional de Salud, cuyas atribuciones del Código Sanitario, tiene facultades amplias en materia de higiene y seguridad índustrial, no así en cuanto a seguridad minera. Y el Reglamento de Policía Minera vigente, empezó a aplicarse en 1946, pero solamente dos o tres funcionarios fueron designados para controlar a los "tiburones" de las empresas norteamericanas y de las demás firmas extranjeras que explotan pertenencias mineras; únicamente a contar de 1960, se forma un personal especializado para estas tareas.

Al referirse a la situación de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, el Jefe de la Sección Seguridad del Servicio de Minas del Estado dijo: "Esta compañía se caracterizaba hasta hace poco por no hacer las cosas como deben hacerse". Al mismo tiempo, reconoció que el Servicio a su cargo tenía la responsabilidad de vigilar los depósitos de relave. Si tenía esa obligación ¿cómo permitió la construcción de una población debajo de dichos depósitos?

Señor Presidente, no se puede manifestar así, tan simplemente, que no había peligro. Los dos últimos administradores de la compañía estuvieron preocupados por la ubicación y seguridad de aquellos depósitos. El sargento de carabineros José Manuel Saavedra Lisera, a cargo del retén de la localidad de El Cobre, fue informado de sus aprensiones por lo que acordó hacer rondas especiales en ese sector.

Conste, señor Presidente, que no sólo existía allí el campamento minero; también funcionaba una escuela para los hijos de las familias de los trabajadores, y, además, el retén de carabineros. Es decir, funcionarios del Estado que trabajaban, en esa localidad conocían este peligro de muerte, pero se perseveró en la mantención de esa población. ¡ Harto caro ha costado este trágico error!

El Jefe de la Sección culpa al Ministerio de Obras Públicas de negligencia por autorizar la existencia de esos depósitos, violando claras disposiciones legales. Los últimos dos funcionarios declarante manifestaron que sus servicios siempre adoptaban la política de actuar frente a los hechos consumados por las empresas o compañías mineras y que, muchas veces, les costaba mucho efectuar una inspección.

Esto es lo que sucede en Chile: con los trabajadores, los hechos consumados en las minas, en las industrias, en el campo. Esta compañía francesa, como las compañías de la gran minería del cobre, del hierro, del salitre, del carbón, tienen padrinos políticos que siempre están ligados por un medio u otro al gobierno de turno.

La Compañía Minera La Disputada de Las Condes, subsidiaria de la poderosa Compañía Minera y Metalúrgica Peñarro- ya, del Barón Guy de Rothschíld, cuya sede está en París, que tiene minas en diversas partes de Africa, también cuenta entre sus directivos con personeros chilenos, tales como los señores Julio Subercaseaux, Enrique Morandé y un ex Presidente de la República, de triste memoria para los trabajadores chilenos, ahora connotado banquero, que disfruta de un palacete ubicado en el camino a la mina, pero que no está debajo del autorizado tranque de relave de 22 millones de toneladas.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, ahora no intervendré en mi carácter de relator de la Comisión Investigadora.

Deseo agregar algunos antecedentes relacionados con el directorio de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes. Cuatro directores tienen 2.851 acciones. Pues bien, el directorio compuesto por 8 personas controlan 183.301 acciones de un total de 25.704.000.

Del directorio compuesto por o personas, cuatro de ellas poseen 2.851 acciones, y los otros cuatro directores controlando 180.450 de 25.704,000 acciones suscritas en total. Son directores de la empresa, don Jorge Aldunate, con 851 acciones; el señor Beaumont, con 500 acciones, don Gabriel González Videla, con 500 acciones, y don Rolland Ritter, con mil acciones. En realidad, no me explico cómo esta gente, con tan pocas acciones, puede ser director de una compañía. Digo esto porque en el registro de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes figura don Alejandro Silva con 202.000 acciones y no es director, a pesar de tener más acciones que todo el actual equipo directivo. También, don Eduardo Salinas tiene 87.032 acciones, don Augusto Villanueva, 123.352 acciones; don Alfredo Ureta, 71.687 acciones, etcétera. O sea, esto hace suponer y yo así lo creo -que estas compañías- buscan padrinos políticos.

De las 25.704.000 acciones que tiene la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, la sociedad Peñarroya aparece con 18.569.613 acciones y la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya con 3.600.000 acciones, las que sumadas a las de la primera, de la cual es subsidiaria, totalizan 22.169.613 acciones.

Ahora bien, ¿desde cuándo es accionista el señor Gabriel González Videla, ex Presidente de la República? Desde el 11 de octubre de 1960. Pero pasó de inmediato a ser Director de la Compañía.

Esto no es todo. En una oportunidad denuncié un hecho similar. La Compañía Minera Sali Hochschild con 150.000 acciones tenía como directores a don Fernando Aldunate, militante del Partido Conservador, creo que con 1.150 acciones; a don Humberto Alvarez Suárez, Senador del Partido Radical, con cerca de 950 acciones; al senador liberal señor Hernán Videla Lira, con 100 acciones ; y, a don Fernando Alessandri Rodríguez, hermano del ex Presidente de la República -pero que en esa época era el Primer Mandatario, también liberal- con 100 acciones. O sea, estos cuatro políticos miembros del directorio no alcanzaban a poseer 2.500 acciones y el resto de los accionistas tenían cerca de 148.000 acciones.

En consecuencia, es totalmente efectivo lo que anotaba el Honorable señor Melo.

Muchas gracias.

El señor MELO.-

Señor Presidente, como puede apreciar la Cámara de Diputados, todos estos señores están empeñados en favorecer a las empresas prepotentes que violan leyes y reglamentos, que pisotean los derechos de los trabajadores en las diferentes faenas del país. Más aún, esta compañía pretende negar su responsabilidad, porque, según ellos dijeron se hicieron cargo de esas faenas mineras el año 1959.

La empresa no puede argumentar falta de recursos para pagar ingenieros y técnicos capaces de señalar la falta de seguridad en el trabajo y en los campamentos donde viven sus trabajadores. Debo decir que las utilidades percibidas en el año 1964 alcanzan a la cantidad de 1.418.542,57 escudos. Estas son las utilidades de una compañía con un capital que ha sido recientemente revalorizado, como anota un Honorable colega, a 13 millones de escudos.

Señor Presidente, esto no puede admitirse. No podemos aceptar que la vida del obrero chileno sea menospreciada en esta forma y que su existencia dependa de una criminal rebaja de costos, a expensas del esfuerzo de todos los trabajadores de un país.

Se equivocan estos empresarios si creen que con padrinos políticos pueden hacer lo que ellos quieran. Se equivocan si creen que nuestros obreros y empleados aceptarán resignadamente esta inhumana política. Tenemos una experiencia de decenas de años con los "gringos" de la gran minería del cobre y del salitre. Se equivocan ellos y sus asesores chilenos, no obstante la insuficiente legislación sobre seguridad minera y la debilidad de los gobiernos para hacerlos "entrar en vereda", si creen que nuestros compatriotas pueden aceptar sus prepotentes maneras de actuar.

Ahí está el ejemplo de las luchas y huelgas que efectúan los obreros del salitre, los de la grande, mediana y pequeña minerías del cobre y los del carbón, que con enorme sacrificio efectúan esos movimientos gremiales para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

No ha respondido esta prepotente compañía al requerimiento hecho por el señor Ministro de Minería para que dé a conocer la cantidad de técnicos extranjeros que trabajan en las minas, y los sueldos que ganan, ya sea en dólares o en moneda nacional, el porcentaje de utilidades que percibe cada uno de sus directores y las cantidades que ganan el gerente general, los administradores, el ingeniero jefe o los ingenieros subalternos.

La compañía, simplemente, se ha abstenido de responder al señor Ministro de Minería.

¿Qué puede esperarse, entonces, de los organismos encargados de controlar a estas empresas, cuando hasta al propio señor Ministro de Minería y a la Dirección General del Trabajo les ha negado los antecedentes que oficialmente le fueron solicitados, lo mismo que se los ha negado también a la Oficina de Informaciones de esta Honorable Cámara?

¿Son, acaso, intocables estos señores en nuestro país? ¿Es que, acaso, ellos han formado alrededor de sus minas, repúblicas aparte? ¿O es que el amparo que les proporcionan sus padrinos políticos los estimula para eludir el cumplimiento de las leyes chilenas?

¿Es o no una burla a nuestra soberanía, al Parlamento y al Gobierno, decir que ellos no pueden responder a las consultas que les hagan estos Poderes del Estado chileno ?

¿Podría algún chileno hacer lo mismo en sus países, sin que nada le sucediese y pudiese quedarse tan tranquilo, como, al parecer, es costumbre hacerlo de estos inversionistas extranjeros?

Creo, señor Presidente, que, en nuestro país se está llegando demasiado lejos en las concesiones legales que se les han otorgado a estas compañías, y en la blandura del trato empleado con ellas.

Ante esta prepotencia y arrogancia, ante esta criminal irresponsabilidad, que -cuesta tantas vidas de trabajadores, ante el saqueo de nuestras riquezas perpetrado por estas empresas extranjeras, nuestro partido exige, y exigirá cada vez con más fuerza, la nacionalización de todas las riquezas chilenas básicas.

Nada de socios. Ya los conocemos bastante. Por eso, no compartimos tan ingenua política. Nos parece inconcebible asociarse con quien nos roba a diario y hace tabla rasa de nuestras leyes. Rechazamos, terminantemente, la idea de continuar confiando nuestras riquezas y las preciosas vidas de nuestro pueblo, a ese viejo lobo, cuyas fauces son bien conocidas en América Latina, especialmente en Santo Domingo y Puerto Rico.

Definitivamente, no queremos que el extranjero siga mandando en nuestro país y nos imponga un destino de acuerdo con sus mezquinos intereses.

Los comunistas reafirmamos la decisión de defender, hasta las últimas consecuencias, los intereses de nuestro sufrido y atropellado pueblo. Y lucharemos en forma intransigente porque sea una realidad el proyecto que está en la Honorable Cámara, que estable la jornada diaria de 6 horas de trabajo en favor de los mineros chilenos, al igual que en los demás países del mundo. Al respecto, solicito que se envíen oficios a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior, de Minería y del Trabajo y Previsión Social, para lograr el despacho rápido de ese proyecto, que lleva la firma de señores parlamentarios.

Asimismo, esperamos que sea una realidad el proyecto que legisla sobre enfermedades profesionales, que por años ha estado empantanado en las Comisiones ele la Honorable Cámara por la intransigencia de los sectores de Derecha, prestos siempre a defender a las compañías extranjeras.

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.

El señor MELO.-

Señor Presidente, también hemos firmado las recomendaciones que formula la Comisión Investigadora.

Estamos conscientes de que aunque no hemos agotado la materia, hemos hecho esfuerzos para cumplir la tarea que la Honorable Cámara señaló a un grupo de parlamentarios.

En efecto, nos hemos puesto a trabajar en ella sin reparar en horas ni tiempo, a fin de cumplir con nuestro deber de proteger la vida de nuestros trabajadores, tanto de las minas como de las industrias.

Creemos que debe irse a la creación de un organismo con responsabilidad y con funcionarios técnicos capaces, ágiles y activos que sepan imponer respeto a las empresas y estén dotados de las facultades necesarias para exigirles el cumplimiento de las leyes, a fin de prevenir los accidentes que suceden con tanta frecuencia. El partido que está actualmente en el Gobierno debe poner en práctica una conquista obtenida en su lucha por los trabajadores, esto es, la idea de que en cada industria, en cada mina, funcionen "comisiones de seguridad", compuestas por un representante del Gobierno, por un representante de los patrones y por un representante de los obreros. Pero, desgraciadamente, en ninguna parte se hace esto. Y es característico, en la actualidad, que los funcionarios encargados de inspeccionar ¡as minas e industrias se entrevisten sólo con ¡os jefes y patrones y nunca con los dirigentes sindicales, ni menos con los obreros, y que sólo vayan a los casinos oficiales o permanezcan en las oficinas de la administración.

