Labor Parlamentaria

1.-OFICIO DEL SENADO

"Nº 4870.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede amnistía a Intendentes y Gobernadores por el delito configurado en el artículo 253 del Código Penal, sobre denegación de auxilio de la fuerza pública cometido con ocasión de lanzamientos decretados en juicios especiales de arrendamiento o de comodato precario de inmuebles o querellas posesorias.

(Fdo.) : Salvador Allende Gossens.- Pelagio Figuero Toro."

2.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 934.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

Por oficio Nº 15.677, de 20 de agosto pasado, V. E. ha tenido a bien trascribirme la petición formulada por el señor Diputadodon Samuel Astorga Jorquera para que patrocine un proyecto de ley relativo al reajuste de las pensiones del personal acogido al artículo 68 de la ley Nº 15.840.

La citada disposición constituye una doble excepción al régimen general de pensiones establecido para los obreros por la ley Nº 10.383, al establecer que los obreros dependientes del Ministerio de Obras Públicas pueden jubilar por años de servicios y que el sueldo base de la pensión es la última remuneración percibida por el obrero.

El proyecto, para el cual se solicita patrocinio, concede una nueva excepción al régimen general al dar a estas pensiones el carácter de reajustables de acuerdo con la renta de los similares en servicio activo.

Siendo el propósito del Gobierno no crear situaciones de privilegio dentro del sistema de Seguridad Social siento expresarle que no puedo patrocinar el proyecto en referencia.

Dios guarde a US.

(Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

3.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 935.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

Por oficio Nº 15.660, de 20 de agosto del presente año, V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputadodon Guido Castilla Hernández, que este Ministerio adopte las medidas tendientes a obtener la construcción de un edificio para el funcionamiento de las Oficinas del Servicio de Seguro Social en la comuna de Yerbas Buenas, provincia de Linares.

En respuesta, me permito expresarle que, por el momento, no es posible acceder a su petición, debido a que el Servicio de Seguro Social no cuenta con personal para atender nuevas oficinas; y no podría autorizarse la contratación de nuevos funcionarios, debido a las instrucciones impartidas por Su Excelencia el Presidente de la República de hacer el máximo de economías en los gastos de la Administración Pública y de las Instituciones Descentralizadas.

Sin embargo, debo agregarle que se tendrá presente la petición formulada por el referido señor Parlamentario, para considerarla en su oportunidad.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

4.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 837.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

Por oficio Nº 14.953, de 9 de julio último, V. E. se ha dirigido a este Ministerio, a petición del Honorable Diputadodon Sergio Fernández Aguayo, quien solicita se fiscalice el cumplimiento de las leyes sociales en la Industria ETIPRES, ubicada en Avenida Santa María 1910, de la Comuna de Renca.

En respuesta, me permito poner en su conocimiento que solicitando antecedentes al Servicio de Seguro Social ha informado por oficio Nº 21663, de 4 de septiembre en curso, que la referida industria se encuentra al día en el pago de imposiciones y asignaciones familiares de sus obreros.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

5.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 933.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

Acuso recibo de su oficio Nº 15.834, de 3 de septiembre en curso, en que V. E. se sirve solicitar, a petición del Honorable Diputadodon Héctor Olivares Solís, que esta Secretaría de Estado informe a esa Corporación acerca de las condiciones de seguridad en que funcionan los servicios de transportes que mantiene para su persona la Sociedad Minera El Teniente, en la provincia de O'Higgins.

Al respecto, me permito expresarle que dicho oficio ha sido remitido al Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Transportes, por corresponder a esa Secretaría de Estado informar dicha petición.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"Nº 936.- Santiago, 11 de septiembre de 1968.

Por oficio Nº 15.076, de 27 de agosto del presente año, V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputadodon Bosco Parra Alderete, que este Ministerio informe a esa Corporación sobre el estado de tramitación del montepío causado por el fallecimiento de don Juan Vargas Muñoz, rol Nº 8.223, clave 60295, que beneficia a doña Rosario Monterrichas vda. de Vargas.

Sobre el particular, debo expresarle que para poder dar una respuesta sobre dicha petición es indispensable que el señor Parra nos indique la institución en la cual era imponente o jubilado a la fecha de su fallecimiento don Juan Vargas Muñoz.

Dios guarde a V. E.

(Fdo.) : Eduardo León Villarreal."

7.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley, originado en una moción de la señora Retamal, doña Blanca, y del señor Pareto, que establece normas sobre jubilación de preparadores y jinetes.

La jubilación y montepío de los preparadores y jinetes y empleados de corral o cuidadores de caballos y empleados de Hipódromos, se rige, fundamentalmente, por las disposiciones de la ley Nº 6.836, de 26 de febrero de 1941, modificada por la ley Nº 9.576, de 14 de marzo de 1950.

Asimismo, el decreto supremo Nº 1.995, de 3 de septiembre de 1966, aumentó en un 2% el gravamen a las apuestas mutuas con el fin de destinar su producido en beneficio de los jubilados y montepiados de la Caja de Previsión de Preparadores y Jinetes; desgraciadamente, quedó al margen de este mejoramiento el sector jubilado con anterioridad al 30 de junio del año 1966, razón por la cual las pensiones de un grupo muy importante de estos trabajadores hípicos, con un promedio de cuarenta o más años de imposiciones, son de escaso monto por lo que se encuentran en difícil situación económica.

El proyecto de ley objeto de este informe, tiene por finalidad esencial, junto con uniformar el sistema impositivo y los beneficios previsionales de que gozan todos los sectores ligados a las actividades hípicas, concurrir en ayuda de este núcleo antiguo de preparadores y jinetes, igualándolos en sus derechos y beneficios con el que en la actualidad goza el resto de estos trabajadores jubilados.

Para mejor comprensión del alcance de cada una de las disposiciones del proyecto, se hace una referencia a la legislación actual que rige respecto de cada materia cuya modificación se propone a través del articulado de la iniciativa.

El artículo lº en su inciso primero, establece que los preparadores, jinetes, cuidadores de caballos, jubilados y montepiados, herradores y ayudantes de herradores y los actuales empleados que así lo deseen, deberán imponer en la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes. Según los Estatutos de la Caja, sólo son imponentes de la misma: los preparadores; los jinetes, y los preparadores y jinetes jubilados que recupen su calidad de imponente al Fondo de Retiro y/o al Fondo de Previsión Social. Respecto de los cuidadores de caballos, a pesar de no estar considerados como imponentes, gozan de todos los beneficios que otorga la Caja y tienen tres representantes en el Consejo de la institución, en virtud de las disposiciones concebidas en los artículos 121 y siguientes de la ley Nº 16.840.

En conformidad a dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, los empleados de la Caja deben ser consideradores como imponentes de la misma.

El inciso segundo, determina la forma de calcular las imposiciones y, al efecto, dispone que ellas se harán sobre el total de las jubilaciones, sueldos, etc., y de un monto del 8% para el Fondo de Retiro y 5% para el de Previsión Social. En la actualidad, las normas que rigen las imposiciones son las siguientes:

a) Preparadores y jinetes en actividad: 1) 5% de la respectiva renta presunta a que se refiere el artículo 4º de los Estatutos; 2) 5% de la bonificación de que trata el artículo 19 del decreto Nº 1.995, y 3) una parte de los porcentajes por premios, de acuerdo con la letra b) del artículo 6º de los Estatutos;

b) Cuidadores en actividad: 1) 8% de la bonificación para el Fondo Individual de Retiro, y 2) 5% de la bonificación para el Fondo de Jubilaciones;

c) Herradores: 8% sobre dos vitales, para el Fondo de Retiro;

d) Ayudantes de herradores: 8% sobre un vital, para el Fondo de Retiro, y

e) Jubilados: 8% de su pensión de jubilación para el Fondo de Retiro y 8% de la misma pensión para el Fondo de Previsión Social. Es facultativo para los jubilados acogerse a uno o ambos fondos.

El artículo 2º del proyecto, determina que el beneficio de la jubilación se otorgará a los jinetes con 20 años de profesión, a los preparadores, cuidadores, herradores y ayudantes de herradores, a los 25 años de trabajo, y a los funcionarios de la Caja también con 25 años de servicios. Las normas vigentes sobre la materia establecen que este beneficio se concede: a los preparadores, con 25 años de servicios; a los jinetes, con 20 años, y a los cuidadores de caballos y empleados de la Caja, con 30 años.

El Consejo de la Caja estará integrado en la forma que lo contempla el artículo 3º.

