Labor Parlamentaria

- Comunicación enviada por el jefe de bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que el diputado señor Mario Venegas, actual sub jefe de bancada, participará en las reuniones de Comités Parlamentarios y en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento

Comunicación de la jefa de bancada de diputados de Partido Por la Democracia por la cual informa que el Diputado señor Orlando Vargas reemplazará a la Diputada señora Adriana Muñoz, en la Comisión Investigadora sobre el Plan Frontera Norte.

- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del oficio N°50596 de la Contraloría General de la República, respecto de la actividad industrial de CITA Ecobio S.A. en Chillán Viejo; particularmente, si se procedió a la invalidación o anulación de los actos administrativos viciados. En caso de no ser afirmativa la respuesta, se solicita la instrucción de las medidas que procedan de conformidad al oficio ya citado y que sean de competencia del servicio a su cargo, informando a esta Corporación sobre aquellas y sus resultados. (9622 de 04/01/2013). A seremi de Salud de la Región del Biobío.

- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del oficio N°50596 de la Contraloría General de la República, respecto de la actividad industrial de CITA Ecobio S.A. en Chillán Viejo; particularmente, si se procedió a la invalidación o anulación de los actos administrativos viciados. En caso de no ser afirmativa la respuesta, se solicita la instrucción de las medidas que procedan de conformidad al oficio ya citado y que sean de competencia del servicio a su cargo, informando a esta Corporación sobre aquellas y sus resultados. (9623 de 04/01/2013). A Varios.

- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del oficio N°50596 de la Contraloría General de la República, respecto de la actividad industrial de CITA Ecobio S.A. en Chillán Viejo; particularmente, si se procedió a la invalidación o anulación de los actos administrativos viciados. En caso de no ser afirmativa la respuesta, se solicita la instrucción de las medidas que procedan de conformidad al oficio ya citado y que sean de competencia del servicio a su cargo, informando a esta Corporación sobre aquellas y sus resultados. (9624 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Jarpa, Solicita informe sobre los fundamentos de las resoluciones de adjudicación contenidas en el Decreto N°255 del Programa de Patrimonio Familiar, en relación con la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social BIOCEJ; como asimismo, la fecha de recepción de las obras ejecutadas en la Villa Doña Rosa, de la comuna de Chillán, Región del Biobío , con indicación de información detallada sobre el promedio del puntaje en las fichas de protección social de las familias favorecidas con la entrega de subsidios técnicos. (9625 de 04/01/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Diputado Monsalve , Solicita remita copia de los oficios, con sus respectivos informes y antecedentes, enviados por la Comisión Nacional de Acreditación durante los años 2011 y 2012 y los oficios de respuesta a éstos, despachados por el Ministerio a su cargo. (9626 de 04/01/2013). A Ministerio de Educación.

- Diputado Torres , Solicita informe sobre los despidos de trabajadoras de los programas de generación de empleo en las comunas de San Antonio y Cartagena, Región de Valparaíso; particularmente, los fundamentos de las decisiones de desvinculación. En relación con la materia, se solicita tenga a bien considerar la reincorporación de aquellas trabajadoras jefas de hogar, en razón de los altos índices de desempleo en la Provincia de San Antonio. (9627 de 04/01/2013). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el programa de recuperación de barrios patrimoniales con indicación de los sectores a nivel nacional beneficiados con la medida, los recursos destinados para su ejecución y la factibilidad de incorporar en éste, a las zonas típicas de General Lagos e Isla de Mancera, de la Región de Los Ríos. (9628 de 04/01/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el estado de tramitación de la solicitud para la calificación de exonerado político, efectuada por el señor Leonel Vásquez Velázquez. (9629 de 04/01/2013). A Ministerio de Interior.

- Diputado De Urresti, Solicita analizar e informar a estar Corporación sobre la forma de resolver la delicada situación del señor Luis Huetria Lleufuman, descrita en la solicitud adjunta; particularmente, la cobertura del plan AUGE respecto de la insuficiencia renal crónica y las patologías derivadas de ésta, como asimismo, las condiciones en que opera el Fondo de Auxilio extraordinario en casos como el expuesto. (9630 de 04/01/2013). A Ministerio de Salud.

- Diputada Pacheco doña Clemira, Solicita informe sobre la normativa aplicable respecto del distanciamiento de plantas elevadoras de aguas servidas de las viviendas. (9631 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre las empresas que cuentan con patente municipal para la extracción de áridos y los fundamentos para su otorgamiento a cada una de ellas; como asimismo, las medidas implementadas por el municipio en relación con las denuncias de extracción ilegal de áridos en los sectores de Puente de Mantagua y Campomar, de las Dunas de Ritoque. (9632 de 04/01/2013). A municipalidades.

- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre las actividades o proyectos de extracción de áridos en los sectores de Puente de Mantagua y Campomar, de las Dunas de Ritoque, con indicación de aquellos que han sido objeto de calificación ambiental. Del mismo modo, se solicita disponer la fiscalización en terreno de las referidas actividades, en consideración del daño ambiental que éstas causan en el sector. (9633 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informe a la brevedad sobre la fecha de entrega de las viviendas que comprenden el sector Alto Covadonga de la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta. (9634 de 04/01/2013). A director regional del Servicio de la Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta.

- Diputado Vargas, Solicita informe sobre el estado de avance de las obras de construcción del Estadio Carlos Dittborn, en la comuna de Arica; particularmente, las razones del retraso en la entrega de éstas, como asimismo, la fecha definitiva para finalizar su ejecución. (9635 de 04/01/2013). A municipalidades.

- Diputado Eluchans, Solicita informe sobre el mecanismo y procedimiento de selección de los beneficiarios de los subsidios que apoyan la construcción de viviendas individuales o grupales. (9636 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9637 de 04/01/2013). A seremi de Justicia de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9638 de 04/01/2013). A seremi de Trabajo y Previsión Social de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9639 de 04/01/2013). A seremi de Educación de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9640 de 04/01/2013). A seremi de Minería de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9641 de 04/01/2013). A seremi de Transportes de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9642 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9643 de 04/01/2013). A seremi de Energía de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9644 de 04/01/2013). A seremi de Medio Ambiente de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9645 de 04/01/2013). A director de Cultura de Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9646 de 04/01/2013). A directora regional del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9647 de 04/01/2013). A director regional del Instituto Nacional del Deporte de Aysén del General Carlos Ibáñez.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9647 de 04/01/2013). A seremi de Gobierno de la Región de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9648 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9648 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9649 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9649 de 04/01/2013). A director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9649 de 04/01/2013). A director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9649 de 04/01/2013). A director regional de la Corporación Nacional Forestal de la Región de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9650 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9650 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9651 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9651 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9652 de 04/01/2013). A director regional de Obras Hidráulicas de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9652 de 04/01/2013). A director regional de Aeropuertos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9652 de 04/01/2013). A Intendencias.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9652 de 04/01/2013). A director regional de Vialidad de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9652 de 04/01/2013). A director regional de Aguas de la Región de Aysén .

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9653 de 04/01/2013). A director regional del Fondo de Solidaridad e inversión Social (Fosis) de la Región de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9653 de 04/01/2013). A coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región de Aysén.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9653 de 04/01/2013). A Ministerio de Desarrollo Social.

- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (9653 de 04/01/2013). A seremi de Desarrollo Social de Aysén.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con la nevada polar registrada en la madrugada de los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Región de La Araucanía; como asimismo, el alcance del seguro agrícola para los afectados por esta situación, los plazos que cuentan para hacerlo valer y los montos a los que tendrán derecho una vez que éste se haga efectivo. (9654 de 04/01/2013). A director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con la nevada polar registrada en la madrugada de los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Región de Lla Araucanía; como asimismo, el alcance del seguro agrícola para los afectados por esta situación, los plazos que cuentan para hacerlo valer y los montos a los que tendrán derecho una vez que éste se haga efectivo. (9654 de 04/01/2013). A Ministerio de Agricultura.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con la nevada polar registrada en la madrugada de los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Región de La Araucanía; como asimismo, el alcance del seguro agrícola para los afectados por esta situación, los plazos que cuentan para hacerlo valer y los montos a los que tendrán derecho una vez que éste se haga efectivo. (9654 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con la nevada polar registrada en la madrugada de los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Región de La Araucanía; como asimismo, el alcance del seguro agrícola para los afectados por esta situación, los plazos que cuentan para hacerlo valer y los montos a los que tendrán derecho una vez que éste se haga efectivo. (9654 de 04/01/2013). A subsecretario de Agricultura.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con la nevada polar registrada en la madrugada de los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Región de La Araucanía; como asimismo, el alcance del seguro agrícola para los afectados por esta situación, los plazos que cuentan para hacerlo valer y los montos a los que tendrán derecho una vez que éste se haga efectivo. (9654 de 04/01/2013). A seremi de Agricultura Región de La Araucanía.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas preventivas y acciones concretas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los efectos de la sequía en las comunas de Victoria, Perquenco, Melipeuco, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Curacautín y Vilcún, de la Región de La Araucanía, con indicación de los montos destinados para tales efectos. (9655 de 04/01/2013). A Ministerio de Agricultura.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas preventivas y acciones concretas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los efectos de la sequía en las comunas de Victoria, Perquenco, Melipeuco, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Curacautín y Vilcún, de la Región de La Araucanía, con indicación de los montos destinados para tales efectos. (9655 de 04/01/2013). A subsecretario de Agricultura.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas preventivas y acciones concretas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los efectos de la sequía en las comunas de Victoria, Perquenco, Melipeuco, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Curacautín y Vilcún, de la Región de La Araucanía, con indicación de los montos destinados para tales efectos. (9655 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas preventivas y acciones concretas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los efectos de la sequía en las comunas de Victoria, Perquenco, Melipeuco, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Curacautín y Vilcún, de la Región de La Araucanía, con indicación de los montos destinados para tales efectos. (9655 de 04/01/2013). A Servicios.

- Diputado Estay, Solicita informe sobre las medidas preventivas y acciones concretas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los efectos de la sequía en las comunas de Victoria, Perquenco, Melipeuco, Lonquimay, Lautaro, Galvarino, Curacautín y Vilcún, de la Región de La Araucanía, con indicación de los montos destinados para tales efectos. (9655 de 04/01/2013). A seremi de Agricultura de la Región de La Araucanía.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

El señor ANDRADE.- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.

El señor ANDRADE.- Señor Presidente , solicito que el proyecto de ley aludido en la letra a) del número 1 de la Cuenta, originado en mensaje, que adapta normas laborales al ámbito del turismo, sea enviado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, inmediatamente después de que sea tratado por la Comisión Especial de Turismo.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Apoyo su solicitud, señor diputado .

Como ese proyecto trata una materia laboral que, por estar relacionada con el turismo, fue enviado primero a la Comisión Especial de Turismo, en el entendido de que después sea estudiado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

¿Habría acuerdo para enviarlo después a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social?

Acordado.

INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES PRÁCTICAS ANTISINDICALES EN ENAMI. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.

El señor CARMONA.- Señor Presidente , con fecha 31 de diciembre de 2012, el Sindicato Nº 2 de Enami, por medio de su presidente , señor Jaime Esquivel , presentó ante la ministra del Trabajo una denuncia sobre prácticas antisindicales realizadas por esa empresa contra algunos de sus trabajadores, relacionados con la negociación colectiva anticipada. Dichas acciones se vinculaban con presiones para que los trabajadores renunciaran a sus sindicatos. Así, por ejemplo, el 28 de diciembre, catorce socios del sindicato Nº 2 de Enami recibieron el ofrecimiento de un arreglo especial. De hecho, también se incluyó al secretario de dicho sindicato, siempre y cuando se desafiliara con publicidad.

La calificación de esos hechos como práctica antisindical se reconoce en la legislación vigente.

Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra del Trabajo , a fin de solicitarle que efectúe una gestión ante la Empresa Nacional de Minería para que nos explique esas acciones, calificadas por los trabajadores como prácticas antisindicales, y que, asimismo, nos entregue el punto de vista de dicho ministerio sobre el particular.

Asimismo, pido que se remita copia de mi intervención al Sindicato Nº 2 de Enami , de Copiapó; a la CUT provincial de Copiapó, a la seremi del Trabajo de la Región de Atacama y al intendente y a los consejeros regionales de Atacama.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

REINCORPORACIÓN DE TRABAJADOR A EMPRESA INGEVEC. Oficios.

El señor CARMONA.- Señor Presidente , en segundo término, quiero referirme a la situación que afecta al trabajador Manuel Montenegro Urra , quien se desempeñaba en la Empresa Ingevec. Al respecto, cabe agregar que él presentó su denuncia ante la inspección provincial del Trabajo de Copiapó.

El señor Montenegro se acerco a recibir orientación sobre un conflicto ocurrido al interior de esa empresa. En efecto, se entrevistó con el señor José Santos , presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción , en relación con las faenas desarrolladas en la construcción de un edificio ubicado en calle José Joaquín Vallejos , de Copiapó.

El hecho de que ese trabajador se relacionara con un dirigente sindical de nivel nacional fue el argumento esgrimido por la empresa para su desvinculación.

Se debe terminar con esas prácticas de larga data histórica que parecen ser verdaderas listas negras contra trabajadores vinculados a una organización sindical, porque constituyen claros ejemplos de antisindicalismo, que tanto se repudia en nuestro país.

El trabajador Manuel Montenegro está muy afectado por lo ocurrido.

Por lo tanto, solicito que se oficie al seremi del Trabajo de la Región de Atacama, para que interceda ante dicha empresa, a fin de que ese trabajador se reintegre a sus labores, dado que una práctica como la indicada no amerita la exoneración del trabajador.

Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, al presidente de la CUT provincial de Copiapó y al intendente y a los consejeros regionales de Atacama.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

ANTECEDENTES SOBRE REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE VICUÑA. Oficios

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El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente , solicito que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo , a la ministra de Obras Públicas y al ministro de Vivienda y Urbanismo -si tiene alguna competencia en la materia que paso a detallar, porque no sé si se trata de un proyecto del MOP o del Minvu-, a fin de reiterar la preocupación que me han transmitido los vecinos de la localidad de Villaseca, comuna de Vicuña. En ese sentido, enviamos los antecedentes a las autoridades regionales en relación con la calidad de los trabajos de pavimentación de las aceras del sector.

Cuando fuimos al lugar, constatamos en terreno que las veredas son angostas, pues se construyeron de un tamaño menor al que originalmente se consideró en el proyecto, y que hubo una reducción del presupuesto contemplado en el comienzo. Posteriormente al anuncio que hicimos, fueron a avaluar las obras. El presidente de la junta de vecinos vio que el proyecto quedaría terminado tal cual como se había contemplado originalmente.

Por eso, los vecinos no saben qué ocurrió con los recursos adicionales contemplados inicialmente y con los terrenos expropiados. Al respecto, en un comienzo se consideraba una vereda mucho más ancha de la que finalmente se construyó.

En suma, los habitantes de esa localidad quieren saber por qué se redujo el presupuesto del proyecto de pavimentación de Villaseca y cuál fue la razón por la que sus veredas se construyeron más angostas, lo que significa que los terrenos expropiados quedaron en manos de alguien. En definitiva, quiero saber cuáles son las circunstancias que llevaron a esa situación.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

RESPUESTA DE MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE VIVIENDA A PETICIÓN DE AUDIENCIA. Oficios.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente , llevamos cerca de tres meses pidiendo una audiencia a los ministros de Vivienda y de Obras Públicas para consultarles acerca de problemas existentes en la Ruta 41, que conecta La Serena con el Valle de Elqui, donde se han producido muchos accidentes -el más reciente ocurrió con ocasión de las fiestas de fin de año-, algunos de los cuales tuvieron un desenlace fatal. Además, para plantearles algunos problemas que aquejan al centro de La Serena, particularmente la necesidad de incorporar en la licitación de la Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar, la construcción de un paso bajo nivel a la altura de avenida Francisco de Aguirre con dicha ruta. En fin, se trata de un conjunto de temas que dicen relación con nuestra región.

Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de nuestra insistencia -incluso, nos hemos comunicado telefónicamente con ambos ministros o con sus respectivos jefes de gabinete-, no hemos recibido ninguna contestación a dicha solicitud de audiencia.

Me llamó mucho la atención recibir hoy una invitación para participar en un seminario sobre materias que pueden ser muy atingentes, pero que, en realidad, se trata de una actividad convocada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, el senador designado Gonzalo Uriarte y el seremi de Vivienda, que más parece un acto de campaña.

Estamos acostumbrados a que ello ocurra en la Región de Coquimbo; sabemos que allí el Gobierno ha tratado de insuflar algo de oxígeno a dicho senador para ayudarlo en su campaña. No tengo problemas con ello; son las reglas del juego. Pero me parece una falta de respeto hacia sus habitantes que el titular de Vivienda esté dispuesto a acudir a nuestra región para realizar ese tipo de actividades, pero no está dispuesto a recibir a un representante de los ciudadanos que desea plantearle problemas reales que afectan a la región, los cuales, pese a no estar en la pauta mediática, constituyen sentidas necesidades de la gente. Como dije, en la Ruta 41 han fallecido muchas personas como consecuencia de los accidentes automovilísticos que se producen casi todos los meses. Además, existen severos problemas respecto de los cuales ni el MOP ni el Minvu se han hecho cargo, como se reflejó recientemente en un informe de la Contraloría General de la República, en el que se da a conocer la negligencia cometida por la Dirección de Vialidad en relación con un accidente que tuvo lugar el 21 de mayo del año pasado, que terminó en un desenlace fatal.

Por ello, solicito que se oficie al contralor general de la República, a fin de que informe si es pertinente, sobre todo en un año electoral, que dichas autoridades realicen ese tipo de convocatoria a un seminario en dicha ciudad.

Por último, pido que se envíe copia de este oficio a la ministra de Obras Públicas y al ministro de Vivienda y Urbanismo para que, ojalá, se dignen a escuchar a todas las partes y concedan una audiencia a quien habla y a los representantes de los ciudadanos que quieran acompañarme, a fin de tratar temas de la mayor importancia.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

REVOCACIÓN DE TRASLADO DE TRABAJADORES DE ONG BARUC, DE CURANILAHUE, A OTRAS ORGANIZACIONES. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve.

El señor MONSALVE.- Señor Presidente , se acercó a conversar conmigo el señor Manuel Pavez Fierro , presidente del sindicato La Unión , que agrupa a trabajadores del programa de empleo de la comuna de Curanilahue. Al respecto, cabe señalar que el Sence licita los programas de empleo cada cierto tiempo. En este caso, se trata de cuatrocientos trabajadores que estaban adscritos a la ONG Baruc, a la cual ahora el Sence no entregó cuatrocientos, sino seiscientos cupos, por lo cual aumentará la cantidad de trabajadores. Lo extraño es que dicho Servicio cambió a personas que estaban en esa organización a otra. Esa situación es grave, porque los trabajadores, una vez que integran una determinada ONG, se organizan en sindicatos. Entonces, cuando el Sence saca a gente de un sindicato y la traspasa a otra organización, está realizando una práctica antisindical que debilita la organización de los trabajadores.

Por eso, solicito que se oficie al director nacional y al director regional del Sence, a fin de que se revoque esa decisión unilateral que perjudica a trabajadores, debilita a sindicatos y, a mi juicio, constituye una práctica antisindical. Así lo han pedido el presidente y los otros dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la ONG Baruc, de Curanilahue.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

PRIORIDAD A FIRMA DE CONVENIO PARA COMPRA DE TERRENO DE TOMA "RICARDO LAGOS", DE CURANILAHUE. Oficios.

El señor MONSALVE.- Señor Presidente , también acudió a conversar conmigo el señor Jaime Ceballos , vicepresidente de la mesa social del Comité “Ricardo Lagos”, en representación de los pobladores de dicha toma de viviendas de la comuna de Curanilahue. Al respecto, hemos hecho diversas gestiones en conjunto con los dirigentes para lograr la compra de los respectivos terrenos, que pertenecen a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En ese sentido, hemos contado con el apoyo del senador Víctor Pérez .

Por eso, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo , a fin de que instruya al seremi de Vivienda de la Región del Biobío y al director del Serviu de dicha región para que den prioridad a la firma del convenio entre el ministerio y la municipalidad de Curanilahue, con el objetivo de que se traspasen los recursos para la compra de los terrenos donde se emplaza la toma “Ricardo Lagos”. El convenio asciende a un monto de 195 millones de pesos -dinero que incluye tanto la compra del terreno como el costo de los trámites que ello requiera-, y actualmente se encuentra en etapa de revisión por el departamento jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región del Biobío . En cuanto termine esa etapa, los recursos serán traspasados a la municipalidad. Por eso solicito que el ministro dé urgencia a ese tema, porque la aprobación de los recursos se logró hace varios meses, pero la demora en la firma de ese convenio tiene entrampada la solución que anhelan los pobladores de dicha toma.

Por último, pido que se envíe copia de este oficio al concejo municipal de Curanilahue y a los dirigentes de la mesa social de la toma “Ricardo Lagos”, especialmente al señor Jaime Ceballos .

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

IMPULSO A ESTRATEGIA EN MATERIA DE CONECTIVIDAD A FAVOR DE REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , solicito que se envíe un oficio al intendente de la Región de Los Ríos y a la ministra de Obras Públicas , en relación con la materia que pasó a exponer.

Recientemente, debido al incendio ocurrido en las instalaciones de la aduana del Paso Fronterizo Internacional Cardenal Antonio Samoré, de la provincia de Osorno, quedó al descubierto la falta de pasos fronterizos en la Región de Los Ríos, como también la necesidad de continuar avanzando para que dicha región cuente con adecuadas condiciones de conectividad con Argentina. Si esto no ocurre, lamentablemente veremos un retraso en el desarrollo de nuestra región, nuestro territorio continuará perdiendo competitividad y seguiremos siendo testigos del cierre de empresas -situación que ya nos está golpeando fuertemente-, como ocurrió, por ejemplo, con la empresa de lácteos Quillayes , de Futrono, donde despidieron a 36 trabajadores. Antes fueron Lácteos Valdivia y Masisa .

La región posee condiciones para seguir avanzando. Por eso es importante establecer una estrategia de conectividad, especialmente en materia de pasos fronterizos y de desarrollo portuario.

Los habitantes de la región merecemos políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo, de manera de contar con el desarrollo requerido en materia de infraestructura.

Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas y al intendente de la Región de Los Ríos para que informen, según corresponda, sobre las siguientes materias: ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no ha reanudado la mesa de desarrollo portuario que se estableció en la Región de Los Ríos en 2009? ¿En qué etapa se encuentra el desarrollo de la nueva ruta Corral-Valdivia, por la península de San Ramón?

Asimismo, pido que informen sobre los avances para concretar la ruta Bioceánica, con detalle sobre el avance de cada proyecto y la inversión que se estableció en la estrategia de conectividad e infraestructura regional.

También pido que informen del avance de la política regional de desarrollo portuario de la Región de Los Ríos, que ha sido validada por todos los integrantes del consejo regional. De manera especial, pido que indiquen la etapa en que se encuentra, la prioridad que posee dentro del trabajo gubernamental y cuándo será concluida.

Por último, que informen qué acciones se están desarrollando para asegurar la respectiva conectividad del territorio, que haga posible que exista competitividad para la salida de nuestros productos, como el proyecto de doble vía en las entradas norte y sur de la ciudad de Valdivia.

Solicito que se envíe copia de esta intervención a los alcaldes de las comunas de las provincias de Valdivia y del Ranco, y a las corporaciones de Turismo, listado que dejaré a disposición de esta comisión.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD DE MÉDICOS GERIATRAS EN SERVICIO DE SALUD DE VALDIVIA Y POLÍTICA NACIONAL EN ESTA MATERIA. Oficio.

El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, pido que se oficie el ministro de Salud para que informe sobre la disponibilidad de médicos geriatras en el Servicio de Salud Valdivia, y particularmente en el Hospital Base de Valdivia.

En nuestra sociedad y también en nuestra región, la población envejece inexorablemente. Por eso, queremos saber de cuántos geriatras dispone el Servicio de Salud Valdivia, en especial el Hospital Base de Valdivia, y cuál es la política nacional sobre la dotación de este tipo de especialistas en los distintos servicios, para abordar esta problemática nacional.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría.

INFORMACIÓN SOBRE CALENDARIO DE ELABORACIÓN DE NORMA DE EMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. Oficio.

El señor DE URRESTI.- Por último, pido oficiar a la ministra del Medio Ambiente para saber cuál es el calendario de elaboración de la norma de emisión de ondas electromagnéticas asociadas a equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones.

La elaboración de esta norma de emisión fue solicitada formalmente por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en agosto de 2011. Esto, debido a que la ley Nº 20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, modifica el artículo 7º de la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones.

Es fundamental establecer cuál será el proceso de consulta ciudadana y cuándo estará dictada dicha norma, que es de enorme importancia para la ciudadanía y para quienes viven en lugares aledaños a esas antenas.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO ACOSO PSICOLÓGICO CONTRA ALUMNA DE UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SEDE OSORNO. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Educación y al gobernador de la provincia de Osorno , con copia de esta intervención al rector de la Universidad Santo Tomás, para que esta autoridad informe sobre la situación que ha afectado por largos meses a la señorita Marcela Díaz Inostroza , estudiante de la sede Osorno de dicha casa de estudios superiores.

Esa alumna ha sufrido constantes problemas derivados del acoso psicológico de un maestro de ese establecimiento. Debido a eso, dicha estudiante ha experimentado una serie de complicaciones de carácter médico, lo que, de paso, le ha conllevado dificultades con la institución e impedido desarrollar normalmente sus estudios. De hecho, hoy tiene su semestre congelado y se encuentra con una total incertidumbre respecto de su futuro como estudiante de esa casa de estudios superiores. Al respecto, cabe agregar que, ella tenía excelentes calificaciones en la carrera de asistente social.

En mi condición de diputado , estoy preocupado por la eventual discriminación que ha sufrido esta estudiante por un maestro de esa casa de estudios, el que, lamentablemente, ha sido protegido. En efecto, ha existido nula respuesta de la jefatura máxima de la institución en Osorno, que ha hecho caso omiso de esta situación. La única persona que ha dado luces de que esto puede tener solución es la directora académica de la institución en Santiago.

Si bien este hecho ocurrió en una casa de estudios superiores privada, es necesario que el Ministerio de Educación lo indague.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Robles .

CELERIDAD A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN SECTOR PASO EL LEÓN, DE COCHAMÓ. Oficios.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por otro lado, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Lagos , al gobernador de la provincia de Llanquihue y al jefe de la división de Análisis y control de Gestión del gobierno regional, con copia al alcalde de la comuna de Cochamó, señor Carlos Soto ; a su honorable concejo y a la presidenta de la junta de vecinos Paso El León, de Cochamó, señora Yolanda Valderas , en relación con una situación que afecta a la comunidad, que paso a exponer.

Los vecinos de la localidad de Paso El León llevan prácticamente ocho meses aislados, debido a que la pasarela existente en el sector está en mal estado. Ese problema, lamentablemente, ha significado el deterioro de la conectividad de los vecinos de dicha localidad, que de por sí es una zona tremendamente aislada. La complejidad tremenda que representa este problema ha llevado al municipio de Cochamó a presentar al gobierno regional un proyecto por más de 300 millones de pesos, a fin de buscar su solución.

La comunidad no puede enfrentar un nuevo invierno con ese grave problema de falta de conectividad debido al mal estado de esa pasarela.

Por lo expuesto, solicito al señor intendente y al municipio celeridad para sacar adelante las observaciones que, eventualmente, puedan existir en relación con el proyecto, a fin de materializar la licitación de la obra al más breve plazo posible.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Robles .

TARDANZA EN RESPUESTA DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A OFICIOS SOBRE PETICIONES DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN. Oficio.

El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene a palabra el diputado señor Roberto León.

El señor LEÓN.- Señor Presidente , solicito que se oficie al la Contraloría General de la República en relación con la materia que paso a exponer.

Desde el 27 de enero de 2012, y en un par de fechas posteriores, remití al señor contralor los oficios Nº 5716, 6271 y 2953, a fin de pedir información e investigaciones, y hasta la fecha, según consta en la Secretaría de nuestra Corporación, no tenemos respuesta.

Quiero que en el oficio quede expresada mi opinión personal, en términos de que el señor contralor se está demorando mucho tiempo en responder este tipo de oficios.

He dicho.

El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

CIERRE TEMPORAL DE FAENAS DE PROYECTO PASCUA LAMA, DE BARRICK, POR AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente, en muchas ocasiones he sostenido que en la Región de Atacama son bienvenidas las empresas, siempre que cumplan tres requisitos importantes: tratar bien a los trabajadores, integrarse al territorio y respetar el medio ambiente.

En los últimos tiempos hemos tenido serios problemas justamente con empresas que no hacen una gestión ambiental adecuada, cuyos gerentes, en vez de preocuparse de cumplir con los requerimientos ambientales con los cuales ellos mismos se comprometieron, desarrollan sus actividades sin respeto alguno por la ciudadanía, mediante gestiones que alteran el medio ambiente.

Al respecto, quiero pedir el envío de algunos oficios, pero antes voy a contextualizar mi solicitud.

La empresa Barrick obtuvo la autorización, por medio de una resolución de calificación ambiental, para desarrollar su proyecto Pascua Lama. En dicha resolución se le indicaron varias medidas para mitigar y prevenir problemas de tipo ambiental, una de las cuales era que la empresa debía tener un sistema para resolver el tema de los drenajes ácidos de roca; esto es, que tenía que buscar un sistema para evitar la contaminación de las aguas, dadas las condiciones establecidas en la resolución. Eso imponía la construcción de obras destinadas a impedir que el agua natural se contaminara al entrar en contacto con los estériles; la implementación de obras destinadas a captar las aguas contaminadas, denominadas drenajes ácidos o aguas de contacto, y la instalación y operación de una planta para el tratamiento de esos drenajes ácidos de roca. Eso estaba en la referida resolución; la empresa tenía que hacerlo. Pero lo más importante, es que se estableció que la construcción de las obras e instalaciones de manejo y tratamiento de drenajes ácidos del depósito de estériles Nevada Norte se llevará a cabo de manera tal que estén operativas antes de iniciar la remoción de sobrecarga y estéril de la mina. Eso es obvio. Si se empezaba a sacar el material estéril, la posibilidad de contaminar las aguas del río Huasco, que son de las más limpias de Chile, era absolutamente factible. Esa era una de las cosas que se quería prevenir.

Sin embargo, la empresa ha empezado a extraer estériles y a depositarlos en el lugar correspondiente sin haber concluido las obras de recolección de drenaje y la planta de tratamiento de los drenajes ácidos de roca. Eso está constatado por la Dirección General de Aguas desde agosto del año pasado. No me explico cómo es posible que los gerentes actúen de esta manera.

Una de las cosas primordiales por las cuales se autorizo la obra es porque no afectaría los glaciares de la zona cordillerana. Sin embargo, la Dirección General de Aguas determinó que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza fueron afectados e, incluso, se señala que hay varios centímetros de material particulado sobre ellos. Evidentemente, eso produce un severo daño al medio ambiente de nuestra región y va en contra de todos los planteamientos que se hicieron en su momento.

Por lo expuesto, pido que se envíen oficios a la ministra del Medio Ambiente y al superintendente del Medio Ambiente para que me informen claramente por qué todavía no han cerrado la actividad de la empresa Barrick en la zona. No hay ninguna razón para que esa empresa opere cuando no ha cumplido con todos los requerimientos que se le hicieron. Asimismo, es necesaria no solo su sanción, sino que se cierren sus faenas mientras no se solucionen absolutamente todos los problemas.

Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a los concejos municipales de Alto del Carmen, Vallenar , Freirina y Huasco , como también a la embajada de Canadá , porque, a mi juicio, los propietarios de esa empresa en Canadá no saben lo que está ocurriendo con sus gerentes en la zona, quienes están actuando en forma absolutamente indolente en relación con las necesidades y el medio ambiente de la Región de Atacama.

Finalmente, pido que se remita copia de esta solicitud al intendente de Atacama para que, con los servicios de la zona, tome las medidas pertinentes para que se proceda a paralizar las obras de Pascua Lama que están fuera de la ley.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con las adhesiones del diputado Chahín y de quien preside.

AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS EN PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.

El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en primer lugar, pido oficiar a la ministra de Obras Públicas , con copia al director nacional de Vialidad , al director regional de Vialidad de La Araucanía , a la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda , y al concejo municipal de Curacautín, en el sentido de solicitar a dicha ministra que tenga a bien gestionar un aumento de los recursos por kilómetro para el Programa de Caminos Básicos en la Región de La Araucanía, fundamentalmente en la provincia de Malleco, donde en la actualidad los denominados “asfaltos cortos” alcanzan a alrededor de 90 millones de pesos por kilómetro. Esta es una solución para un conjunto de pequeñas localidades rurales con escuelas, postas, etcétera, que la requieren por las dificultades que representan el ripio y el polvo.

Hay varios programas que están aprobados técnicamente y con decisión de financiamiento incluso por el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, las licitaciones en Lonquimay, en Curacautín, fundamentalmente, y en Victoria, se han declarado desiertas, porque no hay oferentes que se presenten. No les conviene porque son pequeñas extensiones y el monto por kilómetro es extremadamente bajo. Si comparamos con lo que hoy se paga en la provincia de Arauco, Región del Biobío, que es del orden de 110 millones o 115 millones de pesos por kilómetro, se advierte que existe una diferencia absolutamente inexplicable.

