Labor Parlamentaria

1.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Santiago, 18 de agosto de 1965.

Por oficio N° 63 remitido con fecha 15 de julio del año en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para aportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad de –E° 300.000 .- con motivo del Centenario de la comuna, suma que destina a los fines que en el texto del mismo se señala; como también faculta a la Municipalidad mencionada para contratar empréstitos hasta por E° 120.000, con el objeto que dicha Corporación los destine en lo siguiente: "Aporte a la Hotelera Nacional S. A., para la construcción de la Hostería en la zona de la laguna "El Maule" "Aporte a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para la construcción del Hospital de San Clemente" y "Obras de adelanto en la Población Aurora".

El Ministerio de Hacienda propuso diversas modificaciones al proyecto de ley aludido, para los efectos de perfeccionar las disposiciones que en él se contemplan, ajustándolas a la realidad, las cuales se relacionan con materias de su competencia. Es así como ha considerado la conveniencia de suprimir los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 11, los cuales como se verá más adelante son reemplazados por otros o eliminados cuando su inversión se ha afrontado y se afrontará con fondos del Presupuesto, como es el caso de establecimientos escolares, ya que dentro de los planes de construcción se contempla la dotación de escuelas principalmente de los sectores para los cuales se destinen sumas dentro del plan de gastos. Asimismo, se modifican los términos de algunas inversiones, se rebajan algunas que son excesivas, eliminan aquellas que se estiman inconvenientes y se crean otras que significan un verdadero adelanto comunal.

Otro aporte que se elimina es el destinado a la construcción de una Hostería en la Laguna del Maule, lugar muy distante del centro comunal (200 kilómetros más o menos) y que, su mantención y administración sería muy costosa y difícil para el Municipio, pues se cree más conveniente que la Hotelera Nacional decida dentro de sus planes la conveniencia y oportunidad de esta construcción, los fondos aquí destinados deben invertirse en algo que vaya en beneficio directo de la comunidad como es el caso de ampliación del Estadio Municipal, habilitación de poblaciones, construcción de un centro asistencial y otros.

El artículo 49 se propone suprimirlo ya que no existe este financiamiento al cual se imputa el gasto de los tres primeros artículos del proyecto de ley.

El artículo 12 se modifica en el sentido de eliminar la cita del artículo 3°, e intercalar la palabra "y" entre "1°" y "2°", pasando a ser artículo 8°. Esto tiene por objeto armonizar las citas legales.

El artículo 6° se propone intercalarlo como artículo 4° y sustituir la palabra "anterior" por "1°"'. Esto tiene por objeto corregir la numeración y su cita.

Los artículos 9°, 10°, 13°, 14° y 15°, se propone intercalarlos como artículos 5°, 6°, 79°, 99° y 109°, respectivamente. Estos cambios sólo tienen por objeto corregir la numeración y mantener el orden de la ley.

Articulo nuevo.- Se propone dejar como artículo 1°, en lugar del que se elimina en el proyecto de ley, el siguiente:

"Artículo 1°- Autorícese a la Municipalidad de San Clemente para contratar uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de E9 200.000 E°, al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en un plazo no superior a cinco años.

El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderá con cargo al l% o del impuesto territorial que grava a los bienes raíces de la comuna, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965".

Es conveniente financiar parte de este tipo de inversión con el mecanismo ya establecido en el decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965, que fijó la tasa única de impuesto territorial, y en virtud del cual, se destina un 1% para que las Municipalidades financien los empréstitos que contraten. De acuerdo con los antecedentes, el avalúo imponible de la comuna de San Clemente asciende a E° 105.000.000 el cual puede reducirse por los reclamos pendientes a 95.000.000 de escudos. Con el rendimiento del podría perfectamente servirse el préstamo en un plazo inferior a cuatro años.

No sería prudente modificar este sistema para que operen las inversiones municipales, ya que se recargaría el presupuesto fiscal en exceso sí se ordenare sólo aportes, o se rompiera la tasa única de impuestos territoriales al pretender alzarlo por leyes especiales.

Otro artículo nuevo que se propone agregar como artículo 29 es el siguiente:

"Artículo 2°- Autorícese al Presidente de la República para aportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad de E9 155.000, con motivo del Centenario de la comuna que se destinará a los fines contemplados en esta ley". Es preciso este aporte para llevar a cabo parte de la sobras de adelanto contempladas en esta ley, ya que el saldo restante se financia a través del empréstito que se autoriza en el artículo 1° propuesto.

Artículo nuevo.- Se propone agregar como artículo 3° el siguiente;

"Artículo 3°- El producto del empréstito y el aporte fiscal a que se refieren los artículos 1° y 2° se destinarán por la Municipalidad a los siguientes fines: insertar imagen pag. 3967

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y lo remito a Vuestra consideración y a fin de que tengáis a bien introducirle las modificaciones expresadas en el texto de la presente comunicación, para cuyo efecto vengo en proponeros su reemplazo por el siguiente;

"Artículo 1°- Autorícese a la Municipalidad de San Clemente para contratar uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de E° 200.00, al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en un plazo no superior a cinco años.

El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderá con cargo al l% del impuesto territorial que grava a los bienes raíces de la comuna, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo N^ 2.047, de 29 de julio de 1965.

"Artículo 2°- Autorícese a} Presidente de la República para aportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad de E° 155.000, con motivo del Centenario de la comuna, que se destinará a los fines contemplados en esta ley.

Artículo 3°El producto del empréstito y del aporte fiscal a que se refieren los artículos 1°y 2° se destinarán por la Municipalidad a los siguientes fines:

a) Construcción Casa de Socorro o posta asistencial o para suscribir y adquirir acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para que construya un centro asistencial 70.000 E°

b) Para la construcción de un gimnasio-teatro 100.000 E°

c) Ampliación de la red de agua potable en las poblaciones "El Alba" y "Vergara" 15.000 E°

d) Obras de pavimentación 20.000 E°

e) Para comprar acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para que efectúe ampliaciones y reparaciones en las Escuelas Aurora y Ramadillas o para hacer las obras directamente 30.000 E°

f) Para ampliación de las Escuelas N9 20 y 42 de Punta de

Diamante-Bajo Lircáy 20.000 E°

g) Para construcción de edificio para Retén de Carabineros y policlínica en Punta de Diamante 30.000 E°

h) Para construcción o aporte para construir Escuela en Bajo Perquén 15.000 E°

i) Subvención para la Parroquia de San Clemente para reparar templo parroquial 20.000 E°

j) Terminación edificio Cuerpo de Bomberos 10.000 E°

k) Subvención al DeportivoSan Clemente para construir o adquirir sede social 12.000 E°

1) Subvención al Deportivo Racing Club 8.000 E°

m) Terminación del edificio de la Cruz Roja 5.000 E°

Artículo 4°- Facúltese al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo primero, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.

Artículo 5°- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias del empréstito se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San Clemente, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de que este no haya sido dictado en la oportunidad debida.

La Municipalidad de San Clemente deberá publicar en la primera quincena del mes de enero de cada año, en un diario o periódico de la localidad o de la cabecera del departamento, un detalle de la inversión de los fondos que se ponen a su disposición en virtud de la presente ley.

Artículo 6°- En el presupuesto anual de la Municipalidad deberá figurar un cálculo de ingresos y egresos de los fondos que se ponen a disposición por la presente ley, los que serán depositados en la Tesorería Comunal de San Clemente en una cuenta especial que se denominará "Fondos Especiales de la Municipalidad de San Clemente para el Progreso Comunal". Contra esta cuenta girará el Alcalde de conformidad a la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

Sin embargo, el aporte destinado a obras de pavimentación se depositará en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, sobre la cual girará el Director de Pavimentación Urbana, para la ejecución de los trabajos, los que se realizarán en todo de acuerdo con la ley N° 946.

Artículo 7°- La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, con cargo a su Presupuesto de Capital, deberá dar prioridad a la construcción de un edificio que permita el funcionamiento conjunto de los Servicios de Aduanas, Carabineros de Chile y Policía Internacional, que tienen a su cargo el control del tránsito internacional en el Paso de Pehuenche.

Artículo 8°- Los fondos no invertidos al 31 de diciembre de 1965, que se destinan por los artículos 1° y 2^ de esta ley, no ingresarán a rentas generales de la Nación y se mantendrán depositados hasta su total inversión.

Artículo 9°- Declárese Ciudad de San Clemente a la cabecera comunal de este nombre.

Artículo 10°- La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, con cargo a su Presupuesto de Capital, deberá dar prioridad a la pavimentación del camino de San Clemente a Mariposas, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 12.507, de 27 de agosto de 1957".

Saluda atentamente a V. E.

(Fdo.) : Eduardo Frei M. Bernardo Leighton G.".

2.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

"N° 1565.- Santiago, 12 de agosto de 1965.

Por oficio N° 60, de 13 de julio último, V. E. ha tenido a bien comunicarme que el H. Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece normas sobre cierre obligatorio de farmacias.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado observo dicho proyecto de ley en los términos que pasan a expresarse:

El Supremo Gobierno participa en la iniciativa de legislar sobre la materia, en atención a que se trata de una aspiración largamente sentida por el gremio de farmacéuticos y por el personal que labora con ellos. De aquí que las observaciones que se plantean más adelante no tienen otra finalidad que precisar algunos conceptos y aclarar determinadas disposiciones, evitando así que el nuevo sistema que desea implantarse pueda significar un entorpecimiento al normal abastecimiento farmacéutico de la población.

El artículo 1° del proyecto que se observa incluye a las farmacias dentro del régimen denominado "sábado inglés", regido por la Ley N° 11.999, que consiste en el cierre obligatorio del comercio los días sábados a las 13 horas.

El Ejecutivo comparte el propósito de incorporar a este régimen a los establecimientos de farmacias pero, dada la naturaleza de los servicios que ellas prestan, estima conveniente excluirlas del sistema conformado en el cuerpo legal recién citado estableciendo, en el propio proyecto, una disposición específica que lo consagre.

Las razones que abonan este predicamento derivan, por una parte, del hecho de que las farmacias no pueden asimilarse a las otras clases de comercio por las características de los productos que expenden, los que constituyen un rubro fundamental dentro del mecanismo de atención de la salud pública, por este motivo es aconsejable que las disposiciones que regulan su funcionamiento estén contenidas en cuerpos legales y reglamentarios diferenciados. Además, otra razón que fundamenta la modificación propuesta incide en que las demás normas contenidas en el proyecto dicen relación directa con la situación que se producirá con ocasión del cierre de las farmacias los días sábados, aspecto que de no modificarse el proyecto en la forma solicitada se regirían por la Ley N^ 11.999.

De aquí, entonces, que se proponga reemplazar el artículo 1? por otra disposición que consagre el "sábado inglés" para las farmacias en los mismos términos que la Ley N° 11.999.

En el inciso 1° del artículo 2° se establece que las farmacias sólo podrán atender al público durante los días hábiles no más de ocho horas diarias, lo que significa que dicha atención no excederá durante la semana a más de cuarenta y cuatro horas, horario inferior al que deben cumplir los demás establecimientos comerciales .

Con la sustitución propiciada se fija en cuarenta y ocho horas semanales el horario de atención al público de los establecimientos de farmacia durante los días lunes a sábado inclusive, en esta forma se deja claramente establecido que ellos deben cumplir la jornada normal de trabajo semanal, evitando que durante cuatro horas a la semana permanezcan cerrados en perjuicio del público.

Por la razón aludida se propone reemplazar la frase "Tampoco podrán hacerlo los demás días durante más de ocho horas" por "la atención será de cuarenta y ocho horas semanales".

La parte final del inciso 19 del artículo 2° dispone que no regirá el cierre obligatorio de días domingos y festivos para aquellas farmacias que deban cumplir los turnos que les asigne el Servicio Nacional de Salud. Esta norma tiende naturalmente a permitir que la población tenga en ¡os días de feriado legal posibilidad de abastecerse de medicamentos. Ahora bien, esa misma norma y con idénticas razones debe ser aplicable a las farmacias que sirvan los turnos establecidos para los días sábados después de las trece horas.

En consecuencia, se propone agregar en la frase final del inciso 1° del artículo 2° una referencia al artículo 1°.

En el inciso 2° del artículo 2° se entrega al Servicio Nacional de Salud la facultad de establecer y controlar los turnos que deberán observar las farmacias para atender al público "los días festivos y sábados en la tarde y durante la noche y la madrugada".

En esta enunciación se omite facultar al Servicio para el establecimiento de turno durante los días hábiles, en los lapsos en que las farmacias no puedan atender público a raíz de que deberán cerrar obligatoriamente sus puertas luego de cumplir su horario diario. En consecuencia, durante los días hábiles habrá también fracciones de tiempo en que la población no tendrá atención farmacéutica.

Para obviar esta situación se propone reemplazar la enunciación que hace el proyecto por la frase "durante el cierre obligatorio", que comprende tanto las situaciones previstas por Vuestras Señorías como la consignada en el párrafo anterior.

El inciso 3° del artículo 2° establece sanciones para los casos de infracciones a la ley, sin consultar procedimiento alguno para su aplicación. Por este motivo se propone que esas infracciones se regulen por las normas contenidas en el Título VI del Libro IV del Código Sanitario.

El inciso 4° del artículo 2° entrega a la Dirección del Trabajo y al Cuerpo de Carabineros el control de los turnos y el cierre obligatorio de las farmacias.

Estima el Ejecutivo que dicho control debe estar radicado exclusivamente en el Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio de la cooperación que éste pueda solicitar a los organismos antes citados.

Por la razón expuesta se solicita la sustitución de este inciso por otro que deje claramente establecida la cooperación a que me he referido.

El artículo 3° establece el ámbito de aplicación de las normas sobre cierre obligatorio y horario al Departamento de Santiago y las comunas de Concepción, Temuco, Valparaíso y Viña del Mar, exceptuando a las Farmacias de Urgencia del Servicio Nacional de Salud.

Sobre este aspecto el Supremo Gobierno considera que las disposiciones del proyecto de ley que se observa deben regir en todo el territorio nacional y no exclusivamente en el departamento y comunas mencionadas en el artículo 3°.

La única limitación que se introduce en el proyecto aprobado por el H. Congreso Nacional en el aspecto indicado se contempla en el artículo 1° de estas observaciones. En efecto, se propone la implantación del sábado inglés solamente en las ciudades de mayor densidad de población pero, a la vez, se faculta al Presidente de la República para extender dicho régimen a otras ciudades cuando las características locales lo permitan.

Por la razón anotada es innecesaria la disposición contenida en el Art. 3°, proponiéndose por esta causa su supresión.

El Art. 4° del proyecto de ley concede la calidad de empleados particulares a los auxiliares farmacéuticos, aprendices de farmacia y prácticos en farmacia, los que deben cumplir los requisitos que el mismo precepto señala.

La disposición comentada en los términos en que fue aprobada permitiría, por su carácter especial, ser aplicada tanto al sector público como privado, lo que traería consigo una grave alteración en el ordenamiento jurídico del personal que labora en la Administración Civil del Estado, rompiendo su uniformidad en este aspecto.

En consecuencia, se propone que el artículo citado sea aplicable sólo al personal que se desempeña en farmacias particulares.

Por último, os solicito se agreguen dos nuevos artículos.

El primero tiene por finalidad exceptuar de las disposiciones de este proyecto de ley a las farmacias del Servicio Nacional de Salud. La razón de este precepto es fundamentalmente de beneficio público. Debiendo el Estado, por imperativo constitucional, velar por la salud de la población, mantiene a través del Servicio Nacional de Salud un servicio de Farmacia de Urgencia que funciona ininterrumpidamente todo el año, día y noche, y servicios de Farmacias en los Hospitales, todos los cuales deben excluirse de las normas contenidas en el proyecto observado, de lo contrario se produciría una seria alteración en el funcionamiento de esos servicios.

Finalmente, se solicita la aprobación de un nuevo artículo que contempla la vigencia del proyecto de ley a contar desde 30 días después de su publicación. Con ello se persigue adaptar el nuevo sistema y elaborar el plan de turnos de farmacia para impedir que se produzcan trastornos en la atención farmacéutica.

En mérito de las razones expuestas, devuelvo a Vuestra Señoría el proyecto de ley aludido, vetándolo y proponiendo las siguientes modificaciones:

a) Reemplazar el artículo 1°, por el siguiente:

"Articulo 1°- Las farmacias de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas y demás ciudades que determine el Presidente de la República, suspenderán sus ventas y toda actividad de su personal los días sábados a las trece horas”.;

b) Sustituir en el inciso 1° del artículo 29 la frase "Tampoco podrán hacerlo los demás días durante más de ocho horas" por "La atención será de cuarenta y ocho horas semanales";

c) Agregar en la frase final del inciso 1° del artículo 2°, después de la palabra "inciso", los términos "y en el artículo anterior";

d) Reemplazar en el inciso 2° del artículo 29 las palabras "los días festivos y sábados en la tarde y durante la noche y la madrugada" por "durante el cierre obligatorio";

e) Agregar en el inciso 3° del artículo 29, después de la palabra "Santiago", una coma (,) seguida de la frase "en conformidad a las normas contenidas en el Título VI del Libro IV del Código Sanitario";

f) Sustituir el inciso final del artículo 29, por el siguiente:

"La Dirección General del Trabajo y el Cuerpo de Carabineros de Chile cooperarán con el Servicio Nacional de Salud en la fiscalización de las disposiciones de la presente ley y denunciarán a este Servicio las infracciones a dicha ley";

g) Suprimir el artículo 39;

h) Reemplazar la numeración del artículo 49 por el "39" y agregar al final del mismo la frase "y que se desempeñen en establecimientos particulares.;

i) Agregar el siguiente artículo nuevo;

"Artículo 49- Se exceptúa de lo dispuesto en esta ley a las Farmacias del Servicio Nacional de Salud.", y

j) Agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 59-Esta ley regirá treinta días después de su publicación en el "Diario Oficial".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.)Eduardo Freí M.- Ramóyi Valdivieso D."

3.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"N° 969.- Santiago, 14 de agosto de 1965.

Tengo el agrado de poner en conocí-miento de V. E., que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por oficio N° 1130, de 26 de septiembre de 1964, al proyecto de ley que concede, por gracia, a doña Lía del Socorro Muñoz Echeverría vda. de Riffo y a doña Rosa Arenas Lara vda. de Maldonado, una pensión mensual de E° 75 (setenta y cinco escudos) a cada una de ellas, comunicado por oficio N° 4878, de 1964, de esa H. Corporación.

En consecuencia, agradeceré a V. E. disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo Freí M.- Sergio Molina Silva".

4.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9075.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para transferir a sus actuales ocupantes los materiales de construcción de las viviendas que forman diversas poblaciones de emergencia.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio 5097, de fecha 10 de septiembre de 1964.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García. González.- Pelagio Figueroa Toro".