Nosotros insistimos en esto. No es posible que, a estas alturas, sigamos presenciando indiferentes la inseguridad que impera en las 30 mil o más industrias que existen en el país y que, naturalmente, deberían ser supervigiladas por funcionarios responsables. Es necesario que esto termine, para impedir lo que ha denunciado el señor Ministro de Mínería: que hay en el país industrias que jamás han sirio visitadas por funcionarios especializados. Por otra parte, hay muchos depósitos de relaves que tampoco son controlados ni visitados por quienes corresponde. En este sentido, podemos aseverar que en las provincias de Atacama y Coquimbo la minería es más pobre aún...

La señora UGALDE.-

Señor Presidente, en primer término, quiero sumarme a las felicitaciones y al reconocimiento que ha expresado la Honorable Cámara a nuestro Honorable colega Eduardo Osorio, por el trabajo realizado en su calidad de Presidente de la Comisión Investigadora. Al mismo tiempo, deseo adherir a las expresiones elogiosas sobre la responsabilidad y seriedad con que fue cumplida la obligación con que nos distinguió la Honorable Cámara.

Por otra parte, vayan también mis palabras de gratitud al señor Secretario de la Comisión y a sus ayudantes, como, asimismo, al Cuerpo de Taquígrafos, todos los cuales han hecho posible la concreción de una investigación, encaminada a dos finalidades muy precisas. En primer término, para comprobar la eficacia del sistema administrativo chileno en materia de seguridad laboral. En efecto, hemos verificado la impotencia de un aparato administrativo, en sus aristas técnicas, integrado por hombres responsables y capaces, pero inhibidos, muchas veces, por falta de medios o adecuada coordinación para realizar sus funciones. De igual modo, ha sido un cuadro dramático el que ha presenciado la Comisión Investigadora, al comprobar la indiferencia con que se desprecia y desestima la vida humana, especialmente de aquellos de nuestros compatriotas que trabajan en las faenas mineras e industriales de nuestro país. Las empresas particulares y extranjeras que extraen la riqueza de nuestro suelo, demuestran en su trato hacia nuestros compatriotas una verdadera irresponsabilidad e indolencia. Así se ha podido establecer después de analizar detenidamente todo lo relativo a la inmensa tragedia que significó el desborde del depósito de relaves del mineral de El Cobre, bajo cuyas oscuras aguas y mezclas quedaron olvidados, seguramente, para muchos de los responsables, los nombres de aquellos hombres, mujeres y niños que allí perecieron. Sólo quedará una estela de orfandad y de olvido. Pero, para la clase trabajadora y para los dirigentes y hombres de sensibilidad, auténticamente de Izquierda, es ésta una experiencia más que reafirma la voluntad inquebrantable que debemos tener para enfrentar, de manera definitiva, la solución real de los problemas de Chile.

Mientras veíamos pasar por la Comisión Investigadora a funcionarios, técnicos y representantes obreros, pensábamos cuán verdadero y apremiante es el problema social de nuestro país, que debió haber tenido una solución efectiva el 4 de septiembre último, ya que nuestra inquietud humana tenía, realmente, ribetes históricos dentro de nuestro proceso político. Pero las cosas fueron de otra manera. Y ahora, al término de este trabajo de investigación, más que enjuiciar hombres, queremos dejarle una herencia de responsabilidad al nuevo Gobierno, la cual, pueden estar ciertos, no podrá eludir, porque esta misma experiencia que vivió Chile hace poco, ha sido como un despertar de conciencia y un alerta de enjuiciamiento y vigilancia de aquellos que se presentan como los conductores auténticos de nuestro país.

Creemos que la Democracia Cristiana no representa, en este instante, la esencia misma de lo que Chile necesita; pero, generosamente y en nombre de los más altos valores nacionales, queremos abrigar quizás una esperanza de que algo puedan hacer por el progreso y el afianzamiento democrático de nuestro país.

Con estas expresiones, quiero poner un poco de serenidad en mis palabras, para entrar en un tema que constituyó, indiscutiblemente, en los últimos meses y años del período parlamentario que termina, una preocupación central para mí.

Se dijo y creyó justificar su ejercicio el Gobierno pasado con lo que se denominó "Plan Habitacional". En su época, cuando, se discutían sus planteamientos y el otorgamiento de las facultades especiales en uso de las cuales se dictó la legislación respectiva, me permití argumentar en contra de ellas con toda certeza y profunda tenacidad. Mis afirmaciones de entonces se han visto comprobadas en esta Comisión Investigadora. Así, se ha llegado a establecer, categóricamente, que el '"Plan Habitacional" del Gobierno pasado fue indiscutiblemente, el fraude político y legal mayor de que haya noticias dentro de nuestra historia política y social. Los hechos lo han ido comprobando.

"Plan Habitacional" puede ser considerado desde dos aspectos fundamentales;

1°.- El estudio de la construcción propiamente tal.

2°.- El estudio del terreno sobre el que se construye.

¿Por qué planteo así el problema? Porque, a través de la Comisión Investigadora, pudimos presenciar el absoluto abandono de la conducción y fiscalización de las obras por parte de la CORVI, en lo relativo a calidad de materiales y demás detalles. Ejemplo nítido es lo ocurrido en la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe, cuya materialidad constructiva ha sido mala.

Esta tarde, quiero denunciar en la Honorable Cámara que el sueño de la casa propia es explotado burdamente en beneficio del negocio de la construcción, especialmente en el rubro habitacional. Es así como podemos observar que el D.F.L. 2 no es otra cosa que una legislación de empresarios y gerentes para favorecer a empresarios y gerentes.

En la práctica, la aplicación del citado decreto con fuerza de ley se ha traducido en la construcción de múltiples habitaciones pequeñas en su extensión y de pésima calidad, al margen de todo el desconocimiento moral que se ha hecho del respeto debido a la familia chilena modesta.

La Corporación de la Vivienda tiene dos obligaciones respecto de la construcción; una, velar por su calidad y, la otra, cuidar de la legalidad de los títulos que configuran los derechos de propiedad sobre los terrenos en que se construye.

Me voy a referir al aspecto legal de la población "Achupallas".

Los terrenos en que se emplazaría la población "Achupallas" están integrados por tres predios denominados "Las Chilcas", "El Gallo" y "Las Achupallas", que en conjunto tienen una superficie de 914 hectáreas, aproximadamente.

Pues bien, el predio formado por las tres porciones a que he hecho referencia pertenece en la actualidad a la "Sociedad Promotora de Viviendas Económicas Limitada y Compañía, comandita por acciones", cuyo dominio se encuentra inscrito a fs. 2235 vta. N° 2538 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso correspondiente al año 1959.

La Sociedad mencionada adquirió este predio del Sindicato Industrial de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, según consta en escritura pública, de fecha 16 de julio de 1959, otorgada ante el Notario de Valparaíso don Atilio Ramírez, por el precio de veinte mil diez escudos (E° 20.010).

El informe del Servicio Jurídico de la CORVI, evacuado en junio del año 1961, sobre esta propiedad y la Sociedad en referencia, llega a la conclusión de que la transacción es ilegal por las siguientes razones:

I.- El Sindicato Industrial de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, como organización sindical, está sometido en todo y por todo a las disposiciones del Código del Trabajo y Reglamentos pertinentes.

En tal situación, dicho Sindicato no puede ocuparse en otras actividades o fines que los que expresamente le señala el cuerpo legal citado. (Artículo 387 del Código del Trabajo).

Corrobora lo anterior lo dispuesto en el artículo 374 del mismo Código, por el cual "se prohibe a los sindicatos ocuparse de objetivos distintos de los señalados en el Código del Trabado y en sus estatutos".

En la escritura de compraventa de 15 de junio de 1950, en la parte pertinente del acta de la sesión en que se aprobó la compra y se insertó en este instrumento, se dice textualmente: "Esta compra se haría con el objeto de dividir el fundo en lotes que se venderán a otro sindicato e instituciones que las vendan a sus afiliados y a obreros u otras personas para que edifiquen sus casas habitaciones."

Como puede verse, esta operación está fuera de los fines de los sindicatos y siendo actos prohibidos por la ley son nulos y de ningún valor, (artículo 10 del Código Civil) y, por consiguientemente acarrean la nulidad absoluta de este título de dominio.

Con conocimiento de la Corporación de la Vivienda, en esos terrenos y sobre esa base se constituyó un grupo de sociedades denominado Sociedad PROVIEN Limitada. Tal Sociedad se constituyó por escritura de fecha 9 de febrero de 1959, otorgada ante el Notario de Santiago, don Fernando Escobar. Esta entidad se denominó Promotora de Viviendas Económicas Limitada, pudiendo usar este nombre o la sigla "PROVIEN Limitada".

La finalidad de esta Sociedad es promover la obtención de viviendas económicas por parte de los trabajadores o personas que las requieran mediante la construcción de las mismas y el necesario loteamiento y urbanización de terrenos, procurando, desde luego, la ejecución del plan de loteamiento y construcciones económicas en el Fundo Las Achupallas, sea obrando directamente o entendiéndose con el Sindicato Industrial de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar o las personas que forman ese sindicato o la Confederación Nacional de Sindicatos Obreros, o asociándose o formando sociedades con terceros o ingresando a sociedades e incluso ser socia gestora de sociedades en comandita, con el mismo fin.

En relación con esta materia, me voy a permitir dar lectura a parte de este informe, según el cual esta Sociedad también es nula, de nulidad absoluta.

El título de la Sociedad PROVIEN Limitada Comandita por Acciones, está afecto a la nulidad expresada anteriormente, además de los vicios que se señalan a continuación:

a) Incorporado el bien raíz al patrimonio del Sindicato no pudo salir de él sin cumplirse con los requisitos señalados por las leyes y reglamentos, y en este caso el Sindicato procedió a la venta sin la correspondiente autorización de la Inspección del Trabajo de su domicilio. (Artículo 399 del Código del Trabajo).

Con el objeto de no permitir que se sigan burlando los intereses de este conjunto de obreros y personas modestas, respecto a la creencia de que ellos son dueños o presuntos propietarios de un título legítimo de dominio y a fin de sanear a la brevedad posible estos vicios, solicito del señor Presidente que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que intervenga la Inspección del Trabajo de Valparaíso, conforme a sus atribuciones.

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).-

Se enviará el oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en nombre de Su Señoría.

El señor MELO.-

Y en el mío, señor Presidente.

El señor PHILLIPS (Vicepresidente).-

Se enviará también en nombre de Su Señoría.

La señora UGALDE.-

Señor Presidente, este informe que me he permitido leer, y que es copia parcial del que obra en poder de la Corporación de la Vivienda, deja claramente establecido que el Plan Habitacional ha servido solamente para que las empresas constructoras particulares se enriquezcan y realicen sobre la reglamentación de este estatuto habitacional, toda clase de negocios, en los cuales las víctimas son aquellas en cuyo beneficio debió desarrollarse la preocupación habítacional del Gobierno.

Si a lo anterior agregamos, además, que sobre estos títulos de dominio viciados, de absoluta invalidez, la Corporación de la Vivienda tiene comprometido el sesenta y tres por ciento y el Banco Interamericano de Desarrollo el treinta y siete por ciento, se verá con qué irresponsabilidad se organizan empresas que tienen por objeto construir habitaciones, puesto que solamente dan como resultado negocios para particulares e inestabilidad y desconocimiento para grupos humanos, que alcanzan a doce mil personas, según fue expresado por los representantes legales de PROVIEN.