Por lo tanto, solicito que se gestione una aprobación por un monto mayor para que, en definitiva, los programas aprobados se puedan ejecutar; de lo contrario vamos a seguir viendo licitaciones desiertas y vecinos frustrados.

Solicito, además, que se remita copia de este oficio al concejo municipal de Victoria, al ministro de Desarrollo Social y al intendente de la Región de La Araucanía.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INVESTIGACIÓN POR DESPIDOS EN MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY. Oficio.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , pido también que se oficie al contralor general de la República para que realice una investigación sobre lo que está ocurriendo en la municipalidad de Lonquimay.

Con el cambio de alcalde y la nueva gestión municipal no solo se han generado despidos, sino que estos han sido muy irregulares, con notificaciones erróneas, acoso laboral, menoscabo de la situación de los funcionarios y agresiones. También existen presiones, amenazas y hostigamiento contra funcionarios que no pueden despedir.

Por lo tanto, es fundamental que la Contraloría General de la República efectúe una investigación acerca de lo que está sucediendo en ese municipio tras la llegada del alcalde de la UDI.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.

PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE LEGALIDAD DE INSTRUCCIONES DE INTENDENTE DE LA ARAUCANÍA EN RELACIÓN CON COMPETENCIAS DE COMITÉS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficios.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , además solicito que se envíe un oficio al contralor general de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del oficio ordinario N° 2434, del intendente de la Región de La Araucanía y el ejecutivo del gobierno regional, señor Andrés Molina , quien, con fecha 24 de agosto del 2012, impartió una serie de instrucciones a los alcaldes de la región en relación a las competencias de los comités de agua potable rural. Entre otras cosas, se pide limitar la constitución de dichos comités. Asimismo, se fijan normas respecto de los requisitos para ingresar a ellos.

A nuestro juicio, esto vulnera no solo la Constitución Política de la República, que resguarda la autonomía de los grupos intermedios, sino también la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, y la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, a través de las cuales se pretende resguardar el derecho constitucional de libertad de asociación y la autonomía de dichas organizaciones para tomar sus decisiones.

A nuestro entender, ese oficio es absolutamente ilegal, porque vulnera las normas citadas y, lo que es más grave aún, vulnera la autonomía de las instituciones intermedias -en este caso, de los comités de agua potable rural- y de los municipios.

Por lo tanto, solicito que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la legalidad del contenido de dicho oficio ordinario.

Por último, pido que se envíe copia de este oficio al comité de agua potable rural de Huallepenco, al concejo municipal de la comuna de Perquenco y al concejo municipal de la comuna de Lautaro.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

INFORMACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE PAGO DE PENSIÓN CON GARANTÍA ESTATAL A CIUDADANO DE COMUNA DE VICTORIA. Oficios.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , por último, pido que se envíen oficios al director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS) y a la superintendente de Pensiones, con copia al interesado, señor Enrique Cabrera Beltrán , cédula de identidad N° 2.614.743-3, de la comuna de Victoria -cuyos datos para su acertada ubicación voy a dejar en poder de la Secretaría-, para que informen sobre lo siguiente.

El señor Cabrera recibe una pensión de exonerado político. Antes percibía una pensión de la AFP Provida, y luego recibió una pensión con la garantía estatal. Sin embargo, en relación con esta última, se le avisó, por escrito, sobre la suspensión del pago.

Quiero que se me informe sobre los motivos de dicha suspensión, sobre los antecedentes legales de la misma y si el señor Cabrera tiene derecho a optar por una u otra, según la que le sea más conveniente.

Por último, solicito que se haga llegar copia de la respuesta al señor Enrique Cabrera Beltrán.

He dicho.

El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.

6. Informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.

“Honorable Camara:

Vuestra Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”, pasa a informaros sobre la materia referida en el epígrafe.

I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN, AL TENOR DEL ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ORDENÓ SU CREACIÓN.

La Cámara de Diputados, en su sesión 22ª, celebrada el 8 de mayo de 2012, ante la petición formulada por 49 señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó, por unanimidad, “crear una Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.

En el marco de su cometido, la Comisión deberá recabar información, investigar las actuaciones y determinar las responsabilidades involucradas en el referido caso, recibiendo para tales efectos a todas las personas y representantes de instituciones que puedan ilustrarla en su investigación.

En particular, la Comisión deberá investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, indepedientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la fiscalía sur al referido ministerio del señor Alejandro Peña, precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumple en la actualidad.

La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”.

La Comisión se constituyó el 5 de junio de 2012, y la Corporación prorrogó su plazo de investigación hasta el 04 de enero de 2013.

-o-

II. ANTECEDENTES GENERALES.

1. Ideas preliminares.

La historia del llamado caso Bombas en Santiago comenzó hace más de seis años, el 16 de enero de 2006, con la detonación de un artefacto explosivo en un cajero automático en Ñuñoa. “Después de tres años, cuando ya se contabilizaban más de 30 bombazos, el fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, fue nombrado para encabezar las diligencias, que habían estado a cargo del fiscal Francisco Jacir desde 2007, sin arrojar resultados relevantes”[1] (La Tercera, 27.05.12).

En mayo de 2009, el entonces Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, tras la muerte del anarquista Mauricio Morales, interpone la primera querella por ley antiterrorista. “La falta de resultados desató las primeras críticas contra el Ministerio Público en un proceso que, a esa altura, ya tenía un implicado confeso, pero sin detenciones o allanamientos masivos” (La Tercera, 27.05.12).

El 12 de junio de 2010, una bomba explotó a siete cuadras de la casa del Presidente Sebastián Piñera. “Bajo una fuerte presión por las críticas recibidas desde diversos sectores, el 14 de junio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, sacó a Armendáriz de la investigación y nombró en su reemplazo al fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña” (La Tercera, 27.05.12).

Desde 2006 se habían registrado al menos cien atentados que fueron consumados, fallidos o desactivados por Carabineros o Investigaciones, sin contar con ningún condenado. “En este centenar de hechos hay dos detenciones en flagrancia y un fallecido: Luciano Pitronello, el joven herido al instalar un artefacto, y Hans Niemeyer, el psicólogo que fue aprehendido al quedar aturdido por una explosión. Ambos están a la espera del juicio oral. Mauricio Morales, el último, murió en las cercanías de la Escuela de Gendarmería, en 2009”[2] (El Mercurio, 03.06.12).

El juicio oral por el caso Bombas se inició el pasado 28 de abril. “En el lapso en que se han realizado sus audiencias ha habido otros atentados y junto con ello se detuvo a la pareja del lautarista Juan Aliste, Carla Verdugo, junto a Iván Silva, cuando trasladaban una bomba en La Granja” (El Mercurio, 11.05.12)

Por su parte, el fiscal jefe de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, afirmó que el Ministerio Público va a esperar a conocer la sentencia definitiva para determinar “los pasos a seguir” ante el caso bombas, cuyos imputados fueron absueltos el pasado 1º de junio. “El Tribunal va a emitir la sentencia y se va a dar a conocer el 2 de agosto. Una vez que conozcamos los fundamentos vamos a hacer el análisis del fallo y evaluar los pasos procesales siguientes” (Radio Cooperativa, 01.06.12).

El pasado 1º de junio, el Tercer Tribunal Oral de Santiago absolvió a las últimas seis personas que se encontraban imputadas en este caso. Francisco Solar, Gustavo Fuentes, Felipe Guerra, Mónica Caballero por el delito de colocación de bombas a la Agencia Nacional de Inteligencia, el Consejo de Defensa del Estados, Chilectra, la Escuela de Gendarmería y la Iglesia de los Sacramentinos. Por su parte, Omar Hermosilla y Carlos Riveros por cargo de financiamiento terrorista que les atribuyó la fiscalía.

Entre los argumentos considerados por los jueces para desestimar las acusaciones en contra de los procesados, estuvo el hecho de que la investigación encabezada por el ente persecutor fue incompleta, lo que provocó un sesgo de parcialidad en el proceso[3]. Según Editorial de La Tercera “la resolución constituye uno de los mayores fracasos experimentados por el Ministerio Público desde que comenzó a operar en 2000. Con este fallo se desperdiciaron más de seis años de investigación, en un caso que ha generado preocupación en la ciudadanía por la sensación de inseguridad y alteración del orden público que han provocado los más de 100 atentados con bombas que se han registrado -sólo en la Región Metropolitana- desde 2004 hasta la fecha”[4] (La Tercera, 05.06.12).

En complemento, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “es frustrante que luego de un trabajo de mucho tiempo, en el que intervinieron muchos fiscales, terminemos con absoluta ignorancia de quiénes son los autores de las bombas. Eso debe abrir razonablemente un espacio para preguntarnos por qué ocurrió eso. Creo que es oportuna una reflexión. El Ministerio Público debe revisar por qué no logró acreditar quiénes son los autores” (El Mercurio, 04.06.12)

Por su parte, uno de los absueltos, Felipe Guerra, agregó que “quedó claro que es la Fiscalía la terrorista, la que ha sembrado el temor haciendo allanamientos y detenciones”. En tanto, Omar Hermosilla dijo que “fuimos condenados por la gran mayoría de los medios. Pasamos un mal rato que duró mucho tiempo” (Radio Cooperativa, 01.06.12). Las palabras de este último se refieren a un reportaje que emitió el programa Informe Especial en su contra.

A pesar de las críticas, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, asumió su responsabilidad, pero también apuntó al accionar de las policías. “Acá hay un fracaso no sólo de la fiscalía, sino que también de los organismos de persecución criminal. Si bien los fiscales dirigieron las diligencias, hay trabajo de ambas policías que no logró acreditar la autoría de estos atentados” (Pulso, 05.06.12). Respecto a las versiones que hablan de montaje por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur sostuvo que “No ha habido montaje por parte de la fiscalía, (ya que) hubo una serie de resoluciones que fueron revisadas por los jueces de garantía y por ministros de la Corte de Apelaciones” (El Dínamo, 05.06.12)

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas

(CEJA), el abogado Cristián Riego, no consideró un fracaso para el sistema la resolución. “Rescato la existencia de jueces independientes que examinaron el caso con rigor y que fueron capaces de fallar y absolver a estas personas. La justicia respondió haciendo lo que corresponde”[5] (El Mercurio, 03.06.12).

Además, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, afirmó que “estamos satisfechos y contentos con lo que resultó de todo esto. Hace un año habíamos dicho que este caso se iba a caer. No había cómo sostener la aplicación de la Ley Antiterrorista. La gran conclusión es que no hay terrorismo en Chile. Los hechos que se produjeron deben ser perseguidos a través de la ley común” (Radio Cooperativa, 02.06.12).

Respecto al rol del ex fiscal Peña en la investigación, se menciona que “el 14 de agosto de 2010 dio el vamos a la Operación Salamandra. Ordenó efectuar allanamientos y arrestos simultáneos a casas okupa y domicilios particulares, en Santiago y Valparaíso respectivamente, diligencia en la que se detuvo a 14 anarquistas supuestamente vinculados con la colocación de bombas y financiamiento terrorista. Tras formalizarlos, en abril de 2011, Peña presentó la acusación de la fiscalía contra los sospechosos y, dos días después, renunció al Ministerio Público para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior (La Tercera, 27.05.12).

En complemento a lo anterior, El Ciudadano plantea que Peña “asumió la irresponsabilidad de la investigación que había realizado Armendáriz y apresurar la persecución penal sin los antecedentes necesarios para justificar que las personas acusadas habían perpetrado los hechos imputados”. Una segunda negligencia se establece en el actuar posterior a la salida del ex fiscal del Ministerio Público, y dice relación con la probidad mínima que deben respetar los funcionarios públicos. “Independiente de sí hubo o no relación anterior entre Hinzpeter y Peña, lo cierto es que el Ministerio del Interior actuaba como parte querellante en un caso de notoria relevancia pública y política, y el ex fiscal resultaba ser el responsable de las acciones que en los tribunales se iban a ventilar” (El Ciudadano, 07.06.12).

El mismo Ciudadano, en cuanto al rol del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en una supuesta intervención indebida entre los poderes u órganos del Estado, señala:”El Ministerio Público, como órgano constitucional independiente, pudo haber sufrido interferencias inadmisibles, según los principios y mandatos constitucionales. Esta situación, desde el punto de vista constitucional, es grave, porque la independencia de los poderes públicos es conditio sine qua non para asegurar la permanencia y funcionamiento del Estado de Derecho”[6] (El Ciudadano, 07.06.12).

Esta acusación ha sido planteada por el abogado defensor de cuatro de los inculpados, Rodrigo Román, quien aseguró que “el ex fiscal Peña había participado de una operación política concertada con Interior para detener y acusar a los 14 anarquistas y dar una señal de eficiencia policial” (La Tercera, 27.05.12). Además recalcó que “se ha demostrado que este es un montaje, es una de las investigaciones más ordinarias que ha tenido el sistema de enjuiciamiento criminal, y se han puesto las cosas en su lugar con esta sentencia absolutoria” (ADN radio, 01.06.12).

El defensor de Francisco Solar, Mauricio Daza, agregó: “Yo creo que aquí el problema son dos personas con nombre y apellido quienes utilizaron políticamente, en su beneficio una causa criminal, lo que terminó con esto: la vulneración de derechos y garantías y la absolución. Esas dos personas son el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, y espero que si esto se confirma ellos respondan personalmente” (Pulso, 01.06.12)

Por su parte, familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron la renuncia del Ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña. En una declaración pública reclamaron que “se realizó una persecución política, y que las supuestas pruebas, que en su mayoría resultaban improcedentes, reflejan que se montó un caso con base en sesgo político y no en hechos que demostraran una sospecha fundada de culpabilidad”[7] (El Ciudadano, 03.06.12).

Se consigna además las razones por las cuales Hinzpeter tuvo que declarar en un juicio oral, el pasado 24 de mayo en el Departamento de Extranjería de Interior. Fue citado como testigo por el abogado Rodrigo Román, representante del ex lautarista Omar Hermosilla, quien está acusado de financiar actividades terroristas. “Román aseguró que intentaba probar que el caso había sido “armado” desde el Ministerio del Interior, tras la salida del fiscal Xavier Armendáriz de la investigación. El jurista sostuvo que con el interrogatorio a Hinzpeter demostraría que el secretario de Estado y Peña habían coordinado detalles de la investigación y posterior detención de los sospechosos. Hinzpeter declaró no haber tenido relación con el fichaje de Peña y negó un supuesto montaje” (La Tercera, 27.05.12).

La Fiscalía Metropolitana Sur ordenó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) que indague el posible delito de falsificación de instrumento público en los peritajes entregados por Carabineros en este caso. “Esta irregularidad quedó al descubierto el 15 de febrero en el marco del juicio oral, cuando nueve funcionarios de la institución declararon que las firmas que aparecían bajo sus nombres sustentando informes periciales no correspondían a las suyas; situación que fue denunciada públicamente hace pocas semanas en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión” (Radio Cooperativa, 06.06.12). El perito cuestionado en este caso fue Eladio Gallardo Ríos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quien era el responsable de tres informes periciales de sitio del suceso con fecha 14 de julio y 22 de septiembre de 2009 y del informe del 30 de abril de 2010[8].

No obstante, altas fuentes de Carabineros calificaron a la polémica como “una práctica errada y ya erradicada, que consistía en que un compañero de equipo firmaba un peritaje a nombre del encargado de elaborarlo si este último no estaba disponible, para agilizar el despacho del estudio hacia tribunales” (El Mercurio, 23.05.12).

Se dijo además que “ni el contenido ni el trabajo vinculado a esos peritajes es falso, pues sí se realizó. De hecho, se explicó que si bien los peritos en estrados dijeron que no eran sus firmas ante una pregunta precisa de las defensas en el caso, luego argumentaron por qué ocurrió tal situación cuando la fiscalía tuvo el turno de interrogar. En este momento dijeron que habían estado ausentes del servicio por diversos motivos y por eso firmó alguien por ellos los documentos (El Mercurio, 23.05.12).

Un aspecto a tomar en cuenta es que tras el reconocimiento de Gallardo de que el informe usado en el juicio tenía una firma que no era la suya, la fiscalía retiró el pasado 21 de febrero a los 216 testigos del juicio oral en el caso bombas. “La decisión del ente perseguidor toca a varios testigos llamados “marginales”, que prestarían testimonio por hechos donde no existe un imputado conocido en la colocación de artefactos explosivos. Dichos testigos fueron utilizados en 2011 para acreditar el delito de asociación ilícita en la acusación presentada por el entonces fiscal Alejandro Peña. Este cargo fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando fuera de las imputaciones a ocho personas” (The Clinic, 21.02.12).

Más de mil pruebas fueron excluidas de la preparación del juicio. “Entre las desechadas aparecían una pistola de fogueo, bicicletas, extintores, muestras de TNT, un temporizador, dos cartas de uno de los sospechosos, discos duros, pendrives, panfletos. Un póster de la banda Gun's and Roses fue una de las 7 mil evidencias presentadas en un comienzo” (Publimetro, 25.05.12).

Respecto a los exámenes ADN a 10 anarquistas que permanecían en prisión preventiva por su presunta participación en atentados con bombas registradas en Santiago, resultaron negativas. “De esta manera no se arrojaban pruebas científicas sobre su relación con los ataques” (Publimetro, 25.05.12).

El juez del 8º Juzgado de Garantía, Luis Avilés, se refirió a la investigación llevada adelante por la Fiscalía Metropolitana sur como “sociología barata, con argumentos de cuarta categoría. El magistrado recibió una sanción de carácter administrativa” (Publimetro, 25.05.12).

Uno de los imputados, Gustavo Fuentes Aliaga, alias el “grillo”, al cierre del juicio declaró haber sido objeto de torturas, lo que fue negado por el primer fiscal del caso, Xavier Armendáriz[9]. (Terra. 01.06.12)

El 13 de julio del presente año, la Presidenta del Tercer Tribunal Oral de Santiago, doña Marcela Sandoval, dio lectura a la sentencia que absolvió del delito de colocación de artefactos explosivos a Francisco Solar, Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guajardo y Mónica Caballero; y por financiamiento al terrorismo a Omar Hermosilla y Carlos Riveros, tras seis meses de juicio.

El 23 de julio, recién pasado, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública interpusieron recursos de nulidad en contra de dicha sentencia, fundados en una supuesta mala valoración de los antecedentes reunidos en seis meses de juicio.

Finalmente, el 10 de octubre del año en curso, la Corte Suprema, en fallo unánime, pronunciado por los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), desestimó los recursos presentados por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en contra de la sentencia antes mencionada, por estimar insuficientes los antecedentes presentados por los recurrentes, a fin de que se declarara la nulidad de la misma, dando, con ello, por finalizado el llamado “Caso Bombas”.

III.- RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

1. Sesiones celebradas.

La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 25 sesiones especiales.

2.- Oficios de invitación o citación.

1

2

3.- Personas que declararon ante la Comisión (sus declaraciones se adjuntan en el anexo “declaraciones”. El número entre paréntesis indica la sesión a la que asistió).

a) Autoridades.

-Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Hinzpeter (Sesión 17ª, celebrada el 8 de octubre de 2012).

-Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Sabas Chahuán (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-General Director de Carabineros de Chile, señor Gustavo González Jure (Sesiones 2ª y 17ª, celebradas el 18 de junio y el 8 de octubre de 2012).

-Director General de la Policía de Investigaciones, señor Marcos Vásquez (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

b) Funcionarios públicos.

-Fiscal Regional Metropolitano Sur, señor Raúl Guzmán (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Fiscal Regional Centro Norte, señor Andrés Montes (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, señor Mauricio Fernández (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Director de la Agencia Nacional de Inteligencia señor Gonzalo Yuseff (Sesiones 3ª y 8ª, celebradas el 19 de junio y 6 de agosto de 2012, respectivamente).

-Mayor de Carabineros de Chile, señor Eduardo Witt. (Sesión 3ª, celebrada el 19 de junio de 2012).

-Directora de la Asociación Nacional de Fiscales y fiscal de la zona oriente de Santiago, señora Evelyn Kremer (Sesión 4ª, celebrada el 3 de julio de 2012).

-Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Pedro Orthusteguy (Sesión 4ª, celebrada el 3 de julio de 2012).

-Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subsecretaria del Interior, señor Alejandro Bernhardt (Sesiones 5ª y 9ª, celebradas el 9 de julio y el 7 de agosto de 2012, respectivamente).

-Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Hugo Merino (Sesión 5ª, celebrada el 9 de julio de 2012).

-Fiscales del Ministerio Público, señores Marcelo Apablaza, Víctor Núñez y Francisco Rojas (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

-Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, señora Paulina Ruiz (Sesión 8ª, celebrada el 6 de agosto de 2012).

-Funcionarios de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Cristián de Feudis y señora Ximena Risco (Sesión 15ª, celebrada el 10 de septiembre de 2012).

-Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Alejandro Peña (Sesiones 12ª y 16ª, celebradas el 28 de agosto y el 2 de octubre de 2012, espectivamente).

-Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, (Sesión 16ª, celebarada el 2 de octubre de 2012).

c) Particulares.

-Ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, señor Xavier Armendáriz (Sesión 2ª, celebrada el 18 de junio de 2012).

-Periodista y autora del libro “Caso Bombas”, señora Tania Tamayo (Sesión 6ª, celebrada el 30 de julio de 2012).

-Ex Jefe de Personal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Christian Schalper (Sesión 9ª, celebrada el 7 de agosto de 2012).

-Ex Fiscal del Ministerio Público, señor Juan Pablo Buono-Core (Sesión 9ª, celebrada el 7 de agosto de 2012).

Abogados defensores de imputados en el caso “Bombas”, señora Valetina Horath, señores Rodrigo Daza y Morris Farachi; señor Rodrigo Román y señora María Rivera, de la Defensoría Popular (Sesión 13ª, celebrada el 3 de septiembre de 2012).

4.- Nómina de personas convocadas que no asistieron.

-Edmundo Pérez Yoma, Ex Ministro del Interior.

-Patricio Rosende, ex Subsecretario del Interior.

-Luís Masferrer Farías, Director de Gendarmería.

-Francisco Jacir Manterola, Fiscal.

-Miguel Soto Piñeiro, abogado defensor.

-Patricio Carrera, periodista.

-Andrés López, periodista.

-Sebastián Labrín, periodista.

-Pedro Lezaeta, periodista.

-Leandro Fontealba, periodista.

5.- Oficios despachados - documentos recibidos.

La siguiente es una relación de los oficios de fiscalización despachados y documentos recibidos durante el trabajo de la misma.

En tal sentido, se excluyen aquellos oficios y documentos de mera tramitación (informa constitución, invitaciones, reemplazos, etc.).

-N° 10, de 20/06/12, a Carabineros de Chile.

Se pidió nómina con todos los peritos de la Institución que participaron en la elaboración de informes en dicho proceso.

Asimismo, copia del sumario interno originado en la divergencia de firmas en tales informes periciales, una vez se encuentre concluido.

Mediante Of. 13591, de 24/08/12, se informó lo siguiente:

“(…) el personal de Carabineros que elaboró los informes periciales, en los cuales se cuestionó las firmas consignadas en los documentos que daban cuenta de ello, corresponde a los siguientes:

-Capitán Marco Fuentes Díaz (IP N° 8973-09).

-Sargento 2° Edalio Gallardo Ríos (IP N° 3764-09).

-Carla Hidalgo Figueroa, civil, químico farmacéutico (IP N° 6765-07)

-Guido Brito Orellana, contratado por resolución, bioquímico, (IP 8965-09).

-Patricia Ossandon Tapia, contratada por resolución, bioquímico (IP N° 9139-09).”

El sumario se encuentra con diligencias pendientes, por lo que no es posible su remisión.

-N° 13, de 28/06/12, al Ministerio Público.

Se pidió copia del expediente administrativo que dio como resultado la Res FN 581/12, de 20 de abril de 2012.

Mediante Of. 398/12, de 06/07/12, se informó que no entregará la información.

“(…) en atención a que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información contenida en esa carpeta de investigación administrativa pudiese, eventualmente, afectar los derechos de las personas involucradas (…)”, se consultó a Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rubilar y Víctor Núñez.

Todos se opusieron en virtud de lo dispuesto en el art. 21/20285.

-N° 14, de 03/07/12, al Ministerio Público.[10]

Se pidió, en relación a los RUC 0600291310-9, 0610011624-1, 0600564725-6, 0600706308-1, 0700127129-0, 0700237782-3, 0700277303-6 y 0700440494-1 de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente; 0700046083-9 de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; RUC 0600045992-3, 0600341329-0, 0600378274-1, 0600383479-2, 0600911741-3 y 0700388706-K de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, los siguientes antecedentes:

1) Copia de los escritos de formalización, querella y acusación, interpuestos en tales investigaciones.

2) Copia de las resoluciones o transcripción de las audiencias en que se resolvieron tales escritos.

3) Nómina de los fiscales que dirigieron o participaron en tales investigaciones.

Asimismo, para que amplíe la información contenida en el punto 2.4 de su Res FN/MP

N° 581/2012, de 20 de abril de 2012, en cuanto a las fechas, horarios y asistentes en las reuniones que da cuenta.

4) Copia de los escritos de solicitudes de diligencias de investigación.

Mediante Of. 498, de 14/08/12, se informó que las investigaciones referidas se acumularon a la RUC 0700277303-6, seguida ante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Asimismo, se remitieron los siguientes documentos:

1. Copia del acta de audiencia de formalización, de 16/08/10

RIT 6564-10; RUC 1000636602-9[11]

Se celebró ante el juez Roberto Guzmán Concha, entre las 10:09 del día 16 y las 02:45 del 18 de agosto de 2010.

Por el Ministerio Público comparecieron los fiscales Alejandro Peña, Francisco rojas y Marcos Emilfork. Por los querellantes, Sebastián Dal Pozzo y Cristián de Feudis (ambos por el Ministerio del Interior); Francisca Franzani (por Iglesia Católica, Iglesia Inmaculada Concepción de Vitacura).

Como defensores, comparecieron Viviana Castel (Iván Goldenberg); Rodrigo Lillo (Iván Goldenberg y Gustavo Fuentes); Miguel Soto (Candelaria Cortez-Monroy); José Macías (Candelaria Cortez-Monroy); Julio cortes (Felipe Guerra, diego Morales y Carlos Riveros); Alberto Espinoza (Rodolfo Retamales y Pablo Morales); Margarita Varvaria (Andres Urzua); Rodrigo Román (Vinicio Aguilera y Omar Hermosilla); Washington Lizana (Mónica Caballero, Cristián Cancino y Camilo Pérez), y Héctor Salazar (Francisco Solar).

Se comunicó a los imputados el desarrollo de una investigación en su contra, por cuanto desde el mes de julio de 2005 a la fecha, “(…) forman parte integrante de una estructura criminal cumpliendo diferentes roles en una asociación ilícita terrorista de carácter informal, con permanencia en el tiempo, cuya finalidad es producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de crímenes y delitos que han sido planificados, ejecutados, adjudicados y difundidos por la organización criminal, y que consisten en la colocación de artefactos explosivos e incendiarios en diferentes puntos de la Región Metropolitana que han afectado la vida, integridad física y psíquica de las personas o han causado daños a la propiedad pública y privada.

Para cumplir esa finalidad, se agruparon en torno a diversos inmuebles de fachada que conforman sus centros de poder, a fin de organizarse y materializar el plan criminal que consiste en provocar la guerra social, mediante lo que denominan la agudización de los conflictos y la acción directa y violenta contra el Estado, el capital, iglesia, la burguesía y toda forma de autoridad, bajo el orden social imperante.

Para la concreción de este plan criminal, los imputados de manera permanente en el tiempo y en forma organizada se han asociado entre sí, asignándose diversas tareas o misiones compartimentadas, utilizando para ello sofisticada tecnología informática en sus comunicaciones, unidos en torno al combate de los que ellos llaman enemigo común antes mencionado, en el contexto de lo cual ejecutaron, a lo menos, alrededor de 23 atentados explosivos, entre los que se encuentra el atentado que afectó a la sucursal de Chilectra S.A, ubicada en La Cisterna, los que se encuentran científica y pericialmente relacionados entre sí. (…)”

Además, se describió la estructura de la asociación ilícita (liderazgo, colaboración y facilitación) y la participación en la colocación de artefactos explosivos.

“Mónica Caballero Sepúlveda: Habitante del centro de poder “La Crota”, colaboró en la asociación ilícita y además participó directamente en la colocación del artefacto explosivo en la Iglesia de los Sacramentinos, ocurrida el día 21 de noviembre de 2009.

Felipe Guerra Guajardo, alias “El Pepa”, habitante del centro de poder Sacco y Vanzetti, participa en acciones directas de difusión y sustento de la asociación ilícita y es autor directo del atentado explosivo cuyo objetivo era la Escuela de Gendarmería de Chile, que detonó el 22 de mayo del año 2009, en el cual fallece otro integrante de la asociación de nombre Mauricio Morales Duarte, que también residió en el mismo centro de poder.

Francisco Solar Domínguez, alias “El Cariñosito”, quien participa activamente en actividades delictuales, colocación de artefactos explosivos, sea confeccionando los sistemas eléctricos o manejando el explosivo denominado TNT y tetryl. Participó directamente en la colocación de los artefactos explosivos que afectaron al Consejo de Defensa del Estado el día 21 de diciembre del año 2006, a la Agencia Nacional de Inteligencia, el 18 de enero de 2006, y la sucursal de Chilectra S.A. La Cisterna, ocurrido el 16 de octubre de 2007, en dicha comuna, el primero de los artefactos que se fabrica en base a este explosivo de uso militar y de alto poder destructivo, denominado TNT.

Candelaria Cortes Monroy Infante, alias “La Candela”, la que además de vincularse directamente a los centros de poder y a los miembros de la asociación ilícita, participó en la colocación del artefacto explosivo que afectó a la empresa Automotora ATAL, que ocurrió el 27 de marzo del año 2007.

Gustavo Fuentes Aliaga, alias “El Grillo”, el que además de habitar y pertenecer a distintos centros de poder, entre ellos “La Escalera”, “Sacco y Vanzetti” y “El Hogar”, ubicado en la comuna de El Bosque, siendo este su último domicilio. Participó en la colocación del artefacto explosivo que afectó a la empresa Automotora ATAL, que ocurrió el 27 de marzo del año 2007 y el Consejo de Defensa del Estado, el día 21 de diciembre del año 2006. (…).

1.- Iglesia Los Sacramentinos. La imputada Mónica Caballero Sepúlveda procedió a la colocación el día 21 de noviembre de 2009, en horas de la mañana, aprox. a las 09:30 hrs., de un artefacto incendiario explosivo en la puerta principal de la Iglesia Los Sacramentinos, ubicada en calle Arturo Prat N° 471, comuna de Santiago; artefacto que explosó en dicho lugar causando daños en la estructura del inmueble con grave riesgo para la vida e integridad corporal y psíquica de las personas que se encontraban al interior de la Iglesia, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por las características del artefacto utilizado y los efectos que produce el medio empleado para la vida, integridad física y psíquica de las personas y daños a la propiedad pública y privada.

2.- Consejo de Defensa del Estado. Que el día 21 de diciembre del año 2006, en horas de la noche, alrededor de las 00:20 horas, Gustavo Fuentes Aliaga y Francisco Solar Domínguez, acompañados de una mujer, procedieron a elaborar y posteriormente colocar un artefacto explosivo en el costado oriente del edificio estatal correspondiente al Consejo de Defensa del Estado, por calle Manuel Rodríguez frente al N° 244, Santiago, destinado a estacionamiento.

Dicho artefacto lo ubicaron en las escaleras al interior de una bolsa de plástico verde con blanco y estaba contenido en un cilindro de gas licuado de 5 kilos al que se le retiró la válvula superior para introducir pólvora negra, activado por un sistema eléctrico a base de un sistema de relojería con su respectiva fuente de poder; e el caso de haberse producido la activación del artefacto explosivo, al momento de la detonación, hubiere causado muerte, lesiones graves o daños de diversa consideración, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado.

3.- Agencia Nacional de Inteligencia. Que el día 18 de enero de 2006, en horas de la mañana, alrededor de las 07:00, Francisco Solar Domínguez y una mujer en compañía de otros sujetos, procedieron a la colocación de un artefacto explosivo en el frontis del edificio ubicado en calle Tenderini N° 115, comuna de Santiago, donde funciona la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, el cual al detonar le produjo lesiones de diversa consideración a una persona que trabaja como empleado municipal y otros daños estructurales al edificio mencionado.

Dicho artefacto explosivo resultó ser de fabricación casera, consistente en un cilindro de gas licuado de 2 kilos al cual se le retiró la válvula superior para introducir en su interior pólvora negra, siendo activado por un sistema eléctrico sobre la base de una fuente de poder y un temporizador, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de las mismas características por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir.

4.- Chilectra S.A. La Cisterna. Que el día 16 de octubre de 2007, en horas de la madrugada, aprox. a las 03:30 hrs., el imputado Francisco Solar Domínguez junto a sujetos desconocidos concurrió hasta la sucursal de Chilectra S.A. ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 6536, comuna de La Cisterna, y colocó el artefacto explosivo que detonó en el lugar causando diversos daños materiales en la estructura del inmueble, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un delito de la misma naturaleza, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado tanto en la vida, integridad física y psíquica de las personas, como la propiedad pública o privada.