El artículo 4º de la iniciativa destina fondos para mejorar la situación económica de los jubilados y montepiados que hayan jubilado o que gocen del beneficio del montepío, con anterioridad al 30 de junio de 1966. Para este efecto, dispone que del 15% que se aporta a la Caja se deducirá el 5% para esta finalidad. En la actualidad, el decreto Nº 1.995, de 1966, establece que en caso de que los porcentajes que este decreto entrega a los Hipódromos para financiar los gastos de administración y apuestas mutuas sea insuficientemente, el respectivo déficit será absorbido por todos los beneficiarios.

Con el objeto de financiar este beneficio, el artículo 5º dispone que del producto del 28% del impuesto' a las apuestas mutuas en las reuniones extraordinarias que se realicen en los Hipódromos, se destinará un 5% a la Caja. La legislación que hoy rige determina que en las reuniones extraordinarias a que hace mención el decreto Nº 590, de 1960, sólo se descuentan algunos de los porcentajes indicados por el decreto Nº 1.995 y, el saldo, se destina a la institución beneficiaría. En las carreras extraordinarias autorizadas por leyes especiales, éstas señalan la forma de distribución del impuesto.

El artículo 6º consulta fondos para pagar una asignación familiar a todos los imponentes de la Caja, igual en su monto, a la de los empleados particulares. La institución paga, actualmente, una asignación familiar única, con cargo a los fondos contemplados para estos efectos, en el decreto Nº 1.995; su monto es de 30 escudos por carga.

El artículo 7º establece un doble beneficio para los preparadores y jinetes que se imposibilitaren totalmente: por una parte les concede el derecho a jubilar con la máxima pensión de su categoría y, además, una indemnización de una cantidad, de 30 sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago. La ley Nº 14.080 reconoce a los profesionales que fallezcan o se accidenten, un mínimo de 10 años de servicio y, en consecuencia, el derecho a jubilar con las 10 avas partes correspondientes.

El artículo 8° estatuye que una vez pagadas por la Caja las jubilaciones y montepíos, se destinará el sobrante a cancelar el máximo de los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, que contempla el artículo 20 del decreto Nº 1.995. El mencionado decreto faculta a dicha institución para pagar los mencionados beneficios, de acuerdo a los fondos disponibles y con un máximo de dos sueldos vitales mensuales.

Por el artículo 9º se determina que las patentes de preparadores, jinetes, etc, deberán ser autorizadas por el Consejo de la Caja. De acuerdo con las normas vigentes del Reglamento de Carreras, las patentes profesionales son otorgadas por la Oficina de Estadística del Club Hípico de Santiago.

El artículo 10 regula la situación de los cuidadores y aprendices, y los clasifica en tres categorías para los efectos del pago de la bonificación, en relación con los años de servicios. Según el Reglamento vigente, estos trabajadores también están divididos en tres rubros, cuyo factor determinante para percibir esta bonificación, es la edad.

Con el objeto de financiar la adquisición de un bien raíz para el gremio de preparadores, cuidadores y jubilados, el artículo 11 establece que a todos los imponentes de la Caja se les descontará la cantidad de Eº 3 mensuales por un período no inferior a tres años.

Para los efectos de lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 64 del Reglamento, se deja constancia de que, en este trámite reglamentario, la Comisión de Hacienda debe conocer los artículos 5º, 6º y 11 del proyecto.

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el Nº 5 del referido artículo 64, cabe hacer presente que todos los artículos de que consta el proyecto fueron aprobados por unanimidad.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social concordó ampliamente con la finalidad que persigue el proyecto en estudio, y le prestó su aprobación en los mismos términos en que está concebida la moción original, criterio que recomienda adoptar a la Cámara respecto del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo lº.- Deberán imponer obligatoriamente a la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, y gozarán de la totalidad de los beneficios que ella otorga, los preparadores, jinetes, cuidadores de caballos fina sangre de carrera, con patente de tales, jubilados y montepiados, herradores y ayudantes de herradores, con patente de tales y aquellos de los actuales empleados que lo deseen y, en el futuro, todos los que ingresen a ella.

Las imposiciones se calcularán sobre el total de las jubilaciones, montepíos, sueldos, bonificaciones y porcentajes, y serán del 8% para el Fondo de Retiro y el 5% para el Fondo de Previsión Social. Los montepiados sólo impondrán respecto de este último, y los preparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores y empleados de la Caja, lo harán sobre un mínimo equivalente a dos sueldos vitales, escala A) del Departamento de Santiago, a contar de la promulgación de la presente ley.

Artículo 2º.- La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes sólo otorgará jubilaciones a:

a) Jinetes con 20 años de profesión con patentes en los Hipódromos Centrales;

b) Preparadores, cuidadores, herradores y ayudantes de herradores, con patente de tales en ejercicio de su profesión, a los 25 años de trabajo, y

c) Los funcionarios de la referida Caja a los 25 años de trabajo en ella.

Los preparadores, herradores, ayudantes de herradores, cuidadores de caballos fina sangre de carrera, podrán acogerse a la ley Nº 10.986 de Continuidad de la Previsión, después de 20 años de trabajo en los Hipódromos Centrales.

Los jinetes podrán jubilar solamente con 15 años de trabajo, no obstante, podrán jubilar en su categoría, cualquiera que fuere la labor que se encuentren desempeñando dentro de la hípica, siempre que tengan un mínimo de 15 años de jinete ininterrumpidamente.

Artículo 3º.- El Consejo de la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, está compuesta por: los Gerentes del Club Hípico de Santiago e Hipódromo Chile; un representante por cada cien de los componentes de los gremios de preparadores, de jinetes, de cuidadores y de jubilados, con un máximo de 3 y mínimo i de ellos.

Los Consejeros representantes del gremio de jubilados que hayan sido o sean reelegidos por dos períodos consecutivos, reconocerán años y jubilarán en su categoría y grado.

Artículo 4º.- Del 15% de los porcentajes, destinados a la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes que deducen las instituciones hípicas, quedará reducida al 10%, el restante 5% se destinará exclusivamente a pagar un mínimo de 1 1/2 vital escala A) del Departamento de Santiago, a los jubilados y montepiados que hayan acreditado un mínimo del 95% de los años máximos para jubilar y que hayan jubilado o gocen de montepío con anterioridad ai 30 de junio de 1966, los restantes jubilados y montepiados gozarán de un mínimo ele 1 vital, escala A) del Departamento de Santiago; a los jubilados y montepiados acogidos a la ley Nº 15.386, este mayor beneficio tendrá carácter de bonificación.

Artículo 5º.- En las carreras o reuniones extraordinarias ya programadas y que se efectúen después de la promulgación de la presente ley, a beneficio de cualquier institución u organismo estatal, fiscal o particular, se descontará de las entradas brutas que produzcan el 28 % del impuesto a las apuestas mutuas, establecidas por el Decreto Supremo Nº 1.995, de septiembre de 1966, un 5% que pasará en su totalidad a la referida Caja de Previsión de Preparadores y Jinetes, como aporte al financiamiento del artículo precedente.

Artículo 6º.- Del producto íntegro de las entradas por concepto de las leyes Nºs. 6.221, de 4 de agosto de 1938, y 14.867 y sus modificaciones posteriores, se deducirá un 20% que los Hipódromos entregarán a la Caja de Previsión, para que ésta lo destine a pagar una asignación familiar a sus imponentes, igual a la de los empleados particulares, y si se produjera algún sobrante, lo destinará a beneficio de las cargas familiares de los jubilados y montepiados.

Artículo 7°.- La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, en el caso que un profesional se imposibilitare totalmente en actos de servicios, como para desempeñarse en cualquiera otra actividad, le concederá la máxima jubilación en su categoría, y le pagará una indemnización mínima de 30 sueldos vitales, escala A) del Departamento de Santiago.

En caso de fallecimiento de estos profesionales, dicha indemnización se le pagará al beneficiario del montepío y se le concederá el máximo de montepío.

Artículo 8º.- La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, una vez canceladas las jubilaciones y montepíos, destinará el sobrante a pagar el máximo de los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, contemplados en el artículo 20 del Decreto Supremo Nº 1.995, de septiembre de 1966.

Artículo 9º.- Toda licencia o patente de preparadores, jinetes, cuidadores, herradores y ayudantes de herradores, no tendrá validez mientras no sea autorizada por el Consejo de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Preparadores y Jinetes.

Artículo 10.- Los cuidadores de caballos de carrera fina sangre, con patente de tales, son y serán profesionales hípicos y se regirán por el Reglamento de Carreras del Consejo Superior de la Hípica Nacional, y los Estatutos de la Caja de Previsión Social de Preparadores y Jinetes.