5.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9079.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la reforma al Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N"° 1315, de fecha 12 de septiembre de 1962.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro",

6.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9076.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar un predio en el barrio "El Colorado" de Iquique.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio 27, de fecha 16 de junio del año en curso.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

7.-OFICIO DEL SENADO

"N°9083.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que autoriza al Servicio Nacional de Salud para transferir al Fisco un predio ubicado en Curanilahue, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°

Ha sido sustituido por el siguiente:

“Artículo 1°- Autorícese a la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción y a la Junta Central de Beneficencia, para transferir gratuitamente al Fisco un predio, de una superficie aproximada de 50 hectáreas, que corresponde a la parcela 22 del fundo "Trongol Bajo", comuna de Curanilahue, departamento de Arauco.

Este predio formaba parte de otro de mayor extensión, inscrito a nombre de la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción, a fojas 215, 103 y a fojas 85, 80 del Registro de Propiedad de 1941 de los Conservadores de Bienes Raíces de Arauco y Lebu, respectivamente. Los deslindes especiales son los siguientes: Norte, terrenos de Quintiliano Silva V.; Sur, terrenos de la Sucesión González del Solar; Este, terrenos de Sinforiano Villegas, y Oeste, terrenos de Miguel Salinas."

Artículo 2°

Ha sido reemplazado por el que sigue:

"Artículo 2°.- El Ministerio de Educación Pública, con cargo al rendimiento de la ley N^ 11.766, durante los años 1966 y 1967, podrán poner a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias para que ésta construya, por cuenta del Fisco, una Escuela Agrícola en el predio cuya transferencia se autoriza en el artículo 19."

Lo que tengo a honra decir a V. E., en contestación a vuestro oficio N° 3890, de 9 de junio de 1964.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

8.-OFICIO DEL SENADO

"N°9066.- Santiago, 11 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que establece las normas a que deberán sujetarse los obreros de la Empresa Portuaria de Chile para efectuar los íntegros de imposiciones a que se refiere el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N^ 14.513, con las siguientes enmiendas:

Artículo 6°

Ha sustituido la fecha 6 de octubre de 1960 por 16 de octubre de 1964.

Artículo 9°

Ha suprimido la frase "y los que se encuentran sometidos actualmente a otro régimen previsional podrán mantenerlo o solicitar dentro de noventa días su incorporación a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Seguidamente, como articules 10 y 11, respectivamente, ha aprobado los siguientes nuevos:

"Artículo 10.- Declárese que las tarifas de horas extraordinarias con cargo a particulares, .establecidas en el Decreto de Hacienda N*? 1.198, de 6 de mayo de 1965, rigen a contar desde esa fecha.".

Artículo 11.- Declárese para los efectos señalados en el artículo 100 del D.F. L. N^ 338, de 1960, modificado por el artículo 24 de la ley 15.077 y por el artículo 13 número 4 de la ley 15.364, que son dirigentes nacionales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de las Asociaciones de Funcionarios de los Servicios de la Administración Civil del Estado, los miembros de los respectivos Tribunales Nacionales de Disciplina.

Declárese asimismo, que las calificaciones de los dirigentes mencionados en el mismo artículo no podrán ser rebajadas en ninguno de los rubros o factores en ellas comprendidos durante el período de su mandato y hasta seis meses después."

Artículo 10 Ha pasado a ser 12, sin enmiendas.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N° 2588, de 29 de agosto de 1963.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa T."

9.-OFICIO DEL SENADO.

"N°9.081.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que autoriza a las instituciones de previsión para otorgar préstamos a sus imponentes para el pago de deudas por concepto de gastos comunes y las faculta para requerir descuentos por planilla del servicio de deudas hipotecarias, con las siguientes modificaciones:

Artículo 29.

Ha sido suprimido.

Artículo 3°.

Ha sido suprimido.

Artículo 4°.

Ha sido suprimido.

Como artículos 2° y 3°, respectivamente, ha aprobado los siguientes nuevos:

Artículo 2°- Declárense aplicables a los empleados y obreros contratados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares como mandataria de los arrendatarios de Unidades Vecinales, las disposiciones del Código del Trabajo y leyes anexas.

Artículo 3°-Fíjese en el 209; de las remuneraciones imponibles o pensiones de los deudores y de su cónyuge el servicio de las deudas en los sistemas de obligaciones hipotecarias y créditos de cualquiera especie regulados por las normas contenidas en el artículo 68 del D.F.L. N° 2, de 1959.

Artículo transitorio.

En su inciso primero, ha intercalado, después de "préstamos", lo siguiente: "controlados".

En su inciso segundo, ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase final. Su producto será controlado por dicho organismos en la forma que determine el Reglamento".

En su inciso tercero, ha sustituido "diez por ciento (10%) por "cinco por ciento (5%)"-Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro".

10.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9080.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa H. Cámara que sustituye el artículo 162 del Código del Trabajo, con las siguientes enmiendas:

Artículo único

Ha pasado a ser artículo 1°.

Como artículo 2°, nuevo, ha aprobado el siguiente:

"Artículo 2°- Agréguese en el inciso primero del artículo 315 del Código del Trabajo, a continuación de la palabra "obreras", las expresiones "o empleadas".

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio 4.437, de fecha 28 de julio de 1964.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José Garda González.- Pelagio Figueroa Toro".

11.-OFICIO DEL SENADO

9077.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Sonado ha tenido a bien rechazar el proyecto de ley que modifica el artículo 2° de la ley 10.662, que creó la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N? 974, de 6 de septiembre de 1956.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

12.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9078.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien rechazar el proyecto de ley de esa H. Cámara que exime del pago de impuestos a la publicación y circulación de la revista oficial que edita el Colegio de Contadores. Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N^ 12, de fecha 2 de junio ppdo.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

13.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9082.- Santiago, 16 de agosto de 1965.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agréguese como inciso segundo del artículo 631 del Código del Trabajo el siguiente:

"Los miembros de los Comités huelguistas, desde el momento de su elección y hasta seis meses después de finalizado el conflicto, gozarán de la inamovilidad que otorga el artículo 596".

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

14.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9084.- Santiago, 16 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por esa H. Cámara al proyecto de ley que faculta a los Secretarios de Congresales para integrar imposiciones en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N? 73, de 20 de julio ppdo.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

15.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9074.- Santiago, 13 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar la modificación introducida por esa H. Cámara al proyecto de ley que enmienda el Código del Trabajo, en lo referente a la prohibición del trabajo nocturno de menores de 18 años en establecimientos industriales, y de la mujer en los mismos lugares y en trabajos mineros subterráneos.

Lo que tengo a honra decir a V. E, en contestación a vuestro oficio N^" 106, de fecha 4 del actual.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.): José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

16.-OFICIO DEL SENADO

"N° 9087.- Santiago, 16 de agosto de 1965.

El Senado ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por esa H. Cámara al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para encasillar en las plantas de la Dirección General de Obras Públicas y servicios dependientes, a las personas que se encuentren en determinadas condiciones.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en contestación a vuestro oficio N^* 116, de 11 del actual.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : José García González.- Pelagio Figueroa Toro".

17.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros acerca de un Proyecto de Reforma Constitucional que iniciara el Presidente de la República por Mensaje enviado con fecha 80 de noviembre de 1964.

En el estudio de esta iniciativa colaboraron don Pedro J. Rodríguez, Ministro de Justicia; don Enrique Evans, Subsecretario del Ministerio de Justicia; don Manuel Daniels, Asesor del citado Ministerio; don Osvaldo Illanes, Ministro de la Corte Suprema; don Enrique Silva Cimma. Contralor General de la República; y, don Jorge Guzmán Dinator, Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Concurrieron, además, para formular observaciones en representación de las entidades que se señalan los señores: Eduardo Dagnino, por la Confederación de la Producción y del Comercio; don Victorino Garrido Matte y don Patricio Figueroa Velasco, por la Sociedad Nacional de Propietarios Urbanos; y, don Luis Figueroa, por la Central Única de Trabajadores.

La Comisión destinó al estudio de esta Reforma Constitucional veintitrés sesiones, y el acuerdo para aprobarla en general fue adoptado en la sesión N° 117°, de 24 de marzo de 1965.

Nuestra Carta Fundamental, cuyo texto definitivo fue fijado por resolución de 18 de septiembre de 1925, ha sido objeto, en los últimos 40 años, de cuatro modificaciones: la primera, por ley 7.727, de 23 de noviembre de 1943, cuyo objeto fundamental fue el de limitar la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos ; en segundo término, por ley N° 12.548, de 30 de septiembre de 1957, para permitir la nacionalización de los españoles sin exigir la renuncia de su nacionalidad de origen; a continuación, por ley N° 13.296, de 2 de marzo de 1959, se introdujeron algunas enmiendas en lo relativo a las elecciones de Regidores; y, por último, por ley N? 15.295, de 8 de octubre de 1963, se modificó el N° 10, del artículo 10, que legisla sobre el derecho de propiedad.

Estas enmiendas a nuestra Constitución Política se refieren, en consecuencia, a algunos aspectos particulares que el legislador estimó oportuno realizar.

La Reforma que se propone ahora constituye una revisión más profunda de nuestro texto constitucional y está inspirada en dos ideas fundamentales: la primera, robustecer nuestro sistema democrático, y la segunda, otorgar al Estado los medios necesarios para abordar con eficacia los problemas políticos, sociales y económicos que la situación del país exige.

Dentro del primer aspecto se comprende la incorporación de los derechos sociales de los trabajadores, la extensión del derecho de sufragio, la ampliación del régimen de plebiscito y la autorización para constituir organismos supranacionales entre los pueblos latinoamericanos que permitan procurar su integración económica.

En el segundo orden de materias, es decir, en cuanto a otorgar al Estado los medios necesarios para abordar con eficacia los problemas sociales, políticos y económico, cabe mencionar, en primer término, las enmiendas que se consultan en relación con el proceso de generación de la ley que entregan al Poder Ejecutivo la iniciativa para promover proyectos de ley sobre todas aquellas materias que tienen incidencia fundamental en los planes económicos y sociales, y que requieren de un control estricto para conseguir la finalidad perseguida. Complementan esta idea la canalización, a través de normas constitucionales, de la práctica en cuanto al otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Dentro de este mismo rubro, corresponde mencionar las enmiendas relativas a la garantía del derecho de propiedad, que tienden, por una parte, a permitir una Reforma Agraria con el propósito de distribuir mejor la propiedad agrícola de manera que se consiga el pleno abastecimiento de la población en materia de alimentos y, si es posible, exportar excedentes. Asimismo, se procura mediante ella, someter al derecho de propiedad en un mayor grado, al bien común con miras a la remodelación de las ciudades y a la ejecución de un plan habitacional armónico que logre la realización de todas aquellas obras que la ciencia urbanística moderna aconseja.

Otro aspecto de esta Reforma Constitucional comprende la creación y perfeccionamiento de algunas instituciones políticas dentro de la Carta Fundamental. En este orden de materias corresponde referirse, en primer término, al establecimiento del Tribunal Constitucional, institución que tiene como objetivo fundamental resguardar la supremacía constitucional en nuestro orden jurídico.

El Tribunal Calificador de Elecciones se mantiene, y sólo se le han introducido enmiendas que tienden a perfeccionarlo acogiendo aquellas modificaciones que la experiencia de su funcionamiento aconseja adoptar.

La facultad fiscalizadora, que constitucionalmente compete a la Cámara de Diputados, ha sido fortalecida, principalmente a través de la ampliación del juicio político respecto de los ejecutivos responsables de la dirección de los organismos funcionalmente descentralizados de la Administración del Estado, cuya importancia está demostrada por el hecho de que, aproximadamente, un treinta y cinco por ciento de los recursos públicos se invierten a través de ellos.

Las Comisiones Investigadoras Parlamentarias, cuya importancia en el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados se acuentúa cada día más, han sido reconocidas en una norma constitucional, dejando entregada a la ley la reglamentación del imperio de que estarán investidas y, en general, sus atribuciones.

Otro aspecto que comprende esta revisión del texto constitucional es el que dice relación con un conjunto de normas que procuran una mayor dignificación de la función parlamentaria, y, a la vez, una mayor eficacia en el proceso de formación de la ley.

En este orden de ideas se consultan la extensión de las causales de incompatibilidad y de cesación en sus cargos de los parlamentarios con el propósito fundamental de revestir la función parlamentaria de la independencia y dignidad que le son inherentes. La dieta de los parlamentarios se regula en base a un mecanismo de carácter permanente que procura un reajuste automático de estas remuneraciones, lo que evitará en el futuro la dictación de leyes especiales sobre el particular.

En cuanto al proceso de formación de las leyes se consultan algunas normas que permiten entregar la discusión y aprobación en particular de los proyectos a las Comisiones, omitiéndose, en consecuencia, la discusión y votación en la Sala; pero, otorgando, al mismo tiempo, los resguardos necesarios para que, en determinadas condiciones, la Sala recupere la facultad de discutirlo y de aprobarlos en particular.

Formuladas estas breves consideraciones generales sobre los puntos más importantes que contiene esta Reforma Constitucional, pasa a continuación, vuestra Comisión, a darnos cuenta en particular de cada una de las enmiendas que se proponen.

Artículo 5°

El N° 2, de este artículo, consagra el "ius sanguinis" como fuente de la nacionalidad originaria, y dispone que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero por el sólo hecho de avecindarse en Chile; agrega que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero hallándose el padre o -la madre en actual servicio de la República, son chilenos aún para los efectos en que las leyes fundamentales o cualesquiera otra requieran nacimiento en territorio chileno.

El precepto constitucional deriva de la Constitución de 1833, y la modificación que se introdujo mediante la Reforma Constitucional de 1925, se limitó a ampliarlo para el caso de que la madre "se hallare en actual servicio de la República", teniendo presente la circunstancia de la designación de mujeres para el desempeño de comisiones en el extranjero.

La Organización de las Naciones Unidas nacida después de la segunda guerra mundial, dio una nueva estructura a la comunidad internacional y ha significado, concordante con los principios que inspiran a dicha entidad, la creación de numerosos otros organismos internacionales destinados a dar cumplimiento a sus diversas finalidades y principalmente a mantener la paz entre los pueblos del mundo.

Nuestro país ha mantenido siempre una constante adhesión a los principios que inspiran a estos organismos internacionales y gran número de nuestros compatriotas participan en calidad de funcionarios y asesores aportando sus conocimientos y colaborando en la formulación de los planes de desarrollo de las diversas entidades dependientes de la ONU.

Sin embargo, de acuerdo con la disposición de nuestra Carta Fundamental, los hijos de chilenos nacidos en el extranjero no son considerados como nacidos en el territorio nacional para los efectos que las leyes fundamentales requieran nacimiento en territorio chileno ya que no cumplen con la exigencia de hallarse el padre o la madre en actual servicio de la República.

La modificación que se propone tiene por objeto extender el privilegio a que se ha hecho mención a los hijos de chilenos cuyos padres se encuentren al servicio de organismos internacionales a los cuales el Estado de Chile se encuentre adherido.

Esta enmienda fue ya aprobada, anteriormente, por esta Comisión, con motivo de la discusión de una moción del ex Diputado señor Julio Mercado, con fecha 30 de agosto de 1962, y que se encuentra pendiente de la resolución de la Corporación.

Artículo 7°

En este precepto se han introducido dos. enmiendas fundamentales: la primera, consiste en rebajar la edad que habilita para ejercer el derecho a sufragio de 21 a 18 años; y, la segunda, el suprimir la exigencia de saber leer y escribir para ser ciudadano, y en consecuencia, permitir a los analfabetos participar en las elecciones.

Esta modificación fue originada en una indicación presentada en la Comisión por varios señores Diputados, y concuerda con el propósito que inspira esta Reforma Constitucional en el sentido de robustecer el régimen democrático incorporando a un mayor número de ciudadanos en la decisión de los problemas públicos.

Diversos países han establecido este mismo límite de edad para el ejercicio del derecho a sufragio, y en Europa cabe mencionar en tal sentido a Francia e Italia, principalmente; y, en América Latina, por ejemplo, México.

El derecho a sufragio de los analfabetos se justifica si se tiene presente que estas personas están sujetas a todas las cargas y obligaciones que impone el Estado, y les afectan por igual la eficacia en la conducción de los negocios públicos, y parece, en consecuencia, de absoluta equidad otorgarles la facultad de decidir respecto de las personas que van a influir en la marcha de los intereses públicos.

Por otra parte, ello no constituye novedad en las legislaciones de aquellos países que sufren atraso cultural en sus estratos sociales más bajos, y es así como, en América Latina actualmente sólo se prohíbe el derecho a sufragio de los analfabetos, aparte de Chile, en Brasil, Ecuador y Perú.

Artículo 8°

La modificación a este artículo es de mera redacción.

Artículo 9

En este precepto, al igual que en diversos otros de nuestra Constitución, se ha suprimido la expresión "con derecho a sufragio" que figura a continuación de la palabra "ciudadano" puesto que la facultad de elegir es inherente a la calidad de ciudadano, por lo que dichas palabras constituyen una redundancia.

Capítulo III

El epígrafe de este Capítulo, denominado "Garantías Constitucionales" ha si- dodo reemplazado por el de "Derechos y Garantías Constitucionales". La agregación de la palabra "Derechos" tiene por objeto formular una denominación más correcta ya que el contenido de este capítulo no sólo se refiere a Garantías Constitucionales, sino también a derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución Política.

Artículo 10°N° 1°

La Comisión prestó su aprobación a una proposición del Ejecutivo en virtud de la cual se establece que corresponde al Estado otorgar asistencia jurídica a quienes para hacer efectivos los derechos que las leyes les reconocen, no pueden procurársela por sí mismos.

Esta agregación perfecciona el concepto de igualdad ante la ley que determina que todos los hombres cualesquiera que sea la clase o condición social a que pertenecen, tienen iguales derechos, obligándose el Estado a procurarles la asistencia jurídica necesaria para hacerlos valer a todas aquellas personas que no puedan procurársela por sus propios medios.

En esta forma la asistencia judicial, que en nuestro país se ha expresado sólo al nivel legal, se eleva al rango de una garantía constitucional que permita proteger los intereses en el orden jurídico, tanto en el aspecto judicial como en el extrajudicial y que significa dar al pueblo una real posibilidad de defender sus derechos.

La ley será la encargada de materializar los propósitos que se consagran en esta norma constitucional

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N° 9°

La modificación a este número es de mera redacción y su alcance se desprende de su sola lectura.

N° 10°

La garantía constitucional del derecho de propiedad fue aprobada por esta Comisión en los mismos términos que la propusiera el Ejecutivo.

Los propósitos fundamentales que inspiran esta Reforma son los de consagrar un reconocimiento claro y categórico del derecho de propiedad y, al mismo tiempo, proporcionar al Estado los instrumentos indispensables para realizar las reformas que exige el bien común.

El inciso primero contiene la regla principal y garantiza a todos los habitantes de la República el derecho de propiedad en sus diversas especies o formas. En seguida, el inciso segundo, entrega a la ley e! establecer, por una parte el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad, y por la otra, el establecimiento de las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos.

El concepto de utilidad del Estado, establecido en la Constitución de 1833, fue reemplazado por el de utilidad pública en la Reforma de 1925. La modificación que ahora se propone amplía este último concepto denominándolo función social de la propiedad, de manera que no sólo comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, que se encuentran contenidos en nuestro actual texto constitucional, sino que, agrega lo que se refiere al mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. En esta forma, el precepto constitucional ha determinado lo que debe entenderse por función social de la propiedad, precisando su alcance y contenido.