El artefacto fue colocado en un pilar del costado norte de la sucursal, fue elaborado en base TNT (trinitrotolueno), sustancia explosiva de fabricación industrial y de uso militar de alto poder de detonación, el que se encontraba envuelto en Nylon, encontrándose panfletos de adjudicación y motivación en el lugar de corte anarquista e insurreccionalista, elaborado en base a recortes de palabras contenidas en diarios y revistas.

5.- Comercial automotriz “ATAL Autos”. Que el día 27 de marzo del año 2007, en horas de la noche, alrededor de las 23:15 horas, Gustavo Fuentes Aliaga, Candelaria Cortes-Monroy Infante, junto a otros sujetos procedieron a colocar un artefacto explosivo en el exterior del inmueble correspondiente a Comercial Automotriz “ATAL Autos”, ubicada en calle Pérez Valenzuela N° 1087, comuna de Providencia, el que provocó daños estructurales considerables.

Dicho artefacto explosivo estaba elaborado con pólvora negra comprimida en un contenedor metálico de forma cilíndrica y activado en forma mecánica con mecha, al que se le adosó una botella de vidrio que en su interior contenía un líquido combustible que tenía por objeto ocasionar un siniestro de proporciones, lo que produce grave riesgo para la vida e integridad corporal y psíquica de las personas, logrando con ello cumplir la finalidad de causar o producir en la población un temor justificado de verse expuestos como víctimas a un elito de las mismas características, por la naturaleza del artefacto utilizado y los efectos que pueda producir el medio empleado.

6.- Escuela de Gendarmería de Chile. Que el día 22 de mayo de 2009, en horas de la noche, aproximadamente a las 20:30 hrs., el imputado Felipe Guerra Guajardo, antes individualizado, concurrió junto a Mauricio Morales Duarte a las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería de Chile con el propósito de colocar un artefacto explosivo en dicho lugar, el cual explosó en calle Ventura Lavalle frente al N° 436, comuna de Santiago, lo que causó la muerte del último de los nombrados (…)”.

Se ordenó la prisión preventiva de los imputados, con excepción de Gustavo Fuentes (por encontrarse cumpliendo condena); Diego Morales; Cristián Cancino; Iván Goldenberg; Carlos Riveros; Camilo Pérez y Candelaria Cortez-Monroy, contra quienes se decretó, como medidas cautelares, la firma semanal ante Carabineros de Chile, arraigo nacional, prohibición de acercarse e ingresar a los centros “La Crota”, “Sacco y Vanzetti”, “Jonny Cariqueo” y “El Hogar”, y prohibición de comunicarse entre sí y con los imputados privados de libertad en la presente causa.

Se dispuso como plazo de investigación, contra todos los imputados, 180 días.

2. Copia de querellas (13).

-De la Municipalidad de Santiago (19/01/06), por lesiones y daños a la propiedad (ANI);

-Del Consejo de Defensa del Estado (05/04/07), por daños (Cantón de Reclutamiento de Providencia);

-De la Municipalidad de Providencia (05/07/07), por delitos terroristas (Inspección del Trabajo; Hotel Militar; en calle Enrique Nercaseaux);

-Del Banco de Chile (21/08/07), (Banco Chile-San Miguel), por delito terrorista;

-Del Ministerio del Interior (23/01/09), por daños a la propiedad producto de un artefacto explosivo (refiere 32 hechos entre el 08/08/07 y 14/12/08);

-Del Ministerio del Interior (s/f), ampliando querella, por el delito de colocación de artefactos explosivos (Hotel Marriot, 03/11/09);

-Del Banco BBVA (25/11/09), (BBVA-Tomás Moro), por infracción a ley sobre control de armas y daños;

-Del Ministerio del Interior (23/12/09), amplía querella por delito de daños con artefacto explosivo (Cía. Seguros Chilena Consolidada);

-De Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A (fecha ilegible), (Cía. Seguros Chilena Consolidada), por delito de daños a la propiedad privada;

-Del Ministerio del Interior (01/06/10), por delitos terroristas (Iglesia Inmaculada Concepción);

-Del Ministerio del Interior (s/f), por delitos terroristas (Chilectra-Gran Avenida; Telefónica-San Miguel);

-De la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura (21/06/10), por delitos terroristas (Parroquia Inmaculada Concepción), y

-De Hoteles de Chile S.A (06/08/10), por delitos terroristas (Hotel Marriot).

Asimismo, se acompañaron las resoluciones que tuvieron por interpuestas estas querellas.

3. Copia de la acusación del Ministerio Público, de 04/04/11

RIT 3418-20067(sic), RUC 0700277303-6

1.- Fiscales a cargo: Alejandro Peña Ceballos, Fiscal Regional, y Francisco Rojas Rubilar, Marcelo Apablaza Veliz, Marcos Emilfork Konow y Víctor Núñez Escalona, en causa RUC 0700277303-6, RIT 3418-20067(sic), seguida por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos del mismo carácter

2.- Acusados: Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Omar Hermosilla Marín; Andrea Urzúa Cid; Felipe Guerra Guajardo; Cristián Cancino Carrasco; Carlos Riveros Luttgue; Camilo Pérez Tamayo, Candelaria Cortes Monroy Infante; Francisco Solar Domínguez, Mónica Caballero Sepúlveda; Gustavo Fuentes Aliaga; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz.

3.- Aspectos generales: “A lo menos desde el año 2006 y hasta la fecha, los imputados (…) conformaban una asociación con el objeto de atentar contra el orden social establecido, las personas y la propiedad pública y privada (…) (teniendo) por objeto la perpetración de delitos de carácter terrorista, especialmente los crímenes de colocación de artefactos explosivos e incendiarios de diverso tipo que afectaron o pudieron afectar la integridad física de las personas y causaron o pudieron causar daños a la propiedad en diferentes lugares de la Región Metropolitana; lo anterior, con la finalidad de producir, además, en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, considerando:

a) la naturaleza y los efectos de los medios empleados (…), y

b) la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas (…)”.

4.- Lugares de reunión: Cinco inmuebles con autodenominaciones como centros operativos o de conspiración utilizados por la Asociación:

a) “Casa La Idea”, Rafael Sotomayor N° 449, Santiago;

b) “Casa la Crota”, Santa Isabel N° 380, Santiago;

c) “Centro Social Ocupado y Biblioteca Popular Sacco y Vanzetti”, Santo Domingo

N° 2424, Santiago;

d) “Centro Social Abierto y Biblioteca Libertaria Jonny Cariqueo”, El Cobre N° 8793, Pudahuel, y

e) “Casa ocupada La Escalera”, Erasmo Escala N° 2420, Santiago.

5.- Hechos imputados: “La asociación ha concretado su plan criminal en la colocación de los siguientes artefactos explosivos y hechos vinculados al plan criminal, entre otros:” (indica 30)

1. Agencia Nacional de Inteligencia, Tenderini N° 115, Santiago, el 18/01/06;

2. Consejo de Defensa del Estado, Manuel Rodriguez N° 244, Santiago, el 21/12/06;

3. Automotora Atal, Pérez Valenzuela N° 1087, Providencia, el 27/03/07;

4. Banco de Crédito e inversiones, Chacabuco N° 484, Santiago, el 28/03/07

5. Partido por la Democracia, Santo Domingo N° 1828, Santiago, el 21/05/07;

6. Embajada de Gran Bretaña, El Bosque Norte N° 0125, Las Condes, el 15/07/07;

7. Parroquia Santa María de Las Condes, Las Condes N° 9700, Las Condes, el 20/09/07;

8. Telefónica, Esquina Blanca N° 0115, Maipú, el 08/10/07;

9. Sucursal Chilectra, Gran Avenida N° 6536, La Cisterna, el 16/10/07;

10. Sucursal Chilectra, Matucana N° 39, Santiago, el 31/10/07;

11. Partido Demócrata Cristiano, Román Díaz N° 1014, Providencia, el 07/11/07;

12. Consulado Argentino, Vicuña Mackenna N° 45, Santiago, el 21/07/08;

13. Sofofa, Andrés Bello N° 2777, Las Condes, el 03/10/08;

14. Farmacia Cruz Verde, Cristóbal Colón N° 4008, Las Condes, el 26/03/09;

15. Escuela de Gendarmería de Chile, altura N° 436 de calle Ventura Lavalle, Santiago, el 22/05/09;

16. Banco Edwards-Citi, Apoquindo N° 5701, Las Condes, el 22/06/09;

17. Club Balthus, Monseñor Escrivá de Balaguer N° 5970, Vitacura, el 11/08/09;

18. Gimnasio Sport Life, Camino del Alba N° 11865, Las Condes, el 11/08/09;

19. Hotel Marriot, Presidente Kennedy N° 5741, Las Condes, el 03/11/09;

20. Iglesia de los Sacramentinos, Arturo Prat N° 471, Santiago, el 21/11/09;

21. Banco BBVA, IV Centenario N° 7393, Las Condes, el 22/11/09;

22. Chilena Consolidada, Pedro de Valdivia N° 195, Providencia, el 21/12/09;

23. Iglesia Inmaculada Concepción, Vitacura N° 3729, Vitacura, el 29 de mayo de 2010;

24. BancoEstado, Las Condes N° 15550, Vitacura, el 12/06/10

25. Restorán Terra Noble, Nueva Costanera N° 3872, Vitacura, el 05/08/10;

26. Cantón de Reclutamiento del Ejército de Chile, Alférez Real N° 910, Providencia, el 14/02/07;

27. 26ª Comisaría de Carabineros, Teniente Cruz N° 720, Pudahuel, el 17/05/08;

28. Universidad Los Andes, San Carlos de Apoquindo N° 2200, Las Condes, el 23/04/08;

29. Casino de la PDI, Catedral frente al N° 2098, Santiago, el 16/10/08, y

30. Traslado e internación explosivo trinitrotolueno (TNT) por territorio nacional hacia Argentina, materializado en el mes de septiembre de 2008.

6.- Participación en la Asociación ilícita:

a) Liderazgo y cumpliendo rol de jefes: Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales Leiva (Garza);

b) Colaboradores y/o a sabiendas facilitando y suministrando medios e instrumentos: Camilo Pérez Tamayo; Cristián Cancino Carrasco; Andrea Urzúa Cid; Vinicio Aguilera Mery; Diego Morales Muñoz;

c) Suministrando a sabiendas medios e instrumentos, colaborando de manera operativa y colocando artefactos explosivos: Mónica Caballero Sepúlveda (Moniquita); Felipe Guerra Guajardo (Pepa); Francisco Solar Domínguez (Cariñoso); Candelaria Cortes Monroy Infante (Candela); Gustavo Fuentes Aliaga (Grillo);

d) Colaboradores y a sabiendas facilitando y suministrando medios e instrumentos para el fin criminal; además de, directa y por diversos medios, solicitar, recaudar y proveer fondos económicos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de los delitos de colocación de bombas y artefactos explosivos de carácter terrorista: Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge.

7.- Calificación jurídica de los hechos: (todos autores de los delitos en grado consumado)

1) Asociación ilícita terrorista: Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Camilo Pérez Tamayo; Christian Cancino Carrasco; Andrea Urzúa Cid; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz

2) Asociación ilícita terrorista y colocación de artefacto explosivo: Mónica Caballero Sepúlveda; Felipe Guerra Guajardo; Francisco Solar Domínguez (3 colocaciones); Candelaria Cortés Monroy Infante y Gustavo Fuentes Aliaga (2 colocaciones);

3) Asociación ilícita Terrorista solicitud y recaudación de fondos para financiar conductas terroristas: Omar Hermosilla Marín y Carlos Riveros Luttge.

8.- Medios de prueba: Se individualizan 6744 documentos u objetos varios; 794 testigos y 221 peritos. Se informa que se acompaña en sobre cerrado la identificación de los testigos que se encuentran bajo reserva (los N° 131, E.G.G; N° 149, A.R.D.E; N° 278, M.F.F.H.;

N° 279, F.A.V.P.; N° 288, R.J.V.M; N° 455, C.P.V.C y N° 469, J.O.M)

9.- Se solicitó procedimiento simplificado contra Ivan Goldenberg González, por el delito de porte ilegal de arma de fuego, al vender un arma, sin contar con la autorización competente, en la esquina de Mapocho y Matucana, comuna de Santiago, por $30.000.- a Mauricio Morales Duarte.

Por esta causa se acompañaron medios de prueba que justifican la solicitud de sustitución de procedimiento, nómina de testigos y peritos. Asimismo, se solicitó declinatoria de competencia a favor del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por haber ocurrido en su territorio jurisdiccional el principio de ejecución del delito.

4. Acusación particular del Consejo de Defensa del Estado, de XXX

RIT 3418-20067(sic), RUC 0700277303-6

Acusación particular interpuesta contra Francisco Solar Domínguez y Gustavo Fuentes Aliaga.

“(…) Los hechos en que habrían participado los imputados respecto de los cuales esta parte formula acusación particular, son los siguientes:

a) Los imputados Francisco Javier Solar Domínguez y Gustavo Adolfo Fuentes Aliaga participaron en la colocación de un artefacto explosivo que pudo afectar la integridad física de las personas o causar daños, el día 21 de diciembre del año 2006 en las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 244, comuna de Santiago; lo anterior con la finalidad de producir, además, en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.

b) El imputado Francisco Javier Solar Domínguez participó en la colocación de un artefacto explosivo que afectó la integridad física de las personas el día 18 de enero de 2006 en las oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia, ubicadas en calle Tenderini N° 115, comuna de Santiago, causando además daños en la estructura del inmueble y lesiones en un empleado municipal, específicamente en Sergio Águila González, quien resultó con heridas contusas, en pabellón auricular izquierdo y pabellón toráxico abdominal izquierdo de carácter leve; lo anterior con la finalidad de producir, además, en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, causando además, daños a la propiedad fiscal.

(…)

Es por ello que esta parte deduce acusación en contra de los imputados en los siguientes términos:

En contra de Francisco Solar Domínguez, en calidad de autor (…) de dos delitos consumados de colocación de artefactos explosivos (…)

En contra de Gustavo Fuentes Aliaga, en calidad de autor (…) de un delito consumado de colocación de artefactos explosivos (…)”.

Se presentó una nómina de 383 testigos (testigos secretos N° 47 E.G.G.; N° 64 A.R.D.E.; N° 151 M.F.F.H.; N° 152 F.A.V.P.; N° 158 R.J.V.M.; N° 204 C.P.V.C.; N° 212 J.O.M.

Asimismo, una nómina de 221 peritos.

Finalmente, nómina de 874 documentos[12], evidencias u otros medios de prueba.

5. Resoluciones que tienen por formulas acusaciones del Ministerio Público (05/04/11) y del Consejo de Defensa del Estado (15/04/11)

Resolución del Octavo Juzgado de Garantía, que tuvo por formulada acusación en contra de los imputados Pablo Morales Fuhrimann; Rodolfo Retamales Leiva; Omar Hermosilla Marín; Andrea Urzúa Cid; Felipe Guerra Guajardo; Cristián Cancino Carrasco; Carlos Riveros Luttgue; Camilo Pérez Tamayo, Candelaria Cortes Monroy Infante; Francisco Solar Domínguez, Mónica Caballero Sepúlveda; Gustavo Fuentes Aliaga; Vinicio Aguilera Mery y Diego Morales Muñoz.

Asimismo, ordenó crear nuevo RIT y RUC para tramitar petición de procedimiento simplificado contra Iván Goldemberg González.

6. Nómina de fiscales que dirigieron o participaron en las investigaciones

Se acompañaron los siguientes documentos:

a) Res 1599/07, de 23/07/07, que dispone agrupación de investigaciones en Fiscalía Regional Oriente.

Agrupa investigaciones RUC 0600291310-9, 0610011624-1, 0600564725-6, 0600706308-1, 0700127129-0, 0700237782-3, 0700277303-6 y 0700440494-1 de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente; 0700046083-9 de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; RUC 0600045992-3, 0600341329-0, 0600378274-1, 0600383479-2, 0600911741-3 y 0700388706-K de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente “junto a las que actualmente están a cargo del fiscal adjunto don Francisco Jacir Manterola” y que actúa asesorada por la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado “y en especial, por la Subdirección de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado, a cargo de doña Tania Sironvalle Sosa”.

b) Res 1030/08, de 09/05/08, que designa al Fiscal Regional Metropolitano Oriente para dirigir investigaciones.

Designa a Xavier Armendáriz Salamero para dirigir estas investigaciones, quien podrá actuar apoyado por los fiscales Francisco Jacir Manterola (Fiscalía Oriente) y Emiliano Arias Madariaga (Fiscalía Occidente).

c) Res 803/10, de 14/06/10, que designa Fiscal Regional Metropolitano Sur para dirigir investigaciones.

“Que el Sr. Fiscal Regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente desarrolla otras investigaciones de gran complejidad y, sin perjuicio de los avances de las diligencias investigativas desarrolladas hasta el momento sobre estos hechos, se hace necesario efectuar una adecuada distribución de las investigaciones más complejas entre los distintos Fiscales Regionales”, se designa a Alejandro Peña Ceballos, Fiscal Regional Metropolitano Sur, para dirigir las investigaciones, quien “podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe” y se deja sin efecto resoluciones 1030 y 2105.

d) Res. FRMS 68/10, de 18/06/10, asumiendo dirección de investigación.

El Fiscal Regional asume la dirección de la investigación; determina iniciar la investigación con el RUC 1000553676-1, ordena recabar los antecedentes en Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y ambas policías; designa a los fiscales adjuntos Héctor Barros Vásquez, Marcos Emilfork Konow, Francisco Rojas Rubilar y Pablo Sabaj Diez, “(…) para apoyar a este Fiscal Regional en las investigaciones referidas (…), con quien podrán actuar indistintamente en forma conjunta o separada.”, y ordena solicitar apoyo en las distintas unidades de la fiscalía regional, “(…) en especial, de la Sub Unidad de Apoyo Criminalística, de la unidad de Gestión e Informática, la que prestará estos servicios con preferencia a sus demás actividades.”.

d) Res. FRMS 22/11, de 01/03/11, que designa fiscal adjunto para investigar con exclusividad hechos ilícitos que indica

El Fiscal Regional designa a Víctor Núñez Escalona, fiscal adjunto de la Fiscalía Local N° 15, Especializada en delitos violentos, Económicos y funcionarios, “(…) para apoyar a este Fiscal Regional con exclusividad, en las investigaciones referidas (…), con quien podrán actuar indistintamente en forma conjunta o separada”.

Finalmente, sobre la petición del punto 3, informó:

“(…) punto que alude a la concurrencia del Ministro del Interior Sr. Rodrigo Hinzpeter Kirberg a las oficinas de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur para entrevistarse con el entonces Fiscal Regional Sr. Alejandro Peña, cumplo con informarle que los hechos referidos, con el detalle que se describen, son aquellos que el investigador dio por establecidos en mérito de los antecedentes recopilados en la respectiva investigación administrativa, y que este Fiscal Nacional dio por reproducidos en la individualizada resolución, pronunciamiento que no admite ampliación.”.

-N° 15, de 03/07/12, a la Contraloría General de la República.

Un pronunciamiento sobre lo resuelto por el Fiscal Nacional del Ministerio Público en la Res FN/MP N° 581/2012, de 20 de abril último, en cuanto a la imposibilidad de efectuar un reproche administrativo al ex fiscal Alejandro Peña Ceballos.

Lo anterior, teniendo presente que el señor Alejandro Peña Ceballos es actualmente funcionario del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Respuesta pendiente.

-N° 16, de 03/07/12, al Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Se pidió, de los autos RIT 138-2011, RUC 0700277303-6, copia del acta de deliberación de 01 de junio pasado.

Mediante Of. 226-12, de 13/07/12, se remitió copia digital del acta de deliberación, de la sentencia de autos y de los audios de las sesiones.

-N° 17, de 04/07/12, a la Agencia Nacional de Inteligencia.

Se pidió copia de los documentos a que hizo referencia en su declaración ante la Comisión en sesión de fecha 19 de junio pasado, sobre informes que la Agencia Nacional de Inteligencia entregó al Ministerio Público, los días 10 de mayo y 23 de julio, ambos de 2007. Mediante Of. 005/2012 (S), de 05/07/12, se contestó.

En Secretaría de la Comisión.

-N° 24, de 10/07/12, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Se pidieron los siguientes antecedentes:

1.- Copia de los documentos (decretos, programas, etc.), que hayan creado divisiones o unidades en dicho Ministerio una vez entrada en vigencia la ley 20.502.

2.- Copia de los documentos que determinan las competencias, atribuciones y finalidades de los órganos consultados en el punto anterior, y los requisitos, cualidades o antecedentes (perfil del cargo) de quienes debiesen integrar las jefaturas de dichos órganos.

3.- Copia de los decretos de nombramiento de quienes han integrado las jefaturas de los órganos consultados en el punto 1.

4.- Nómina de funcionarios que trabajan en la División de Estudios de dicho ministerio, indicando para cada caso la calidad de funcionario de planta, a contrata y honorarios, y sus remuneraciones. Asimismo, el presupuesto destinado para el pago de los subtítulos 21 y 23 de los mismos.

5.- Currículum vitae del señor Alejandro Peña Ceballos, indicando los cursos de pregrado, postgrado y diplomados que ha cursado y aprobado. En particular, aquellos que digan relación con la materia por la cual fue contratado en dicho ministerio.

Mediante Of. 15364, de 10/09/12, se remitieron los siguientes documentos:

1.- Copia del DFL 1/20502, de 25/03/11, tomado razón el 30/05/11, y publicado el 31/05/11.

Entre otras materias, ordena traspasar funcionarios desde la Subsecretaría de investigaciones a la Subsecretaría del Interior, y crea cargos en las plantas y escalafones de la Subsecretaría del Interior (3 Jefes de división, 9 directivos, y otros).

2.- Copia de un organigrama de la Subsecretaría del Interior. En particular, se configura en 9 divisiones, siendo una de ellas la de Estudios, la que a su vez, se compone por el Departamento de Orden Público, el Departamento de Crimen Organizado, la Unidad de Proyectos y el Área de Sustancias Químicas.

3.- Perfiles de Cargo de Jefe de División de Estudios; Jefe del Departamento de Crimen Organizado; Jefe del Departamento de Orden Público; Jefe del Área de Sustancias Químicas Controladas y Jefe de Unidad de Proyectos.

Para cada uno de ellos, se describe su dependencia, características, cantidad de personas a cargo, subrogancias, clientes internos y externos, objetivo del cargo, funciones, competencias transversales del estamento, requisito de formación educacional y lugar de desempeño.

4.- Copia de Res. 2167, de 01/06/11, que nombra a David Huina Valenzuela como Jefe de División de Investigaciones.

5.- Copia de Res 2178, de 01/06/12, que nombra a Constanza Farías Prieto como Jefe de División de Carabineros.

6.- Copia de DTO 250, de 11/04/11, que contrata a Alejandro Peña Ceballos, para desempeñarse en la Subsecretaría del Interior como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado.

7.- Nómina de 21 personas destinadas a la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.

8.- Currículum vitae de Alejandro Andrés Ricardo Peña Ceballos, abogado (UDP) y Magíster en Administración de Empresas (PUC). Informa antecedentes académicos, laborales, cátedras y capacitación nacional y extranjera.

-N° 25, de 10/07/12, al Ministro Secretario General de Gobierno.

Se informó que las declaraciones del Director de la Agencia Nacional de inteligencia en la Comisión el 19 de junio de 2012, fueron realizadas en sesión pública.

Mediante Of. 600/2, de 11/07/12, el Ministro dio cuenta del error, agradeció la información, ofreció disculpas y rectificó sus declaraciones sobre la materia.

-N° 34, de 31/07/12, a las Cortes de Apelaciones.

Se pidió informar la cantidad de procedimientos especiales de investigación (artículos 24 y 25 de la ley 19.974, sobre sistema de inteligencia del Estado), ingresados anualmente, desde el año 2006 hasta la fecha.

Se recibieron las respuestas de las siguientes Cortes de Apelaciones:

-Arica. Of. 3340, de 07/08/12, informando que no hay ingresos.

-Iquique. Of 136, de 17/08/12, informando que no hay ingresos.

-Antofagasta. Of 2519, de 20/08/12, informando que no hay ingresos.

-Copiapó. Of 742, de 02/08/12, informando que no hay ingresos [13]

-La Serena. Of. 358, de 13/08/12, informando que sólo en 2010 se registra un ingreso.

-Valparaíso. Of. 5263, de 09/08/12, informando lo siguiente. 2006: 3; 2007: 1; 2008: 5; 2009: 5; 2010: 12; 2011: 10; 2012: 16.

-Santiago. Of 5176, de 16/08/12, informando únicamente que en 2012 la Policía de Investigaciones ha solicitado 79 autorizaciones.[14]

-San Miguel. Of 1122, de 06/08/12, informando que se han solicitado las siguientes intervenciones telefónicas por la Policía de Investigaciones: 2010: 3; 2011: 19; 2012: 7.

-Rancagua. Of. 768, de 30/08/12, sólo se ha efectuado una solicitud.[15]

-Talca. Of 1210, de 10/08/12, informando que no hay ingresos.[16]

-Chillán. Of 135, de 07/08/12, informando que no hay ingresos.

-Valdivia. Of. 1512, de 03/08/12, informando que se han solicitado las siguientes solicitudes por la Policía de Investigaciones: 2008: 3; 2009: 5; 2010: 8; 2011: 10, y 2012: 12.

-Coyhaique. Of 593, de 02/08/12, informando que no hay ingresos.

-Punta Arenas. Of. 1840, de 08/08/12, informando que no hay ingresos.

-Puerto Montt. Of. 223, de 09/11/12, informando que no hay ingresos.

Pendientes las respuestas de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Temuco.

-N° 43, de 08/08/12, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Se pidió, relativo al “sistema de gestión documental” de la Subsecretaría del Interior:

1.- Los registros de los últimos 50 decretos de nombramiento de personal “a contrata”, y

2.- Los registros de todos los decretos de nombramiento de los funcionarios que han ingresado a trabajar en la División de Estudios, dirigida por Alejandro Peña Ceballos.

Respuesta pendiente.

-N° 44, de 08/08/12, al Ministerio Público.

Se pidieron los siguientes antecedentes:

1.- Informe el número de investigaciones asignadas a Alejandro Peña Ceballos, indicando el resultado obtenido en las mismas (sentencia definitiva condenatoria, absolutoria, sobreseimiento, archivo, etc.).

2.- Informe todos los RUC de investigaciones seguidas en contra de los imputados del denominado “caso bombas”, ya sea en dicha investigación o en otra, en las que se hubiese solicitado la medida de interceptación de comunicaciones telefónicas, y el resultado de dicha solicitud.

3.- Copia de la carpeta de investigación del RUC 0810015692-0, sobre violación de secreto, seguido ante la Fiscalía Local de La Florida.

4.- Copia del sumario administrativo seguido en contra del señor Alejandro Peña Ceballos por prácticas antisindicales, y del seguido en contra del señor Pedro Orthusteguy por el denominado “caso de las corbatas”.

Mediante Of. 558/12, de 11/09/12, se remitieron los siguientes documentos:

1. Nómina de causas en las que el ex fiscal Alejandro Peña Ceballos estuvo a cargo de la investigación:

2. Nómina de causas en las que el ex fiscal Alejandro Peña Ceballos se registró como fiscal asignado.

3. Nómina de RUC asociados a los imputados del denominado “Caso bombas”. Asimismo, en cuales se solicitó y se concedió la medida de interceptación de comunicaciones telefónicas.

Contra todos, se solicitaron y concedieron en RUCs 0700277303-6 y 10000636602-9. En contra de Gustavo Fuentes Aliaga, además, en RUC 1000757312-5.

1. Copia digital de la carpeta de investigación administrativa contra Pedro Orthusteguy por el denominado “caso de las corbatas”.

2. Copia de carta de Alejandro Peña Ceballos, de 03/09/12, dirigida a Fiscalía Nacional, manifestando su oposición a la entrega de copia del sumario administrativo seguido en su contra, relativo a prácticas antisindicales.

Ello, por estimar que su publicidad, comunicación o conocimiento afectan sus derechos como persona, particularmente se seguridad individual y la de su familia, honra, dignidad y esfera de su vida privada.

Lo anterior, pues constan en dicho sumario antecedentes personales que eventualmente lo pondrían en riesgo o peligro; o expondrían a su cónyuge e hijas “a mayor denostamiento de la que hasta ahora he sido objeto y que son de público conocimiento (…).

La esfera de mi vida privada se verá afectada ya que su divulgación, en especial al tiempo transcurrido de ocurrencia de los hechos, dará lugar a cuestionamientos acerca de mi idoneidad profesional y personal, sin poder ejercer adecuadamente un derecho a defensa, afectándose además a diversos testigos y fiscales que desvirtuaban las imputaciones.”

Estima que la publicidad de tales antecedentes en una nueva sanción por los mismos hechos.

Finalmente, señala “(…) el requerimiento de acceder a copias del aludido sumario interno excede con amplitud el mandato para la que fue constituida (esta Comisión investigadora de la Cámara de Diputados) ni puede ésta avocarse, de manera alguna, a revisar el ejercicio de facultades privativas del Fiscal Nacional como jefe superior del Ministerio Público, ni el contenido o fundamento de sus actuaciones (…) En conclusión le está vedado a otro órgano del Estado revisar la ocurrencia de dichas circunstancias (internas del Ministerio Público) a pretexto de fiscalizar actos de gobierno o incluso el juicio político.”.

1. Copia de Res FN 1300/08, de 13/06/08, Resuelve Investigación administrativa FN/MP N° 819/2008, de la Fiscalía Nacional.

Refiere investigación administrativa a cargo de la Fiscal Regional Metropolitana Occidente, Solange Huerta, para esclarecer la responsabilidad que pudiera corresponder al Fiscal Regional Metropolitano Sur en los hechos.

Se inició mediante Res FN/MP 819/2008, de 08 de abril de 2008

El defensor del Fiscal Regional fue el abogado Juan Pablo Hermosilla.

1.- Denuncia de la fiscal Ana Quintana Olguín. En reunión celebrada el 06 de febrero de 2008 con el Fiscal Regional para discutir la tramitación de la investigación RUC 0700809440-8, este le habría señalado que era la peor fiscal que él había visto, que por su culpa le quitaría la especialidad en delitos sexuales a la Fiscalía dirigida por el fiscal adjunto Jefe Pedro Orthusteguy y que, posteriormente, este habría levantado la mano en un ademán de agresión que no concretó, tomando una carpeta y golpeándola fuertemente en la sala de reuniones.

Al respecto, quedó establecido que el Fiscal Regional reprendió a la fiscal Quintana, en un tono fuerte y con ciertas expresiones que provocaron fuerte afectación en la última. “No obstante, tales hechos, en consideración al marco en que se producen, se encuentran en un límite difuso, que, en concepto de la investigadora, no alcanzan a encuadrar en una falta administrativa grave (…) no se acreditó un ademán de agresión por parte del Investigado, existiendo solo las versiones contradictorias de la Fiscal denunciante (,,,)” y del investigado.

Por lo anterior no se formularon cargos.

En su decisión, el Fiscal Nacional señaló que “(…) la facultad y el deber de los fiscales regionales de representar los errores que sus fiscales adjuntos cometan en la tramitación de sus causas jamás ha estado en cuestionamiento en la presente investigación y no fie ese el motivo por el cual el suscrito ordenara su incoación, sino el supuesto intento de agresión física imputado, cuestión que excede el poder-deber de representación de un fiscal regional, pero que no quedó acreditado en autos”.

2.- Denuncia de la Presidenta y la Secretaria de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

a) En octubre de 2007, y luego de una publicación en “El Mostrador”, el Fiscal Regional habría enviado nómina de integrantes de la Asociación a los fiscales jefes y a los fiscales jefes de unidades administrativas, solicitando explícitamente a cada uno de ellos colaborar en la desarticulación de dicha Asociación, mediante la desafiliación de sus miembros;

b) Negativa a recibir a la Directiva de la Asociación, desde su constitución (marzo de 2007);

c) Cambio de funciones laborales para los integrantes de la Directiva de la Asociación, sin consentimiento del respectivo funcionario y sin firma por escrito del referido cambio, y

d) Realización de investigación administrativa contra la Presidenta de la Asociación, solicitada por el fiscal jefe de Robos, Jorge Valladares, por el uso de un vale de radio taxi y por no dar aviso de uso de una hora gremial.

Por estos hechos, se formularon los siguientes cargos en contra del Fiscal Regional:

a) Realizar conductas desleales o antisindicales por no haber recibido a la Directiva de la Asociación;

b) Realizar conductas desleales y/o antisindicales, respecto de los funcionarios integrantes de la Asociación, para obtener su desafiliación;

c) La obtención de desafiliaciones en el período de 05 al 16 de octubre de 2007, y

d) Ejecutar tales acciones con el propósito de que la Asociación perdiera su quórum de funcionamiento.

La defensa solicitó la absolución de todos los cargos. En general, por estimar que eran poco precisos; que “(…) no se indica los medios probatorios que obran respecto de cada uno de los cargos, dejando a esa parte en una suerte de indefensión, preguntándose si “¿Sería ajustado a derecho formalizar a un sujeto sin precisar exactamente en qué hechos precisos se funda?”, y que la denuncia de prácticas antisindicales carecía de seriedad.

