Labor Parlamentaria

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde, en primer lugar, conocer del proyecto de ley, originado en un mensaje, sobre muerte presunta de las personas desaparecidas con ocasión del naufragio del remolcador de alta mar "Janequeo", y otras materias relativas al personal afectado por este accidente.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el Honorable señor Videla.

El proyecto de ley está impreso en el boletín Nº 10.438.

- El proyecto de ley dice:

"Artículo 1º - El Presidente de la República fijará por decreto supremo la nómina del personal que resultó afectado con ocasión del naufragio del remolcador de alta mar "Janequeo" en bahía San Pedro el día 15 de agosto de 1965, debiendo dejar constancia de las personas que sobrevivieron, de las que murieron y sus cadáveres fueron encontrados y de las que están desaparecidas.

Artículo 2°- Se declara presuntivamente muertas con fecha 15 de agosto de 1965 en la bahía San Pedro, a las personas que se consignen que están desaparecidas en el decreto supremo que se dicte en conformidad con el artículo 1º.

Igualmente se declara presuntivamente muerto con fecha 25 de mayo de 1964, en Punta Arenas, al marineroJorge Armando Madrid Orrego, como consecuencia del naufragio del remolcador "Yagán", en el lugar y día señalados.

Se declaran disueltos, a contar desde la fecha de las muertes presuntas, los matrimonios civiles que hubieren contraído las personas a que se refiere este artículo.

Los Oficiales del Registro Civil de la República, con el mérito del decreto supremo que se dicte conforme al artículo 1º procederán a inscribir las correspondientes defunciones de las personas declaradas presuntivamente muertas y a efectuar las subinscripciones consiguientes en las inscripciones matrimoniales, debiendo otorgar a los peticionarios de ellas cuatro certificados de las mismas exentos de todo impuesto y costo.

Artículo 3º-Autorízase a los Juzgados de Letras en Lo Civil de Mayor Cuantía de Valparaíso y de Santiago, sin perjuicio de la facultad de los ordinariamente competentes para conocer de las peticiones de concesión de posesión efectiva de las herencias de las personas que resultaron real o han sido declaradas presuntivamente muertas, según lo dispuesto en los artículos 1º y 2°, quedando facultados todos esos tribunales para conceder a los correspondientes herederos, desde luego y a contar desde las respectivas fechas de las muertes reales o presuntas de los causantes, la posesión definitiva de los bienes de éstos, conforme a las reglas de la sucesión por causa de muerte.

Artículo 4°- Para los efectos del decreto con fuerza de ley Nº 209, de 5 de agosto de 1953, se declara que el personal fallecido o declarado presuntivamente muerto de acuerdo con los artículos 1° y 2º de la presente ley, falleció a consecuencia de accidente en acto determinado del servicio.

Artículo 5°- Los beneficiarios de montepío del personal fallecido o desaparecido a consecuencia del naufragio de la escampavía "Janequeo" o en las tareas de rescate y auxilio cumplidas con ocasión de ese siniestro, tendrán derecho durante tres meses a contar desde la vigencia de la presente ley, a un subsidio mensual equivalente al 100% del sueldo base mensual del respectivo causante. Este subsidio no podrá ser inferior a un sueldo vital mensual escala A del departamento de Santiago, no se considerará renta ni pensión para ningún efecto legal, no estará sujeto a ninguna imposición, impuesto o descuento de cualquier naturaleza, y se otorgará sin perjuicio de los demás derechos que las leyes acuerden a los beneficiarios de montepío.

El Presidente de la República distribuirá esta asignación en caso de que los beneficiarios sean dos o más.

El derecho a este beneficio será reconocido por una resolución interna que dictará el Subsecretario de Marina a petición de parte.

Artículo 6°.- Confiérese el grado de Suboficial Mayor, para todos los efectos legales y particularmente para montepío, al ex marinero de la Armada, Mario Fuentealba Recabarren, fallecido en la bahía de San Pedro, el 15 de agosto de 1965, en acto determinado del servicio, con ocasión del naufragio de la escampavía "Janequeo". Para los objetos señalados se considerará que este servidor a la fecha de su muerte contaba con 10 años de servicios efectivos en la Armada. En consecuencia el beneficio contemplado en el artículo 44 del D.F.L. Nº 209, de 1953, se otorgará en relación a este grado y al número de años de servicios señalado.

Artículo 7°- La Corporación de la Vivienda, dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley, transferirá preferentemente y a título gratuito, por intermedio del Departamento de Bienestar Social de la Armada, a la cónyuge sobreviviente, como asimismo, a la conviviente con hijos naturales o ilegítimos debidamente acreditados, una vivienda adecuada al grupo familiar del causante y en el lugar que determine la beneficiaría siempre que esté contemplada su ubicación dentro de los planes de la CORVI de los años 1965 o 1966. Al mismo beneficio tendrán derecho los hijos del causante que hayan tenido en primer término la calidad de beneficiario del montepío.

El Presidente de la República, dentro del término de 120 días, fijará las normas para hacer efectivo este beneficio, y solucionar los problemas de distribución que puedan presentarse si son dos o más los beneficiarios. Se consultará al efecto: el sueldo del causante, condiciones en que vivía, cargas de familia y, en general, las circunstancias económico-sociales del grupo familiar a sus expensas. La donación de la vivienda no podrá representar un valor superior a 12.115 ni inferior a 7.745 unidades reajustables. Las donaciones de estas viviendas no estarán sujetas al trámite de insinuación y quedarán exentas del impuesto a las donaciones. Las viviendas donadas estarán afectas a la prohibición de gravar y enajenar sin previo acuerdo del Consejo de la Corporación de la Vivienda por el plazo de 10 años, a contar de la transferencia respectiva.

El beneficio establecido en este artículo es sin perjuicio de los derechos que las leyes y reglamentos acuerdan en favor de los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Artículo 8º.- Condónanse los saldos de las deudas contraídas en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en otros, organismos previsionales, en la Corporación de la Vivienda, en alguna Asociación de Ahorro y Préstamo y en los Departamentos de Bienestar Social de la Armada,, por el personal fallecido o desaparecido a que se refieren los artículos 1º y 2º.

Condónanse las deudas o saldos de deudas fiscales que afectaren a las personas muertas real o presuntivamente, sea por concepto de anticipos, armamento, ropas u otras.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. Nº 209 de 1953:

a) Agrégase el siguiente inciso al artículo 44:

"El montepío a que se refiere este artículo no podrá ser inferior, en ningún caso, al monto de un sueldo vital escala A del departamento de Santiago."

b) Agrégase el siguiente inciso al artículo 55:

"Para los efectos de lo establecido en el artículo 10 de este decreto con fuerza de ley, el plazo a que se refiere su inciso cuarto se contará desde el día 1º del mes en que hubiere ocurrido el accidente o catástrofe.".

Artículo 10.- Los gastos que demande la aplicación de la presente ley por concepto de subsidio y condonación de deudas serán de cargo del Fisco y se financiarán con cargo a los recursos contemplados en la ley Nº 16.282, facultándose al Presidente de la República para suplementar los ítem correspondientes de la Ley de Presupuesto de la Nación del presente año.

El gasto que demande la donación de viviendas que se contempla en el artículo 7°, será de cargo de la Corporación de la Vivienda."

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda entro a informar este proyecto de ley, que tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, lo que demuestra que este Gobierno estima justo y conveniente acudir, con prontitud, a aliviar aunque sea en parte, el dolor de los deudos de las víctimas de un sismo, temporal u otra calamidad pública. En este caso, este propósito se consigue mediante el otorgamiento de ciertos beneficios a las familias afectadas.

Por tener urgencia calificada de suma, esta iniciativa legal ha sido informada sólo por la Comisión de Hacienda, puesto que no hubo tiempo para el informe de la Comisión técnica respectiva. Ella establece, en general, normas especiales para la declaración de la muerte presunta de las personas desaparecidas en el naufragio del remoleador de alta mar "Janequeo", ocurrido, como es de conocimiento de la Honorable Cámara, el día 15 de agosto del año en curso, en la bahía San Pedro, al tratar de reflotar al patrullero "Leucotón".

En el estudio de este proyecto de ley, que tuvo su origen como dije, en un mensaje del Ejecutivo, contamos con la colaboración del Subsecretario de Marina, señor Sergio Aguirre Mackay.

La idea de legislar sobre la materia como, asimismo, casi la totalidad del articulado, por no decir la totalidad, fueron aprobados por los once miembros presentes en ese momento en la Comisión.

La dotación completa del remolcador de alta mar "Janequeo" estaba formada por setenta y nueve marinos, de los cuales sólo sobrevivieron al accidente veintisiete personas, dándose por fallecidas las cincuenta y dos restantes, de las que han sido rescatados treinta y seis cadáveres y dieciséis se encuentran definitivamente desaparecidas.

El proyecto establece, en primer lugar, la forma de declarar presuntivamente muertas a las personas desaparecidas en el naufragio; y, en segundo lugar, fija un procedimiento rápido para conceder a los herederos la posesión efectiva de los bienes de las personas que resultaron realmente muertas o han sido declaradas presuntivamente fallecidas. Además, declara disueltos los matrimonios civiles que dichas personas pudiesen haber contraído.

En el artículo 4º se establece, para los efectos del montepío, que el personal fallecido o declarado presuntivamente muerto, falleció a consecuencia de accidente en acto determinado del servicio; por lo tanto los montepíos se liquidarán sobre la base del ciento por ciento del sueldo del grado inmediatamente superior al de que gozaba el causante.

El artículo 5° otorga a los titulares del derecho de montepío un beneficio económico especial, por un período de tres meses, que consiste en un subsidio mensual equivalente al sueldo base del respectivo causante, sin tomar en cuenta los quinquenios, beneficio que asciende en total a la suma de treinta mil escudos. Este subsidio no podrá ser inferior a un sueldo vital mensual Escala A) del departamento de Santiago.

En el artículo 6º se confiere el grado de Suboficial Mayor, para todos los efectos legales y particularmente para el montepío, al ex marinero de la Armada Nacional, Mario Fuentealba Recabarren, fallecido, como es de conocimiento de la Honorable Cámara, el mismo día 15 de agosto al tratar de salvar, en un acto heroico, a sus compañeros en peligro.

Se agrega en esta misma disposición que para los efectos del montepío de este servidor, se considerará que contaba, a la fecha de su muerte, con 10 años de servicios efectivos en la Armada. Esto se hace para que pueda gozar de dos quinquenios, ya que, sin este beneficio, sus herederos tendrían sólo derecho a percibir Eº 192 mensuales, mientras que, con los dos quinquenios el montepío ascenderá a la suma de 380.

Uno de los beneficios más importantes que se conceden por este proyecto de ley en el artículo 7º, que obliga a la Corporación de la Vivienda, dentro del plazo de un año, contado desde la vigencia de la presente ley, a transferir con preferencia y a título gratuito, por intermedio del Departamento de Bienestar Social de la Armada, un bien raíz a la cónyuge sobreviviente o a sus hijos legítimos. La Comisión creyó conveniente establecer también este beneficio en favor de la conviviente y de los hijos naturales o ilegítimos debidamente acreditados.

Por otra parte, se dejó expresa constancia en la Comisión de que este beneficio procedía en cualquier caso, aunque existiese matrimonio legítimo.

El Presidente de la República reglamentará todos estos beneficios.

Por otra parte, se establece que estas viviendas no estarán sujetas al trámite de insinuación ni al impuesto a las donaciones. Además, con el objeto de mantener la unidad del hogar, la que puede verse amenazada por el desaparecimiento o muerte del padre, se establece que las viviendas donadas no se podrán gravar ni enajenar sin previo acuerdo del Consejo de la Corporación de la Vivienda, dentro del plazo de 10 años, a contar de la transferencia respectiva de estas propiedades.

Por el artículo 8º se condonan todas las deudas que tuviesen las personas fallecidas real o presuntivamente, contraídas con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en otros organismos previsionales, en la Corporación de la Vivienda, como, asimismo, los saldos de deudas fiscales que afectaren a estas personas.

Se dejó establecido en la Comisión que no hay préstamos hipotecarios pendientes y que el total de este beneficio sólo se refiere a los préstamos de auxilio, cuyo monto se eleva a la suma de Eº 4.900.

En el artículo 9º se introducen modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 209, de 1953, que fijó el texto definitivo, de la Ley de Retiro y Montepío de las. Fuerzas Armadas, agregándose al artículo 44 el siguiente inciso: "El montepío- a que se refiere este artículo no podrá ser inferior, en ningún caso, al monto de- un sueldo vital Escala A) del Departamento de Santiago".

Esto se hace con el objeto de precaver situaciones idénticas en el futuro.

Y en la letra b), se agrega el siguiente inciso al artículo 55 de ese mismo decreto con fuerza de ley: "Para los efectos de lo establecido en el artículo 10 de este decreto con fuerza de ley, el plazo a que se refiere su inciso cuarto se contará desde el día 1º del mes en que hubiere ocurrido el accidente o catástrofe".

Este inciso tiene por objeto permitir que se pueda pagar el mes entero, ya que el accidente o catástrofe ocurrió el día 15 de agosto.

El artículo 10 establece que "los gastos que demande la aplicación de la presente ley por concepto de subsidio y condonación de deudas serán de cargo del Fisco y se financiarán con cargo a los recursos contemplados en la ley Nº 16.282," sobre reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 28 de marzo de 1965.

Esto es cuanto puedo informar en relación con este proyecto de ley, el que, repito, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión.

Queda a disposición de los, señores Diputados para cualquier consulta sobre el particular.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, tal como lo ha hecho presente el Honorable Diputado informante, la Comisión aprobó, por la unanimidad de sus miembros, este proyecto de ley que considero de estricta justicia. Como recordará la Honorable Cámara, cuando ocurrió la catástrofe, se produjo un sentimiento de pesar a través de todo el país. La ciudadanía acompañó en su duelo a los familiares de los oficiales y marineros desaparecidos, y los parlamentarios rendimos un homenaje a la Marina de Guerra de nuestro país, con motivo de esta tragedia que la ha enlutado una vez más. Incluso se hicieron llegar notas de condolencia a la Dirección de la Armada.

Los miembros de la Comisión; como creo que todos los Honorables colegas, han estimado necesario que se despache en esta oportunidad el proyecto enviado por el Ejecutivo, para paliar, aunque sea en parte, la situación en que han quedado los familiares de los marinos desaparecidos.

Por las razones indicadas, los Diputados socialistas daremos nuestra aprobación a esta iniciativa. Lo haremos también, porque creemos que con ella se completa, por decirlo así, el ciclo que se inició con esos homenajes y expresiones de sentimientos que señalé. Ahora entramos en la parte práctica, vale decir, a dar solución a los problemas de orden económico, social y de otra índole, incluso los de tipo legal, que afectan o pueden afectar a los familiares de los marineros desaparecidos.