Agrega este mismo inciso segundo que, cuando el interés de la comunidad lo exija, podrá reservarse al Estado el dominio de determinadas especies de propiedad, mediante una ley que así lo establezca.

El inciso tercero reafirma el reconocimiento claro y categórico del derecho de propiedad al determinar que, solamente puede privarse de ella en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, para que cumpla con la función social que una ley determine, dentro de los conceptos a que nos hemos referido anteriormente.

Se asegura, también, que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización; y se entrega a la ley la determinación de las normas para fijarla, el Tribunal que deba conocer de las reclamaciones sobre su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte que deba enterarse al contado, el plazo y condiciones en que se entregará el saldo, si lo hubiera, y las oportunidades y modos en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado. En esta forma, se desprende que será la ley la encargada de regular el procedimiento de expropiación dentro de los términos consagrados en la norma constitucional.

El inciso final es una reproducción del inciso segundo del N°14, del texto constitucional vigente, y sólo se ha reemplazado la expresión "división de la propiedad" por el de "distribución de la propiedad" lo que, evidentemente, perfecciona el precepto.

N° 12°

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Este número consagra el principio de la inviolabilidad del hogar, que es una consecuencia lógica del respeto de la Carta Fundamental por la persona humana. Agrega el precepto que, la casa de toda persona que habita el territorio chileno sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente. La modificación aprobada tiene por objeto resguardar en mejor forma esta garantía constitucional, de tal manera que las órdenes que emitan las autoridades que legalmente están investidas de esta facultad sean extendidas por escrito y obligatoriamente darse copia al jefe del hogar o a quien en el momento del allanamiento haga sus veces.

N° 14°.

La libertad de trabajo consagrada en este número ha sido estructurada con una nueva modalidad en los N°s. 14, 15, 16 y 17, que se introducen en virtud de la presente Reforma Constitucional.

En el N° 14°, se asegura a todos los habitantes la libertad de trabajo y su protección; en seguida, este precepto consagra el derecho al trabajo complementándolo con la facultad de elegir éste libremente, y con los derechos a gozar de una remuneración suficiente que le asegure a él y a su familia, a lo menos, un bienestar acorde con ¡a dignidad humana, y a obtener, además, una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.

El inciso segundo reproduce, sustancialmente, el precepto del inciso tercero^ de la disposición vigente, y sólo se ha agregado como causal para prohibir alguna ciase de trabajo o industria el interés de los trabajadores determinado por una ley, con el objeto de permitir al legislador establecer esta prohibición en el evento de que las condiciones sociales de los trabajadores en una faena aconsejen impedir la continuación de las labores.

El inciso final consagra, a través de una norma constitucional, la prohibición de otorgar la propiedad, concesión o uso de los canales de televisión a personas naturales o jurídicas privadas, por estimarse que este importante medio de divulgación cultural debe quedar entregado a instituciones de carácter público, como ¡o son, por ejemplo, las Universidades.

N° 15 nuevo.

Este número consagra otros derechos sociales de los trabajadores. En primer término, la facultad de fundar sindícalos en el orden de sus actividades, o en la respectiva industria o faena, conceptos que comprenden el sindicato industrial y el sindicato profesional; y, asimismo, el derecho a reunirse en sindicatos para la defensa de sus intereses, todo de acuerdo con las normas que fije la ley. Se agrega que, la organización sindical es libre; y, para obviar el problema que deriva de los trámites para obtener la personalidad jurídica de los sindicatos, se dispone que bastará para ello el registro del acta constitutiva y de sus estatutos en las oficinas locales o centrales que determine ¡a ley.

Se garantiza, además, el derecho a la huelga en conformidad a las normas que establezca la ley.

N^ 16 nuevo.

El inciso primero de este precepto nuevo establece otro de los derechos sociales, conocido con el nombre de derecho a la seguridad social y asistencia médica, en los términos que se expresan en la disposición respectiva.

El inciso segundo fue introducido por esta Comisión y en su virtud se establece que el Estado instituirá el seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores. Este mandato tiene por objeto establecer la obligación del Estado de cubrir dicho riesgo a través de la institución que la ley cree, dotada de los medios que permitan un amparo real y efectivo de los asegurados.

El inciso final es una reproducción fiel del último inciso del precepto del N° 14 vigente.

N° 17 nuevo.

Este número puede definirse como la igualdad de acceso a los beneficios y responsabilidades de la comunidad, y constituye, por decirlo así una coronación de toda la estructura de las garantías y derechos fundamentales que nuestro orden jurídico consagra.

A este efecto se otorga el derecho a participar activamente en la vida social, cultura], cívica, política y económica de la nación, de manera de permitir el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. En este sentido se dispone que el Estado deberá remover todos los obstáculos que limiten la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y de la cultura, y aquellos servicios necesarios para conseguir tales objetivos, todo a través de los sistemas e instituciones que establezcan la ley.

Artículo 21.

La supresión de este artículo se fundamenta en la circunstancia de haberse creado un Capítulo VI nuevo, especial para la Contraloría General de la República, por las razones que se darán a conocer más adelante.

Artículo 22.

Este artículo sustituye el artículo 22 vigente que viene desde la Constitución de 1833 en los mismos términos.

En primer lugar se incorpora, dentro de nuestra Constitución Política, a las Fuerzas Armadas y a las de Orden. Se determina que son instituciones esencialmente profesionales, con lo cual se quiere establecer que están dedicadas a sus labores específicas, señaladas en la ley, y a las que les encomiende el Gobierno de la República. Enseguida, se indica que son jerarquizadas, en el sentido de que tienen un escalafón honde hay superiores e inferiores, ordenamiento que es el adecuado a ellas. Se agrega que son obedientes, concepto que fluye de la jerarquía y que significa que obedecen a un mando. Y, por último, se determina que no son deliberantes lo que implica que no pueden reunirse en forma colectiva para influir en el proceso político, económico o social del país.

Artículo 26.

La supresión de la atribución de que actualmente gozan, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, para pronunciarse sobre la inhabilidad de los miembros, se debe a que esta facultad se entrega al Tribunal Constitucional que se crea por esta Reforma en el Capítulo VIII.

Artículo 27.

En este precepto se eliminan las palabras "con derecho a sufragio" por las mismas razones que se dieron a conocer al hacer referencia a las enmiendas al artículo 7°

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Artículo 29.

Este artículo, que legisla sobre las incompatibilidades parlamentarias fue objeto de modificaciones emanadas, tanto del Ejecutivo algunas, como de otras presentadas por los señores Diputados, y que fueron aprobadas por esta Comisión.

La primera es de mera redacción y sustituye la palabra "Municipales" por "Regidores", que es la apropiada.

La segunda enmienda hace compatibles los cargos de parlamentarios con los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza, cualquiera que fuere su naturaleza y sea que éstas funciones se desempeñen en la ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso o en cualquier otro lugar del territorio nacional. Con esta modificación, que suprime las palabras finales "superior, secundaria -y especial con asiento en la ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso", se elimina un concepto que resulta anacrónico.

La extensión de las incompatibilidades parlamentarias, tal como se dijo al iniciar el presente informe, tiene por objeto rodear estas actividades del máximo de prestigio, de manera que ellas no aparezcan interferidas por la presión que pudieran ejercer intereses económicos privados. A este efecto, hace incompatible el cargo de parlamentario con todo empleo, función, cargo o comisión de cualesquiera naturaleza que se desempeñen en empresas bancarias, de seguros y otras sociedades anónimas, y además, en aquellas sociedades de cualquier clase cuyo giro principal o accesorio sea la importación o exportación de productos o mercaderías; en las que tengan aportes el capital extranjero y en las empresas de radiodifusión. Concordante con esta prohibición, se establece que ella afectará igualmente a quienes como personas naturales se dediquen a tales actividades de importación o exportación, como asimismo, a los que sean propietarios, arrendatarios o concesionarios de radiodifusoras comerciales.

La modificación que se introduce al inciso segundo tiende a lograr la concordancia necesaria entre este precepto y la norma anterior.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 transitorio, los parlamentarios afectados por estas incompatibilidades podrán, dentro del plazo de 60 días, optar entre el cargo incompatible y el de Diputado o Senador, bajo la sanción de cesación en el cargo de parlamentario si no hay opción declarada.

Artículo 31.

El inciso segundo, que configura las causales de cesación en el cargo de parlamentario, fue objeto de extensos estudios tanto en la Comisión, como por parte de una Subcomisión que se designara para su exclusiva consideración.

La primera parte de este inciso establece como causal de cesación en el cargo la aceptación de la designación para funciones, comisiones, cargos o empleos comprendidos en las incompatibilidades que se analizaron anteriormente en el artículo 29. La segunda parte de este concepto amplía la causal de cesación vigente por celebrar o caucionar contratos con el Estado o las entidades en que éste tenga participación a cualquier título, y además, con sus filiales; pero, exige para que se incurra en la infracción un elemento doloso, cual es el de que se hubiere obtenido provecho injustificado usando de la influencia parlamentaria, evitándose, de esta manera, que pudiera configurarse el hecho ilícito por la mera celebración de actos jurídicos inocuos con los que no se ha perseguido beneficio alguno, y que de ordinario se celebran por cualesquiera persona.

El párrafo siguiente de este inciso específica aún más esta causal al determinar que se incurrirá en ella sea que el parlamentario actúe a nombre propio o como administrador, representante o gestor de una sociedad en que tenga participación.

El acápite final es una reproducción fiel del correspondiente de la disposición vigente.

El inciso final complementa las prohibiciones anteriores al establecer que, sin perjuicio de otras limitaciones que establezcan los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, ningún parlamentario podrá intervenir en los debates y votaciones que se relacionen directamente o interesen a empresas comerciales, industriales y agrícolas, gremios o sindicatos en que ejerzan cargo, función, empleo o comisión de carácter directivo o asesor, bajo sanción de cesar en el respectivo cargo.

Artículo 35.

Como artículo nuevo, a continuación del 35, se ha consultado una disposición que fija las remuneraciones que percibirán los Diputados y Senadores. A este efecto determina que, por concepto de dieta les corresponderá una cantidad equivalente al sueldo base de Ministro de Corte Suprema, y para los gastos de representación y secretaría una suma que equivalga al cincuenta por ciento de la dieta, constituyendo esta última suma la única asignación complementaria que les corresponderá por el desempeño de sus cargos.

El precepto que comentamos fue originado en una proposición del Ejecutivo que fue aprobada en los mismos términos propuestos por esta Comisión; el mecanismo que establece permitirá el reajuste automático de la dieta parlamentaria cada vez que se eleve el sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema, evitándose de esta forma, la necesidad de dictar leyes especiales sobre tal materia.

Artículo 36.

A continuación del artículo 36, se introdujo uno nuevo que dispone que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tendrán las Comisiones permanentes que determinen sus Reglamentos, las cuales estarán constituidas de manera que en el conjunto de ellas están representados los Partidos Políticos como también todas las opiniones, en proporción al número de parlamentarios con que cuenten en una y otra Corporación.

El precepto que comentamos da vigencia constitucional a las Comisiones permanentes de ambas ramas del Congreso Nacional y determina la proporción en que estarán representados los Diputados y Senadores que integren los diversos Partidos Políticos, en el conjunto de ellos.

Artículo 37.

Este precepto innova fundamentalmente en las bases determinadas en la Constitución vigente para la generación de la Cámara de Diputados.

En la actualidad la composición de la Cámara de Diputados se realiza sobre la doble base de la población y del territorio, disponiendo que son elegidos por los departamentos o por las agrupaciones de departamentos colindantes, dentro de cada provincia, que establezca la ley; y que debe designarse un Diputado por cada 30.000 habitantes o fracción que no baje de 15.000.

Este sistema ha ocasionado una verdadera distorsión en la generación de este importante Poder Público. En efecto, en la actualidad la población, que es uno de los elementos básicos, está determinada por el censo de 1930 aprobado por D.F.L. N°115, de 1931, que estableció la existencia para el país de 4.287.445 habitantes, en circunstancias que el censo de 1960, que no ha sido aprobado, dio la cifra de 7.364.115 habitantes. En consecuencia, de aprobarse el último censo significaría un aumento considerable en el número de Diputados y, además, la mantención de las actuales agrupaciones y circunscripciones electorales significaría la concentración del mayor número de representantes en los sectores más densamente poblados del país, situaciones éstas que son de conocimiento público y que han sido analizadas reiteradamente en el Parlamento.

El proyecto establece un número fijo de Diputados a elegir; 150, en votación directa y en la forma que determine la Ley de Elecciones. Se sustituye el sistema de tomar como base los departamentos o agrupaciones de departamentos colindantes por el de las provincias. Se exceptúa de esta norma a la provincia de Santiago que se dividirá en 4 agrupaciones electorales formadas por los departamentos y comunas colindantes que fije la ley.

Si se analizan las agrupaciones departamentales que sirven de base actualmente para la elección de Diputados, se podrá observar que, con excepción de los 4 distritos de Santiago, y de la provincia de Nuble que forma dos agrupaciones, las de San Carlos e Itata, y la de Chillán, Bulnes y Yungay la agrupación de Llanquihue y Aisén, en el fondo existe una representación de tipo provincial y no una representación de departamentos o agrupaciones de departamentos, lo que demuestra que esta enmienda, que propone el Ejecutivo, significa solamente ajustarse a la realidad.

El inciso segundo del artículo determina que el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción, en su caso (Santiago), lo fijará la ley, mediante un sistema que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población. Pero con el propósito de salvar el inconveniente a que hemos hecho referencia anteriormente en orden a que pueda producirse la designación de ¡a mayor parte de los Diputados por las provincias o zonas más densamente pobladas, se estatuye que ninguna de ellas podrá elegir un número de Diputados mayor de 15. Igualmente, para obviar el inconveniente inverso, es decir que algunas zonas poco pobladas pudieran quedar casi sin representación parlamentaria, establece el precepto que ninguna provincia podrá elegir menos de 2 Diputados.

La Comisión aprobó, respecto de este artículo, una indicación fundada en el propósito de integrar a nuestra comunidad nacional de una manera más efectiva a los habitantes de la Isla de Pascua, para lo cual determina que se crea la circunscripción electoral correspondiente y que ella elegirá 1 Diputado.

Artículo 39.

Este artículo, que determina las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, fue objeto de fundamentales enmiendas que dicen relación con el juicio político y las facultades fiscalizadoras.

La modificación al párrafo final de !a causal 1^, letra b), dice relación con los permisos que requieren los Ministros de Estado para ausentarse del país. En este sentido se establece un claro distingo según que el Ministro de Estado haya sido o no objeto de una acusación constitucional: en el primer caso no puede ausentarse de la República sin permiso de la Cámara, o en receso de ésta de su Presidente. En la segunda situación, solamente si la ausencia del territorio nacional fuere por más de 10 días requerirá de igual autorización. Esta última disposición tiende a evitar en el futuro a los Ministros de Estado el tener que lograr el acuerdo de la Cámara para ausencias de carácter transitorio que en el ejercicio de sus cargos se ven obligados a realizar, muchas veces en cumplimiento de deberes protocolares.

Por la letra f) que se agrega en este artículo, se hace extensivo el juicio político a los ejecutivos de los servicios funcionalmente descentralizados, por infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes orgánicas del servicio respectivo, haberlas dejado sin ejecución, malversación de fondos públicos y concusión.

La innovación que se comenta permitirá a la Cámara de Diputados disponer de un medio eficaz de control respecto de todas las entidades que se encuentran bajo la supervigilancia del Presidente de la República, pero que poseen patrimonio propio y están dotadas por ley de personalidad jurídica distinta de la del Estado y que representan, aproximadamente, un 35% de la inversión pública total.

La sustitución que se propone en el inciso final de esta causal 1° del artículo 39, tiene por único objeto perfeccionar la redacción de la disposición manteniéndose su sentido.

La segunda de las enmiendas introducidas a este artículo y quizás la principal, se refiere al perfeccionamiento de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, establecida en la atribución 2° de este artículo.

En primer término cabe mencionar que se ha extendido la facultad de fiscalizar no sólo respecto de los actos del Gobierno, sino que, además, respecto de los actos de la administración, concepto que corresponde tanto a la administración centralizada como a la descentralizada.

En seguida, cabe destacar la introducción de una norma que viene a llenar un vacío manifiesto del sistema vigente y que se refiere a obligar a los Ministros de Estado a dar respuesta a las observaciones o acuerdos que les transmita la Corporación. Para este efecto se dispone que la ley deberá establecer un plazo dentro del cual se deberá contestar la interpretación correspondiente y, asimismo, la sanción por la infracción de la norma.

Por último, en virtud de la letra b) de esta atribución 2°, se ha otorgado reconocimiento constitucional a las Comisiones Investigadoras, que tienen una misión importantísima que cumplir como manifestación de la facultad fiscalizadora que compete a la Cámara de Diputados, pero cuyos resultados prácticos, hasta la fecha, han sido limitados.

La norma constitucional determina que estas Comisiones podrán ser designadas para que reúnan todos los antecedentes que juzguen necesarios sobre un determinado aspecto del estado administrativo o político de la nación, e informen sobre el particular a la Cámara. Se completa la disposición estableciendo que dichas Comisiones tendrán las atribuciones y el imperio que fije la ley, lo que significa que será preciso, en cumplimiento de tal mandato constitucional, dictar la norma legal correspondiente que les permita desarrollar su acción eficazmente.

Artículo 40.

El artículo 40 de texto vigente determina que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por las nueve agrupaciones provinciales que fija la ley, en atención a las características socio-económicas de las diversas regiones del país, y la 5° disposición transitoria señala las 9 agrupaciones provinciales.

La modificación aprobada a este artículo eleva a 10 las agrupaciones provinciales, y el artículo 4° transitorio determina que la 9° agrupación provincial estará formada por las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, y la 10° agrupación, por las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.

La superficie de la 9°agrupación será de 45.913,9 km2., y el número de sus habitantes de 571.470.

La superficie de la 10° agrupación será de 262.630,9 km2., y el número de habitantes de 210.339.

La necesidad de dividir la actual 9° circunscripción, cuya superficie es de 308.000 km2., se demuestra plenamente si se tiene presente la enorme extensión territorial que comprende, que es 18 veces más grande que la provincia de Santiago, y 20 veces más extensa que la de Aconcagua-Valparaíso. Por otra parte, la abundancia de sus riquezas mineras, y de la ganadera y agrícola hacen conveniente separar esta zona socio-económica de tal manera que sus intereses se hagan valer mejor ante los poderes públicos.

Artículo 43.

Una de las reformas importantes que se han propuesto por el Ejecutivo consiste en habilitar al Estado chileno para concurrir a la constitución de organismos supranacionales que contribuyan a una efectiva integración de nuestro continente latinoamericano.

El inciso tercero exige, para tal efecto. el voto conforme a la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio, quorum elevado que demuestra la importancia que se atribuye a tal acuerdo. Estos tratados deben asignar, en condiciones de reciprocidad, a instituciones supranacionales, determinados atributos o competencias que tengan por objeto la consolidación de la integración de las naciones de América Latina.