En seguida, es conveniente que incorpore a mis afirmaciones, los juicios señalados esta tarde en el hemiciclo, con respecto a la falta de independencia moral y técnica de los funcionarios de la Corporación de la Vivienda frente a la presión de las empresas constructoras. Precisamente, ello se debe a que las empresas constructoras actúan de acuerdo con las jefaturas máximas de la CORVI, las cuales tienen armas de derecho para poner término a los servicios de los funcionarios, sin sumario ni resguardo alguno de sus derechos, puesto que éstos han perdido, en virtud del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 y sus disposiciones complementarías, su inamovilídad.

Señor Presidente, creo que con lo dicho denuncio una vez más el hecho de que en nuestro país todavía no se impone un criterio legislativo tendiente a hacer respetar los derechos humanos. Porque, burlarse del espírítu y del ansia de "tener casa propia", que constituye uno de los sentimientos más fuertes de las clases modestas chilenas, a mí me parece sencillamente un acto de irresponsabilidad pública, digno de los enjuiciamientos más duros.

Sin embargo, en estos días, cuando en la Comisión Investigadora planteábamos este problema, se nos dijo que en los próximos proyectos del nuevo Gobierno, volverá la CORVI a su antigua filosofía, orientada hacia la asistencialidad en el rubro habítacional.

Se nos dijo que este proyecto se incluiría en las leyes normativas que se enviarán a la Honorable Cámara. Cuando oí ese anuncio, pensé en el bien que se pretendió hacer con el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 y cómo el tiempo ha demostrado que, por el contrario, ha causado un gran daño a la economía chilena.

El tiempo también probará que las leve; normativas harán mucho daño a la democracia. En un régimen presidencial, con un partido único, abdicar de las facultades del Congreso es, sin discusión, un daño por el cual tendrán que responder, muy duramente, aquellos que pretenden cometer semejante atentado.

El Decreto con Fuerza de Ley 2 ha dado, tarde quizás, una respuesta a Chile. En este instante recuerdo los Mensajes del entonces Excelentísimo señor Jorge Alessandri Rodríguez, quien pretendía justificar su mandato con su "glorioso" Plan Habitacional, el cual permitió a más de un partido político ingresar al Gobierno en homenaje a las clases laboriosas de Chile. Para verdades, el tiempo.

Ahora, ante estas investigaciones que espero ahondarán otros de mis Honorables colegas, he visto desmoronarse todo un régimen, en el que solamente imperó el interés de unos pocos frente al dolor de muchos.

Espero que Chile resista y que en sus reservas morales encuentre la fuerza necesaria para defender el régimen constitucional y el sentimiento auténticamente de Izquierda, en el cual, en la hora presente, el mundo orienta a todos los pueblos a encauzarse.

Dejo la palabra convencida de que en la vida política lo único que vale es el aporte auténtico de una verdad, por dura, cruda o audaz que sea proclamarla.

Hoy más que nunca recuerdo la importancia que tuvo y sigue teniendo para mí no otorgar a un Poder del Estado más facultad que las que la Constitución expresamente le señala, ya que ellas pueden permitir a determinados Gobiernos rehacer la legislación, favoreciendo intereses de grupos y provocando situaciones como la que hoy comentamos.

El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.

Es de esperar que la CORVI ordene la fiscalización y revisión de los títulos de dominio de "Las Achupallas", y si es necesario, vaya a la expropiación de esos terrenos, a fin de defender los intereses de esos modestos trabajadores. En caso contrario, querría decir que, una vez más, se habría burlado a quienes juntan centavo a centavo en los sindicatos, y se beneficiarían personas que, abusando de su buena fe, saben cómo enriquecerse mañosa y rápidamente, amparados en la complejidad de las disposiciones vigentes sobre la materia.

Señor Presidente, termino expresando mi total adhesión a las recomendaciones formuladas por esta Comisión Especial Investigadora y señalando, también, cómo los partidos políticos, cuando son golpeados por realidades tan crudas como las comprobadas por ella, son capaces, superando pasiones políticas, de proceder inspirados por la verdad, la justicia y por el espíritu de responsable fiscalización.

El señor DE LA PRESA.-

Señor Presidente, intervengo en este debate, porque fui miembro de la Comisión Investigadora en reemplazo del Honorable señor Ballesteros, quien, por razones obvias, no pudo continuar en el desempeño de la misión que le encomendó la Cámara.

Por la circunstancia anotada, no pude participar desde un comienzo, en los debates de dicha Comisión, a pesar de que había celebrado sesiones muy fructíferas.

Intervengo en este debate, a pesar de que mi Honorable colega j' correligionario don Jorge Lavandero lo ha hecho con tal acuciosidad que no hace necesario extenderse en mayores consideraciones sobre la materia. Esto demuestra el entusiasmo con que participó en la Comisión, especialmente cuando debió reemplazar a otro Honorable colega. Indudablemente, fue uno de los Diputados que trabajó con mayor dedicación y que puso el mayor empeño en el cumplimiento de esta diligencia. Esto no es de extrañar, porque la capacidad del Honorable señor Lavandero es reconocida, yd que uno de los miembros mas destacados de la Comisión de Hacienda.

La labor de la Comisión fue bastante completa y muy efectiva; todas las intervenciones de los Honorables colegas que formaban parte de ella se hicieron con altura de miras y con el exclusivo propósito de llegar a resultados positivos, lo que permitirá a esta Cámara adoptar resoluciones con el mayor acopio de antecedentes.

También quiero dejar constancia de que el Honorable señor Osorio, Presidente de la Comisión, designado posteriormente relator, cumplió su cometido con toda imparcialidad y buen criterio. Por lo tanto, las felicitaciones de que ha sido objeto son verdaderamente justas. Lo mismo puedo expresar respecto de la labor desarrollada por el señor Secretario y por todos los funcionarios, de cualquiera categoría, que desempeñaron sus labores en esta Comisión. En consecuencia, adhiero a las felicitaciones que se les han hecho llegar.

Es esta la primera vez, según, entiendo, que la Cámara designa una Comisión Investigadora pocos días después de haberse producido un sismo, en circunstancias que, en este siglo, Chile ha sufrido las consecuencias de dieciséis terremotos. Creo que este solo hecho destaca Ir, importancia de esta Comisión y estimo que sus resultados, a pesar del poco tiempo con que contó para desarrollar sus debates, han sido positivos, opinión que creo comparten no sólo los Diputados que hemos formado parte de ella, sino toda !a Honorable Cámara.

Si mal no recuerdo, el año 1961 fui miembro de la Comisión investigadora designada con motivo de ese verdadero sismo provocado por la caída del escudo respecto del dólar. Allí tuve oportunidad de recoger valiosas experiencias, las que he podido comprobar en esta Comisión. Una de ellas es que, por razones obvias, ninguna de las personas llamadas a declarar -algunas de ellas presuntamente culpables- reconoce la menor responsabilidad, directa o indirecta en los hechos investigados. A causa de este muro infranqueable, a las Comisiones les resulta difícil cumplir en buena forma su cometido.

Además, es necesario que ellas tengan imperio para hacer cumplir sus resoluciones e impedir lo que ocurrió, por ejemplo, en la Comisión que investigaba el deterioro de la moneda nacional causado por la caída del escudo respecto del dólar. Se citó a un alto funcionario, a quien la opinión pública señalaba como responsable. Pero esa persona envió una tarjeta en la cual se excusaba, olímpicamente, de asistir a ella. De manera que no hubo manera de obligarla a concurrir a ninguna de las sesiones de dicha Comisión.

A pesar de este inconveniente, el trabajo de la Comisión que está dando ahora cuenta de su cometido, ha dado positivos resultados. En primer lugar, ha dejado como experiencia la necesidad de buscar caminos que permitan prevenir la muerte de personas y perjuicios en las viviendas, mediante la sistematización de las normas sobre construcción, y, entre éstas, las que determinen los sitios en que se pueden construir casas, porque una de las razones fundamentales de la catástrofe de "El Cobre" fue, indudablemente, la mala ubicación de las viviendas.

Otra de las experiencias recogidas por la Comisión, que se traduce en un positivo resultado, fue el de poder señalar que, para prevenir catástrofes como la de "El Cobre", se hace necesario legislar sobre las explotaciones mineras e industriales. No es posible que, a pesar de haber ocurrido en Chile, en el año 1928, la terrible catástrofe de "Baraona", por la misma falta de prevención o por negligencia, se haya producido otra similar en "El Cobre", que llevó la desgracia y la muerte a muchísimos hogares de nuestro pueblo. De manera que también es necesario legislar sobre la materia, para que no ocurran otras catástrofes de esta especie.

Otro de los buenos resultados de esta investigación se refleja en la recomendación que se hace al Ejecutivo en el sentido de que, a través de un proyecto de ley, trate de centralizar, en un solo organismo, todo lo referente a medicina, higiene y seguridad en el trabajo. En la Comisión respectiva, hice presente que, desde hace mucho tiempo, tenía esta preocupación, y que en el año 1956 presenté a esta Cámara un proyecto de ley, por el cual se creaba el Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, que tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Segundo, prestar inmediata atención a aquellas personas que resulten afectadas por enfermedades profesionales o por accidentes del trabajo, a fin de procurar su recuperación; y, en caso de muerte, ir en ayuda de sus familiares, otorgándoles oportunamente, a pocos días de la desgracia, las indemnizaciones a que hubiere lugar. En la actualidad, en muchas ocasiones, ocurre que éstas llegan tarde, mal y nunca. Por último, proponía que las personas que resulten inválidas, a causa de enfermedades o accidentes, fueran tratadas y reincorporadas a la colectividad, adaptándolas a trabajos fáciles que no exijan la capacidad total del organismo.

Aprovecharé los medios que me franquea el artículo 173 del Reglamento para pedir se envíen estos antecedentes y copia de mi proyecto, que requiere patrocinio constitucional del Ejecutivo, a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública.

Otro de los resultados positivos obtenidos en esta Comisión dice relación con la responsabilidad de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes. De las distintas declaraciones, se desprende que estas empresas, con fuertes capitales, con gran experiencia, recogida en todos los lugares del mundo en que mantienen explotaciones, tienen la obligación de buscar la mayor seguridad para su personal. Todo el dinero que se destine a esa finalidad no constituye un gasto propiamente tal, sino una inversión para defender el capital humano de aquellos países en que funcionan esas empresas y obtienen utilidades.

También hubo acuerdo unánime acerca de la necesidad de racionalizar la Corporación de la Vivienda, devolviéndole las finalidades de alto beneficio social que se tuvieron en vista, originalmente, en el momento de su creación, el año 1953, y que han sido parcialmente desvirtuadas con algunas de las reformas que le introdujo el D.F.L. Nº 2. La CORVI debe considerar nuevamente, de preferencia, el número de cargas de cada solicitante y no dar importancia a las cuotas en dinero que se aporten, pues eso influye para que no reciban viviendas las personas que, por su modesta condición, más las necesitan; en cambio, las reciban otras que, por sus propios medios, podían adquirirlas. Estimo que la CORVI deberá en los años venideros, destinar la mayor parte de las viviendas que construya en favor de las personas que a la fecha tengan solicitudes pendientes y, que el pequeño saldo restante debería repartirse por parejo, mediante la justa aplicación de tablas de prioridades. Y digo esto, porque existen personas que, desde hace mucho tiempo, tienen solicitudes pendientes: sin embargo, año a año se ven postergadas por nuevos peticionarios que los sobrepasan en puntos por cargas familiares y cuotas. Pues bien, yo estimo que, si después de doce años de existencia de la CORVI, hay personas que no han presentado solicitud, ello se debe seguramente a que no tienen un problema tan angustioso de vivienda como aquellos que desde hace años la vienen solicitando y esperan anhelantes poder obtener este beneficio.