Primero, se declara presuntivamente muertos, con fecha 15 de agosto de 1965, en la había San Pedro, a todas las personas desaparecidas en el naufragio y cuyos cadáveres no han sido rescatados. Luego, se declaran disueltos, a contar desde "esa fecha, los matrimonios de los desaparecidos, con el objeto de que sus viudas e hijos puedan impetrar los beneficios que proporciona el proyecto. Al mismo tiempo, se autoriza a los Juzgados de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía de Santiago y Valparaíso, sin perjuicio de los ordinariamente competentes, para conocer de las peticiones de concesión de la posesión efectiva de los bienes de las personas que fallecieron o han sido declaradas presuntivamente muertas.

En seguida, para paliar la situación de desamparo en que queda la familia con el desaparecimiento del jefe de hogar, se otorga a las viudas de los desaparecidos un montepío equivalente al ciento por ciento del sueldo que percibía en vida el causante de acuerdo con el decreto con fuerza de ley Nº 209; que establece que los parientes del personal de la Armada que fallezca en actos de servicio, gozarán, justamente, de un montepío semejante.

Al mismo tiempo, para solucionar problemas urgentes que se presentan en estos casos, como los propios funerales y los gastos inherentes al traslado de familiares de las víctimas, etcétera, se concede a los beneficiarios de montepío un subsidio especial por un período de tres meses, equivalente al 100% o del sueldo base mensual del respectivo causante.

Por el artículo 6°, se confiere el grado de Suboficial Mayor, para todos los efectos legales y particularmente para montepío, al ex marinero de la Armada, Mario Fuentealba Recabarren, quien, como bien saben los señores Diputados, antes de esta tragedia en que perdiera la vida, había sido condecorado con una medalla "Al valor".

Además la Corporación de la Vivienda deberá entregar a la cónyuge sobreviviente, una vivienda adecuada al grupo familiar, en el lugar que determine la beneficiaría, siempre que esté consultada su ubicación dentro de los planes de esta institución.

También se condonan todas las deudas contraídas por el personal fallecido, especialmente con las Cajas de Previsión. La verdad es que, tal como nos informó el señor Subsecretario de Marina, las deudas son de muy bajo monto, en particular las contraídas con el Departamento de Bienestar Social de la Armada, ya que no alcanzan a 5.000 en total. Esta reducida cantidad adeudada se condona por este proyecto.

El señor VIDELA.-

Llega a Eº 4.900.

El señor PALESTRO.-

¡Exactamente!

Nosotros estimamos que este proyecto es de justicia y llevará tranquilidad a los familiares de aquellos hombres de nuestra Marina de Guerra que, cumpliendo con sus obligaciones tradicionales, murieron en el naufragio del "Janequeo".,Por lo demás, tienen derecho a ello, porque estos marinos fallecieron, justamente, en acto de servicio.

Considerando que la mayoría de los marinos desaparecidos eran hombres de nuestro pueblo, como todos los que integran nuestras Fuerzas Armadas, nosotros, como representantes de un partido popular enraizado profundamente en la idiosincrasia de nuestro pueblo, daremos gustosos nuestros votos para que este proyecto sea una realidad a corto plazo.

Nada más.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente este proyecto por considerarlo de estricta justicia. Facilita extraordinariamente los trámites engorrosos reglamentados en los artículos 81 y siguientes del Código Civil, sobre declaración de muerte presunta por accidentes, y dispone el pago de una indemnización especial en favor de los familiares de las víctimas del naufragio del "Janequeo".

Por el artículo 7º se hace donación de una vivienda adecuada al grupo familiar del causante, no sólo a la cónyuge sobreviviente, sino también a la conviviente con hijos naturales o ilegítimos. Esto último importa ponerse a tono con las legislaciones más modernas, que no hacen distinción alguna entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Recuerdo que no hace muchos años, la palabra "conviviente" asustaba a gran número de parlamentarios, que se negaban a votar cualquier ley que favoreciera a la que había sido conviviente de alguna persona fallecida. Para nosotros constituye un progreso evidente que, por unanimidad, se haya acordado conceder este beneficio.

Me parece, sí, que el inciso segundo del artículo 7º no es muy claro, por cuanto dice que, si existe más de un beneficiario será el Presidente de la República quien resuelva los problemas relativos a la distribución de las viviendas. Por eso, es conveniente hacer resaltar la información dada por el Honorable señor Videla, Diputado informante, en el sentido de que en la Comisión se dejó claramente establecido que, en todo caso, aunque haya cónyuge legítima, la conviviente tiene también derecho a la casa que por este proyecto se dona.

Por último, el mismo artículo dispone que los beneficios relativos al bien raíz se conceden sin perjuicio de los derechos que las leyes y reglamentos acuerdan en favor de los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Por estas razones, votaremos favorablemente este proyecto. Pero insistimos en que al artículo 7º le damos el alcance que señaló el señor Diputado informante.

Nada más.

El señor MORALES (don Carlos).-

Señor Presidente, los Diputados radicales también prestaremos nuestro apoyo a esta iniciativa de ley por las razones que se han expuesto, incluso por algunos Honorables colegas de estos mismos bancos, cuando se rindió homenaje a las víctimas de esta catástrofe marítima. Deseaba consultar al sentar Diputado informante si se consideró en la Comisión de Hacienda la posibilidad de otorgar el beneficio del privilegio de pobreza o exención de impuestos y derechos arancelarios a aquellas personas que deban efectuar diligencias relacionadas con la obtención del beneficio de posesión efectiva. Porque observo que en el artículo 2º., inciso final, se determina que los Oficiales del Registro Civil procederán a inscribir las correspondientes defunciones de las personas declaradas presuntivamente muertos y a efectuar las subinscripciones consiguientes en las inscripciones matrimoniales, "debiendo otorgar a los peticionarios de ellas cuatro certificados de las mismas, exentos de todo impuesto y costo". Del mismo modo, el artículo 10 establece que los gastos que demande la aplicación de la presente ley, por concepto de subsidio y condonación de deudas, serán de cargo del Fisco.

Deseo, entonces, que el señor Diputado Informante nos explique si la materia a que me referí se consideró en el debate habido en la Comisión, pues, en caso contrario, presentaríamos indicación a fin de que, tanto las diligencias judiciales como las actuaciones notariales que se practiquen en conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º del proyecto, estén exentas del pago de todo impuesto o derecho arancelario.

Ruego al Honorable señor Videla tenga la amabilidad de responder a la consulta que le he formulado.

El señor VIDELA.-

Es indudable que la materia a que se ha referido Su Señoría no se contempló en el proyecto, ni se consideró en la Comisión, puesto que, en cada caso particular, en esta iniciativa, se hace expresa mención de los certificados o actuaciones judiciales o notariales que quedan exentas del pago de impuesto. El Honorable colega lo ha hecho notar con mucha precisión, al señalar el inciso final del artículo 2º., que se refiere a los certificados otorgados por Oficiales del Registro Civil, y ,el artículo 10, según el cual los gastos que demande la aplicación de la presente ley por concepto de subsidio y donación serán de cargo del Fisco. Por lo tanto, a nuestro juicio, la indicación anunciada por Su Señoría vendría a complementar las disposiciones del proyecto.

El señor MORALES (don Carlos).-

Para terminar debo manifestar que presentaremos indicación a fin de agregar un nuevo inciso al artículo 3ºque dice: "Las diligencias, actuaciones judiciales y trámites notariales que se practiquen en conformidad a lo señalado en el inciso anterior, estarán exentas del pago de todo impuesto y derecho arancelario". De esta manera, complementaríamos las disposiciones legales destinadas a favorecer a los familiares de las víctimas del naufragio del "Janequeo" que han quedado en una situación muy desmejorada a consecuencia de esa tragedia.

Nada más.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, el Honorable señor Tejeda ya anunció que los Diputados comunistas, con todo agrado votaremos favorablemente este proyecto, aprobado en forma unánime por la Comisión de Hacienda. Creo que toda la opinión pública recibirá con satisfacción la noticia de que la Cámara de Diputados ha concurrido con sus votos en auxilio de los familiares de estos heroicos marinos, que perdieron sus vidas en una labor pacífica, de tanta significación. Cabe destacar que la gran mayoría de las víctimas pertenecen a familias muy modestas, casi todas de la provincia de Valparaíso. Por lo tanto, este proyecto de ley les otorga una justa reparación.

El Honorable señor Tejeda también se refirió a los alcances jurídicos de este proyecto. Por lo demás, considero que, en el futuro, se debe dotar a nuestra Armada de mejores y más modernos elementos de salvataje, para evitar que nuevamente ocurran desgracias como ésta, que enluta a tantos modestos hogares, y a todo el país.

Asimismo, creo de estricta justicia que el Estado vele por la educación de los hijos de las víctimas, del naufragio del "Janequeo" y les otorgue todas las facilidades del caso, especialmente cuando éstos, siguiendo la tradición de sus padres, deseen ingresar a la Armada, o a alguna institución fiscal.

Finalmente, los Diputados comunistas hacemos nuestra la indicación formulada por el Honorable señor Morales Abarzúa.

Nada más.

El señor SEPULVEDA (don Eduardo).-

Señor Presidente, este proyecto que, por mandato de la Constitución, tiene su origen en un Mensaje del Ejecutivo, responde en gran parte, a la preocupación de los parlamentarios de la zona, que desde el primer momento, nos movió a entrevistarnos con personeros del Ejecutivo para acelerar su envío al Congreso. En esta forma, creímos responder a la necesidad urgente de hacer justicia y remediar siquiera en mínima cuantía, la difícil situación en que han quedado los familiares de los bravos marinos desaparecidos.

El Ejecutivo, con la actividad que le caracteriza, de inmediato dio instrucciones al señor Ministro de Defensa Nacional, y éste, a su vez, al señor Subsecretario de Marina, para que elaborara el proyecto correspondiente, al que tuvimos el alto honor de contribuir en alguna manera. Su Excelencia el Presidente de la República, usando la misma diligencia que empleó para paliar los efectos del sismo de marzo pasado y de los recientes temporales, se preocupó rápidamente, de la situación de los familiares de las víctimas del naufragio del "Janequeo". Es así como ahora tenemos la posibilidad de ir en su ayuda, mediante las disposiciones de este proyecto, calificado con el trámite de suma urgencia.

Deseo hacer una consulta al señor Diputado informante, respecto del artículo 7º, que consiste en lo siguiente: ¿Los beneficios que se establecen en esa disposición alcanzan a los padres de los marinos desaparecidos, que vivían a sus expensas, cuando no tengan cónyuge sobreviviente a hijos? Porque casi la mayoría de las víctimas eran jóvenes, y muchos de ellos constituían el único sostén de sus familias, Me gustaría saber si la Comisión consideró esta situación. A fin de evitar que el proyecto vuelva a Comisión, con la consiguiente demora en su despacho, es preciso formular indicación en el Senado para incorporar en beneficio a los padres de estos marinos, pues tienen los mismos merecimientos que las viudas y los hijos, por cuanto vivían a expensas de las víctimas del "Janequeo".

Finalmente, vemos con satisfacción que la Honorable Cámara ha aprobado el trámite de suma urgencia para este proyecto y que todos los sectores de esta Cámara, sin distinción alguna lo han aprobado.

Asimismo, queremos dejar constancia de la necesidad de que, en definitiva, se estudie un proyecto de ley tendiente a establecer el seguro de vida en favor de los marinos. Queremos que se dicte una ley que, en forma permanente, proteja a todos los esforzados hombres de la Armada, Aviación y Ejército que, en aras de su trabajo, minuto a minuto, exponen sus vidas. No deseamos que, cada cierto tiempo, el Congreso se vea en la necesidad de dictar leyes especiales para resolver los casos de esta naturaleza que se presenten.

Eso es todo.

El señor NAUDON.-

Señor Presidente, la redacción del inciso primero del artículo 7°, tal como lo hizo notar el Honorable señor Tejeda, se presta a dudas. Dicho inciso dice: "La Corporación de la Vivienda, dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley, transferirá preferentemente y a título gratuito, por intermedio del Departamento de Bienestar Social de la Armada, a la cónyuge sobreviviente, como, asimismo, a la conviviente con hijos naturales o ilegítimos debidamente acreditados, una vivienda adecuada al grupo familiar del causante y en el lugar que determine la beneficiarla siempre que esté contemplada su ubicación dentro de los planes de la CORVI de los años 1965 ó 1966. A continuación, la frase final dice: "Al mismo beneficio tendrán derecho los hijos del causante que hayan tenido en primer término la calidad de beneficiario del montepío."

Como se puede apreciar, la redacción de este artículo se presta a interpretaciones muy forzadas, ya que, al aplicar esta disposición, habría que entregar tres viviendas o ubicar a tres grupos familiares en una. Como estos casos se pueden presentar en la práctica, es importante aclarar la disposición mencionada, pues, en caso contrario, se produciría dificultades en su interpretación.

Es cuanto quería expresar.

El señor CAÑAS (Secretario).-

Los señores Naudon, Morales, don Carlos; Jaque, Camus y Fuentealba, han formulado indicación para agregar al artículo 3º el siguiente inciso:

"Las diligencias, actuaciones judiciales y trámites notariales que se practiquen en conformidad a lo señalado en él inciso anterior estarán exentos del pago de todo impuesto y derecho arancelario."

El señor PARRA.-

Señor Presidente, la coincidencia extraña a que aludía en la sesión de ayer se demuestra con las informaciones que en este momento proporcionaré a la Honorable Cámara.

El Pacto de Bogotá es objeto de reservas por el Gobierno de Estados Unidos, que se traducen en las siguientes posiciones antitéticas con su posible funcionamiento. No acepta el principio en cuya virtud todas las controversias jurídicas o de otra especie que no puedan ser solucionadas por la conciliación, sean sometidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y este es un principio fundamental para el funcionamiento integral del Pacto. Tampoco acepta que el arbitraje sea obligatorio cuando la Corte Internacional de Justicia se ha declarado incompetente para conocer de un asunto que le es sometido a su consideración dentro de los términos de los artículos 34 y 35 del Pacto de Bogotá. Condiciona la competencia de la Corte Internacional, aún en materias de controversias jurídicas que le son sometidas a su conocimiento. Tampoco acepta el artículo 7º del Pacto de Bogotá, ¿Qué dice este artículo? Expresa; "Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales domésticos competentes del Estado respectivo."