La modificación que se hace al inciso final del artículo complementa el texto nuevo al exigir que estas materias deberán votarse en ambas Cámaras.

La trascendencia que por parte del Ejecutivo se atribuye a las materias relacionadas con tratados internacionales que busquen el desarrollo de nuestro país ha determinado el establecimiento de la norma que dice que si el Congreso rechaza un tratado el Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, el que si es aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, se podrá ratificar.

Artículo 44

La supresión del N° 6°, que figura como primera enmienda a esta disposición y que dice relación con las remuneraciones que corresponden a los Diputados y Senadores, se explica puesto que, como hemos visto, se ha contemplado por esta Reforma, en una disposición nueva que figura a continuación del artículo 35.

En seguida, se trata de la delegación de facultades legislativas en la persona del Presidente de la República, materia que actualmente no se considera por la Constitución y que, fundado en el artículo 49 de ésta, se ha sostenido que es improcedente el otorgamiento de tales facultades.

Sin embargo, la necesidad de abordar situaciones de emergencia, y la práctica constitucional han determinado que desde 1929 hasta 1964, aproximadamente en 25 ocasiones el Congreso Nacional ha estimado conveniente delegar algunas de sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.

p]l precepto que se propone introducir en el número final de este articulo pone término a estas controversias al permitir que el Congreso, por virtud de una ley especial, delegue algunas de sus atribuciones legislativas en el Presidente de la República. Además, permite la dicta- ción de las denominadas leyes normativas que son aquellas que versan sobre materias respecto de las cuales la Constitución no exige que sean objeto de una ley, pero que el legislador puede dictar en uso de sus atribuciones soberana», pero en este caso deberá especificar las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer, y los principios y criterios que las informarán.

Sin embargo, la autorización para dictar leyes delegatorias de facultades legislativas no podrá comprender a las siguientes materias: a) las relativas a contribuciones, comprendidas en el 1°; b) las que se refieren a la Ley de Presupuesto, contenidas en el N° 4°; c) la que permita la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República y que se comprenden en el N° 10°; d) las que permitan la salida de tropas nacionales fuera del territorio chileno y que comprende el N° 11°; e) las que se refieran a la aprobación o reprobación de la de- claraciÓ2i de guerra y de que trata el N° 12°; f) las que se refieran a las materias de que trata el N°13°, que dicen relación con la restricción de las libertades personal, de imprenta y de reunión; g) las que concedan indultos generales y amnistías, que se tratan en el N° 14; h) las que tiene relación con la fijación de la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y que se contienen en el N° 15, de este mismo artículo 44; i) sobre nacionalidad; j) sobre ciudadanía; k) sobre elecciones; 1) sobre plebiscitos; y m) división política del país.

Para todas las leyes delegatorias se establece una ¡imitación general en orden a que la autorización sólo podrá otorgarse por un tiempo no superior a un año.

Artículo 45

La modificación inicial que se propone para el inciso primero de este artículo tiene por objeto perfeccionar la redacción del precepto.

Otra de las modificaciones fundamentales que se proponen por esta Reforma Constitucional dice relación con el reemplazo del inciso tercero de este artículo por los que se indican.

Expresa el Ejecutivo que es indudable que la enorme complicación de la economía moderna y la necesidad de planificar las inversiones y de señalar metas y prioridades, exigen planes no sólo a corto plazo, sino de desarrollo a largo plazo que requieren unidad de criterio tanto en las inversiones como en los gastos. Para la eficacia de estos planes es indispensable asegurar que tales finalidades preestablecidas no sean desvirtuadas por iniciativas contradictorias. En consecuencia, aprobada la orientación de la política económico-social, corresponde al Gobierno la responsabilidad de su ejecución lo que exige reservar a éste la iniciativa exclusiva en toda legislación que implique gastos u otras materias que pueden interferir con el cumplimiento de los planes o programas, por todo lo cual es urgente reservar al Poder Ejecutivo todas las leyes de esta naturaleza.

Vuestra Comisión comparte el criterio que inspira esta modificación y es por ello que le prestó su aprobación en los mismos términos propuestos, que significan completar las restricciones a la iniciativa parlamentaria consagradas por la Reforma Constitucional de 1943. De acuerdo con el texto aprobado, corresponderá al Presidente de la República, la iniciativa exclusiva para proponer leyes, aparte de aquellas consagradas en la Reforma de 1943, sobre las siguientes materias nuevas: para condonación total o parcial de impuestos o contribuciones en mora y sus intereses y sanciones; para conceder remuneraciones o beneficios al personal de los servicios públicos; para conceder o aumentar pensiones de jubilación, retiro, montepío o de gracia y otorgar abonos de tiempo servido; para fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado; aumentar obligatoriamente sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios y alterar las bases que sirvan para determinarlos; y, para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social.

Además, se establece que tendrá, de la misma manera, el Presidente de la República exclusividad en la iniciativa para proponer leyes interpretativas que declaren el sentido de las leyes que otorguen o regulen los beneficios mencionados en el precepto anterior y para patrocinar leyes sobre condonación de sumas que hayan sido percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones o de pensiones de gracia, jubilación, retiro o montepío, a todo el sector público.

Artículo 48

Las enmiendas que se proponen por este artículo dicen relación con la necesidad de agilizar los trámites del proceso de formación de la ley, materia que fue objeto de detenido estudio por esta Comisión.

El precepto que se propone tiende a establecer que los Reglamentos de ambas Corporaciones del Congreso deberán contener normas que permitan omitir la discusión y consiguiente aprobación en particular de los proyectos en la Sala, de tal manera que, una vez aprobados en general por la Corporación se entiendan aprobados en los mismos términos que consten del proyecto contenido en el segundo informe de Comisión, y sean remitidos, en consecuencia, en dicha forma a la otra Cámara.

El inciso segundo establece lo que se ha denominado el retorno de derecho, y que consiste en la facultad que conserva el Presidente de la República o la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara correspondiente, para disponer que, no obstante el procedimiento acordado, vuelvan estos proyectos para su discusión y votación particular en la Sala. La forma y plazos para hacer uso de esta atribución serán determinadas por los Reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no podrá adoptarse el procedimiento especial establecido en el inciso primero del artículo, respecto de algunas materias que, por su importancia, deben ser conocidas por la Sala en su discusión y votación particular. Estas materias son; las que dicen relación con las Reformas Constitucionales, los proyectos que reglamenten, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o .sus garantías; los relativos a la nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos; los que establezcan, modifiquen o supriman contribuciones; los que autoricen la declaración de guerra; los que autoricen la dictación de normas sobre materia de ley y, por último, los tratados internacionales.

Hacemos presente que procedimientos similares han sido contemplados en la Constitución Política de la República Italiana, lográndose positivos resultados en su aplicación práctica.

Artículos 52, 54 y 57

Las modificaciones a estos preceptos solamente tienden a perfeccionar su texto, y su alcance se desprende de su simple lectura.

Artículo 55

Las enmiendas que se introducen a este artículo tratan de hacerlo concordante con aquellos que se refieren, más adelante, a las normas sobre plebiscitos.

Además, en el último párrafo se ha sustituido el plazo adicional de 10 días, por el de 20 días, que tiene el Presidente de la República, en la actualidad, para devolver con observaciones un proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional cuando éste cerrare sus sesiones antes de haberse cumplido el plazo constitucional de 30 días, que es la norma general, y que está establecida en el inciso primero. Esta modificación se justifica si se tiene presente que al término de la legislatura ordinaria el Congreso despacha gran número de proyectos y si ha sido convocado de inmediato a legislatura extraordinaria el plazo de 10 días es exiguo para permitir un estudio acucioso por parte del Ejecutivo de cada iniciativa, y resolver si deben ser observados o no.

Artículo 56

En virtud de la modificación que se ha aprobado para el precepto establecido en este artículo, la legislatura ordinaria, que en la actualidad comprende al lapso entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año, se extiende hasta el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 72

La sustitución de la atribución 5° sólo tiene por objeto incluir a los Viceministros y Subsecretarios en el precepto constitucional que determina los funcionarios que son de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y que, en consecuencia, son nombrados a su voluntad.

El reemplazo que luego se propone de la atribución 8°, dice relación con la facultad que se otorga al Jefe del Estado, en ejercicio de su potestad disciplinaria, para remover a los funcionarios de su designación previo sumario instruido en conformidad a la ley, con la sola excepción de aquellos de libre designación del Presidente de la República que continúan con su régimen jurídico actual en el sentido de que pueden ser removidos a su voluntad.

Este precepto está en concordancia con el tercer artículo nuevo que se propone agregar en el párrafo "Administración Pública" y que establece que ningún funcionario civil podrá ser sancionado con medida disciplinaria sin que, previamente, se determine su responsabilidad en una investigación o sumario, con audiencia del inculpado, norma que constituye, evidentemente, una garantía eficaz para todo el personal de la administración civil del Estado.

La proposición comentada importa, además, eliminar el precepto vigente de la Constitución actual que exige el acuerdo del Senado para remover a los jefes de oficina o empleados superiores, requisito que se ha estimado perjudicial porque introduce un factor de tipo político ajeno al concepto unitario con que debe ejercerse la facultad de administrar el Estado por el Presidente de la República, y en razón, además, a que el sumario administrativo con intervención de la Contraloría General de la República constituye una garantía suficiente para el funcionario afectado.

Plebiscito

El Proyecto de Reforma propone agregar a continuación del artículo 72, seis artículos nuevos, de cuyo texto se desprende que se establece en nuestro régimen constitucional, el sistema plebiscitario.

Al fundamentar el Ejecutivo esta institución expresa que la ley debe ser verdadera expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, y para conseguirlo, puede ser necesario consultarlo y escuchar su opinión directa cuando se trata de adoptar las grandes decisiones de la vida política nacional. Agrega que a este fin tiende la iniciativa de introducir el plebiscito, forma de expresión democrática, que sin suplantar las atribuciones del Congreso, es contemplada por varias Constituciones modernas como una manera de resolver en definitiva mediante la expresión directa de la voluntad del pueblo, las discrepancias que se produzcan entre el Presidente de la República y el Parlamento, en materias legislativas de especial trascendencia.

En nuestro sistema actual, y de acuerdo con los moldes clásicos de la democracia representativa, el pueblo no tiene más intervención que la de elegir las autoridades, quedando al margen de toda otra participación de la actividad política. El avance de la cultura jurídica, la incorporación creciente de las masas a la vida cívica del país, la intervención que el Estado tiene en los intereses que el pueblo sustenta y reclama, hacen indispensable darle a éste una mayor intervención o participación, que esté de acuerdo con su madurez jurídica. El plebiscito realiza este propósito y por ende robustece el sistema democrático, porque contribuye a una mayor unidad de la nación, a la vez que^ el pueblo, el electorado y los gobernados, adquieran una mayor conciencia de su responsabilidad cívica.

El plebiscito, en consecuencia, tiene su fundamento en la disposición constitucional que consagra el principio de que la soberanía reside esencialmente en la nación.

El primero de los artículos propuestos sobre esta materia determina los casos en los cuales el Presidente de la República estará facultado para consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, y ellos son solamente los siguientes:

a) Cuando cualquiera de las Cámaras, en el primero o segundo trámite, deseche un proyecto de ley o de Reforma Constitucional propuesto por el Presidente de la República;

b) Cuando el Congreso rechace total o parcialmente las observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley o de Reforma Constitucional; y,

c) Cuando el Congreso rechazare un tratado propuesto por el Presidente de la República. (Art. 43, at. 5°).

El ejercicio de la facultad de convocar a plebiscito está sujeto a algunas restricciones.

En primer término, en los casos señalados en las letras a) y b) no procederá la convocatoria cuando el rechazo haya contado por lo menos, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, tratándose de un proyecto de ley, o los dos tercios de los miembros en ejercicio, si se trata de un Proyecto de Reforma Constitucional. En este caso el alto quórum expresado en el Congreso Nacional demuestra que existe una decidida mayoría en contra de la tesis del Ejecutivo, y no cabría, en consecuencia, el plebiscito.

En seguida, la Comisión aprobó el artículo que se propone como último y en virtud del cual el Presidente de la República sólo podrá convocar a plebiscito hasta por dos veces durante un período legislativo.

La Comisión introdujo también un artículo que tiene por finalidad procurar una información impartical acerca de la materia que será objeto de la consulta plebiscitaria, y a este efecto dispone que habrá acceso igualitario y gratuito de las diferentes opiniones y Partidos Políticos a los medios de publicidad y difusión, como asimismo, para el Gobierno. Entrega a la ley la reglamentación de este derecho, como también, la forma y extensión en que los medios de publicidad y difusión estarán obligados a acoger la propaganda política.

El procedimiento a que deberá sujetarse esta institución plebiscitaria se encuentra señalado en el segundo y en el tercero de los artículos nuevos que se proponen, y consiste en:

Primeramente, la convocatoria deberá -efectuarse dentro de los 30 días siguiente a aquel en que el Congreso rechace el tratado, las observaciones del Presidente de la República o una de las Cámaras deseche el proyecto de ley o de Reforma Constitucional.

En seguida, se establece que se ordenará mediante decreto supremo. Este decreto deberá contener: a) la fecha de la consulta al pueblo, que no podrá tener lugar pasados 60 días de la publicación del decreto, y b) el tratado, el proyecto rechazado, o los puntos en desacuerdo que el Presidente de la República somete a la decisión de la ciudadanía, según corresponda.

El Congreso tiene la facultad de solicitar, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de ese decreto, del Tribunal Constitucional, que se crea por el Capítulo VIII de esta Reforma, que resuelva sobre la procedencia del plebiscito o que fije los términos de la consulta plebiscitaria. Se otorga a este Tribunal Constitucional el plazo de 10 días para pronunciarse sobre tal petición.

El cuarto de los artículos nuevos relativos a esta materia determina los efectos que se siguen de la consulta plebiscitaria y expresa que, el proyecto aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, se promulgará como ley dentro de 10 días contados desde que el Presidente de la República tome conocimiento del oficio del Tribunal Constitucional en que le comunica el resultado del escrutinio. Y en la misma situación, el Presidente de la República podrá ratificar el tratado sometido a plebiscito.

En caso contrario, si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente de la República, éste deberá promulgar, dentro del mismo plazo de 10 días, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.

Artículo 73

La norma que se propone por este artículo, tiene por objeto crear los cargos de Viceministros a los cuales se les aplicarán todas las disposiciones que la Constitución establece respecto de los Ministros de Estado.

Esta innovación que ha sido adoptada por la mayoría de las democracias occidentales se fundamenta en la necesidad de que los diferentes Ministerios puedan contar con funcionarios de esta categoría que tomen conjuntamente con los Ministros respectivos una parte de la responsabilidad de las cada vez más complejas labores que corresponden a las Secretarías de Estado, abordando y solucionando problemas que deben ser resueltos a nivel ministerial; y, además, permitir que ellos puedan subrogar a los Ministros de Estado en caso de ausencias o impedimentos de carácter transitorio.

Artículo 74

Los preceptos que se agregan por este artículo, tienen por finalidad hacer aplicables a los Ministros de Estado, y asimismo a los Viceministros, las causales de incompatibilidad y de cesación de sus cargos establecidas respecto de los Diputados y Senadores en los artículos 29 y 31, procurándose, por este medio, alcanzar la máxima dignificación e independencia en las funciones que están llamados a desempeñar.

También se establece que el Ministro o Viceministro deberá optar, dentro del plazo de 15 días contado desde que asuma sus funciones, y bajo la sanción de cesar en el respectivo cargo.

Artículo 77

La enmienda de que es objeto esta disposición tiene por finalidad salvar un error de redacción que contiene el precepto vigente.

Artículo 78

Corresponde, en seguida, referirse a las modificaciones introducidas a este artículo que se refieren al derecho de los Ministros y Subsecretarios para asistir a las sesiones de ambas ramas del Congreso.

El párrafo primero de la disposición sustitutiva es igual a la vigente con la sola supresión de la frase "pero sin derecho a voto" que ha sido eliminada por estimársela demás, ya que es evidente que los Ministros de Estado carecen de tal derecho.

En seguida, concordante con otras modificaciones que han otorgado rango constitucional a los Subsecretarios de Estado, el precepto los faculta también para asistir, cuando lo estimen conveniente, a las sesiones de las Comisiones de ambas ramas del Congreso.

La Comisión introdujo, a continuación, un inciso nuevo, cuyo objeto es otorgar a los señores Diputados y Senadores la facultad de acordar la asistencia obligatoria de un Ministro de Estado a las sesiones de la Cámara o el Senado, o la de un Subsecretario, a las sesiones de las Comisiones.

Es obvio que, para la discusión de un proyecto o para la iniciación de un proceso de fiscalización puede ser necesario el llamado a Sala de un Secretario de Estado, y a este efecto- la disposición que se comenta establece que, con el voto conforme de un tercio de los Diputados o Senadores en ejercicio podrá acordarse tal concurrencia.

Por otra parte, la asistencia obligatoria de un Ministro de Estado o de un Subsecretario a las sesiones de Comisiones, podrá acordarse con el voto conforme de los dos tercios de los Diputados o Senadores pertenecientes a la Comisión, en el primer caso, o la mayoría de ellos, en el segundo.

El último inciso de este artículo 78, extiende el privilegio consignado respecto de Diputados y Senadores en el artículo 32 de la Constitución, a los Ministros de Estado, pero declarando que ellos son solamente inviolables por las opiniones que emitan en la Sala y en las Comisiones del Congreso.

Administración Pública.

La Reforma consulta, a continuación de este artículo, la creación de un párrafo especial denominado "Administración Pública" y que se compone de tres artículos.

La importancia que después de la última Reforma Constitucional de 1925 ha pasado a tener la Administración Pública, hacen indispensable consultar algunas reglas fundamentales en la Carta Política respecto de ella. Las necesidades, siempre crecientes, de la comunidad nacional han originado la creación por el legislador de numerosos organismos que han sido denominados de diversas maneras pero que, si se analizan en sus elementos fundamentales pueden, a su vez, clasificarse en dos grandes grupos principales.

El primero de los artículos de este párrafo tiene este propósito. Clasifica a las diversas entidades del Estado, y al efecto determina que los servicios de la administración nacional pueden ser centralizados o funcionalmente descentralizados.

Los primeros son aquellos que se encuentran bajo la subordinación jerárquica del Presidente de la República, carecen de patrimonio propio, y realizan su actividad mediante la personalidad jurídica del Estado, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos.

Son servicios funcionalmente descentralizados aquellos que se encuentran bajo la supervigilancia del Presidente de la República, tienen patrimonio propio y están dotados por ley de personalidad jurídica distinta de la del Estado, como por ejemplo la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, u otras instituciones semifiscales. La supervigilancia del Presidente de la República respecto de estos servicios funcionalmente descentralizados se puede manifestar de diversas maneras, ya sea nombrando a un Vicepresidente Ejecutivo, aprobando sus presupuestos, etc., pero no dependen jerárquicamente del Jefe del Estado.