Felizmente, el Gobierno comparte este propósito y tengo entendido que en el proyecto sobre creación del Ministerio de la Vivienda se consideran ideas similares a las expresadas, que van en beneficio directo de las familias más modestas de nuestra patria.

También comparte el Gobierno la idea sustentada por la Comisión Investigadora, en orden a que la CORVI debe pagar el valor de las reparaciones ya efectuadas o por ejecutarse en las viviendas por ella construidas y afectadas por el sismo, sin perjuicio de recobrar, total o parcialmente esos valores demandando a los contratistas que pudieren resultar culpables. Así lo manifestó el propio Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda en la Comisión.

Ha sido significativo que ninguno de los miembros de la Comisión haya propuesto, entre las recomendaciones, algún punto que signifique reparos a la obra de reconstrucción y ayuda a que se ha visto abocado el Gobierno.

Estoy de acuerdo con la recomendación que establece que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Cámara deben contar con la asesoría técnica de la Universidad de Chile. Pero creo que la proposición del Honorable señor Lavandero, referente a la labor de la Oficina de Informaciones, podría ampliarse en la forma que indicaré.

Creo que las Oficinas de Informaciones de la Cámara y el Senado deberían funcionar conjuntamente, sobre la base de esta última. Ello permitiría evitar una duplicidad de gastos y contar con mayores recursos para una mejor atención. El asesoramiento de las Universidades a que me he referido podría realizarse a través de esa Oficina Conjunta de Información Parlamentaria.

Señor Presidente, con la venia del Honorable señor Tagle, quisiera ocupar unos pocos minutos del Comité Conservador Unido.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, la opinión de los Diputados socialistas frente a la desgracia del mineral "El Cobre" y a las consecuencias de los sismos ha quedado expresada en el amplio informe dado por nuestro Honorable colega y camarada Eduardo Osorio. Pero los representantes de la provincia de Coquimbo hemos observado que la catástrofe ha tenido en ella graves derivaciones, y a ellas voy a referirme.

Los departamentos de Illapel y Combarbalá sufrieron primeramente una larga y angustiosa sequía, a la cual se sumó la escasez permanente de trabajo, debido a que allí no existen industrias que permitan arraigar a nuestros hijos en la zona y ofrecerles un porvenir seguro.

A esto se ha agregado el violento sismo del 28 de marzo pasado, que vino a aumentar la miseria y la desesperación de los habitantes de esta "aporreada" provincia, dejando al 70 por ciento de sus viviendas y edificios públicos caídos o deteriorados.

Este es el cuadro que presenta la región, en espera del proyecto de ley de fomento y reconstrucción anunciado por el Gobierno para las provincias de Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo. Es indudable que el Congreso Nacional dará a las autoridades que hoy dirigen el país las armas legales necesarias para encarar y solucionar este problema.

En su oportunidad, conoceremos el pensamiento del Gobierno, a través del proyecto de ley anunciado. Por nuestra parte, esperamos que a la provincia de Coquimbo, especialmente a su zona afectada por el sismo último, hoy tan atrasada, se le otorguen recursos para ejecutar obras que fomenten su desarrollo, como sería el almacenamiento de las aguas de los ríos Illapel y Choapa y la pavimentación del camino transversal Los Vilos-Illapel-Salamanca, y para dar auge a la pequeña minería.

Los señores Ministros y otras autoridades gubernamentales, que han visitado la zona del sismo, han comprobado que en la mayoría de los pueblos las construcciones eran muy antiguas y carecían de alcantarillado, agua potable, pavimentación y, en general, de la urbanización mínima indispensable para proteger la salud de la población. Frente a estas calamidades, es obligación y responsabilidad del Congreso y del Gobierno encarar la solución de estos problemas sin egoísmo iii proselitismo. Para ello, los Diputados socialistas prestaremos, en su oportunidad, nuestro más decidido apoyo.

La Comisión Especial designada por la Honorable Cámara ha aportado varios antecedentes muy importantes y ha aprobado la falta de preparación del país para afrontar estos castigos de la naturaleza. Pero hay problemas que se pueden remediar si se encaran con verdadero sentido social.

No ha pasado inadvertido para la Comisión investigadora que, después del sismo, los hacendados de la zona han contribuido a aumentar la crisis y la miseria de sus inquilinos, pues no se han preocupado siquiera de darles madera para reparar sus viviendas y, por otro lado, han desencadenado una ola de despidos, no renovándoles los contratos en el presente mes de mayo.

Es decir, estos elementos crean trastornos en la zona, en los mismos instantes en que todos debemos empeñarnos en cooperar a buscar soluciones para los innumerables problemas originados por el sismo de marzo pasado. Cumplo, por ello, con denunciar ante la Honorable Cámara a los hacendados que más conflictos han creado a sus inquilinos. Ellos son; en algunas haciendas de Illapel, la sucesión Irarrázaval; en Los Vilos, los dueños de los fundos "El Naranjo", "Culimo" "El M'aitén", "Limahuida", "Chillapín" y "Las Cañas", estos dos últimos de propiedad del señor Víctor Catán Dabike.

Respecto a este último hacendado, nos hemos impuesto de que el Supremo Gobierno le ha dado 72 horas de plazo para abandonar el país, como consecuencia de los reiterados abusos y tropelías que ha venido cometiendo contra los campesinos de sus fundos. Los Diputados socialistas ya habíamos enjuiciado, en varias ocasiones, a este adinerado latifundista. En una de ellas, incluso lo señalamos como el causante principal de los conflictos sociales que se han originado, a través de todos los gobiernos anteriores, en las zonas donde tenía sus propiedades. Queda el recuerdo del desalojo violento efectuado por Carabineros en la hacienda Pacha- cama. En aquella oportunidad, los campesinos fueron lanzados al camino por el régimen pasado. En la hacienda "Las Cañas", de Illapel, el señor Catán se había adueñado hasta del lecho del río Choapa, que es bien nacional.

Los Diputados socialistas compartimos y aprobamos las medidas tomadas contra el hacendado Víctor Catán por el Gobierno del señor Frei. Ojalá esta política dura sea aplicada a todos aquellos latifundistas que abusan con sus inquilinos, los desalojan, los privan de sus asignaciones familiares y burlan el pago de las imposiciones previsionales. Esta medida debe extenderse a todos aquellos que, de una u otra manera, burlan el cumplimiento de las leyes, especialmente cuando esa burla la sufre el empleado, el obrero c el campesino.

En vista de que el Gobierno demuestra interés en no dejarse atropellar por los hacendados de la zona "terremoteada", deseo hacer una denuncia. El señor Vicente Alamos Igualt, también de origen extranjero, dueño de la hacienda "Lima- huida", colindante con la de Catán en el departamento de Illapel, ha creado problemas sociales desde hace bastante tiempo. Ha desalojado a más de 40 familias.

El fundo está mal explotado, a juzgar por su escasa producción. Además, constantemente se entablan demandas en los juzgados contra los administradores de la hacienda, por maltrato a los inquilinos. Este latifundista merece que se le aplique la misma medida adoptada contra el señor Catán. En caso contrario, el Gobierno debe expropiar esta hacienda, lo mismo que los fundos "Las Cañas" y "Chillapín", del señor Catán. En el caso particular de "Limahuida", debe reincorporarse a los obreros despedidos, dándoles trabajo o tierras.

Otros hacendados han levantado cierros que impiden el libi'e acceso a las aguas de los ríos, garantizado por la ley. Es el caso del río Pupío, en la comuna de Los Vilos. Allí han puesto alambradas para adueñarse hasta del lecho del río, que es, repito, un bien nacional. Ojalá mis observaciones sean tenidas en cuenta por las autoridades.

Solicito que estas denuncias sean transcritas, por oficio, en mi nombre, al señor Ministro que corresponda, a fin de que se adopten medidas para evitar los atropellos de los hacendados prepotentes que aún quedan en la provincia de Coquimbo.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

En conformidad con el artículo 173 del Reglamento, se enviará el oficio en nombre de Su Señoría. . .

El señor PONTIGO.-

Y en mi nombre, señor Presidente.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

...y del Honorable señor Pontigo.

El señor AGUILERA.-

Señor Presidente, después del sismo, las cajas de previsión acordaron conceder un préstamo de emergencia, extraordinario, ascendente a E° 100, a todos sus imponentes de las provincias de Aconcagua y Valparaíso. Lamentablemente, los de los departamentos de Illapel y Combarbalá quedaron al margen de este beneficio. Por eso, sus organizaciones solicitaron insistentemente del Gobierno que a ellos también se les otorgara dicho préstamo de auxilio.

Con fecha 27 de abril, el Ejecutivo dictó el decreto que extiende el otorgamiento de este beneficio. Nosotros, los socialistas, consideramos que con E"? 100 la gente ni siquiera tiene para comprarse una docena de platos. Pero, en vista de que esas organizaciones han venido insistiendo en que se les conceda este préstamo, solicito que se envíe un oficio, en mi nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que ordene a las cajas de previsión cumplir el decreto a que me lie referido.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

En conformidad con el artículo 173 del Reglamento, se enviará el oficio en nombre de Su Señoría. . .

El señor PONTIGO.-

Y en mi nombre, señor Presidente.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

. .y del Honorable señor Pontigo.

El señor FIERRO.-

Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado un informe sobre la labor de la Comisión Especial investigadora designada por la Honorable Cámara para establecer responsabilidades en relación con los daños producidos por el sismo en el mineral "El Cobre", de la Compañía Minera Disputada de Las Condes, y en diversas obras de organismos del Estado, en las que han tenido participación contratistas particulares.

En realidad, poco es lo que resta por decir -así, al menos, lo estima el Diputado que habla- respecto de las conclusiones a que arribó la Comisión. Ella estudió acuciosamente todas las materias encomendadas a su investigación y escuchó declaraciones de personeros del Gobierno, de técnicos y pobladores de las distintas comunas de las provincias de Valparaíso y Aconcagua, las cuales no sólo aportaron una experiencia valiosa, sino que constituyeron una comprobación de muchas denuncias formuladas en diversas épocas en la Honorable Cámara.

Desgraciadamente, estas Comisiones investigadoras no tienen facultades ejecutivas y, por lo tanto, no pueden adoptar las medidas tendientes a subsanar las anomalías que descubren en el curso de su investigación. Es de esperar que en el futuro los acuerdos de estas Comisiones tengan fuerza de ley, a fin de que sea posible corregir los errores y aplicar sanciones a quienes resulten responsables de los delitos que comprueban a través de la labor que la Honorable Cámara les haya confiado.

Se ha establecido, por ejemplo, que la Compañía Minera Disputada de Las Condes, tiene responsabilidad en la construcción de una población inmediatamente al pie de un tranque de relave, puesto que no evitó una desgracia que era previsible, como ha quedado demostrado a través de la investigación que realizó la Comisión. Si la empresa mostró desinterés e irresponsabilidad, al no prevenir una desgracia en una población de la superficie, cabe preguntarse qué condiciones de seguridad habrá en el interior de la mina. Es de suponer -yo, por lo menos, lo supongo- que allí debe de haber mucha inseguridad. La imprevisión, puede causar el día de mañana un derrumbe en la mina y provocar la pérdida de preciosas vidas de colaboradores de la Compañía, a la cual, como ya se ha demostrado, nunca le ha interesado ni importado la seguridad, la salud, ni la existencia de sus trabajadores.

Por eso, solicito que, en mi nombre, se dirijan oficios a los señores Ministros de Minería y del Trabajo y Previsión Social, para que, a través de los organismos correspondientes, se efectúe una investigación en el interior de la mina y se hagan llegar sus resultados a la Honorable Cámara.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

De acuerdo con el artículo 173 del Reglamento, se enviará el oficio en nombre de Su Señoría...