Este principio no lo acepta el Gobierno de los Estados Unidos, y me imagino por qué. Porque en el caso de que surgiera un problema para un ciudadano norteamericano en cualquiera República Latinoamericana y este súbdito estuviera suficientemente protegido por el mecanismo legal de ese Estado latinoamericano, de acuerdo con el Pacto de Bogotá, no habrá otro recurso internacional que pueda hacerse valer para protegerlo. Y esto no lo acepta el Gobierno de los Estados Unidos.

¿Qué de extraño tiene entonces que uno pueda decir que Estados Unidos no ha ratificado, y presumiblemente no lo ratificará tampoco, el Pacto de Bogotá? Nada de extraño, porque las reservas que tiene son genéricas, fundamentales y antitéticas, por completo, con el funcionamiento normal del convenio.

A mayor información, es sabido que en este momento el profesor norteamericano Charles Fenwick está haciendo circular - creo que con el respaldo del Gobierno norteamericano- un proyecto de soluciones pacíficas que se presentaría a la próxima Conferencia Extraordinaria y que tiene un fundamento distinto del convenio para cuya aprobación estamos pidiendo el apoyo de esta Cámara.

También sabemos de otro proyecto, que sería incluido para discutirlo en la próxima Conferencia Extraordinaria, de otro origen y que tiene, por lo menos, dos características comunes con el anterior. En primer lugar, en cuanto a instrumentos destinados a promover la solución pacífica obligatoria de toda controversia, son insuficientes, porque operan con una calidad jurídica de nivel inferior al del Pacto de Bogotá. En segundo término, ninguno de estos dos proyectos sanciona de manera conveniente para los intereses del país, el principio de la intangibilidad de los tratados, que específicamente consagra y defiende un artículo del Pacto de Bogotá.

Con esto, de paso, respondemos a la pregunta de por qué nosotros nos oponemos a diferir aún más la aprobación legislativa del Pacto de Bogotá. Como lo dice el Mensaje, que los señores Diputados conocen, "es urgente adoptar esta medida, porque la próxima Conferencia Interamericana de Río de Janeiro conocerá de dos proyectos sustitutivos del Pacto de Bogotá, ninguno de los cuales contempla, como el artículo VI de este último, una disposición que impida la revisión de tratados vigentes."

Si Chile ratifica el Pacto de Bogotá, no hay dentro del sector latinoamericano otro pacto genérico de soluciones pacíficas que pudiera tener mayor número de ratificaciones que el que nos preocupa. E incluso, como un detalle marginal, anotamos que dos Cancillerías, con las que hemos coincidido ampliamente en los últimos problemas internacionales, son partidarias del Pacto de Bogotá, lo han ratificado y solicitan apoyo para este convenio. Ellas son las de Méjico y Uruguay.

¿Qué queda en claro, a mi juicio? Que el Pacto de Bogotá, a distancia sideral de lo que se dijo en la sesión de ayer, es en este momento un instrumento específico, particular, del mundo latinoamericano. Es un factor de aceleración del proceso por el cual nuestras Repúblicas se unen para plantear, al mundo industrializado, la demanda que exige la situación de atraso.

Los hechos, que evolucionaron con independencia de la voluntad de los que generaron este convenio, que tiene vida propia, están ahora confiriendo al Pacto de Bogotá una dimensión latinoamericana, un significado que no podemos dejar pasar inadvertidos, porque operan en el sentido de la unidad de los países de Latinoamérica, que es una condición indispensable para el desarrollo pacífico y la liberación de los sectores populares de ellos. Hay que distinguir la significación del Pacto de Bogotá de la que ahora presenta el Tratado de Río porque hay dos instrumentos distintos, circunstancia que han olvidado ciertos señores Diputados.

Del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Pacto de Río de Janeiro, los democratacristianos hemos dicho que evolucionó en un sentido negativo. Originalmente fue concebido como un mecanismo colectivo de defensa de los países del hemisferio ante ataques extra continentales; y hoy día es utilizado como un instrumento de represión internacional, para impedir que los pueblos y las naciones latinoamericanos se den regímenes políticos, calificados por Estados Unidos de comunistas".

Es en un doble aspecto, entonces, que el Pacto de Río de Janeiro -que no debe ser confundido con el de Bogotá- ha tenido una evolución negativa. Además de lo que acabo de decir, sucede que el Pacto de Río de Janeiro se aplica para solucionar situaciones distintas de la agresión.

Respecto a esto, me permito rogar a los Honorables Diputados que se van a oponer a la ratificación del Pacto de Bogotá, se sirvan escucharme con un mínimo de atención.

Existen dos situaciones que no pueden ser confundidas. La primera es la controversia, o sea, un asunto discutido entre Estados, que eventualmente pudiera evolucionar hacia un conflicto armado u otra forma de violencia.

Esta primera cuestión está gobernada por el Tratado de Soluciones Pacíficas de Bogotá.

La segunda situación se produce, como adelantaba, al evolucionar negativamente la primera, alcanzando al choque armado o a un estado de cosas jurídicamente equivalente. En el sistema actual, este problema pasa a ser gobernado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río de Janeiro; y es éste el que ha sido indebidamente usado para fines que nosotros calificamos de represión internacional.

Entonces, ¿de qué se trata desde el punto de vista de las fuerzas progresivas? De rectificar la evolución de aquello que lo ha hecho en sentido negativo; de que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sea utilizado sólo en los casos para los que fue creado, o sea, únicamente cuando un estado americano agrede a otro, o cuando, desde fuera del continente, nuestro sistema enfrenta la amenaza de la fuerza física Y, en segundo lugar, se trata de que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no sea usado, como he dicho y repito, con fines de un estrecho anticomunismo.

¿Cuál es la manera de impedir el mal uso de este Tratado? Aplicando el que está destinado, precisamente, a lograr que toda controversia - situación distinta, previa y menos grave que la agresión- sea resuelta por medios pacíficos.

¿Qué significación tiene esto desde el punto de vista de la historia futura de América? Nada menos que la siguiente: es la única posibilidad de que en América Latina se pueda crear un régimen de coexistencia pacífica; que sistemas políticos, que están solucionando las exigencias del desarrollo inspirado en distintas y en plurales ideologías políticas, puedan coexistir, y que no haya, entonces, oportunidad para que mañosos intereses pongan en pugna a un país con otro; que por el contrario, exista, a disposición de todos los países amantes de la paz, un instrumento jurídico eficiente para extirpar desde la raíz, toda situación que pudiera transformarse después en agresión o conflicto internacional. Y este mecanismo útil, este instrumento de pacificación, es el Pacto de Bogotá.

Con sorpresa, he escuchado decir en la Cámara que el Pacto de Bogotá opera deliberadamente, en sentido contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Y digo con sorpresa, porque el artículo de la Carta de las Naciones Unidas qué se refiere a este problema específico de la solución de las controversias, situación distinta de la agresión armada es claro al respecto.

En efecto, el número 2 del artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, dice: "Los miembros de las Naciones Unidas que sean partes en acuerdos regionales o que constituyan dichos organismos regionales, harán" -disposición imperativa- "todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad".

¿Qué hace el Pacto de Bogotá? Permite la solución de las controversias locales antes de recurrir a las Naciones Unidas.

Pero esto no es todo. ¿Qué dicen, por ejemplo, otros artículos pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas? El Nº 1 del artículo 33 expresa: "Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección".

En consecuencia, la Carta de las Naciones Unidas acepta la existencia de Pactos como el de Bogotá. Este no sólo contempla esas medidas de solución pacífica, sino que las hace de uso obligatorio para todas las naciones del hemisferio. Es decir, no solamente cumple lo que dispone la Carta de las Naciones Unidas, sino que hace obligatorias las medidas respectivas que ella consulta.

Además de esto, otros artículos de la Carta de las Naciones Unidas se relacionan con este problema. Por ejemplo, el Nº 3 del artículo 36 dice: "El Consejo de Seguridad" - y aquí se está refiriendo al caso en que no hubiera acuerdos regionales- "deberán también tomar en conside- ración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte".

Quien haya escuchado la relación sobre el funcionamiento del Pacto de Bogotá sabe que éste por regla general, además de estimar que las controversias jurídicas deben ser resueltas con el conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, hace obligatorio para los países latinoamericanos el recurso ante ella aún tratándose de asuntos que no son propiamente jurídicos, cuando los mecanismos de conciliación no produzcan la pacificación o sea, va más allá incluso de lo que la Carta de las Naciones Unidas se atreve a insinuar. Hace obligatorio, repito, el recurso de las partes ante la Corte Internacional de Justicia, la cual funciona según el sistema delas Naciones Unidas y es el organismo designado por ella para conocer estos conflictos o controversias, a fin de buscarles una solución pacífica.

De esta manera, es explicable el razonamiento del Canciller Torielo, protagonista fundamental de los sucesos de Guatemala, que el Honorable colega señor Godoy Urrutia nos recordaba ayer. El señor Torielo, en las conferencias internacionales en que debió defender la posición de su agredido país y, posteriormente, en un libro, en el que relata, desde el punto de vista jurídico y político, la experiencia guatemalteca, se preocupa, cuidadosamente, de distinguir entre la "controversia" - este no era el caso de Guatemala, pues este país ya había sido agredido, por los gobiernos de Nicaragua y Honduras, y, en su concepto, también por el de Estados Unidos- que debía ser sometida a un organismo regional; y la "agresión", que debía ser gobernada por el Pacto de Río de Janeiro, que la Cancillería de Guatemala no invocó, porque no lo había ratificado.

Aún así, el Canciller Torielo pidió que el Consejo de Seguridad interviniera.

Lo que interesa destacar, para los efectos de este debate, es que, justamente, de los conceptos de uno de los testigos que se han citado aquí para demostrar la ineficacia del Pacto de Bogotá y su dependencia de la política exterior de los Estados Unidos, puede deducirse exactamente lo contrario. Reconoce su carácter regional ya que advierte que, en caso de controversia que es la situación gobernada por el Pacto de Bogotá, la competencia es regional, en armonía, como hemos dicho, con la competencia general de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, a esta altura del debate no queda sino concluir que el Pacto de Bogotá, examinado desde las perspectivas que se elijan, es latinoamericano. No es un subproducto de la ofensiva internacional norteamericana. Es un organismo que, contrariamente a lo que aquí se ha dicho, está en armonía con las exigencias de la Carta de las Naciones Unidas, hace obligatorias las medidas que ésta propone como alternativas, y obliga a recurrir a los Tribunales cuya intervención ella insinúa, para darle solución pacífica a una controversia entre Estados. Y es un organismo, un método regional latinoamericano, que actúa porque así lo quiere la Carta de las Naciones Unidas.

Por estos motivos, los Diputados democratacristianos votaremos en favor de la ratificación del Pacto de Bogotá.

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, concuerdo con el Honorable señor Bosco Parra en que, efectivamente, el artículo 8º dice que "el recurso a los medios pacíficos de solución de las controversias o la recomendación de su empleo no podrán ser motivo, en caso de ataque armado, para retardar el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas". Además, efectivamente, el Tratado de Río de Janeiro es peor que éste que ahora se pretende ratificar. Nosotros estamos, evidentemente, por las soluciones jurídicas en las controversias que puedan presentarse entre las naciones; pero el Pacto de Bogotá significa encuadrar, aún más, a nuestro país dentro de los complejos marcos de la "OEA", que es un ministerio de colonias de Estados Unidos,

El Honorable colega señor Bosco Parra ha hecho presente que Estados Unidos está en entra de este Pacto, porque no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ni lo dispuesto en el artículo 7º del Tratado que dispone que, si los ciudadanos extranjeros cuentan con la protección del Gobierno del país en que residen, su situación no puede ser motivo, en ningún caso, para una agresión por parte del país de origen. O sea, de acuerdo con ese artículo, Estados Unidos no habría podido valerse, del pretexto que usó para agredir a la República Dominicana.

Sin embargo, queremos hacer presente que el Pacto de Bogotá en manera alguna significa una garantía para nosotros, en atención a que, precisamente en América el agresor es Estados Unidos. En consecuencia, si este país no queda sujeto ni acepta los planteamientos de este Pacto no constituye ninguna garantía para nosotros el hecho de amarrarnos más a la Organización de Estados Americanos.

Esto mismo determina que el Pacto de Bogotá no tenga el carácter latinoamericano que le atribuye el Honorable señor Parra, puesto que él se encuadra en la OEA.

Por estas razones y por las que expuso el Honorable señor Godoy Urrutia en la sesión de ayer, nosotros votaremos en contra de la ratificación del Pacto de Bogotá. Consideramos que este Tratado limita nuestra soberanía, especialmente en la situación actual en que Estados Unidos se erige, cada día en forma más evidente en un enemigo de los pueblos latinoamericanos, obligándolos, a través de gobiernos controlados por él, los que desgraciadamente son muchos, a someterse a leyes, pactos y tratados que Norteamérica misma es la primera en no respetar ni aceptar.

Por todas estas razones, repito, votaremos contra la ratificación del Pacto de Bogotá.

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

A continuación corresponde tratar el proyecto que limita a seis horas diarias la jornada ordinaria de trabajo para el personal que labora en el interior de minas de carbón.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Legislación Social es el Honorable señor Olivares.

- El proyecto, impreso en el boletín- 10.385, dispone:

"Artículo 1º - La jornada ordinaria de trabajo para el personal que labora en el interior de una mina de carbón será de seis horas diarias.

La jornada de seis horas establecida en el inciso anterior, regirá también para todos los trabajadores mineros que laboran en faenas subterráneas, extracción de mineral en minas de tajo abierto, molienda, fundiciones. Casa Verde o planta de sulturos o en cualquier otra en que se encuentren expuestos a contraer la silicosis u otra enfermedad profesional.

Este lapso se empezará a contar desde el momento en que el trabajador reciba su lámpara o su tarjeta de trabajo.

Artículo 2º - El personal que labore la jornada de trabajo en la forma establecida en el artículo anterior, tendrá los mismos derechos y regalías que la legislación existente o convenios contractuales reconocen al personal que trabaje la jornada de ocho horas diarias.

Artículo 3°.- Los trabajadores de las compañías carboníferas y aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 1°, podrán acogerse a jubilación una vez cumplido 25 años de servicios, siempre que continua o alternadamente, por lo menos las 3/5 parte de ellos los hayan servido en las actividades a que se refiere el artículo 1º, sin perjuicio de las normas legales relativas a abonos de años.

Artículo 4º.- Créanse, con sede en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Copiapó. La Serena y Rancagua, Consejos de Seguridad Industrial y Minera, los cuales estarán constituidos por un representante del Departamento de Higiene Industrial del Servicio Nacional de Salud, quien lo presidirá; un representante obrero y otro empleado de los sindicatos de los minerales de la provincia respectiva y un representante patronal de las empresas mineras de las mismas provincias.