En relación al primer cargo, solicitó su rechazo pues la reunión solicitada era para conocer las razones de una no renovación de contrato. Por estimar que no convenía generar el precedente que se podían discutir las decisiones privativas del Fiscal Regional, estimó oportuno delegar la reunión en Sylvia Arancibia y Hamilton Vega.

En relación al segundo, señaló que la renuncia masiva se produce por descontento de los afiliados por la publicación en “El Mostrador”, y otros acontecimientos relacionados a la gestión de la Asociación.

Sobre los cargos tercero y cuarto, señaló que “(…) malamente puede haber una intención de que la Asociación perdiera su quórum de funcionamiento, considerando que ese hecho no ha ocurrido, las mismas denunciantes reconocen que han recibido las facilidades por parte de la Fiscalía Regional, para llevar a cabo los planes y objetivos trazados y, finalmente, la política de ascensos de dicha Fiscalía Regional ha favorecido a funcionarios asociados, en un porcentaje que representa más del 60% del total de ascensos.”.

La Fiscal Investigadora concluyó que la prueba rendida no era suficiente para acreditar el primer cargo, y que al Fiscal Regional Metropolitano Sur le cabía responsabilidad en los cargos segundo, tercero y cuarto, proponiendo al efecto la sanción de Censura por Escrito..

El Fiscal Nacional compartió tales conclusiones y propuestas, haciendo presente sobre la falta de seriedad en las denuncias, que ellas cumplían los requisitos de verosimilitud para iniciarse, pues se solicitó una investigación por eventual responsabilidad administrativa de ciertas personas, por hechos que eran de su conocimiento y acompañando antecedentes en apoyo de su presentación, “Sobre la base de los antecedentes presentados y, en aras de velar permanentemente por la transparencia y la probidad al interior del Ministerio Público, es que este Fiscal Nacional determinó la necesidad de una investigación administrativa que aclarara las eventuales responsabilidades.”.

Asimismo, sobre la vulneración al derecho a defensa, el Fiscal Nacional estimó que ello no ocurrió en esta investigación “El adecuado derecho a defensa se realizará siempre en base a una acertada descripción de los hechos (…) (sobre si) ¿Sería ajustado a derecho formalizar a un sujeto sin precisar exactamente en qué hechos precisos se funda? La clara respuesta es no, no lo sería, y no ha ocurrido en autos porque la descripción fáctica de las conductas imputadas, más la disponibilidad plena de todos los antecedentes de la investigación han permitido el ejercicio cabal de esta garantía”.

1. Copia “Informe de la Sra. Fiscal Regional investigadora al Sr. Fiscal Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público”, de 10/06/08.

Informa competencia investigativa asignada, pruebas tenidas a la vista, con extractos de las declaraciones otorgadas durante la investigación, correos electrónicos, resoluciones, notas de prensa u otros documentos, los cargos formulados, descargos, ponderación de las pruebas, conclusiones y propuestas (se desarrolla de modo más lato en numeral anterior).

-48, de 08/08/12, a S.E. el Presidente de la República

Se hizo presente haber tomado conocimiento, que en una reunión celebrada en Colombia entre Mario Iguarán Arana, a la fecha Fiscal General de Colombia, y diversos fiscales del Ministerio Público de Chile, entre ellos Alejandro Peña Ceballos y Juan Pablo Buono Cuore, el primero de estos últimos se habría referido en términos lesivos hacia los pueblos indígenas de América.

Ello habría provocado una reacción de molestia por parte del Fiscal General, toda vez que él mismo es descendiente de indígenas.

En tal sentido, junto con solicitar la confirmación de tal situación al señor Mario Iguarán, se estimó oportuno hacer presente que encomendar al señor Peña Ceballos coordinar las estrategias investigativas y judiciales en la IX región, de la Araucanía, relativas a la problemática mapuche, puede resultar perjudicial para lograr el clima de entendimiento entre los diversos interesados.

Respuesta pendiente.

-49, de 08/08/12, a Mario Iguarán.

Se consultó efectividad de declaraciones efectuadas por Alejandro Peña, en reunión sostenida en Colombia, relativas al comportamiento de los indígenas americanos.

Respuesta pendiente.

-50, de 14/08/12, al Ministerio Público.

Se pidió que manifestase públicas disculpas por las declaraciones emitidas por el entonces fiscal Alejandro Peña Ceballos sobre el comportamiento de los indígenas americanos, toda vez que las mismas se efectuaron mientras era integrante del Ministerio Público. Respuesta pendiente.

-51, de 14/08/12, a CNN Chile.

Se pidió copia de las notas de prensa realizadas por ese canal de televisión sobre las declaraciones de Alejandro Peña Ceballos, en Colombia, relativas a los indígenas de América.

Respuesta pendiente.

-o-

Asimismo, los invitados a las sesiones de Comisión dejaron los siguientes documentos para su conocimiento.

I. Fiscal Nacional del Ministerio Público

1. Res 2105/08, de 17/09/08, que deja sin efecto resolución 1294.

Por las diligencias desarrolladas y la ocurrencia de nuevos hechos, se hace necesario centralizar la conducción de las investigaciones, se deja sin efecto resolución 1294 y el fiscal a cargo “podrá actuar apoyado por los fiscales adjuntos que designe, sin perjuicio de actuar desde ya con los fiscales adjuntos Sres. Rodrigo Lazo Parada y Francisco Jacir Manterola quienes podrán actuar en todo el territorio de la Región Metropolitana”.

2. Res 581/12, de 20/04/12, que resuelve investigación administrativa originada en denuncia de diversos diputados en contra del Fiscal Regional Marcos Emilfork Konow y los Fiscales Adjuntos Pablo Sabaj Diez, Francisco Rojas Rubilar, y Víctor Núñez Escalona

Se denunció una serie de irregularidades e infracciones administrativas y legales en el proceso de investigación, destinadas a producir, reunir y presentar prueba contra los imputados, la que se produjo, obtuvo y presentó al margen de la ley.

1.- Sobre la decisión de solicitar las respectivas órdenes de detención y la calificación jurídica de los hechos que las sustentan, no hay falta administrativa al ser ejercicio de una facultad constitucional.

2.- Sobre ilegalidad de pruebas obtenidas, ello es cuestión a discutir en la audiencia preparatoria del juicio oral.

3.- Sobre ampliación de plazo de detención, ello es ejercicio de facultad legal sujeta a control jurisdiccional.

4.- Sobre consumo de alcohol en la madrugada del 18 de agosto de 2010, luego de la audiencia de formalización, sin perjuicio de no haberse acreditado, no corresponde realizar tales actividades en dependencias públicas, por comprometer gravemente la imagen institucional. En todo caso, de existir falta, sería atribuible únicamente al ex fiscal Alejandro Peña.

5.- Que si bien el Ministro del Interior se entrevistó con el ex fiscal Alejandro Pena en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, al menos en dos ocasiones, sin compañía de abogados, “no se trata de un asunto ilegal o sancionable administrativamente, ya que se sitúa dentro de las actuaciones que establece el propio CPP respecto del querellante”.

6.- “Que desde la perspectiva objetiva, cualquier observador externo, y especialmente algún abogado defensor, podría plantear razonablemente que el Sr. Alejandro Peña tomó importantes decisiones en la causa RUC 0700277303-6, tales como presentar la acusación y definir las penas solicitadas, mientras mantenía conversaciones con el Subsecretario del Interior para pasar a formar parte de ese Ministerio (…) Por lo tanto, es razonable suponer que mientras estaba en funciones como Fiscal Regional y a cargo de la causa RUC 0700277303-6, debió conversar acerca de sus futuras funciones, condiciones laborales y remuneración. El hecho de que un Fiscal Regional o Adjunto mantenga conversaciones con un querellante para pasar a trabajar bajo su dependencia, manteniendo una causa vigente a su respecto, compromete la objetividad de ese investigador. A su turno, el hecho de que un Fiscal Regional mantenga conversaciones sobre condiciones laborales con el querellante Ministerio del Interior, mientras es titular de una causa vigente en que es interviniente ese mismo Ministerio, no solo compromete la objetividad de ese investigador, sino que también la autonomía constitucional del Ministerio Público, ya que objetivamente existen razones para cuestionar la incidencia de ese Ministerio en las decisiones del Fiscal Regional”. Tales hechos constituirían una infracción al principio de probidad administrativa.

7.- “Que los eventuales defectos o errores de una acusación del Ministerio Público son materias que deben ser discutidas y analizadas en la audiencia de preparación del juicio oral y ante el Juez de Garantía. (En tal sentido) la sanción esperable para la Fiscalía tras la presentación de una acusación defectuosa es la exclusión de prueba por parte del Juez de Garantía, con lo cual se satisface un nivel de control mayor al meramente administrativo o disciplinario”.

Por todo ello, el Fiscal Nacional resolvió:

1) tener por no acreditadas las denuncias interpuestas;

2) que cualquier reproche al ex fiscal Alejandro Peña requiere que a la fecha de inicio de la investigación administrativa, este haya sido funcionario de la Institución, y

3) que la Unidad de Asesoría Jurídica estudie la factibilidad de a) normar reglamentariamente las inhabilidades éticas que existen al momento de presentar la renuncia al cargo de Fiscal Regional o Adjunto; b) solicitar una modificación a la ley orgánica de la Institución en igual sentido, y c) prohibir expresamente el consumo de alcohol en las dependencia institucionales.

3. Correo electrónico de 28/10/10, Sobre oficios de investigación patrimonial en caso bombas

Comunicación de Tania Sironvalle Sosa a Francisco Rojas Rubilar, Marcos Emilfork Konow, Pablo Sabaj Diez, Héctor Barros Vásquez, Alejandro Peña Ceballos, Mauricio Fernández Montalbán y Verónica Hernández Ruiz, sobre propuesta de oficios para requerir información patrimonial respecto de los imputados formalizados, con propuestas de manejo interno de dicha información y la recomendación de “(generar) un RUC distinto de la causa formalizada, para que esta línea investigativa no sea conocida de las defensas aún. Recomiendo que dicho RUC lo generen por los delitos de financiamiento del terrorismo (artículo 8 de la ley 18314) y lavado de dinero (artículo 27 de la ley 19.913). Este último tipo penal les permite proteger su nueva causa con un secreto reforzado y, eventualmente, si fuera necesario utilizar cualquiera de las técnicas especiales de investigación autorizadas para este tipo penal.”

II. Asociación Nacional de Fiscales

Informe, de 03/07/12, sobre experiencia en el denominado “Caso Bombas”, y deficiencias del sistema que inciden en el Ministerio Público.

Se enuncian diversos aspectos que incidirían en la labor investigativa.

Así: 1) plazo de acusación y de interposición de recurso de nulidad; 2) impugnación a la resolución que excluye prueba; 3) impugnación de la resolución que niega aumento en el plazo de investigación; 4) carencia de equipos para investigar casos complejos; 5) sobre independencia para investigar.

III. Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur

1. Minuta cronológica sobre las prácticas antisindicales en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, de 06/08/12

1.- La Affremsur se constituyó el 26 de marzo de 2007, cuya directiva fue integrada por Paulina Ruiz Tapia (Presidenta), César Soto Torres (Secretario), y Jorge Zúñiga Araya.

2.- Se indica que el día de la constitución comenzaron las prácticas antisindicales.

3.- Se denunció el hecho al Fiscal Nacional el 11 de abril de 2008, quien designó a la Fiscal Regional Occidente, Solange Huerta, para instruir una investigación administrativa (IA N° 819/2008).

4.- La Fiscal Instructora ratificó denuncias, y el Fiscal Nacional propone sanción de amonestación escrita al entonces Fiscal Regional Alejandro Peña, la que se concreta el 17 de junio de 2008.

5.- El Fiscal Nacional declaró reservada la carpeta de investigación administrativa (FN/ 1367/2008).

6.- El 30 de junio de 2008, se expuso en la prensa que César Soto Torres tenía vínculos con el narcotráfico. Se iniciaron indagatorias administrativas y penales en su contra.

El 17 de julio, solicitaron al Fiscal Nacional se instruyera investigación administrativa o penal por publicitarse la investigación contra César Soto, la cual no fue acogida.

7.- La Fiscal instructora contra César Soto, Daniela Palma, señaló que la prueba material en su contra, una grabación entre Soto y Ariel Marín (abogado) “(…) por economía se había tenido que borrar para reutilizar el material que se había grabado la misma (sic)”. Ariel Marín declaró a fojas 110, 111 y 112 que no hay vínculo de amistad ni algún otro con Soto.

Finalmente, se dificultó la entrega de copias de la indagatoria para realizar descargos.

8.- El 13 de agosto, se interpuso querella ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, por delito de violación de secreto en investigación seguida contra César Soto. No es claro su resultado, pues se indica que de la misma no se dio curso.

9.- El 23 de septiembre de 2008, el Fiscal Nacional ratifica remoción de César Soto a causa de pérdida de confianza.

10.- El 20 de octubre de 2008, se interpuso reclamo por prácticas antisindicales ante la Organización Internacional del Trabajo.

11.- El 31 de mayo de 2012, la investigación penal contra César Soto se archivó.

Escrito

17/07/08 Solicitud de investigación administrativa y/o penal

1.- Se solicitó al Fiscal Nacional investigar administrativa o penalmente, circunstancia y forma en que trascendió a los medios de prensa la investigación administrativa FN 819/08, emitida por El Mercurio el 12 de mayo de 2008. El redactor, Pedro Lezaeta, indicó tener acceso a la indagatoria.

Ello, considerando que la misma era reservada. Se señaló que la única parte que tuvo acceso a la misma fueron el Fiscal Regional Alejandro Peña y su abogado Juan Pablo Hermosilla con quien se encontraba realizando sus descargos.

2.- Asimismo, investigar forma y circunstancias en que el diario La Segunda tuvo acceso a la investigación administrativa seguida contra César Soto por vínculos con Ariel Marín, antes de que el funcionario fuera notificado.

Lo anterior, atendido que la conversación que originó la investigación se obtuvo en una investigación reservada, por delito de tráfico de drogas.

3.- Finalmente, se señaló que la Fiscalía Regional Sur “ha tenido una política comunicacional abiertamente expuesta, que en más de una oportunidad traspasa los límites y da pie para revelar declaraciones de imputados o investigados, escuchas telefónicas, evidencias o diligencias en curso (…) Comprendemos la necesidad de transparentar en la prensa las actuaciones que realiza el Ministerio Público, especialmente en algunas causas de connotación pública, pero dicha práctica no puede constituir una violación a la ley, a los reglamentos del Ministerio público, a los derechos de las víctimas e imputados, así mucho menos deben ser utilizados para beneficio personal de quienes las emiten.”

2. Acta de constitución de asociación de funcionarios, de 26/03/07.

Ante la Ministro de Fe de la Inspección del Trabajo María Cristina Soto Vásquez, se reunieron 43 funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, quienes unánimemente acordaron constituir la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Se aprobaron sus estatutos por mayoría, y se eligió como directiva a Paulina Ruiz Tapia (Presidenta), César Soto Torres (Secretario) y Jorge Zúñiga Araya (Tesorero).

3. Querella por delito de violación de secreto de la investigación, de 13/08/08

En contra de todos quienes resulten responsables de participar en el delito de violación de secreto de la investigación y de la identidad de las personas.

Lo anterior, por cuanto el 27 de junio de 2008, el abogado Hernando Ariel Marín Cáceres declaró en la investigación RUC 0700500869-1, por asociación ilícita para el tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de dinero, “(en la que) habría señalado diversas situaciones que involucraban a funcionarios de distintas instituciones estatales, entre ellos al funcionario Sr. César Manuel Soto Torres (…) con quien supuestamente el abogado Sr. Marín habría tenido vínculos de distinta índole.

Entre la fecha señalada y el 30 de junio, una persona indeterminada (…) reveló informaciones secretas que habría proporcionado el citado Marín (…) dando a conocer a diversos medios de comunicación, fragmentos detallados de (tal) declaración (…) Es decir, uno de los Fiscales, o bien uno de los funcionarios del Ministerio Público que participó en dicha diligencia o terceros que tuvieron acceso a la misma, informaron a los medios de prensa, en particular al Diario La Segunda, quien en su edición correspondiente al día lunes 30 de junio de 2008, y en forma casi simultánea a la notificación de investigación administrativa efectuada al funcionario Soto Torres, publicó detalles pormenorizados tanto del contexto de la declaración, como de los partícipes y contenido de la misma.”.

4. Nota de prensa, de 17/06/08, “sancionan a fiscal Alejandro Peña por prácticas anti-sindicales”

Artículo de www.latercera.cl que publicita sanción por prácticas antisindicales investigadas por Solange Huerta por hechos ocurridos entre el 4 y 5 de octubre (haber favorecido y ejecutado la desafiliación de funcionarios de la Asociación de Funcionarios y realizar acciones tendientes para que no alcanzaran el quórum necesario.

Asimismo, que se le absolvió por denuncia efectuada por la fiscal Ana Quintana por hecho acontecido en reunión de trabajo, y por no haber recibido a la directiva de la Asociación de Funcionarios.

5. Nota de prensa, de 30/06/08, “Fiscal Peña suspendió a funcionario por presunto nexo con los “Car’e jarro”

Artículo de www.cooperativa.cl que publicita suspensión por 10 días de César Soto, decretada por el Fiscal Regional Alejandro Peña, luego de que apareciera en una escucha telefónica enmarcada en la investigación a la banda de narcotraficantes conocida como “Los Cavieres” o los “Car’e jarro”.

La grabación registra una conversación que sostuvo con José Urzúa, alias “Pepe Show”, uno de los integrantes del grupo delictual, entregándole información sobre un operativo en contra de Rosana Lavín, esposa de Héctor Morales, proveedor de drogas de “Los Cavieres”.

Asimismo, que se designaron ministros en visita para indagar posible vinculación de funcionarios judiciales con “Los Cavieres”, y que Carabineros investiga vinculación de un comandante institucional con tal banda.

6. Nota de prensa de 30/06/08, “Detectan vínculo narco en Fiscalía Sur”

Portada y artículo de diario La Segunda, informando suspensión decretada por el Fiscal Regional Alejandro Peña en contra de un funcionario de la Fiscalía Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Metropolitana Sur, por su presunta vinculación con Ariel Marín, abogado de los “Car’e Jarro”.

Se indicó que el funcionario es del estamento técnico, de los llamados gestores de causas y realiza una labor similar a la que hacían los actuarios del antiguo sistema “Es decir, administrar y mantener al día los procesos”.

“De acuerdo a declaraciones de Ariel Marín, la información que solicitó a este empleado tenía relación con la teoría que estaba desarrollando el fiscal para esa causa en especial.

El administrativo buscó la minuta de la audiencia – que se realizaría al día siguiente- y tras leerla, se percató que el fiscal solicitaría prisión preventiva.

El adelantar la estrategia fue considerada una “falta grave” por Héctor Barros, jefe de la fiscalía Antinarcóticos y Crimen Organizado de la zona Metropolitana Sur. El elaboró el informe tras el cual el fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, ordenó la suspensión del técnico y la investigación interna (…)

El funcionario de la Fiscalía es una muestra más de los tentáculos que lograron desarrollar Iván Alejandro Cavieres y su banda. Vínculos que incluían a dos carabineros de Cartagena, un gendarme dado de baja el fin de semana y dos funcionarios de tribunales de garantía (…).

En las próximas semanas será formalizado por el delito de cohecho el ahora ex gendarme Marcelino Román Díaz (…)”.

7. Queja contra el Estado de Chile, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ante la Oficina Internacional del Trabajo, de 20/10/08

Se denunció acciones del fiscal Alejandro Peña destinadas a impedir y obstaculizar la constitución legal de asociación de funcionarios.

1.- Así, actuaciones de Rodrigo Capelli, jefe subrogante de Recursos Humanos de la Fiscalía Regional Sur, y Leandro Fontealba, Jefe de Gabinete del Fiscal Regional, manifestando ilegalidad en la constitución de la asociación.

Asimismo, actuación de las fiscales Daniela Palma, Sandra Reveco y del jefe de gabinete Leandro Fontealba para que se les entregase nómina de integrantes de la asociación.

2.- Reunión del Fiscal Regional con directiva de la Asociación, en la que señaló que esta podía ser considerada ilegal en una institución como la Fiscalía y que se debía evitar la incorporación a ANEF o CUT.

3.- Hostigamiento a director César Soto por parte de Héctor Barros, acusándolo de falta de lealtad por ocupar parte de su horario de trabajo en labores gremiales.

4.- No respuesta del Fiscal Regional o Jefes de la Fiscalía a peticiones de audiencia por parte de la Asociación.

5.- Orden del Fiscal Regional a jefaturas y fiscales jefes, mediante correo electrónico, para que sus subalternos renunciaran a la Asociación. 23 de ellas se desafiliaron, utilizando un mismo tipo de comunicación. Una investigación ordenada por el Fiscal Nacional comprobó tal intervención.

6.- Reunión con Sylvia Arancibia y Hamilton Vega, Jefa de Recursos Humanos y Director Ejecutivo Regional subrogante, donde se produjo incidente con documentos y al momento de término de la reunión.

7.- Se denuncian irregularidades en investigación sumaria contra la Presidenta de la Asociación, Paulina Ruiz, por irregularidad en uso de permisos sindicales

8.- Desconocimiento de las razones de despido de 8 funcionarios en diciembre de 2007, 7 de los cuales integraban la Asociación.

9.- La realización de sumarios entre enero y junio de 2008, contra afiliados de la asociación, orientados a aclarar irregularidades administrativas y de gestión. “(…) estos hechos fueron investigados con el fin de sancionar a empleados afiliados a la Asociación de Funcionarios y librar de responsabilidad a las autoridades regionales responsables de dichas faltas.”.

10.- Realización de sumario en febrero de 2008, por pérdida de dinero desde la Custodia de la Fiscalía, contra Luís Pérez, Matías Anguita y Chris Caballero.

“(…) A pesar de que el reglamento del Ministerio Público señala que la única persona responsable por el manejo de dineros dentro de una fiscalía es la Administradora que en ese momento era doña Gisella Swarter, nada se acciona en su contra y en cambio el sumario se dirige exclusivamente en contra de los funcionarios subalternos, todos casualmente socios de nuestra organización.

(…) dos días antes de la aplicación de la sanción que destituyó a Luís Pérez y Matías Anguita, la funcionaria Chriss Caballero, implicada en la misma indagatoria, renunció a la Asociación de Funcionarios, y con ello, consiguió una rebaja en sus cargos y sólo fue amonestada verbalmente, lo que le permitió conservar su empleo. Los otros dos socios, uno de ellos un activo y destacado afiliado de nuestra asociación, pese a encontrarse en la misma situación procesal no tuvieron tal suerte y fueron destituidos (…)”.

11.- Vinculación de César Soto, ex secretario de la Asociación de Funcionarios, con la banda de “Los Cavieres”. Lo anterior, al hacerse pública una interceptación telefónica donde conversaba con Ariel Marín, a propósito de una causa de microtráfico. Se señala que no se pudo acceder a tal grabación y que la investigación penal fue desechada.

“Situación que lleva a pensar a la Asociación (…), que las personas sumariadas no contaron con un debido proceso y que esto se relaciona directamente con su calidad de afiliados a la agrupación sindical.”.

12.- Sumario por prácticas antisindicales contra Alejandro Peña. Se indica que la investigación concluyó en que existían prácticas antisindicales, pero que no se contempló reparación del daño causado a la Asociación.

Asimismo, que la Asociación no tuvo acceso a la investigación, cuestión que sí tuvo Alejandro Peña, quien destituyó a Pedro Orthusteguy por haber declarado en su contra.

13.- Cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Trabajo que se declaran incompetentes para conocer de materias laborales ocurrentes al interior del Ministerio Público. Por ello, deciden interponer esta denuncia.

IV. Marcelo Daza

1. Copia de cuatro correos electrónicos tenidos a la vista durante el juicio oral.

El primero indica ser escrito por Carlos Riveros Luttgue a Mateo Di Rossi.

El segundo, de Mateo Di Rossi a Carlos Riveros Luttgue.

El tercero, de Mateo Di Rossi a Carlos Riveros Luttgue.

El cuarto, con descripción de detalles de correo, de Mateo De Rossi a “gabi gabi”.

2. Respuesta del Subsecretario del Interior a la solicitud de acceso a la información N° AB001C 0000406, realizada por Valentina Horvath Gutiérrez, y AB001C 0000407, realizada por Mauricio Daza Carrasco (ORDs 10101/2, de 22/06/12).[17]

1.- En ambos, se solicitó:

“1. Copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional, rhinzpeter@interior.gov.cl, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, y que tengan como destinatario o remitente, según sea el caso, al señor Alejandro Peña Ceballos, y cuyo contenido diga relación con causas criminales seguidas en la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público;

2. Copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional, rhinzpeter@interior.gov.cl, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, y que tengan como destinatario o remitente, según sea el caso, al señor Alejandro Peña Ceballos, y cuyo contenido diga relación con ofertas, condiciones de contratación, redacción y suscripción de contratos del Ministerio del Interior o alguna otra repartición pública, todo ello vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

3. Copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional, rhinzpeter@interior.gov.cl, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, y que tengan como destinatario o remitente, según sea el caso, al señor Rodrigo Ubilla Mackenney, y cuyo contenido diga relación con causas criminales seguidas en la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público;

4. Copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional, rhinzpeter@interior.gov.cl, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, y que tengan como destinatario o remitente, según sea el caso, al señor Rodrigo Ubilla Mackenney, y cuyo contenido diga relación con ofertas, condiciones de contratación, redacción y suscripción de contratos del Ministerio del Interior o alguna otra repartición pública, todo ello vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

5. Copia de oficios, notas y/o cualquier documento que en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya enviado al señor Alejandro Peña Ceballos o haya recibido de aquel como Fiscal Metropolitano Sur del Ministerio Público, entre el 11 de marzo de 2010 y el 10 de abril de 2011, y cuyo contenido diga relación con causas criminales seguidas en la fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público;

6. Copia de oficios, notas y /o cualquier documento que en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya enviado al señor Alejandro Peña Ceballos o haya recibido aquel como Fiscal Metropolitano Sur del Ministerio Público, entre el 11 de marzo de 2010 y el 10 de abril de 2011, y cuyo contenido diga relación con ofertas y/o condiciones de contratación, del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 7. Copia de oficios, notas y/o cualquier documento que en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya enviado al señor Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla Mackenney, entre el 11 de marzo de 2010 y el 10 de abril de 2011, y cuyo contenido diga relación con causas criminales seguidas en la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público;

8. Copia de oficios, notas y/o cualquier documento escrito que en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya enviado al señor Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla Mackenney, entre el 11 de marzo de 2010 y el 10 de abril de 2011, y cuyo contenido diga relación con ofertas y/o condiciones de contratación, del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

9. Copia de actos administrativos, oficios y/o cualquier documento escrito que en su calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya redactado y/o suscrito y que digan relación con la contratación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o alguna otra repartición pública;

10. Copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional rhinpeter@interior.gov.cl, entre el 11 de marzo de 2010 y esta fecha, cuyo contenido diga relación con las funciones o labores que realiza el señor Alejandro Peña Ceballos para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (…)”.

2.- Se accedió a lo solicitado en el numeral 9.

3.- En relación a los numerales 6, 7 y 8, se informó que “(…) no existen documentos ni antecedentes que reúnan las características señaladas.”.

4.- En relación a los numerales 1, 2, 3, 4 y 10, “(…) esta Secretaría de Estado debe negar lugar a su entrega (por lo siguiente):

(…) no puede pretenderse que la ley 20.285 consagre un derecho absoluto de acceso a cualquier tipo de información, toda vez que ello no se condice con las finalidades de la norma, con la promoción de ciertos bienes públicos constitucionalmente reconocidos, ni tampoco con la vigencia, respeto y promoción de derechos fundamentales que habitualmente se encuentran en juego ante la solicitud de divulgación de informaciones.

Tanto es así, que la Constitución Política y la ley 20.285, reconocieron a “los derechos de las personas”, a la “seguridad de la Nación”, al “interés nacional” y “al debido cumplimiento de las funciones” de los órganos del Estado, como límites a la transparencia (…)

En virtud de lo señalado, resulta procedente no acceder, respecto de los aludidos numerales de su solicitud, pues lo contrario importaría vulnerar otros derechos fundamentales y bienes involucrados, específicamente, aquellos protegidos por el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia (…)

En lo particular, otorgar acceso a la presente solicitud en el aspecto mencionado, vulneraría la esfera de la vida privada de las autoridades o funcionarios aludidos en la presentación del rubro; siendo dable anotar que tal transgresión no constituye simplemente una amenaza a un interés legítimo de aquellos, sino que una afectación directa a un derecho garantizado por la Constitución (…)”.

Luego de cita doctrina y jurisprudencia, tanto de la Contraloría General de la República, Juzgados del Trabajo y Tribunal Constitucional en apoyo a su decisión, concluye “En consecuencia, se debe concluir que el acceso a los correos electrónicos es posible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley, como dispone el N° 5 del artículo 19 de la Constitución Política. Dicha ley, como ha señalado el Tribunal Constitucional, debe cumplir con requisitos de especificidad y determinación suficientes para garantizar una protección adecuada al derecho a la vida privada que está en juego. Esta protección sólo es posible en circunstancias como las señaladas anteriormente, es decir, en el contexto de una investigación penal o vinculada a la libre competencia donde hay una densidad normativa y procedimientos que cumplen con los requisitos de determinación y especificidad exigidos.

Finalmente, no es razonable argumentar que por el sólo hecho de obrar en poder de los órganos de la Administración, la información contenida en los correos electrónicos es pública. En efecto, así como no es posible argumentar que se puede conocer una comunicación telefónica simplemente porque se está utilizando el aparato de algún servicio público, tampoco es admisible sostener que se deben publicitar los correos electrónicos simplemente porque se utiliza una casilla institucional.

En efecto, el Tribunal Constitucional en el fallo de la causa Rol N° 1990-11, señala que “los funcionarios no son personas de segunda categoría ante la Constitución” (considerando cuadragésimo segundo), precisando que “Si bien el Consejo para la Transparencia puede arbitrar conflictos entre las normas sobre acceso a la información pública y la protección de la vida privada (STC 1800/2011), debe hacerlo dentro de los límites que la Constitución y el ordenamiento jurídico establecen, sin que detente poderes omnímodos o ilimitados (STC 1892/2011). Entre estos límites a la publicidad, está la afectación de los derechos de las personas (artículo 8° de la Constitución).” (considerando cuadragésimo quinto) (…)

En otras palabras, utilizar el correo electrónico de un órgano de la Administración del Estado no transforma la comunicación que se efectúe por esa vía en una comunicación pública no susceptible de ser protegida por las garantías constitucionales que resguardan la intimidad. También estas comunicaciones son privadas y su publicidad sólo es constitucionalmente admisible en los casos y formas que una ley determine. Cuestión que, como se ha dicho, no hace la Ley de Transparencia.

Que por último, la divulgación de los correos electrónicos vulnera no sólo una razonable expectativa de privacidad con que el derecho ha protegido este tipo de comunicaciones desde hace siglos, sino que también la confianza que aquellos depositaron en ese instrumento como una instancia de comunicación – no susceptible de publicidad- de los más variados asuntos del ejercicio de sus labores. Al respecto, el Senador Hernán Larraín –uno de los autores de la Ley de Transparencia- reconoce la operatividad de la referida expectativa de vida privada al señalar que “deberá limitarse a la información (…) cuya publicación implique un riesgo para las legítimas expectativas de privacidad de una persona”.

5.- En relación al numeral 5, se indicó

“Por otra parte, y sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, es preciso señalar que al requerirse correos electrónicos y oficios (según numeral 5 de la solicitud) relativos a “causas criminales seguidas en la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público”, es posible sostener que, en la especie, se configura la causal de secreto y reserva dispuesta en la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la ley 20.285, que establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensa jurídicas o judiciales.” (…)

Siendo ello así, atendida la materia en que incidirían los correos electrónicos y oficios solicitados, dada la forma en que se han sido requeridos y sin que ello signifique reconocer su existencia, es menester advertir que los mismos necesariamente contendrían información referida a la “prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”, lo que configura la hipótesis establecida en la letra a), del N°1 del artículo 21.

Además, en el mismo contexto, el artículo 21 numeral 3 de la ley 20.285 dispone que se podrá denegar el acceso a la información “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad púbica”.

Al respecto, debe recordarse que la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prevé en su artículo 3° que compete a esta Secretaría de Estado, entre otras atribuciones: “a) Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente, tanto a nivel nacional como regional y comunal, en su caso” y “b) Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional”.

Del análisis de la normativa anotada, se advierte que el ejercicio de las atribuciones que legalmente competen al Ministro del Interior y Seguridad Pública están permanentemente vinculadas a “la mantención del orden público o la seguridad pública”, (…)

De este modo, dado el ámbito de acción que la normativa determina para esta Secretaría de Estado y considerando que los antecedentes solicitados, conforme al tenor del requerimiento y para el caso que existan correos electrónicos y oficios que versen sobre la materia, éstos documentos necesariamente dirían directa relación con “la mantención del orden público o la seguridad pública” (…)

Finalmente es menester recordar quela causal de secreto o reserva dispuesta en la letra a) del N° 1 del artículo 21 de la ley N° 20.285, establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.”