El señor PONTIGO.-

También en mi nombre, señor Presidente.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

.. .y del Honorable señor Pontigo.

El señor FIERRO.-

Estamos totalmente de acuerdo con los muy acuciosos y completos estudios e investigaciones realizados por la Comisión, lo mismo que con las recomendaciones que acordó hacer a la Honorable Cámara. Pero es muy poco lo que se ha hablado de la situación de los campesinos, a pesar de que la Comisión también la conoció y consideró.

Las construcciones campesinas también tienen que haber sufrido tantos daños como las de los sectores urbanos de las comunas; tienen que haberse destruido esas casas. Porque si el sismo derrumbó o dejó gravemente agrietadas las viviendas construidas por la CORVI u otros institutos previsionales, es de suponer que las construcciones de los campesinos, que son de mucho peor calidad, deben haber sufrido gravísimos deterioros.

La prensa, adicta al Gobierno, por cierto, en especial el diario "La Nación", en una campaña desenfrenada de incondicionalidad publicitaria, ha estado señalando mucha más labor que la que nosotros hemos visto realizar en la zona afectada por los sismos. Ha hecho publicaciones, como aquí se ha indicado, destacando la construcción de "mediaguas", la repartición de fonolitas, la ayuda alimenticia y muchas otras cosas.

Sin embargo, nosotros no hemos visto que se haya esbozado un plan que permita ir, en forma urgente y definitiva, en ayuda de los campesinos gravemente afectados, no sólo por el último movimiento sísmico, sino también por que las desgracias que, premeditadamente, han lanzado sobre los obreros agrícolas los latifundistas, y en especial los señores Alamos Igualt y Catán, cuyos actos se denunciaron ya en esta Corporación. Este último ha descargado una lluvia de persecuciones en contra de los campesinos. Es uno de esos caballeros que va a comprar la ropa dada de baja en nuestras Fuerzas Armadas, para vendérsela a los campesinos, descontándoles su valor por planilla.

Así, era muy fácil encontrar a un campesino que rodeaba al ganado vestido con el uniforme de capitán de ejército. También era frecuente ver a un campesino que cosechaba, usando uniforme de coronel o de cabo. Porque ni siquiera sacaban las charreteras de esa ropa. Ahora, el Gobierno ha aplicado una sanción al señor Catán. Veremos qué consecuencias o resultados tiene.

En verdad, señor Presidente, podemos decir que los campesinos ya habían sufrido muchas desgracias antes de ocurrir este terremoto. Y, por vía de ejemplo, señalaré uno de los tantos casos que suceden en el valle del Choapa. A los campesinos de esta región el Servicio Nacional de Salud siempre les prohibió construir casas de barro. El Servicio les impidió edificar por su propia cuenta, pero, a su vez, no levantó vivienda alguna para ellos.

En muchas oportunidades, he visitado el valle del Choapa, de manera que me consta que el Servicio Nacional de Salud no atendía a la población que habitaba en los fundos de su propiedad. Sus trabajadores no disponían de postas de primeros auxilios, ni de escuelas, pese a las exigencias de nuestra parte, salvo en dos de los varios fundos que posee. En realidad, éste era una especie de "sismo" premeditado, que había causado ya dolorosas consecuencias a los campesinos de las provincias de Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo.

Por estos motivos, pido se dirijan oficios a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Obras Públicas, insistiendo en la necesidad de que atiendan con diligencia los problemas que afectan a los campesinos de los departamentos de la provincia de Coquimbo afectados por el último terremoto.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados usando el procedimiento consultado en el artículo 173, en nombre de Su Señoría y del Honorable señor Meló.

El señor FIERRO.-

Señor Presidente, como siempre es mejor prevenir que curar, quiero formular otra petición, para evitar, el día de mañana, una posible desgracia, pues no podemos estar siempre enfrentándonos a hechos consumados.

Los Diputados de la zona del carbón tenemos antecedentes de que los dirigentes sindicales han denunciado a los administradores de las minas de Concepción y de Arauco los serios peligros que entraña la forma en que se realizan las faenas actuales. La existencia de gas grisú, por ejemplo, atenta contra la seguridad de los obreros en el interior de las minas.

Con el objeto de evitar posibles catástrofes, solicito que los organismos pertinentes de los Ministerios de Minería y de Salud Pública realicen una investigación sobre las condiciones sanitarias y de seguridad en que desarrollan sus labores los obreros de las minas de carbón de Concepción y Arauco.

Termino, señor Presidente, haciendo votos porque los nuevos colegas, que formarán la mayoría de la Honorable Cámara después del 21 de mayo, nos ayuden a lograr que estas comisiones investigadoras tengan facultades ejecutivas, que permitan separar de sus cargos, si es posible, a aquellos funcionarios públicos culpables de no cumplir las leyes, de no ejercer el control oportuno y conveniente, por ejemplo, de las construcciones habitacionales, sean ellos de la Corporación de la Vivienda, de los institutos de previsión, o del sector privado.

Esperamos que nuestras palabras no caigan en el vacío, y ojalá tengamos la posibilidad de ver que, en asuntos como éstos, se enmienden los errores. Después de tantos estudios, de tantos sacrificios, de largas y continuadas sesiones, no tenemos la oportunidad de ver coronados por el éxito estos esfuerzos, como lo deseamos todos los parlamentarios, ni tenemos la seguridad de que los acuerdos adoptados después de las investigaciones de ésta Comisión puedan ser puestos en práctica.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, en vista de lo avanzado de la hora y como todos sabemos que no habrá número en la Sala para votar las recomendaciones que ha entregado la Comisión Investigadora, me permito solicitar de la Mesa que transcriba al Ejecutivo estas recomendaciones y las observaciones formuladas en esta sesión, en nombre del Comité Socialista.

El señor PONTIGO.-

También en nombre del Comité Comunista, señor Presidente.

El señor MELO.-

Además, en nombre de nuestro Comité, señor Presidente.

El señor MILLAS.-

En nombre del Comité Comunista, señor Presidente.

La señora UGALDE.-

Y, en nombre del

Comité Democrático Nacional, señor Presidente.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

Señores Diputados, los oficios solamente pueden enviarse en la forma que señala el artículo 173 del Reglamento. En consecuencia, como se trata de un procedimiento especial, la petición no puede ser hecha por los Comités, sino por cada Diputado en particular.

Por tanto, el oficio se enviará en nombre de los señores Osorio, Meló, Millas, Pontigo. . .

El señor LAVANDERO.-

En mi nombre también, señor Presidente.

El señor BARRA.-

Que se agregue el nombre del señor Lavandero, señor Presidente, que así lo ha pedido.

El señor PONTIGO.-

Señor Presidente, quiero anunciar que en el debate del proyecto de ley sobre reconstrucción, que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso Nacional para resolver los problemas derivados del terremoto del 28 de marzo pasado, los parlamentarios comunistas profundizaremos extraordinariamente en el análisis de las materias en actual informe. En la presente oportunidad, solamente queremos informar a la Honorable Cámara acerca de un oficio que conjuntamente con la Honorable colega Julieta Campusano, hoy Senadora electa, hicimos llegar al señor Ministro de Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona.

Después de haber visitado con mi Honorable colega la provincia de Coquimbo por espacio de quince días, y aprovechando la presencia del señor Ministro en Campaña, en la región, le dirigimos un oficio en el cual exponemos nuestro pensamiento sobre algunos problemas que nos parecieron esenciales en aquella ocasión. Le dijimos, el día 14 de abril, lo siguiente:

Señor Ministro:

Por segunda vez, después del terremoto del 28 de marzo, durante varios días hemos visitado la zona afectada en este departamento y hemos podido comprobar que la lentitud para resolver los problemas del sismo, evidentemente, poco a poco, no sólo va agravando los problemas, sino que hace aparecer otros nuevos.

Hemos podido observar, por ejemplo, que la ayuda en alimento para las familias necesitadas, tanto de las ciudades como del campo, es absolutamente insuficiente; que en algunas escuelas, como en Estación Choapa, Caimanes, Guangualí y otras, aún no se reanudan las clases y en algunos casos, como en la Higuerilla, las clases se dan en un local que constituye un grave peligro para los niños y el profesorado.

Ante la situación expuesta a grandes rasgos, creemos que se hace necesario, entre otras, adoptar las siguientes medidas:

Hacer más variada la ayuda en alimentación, agregando azúcar, té, yerba, porotos, lentejas, grasa, etc., y que ella, todos los días domingo si, especialmente en el campo, sea distribuida por los directores de escuelas dentro del radio que a su escuela corresponde;

Que en todas las escuelas del campo, a lo menos, se dé desayuno y almuerzo es colar a los niños, haciendo extensivo el almuerzo a todos los niños menores de 7 años que aún no concurren por la edad;

En el departamento, hay, aproximadamente, unas dos mil viviendas que han sido destruidas o han quedado inhabilitables. Este hecho hace indispensable: que el Estado envíe materiales de construcción para ser entregados a los damnificados por un sistema de crédito al precio de costo, teniendo en cuenta que en la zona no existen las cantidades necesarias para una obra de la magnitud que conocemos;

En la mayoría de los grandes fundos de la zona, los hacendados no toman, y, al parecer, no piensan tomar ninguna medida para reconstruir o reparar las casas afectadas por el terremoto. Los inquilinos siguen durmiendo bajo los árboles o dentro de casas que están por caerse. Es necesario que el Gobierno adopte medidas para evitar la prolongación de esta grave situación y obligue a los patrones a resolver este problema;

En el presente mes de abril, los contribuyentes deben pagar las contribuciones correspondientes al primer semestre de este año. Ahora bien, ¿cuánto deben pagar aquellos propietarios a quienes el terremoto les destruyó sus casas o las dejó inhabitables ?

Nos parece indispensable que el Gobierno tome alguna iniciativa legal que condone, por lo menos, a esos propietarios las contribuciones, mientras exista la actual situación de emergencia;

En la parte alta de Illapel, se están construyendo unas 80 casas, prefabricadas, de madera. Esa población resolverá algunos de los más graves problemas que han surgido, pero allí no hay agua.

Se hace indispensable que el Gobierno adopte las medidas urgentes, necesarias, para construir un estanque para el agua potable que está proyectado para ese sector de la ciudad desde hace ya varios años;

En nuestra visita, no ha podido quedar al margen nuestra preocupación en relación con los problemas de la sequía que han afectado a esta provincia.

Es indispensable que INDAP, de hecho, dé por prorrogados todos los créditos que extendió el año pasado a los campesinos y comuneros, y que aún no han sido pagados, pues la situación del campesino es muy grave en estos instantes.

Existe una grave situación en los ríos en los cuales los hacendados se han adueñado del lecho. Han cercado algunos sectores y los entregan en mediería a sus inquilinos o los dan en arrendamiento. Tal ocurre, por ejemplo, con el señor Víctor Catán, del fundo Las Cañas; el fundo Pintacura y con los hacendados que tienen sus fundos en las márgenes del río Cu- pío."

"En esta zona existe una grave situación por falta de trabajo, como lo decimos en la introducción a este documento. En esta ocasión, reiteramos la solicitud que en su oportunidad, hicimos al señor Ministro del Interior, en el sentido de establecer faenas para reparar o construir nuevos caminos y, de esa manera, estimular el regreso de la gente joven del campo a sus hogares, permitiéndoles prepararse para las siembras del próximo invierno".

"Como consecuencia del sismo, el problema hospitalario, ya grave en este departamento desde hace varios años, se ha visto agravado".

El señor TAGLE (don Manuel).-

Señor Presidente, la acuciosa información proporcionada por el H. colega relator y, a la vez, presidente de la Comisión Investigadora, me evita entrar en muchos detalles, que considero de gran interés.

