Labor Parlamentaria

El señor ELUCHANS (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un Registro Voluntario de Contratos Agrícolas.

Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda son los señores Rosauro Martínez y Carlos Montes , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 1ª, en 12 de marzo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 48ª, en 17 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 59ª, en 13 de agosto de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor MARTÍNEZ (de pie).-

Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas.

Oportuno es señalar que durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación de las autoridades del Ministerio de Agricultura, de representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA); de la Bolsa de Productos de Chile, de asociaciones de agricultores y productores, y de dirigentes de cooperativas campesinas.

La idea matriz del proyecto es crear un registro electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada y cuyo efecto será que, por el hecho de registrarse, el contrato será oponible a terceros. Asimismo, se establecen sanciones y efectos específicos para el incumplimiento del contrato registrado.

Es importante consignar que esta iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado, y que el artículo 9° permanente y el tercero transitorio son de competencia de la Comisión de Hacienda.

Asimismo, es oportuno señalar que el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presente en la Comisión y que en la discusión particular, en tanto, no hubo indicaciones rechazadas.

Antecedentes generales.

El proyecto de ley reconoce que Chile siempre ha sido un país de tradición agrícola y que sus cifras de exportaciones han ido en alza con los años. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones agrícolas corresponde a productos agrícolas primarios, los cuales tienen menor valor agregado.

Si bien destaca el número de hectáreas de superficie cultivable y el rol generador de empleo rural del sector silvoagropecuario, señala que el país aún se encuentra lejos de alcanzar su potencial en esta materia, más aún teniendo en cuenta el contexto internacional que impone el desafío de aumentar la competitividad del sector agrícola.

En ese contexto, se reconoce como debilidad del sector agroindustrial chileno el que aún no haya desarrollado con la debida fortaleza la cadena de valor que va desde el productor de materia prima, el agricultor, al consumidor final.

Asimismo, se explica que en el mercado agrícola existen básicamente dos formas de comercializar la producción. La primera es la venta en forma spot o a cosecha; la segunda es la venta mediante contratos celebrados con anticipación a la cosecha e incluso antes de sembrar.

Pese a las múltiples ventajas de la agricultura por contratos, la situación chilena es la de un mercado en el que un alto porcentaje de la producción agrícola se comercializa en forma spot o a cosecha. La principal razón de la baja penetración de los contratos agrícolas es precisamente la falta de certeza jurídica en cuanto al cumplimiento y exigibilidad de estos, debilidad que el proyecto busca subsanar.

Fundamentos del proyecto.

El proyecto de ley busca dar solución a una falla del mercado que ha impedido hasta ahora que surja con la debida fuerza la agricultura de contratos, a pesar de sus ventajas. Para ello, mejora la certeza jurídica de los contratos agrícolas mediante la creación de un registro electrónico, público, voluntario, nacional y único de los contratos agrícolas que pretende evitar los costos de forzar el cumplimiento de un contrato agrícola mediante los tribunales de justicia.

La publicidad que otorga el registro, la consulta sin costo de este y la oponibilidad permitirán que los pequeños agricultores también puedan beneficiarse de la agricultura de contratos.

En particular, el proyecto busca lograr los siguientes objetivos:

1.- Fomentar la agricultura de contratos.

2.- Dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales.

3.- Aumentar la publicidad y la oponibilidad de los contratos agrícolas y la transparencia del mercado en general.

4.- Fomentar el desarrollo de innovación y tecnología en la agroindustria y el desarrollo de nuevas y mejores variedades agrícolas, acordes a la demanda internacional.

5.- Permitir que los exportadores cuenten con mayor certeza sobre su abastecimiento de productos, lo que les permitirá desarrollar mejores productos, acceder a mejores mercados y obtener mejores precios.

6.- Fomentar el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al rubro agrícola, sobre todo por la vía de un mayor y mejor financiamiento.

7.- Desarrollar el mercado de futuro en la agricultura tanto a nivel local como a nivel internacional.

8.- Buscar el mejor posicionamiento de Chile en los mercados agrícolas internacionales, haciendo a la industria más competitiva en el concierto mundial y promoviendo así el desarrollo de nuestro país como potencia alimentaria.

Contenido del proyecto.

El proyecto consta de 19 artículos permanentes y tres transitorios, organizados en cinco títulos, con el siguiente contenido:

a) Disposiciones generales:

Se regula el objeto de la ley, consistente en establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único.

Se establece el ámbito de aplicación de la ley, determinando los contratos susceptibles de inscripción en el registro, esto es, los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción.

Se definen los conceptos de contrato agrícola, producto agrícola, productor agrícola, agroindustrial, intermediario, primera transacción, entre otros.

Se establece que las partes de los contratos agrícolas que se acojan a esta ley deben suscribir el formulario correspondiente ante notario público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada, o bien, mediante la firma electrónica avanzada de las partes, en cuyo caso no se requerirá el otorgamiento ante notario.

b) Inscripción:

La inscripción de contratos agrícolas, su modificación o su cancelación se realizarán en extracto, a través del formulario respectivo. Para tal efecto, las partes deberán autorizar expresamente el tratamiento de datos personales.

Se consignan las menciones mínimas que deben contener los formularios de inscripción, modificación y cancelación, otorgándole a las partes la facultad de poder registrar otras menciones adicionales que convengan en publicar.

c) Del Registro :

Se crea el registro de contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo, como un registro público, voluntario, nacional y único que operará sobre una plataforma tecnológica de acceso en línea, cuya administración y control de la normativa respectiva corresponderá al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El administrador del registro, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, podrá licitar la administración del Registro a un ente externo, pero mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de la ley.

Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el registro.

Una vez suscrito el formulario por todos los comparecientes, se incorporará automáticamente y sin más trámite al registro, lo que se efectuará por estricto orden de ingreso.

d) De la suscripción de los formularios:

Las partes podrán inscribir, modificar y cancelar los contratos agrícolas mediante la suscripción de los formularios disponibles en el sitio web del registro. Se regulan dos alternativas para la suscripción de los formularios. La primera es ante notario público, el cual deberá estampar su firma electrónica avanzada; y la segunda, cuando las partes cuenten con firma electrónica avanzada, mediante la suscripción del formulario en línea con los propios comparecientes, en cuyo caso no se requerirá el otorgamiento ante notario.

e) Efectos del Registro :

Los contratos inscritos serán oponibles a terceros, y, por tanto, no se podrá alegar el desconocimiento de un contrato registrado, produciéndose los efectos establecidos en la ley respecto de terceros.

Se prohíbe al vendedor celebrar con terceros contratos que recaigan sobre los bienes objeto de un contrato ya inscrito, salvo aquellos que se celebren sobre los excedentes de una producción o sobre una cuota o parte de la misma. En caso de infracción de tal prohibición, dichos terceros serán solidariamente responsables para todos los efectos legales con el vendedor ante quien comparezca como comprador al contrato previamente registrado por los perjuicios irrogados, presumiéndose la mala fe del vendedor y del tercero adquirente.

Si las partes estipularen una cláusula penal para el caso de incumplimiento y dicha cláusula se incorporare al formulario, un certificado de la inscripción respectiva constituirá título ejecutivo para su exigibilidad; la inscripción se eliminará de común acuerdo por las partes o una vez transcurrido un año desde la fecha de término del contrato.

Respecto de las disposiciones transitorias, estas regulan las siguientes materias: la fecha de entrada en vigencia, que será de seis meses desde su publicación en el Diario Oficial; el plazo para dictar el Reglamento, -tres meses contados desde su publicación-, que será suscrito por los ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo-, y el financiamiento, materia en que el mayor gasto será asumido con cargo al ítem de la partida presupuestaria Tesoro Público.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).-

Rendirá el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO (de pie).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que consiste en crear un registro electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada, cuyo efecto será que por el hecho de registrarse el contrato será oponible a terceros.

Expuso en la Comisión de Hacienda, durante el estudio del proyecto, el señor Álvaro Cruzat , subsecretario de Agricultura -quien nos tiene acostumbrados a entregar su importante opinión, dado el conocimiento que tiene en materia agrícola-, cuya intervención fue muy importante en relación con el proyecto que se somete a consideración de la Sala.

El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 25 de enero de 2013, considera un mayor gasto fiscal de 185.000 millones de pesos en el año de la puesta en marcha del proyecto. De ese monto, 26.000 millones son gastos permanentes, una vez implementado el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas.

El detalle de los costos de implementación y operación considerados para la iniciativa se consigna en el informe de la Comisión.

El mayor gasto que irrogue la iniciativa al momento de ser aprobada, será financiado con los presupuestos de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y, en lo que faltare, con recursos del Tesoro Público. El resto de los años, se financiará con los recursos que establezca la Ley de Presupuestos para esos efectos en el presupuesto de esa subsecretaría.

Durante el debate en la Comisión, el subsecretario de Agricultura , señor Álvaro Cruzat , hizo presente que el proyecto crea un registro público, nacional, voluntario y único, sobre una plataforma tecnológica para consignar allí los contratos de compraventa de productos agrícolas que se entregan a plazo. Hoy es muy común en la agricultura operar sobre la base de contratos, de modo que lo que busca el proyecto es dar mayor certeza jurídica y mejores condiciones de exigibilidad a las convenciones celebradas en Chile.

Asimismo, la actividad agrícola está hoy crecientemente encadenada a lo que hacen los productores y las industrias que agregan valor. De allí que resulta fundamental contar con instrumentos que fomenten la agricultura de contratos, ya que históricamente su uso no ha sido muy extendido en el país.

El registro será administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y permitirá dar publicidad a los contratos que voluntariamente se inscriban en él, lo cual los hará oponibles a terceros, de modo que cualquier persona tendrá la posibilidad de conocer si una producción agrícola ya está contratada para que eventualmente no se venda dos veces la misma cosa y, al mismo tiempo, el productor pueda exigir el cumplimiento de un contrato suscrito con la agroindustria, que es otro de los problemas que habitualmente ocurren en el sector.