En consecuencia, el propósito de esta disposición es el de racionalizar los servicios públicos, de tal manera que el legislador tenga una pauta para seguir cuando se manifieste la necesidad de crear algún servicio nuevo para la atención de determinadas funciones.

El artículo siguiente establece la forma cómo se hará efectiva la subordinación jerárquica de los servicios centralizados y al supervigilancia del Presidente de la República sobre los servicios funcionalmente descentralizados, disponiendo al efecto que ella se hará a través del Ministerio correspondiente, a menos que la ley disponga que se ejerza directamente por el Presidente de la República.

El último de estos tres artículos ya fue analizado anteriormente y sólo agregaremos en esta oportunidad que tiene por objeto garantizar al personal de la Administración Pública que no podrá ser afectado por medidas disciplinarias sin que, previamente, se determine su responsabilidad en una investigación o sumario celebrado con audiencia del inculpado. Estos sumarios están encargados en la actualidad a la Contraloría General de la República.

Contraloría General de la República

El Proyecto de Reforma Constitucional en informe consulta, a continuación, la creación de un Capítulo nuevo con el número VI, que se denominará "Contraloría General de la República".

La importancia que este organismo contralor tiene para la buena marcha de los servicios del Estado chileno ha hecho aconsejable establecer un capítulo separado en la Constitución que contenga la norma fundamental que lo rige.

El artículo que compone este capítulo es igual en todo su texto al actual artículo 21 de la Constitución Política vigente. Sólo se ha cambiado la ubicación del inciso primero que ha pasado a ser inciso final.

Tribunal Calificador de Elecciones

El Capítulo VI actual, de la Constitución, pasa a ser Capítulo VII en virtud de las Reformas que introduce el Proyecto en informe, y el artículo 79 que lo compone fue objeto de algunas enmiendas que, en general, tienden a perfeccionar el funcionamiento del Tribunal Calificador, como asimismo, el procedimiento para la calificación de los actos electorales.

Para evitar que integren el Tribunal Calificador de Elecciones Diputados o Senadores que se encuentren en plena actividad política, se dispone que no podrán integrarlo cuando ellos se encuentren en ejercicio de sus funciones parlamentarias.

En cuanto al procedimiento de calificación de los actos electorales que ha sido objeto de controversias acerca de si el escrutinio que a veces realiza debe ser publicó, de acuerdo con las reglas generales de actuación de los Tribunales, o si, por formar parte del acuerdo, debe tener carácter reservado, se resuelve, por la disposición nueva, en el sentido de que los escrutinios podrán ser presenciados por las partes directamente interesadas en sus resultados.

La última enmienda tiene por objeto esclarecer la disposición vigente en el sentido de establecer que, cuando los Ministros de la Corte Suprema o de la de Apelaciones, que integren el Tribunal Calificador, pierden su calidad de miembros de los Tribunales de Justicia, perderán, consecuencialmente, su calidad de miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, debiendo ser reemplazados.

Tribunal Constitucional

A continuación el Proyecto de Reforma Constitucional aprobado por Vuestra Comisión, propone la creación de un Capítulo nuevo, con el número VIII y el epígrafe "Tribunal Constitucional", compuesto de cuatro artículos.

La necesidad de mantener la supremacía del orden constitucional y los efectos limitados que tiene el recurso de inaplicabilidad establecido en el artículo 86 de la Constitución, han movido al Ejecutivo y a esta Comisión a prestar su aprobación -i un conjunto de normas por las que establece el Tribunal Constitucional, señala sus atribuciones, la forma cómo estará integrado, los requisitos que deberán reunir las personas que lo compongan, y los efectos que emanen de sus resoluciones.

La creación de esta especie de Tribunal se conforma con los más modernos textos constitucionales, y a este efecto cabe mencionar las Constituciones de la República Italiana que, en los artículos 134 y siguientes del Capítulo VI, aborda esta materia ; de la misma manera, la Constitución de la República Federal de Alemania, en el capítulo IX consulta normas sobre este particular; y, asimismo, la Constitución de la IV República Francesa, que en el título VII crea el Consejo Constitucional, con facultades similares.

El primero de los artículos que integran este Capítulo, fija las materias que serán de competencia del nuevo Tribunal Constitucional.

Su letra A) se refiere al control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Se entiende por control preventivo la facultad que se otorga a este Tribunal para pronunciarse respecto de la constitucionalidad del contenido de los proyectos de ley y de los tratados durante su gestación. En consecuencia, sólo le corresponde resolver acerca de si uno o más preceptos de estas iniciativas infringen alguna de las normas de nuestra Constitución Política.

La consulta sólo podrá hacerse por el Presidente de la República o cualquiera de las Cámaras, y la oportunidad para formularla será para el primero de los nombrados, dentro del plazo en que puede plantear observaciones a un proyecto despachado por el Congreso Nacional, o dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del proyecto por la Cámara revisora.

La formulación de la consulta tiene por efecto suspender la tramitación del proyecto por 15 días, en las Cámaras, o también, el plazo para formular observaciones respecto del Presidente de la República y, dentro del término señalado el Tribunal deberá evacuar su dictamen. Al no ocurrir esto continuará la tramitación del proyecto o regirá el plazo para formular observaciones, según corresponda.

El párrafo final de esta letra determina el efecto que se produce por la decía-ración de inconstitucionalidad sobre una disposición y señala que ella no podrá convertirse en ley.

Objeto de especial consideración por Vuestra Comisión fue la materia que trata de precisar si estas resoluciones tienen el carácter de definitivas y permanentes, adoptándose al respecto un criterio ecléctico que establece que podrán renovarse, una vez transcurrido el plazo de dos años, aquellas disposiciones declaradas inconstitucionales, pero en tal caso deberán, necesariamente ser sometidas nuevamente al conocimiento y decisión del Tribunal Constitucional.

El control represivo de la supremacía constitucional se encuentra contemplado en la letra B) del artículo en informe.

Tal como se expresó al conocer de las enmiendas introducidas al artículo 44, una de las Reformas fundamentales que se han adoptado consiste en permitir la dictación de leyes delegatorias de facultades legislativas y de leyes normativas.

Con el objeto de controlar que los Decretos con Fuerza de Ley se ajusten a los preceptos constitucionales se faculta a este Tribunal para conocer del recurso de inconstitucionalidad respecto de las normas que se dicten en cumplimiento de las facultades delegadas.

Sin embargo, en atención a que no es posible permitir que pudiera recurrirse en contra de estas normas en cualquier tiempo, con lo que se crearía inseguridad respecto de los derechos y obligaciones que de ellas emanaren, se dispone que sólo podrá interponerse el recurso de inconstitucionalidad dentro del "plazo de 30 días siguientes a la publicación del respectivo DFL.

La resolución del Tribunal que acoja el recurso traerá como consecuencia que quedarán sin efecto los actos y medidas adoptadas en su virtud.

Además, se determina que el Presidente de la República dispondrá de un plazo de 30 días para dictar nuevas disposiciones sobre la misma materia.

El número segundo de esta letra B) faculta al Tribunal para pronunciarse, además, sobre la constitucionalidad de los acuerdos y tratados internacionales.

La letra C) es concordante con lo establecido en el tercer artículo nuevo introducido en materia de plebiscito, y en su virtud se faculta al Tribunal Constitucional para decidir, a requerimiento del Congreso, tanto respecto de la procedencia de la consulta al pueblo decretada por el Presidente de la República, como respecto de los términos en que ella debe ser formulada. Además, se declara en forma terminante que el plebiscito no podrá efectuarse si el Tribunal Constitucional lo estima improcedente.

Por la letra D) se entrega al Tribunal Constitucional el conocimiento de las contiendas de competencia que pudieren suscitarse, entregando a la ley su determinación.

En todas las materias comprendidas en los preceptos anteriores, el Tribunal sólo podrá proceder conforme a derecho.

Por último, y de acuerdo con la letra E), se sustrae del conocimiento del Congreso Nacional y se entrega al Tribunal Constitucional la resolución respecto de las inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades anteriores y sobrevinientes que afecten a Diputados, Senadores y Ministros de Estado.

En la apreciación de los hechos que sirvan de fundamento para resolver sobre estas prohibiciones deberá el Tribunal proceder como jurado, pero en la sentencia resolverá conforme a derecho.

Las resoluciones que emita este Tribunal tendrán un carácter de permanente y definitivo, ya que no procederá recurso alguno en su contra.

Con el objeto, también, de dar debida publicidad a resoluciones de tanta trascendencia se dispone que la sentencia deberá publicarse en el Diario Oficial y la norma afectada dejará de tener eficacia jurídica desde el día siguiente a tal publicación. La composición del Tribunal Constitucional se encuentra determinada en el artículo tercero de este Capítulo.

El Presidente de la República elegirá dos personas que integrarán el Tribunal, dentro de los 30 primeros días de su mandato.

La Cámara de Diputados y el Senado designarán un miembro cada una de ellas. Esta designación deberá hacerse en una sesión que se celebrará dentro de los 15 primeros días de cada período legislativo, y quedarán nombradas las personas que obtengan los dos tercios de los votos de los miembros presentes, de una y otra Cámara. El alto quorum exigido para la designación de estas personas se fundamenta en el deseo de que ellas representen tanto a la mayoría como a la minoría, y en consecuencia, en la medida de lo posible, se trate de nominar a aquellos ex parlamentarios que, además de cumplir los requisitos que se exigen en el artículo siguiente, reúnan las mejores aptitudes para desempeñar el cargo.

Por último, la Corte Suprema designará de entre sus miembros a tres Ministros, dentro de los 15 primeros días de cada período legislativo.

El Presidente del Tribunal será elegido por todos sus integrantes de entre los Ministros de la Corte Suprema que formen parte de él.

El tiempo de ejercicio en el cargo de los miembros que designe el Presidente de la República será igual al lapso que dure el mandato presidencial.

Además, este artículo señala que el Tribunal Constitucional tendrá competencia para conocer, hasta su total terminación, de todas las cuestiones que le haya correspondido conocer durante el respectivo período legislativo.

Las calidades que han de reunir las personas que integrarán el Tribunal Constitucional y que son de designación del Presidente de la República y de ambas ramas del Congreso Nacional, son las siguientes: a) haber ejercido el cargo de Senador por lo menos durante un período, o el de Diputado, durante dos períodos; y, b) estar en posesión del título de abogado por más de 10 años, o haber ejercido la judicatura en los Tribunales Superiores de Justicia, o haber desempeñado por más de 10 años una cátedra como profesor titular en alguna de las Facultades de Derecho del país. En esta forma se ha asegurado que el Tribunal Constitucional se integrará por miembros versados en Derecho.

Para asegurar la independencia de los miembros del Tribunal, se declara que sus cargos son incompatibles con el de Diputado o Senador, y con todo empleo, función o comisión retribuido con fondos fiscales o municipales; como asimismo, con todo empleo, función o comisión de la misma naturaleza, con las únicas excepciones de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza y de los cargos de Ministro y abogado integrante de la Corte Suprema.

Asimismo, y con igual finalidad se dispone que gozarán de inviolabilidad por las opiniones que manifiesten, y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos; como igualmente, del fuero que resguarda a Diputados y Senadores a que se refieren los artículos 33, 34 y 35.

Finalmente, se entrega a la ley la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, la subrogación y reemplazo de sus miembros y sus remuneraciones.

El artículo 5° transitorio, de este proyecto, agrega que los miembros del Tribunal deberán ser designados dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de esta ley, y deberá constituirse dentro de los 30 días siguientes a la última designación.

Poder Judicial

En este capítulo, que pasa a ser IX, como consecuencia de las enmiendas propuestas, se contienen modificaciones a los artículos 80, 81, 83 y 87.

Artículo 80

En este artículo se ha introducido una enmienda por la que se faculta al Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte Suprema, y por razones de buen servicio, para crear Juzgado.3 de Letras y aumentar las plazas de Ministros de las Cortes de Apelaciones, Relatores, Secretarios, Receptores y personal subalterno de la Administración de Justicia.

Esta modificación tiene por objeto procurar un mejoramiento de la Administración de Justicia, permitiendo el aumento de personal siempre bajo el control de la Corte Suprema, a medida que las necesidades del servicio lo aconsejen.

Artículo 81

La enmienda que se propone para esta disposición sólo persigue alcanzar la concordancia necesaria con lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 83

La modificación que se introduce por este artículo se refiere a la forma como deben ser integradas las quinas para el nombramiento de los Ministros y Fiscales de la Corto Suprema. En la actualidad ellas deben estar formadas por los dos Ministros más antiguos de Corte de Apelaciones, y los otros lugares deben llenarse en atención a los méritos de los candidatos pudiendo figurar personas extrañas a la Administración de Justicia. La enmienda propone que se integren con un Ministro de Corte de Apelaciones más antiguo, y los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los méritos de los candidatos pudiendo figurar, igualmente, personas extrañas a la Administración de Justicia.

Artículo 85

La modificación que se propone para el inciso primero sólo persigue perfecciona'^' la redacción del precepto.

Por otra parte, la agregación de un párrafo final a este inciso tiene por finalidad establecer que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia terminen su carrera cuando hayan cumplido 70 años de edad, y respecto de los Jueces de Letras cuando hayan cumplido 65 años de edad. Las modificaciones a los artículos precedentes han sido aceptadas por la Excma. Corte Suprema.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo ||AMPERSAND||quot;Z'-' transitorio, este precepto comenzará a regir un año después de estar en vigencia la presente Reforma.

Artículo 87

La redacción del precepto constitucional vigente ha dado origen a diversas dificultades de interpretación que la norma sustitutiva elimina.

En primer lugar, la regla vigente establece que estos Tribunales tendrán facultad para resolver respecto de las reclamaciones que se interpongan en contra de los actos "o disposiciones arbitrarias" de las autoridades políticas o administrativas. Estas palabras "o disposiciones arbitrarias" se han prestado para dificultades en la determinación de su correcto sentido y alcance, por lo cual el precepto nuevo las suprime, quedando simplemente la frase "actos de las autoridades políticas o administrativas cuyo conocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la Constitución o las leyes".

En seguida, el precepto vigente determina que la organización y atribuciones de estos Tribunales Administrativos son materia de ley; pero, como este artículo se encuentra ubicado dentro del capítulo del Poder Judicial, se ha discutido intensamente si deben forzosamente quedar bajo la dependencia o tuición de éste o si tendrán un carácter autónomo. La enmienda que se propone al respecto termina igualmente con el inconveniente, y entrega a la ley la determinación de la relación de estos Tribunales con el Poder Judicial, con la Administración Pública como igualmente su organización y atribuciones.

Reforma de la Constitución

Artículo 109

En el Capítulo X, que pasa a ser XII, se introducen algunas enmiendas al artículo 109.

En este capítulo se contienen reglas relativas a la Reforma de la Constitución Política del Estado, y en lo relativo al veto la disposición vigente sólo permite al Presidente de la República proponer modificaciones o correcciones a las Reformas acordadas por el Congreso Pleno, por lo cual se le impide proponer ideas nuevas en la formulación del veto, por la vía que se conoce con el nombre de veto aditivo.

La Reforma que se propone tiende a salvar este impedimento permitiendo al Jefe del Estado, por medio del veto aditivo, reiterar solamente ideas contenidas en el Mensaje o en indicaciones formuladas oportunamente por el Presidente de la República o por los Ministros de Estado, y que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados o el Senado.

Además, se establece que el proyecto de Reforma Constitucional no podrá ser rechazado totalmente por el Presidente de la República pudiendo solamente devolverlo proponiendo observaciones o correcciones.

Artículos transitorios

De entre estas disposiciones transitorias solamente nos queda por hacer referencia al artículo 19, que faculta al Presidente de la República para fijar el texto definitivo de la Constitución Política del Estado de acuerdo con los términos de esta Reforma y las anteriores.

Todos los otros artículos transitorios han sido analizados al tratar de las materias específicas de que tratan.

Financiamiento

El Mensaje que inició este Proyecto de Reforma Constitucional ha sido tramitado además de a esta Comisión a la Comisión de Hacienda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 61 y*62 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

A este respecto conviene tener presente que las disposiciones que modificaban el Capítulo IX, sobre "Régimen Administrativo Interior" y que se contenían en el referido Mensaje y que importaban gastos, fueron retiradas por el Presidente de la República.

De las disposiciones aprobadas por la Comisión de este trámite y que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61 del Reglamento correspondería conocer a la Comisión de Hacienda, figuran en los siguientes artículos: Artículo nuevo a continuación del artículo 35; artículo 37; artículo 40, en relación con el artículo 4^ transitorio; y, artículo nuevo que crea el Tribunal Constitucional.

Por las consideraciones expuestas,, y las que en su oportunidad os dará a conocer el señor Diputado Informante, Vuestra Comisión recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional

"Artículo único.- Modifíquese, en la forma que a continuación se indica la Constitución Política del Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo texto definitivo fue fijado por resolución de 18 de septiembre de1925, y modificado por las leyes 7.727, de 23 de noviembre de 1943, 12.548, de 30 de septiembre de 1957, 13.296, de 2 de mayo de 1959 y 15.295 de 8 de octubre de 1963;

Artículo 5°

Intercálese, en el 2°, a continuación de las palabras "en actual servio de la República", las siguientes: "o de organismos internacionales a los cuales se encuentre adherido el Estado de Chile,".

Artículo 7°

Sustituyese, por el siguiente

"Artículo 7°-Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y estén inscritos en los registros electorales. El sufragio se emitirá en la forma que señale la ley.

Los registros electorales serán públicos y valdrán por el tiempo que determine la ley, las inscripciones serán continuas y sólo se suspenderán en los plazos que la ley señale.

El sufragio será siempre secreto.".

Artículo 89

Reemplácese, en el 1^, la palabra "reflexiblemente" por "reflexivamente".

Artículo 9°

Suprímanse, en el inciso primero, las expresiones "con derecho a sufragio".

CAPITULO III

Reemplácese el epígrafe "Garantías Constitucionales" por el siguiente: "Derechos y Garantías Constitucionales".

Artículo 10

Agréguese, en el N" 1°, al final del inciso primero, en punto seguido, la frase siguiente: "Corresponde al Estado otorgar asistencia jurídica a quienes, para hacer efectivos los derechos que las leyes les reconocen, no puedan procurársela por sí mismos.".

Reemplácese, en el 9°, inciso quinto, las palabras "método de reclutas y reemplazos" por las siguientes: "sistema de reclutamiento".

Sustituyese, el N° 10, por el siguiente:

"N° 10.- El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Cuando el interés de la comunidad lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de determinadas especies de propiedad.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación para que aquélla cumpla con la función social que el legislador califique. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte que deba enterarse al contado, el plazo y condiciones en que se entregará el saldo, si lo hubiere, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado.

El Estado propenderá a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.".

Reemplácese, en el N° 12°, en el inciso segundo, la frase final que dice: "y en virtud de orden de autoridad competente;" por la siguiente: "y en virtud de orden escrita de autoridad competente de la cual necesariamente se dará copia al jefe del hogar o a quien en el momento del allanamiento haga sus veces;".