Artículo 5°.- Serán atribuciones de los Consejos de Seguridad Industrial Minera:

a) Realizar inspecciones periódicas a los lugares de trabajo;

b) Atender las reclamaciones y denuncias de los empleados y obreros en relación con las condiciones de seguridad e higiene en que desarrollen sus labores;

c) Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones relativas a higiene y seguridad industriales en las empresas mineras de su respectiva provincia y aplicar las sanciones correspondientes.

Artículo 6º.- Las infracciones a las disposiciones sobre seguridad e higiene industriales y el cumplimiento de las medidas e instrucciones que sobre estas materias dictare el órgano competente en uso de sus atribuciones, serán castigadas con una multa equivalente de diez a veinte sueldos vitales mensuales de la provincia de Santiago. En caso de reincidencia, la multa mínima será la de treinta sueldos vitales mensuales de la provincia de Santiago y la máxima la clausura hasta por treinta días del taller, sección o empresa en que se hubiere cometido la infracción. Las sanciones mencionadas serán aplicadas por los funcionarios con facultades fiscalizadoras en materia de seguridad industrial y minera y de ellas sólo podrá reclamarse ante el Juez del Trabajo respectivo, previo pago de su monto. Si el Juez del Trabajo estimare infundado el reclamo, en la misma sentencia deberá necesariamente duplicar el valor de la multa o sanción aplicada. El valor de las multas beneficiará a los respectivos sindicatos industriales y profesionales a que pertenezcan los afectados, para incrementar sus fondos sociales.

Artículo 7º.- En caso de que, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, se sancionare a una empresa con la clausura de ella en forma parcial o total, corresponderá a la empresa sancionada pagar durante todo el período de clausura el total de los sueldos y salarios y los demás beneficios que correspondan a los empleados y obreros de la sección o empresa afectada por la medida y hasta que se reinicien los trabajos en condiciones normales."

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, para los Diputados socialistas, y, en especial, para el que habla, desde hace catorce años Presidente del Sindicato Industrial Sewell y Mina, es motivo de profunda satisfacción y legítimo orgullo que uno de nosotros haya sido designado por la Comisión de Trabajo y Legislación Social Diputado informante de este proyecto de ley. Siento orgullo y satisfacción al levantar mi voz para conseguir justicia y comprensión para nuestros hermanos mineros.

Quienes hemos tenido la suerte de conocer desde muy cerca la generosidad, el espíritu de lucha y de sacrificio, y el inmenso patriotismo de los mineros chilenos; quienes hemos compartido y vivido sus alegrías y también sus tragedias; quienes hemos visto, en el terreno mismo, cómo exponen sus vidas en el trabajo diario; quienes sabemos de sus largas y pesadas jornadas de faena sin ningún medio o implemento de seguridad o los hemos visto morir víctimas de algún accidente o con sus pulmones corroídos por la silicosis, nos sentimos complacidos, al ver que, a través de este proyecto, se busca la manera de corregir errores, resguardar la vida del trabajador minero y otorgarla, en suma, beneficios a los que tiene legítimo derecho.

Hasta hoy, en la industria minera de nuestro país, se ha pospuesto el factor humano casi permanentemente. Se cuida de los aumentos de producción y de las utilidades, se da atención preferente a la mantención de la maquinaria, pero quienes contribuyen a entonar las finanzas del país y engordar las billeteras y las cuentas bancarias de los monopolios nacionales y extranjeros que explotan los yacimientos mineros de nuestra patria, vale decir, los trabajadores mineros, sólo reciben, en la mayoría de los casos, un salario miserable y condiciones habitacionales y de trabajo subhumanas, contraen el terrible flagelo de la silicosis u otra enfermedad profesional que generalmente, los lleva a la sepultura. Los más afortunados viven una corta y dolorosa existencia, llevando, en lo más íntimo de su ser, la amargura de saber que, por su precaria salud, no vivirán siquiera para gozar de una ansiada y merecida jubilación. Por ello, al tratar la moción de los señores Jerez, Barra, Montes, Melo, Fierro y Pantoja, presentada en el período pasado, que legisla sólo en favor de los obreros del carbón, la Comisión de Trabajo y Legislación Social consideró conveniente hacer extensivo sus beneficios a todos los trabajadores mineros del país.

El proyecto abarca cuatro factores fundamentales. El primero, la reducción de la jornada de trabajo de 8 a 6 horas diarias, manteniendo, desde luego, todos los beneficios legales y contractuales a que los trabajadores tienen derecho. Es sabido que en las distintas faenas mineras del país, ya sea en las minas de tajo abierto o en las subterráneas, la jornada de los obreros es de más de 8 horas diarias, y deben recorrer, además, enormes distancias al ingresar a ellas, como es el caso de los trabajadores del carbón. Por lo tanto, la larga jornada expone a los trabajadores a contraer las enfermedades propias de la profesión, como la silicosis, por ejemplo. Muy pocas empresas mineras cuentan con elementos de seguridad para proteger la salud y la vida de sus obreros y empleados, lo que hace aún más grave e injusta esta situación.

El proyecto también legisla para que el trabajador minero, quien por los factores anotados tiene corta vida, pues fallece mucho antes de tener la edad que las-actuales disposiciones legales vigentes establecen para optar a una miserable jubilación, pueda hacerlo a los 25 años de trabajo.

Otro aspecto que abarca este proyecto de ley es el relacionado con la fiscalización de las condiciones de higiene y de seguridad mineras. Actualmente, en nuestro país, 5 o 6 organismos tienen atribuciones para fiscalizar las condiciones de higiene y de seguridad mineras. Esta distribución de facultades, en la práctica, ha significado solamente perjuicios para la salud y la vida de los trabajadores mineros. El proyecto en discusión crea los Consejos de Seguridad Minera, para controlar y fiscalizar las condiciones de higiene y el estado de seguridad de los establecimientos mineros. Dichos Consejos estarán ubicados en Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y Rancagua. Desde luego, y con el objeto de hacer cumplir las disposiciones que ellos dicten se establece en el proyecto la facultad de sancionar con fuertes multas la infracción de las medidas de higiene y seguridad.

En el deseo de que este proyecto no solamente sea discutido, sino también aprobado en esta sesión, no voy a extender más estas explicaciones, y quedo a disposición de los Honorables Diputados que deseen formular algunas consultas.

Al terminar, solicito de todos los señores parlamentarios la aprobación de este proyecto de ley, porque junto con despachar esta iniciativa, estaremos entregando una herramienta a los trabajadores mineros para que no sólo puedan optar a la jubilación, sino, también, lo que es primordial, trabajar en condiciones de higiene y seguridad que los pongan a resguardo de las enfermedades profesionales o de accidentes que, muchas veces, los dejan inválidos o les causan la muerte.

De esta manera, al mismo tiempo que podrán seguir produciendo en beneficio de las industrias en que laboran y de la economía del país, continuarán trabajando también para sustentar a sus familiares.

Además de establecer medidas de seguridad y de prevención para poner a cubierto la vida de los trabajadores, es necesario legislar sobre accidentes del trabajo. Sobre esta materia, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Legislación Social y de Asistencia Médico-Social e Higiene se han entregado importantes antecedentes, los cuales demuestran el verdadero abandono en que se encuentran no sólo los mineros, a quienes me refiero en esta oportunidad, sino todos los trabajadores del país. Estoy convencido de que la aprobación de este proyecto será un paso adelante en la adopción de medidas destinadas a proteger la salud y la vida de nuestros trabajadores. Por ello, repito, pido a los señores Diputados que den también su aprobación a lo acordado por la Comisión.

El señor VALDES (don Manuel).-

Señor Presidente, como decía hace un momento, este proyecto, originado en una moción presentada en el período pasado por los Diputados señores Jerez, Barra, Montes, Melo, Fierro y Pantoja, hace justicia al sector de trabajadores que está laborando en peores condiciones en el país.

Todos conocemos las condiciones casi inhumanas en que trabajan y viven los obreros del carbón. Esta situación se vea agravada por el hecho de que las compañías, con un criterio que nunca hemos entendido, les dan el peor trato que una empresa puede dar a sus colaboradores, a los obreros que para ella trabajan. Además, mañosamente, estas empresas se han puesto en condiciones tales, que en varias oportunidades, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, el Estado de Chile ha debido ayudarlas a solucionar sus problemas, a fin de que pudieran subsistir y no se cerrase una fuente de trabajo indispensable para el gran número de personas que en ellas laboran.

Al reducir las horas de trabajo diario, el proyecto no hace sino reconocer la naturaleza de las faenas en las minas. Ninguna tarea, ningún trabajo se realiza en peores condiciones que el del minero. Es indispensable reducir su jornada ordinaria de 8 horas. Con toda justicia, el proyecto la rebaja a 6 horas.

Asimismo, por el ambiente tóxico en que desarrolla sus labores, la jubilación debiera concedérsele al minero a una edad inferior a la fijada para la generalidad de los obreros.

Por la misma razón, debe asegurarse el cumplimiento de las normas e instrucciones sobre higiene industrial, la que en la práctica no existe. Todos los que representamos a la provincia de Concepción y conocemos la zona del carbón sabemos perfectamente que no hay ni siquiera baños con agua caliente para que el minero se asee una vez terminada su faena.

Conocedor de la inquietud que siempre ha demostrado por este problema un colega de partido, el Honorable señor Alberto Jerez, quien no ha podido encontrarse en este momento en la Sala, quiero manifestar mi reconocimiento para él y los demás Honorables colegas autores de este proyecto, por la justicia con que han encarado la situación de los obreros más desamparados de la industria nacional.

El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-

Señor Presidente, en forma muy breve, sólo deseo insistir en lo manifestado por el Honorable colega Manuel Valdés, en orden a dejar claramente establecida la imperiosa necesidad de dictar una legislación que permita a los obreros del carbón obtener mejores condiciones de trabajo y de vida.

En múltiples ocasiones, nos ha correspondido ver - y a esto se debe mi intervención- los efectos que el trabajo en las minas produce en la salud de los obreros. En los hospitales, estamos enfrentados permanentemente a problemas extraordinariamente graves, con motivo de la vejez prematura y de la falta absoluta de previsión de estos trabajadores.

A resolver esta situación tiende el proyecto sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo que se está discutiendo en las Comisiones de Asistencia Médico-Social e Higiene y de Trabajo y Legislación Social Unidas. En opinión de los Diputados de estos bancos, ese proyecto y el que la Cámara trata en este momento serán herramientas eficaces para que estos obreros obtengan definitivamente mejores condiciones de trabajo y de vida.

Los índices de morbilidad...

La señora LAZO.-

Señor Presidente, los miembros de la Comisión del Trabajo y Legislación Social tenemos la esperanza de que este proyecto sea despachado hoy mismo. Los que conocemos este tipo de faenas y hemos visto la forma en que viven, trabajan y mueren casi todos los hombres en las minas de nuestro país, comprendemos cuán justo es este proyecto. Como dijo el Honorable señor Olivares, en las Comisiones de Asistencia Médico-Social e Higiene y de Trabajo y Legislación Social unidas, se está discutiendo un proyecto sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Pero con la presente iniciativa se trata, justamente, de prevenir la silicosis y aquellas otras enfermedades que se producen por las condiciones subhumanas en que los obreros chilenos trabajan en casi todos los minerales del país.

Primitivamente, este proyecto favorecía sólo a los obreros del carbón. Nosotros hemos querido incorporar en él a todos los mineros que, constantemente, no sólo son víctimas de la silicosis, sino de todas aquellas enfermedades inherentes a su labor.

Este proyecto significa solamente hacer justicia respecto de una situación que, como ya se ha recalcado aquí, se viene arrastrando desde hace muchos años. Se cuidan las maquinarias, los intereses de las grandes compañías, y, en fin, los métodos de trabajo. Lo único que se ha descuidado siempre es el material humano. Tenemos la esperanza de que, a través de esta legislación, se halla un alivio para el obrero, para el material humano. Así como se está estudiando una legislación tendiente a cubrir los riesgos de las enfermedades profesionales, queremos favorecer al hombre inválido, al hombre enfermo que sale de la mina.

Por último, en el artículo 4º, se nos ha escapado una omisión. A fin de que el proyecto sea despachado en forma conveniente se ha presentado una indicación para incluir a Concepción y Magallanes entre las sedes de los Consejos de Seguridad Industrial -y Minera enumerados en esa disposición.

El tiempo que resta a nuestro Comité lo ocupará el colega Guajardo para fundar esta indicación, que ya se ha entregado a la Mesa.

El señor GUAJARDO.-

Señor Presidente, acabo de hacer llegar a la Mesa una indicación para agregar la palabra "Magallanes" a continuación de "Rancagua", en el artículo 4º. En este instante, un colega me insinúa la idea de agregar también a Valdivia.

En la provincia de Magallanes, existen numerosos establecimientos mineros que desarrollan sus labores en pésimas condiciones. A ello hay que sumar los abusos que los patrones cometen continuamente contra los trabajadores.

En mi juventud -lo digo con orgullo-, también fui trabajador minero. Por eso, hoy veo con profunda satisfacción que la Cámara legisle sobre una materia de tanta importancia.

Pido a los colegas parlamentarios apoyar la indicación que he presentado para agregar la palabra "Magallanes", después de "Rancagua", en la enumeración del artículo 4°.

Nada más.

El señor MELO.-

Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, los mineros del carbón vienen solicitando que se les rebaje su actual jornada de trabajo.

En la mayoría de los países, en las minas de carbón se trabajan jornadas de cinco y seis horas diarias. En el nuestro, en cambio, se trabajan prácticamente, más de ocho horas. Porque el obrero del carbón entra al establecimiento, saca su lámpara, baja en la "jaula" a la mina al fondo del mar, sigue hacia el frente del trabajo y sólo cuando llega a él principian a correrle las ocho horas. Prácticamente, trabaja nueve y diez horas.

Como consecuencia de esta labor agotadora, se produce un número excesivo de accidentes. Quiero que la Cámara conozca un antecedente. En esta industria, trabajan actualmente 12.193 obreros. Durante el año pasado, hubo 3,187 accidentados. Es decir, casi el 25% de los obreros sufrieron accidentes, a causa del trabajo excesivo, del cansancio de las condiciones inhumanas en que desarrollan su labor en las minas. Muchos Honorables colegas saben que, en algunos partes, estos obreros tienen que trabajar tendidos en el suelo, casi sin ropa, en túneles muy bajos, de apenas 40 centímetros de altura. De ahí que son afectados por un sinnúmero de enfermedades profesionales, materia que se está empezando a discutir en la Cámara.