En estos contratos deben especificarse los bienes adquiridos, las condiciones de entrega, los volúmenes pactados y, a partir de ello, es posible programar la producción, que es una de las ventajas de la agricultura de contratos. Otra ventaja es que al existir un contrato con mayor certeza jurídica pasa a ser un instrumento útil para el acceso al crédito, en la medida en que puede ser llevado al sistema financiero para ser ofrecido en garantía, como también un elemento que incorpore asistencia técnica y financiamiento en la relación entre la agroindustria y el productor.

Destacó el subsecretario de Agricultura que la iniciativa ha sido trabajada con el sector agroindustrial, la que en general ha recibido una muy buena acogida.

En respuesta a una consulta del diputado señor Jaramillo , el subsecretario puntualizó que al interior del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ya existe un departamento creado para administrar el Registro de Empresas y Sociedades establecido en la ley Nº 20.659, sobre constitución y modificación de sociedades por medios electrónicos, la que también se hará cargo del registro de contratos agrícolas, razón por la que su costo no es muy elevado.

El subsecretario de Agricultura señaló que el registro que se crea permite anotar en él tanto contratos anuales como permanentes, haciéndolos de conocimiento público. Por lo demás, para que los contratos agrícolas puedan ser registrados, dado que los productores -especialmente los más pequeños- no suelen tener firma electrónica avanzada, deberán celebrarse ante notario, aunque a futuro se espera que puedan hacerlo sin intervención de este.

Respecto del administrador del registro, señaló que después de hacerse las consultas pertinentes, se descartó encomendárselo al Servicio de Registro Civil por tener desafíos mayores que enfrentar y por ser mucho mayor el costo fiscal que ello habría irrogado. Por otra parte, la idea es que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo no sea solo un receptáculo informático de los contratos agrícolas, sino que supervise el cumplimiento de ciertos estándares en su confección.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 9° permanente y tercero transitorio, los que fueron aprobados por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

El diputado señor Robles solicitó la votación separada del inciso tercero del artículo 9º, por no ser partidario de entregar la administración del registro de contratos agrícolas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

El Presidente de la Comisión denegó tal posibilidad, porque la separación solicitada equivaldría a formular una indicación que se refiere a las funciones de un órgano del Estado, materia que de acuerdo con el texto constitucional es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

El diputado señor Lorenzini presentó una indicación al artículo 9º para sustituir en su inciso tercero la frase “un ente externo” por “una entidad externa”.

El mismo señor diputado formuló otra indicación, para agregar en el citado inciso tercero del artículo 9º, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “El mayor gasto que represente esta entidad se financiará con el presupuesto de la Subsecretaría de Economía.”.

El mismo señor diputado hizo presente una indicación para agregar en el artículo tercero transitorio, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “El resto de los años se financiará con los recursos que contemple la Ley de Presupuestos para estos efectos en el presupuesto de esta Subsecretaría.”.

El objeto de las dos últimas indicaciones es hacer coincidir las normas relativas al financiamiento del proyecto con lo señalado en su informe financiero.

El Presidente declaró inadmisibles ambas indicaciones por versar sobre materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , sin perjuicio de comprometer a este a revisar la redacción del articulado.

Puesto en votación el artículo 9º, con la primera indicación, fue aprobado por 9 votos a favor y 3 abstenciones.

Puesto en votación el artículo tercero transitorio, fue aprobado por 11 votos a favor y 1 abstención.

Lo expuesto fue tratado y acordado en sesión de fecha 6 de agosto de 2013, con la asistencia de los diputados señores Miodrag Marinovic ( Presidente ), Pepe Auth , Joaquín Godoy , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Carlos Montes, José Miguel Ortiz ; la diputada señora Clemira Pacheco ; los diputados señores Carlos Recondo , Alberto Robles , Alejandro Santana , Ernesto Silva y Gastón von Mühlenbrock , según consta en el acta respectiva.

Es cuando puedo informar.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente , este proyecto es muy anhelado en el mundo agrícola. Los contratos agrícolas existen desde hace mucho tiempo. Pero una cosa es un contrato agrícola sin certeza jurídica, y otra un contrato agrícola con certeza jurídica. ¿Cuál es la diferencia? El primero es un simple contrato, que no le da seguridad a nadie. No da a la industria la certeza de que el agricultor le entregará la cantidad total de los productos acordados, ni da al agricultor la certeza de que la industria cumplirá con el contrato que ha firmado.

Al existir certeza jurídica, esa situación cambia, porque si el agricultor no entrega el producto acordado en el contrato, la industria podrá hacer las demandas correspondientes. A su vez, si la industria no responde de acuerdo con el contrato suscrito, el agricultor también podrá ejercer acciones legales.

Ocurre con más frecuencia el hecho de que la industria no cumple con el agricultor, que es la situación contraria. Hay muchos casos. Para no ir más lejos, en la temporada antepasada, hubo un problema tremendamente grande con la comercialización de tomates -no sé si fue nacional o internacional-, que tuvo como resultado que la industria no cumpliera con el pago del precio que acordó con los productores agrícolas. En consecuencia, los agricultores tuvieron que aceptar lo que a la industria se le ocurrió pagarles finalmente. Ello sucede con muchos productos de la agricultura. Esta situación también ocurre al revés, sin lugar a dudas.

Pero la creación del registro voluntario de contratos agrícolas tiene otra consecuencia también muy importante: al otorgar certeza jurídica, da al agricultor la opción de no quedar casado financieramente con una determinada empresa. ¿Qué ocurre hoy día? Cuando los agricultores firman un contrato con una empresa, es esa misma empresa la que termina entregándole preferentemente los insumos y, al final, cobrándoles cualquier precio.

En virtud del registro del contrato, el agricultor podrá ir a cualquier entidad financiera a solicitar el préstamo que le permita comprar los insumos que requiere. De esa forma, el costo para él será más bajo que el que obtendría si fuera financiado por la industria.

Por eso, la certeza jurídica que otorga el registro de contratos agrícolas da un estándar distinto a los negocios agrícolas. Ello contribuirá fuertemente a que la agricultura sea más rentable que lo que es hoy.

¿Qué es lo ideal? Lo ideal es llegar no a un registro voluntario, como el que plantea la iniciativa, sino, ojalá, a uno obligatorio. Toda la agricultura, en el futuro, debería moverse en base a contratos, de modo que los productores agrícolas, antes de sembrar, sepan a qué precio podrán vender sus productos. En la actualidad, si uno pregunta a los agricultores a qué precio estará el trigo en la próxima temporada, nadie sabe nada. En cambio, la industria, aunque no tenga la certeza, tiene una noción clarísima de cuál será ese precio. Por eso, lo ideal es que todos los agricultores del país, antes de sembrar -sobre todo si se trata de productos anuales-, puedan determinar qué producto sembrar de acuerdo con el precio al cual se venderá. Si el contrato fuese obligatorio, todos los agricultores sabrían el precio a que se venderá el producto al momento de la cosecha.

Sin lugar a dudas, el registro voluntario es un avance muy importante, porque va en el camino correcto. Como dije antes, ojalá que finalmente se establezcan los contratos obligatorios. Sin perjuicio de ello, este es un buen proyecto que, sumado a la ley de muestra y contramuestra que aprobamos en la Cámara de Diputados, ayudará a transparentar más el comercio agrícola, a que la agricultura mejore y se vaya transparentando, y a que los agricultores tengan otro tipo de financiamiento; es decir, que no deban recurrir solo a la industria, sino que también puedan acceder a la banca o a cualquier institución financiera.

Por lo expuesto, anuncio que aprobaremos el proyecto, porque va en la línea correcta.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.

El señor BARROS .-

Señor Presidente , en el mercado agrícola existen dos formas de comercializar la producción. La primera es la venta en forma spot o a cosecha; la segunda, que crecientemente en el tiempo se ha empezado a desarrollar, que es positiva, pero que no está debidamente regulada, es la agricultura de contrato. El proyecto en discusión contribuye a este último aspecto, sin perjuicio de que no llena totalmente las expectativas, por cuanto aún falta mucho por avanzar, particularmente en lo que dice relación con la vulnerabilidad que tienen los productores frente a la gran industria. Por lo tanto, si bien es cierto que el proyecto marca un avance importante, es necesario provocar un cambio cultural. La presente iniciativa, que esperamos que se convierta en ley, establece que los contratos agrícolas podrán inscribirse en forma voluntaria en las entidades que corresponda.

De acuerdo con el mensaje, la agricultura de contratos es ventajosa para el productor, pues le permite acceder a mercados de mayor valor, negociando condiciones previas a la toma de decisión de siembra, con más alternativas y obteniendo mejores condiciones; acceder a tecnología y capacitación provista por la agroindustria; mejorar su capacidad de financiamiento; utilizar los mercados de futuro -tema nuevo para nuestra agricultura, particularmente del secano-, y concentrarse en la operación agrícola reduciendo el riesgo comercial.

Asimismo, es ventajosa para la agroindustria, pues le permite tener certeza respecto de la entrega de los productos en función de una planificación previa.

Existen varias razones por las cuales, pese a la evidente desventaja que la agricultura de contrato supone, la mayor parte de la producción agrícola sigue vendiéndose en la modalidad a cosecha. La primera de ellas es que la industria compradora ve un alto riesgo de incumplimiento. Sin embargo, también podemos observar riesgos e incumplimientos por parte de la industria. En eso debemos poner mucha atención. Existen agroindustrias que ante una producción que excede el promedio verificado anteriormente, le dicen al productor: sabe, no me entregue más. Asimismo, a partir de muestreos -esperamos que con la ley de muestra y contramuestra eso sea subsanado-, muchos agricultores ven que sobre la base de un muestreo absolutamente inaceptable, se determinan bajas en los precios o castigos según la calidad de los productos. Adicionalmente, la constante variación de los precios de los productos agrícolas en el mercado introduce un factor de riesgo en la decisión.

Por lo tanto, es muy importante la certeza jurídica que hoy estamos dando a nuestros productores. Me parece que ellos debieran tratar de utilizar esta ley cuando sea promulgada, a fin de establecer vínculos permanentes con la industria y la agroindustria respecto de la venta de sus productos, que estarán protegidos de cualquier vulneración, a partir de un hecho muy relevante: que estos contratos estarán inscritos.