(…), del análisis del numeral 10 de la presentación del rubro se advierte que el mismo se ha formulado en términos genéricos, limitándose a solicitar los correos electrónicos “cuyo contenido diga relación con las funciones o labores que realiza el señor Alejandro Peña Ceballos para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, requerimiento de cuya sola lectura se advierte que el mismo carece de la debida precisión y especificidad necesaria para determinar los antecedentes de interés de la peticionaria.”.

3. DTO. 6031, de 22/12/11, que prorroga contratos cuota de excepción

Decreto que prorroga los contratos de 11 funcionarios, “(…) con cargo a la cuota de excepción de 15 funcionarios que autoriza el artículo 13°, inciso segundo, del DL

N° 1608/1976(…)”. En lo pertinente, el de Alejandro Andrés Ricardo Peña Ceballos, como experto en materias de seguridad y crimen organizado.

V. Alejandro Peña Ceballos

1. Cuadros estadísticos sobre cantidad de causas terminadas (según tipo de término); cantidad de imputados con medidas cautelares, y cantidad de imputados menores de edad sometidos a internación provisoria, según las diversas fiscalías regionales.

2. “Informe ejecutivo de clima organizacional Fiscalía Regional Metropolitana Sur”, elaborado por Anguita Consultores S.A., entre los meses de noviembre y diciembre de 2009.

Sus objetivos fueron

“1. Realizar un diagnóstico de las variables que componen el Clima Organizacional en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

2. Comparar resultados obtenidos por la misma unidad en medición de 2007, lo que permite evaluar el impacto de las medidas implementadas.

3. Establecer parámetros comparativos con otras regiones y con el Ministerio Público como un todo.”

En sus conclusiones, junto a los gráficos correspondientes, se indica

“Aunque la percepción de clima general no es satisfactoria; en la Fiscalía Metropolitana Sur, todos los factores presentaron una mejoría en relación a la medición anterior. Se mantienen como factores en la categoría altamente críticos Organización del Trabajo y Remuneraciones, este último con una desviación estándar significativa.

La percepción de cambio es relativamente baja e insuficiente como para señalar que se considere como un factor positivo.

Requerirían mejoras los siguientes aspectos:

1 Horario de trabajo

2 No a todos se les exige por igual

3 Entrega de beneficios adicionales a la remuneración

4 Cantidad de trabajo

5 Unión entre los funcionarios de la Fiscalía

6 Sueldo en relación a obligaciones

Los aspectos específicos que dan cuenta de las mejores percepciones serían:

1 Importancia del trabajo que se realiza

2 Participación de todos en el cumplimiento de metas

3 Agrado por el trabajo que se realiza

4 El orgullo de trabajar en el Ministerio Público

5 Estar informado(a) de los proyectos estratégicos de la Institución

6 La forma de trabajar es interesante y siempre se puede mejorar

7 La jefatura establece las metas de la unidad con claridad y las personas tienen claro lo que se espera de ellas

8 Se considera que en relación al tiempo que se lleva trabajando en la Fiscalía se ha progresado.

En la segmentación por lugar de trabajo podemos visualizar que el clima de Otros es más satisfactorio que en Fiscalía Regional y Fiscalía Local/Especializada.

Si observamos la segmentación por estamento, dándose en los Fiscales una mejora significativa, encontramos que la visión más deteriorada es la de Administrativos.

Por género, la percepción de hombres es mejor que la de mujeres.

Las observaciones efectuadas en la pregunta abierta apuntan principalmente a:

- problemas de exceso de carga de trabajo y mala distribución,

- mal trato y amenazas por parte de algunas jefaturas,

- falta de reconocimiento,

- dificultades de espacio,

- equipos computacionales inadecuados

- inequidades en concursos

- falta de carrera funcionaria

- poca equidad interna en términos de sueldos.

En síntesis, aunque se perciben mejoras los resultados de clima de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, persisten una serie de carencias y frustraciones de los funcionarios, algunas de las cuales corresponden a situaciones generalizadas, como carga de trabajo, otras más particulares, como el favoritismo que se señala respecto a la obtención de cargos y el trato de algunas jefaturas/fiscales. Por consiguiente, el mejoramiento debería ser abordado principalmente, a nivel de prácticas de dirección, ambiente físico y equipos de trabajo en el ámbito local.”

3. “Clima organizacional: Seguimiento y programa 2010 FRMSUR”

Documento de 04/06/10, que informa los resultados comparativos de las mediciones de clima laboral de 2007 y 2009, y expone las medidas adoptadas a propósito de tales resultados.

4. Cuenta pública 2010, Fiscalía Regional Metropolitana Sur

Borrador del discurso dado por el Fiscal Regional, Alejandro Peña Ceballos, el 26/01/11.

Junto con dar cuenta del estado de situación de la Fiscalía, se refiere a las investigaciones en materias de narcotráfico y crimen organizado; terrorismo y crimen organizado y delitos violentos y de alta complejidad.

5. Política de persecución penal 2010

Documento (ppt) de abril de 2010, en que se muestran estudios ENUSC y Paz Ciudadana/Adimark, atingentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

6. “Planificación Estratégica”

Documento (ppt) de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de julio de 2012, relativo a los objetivos, trabajo y proyectos de dicha División.

-o-

Finalmente, la Biblioteca del Congreso Nacional entregó el 18/06/12, el informe “Caso Bombas: Síntesis de hitos y actores”.

Síntesis de prensa sobre principales hechos históricos del caso, y los cuestionamientos al Ministerio Público, a las pericias de Carabineros de Chile y al rol del ex fiscal Alejandro Peña y del Ministerio del Interior en la investigación.

-o-

Por encontrarse pendientes, se acordó reiterar el martes 16 de octubre los siguientes oficios:

N° 15, a la Contraloría General de la República, sobre imposibilidad de efectuar un reproche administrativo al ex fiscal Alejandro Peña Ceballos, en tanto había dejado de integrar el Ministerio Público, pero integraba el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

N° 34, a las Cortes de Apelaciones, sobre la cantidad de procedimientos especiales de investigación (artículos 24 y 25 de la ley 19.974, sobre sistema de inteligencia del Estado), ingresados anualmente, desde el año 2006 hasta la fecha. (Pendientes las Cortes de Concepción, Temuco y Puerto Montt).

N° 43, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se pidió, relativo al “sistema de gestión documental” de la Subsecretaría del Interior: 1) Los registros de los últimos 50 decretos de nombramiento de personal “a contrata”, y 2) Los registros de todos los decretos de nombramiento de los funcionarios que han ingresado a trabajar en la División de Estudios, dirigida por Alejandro Peña Ceballos.

N° 49, a Mario Iguarán, consultando efectividad de declaraciones efectuadas por Alejandro Peña, en reunión sostenida en Colombia, relativas al comportamiento de los indígenas americanos.

N° 50, al Ministerio Público, pidiendo manifestase públicas disculpas por las declaraciones emitidas por el entonces fiscal Alejandro Peña Ceballos en caso Mario Iguarán.

N° 51, a CNN Chile, pidiendo copia de las notas de prensa realizadas por ese canal relativo a asunto Mario Iguarán.

IV. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Con el voto favorable de los señores Cardemil don Alberto; García, don René y Hasbún, don Gustavo y los votos en contra de los señores Alinco, don René; Ceroni, don Guillermo; Espinoza, don Fidel; Harboe, don Felipe; Jarpa, don Carlos; Saffirio, don René y Silber, don Gabriel, se rechazaron las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas formuladas por el señor Squella, don Arturo:

1.- Del trabajo de la Comisión:

La Comisión investigadora sesionó en 25 oportunidades, los días 5, 12, 18 y 19 de junio; 3, 9, 10, 30 y 31 de julio; 6, 7, 14, 27 y 28 de agosto; 3, 4 y 10 de septiembre; 2, 8, 9, 16 y 30 de octubre, 6 y 27 de noviembre, 11 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013.

Se escuchó el testimonio de las siguientes personas:

- Xavier Armendáriz Salamero, ex Fiscal Regional del Ministerio Público;

- Sabas Chahuán Sarrás, Fiscal Nacional del Ministerio Público;

- Mauricio Fernández Montalbán, fiscal del Ministerio Público;

- Raúl Guzmán Uribe, fiscal del Ministerio Público;

- Gustavo González Jure, General Director de Carabineros de Chile;

- Eduardo Witt Sánchez, oficial de Carabineros de Chile;

- Gonzalo Yuseff, Director de la Agencia Nacional de Inteligencia;

- Pedro Orthusteguy Hinrichsen, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales;

- Alejandro Bernhardt, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subsecretaría del Interior;

- Tania Tamayo, periodista y autora del libro “Caso bombas”;

- Marcos Vásquez Meza, fiscal adjunto del Ministerio Público;

- Marcelo Apablaza, Víctor Núñez y Francisco Rojas, fiscales adjuntos del Ministerio Público en el caso “bombas”;

- Paulina Ruiz, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur;

- Christian Schalper Schwenke, ex Jefe de Personal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

- Juan Pablo Buono-Cuore, ex fiscal del Ministerio Público;

- Alejandro Peña Ceballos, ex Fiscal Regional Metropolitano Sur del Ministerio Público y Director de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

- Mauricio Daza, Valentina Horvath y Morris Farachi, abogados defensores de los imputados en el caso “bombas”;

- Rodrigo Román y María Rivera, abogados defensores de los imputados en el caso “bombas”;

- Christián de Feudis Wilson y Ximena Risco Fuentes, abogados de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;

- Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior;

- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

2.- La Comisión tuvo por objeto determinar:

a) La existencia de eventuales irregularidades en el proceso judicial seguido en contra de una serie de personas imputadas por diversos delitos de colocación de artefacto explosivo y asociación ilícita terrorista (denominado “Caso Bombas”), derivada de la maquinación orquestada entre la parte querellante en dichas causas, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y el Ministerio Público, con el objeto de obtener sentencias condenatorias en contra de todos o algunos de dichos imputados.

b) La existencia de eventuales presiones indebidas de parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública hacia el Ministerio Público, con el mismo objeto antes señalado.

c) Eventuales responsabilidades legales y administrativas que podrían derivarse de la contratación del señor Alejandro Peña Ceballos como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en circunstancias de que, en el tiempo inmediatamente anterior a su contratación para ejercer dicho cargo, se desempeñó como Fiscal Regional a cargo de la investigación del Caso Bombas.

d) Eventuales reproches éticos o profesionales a la contratación del señor Peña como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

3.- Hechos acreditados:

Que, a partir del testimonio de las personas anteriormente designadas, así como de los demás antecedentes que obran en poder de la Comisión, han sido acreditados los siguientes hechos:

a) Según se desprende de la declaración del ex Fiscal Xavier Armendáriz, la colocación y explosión de artefactos en Santiago y en el resto del país se inició antes de la reforma procesal penal. Con cada colocación de un artefacto explosivo se inició una investigación a cargo de distintos fiscales. Las investigaciones se llevaron en forma separada, y la mayoría se encontraban terminadas por archivo provisional. Aproximadamente a fines de 2007, a iniciativa del fiscal nacional Guillermo Piedrabuena y a sugerencia de la Fiscalía Oriente, las investigaciones se empezaron a llevar en forma unificada, es decir, aquellas anteriores y las que sucedieron, se llevaron por una sola fiscalía con la idea de centralizar la información. Dicha investigación fue dirigida por fiscales de la Fiscalía Oriente, sin perjuicio que durante un tiempo trabajó en esto un fiscal de la Fiscalía Occidente y la fiscal regional de la Fiscalía Occidente.

b) Según lo declarado por el Fiscal Nacional Sabas Chaguán, el 9 de mayo de 2008 éste designó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 19.640, Orgánica del Ministerio Público, al fiscal regional Xavier Armendáriz, para que se hiciera cargo de la investigación de los atentados que se habían agrupado por disposición de Guillermo Piedrabuena.

c) Sobre la misma base, el 11 de junio de 2010, el Fiscal Nacional decidió colocar la investigación del Caso Bombas a cargo del Fiscal Regional Alejandro Peña, en reemplazo del señor Armendáriz. Previamente, el Ministro del Interior y Seguridad Pública vertió declaraciones en los medios de prensa, criticando la ausencia de resultados en la investigación.

d) Sobre la base de las declaraciones del Fiscal Nacional, su decisión fue tomada con el objeto de adecuar la carga de trabajo de los fiscales a cargo de la investigación; evitar las perniciosas consecuencias del agotamiento investigativo, debido a la falta de resultados, y poner la investigación a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur, que contaba con una unidad de análisis de inteligencia y experiencia en una serie de causas de narcotráfico y crimen organizado para el tráfico de drogas, factores que podían ser de utilidad para la investigación de delitos perpetrados por la que parecía ser una organización anarcoterrorista.

e) El Ministro del Interior y Seguridad Pública se reunió con el fiscal Peña dos veces, en el período comprendido entre junio y septiembre de 2010, con el objeto de ofrecer su colaboración en la investigación liderada por el fiscal, en aquello que fuere posible.

f) El fiscal Peña decidió agrupar los diversos atentados en una causa por asociación ilícita terrorista. Según la declaración del Fiscal Nacional, dicha estrategia fue producto de un enfoque investigativo distinto al de los fiscales anteriormente a cargo del caso, lo cual “apareció como exitoso procesalmente”. La formalización de los imputados detenidos se efectuó el 17 de agosto de 2010, decretándose la prisión preventiva de los mismos.

g) El Ministerio Público presentó acusación por asociación ilícita terrorista, entre otros delitos, el 4 de abril de 2012, día del vencimiento del plazo de investigación fijado por el juzgado de garantía. La solicitud de ampliación de dicho plazo presentada por el fiscal Peña no fue acogida.

h) El día 14 de marzo de 2011, cinco meses antes de la finalización del período constitucional de ejercicio del cargo de fiscal regional del señor Peña, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, le ofrece desempeñarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

i) El 6 de abril de 2011, dos días después de presentada la acusación del Caso Bombas, el señor Peña renuncia a su cargo en la fiscalía Sur. El 11 de abril de 2011, asume su cargo como jefe de la División de Estudios mencionada.

j) Según lo declarado por el Jefe de Recursos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el total de haberes promedio del señor Peña, mientras se desempeña en su cargo, es de $6.576.000, con un sueldo líquido de $ 4.638.000.

k) Es un hecho público y notorio que el día 13 de julio de 2012, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio lectura al fallo del Caso Bombas, absolviendo a los seis imputados en el mismo, fallo ratificado por la Corte Suprema el 10 de octubre de 2012.

4.- Conclusiones:

A partir de los antecedentes recopilados, y en relación con los hechos previamente indicados, esta Comisión puede arribar a las siguientes conclusiones:

a) En relación con la supuesta existencia de un “montaje” -esto es, la coordinación premeditada de diversos actores con el objeto de dar a un hecho ficticio una apariencia de veracidad-, maquinado entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de obtener sentencia condenatoria en contra de imputados inocentes, no existe ningún antecedente que haga presumir la existencia del mismo.

Según ha quedado acreditado, la investigación del Caso Bombas fue llevada a cabo de forma autónoma y exclusiva por el Ministerio Público, sobre la base de sus atribuciones constitucionales y legales, sin que correspondiese a las autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, participación alguna distinta al ejercicio de los derechos y prerrogativas que corresponden a cualquier parte querellante en toda causa criminal.

b) En relación con la existencia de eventuales presiones indebidas de parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública hacia el Fiscal Nacional u otros funcionarios del Ministerio Público, con el mismo objeto antes señalado, las cuales habrían afectado la autonomía del mismo, no existen antecedentes que permitan así concluirlo.

Según ha quedado acreditado, no existió, ni en la designación del fiscal Alejandro Peña como fiscal a cargo del Caso Bombas, ni en las decisiones procesales tomadas por este último en el marco de dicho caso, influencia o presión indebida alguna de parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Si bien ha quedado acreditado que el Ministro antes aludido criticó públicamente el accionar del Ministerio Público en la investigación, y, designado el fiscal Peña, se reunió con éste dos veces, dichos antecedentes no son suficientes para concluir la existencia de presiones indebidas, puesto que, como ha quedado también acreditado, las decisiones tomadas tanto por el Fiscal Nacional como por los fiscales a cargo de la investigación, fueron producto de, y se enmarcaron en, la autonomía legal y técnica del Ministerio Público.

Asimismo, ha quedado acreditado, y así emana de las actuaciones de todos los actores involucrados en el Caso Bombas, que el interés del Ministerio Público, en cuanto a la consecución de resultados procesales, era plenamente convergente con el del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su carácter de querellante en la causa, por lo que no aparece en evidencia conflicto de interés alguno entre ambas instituciones ni necesidad de influir en las determinaciones del Ministerio Público al respecto.

c) En cuanto a la responsabilidad que pueda derivarse de la contratación del señor Peña como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, habiéndose desempeñado previamente como fiscal regional a cargo de la investigación del Caso Bombas, es necesario efectuar ciertas distinciones:

i) Ha quedado acreditado que la decisión de contratar al señor Peña en el cargo mencionado, fue tomada exclusivamente por el Subsecretario del Interior, sobre la base de la experiencia y trayectoria del señor Peña, prolongada por más de 18 años, abarcando cargos tales como los de fiscal del Ministerio Público, juez del crimen y relator de la Corte de Apelaciones de Santiago.

ii) Como lo señala el Subsecretario del Interior, otro factor importante considerado por el éste para ofrecer al señor Peña el cargo indicado, habría sido la proximidad del vencimiento del período constitucional de funciones del mismo como fiscal regional, así como la preferencia por contratar a una persona proveniente del sector público y, por tanto, formada con recursos del Estado, evitando con ello su partida al sector privado.

iii) No hay antecedentes que permitan inferir la existencia de responsabilidad legal ni administrativa de parte del señor Peña, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, o del Subsecretario del Interior, a causa de la contratación del primero en el cargo antes aludido. El proceso de contratación se rigió, en todo momento, por las normas aplicables al respecto, publicándose la información respectiva en la sección de Transparencia de la página web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

iv) No hay antecedentes suficientes para sostener que la oferta de trabajo hecha por el Subsecretario del Interior al señor Peña, en marzo de 2011, haya distraído la atención de éste en el Caso Bombas, o influido en su decisión de realizar la acusación fiscal en el mismo, afectando, consecuentemente, el resultado del juicio.

En efecto, de los antecedentes recopilados, y de un somero análisis de las normas aplicables al proceso penal, emana que el objeto del juicio y la investigación fue fijado precisamente en la formalización de los imputados, realizada -exitosamente- el 17 de agosto de 2010. En dicha fecha se fijó, como vencimiento del plazo de investigación, el 2 de abril de 2011, fecha que se postergó definitivamente hasta el 4 de abril de 2011. Alcanzado el vencimiento del plazo de investigación, el Ministerio Público no tuvo otra opción sino presentar acusación fiscal para continuar hacia el juicio oral, decisión que aparece comprendida desde ya, como parte de la estrategia seguida por el Ministerio Público, al momento de formalizar la investigación.

Consta, además, de los antecedentes, que la principal razón del fracaso en obtener sentencia condenatoria en el Caso Bombas se debió a la insuficiencia de la evidencia utilizada para sustentar la acusación. Según señala el señor Peña, la declaración de impertinencia de gran parte de las pruebas recopiladas por el Ministerio Público por parte del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago -decisión inapelable- habría gatillado la mencionada insuficiencia probatoria, argumento que esta Comisión considera atendible.

Asimismo, según emana de las declaraciones del ex fiscal Armendáriz y del Fiscal Nacional, parece necesario ampliar las posibilidades de investigación actualmente aplicables a delitos terroristas, asimilándolas a las facultades que se establecen en la Ley 20.000, sobre Tráfico de Estupefacientes, con el objeto de mejorar la efectividad en la persecución criminal de estos delitos.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las eventuales imperfecciones tanto del sistema recursivo en el proceso penal, como de las facultades de investigación permitidas por la Ley 18.314, parece evidente a esta Comisión que el éxito o fracaso de cualquier investigación criminal depende, en gran medida, de la fortaleza de la evidencia recopilada, tarea que corresponde, principalmente, al Ministerio Público, y en mucha menor medida a los querellantes particulares.

De esta forma, si bien no puede concluirse, por las razones aludidas, la existencia de premura en el cierre de la investigación motivada por la oferta de trabajo hecha por el Subsecretario del Interior, que pueda haber influido en el fracaso de la acusación del Caso Bombas, es razonable efectuar un reproche técnico, a posteriori, del trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público en dicho caso, del cual esta Comisión asume se ha tomado nota por parte de sus máximas autoridades.

d) En cuanto a la existencia de reproches éticos o de otra índole a la decisión de contratar al señor Peña como jefe de la División de Estudios, tomada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cabe hacer las siguientes distinciones:

i) Como se ha señalado previamente, no existen antecedentes que permitan inferir que la oferta hecha al señor Peña para asumir el cargo de jefe de la División de Estudios aludida, por parte del Subsecretario del Interior, haya influido en el resultado de la investigación y juicio del Caso Bombas.

ii) Tampoco existen antecedentes que permitan inferir que la oferta de trabajo referida constituyó una presión o influencia indebida en el señor Peña, con el objeto de presentar la acusación fiscal en el Caso Bombas, pues, considerados todos los antecedentes del caso, parece evidente que la investigación estaba destinada, ineludiblemente, a terminar con dicha acusación desde el momento mismo de la formalización, no existiendo tampoco contraposición de intereses alguno entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como querellante.

iii) En cuanto al eventual impacto emocional o profesional que la renuncia del señor Peña generó en los demás fiscales a su cargo, se trata de un aspecto meramente subjetivo respecto del cual esta Comisión omitirá pronunciarse, sin perjuicio de lo cual, cualquier reproche al respecto debe ser hecho exclusivamente al señor Peña.

iv) En cuanto a la ponderación de la experiencia y demás capacidades del señor Peña para desempeñarse como jefe de la Unidad de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esta Comisión reconoce que, tal como cualquier otra decisión de contratación de un profesional, tomada por un órgano público, se trata de una facultad inherente al jefe de servicio respectivo, en este caso, el Subsecretario del Interior, no estando esta Comisión habilitada, a partir de la información aportada, para emitir una opinión objetiva al respecto, salvo señalar que los antecedentes contenidos en el currículum del señor Peña parecían indicar, a priori, su idoneidad para el cargo ofrecido.

5.- Recomendaciones:

Del examen de los antecedentes aportados a esta Comisión, se propone:

a) Incorporar mejoras a la Ley 18.314, de manera tal de permitir el ejercicio de facultades de investigación actualmente aplicables sólo a delitos bajo la Ley 20.000 y otras especiales, mejorando, con ello, la efectividad de la persecución criminal de delitos de carácter terrorista.

b) Incorporar mejoras al Código Procesal Penal, con el objeto de hacer procedente el recurso de apelación en contra de las sentencias pronunciadas por el juez de garantía en lo penal que declare la impertinencia de una o varias piezas de evidencia presentadas por el Ministerio Público.

c) Sin perjuicio de las conclusiones de esta Comisión, a la luz de las dudas y cuestionamientos surgidos como de la contratación del señor Peña en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y como medida de protección de la transparencia y autonomía del Ministerio Público, se hace presente la necesidad de legislar con el objeto de evitar que fiscales de cualquier categoría puedan, una vez fuera del Ministerio Público, prestar servicios a personas o entidades que tuvieren interés o fueren querellantes en causas criminales lideradas por dichos fiscales en el tiempo inmediatamente anterior.

V. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS APROBADAS POR LA COMISIÓN.

Con el voto favorable de los señores Alinco, don René; Ceroni, don Guillermo; Espinoza, don Fidel; Harboe, don Felipe; Jarpa, don Carlos; Saffirio, don René y Silber, don Gabriel y el voto en contra de los señores Cardemil don Alberto; García, don René y Hasbún, don Gustavo, se aprobaron las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas formuladas

1.- Introducción.

La Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”, la cual se constituyó en su primera sesión el día 5 de junio de 2012, y la cual tiene por objeto recabar información, investigar las actuaciones y determinar las responsabilidades involucradas en el referido caso, recibiendo para tales efectos a todas las personas y representantes de instituciones que puedan ilustrarla en su investigación.

En particular, se mandató a esta Comisión para investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, independientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la Fiscalía Sur al referido Ministerio del señor Alejandro Peña, precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumplía.

Esta Comisión se integró por 13 diputados, 6 de la Alianza por Chile, 6 de la Concertación y el independiente René Alinco, quien ejerció la presidencia de la instancia.

Durante el proceso investigativo de la Comisión, concurrieron a prestar declaración los señores Xavier Armendáriz Salamero, ex Fiscal Regional Oriente; Sabas Chahuan Sarras, Fiscal Nacional; Mauricio Fernández, Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional; Raúl Guzmán, Fiscal Regional Sur; Gustavo González Jure, General Director de Carabineros; Eduardo Witt, Oficial de Carabineros; Pedro Orthusteguy, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales; Alejandro Bernhardt, Jefe de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, Tania Tamayo, Periodista; Marcos Vásquez, Director Nacional Policía de Investigaciones; Marcelo Apablaza, Víctor Núñez y Francisco Rojas, todos fiscales adjuntos; Gonzalo Yuseff, Director de la ANI; Christian Schalper, ex Jefe de Personal del Ministerio del Interior; Juan Pablo Buono-Cuore, Ex Fiscal; Alejandro Peña Ceballos, Ex Fiscal Regional Sur; Mauricio Daza, Valentina Horvath, Morris Farachi, Rodrigo Román y María Rivera, todos abogados defensores; Christian de Feudis y Ximena Risco, ambos abogados querellantes por el Ministerio del Interior; Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior; Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior.

2.- Conclusiones propuestas.

A partir de la información recabada por la Comisión, durante las sesiones realizadas y la documentación recibida y, particularmente, las declaraciones prestadas ante esta instancia parlamentaria por los diversos invitados, a solicitud de los parlamentarios miembros de ella, y que representan a las distintas bancadas, se puede concluir que según los antecedentes recopilados, y según consta en la investigación administrativa 819/2009, seguida en contra del entonces Fiscal Regional Alejandro Peña, se pudo constatar la existencia de prácticas antisindicales por parte de éste, siendo amonestado por escrito por el Fiscal Nacional con fecha 17 de junio de 2008.

Se pudo constatar, además, que dichas prácticas antisindicales constituyeron conductas permanentes y continuas durante el período en que el señor Alejandro Peña Ceballos ejerció como Fiscal Regional Metropolitano de la Zona Sur y constituye parte del accionar normal del señor Peña.

Por otra parte, y referido derechamente al denominado “Caso Bombas”, de acuerdo a las diversas declaraciones recogidas por la comisión investigadora, y en particular las declaraciones del General Director de Carabineros, señor Gustavo González Jure, se puede concluir la existencia, a lo menos en el Departamento de Criminalística de Carabineros, de prácticas poco claras respecto a la firma de peritajes por parte de peritos que no los habían efectuado, esto bajo el supuesto objetivo de agilizar o por rapidez, lo cual era una situación habitual. Dicha práctica, como consta en las actas de sesiones de esta Comisión y en el propio proceso judicial, se habría materializado también en informes periciales realizados y requeridos por el Ministerio Publico en el denominado “Caso Bombas”, que habrían sido firmados por peritos distintos a los que habían efectuado el peritaje. En cuanto a si este hecho podría eventualmente constituir el delito de falsificación de documento público, realizar dicha calificación no es de competencia de esta Comisión, sino de los tribunales de justicia. Sin embargo, es dable señalar que dicha situación es de alta gravedad y debe ser erradicada de la institución.

Al respecto es bueno señalar que resulta necesario legislar respecto al desarrollo de peritajes en causas criminales, particularmente resultaría necesario evaluar la pertinencia de la existencia de un órgano público distinto e independiente a las policías y al Ministerio Publico, a objeto de transparentar y dar las garantías necesarias a los intervinientes en procesos penales.

Cabe hacer presente que, actualmente, existen en curso dos investigaciones judiciales en la materia, en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, y en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Asimismo, la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, lleva adelante un sumario administrativo en el Departamento de Criminalística de dicha institución policial.

El perito cuestionado en este caso fue don Eladio Gallardo Ríos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quién era el responsable de tres informes periciales del sitio del suceso, de fechas 14 de julio y 22 de septiembre de 2009, y del 30 de abril de 2010.

Un aspecto relevante, es el hecho que tras el reconocimiento de Eladio Gallardo de que el informe usado en juicio tenía una firma que no era la suya, la Fiscalía retira 216 testigos del juicio oral, por lo que el hecho afectó directamente a la investigación.

Otro aspecto importante detectado por la Comisión, dice relación con la necesidad de implementar medidas legislativas a objeto de mejorar el trabajo del Ministerio Público. Particularmente se detectaron falencias legislativas que dificultan el trabajo del ente persecutor en casos de alta complejidad, destacando, entre ellos, los plazos para acusar una vez cerrada la investigación, los que resultarían precarios, como lo fue el “Caso Bombas”. Lo mismo ocurre tratándose del recurso de nulidad y la sentencia de reemplazo, materias reguladas por los artículos 372, 385 y siguientes del Código Procesal Penal.

En relación al tema de mayor preocupación de la Comisión, y de la opinión publica, referido a la relación entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es dable señalar que al menos ante esta Comisión no se acreditó una relación distinta a la que mantiene la Fiscalía con cualquier querellante. Sin embargo, llama la atención la contratación del Señor Alejandro Peña por parte del Ministerio del Interior, ya que del trabajo de la Comisión y las declaraciones vertidas por los distintos invitados, se pudo establecer que las conversaciones para incorporar al señor Peña al Ministerio del Interior, como Jefe de la División de Estudios de dicha cartera, se inician el 15 de marzo de 2011, a iniciativa y siendo llevadas directamente por el Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, las que culminan con el Señor Peña iniciando sus funciones el día 11 de abril del mismo año, es decir solo seis días después de hacer efectiva su renuncia al Ministerio Público, y encontrándose aun en tramitación el denominado “Caso Bombas”, que a él le correspondió liderar.

El accionar del Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla, y del entonces Fiscal Alejandro Peña, ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad, tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior, ya que está acreditado que el señor Alejandro Peña tomó decisiones en la causa, tales como presentar la acusación y solicitar la imposición de las penas, mientras mantenía conversaciones para incorporarse como Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, como es de público conocimiento.

El sólo hecho de que un Fiscal Regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa.

La probidad administrativa constituye un principio rector que inspira el funcionamiento de los órganos del Estado en aras del bien común. La ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, define dicho principio, señalando que: “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”.

Tal es la importancia que reviste dicho principio orientador de la función pública, que el constituyente derivado de 2005, mediante la reforma constitucional contenida en la ley

N° 20.050, lo consagró en el artículo 8°, en el capítulo I de la Carta Fundamental, sobre las Bases de la Institucionalidad.

Por tanto, estas actuaciones o negociaciones entre el Subsecretario Ubilla y el señor Peña, lesionan dicho principio, al afectar o interrumpir la labor investigativa del otrora Fiscal.

Resulta menester señalar que en virtud de toda la documentación recibida en esta Comisión, consta que según el decreto N°250 del Ministerio del Interior, de fecha 11 de abril de 2011, se contrata al señor Alejandro Peña Ceballos para desempeñarse en la Subsecretaría del Interior como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado, asimilado al grado 2° EUR. Desde esa fecha, el señor Alejandro Peña se desempeñaría como Jefe de la División de Estudios, dependiente directamente de la Subsecretaría del Interior. No obstante lo anterior, llama la atención el hecho de que no consta que se haya dictado posteriormente ningún decreto o acto administrativo que haya designado al señor Peña en tal calidad. Ello, a diferencia de las resoluciones Nros. 2167, y 2168, ambas del 1° de junio de 2011, firmadas por el Ministro del Interior y Seguridad Pública (S) don Rodrigo Ubilla Mackenney, en virtud de las cuales se designan al Jefe de la División de Investigaciones, don David Huina Valenzuela, y a la Jefa de la División de Carabineros, doña Constanza Farías Prieto, respectivamente.

En cuanto al trabajo desarrollado por el entonces Fiscal Alejandro Peña, en el denominado “Caso Bombas”, es preciso señalar que el período del señor Peña como Fiscal Regional, expiraba en el mes de octubre de 2011. No obstante ello, el señor Peña señaló ante esta Comisión que no habría podido asistir a la audiencia de juicio oral del referido caso. Sin embargo, el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que la audiencia de preparación del juicio oral se debe realizar entre 25 a 35 días después de la acusación. Por lo que, al menos el entonces Fiscal Alejandro Peña estuvo en posición de asistir a la audiencia de preparación del juicio oral, información que omitió ante la Comisión y que, por lo visto, no tuvo en consideración al momento de dejar el Ministerio Público.

Por otra parte, se pudo establecer que mientras el señor Peña estuvo a cargo de la investigación, recopiló miles de pruebas que, posteriormente, fueron declaradas por el Tribunal como manifiestamente impertinentes. Es razonable sostener que el otrora Fiscal actuó de manera arbitraria o, a lo menos, con total desprolijidad, ya que los elementos de prueba carecían del más mínimo atisbo de verosimilitud, según lo establecieron los propios Tribunales de Justicia.