Los cuidadores de caballos de carrera fina sangre se agruparán en tres categorías:

a) Cuidadores y aprendices.- Menos de 5 años de patente como tales y con una bonificación mínima de un 60% del sueldo vital, escala A) del Departamento de Santiago, por dos caballos a su cuidado, como mínimo;

b) Cuidadores medianos.- Más de 5 años y menos de 8 años de patentes como tales y con una bonificación mínima de un 80% del sueldo vital, escala A) del Departamento de Santiago, por dos caballos a su cuidado como mínimo, y

c) Cuidadores y capataces.- Más de 8 años de patente y con un mínimo de dos caballos a su cuidado. Los cuidadores gozarán de una bonificación mínima de un sueldo vital, escala A) del Departamento de Santiago, y los capataces, una bonificación mínima de 1.10 del sueldo vital, escala A) del Departamento de Santiago.

Los cuidadores que se ausenten de la hípica por más de un año sin causa justificada, se reincorporarán a la categoría de aprendices, por lo menos durante tres años.

Artículo 11.- A todos los imponentes de la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes, les será descontada la suma de Eº 3 mensuales para que una comisión formada por un representante de los gremios de preparadores, cuidadores y jubilados, adquiera un bien raíz para sede social de estos gremios. Esta suma será descontada por un lapso no inferior a tres años.

Artículo 12.- Deróganse en todas sus partes las disposiciones que sean contrarias a la presente ley.".

(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones."

8.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 62 del Reglamento, el proyecto, de origen en una moción de la señora Retamal, doña Blanca y del señor Pareto, informado ya por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que establece nuevas normas para la jubilación de preparadores y jinetes.

El proyecto tiende a modificar la legislación vigente sobre jubilación de los gremios hípicos, de acuerdo con las modalidades que ha aconsejado la experiencia de la aplicación de sus disposiciones y a llenar diversos vacíos del sistema previsional aludido, especialmente en cuanto a reajustar pensiones de jubilación y montepíos que a causa del descenso en el valor adquisitivo de la moneda han llegado a ser insuficientes para el sostenimiento de sus beneficiarios.

El informe de la Comisión técnica analiza las nuevas normas propuestas y las modificaciones que ellas introducen el actual régimen previsional de los preparadores, jinetes y demás personas vinculadas a las actividades hípicas.

En el presente trámite, la Comisión que ahora informa debió conocer de los artículos 5°, 6" y 11 del proyecto.

El artículo 5° tiene por objeto financiar el beneficio del reajuste que el artículo 4º concede a aquellos jubilados y montepiados que hubiere acreditado un mínimo del 95% de los años máximos para jubilar y que gocen de estos beneficios con anterioridad al 30 de junio de 1966 y otros.

Se establece en él que en las carreras extraordinarias que se celebren en el futuro se descontará del 20% del impuesto a las apuestas mutuas un 5% que pasará en su totalidad a la Caja de Previsión de Preparadores y Jinetes para costear el beneficio ya indicado.

El artículo 6º provee los fondos para pagar asignación familiar igual a la de los empleados particulares a los imponentes de la Caja, mediante una deducción de un 20% del producto íntegro de las entradas por concepto de las leyes 6.221 y 14.867. Esta suma será entregada por los hipódromos a la Caja para los fines indicados.

El artículo 11 establece un descuento de tres escudos mensuales a todos los imponentes de la Caja de Previsión de Preparadores y Jinetes, con el objeto de adquirir un bien raíz para sede social de estos gremios. Estos fondos serán administrados por una Comisión formada por un representante de los preparadores, uno de los cuidadores y uno de los jubilados.

La Comisión de Hacienda aceptó sin modificaciones los tres artículos mencionados, en razón de los antecedentes que se hacen constar en el informe respectivo y a que ellos constituyen un conjunto armónico con el resto del proyecto.

Sin embargo, se aprobó una indicación tendiente a suprimir el artículo 2º, que contiene los requisitos básicos para la jubilación de los jinetes, preparadores, cuidadores, herradores, ayudantes y de los funcionarios de la propia Caja, pues consideró necesario realizar estudios más acabados sobre la materia, sin que ello signifique disentir de la idea fundamental del mismo.

Por las consideraciones a que se ha hecho referencia, la Comisión acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado, con la sola modificación de suprimir el artículo 2º

(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."

9.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley, iniciado en una moción del señor Valente, que establece un impuesto para financiar la adquisición de elementos para el Hospital de Arica y para la ejecución de diversas obras de adelanto local.

Con el objeto de dar una adecuada atención médica a la población de Arica se ha iniciado la ampliación del hospital de dicha ciudad. Este esfuerzo resulta, de todos modos, insuficiente para resolver los distintos problemas que se suscitan para controlar las enfermedades que se producen en esta zona de tráfico internacional. La dotación de elementos e instrumental médico se convierte en una necesidad ineludible para cumplir el objetivo trazado al realizar la ampliación del hospital.

Por otra parte, la carencia de un sistema que resguarde la higiene de diversos pueblos situados en los departamentos de Pisagua e Iquique, obliga a adoptar medidas que resuelvan esta situación.

Con el propósito de atender el financiamiento de las medidas que se proponen en la iniciativa en informe, se propone el establecimiento de un impuesto de Eº 50 por cada vehículo armado, fabricado o integrado en la ciudad de Arica. Los fondos se destinan por mitad para la adquisición de elementos destinados al Hospital de Arica y para realizar obras de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica en los pueblos rurales de los departamentos de Pisagua e Iquique.

La Comisión de Hacienda estuve de acuerdo en los fundamentos expuestos y prestó su aprobación al proyecto en los mismos términos propuestos.

Por estas consideraciones, somete a la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Grávase con un impuesto de cincuenta escudos (Eº 50) cada vehículo armado, fabricado o integrado en la ciudad de Arica. La fiscalización del pago de este gravamen estará a cargo del Servicio de Impuestos Internos y de la Aduana de dicha ciudad.

Los fondos acumulados por la aplicación de este impuesto serán depositados en la Tesorería Comunal de Arica y serán distribuidos en la siguiente forma:

50% para la Junta de Adelanto de Arica para ser destinados exclusivamente a financiar la adquisición de elementos para el Hospital de Arica;

50% para la Corporación de Fomento de la Producción, para financiar la instalación de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica en los pueblos rurales de los departamentos de Pisagua e Iquique. Estos fondos serán controlados e invertidos por la Delegación de la Corporación de Fomento con sede en Iquique".

(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."

10.-MOCION DE LOS SEÑORES IBAÑEZ, VALENTE, CLAVEL, NAUDON, DE LA FUENTE, CABELLO, MARTINEZ CAMPS, SILVA ULLOA Y LAEMMERMANN

"Honorable Cámara:

Los choferes de camiones trabajan en condiciones especiales de sacrificio y peligrosidad en las labores que realizan. Tales condiciones de trabajo, especialmente a través de jornadas no sujetas necesariamente a límites controlables, ni limitadas a horarios diurnos o nocturnos, reducen en forma rápida la capacidad profesional del chofer de camión.

El crecimiento constante del transporte caminero ha traído consigo la utilización de máquinas de gran tonelaje que exigen condiciones profesionales del más alto nivel, así como el mantenimiento de un equilibrio permanente y óptimo en sus condiciones físicas y mentales que comienzan a disminuir con los años de trabajo y con la edad del chofer.

En la práctica, es fácil observar que los empresarios particulares, así como las grandes empresas de transportistas, prefieren a hombres en la plenitud de sus facultades para entregarles responsabilidades en la conducción de sus vehículos. Y ello es perfectamente comprensible, ya que se está entregando a la capacidad, competencia y habilidad de un hombre un considerable capital representado en dichas máquinas. El resguardo de los intereses patronales se expresa, por consiguiente, en la marginación de aquellos choferes profesionales que por muchos años han estado dedicados a este trabajo, para dar preferencia a hombres más jóvenes, en la plenitud de sus aptitudes, lo cual hace más confiable y seguro su desempeño.

Son efectivamente pocos los choferes de camiones que pueden continuar laborando en estas tareas más allá de los 40 ó 45 años de edad, no porque estos profesionales eviten proseguir en las mismas funciones, sino que circunstancias por entero ajenas a sus voluntades, permiten que sean desplazados por otros más jóvenes.

Es evidente, también, que esta situación inevitable crea problemas sociales, que repercuten en la vida familiar del chofer de camión, precisamente cuando debe presumirse que mayores son sus obligaciones con su grupo familiar.