Por su parte, las Compañías dicen que han conseguido que los mineros produzcan más carbón. En una memoria del Servicio de Minas del Estado, que tengo aquí, se expresa que de una producción de 481 toneladas-hombre en 1963, se llegó a 526 toneladas-hombre en 1964. Esto significa que la producción de carbón ha ido aumentando.

Por esta razón, el proyecto que hoy se discute es de toda justicia.

Sobre esta materia, se han presentado varios proyectos: primero, el del ex Diputado comunista Oyarce; después, el del colega Montes; y, finalmente, el que ahora discutimos, que ha sido patrocinado por toda la representación parlamentaria de Concepción, sin excepción alguna.

Aún más, en el incesante batallar por mejorar las condiciones de los obreros, el 15 de septiembre de 1959, la Cámara aprobó un proyecto sobre enfermedades profesionales, que pasó al Senado. El artículo 40 de esa iniciativa decía, textualmente, lo siguiente:

"La jornada de trabajo para los obreros que laboran directamente en faenas expuestas al riesgo de contraer enfermedad profesional, como, asimismo, los que trabajan en faenas subterráneas y en ambiente tóxico, determinado por el Servicio Nacional de Salud, será de siete horas diarias".

Esto significa que ya en 1959 existía ambiente para legislar con el objeto de que los obreros del carbón trabajaran menos horas diarias.

Tengo a la mano la fotografía de un obrero sircador que trabajaba 12 horas al día en el fondo de una mina de carbón. ¿Qué le ocurrió? Que, por el trabajo excesivo que hay en los frentes y en medio del humo de los explosivos, lo alcanzó la máquina circadora y le cortó un brazo y las dos piernas. Está viviendo en el mineral de Coronel, con una pensión miserable. Tiene cuatro hijos y no tiene quien le haga las cosas, porque también le sucedió la desgracia de que se le muriera la mujer.

No le pagan las asignaciones familiares. Hasta el momento, no hemos podido obtener que se le haga justicia. Por eso, hemos presentado una moción para concederle una pensión dé gracia.

Por último, es también muy justo que el obrero que trabaja en labores subterráneas, bajo el mar, jubile a los veinticinco años de trabajo continuado. Son innumerables los mineros que casi nunca salen a la superficie. Sólo lo hacen para ir al hospital, cuando han sufrido un accidente o están silicosos, como puede comprobarse en los pueblos de la zona sur.

Por eso, con toda justicia, la Comisión de Trabajo y Legislación Social aprobó este proyecto por ' unanimidad. Ojalá la Cámara lo despache en la misma forma.

Nada más.

El señor JAQUE.-

Señor Presidente, los parlamentarios de estos bancos concordamos plenamente con el sentido humano y social de este proyecto, que ya han destacado los Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.

Como parlamentario por la zona, me ha correspondido conocer muy de cerca la situación realmente miserable en que labora este personal de las minas; recibe remuneraciones bajísimas, misérrimas, y está expuesto, como aquí se ha señalado, a contraer la grave enfermedad de la silicosis. A esto debe agregarse su dura jornada de trabajo, cuyos efectos se pretenden paliar con estas disposiciones, de tan hondo sentido de justicia social.

En su parte esencial, el artículo de esta iniciativa legal establece una jornada de trabajo de seis horas para los trabajadores de las minas de carbón. Esta disposición está íntimamente relacionada con el artículo 3º, que estatuye, en beneficio de estos mismos obreros, el derecho a acogerse a jubilación una vez que hayan cumplido veinticinco años de servicios.

El artículo 4º crea los Consejos de Seguridad Industrial y Minera. Creo que en él existía una omisión, porque Concepción es una importante y esencial sede carbonífera. En este sentido, la Honorable colega señora Lazo se me adelantó al proponer la inclusión de esa ciudad en este artículo.

La creación de los Consejos de Seguridad Industrial y Minera es fundamental, sobre todo en la zona de Concepción, donde ocurren con cierta frecuencia graves accidentes, cuyas desgracias debemos lamentar más tarde. En consecuencia, haré llegar a la Mesa una indicación para concretar esta idea, en el sentido expresado.

Por las razones expuestas y las que han dado otros Honorables colegas, votaremos favorablemente este proyecto de ley.

El señor LAEMMERMANN.-

Señor Presidente, sólo quiero manifestar que comparto las razones por las cuales el Honorable colega señor Jaque ha anunciado la complacencia con que los Diputados radicales votaremos este proyecto de ley.

Como parlamentario de una provincia fundamentalmente minera, por haber vivido en esa zona durante muchos años y haber ejercido mi profesión de abogado defendiendo a los obreros del carbón, considero de enorme justicia despachar este proyecto tal como ha sido presentado, a fin de que la jornada de trabajo de este personal sea reducida de ocho a seis horas. Los obreros del carbón laboran prácticamente doce a catorce horas diarias, y muchos de ellos viven en localidades muy alejadas de la boca mina. Por estos motivos, estimo de enorme justicia, repito, legislar en esta oportunidad en favor de estos obreros.

Nada más.

El señor PARRA.-

Señor Presidente, ha pedido la palabra nada más que para formular dos preguntas. En primer lugar, quiero saber qué se entiende por jornada ordinaria de seis horas. ¿Se entiende que es el máximo de horas que una persona va a estar trabajando en forma subterránea?

El señor MELO.-

Claro.

El señor PARRA.-

Muchas gracias.

La segunda pregunta, cuya respuesta sería interesante que quedara en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, se refiere al valor de las multas. En el artículo 6º se dice que "el valor de las multas beneficiará a los respectivos sindicatos industriales y profesionales..." Nosotros sabemos que la composición numérica de los sindicatos profesionales es muy diferente de la de los sindicatos industriales. Pues bien, ¿consulta la disposición legal alguna proporcionalidad para asignar estas multas o no? Si fuera necesario, podría establecerse?

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, el -propósito de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, al establecer estas multas en beneficio de los sindicatos a que pertenezcan los obreros o trabajadores afectados por las denuncias hechas a través de los comités señalados únicamente quiso que el valor de esa sanción pasara a incrementar los fondos de las respectivas organizaciones sociales, cada una de las cuales, como es sabido, tiene su presupuesto.

Desde luego, la Comisión no discutió la forma de distribuirlas, sino, lisa y llanamente, dispuso, la entrega del producto de esas multas a las respectivas organizaciones sindicales.

El señor MONCKEBERG.-

Señor Presidente, los Diputados del Partido Conservador unido, conscientes de la trascendencia e importancia de este proyecto y de la imperiosa necesidad de dar a cada persona lo que le corresponde por su condición humana, anuncian, por mi intermedio, sus votos favorables a este respecto. En realidad, aun cuando estos votos no representan una cantidad apreciable, ellos son un testimonio simbólico de nuestra posición, en materias sociales.

Por haber vivido y ejercido mi misión como médico en instituciones industriales y por haber conocido los sufrimientos y penurias de estos trabajadores, me alegro por la presentación y contenido de este proyecto, y felicito, por tanto a sus autores.

Nada más, señor Presidente.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, como decía en mi intervención anterior, durante 14 años fui dirigente sindical y aun no conozco a un trabajador que pertenezca a dos sindicatos simultáneamente. Salvo el caso de que no haya tenido noticias de un hecho de esta naturaleza o que esté equivocado en mis interpretaciones, no creo que pueda suceder eso.

Por lo general, el trabajador pertenece a una sola organización. Entonces, al hablar de multas en beneficio de organizaciones sindicales, nosotros pretendemos - y creemos que así ocurrirá en la práctica- fortalecer la organización gremial y no fomentar los sindicatos paralelos.

El señor PARRA.-

Señor Presidente, lo que deseo preguntar no tiene connotación política. En el caso, por ejemplo, de un maestro que trabaja como "gruero" en alguna industria, éste, por ministerio de la ley, tiene afiliación automática al sindicato industrial y voluntaria a su sindicato profesional. Recurro a los años de experiencia gremial del señor Diputado informante para que diga si esta situación no se repite hasta el infinita en todas las grandes empresas, en las cuales, repito, un obrero pertenece al sindicato industrial, por ministerio de la ley, y a su propio sindicato profesional, si así lo desea. Es el caso de los obreros que se desempeñan como los electricistas, mecánicos y metalúrgicos.

La pregunta es sencilla: ¿acaso esta multa se va a repartir por partes iguales o no?

El señor ACEVEDO.-

Señor Presidente, deseo intervenir sólo para tratar de responder la pregunta del Honorable señor Parra.

Cuando en la Comisión de Trabajo y Legislación Social se discutió el artículo 6º de este proyecto, se estableció que el valor de las multas establecidas beneficiará al sindicato de la empresa sancionada.

De suerte que, aunque cuando un trabajador, como muy bien hacía notar el Honorable señor Parra, puede pertenecer a dos sindicatos, al industrial de la empresa o al profesional de su especialidad, del departamento o de la provincia donde presta servicios, el valor de la multa irá a incrementar los fondos del sindicato de la empresa en que trabaja esa persona. En consecuencia, quiero señalar este hecho con el objeto de aclarar esta materia y dejar establecido, en la historia fidedigna de la ley, que toda multa con que se sancione a una empresa beneficiará a la institución sindical a que pertenezca el personal de la compañía afectada.

Eso es todo.

El señor CAÑAS (Secretario).-

Los señores Pontigo, Melo, Papic, Olave, Guajardo y Jaque han formulado indicación para agregar en el artículo 4º, a continuación de "Rancagua", las siguientes expresiones: "Lebu, Concepción, Valdivia y Magallanes".

El señor ISLA (Vicepresidente).-

En conformidad con un acuerdo de la Honorable Corporación, corresponde tratar y despachar, en las mismas condiciones anteriores, el proyecto de ley, originado en una moción, que condona el impuesto a la producción de vinos que se aplica a los vitivinicultores de las provincias de Maule, Ñuble, Concepción, Bío- Bío, y Malleco.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

Diputado informante es el Honorable señor Valdés Solar.

- El proyecto, impreso en el boletín Nº 10.398, dice:

"Artículo 1º.- Prorróganse hasta el 31 de julio de 1966, las disposiciones contenidas en el artículo 133 de la ley Nº 16.250, publicada en el Diario Oficial de fecha 21 de abril de 1965.

En los convenios que se suscriben, podrá incluirse el pago de las prorratas correspondientes hasta la cosecha del año 1965, inclusive.

Suspéndese, hasta el vencimiento de la nueva prórroga, el cobro de los abonos trimestrales de los convenios suscritos en virtud de las leyes 15.564 y 16.250, de fechas 14 de febrero de 1964 y 21 de abril de 1965, respectivamente. Sin embargo, los deudores que lo deseen podrán continuar sirviendo estas deudas de acuerdo a las cláusulas del convenio, o efectuar abonos mensuales voluntarios. En ambos casos, estos abonos no estarán afectos a recargo alguno y la totalidad de los que se hubieren efectuado hasta el 31 de julio de 1966, serán exclusivamente para el servicio de la deuda. Vencido el plazo de la presente prórroga, el Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado prorrateará el saldo insoluto en cuotas trimestrales.

Artículo 2°.- Podrán acogerse también a los beneficios indicados en el artículo anterior, los deudores del impuesto a la producción de vinos y chichas cuyas viñas estén ubicadas en los departamentos de Mataquito y Curepto, de las provincias de Curicó y Talca, respectivamente, y en la provincia de Linares.

Artículo 3º.- El Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del. Estado declarará incobrables las deudas por concepto de impuestos a la producción de vinos y chichas, y prorratas que establece el artículo 126º de la ley 13.305, a los contribuyentes a que se refieren los dos artículos anteriores, sin las exigencias contempladas en el artículo 198º del D.F.L. Nº 190, de 1960, sobre Código Tributario, siempre que el monto del impuesto adeudado, por cada propietario o mero tenedor, no sea superior a Eº 300. Igualmente, declarará incobrables los intereses, costas y multas devengados por el monto del impuesto referido, a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo 4º.- Las deudas a que se refiere el artículo precedente quedarán condonadas en su totalidad, incluido intereses, costas y multas devengados, para los deudores de los impuestos indicados en la comuna de Nacimiento, provincia de Bío-Bío.

Artículo 5º.- Declárase exento del pago de toda contribución fiscal o municipal que afecte a los bienes raíces, al inmueble Rol Nº 43-9 de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Los Angeles, inscrito a fojas 251 Nº 385 del Registro de Propiedad de 1954 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles, destinado al funcionamiento del Hotel Mariscal Alcázar de dicha ciudad.

Condónase el pago de contribuciones de bienes raíces, intereses y multas adeudados por dicho inmueble a la fecha de la vigencia de la presente ley".

El señor VALDES (don Manuel).-

Señor Presidente, este proyecto tuvo su origen en una moción de los Honorables Laemmermann y Rioseco, que proponía la condonación del impuesto á la producción de vinos aplicados a los vitivinicultores de las provincias de Maule, Ñuble, Concepción, Bío-Bío y Malleco.

Efectivamente, la ley Nº 15.564 estableció un impuesto escalonado a la producción de vinos, que fluctuaba entre el 10, el 12 y el 15%.

Este impuesto fue muy debatido e impugnado, arguyéndose que, como "incidía" directamente en la producción, no era el más conveniente para el fomento de la vitivinicultura. Por eso, la ley 15.575, de 15 de mayo de 1964, lo reemplazó por un impuesto a la compraventa, con una tasa general del 10% para las ventas de vinos, y una tasa especial del 8% para la primera transferencia de vinos proveniente de viñedos ubicados al sur del río Perquilauquén y en los departamentos de' Constitución, Cauquenes y Chanco.

Sin embargo, muchos pequeños vitivinicultores quedaron adeudando el primitivo impuesto a la producción. La ley 15.564 otorgó un plazo de 90 días para el pago de ese impuesto; posteriormente, la ley Nº 16.250, de 21 de abril de 1965, amplió este plazo a 120 días. A pesar de estás prórrogas, el monto de los impuestos morosos resultó considerable, no porque existiera intención, mala fe o mala voluntad de los deudores, sino por su imposibilidad material de cumplir sus obligaciones tributarias-debido a que sus viñedos fueron afectados por sequías y plagas desconocidas, que arruinaron la producción casi en su totalidad, como ocurrió en la comuna de Nacimiento y otras, especialmente de las provincias de Concepción y Nuble. Además, los deudores morosos son, en su generalidad, pequeños vitivinicultores de zonas de monocultivo, donde la única producción de alguna importancia proviene de viñedos de terrenos de secano.