Sustituyese el N°14, por el siguiente:

“N°14°.- La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y a su familia a lo menos un bienestar acorde con la dignidad humana, y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional o el interés de los trabajadores y una ley lo declare así.

Sin embargo, la propiedad, concesión o uso de canales de televisión no podrán otorgarse a personas naturales o jurídicas privadas.".

Intercálese, como N° 15, el siguiente;

"N° 15.- El derecho a fundar sindicatos en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena y a sindicarse para la defensa de sus intereses, y el derecho a huelga, todo ello en conformidad a la ley.

La organización sindical es libre. Para que los sindicatos gocen de personalidad jurídica sólo será necesario el registro de sus estatutos y acta constitutiva en las oficinas locales o centrales que fije la ley."

Intercálese, como N° 16, el siguiente:

"N° 16.- El derecho a la seguridad social especialmente en cuanto garantice a toda persona la protección del Estado en caso de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad o aptitud para el trabajo y de cesantía involuntaria. Toda persona tiene derecho a la asistencia médica y al amparo en estado de embarazo, orfandad, viudez y vejez, o en otra situación que le impida el pleno ejercicio de sus facultades físicas o mentales.

El Estado instituirá el seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores.

Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad."

.

Intercálese, como N° 17, el siguiente;

"N° 17.- El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y de la cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e instituciones que señale la ley.".

Artículo 21

Suprímase

Artículo 22

Sustitúyase, por el siguiente;

"Artículo 22.- Las Fuerzas Armadas y las de Orden son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes.".

Artículo 26

Suprímase, en el inciso segundo, las palabras siguientes; "pronunciarse sobre la inhabilidad de sus miembros y para" .

Artículo 27

Elimínense, en el inciso primero, las palabras "con derecho a sufragio".

Artículo 29

En el inciso primero reemplácese la palabra "Municipales" por "Regidores"; suprímanse las palabras finales "superior, secundaria y especial, con asiento en la ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso.", colocando un punto después de la palabra "enseñanza"; y, agréguese, como párrafo final de este inciso, el siguiente: "Son incompatibles también con todo empleo, función, cargo o comisión de cualesquiera naturaleza que se desempeñe en empresas bancarias, de seguros y otras sociedades anónimas y además en aquellas sociedades de cualquier tipo cuyo giro principal o accesorio sea la importación o exportación de productos o mercaderías; en las que tengan aportes de capital extranjero y en las empresas de radiodifusión. La misma incompatibilidad afectará a quienes como personas naturales se dediquen a la importación o exportación de productos o mercaderías y a quienes sean propietarios, o arrendatarios o concesionarios de radiodifusoras comerciales.".

En el inciso segundo, intercálese, entre las palabras "comisión" y "que desempeñe" las siguientes: "o actividad"; y sustituyese, la conjunción "o" que antecede a la palabra "comisión", por una coma (,).

Artículo 31

Reemplácese el inciso segundo, por los siguientes:

"Cesará también en su cargo el Diputado o Senador qua durante su mandato aceptare ser designado para función, comisión, cargo o empleo comprendidos en las incompatibilidades establecidas en el artículo 29, el que celebrare o caucionare contratos con el Estado, con entidad en que éste tenga participación a cualquier título o con sus filiales y por medio del cual hubiere obtenido provecho injustificado, usando su influencia parlamentaria.

ya sea que actúe en su nombre o como administrador, representante o gestor de una sociedad en qua tenga participación, y el que actuare como abogado o mandatario en juicio pendiente contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo.

"Sin perjuicio de otras limitaciones que establezcan los Reglamentos de las Cámaras, ningún Diputado o Senador podrá intervenir en los debates y votaciones de las Comisiones o de la Sala que se relacionen directamente o interesen a empresas comerciales, industriales, o agrícolas, gremios o sindicatos en que ejerzan cargo, función, empleo, o comisión, de carácter directivo o asesor. El Diputado o Senador que contraviniere esta prohibición cesará en su cargo.".

Artículo 35

Agréguese, a continuación de este artículo, y como artículo nuevo, el siguiente:

"

Artículo...- Los Diputados y Senadores sólo percibirán como dieta una cantidad equivalente al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema y además, para gastos de representación y de secretaría y como única asignación complementaría por el desempeño de su cargo, una suma correspondiente al cincuenta por ciento de la dieta.".

Artículo 36

Agréguese, a continuación de e.ste artículo, y como artículo nuevo, el siguiente:

"Artículo…- La Cámara de Diputados y el Senado tendrán las Comisiones permanentes que determinan sus Reglamentos. Esas Comisiones estarán constituidas de manera que, en el conjunto de ellas, estén representados los Partidos Políticos y las opiniones en proporción alnúmero de Diputados y Senadores con que cuenten, en una u otra Corporación.".

Artículo 37

Reemplácese por el siguiente:

"Artículo 37.- La Cámara de Diputados se compone de ciento cincuenta miembros elegidos por las provincias, en votación directa y en la forma que determine la Ley de Elecciones. No obstante, para estos efectos, la provincia de Santiago se dividirá en cuatro circunscripciones electorales formadas por los departamentos y comunas colindantes que establezca la ley.

El número de Diputados, que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción, en su caso, lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de su población. Sin embargo, ninguna de ellas podrá elegir un número inferior a dos Diputados ni uno superior a quince, salvo la circunscripción de Isla de Pascua que elegirá uno.".

Artículo 39

Reemplácese, en la atribución 1°, letra b), el párrafo final que dice; "Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República, sin permiso de la Cámara, o en receso de ésta, de su Presidente.", por el siguiente: "Interpuesta una acusación no podrá ausentarse de la República sin permiso de la Cámara, o, en receso de ésta, de su Presidente. Requerirá, además, igual permiso cuando esa ausencia fuere por- más de diez días.".

Agréguese, en la misma atribución 1°, a continuación de la letra e), la siguiente letra f):

"f) De los Vicepresidentes Ejecutivos, Directores Generales o Jefes de los servicios funcionalmente descentralizados, por infracción a la Constitución, atropella- miento de las leyes orgánicas del servicio respectivo, haberlas dejado sin ejecución, malversación de fondos públicos y concusión.".

En consecuencia, suprímase la conjunción "y" que figura al final de la letra d), sustituyéndose la coma (,) que la antecede, por un punto (.); y, reemplácese el punto (.) que figura al final de la letra e), por una coma (,), y agréguese a continuación la conjunción "y".

Sustituyese, en el inciso final de la. atribución 1° el párrafo inicial que dice: "En los demás casos, el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declaré que ha lugar la acusación.", por el siguiente: "Desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación el acusado quedará suspendido de sus funciones, salvo en el caso de la letra a).".

Reemplácese la atribución 2°, por la siguiente:

"2°Fiscalizar los actos del Gobierno y de la Administración. Para ejercer esta atribución la Cámara puede, con el voto de la mayoría de los Diputados presentes:

a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República. Los acuerdos u observaciones no afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán contestados por escrito o verbalmente por el Ministro que corresponda, dentro del plazo y bajo la sanción que la ley establezca; y

b).Designar de su seno Comisiones Investigadoras para que reúnan todos los antecedentes que juzguen necesarios sobre un determinado aspecto del estado administrativo o político de la Nación, e informen sobre el particular a la Cámara. Estas Comisiones tendrán las atribuciones y gozarán del imperio que fije la ley.".

Artículo 40

Reemplácese la palabra "nueve" por "diez".

Artículo 43

En la atribución 5°, intercálense, como incisos segundo y tercero, los siguientes:

"Si el Congreso rechazare un tratado podrá el Presidente de la República consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito. Si la mayoría de los sufragios válidamente emitidos aprobare el tratado, el Presidente de la República podrá ratificarlo.

"Con el voto conforme de la mayoría da los Diputados y Senadores en actual ejercicio, podrán aprobarse tratados que asignen, en condiciones de reciprocidad, determinados atributos o competencias a instituciones supranacionales destinadas a promover y consolidar la integración de las naciones de América Latina.".

Agréguese, en el inciso final, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la siguiente frase: "Pero deberán ser votados en ambas Cámaras.".

Artículo 44

Suprímase el N°6°; y,

Agréguese el siguiente número final:

"N°…- Autorizar al Presidente de la República para que dicte normas sobre materia de ley no comprendidas en los N°s. 1°, 4°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de este artículo o que no se refieran a la nacionalidad y a la ciudadanía, elecciones y plebiscitos y a la división política del país. La autorización sólo podrá otorgarse por un tiempo no superior a un año, señalará las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer y los principios o criterios que las informarán.".

Artículo 45

Reemplácese, en el inciso primero, la frase inicial "Las leyes pueden tener principio en la Cámara de Diputados o en el Senado," por las siguientes: "Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado y ser iniciadas".

Reemplácese el inciso tercero, por los siguientes:

"Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para alterar la división política o administrativa del país; para condonar total o parcialmente impuestos o contribuciones en mora y sus intereses y sancionas; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; para conceder o aumentar sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios al personal de los servicios públicos; para conceder o aumentar pensiones de jubilación, de retiro, de montepío y de gracia y otorgar abonos de tiempo servido; para fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios y alterar las bases que sirvan para determinarlos; y para establecer o modificar los regímenes previsionales y de seguridad social. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, aumentos o beneficios que se propongan. No se aplicará esta disposición al Congreso Nacional ni a los servicios que de él dependan.

"Respecto del sector público, el Presidente de la República tendrá la iniciativa exclusiva para declarar el sentido de las leyes que otorguen o regulen los beneficios mencionados en el inciso anterior y para patrocinar leyes sobre condonación de sumas que hayan sido percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones, o de pensiones de gracia, jubilación, retiro o montepío.".

Artículo 48

Agréguense los siguientes incisos:

"Los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados establecerán las normas en virtud de las cuales la discusión y votación en particular de los proyectos ya aprobados en general por la respectiva Cámara, puedan quedar entregadas a sus Comisiones, cuyos acuerdos se entenderán aprobados por la Corporación correspondiente.

"Sin embargo, dichos proyectos volverán a la Sala para su discusión y votación en particular, si así lo solicitaren el Presidente de la República o la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara correspondiente, en la forma y plazos que los Reglamentos determinen.

"No obstante, no podrá omitirse la discusión y votación particular en la Sala de los proyectos de Reforma Constitucional; los que reglamenten, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o sus garantías; los relativos a la nacionalidad, ciudadanía, elecciones o plebiscitos; los que establezcan, modifiquen o supriman contribuciones; los que autoricen la declaración de guerra o para dictar normas sobre materias de ley, y los tratados internacionales.".

Artículo 52

Reemplácense las palabras finales "dispondrá su promulgación como ley" por las siguientes: "lo promulgará y ordenará su publicación como ley.".

Artículo 54Agréguense, en ambos incisos, las palabras finales siguientes: "y publicación.".

Artículo 55

Sustituyese por el siguiente:

"Artículo 55 .- Sí el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días contados desde la fecha de su remisión o no convocare a plebiscito cuando fuere procedente, se entenderá que lo aprueba y se promulgará y publicará como ley. También se promulgará y publicará como ley el proyecto que el Presidente haya sometido a plebiscito si éste no se realizare dentro del plazo señalado por esta Constitución. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse esa devolución, el Presidente podrá efectuarla dentro de los veinte primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente.".

Artículo 56

Reemplácese el inciso primero por el siguiente:

"El Congreso abrirá su legislatura ordinaria el día 21 de mayo de cada año, y la cerrará el 31 de diciembre.".

Artículo 57

Reemplácese las palabras iníciales "El Congreso tendrá sesiones extraordinarias" por las siguientes: "La legislatura extraordinaria se iniciará".

Artículo 72

Reemplácese la atribución 5°, por la siguiente:

"5°.- Nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado, Viceministros, Subsecretarios y oficiales de sus secretarías, a los Agentes Diplomáticos, Intendentes y Gobernadores y a los demás funcionarios que en virtud de una ley sean de su exclusiva confianza.

El nombramiento de los Embajadores y Ministros Diplomáticos se someterá a la aprobación del Senado; pero éstos y los demás funcionarios señalados en este número se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República.".

Sustituyese la atribución 8°, por la siguiente:

"8°.- Remover, en ejercicio de su potestad disciplinaria, a los funcionarios de su designación previo sumario instruido en conformidad a la ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el N^ 5 de este artículo.".Agréguense, a continuación de este artículo 72 los siguientes artículos nuevos:

"Artículo…- El Presidente de la República podrá también consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, en los siguientes casos: a) cuando cualquiera de las Cámaras, en el primero o segundo trámite, deseche un proyecto de ley o de Reforma Constitucional propuesto por el Presidente de la República, salvo que el rechazo haya contado por lo menos con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes en el caso de un proyecto de ley o de los dos tercios de sus miembros en ejercicio si se trata de un proyecto de Reforma Constitucional; y b) cuando el Congreso rechace total o parcialmente las observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley o de Reforma Constitucional a menos que el rechazo se haya producido con las votaciones indicadas en la letra anterior.

"Artículo…- La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que el Congreso rechace el tratado o las observaciones del Presidente de la República o una de las Cámaras deseche el proyecto de ley o de Reforma Constitucional, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la consulta plebiscitaria, la que no podrá tener lugar pasados sesenta días desde la publicación de ese decreto.

"Artículo.- El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el tratado, o el proyecto rechazado, o los puntos en desacuerdo que el Presidente de la República somete a la decisión de la ciudadanía. El Congreso, dentro de los diez días siguientes a la publicación de ese decreto, podrá pedir al Tribunal Constitucional que resuelva sobre la procedencia del plebiscito o que fije los términos de la consulta plebiscitaria. Ese Tribunal deberá pronunciarse en el plazo de diez días.

"Artículo.- El proyecto aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos se promulgará como ley dentro de diez días contados desde que el Presidente de la República tome conocimiento del oficio del Tribunal Constitucional en que éste le comunique el resultado del escrutinio. En la misma situación, el Presidente de la República podrá ratificar el tratado sometido a plebiscito. Si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente de la República, éste deberá promulgar, dentro del mismo plazo, el proyecto aprobado por el Congreso.

"Articulo….- La ley reglamentará,, para el caso de plebiscito, el acceso igualitario y gratuito de las diferentes opiniones y Partidos Políticos a los medios de publicidad y difusión y la forma y extensión en que éstos deberán acoger la propagando política.

El Gobierno también podrá acogerse a lo dispuesto en el inciso anterior.

"Artículo…- El Presidenta de la República no podrá convocar a plebiscito más de dos veces durante un período legislativo.".

Artículo 73

Sustitúyase por el siguiente;

"Artículo 73.- El número de los Ministros y sus respectivos departamentos, como asimismo el de los Viceministros, serán fijados por la ley.

Todas las disposiciones que esta Constitución establece respecto de los Ministros de Estado, se aplicarán también a los Viceministros.".

Artículo 74

Agréguense los siguientes incisos:

"Las causales de incompatibilidad y de cesación en sus cargos establecida para los parlamentarios en los artículos 29 y 31 serán aplicables a los Ministros de Estado.

El Ministro deberá optar, dentro del plazo de quince días contado desde que asuma sus funciones, y en caso contrario cesará en su cargo".

Artículo 77

Reemplácese la frase inicial "Luego que el Congreso abra sus sesiones ordinarias", por la siguiente: "Antes que el Congreso inicie su legislatura ordinaria".

Artículo 78

Reemplácese por el siguiente:

"Artículo 78…- Los Ministros podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o el Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra. Los Subsecretarios podrán asistir, cuando lo estimen conveniente a las sesiones de las Comisiones de ambas ramas del Congreso.

La Cámara de Diputados y el Senado en su caso, podrán acordar la asistencia obligatoria de un Ministro de Estado a sus sesiones, con el voto conforme de un tercio de sus miembros en ejercicio. Las Comisiones requerirán, para resolver sobre una petición similar que afecte a in Ministro o Subsecretario, el voto conforme de los dos tercios o de la mayoría de sus miembros, respectivamente.

Los Ministros serán inviolables por las opiniones que emitan en las sesiones de la Sala y de las Comisiones de la respectiva Corporación.".

Agréguese, a continuación del artículo 78, y en un párrafo titulado "Administración Pública", los siguientes artículos nuevos:

"Artículo…- Los Servicios de la Administración Nacional pueden ser centralizados o funcionalmente descentralizados.

Son servicios centralizados aquellos que se encuentran bajo la subordinación jerárquica del Presidente de la República, carecen de patrimonio propio y realizan su actividad mediante la personalidad jurídica del Estado.

Son servicios funcionalmente descentralizados aquellos que se encuentran bajo la supervigilancia del Presidente de la República, poseen patrimonio propio y están dotados por ley de personalidad jurídica distinta de la del Estado.

"Artículo…- La subordinación jerárquica en los servicios centralizados y la supervigilancia del Presidente de la República sobre los servicios funcionalmente descentralizados, se harán efectivas a través del Ministerio correspondiente, a menos qu3 la ley ordene que se ejerzan directamente por el Presidente de la República.

Artículo…- Ningún funcionario civil podrá ser sancionado con medida disciplinaria sin que previamente se determine su responsabilidad en una investigación o sumario, con audiencia del inculpado.".

Establézcase, a continuación, el Capítulo VI, "Contraloría General de la República" que constará del siguiente artículo:

"Artículo…- Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la beneficencia Pública y de los otros servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley. Se exceptúan de esta disposición las cuentas del Congreso Nacional, que serán juzgadas de acuerdo con sus reglamentos internos.

La Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en el N° 10 del artículo 72 de la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados.

También enviará copia a la misma Cámara de los decretos de que tome razón y que se dicten con la firma de todos los Ministros de Estado, conforme a lo dispuesto en el precepto citado en el inciso anterior.

Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del Presupuesto que autorice aquel gasto.".

El Capítulo VI, "Tribunal Calificador de Elecciones" pasa a ser Capítulo VII, con el mismo epígrafe.

Artículo 79

Intercálese, como inciso tercero, el siguiente:

"Los escrutinios que deba practicar el Tribunal en los casos previstos por la ley, podrán ser presenciados por las partes directamente interesadas en sus resultados.".

Intercálense, además, como incisos antepenúltimo y penúltimo, los siguientes:

"Los cargos de miembros del Tribunal Calificador no pueden ser desempeñados por Diputados o Senadores en ejercicio.".

"Los Ministros de la Corte Suprema o de Apelaciones que desempeñen cargos de miembros del Tribunal Calificador y que dejen de tener la calidad respectiva, serán reemplazados en los cargos de miembros de este Tribunal.".

Establézcase, a continuación, el Capítulo VIII, "Tribunal Constitucional", con los siguientes artículos:

Artículo…- Un Tribunal especial que se denominará "Tribunal Constitucional" tendrá las atribuciones que les señalen la Constitución y las leyes, y especialmente las siguientes:

A) Pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que se susciten en la tramitación con respecto del contenido de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.

La consulta sólo podrá hacerse por el Presidente de la República o por cualquiera de las Cámaras, dentro de los diez días siguientes a la votación en la Cámara revisora, o sólo por aquél 'dentro del plazo en que pueda formular observaciones a un proyecto de ley. La consulta suspenderá por quince días la tramitación del proyecto o el plazo para formular observaciones. Si el Tribunal no evacuare la consulta dentro de ese término, continuará la tramitación del proyecto o regirá el plazo para formular observaciones. Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley de la República, pero podrán renovarse transcurrido el plazo de dos años, debiendo en todo caso ser resuelta por el Tribunal Constitucional.