Quiero explicar, en primer término, el motivo por el cual formé parte de esta Comisión investigadora de las responsabilidades derivadas de los daños producidos por el sismo del 28 de marzo pasado. Lo hice, porque he tenido la oportunidad de visitar prácticamente todas las minas de Chile, en especial las grandes, y conocer la situación de sus obreros. Por consiguiente, participar en esta investigación me parecía una experiencia triste, si se quiere, pero de gran utilidad, para ampliar mis informaciones sobre estos hechos trágicos, como fueron las consecuencias derivadas del terremoto de marzo.

Intervine en las labores de esta Comisión también, en consideración al hecho de que dentro del Segundo Distrito, que he representado en la Honorable Cámara, están las comunas de Tiltil, Lampa y Colina, que sufrieron el fuerte impacto del sismo. Ello, evidentemente, me obligaba a estar junto a sus habitantes en estos momentos difíciles.

El señor Presidente de la Comisión y relator de la misma, ya ha leído las recomendaciones que ella propone, las cuales comparto ampliamente. No quiero hablar de discrepancias, porque no las hubo en ningún momento. Marchamos en la más completa armonía. Desde nuestras diferentes posiciones políticas, a pesar de nuestros distintos puntos de vista, siempre logramos uniformar los criterios.

Quiero, sí, dejar en claro algunos puntos en que yo discrepé en el momento en que se votaron las recomendaciones. En la primera de ellas, se habla de la posibilidad de que la Honorable Cámara celebre un convenio con la Universidad de Chile, para los efectos de tener su asesoría técnica en sus labores de investigación. Comparto plenamente esta idea, y así lo manifesté en el momento en que se solicitó nuestra votación. Considero, sin embargo, que este acuerdo es demasiado restringido, pues se reduce sólo a la Universidad de Chile, en circunstancias que existen muchas otras Universidades, reconocidas por el Estado, que tienen también técnicos de primera categoría que pueden aportar sus conocimientos cada vez que la Honorable Cámara lo requiera.

Otro punto es el que se refiere a la presunción de culpabilidad de la mina La Disputada de Las Condes. Yo no me opuse a este acuerdo; si así lo hubiera hecho, habría dado la impresión de que consideraba que no había culpables. Sólo me abstuve, por considerar que la investigación no está totalmente agotada; de manera que, en este momento, no estaríamos en condiciones de fijar con tanta certeza la culpabilidad de instituciones o de personas.

Otro punto al que lamento tener que referirme son las expresiones vertidas en esta Honorable Cámara por la Honorable colega señora Ana Eugenia Ugalde, referentes al "Plan Habitacional" del Gobierno del ex Presidente de la República señor Jorge Alessandri, las cuales no comparto. Al contrario, creo que con esta iniciativa se dio un gran paso en beneficio del pueblo, en materia de habitaciones. Puede ser que haya habido errores; puede ser que este plan no haya sido tan amplio y exitoso como nosotros, los que fuimos gobierno, lo esperábamos. Pero, evidentemente, se dio un gran paso en el número de habitaciones construidas, respecto a lo hecho en Gobiernos anteriores. Creo que, a medida que avance el tiempo, la ciudadanía hará justicia a muchos actos del Gobierno del señor Alessandri, especialmente en este aspecto habitacional, porque, repito, hubo en esta materia un avance realmente progresista.

Tampoco voy a referirme al hecho de que algunos Honorables colegas hayan convertido un poco en "Hora de Incidentes" el tiempo de que han dispuesto, refiriéndose a materias que no tienen incidencia directa en los problemas del sismo.

En todo momento, he tratado de observar sus resultados en la forma más objetiva posible y limitándome, en forma casi exclusiva, a la misión específica que nos fuera conferida: es decir, determinar los efectos del sismo en la población CORVI, y la responsabilidad que le cabría tanto a la Compañía "La Disputada de Las Condes", como a la hacienda "El Melón", por el desaparecimiento de la población de El Cobre, que arrastró a la totalidad de los habitantes instalados en ese lugar.

La Comisión fue muy acuciosa en su cometido e invitó a las personas cuya opinión estimó conveniente oír para establecer las responsabilidades del caso. Es así como, señor Presidente, los Ministros de Estado en las Carteras de Defensa, Minería, Agricultura, Interior y Obras Públicas, asistieron a las sesiones de la Comisión, informándola de la situación relacionada con sus respectivas Carteras.

La mayor destrucción en poblaciones fue comprobada en la población "Pedro Aguirre Cerda", de San Felipe; en "Las Achupallas", de Viña del Mar; y en la población CORVI, de Illapel.

Aunque la intensidad del sismo fue diferente, la más afectada es, sin duda, la de San Felipe, que presenta deterioros muy peligrosos, especialmente en los tabiques de bloques de concreto, que, en muchos casos, quedaron sueltos, debiendo demolerse para evitar desgracias personales ante la imposibilidad de repararlos.

A través de nuestra propia observación -no técnica, por supuesto- y de las declaraciones, tanto de los Ministros de Estado como de los constructores que intervinieron en la edificación, parece, hasta el momento, difícil establecer las responsabilidades en forma categórica, por cuanto las informaciones proporcionadas por los afectados no siempre coincidían con los datos proporcionados por otras autoridades .

A nuestro juicio, lo más importante consiste en resolver cómo se van a reparar los destrozos, y, más que eso, en determinar a quién le va a corresponder financiar los gastos, ya que se trata de poblaciones, nuevas muchas de ellas, que, en todo caso, aún no han sido pagadas en su totalidad por sus adquirentes.

No existe ninguna proporción entre el número de víctimas que debemos lamentar, y la destrucción material, que llegó, como es el caso de Hijuelas, Peldehue y otras, a límites incalculables.

Por eso, señor Presidente, no nos hemos explicado la actuación del Gobierno en esta materia, que trató de minimizar los efectos del sismo. Comprendo que no hay ninguna utilidad, ni conveniencia, en alarmar a la opinión pública. Pero otra cosa es que se haya pretendido tenerla mal informada, hasta que, conocida la realidad del hecho, apareciere, en toda clase de manifestaciones, la solidaridad de los chilenos para acudir en ayuda de sus hermanos en desgracia. Contribuyó, en forma importantísima, a mi juicio, al cabal conocimiento de la realidad, la presencia de los miembros de la Comisión Investigadora, que trajeron una impresión clara de lo acontecido, que fue dada a conocer a través de una entrevista de prensa de sus miembros, en la que me correspondió intervenir, haciendo todas las aseveraciones conocidas por la opinión pública.

También considero criticable el hecho de que el Gobierno informara a la opinión pública que ya se habían tomado todas las medidas necesarias y que la reconstrucción estaba en marcha, en circunstancias que, en nuestra visita, 15 días después de producido el sismo, sólo comenzaba a verse el trabajo en ese sentido.

Algunos han considerado que había sido inconveniente la medida del Gobierno de colocar "Jefes de Plaza" en los puntos más afectados, porque ello había producido discrepancia entre las autoridades civiles y las militares sobre la forma de encarar los difíciles problemas derivados del terremoto. Sobre el particular, estimo que hizo muy bien el Gobierno en entregar el mando al Ejército, por cuanto su tradicional disciplina y espíritu de organización eran indispensables en momentos en que aún las autoridades locales estaban también afectadas por el sismo y se había producido, como es muy natural, una sicosis colectiva que sólo una autoridad firme, organizada y ajena a ese estado, podía remediar .

Claro está que, una vez pasado el momento crítico, todo aconsejaba, como realmente se hizo después, que la autoridad militar trabajara de acuerdo con la civil, a fin de encarar los difíciles problemas derivados de una situación de emergencia, para la cual, naturalmente, nadie podía estar debidamente preparado. Y las autoridades civiles son, naturalmente, las más capacitadas para afrontar el aspecto "reconstrucción", por el conocimiento que tienen de la zona de su jurisdicción.

A través de las declaraciones de diversas personas que fueron invitadas a las sesiones de la Comisión, pudo establecerse muchas cosas que, si bien no tienen incidencia directa en los efectos del sismo, son dignas de investigarse con mayor profundidad. Una de ellas es la enorme diferencia de precio que tenían casas iguales, de la misma calidad, de la misma estructura, construidas por la Corporación de la Vivienda en la misma población. Sin embargo, esas casas eran vendidas a imponentes a distintos precios. Esto fue motivo de largas conversaciones. Y, como resultado de ellas, se tomó el acuerdo que ya dio a conocer el señor Presidente de la Comisión. Sin duda, la más delicada es la situación de la población "Nogales", ubicada en "El Cobre", que fue arrasada por los relaves de la mina, pereciendo todos sus habitantes. Sólo quedó en pie la pequeña iglesia que allí existe. Todo el terreno fue cubierto por gruesa capa de relaves, cuya masa líquida llegó a cerca de 15 kilómetros de distancia.

Fue éste el punto neurálgico de nuestra visita y de nuestras investigaciones. En primer lugar, por las dolorosas consecuencias que tuvo para tantas vidas humanas; y, en segundo lugar, porque existía la creencia general de que la compañía minera había sido muy testaruda y no había aceptado las exigencias de cambiar de ubicación la población, hecha por los propios obreros en numerosos pliegos de peticiones.

Con esta impresión, salió el Diputado que habla desde Santiago, por obra de informaciones que provenían seguramente del estado de angustia, muy justificado por cierto, en que estaban los deudos y compañeros de trabajo de los obreros desaparecidos. Es decir, señor Presidente, yo no iba bien informado desde aquí. Pero no solamente a mí me pasó esto. Tengo conocimiento de que, pocos días después del sismo, el Senador señor Salvador Allende fue a la mina y les dijo a los obreros que en todos los pliegos anuales de peticiones, se solicitaba el cambio de ubicación de la población. Esta aseveración, sin duda, contribuyó a producir un ambiente hostil, que yo justificaría plenamente si, en realidad, la compañía se hubiera negado a peticiones reiteradas de los obreros. Pero el Senador señor Allende y el Diputado que habla fueron informados equivocadamente, porque en las declaraciones hechas por los obreros en la Comisión reconocen que no ha existido ninguna exigencia formal...

El señor TAGLE (don Manuel).-

Estimo que hemos actuado sin prejuicios. Y creo, también, que la investigación no está totalmente agotada. Pero me parece de extraordinaria importancia -y me van a perdonar los Honorables colegas que, probablemente, tenga que hacer referencias a la versión taquigráfica de los debates de la Comisión, como en más de una oportunidad lo hizo el Honorable colega relator, dar a conocer la discrepancia que existe en los diversos organismos del Estado para encarar este problema, con el objeto de demostrar la justicia de la recomendación que hemos hecho, en el sentido de recomendar la organización unificada, probablemente de estos mismos organismos, a fin de que, en un momento dado, tengan la competencia suficiente para enfrentarse a los problemas. Por ejemplo, en lo relacionado con la actuación de la Corporación de la Vivienda en esta materia se pueden advertir dos posiciones. Por una parte, el señor Gerente de la mina sostiene que ellos presentaron un plano, que figura en uno de los anexos, en el que aparece también la ubicación de la población. Con esto, ellos consideran que la Corporación de la Vivienda les dio su autorización, pese a que sabía que la población se encontraba a un nivel inferior al del depósito de relave. En cambio, se ha sostenido por este organismo que no tuvo ningún conocimiento de la construcción de la población y que, por lo tanto, no autorizó su instalación en el lugar en que se encontraba.

Por otra parte, el Jefe del Servicio de Higiene y Medicina del Trabajo del Servicio Nacional de Salud, señor Waíter Dümmer, declaró lo siguiente:

"El Servicio Nacional de Salud, cuyas atribuciones derivan del Código Sanitario, tiene facultades bastante amplias en materia de Higiene y Seguridad Industrial. No así en cuanto a Seguridad Minera, pues, aunque tiene responsabilidad en lo relativo a la prevención de enfermedades profesionales en la minería, no las tiene en lo que se refiere a prevención de accidentes mineros." O sea, este Departamento elude el problema porque, según dice, no tiene competencia para actuar en este caso.