Finalmente, se puede señalar que el fracaso del “Caso Bombas” no se puede atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron a su desplome como, por ejemplo, las deficiencias investigativas e, incluso, falencias legales. No obstante lo anterior, resulta patente que el desenlace del “Caso Bombas”, constituye un fracaso para los órganos del Estado, básicamente para el Ministerio Público y el Ejecutivo. Ello se ejemplifica en un dato de la Defensoría Penal Pública: durante los nueve meses que estuvieron los imputados de este denominado “Caso Bombas” detenidos en la cárcel de máxima seguridad, hubo 18 artefactos explosivos, siendo el promedio de 20 al año. Esta situación es de la mayor gravedad, en una doble dimensión: en primer lugar, porque da cuenta de personas que fueron privadas de libertad durante meses y que, finalmente, fueron absueltas por los Tribunales de Justicia y en segundo lugar, radica en que, no obstante estar privados de libertad los imputados, supuestos autores de los bombazos; estos siguieron produciéndose, y a la fecha, los verdaderos autores de los atentados explosivos siguen impunes, dejando en evidencia la incapacidad de los órganos del Estado responsables de la Seguridad Pública, y de aquéllos que tienen a su cargo la persecución penal.

3.- Propuestas sugeridas.

Dadas las conclusiones y, particularmente, los hechos conocidos durante la investigación llevada a cabo por la Comisión Investigadora del “Caso Bombas”, resultaría pertinente solicitar a S.E. el Presidente de la Republica y a la señora Ministra de Justicia, que el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo para perfeccionar la reforma procesal penal, considere la modificación del artículo 248 del Código Procesal Penal, ya que éste establece que una vez cerrada la investigación, el fiscal tiene un plazo de 10 días para deducir la acusación, plazo que, en casos complejos, puede resultar precario, motivo por el cual resulta pertinente legislar sobre la materia, estableciendo nuevos criterios que permitan mejorar la calidad del trabajo del ente persecutor. Lo mismo ocurre tratándose del recurso de nulidad y la sentencia de reemplazo, ambos temas regulados por los artículos 372, 385 y siguientes del Código Procesal Penal,

Asimismo, resulta necesario que se contemplen modificaciones al inciso cuarto del artículo 247 del mismo cuerpo legal, el que establece la sanción del sobreseimiento definitivo, cuando los fiscales no formulen acusación dentro del plazo de 10 días, contados desde el cierre de la investigación. Con esto se pone fin a la sanción a la causa, lo cual perjudica abiertamente a las víctimas, debiendo reemplazarse por una sanción al fiscal que incumpla con los plazos establecidos.

Otro aspecto relevante que debería incluirse en las reformas anunciadas por el Ejecutivo, dice relación con la situación laboral de los Fiscales una vez que dejan de formar parte del Ministerio Publico. Al respecto se sugiere establecer una limitación legal a quienes cesan en el cargo de Fiscal, que se traduzca en que no podrán prestar servicios profesionales de ninguna naturaleza, a quienes hayan sido intervinientes en los procesos penales, en los cuales al Fiscal le haya correspondido dirigir la investigación, por el plazo de seis meses, contados desde que se hace efectiva su cesación en el cargo.

En el mismo sentido, se hace necesario y urgente legislar entorno a la carrera funcionaria de los fiscales, ya que esto permitirá dar mayor independencia y autonomía en la tramitación de causas. Esto resulta fundamental y se hace necesario aún a partir del denominado “Caso Bombas”, ya que los fiscales adjuntos, todos fiscales jefes, estaban doblemente sometidos al Fiscal Regional responsable del caso, es decir, además de obedecer las instrucciones de su superior, el Fiscal Regional, estaban imposibilitados de representar en muchos casos sus desavenencias investigativas con este, dado que su posición de Fiscal Jefe, al ser un cargo de confianza, depende exclusivamente del Fiscal Regional, por lo cual la autonomía de los fiscales se pudo haber visto afectada, en éste y otros casos.

Es de vital importancia que el Ejecutivo considere estas medidas dentro del proyecto de ley que ha anunciado, ya que mejorará la función del ente persecutor, no sólo en los casos complejos como el “Caso Bombas”, sino en todo el accionar del Ministerio Publico.

Del mismo modo, resulta necesario y pertinente legislar a objeto de modificar la actual ley que tipifica las conductas terroristas, a fin de dotar al Ministerio Público de herramientas que le permitan llevar a cabo de mejor manera su cometido, introduciendo técnicas de investigación análogas a las de la ley N°20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, como son los informantes, los agentes encubiertos, y los agentes reveladores. Dada la complejidad de los delitos terroristas, y en post de asegurar el éxito de la investigación, se requiere la infiltración de los grupos terroristas, siendo dichas técnicas de investigación las herramientas más eficaces para lograr dicho objetivo.

Finalmente se sugiere legislar a fin de modificar el Estatuto Administrativo, en orden a permitir que subsista la responsabilidad administrativa del funcionario público después de su renuncia. Ello, a fin de precaver una posible elusión de responsabilidad administrativa de funcionarios públicos, ante una renuncia intempestiva, como el caso del señor Peña, al dejar el Ministerio del Interior.

VI. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se remitirá, una vez aprobado, una copia del presente informe al S.E. el Presidente de la República.

Se designó diputado informante al diputado señor Alinco, don René.

Acordado y tratado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 5, 12, 18 y 19 de junio, 3, 9, 30 y 31 de julio, 6, 7, 14 y 28 de agosto, 3 y 10 de septiembre, 2, 8, 16 y 30 de octubre, 21 y 27 de noviembre, 11 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, con la asistencia de la señora Saa, doña María Antonieta y los señores Alinco, don René (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Bertolino, don Mario; Brown, don Pedro; Calderón, don Giovanni; Ceroni, don Guillermo; Edwards, don José Manuel; Espinoza, don Fidel; García, don René; Harboe, don Felipe; Hasbún, don Gustavo; Jarpa, don Carlos; Saffirio, don René; Schilling, don Marcelo; Silber, don Gabriel; Squella, don Arturo; Verdugo, don Germán y Ward, don Felipe.

Asistieron, además, los señores Burgos, don Jorge; Latorre, don Juan Carlos; Pérez, don José y Vilches, don Carlos.

-o-

Sala de la Comisión, a 2 de enero 2013.

(Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión”.

7. Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco.

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, pasa a informar respecto del estudio realizado en cumplimiento del Mandato otorgado por la H. Sala.

I. ACUERDO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

En la sesión celebrada el 20 de julio de 2011, la Cámara de Diputados aprobó una petición de 49 señores Diputados, para que en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República, y 297 del Reglamento de la Corporación, crear una Comisión Especial Investigadora para efectuar una revisión a fondo de la administración de la Empresa cuprífera estatal Codelco, específicamente: de sus planes de negocios actuales; de la factibilidad y eficiencia de la eliminación de áreas estratégicas de la empresa; de los detalles de ventas hechas y que se encuentran en proyecto de activos llamados prescindibles; así como también de las proyecciones financieras que se tuvieron a la vista para llevar a cabo este tipo de negocios y los resultados que éstos han arrojado; de los detalles de la contratación con empresas privadas, ya sea por modalidad de contratos de asociación de participación, o promesas de asociación; de la situación de planes de egreso y desvinculación de trabajadores, así como el vínculo actual de la empresa con las dirigencias sindicales, con el objeto de cumplir acuerdos de estabilidad laboral.

Para el cumplimiento del propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

La Cámara de Diputados acordó integrar la Comisión Investigadora, con los siguientes señores Diputados:

-Bertolino Rendic, Mario

-Carmona Soto, Lautaro

-Cerda García, Eduardo

-Espinosa Monardes, Marcos

-Godoy Ibáñez, Joaquín

-Jiménez Fuentes, Tucapel

-Kort Garriga, Issa

-Latorre Carmona, Juan Carlos

-Lemus Aracena, Luis

-Núñez Lozano, Marco Antonio

-Rojas Molina, Manuel

-Vilches Guzmán, Carlos

-Ward Edwards, Felipe

La Comisión se constituyó el 8 de septiembre de 2011 y eligió, por mayoría de votos, como su Presidente, al Diputado señor Espinosa Monardes, don Marcos y fijó los días martes de 15:00 a 17:30 horas de cada semana, para efectuar sus sesiones ordinarias.

II. LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.

Para el cumplimiento de la tarea encomendada por la H. Corporación, la Comisión abordó su tarea sobre la base de un plan de trabajo propuesto por los Diputados miembros de ella. En virtud del mismo, durante su funcionamiento, citó y escuchó a diversos personeros, tanto del ámbito público como del privado, quienes la ilustraron sobre aspectos legales, técnicos y administrativos del problema. La Comisión celebró treinta y siete sesiones ordinarias y extraordinarias, además de la sesión constitutiva.

Las personas que entregaron su opinión sobre el tema investigado, son las siguientes, indicadas cronológicamente por la sesión en que participaron:

-Ricardo Calderón, Presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores Rol A, de Codelco-Chile. (Sesión 3ª)

-Héctor Roco, Vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 5ª)

-Guillermo Lemaitre, Director Vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 5ª)

-Raúl Álvarez, Asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 5ª)

-Juan Olguín, Director de la Federación de Trabajadores del Cobre y Presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral División Andina. (Sesión 5ª)

-Nelson Cáceres, Presidente Subrogante del Sindicato Industrial de Integración Laboral División Andina. (Sesión 6ª)

-Eduardo Cobs, Presidente del Sindicato N°6 de la División Salvador Codelco Chile. (Sesión 7ª)

-Daniel Melo, Presidente del Sindicato de Trabajadores N°2 Potrerillos, División Salvador Codelco Chile. (Sesión 7ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 8ª)

-Diego Hernández Cabrera, Presidente Ejecutivo de Codelco. (Sesión 8ª)

-Ricardo Calderón, Presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales del Cobre, Fesuc. (Sesión 8ª)

-Iván Herrera, Tesorero del Sindicato de Supervisores de Codelco Norte. (Sesión 8ª)

-Víctor Galleguillos, Consejero Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 9ª)

- Hernán de Solminihac, Ministro de Minería. (Sesión 11ª)

-Diego Hernández Cabrera, Presidente Ejecutivo de Codelco. (Sesión 12ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 12ª)

-Julián Alcayaga, Presidente de la ONG Recuperamos el Cobre de Chile. (Sesión 13ª)

-Andrés Mac-Lean, Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco. (Sesión 15ª)

-Adolfo López, Jefe de la División de Gestión y Planificación Estratégica de Cochilco. (Sesión 15ª)

-Héctor Moraga, Jefe de la Dirección de Fiscalización de Cochilco. (Sesión 15ª)

-Diego Hernández Cabrera, Presidente Ejecutivo de Codelco. (Sesión 16ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 17ª)

-Andrés Tagle, Director de Codelco. (Sesión 17ª)

-Raimundo Espinoza Concha, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 18ª)

-Juan Olguín, Consejero de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 18ª)

-Cristián Cuevas, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 20ª)

-Manuel Ahumada, Vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 20ª)

-Thomás Keller Lippold, Presidente Ejecutivo de Codelco. (Sesión 21ª)

-Marcos Lima, Director de Codelco. (Sesión 21ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 23ª)

-Pablo Wagner, Subsecretario de Minería. (Sesión 25ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 25ª)

-Thomas Keller Lippold, Presidente Ejecutivo de Codelco. (Sesión 26ª)

-Gerardo Jofré Miranda, Presidente del Directorio de Codelco. (Sesión 26ª)

-Raimundo Espinoza Concha, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 27ª)

-Juan Olguín, Consejero Nacional de la División Ventanas de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 27ª)

-Raúl Álvarez, Asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre. (Sesión 27ª)

-Julio Pereira, Director del Servicio de Impuestos Internos. (Sesión 29ª)

-Hernán de Solminihac Tampier, Ministro de Minería. (Sesión 32ª)

III. ANTECEDENTES GENERALES.

Los Diputados patrocinantes de esta investigación, solicitaron que el trabajo que realice esta Comisión Especial, deberá ejecutarse bajo los siguientes parámetros:

Estatuto jurídico aplicable.

1.- El decreto ley N°1.350, de 1976, creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, institución que fue concebida como una empresa de propiedad del Estado chileno, con el objeto de dedicarse a la minería industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

2.- La Corporación es encabezada por un Directorio que tiene nueve integrantes, designados de acuerdo a las normas establecidas por la ley N°20.392, publicada en el año 2009.

Objetivos de la empresa estatal.

La Corporación tiene como principal objeto “desplegar su labor en forma responsable, con excelencia, con gran capacidad para efectuar negocios mineros relacionados con Chile y con otros países, con el propósito de maximizar en el largo plazo su valor económico y su aporte al Estado. Dicha misión se llevará a cabo, teniendo una organización de alto desempeño, con una creativa innovación y con un amplio conocimiento de las personas que realizan sus labores en dicha Corporación”.

Variación de los planes de negocios efectuados por la actual administración de Codelco-Chile.

Es del caso señalar, que en el último tiempo los planes implementados por las administraciones anteriores, para desarrollar una adecuada forma de hacer negocios y con ello, obtener una buena productividad, han sido modificados. Esta situación, es necesaria conocerla, con el objeto de que la opinión pública pueda saber en la forma como se maneja esta Empresa que le pertenece a todos los chilenos.

Respecto de lo anterior, se debe mencionar que la nueva Administración Superior de Codelco, ha establecido un cambio en las políticas de desarrollo para la explotación de los yacimientos. Es por ello, que se observa una discrepancia sobre los Planes de Negocios que han efectuado administraciones anteriores, quienes privilegiaron el desarrollo de proyectos con operaciones efectuadas con recursos propios. Sin embargo, la actual administración ha optado por realizar cambios corporativos, sin existir fundamentos viables. Es por ello, que no se entiende la separación efectuada en la División Codelco Norte, donde se focalizan esfuerzos y tareas de centros de trabajo que enfrentan desafíos distintos.

Por otra parte existe el tema de la externalización de funciones. Al respecto, se puede apreciar que en las plantas concentradoras de las Divisiones de Andina y de Radomiro Tomic, las que tendrían un diseño de negocios financiados y operados por terceros, negando la propia capacidad productiva de la empresa estatal.

Cierre de áreas estratégicas y de tercerización.

Es necesario conocer el motivo que ha tenido la Empresa, para cerrar planes de negocios actuales. Es preocupante que exista la intención de cerrar fundiciones y refinerías que han sido consideradas estratégicas, Además, se ha conocido el interés de cerrar las áreas administrativas que existen en las distintas divisiones, lo que significa centralizar los procesos internos de Codelco. Con esta situación, se ha determinado que toda la aprobación de diferentes autorizaciones, debe efectuarla la Presidencia Ejecutiva, la que se encuentra en la ciudad de Santiago.

Por otra parte, es del caso recordar que Chile tiene el 50% de las reservas de cobre del mundo. Es por ello, que no se entiende que la actual administración de Codelco, se reste de gestionar mayores negocios, para mantener los actuales niveles de producción. Al respecto, no sería bueno que se pudiera pensar que exista un cambio de gestión, para beneficiar la inversión privada y con ello, se gestione una privatización encubierta de Codelco.

Contratos de asociación que perjudican el patrimonio estatal.

Existe la celebración de contratos de asociación y promesas de contrataciones futuras, que van en permanente desmedro de la empresa cuprífera Codelco, cuando existen presunciones ciertas de que hay negocios a gran escala y no solo meras expectativas de factibilidad minera.

Lo señalado anteriormente, se puede comprobar con la información aparecida en la prensa con fecha 24 de agosto de 2010, en la que se informa que la Corporación del Cobre, por medio de su filial contractual Minera Picacho, habría firmado un contrato de asociación con la empresa minera nacional Antofagasta Minerals, AMSA, otorgando Codelco la concesión de exploración a la empresa privada, quien por su parte se compromete a financiar las faenas de exploración, avaluadas en un monto total de U$ 2.5 millones, por un plazo de 4 años. Las pertenencias de propiedad de Codelco a explorar comprenden el conjunto denominado Cumbres, ubicado a 30 kilómetros al este de Sierra Gorda y a 50 kilómetros al suroeste de Calama. Se indica que una vez terminado el proceso de exploración y ante la eventualidad de ser comprobada la factibilidad de explotar el mineral, Codelco se comprometió además, a formar una Sociedad con AMSA, detentando la estatal el 40% de las acciones y Antofagasta Minerals el otro restante 60%, situación que es abiertamente perjudicial para Codelco. Por lo tanto, es necesario que la parte ejecutiva de Codelco entregue una información adecuada al respecto, ya que se trata de un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

Codelco, debe seguir siendo una empresa modelo para nuestro país y se deben fijar adecuadamente las políticas de Estado respecto de la explotación y de la venta del producto final de la gran minería del cobre en Chile.

Venta de Activos prescindibles.

La actual administración de Codelco, ha realizado entre sus planes de negocio, una variada venta de activos señalados como prescindibles, con el objeto de capitalizar posteriormente dichos ingresos para que generen inversiones futuras. Sin embargo, existe la duda sobre dichas operaciones, ya que también cabe la posibilidad de que los activos puestos en venta no sean tan prescindibles como se dice, y se busque esta alternativa como una forma de liberarse de la propiedad estatal dando mayor cabida a la privatización de la empresa de manera paulatina y sin que aparezca como un riesgo mayor.

Se plantea que Codelco no es una empresa independiente del estado de Chile, por lo tanto las decisiones trascendentes tales como inversiones, proyectos y decisiones estratégicas deben ser fiscalizadas por los representantes de la junta de accionistas que son todos los chilenos. A raíz de ello, se puede considerar que existe una grave amenaza al patrimonio del país, la venta de activos sin una decisión al menos consensuada y con la información completa a disposición de la ciudadanía.

Por otra parte, a diferencia de la empresa privada, Codelco entrega todos sus excedentes al Estado, por lo que el no utilizar parte de estos recursos adicionales, para las inversiones que otorgan viabilidad futura a Codelco, y por ende mayores gananciales para repartir, resulta incongruente con los planes de largo plazo de desarrollo y crecimiento económico del país.

Lo anteriormente señalado, está en concordancia con lo ocurrido con la venta de activos de Codelco. E-CL, ex Edelnor, la cual, es la principal empresa generadora de electricidad del SING (Sistema Interconectado de Norte Grande), que se extiende entre la Primera y Segunda Región de Chile, y es la principal fuente de abastecimiento energético de los yacimientos propios y del resto de las empresas mineras. E-CL es el nombre de la fusión de Electro Andina S.A. y Edelnor SA., y ambas forman parte del “Grupo GDF Suez (52,4%) en la que Codelco mantenía el 40% de propiedad.

Se indica que Codelco ingresó a dicha sociedad en el año 2002, a través de una sociedad con la belga Tractebel y tuvo como objetivo contribuir a la solución de la crisis financiera de la empresa y a la necesidad de contar con su suministro eléctrico para el SING, esencial para el abastecimiento energético de las empresas mineras del norte grande. E-CL controla operaciones de generación eléctrica por 1.795 KWH (49% del SING), que “aumentará a 2.125 MW con la entrada en operaciones de las centrales de CTA y CTI I. Adicionalmente, la Sociedad fusionada cuenta con 2.080 km. de líneas de transmisión; participa en el negocio de transporte de gas natural desde Argentina con una capacidad de 8 millones de m3 al día y, a través de su filial Distrinor SA., participa en el negocio de distribución y comercialización de gas y sus derivados en la zona norte de Chile, según publica la misma compañía. Además de las termoeléctricas Andina y Hornitos, E-CL tiene en desarrollo varios proyectos orientados a las futuras necesidades de energía de las faenas mineras del norte grande, insumo esencial y estratégico para la viabilidad de dichos proyectos, mayoritariamente privados. También posee iniciativas en el desarrollo de biocombustibles y energía eólica.

Adicionalmente a lo anterior, Codelco formalizó que no mantendría su porcentaje de participación en la comercialízadora de gas natural licuado GNL Mejillones, que comparte también con GDF Suez, pasando ésta a ser el controlador mayoritario con un 63%, y quedando la minera estatal con sólo el 37%. La empresa GNL Mejillones fue creada en octubre del 2007, en medio de la llamada “crisis del gas”, como una iniciativa del Estado, para garantizar el abastecimiento energético a la zona norte, en especial a la gran minería del cobre del norte grande, en su mayoría de propiedad de transnacionales extranjeras. Para ello, concurrió a la constitución de una sociedad con GDF Suez en proporción igual de propiedad, siendo el Estado representado por Codelco.

Por otra parte, la transnacional australiana BHP Billiton tiene en evaluación de impacto ambiental dos unidades termoeléctricas propias, Kelar, en Mejillones, con 250 Kw. de potencia cada una. Esta decisión fue adoptada bajo la dirección del mismo ejecutivo que hoy preside Codelco, señor Diego Hernández.

También es necesario saber que la disponibilidad de agua y energía eléctrica, pueden llegar a ser tan importantes como la existencia de un mineral de buena ley en el desarrollo de un proyecto minero. Además, existe una gran complejidad respecto de los proyectos de generación eléctrica para que aprueben la parte ambiental. Por lo tanto, el aseguramiento del abastecimiento eléctrico, y la positiva rentabilidad de un negocio minero, por la potencial escasez de electricidad, hacen que la decisión que el Estado de Chile abandone su participación en empresas del área energética y sanitaria no parezca muy razonable, considerando el interés general y de largo plazo que tiene el país.

Contratación precaria de trabajadores y desconocimiento de acuerdos.

Existe otro tema que es necesario tomar en consideración, que es la contratación de manera precaria que hace Codelco para los trabajadores nuevos. Esta es una situación que se aparta de los acuerdos conseguidos por los Sindicatos Mineros con la Empresa, que por años han trabajado por acuerdos formales y vinculantes consagrados en documentos que guiaron la relación Empresa - Trabajadores y que hoy no se respetan. Además, se ha entregado una información sobre las diferentes dotaciones, que escapan de la realidad.

Respecto de lo anterior, es entendible que se maneje el tema de las dotaciones de personal en una empresa moderna y dinámica como es Codelco, pero es necesario que se realice con aspectos relacionados con la innovación, modernización, eficiencia, producción y competitividad, pero esto se debe efectuar con respeto a la ley, cumpliéndose con los acuerdos suscritos con los trabajadores.

Para mayor información se indica, que en el año 1994, los sindicatos de trabajadores del cobre, afiliados en la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, diseñaron un documento que sentaría las bases de lo que significa el diálogo social con la Empresa. La “Propuesta Nacional de los Trabajadores del Cobre” sería la base de la primera Alianza Estratégica (AE) que se suscribiría por la empresa, los trabajadores y el gobierno.

Durante 15 años, la administración de Codelco y la FTC desarrollaron un pacto de gobernabilidad al interior de la Empresa y en el año 1995 se firmó la “Declaración de la Alianza Estratégica”, lo que dio paso a la creación posterior del Proyecto Común de Empresa y la continuidad de éste a través de sucesivas fases de la Alianza.

Entre los hitos conseguidos por esta alianza, se destacan los siguientes:

-Primera Alianza: Rebajar el costo de producción en 10 centavos de dólar por libra en el quinquenio 1995-1999. Al respecto se logró rebajar sobre los 20 centavos.

-Promesa de duplicar el valor de la Empresa en seis años (2000-2006). Resultados del valor económico a enero de 2006: Aumento de US $9.500 millones en el año 2000 a US $23.500 en el año 2006.

-Traslado del Campamento de Chuquicamata a Calama.

-Negociaciones colectivas sin conflictos en el período 2003-2009.

-Pese a la crisis financiera ocurrida en el año 2008, la División y la Corporación, fueron capaces de generar excedentes para el país, similares a años normales, producto de la aplicación de los principios de la Alianza Estratégica.

-Generación de Excedentes de Codelco son equivalentes a US $48.750 millones de dólares en el período 1994-2010.

En la actualidad de esa alianza estratégica solo queda el nombre ya que la actual administración ha privilegiado la contratación de gente inexperta, para defender la precarización de los contratos de trabajo. Además, falta el poder de resolución para resolver la negociación de contratos en las divisiones, incluso la firma de los ascensos y de las promociones deben ser firmados en la ciudad de Santiago por la autoridad central. Tampoco existe disposición para tratar mediante delegación de facultades temas de contratos colectivos y mesas bipartitas, todo ello trae como consecuencia: la dificultad en el diálogo entre la Dirigencia Sindical y la Administración, distorsión del ambiente laboral y generación de ineficiencias en los procesos productivos.

IV. ANTECEDENTES SOLICITADOS POR LA COMISIÓN.

V. EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS QUE CONCURRIERON A LA COMISIÓN A ENTREGAR ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA INVESTIGADO.

1. El Presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores Rol A, de Codelco-Chile, señor Ricardo Calderón.

Señaló que como Presidente de Fesuc, tiene una serie de interrogantes, sobre la actual estructura de organización que tiene Codelco, al respecto existen instancias que antes no habían. Recordó que el poder que ejercía el señor Juan Villarzú como presidente ejecutivo de la Empresa, no es el mismo que detenta el señor Diego Hernández, porque el directorio encabezado por don Gerardo Jofré, es diferente. El actual Directorio tiene ciertas facultades y atribuciones, y la administración de la empresa propiamente tal, que es ejercida por don Diego Hernández, tiene otras facultades y atribuciones. Sugirió, que sería bueno tener claro, como un primer insumo para el trabajo de la Comisión, las visiones de uno y otro.

Por otra parte, planteó que sería bueno conversar con los Ministros de Minería y de Hacienda, que integran la junta de accionistas, para conocer el financiamiento que se destinarán a las futuras inversiones.

Indicó que a su juicio, sería conveniente primero hacer un rayado de cancha sobre las características planteadas, que les pudiera permitir conocer el nivel de la administración para tratar estos temas; si es a nivel del directorio, o a nivel de las autoridades del Ejecutivo o con los representantes en la juntas de accionistas, estas son las materias que les interesa.

Recordó que esta Comisión Investigadora responde a un compromiso contraído con la Comisión de Minería y Energía, tras una sesión realizada meses atrás en la ciudad de Calama, por lo tanto, también es un compromiso hecho frente a la ciudadanía debido a ciertas circunstancias que han ocurrido en Codelco, en el último período.

Agregó, que lo que ocurre actualmente en Codelco, no está acotado sólo a la actual administración, sino que hay temas de carácter más transversal que vienen acaeciendo a partir de administraciones anteriores.

Señaló que es de interés para todos los trabajadores de Codelco, que los resultados que se obtengan de esta Comisión sean fructíferos y que se entreguen los antecedentes a la opinión pública, sobre las denuncias que den a conocer, por parte del estamento profesional de supervisión de las diferentes divisiones.

Explicó que la Federación que representa fue fundada hace 18 años en la ciudad de Chuquicamata, en octubre de 1993, y agrupa a más de 2 mil profesionales de Codelco, reunidos en 6 sindicatos: Codelco Norte, Salvador, Teniente, Andina, Casa Matriz y Tocopilla, que hoy es E-CL.

Esta Federación agrupa a sus profesionales con el interés básico de apoyar el desarrollo de los intereses y promover el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo.

Como Federación plantean cinco puntos que son esenciales para el desarrollo de Codelco, con el fin de conjugar los costos, la productividad, la eficiencia, la dignidad y el buen trato a las personas. Con estas cinco ideas se pretende que Codelco sea una empresa moderna, eficiente, de alta tecnología y con bajos costos de producción. Es algo que está dentro de las aspiraciones y de las condiciones que creemos debe tener para el desarrollo de Codelco.

También es necesario que los recursos que se obtienen deban estar destinados a financiar el desarrollo económico y social de Chile. Ése es el fin de Codelco, por lo que es relevante el tema de la propiedad.

Por lo tanto, Codelco debe estar en manos del Estado de Chile y su propiedad no puede traspasarse a consorcios extranjeros o al sector privado chileno en ninguna proporción, debido a que todo traspaso lo que hace no es más que impactar negativamente en los resultados de la empresa, y en la explotación del cobre, lo que, finalmente, enriquecería a los dueños que aportan ese capital en detrimento del desarrollo social de Chile.

Esta Federación estima que las inversiones son un tema eje y es algo que sistemáticamente se ha planteado para que Codelco tenga una política estable, consistente, conocida y de largo plazo, que le permita financiar sus inversiones de desarrollo, tanto para mantener los niveles de producción actual, como para crecer en el porcentaje de producción de cobre que hoy se exporta. Es un tema en que Codelco no ha estado bien en los últimos años.

Expresó, que Codelco debe confiar en sus trabajadores y supervisores, porque esa es la posibilidad del diálogo, de la participación y de la construcción de acuerdos entre la Empresa y sus trabajadores. Estos deberían ser los mecanismos usuales de entendimiento y desarrollo empresarial y humano. Esto es muy relevante, porque de alguna manera, aunque no es la causa oficial, que gatilló la situación del paro nacional del cobre, que se realizó el 11 de julio pasado, en la ciudad de Calama. En aquella ocasión se denunció el rompimiento del diálogo, que no hay espacios de participación, que se deterioró el clima laboral, y que se ha dañado a la empresa. Además, se observa que hay indicios de acciones tendientes a una privatización de Codelco.

Otro punto que es necesario aclarar es lo que se ha dicho respecto de la nacionalización, que es un error histórico. Al respecto habría que señalar que por el contrario, se trata de un gran acierto para Chile. Codelco no tiene los 40 años de la nacionalización del cobre, porque se creó en 1976 como una forma orgánica de agrupar a las empresas nacionalizadas o empresas colectivas del Estado. Eso está contenido en el decreto ley N° 1.350, de 1976.

Sin embargo, el proceso de nacionalización del cobre, del cual Codelco, como empresa, es heredera, le ha arrojado a este país 84 mil millones de dólares de excedente económico en el período, de los cuales la gran mayoría se han producido en los últimos años. Esto demuestra que la nacionalización no fue un error histórico.

Los 84 mil millones de dólares que ha generado Codelco a través de su historia equivalen a más del doble de los ingresos que el Estado ha obtenido, por concepto de impuestos de todas las empresas de los distintos sectores económicos durante el mismo período. Por lo tanto, Codelco y los resultados de la nacionalización han sido tremendamente positivos, desde el punto de vista de la recaudación del Estado de Chile, para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo.

El año 2010 fue un año muy interesante para la gran minería, especialmente del cobre. En el ranking de utilidades del año pasado, Codelco se ubica en el primer lugar, seguido de cerca por otras importantes empresas mineras, todas ellas de capitales privados. Sólo en el sexto lugar se encuentra una empresa ligada a la energía.

Respecto del porcentaje de los excedentes que Codelco aporta al presupuesto fiscal, en algunas ocasiones a llegado cerca del 25 por ciento, pero el promedio está en torno al 15 ó 16 por ciento de la recaudación del presupuesto fiscal.

Por lo tanto, la Empresa que se crea a partir de la nacionalización, que es Codelco, ha sido tremendamente productiva, eficiente, exitosa y un acierto indiscutido para Chile.

En relación con el área de proyectos hay una proporción bastante significativa a favor de los trabajadores contratistas, de montaje y de labores de carácter más temporal.

Por otra parte, hay temas que les preocupan y que gráficamente son menos vistosos. Por ejemplo, existen amenazas constantes de tercerización de trabajo del área productiva que han contribuido a afectar negativamente el clima laboral, que es una variable que impacta sobre los procesos productivos, sobre la seguridad, sobre los estados de ánimo, la motivación, la disposición del conjunto de los trabajadores de cualquier empresa. Por lo tanto, se promueve permanente externalizar las labores de la empresa, para subcontratar ciertas actividades, estas situaciones, afectan mucho el desempeño de los trabajadores y va generando tensiones relevantes especialmente a nivel de los trabajadores internos. Todo esto va produciendo un desequilibrio en las remuneraciones y beneficios, lo que va en contra directamente del trabajador mercerizado, lo cual, produce una merma entre los trabajadores y en el desempeño de sus labores.

Es por eso que no comparten las diferencias que se producen en las remuneraciones y beneficios. Al respecto, como trabajadores y como supervisores de Codelco han formado organizaciones sindicales fuertes, lo que ha permitido tener negociaciones con resultados que valoran profundamente.

Explicó que hay un tema nuevo, pero que no se creó con esta administración, que es tema de la precarización de los nuevos contratos de trabajo, lo que produce un deterioro en las condiciones laborales y de las remuneraciones de un nivel hacia otro inferior y a su vez causa discriminación.

Planteó que este tipo de condiciones no es de responsabilidad del actual Presidente Ejecutivo, señor Diego Hernández, esto se comenzó a aplicar en la administración de José Pablo Arellano y es una situación que ha tenido desiguales niveles de avance en las diferentes divisiones de Codelco. Sin embargo, existe una política transversal que va en esta línea y que denominamos de precarización de los contratos nuevos. Este es un tema que está ligado a la política desarrollada por la Empresa sobre renovación y rejuvenecimiento de la dotación de personal. Al respecto Codelco se deshace de los trabajadores de más edad, siguiendo una lógica de bajar los promedios de edad de la dotación de personal, pero a su vez, se les entregan indemnizaciones especiales, pero el deshacerse de la gente de más edad, no tiene que ver con cuál es el nivel de aporte real que estos profesionales entregan a la minería.

Indicó que existen estudios que demuestran que las personas de mayor edad, pueden bajar su productividad, pero esta situación se refiere a las personas que realizar trabajos físicos, pero no se produce en personas que desarrollan actividades de creciente complejidad intelectual. Indudablemente, que en esa situación la experiencia es un valor, un activo, sobre todo hoy en que el mercado minero está demandando bastantes profesionales calificados.

A modo ilustrativo, sólo Codelco se ha deshecho de esa gente para bajar el promedio de edad. Por lo tanto, Codelco se deshace de trabajadores que tienen experiencia, que es más cara y que, dicen que es más improductiva, aunque no hay ninguna explicación técnica que lo avale.