El legislador, cada vez que ha advertido situaciones como la. planteada, ha otorgado tratamientos excepcionales en el orden previsional, como es el caso de los obreros gráficos y otros empleados o profesionales, reduciendo el tiempo necesario para jubilar u otorgándoles años de abonos para los mismos efectos.

Por otra parte, el mayor número de estos profesionales no han reconocido ante la respectiva Caja de Previsión los años que efectivamente han trabajado como choferes de camiones, situación que debe remediarse mediante un precepto legal, posibilitando tal reconocimiento.

En atención a las consideraciones antes señaladas, vengo en proponer a la Honorable Cámara, el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- La pensión de jubilación por invalidez profesional de los choferes de camiones imponentes de la Caja de Empleados Particulares se otorgará conforme a las normas establecidas en el artículo 10 de la ley Nº 10.475, salvo en lo que sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley.

Se considerará afectado por invalidez profesional al imponente chofer de camión, en los siguientes casos:

a) Por haber enterado 20 años de servicios como chofer de camión; y

b) Por haber perdido las aptitudes o condiciones para la conducción o manejo de camiones.

Artículo 2º.- La Caja de Previsión de Empleados Particulares podrá reconocer hasta 15 años de imposiciones por servicios que se acrediten como conductor de camiones de transportes anteriores a la presente ley, a los imponentes choferes que lo soliciten dentro del primer año de su vigencia y siempre que los servicios que se requieran reconocer no sean paralelos o coetáneos con servicios cubiertos con regímenes de previsión de cualquier naturaleza.

Los conductores que se acojan a la franquicia señalada en el inciso anterior, pagarán todas las imposiciones correspondientes al período que se reconozca, excepto las destinadas a: Asignación Familiar, Medicina Preventiva, Cesantía, Fondo de Desahucio, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y Medicina Curativa, sobre una remuneración igual al sueldo vital del departamento de Santiago que haya regido en las épocas respectivas, sin intereses.

La Caja concederá un préstamo de Integro al 6% de interés acumulativo y hasta por un plazo de 15 años con la garantía que fije su Consejo, para pagar dichas imposiciones.

(Fdo.) : Jorge Ibáñez Vergara.- Luis Valente R.- Eduardo Clavel A.- Gabriel de la Fuente C.- Alberto Naudon A.- Jorge Cabello P.- Juan Martínez C.- Ramón Silva U.- Renato Laemmermann M.".

11.-MOCION DE LOS SEÑORES IBAÑEZ, RAMON SILVA, MARTINEZ, VALENTE, JUAN RODRÍGUEZ, CLAVEL, SEÑORA ALLENDE, DE LA FUENTE, NAUDON Y CABELLO

"Honorable Cámara:

El artículo 80 de la Ley Nº 15.840 concedió los beneficios de jubilación y desahucio, además de una indemnización por años de servicios, a los obreros dependientes del Ministerio de Obras Públicas. En efecto, el artículo citado señala textualmente:

"Artículo 80.- El personal de obreros pertenecientes a las Direcciones de Vialidad, Arquitectura, Obras Públicas y de la Dirección de Pavimentación Urbana, cuyas funciones sean de obreros, tendrán derecho a los beneficios de jubilación, desahucio y un mes por año de servicio a la fecha de su retiro.

Créase en el Instituto de Previsión que corresponda, el Fondo de Desahucio para el personal de obreros a que se refiere el inciso anterior, cuyas condiciones, organización y financiamiento serán fijados por el Presidente de la República, dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley."

Desde la fecha de la dictación de la ley, numerosos obreros se han acogido al beneficio de la jubilación, sin que les haya sido posible obtener ni el desahucio ni la indemnización por años de servicios.

Evidentemente se trata de un doble beneficio contemplado en la ley, que excede el trato previsional dado a otros servidores públicos. Pero dichos obreros sólo han pretendido la obtención del desahucio, sobre la base que se les aplique el mismo sistema que rige para los empleados públicos.

El Presidente de la República no dio cumplimiento a lo preceptuado por el inciso segundo del artículo 80, justificándose tal determinación en los estudios hechos por la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo, que concluyen en la imposibilidad de ejercer para este caso la potestad reglamentaría del Presidente de la República.

En nota Nº 2.009, de 27 de octubre de 1965, dirigida por el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social al Presidente de la Cámara de Diputados, por requerimiento del Diputadodon Jorge Ibáñez, se expresa lo siguiente, que sintetiza la naturaleza de! problema:

"Las materias a que se refiere el inciso segundo antes citado son aquellas propias de una ley, de modo que el Presidente de la República no puede por la simple vía de la Potestad Reglamentaria establecer el Fondo a que el artículo se refiere, en la medida en que ello importa crear cargos públicos (empleos para la administración del Fondo) o destino de otras funciones o cargos a los ya existentes, para dicho objeto, lo que viene a ser lo mismo, en cuanto importa establecer mayor gasto público por este concepto."

Respecto del financiamiento de este Fondo, tanto el Ministerio del Trabajo como la Superintendencia de Seguridad Social, plantea la carencia de facultades del Presidente de la República para imponer nuevos tributos, contribuciones o cotizaciones que graven a los eventuales asegurados en el citado Fondo.

El beneficio de la jubilación para los obreros de Obras Públicas, parece igualmente inexistente, salvo para el caso particular de aquellos que se acogieron a la Ley Nº 15.840, que les permitió obtener este beneficio. Los demás deben permanecer bajo el régimen de las jubilaciones del Servicio de Seguro Social. En efecto, el texto del artículo 80 no especifica las causas o riesgos que darían lugar a ella, ni los períodos de calificación necesarios, ni señala que se trata de un régimen de Seguro Social o si será de cargo Fiscal.

En tales circunstancias es indispensable perfeccionar el texto legal citado, para hacer efectivos los distintos beneficios contemplados en él e inclusive para suprimir, por excesivo, el beneficio de la indemnización de un mes por año de servicios que aparece copulativamente considerado en el mismo artículo 80.

En mérito de estos antecedentes, vengo en presentar a la consideración del Honorable Congreso Nacional, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo primero.- Declárase que el derecho de jubilación establecido en el artículo 80 de la Ley Nº 15.840, para el personal de obreros pertenecientes a las Direcciones de Vialidad, Arquitectura, Obras Portuarias, Riego y de la Dirección de Pavimentación Urbana, se ajustará al mismo régimen de jubilación establecido para los funcionarios públicos en el DFL. 338, de 1960.

Artículo segundo.- Créase el Fondo de Desahucio para los Obreros del Ministerio de Obras Públicas y de los Servicios que, a la fecha de la dictación de la Ley Nº 15.840 dependían de esa Secretaría de Estado.

Dicho fondo se destinará a servir el beneficio del desahucio establecido en el artículo 80 de la Ley Nº 15.840.

Auméntase en 4% y 3% las imposiciones sobre las remuneraciones bases de los obreros permanentes que están en servicio y jubilados respectivamente de los servicios mencionados.

La imposición del 3% establecida en el inciso anterior sólo afectará a los obreros permanentes que hayan jubilado con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 15.840, quienes recibirán el desahucio que les habría correspondido a la fecha de su respectiva jubilación.

Artículo tercero.- La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas o el Servicio de Seguro Social establecerán las dependencias necesarias para la administración del Fondo de Desahucio, sin que ello signifique creación de nuevos cargos ni aumento de remuneraciones.

Facúltase asimismo al Presidente de la República para establecer las modalidades en que se concederán los desahucios respecto de los obreros ya jubilados y a los que jubilaren con posterioridad a la publicación de esta ley, manteniendo hasta la absorción completa del personal ya jubilado, la conveniente proporcionalidad entre ambos grupos.(Fdo.): Jorge Ibáñez.- Ramón Silva Ulloa.- Juan Martínez C.- Luis Valente R.- Juan Rodríguez N.- Eduardo Clavel A.- Laura Allende G.- Gabriel De la Fuente.- Alberto Naudon A.- Jorge Cabello P

12.-MOCION DEL SEÑOR FUENZALIDA

"Honorable Cámara:

El presente proyecto de ley tiene por objeto conceder, temporalmente, determinadas franquicias o facilidades tributarias a los habitantes de Llico e Iloca, pueblos costeros de la provincia de Curicó, con el fin de posibilitarles la recuperación económica da sus pequeños capitales y empresas, gravemente dañados por el cuasimaremoto que recientemente afectó al litoral central del país.

En los pueblos mencionados, el fenómeno marítimo alcanzó muy graves contornos, debido a que la edificación e incluso las tierras cultivables alcanzan hasta el límite mismo de la playa. Las aguas destruyeron viviendas, bodegas, instalaciones, inhabilitaron tierras, etc. En una palabra, toda la vida económica de estos pequeños poblados resultó drásticamente menoscabada.