Es cierto que aún tengo algunas dudas sobre el procedimiento al cual puede recurrir una agroindustria con el propósito de no cumplir, pero a través de una indicación logramos dejar establecido que ante cualquier controversia que deba ser vista por los tribunales de justicia, para todos los efectos legales se considere el domicilio del productor, de manera que los agricultores, por ejemplo, de Litueche -algunos de los cuales están presentes en las tribunas- no tengan que desplazarse a los tribunales de Santiago. Por eso, como digo, mediante una indicación que fue aprobada por todos los diputados dejamos establecido que la controversia deberá ser vista por el tribunal del domicilio del agricultor, no del industrial, puesto que se trata de proteger a los más débiles. Espero que ciertos aspectos técnicos del proyecto sean resueltos de mejor manera en el Senado.

Con todo, considero que la iniciativa representa un tremendo avance para los pequeños y medianos agricultores, razón por la cual vamos a votar favorablemente el proyecto, tal como ocurrió en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

He dicho.

El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente , ante todo, quiero recordar que este proyecto de ley va precisamente en la dirección que los agricultores han demandado durante largo tiempo, porque ha habido abusos permanentes de las grandes empresas compradoras, básicamente de granos, en contra de los pequeños productores y, de alguna manera, este proyecto viene a zanjar esa situación.

La iniciativa crea un Registro Voluntario de Contratos Agrícolas , lo que no hace otra cosa que responder a una necesidad del sector que por muchos años se ha visto sumido en una excesiva informalidad, lo que ha dañado sobremanera a los pequeños productores.

En nuestra Región del Biobío, en particular, en la provincia de Ñuble, existen 65 mil, de las 270 mil hectáreas que se dedican al cultivo del trigo en el país. Según datos emanados de una investigación de la Odepa, un bajísimo porcentaje de este cultivo, así como también del maíz, se encuentra afecto al sistema de contratos. Se considera que llega a menos del 10 por ciento del total producido. Lo anterior se explica por el profundo recelo que existe entre los productores y las empresas que, ante la ausencia de una normativa definida que los proteja, prefieren las ventas spot.

Si queremos tener una agricultura moderna y competitiva deben existir contratos de producción, para lo cual es necesario empezar a regular en mejor forma esta importante área e impulsar sus beneficios. Quiero dar como ejemplo lo que hicieron el Gobierno, las empresas y los productores en Chillán. Hace unos días, se reunieron allí el ministro de Agricultura , señor Mayol , junto con representantes de las empresas Lucchetti, Carozzi y Suazo y se llegó a un acuerdo con los productores de trigo candeal, que tendrán certeza respecto de los precios, buenas relaciones comerciales y mayor certeza jurídica.

La iniciativa en discusión, que pretende mejorar la certeza jurídica de los contratos agrícolas mediante la creación de un registro nacional electrónico, público y voluntario, apunta precisamente en esa dirección, así como también evitar los costos que implica obligar al cumplimiento de esta herramienta ante los tribunales de justicia.

Estas medidas, aparte de la ya promulgada Ley de Muestra y Contramuestra y la facilitación de las transacciones generadas a través de la bolsa de productos, el Estatuto Agrícola que esperamos aprobar hoy en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y el seguro agrícola que esperamos que sea utilizado masivamente por nuestros productores en las próximas temporadas, apuntan a seguir contribuyendo al desarrollo del agro de nuestro país y a la concreción de nuestro anhelo de convertirnos en una verdadera potencia agroalimentaria.

Por todas estas razones, anuncio que voy a votar a favor de este proyecto de ley, junto con recalcar el aporte que significará para nuestra agricultura y para nuestros agricultores, en particular de la provincia de Ñuble.

He dicho.

El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente , quiero rebatir algunos planteamientos de los colegas que han intervenido.

La verdad es que no coincido con algunos de los objetivos planteados ni con el consecuente beneficio que podrían tener. Hablo desde la perspectiva de los pequeños agricultores, no desde el punto de vista de los grandes productores del país. Tengo la sensación de que este proyecto de ley es absolutamente pro agroindustria, no pro agricultores. No es un proyecto pro pequeña agricultura y voy a explicar por qué.

En primer lugar, la relación que ha existido entre la pequeña agricultura y la agroindustria ha sido nefasta, súper complicada. Debo recordar que en esta misma Sala muchas veces me he referido a lo que ocurrió con los productores de remolacha. En realidad, los pequeños productores están amarrados a la agroindustria, desde el punto de vista de su financiamiento, obtención de insumos y capital de trabajo. Puedo dar varios ejemplos: Malloa , Iansa , Agrosuper, Compañía Chilena de Tabacos , etcétera. Todos lo veían como algo maravilloso porque, de alguna forma, permitía a los pequeños productores estar conectados permanentemente con el mercado. Pero, al final, la agroindustria se transformó en un tremendo yugo para ellos.

El diputado Barros decía que los contratos agrícolas permitirán a los agricultores conseguir financiamiento. Me pregunto, ¿dónde conseguirán financiamiento los pequeños agricultores? ¿Irán al Banco del Estado con el contrato para conseguirlo? ¿Irán al Indap con el contrato? Hay que entender una cosa: el banco no les prestará plata con contrato o sin él, lo que hará que sigan estando amarrados a la agroindustria. Por su parte, el diputado Sauerbaum hablaba de la bolsa agrícola. La bolsa agrícola, que lleva más de cinco o seis años de existencia, jamás ha hecho ninguna transacción con los pequeños agricultores, ¡Ninguna!

Entonces, no hablemos de cosas que no van a ocurrir. Lo único que vamos a hacer es apretar el botón para votar a favor del proyecto, sin darnos cuenta de que es una iniciativa pro agroindustria; que les quede muy claro. Por favor, les pido que lean el Título IV para que vean que solo se refiere a la forma de amarrar al vendedor. Si no logramos que exista cierto grado de equilibrio entre la agroindustria, que fija los precios, aporta los insumos, el capital de trabajo y determina la calidad de los productos, y los pequeños agricultores, al final, este proyecto solo será un amarre para ellos. A lo mejor, los grandes podrán negociar, pero no los pequeños productores. Lamento que en esta discusión tan importante no esté presente el ministro de Agricultura porque necesitamos explicaciones. ¡Y no está!

Me hablan de los seguros, pero cuántos años hemos estado sin que pueda operar el seguro en forma efectiva para el pequeño agricultor, debido a todas las complicaciones a las que nos hemos referido permanentemente en esta Sala.

Hace poco se promulgó la Ley de Muestra y Contramuestra de productos agropecuarios. Pero a pesar de ser ley de la república todavía no puede aplicarse, porque aún no se aprueba el reglamento respectivo. Esa es la única herramienta que tienen hoy los pequeños agricultores organizados para emparejar un poco la cancha, pero si no se puede aplicar no tienen ninguna posibilidad de hacerlo.

Planteé el tema al Ejecutivo y le pedí que presentara una indicación. La iniciativa no debe ser pro agroindustria, porque uno representa a los pequeños agricultores y no a la agroindustria, y espero que el Gobierno haga lo mismo; esto es que represente a los productores, porque solo así vamos a nivelar la cancha.

¡Qué pena que no esté el ministro de Agricultura en la Sala! No deberíamos aprobar este proyecto hasta saber cómo está funcionando la Ley de Muestra y Contramuestra, que es la que produce el equilibrio.

¿Qué sucede si el pequeño agricultor al vender no sabe cuál es el precio ni conoce la calidad del producto y en el contrato no está especificado el tipo de rubro. Ahora, si el pequeño agricultor encuentra un mejor comprador para sus productos y los vende, queda absolutamente complicado con el Título IV del proyecto.

Por eso, invito a los señores diputados a reflexionar desde el punto de vista del más débil en esta relación. Pensemos siempre en el más débil al momento de dar nuestro voto a favor o en contra de la iniciativa. El que reclama la ley no es el más fuerte, sino el más débil, y en este momento el más débil es el pequeño agricultor. El productor grande va a poder firmar todos los contratos que quiera y va a poder negociar todo lo que quiera. Pero mientras no entre en aplicación la Ley de Muestra y Contramuestra de productos agropecuarios y sepamos que efectivamente se logró lo que el legislador quería en terreno, no aprobamos esta iniciativa.

Reitero mi invitación a los colegas a pensar. No veo por qué tenemos que apurarnos en aprobar esta iniciativa legal si ni siquiera se aplica el reglamento.

Voy a conversar con el Ejecutivo para ver la posibilidad de detener la discusión de este proyecto hasta que podamos tener cierto grado de equilibrio, pensando siempre en el más débil, que en este caso es el pequeño agricultor.

Anuncio mi voto en contra del proyecto e invito a hacer lo mismo a todos aquellos que estén con los pequeños agricultores. El proyecto en discusión es pro agroindustria.

Solo si viene el ministro de Agricultura y detiene la tramitación de este proyecto, podemos seguir conversando para ver cómo funciona la agroindustria y la Ley de Muestra y Contramuestra. Pero esta hoy es un bumerán para el pequeño agricultor.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.

El señor KORT.-

Señor Presidente , este proyecto representa un avance para el sistema comercial agroindustrial y agrícola. El objetivo del proyecto es avanzar para otorgar seriedad y seguridad al mercado agrícola. Quienes somos de regiones sabemos en la incertidumbre que viven los productores respecto de cómo va a estar la temporada, qué se va a decidir, qué volúmenes tienen que producir y si van a ser capaces de colocar sus productos en un mercado que muchas veces es irregular.

Por lo tanto, este proyecto busca regular, de manera voluntaria, una tradición que se vive en el mundo agrícola, como son las ventas a futuro. No olvidemos que las llamadas ventas en verde, hoy propias del mundo inmobiliario, tienen su origen en las ventas en verde de trigo que se hacían en los siglos XIX y XX. Reitero, el proyecto viene a recoger una realidad que se vive hoy en las regiones agrícolas. Todo proyecto es perfectible, pero debemos tomar la iniciativa para avanzar.

Con este proyecto podemos evitar las especulaciones tanto de compradores de productos agrícolas como de vendedores de los mismos. La especulación en cualquier tipo de mercado termina por romper la relación que se produce entre la oferta y la demanda.