Señaló que las autoridades de Codelco nunca han explicado el fundamento que han tenido a la vista, para despedir una gran cantidad de trabajadores y que por otro lado, se contrata gente más joven, incluso más mujeres, lo que es positivo, pero los contratos de esta gente nueva, ya sean ingenieros en entrenamiento, graduados, talentos o como se les quiera llamar son precarizados, es decir, se les contrata en condiciones inferiores en un 40 ó en un 30 por ciento menos, que al conjunto de los trabajadores históricos de Codelco.

Sin embargo, esa buena tradición en materia de relaciones laborales, se rompe por las nuevas determinaciones adoptada por la Empresa en materias laborales.

Expresó que lo sorprendente de la situación descrita, es observar que las personas desvinculadas por la Empresa, son rápidamente contratadas, ya sea por empresas privadas o por el mismo Codelco. Se les ve trabajando en asesorías, en consulta o en empresas contratistas. Se observa a estos profesionales que vuelven a trabajar a la compañía, aunque se les desvinculó y se les entregaron indemnizaciones especiales, porque se suponía que ya no eran necesarios para la empresa. Sin embargo, la práctica indica otra cosa. Agregó, que las situaciones descritas producen una serie de contradicciones, que a nuestro juicio deben ser aclaradas.

Por otra parte, existen otras preocupaciones, que observamos que, producen evidentes transgresiones a los acuerdos colectivos corporativos vigentes y que son vinculantes entre la administración de Codelco, sea quien sea su titular.

En mérito de lo anterior, planteó que existen acuerdos que se generaron en torno a la alianza estratégica y al proyecto común de empresa, se suscribieron una serie de protocolos y de actas de acuerdos, algunas de las cuales se tradujeron en normas corporativas, que deben ser respetadas por todos quienes trabajamos en la Empresa. Al respecto, los acuerdos adoptados por la NCC28 y NCC29 y el Protocolo I, han sido transgredidos.

Explicó que el Protocolo I, tiene que ver con estabilidad y el empleo y que fue redactado para cuando Codelco requiriera realizar cambios o movilidad en la dotación de personal por necesidades de transformación productiva, como la que hoy está viviendo Chuquicamata; sin embargo, cuando se requería que funcionara en beneficio de los trabajadores, se desestima y se desecha unilateralmente.

Señaló que hay otro tema que les preocupa, que es el relacionado con la forma de dividir Codelco-Norte, que es el equivalente al fenómeno denominado multi-rut, en el sector retail. Con esta situación, entendemos que en la práctica, bajo el mismo RUT se pretende intentar de crear empleadores diferentes. Agregó, que las condiciones de trabajo para los trabajadores que laboran en la nueva división Ministro Hales, quedarán muy por debajo de las condiciones históricas que mantienen en la gran minería del cobre y en Codelco. Por lo tanto, esta situación también merece un examen profundo y un análisis de parte de la Administración actual de Codelco.

Planteó que este tipo decisión puede ser estratégica, pero pareciera que es facultad del Directorio y no de la Administración, por lo que sería adecuado hacer las consultas del caso, si es bueno dañar a los trabajadores que ganan más o que tienen mejores beneficios o mejores condiciones de vida y de trabajo. Nos parece que se debe estudiar una nivelación hacia arriba y buscar que cada día más trabajadores tengan más beneficios sociales.

Expresó que existe otra preocupación respecto de lo que son los modelos organizacionales que se puedan implementar, en nuevas fases y nuevas expansiones.

En relación con el interés que ha demostrado Codelco de hacer asociaciones con terceros y de realizar una externalización en ciertas actividades que históricamente han realizado los trabajadores de Codelco. Indicó que al respecto, sería bueno conocer el tema de la situación de Gaby. En la actualidad es sabido que la condición contractual de la minera Gaby respecto de la posibilidad que tiene la empresa China Minmetals, de acceder a parte importante de su porcentaje y la transformación de sociedad anónima a sociedad por acciones, son temas que efectivamente requieren de una explicación respecto de cuál fue el estatus real, así como que se investigue el por qué Gaby, se hizo en esas condiciones y con las diferentes figuras legales que, en definitiva, permitieron que esta división se financiara y se echara a andar. Agregó que entiende que este tema fue aprobado por el Directorio y éstas son señales que el mundo sindical ve como amenazas de privatización de Codelco.

Por otra parte, señaló que observan como trabajadores que existe una amenaza para los beneficios sociales que existen en salud, en educación, en vivienda que han alcanzado, construido y desarrollado los trabajadores y los profesionales del cobre durante décadas de negociaciones y de trabajo, para alcanzar un sistema que es un orgullo. A su juicio, el quitarle estos beneficios a los trabajadores del cobre no resolverá los problemas del país.

Manifestó que en materia de seguridad, hay un enfoque burocratizado de las acciones de seguridad que se adoptan. En Codelco a juicio de los trabajadores, existe una forma burocrática de abordar los temas de seguridad, muy de oficina y que sobrecarga de trabajo administrativo, en especial a los estamentos medios de la corporación, sin que eso se traduzca necesariamente en mejores condiciones de seguridad en Codelco. Agregó, que existen lógicas que no son muy consistentes, que preocupan y que son criticadas por el estamento de supervisión.

Señaló que hay otro tema que es preocupante, que es el relacionado con la externalización de actividades que serían “no competitivas”, porque la condición de ser o no ser competitiva tiene que ver con costos laborales e, indudablemente, quien no tiene sindicato, quien tiene los mínimos legales, es más barato que los trabajadores que tienen contratos colectivos, sindicatos fuertes y negociación colectiva.

Existe otra situación que está relacionado con los administradores de contratos, pues gran parte de ellos son supervisores, profesionales asociados a nuestra organización sindical. Este tema está conectado con la externalización de servicios a terceros, porque en la medida que haya una mayor externalización de servicios, se deberá requerir más personas que se dediquen a administrar esos contratos. Esto significa también que la administración de esos contratos conlleva responsabilidades civiles y penales que, en la práctica, han generado una situación de vulnerabilidad de un segmento importante del estamento laboral de Codelco, sin que haya como contrapartida los equilibrios necesarios. Al respecto, se han producido despidos, se hacen auditorías y siempre el que termina perjudicado es el estamento de supervisores, sin que exista un rayado de cancha más claro en esta nueva actividad intensiva que son las administraciones de contratos. En esto existen números que son realmente dramáticos desde el punto de vista de la cantidad de la carga de trabajo que necesariamente lo tiene que hacer alguna persona y, evidentemente, los errores van en contra de esa persona. Ahí no existen excusas.

Indicó que en el tema de los despidos, se dice que los trabajadores de Codelco tienen planes de egresos que son mucho mejores que los que tienen los trabajadores del sector público. Sin embargo, mucho de estos despidos se han hecho en base a discriminar a la gente por edad. También es posible advertir que estas listas negras de desvinculación tienen una alta correlación con el hecho de si se tenía o no participación sindical, lo cual, constituye una práctica que habría que revisar.

Planteó su interés de explicar un acuerdo que se adoptó el 26 de septiembre de 2011, con la administración corporativa de Codelco, acuerdo que es tremendamente importante para nosotros, porque, de alguna manera, se rompe con la tradición de no diálogo que criticaban y, que de alguna manera, abre ciertos espacios para la construcción de acuerdos futuros.

“Primero: Desde el proceso de nacionalización del cobre chileno, Codelco ha generado 84.000 millones de dólares. Durante el año 2010, 10 de cada 77 dólares que ingresaron a las arcas fiscales fueron aportados por Codelco. Estos datos grafican la importancia que Codelco reviste para nuestro país y el compromiso ético que significa consolidar su sustentabilidad futura y su posición de liderazgo, en la industria mundial del cobre y sus subproductos.”

“Segundo: En el contexto anterior, Codelco requiere revisar y adecuar continuamente su organización, sus prácticas y sus procesos operacionales, como cualquier empresa. Asimismo, en el corto plazo necesita potenciar la productividad de todos sus activos, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus metas de producción y el control de sus costos. Por otra parte, de su desarrollo requiere necesariamente una eficiente ejecución de los proyectos estructurales y de gestión.”

“Tercero: El profesional de la Corporación constituye un factor clave en la gestión de Codelco. Su liderazgo como supervisora o supervisor en los procesos productivos y en la gestión organizacional resulta fundamental para incentivar la motivación y el compromiso de los resultados que la empresa y que el país necesitan. Su gestión es también relevante para fomentar el desarrollo y la movilidad de las personas de la organización.”

“Cuarto: Este es un punto del acuerdo muy importante, porque parte de las preocupaciones e interrogantes que plantearon en torno a Codelco, tienen que ver con la existencia de las prácticas antisindicales que se han venido desarrollando, particularmente hacia aquellos segmentos más altos de la jerarquía de jefaturas, a los cuales, progresivamente se les ha ido conminando a salirse de las organizaciones sindicales, especialmente en momentos previos a las negociaciones colectivas. Esto claramente y a todas luces, infringe los convenios internacionales, el Código del Trabajo, y la Constitución Política. Y en una empresa estatal esto es mucho más grave.”

Recalcó que este punto es muy valioso, para que se dé una señal en contrario y se establezca en el acuerdo que “La administración reconoce el derecho de los profesionales de la dotación propia de Codelco a sindicalizarse en conformidad a la ley, cualquiera sea su situación contractual en la empresa.” Es decir, la idea de que los cuadros directivos o de jefatura superior no deben sindicalizarse queda claramente descartada y desterrada. Sin embargo, creemos razonable preguntar a las autoridades de la Administración, cuáles son sus puntos de vista y políticas en materia del ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las personas, como el de asociación y sindicalización. Dicho punto agrega lo siguiente: “Asimismo, reconoce la representación legítima que corresponde a las organizaciones sindicales respecto de los intereses y derechos de sus afiliados.”

“Quinto. En este acto las partes concuerdan en la necesidad de construir espacios de participación y eventuales acuerdos basados en el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo. En el ámbito corporativo, las materias a analizar deberán corresponder a temas transversales de interés para la supervisión y/o para la administración de la empresa, en tanto que las materias propias de cada División y aquellas que son objeto y parte de los instrumentos colectivos de trabajo, deberán resolverse en un ambiente de diálogo participativo entre las administraciones divisionales y los respectivos sindicatos base.” Y

“Sexto. Ambas partes manifiestan su convicción de que el ejercicio de este acuerdo debe manifestarse en formas de relación colaborativas y en la perspectiva de seguir impulsando el crecimiento, la competitividad y la maximización de los excedentes que la corporación entrega al Estado, para los fines del desarrollo nacional.”

Manifestó que este acuerdo suscrito con la Empresa, reivindica las políticas en materia de gestión de personas, de relación con las organizaciones sindicales y de respeto al derecho a sindicalización por parte de la administración.

En relación con el tema de la exploración, recordó que Chile posee el 30 por ciento de las reservas mundiales de cobre e importantes depósitos de otros minerales de carácter estratégico, como el litio y la plata. Agregó, que cuando la División Ministro Hales comience a producir y llegue a sus niveles de producción en régimen, transformará al país en el segundo productor de plata a nivel mundial. Chile también es muy significativo en cuanto a la producción de oro. En definitiva, Chile es un país muy rico en recursos mineros y particularmente cupríferos.

En materia de exploraciones explicó, existe un acuerdo con Antofagasta Minerals, de propiedad del Grupo Luksic, la cual está ubicada en la zona de Sierra Gorda. Desde nuestro punto de vista, en caso de tener resultados exitosos, es una sociedad tremendamente desventajosa para Codelco, porque con las inversiones que se estarían haciendo por parte del Grupo Luksic, ellos serían los grandes beneficiados. Ahora el punto es que Codelco lo hace con el privado porque no tendría los recursos para realizar esas exploraciones de manera autónoma.

En relación con el tema de las inversiones señaló, que Codelco está realizando proyectos estructurales que tienen como objetivo mantener los niveles de producción o incrementarlos ligeramente. Sin embargo, al observar desde una perspectiva global dichas inversiones, habría que establecer que la proyección que se hace para el año 2020, de las 8.5 millones de toneladas que podría producir el país, 6.5 millones serían de producción privada y casi el ciento por ciento sería exportada en forma de concentrado, y sólo 2 millones serían producidas por Codelco, lo que equivaldría al 23.5 por ciento de la producción nacional versus el 76.5 por ciento de producción privada. Lo que quiere decir que si Codelco financia su actual plan de inversiones, destinado fundamentalmente a reponer las bajas de producción, de sus leyes y otras variables mineras, sólo servirían para mantener los niveles actuales, que son deficitarios, es decir, se caería la producción del 30 al 23 por ciento. Por lo tanto, el desafío de que Codelco aumente la proporción, exige inversiones mucho más significativas que el plan de inversiones que tiene actualmente, para los proyectos estructurales que hoy necesita la Empresa.

Por lo que es del caso plantear, que en el gobierno anterior se firmó un acuerdo con la FTC, en noviembre de 2005, en el que se establecían las bases para que la corporación recuperara progresivamente un mayor protagonismo en la producción de cobre del país, proponiéndose entre dicho acuerdo “la ambiciosa meta de alcanzar en el mediano plazo el 50 por ciento de la producción total de cobre en Chile.” Agregó, que al momento de suscribirse dicho compromiso, la producción de Codelco era de un 32.48 por ciento del total nacional, pero al cierre del mandato de la ex Presidenta Bachelet, la producción fue de 31.58 por ciento. Es decir, durante ese período se redujo la producción. Es discutible y puede haber una serie de razones, pero es una situación que les preocupa, por lo tanto, el tema de las inversiones no es un problema que le competa sólo a este gobierno o a los anteriores, sino que es una preocupación de país.

Y para quienes lo observen desde otra perspectiva, al cierre del primer año del actual gobierno, la participación relativa de Codelco en la producción nacional fue de un 28.4 por ciento, o sea, se sigue reduciendo la producción, y para el año 2020 se estima que será de un 23,5 por ciento.

Por lo tanto, recalcó que en materia de inversiones se ha sido muy mezquino con la principal Empresa que entrega cuantiosos recursos al Estado para su desarrollo. Es por eso que planteó que el tema de las inversiones, requiere un tratamiento que dé origen a una política estable, permanente y de largo plazo.

Planteó que hay otra situación que como dirigentes sindicales les preocupa en demasía, que Codelco es la empresa minera más endeudada del mundo.

Explicó que lo relativo a la deuda de Codelco, es un asunto de alta complejidad técnica, pero, de alguna manera, su alto nivel de endeudamiento se origina en el hecho de que no existe el dinero para hacer las inversiones. Es por ello, que Codelco para invertir debe necesariamente endeudarse o hacer venta de activos o generar contratos de ventas a futuro, los que están suspendidos desde hace bastantes años. Sin embargo, el año pasado Codelco se vio perjudicado por alrededor de mil millones de dólares por concepto de contratos de venta a futuro. Agregó, que la política implementada por Codelco para efectuar las ventas a futuro, le significará una pérdida de 5 mil millones de dólares, durante todo el período, hasta que venzan los últimos contratos.

A raíz de todas estas situaciones planteadas, que atentan en contra de las posibilidades de desarrollo de Codelco, es que a nuestro juicio, se están creando las bases para que se produzca una privatización de la Empresa. Se están usando mecanismos para ahogar las exploraciones, no se entrega el financiamiento para efectuar inversiones, se impulsa un mayor endeudamiento externo y se proyecta una venta de sus activos.

Planteó que al producirse un mayor endeudamiento y la venta de activos, obligará a Codelco a recurrir al capital privado. Añadió el ejemplo de esto es el tema de las exploraciones y la relación con Antofagasta Minerals. También está la venta de Edelnor que aparece en los resultados de Codelco en el 2010, y el 40 por ciento en la eléctrica E-CL.

Por otra parte, están los nuevos modelos de negocios, como El Abra, en el que Codelco tiene un 49 por ciento, pero cuya administración está en un ciento por ciento cedida al operador mayoritario extranjero, pero estos nuevos modelos de negocio tienen una alta externalización y precarización de sus condiciones. Por cuanto, se contratan trabajadores por una empresa, que después pasan a otra y así sucesivamente, que, en la práctica, laboran para la empresa mandante.

También existen situaciones preocupantes, como es el caso de la venta de activos que son autorizados por el Directorio de Codelco, sin pasar por instancias como el Parlamento. Es el caso de las ventas que ha hecho Codelco, como la División Tocopilla y en Coya y Pangal, la División Talleres, que ocurrió durante estos últimos días, y el Parlamento ni se ha enterado de aquello.

Señaló que existe otro tema de gran importancia, que es el relacionado con nueva norma sobre la emisión de las fundiciones, que es una situación que debe ser aprobada por el Gobierno, dado que existen compromisos con la OCDE sobre la emisión de las fundiciones, que da pie para cerrar las fundiciones y las refinerías que tiene Codelco, con el impacto evidente que ello produciría para la Empresa. Esta discusión no se puede limitar a una cuestión técnica o si Codelco puede o no hacer las inversiones para ajustarse a las normas de emisión, debe responder a una política de carácter nacional.

Al respecto, está el problema ocurrido en La Greda, o el último derrame en Andina hacia el río Blanco, el problema global de Ventanas, la situación de zona saturada en PM 10 en Calama, en fin, varias situaciones de salud, como las que aparecieron en El Teniente, etcétera. Son situaciones que no se le pueden cargar únicamente a Codelco, Empresa que le entrega todos los excedentes al Estado; tampoco se le puede pedir que haga todas las inversiones que se requieren para resolver esa serie de situaciones ambientales que, incluso, son de responsabilidad anterior a la existencia de Codelco.

Por ejemplo, en el derrame ocurrido en Los Andes se originó a raíz de las instalaciones construidas en tiempos muy remotos, por lo cual una solución de fondo a eso implicaría inversiones bastante cuantiosas, o el problema de Ventanas. Al respecto, es del caso recordar que fue Codelco quien, en nombre del Estado, se hizo cargo, como una forma de colaborar en la condición financiera de la Empresa Nacional de Minería.

Por lo tanto, los problemas ambientales ocurridos en la zona de Puchuncaví, en la cual se habría involucrado la Fundición Ventanas, requeriría que no sólo Codelco hiciera esas cuantiosas inversiones, sino que, es el Estado el que debe hacerse cargo y mejorar las condiciones de vida de la población allí emplazada.

Por último señaló, que respecto del futuro de Codelco, es necesario establecer criterios para mantener su carácter actual. Es relevante que sea de propiedad del Estado, pero se debe actuar de manera correcta. Por lo tanto, son absolutamente proclives e impulsores de esa lógica, pero se requiere que la sociedad chilena en su conjunto tome decisiones estratégicas respecto de la Empresa. Al respecto, se requieren acuerdos entre el mundo político y la ciudadanía para avanzar en esa dirección.

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2.- El Vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Héctor Roco.

Explicó que en su intervención como dirigente sindical, se referirá a los cambios que ha impulsado la actual administración de Codelco, con el objeto de tener una visión clara de la marcha y funcionamiento de la Empresa.

Manifestó el interés que tiene la Federación para reafirmar una vez más, que Codelco es una empresa de propiedad del Estado, eficiente, competitiva y sustentable, asegurando su permanencia como principal productor de cobre del mundo.

Por lo tanto, para los trabajadores del cobre es esencial dotar a Codelco de las herramientas y de la autonomía que le permita cumplir su misión, que es desplegar de manera responsable toda su capacidad de negocios mineros para maximizar sus aportes al Estado en el largo plazo, para contribuir al desarrollo y la cohesión social, que debe tener el país y sus regiones.

Señaló que los trabajadores y sus organizaciones sindicales tienen un interés altamente comprometido con la viabilidad y el desarrollo de largo plazo de Codelco.

Planteó que el movimiento sindical asume que en una empresa del Estado tiene una doble responsabilidad, defender legítimamente los derechos e intereses de los trabajadores, la eficiencia y el desarrollo sustentable de Codelco. Es por ello, que los temas que afectan a los trabajadores es un derecho fundamental, por lo cual, asume la defensa irrestricta de los espacios de participación ganados.

Señaló que a partir del año 1994, lograron tener una propuesta programática de los trabajadores. Era necesario poseer una mirada de largo plazo respecto de la problemática que tenía la empresa. Primero se incorporó una Alianza Estratégica, después el Proyecto Común de Empresa y, luego, la Nueva Alianza Estratégica. Al respecto, la nueva administración les ha negado esos espacios de participación, situación que produjo una serie de repercusiones al interior de la empresa y en las decisiones fundamentales, donde sencillamente los trabajadores no tienen ninguna opinión. En base a ello, esta Federación convocó el 11 de julio pasado a efectuar una paro nacional de actividades, al cual se adhirieron la totalidad de la Divisiones de Codelco y la Federación de Supervisores del Cobre.

Explicó que el Paro Nacional del 11 de julio, estaba basado en cinco puntos que fueron fundamentales para tomar esta decisión, a saber:

El primer punto, se basaba en impedir que se efectuara el traspaso de las pertenencias que amparan el yacimiento Gabriela Mistral de propiedad de Codelco y consolidar este yacimiento como una División cien por ciento estatal. La decisión estaba tomada, pero fue negada por el anterior Ministro de Minería, pero fue posteriormente reconocido por el Presidente de la República en la reunión que sostuvo con el cuerpo ejecutivo del Consejo Directivo Nacional; lo que también fue reconocida por el actual Ministro de Minería. Por lo que existe la creencia, que sino hubiesen efectuado dicha paralización, es muy posible que se hubiera firmado el decreto supremo correspondiente.

El segundo punto, estaba dirigido a exigir una política de capitalización de Codelco, que permita financiar en parte su plan de inversiones, sin perder su calificación de riesgo y competitividad futura. Este punto también lo conversaron con el Presidente de la República y una de las razones esgrimidas, es que al endeudar a la empresa se pierde competitividad y se aumenta el factor de riesgo, lo que para nosotros es relevante.

El tercer punto, está orientado a terminar con la prepotencia y autoritarismo en las relaciones laborales a nivel corporativo y divisional.

Al respecto, explicó que entienden sobre la dinámica en que se mueve la Empresa, que es algo que existe en la gran minería en la cual, están insertos y siempre han tenido el interés de discutir todos los temas, incluso, los que les afectan directamente. Agregó, que cuando llegó la nueva administración desconoció todos los acuerdos, incluso algunos que aún están vigentes y que se siguen aplicando. Esos fueron los motivos principales de la paralización de actividades.

El cuarto punto, se basaba en el tema de la empleabilidad y el pleno respeto a los contratos e instrumentos colectivos pactados entre las partes. En este punto ha habido una cierta vulneración a los acuerdos, lo que fue otro motivo de la paralización.

Finalmente el quinto punto, se basaba en la defensa de lo que hay que hacer sobre cobre chileno y el rechazo a la tercerización y privatización encubierta de Codelco.

Explicó que con fecha 11 de agosto, se suscribió un Acuerdo Marco sobre Relaciones Laborales: Diálogo Laboral para la Competitividad de Codelco. En el numeral 7 de este acuerdo se estableció la creación de una Comisión Conjunta para que, en un plazo de 45 días, se acuerde un documento definitivo que guiará las relaciones laborales al interior de Codelco. Agregó, que sobre dicha base se está trabajando un texto común, que aborde los principios que guiarán la relación, el respeto a las personas y la participación, una agenda y objetivos compartidos y los ámbitos de acción e implementación del acuerdo. Al respecto, están optimistas y esperan cerrar este acuerdo a la brevedad, porque los plazos están vencidos.

Señaló que se han recompuesto las mesas de trabajo en las divisiones, teniendo un grado de avance distinto, basado en la realidad de cada una de ellas. Añadió, que antes del paro, no tenían nada y después se han producido varias alternativas y ambas partes han entendido que hay caminos comunes, por los que tienen que transitar juntos la administración y los trabajadores.

Por otro lado, es necesario efectuar inversiones para los proyectos estructurales, es indispensable asegurar la aprobación y adecuada ejecución de los proyectos estructurales que en el quinquenio 2011–2015, superan los 17.500 millones de dólares. Es decir, un promedio anual superior a los 3.500 millones de dólares. Los proyectos estructurales son los siguientes: Chuquicamata subterránea, Ministro Hales, Sulfuros Fase II y Planta Concentradora Radomiro Tomic, Proyecto de Desarrollo El Salvador, Expansión Andina 144 y el Nuevo Nivel Mina El Teniente.

Indicó que la inversión que se produjo entre 1976 y el 2010, es decir en 35 años se hizo una inversión para realizar proyectos, por aproximadamente 30 mil millones de dólares. Ahora bien, se ha presupuestado para el período 2011 al 2022, en 12 años se deberá hacer una inversión similar. Es decir, se está proyectando una inversión inédita, muy grande y en esto se aprecia el futuro de la compañía. Por lo tanto, les parece que hacer una capitalización de las utilidades es una necesidad impostergable.

Planteó que es prioritario que Codelco pueda contar con un plan financiero sólido, que le permita enfrentar sus cuantiosos requerimientos para inversiones. Para ello el dueño debe respaldar, de manera real y concreta, establecer una política de capitalización de una parte importante de sus excedentes, que debiera ser del orden del 15 al 20 por ciento de sus excedentes.

Señaló que en el año 2012, Codelco deberá financiar proyectos cuyo monto ascenderá a una cifra cercana a los 4 mil millones de dólares. Es por ello, que la capitalización no puede ser inferior en ningún caso a los mil millones de dólares.

Es importante recordar que en los años 2010 y 2011 la autorización para capitalización de utilidades por parte del Ministerio de Hacienda, no acogió lo planteado por el Directorio de la Corporación, por lo que el aporte para capitalizar fue de 330 millones de dólares, en circunstancias de que el Directorio recomendaba que fueran mil millones. La preocupación que tienen, es que esta capitalización se haga vía endeudamiento, porque para la empresa es un riesgo seguir endeudándose.

Planteó que es necesario informar sobre la situación de los terceros en Codelco, que es algo crítico. Para la Federación los mayores espacios de eficiencia, disminución de costos y aumento de la productividad global están en el impulso de un nuevo modelo de gestión de terceros. Además, es fundamental revisar la situación de los contratos con terceros e internalizar las funciones críticas de las áreas productivas, operaciones y mantenimiento. En la actualidad, al sumar los insumos y los servicios de terceros, representan el 70 por ciento de los costos de operación.

Al respecto, les preocupa que trabajos de carácter permanente estén siendo asumidos por terceros. En los últimos años han tenido conflictos que han sido bastante grandes y que han afectado a la Empresa. Como es el caso de lo ocurrido en El Teniente, que realizaban labores eminentemente productivas, dichos trabajadores que se desempeñan en empresas colaboradoras, estaban pidiendo mejores condiciones, lo que finalmente trajo serias complicaciones, que le produjo a Codelco, pérdida de cientos de millones de dólares.

También es necesario observar respecto de los ex ejecutivos, que fueron desvinculados o se desvincularon de la Empresa en este último período y que no están actualmente contratados por terceros. Agregó, que no es sólo de la plana de ejecutivos, sino también de mandos medios que fueron desvinculados con planes de egreso, pero que actualmente están prestando servicio a honorarios en las mismas funciones en la Empresa.

Recalcó, que por una parte se argumenta que se prescinde de estos cargos y labores, sin embargo, siguen activos en los mismos cargos y funciones, pero a honorarios.

Señaló que hay otro tema que les preocupa, que es mejorar la productividad, lo cual, es un objetivo central para optimizar la gestión.

Recordó que en año 1994, cuando se suscribió la alianza estratégica, se comprometieron a rebajar en 10 centavos el costo de producción de la libra de cobre y ese costo se redujo al doble. Para lo cual, se hicieron una serie de transformaciones para adecuarse a la realidad que vivía la Empresa. Además, fueron capaces de llegar a buenos acuerdos con la administración.

Codelco durante los últimos años ha experimentado una pérdida en la productividad global. Esta situación implica la necesidad de llevar a cabo de manera participativa la optimización en la gestión operacional y productiva de la empresa.

Planteó que también existe un desafío que se debe abordar, en el entendido que hay nuevos casos en desarrollo, como es el caso de Andina, además, de lo complejo que es el envejecimiento de algunas minas, como la de Chuquicamata, que ahora será subterránea, lo cual, hace necesario que nos sentemos a conversar sobre el futuro de la Empresa y estudiar como mejorar la productividad.

En relación con la viabilidad y el desarrollo de las Fundiciones y Refinerías, manifestó que para la Federación es esencial potenciar a Codelco, como el mayor productor de cobre refinado del mundo. Esta opción es claramente estratégica para el desarrollo del país y para Codelco, que no puede quedar expuesto y vulnerable a la dependencia de fundir sus concentrados en instalaciones de China e India, más allá de que en el mercado spot se puedan obtener cargos de tratamientos bajos, que se van a revertir en el futuro.

En esta perspectiva, Codelco debe desarrollar un plan de inversiones orientado a financiar la cartera de proyectos, que permitan optimizar y aumentar las capacidades de sus actuales instalaciones en Chuquicamata, Potrerillos, Ventanas y Caletones. Agregó, que adquiere especial importancia, desarrollar proyectos de inversión orientados a cumplir normas ambientales que se puedan cumplir. En ese sentido, hay que ser claros que al imponer una norma de captación equivalente al 98 por ciento del SO2, es condenar el cierre de las fundiciones y refinerías de Codelco.

Explicó por otra parte, que la nueva administración está preocupada de bajar las líneas de fusión y nosotros creemos que hay que invertir. Por ejemplo, en Chuquicamata se prepara todo el distrito norte para hacer un gran centro minero-metalúrgico, se invierten cientos de millones de dólares en refinerías, en fundición, se prepara para que este centro sea capaz de procesar miles de toneladas -230 ó 170, según distintos planes- de mineral de sulfuro por día en concentrado. Antes del paro se iba a parar el horno flash en Chuquicamata, lo que significa sacar líneas de fusión de la actividad y nos imaginamos, que tiene que ver con regular las emisiones. Al respecto hay que ser claro, que si se acuerda tener una captación de gases en un 98 por ciento, las fundiciones de Codelco no tienen destino y esa norma habrá que flexibilizarla. La fundición que más captación tiene de gases es Ventanas y está en un 94 por ciento, por lo que es inalcanzable la norma del 98 por ciento. Para regularizar esta situación, se requiere de una gran inversión.

Por otra parte, planteó que la Federación considera fundamental el desarrollo sustentable de Codelco. Por lo tanto, esperan participar activamente en los proyectos estructurales de Seguridad y Salud Ocupacional y el de Medio Ambiente y Comunidades.

Agregó, que para la Federación el tema de la seguridad y de la salud ocupacional es de prioridad estratégica, por lo que se deben cerrar las brechas en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. En mérito de ello, es muy importante consolidar la Administración Delegada, como el ente administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley N°16.744.

Indicó que en el tema ambiental, Codelco debe hacer un seguimiento sistemático y dar cumplimiento a todos sus compromisos ambientales. Es por ello, que se debe impulsar una nueva política de mayor cercanía y compromisos concretos con las comunidades donde habitan los trabajadores de Codelco.

También es preciso consolidar y defender la institucionalidad que rige a Codelco. Recordó que la Federación respaldó en su oportunidad, respaldar el proyecto que modificó el estatuto del gobierno corporativo de Codelco, sobre la base de que esta empresa se administre como una empresa del Estado con visión de largo plazo y no como una empresa de propiedad del gobierno de turno, condicionado por sus intereses cortoplacistas. A raíz de lo cual, Codelco debe administrarse como una empresa que pueda competir en igualdad de condiciones con sus competidores privados. Para tal efecto, su fiscalización debe asimilarse a la de una sociedad anónima abierta y no a la de un servicio público. Por tal situación, es muy importante que el directorio asuma todas sus responsabilidades y facultades, especialmente en lo que respecta a responder por la gestión de la empresa, lo que obviamente implica su deber de fiscalizar la buena marcha de la empresa.

Explicó que en mérito de lo expuesto anteriormente, resulta una muy mala señal que el proyecto de ley que legisla sobre la seguridad minera, sustituya la fiscalización que realiza la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.

Por último, explicó que es muy importante los aportes que hace Codelco al fisco, los que alcanzan a más de 84 mil millones de dólares, en los últimos 40 años, tras la nacionalización del cobre.

Señaló entre los años 1998 y 2000, la empresa, definitivamente, quiso dar un salto en cuanto a que, como una sola empresa, aprovechó los conocimientos, la sinergia, la movilidad interna respecto de los nuevos proyectos que se avizoraban y de los cuales ya se estaban estableciendo los planes y las ingenierías respectivas, pero luego llegó esta nueva administración y se volvió a fojas cero.

Al respecto, como Federación exigen que Codelco efectúe una política de capitalización, para asegurar una competitividad futura.

Para lo cual, es de gran importancia que la Comisión solicite y revise los decretos firmados por el Ministro de Hacienda en los años anteriores en que empezó a regir la nueva ley de la corporación. Es por ello, que solicitan que el yacimiento Gabriela Mistral sea consolidado como una división de Codelco y no como una sociedad por acciones, que es su actual condición.

Por otra parte, es necesario que se respalden los acuerdos por la competitividad y el futuro que pueda alcanzar la Federación con la administración. También es importante apoyar mejoras en la situación de los contratos con terceros.