A esta catástrofe se ha venido a agregar la sequía, que también afecta duramente a toda esa zona, cuyas tierras son, casi en su totalidad, de secano. Las pérdidas en ganado, en siembras, en viveros forestales y en plantas coniferas de uno o dos años de vida, son extremadamente cuantiosas, considerando la condición de pequeños propietarios que tienen los habitantes de esas zonas.

Estos fenómenos de la naturaleza han provocado en toda la zona un estado de postración económica, imposible de superar sin la decidida ayuda del Estado. Para ayudar la tarea de recuperación es indispensable crear las condiciones que permitan que los pocos recursos monetarios de que pueden disponer aún sus habitantes sean dedicados a labores de reconstrucción y de reactivación productiva. Una de las medidas más importantes para lograr este objetivo es la liberación y rebaja de los impuestos de mayor aplicación que deben pagar los referidos habitantes en los años 1968, 1969 y 1970. De no adoptarse una medida de esta naturaleza, los contribuyentes o no tendrán dinero para pagar o el escaso de que dispongan ingresará gn arcas fiscales, restándose a la impostergable tarea de reconstruir las fuentes productivas y ocupacionales. Con las medidas propuestas, se trata, en el fondo, de un verdadero préstamo a los contribuyentes, utilizando sus propios recursos.

Por estas consideraciones, presento a la H. Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Libérase del pago de los impuestos a la renta, global complementario y renta mínima presunta, por los años tributarios de 1968, 1969 y 1970, a los contribuyentes domiciliados en los distritos de Llico, comuna de Vichuquén e Iloca, comuna de Licantén, de la provincia de Curicó.

Rebájase en un 50% el pago del impuesto territorial y de todos los gravámenes y recargos adicionales a él, a los mismos contribuyentes, por igual período de tiempo. En este 50%, sin embargo, se cobrará íntegra la parte del impuesto que corresponde percibir a las Municipalidades.

Los beneficios tributarios procedentes se aplicarán a los contribuyentes que tengan su domicilio en los distritos indicados, con anterioridad al 1º de agosto de 1968.

(Fdo.) : Mario Fuenzalida M."

13.-MOCION DEL SEÑOR MONTES.

"Honorable Cámara:

La doble inscripción en los registros electorales no significa por sí misma y fatalmente que ella provenga de intención dolosa del ciudadano. Puede derivar de ignorancia, de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionaros encargados de tramitar la documentación electoral e, incluso, de la situación excepcional que vivió el país a partir de 1947 con la vigencia de la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia y su secuela de cancelaciones de inscripciones electorales en razón de profesarse determinada ideología política.

Consideramos que uno de los principales atributos de la personalidad en un país como el nuestro es, precisamente, la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido.

Y en el sistema de la Ley General de Elecciones existen contradicciones evidentes que conviene subsanar.

Así, por ejemplo, mientras en el artículo 60 se pena al ciudadano que en la inscripción, suplantare a otro o se inscribiere más de una vez con nombres supuestos, con la pena de la pérdida de la ciudadanía activa con derecho a sufragios por diez años, en la letra d) del artículo 35 de ella se establece la facultad del Director del Registro Electoral para ordenar la cancelación de las inscripciones del ciudadano que tuviere más de una sin señalarse el plazo para que el afectado pueda inscribirse, en forma válida, nuevamente.

Resulta indudable que la doble inscripción constituye una infracción que a veces puede ser dolosa, es decir, delictual; pero para determinarlo, nadie mejor que el Juez que debe conocer de ella. Por consiguiente, es a todas luces conveniente entregar todo lo que a cancelación de inscripciones derivadas de dolo, fraude, omisión o ignorancia se refiere a los Tribunales de Justicia y eliminar la facultad que el artículo 35 otorga actualmente al Director del Registro Electoral.

Además en el artículo 60 inciso 2º, se observa que existe una duplicidad exagerada de penas para el ciudadano que, "sin haber solicitado la cancelación de un inscripción, se inscribiere nuevamente", al asignársele la pena de uno a treinta días de prisión. Nos parece que es bastante la pérdida del derecho a sufragio por un período de hasta cinco años regulable por el Juez.

Y corno lo cierto es que existen miles de ciudadanos afectados por la cancelación de sus inscripciones electorales, no siempre provocadas por actos probadamente dolosos de su parte, es que nos permitimos someter a la consideración de la H. Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo Primero.- Derógase la letra d) del artículo 35 de la ley Nº 14.853. Las letras e) y f) de dicho artículo pasan a ser d) y e) respectivamente.

Artículo segundo.- Agrégase el siguiente inciso al Art. 52 de la Ley Nº 14.853: "Al mismo tiempo el Juez determinará el término durante el cual el infractor estará privado de la ciudadanía activa y durante el cual no podrá requerir nueva inscripción, el que en ningún caso podrá ser superior a cinco años.

Artículo tercero.- Sustituyese en el artículo 60 inciso lº, la expresión "diez años" por "cinco años".

Artículo transitorio.- El Director del Registro Electoral validará, por una sola vez, dentro de los 15 días siguientes a la promulgación de esta ley la última inscripción que se hubiere invalidado, en virtud de la facultad que le confería la letra d) del artículo 35 de la Ley Genera! de Inscripciones Electorales, en los últimos dos años.

Igual derecho se concederá a aquellas personas que hubieren incurrido en el delito de doble inscripción hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

El Director del Registro Electoral comunicará a las Mesas Directivas Centrales de los Partidos Políticos las nóminas de los ciudadanos cuyas inscripciones hubieren sido revalidadas. Esta comunicación se hará a lo menos por duplicado, sección por sección.

Igualmente, se harán las publicaciones en el "Diario Oficial" y en los diarios del país en la misma forma prevista para el caso de caducidad de los Registros Electorales.

Cualquier ciudadano afectado podrá solicitar, por sí o por intermedio de personeros políticos, sin necesidad de constituir mandato, un certificado del Director del Registro Electoral en el que conste la revalidación y vigencia de su inscripción electoral, bastándole la exhibición de este certificado a la respectiva mesa electoral para que ésta quede obligada a permitirle la emisión de su sufragio.

(Fdo.) : Jorge Montes M."

14.-MOCION DE LOS SEÑORES VALENZUELA, DON RICARDO; IGLESIAS Y SEÑORITA LACOSTE.

"Honorable Cámara:

La profesión de Químico Farmacéutico, se ejerce fundamentalmente a través de la Oficina de Farmacia; unos 1.200 de estos profesionales son los que al frente de sus respectivas farmacias particulares en el país, realizan una labor social y sanitaria reglamentada por Leyes especiales como el Código Sanitario y varias otras, a fin de procurar una efectiva labor en beneficio de la salud de la población.

Por esta causa las utilidades de las farmacias particulares están estrictamente reglamentadas y fijado su precio en cada Especialidad Farmacéutica: 10% los alimentos; 18% los antibióticos y 27% las Especialidades Farmacéuticas, lo que representa una utilidad término medio de un 22 a 23% bruto; estando obligadas a mantener, además un stock de especialidades farmacéuticas, sueros y vacunas para situaciones de emergencia; una cantidad de drogas y productos farmacéuticos denominado Petitorio Farmacéutico, para cubrir las variadas y múltiples situaciones que se presentan a diario en la prevención y curación de las enfermedades.

Por otra parte el Químico-Farmacéutico propietario de farmacia, está obligado por la Ley a efectuar periódicamente, turnos semanales de farmacia en las que presta sus servicios durante todo el día y la noche, por una semana, sin recargo alguno para el público, con los sacrificios enormes que este servicio social impone.

El capital que el propietario de farmacia mantiene, salvo raras excepciones, es escaso y es muy difícil incrementarlo por tratarse de un comercio muy sui géneris, pues la ciencia médica y farmacéutica va evolucionando día a día, y lo que hoy es eficaz para tal o cual enfermedad o dolencia, mañana queda en desuso y carece de todo valor produciéndose la descapitalización correspondiente.

En estas condiciones los propietarios de farmacia, se encuentran hoy en día carentes en absoluto de toda Previsión Social que los ponga a cubiertos de las vicisitudes de la vida, tanto para ellos como para sus esposas e hijos, en estos momentos en que la vida moderna presenta cambiantes situaciones económicas.

Por las razones que se han indicado, los Químico-Farmacéuticos Propietarios de Farmacia, estiman de estricta justicia que se legisle para ellos en un Proyecto de Ley de Previsión Farmacéutica, proyecto que nos permitimos acompañar a esta exposición.