Valoro el hecho de que sea voluntario. Todo proyecto es criticable constructivamente, pero también debe ser analizado en la medida en que esté funcionando y hoy recién estamos en el primer trámite legislativo y tenemos que seguir avanzando tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Me interesa que el mercado agrícola sea seriamente analizado y que existan leyes que actualicen el sistema legislativo imperante. El campo no es cualquier actividad productiva, sino que es una actividad cultural, que genera una cantidad enorme de empleos tanto en los huertos, en los campos, en los packing como en las industrias asociadas, llámense estas de transporte y de fabricación de los materiales para su embalaje, entre otras. Por lo tanto, estamos aportando seriamente al mercado agrícola.

Quiero hacer un llamado al Poder Ejecutivo , en especial al ministro de Agricultura , para que una vez promulgado este proyecto y convertido en ley de la República, se comprometa, a través de sus seremis, a capacitar a los pequeños agricultores y, en general, a los productores para que este proyecto de ley sea muy beneficioso tanto para quienes voluntariamente deciden inscribirse como también para aquellos que voluntariamente decidan seguir contribuyendo con la mano de obra, con el empleo, con la producción, con la generación de nuevas riquezas, todo lo cual va en directo beneficio de nuestro país.

Anuncio mi voto favorable, aunque todo proyecto es perfectible. El Senado tiene muchas cosas que decir también al respecto, pero debemos ir avanzando y no poner trabas a las iniciativas que requiere nuestro país.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.-

Señor Presidente , este es un proyecto que, sin duda, está bien intencionado y que es muy importante. Uno de los grandes problemas que tiene la agricultura, específicamente los pequeños campesinos, los pequeños productores, es que no tienen mucha capacidad de negociación. Tienen incertidumbre respecto del valor de sus productos, lo que les impide muchas veces el acceso al mejor financiamiento o comprometerse con una institución financiera para producir. Quizá también les impide asumir más riesgos, porque tienen la incertidumbre del precio.

Todos sabemos que el tema de los precios en los productos agrícolas da habitualmente para mucha especulación. En la agricultura el que menos gana es el productor y el que más gana es el intermediario. Eso afecta a los pequeños productores.

Es fundamental avanzar en una agenda de transparencia de los mercados. Uno de esos pasos -ya la hemos dado como Parlamento, como bien lo decía la diputada señora Alejandra Sepúlveda -, fue aprobar el proyecto, hoy ley de la República, de Muestra y de Contramuestra, que permite garantizar que las características de un producto son las que efectivamente tiene ese producto a la hora que le paga un comprador, fundamentalmente de la agroindustria. Y no como ocurre hoy, en que el productor no tiene posibilidad alguna de verificar si las características de ese producto por las cuales le están pagando son las que dice el comprador o le están castigando el precio de manera ilegítima e irregular.

Lamentamos que todavía no se dicte el reglamento de esa ley, que fue calificada con tanta urgencia y que, supuestamente debía estar vigente para la temporada agrícola de este año. Recuerdo los discursos de los diputados Urrutia y Barros , quienes, ni siquiera querían que fuera a Comisión Mixta, porque era muy urgente. Bueno, logramos ir a esa instancia, y perfeccionarlo, porque a los pequeños campesinos se les estaba colocando trabas y costos adicionales.

Estamos en agosto, han pasado meses y meses, y el Gobierno que tenía tanta urgencia en que legisláramos al respecto, hasta ahora no ha sido capaz de dictar el reglamento de esa ley.

Por lo tanto, vamos a enfrentar otra temporada agrícola con los campesinos absolutamente desprovistos de una ley que es más importante que esta, me refiero a la de Muestra y Contramuestra.

En eso me sumo a lo dicho por la diputada Alejandra Sepúlveda . Es fundamental que veamos cómo opera esa ley, porque tiene relación directa con lo que estamos legislando hoy. Sin embargo, es bueno avanzar de una agricultura informal a una de contrato. Muchas veces, la primera es objeto de especulación, donde quien gana más con la informalidad son los más grandes, que son los agroindustriales.

En el proyecto había cosas inaceptables. Otorgaba demasiados derechos al agroindustrial y no tenía una adecuada contraprestación para el productor. Durante la discusión lo mejoramos sustantivamente, por ejemplo, en aspectos como la cláusula penal. No obstante, consideramos que todavía hay puntos sobre los cuales debemos avanzar.

Nos parece peligroso, por ejemplo, lo que consigna el artículo 15: “En caso de inscribirse un contrato agrícola que recaiga sobre productos que habían sido comprometidos previamente, en virtud de un contrato agrícola no inscrito, se presumirá la mala fe del vendedor”.

Es decir, se establecen alteraciones a la regla general del contrato donde la buena fe se presume, fijando presunciones legales de mala fe siempre en contra del vendedor y no del comprador. O sea, si el comprador no cumple, no hay presunción de mala fe. Si el incumplimiento es por parte del agroindustrial, se aplica la regla general: presunción de buena fe. Pero si el incumplimiento es por parte del vendedor, entonces, ahora sí alteramos la regla general y establecemos una presunción de mala fe.

Eso nos parece un aspecto peligroso, sobre todo porque es tremendamente complejo determinar qué productos específicos están involucrados en un contrato agrícola determinado. Otra cosa sería respecto de un predio específico. Pero es distinto precisar un producto específico cuando estamos hablando de especies genéricas. Cuando se vende un quintal de trigo tiene ciertas características que son generales, pero no se vende de manera individualizada, pormenorizada y detallada en quintal de trigo en especifico. Aquí lo que estamos diciendo es que si no vende ese quintal de trigo en específico, entonces se presumirá la mala fe. ¿Y qué ocurre? Si para un agricultor, por razones de mercado, en determinado momento le es más rentable vender su producción a un comprador distinto del que tenía estipulado en el contrato, pero, a su vez, ese agricultor compra trigo a un tercero con las mismas características -siguiendo el ejemplo- del producto anterior, de idéntica calidad del propio, y se lo entrega al comprador, está cumpliendo con su contrato; como no se trata de ese producto, estamos pasando de un contrato que se cumple en el género a uno que se cumple en la especie. Si no se cumple en la especie claramente individualizada, se presumirá la mala fe. Eso me parece complejo, porque estamos desnaturalizando las reglas del derecho civil para ir en contra del productor, a mi modo de ver, para favorecer de manera desproporcionada los derechos del comprador, que generalmente es más poderoso.

Aunque este proyecto es bien intencionado, porque busca disminuir la incertidumbre en los precios y mejorar la asimetría de los contratos agrícolas, contiene algunas normas que van en el sentido exactamente contrario y, lejos de disminuir esa asimetría, la aumenta de manera desproporcionada. Lo ideal sería darle una segunda mirada, revisarlo de nuevo; incluso, no tengo problema en que pase por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero desde el punto de vista estrictamente del derecho, algunas de sus normas son peligrosas.

La iniciativa ha tenido mejoras importantes en su tramitación y hemos llegado a acuerdos con el propio Ministerio de Agricultura para modificar algunas normas. Al parecer, ellos se dieron cuenta de que varias eran derechamente aberrantes. Valoro la buena disposición que ha mostrado este ministerio para aceptar muchas de nuestras sugerencias, pero, no obstante, quedan algunos puntos que debemos discutir en mayor profundidad.

Solicito votación separada para el artículo 15, porque me parece absolutamente peligroso el contenido de esa norma. Asimismo, pido que el Ejecutivo nos permita dar una segunda vuelta al proyecto, porque, aunque está bien orientado y es necesario, debemos hacer esfuerzos para despachar una norma que cumpla con las expectativas que ha generado.

También sería deseable que aprovecháramos de analizar cómo opera la ley de Muestra y Contramuestra que aprobamos a principios de año -creo que en enero-, porque todavía no se ha dictado su reglamento. No entiendo las urgencias del Gobierno. Nos apura para que legislemos rápidamente y nosotros aprobamos las iniciativas, pero después, para dictar un simple reglamento, se toma el doble del tiempo que nosotros utilizamos.

Este tema es muy importante para quienes representamos a regiones de, básicamente, productores agrícolas. Es fundamental que los derechos de los productores y de los vendedores estén resguardados en forma adecuada. Pero algunas normas, como las que he señalado, van en sentido contrario. Por esa razón he pedido votación separada.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, en primer lugar, estoy de acuerdo con la segunda mirada que se pretende dar a este proyecto de ley, porque me parece razonable.

Concuerdo en que está bien inspirado, sobre todo porque en la pequeña y mediana agricultura campesina existen diferencias en la información y en la manera de celebrar contratos, por lo que debemos intentar que la iniciativa apunte a solucionar problemas.

Tengo mis dudas en cuanto a que la incorporación de un registro público constituya, finalmente, información que vaya a ser aprovechada o utilizada para efectos de financiamiento y de suscripción de contratos por los pequeños y medianos agricultores. Generalmente, estos no tienen tanta facilidad de acceso, como sí la tienen los grandes productores, las empresas que compran y las personas que proveen de servicios e insumos agrícolas. En tal sentido, me parece importante transmitir que debemos tener una coordinación con el resto de las políticas públicas implementadas durante este Gobierno.

En efecto, como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este gobierno ha dado pasos importantes en temas trascendentes para la industria y la agricultura, en especial para los pequeños y medianos agricultores, como ocurrió con la Ley de Muestras y Contramuestras que, lamentablemente, por aspectos reglamentarios, todavía no entra en aplicación. Entiendo que lo está estudiando la Contraloría y existen problemas respecto de la aplicación del reglamento.

Por lo tanto, quiero remarcar un punto -creo que el diputado Miodrag Marinovic ya lo hizo en la Comisión de Hacienda-, en cuanto a asumir que existen problemas de información y de equilibrio entre los productores pequeños y medianos con quienes compran los productos agrícolas. Sin embargo, no sé si esos equilibrios se solucionan con un registro público.

Tengo el temor de que el registro público que estamos creando como voluntario finalmente se transforme en una imposición o en un registro permanente que, quizás, en un ejercicio de política ficción, en un futuro no muy lejano podría llevarnos a la posibilidad de fijar precios por parte de quienes manejan el registro. Se trata de temores que deben despejarse, por lo que es necesario dar una segunda mirada al tema.