B) Conocer del recurso de inconstitucionalidad que se entable en contra de las siguientes disposiciones:

1.- Las normas con fuerza de ley dictadas en virtud de leyes delegatorias de facultades extraordinarias. El recurso sólo podrá interponerse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esas normas. Si el Tribunal las declarare inconstitucionales quedarán sin efecto los actos y medidas adoptadas en virtud de ellas y el Presidente de la República dispondrá del plazo de treinta días para dictar nuevas disposiciones sobre la materia; y

2.- Los acuerdos y tratados internacionales.

C) Decidir, a requerimiento del Congreso, la procedencia de la consulta al electorado decretada por el Presidente de la República y resolver los términos en que ella debe ser formulada.

El plebiscito no podrá efectuarse si el Tribunal lo declara improcedente.

D) Conocer de las contiendas de competencia que determinen las leyes.

En ejercicio de las atribuciones señaladas en las letras precedentes de este artículo, el Tribunal actuará en todo conforme a derecho.

E) Conocer de las inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades anteriores y sobrevinientes que afecten a Diputados, Senadores y Ministros de Estado, debiendo proceder como jurado en la apreciación de los hechos y fallar conforme a derecho."

"Artículo…- Contra las decisiones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno.

Acogido un recurso de inconstitucionalidad la norma afectada cesará de tener eficacia jurídica desde el día siguiente a la publicación de la sentencia en el Diario Oficial."

"Artículo…- El Tribunal se compondrá de siete miembros designados en la siguiente forma:

Dos nombrados por el Presidente de la República dentro de los treinta primeros días de su mandato;

Uno, designado por la Cámara de Diputados, citada especialmente al efecto, quedando nombrada la persona que obtenga los dos tercios de los votos de los Diputados presentes. Esta designación deberá hacerse dentro de los quince primeros días de cada período legislativo;

Uno designado por el Senado según los mismos procedimientos y en el mismo plazo indicados en el párrafo anterior, y

Tres elegidos por la Corte Suprema de entre sus miembros y dentro de los quince primeros días de cada período legislativo.

El Presidente del Tribunal será elegido por sus miembros de entre los Ministros de la Corte .Suprema que lo integren.

Las personas nombradas por el Presidente de la República permanecerán en sus cargos mientras dure el mandato de aquél.

El mismo Tribunal conocerá hasta su total resolución de las cuestiones que se le hayan sometido durante el respectivo período legislativo.

"Artículo…- Para ser miembro del Tribunal Constitucional se requiere haber ejercido el cargo de Senador a lo menos durante un período, o el de Diputado durante dos períodos a lo menos, y estar en posesión del título de abogado durante más de diez años, o haber ejercido la judicatura en los Tribunales Superiores de Justicia, o haber desempeñado por más de diez años tina cátedra como profesor titular en alguna de las Facultades de Derecho del país.

El cargo de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el de Diputado o Senador, con todo empleo, función o comisión retribuido con fondos fiscales o municipales, y con todo empleo, función o comisión de la misma naturaleza, con excepción de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza y de los cargos de Ministro y abogado integrante de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal Constitucional gozarán de las inmunidades que los artículos 32, 33, 34 y 35 de esta Constitución otorgan a los Diputados y Senadores.

La ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal, establecerá la forma de subrogación y reemplazo de sus miembros y fijará su remuneración.".

El Capítulo VII, "Poder Judicial", pasa a ser Capítulo IX, con el mismo epígrafe.

Artículo 80

Agréguese el siguiente inciso:

"El Presidente de la República por razones de buen servicio, previo informe favorable de la Corte Suprema, podrá crear Juzgados de Letras, para conocer de los asuntos que la ley haya confiado a los de igual categoría, y aumentar las plazas de Ministros de las Cortes de Apelaciones, Relatores, Secretarios, Receptores y personal subalterno de la administración de justicia.".

Artículo 81

Agréguese, en el inciso segundo, sustituyendo el punto (.) por una coma (,) la siguiente frase final: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.".

Artículo 83

Reemplácese el inciso segundo, por el siguiente:"Los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema serán elegidos por el Presidente de la República de una lista de cinco personas propuesta por la misma Corte. El Ministro más antiguo de Corte de Apelaciones ocupará un lugar en la lista. Los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los méritos de los candidatos, pudiendo figurar personas extrañas a la Administración de Justicia.".

Artículo 85

Reemplácese, en el inciso, primero, la palabra "pero" por si artículo ||AMPERSAND||quot;Los", sustituyéndose el punto y coma (;) que antecede por un punto (.) ;

Además, agréguese, al final de este mismo inciso, en punto seguido, el párrafo siguiente: "Sin embargo, los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia y los Jueces de Letras, cuando hayan cumplido 70 ó 65 años de edad, respectivamente, cesarán en sus funciones.".

Artículo 87

Sustitúyase por el siguiente:

"Artículo 87.- Habrá Tribunales Administrativos, formados con miembros permanentes, para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos de las autoridades políticas o administrativas y cuyo conocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la Constitución o las leyes. La relación de estos Tribunales con el Poder Judicial y con la Administración Pública y su organización y atribuciones son materia da ley.".

Los Capítulos VIII, IX y X, pasan a ser Capítulos X, XI y XII, respectivamente, y con los mismos epígrafes.

Artículo 109

Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

"El proyecto no podrá ser rechazado totalmente por el Presidente de la República y sólo podrá éste observarlo para proponer observaciones o correcciones o para reiterar ideas contenidas en el Mensaje o en indicaciones formuladas oportunamente por el Presidente de la República o por los Ministros de Estado.".

En el inciso segundo, sustitúyase la palabra "modificaciones" por "observaciones".

Artículos transitorios

"Artículo 1°.- Facúltese, al Presidente de la República, para fijar el texto definitivo de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta Reforma y con las que anteriormente se le han introducido.

"Artículo 2°.- La modificación introducida al artículo 85 comenzará a regir un año después de entrar en vigencia la presente Reforma Constitucional.

"Artículo 3.- Los Diputados y Senadores a quienes afecten, a la fecha de publicación de esta ley, las incompatibilidades que se introducen en el artículo 29 de la Constitución, tendrán el plazo de sesenta días a contar de esa misma fecha, para optar entre el cargo, empleo, función, comisión o actividad que desempeñen y el de Diputado o Senador. A falta de opción declarada cesarán en el cargo de Diputado o Senador.

"Artículo 4.- Para los efectos del artículo 40 y mientras la ley no disponga otra cosa, la novena agrupación provincial estará formada por las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, y la décima agrupación provincial lo estará por las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. En el año 1969 ambas agrupaciones elegirán cinco Senadores cada una, pero los de la décima durarán sólo cuatro años en sus cargos.

"Artículo 5°.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados dentro de los sesenta días siguientes a la promulgación de esta ley. Ese Tribunal se constituirá dentro de los treinta días siguientes al de la última designación.".".

Sala de la Comisión, en viernes 6 de agosto de 1965.

Acordado en sesiones N°s. 111, 112, y 113 de diciembre de 1964, y 114, 115, 117, 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de enero, marzo, junio, julio y agosto de 1965, respectivamente, con asistencia de los señoras :

Galleguillos V. (Presidente), Ballesteros, Flores, Gumucio, Hübner, Hurtado, Pereira, Leigh, Jerez, Maturana, Morales, don Carlos; Ramírez, Rosende, Schaulsohn. Silva Ulloa y Teitelboim; y.

Hurtado Pereira (Presidente), Ansieta, Aylwin, Enríquez, doña Inés; Fernández, Fuentes, don César; Giannini, Isla, Jerez, Lorca Rojas, Millas, Morales, don Carlos; Naudon, Silva Solar, Silva Ulloa, Tejeda y Urra.

Se designó Diputado Informante al señor Hurtado Pereira, don Patricio.

(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario".

18.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en un Mensaje informado ya por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que reforma la Constitución Política del Estado.

El Presidente de la República, por Mensaje de 30 de noviembre de 1964, sometió a la consideración de esta Corporación un Mensaje por el cual proponía un proyecto de reforma constitucional que abarca enmiendas relativas a numerosas disposiciones de la Carta Fundamental. Dicho proyecto ha sido informado por la Comisión técnica respectiva y al conocer ahora la de Hacienda aquel dictamen, acordó estudiar y pronunciarse solamente sobre el artículo nuevo que se propone agregar a continuación del 35°, el artículo que sustituye al actual 37, las modificaciones que se introducen al 40°, la sustitución del artículo 73°, el Capítulo VIII, sobre "Tribunal Constitucional", que se agrega después del artículo 79 y el artículo 4° transitorio.

El artículo nuevo a continuación del 35 fija la dieta de los parlamentarios en una cantidad equivalente al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema y les concede una asignación de gastos de representación y de secretaría.

El nuevo texto del artículo 37 se refiere a la composición de la Cámara de Diputados, y establece que ella estará integrada por ciento cincuenta miembros elegidos por las provincias en votación directa, en la forma que determine la Ley de Elecciones. Agrega que la provincia de Santiago se dividirá, para estos efectos, en cuatro circunscripciones y que el número de diputados que elija cada provincia o circunscripción lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en relación con su población. Y añade, finalmente, como excepción a esto último, que ninguna de ellas podrá elegir menos de dos diputados ni más de quince, excepto Isla de Pascua, que elegirá uno.

El actual artículo 40 de la Constitución Política establece que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por las nueve agrupaciones provinciales que fije la ley y que cada una de ellas elegirá cinco senadores. La reforma en actual tramitación fija en diez en vez de nueve el número de dichas agrupaciones provinciales. Concordante con ella, el artículo 4° transitorio del proyecto en reforma fija las provincias que comprenden las agrupaciones novena y décima, desmembrando la actual novena agrupación provincial en dos e integrando la última con las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, y determina la elección de los senadores que representarán a esta última, junto con la elección general de Parlamentarios de 1969.El artículo 73 establece, además del cargo de Ministro de Estado que contempla nuestra organización constitucional actual, el de Viceministro, y ordena que el número de ambos sea fijado por ley. Hace aplicable a los Viceministros las disposiciones de la Constitución que se refieren a los Ministros de Estado.

El Capítulo VIII, que se propone añadir después del artículo 79, crea un "Tribunal Constitucional" y determina sus atribuciones fundamentales, agregando que tendrá las que le asigne además la propia Constitución y las leyes. En términos generales, dicho Tribunal tendrá facultades para pronunciarse sobre cuestiones constitucionales que se susciten en la tramitación con respecto del contenido de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la decisión del Congreso, sobre el recurso de in- constitucionalidad que entable en contra de ciertas disposiciones, sobre la celebración de plebiscitos, sobre ciertas contiendas de competencia y sobre inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades que puedan afectar a los diputados, senadores y ministros de Estado.

La Comisión aprobó los preceptos mencionados sin modificación alguna. Los fundamentos de cada uno se exponen extensamente en el informe de la Comisión técnica y la de Hacienda los compartió.

Si bien es cierto que la aplicación de las enmiendas traerá aparejado el desembolso de dineros fiscales, tanto por concepto de dietas para los diputados y senadores cuya elección se ordena en los artículos 37 y 40, y, eventualmente, por lo dispuesto en el articulo nuevo que se agrega después del 35, como por los nuevos cargos de Viceministros y miembros del Tribunal Constitucional, y, también, por el costo administrativo de dicha repartición, el proyecto no contiene ningún artículo en que se contemple una fuente de financiamiento para dicho gasto. Tampoco podría proponerlo la Comisión que ahora informa, pues no existen todavía medios para calcular en forma racional tal egreso. En efecto, será la ley la que determine en su oportunidad la destinación de fondos para el pago de dietas, el número de Ministros y Viceministros y su remuneración, el estipendio de los miembros del Tribunal Constitucional, la organización definitiva de la planta de dicho servicio y los sueldos de sus funcionarios y las demás modalidades inherentes al cumplimiento de estas y otras disposiciones constitucionales que puedan eventualmente ocasionar el destino e inversión de fondos fiscales. Será ese el momento de determinar en forma precisa el monto de los gastos directos e indirectos y de señalar su financiamiento en conformidad a nuestra Carta Fundamental.

La Comisión resolvió dejar expresamente establecido que el procedimiento interno acordado en la presente oportunidad para conocer y decidir acerca del proyecto de reforma constitucional que ha sido sometido a su dictamen no implica juzgamiento alguno en cuanto a los alcances del artículo 61 del Reglamento, que establece que ella "deberá informar, sin perjuicio del trámite ordinario de la Comisión respectiva, los proyectos de ley que signifiquen gastos no consultados en la Ley de Presupuestos o los que establezcan nuevas contribuciones, únicamente en la parte que se refiera al mayor gasto que irroguen o a la contribución que establezcan", y que no constituye tampoco precedente en cuanto a las opiniones que puedan sustentarse respecto de las facultades que en el cumplimiento de dicho trámite tenga o no tenga la Comisión de Hacienda.

La aprobación de los artículos enumerados anteriormente no fue precedida tampoco de un pronunciamiento acerca de la idea de legislar, ya que, en estricto derecho, dicha proposición correspondería a aprobar o rechazar solamente la idea de reformar la Constitución Política, en circunstancias que cada una de las reformas en particular podría ser estimada en sí como una idea general susceptible de modalidades o enmiendas de mayor o menor trascendencia y, aún, de una supresión o rechazo. Ello, principalmente porque la Carta Fundamental se refiere a todo cuanto constituye la organización básica del Estado en sus más variadas manifestaciones y en todo el límite de su amplitud, de modo que, salvo la orientación general de una doctrina o la encarnación de algún determinado régimen político, cada institución constitucional está revestida de absoluta independencia conceptual respecto de las demás.

La Comisión de Hacienda no acordó proponer, pues, enmienda alguna en el texto del proyecto de reforma constitucional ya individualizado y que deberá conocer la H. Cámara.

Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 1965.

Acordado en sesión de fecha 12 del presente, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Cademártori, Cerda, Lorca, Muga, Penna, Rioseco, Silva Ulloa, Sota y Valente.

Se designó Diputado Informante al H. señor Muga.

(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario".

19.-INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE LA VIVIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión Especial de la Vivienda tomó conocimiento y prestó su aprobación a un proyecto de ley, de origen en una moción de los Honorables señores Buzeta y Sanhueza, que faculta a las Municipalidades para eximir del pago de todo impuesto a los propietarios de inmuebles ya edificados que reúnan determinadas condiciones y cuyo avalúo fiscal no exceda de medio sueldo vital anual del Departamento de Santiago.

A raíz del problema habitacional que existe en el país un sinnúmero de pequeños propietarios, con gran esfuerzo personal y pecuniario, han logrado construir sus viviendas en terrenos propios, fiscales o municipales, al margen de las disposiciones que rigen la construcción de éstas.

Los propietarios de estas viviendas, en su mayoría de escasos recursos, no están en situación de pagar los impuestos, contribuciones, derechos o tasas municipales que gravan la construcción de viviendas en general. Debido a esta situación y por encontrarse la mayoría de ellos en mora, las Tesorerías Comunales se han visto en la obligación de recurrir a los procedimientos legales de apremio para cobrar estos impuestos y derechos.

El proyecto de ley en informe tiende a dar solución al problema antes mencionado facultando, en su artículo único, a las Municipalidades para eximir del pago de todo o parte de los impuestos, contribuciones, derechos o tasas que graven la construcción de viviendas, siempre que éstas sean de un piso y cumplan con todos los requisitos que exigen los Planos Reguladores y cuyo avalúo fiscal no exceda de dos sueldos vitales anuales, escala a) del Departamento de Santiago, o sea, cuatro mil novecientos sesenta y ocho escudos anuales.

Establece, asimismo, que gozarán de los beneficios contemplados en esta ley los propietarios de las casas edificadas, con anterioridad a su vigencia, en terrenos o poblaciones asignadas por la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social o la Junta de Adelanto de Arica, o en terrenos que la primera de las instituciones nombradas haya destinado a radicación de pobladores.

La iniciativa legal en informe consulta también una disposición que permitirá a los propietarios de los inmuebles a que se refiere esta ley, cancelar en 36 mensualidades iguales, sin intereses ni recargos, los derechos que la Dirección de Pavimentación Urbana o las Municipalidades cobran por pavimentación de calles y aceras.

Para tener derecho a los beneficios contemplados en esta ley, las personas o dueños deberán reunir como requisitos fundamentales el de vivir en el respectivo inmueble, no ser propietarios de otro bien raíz y acreditar una renta familiar imponible inferior a dos sueldos vitales mensuales, escala a) del Departamento de Santiago, o sea, cuatrocientos catorce escudos mensuales.

Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión Especial os recomienda la aprobación de la iniciativa legal en informe, concebida en los siguientes términos

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Facúltese a las Municipalidades para eximir del pago de todo o parte de los impuestos, contribuciones, derechos o tasas municipales que graven la construcción de viviendas, que sean de un piso, que cumplan con los requisitos que exigen los Planos Reguladores y cuyo avalúo fiscal no exceda de dos sueldos vitales anuales, escala a), del Departamento de Santiago.

Tendrán, asimismo, derecho a estos mismos beneficios los propietarios de inmuebles edificados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, en Poblaciones asignadas por la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social y la Junta de Adelanto de Arica, o en terrenos que la Corporación de la Vivienda haya destinado a radicación de pobladores.

Las respectivas Direcciones de Obras Municipales calificarán estas circunstancias y otorgarán el certificado a que haya lugar.

Los derechos que deban pagar los propietarios de las viviendas señaladas en esta ley, por concepto de pavimentación, podrán ser cancelados en 36 mensualidades iguales, sin intereses ni recargos.

Sólo podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta ley, los dueños que vivan en el respectivo inmueble, que no sean propietarios de otro bien raíz y acrediten una renta familiar imponible inferior a dos sueldos vitales mensuales, escala, a), del Departamento de Santiago.

Sala de la Comisión, 11 de agosto de 1965.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores: Allende, doña Laura; Jaque, Lacoste, doña Graciela; (Presidente) ; Millas, Paluz, doña Margarita; Retamal, doña Blanca; y Sanhueza.

Se designó Diputado Informante al Honorable señor Sanhueza.

(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario Accidental de la Comisión."

20.-OFICIO DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"N° 8.- Santiago, 14 de agosto de 1965.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en sesión celebrada el día viernes 6 del presente, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el asentimiento de la Corporación para enviar los siguientes oficios;

1®-Al señor Jorge Guzmán Dinator, Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, transmitiéndole los agradecimientos de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la valiosa cooperación prestada durante el estudio de la Reforma Constitucional recientemente despachada; y,

2^"-Al señor Rector de la Universidad de Chile y al señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa Universidad, manifestándoles igualmente el reconocimiento de la Comisión por la importante labor cumplida por el Profesor señor Guzmán Dinator durante la discusión en el seno de esta Comisión, del referido Proyecto de Reforma Constitucional.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en cumplimiento del mencionado acuerdo.