El Proyecto de Ley que se presenta a la Honorable Cámara de Diputados, se financia con los propios recursos de los Químico-Farmacéuticos y con una mínima cantidad que aportan los Laboratorios Farmacéuticos y Droguerías, los cuales mantienen con las farmacias una íntima relación, en tal forma que ninguno podría subsistir sin esta mutua cooperación.

Confiados como estamos, en la justicia y merecimientos que estos profesionales merecen por la alta misión que desempeñan en favor de la salud pública, y que este proyecto no irroga gastos al Estado, y conociendo la elevada e ilustrada comprensión de esa H. Cámara de Diputados, venimos en presentar el proyecto de previsión para su estudio y posterior resolución, como Ley de la República.

Proyecto de ley:

De Previsión de Farmacéuticos

Artículo lº.- Los farmacéuticos y químico-farmacéuticos que ejercen la profesión, entendiéndose por tales aquellos que se encuentran inscritos en los Registros del Colegio de Farmacéuticos de Chile, estarán obligados a cotizar imposiciones en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas quedando regidos por las disposiciones del D.F.L. 1340 bis de 1930 y sus modificaciones, y por las de la presente ley rigiendo preferentemente ésta en todo aquello que se contraponga con aquél.

Podrán exceptuarse de las disposiciones señaladas, los farmacéuticos o químico-farmacéuticos que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

Los que actualmente estén acogidos, o en el futuro se acojan, a los beneficios de un Instituto de Previsión, en razón del ejercicio de un empleo o cargo, con una renta no inferior a la mínima señalada en la letra a) del artículo 2? de esta ley;

a) Los que actualmente disfruten, o en el futuro gocen, de una pensión de jubilación o retiro; y

b) Los que tengan títulos de menos de un año de antigüedad.

c) No podrán acogerse a esta ley los farmacéuticos o químico-farmacéuticos que estén legalmente impedidos para ejercer la profesión.

Artículo 2º.- Los beneficios que otorga la presente ley se financiarán con un fondo especial, que administrará la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en cuenta separada, que se formará con los siguientes recursos:

a) Con un aporte de cargo del farmacéutico o químico-farmacéutico o por las sociedades propietarias o administradoras de farmacias o establecimientos comerciales que expendan productos farmacéuticos al público, de las que forme parte un farmacéutico o químico-farmacéutico, equivalente a un tanto por ciento de las rentas declaradas por aquéllos o éstas, las cuales, para el solo efecto de esta ley, no podrán ser inferiores a un sueldo vital farmacéutico, que fija anualmente el Colegio de Farmacéuticos de Chile en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 15.076, para el Departamento de Santiago. El porcentaje expresado se fijará anualmente por Decreto Supremo con informe de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, el que dictará dentro del mes de enero y a contar del 1? de dicho mes.

b) Con la primera diferencia mensual proveniente de cualquier aumento del sueldo vital farmacéutico, que podrá pagarse hasta en cuatro cuotas mensuales y sucesivas, a contar del mes de febrero de cada mes.

c) Con las imposiciones que no fueren reclamadas en el plazo de cinco años después que el farmacéutico o químico-farmacéutico deje de pertenecer al régimen de la Caja.

d) Con las cantidades de seguro de vida que la Caja no esté obligada a pagar, en conformidad a su Ley Orgánica, respecto de los imponentes farmacéuticos regidos por la presente ley.

e) Con el descuento del 10% de las pensiones de jubilación o montepío que se concedan a los beneficiarios de farmacéuticos o químicofarmacéuticos regidos por esta ley.

f) Con los frutos producidos por los recursos contemplados en la presente ley.

g) Con el 1% sobre el valor neto de toda factura o boleta de compraventa extendida a una farmacia o establecimiento comercial, con cargo al vendedor; y

h) Con el uno por mil, sobre todas las ventas efectuadas por las farmacias particulares del país.

Los recursos a que se hace referencia en las letras g) y h) de este artículo, serán declarados y pagados conjuntamente con la declaración y pago de impuesto a las compraventas. Su valor ingresaría a una cuenta especial de depósito que se abrirá, para estos efectos, en la Tesorería General de la República. Esta repartición rendirá cuenta mensual del producto del impuesto a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y entregará a ésta el producto total acumulado, a simple requerimiento de su Vicepresidente Ejecutivo.

Artículo 3º.- El farmacéutico o químico-farmacéutico, o la Sociedad a que se refiere el artículo 2º letra a) en su caso, pagará las imposiciones a que están obligados, dentro de los meses de marzo a septiembre de cada año, para el primer y segundo semestre, respectivamente, pudiendo efectuarlas mes a mes.

El atraso en el pago de cualesquiera de las imposiciones semestrales que, de conformidad a esta ley, son de cargo del farmacéutico, químico-farmacéutico o sociedad referidas, será sancionado con el pago de un interés penal del 3c/c mensual sobre el monto de las imposiciones devengadas.

Las liquidaciones que practique la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para el cobro de las imposiciones insolutas y sus intereses, tendrán, por sí solas, mérito ejecutivo. En la ejecución que se practique para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, sólo se admitirá al ejecutado la excepción de pago.

No obstante, el farmacéutico o químico-farmacéutico o las sociedades referidas que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones, podrán celebrar convenios con la Caja para el pago de las imposiciones e intereses adeudados siendo facultad privativa de la Caja optar por la ejecución o el convenio. Dichos convenios no podrán exceder de sesenta mensualidades recargándose, cada cuota, con el interés legal correspondiente.

Artículo 4º.- El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de Chile, podrá suspender del ejercicio de la profesión, a pedido de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, al farmacéutico o químico-farmacéutico que se encuentre en mora en el pago de sus imposiciones por más de doce meses.

Esta suspensión quedará sin efecto una vez que el farmacéutico o químico-farmacéutico o la sociedad constituida en mora paguen sus imposiciones o haya firmado convenio con la Caja.

Artículo 5ºLa jubilación del farmacéutico o químico-farmacéutico se calculará sobre la base del promedio de los últimos doce meses de rentas declaradas.

La jubilación así concedida, se reajustará año a año, en el mes de enero, sobre la base del sueldo vital farmacéutico correspondiente en proporción a los años computados en su jubilación.

Artículo 6°.- La jubilación del farmacéutico o químico-farmacéutico no lo inhabilita para el ejercicio de su profesión, salvo que la causal invocada y acreditada haya sido la de incapacidad física o mental.

El farmacéutico o químico-farmacéutico jubilado por su incapacidad física o mental que se reintegre al ejercicio de su profesión, cesará de inmediato en el goce cíe la pensión.

Los farmacéuticos o químico-farmacéuticos no comprendidos en el inciso anterior que, después de jubilados ejerzan la profesión sufrirán una rebaja de su pensión equivalente al 50% de ella.

Artículo 7º.- El Consejo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas se integrará, además, con un farmacéutico o químico-farmacéutico designado por el Presidente de la República de una terna que le propondrá el Colegio de Farmacéuticos de Chile.

Artículo 8º.- El farmacéutico o químico-farmacéutico cuyo título haya sido cancelado, quedará, de pleno derecho, excluido del régimen previsional establecido por la presente ley.

Artículo 9º.- Los montepíos se reajustarán una vez al año, a contar del 1º de enero, en la misma proporción en que aumente el sueldo vital farmacéutico.

Disposiciones transitorias.

Artículo 1º.- Los farmacéuticos y químico-farmacéuticos que se encuentren acogidos a un régimen previsional distinto al que se establece por la presente ley, podrán optar por éste o aquél. Para estos efectos, tendrán el plazo de seis meses contados desde la vigencia de esta ley entendiéndose que, si nada expresaren, optan por mantenerse en el régimen previsional al que están actualmente acogidos.

Artículo 2º.- Los farmacéuticos y químico-farmacéuticos podrán hacer reconocer los servicios que hubieren prestado en tal calidad antes de la vigencia de la presente ley y que no estén cubiertos con imposiciones, hasta una fecha no anterior al otorgamiento del título profesional correspondiente. Para los efectos de impetrar este derecho, los profesionales señalados, acogidos a esta ley, tendrán el plazo de seis meses, contado desde su vigencia para solicitarlo en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, e igual plazo tendrán para impetrar los derechos establecidos en la Ley Nº 10.986.

Se considerarán años de servicios, para los efectos señalados en el inciso precedente, aquellos durante los cuales los profesionales a que se refiere esta ley, hayan ejercido su profesión. La comprobación de éstos se acreditará ante la Caja indicada, mediante un certificado emitido por el Colegio de Farmacéuticos de Chile, previo acuerdo de su Consejo.