Por estas razones, los Honorables señores Laemmermann y Rioseco presentaron un proyecto para condonar esos impuestos adeudados. Sin embargo, durante el debate del proyecto se consideró que no era justa la condonación total, porque ella perjudicaría a los contribuyentes que habían pagado oportunamente estos tributos. Entonces se convino en rectificar el proyecto, lo que se tradujo, precisamente, en el texto actual que me toca informar en estos momentos.

Por lo tanto, esta iniciativa tiene por objeto, en primer término, conceder un nuevo plazo, hasta el 31 de julio de 1966, para el pago de los tributos adeudados y el cumplimiento de los convenios de pago pendientes.

El artículo 3º contiene una disposición que nos parece trascendental. Ella faculta al Departamento de Cobranzas Judiciales de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado para declarar incobrables, sin las exigencias establecidas en el artículo 198 del Código Tributario, las deudas por concepto de impuestos a la producción de vinos y chichas, impuestos que fueron sustituidos, según lo dijimos, por tributos sobre su compraventa, con arreglo a la ley Nº 15.575. Solamente en el caso de la comuna de Nacimiento, en consideración a las diversas plagas y siniestros que han sufrido sus viñedos, que prácticamente han arruinado la producción hasta el punto de que no se obtuvo cosecha alguna, la ley condona lisa y llanamente, esos tributos.

Debo hacer un alcance: la declaración de incobrabilidad que haga el Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del Estado sólo procede respecto de impuestos morosos, cuyo monto no exceda de 300 escudos por cada propiedad, sin incluir los interéses, costas y multas devengados hasta la publicación de esta ley, que también serán declarados incobrables. Esto se hizo porque se desea que la ley favorezca especialmente a los pequeños agricultores de modestos recursos. Por consiguiente, los productores que dispongan de suficientes medios no serán beneficiados por esta ley de excepción.

Esta ley favorece a los propietarios de 21.852 viñas, que cubren una superficie de 30.666 hectáreas. Por informes que me ha proporcionado el Servicio de Impuestos Internos, de estas 21.852 viñas, diecinueve mil tienen cabidas inferiores a cinco hectáreas, lo que corrobora lo que he afirmado en el sentido de que esta ley tiene por objeto beneficiar al pequeño propietario. El monto de lo adeudado por los viñateros de los departamentos y provincias incluidas en los beneficios del pro- yecto asciende a 4.457.038,46 escudos.

El proyecto menciona a las provincias de Ñuble, Concepción, Bío-Bío y Malleco. Además de ellas, por indicación de varios señores parlamentarios, se incluyeron los departamentos de Mataquito y Curepto, de las provincias de Curicó y Talca, respectivamente; como, asimismo, la provincia de Linares.

Finalmente, el artículo 5º del proyecto declara exento 'del pago de toda contribución fiscal o municipal territorial, al inmueble de propiedad de la Municipalidad de Los Angeles, destinado al hotel "Mariscal Alcázar de dicha ciudad; además, condona las contribuciones, intereses y multas adeudados por dicho inmueble. Estas franquicias se justifican, porque ese hotel constituye una de las principales fuentes de financiamiento para el servicio de las deudas provenientes de empréstitos obtenidos por la Municipalidad de Los Angeles, con el objeto de realizar obras de progreso comunal. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Comisión acordó incluir esta disposición en el proyecto.

Debo reiterar que la Comisión tuvo en vista el hecho de que estaba demostradala incobrabilidad de estos impuestos, cuyo pago viene atrasándose desde el año 1961, habiendo sido infructuoso todos los esfuerzos realizados por el Servicio de Impuestos Internos para cobrarlos y recaudarlos. Y, demás, tuvo también en consideración las circunstancias especiales en que se hallan los pequeños viñateros de las provincias y departamentos mencionados, tanto por la calidad de los terrenos de sus viñas, cuanto por el hecho de que han sido seriamente afectados éstos por sucesivas plagas y sequías. Estas razones hicieron preciso dictar esta ley de excepción que, por una parte, declara incobrables los impuestos adeudados por concepto de producción de vinos, posteriormente modificados y reemplazados por impuestos a las compraventas por ley 15.575, de 15 de mayo de 1964; y, por otra, prorroga el plazo para su pago.

Esto es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

Quedo a disposición de los señores Diputados para contestar las preguntas que deseen formular.

El señor TEJEDA.-

Señor Presidente, el señor Diputado informante ha sido suficientemente claro el exponer las razones generales que justifican estas franquicias tributarias. Sólo quiero hacer presente que, en la Comisión respectiva, me correspondió defender especialmente la situación de la comuna de Nacimiento, que aparece favorecida con la condonación total de las deudas tributarias de sus viñateros. Esto se debe a que la ruina de sus viñedos fue total. Allá no hubo producción alguna. Cuando el señor Ministro del Interior, entonces Vicepresidente de la República, visitó Nacimiento, se comprometió con la inmensa mayoría de pequeños propietarios a obtener la dictación de una disposición en este sentido.

En seguida, voy a explicar lo referente  a la exención del impuesto territorial del inmuebles del hotel "Mariscal Alcácar", hotel que pertenece a la Municipalidad de Los Angeles. Gracias a la labor de todos los parlamentarios de Bío-Bío, se obtuvo que se diera cabida a tal franquicia dentro de este proyecto de ley. El señor Ministro de Hacienda conoció el caso y, comprendiendo que era un error que se cobrara ese impuesto a dicho hotel municipal, prometió que esta disposición no sería vetada.

Los Diputados comunistas votaremos favorablemente este proyecto, ¡en todas sus partes.

El señor ARAVENA' (don Jorge).-

Por las explicaciones que nos ha dado el señor Diputado informante me parece ampliamente justificado lo que se propone este proyecto de ley.

Sólo deseo observar que incluye en sus beneficios una provincia vecina a la de Talca que tiene una producción vitivinícola muy similar a la de esta última. Sin embargo, se ha excluido del proyecto a la provincia de Talca, salvo su departamento de Curepto, que ha quedado comprendido entre sus beneficios, lo que crea un privilegio para ciertas provincias respecto de otras. Aparte del hecho de que algunas provincias tienen una producción de menor calidad que la de Talca, hay que hacer presente que la producción de la provincia de Talca ha sufrido las mismas plagas y ha tenido también serios inconvenientes.

Por consiguiente, señor Presidente, solicito del señor Diputado informante que me informe acerca de cuáles fueron las razones que tuvo para excluir a la provincia de Talca del proyecto.

El señor VALDES (don Manuel).-

Señor Presidente, con todo gusto daré respuesta a la consulta del Honorable señor Aravena.

Debo manifestarle que el criterio permanente de la Comisión Especial del Vino fue favorable precisamente a aquellas comunas y provincias cuya vitivinicultura tiene índices de producción más bajos. Con la asesoría del Departamento de Alcoholes de Impuestos Internos, se estableció que los índices de producción más bajos se produjeron en aquellas comunas cuyas viñas sufrieron diversas enfermedades y plagas. Estos males no atacaron con la misma fuerza a todas las zonas agrícolas del país. Fueron los terrenos de rulo, de secano o de cerro los que padecieron mayores estragos. En consideración a estos antecedentes, se enumeró a las provincias para considerarlas en la exención del impuesto a la producción de vino.

El señor ARAVENA (don Jorge).-

Señor Presidente, si bien es cierto que en la provincia de Talca los coeficientes de producción vitivinícola no son iguales dentro de las distintas comunas, no se puede dejar de reconocer también que en ella hay muchos viñedos de secano, otros que tienen baja productividad o escasa extensión. Hay una cantidad enorme de predios que tienen menos de cinco hectáreas de superficie.

Por eso, voy a presentar una indicación a fin de que se incorpore a los viñedos de Talca en esta exención.

El señor GARCES.-

Como Presidente, de la Comisión Especial del Vino, quiero ratificar lo que acaban de manifestar algunos Honorables colegas.

El proyecto en discusión favorecerá al pequeño vitivinicultor, porque, a mi modo de ver, éste es un impuesto injusto, ya que no hace distingo en el precio de venta del vino; de manera que tenía que pagar este impuesto tanto el que vendiera su producción a un escudo la arroba como el que lo hiciera a diez escudos. Como es lógico, el que tiene mayor apuro y necesidad es el pequeño vitivinicultor, que era perjudicado enormemente por este impuesto.

En esas circunstancias se ha producido el hecho de que, debido a los intereses y costas que tienen los recargos de los respectivos impuestos adeudados, es imposible que en este momento los pequeños vitivinicultores puedan pagar este impuesto.

En cuanto a la observación del Honorable colega señor Aravena, don Jorge, honradamente puedo decirle que, más que nadie, quisiera favorecer á la provincia de Talca, a la cual pertenezco y en la que tuve el alto honor de ser Alcalde durante dos períodos. Sin embargo, creo que en ese sentido el proyecto sería injusto, porque favorecería a muchos grandes propietarios, y, como dijo el Honorable señor Valdés Solar, la Comisión ha tenido especial preocupación de evitarlo. Hemos estado conscientes de la necesidad de ir en ayuda, exclusivamente, de pequeño vitivinicultor, y para ello, nos hicimos asesorar por el señor Subsecretario de Hacienda y por funcionarios de Impuestos Internos.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor DE LA JARA.-

Señor Presidente, como Diputado por Bío-Bío, sólo deseo expresar la enorme satisfacción por el hecho de que se haya presentado este proyecto de ley, especialmente porque, al darle un trato preferencial, se ha hecho justicia a los pequeños vitivinicultores de la comuna de Nacimiento.

Conozco toda esa zona y puedo asegurar que en ella viven sólo pequeños propietarios, cuyo único medio de sustento lo constituye el cultivo de sus viñas. Como este año no han tenido producción de vino, han pasado por tremendas angustias y, para afrontar el invierno, 'han debido recurrir a los árboles frutales, secando peras. Podría decirse que en ella hay una inmensa hambruna.

En consecuencia, deseo expresar mi reconocimiento a los Honorables Diputados que han trabajado en este proyecto de ley, como también al Ejecutivo por la participación que en ello ha tenido.

Nada más, señor Presidente.

El señor STARK.-

Señor Presidente, nada más justo que este proyecto, de lo cual quedó constancia en la exposición de motivos que lo originó.

En mi calidad de parlamentario por Bío-Bío, he visto con satisfacción que se ha incluido a la comuna de Nacimiento en este trato especial.

Justamente, en los últimos cabildos realizados en esa ciudad, se solicitó a los parlamentarios que nos preocupáramos especialmente de este rubro porque, como ha quedado destacado, muchos de los que allí viven carecen de otros medios de subsistencia, viviendo de lo poco y nada que les da su pequeña extensión de viñedos. Desgraciadamente, hace dos años que esta gente no puede cosechar absolutamente nada.

Esta es la razón quo movió al señor Subsecrtario de Hacienda para interesarse por este problema, ya que tuvo conocimiento de todos los antecedentes e informaciones necesarios.

Por otra parte, el artículo 5º declara exento del pago de toda contribución fiscal o municipal que afecte a los bienes raíces, al inmueble rol Nº 43-9, de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Los Angeles y que tiene destinado exclusivamente al hotel, construido, justamente, con un empréstito financiado con cargo a los bienes raíces.

Esta fuente de entradas constituye para la Municipalidad de Los Angeles un ingreso que destina a la amortización de las deudas de la construcción de este hotel que ha venido a llenar una necesidad sentida, ya que ha contribuido a transformar a la ciudad en un centro turístico...

El señor JAQUE.-

Señor Presidente, los parlamentarios de estos bancos vamos a dar nuestra más amplia aprobación a este proyecto de ley que está destinado a condonar el impuesto a la producción de vinos que se aplica a los vitivinicultores de las provincias de Maule, Ñuble, Concepción, Bío-Bío y Malleco.

La verdad es que los agricultores de esta zona atraviesan por una situación extraordinariamente difícil. En lo que respecta a la región que represento, en una visita que hice, hace algunos días, a las comunas de Ranquil y Coelemu, que es zona de pequeños propietarios agrícolas viñateros, pude apreciar la difícil situación, por no decir dramática, que los afecta.

Me hicieron entrega de una nota, en cuya parte pertinente se expresa: "Existiendo la dolorosa agravante de que los suelos de rulo de esta zona están dedicados a un monocultivo, que es la viña, pues ningún otro rubro agrícola produce en estas tierras los rindes de la vid, su reemplazo es muy difícil, por no decir imposible, dada la pobreza de los suelos y en donde el minifundio está muy difundido, precisamente a causa de la vitivinicultura. Además, el empresario agrícola se encuentra prácticamente descapitalizado por las malas cosechas consecutivas, leyes sociales onerosísimas y, sobre todo, por la imposición de gravámenes tributarios injustos y exagerados durante varias décadas.

"La preocupación de los viñateros ante esta nueva tragedia deslinda con la desesperación y se encuentran en franca desorientación ante su magnitud".

Como expresaba, la verdad es que se trata de pequeños agricultores que cultivan terrenos de rulo a través del sistema de monocultivo y que se encuentran prácticamente descapitalizados, con la agravante de que en la actualidad deben cumplir con las leyes tributarias, que están afectando gravemente a nuestra nacionalidad.

Por las razones señaladas, los parlamentarios radicales aprobaremos el proyecto en debate.

Como sólo disponemos de cinco minutos por Comité, voy a conceder una interrupción al Honorable colega señor Laemmermann.

El señor LAEMMERMANN.-

Señor Presidente, el Honorable señor Rioseco y el Diputado que habla somos los autores del proyecto de ley en debate.

Nuestra idea consistía en legislar sobre la base de una condonación total, porque estimamos que la situación por que atraviesan todos los agricultores de las provincias mencionadas es crítica y durante el próximo año seguramente la producción seguirá siendo ínfima.

Pero, a juicio del Ejecutivo y de los técnicos, la palabra "condonación" constituye un mal precedente y, en consecuencia, se ha sustentado la idea de una condonación parcial.

Los Diputados señores Jaque e Ibáñez y el que habla hemos presentado una indicación a fin de elevar el monto de las deudas incobrables de Eº 300 a Eº 500.

Ruego a la Honorable Cámara tener presente la indicación mencionada.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, como representante de los departamentos de San Carlos e Itata, que aparecen favorecidos por esta disposición, por cuanto la agricultura de esta zona se desarrolla especialmente a base del cultivo de la vid, debo expresar que esta iniciativa legal soluciona en parte la aflictiva situación económica en que se encuentran los agricultores productores de vino. En 1964 las viñas de Itata tuvieron una producción menor, en un 70%, a la del año antepasado y de los años normales.

Por este motivo, los vitivinicultores, de la zona de San Carlos e Itata se sienten interpretados por esta disposición que los favorece; y, por esta razón, voy a votar en favor de ella.