Veamos ahora qué opina la Municipalidad de Nogales, que también podría tener alguna participación en este asunto.

Respondiendo a una pregunta del Diputado que habla, el Alcalde señor Vásquez dijo que nunca se le había solicitado a esa Corporación permiso para construir la población, porque no tenía Dirección de Obras, y que nunca se había tomado ningún acuerdo ni conversado entre los Regidores sobre el problema.

Sin embargo, tengo que hacer hincapié en el hecho de que el dirigente obrero señor Valencia, cuya pérdida ocasionada por el sismo lamento -he escuchado que era considerado por todos los sectores como un hombre íntegro, de gran capacidad y lealtad con sus compañeros de trabajo-, era Regidor de la Municipalidad de Nogales y Presidente del Sindicato. En consecuencia, si realmente hubiese existido inquietud de parte del sindicato por la ubicación de esta población, él tenía grandes posibilidades de darla a conocer y de haber usado su autoridad de Regidor de obtener su traslado.

Se ha sostenido también -no recuerdo en este instante en qué sesión se hizo, pero no voy a buscar tal declaración en la versión para no alargar el debate- que los obreros conversaban sobre este problema y que nunca se atrevieron a plantearlo a la Compañía. A mí me extraña esta aseveración.

El señor TAGLE (don Manuel).-

A mi esto me llama la atención porque conozco el problema sindical. Sus Señorías saben que conozco el poder que tienen los sindicatos. Igualmente me consta que cuando los obreros se organizan y tienen interés en algo, salen adelante, porque disponen de medios legales para dar a conocer sus problemas. Ahora se están presentando pliegos de peticiones en todas las industrias y actividades y también en La

Disputada de Las Condes y me extraña mucho de que no se hayan atrevido a solicitar una cosa de tan extraordinaria justicia, para evitar las consecuencias de la situación peligrosa que existía, según ellos, en esa población, y cuyos resultados todos lamentamos.

En seguida, el Servicio de Minas del Estado fue también consultado. Voy a dar lectura a algunos párrafos de lo expresado por el señor García referente a los problemas de los relaves y de la posibilidad de que estos residuos mineros pudieran escurrirse sobre las poblaciones. Dice textualmente: "En Andacollo lo hemos considerado; y hace como dos años, señor Presidente, que estamos tratando de disponer de algún medio para evitar que ocurra una catástrofe de este tipo en Andacollo. Desde que quedaron, incluso, algunos mineros enterrados, tenemos muy presente lo ocurrido en Barahona, porque entonces se produjeron una serie de catástrofes. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Esta vez, yo creo que se va a despertar la conciencia en los Poderes Públicos, y se dictará una disposición como la que nosotros mismos estamos reiterando en este momento, porque no es ésta la primera vez que la estamos solicitando. En vista del problema del relave en Andacollo, nosotros estamos luchando -como dije- desde hace más de dos años. En cuanto al Servicio de Minas del Estado y a lo que se hizo antes del año 1960, no podemos saberlo, porque este Servicio fue creado precisamente por decreto de 21 de marzo de 1960; y el tranque en referencia, por supuesto que tuvo reparaciones, pero no posteriores a este año. Han sido otras, del año 1957 y 19'58."

Estas mismas cosas las manifestó, también, en la última sesión.

Ahora, ¿cómo se explica que pueda existir un organismo del Estado que conociendo los problemas de los relaves, sabiendo el peligro que esto significa, sólo se le ocurra preocuparse del caso de Andacollo?

Es decir, si este organismo, efectivamente, vio que el peligro en Andacollo era similar al de "El Cobre", ¿por qué no se preocupó también de esta última situación? Y si se ocupó de Andacollo, ¿por qué no hizo la denuncia de que en "El Cobre" podía ocurrir lo mismo?

Considero que el Servicio de Minas del Estado tiene responsabilidad demasiado grande ante la situación producida, porque se ha establecido también que más o menos una vez al mes el representante de dicho organismo concurría a la mina, a fin de imponerse de su estado, y no hay constancia de que en alguna de sus visitas haya dejado algún antecedente, ni frente a la Compañía, a los obreros, ni a la institución que él representaba señalando que el relave del cobre constituía efectivamente un peligro.

Señor Presidente, también se ha pretendido desviar la responsabilidad del problema hacia la Hacienda de ||AMPERSAND||quot;El Melón", No voy a entrar en detalles, porque considero que este tema se ha agotado y ha quedado perfectamente en claro que dicha hacienda nunca ha sido obstáculo para que la compañía hubiese podido trasladar las casas al lugar donde está levantando hoy la población o a cualquier otro. Estimo que así se desprende de las declaraciones hechas por representantes de la Hacienda "El Melón".

Hay, sin embargo, algunas cosas que, aunque pueden haber sido dichas, conviene recalcar. Existen pliegos de peticiones presentados en el transcurso de varios años, en los cuales no se solicita en ningún momento el cambio de ubicación de esta población. Hay una carta, fechada en junio de 19)64, y firmada por el Presidente del Sindicato, señor Oscar Valencia, desgraciadamente desaparecido, y por el Secretario, señor Honorato, en que declaran que el Sindicato da su aceptación para la entrega a los obreros de algunas casas que eran ocupadas por empleados y que resultaron destruidas después. Es decir, ellos no temían que pudiera haber un accidente, desde el momento en que hablaban de ocupar algunas casas.

Hay constancia de visitas del Inspector del Trabajo que se refieren al mejor o peor estado de las casas, en conocimiento de los dirigentes sindicales; pero en ningún momento se establece que ellos le hayan hecho una denuncia sobre este peligro. Sabemos también de visitas hechas por autoridades de carabineros en las que se solicitó el mejoramiento del retén, desaparecido también como consecuencia del sismo; pero en ningún instante aparecen pidiendo el traslado de dicho retén.

Por último, sabemos también que, a raíz de visitas efectuadas por autoridades de Carabineros, se solicitó el mejoramiento del local ocupado por el retén, pero, en ningún momento, se pidió su traslado .

Por último, también hay constancia de visitas hechas por representantes del Ministerio de Educación Pública, para considerar la posibilidad de realizar arreglos en el local de la escuela de la población; pero tampoco se consideró el peligro que este establecimiento podría correr, al permanecer en el lugar en que estaba.

Señor Presidente, estimo -y reitero mi punto de vista- que esta investigación no está agotada.

Reconozco- el espíritu de ecuanimidad que reinó en el seno de la Comisión Investigadora y su profundo interés por llegar a conclusiones, aunque ellas no son definitivas .

Considero que, evidentemente, es motivo de orgullo para esta Comisión haber llegado a clarificar los distintos puntos de la investigación, como asimismo, poder señalar conclusiones prácticas y sugerencias concretas.

Para terminar, agradezco al señor Presidente de la Comisión y a todos sus miembros el interés que demostraron y la imparcialidad con que siempre actuaron.

Igualmente, manifiesto mi gratitud al personal de la Honorable Cámara que participó en las labores de la Comisión, tanto al secretario de ella, como a su ayudante; asimismo, a los taquígrafos y a todas aquellas personas que cooperaron con nosotros para aliviar nuestro trabajo y ayudarnos a hacer luz en torno a la investigación del problema que se nos había confiado.

Por último, señor Presidente, me alegro de haber tenido oportunidad de pertenecer a esta Comisión Investigadora. Creo que, en esta forma, he demostrado, una vez más, durante este período legislativo, mi interés por la solución de los problemas nacionales, muy especialmente en este caso, en que los afectados fueron un grupo numeroso de obreros que, con su esfuerzo y su trabajo, están produciendo riqueza para el país, arrancándola de nuestras generosas montañas.

El señor OSORIO.-

Señor Presidente, agradezco las expresiones referentes a mi persona que ha vertido el Honorable colega, señor Tagle. Pero debo manifestar que no podemos estar de acuerdo en lo que él ha reiterado a través de toda su intervención, o sea, en que la investigación que se nos encargó no está agotada.

Por mi parte, estimo que esta investigación, en lo que respecta a la población '"El Cobre", está totalmente agotada.

El señor ROSALES.-

¡Exactamente!

El señor OSORIO.-

Lo estimo así, señor Presidente, porque ella nos ha conducido a. las siguientes conclusiones:

1°.- Fue comprobado, por parte del Cuerpo de Carabineros del lugar, de los dirigentes sindicales y de los técnicos que concurrieron a la Comisión, el peligro en que se hallaba la población mencionada.

2°.- Nadie admitió tener responsabilidad, ni los organismos del Gobierno ni la Municipalidad de Nogales, en la construcción de una población en la vecindad y bajo el nivel del tranque.

3°.- La Compañía tenía terrenos en servidumbre; por lo tanto, podía construir en ellos las obras que estimara más convenientes.

4°.- De acuerdo con las declaraciones que he leído esta noche, la Compañía "La Disputada de Las Condes" pudo haber trasladado cuando hubiese querido la población "El Cobre", ya que la comunidad de la hacienda "El Melón" les habría facilitado los terrenos que hubieren deseado. Por lo tanto, la responsabilidad es de las dos empresas que explotaron el mineral. El Honorable señor Tagle tendrá que comprender una cosa: que los técnicos de la compañía, los ingenieros, no podían esperar que los obreros vinieran a "enmendarles la plana" y decirles que había peligro. Los técnicos tenían la obligación de considerar que era peligroso que hubiera una población al lado de un depósito de relave, que no tenía murallas de contención y, sobre todo, de una altura de más o menos 35 a 40 metros.

Ha quedado establecido, a través de las palabras oficiales de los ingenieros del IDIEM, que los depósitos de relave más o menos seguros, como quedó demostrado en la zona del sismo, son aquellos que tienen 6 y 8 metros de altura y no, parece ser, los que tienen 35 a 40 metros. Sería lo mismo si se pensara que una persona que compró un automóvil y no hizo revisar los frenos, lo utilizara y diera muerte a 2 ó 4, y por esta falla se culpara a quien le vendió el vehículo. En este caso, prácticamente, la culpable sería la firma Du M'Zaita, y no "La Disputada de Las Condes", de acuerdo con la teoría que parece algunos quisieran asentar.

Señor Presidente, el Diputado que habla afirma que la investigación quedó totalmente cerrada respecto de los depósitos de relave de 'El Cobre" y que, en este caso, hubo negligencia culpable de parte de la compañía. Este acuerdo fue adoptado en la Comisión, con la sola abstención del Honorable señor Tagle.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, no habría intervenido nuevamente en el debate, de no mediar algunas expresiones vertidas en la Honorable Cámara en contra del actual Gobierno por mi Honorable colega y amigo, el señor Meló.

Su Señoría ha señalado que el sismo puso a prueba a este Gobierno, el cual no habría sabido actuar, según el Honorable Diputado. Al respecto, el que habla señalará más adelante algunos hechos que demuestran, de manera irrefutable, lo contrario. Sin embargo, debo destacar que el Honorable señor Meló insiste en culpar al actual Gobierno de lo ocurrido con motivo del terremoto. Pero la verdad es que sus consecuencias no se pueden imputar a la Administración del Presidente Frei. Ello no es posible, porque la inspección de las poblaciones construidas a través de la CORVI o de las cajas de previsión, a que se ha referido mi Honorable colega, se realizó por los funcionarios responsables, durante el Gobierno anterior y, en ningún caso, en lo que va corrido del actual. De manera que esta Administración no tiene responsabilidades frente a la construcción de tales poblaciones, desde el momento que ninguna de ellas se inició o terminó en estos últimos meses. El Presidente Frei hace poco asumió el mando supremo de la nación, y, por lo tanto -repito-, no es culpable de las consecuencias de un terremoto que deterioró viviendas construidas raucho antes. Esto es algo muy claro, y creo que la Honorable Cámara así lo entenderá.