El plazo señalado en el inciso primero de este artículo, para los profesionales que ingresen al régimen establecido en esta ley con posterioridad a su vigencia, se contará a partir de la fecha de su acogimiento.

Los íntegros de imposiciones personales que deban efectuarse por el período que falte para completar los 30 años de servicios exigidos para otorgar el beneficio de jubilación, se hará sobre la base de sueldos presuntos, para determinar los cuales se tomará como base el sueldo promedio señalado en el artículo 5º, aplicándose una escala descendente de un 4% por cada año considerado hacia atrás. Los íntegros señalados devengarán el interés simple del 6% anual.

El servicio total de las imposiciones e intereses que resulten de aplicar las normas precedentes, se servirá en cuotas iguales y mensuales en la forma que determine la Caja, no pudiendo otorgarse un plazo inferior a cinco años.

Artículo 3º.- No podrá exigirse el pago de los beneficios establecidos en la presente ley, sino transcurridos que sean tres años contados desde su publicación en el Diario Oficial.

No obstante, podrán acogerse a jubilación y exigir su pago transcurrido un año contado desde la misma fecha, aquellos farmacéuticos o químico-farmacéuticos que cumplan o hayan cumplido setenta años de edad una vez vencido dicho término.

En las mismas condiciones podrán solicitar dicho beneficio, transcurridos dos años a contar de la misma fecha inicial, aquellos farmacéuticos o químico-farmacéuticos que, vencido este término, cumplan o hayan cumplido sesenta y cinco años de edad.

(Fdo.) : Ricardo Valenzuela S.- Ernesto Iglesias C.- Graciela Lacoste M.".

15.-MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA VALDERRAMA, DON HECTOR.

"Honorable Cámara:

La legislación chilena no contempla ningún beneficio especial para resolver los problemas que se presentan a los chilenos que tras un larga permanencia en el exterior, donde se han labrado un porvenir con su propio esfuerzo, regresan al país y traen consigo los menajes y efectos adquiridos durante su ausencia.

En cambio el trato que se otorga a los inmigrantes extranjeros por el D. F. L. 690 es diferente. A ellos se les permite traer todo su menaje de casa, sus equipos profesionales o de pequeño industrial y hasta un vehículo liberado, hecho que contrasta con la poca generosidad que rige para los propios chilenos. Esto hace que muchos chilenos se abstengan de regresar al país, del cual salieron en busca de mejores horizontes.

Se trata de un problema humano que afecta a compatriotas nuestros que urge solucionar. Para ello, debemos mirar no sólo el interés del país sino también el de los cientos y miles de chilenos que, añorando el terruño, se ven impedidos de regresar. Es un problema que afecta especialmente al chileno común que sin más herramientas que sus manos, salió a conquistar el mundo. Triunfante y deseoso de radicarse en su patria, ésta se muestra esquiva y valeídosa con el hijo a quien no supo o no pudo retener. Ni siquiera le permite gozar de los beneficios que la legislación otorga al inmigrante extranjero.

Es efectivo que la salida del emigrante común pocas veces llega a constituir un problema para el país de origen, no así en el caso de los técnicos y profesionales cuya preparación cuesta al Estado ingentes sumas de dinero, pero, no es menos cierto que estos últimos salen al exterior en virtud de contratos que les aseguran fuertes ingresos.

El problema enunciado tiene numerosas facetas y deberá dar lugar a una acción que abarque medidas de diverso orden. Unas con el objeto de permitir el regreso al país del chileno común y la otra, coa el objeto de dar incentivos a los profesionales y técnicos chilenos radicados en el extranjero para que regresen al país, aun cuando abrigo un serio temor al respecto : que las franquicias que se pretende otorgar al profesional sirvan de incentivo para que los profesionales y técnicos que actualmente residen en el país, que probablemente no han pensado en la posibilidad de emigrar, precisamente por los inconvenientes que esta ley pretende corregir, lo hagan con el objeto de poder gozar al cabo de un tiempo determinado de ellas.

Reconociendo este posible problema, debo comprender, no obstante, que no puede dejárseles al margen de esta legislación.

Por estas consideraciones, vengo en someter a la consideración de la H. Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- Los chilenos residentes en el extranjero, cuya permanencia en el exterior sea como mínimo de cinco años y que regresen a Chile para radicarse definitivamente en el país, podrán internar, por una sola vez, sus efectos personales, su menaje de casa y sus equipos profesionales o de pequeña industria, aún cuando se trate de objetos cuya importación no esté permitida por la legislación vigente.

Tratándose de los efectos personales y del menaje de casa, las franquicias establecidas en esta ley se otorgarán siempre que tales objetos estén manifiestamente destinados por su especie o cantidad, a satisfacer las necesidades habituales del beneficiario y de su familia.

La autorización anterior no podrá comprender objetos que, en derechos, representen una suma superior a 14.000 pesos oro.

Las mismas personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, podrán internar un vehículo motorizado, usado, de su propiedad, adquirido o a lo menos, seis meses antes del traslado definitivo del beneficiario al país, no pudiendo, en caso alguno, tener un valor FOB superior a US$ 3.000.

Los efectos personales, menaje de casa, equipos profesionales o de pequeña industria y el vehículo motorizado, estarán liberados de todo derecho, depósito, impuesto, contribución, cargo o restricción de cualquiera índole que se refiera a la internación o importación.

Artículo 2º.- El valor del vehículo motorizado y de los efectos personales, menaje de casa, equipos profesionales o de pequeña industria, no podrá, en conjunto, ser superior al 50% de las rentas percibidas por el beneficiario durante su permanencia en el extranjero, dentro de los cinco años anteriores a la fecha en que se traslade al país.

Artículo 3º.- En el caso de los profesionales y técnicos chilenos que regresen definitivamente al país, sólo será necesario acreditar residencia en el exterior por un término no inferior a tres años.

Cuando la permanencia en el extranjero de estos profesionales y técnicos haya tenido por objeto cursos de especialización originados en invitaciones o becas otorgadas por Instituciones calificadas por el Departamento de Cooperación Internacional de ODEPLAN, sólo será necesario acreditar una residencia mínima de dos años en el exterior.

Artículo 4º.- Para el otorgamiento de las franquicias que esta ley establece, se considerarán como una sola persona al beneficiario y al núcleo familiar que de él dependa, entendiéndose comprendido en él al cónyuge y a los hijos menores de edad.

Sin embargo, las personas unidas por vínculo de parentesco o de matrimonio con el beneficiario y que tengan la calidad de chilenos de acuerdo con las leyes patrias, tendrán derecho a gozar de las mismas franquicias, en forma separada, siempre que acrediten la existencia de rentas percibidas durante su permanencia en el extranjero y que cumplan todos los requisitos exigidos en esta ley.

Artículo 5º.- El vehículo motorizado internado con las franquicias que esta ley establece, no podrá ser enajenado durante el plazo de cinco años contado desde la fecha de su internación.

Transcurrido el plazo antes indicado, sólo podrá ser enajenado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 238 de la ley Nº 16.617.

El Conservador de Bienes Raíces que inscriba cualquier vehículo afecto a las liberaciones que otorga esta ley, dejará constancia en el correspondiente Registro de Vehículos motorizados, que no podrá ser objeto de negociación de ninguna especie durante el plazo indicado en el inciso primero.

Igual obligación tendrán las Municipalidades y el Servicio de Impuestos Internos respecto de sus atribuciones, ya sea para otorgar patentes o para girar el impuesto de compraventa.

Artículo 6º.- Los chilenos residentes en el extranjero podrán pagar, ante el Consulado chileno respectivo, un impuesto especial sobre sus ingresos o rentas, del 3% al 5% de ellas, el que se recaudará trimestralmente.

Esta contribución voluntaria a los ingresos generales de la Nación dará derecho a internar al país, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º y en forma adicional, objetos por un valor equivalente al 50% de la contribución voluntaria pagada.

Artículo 7º.- Los fondos que se recauden por la percepción del impuesto especial contemplado en el artículo anterior, deberá remitirlo el Consulado respectivo directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores e ingresarán a una cuenta especial que éste deberá abrir en el Banco del Estado de Chile y se destinarán a los fines que determine el Reglamento.

El 50% de dichos fondos deberán ser entregados semestralmente a la Dirección de Turismo, la que deberá destinarlos al fomento del turismo, a subvencionar la salida al exterior de artistas o conjuntos artísticos y musicales chilenos con el objeto de difundir nuestros valores autóctonos y a los demás fines que el reglamento establezca.