Me interesa hacer una evaluación del impacto del proyecto de ley, que se haga cargo del rol que cumplen muchas compañías que prestan servicios financieros, en especial a la pequeña y mediana agricultura, para saber de qué manera esto va a impactar en el financiamiento y en el precio que terminan pagando los pequeños y medianos agricultores.

En ese sentido, concuerdo con el espíritu y con el objetivo planteado por el proyecto de ley: acceder a mercados de mayor valor y a más tecnología, mejorar la capacidad de financiamiento, poder utilizar los mercados de futuros -entiendo que la bolsa de productos también se manifestó favorable al proyecto- y concentrar la operación agrícola, reduciendo el riesgo comercial. Pero tengo mis dudas respecto de la evidencia empírica mostrada tanto en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural como en la de Hacienda, por las que ha pasado el proyecto de ley. Me interesa tener más evidencia.

Concuerdo con la propuesta planteada por la diputada Alejandra Sepúlveda y por el diputado Fuad Chahín , en cuanto a darle una segunda vuelta al proyecto de ley.

En la Comisión de Hacienda me manifesté en favor de la iniciativa, pero me gustaría que tuviéramos la posibilidad de darle una segunda mirada. En caso de no ser así, anticipo mis dudas y mi probable abstención.

He dicho.

El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , este proyecto de ley, que responde a un anhelo esperado por décadas por parte de los agricultores de todo Chile, crea un registro electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas, cuyo efecto será que, por el hecho de registrarse el contrato, será oponible por parte de terceros. Siempre fue un sueño de la agricultura tener esos contratos, pero también se pueden manifestar los problemas descritos por varios colegas: que haya una relación que no sea equilibrada, que no ayude a potenciar la pequeña agricultura. La gran agricultura se defiende sola. Es conveniente que exista un registro voluntario.

Pero se puede apreciar que la pequeña agricultura puede quedar al margen de toda posibilidad de contrato y, al final, en lugar de potenciarla, vamos a terminar despotenciándola.

Por lo tanto, adhiero a la propuesta de hacer un segundo análisis al proyecto; además, pienso que, respecto de los otros proyectos que ha aprobado la Cámara de Diputados, sobre los cuales manifestamos buena voluntad, puedan ver señales de los correspondientes reglamentos, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Por prudencia, solicito que la Mesa busque una fórmula que nos permita hacer una segunda reflexión.

He dicho

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , hasta hoy, y de manera permanente, la agricultura se ha movido en la informalidad. Siempre los contratos han sido verbales, como en tiempos de los antiguos romanos, cuando se respetaba la palabra. Hoy, en el mundo agrícola, todavía se transan productos mediante compromisos verbales.

La idea de poner por escrito los contratos del sector agrícola constituye un avance, puesto que da certeza jurídica tener un registro electrónico, que va a ser monitoreado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que podrá ser consultado por cualquier persona, de manera que haya más trasparencia en un mercado que siempre -insisto- se ha movido en el ámbito de la informalidad y del abuso del más grande con el más pequeño.

En tal sentido, las aprensiones de algunos parlamentarios son legítimas, pero el hecho de dejar por escrito que hay un compromiso de vender tal producción en el futuro es un avance, puesto que permitirá mayor seguridad a los agricultores y que puedan ser sujetos de crédito. Además, que ese registro sea público también es un avance.

Es cierto que se puede perfeccionar el proyecto, pero, en principio, va a ser positivo para todos, tanto para los grandes como para los pequeños productores.

Es cierto que siempre habrá abusos, que siempre el más grande va a abusar del más pequeño. Sin embargo, esto es un avance para evitar esas prácticas abusivas de los más grandes.

Los contratos serán oponibles a terceros; entonces, en la hipótesis de que el comprador se desista o quiera comprarle a otro productor, el pequeño agricultor podrá presentar su contrato y decir: “Usted se comprometió a comprarme a este precio; por lo tanto, ahora no me puede bajar el precio. Tiene que respetarlo.”.

Aunque comprendo las aprensiones de mis colegas, que quieren darle una segunda vuelta a la iniciativa, creo que, en principio, hay que aprobarla, porque es perfectible en el Senado. Hay que recordar que este registro es voluntario, que nadie está obligado a inscribir un contrato agrícola. Pero una vez inscrito, ese contrato es oponible; es decir, se debe respetar lo que ahí se estipuló, sobre todo los precios y volúmenes. Este documento o inscripción es un título ejecutivo que, a mi juicio, beneficia al pequeño agricultor.

He dicho.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente , quiero comentar lo positivo que resulta este proyecto de ley, particularmente porque aborda al menos un par de situaciones muy recurrentes en el sector agrícola, que han constituido una debilidad en el proceso de comercialización, especialmente de la pequeña agricultura.

Nunca hemos tenido, al menos en parte importante del país, una cultura de agricultura de contratos que permita dar mayor certeza jurídica, o simplemente una mayor certeza, al proceso de comercialización de los agricultores.

Muchas de las iniciativas de los pequeños agricultores en el campo agrícola fracasan precisamente por la inestabilidad del proceso de comercialización. Sabemos de la estacionalidad que tienen los precios -es muy propio de la agricultura-, de la estacionalidad de la producción, pero también esa estacionalidad significa, particularmente en algunos productos, una inestabilidad permanente de los precios, lo cual atenta contra la estabilidad de la situación económica de los propios productores, especialmente de los pequeños.

Como no existe este instrumento, los pequeños productores tampoco tienen la cultura de aferrarse a un contrato que les dé certeza de las condiciones de comercialización a futuro.

Lo que ha ocurrido en muchos de los intentos es que, previo a la comercialización, si el precio del momento es bueno para el productor, probablemente abandona la posibilidad de entregar el producto a quien lo había contratado y busca la comercialización con un tercero, para obtener el beneficio del mayor precio.

Al revés, cuando el precio ha caído al momento de la comercialización, hay una tendencia de la agroindustria o los poderes compradores a abandonar el contrato, para asegurar abastecimiento a partir de precios más bajos. Esa ha sido una constante permanente.

Por lo tanto, al establecer este registro, un mecanismo para que no solo sean los tribunales los que resuelven los problemas de contratos incumplidos, sino que exista un registro más expedito que dé garantías de cumplimiento de los compromisos adquiridos, entramos en un escenario distinto, si lo utilizamos bien, para el proceso de comercialización de la agricultura, para dar mayor certeza a ese proceso de comercialización, para tener anticipadamente el conocimiento de los precios, con lo cual hay mayor estabilidad en los ingresos. Eso es de un beneficio enorme para la agricultura, en general, y para la pequeña agricultura, en particular.

Señor Presidente , al igual que usted, pertenezco a una región en que hay ciertos productos que son muy característicos de las regiones Novena y Décima: las papas, y todos sabemos que “los precios son como las papas”. Ese es un dicho bastante conocido. Cuando se pregunta: “¿Cómo anda el negocio?”, la gente responde: “Como el de las papas”, porque la característica de ese negocio es de una tremenda inestabilidad, de cambios permanentes en los precios. Y cuando el agricultor le pega el palo al gato, cuando el precio está en el peak, le va estupendo en ese año, y cree que el próximo año le irá exactamente igual, por lo que aumenta su superficie de siembra, pero después se encuentra con que el precio está por los suelos. Pronto rico, pronto pobre.

Ha habido intentos en la región por desarrollar agroindustria en torno a este rubro, pero precisamente, por no existir una cultura de agricultura de contratos, muchos de esos proyectos industriales han fracasado, y se ha perdido la posibilidad -lo he expresado en reiteradas oportunidades- de tener un flujo más estable.

Este proyecto fue aprobado con entusiasmo por la Comisión de Hacienda, y espero que la Sala lo despache con el mismo entusiasmo, porque veo en él una posibilidad importante para que la pequeña agricultura tenga mayor estabilidad en el proceso de comercialización, puesto que este aspecto ha sido uno de los talones de Aquiles en el desarrollo de la pequeña agricultura en Chile.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, a lo mejor el proyecto que estamos discutiendo tiene una buena intención.

Como representante de La Araucanía, en particular del distrito 51, me preocupa que no está aterrizado a esos sectores tan vulnerables, de tan poca información y organización.

Hoy, esta agricultura de contrato prácticamente no se conoce en mi distrito, salvo en el tema del lupino, en el cual, particularmente, hoy se ha provocado una situación bastante inesperada para muchos agricultores. Australia ha entrado al mercado internacional a competir en mejores condiciones que el mercado chileno, y ha dejado en la estacada a miles de pequeños productores que hoy están sintiendo el peso de una competencia internacional brutal, que ha hecho que el precio del lupino haya bajado más de 50 por ciento, y esos miles de agricultores afectados no han tenido acompañamiento de ninguna institución.

Creo que es necesario abordar no solamente el tema de la agricultura de contrato, sino que también es preciso crear una nueva institucionalidad, especialmente en los municipios.

El Indap entrega asesoría técnica, pero no dice a los pequeños agricultores dónde vender; no están vinculados con el mercado. Ahí tenemos una falencia institucional.

Es necesario crear, en cada municipio, lo que llamaría “centro de negocios”, para acompañar a los pequeños agricultores en el futuro devenir de su producción, para saber qué van a producir, dónde van a vender, a quién vender, si es necesario producir ese rubro permanentemente o cambiarse a otro porque el mercado internacional está diciendo otra cosa.

En el caso de Chile, que ha firmado tantos convenios internacionales, se han abierto muchas ventanas positivas para hacer negocios, pero los pequeños agricultores no lo pueden hacer porque no están organizados.

Hemos firmado convenios con India, China y Corea para entregar a 2.000 millones de personas abastecimiento de ovinos; sin embargo, no hemos aprovechado esa oportunidad para el desarrollo fundamental de las comunas que represento.

Es importante, primero, crear la nueva institucionalidad, buscar acompañamiento en el futuro de los negocios que hacen los pequeños agricultores, y segundo, fortalecer la asociatividad. Muchos de ellos ni siquiera están formalizados, no tienen facturas; entonces no puede crearse una red para que los privados hagan inversiones.