Dios guarde a V. E.-

(Fdo.): Patricio Hurtado Pereira, Presidente.- Eduardo Mena Arroyo, Secretario".

21.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

Honorable Cámara:

La Ordenanza del Plano Intercomunal de Santiago, aprobada por Decreto Supremo N° 2387 y publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1960, ubica el Fundo La Reina dentro de la zona suburbana y lo califica como Área Agrícola en Reserva. La Ordenanza define estas áreas "comprendidas entre los límites Urbano y Suburbano, que momentáneamente no pueden utilizarse para otro fin, ni subdividirse en parcelas de una superficie inferior a 15 hectáreas".

Por otra parte, por Decreto N° 135 de la Municipalidad de La Reina, del 17 de julio de 1965, se acordó no otorgar permisos de urbanización o de edificación en el plazo de seis meses a contar de la fecha de dictación del Decreto en los terrenos del fundo La Reina. Este Decreto se dictó en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 880 del 18 de abril de 1963, del Ministerio de Obras Públicas, denominado Ley General de Construcción y Urbanización, debido a que en la actualidad se encuentra en estudio el Plano Regulador de la Comuna y el Plano Seccional del Fundo La Reina.

El estudio del Plano Seccional a que se hace mención se fundamenta en la siguiente distribución del uso del suelo del Fundo La Reina:

60 hectáreas destinadas al Departamento de Deportes del Estado para construir la Escuela Nacional del Deporte;

40 hectáreas destinadas a establecer pobladores inestables de la Comuna de La Reina;

7 hectáreas para la ubicación de viviendas de obreros y empleados del Municipio de La Reina;

5 hectáreas para el Servicio de Seguro Social, a fin de que construya allí el Instituto de Seguro Social.

El resto del predio será destinado a la Municipalidad de La Reina, con el objeto de que instale allí el Instituto Forestal, el Internado Nacional Barros Arana y otros centros de equipamiento local y nacional.

Para el desarrollo progresista de la nueva Comuna de La Reina reviste una importancia decisiva que el fundo mencionado, enclavado en ella, sea destinado a los fines que arriba se indican y, en primer término, que se aprovechen las 40 hectáreas consultadas en la construcción de una población obrera, dando solución al problema angustioso de las familias sin casa.

En razón de lo expuesto, venimos en presentar a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- El Servicio de Seguro Social deberá destinar 40 hectáreas de terreno del Fundo La Reina, de su propiedad, para que se construya una población de conformidad a lo que señale la Alcaldía de la Comuna de La Reina. Deberá asimismo destinar 60 hectáreas para que el Departamento de Deportes del Estado esteblezca la Escuela Nacional del Deporte; 7 hectáreas para poblaciones de obreros y empleados de la Municipalidad de La Reina y el resto para el Instituto del Seguro Social, el Instituto Forestal, el Internado Nacional Barros Arana y otros centros de equipamiento local y nacional.

La destinación de estos terrenos se incorporará al Plano Regulador de la Comuna de La Reina y deberá ser respetada si se procediere a enajenar el Fundo La Reina o a su parcelación o loteamiento.

(Fdo.): Orlando Millas.- Sergio Fernández.- Silvia Correa de Lyon.- Julio Silva.- Mario Palestro

22.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:

Al discutirse el proyecto de ley a que dio origen la actual legislación sobre Reforma Agraria, el Partido Radical procuró incorporar a su texto una serie de ideas que las circunstancias políticas de la época no permitieron que prosperasen. Con el propósito de que esas ideas y otras permitan una más expedita y profunda aplicación de la ley N° 15.020, venimos en proponer las siguientes enmiendas y agregados a la citada ley, todas las cuales se explican con su sola lectura.

Proyecto de ley

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 15 de la ley N? 15.020 en la siguiente forma;

1) en la letra B) reemplácese la frase inicial "Hasta la mitad de los terrenos que se rieguen" por, "Hasta las dos terceras partes de los terrenos que se rieguen";

2) Intercálese como letra c), la siguiente: c) Los predios situados dentro de 20 kilómetros del radio urbano de las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, en los que sea posible aumentar los cultivos de hortalizas, chacarería y frutales;

3) intercálese como letra d) la siguiente: d) Los latifundios que colinden con zonas de minifundios, en que diez o más propietarios necesiten ampliar la cabida de estos para transformarlos en unidades económicas; y

4) Las actuales letras c), d), f), g), h), i) y j), pasarán sucesivamente a ser letras e, f), g), h), i), j), k) y 1), respectivamente.

Artículo 2°.- Reemplazar el inciso final del artículo 18° de la ley 15.020 en la siguiente forma: "El valor de la unidad económica, será el equivalente a 16 sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago".

Articulo 3°.- Reemplazar el encabezamiento del artículo 57 de la ley 15.020 por el siguiente; "serán bonificados con cargo fiscal el 40% del valor de los abonos, enmiendas, desinfectantes, pesticidas y herbicidas que los pequeños agricultores empleen efectivamente cada año en los cultivos de trigo y demás que sean declarados esenciales", etc. En el inciso 3° del mismo artículo cambiar el guarismo 50% por "40%".

Articulo 4°.- Reemplazar el inciso 1° de) artículo 58 por el siguiente: "El Ministerio de Agricultura establecerá anualmente una bonificación con cargo fiscal no inferior al 30% y hasta el 50% del valor de las semillas certificadas y controladas que los pequeños agricultores emplean efectivamente en sus siembras de trigo, empastadas y demás cultivos que sean declarados esenciales por el Ministerio de Agricultura".

Artículo 5°.- Reemplazar el primer inciso del artículo 60 por el siguiente: "Los Ministros de Hacienda y Agricultura serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 57 y 58, para cuyo efecto deberán consultar anualmente en la Ley de Presupuestos los fondos necesarios para pagar dicha., bonificaciones".

Articulo 6.- Intercalar un artículo nuevo en la ley 15.020, que podría llevar el N" 61, que diga:

"Ninguna persona natural o jurídica podrá recibir insumos bonificados por ti Estado de acuerdo con lo que disponen los artículos 57 y 58, por un valor de bonificación que exceda de los dos sueldos vitales anuales del Departamento en que esté ubicado el predio". El exceso será cons'- derado delito de estafa y penado como tal".

Articulo 7°.- Reemplazar en la letra b) del artículo 80 la frase, "cinco sueldos vitales", por "10 sueldos vitales".

Articulo 8°.- Reemplazar el inciso 2"? del artículo 889 de la ley 15.020, por el siguiente : "El Fondo Nacional de la Reforma Agraria se formará con un 5% de las entradas anuales de la Nación, sin perjuicio de los demás recursos o aportes provenientes de entidades, servicios e instituciones nacionales, internacionales o extranjeras".

(Fdo.): Renato Laemmermann Monsalves.- Alberto Naudon Abarca.- Jorge Ibáñez Vergara.- Miguel Jarpa Vallejos.- Américo Acuña Rosas.- Osvaldo Basso C.- Carlos Morales Abarzúa.- José Tomás Camus".

23.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

"Honorable Cámara:

Es conocida de todo el país la grave situación que se ha producido con motivo de los reavalúos de la propiedad raíz, que han sido elevados en tal forma que algunos predios tienen ahora tasas imposibles de solventar por parte de sus dueños.

Todos los sectores están de acuerdo en que este es un problema de lato conocimiento, que deberá resolverse mediante estudios detenidos por organismos especialmente aptos. Entre tanto, se hace necesario adoptar alguna medida para evitar las gravísimas consecuencias que acarrea para los contribuyentes, especialmente los más modestos, la situación anotada.

El señor Subsecretario de Hacienda ha declarado en la prensa del día 8 de agosto último, que "la retasación ha dado como resultado que los bienes raíces urbanos han aumentado su valor en promedio 2,8 veces y los agrícolas 4,5 veces". Puede perfectamente, entonces, elevarse estas sumas los actuales avalúos, sin incurrir en las enormes desigualdades que acusan los reavalúos en algunas zonas del país, en desmedro de otros.

En mérito de estas consideraciones, sometemos a la aprobación de la H. Cámara el siguiente:

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Los reavalúos de la propiedad raíz urbana y rural vigentes desde el 1° de agosto de 1965 se aplicarán para todos los efectos legales desde el 1^ de enero de 1967, después de una revisión total de ellos que deberá ser efectuada por el Servicio de Impuestos Internos.

Hasta el 31 de diciembre de 1966 los bienes raíces pagarán como contribuciones las que correspondan según los avalúos que i-egían hasta el 31 de julio de 1965, recargados en 280 por ciento en el caso de los urbanos y en 450 por ciento en el caso de los agrícolas."

(Fdo.): Patricio Phillips Peñafiel.- Hardy Momberg.- Gabriel de la Fuente.- Carlos Morales.- Luis Aguilera.- Hugo Zepeda.- José Tomás Camus.- Manuel Rioseco.- Gustavo Monckeberg."

24.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

"Honorable Cámara:

La ley 16.250, de 21 de abril del año en curso, ha establecido el Impuesto sobre la Renta Mínima Presunta, que afecta a todas las personas naturales, chilenas o extranjeras, cuyos bienes afectos sean de un monto superior o seis sueldos vitales anuales de 1964.

Esta obligación gravita, incluso, sobre contribuyentes que con evidentes esfuerzos y sacrificios deben costear el pago de elevados dividendos reajustables por concepto de compra de bienes raíces efectuadas por intermedio de la Corporación de la Vivienda, Cajas de Previsión o Asociaciones de Ahorro y Préstamos.

El cumplimiento de esta disposición tributaria hace más penoso el esfuerzo del contribuyente por financiar los saldos insolutos de compra de propiedades a través de estas instituciones, por cuanto en el mes de agosto del año en curso deberá efectuar el pago de la primera cuota de este impuesto a la renta mínima presunta.

Se hace necesario, entonces, aliviar la situación de las personas naturales que aun mantengan deudas por estas adquisiciones, y así lo manifiesten en sus respectivas declaraciones, haciendo recaer el cumplimiento de esta obligación tributaria en las mismas instituciones ya señaladas, pero con cargo al contribuyente, quien deberá reintegrar los valores pagados por este concepto en un plazo máximo de doce meses y con interés que no exceda del 6% anual.

En mérito de las razones expuestas, tenemos el honor de formular el siguiente:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Modifíquese la ley N° 16.250, de 21 de abril de 1965, en la siguiente forma:

Agréguese al artículo 7° transitorio el siguiente inciso:

"Las personas naturales que declaren como único patrimonio un bien raíz adquirido por intermedio de la Corporación de la Vivienda, Asociaciones de Ahorro y Préstamos o Cajas de Previsión, y que acrediten deudas por este concepto, tendrán derecho a que el impuesto a la renta mínima presunta establecido en esta Ley sea pagado por estas instituciones y con cargo al contribuyente. Los afectados deberán reintegrar el impuesto pagado por esas instituciones en doce cuotas iguales y con un interés del 6% anual."(Fdo.): Eduardo Clavel Amión.- Carlos Morales Abarzúa.- Clemente Fuentealba Caamaño

25.-MOCION DEL SEÑOR FUENTEALBA

"Honorable Cámara:

Ha constituido una preocupación permanente para la Municipalidad de Ovalle, la situación creada a las poblaciones marginales, construidas en la periferia de la ciudad.

Existen en estos sectores poblaciones y barrios formados desde muchos años, que no disponen de las obras de urbanización exigidas por las disposiciones de la Ley General de Construcción y Urbanización.

Estas poblaciones se encuentran construidas en laderas con pendientes exageradas y en sectores muy alejados de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, siendo materialmente imposible que ellas queden incorporadas o conectadas a estos servicios.

Como consecuencia de la falta de viviendas y del aumento extraordinario de la población en los últimos años en la ciudad de Ovalle, los vecinos han recurrido a todos los medios a su alcance para levantar una casa donde poder vivir y han construido sus viviendas con el esfuerzo propio y de sus familias en terrenos que han adquirido por medio de simples convenios y que han ido pagando de acuerdo con sus escasos recursos, en cuotas semanales o mensuales hasta enterar su valor total.

Esta situación que viene desde muchos años atrás, no ha podido ser impedida por la Municipalidad y a esta Corporación no le ha sido posible aplicar las disposiciones de la Ley General de Construcción y Urbanización porque se trata de sectores muy humildes que sorpresivamente han levantado sus viviendas.

Los Conservadores de Bienes Raíces no han podido inscribir títulos de dominio a favor de estos pobladores por impedírselo las disposiciones legales.

Muchos de estos vivientes han pasado largos años y han envejecido en sus casas, siendo de hecho física y materialmente sus propietarios, pero por no tener sus títulos legales a nombre de ellos, no pueden vender ni heredar a sus descendientes.

Si se tratara de urbanizar en el futuro estas poblaciones es posible que se expropie parte de ellas, para el trazado de calles, pasajes u otras necesidades y en este caso el valor de la expropiación sería cancelado al propietario anterior a cuyo nombre están inscrito los terrenos y no a su actual poseedor que ha pagado su valor a aquel.

Como se ve, Honorable Cámara, una disposición legal que le permita a estos modestos pobladores regularizar el dominio de sus sitios no afecta en absoluto la integridad de las actuales disposiciones dela Ley General de Construcción y Urbanización. Por lo tanto, me permito someter a vuestra consideración, el siguiente:

Proyecto de ley:

“Artículo único.- La Municipalidad de Ovalle, por acuerdo adoptado por la mayoría de sus Regidores, extenderá los certificados necesarios para que el Conservador de Bienes Raíces inscriba las escrituras de transferencia de dominio o de adjudicación de terrenos en las poblaciones y barrios que existían en Ovalle antes de la vigencia de esta ley, sin la exigencia de haberse ejecutado las obras de urbanización.

Asimismo, la Dirección de Pavimentación Urbana otorgará certificados en que se acredite que no es posible ejecutar labores de pavimentación, documento que el interesado deberá acompañar a la petición de inscripción de dominio correspondiente".

(Fdo.): Clemente Fuentealba C.".

26.-MOCION DEL SEÑOR MORALES, DON RAUL

Honorable Cámara:

El Coro Polifónico de la Sociedad Coral de Magallanes, institución cultural de reconocida importancia artística, ha considerado la posibilidad de concurrir a los Festivales Corales de Viña del Mar. Dada la enorme distancia, que separa a dichas ciudades, ello significaría un desembolso de tal magnitud que los integrantes de dicho Coro no están en condiciones de afrontar con sus propios recursos.

Convencidos de la conveniencia de un intercambio cultural, como el que se conseguiría con esta participación, os proponemos la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Facúltese al Vicepresidente Ejecutivo de Línea Aérea Nacional para otorgar, por una sola vez, pasajes liberados de ida y regreso, en el tramo comprendido entre Punta Arenas y Puerto Montt, a los integrantes del Coro Polifónico de la Sociedad Coral de Magallanes con el objeto de que, puedan concurrir a los Festivales Corales de Viña del Mar que se celebrarán durante el año 1965.

Artículo 2°-Las menores entradas motivadas por la concesión del beneficio otorgado por la presente ley, se imputará al ítem de imprevistos y fondos de reserva de Línea Aérea Nacional."

(Fdo.) : Raúl Morales Adriasola."

27.-MOCION DEL SEÑOR MORALES, DON CARLOS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Auméntese por gracia a la señora Julia Fonseca vda. de Camus y señorita Mercedes Camus Fonceca la pensión de que disfruta a la suma de E° 200.- para cada una de las beneficiadas.

El mayor gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al Item respectivo del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".

28.-MOCION DE LA SEÑORITA SAAVEDRA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Reconózcase, por gracia, para todos los efectos legales, previsionales y, especialmente, para el goce de trienios, a don Guillermo Ascui Salvatierra el tiempo servido como Profesor del Liceo de Hombres N° 10 de Santiago.

Serán de cargo del beneficiario el pago de las imposiciones que deban integrarse a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas por el período indicado en el inciso anterior.

La referida Institución estará obligada a recibir estas imposiciones con el interés del 6 7c anual.

(Fdo.): Wilma Saavedra Cortés."

29.-MOCION DE LA SEÑORA ENRIQUEZ

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Auméntese, por gracia, a ciento cincuenta escudos la pensión que percibe doña Adela Díaz Mansilla viuda de Carrasco.

El gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Inés Enríquez Frodden."

30.-MOCION DEL SEÑOR SUAREZ

"Proyecto de ley:

Concédase aumento de pensión a doña Raquel Calderón viuda de Pirard.

(Fdo.) ; Constantivo Suárez González".

31.-MOCION DEL SEÑOR VALDES, DON MANUEL

"Proyecto de ley;

Artículo único.- Abónese, por gracia, y para todos los efectos legales y previsionales, en la hoja de servicios de doña Julia Ester Concha Mardones, los servicios prestados como Asistente Social en la Municipalidad de Las Condes, desde el 1^ de marzo de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1948.

El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Manuel Valdés Solar".

32.-MOCION DEL SEÑOR GALLEGUILLOS

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédase, por gracia, a doña Leontina del C. Rojas Vásquez una pensión mensual de doscientos escudos.

El mayor gasto se cargará al presupuesto de Pensiones del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Victor Galleguillos Clett".

33.-MOCION DEL SEÑOR ISLA

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Auméntese, por gracia, a doña Amelia Jiménez Soto viuda de Quiroga, la pensión que actualmente disfruta a un sueldo vital de Santiago.

El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : José Isla Hevia".

34.-MOCION DEL SEÑOR MORALES, DON CARLOS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Reconózcase, por gracia, y para todos los efectos legales, especialmente, el de la jubilación, a don Héctor Venegas Castro, el tiempo servido entre el 18 de marzo de 1936 y el 15 de diciembre de 1937, como Inspector a mérito, en el Instituto Nacional.

El gasto que demande la aplicación de esta ley se imputará al presupuesto de pensiones del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa.

35.-MOCION DEL SEÑOR MORALES, DON CARLOS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Reconózcase, por gracia, para todos los efectos legales, y especialmente, el de la jubilación, a don Ernesto Sanguino Wachtendorff el tiempo servido a mérito en el Sexto Juzgado deMayor Cuantía de Santiago entre el 31 de mayo de 1950 hasta el 29 de octubre de 1953.

El gasto que represente la aplicación de la presente ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".

36.-MOCION DEL SEÑOR MORALES, DON CARLOS

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédase, por gracia, a don Luis Le-Fevre Aguilera una pensión ascendente a la cantidad de E° 200.

El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".

(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".

37.-MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE Y EL SEÑOR TORRES

"Proyecto de ley:

Artículo único.- La Caja de Empleados Particulares deberá proceder, en el plazo máximo de noventa días, a tramitar y conceder su jubilación a don Francisco Hiño josa Robles, de acuerdo con la ley N° 10.475, con excepción de su artículo 21, a partir del 1^ de agosto de 1955.

(Fdo.) : Graciela Lacoste Navarro.- Mario Torres Peralta."

Las actas de las sesiones 31°, 32° y 33°, están a disposición de los señores Diputados.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor Prosecretario da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaria.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Terminada la Cuenta.