Artículo 8º.- La Dirección de Turismo podrá celebrar convenios de transporte con la Línea Aérea Nacional, con el objeto de que el valor de los pasajes correspondientes al traslado de los artistas y grupos artísticos y musicales a que se refiere el artículo anterior, pueda ser rebajado en un tanto por ciento que fluctúe entre un 10% y un 50% de las tarifas ordinarias de dicha Empresa.

Artículo 9º.- El Presidente de la República dictará el reglamento de la presente ley dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de su publicación.

(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama".

16.-MOCION DEL SEÑOR MORALES. DON CARLOS

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Declárase que el sentido y alcance de las leyes Nºs. 16.159 y 16.690, es de reconocer para todos los efectos que esas leyes señalan, los períodos servidos como Cónsul Honorario, por don Enrique Melkonian Cadi, con la jerarquía y grado de Primer Secretario de la Planta de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Será de cargo del beneficiario el pago de las imposiciones que debe hacer a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas por la renta del Primer Secretario, en el período que corresponda, las que deberá cancelar dentro de tres meses de publicada la presente ley, sin multas ni intereses, condonándose todos aquellos que pudieran haberse devengado hasta la fecha.

(Fdo.): Carlos Morales Abarzúa."

17.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se mencionan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento, han solicitado se envíen los oficios que se invocan:

El señor Agurto al señor Ministro de Salud Pública, acerca de la construcción de un hospital en la comuna de Los Alamos.

El señor Aravena, don José Andrés al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, relacionado con problemas de servicio de agua potable y construcción de caminos en las zonas de Victoria y Curacautín.

El señor Barrionuevo: "Al señor Ministro de Educación Pública, referente a diversos problemas de carácter docente y de local que estarían afectando a la Escuela Consolidada de Experimentación de Puerto Huasco, departamento de Freirina, provincia de Atacama.

Al mismo señor Ministro, sobre la construcción del Instituto Comercial de Vallenar.

El señor Canales al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, relativo a problemas del servicio de agua potable en la población John Kennedy, ex La Higuera, de la comuna de La Florida.

El señor Jaque al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, respecto de la construcción del edificio para el Cuartel de Bomberos de Yumbel.

El mismo señor Diputado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que se sirva informar sobre el estado de tramitación del traspaso de unos terrenos de propiedad de la Municipalidad de Talcahuano para venderse a sus actuales ocupantes en la localidad de Cerro Cornou.

La señora Lazo, doña Carmen:

Al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva informar sobre las utilidades que han percibido durante el presente año, las diferentes emisoras de la capital.

Al señor Contralor General de la República, para que informe sobre diversos antecedentes relacionados con los periodistas en función y utilidades percibidas por las radioemisoras de Santiago.

El señor Maira al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva informar de las razones que han motivado la suspensión de los Préstamos de Auxilio en la Caja de Previsión de los Empleados Particulares y arbitre las medidas para ordenar su reanudación.

La señora Marín, doña Gladys:

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, acerca de los trabajos de habilitación de alcantarillado en la "Comunidad Cardenal José María Caro", del sector San Rafael, comuna de Conchalí.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, respecto de las condiciones de seguridad laboral en que se desenvuelven las actividades de la Industria ACSA, Aceros y Cuchillería S. A.

El señor Martín:

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el fin de que se sirva ordenar el estudio correspondiente a la Corporación de Fomento de la Construcción para rehabilitar la ex Empresa Pesquera Austral, ubicada en Dichato, provincia de Concepción.

Al señor Ministro de Educación Pública, acerca de la ampliación de la Escuela Nº 49, de Confluencia, en la provincia de Ñuble.

Al señor Ministrode Obras Públicas y Transportes:

El primero, relacionado con el pronto estudio para la construcción de un muelle de atraque en el Balneario de Dichato, provincia de Ñuble.

El siguiente, referente a la instalación de red de alcantarillados en las poblaciones Iluambalí y Latorre, de la ciudad de Chillan, provincia de Ñuble.

El último, sobre la pavimentación del camino que une a San Carlos con San Fabián, en el departamento de Itata, provincia de Ñuble.

Al señor Ministro de Agricultura, relativo a una mayor asistencia técnica en favor de los pequeños agricultores de Quillón, provincia de Ñuble.

El señor Melo:

Al señor Ministro del Interior, respecto de la instalación del servicio de alumbrado público en la localidad de Ramadillas.

Al señor Ministro de Agricultura, para que se sirva ordenar se destinen fondos para la habilitación del camino de acceso al cementerio de Los Alamos, en la provincia de Arauco.

Al mismo señor Ministro, para que se sirva considerar la expropiación del fundo "Peumo", de la localidad de Ramadillas, provincia de Arauco, debido a los antecedentes que entrega.

Al señor Ministro de Tierras y Colonización, para que se sirva ordenar una adecuada dotación del personal de la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Angol, con el fin de agilizar los trámites en dicha región.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, referente al dictamen jurídico emitido a raíz de un juicio entre el Sindicato Industrial Mina La Disputada y la Compañía explotadora de dicho mineral.

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que acelere la entrega de títulos de dominio a los vecinos de Punta Lavapié, de la comuna de Arauco.

El señor Millas:

Al señor Ministro del Interior, relativo a la instalación de un teléfono público en la localidad de El Volcán, en la comuna de San José de Maipo.

Al señor Ministro de Educación Pública, relacionado con la asistencia que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas estaría aplicando en la Escuela Industrial de Puente Alto.

Al señor Ministro de Defensa Nacional, respecto a la posibilidad de mejorar las condiciones económicas del personal civil que labora en diferentes dependencias del Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán.

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, sobre problemas de movilización colectiva que afectan a la población Villa Lo Matta de Vitacura y otras cercanas a esa Comuna.

Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva incorporar al plan de construcciones la habilitación del local del Consultorio Materno-Infantil y Posta de Primeros Auxilios de El Volcán, en la comuna de San José de Maipo.

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva ordenar se apruebe el acuerdo de la Municipalidad de La Florida, sobre reducción de ancho de calle Santa Julia.

Al señor Contralor General de la República, para que se sirva investigar sobre irregularidades que se estarían produciendo en diversos organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en relación con la asignación de viviendas.

El señor Morales, don Raúl, al señor Ministro de Defensa Nacional, sobre transporte de pasajeros en barco de la Armada Nacional.

El señor Olivares al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, referente a condiciones de seguridad y regularidad de los servicios de transportes que mantiene para su personal la Sociedad Minera El Teniente.

Al señor Ministro de Minería, sobre la misma materia.

El señor Parra:

Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva ordenar el pago de la subvención fiscal a la Escuela Nº 23, de Tocopilla.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que ordene aumentar la dotación de funcionarios que atiendan la Oficina del Servicio de Seguro Social, en Tocopilla.

El señor Robles al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva informar sobre las utilidades y porcentaje legal que corresponde pagar a sus personales, por concepto del 10% de partición, a las Compañías Minera de Tocopilla y a la Compañía Minera de Panulcillo S. A., ambas de la la provincia de Antofagasta.

El señor Rodríguez, don Juan; al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, sobre diversas obras públicas en Curacautín y Victoria.

El señor Rosselot al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, sobre la misma materia anterior.

El señor Santibáñez, al señor Contralor General de la República, relativo a diversas irregularidades que se estarían produciendo en la Dirección de Obras Sanitarias de Valparaíso.

El señor Sepúlveda, don Francisco, al señor Ministro de Educación Pública, relacionado con diferentes necesidades educacionales del departamento de Calbuco.

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, sobre extensión de la red de alcantarillado y servicio de agua potable a diversas calles de la ciudad de Puerto Montt.

El señor Valente:

Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se sirva dejar sin efecto la expropiación de terrenos comprendidos dentro de la llamada Manzana 802, antes 708, de la ciudad de Iquique.

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, para que se destinen los fondos necesarios para concluir la construcción del camino de Suca a MiñiMiñe, en e1 Departamento de Iquique.

Al señor Contralor General de la República, para que ordene una investigación en el sistema de construcción utilizado en los edificios del barrio Remodelación El Morro, en la ciudad de Iquique.

El señor Zorrilla al señor Ministro de Educación Pública, referente a la construcción de un local para la Escuela Nº 41, de Coibunco, del departamento de Loncomi11a.

El mismo señor Diputado al señor Ministro de Salud Pública, relativo a la instalación de una Posta de Primeros Auxilios en el lugar denominado Perquilauquén, departamento de Parral.

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que arbitre las medidas indispensables que aseguren la erradicación de pobladores de Linares y Parral a terrenos adquiridos por ese Ministerio.

Se va a dar lectura a la Cuenta.

El señor LARRAIN (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

FÁCIL DESPACHO