Por otra parte, hay algo extraordinariamente curioso en la actitud del Honorable señor Meló. El ha expresado que este Gobierno es responsable de la actitud de los funcionarios de aquellos organismos que tienen que ver con la construcción, como, por ejemplo, la Corporación de la Vivienda. Sin embargo, sus observaciones son confusas y contradictorias.

En verdad, esta Administración ha sido respetuosa de la estabilidad funcionaría. De ahí que, precisamente, a más de alguien le haya causado gran extrañeza ver la enorme paciencia que ha tenido el Ejecutivo para no pedirle la renuncia a funcionarios que, evidentemente, son contrarios a su manera de pensar y de encarar la realización de sus planes. Sin embargo, el actual Gobierno ha respetado a los funcionarios, como lo prueba la realidad, ya que los ha mantenido en sus cargos.

El señor LAVANDERO.-

Las expresiones de mi Honorable colega resultan, pues, confusas y contradictorias. Por ejemplo, ha manifestado, según él, en forma documentada, pero leyendo, en realidad, una revista, que el sismo en la localidad de "El Cobre" no tuvo grado 11, sino 8, y que este Gobierno ha aumentado irresponsablemente esa cifra, que índica la intensidad del terremoto. Sin embargo, después de dos o tres minutos de haber hecho esa afirmación, culpó al señor Ministro de Minería de haberle restado importancia a la magnitud del sismo, cuando en ningún momento se han ocultado que han sido destruidas 21 mil casas y existen 75 mil por reparar.

El señor LAVANDERO.-

Comprendo que los parlamentarios de Oposición se empeñen en formular críticas a la acción del Gobierno; pero la verdad es que no se puede decir algo en un sentido en un momento determinado y afirmar lo contrario, casi inmediatamente después, como lo ha hecho el Honorable señor Meló.

En seguida, responsabiliza al Gobierno frente a todos los problemas, argumentando que en Chile existe un partido único. Al respecto, debo expresar a mi Honorable colega, como asimismo a la Honorable señora Ugalde, quien también ha aseverado algo similar que, en nuestro país,- hay numerosos partidos y el hecho de que uno solo de ellos esté en el Gobierno no es ningún antecedente desfavorable para que éste pueda desarrollar con eficacia una democrática acción pública.

En los Estados Unidos existe un partido único de Gobierno; pero, al mismo tiempo, hay un fuerte partido opositor. ¡ Y para qué decir que Rusia tiene un solo partido! Pues bien, a mi Honorable colega no se le ha ocurrido todavía, o no habrá podido hacerlo, criticar a ese país por ese hecho.

Por estas razones, creo que las críticas formuladas por el Honorable señor Meló no han sido bien intencionadas. El Gobierno ha dado claras muestras de su actitud popular, porque los hechos no se demuestran sólo con palabras, sino con actitudes, y la actual Administración ha enfrentado todos los problemas en forma realista y definida.

Se ha criticado permanentemente, en esta Cámara, la manera de actuar del señor Catán frente a sus obreros. Pues bien, este Gobierno -lo que no hizo ninguno de los anteriores- aplicó la Ley de Residencia al señor Catán por no respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y atropellar las leyes vigentes sobre la materia. El hecho de colocar a este hombre fuera de las fronteras de Chile, pone de manifiesto una actitud justa y viril de parte del Gobierno.

El señor LAVANDERO.-

La Honorable señora Ugalde -que lamento no se encuentre en la Sala- ha criticado. . .

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

Honorable señor Acevedo, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.

El señor LAVANDERO.-

. . .la constitución de la firma PROVIEN, a pesar de que sus representantes asistieron a la Comisión Investigadora y respondieron no sólo a las preguntas relacionadas con los daños producidos en las poblaciones que construyó en "Las Achupallas" y "Villa Dulce", sino a todas aquellas referentes a la existencia misma de esa empresa constructora, formada por obreros de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Sus respuestas, como consta en la versión de la sesión 12º, celebrada el miércoles 5 de mayo por la Comisión, fueron extraordinariamente satisfactorias, por lo cual no quedó la más mínima duda en ninguno de los señores Diputados acerca de esta materia.

El señor LAVANDERO.-

Por este motivo, pido que en el oficio que se dirigirá al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en nombre de la Honorable señora Ugalde, se incluya la versión de la sesión 12,º de la Comisión, que he mencionado.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

Se enviará oficio en conformidad con el artículo 178 del Reglamento, acompañándose el documento indicado por Su Señoría.

El señor LAVANDERO.-

Además, quiero destacar la extraordinaria labor de este Gobierno frente a los efectos del último sismo. Debo manifestar, sin ánimo de rebajar a la Administración anterior -porque fui uno de los Diputados que estuvo en la zona damnificada por los sismos del año 1960- que pasaron muchos meses y la ayuda no llegaba; las cosas no se hacían, al extremo de que, todavía. Puerto Saavedra no ha sido reconstruido. Es indudable que este Gobierno ha aprovechado experiencias anteriores, o bien ha sido la capacidad y el deseo de servir lo que han destacado su acción, porque la verdad es que tan sólo a un mes y medio de producido el sismo, ya se han entregado cerca de nueve mil casas.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, antes de 48 horas de ocurrido el terremoto, se habían restablecido todos los servicios de telecomunicaciones, el servicio de correos, los servicios de transportes camineros, el suministro de energía eléctrica, el servicio de alcantarillado y el abastecimiento de agua potable, con excepción del acueducto de Las Vegas, que, evidentemente, por su alto grado de destrucción, ha sido imposible de reparar totalmente hasta la fecha; pero esta situación se ha suplido con el abastecimiento de agua en estanques y por camiones. Esta es una labor efectiva.

El señor LAVANDERO.-

Por lo demás, el restablecimiento del acueducto de Las Vegas no significa que haya sido totalmente reparado y esté funcionando al ciento por ciento de su capacidad instalada.

También se restableció el tránsito de vehículos por la Carretera Panamericana, como lo sabe el Honorable colega relator, porque de ello se dio cuenta en la Comisión Investigadora. Así, al 30 de marzo se habían terminado de reparar todos los caminos transversales, inclusive hasta el límite con Argentina.

El señor LAVANDERO.-

No he mencionado los puentes, señor Presidente.

Dentro de los primeros días del sismo, el Ministerio de Obras Públicas realizó un reconocimiento de todos los edificios públicos, a fin de adoptar urgentes medidas sobre demolición, reparación o, simplemente, prevención, para evitar males mayores.

El mismo 28 de marzo, los heridos a consecuencia del terremoto, recibieron atención en hospitales, clínicas y postas locales; y los casos más graves fueron trasladados a los centros especializados de Valparaíso y de la capital. A fin de evitar epidemias, se procedió a vacunar a toda la población contra la fiebre tifoidea. Asimismo, se instalaron cerca de quinientas letrinas sanitarias, veintiséis bombas de diversos tipos, 4.351 metros de cañerías y 81.700 metros cuadrados de estanques para el abastecimiento de agua. Es indudable que todo esto, sin ser espectacular, constituye realizaciones del Gobierno, a pocos días del terremoto.

También vale la pena destacar que se han destinado cuatro unidades móviles para la atención sanitaria de las poblaciones rurales y marginales. No puede decirse, entonces, que el Gobierno no ha realizado labor alguna con motivo del sismo.

En materia de comestibles, se han logrado reponer todos los "stocks" del comercio minorista de la zona. Asimismo, la

Dirección de Industria y Comercio, DI- RINCO, ha movilizado diez almacenes para la venta al detalle en los lugares más afectados. Las bodegas que la Empresa de Comercio Agrícola tiene en Illapel, Cabildo, La Calera, Llay-Llay, La Ligua y San Felipe, se han transformado en centros de distribución de las zonas respectivas y de los puntos más aislados de la red central.

El señor LAVANDERO.-

Las Fuerzas Armadas fueron acuarteladas desde el día mismo del sismo. 3.000 hombres del Ejército, 2.500 de la Marina y 400 de la Aviación, han estado trabajando en la demolición de los edificios declarados ruinosos, en la extracción de escombros, en la construcción de viviendas de emergencia, en la atención de postas sanitarias, en el transporte masivo de elementos de construcción y de socorro, en el abastecimiento de agua y en otras actividades de beneficio general, que sería difícil enumerar. Es evidente que todo esto ha despertado la conciencia pública. Los sindicatos, como lo ha señalado el Honorable señor Meló, también han prestado su cooperación a la acción efectiva del Gobierno, junto a los estudiantes universitarios que concurrieron en ayuda de la zona damnificada. Esta colaboración tampoco puede ser desconocida por nadie.

Para no cansar a la Honorable Cámara, me abstendré de seguir dando nombres de las instituciones que han prestado eficaz ayuda en la zona amagada, porque no es posible pretender que todo lo haga el Gobierno. Su misión es despertar la conciencia pública, encauzar a los obreros, a la gente de trabajo, a las empresas y a todos los que han contribuido con su aporte a solucionar esta grave situación.

En esta emergencia, alguien tenía que encauzar las iniciativas dispersas para llevar desde los más variados puntos la ayuda que reclamaban las poblaciones más afectadas.

El señor LAVANDERO.-

¿Se pretende acaso exigir de este Gobierno que, en el plazo de un mes y medio, haya hecho una labor mucho mayor que la que otros no lograron realizar en años con motivo del terremoto de Chillán o de la reconstrucción del sur?

No es posible que un Gobierno lo haga todo en un mes y medio, porque los destrozos provocados por el sismo fueron muy grandes. No hay que olvidar que resultaron 21 mil habitaciones totalmente destruidas, número mayor al de casas que el señor Alessandri levantó en su época de auge, entre los años 1962 y 1963. En dos años completos, el Gobierno anterior, a través de su tan "cacareado" plan, construyó 16 mil 400 habitaciones. Además, en esta ocasión, hay que reparar 75 mil viviendas, es decir, un equivalente a la totalidad de las que hay en la ciudad de Temuco. ¿Se puede, entonces, exigir que un Gobierno realice esta labor en un mes y medio?

La actual Administración, en su afán de dar techo a todos los damnificados, ha entregado cerca de 9 mil casas provisorias de 18 metros cuadrados, susceptibles de ser ampliadas al doble. Esto prestigia la labor del Gobierno, porque, respecto de las entregadas en calidad de préstamo a los sectores campesinos, éstos podrán adquirirlas en el futuro, a fin de, si es necesario, trasladarlas al lugar de su trabajo.

Tampoco es posible, en un mes y medio, reparar los daños que, distribuidos en Eº 106.886.500 en el sector público; El 223.907.000 en viviendas; E"? 78.062 en el sector privado, más el lucro cesante, alcanzan a la suma de 500 millones de escudos.

Exigirle a este Gobierno que solucione en un mes y medio estos problemas, es absurdo; no es más que una posición esquizofrénica frente a su labor. Consideraría justo que al término de los seis años de este Gobierno algunos partidos enjuiciaran la actuación del Presidente Frei y la del Partido Demócrata Cristiano, pero hacerlo a pocos meses de iniciada su gestión, me parece un error o una insensatez.

Creo que en esta sesión debiéramos habernos preocupado de materias más importantes y constructivas, como las que se trataron en la Comisión, que yo comparto plenamente.

Solicito que estas observaciones y las recomendaciones formuladas por la Comisión sean transcritas en mi nombre, al Ejecutivo, dándole a conocer mi conformidad con ellas.

El señor DE LA PRESA (Presidente Accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, de conformidad con el artículo 173 del Reglamento.

Ha terminado el tiempo de que disponía Su Señoría.

Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.