En el mismo caso del ovino, prácticamente no tenemos mataderos autorizados para la exportación, y el Estado no construye mataderos. Por lo tanto, se requiere que los privados inviertan en mataderos, pero el privado no lo va a hacer si no están las condiciones adecuadas, si no existe una red, para saber con quiénes negociar y cómo hacer contratos de productividad que nos lleven al desarrollo de las exportaciones.

En consecuencia, aquí falta una mirada para un Chile distinto, el que no contrata, que no tiene la cultura de hacer contratos en la agricultura, y fortalecer la institucionalidad, especialmente a nivel de los municipios.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, con la salvedad de su artículo 18, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ELUCHANS (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

AccorsiOpazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolú Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).-

En votación general el artículo 18, que requiere para su aprobación el voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ELUCHANS (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

AccorsiOpazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolú Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvo el diputado señor Silva Méndez Ernesto.

El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales.

Diputados informantes de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior y Regionalización son los señores Alejandro Santana y Sergio Ojeda, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 4ª, en 20 de marzo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, sesión 39ª, en 18 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 66ª, en 2 de septiembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SANTANA (de pie).-

Señor Presidente , antes de dar cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, saludo cariñosamente al cuerpo colegiado de concejales de Chile que hoy nos acompañan desde las tribunas.

(Aplausos)

En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que introduce adecuaciones y modificaciones en diversos cuerpos normativos en materias relativas a la administración municipal, con el propósito de actualizar, perfeccionar y complementar sus disposiciones sobre la materia.

Durante el estudio del proyecto, expusieron en la Comisión los señores Miguel Flores , subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Marco Espinoza , Presidente de la Comisión Nacional de Concejales , y las señoras Adela Fuentealba , presidenta de la Asociación Nacional de Secretarios Municipales, y Alicia Toro , vicepresidenta de la Asociación de Directores de Control.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), con fecha 6 de marzo de 2012, señala que el proyecto modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. Especifica que, en cuanto a la ley N° 18.695, establece normas respecto de la organización interna de las municipalidades; rol fiscalizador de la Unidad de Control y de la Contraloría General de la República; responsabilidad, subrogancia, atribuciones y remoción del alcalde, y normas relativas al Concejo Municipal.

Asimismo, dispone el procedimiento para la selección, administración y evaluación de los directivos indicados en el artículo 16 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por último, establece la creación de un Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales destinado a financiar acciones para la formación de los funcionarios municipales en competencias específicas atingentes a sus funciones.

En cuanto a los efectos del proyecto de ley en el presupuesto del gobierno central, indica que este no implicará mayores costos fiscales, toda vez que los eventuales costos que se deriven deberán ser financiados por los propios municipios. Con todo, y en lo relativo al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, señala que este deberá ser financiado con los recursos que anualmente se consulten en las respectivas leyes de presupuestos.

En el informe financiero de fecha 12 de abril de 2013, relativo a una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, se hace presente que ella modifica y crea distintos artículos en el proyecto de ley en comento. Entre los principales contenidos se destaca la entrada en vigencia del Sistema de Alta Dirección Municipal a partir del año de publicación de la ley, aspecto sobre el cual se precisa que dicho sistema entraría a operar cuando se declare la vacancia de los cargos aludidos. A su vez, se contempla la existencia de un encargado de emergencias y protección civil adscrito a la unidad de desarrollo comunitario. Junto con ello, la indicación precisa el régimen de incompatibilidad del cargo de concejal y de alcalde, y establece como requisito licencia médica o equivalente para postular al cargo de concejal a partir del 2020.

Sobre el particular, la Dipres sostiene que la indicación en comento tampoco implicará mayores costos fiscales, según lo establecido en el informe financiero anterior.

En el debate de la Comisión, el señor Miguel Flores manifestó que el proyecto en estudio aborda esencialmente cinco materias que dicen relación con lo siguiente:

1. El fortalecimiento de la labor del concejo municipal.

2. El fortalecimiento del principio de probidad administrativa.

3. Normas que promueven una mayor transparencia.

4. Normas que promueven una mejor gestión municipal.

5. Normas que promueven una mayor profesionalización de la gestión municipal.

Los diputados señores Auth , Ortiz , Robles , Macaya y Santana, concordaron con la necesidad, planteada por los representantes de las asociaciones, de mejorar la dieta de los concejales, dadas las nuevas funciones y atribuciones que este proyecto y leyes anteriores les han encomendado, y de unificarla, ya que no es razonable mantener la diferencias hoy existentes. Asimismo, hicieron un reconocimiento al trabajo que desempeñan los concejales en el ámbito de la administración comunal.

La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 1°, números 18 y 21; 4°, 5°, 7° y 9° permanentes, y tercero transitorio, del texto aprobado por ella. La Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento, además, el numeral 23, letra a), del artículo 1°, y los artículos 3° y 8° permanentes, excluyendo el artículo tercero transitorio, por estimarlo ajeno a su competencia.

En relación con la discusión en particular del articulado, cabe hacer presente lo siguiente:

Los diputados señores Jaramillo , Lemus , Montes, Ortiz y Robles formularon una indicación para intercalar en el artículo 1° del proyecto el siguiente numeral 21:

“21) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 88:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, los guarismos “seis” y “doce” por “nueve” y “dieciocho”, respectivamente.

b) Sustitúyese, en el inciso sexto, el guarismo “seis” por “nueve”.

Su objeto es incrementar en 50 por ciento el monto de la dieta y de la asignación adicional anual a que tienen derecho los concejales por la asistencia a las sesiones del concejo municipal.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la referida indicación por versar sobre una materia de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo anterior, al fundar su voto favorable al proyecto, la totalidad de los diputados presentes reiteraron su apoyo a la petición de la Comisión Nacional de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, en orden a dignificar el rol que ellos cumplen y a compensar las mayores exigencias que el proyecto les impone a través del aumento de la retribución que reciben por el desempeño de sus funciones. Además, expresaron su intención de ejercer presión en las Subcomisiones Mixtas de Presupuestos que correspondan para que el gobierno se allane a asignar los recursos que permitan materializar el compromiso que en tal sentido adquiriera en su momento el exministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter , con los propios concejales.

Puestos en votación el artículo 1°, números 1, 18, 21 y 23, letra a), y los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 8° y 9° permanentes del texto propuesto por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, fueron aprobados por asentimiento unánime de los diputados presentes.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 7, 14 y 28 de agosto de 2013, con la asistencia de los diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto ; Von Mühlenbrock, don Gastón , y Santana, don Alejandro.

Concurrieron, además, la diputada señora Carolina Goic y los diputados señores Gabriel Ascencio y Luis Lemus , según consta en las actas respectivas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización.

El señor OJEDA (de pie).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, con urgencia calificada de suma, hecha presente el 4 de junio de 2013.

Debo aclarar que en reiteradas oportunidades los diputados pidieron separar las materias que aborda el proyecto, sobre todo las relacionadas con los concejales y los funcionarios municipales. Pero el Gobierno se negó en forma reiterada, olvidando que esta iniciativa surge de las demandas de los concejales y que es fruto de un compromiso del gobierno. Desgraciadamente, y de manera sorpresiva, el Ejecutivo envió el proyecto, pero con materias absolutamente ajenas a lo acordado. De ahí la demora en su tramitación.

Previo al análisis de la iniciativa, y para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, hago presente que la idea matriz del proyecto es introducir adecuaciones y modificaciones en diversos cuerpos normativos en materias relativas a la administración municipal, con el propósito de actualizar, perfeccionar y complementar sus disposiciones en las materias que especifica; que los artículos 1° y 9° permanentes, primero y tercero transitorios, son de quorum orgánico constitucional, y que el texto que se propone fue aprobado en general, por unanimidad, con los votos de los señores Becker ( Presidente ), Browne , Campos, Farías , Gutiérrez, don Romilio ; de la señora Hoffmann, doña María José , y de los señores Lemus , Ojeda y Rosales .

El mensaje destaca el proceso en que, de un tiempo a esta parte, se encuentra empeñado nuestro país, en que los principios de transparencia y probidad son destacados como esenciales para tales efectos.

Así, hace referencia a la ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado; a la ley Nº 20.050, que modificó la Constitución Política de la República, consagrando los principios de probidad, publicidad y transparencia de la función pública; a la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, que reguló la forma en que los diversos órganos del Estado se relacionan con la ciudadanía, textos legales que, a decir del Ejecutivo, expresan una voluntad política transversal en el sentido indicado.

En consonancia con tales importantes aspectos en el ejercicio de la función pública, se hace necesario extender dicho proceso a las municipalidades, en su carácter de puerta de entrada para que las personas, especialmente las más vulnerables, accedan a servicios básicos, tales como salud, intermediación laboral, educación, subsidios, etcétera. Así, al apoyar su gestión, mejorar sus capacidades profesionales y financieras, y fortalecer los mecanismos de fiscalización y de transparencia, se estaría apoyando la atención de los requerimientos de todos los chilenos y, de manera especial, de los más necesitados.

Con tal propósito, el proyecto propone modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol fiscalizador de los concejos y de la Contraloría General de la República; de propender a lograr una mejor gestión municipal y de perfeccionar el principio de transparencia y probidad en la gestión local.

Tales nuevas exigencias requerirán una mejora sustantiva en la gestión municipal. De allí que se deben fortalecer las capacidades directivas y niveles de profesionalización que poseen los municipios del país, en la medida en que el potenciamiento del capital humano es el marco esencial y necesario para lograr una mejor y más eficiente gestión, que permita dar mayor calidad a los servicios municipales en su relación con la comunidad.

Al efecto, el mensaje destaca que las últimas iniciativas modernizadoras de plantas municipales se produjeron sucesivamente en la década de los noventas (leyes Nos 19.280 y N° 19.602); sin embargo, aún existe una cantidad no menor de municipios que no cuentan en sus plantas con los cargos que la propia ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone en materia de organización interna de dichas corporaciones, lo que afecta, de manera directa, la calidad de los servicios prestados, situación que se ha visto agravada por el progresivo aumento de funciones que los municipios han debido asumir, sin la suficiente dotación de funcionarios directivos ni profesionales capacitados, toda vez que la gran mayoría de sus plantas se arrastra, sin modificaciones, desde el año 1994.