El señor VALDES (don Manuel).-

Séñor Presidente, a fin de contestar las observaciones del Honorable señor Laemmermann, debo manifestar que la Comisión funcionó asesorada por funcionarios del Departamento de Alcoholes del Servicio de Impuestos Internos, quienes informaron que, en el 99% de los casos de deudores morosos, el monto de su deuda no era superior a 300 escudos.

Por esto motivo, la Comisión consideró conveniente fijar como tope de las deudas incobrables, la cantidad señalada más los intereses, costas y multas devengadas hasta la fecha de la promulgación de esta ley.

El Ministerio de Agricultura manifestó el mismo procedimiento y coincidió plenamente con los datos que proporcionó a la Comisión el Departamento de Alcoholes del Servicio de Impuestos Internos, dando a conocer también que, en casi la totalidad de los casos analizados, el monto de las deudas no sobrepasaba los 300 escudos.

Por este motivo - repito- la Comisión estableció esta cifra como tope para los efectos dé declarar incobrables las deudas.

Le concedo una interrupción al Honorable señor Canales.

El señor CANALES.-

Señor Presidente, tal como lo ha manifestado el Honorable señor Valdés, don Manuel, presentamos también un proyecto de ley sobre esta materia, porque, desde hace mucho tiempo, hemos estado preocupados de la triste situación por que atraviesan los pequeños viñateros de los departamentos de Chillán, Bulnes y Yungay, San Carlos e Itata.

En realidad, esta gente, especialmente los modestos propietarios, viven de la viña, y creo que este proyecto viene a aliviar en parte su grave problema. Pero en un futuro muy cercano tenemos que hacer algo más: buscar la solución definitiva, porque considero que, en muy pocos meses más, la mayor parte de estas personas no tendrá ni siquiera lo más indispensable para subsistir, para comer. Esta es la triste realidad de los viñateros de la provincia de Ñuble.

Nada más.

El señor IBAÑEZ.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, presentado, inicialmente, por los Honorables señores Laemmermann y Rioseco, excluía a la provincia de Linares. Pues bien, en la Comisión Especial encargada de conocer las materias de ley relativas a la industria vitivinícola de Chile, logramos que nuestra provincia fuera incluida en los beneficios del proyecto.

Las cifras proporcionales por el Servicio de Impuestos Internos determinan que la provincia de Linares es la que adeuda la mayor cantidad por impuestos de esta naturaleza. Los guarismos son reveladores, si se comparan con los de las demás provincias y departamentos a que se refiere el proyecto. Por lo tanto, nosotros estimamos que este solo antecedente justifica plenamente la inclusión de Linares entre las provincias beneficiadas por la iniciativa en examen.

Por este motivo, naturalmente, y como autores de la indicación que, en definitiva, fue aprobada por la Comisión técnica, votaremos favorablemente el proyecto en discusión.

 El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, me parece que en la Comisión Especial de la industria vitivinícola se aprobó la condonación de estos impuestos con respecto a los vitivinicultores del departamento de Loncomilla; pero, en ningún caso se habló de los de toda la provincia.

Considero injusto que se quiera conceder estos beneficios a toda esa provincia, que es sumamente rica. Estimo que ello constituye una aberración. En la Comisión indicada, nosotros hablamos del departamento de Loncomilla. Insisto en que establecer esta excepción respecto de toda la provincia de Linares, constituye, indiscutiblemente, -aparte de ser una injusticia- una aberración. Por lo tanto, creo que una disposición de esta especie sólo se prestará, para la risa.

Por este motivo, solicito que la condonación de impuestos contemplados en este proyecto se establezca sólo en favor de los vitivinicultores del departamento de Loncomilla y que, en ningún caso, lo sea en favor de los de toda la provincia de Linares. Un caso similar se presenta respecto de la provincia de Talca. En efecto, en reiteradas ocasiones hemos manifestado que estas medidas de excepción no podrían aplicarse a los vitivinicultores de toda la provincia de Talca, que es una de las mayores productoras de vinos del país. En cuanto a la de Curicó creemos que sólo el departamento de Mataquito debe quedar incluido en las disposiciones de este proyecto.

Creo que si continuamos legislando en esta forma, cometeremos un grave error, ya que estoy convencido de que el Ejecutivo vetará, por ejemplo, la disposición relativa a la provincia de Linares.

Muchas gracias.

El señor FUENTES (don César Raúl).-

Señor Presidente, sólo deseo precisar un criterio de carácter general respecto de esta materia.

Debo hacer presente que, anteriormente, se presentó un proyecto de condonación total de este impuesto a la producción del vino y sus subproductos. Pues bien, ¿qué ocurrió? Que durante la discusión del proyecto en la Comisión, en la cual participé activamente, se estimó, - quiero dejar constancia de ello- que no podíamos establecer una condonación total, porque el Fisco chileno vive de los impuestos. Si bien es cierto que las provincias y departamentos a que se refiere el proyecto en debate han bajado su producción de vinos, no lo es menos que en algunos predios dicha producción, a pesar de haber disminuido, ha dejado, en todo caso, cierto margen de utilidades a sus dueños.

Por ese motivo, y con el objeto de preservar el interés general de la comunidad, consideramos necesario hacer una discriminación entre los pequeños y los grandes vitivinicultores; entre aquellos' que pueden pagar estos impuestos y los que no pueden hacerlo. Durante varias sesiones estuvimos tratando de traducir este criterio de carácter general en normas concretas a fin de establecer una justicia distributiva en esta materia.

Por eso, quiero dejar constancia, en nombre de los pequeños propietarios especialmente del departamento de Itata, de la satisfacción y elevado espíritu de justicia con que se ha tratado este proyecto. Ello significa, en el fondo, que paguen estos impuestos aquellos vitivinicultores que estén en condiciones de hacerlo. En cambio, los que no se encuentren es esa situación podrán acogerse al beneficio de la condonación. Se pretende, pues, que los pequeños propietarios vitivinicultores puedan acogerse, en el futuro, también a este beneficio, a través de una norma permanente, para liberarlos de las duras cargas tributarias que los afectan en la actualidad.

Señor Presidente, debo manifestar mi agrado por el tratamiento preferente que se ha dado a este proyecto.

Por otra parte, deseo hacer presente que los Honorables señores Valdés Solar y Canales han presentado un proyecto de ley que otorga beneficios de carácter general a toda esa zona, que ha sido tan duramente castigada por la naturaleza. Sobre todo en lo que respecta a su producción vitivinícola.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a este proyecto.

El señor GARCES.-

Señor Presidente, sólo deseo aclarar algunos conceptos que se han vertido en esta sesión.

Según informaciones proporcionadas por el Servicio de Impuestos Internos, el monto de los impuestos adeudados al 30 de mayo del año en curso asciende a Eº 4.457.538. En esa suma se incluye el impuesto adeudado que se declara incobrable.

El proyecto es muy claro al decir que sólo se podrá declarar incobrables aquellas deudas por concepto de impuestos a la producción de vinos y chichas que no excedan de Eº 300. Creo que muchos Honorables colegas se han confundido con estas cifras que, lógicamente, se contienen en el proyecto y que se refieren tanto al pequeño como al gran viñatero. O sea, el proyecto establece que sólo se beneficiarán con estas disposiciones aquéllos vitivinicultores que, originalmente, adeudaban la cantidad indicada, a los cuales también se condonan los intereses, multas y costos devengados hasta la fecha de publicación de esta ley.

Deseaba hacer esta aclaración, porque veo que se ha producido cierta confusión en esta materia, y el proyecto no será despachado con el mismo espíritu que animó a la Comisión.

Nada más.

El señor CASTILLA.-

Señor Presidente, sólo deseo señalar que nosotros votaremos favorablemente este proyecto, tal como ha sido despachado por la Comisión.

Debo expresar -y esto también lo hago en nombre del Honorable señor Zorrilla, que, al igual que el Diputado que habla, también representa a la provincia de Linares en esta Cámara- que concordamos plenamente con las razones que se han dado en abono de la aprobación de este proyecto.

Por otra parte, nos parece que como esta iniciativa ha sido estudiada por per- soneros de Gobierno, ellos están en antecedentes de la difícil situación en que se encuentran los vitivinicultores de esa provincia.

En consecuencia, repito, anunciamos los votos favorables al proyecto, tanto en lo relativo a las provincias que en él se señalan, como en lo referente al monto de las deudas que se declaran incobrables.

Nada más.

El señor CAÑAS (Secretario).-

Se han formulado las siguientes indicaciones a los artículos 2º y 3º del proyecto:

De los señores Werner y Aravena, don Jorge, para sustituir en el artículo 2º, la frase que dice: "los departamentos de Mataquito y Curepto, de las provincias de Curicó y Talca, respectivamente", por la siguiente: "la provincia de Talca, en el departamento de Mataquito, de la provincia de Curicó y en la provincia de Linares."

El señor CAÑAS (Secretario).-

Del señor Garcés, para anteponer la expresión "Curicó" antes de "Mataquito".

En la indicación, la redacción de esta parte del artículo sería: "estén ubicadas en los departamentos de Curicó, Mataquito y Curepto, de las provincias de Curicó y Talca, despectivamente, y en la provincia de Linares".

De los señores Ibáñez, Jaque y Laemmermann, para sustituir en el inciso primero del artículo 3º, la expresión "no sea superior a Eº 300", por "no sea superior a Eº 500".

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Corresponde considerar el proyecto calificado de extrema urgencia, por el cual se otorgan determinados beneficios de carácter previsional a los trabajadores de la Administración Local del puerto de Valparaíso, que cesaron en sus funciones el 1º de julio de 1965.

La Mesa advierte a los señores Diputados que este proyecto se debatirá con el mismo tratamiento de los anteriores; es decir, cada Comité dispondrá de cinco minutos para fundamentar su posición.

El señor OSORIO.-

¡Pero que el señor Diputado informante no se aproveche del uso de la palabra!

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

La Mesa advierte, asimismo, que cómo este proyecto fue despachado en la mañana de hoy, la Comisión de Hacienda acordó que su Presidente, el Honorable Diputado señor Lavandero, dé un informe verbal.

El señor ACEVEDO.-

¿Hay boletín?

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

No hay boletín por la razón que la Mesa ha señalado.

Se va a leer, previamente el oficio de la Comisión de Hacienda.

El señor CAÑAS (Secretario).-

"La Comisión de Hacienda, en sesión de fecha de hoy, ha estudiado y aprobado con la sola enmienda de consultar un artículo nuevo propuesto por el Honorable señor Ballesteros, el proyecto de ley, iniciado en un Mensaje, con urgencia calificada de extrema, que otorga beneficios a los trabajadores de la Administración Local del puerto de Valparaíso que se encuentren en situación de jubilar y que hayan cesado en sus funciones el 1º de julio de 1965.

Acordó emitir un informe verbal y para este efecto designó Diputado informante al suscrito.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.

Dios guarde a V. E.-

(Fdo.): Jorge Lavandero Illanes, Presidente.- Jaime de Larraechea, Secretario."

- El proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, impreso en el boletín Nº 824, de Comisión, dice asi:

Artículo 1°.- Los obreros de la Administración Local del puerto de Valparaíso, a que se refiere la cláusula séptima del Acta de Acuerdo suscrita en Santiago, el 31 de julio de 1965, entre el Director de la Empresa Portuaria de Chile, en representación del Supremo Gobierno, y el Consejo Local Portuario de Valparaíso, "José Mariano Valenzuela", tendrán los derechos señalados en la presente ley.

Artículo 2°.- Para los efectos de la jubilación se computará un año de abono por cada cinco de servicios efectivos prestados en las Administraciones de Puertos. Con este objeto, estos obreros integrarán en la respectiva Caja de Previsión Social las imposiciones patronales y personales que correspondan.

Artículo 3º.- A quienes quedaren habilitados para jubilar entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 1965, se les computará como año completo la fracción de tiempo servido superior a seis meses, Siempre que su desahucio tenga la fecha indicada en la cláusula séptima del Acta.

Artículo 4º.- El personal que jubile antes de haberse confeccionado los Escalafones y Planta de los obreros de la Empresa y que impetre el derecho a la jubilación entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 1965, tendrá derecho a que su pensión sea reliquidada como si estuviera en actividad.

Artículo 5º.- Concédese á este personal, un nuevo plazo de sesenta días, contado desde la vigencia de la presente ley, para que se acoja a Jos beneficios de la ley 10.986, sobre continuidad de la previsión.

Artículo 6º.- Facúltase a la Empresa Portuaria de Chile para otorgar a los obreros que se acojan a los beneficios de la jubilación, de conformidad a la presente ley, en calidad de préstamo, mensualmente, a contar desde el 1º de octubre de 1965, una suma aproximada al setenta por ciento de la pensión de jubilación que les correspondiere, hasta la total tramitación de los decretos respectivos.

La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas retendrá de las pensiones y reajustes a que tuvieren derecho los obreros beneficiados con los préstamos, las sumas que hubieren percibido de la Empresa en conformidad a esta disposición. La Empresa remitirá a la Caja señalada una nómina, con indicación de las cantidades que hayan recibido los interesados por los préstamos a que se refiere la presente disposición, para su reembolso a la Empresa Portuaria de Chile.

Artículo 7º.- La Ley de Presupuestos para el año 1966 contemplará un aporte extraordinario a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a fin de financiar el gasto extraordinario inicial que le signifique la aplicación de la presente ley.

Artículo 8º.- Facúltase al Director de la Empresa Portuaria de Chile para efectuar los pagos a que diere lugar la aplicación de las disposiciones contenidas en el acta señalada en el artículo 1º de esta ley y ratifícanse los pagos, préstamos y anticipos de remuneraciones efectuados por la Empresa a los obreros de dicho Organismo, como asimismo los pagos, préstamos y anticipos que se hagan hasta el 31 de diciembre de 1965, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley."

- Como artículo 9º la Comisión de Hacienda aprobó la siguiente indicación presentada por el Honorable señor Ballesteros:

"Se faculta al Director de la Empresa Portuaria de Chile para encasillar en una Planta Administrativa Especial, sin sujeción a las exigencias del artículo 14 del D.F.L. Nº 338, de 1960, al personal de "Operarios Varios" que se desempeñan en funciones de oficina, creando los cargos que sean necesarios para asegurarle posibilidades de carrera dentro de la Empresa.

Dicho personal no podrá experimentar, por este concepto, disminución de sus actuales remuneraciones.

El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se financiará, durante el presente año, con los recursos que se destinan actualmente a pagar las remuneraciones del personal que sea encasillado en la referida Planta, autorizándose para este efecto al Director de la Empresa Portuaria para efectuar los traspasos que procedan."