Tales consideraciones llevan al Ejecutivo a sostener que resulta del todo necesario eliminar la restricción que actualmente afecta a la contratación de personal municipal bajo la modalidad de contrata, con el propósito de posibilitar a los municipios hacer frente a sus múltiples y crecientes funciones y aumentar, a su vez, su tasa de profesionalización que, en promedio, es de 26 por ciento, frente al 39 por ciento que exhibe la Administración Central.

Finalmente, en esta materia hace presente, basado en los datos proporcionados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que el gasto en personal bajo la modalidad de contrata para el año 2010 fue de 77.809 millones de pesos anuales, correspondiendo al 26,03 por ciento del gasto total del personal de planta, lo que reafirma la urgente necesidad de aumentar este límite y permitir así la contratación de profesionales con rentas acordes al mercado, que constituyan un verdadero aporte a la gestión municipal moderna.

En cuanto a la normativa relacionada con la iniciativa, el informe, que obra en poder de diputados y diputadas, hace un extenso análisis de ella, por lo que, atendida la brevedad del tiempo de que dispongo para estos efectos, omitiré referirme a ella.

Durante la discusión de la iniciativa legal en informe, la comisión escuchó a varias autoridades y expertos.

El subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , asistido por el jefe de la División de Municipalidades de esta Subsecretaría , señor Mauricio Cisternas , en general, analizaron los cuatro grandes ámbitos a regular o modificar en la normativa municipal: a) el fortalecimiento de la labor del concejo, de la Unidad de Control Municipal y de la Contraloría General de la República; b) el mejoramiento de la gestión municipal; c) el fortalecimiento de los principios de transparencia y de probidad administrativa, y d) diversas modificaciones de la normativa relativa al personal municipal.

El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch), señor Óscar Yáñez , señaló que, en líneas generales, la Asemuch ha apoyado permanentemente la descentralización, la modernización del Estado y de las municipalidades, dada la necesidad de mejorar su gestión para brindar mejores servicios a la comunidad, aunque, subrayó, en ningún caso renunciando a los derechos laborales consagrados y protegidos en la Constitución Política, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Estatuto Administrativo, ordenamiento jurídico que protege la carrera funcionaria, pues garantiza la estabilidad en el empleo, el derecho al ascenso, la calificación, la capacitación, el perfeccionamiento y el derecho a participar en las determinaciones de las condiciones laborales de los funcionarios municipales.

Agregó que, de un análisis general del contenido del proyecto de ley, la Asemuch apoya toda norma del proyecto que fortalezca la labor de fiscalización del concejo; que favorezca la probidad administrativa de los alcaldes, concejales y funcionarios y que promueva la transparencia y mejoras en la gestión municipal. De igual forma, manifestó estar de acuerdo con las normas sobre la creación del fondo concursable para la formación de funcionarios municipales, aspecto que trabajó y concordó, previamente, con el Ejecutivo y la Asociación Chilena de Municipalidades. Sin embargo, manifestó que, a diferencia de otras iniciativas que afectan a los funcionarios municipales, el proyecto de ley en trámite no fue consultado ni discutido previamente con ellos; que viola y desconoce, en su opinión, las normas legales, y que afecta derechos constitucionales y estatutarios de estos. Agregó que es un proyecto de ley que aplica, a su juicio, las normas contenidas en el artículo 121 de la Constitución, ya que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y el Estatuto Administrativo, al crear cargos directivos, fijarles remuneraciones y modificar los requisitos para el ingreso a cargos directivos, al establecer un sistema de alta dirección pública municipal.

Por lo anterior, recalcó, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, en representación de los trabajadores de los 345 municipios, rechaza los artículos de este proyecto que afectan derechos de los funcionarios, como sucede con la provisión de cargos directivos a través del Sistema de Alta Dirección Pública; la fijación de remuneraciones a dicho personal; la eliminación del límite de 20 por ciento del gasto en personal a contrata; la asignación de funciones directivas o de jefaturas a este personal transitorio, entre otros.

En cambio, la Asemuch está disponible para que un proyecto de ley de esta naturaleza sea discutido con sus asociados, de manera de hacer compatibles las miradas de los alcaldes y el Ejecutivo , que, por una parte, buscan mejorar la gestión municipal, y la mirada y expectativas de los funcionarios que, por la otra, privilegian el respeto y la promoción de los derechos laborales: estabilidad en el empleo, carrera funcionaria, negociación colectiva, remuneraciones, etcétera.

El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Raúl Torrealba del Pedregal , declaró la conformidad de esa entidad con el proyecto de ley, pues, aseguró, responde a aspiraciones permanentes del sector en cuanto a la descentralización del país y al fortalecimiento de la institucionalidad local. Considerando la dificultad que hubo en lograr acuerdo entre los distintos actores involucrados para dar contenido a este proyecto, se manifestó partidario de que las distintas materias en él abordadas se mantengan comprendidas en una regulación unitaria como esta.

En otro orden, señaló que aquella norma contenida en el proyecto según la cual el alcalde incurrirá en notable abandono de deberes en el evento de no pagar oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a los funcionarios de la respectiva municipalidad, o a trabajadores de los servicios traspasados, representa, a su juicio, una doble sanción para el municipio, pues, a la eventual remoción del alcalde, agrega el impedimento de percibir anticipos desde el fondo común municipal. Sostuvo que ello debe corregirse, no solo porque muchas veces el alcalde se ve imposibilitado, más allá de su responsabilidad, de realizar tales pagos en forma íntegra y oportuna, sino porque son muchos los municipios que subsisten gracias a los aportes del fondo en referencia.

En lo que toca a normas sobre personal y finanzas municipales, afirmó que la fijación de un límite de 35 por ciento de gasto en personal para la creación de nuevos cargos directivos puede generar problemas en algunos municipios, en la medida en que, con la implementación de esta norma, automáticamente excederían dicho límite, proponiendo, en consecuencia, que se considere, por una parte, que aquellas municipalidades en que ocurra este fenómeno se entiendan autorizadas para exceder el límite de 35 por ciento por el solo ministerio de la ley, sin perjuicio de la posibilidad, alternativa o complementaria, de aumentar tal límite a 40 por ciento.

Finalmente, concluyó que, sin perjuicio de las observaciones formuladas y las modificaciones que de ellas pudieran derivar, esa asociación de municipios considera esencial una pronta modernización normativa de la actividad municipal y que, en tal sentido, la aprobación del proyecto presentado por el Gobierno constituiría un muy importante paso para el municipalismo.

La primera vicepresidenta de la Comisión de Concejales de Chile de la Asociación Chilena de Municipalidades, señora Beatriz Lagos , señaló que se declaran de acuerdo prácticamente en la totalidad del proyecto, salvo en un punto, cual es el de la determinación de la dieta o remuneración asignada a la función, la que, en el proyecto resulta insuficiente, puesto que, como dirigentes nacionales, se comprometieron a defender un incremento de, al menos, un 50 por ciento de la dieta que se les asigna por asistencia a sesión del concejo.

La presidenta de la Asociación Nacional de Directores de Control Municipal de Chile, señora Luisa Villarroel Vera , señaló que el proyecto de ley en debate dispone, respecto de específicos cargos directivos -secretario, director de control y de finanzas-, excepcionalmente servidos por funcionarios que no cumplen los requisitos, un plazo de convocatoria a concurso para proveerlos, que variará dependiendo de la antigüedad que tenga en el cargo el respectivo funcionario, plazo que se contará a partir del 31 de diciembre del año 2012, lo que implica el reemplazo de tales funcionarios en forma programada, dependiendo de su antigüedad. Así, aquel con más de veinte años en el cargo deberá ser reemplazado a partir del segundo año de vigencia de la ley; si tiene entre quince y veinte años en él, a partir del tercer año, y quien tenga menos de quince años, a partir del cuarto año. Si bien en el concurso para proveer el cargo puede participar el mismo funcionario que lo detentaba, en el caso de no resultar seleccionado, el proyecto contempla en su favor el pago de una indemnización compensatoria de un mes por año de servicio, con tope de hasta once meses. Ello, explicó, rompe la solución actual según la cual dicho funcionario, pese a no cumplir los requisitos profesionales, goza de inamovilidad, pues servirá el cargo en extinción.

Por otra parte, en materia de mecanismos de control interno, ejercido tradicionalmente por el secretario y los directores de control y de finanzas -hasta ahora funcionarios de trayectoria, de carrera-, el proyecto transforma tales cargos en funciones de confianza política, lo que, en su opinión, debilitará la función de control como contrapeso administrativo de las decisiones políticas de las autoridades municipales, contrariando la tendencia según la cual cada día la comunidad requiere, y el ordenamiento jurídico propende a otorgarle, mayor transparencia, probidad en el actuar de las autoridades de todo nivel y acceso a la información.

Finalmente, afirmó que el Ejecutivo ha elaborado este proyecto de ley sin consultar la opinión de los gremios, como el suyo, representativos de la actividad municipal, dando por resultado una normativa que no se hace cargo de las enormes diferencias existentes entre los diversos municipios del país, que busca imponer en bloque una serie de imposiciones que no se ajustan a realidades diversas.

Concluyó que la normativa que se propone representa un verdadero retroceso en la actual concepción del municipio y sus mecanismos de control, la que se ha configurado a través de la legislación vigente, que ha establecido un estatuto especial para los funcionarios de control, los que, por ejemplo, no pueden ser removidos o trasladados sin previo acuerdo del concejo municipal, y otras disposiciones que apuntaron a fortalecer esta función dentro de los municipios. Insistió en que tal tendencia se rompe con el proyecto de ley en debate, lo que llamó a corregir.

La Presidenta de la Asociación de Secretarios Municipalidades de Chile, señora Adela Fuentealba Labbé , señaló que esa entidad se manifiesta plenamente a favor de la profesionalización, la capacitación y la modernización de la actividad municipal y sus funcionarios.

El proyecto contempla, por una parte, la mantención de los actuales cargos de confianza en idénticas condiciones a las vigentes, en cuanto a que su ingreso y permanencia dependen del alcalde, en lo que el gremio que dirige está de acuerdo. Respecto de los cargos llamados críticos, esto es, de secretario, director de control y director de finanzas, el proyecto contempla la creación de un sistema similar al de Alta Dirección Pública. Al respecto, enfatizó que la asociación de funcionarios que preside no tiene mayores objeciones, siempre que el mecanismo de selección observe determinadas condiciones.