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, este proyecto, originado en un Mensaje, calificado de extrema urgencia en la sesión de ayer, que otorga diversos "beneficios a los trabajadores de la Administración Local del Puerto de Valparaíso que se encuentren en situación de jubilar y que hayan cesado en sus funciones al 1º de julio de 1965, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En atención a la urgencia que hay en despacharlo, la Comisión de Hacienda que tengo la honra de presidir, acordó emitir su informe verbalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 del Reglamento, a fin de que pudiera ser considerado en la sesión de hoy por la Sala, y con la mayor brevedad por el Senado.

El señor Marambio, secretario del sindicato de trabajadores portuarios, en cuya representación concurrió a la Comisión, solicitó que el proyecto fuera aprobado en los mismos términos del Mensaje, pues respondía al Acta de Acuerdo, suscrita en Santiago, el 31 de julio de 1965, por el Director de la Empresa Portuaria, en representación del Supremo Gobierno, y el Consejo Local Portuario de Valparaíso "José Mariano Valenzuela", como, consta por el artículo 1º del proyecto.

Por el artículo 2º, para los efectos de la jubilación, se computa un año de abono por cada cinco de servicios a los obreros de la Administración de Puertos, que, según datos recibidos en la Comisión de Hacienda, llegan a mil quinientos.

Los artículos 3º y 4º reglamentan otros aspectos de la jubilación.

El artículo 5° concede a este personal un nuevo plazo de sesenta días, para acogerse a los beneficios de la ley Nº 10.986, sobre continuidad de la previsión.

Por el artículo 6º se otorga, en calidad de préstamo, un anticipo del 70% de las futuras jubilaciones.

El artículo 7° contempla un aporte extraordinario para la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, a fin de financiar los beneficios que demandará la aplicación de este proyecto, una vez que sea ley de la República.

Por el artículo 8º se faculta al Director de la Empresa Portuaria de Chile para efectuar los pagos a que dé lugar la aplicación del artículo 1°.

Este es, en esencia, el proyecto enviado por el Ejecutivo, al cual hay que agregar una indicación, aprobada por la Comisión de Hacienda, como artículo 9°, del Honorable señor Eugenio Ballesteros, Presidente de la Cámara, que tiene por objeto encasillar más o menos a 350 obreros. en una Planta Administrativa Especial, creando los cargos necesarios para asegurarles posibilidades de carrera dentro de la Empresa.

No obstante que en un comienzo la indicación mereció dudas de carácter reglamentario a la Mesa de la Comisión de Hacienda, fue aprobada, por unanimidad, en la forma propuesta por el Honorable señor Eugenio Ballesteros.

En resumen, esto es lo que puedo informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, del proyecto enviado por el Ejecutivo, que beneficia a numerosos obreros portuarios y pone término a un lamentable conflicto huelguístico.

Ruego excusar la brevedad de este informe que ha tenido que ser verbal por el exceso de trabajo de la Comisión y por falta de personal de la misma, situación que ha sido puesta en conocimiento del señor Presidente de la Cámara.

El señor CAMUS.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, que los Diputados del Partido Radical votaremos favorablemente, es el resultado de un compromiso suscrito entre el Gobierno y la directiva de los obreros portuarios de Valparaíso. De esta manera se puso término a un conflicto que duró muchos días.

En el Acta de Acuerdo, suscrita el 31 de Julio de 1965, se dejó establecido que el Gobierno presentaría un proyecto de ley para favorecer a los 500 o 600 obreros que, con motivo del conflicto, quedaron fuera de la Empresa. En consecuencia, sus disposiciones no son otra cosa que el resultado de las conversaciones entre la Empresa Portuaria de Chile y el Consejo Local Portuario de Valparaíso, "José Mariano Valenzuela". La Justicia de la posición de los obreros y la forma valerosa en que sostuvieron el conflicto, les permitió, al final obtener para los 500 o 600 obreros que quedaron fuera de la Empresa, el beneficio de la jubilación. No todos dientan con el tiempo necesario para gozar de este beneficio. Son muy pocos los que están en situación de alejarse del trabajo. Pero la condición indispensable de la Empresa para solucionar el conflicto fue que 500 o 600 trabajadores quedaran fuera de la empresa. Por eso es absolutamente justo que el Congreso ratifique la posición del Gobierno, a fin de favorecer a este numeroso grupo de obreros, en cuyo conflicto no le fue posible intervenir al Honorable señor Muñoz Horz, Diputado radical por Valparaíso, por estar enfermo. Por esta razón, en nombre de nuestro Honorable colega, debí acompañar a los obreros hasta el Ejecutivo, a fin de obtener el envío del proyecto de ley que conoce en este momento la Cámara. Aun cuando la solución dada al conflicto, a través de la posición de la Empresa Portuaria de Chile, no es la más favorable, estimamos justo aprobar las disposiciones de este proyecto de ley, que permitirá a un numeroso grupo de obreros, que han quedado sin trabajo, gozar de algún benefició.

He concedido una interrupción al Honorable señor Clavel.

El señor CLAVEL.-

Señor Presidente, quiero hacer una consulta al señor Diputado informante en relación con el artículo 7º, que dice: "La Ley de Presupuesto para el año 1966 contemplará un aporte extraordinario a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, a fin de financiar el gasto extraordinario inicial que le signifique la aplicación de la presente ley."

Tengo entendido que las jubilaciones de estas personas van a salir dentro de este año. Mi pregunta es la siguiente: ¿la Caja de Empleados Públicos y Periodistas podría proceder de inmediato al pago de estas pensiones, con sus propios fondos o recursos o va a tener que esperar hasta 1966 para pagarlas? Le ruego al señor Diputado informante que se sirva darme una respuesta sobre el particular.

El señor MORALES (don Carlos).-

Es tiempo suficiente para formularle dos preguntas al señor Diputado informante. Señor Presidente, deseo que el Honorable señor Lavandero me informe si el Acta a que se refiere el artículo del proyecto y que se suscribió entre el Director de la Empresa Portuaria de Chile y el Consejo Local Portuario de Valparaíso, fue extendida en algún protocolo notarial o, por lo menos, fue protocolizada en alguna Notaría. En este caso, habría que aludir a ese documento en este mismo artículo, para que se sepa en virtud de qué se dicta esta ley. El señor Secretario me anuncia que habría un instrumento público en relación con esta materia. Creo que es necesario consignarlo en dicho artículo, para los efectos ya señalados.

En segundo lugar, ¿estimó conveniente la Comisión ampliar el alcance de la disposición contenida en el artículo 5º, que concede un nuevo plazo de sesenta días para los efectos de que el personal a que se refiere el proyecto pueda acogerse a los beneficios de la ley 10.986, sobre continuidad de la previsión?

Esas dos consultas deseaba hacerle al señor Diputado informante.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, como el proyecto en discusión llegó sólo hoy día a la Comisión de Hacienda, tuvo que ser despachado con tal premura, que no se contó con los más mínimos antecedentes. Esto me impide proporcionarle mayores informaciones a la Cámara. Únicamente dispusimos de aquéllas que proporcionarán los propios dirigentes de los obreros portuarios, que dieron su conformidad al proyecto. Debo agregar que ellos mismos solicitaron que no se incluyera ninguna indicación, con el objeto de que esta iniciativa fuera despachada rápidamente.

En todo caso, en respuesta a la pregunta del Honorable señor Clavel, puedo manifestar que la Caja de Empleados Públicos y Periodistas está en condiciones de tramitar estas jubilaciones este año, y no necesita esperar hasta la fecha indicada en el artículo 7°.

El señor CLAVEL.-

¿Puede tramitarlas y pagarlas este año?

El señor LAVANDERO.-

Para tal objeto, bastaría con aprobar este proyecto. La Caja recibirá un suplemento en 1966.-

En relación a la primera pregunta del Honorable señor Morales, puedo expresarle que, efectivamente, en el artículo 1º se alude al Acta suscrita en Santiago el 31 de julio de 1965. En consecuencia, ella se entiende incorporada en el proyecto de ley.

Con respecto a otra pregunta del Honorable Diputado debo admitir que se presentó una indicación al artículo 5º, para que pudiera acogerse a los beneficios que otorga la ley Nº 10.986, sobre continuidad de la previsión, todos los sectores que no lo hubiesen alcanzado a hacer en su debida oportunidad. Esta indicación fue rechazada por no tener relación directa con el proyecto.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos favorablemente este proyecto, que beneficia a alrededor de 600 trabajadores portuarios que quedaron fuera de la empresa con motivo del último conflicto.

Nosotros también dimos nuestros votos, para que se calificara de extrema la urgencia hecha, presente para esta iniciativa, a fin de que se aprobara a la brevedad posible. Ella es el fruto de una larga y combativa huelga de los trabajadores portuarios, que no tuvo la solución que ellos esperaban. Podrán acogerse a los beneficios de este proyecto todos aquellos obreros que fueron despedidos de la empresa y que están en condiciones de jubilar.

Pero, cabe hacer notar que subsisten en dicha empresa los gravísimos problemas que originaron el conflicto, los cuales se han agudizado después de la firma del Acta de Acuerdo suscrita en Santiago, el 31 de julio de 1965. En su oportunidad, nos referiremos más detenidamente a la situación actual de los obreros portuarios.

Por el momento, acogiendo una petición de estos trabajadores, votaremos en favor del proyecto tal como está, sin proponer modificaciones. Queremos, sí, destacar que en la elaboración de esta iniciativa, la que, como aquí se ha dicho, refleja el Acta de Acuerdo firmada por el Consejo Local Portuario. de Valparaíso, "José Mariano Valenzuela", y el Director de la Empresa, tuvo destacadísima actuación la Comisión nombrada por ese organismo gremial y, particularmente, el compañero Marambio, que fue distinguido con un voto de aplauso por la asamblea de los trabajadores portuarios.

Los Diputados comunistas, especialmente los que representamos a la provincia de Valparaíso, que participamos activamente para buscarle una solución a ese conflicto, cuyas consecuencias aún no terminan, comprendemos que a través de esta iniciativa, se hace justicia a un numeroso grupo de trabajadores que han quedado fuera de la Empresa. Por lo tanto, reiteramos nuestro apoyo a este proyecto, que beneficia a los trabajadores portuarios.

El señor SILVA ULLOA.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente este proyecto, porque traduce, como aquí se ha dicho, los acuerdos a que llegó el Consejo Local Portuario de Valparaíso, "José Mariano Valenzuela, con el señor Subsecretario de Transportes y la Dirección de la Empresa Portuaria de Chile. Es prácticamente imposible, en el tiempo de que disponemos, analizar el conflicto portuario, que fue debatido en esta Cámara en numerosas sesiones. Pero queremos hacer presente que, si bien es cierto que este proyecto concede algunos beneficios a los trabajadores que han sido exonerados de la Empresa Portuaria de Chile, no lo es menos que tiene repercusiones extraordinariamente negativas no sólo para los mismos trabajadores, sino para la economía del país.

En la Comisión de Hacienda, solicité algunos antecedentes que podrían haber ilustrado nuestro criterio. Desgraciadamente, por las razones que expuso el Honorable señor Lavandero, no pudimos obtenerlos. Hubiéramos querido conocer, por ejemplo, la nómina de los obreros que van a jubilar de acuerdo con este proyecto, sus años de servicio en la Empresa, su edad, etcétera. Esto nos habría permitido llegar a algunas conclusiones muy precisas. En todo caso, quiero recalcar que, con esta iniciativa, estamos consagrando legalmente las jubilaciones prematuras.

Este proyecto sólo tiende a no herir los intereses de los trabajadores que han sido separados de sus cargos; pero llegará un día en que la Cámara deberá revisar las pérdidas originadas por esa huelga. De acuerdo con nuestros antecedentes, ella le cuesta al país más de 100 millones de escudos hasta este instante. O sea, si no se hubiera producido, si se hubiese resuelto oportunamente el conflicto, se habría ahorrado esa suma, que habría servido para reparar todos los daños causados por el sismo ocurrido el 28 de marzo último. Esto demuestra que los caprichos cuestan caros, con la agravante de que debe pagarlos el país entero.

Por otra parte, consideramos que el artículo 9º del proyecto, que corresponde a una indicación formulada por el señor Presidente de la Cámara, no es atinente con la iniciativa en discusión. En todo caso, a pesar de que no vulnera las disposiciones constitucionales, es interesante que la Cámara sepa que dicha indicación pretende regularizar la situación de unos cuatrocientos obreros contratados como tales, pero que en realidad desempeñan funciones de empleados, y permite la creación de una planta especial para resolver su situación.

Este problema no se habría originado, si la Empresa Portuaria de Chile hubiese cumplido las disposiciones contenidas en la ley Nº 16.088, que prohíben a los obreros desempeñar funciones de empleados, y establecen, además, que la Contraloría General de la República deberá intervenir en tales casos, sancionar a los jefes que aparezcan responsables y terminar con una situación que, evidentemente, es injusta.

A pesar de lo anterior, vamos a prestar nuestro apoyo al proyecto en debate, por las razones expuestas. Queremos favorecer a los obreros que han sido exonerados de la empresa; pero insistimos en que es indispensable realizar un estudio económico-financiero de las repercusiones de esta huelga, que ha producido serios perjuicios al país, los que todavía no podemos evaluar.

Nada más.

El señor SANTIBAÑEZ.-

Señor Presidente, sólo deseo expresar la satisfacción con que vemos el cumplimiento del convenio que se suscribió entre el Director de la Empresa Portuaria de Chile y los obreros en huelga. Esto rubrica, en forma manifiesta, la voluntad del Gobierno y de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, no sólo de lograr la racionalización de las faenas portuarias y una auténtica justicia en el campo del trabajo del puerto, sino también de cumplir el convenio...

La señora LAZO.-

Después que se les aplicó la picana eléctrica.

El señor SANTIBAÑEZ.-

...celebrado con todos los obreros portuarios.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BALLESTEROS (Presidente).-

Honorable señor Valdés, don Arturo, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.

El señor SANTIBAÑEZ.-

De ese modo, el Gobierno dejó de manifiesto que su voluntad clara y decidida es cumplir los convenios y buscar, en esta materia, como en todas las demás, el camino más justo.

Por estas razones, quiero manifestar mi alegría por la aprobación de este proyecto.

He dicho.

El señor CAÑAS (Secretario).-

El señor Morales, don Carlos, formua indicación para intercalar, en el artículo 1°, entre las palabras "1965" y "entre", lo siguiente : "protocolizada ante el Notario de Santiago, don Arturo Carvajal Escobar, el 18 de agosto de 1965".