Un segundo aspecto en el que este proyecto de ley difiere de la actual legislación es que cambia o altera la comisión de concurso para tales cargos críticos, la que actualmente está conformada por las tres más altas jerarquías del municipio, a saber, el administrador, el secretario municipal y el director de obras, reemplazando a estos dos últimos por un concejal y un representante del Consejo para la Alta Dirección Pública, con lo que se debilita la autonomía municipal en este nivel de contrataciones y llamó a corregir tal efecto.

Un tercer aspecto del proyecto que destacó es que este introduce los denominados convenios de desempeño, los que, si bien se contemplan respecto de la administración central, han tenido reconocidas dificultades en su aplicación en tal ámbito, por lo que se hace exigible, a su juicio, al menos, un mayor análisis y corrección antes de su aplicación.

Un cuarto elemento a analizar es el de la asignación de desempeño, que queda radicada en el concejo municipal, lo que en la práctica introduce, especialmente respecto de los tres cargos críticos ya señalados y llamados a velar por la legalidad, la fe pública y el equilibrio financiero del municipio, una nueva dependencia -en términos de ingreso, permanencia y remuneración- respecto de los mismos entes que están llamados a controlar, lo que objetó fuertemente.

En quinto término, afirmó que el proyecto de ley entrega la elaboración del procedimiento de selección a un reglamento a ser dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que, a su juicio, por tratarse de normas de selección de personal respecto de cargos críticos, debió ser considerado como una materia propia de ley y no entregada al reglamento.

Finalmente, aseguró que el proyecto parte del supuesto que el universo de municipios del país cuenta, entre su dotación de personal, con un 26 por ciento de funcionarios con título profesional y que uno de sus propósitos declarados es, justamente, incrementar esa participación de profesionales. Sin embargo, al transformar los tres cargos críticos ya señalados en cargos de confianza, a los que agrega otros dos que crea, apunta erradamente a un segmento funcionario absolutamente minoritario, que se traduce en aproximadamente 715 cargos profesionales, pero dentro de un universo total de 25.000 empleados municipales, lo que implica un incremento de solo un 2 por ciento.

No obstante este resumen, puedo decir que, para los concejales se aprobaron artículos determinantes, por ejemplo, sobre facultades de iniciativa, siempre que no se refieran a gastos o fondos municipales; conocimiento de todos los antecedentes, de acuerdo a la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública; subrogación del alcalde por el concejal más votado; mayor amplitud para invitar a sesión del concejo -se incluye a los parlamentarios-; requisitos para ser elegido concejal: haber aprobado la enseñanza media o su equivalente -comienza a regir a contar de las elecciones municipales que se verificarán en 2020-; impedimentos para ser concejal -hay nuevas incompatibilidades-; se establece inasistencia del 25 por ciento a sesiones ordinarias del año calendario para la cesación de sus cargos; expresión sobre voluntad favorable o adversa del concejal en las materias sometidas al concejo; en uso de sus facultades fiscalizadoras, podrán citar a cualquier director municipal para que asista al concejo, con el objeto de formularle preguntas y requerir información en relación con materias propias de su dirección, con el acuerdo del tercio de sus miembros; el concejo podrá disponer de la contratación de una auditoría externa que evalúe el estado de situación financiera del municipio; los empleadores deberán otorgar permisos a los concejales para que asistan a sesiones del concejo y a las comisiones de trabajo hasta por ocho horas semanales no acumulables y de tres días para el desempeño de un cometido en representación de la municipalidad; dotación al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo útiles y apropiados para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que la ley les confiere. Se declaró inadmisible una indicación para el pago de las capacitaciones y se rechazó la dieta propuesta por el Ejecutivo .

Los concejales argumentan el compromiso del Gobierno de aumentar en 50 por ciento sus dietas, ya que no representan el valor, jerarquía y esfuerzo realizados y porque además se amplían sus funciones, lo que requiere más tiempo de trabajo y envuelve mayores responsabilidades.

Por último, señor Presidente , acogiendo los planteamientos de diferentes gremios de trabajadores municipales que se manifestaron contrarios al procedimiento de selección, nombramiento y remoción de cargos directivos municipales, la comisión, en única votación, procedió a rechazar los artículos 4° al 13 permanentes del mensaje, y, por estar relacionados con dicho procedimiento, los artículos segundo al quinto transitorios.

Según señalaron los funcionarios en la Comisión, las normas del proyecto de ley que crean unidades, cargos públicos directivos de ingreso y que establecen que su provisión será mediante un sistema de selección directiva, Alta Dirección Pública Municipal, atentan contra la estabilidad de la carrera funcionaria. Por eso mismo, observan y tienen aprensiones además respecto de la modificación del límite actual de contratación de personal a contrata y sobre asignación de funciones directivas o de jefaturas al personal a contrata, ya que caen en la misma trasgresión constitucional. Agregan que trasgreden y afectan los derechos fundamentales de los funcionarios establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Sometido a votación el proyecto en general, fue aprobado, como señalé, por asentimiento unánime de los diputados que mencioné al comienzo.

Es todo cuanto puedo informar sobre la materia.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , hace un rato, parlamentarios y concejales de todos los partidos políticos, y la directiva de toda la Asociación de Municipalidades tuvimos una conversación con el subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , en la que le planteamos muy claramente que no queríamos votar en contra el proyecto, pero que se había formulado indicación para aumentar las dietas de los concejales en 50 por ciento, en lugar de incrementarlas en 21 o 22 por ciento. Dicha autoridad quedó de hacer una gestión al respecto.

Por lo tanto, le propongo que, como Presidente de la Corporación , interponga una vez más sus buenos oficios ante el señor ministro del Interior para que lleguemos a ese acuerdo. Dicho sea de paso, ese aumento no es de costo fiscal, sino de los municipios, lo que nos permitirá aprobar por unanimidad el proyecto mañana.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que sanciona la comercialización del hilo curado.

Diputada informante es la señora Marisol Turres.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 61ª, en 26 d agosto de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 66ª, en 2 de septiembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor ELUCHANS (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora TURRES, doña Marisol (de pie).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción de los senadores Guido Girardi , Francisco Chahuán , Fulvio Rossi , Mariano Ruiz-Esquide y Gonzalo Uriarte que sanciona la comercialización del hilo curado.

La idea matriz o fundamental del proyecto es sancionar penal y pecuniariamente al que produzca, comercialice o acopie hilo curado. Además, al que use o facilite su utilización se le castiga con multa.

Del ingreso de este proyecto a la Comisión se dio cuenta el martes 27 de agosto de 2013, día en el cual, por acuerdo unánime de los diputados presentes, fue puesto en Tabla, conocido, estudiado y votado. También por acuerdo unánime, se dejó sin efecto para esta oportunidad lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211, y por tanto, se omitió el trámite de audiencia pública.

Resumen de los fundamentos del proyecto.

La moción que motiva el proyecto de ley en examen expone las siguientes consideraciones:

El uso del denominado hilo curado ha representado un serio riesgo tanto para quienes lo utilizan y que no cuentan con las condiciones necesarias para hacer un uso seguro y sin riesgo de dicho elemento, como para terceros, lo que ha dado lugar en algunos casos a graves lesiones e, incluso, a la muerte.

Por otra parte, la actual legislación sanitaria no establece una regulación específica destinada a controlar su uso. Solo existe la resolución N° 26.132, de 2005, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana , que prohibió su uso y venta, la cual se fundó en la disposición contenida en el artículo 90 del Código Sanitario, que faculta a la autoridad para establecer las condiciones en que se podrá realizar la producción, importación, expendio, tenencia, transporte, distribución, utilización y eliminación de sustancias tóxicas o productos peligrosos y demás sustancias que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos.

Además, agrega la moción, los juzgados de policía local se han declarado incompetentes para conocer este tipo de ilícitos en todos los casos en que se han pesquisado infracciones al uso del mencionado producto, lo que deja de manifiesto que su utilización o producción, a pesar de estar prohibidos reglamentariamente, no pueden ser considerados como una falta o infracción diferente a la de orden sanitario.

En último término, la moción plantea que, desde el punto de vista penal, solo son sancionables estos ilícitos en cuanto se encuadren en otros tipos penales ordinarios, como el de lesiones u homicidio en sus figuras culposas, en el evento de que se generen dichos efectos, sin que exista una respuesta penal que actúe a nivel preventivo general o especial, disuadiendo la mera conducta o actividad de uso o producción del referido elemento ilícito.

Todo lo anterior hace aconsejable tipificar y sancionar penalmente dichas conductas relacionadas con las actividades vinculadas al hilo curado, con el objeto de precaver las consecuencias que se generan a partir de su utilización.

Síntesis de la discusión en la comisión y acuerdos adoptados.

En la discusión general hubo consenso entre los diputados en que la idea fuerza que inspira al proyecto apunta a solucionar una situación que se produce cada año, especialmente en la época de fiestas patrias, en la que se utiliza el hilo curado como un elemento de entretención en la elevación de volantines y en competencias informales de ese juego, ocasiones en las cuales aquel se emplea para cortar el hilo de otros volantines.

Ha ocurrido en múltiples oportunidades que el hilo curado de un volantín cortado ha caído o se ha atravesado en vías, caminos, o simplemente ha rozado a otros niños o a personas que se encuentran en tránsito o en las cercanías. Ello pone en riesgo la integridad de la gente y puede producir lesiones graves o incluso la muerte.

Por tal motivo, a juicio de los diputados de la Comisión, se hace necesario regular el uso del hilo curado y establecer ciertos requisitos para cuando sea utilizado en las respectivas competencias deportivas, sancionando a quienes lo produzcan, acopien o comercialicen con fines diversos o para usos ajenos a las competencias autorizadas formalmente.

Votación general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la iniciativa, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes (diez votos favorables).

Votaron a favor los diputados señores Accorsi , Castro , Kast , Macaya , Monsalve , Núñez , la diputada señora Rubilar , los diputados señores Silber y Torres, y quien informa, Presidenta de la Comisión .

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.