Añadió que la Federación considera que es imperioso revisar la política minera actual en el contexto del debate tributario que el país debe enfrentar. Para ello, es fundamental revisar y modificar la tasa de tributación efectiva que se aplica a las grandes mineras privadas. Por último, indicó que es adecuado profundizar los temas específicos con los dirigentes a nivel divisional, particularmente la situación de Codelco Norte.

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3.- El Asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Raúl Álvarez.

Señaló que la situación de la Refinería de Ventanas es un tema muy relevante para la Federación, porque, sin lugar a dudas, junto con ser un tema estratégico es una fuente de empleo importantísima.

Explicó que la gran mayoría de la producción del cobre de parte de la minería privada se exporta como concentrado, salvo Codelco que exporta como cobre refinado.

Agregó, que la norma que se pretende imponer, dada la tecnología de Codelco, por cuanto, con el horno flash como con el convertidor Teniente, hace que sea imposible llegar a un 98 por ciento de captación. Eso implica el cierre.

Indicó que son partidarios que la norma se aumente al 95 por ciento, que es una norma exigente y que implicaría inversiones gigantescas para Codelco, inversiones que, por lo demás, no tienen una gran rentabilidad, pues se trata de inversiones que se justifican contra el cierre, porque en gran medida no implican mayores aumentos de capacidad de producción. Son porcentajes básicamente para cumplir las normas ambientales, como plantas de ácido y ese tipo de iniciativas. Reiteró, que este es un tema crucial para la Federación para de defender el negocio estratégico y estas fuentes de empleo que son las fundiciones.

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4.- El Director de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Juan Olguín.

Explicó que respecto de la importancia que tendría la Fundición de Ventanas, habría que plantear lo siguiente: Uno, es sobre la expansión de Andina, que pasará de 250 mil toneladas a las 400 mil o 500 mil toneladas de producción de aquí al año 2020 o 2021. Sin embargo, no se está pensando en fundir gran parte de esa producción, sólo se desea vender como concentrado al extranjero. Agregó, que esta situación debilita la estructura y el valor agregado de Codelco, que debería sacar un producto lo más terminado posible.

Recordó que Codelco Ventanas, pertenecía anteriormente a Enami y como tal fundía todo el concentrado de los minerales de la pequeña y mediana minería. Por lo tanto, si Enami hace desaparecer las fundiciones, la pequeña y mediana minería, quedarían sin el proceso de fundición, que es necesario porque son minerales no muy limpios y quien los procesa es Codelco Ventanas.

Por lo tanto, es necesario que se hagan las inversiones adecuadas, para que la fundición de Codelco Ventanas, tenga las normas de emisión necesarias para que se sigan fundiendo material de los pequeños mineros, de la mediana minería y de los pirquineros.

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5.- El Director de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Guillermo Lemaitre.

Señaló que lo planteado por los dirigentes no es menor, por cuanto, se ha escuchado dentro del directorio que existe la idea de vender concentrados.

Por lo tanto, al producirse tal situación, Codelco quedaría a juicio de esta Federación muy deteriorada y con esto también se produciría una gran cesantía.

Al respecto, habría que preguntarse, si somos grandes productores de cobre, porqué no lo vendemos refinado al extranjero y posteriormente lo volvemos a traer en productos manufacturados.

Planteó que esta situación les preocupa bastante y por eso la dan a conocer. Agregó que si analiza algunos hechos ocurridos últimamente, podrán observar que siempre se adoptan medidas para obstaculizar la labor que realiza Codelco. Es por ello, que han planteado el tema de la fundición.

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6.- El Presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral División Andina y consejero Zonal Quinta Región/Metropolitana, señor Juan Olguín.

Explicó que la División Andina está en un proceso de expansión y de cambio. Por lo cual, han querido enfocar la presentación en dos aspectos. Uno, es el proyecto de Expansión de la División Andina, el PDA fase I, desviación, incumplimiento y costos; y expansión Andina 244, proyecto estructural y capitalización. Dos, está el caso de la gestión de terceros, o sea el tema de la tercerización.

Al respecto, señaló que el proyecto de expansión está diseñado para que la División genere una mayor producción para Codelco y con ese objetivo se realizará en dos etapas. La actual, PDA fase I, y la expansión 244, ex fase II.

Por otra parte, manifestó que Codelco definió una estructura organizacional, denominada Vicepresidencia de Proyectos, VP, entidad responsable del desarrollo integral de los proyectos estructurales, con autonomía y dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva. Este modelo definido por la Corporación, desarrolla, implementa y decide con total autonomía todas las acciones propias del proyecto, teniendo incluso jerarquía sobre la propia División en la que se ejecuta el proyecto. Este es un modelo que resulta nefasto toda vez que no considera el entorno ni los requerimientos divisionales que dan sentido a la producción y al funcionamiento coherente de la División. Tampoco contempla las opiniones técnicas y los aportes de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.

Indicó que como consecuencia de lo anterior el PDA fase I, que aún está en proceso de construcción, pasó de un costo proyectado de 500 millones de dólares a un costo que superó los 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, sería bueno preguntarse ¿Por qué se produjo esto? ¿Cuáles fueron las causas?

Al respecto, explicó lo siguiente:

Primero, no fue atendida ni considerada por parte de la VP la opinión de la administración divisional, respecto a la historia, las condiciones geográficas, estructurales, climáticas y otras de la particularidad propia de la División Andina.

Segundo, a pesar de los múltiples aportes, sugerencias y advertencias entregadas por los trabajadores, comités paritarios y sindicatos, éstas no fueron escuchadas, a pesar de indicar a tiempo y advertir las complicaciones, riesgos, limitaciones y falencias del proyecto.

Es por ello, que solicitó que se investiguen todas las desviaciones del PDA fase I y que en la nueva etapa de expansión andina 244 se atiendan y consideren todas las variables complejas, para no cometer los mismos errores que se tuvieron en la actual fase I.

Agregó que la producción del 2010, impactó negativamente en el proyecto. La estructura la estableció la Corporación, para abarcar y montar los proyectos en la División. Al respecto, se produjo pérdidas de tonelaje mes a mes a causa del PDA fase I. Agregó, que el PDA fase I tendría que haber estado en funcionamiento en agosto de 2010. Cuando se eliminó la Vicepresidencia de Proyectos, VP, la tuvo que tomar la División, hacer una reingeniería y una reinversión, aumentando los costos y estando recién listos para junio del 2012, por lo que se perdió más de un año por esa estructura.

Planteó que a raíz del proyecto estructural y de capitalización, el proyecto 244, tiene como objetivo ampliar la capacidad de tratamiento del mineral en la División Andina desde 92 mil toneladas día a 244 mil toneladas, pudiendo alcanzarse máximos diarios de 264 mil toneladas. El proyecto de expansión, permitiría alcanzar una producción promedio anual de 600 mil toneladas de cobre fino, con máximos de 700 mil toneladas en los años de mayor actividad.

Señaló que en la actualidad, la División Andina tiene una capacidad instalada de producción de 250 mil toneladas de cobre fino anuales.

En relación con lo anterior, indicó que se aumentará la producción en 350 mil toneladas de cobre fino. En todo caso, el mencionado proyecto no considera que esta producción sea procesada en la Fundición de Codelco Ventanas. Por lo tanto, el proyecto está pensado en poder vender todo como concentrados al extranjero. Es por ello, que es relevante considerar la opción de procesar el 100 por ciento de la producción de cobre fino de la División Andina en la División Ventanas.

Además, el proyecto considera como peak para procesar las 244 mil toneladas diarias la utilización de 60 camiones de alto tonelaje, esto es, con capacidad para 300 toneladas. Se va a extender la vida útil de la mina con estas instalaciones e inversión en 40 años. El peak de trabajadores durante la construcción de las instalaciones será de 17.500 trabajadores y el costo del proyecto alcanza a los 6.200 millones de dólares. Por lo que el proyecto considera un ahorro del 65 por ciento del recurso hídrico. Es un proyecto bastante ambicioso y de mucha responsabilidad. El proyecto en la primera fase tenía un costo de 500 millones, el que pasó a tener un costo de 1.000 millones, por lo que no es posible seguir cometiendo errores.

Finalmente se refirió a la gestión de terceros, denominada la tercerización. Agregó que Andina mantiene y acentúa la problemática en la gestión con terceros, la que se basa en una excesiva tercerización, elevando los costos, baja productividad global -propios más terceros-, incumplimientos de la ley de Subcontratación, riesgo en las funciones estratégicas del negocio, dependencia, vulnerabilidades, mano de obra poco calificada, contratos no asociados a los KPI y otros.

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7.- El Presidente Subrogante del Sindicato Industrial de Integración Laboral División Andina, señor Nelson Cáceres.

Explicó que el proyecto PDA fase II y la incorporación de la VCP, en una mina que se ubica más al sur de Andina y que está geográficamente a 4 mil metros de altura.

Señaló que el proyecto contempla un cambio de equipo. Se pasó de tener un carguío con cargadores y camiones de 150 toneladas a cargar con palas de 72 yardas, que equivalen a cargar camiones de 400 toneladas, lo que implica un cambio significativo en la operación, por lo que era necesario cambiar la estructura de la mina. Al llegar el PDA fase I se incorporan equipos nuevos y en las pistas de acarreo no caben los dos camiones al cruzarse. Agregó, que entre 2009-2010, se generó un costo mayor en la producción, pues se tuvo que hacer un desarrollo sobre la incorporación de los equipos. Los que conocen la actividad minera, sabrán que una pala tiene que cargar por ambos lados para que su costo de operación sea bajo. En Andina se cargaba por un solo lado y los bancos estaban desarrollándose con una estructura de equipo antigua.

Indicó que paralelo a ello, está la complicación que significa que durante 40 ó 50 días en el año no se podía operar, debido a las condiciones climáticas.

Por otra parte, el proyecto también busca acortar esos tiempos de no operación en la mina Rajo para lo que se incorpora un refugio nuevo en la División Andina, que integraría a dos grupos mineros que, en ese momento, tenían que quedarse encerrados para aumentar la operación al momento que cambiaran las condiciones climáticas. Por supuesto que ese refugio se construyó. Se ubicó en un lugar donde los trabajadores indicaron que, por historia en la División Andina, había riesgos de avalanchas por lo tanto, había que buscar otro lugar. No obstante, se construyó por la VCP hace tres años sin hacer caso a la historia ni escuchar a los trabajadores de la División. El refugio tuvo un costo de alrededor de cinco millones de dólares, pero nunca se ha ocupado.

Lo señalado anteriormente, refleja claramente que la vicepresidencia de proyectos cometió el error de no tener claro dónde se estaban construyendo los refugios. Además, la incorporación de equipos nuevos no consideró el diseño de la mina, lo que los tuvo por lo menos un año y medio en preparaciones para la mina. Por supuesto, que los equipos no operaron a su producción normal.

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8.- El Presidente del Sindicato N°6 de la División Salvador Codelco Chile, señor Eduardo Cobs.

Señaló que desea exponer sobre la realidad laboral y los desafíos presentes y futuros de la división El Salvador, con el objeto de observar el futuro de la división con optimismo. Con esto se podrá viabilizar y mejorar la gestión y eficiencia de la empresa, con una visión estatal y de clase mundial.

Planteó que la gran mayoría de los chilenos coincide en que Codelco es y debe seguir siendo la empresa más importante de Chile. Es por ello, que destacan el anuncio de hacer efectiva la opción de compra de Anglo Los Bronces, por el 49 por ciento de la propiedad, siempre y cuando esta opción se traduzca en un aumento real de la propiedad de la empresa y no se transfiera ningún porcentaje de esa compra a empresas transnacionales o a privados. Pues esa compra permitirá consolidar a Codelco como la principal productora de cobre del mundo.

Explicó que la División El Salvador, está compuesta por dos sindicatos: el Sindicato de trabajadores N°2, de Potrerillos, representado por el señor Daniel Melo y el Sindicato de trabajadores N°6, de El Salvador, representado por el señor Benito Tapia. Ambos sindicatos representan a 1.430 trabajadores, roles B.

Al hacer una pequeña reseña histórica, desde el año 1998, se han producido cambios radicales, lo que no ha sido fácil enfrentar tanto para los trabajadores como para los dirigentes sindicales. Indicó que ese año se decretó zona saturada por contaminación el campamento de Potrerillos, donde vivían los trabajadores con su su grupo familiar, debiendo ser erradicada la población, transformándose Potrerillos sólo en un área industrial, por lo cual, deja de tener la condición de campamento minero y asentamiento humano.

Agregó que en El Salvador, históricamente, habían tenido jornadas de ocho horas, pero se pasa a una de 12 horas. Las actividades que se realizan en la FURE son fundición y refinería.

Planteó que el año 2005, debido a las bajas leyes del yacimiento y los bajos precios del mercado de la libra de cobre se toma la decisión, a nivel de Gobierno y de la corporación, de cerrar las líneas productivas de óxidos y sulfuros. Acordándose entre la administración y los sindicatos hacer transferencias entre las diferentes divisiones de los trabajadores más jóvenes, los más sanos fueron enviados a Chuquicamata, a la División Andina, a El Teniente y, en menor número, a la División Ventanas.

Expresó que en esa oportunidad, se logró acordar con la administración para que la gente de mayor edad y que estaba en condiciones de jubilarse, lo pudiera hacer, a través de planes de retiro concordados con la dirigencia sindical, de tal forma que los trabajadores que ya estaban en condiciones y tenían su ciclo laboral cumplido, se pudieran retirar de la empresa.

Felizmente, el 3 de febrero de 2010, se firmó el acta de acuerdo laboral entre la administración y los sindicatos, asumiéndose el compromiso de trabajar en conjunto temas de gestión laboral, con el objetivo de solicitar a la administración superior y también al Gobierno –hecho no menor- la reapertura o la prolongación de las líneas productivas de las operaciones mineras, que se había tomado la decisión de cerrarse y que posicionan a División Salvador en niveles competitivos de costos.

Con fecha 25 de febrero de 2010, el Gobierno y la administración central, autorizan finalmente la reapertura de las líneas productivas ya mencionadas, en base al proyecto de exploración, PEX, 2010 y al mejor escenario de precios de mercado del cobre.

Manifestó que con la reapertura de líneas productivas se logró darle continuidad y futuro a El Salvador en un escenario de mejores precios, pero donde también los trabajadores se comprometieron a hacer más competitiva la empresa, proyectando la División hacia el futuro.

Agregó, que hay algunos hitos anteriores a este proceso que, fueron importantes, porque han significado un perjuicio para la corporación y para la División Salvador, situación que hicieron presente, pero lamentablemente no fueron escuchados.

Señaló que los puntos que hicieron presente a la Empresa, fueron los siguientes: La enajenación de que fue objeto la División El Salvador en su yacimiento de reposición, en este caso, el mineral de Altamira, actual Centenario Cooper, ubicado en el distrito de Diego de Almagro. Este yacimiento era propiedad de la División El Salvador y fue traspasado a Enami, durante el ejercicio como gerente general de nuestra División del señor Bruno Behn, quien actualmente es parte del directorio de la empresa que se adjudicó esta concesión minera.

Agregó que este hecho ocurrió 1994 ó 1995. Altamira era un yacimiento de reposición de El Salvador y fue traspasado al sector privado de manera oscura, por lo cual, es necesario obtener mayores antecedentes, por cuanto, les parece grave que el mismo señor que hizo el traspaso a los privados, aparezca dentro del directorio de la empresa que se adjudicó ese yacimiento de reposición que era de El Salvador.

Luego, el mineral Inca de Oro es otro de los yacimientos de reposición que se traspasó inexplicablemente a empresas transnacionales y que se ubica a menos de 100 kilómetros de las plantas de tratamiento de mineral, actualmente en operaciones, de División El Salvador, con el consiguiente perjuicio para el futuro de la División y el país. Actualmente, de acuerdo a informaciones recibidas por la empresa australiana que se adjudicó esta pertenencia, la señalan como un proyecto minero de alto potencial, al ser descubiertos nuevos minerales en sus cercanías con leyes superiores al yacimiento inicial. Cabe hacer notar que ex ejecutivos de esta corporación, que estuvieron involucrados en la venta de este yacimiento, hoy forman parte del directorio de esta empresa australiana, PanAust, como el señor Francisco Tomic.

Explicó que el mineral Inca de Oro podría haber sido un mineral de reposición de la División El Salvador, por sus leyes, por los nuevos yacimientos que se han encontrado y que en un determinado momento la División El Salvador, de acuerdo a las leyes de la minería subterránea, fue cerrada por no tener leyes competitivas en ese momento, pero sí tenían yacimientos de reposición que fue traspasado al área privada.

Por último, está la venta de los recursos hídricos de la División El Salvador a la empresa minera de la competencia, Centenario Cooper o Altamira, acción realizada por otro alto ex ejecutivo, el señor Julio Cifuentes, cuando fue gerente general de la División El Salvador.

A juicio de los trabajadores, esta situación ha impedido el normal desarrollo de la División El Salvador, por cuanto hoy se encuentran obligados para el desarrollo de futuros proyectos a elevar los costos, teniendo que utilizar a futuro agua de mar.

Es del caso recordar, que el principal recurso para la explotación minera y para la producción es el agua y por eso no entienden por qué un recurso que lo tenían para otros procesos mineros fue traspasado al área privada, y lo más grave es que ejecutivos de la corporación que tienen que estar al servicio del país, venden un recurso importante en desmedro de nuestro país, de la corporación y principalmente del desarrollo de División El Salvador.

Finalmente, haciendo un recuento, que la División El Salvador se cerraba y que por otro lado, se estaban vendiendo los activos que les permitían proyectar la División. Estos son los hechos que es necesario que esta Comisión los investigue.

Además, es necesario considerar el actual escenario de los precios de la libra de cobre, el estudio de las reservas mineras, que se estima en 2 mil millones de toneladas en el actual yacimiento de la mina subterránea, y el proyecto de explotación San Antonio Óxidos y Sulfuros, que es la ex Mina Vieja de Potrerillos, permiten a la actual administración divisional y corporativa proyectar a la División El Salvador durante los próximos 30 años. Para lograr ese objetivo es necesario el desarrollo de diversos proyectos y materializar la prolongación de la explotación minera.

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9.- El Presidente del Sindicato de Trabajadores N°2 Potrerillos, División Salvador Codelco Chile, señor Daniel Melo.

Explicó que la nueva administración presentó una serie de proyectos para dar continuidad a la División El Salvador, en base a la exploración minera y a los recursos que existen. El primer proyecto es el desarrollo consistente en llevar la minería que actualmente tenemos de la mina subterránea a una mina a rajo, lo que se llama el mega rajo del distrito Indio Muerto.

Por otra parte, se contempla establecer un sistema de automatización de la planta de tratamiento de sulfuros, chancado y de la planta de molibdeno, para pasar del actual tratamiento de 33 mil toneladas diarias a 180 mil toneladas diarias hacia el año 2021.

También en el distrito de Potrerillos se ha estudiado un proyecto para el desarrollo de San Antonio Óxidos y Sulfuros, con una producción de 35 mil toneladas de cobre fino al año, proyecto que al 2013 debiera estar en operaciones, según las reuniones que han tenido en los últimos días con la actual administración.

Agregó que en la fundición de Potrerillos, está el proyecto de flotación de escoria, que implica un cambio tecnológico desde el actual sistema de los convertidores Pierce Smith, a un nuevo sistema de flotación de escoria. También está el proyecto de captación de gases, que se relaciona con el mejoramiento de nuestras emisiones y, por ende, con el mejoramiento ambiental.

Señaló que es importante que se apruebe el financiamiento de todos los proyectos. Nuestra división ya está trabajando en sus ingenierías básicas y es por eso, que solicitan que la corporación apoye esta iniciativa, entregando el financiamiento necesario para darle la continuidad y así convertirnos en la División del futuro, llegando a niveles competitivos de costo y de producción que seamos más rentables y podamos hacer un mayor aporte a la Corporación.

Indicó que en la línea de los proyectos de desarrollo de esta división, nuestra misión es proyectarnos como la División del futuro de Codelco, la que generará en los próximos años una mayor producción, proporcionando mayores excedentes a la Corporación, pudiendo llegar a producir las tan anheladas 200 mil toneladas de cobre fino al año, con el objeto de proyectarse de esa forma, a las ligas mayores.

Planteó que para cumplir con este objetivo, nuestra división requiere de la aprobación total de los recursos financieros para el desarrollo de los proyectos estructurales y de capitalización, lo cual, permitiría asegurar la viabilidad de los proyectos señalados. Agregó que en concordancia con los proyectos mencionados y las proyecciones de producción, los trabajadores y sus representantes exigen fortalecer la participación real de los trabajadores en este nuevo desafío. Todo esto lo solicitan por cuanto, son una parte importante de esta división, la cual, pertenece a su vez, a todos los chilenos y es por ello, que están dispuestos a trabajar por ella y así lo han hecho hasta ahora.

Por otra parte, el actual escenario de desarrollo y de negocios de la División El Salvador, desde el punto de vista de la administración, implica una nueva relación laboral, basada principalmente en la rebaja del costo laboral y en los beneficios históricos logrados en las grandes luchas sindicales. Lo anterior, tiene relación con una política de quiebre generacional respecto de las nuevas contrataciones de trabajadores, proceso que se inicia en septiembre de 2009. Esto tiene su motivo en el desmedro que se ha producido en los beneficios de las nuevas contrataciones, por ejemplo en salud, vacaciones, indemnizaciones por años de servicios y, finalmente, en el tema de las remuneraciones.

Además, la precarización que se produce en los contratos de trabajadores que desarrollan las mismas actividades laborales hace que no sea fácil convivir día a día con los trabajadores más antiguos, lo que ha contribuido a generar un clima laboral tenso, negativo, porque se crean diferencias entre los trabajadores con mayor antigüedad y los trabajadores nuevos. Los temas que han presentado mayores dificultades y provocado distanciamiento entre la administración y los sindicatos son los siguientes:

-La negación de la política laboral aplicada hasta marzo de 2010. Por cuanto, anteriormente había una alianza estratégica y un proyecto común de empresa.

-Aplicación unilateral de los cambios, rebaja de costo laboral. Esto se produce por desconocimiento de algunos acuerdos y cláusulas contenidas en convenios colectivos.

-Falta de respeto y poca tolerancia al rol de los sindicatos, lo que se transformó en un descontento y alteración en el clima laboral.

Señaló que el escenario mencionado anteriormente, configuró un creciente descontento en la División El Salvador con el resto de la corporación, culminando con la adhesión de todas las divisiones en un gran paro nacional de actividades, el 11 de julio pasado.

Esta situación generó que entre la FTC y los ejecutivos de esta Empresa, se restablecieran las nuevas formas de relacionarse respetando a las organizaciones sindicales. Esto fue muy bueno, por cuanto a raíz de aquello, se pudieron fijar algunos lineamientos sobre la forma de cómo van a seguir operando las relaciones entre la Empresa y los trabajadores.

Por último explicó, que el 4 de noviembre de 2011 firmaron un acta de acuerdo laboral entre la administración y la dirigencia sindical de la División -ahí manifestaron la voluntad de trabajar juntos, entre la dirigencia sindical y la administración de la División El Salvador-, las que tienen por interés de resolver las desigualdades generadas por esta política laboral. Agregó que los trabajadores de la División El Salvador, esperan de parte de la administración divisional que se conforme un nuevo modelo de relaciones laborales, basado en el respeto y la participación en concordancia con el acuerdo marco suscrito entre la FTC y la administración superior de Codelco.

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10.- El Presidente del Directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré.

Inició su intervención explicando sobre la opción de compra del 49 por ciento de las acciones de Anglo American Sur, la cual, se arrastra desde el año 1978. Agregó que es una opción que dura 49 años y se puede ejercer cada tres años, a partir del próximo mes de enero de 2012.

Señaló que desde el año pasado y durante el año 2011, han analizado que es una buena oportunidad para ejercerla, por cuanto la fórmula de cálculo de la opción da un valor muy conveniente si se compara con el valor de mercado del paquete del 49 por ciento de Anglo American Sur. Es por esta razón, que Codelco ha decidido desarrollar toda una estrategia tendiente a adquirir ese porcentaje de acciones.

Agregó que es un negocio muy grande. El costo de la compra se estima en 6 mil millones de dólares. El valor de mercado es del orden de 9.800 ó 10 mil millones en que se podría comprar.

Planteó que el tema es compatibilizar el ejercicio de la opción con otras prioridades de Codelco, como son los proyectos estructurales, que significan una inversión por 4 mil ó 4.500 millones de dólares cada año, por lo menos, durante los próximos cinco años, con un plan de inversiones del orden de 17 mil millones de dólares, lo que significa invertir fuertemente en todas las minas de Codelco, excepto en las más nuevas, como la Radomiro Tomic. Agregó, que con esos proyectos se puede transformar Chuquicamata en una mina subterránea y que El Teniente va a estar en un nivel más profundo. También significa que Andina, vecina de Los Bronces, ex Disputada, individualmente será la de mayor producción en todo Codelco, con un programa de inversiones muy fuerte. El Salvador también tiene grandes proyectos de desarrollo a futuro, así como también la mina Ministro Hales, que se está construyendo como un Greenfield, que está partiendo de cero; pero está bastante avanzada y va muy bien encaminada.

Todos estos proyectos, requieren un esfuerzo de inversión y de gestión muy grande por parte de la administración. En consecuencia, esos desafíos suponen que Codelco va a tener que explotar al máximo su capacidad financiera, por lo que esta otra operación había que hacerla compatible con ese fuerte requerimiento, sobre la capacidad financiera de Codelco.

Finalmente, tal como lo va a explicar el Presidente Ejecutivo, se ha logrado conformar una fórmula que permite compatibilizar los dos objetivos, proceso en el cual estamos inmersos en este momento.

Agregó, que entremedio han sufrido algunos actos hostiles y de resistencia, a nuestro juicio indebidos, sin que a Anglo American le asista el debido derecho. Por lo que estiman que van a poder llevar a cabo la operación, pero, probablemente, esto va a requerir de un esfuerzo legal bastante importante.

Al respecto, la Corte ha dictado una orden de no innovar, lo que permite que el conflicto que se está generando se lleve adelante sin sorpresas en el camino y que Anglo, venda las acciones materia de esta discusión. Por lo que la orden de no innovar es muy importante para desarrollar con normalidad el ejercicio de la opción de compra por parte de Codelco. Agregó, que se acogió el recurso de protección, lo cual, les genera un ambiente de mayor tranquilidad.

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11.- El Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Diego Hernández.

Inició su exposición, señalando que efectuará un resumen sobre la opción de compra.

Explicó que en el año 1978, Enami le vendió a la empresa Exxon, lo que en esa época se llamaba “Compañía Minera Disputada de Las Condes”.

En la venta se estableció la cláusula 14 del contrato, en la que se estableció la opción que están ejerciendo actualmente.

Señaló que cuando en el año 2002, Anglo American compró a la empresa a Exxon, dicha cláusula fue modificada, reinterpretada y se firmó un convenio entre Anglo American y Enami, en el que se reconoce dicha opción expresamente y durante todo este período el titular de ésta, ha sido Enami.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2008, Codelco compró esa opción a Enami por 175 millones de dólares, porque Enami había hecho una tentativa de venderla a Anglo American, pero el precio ofrecido no era suficientemente interesante. Por lo que Codelco se quedó con la opción, porque Enami necesitaba fondos para sus actividades. Agregó, que a fines del año 2008, Codelco se hizo dueño de esa opción, la cual, puede ser ejercida solamente por una empresa del Estado. A partir de ese momento, figura en el balance de Codelco.

Planteó que la opción de compra se puede ejercer en el mes de enero, cada tres años. Reiteró que esa cláusula es por 49 años y vence en el año 2027. La ocasión anterior en que se podía ejercer fue en enero de 2009. En esa época, Codelco estudió ejercer esta opción y tenía toda la información necesaria para ello, pero finalmente, debido a la crisis de 2008-2009 en la que el precio del cobre bajó, la empresa optó por no ejercer dicha opción de compra.

Indicó que la próxima opción es en enero de 2012, por lo que han estudiado y recabado todos los antecedentes técnicos y legales, y finalmente existen tres alternativas a saber:

1°. No ejercer la opción, sino que hacerlo en el próximo período.

Explicó que Codelco desechó esa alternativa, porque probablemente en tres años más el valor de la opción sea más caro que el valor comercial y seguramente más caro que el valor de la actualidad, debido a que la empresa está en un proceso de ampliación y a fines de este año 2011 o a principios del próximo, va a funcionar tratando de duplicar su producción. Lo que eso supone que, a igualdad de precio del cobre, también podría duplicar sus utilidades.

2°. Vender la opción a Anglo American.

Codelco ha estado en conversaciones con los directivos de dicha empresa, a partir de enero de este año 2011 y han recibido una oferta verbal amparada en un contrato de confidencialidad, por lo que no puedo revelar el valor, pero puedo decir que está muy lejos del valor estimado por Codelco y, naturalmente, muy lejos del valor que todos conocemos hoy. En virtud de esta diferencia, se decidió no optar por esa alternativa.

3° Ejercer la opción de compra.

Esta opción les permite captar íntegramente el valor del diferencial; la opción calcula el valor del 49 por ciento por una fórmula matemática, que entrega un valor inferior en 3.500 millones de dólares, al valor que consiguieron en la negociación con Mitsui. Ésta es una alternativa que permite a Codelco, cumplir con su deber de maximizar el valor para sus accionistas.

Agregó que la negociación con Mitsui, la que anunciaron el 12 de octubre, consiste en que éste les otorgará un crédito puente de hasta 6.750 millones de dólares que les permitirá, en enero del 2012, ejercer la opción y pagar el 49 por ciento. Al respecto, posteriormente la empresa tiene dos alternativas: Quedarse con el 49 por ciento y buscar un financiamiento en el mercado o venderle la mitad a Mitsui -el 24.5 por ciento- por un valor pre acordado que valoriza el 49 por ciento en 9.760 millones de dólares. Si esa fuera la decisión, Mitsui tiene la obligación de hacer esa compra. Si ocurriera eso, las dos empresas serían dueñas del 49 por ciento de la empresa con un cincuenta por ciento cada uno. Codelco pagaría su participación con el diferencial de precio -entre los 6 mil y los 9.760 millones de dólares o el valor final de la opción- y el remanente quedaría como un crédito que podría ser entre 1.100 ó 1.300 millones de dólares, la parte del 50 por ciento de Codelco; ese crédito residiría en la empresa dueña del 49 por ciento y esa obligación no queda en el balance de Codelco, sino que queda en el de la otra empresa y está garantizada sólo por la acciones de la empresa que va a ser dueña de Anglo American Sur. De esa manera, si ésa es la alternativa que eligiera Codelco a futuro, no tendría problemas de financiamiento para los proyectos estructurales. Ésa es la alternativa elegida.

Indicó que Anglo American Sur, los ha criticado, han dicho que Codelco ha sido poco transparente, debido a que no les ha comunicado cuáles son sus expectativas. Explicó que como ejecutivo de la empresa, conversó con doña Cynthia Carroll -que es la CEO de Anglo American- cuando asistió al World Economic Forum, en el mes de enero de 2011 y le explicó que Codelco estaba estudiando ejercer la opción de compra, le dio a conocer las tres alternativas que estaban estudiando, para saber cuál era el interés que ellos tenían en comprar la opción. En esa ocasión le indicó que tenían que conversar con John Mackenzie y así lo hizo en marzo de este año 2011. En aquella ocasión el señor Mackenzie le repitió los mismos argumentos que había dado la CEO, doña Cynthia Carroll en enero de 2011:

1° Que, según el contrato, ellos no tenían ninguna obligación de entregarle información acerca de la empresa y del yacimiento, lo que es efectivo, por lo que tuvieron que hacer todas las evaluaciones con información pública o con la que tenían, desde 2008.

2° Que lo más probable era que la opción fuese cara; es decir, que el valor de la opción de compra, fuera más alto que el valor comercial.

3° Que no tenían capacidad para financiar esto, y

4° Que, eventualmente, ellos podrían venderle a un tercero cuando quisieran; eso es efectivo, pero no una vez que se inicia el proceso de compra.

Agregó que entre los meses de julio y agosto de 2011, volvieron a conversar unas tres o cuatro veces; la postura de Codelco fue explicar las mismas razones que antes y la expectativa de ellos era que nosotros les diéramos un precio por la opción. Por supuesto que no le dieron ninguna información al respecto. Agregó que la postura de la Empresa en esta negociación fue decirles: “ya que ustedes tienen una mejor información, que Anglo American les entregue una oferta y que les digan que cuál es el precio justo por esta opción”.

Al respecto Anglo American les entregó una oferta que era muy inferior a la realidad. No puede revelar el valor, por cuanto existe un contrato de confidencialidad. En paralelo, estaban negociando con varias empresas, así que no prosiguieron las conversaciones con ellos y por último Codelco le dijo que no les interesaba la oferta.

Señaló que finalmente, Codelco logró cerrar el acuerdo con Mitsui; lo anunciaron y mandaron las cartas contractuales de rigor avisándoles que Codelco había asegurado el financiamiento y que posteriormente iba a ejercer la opción de compra.

Indicó que el 9 de noviembre de 2011, Anglo anunció que había vendido el 24.5 por ciento a Mitsubishi y el fin de semana pasado emitieron declaraciones diciendo que, eventualmente, ellos podrían seguir vendiendo. A raíz de eso, Codelco presentó un recurso de protección para que Anglo fuera impedida de seguir vendiendo; ese recurso fue admitido ayer y hoy fue aceptado y se resolvió una orden de no innovar y mientras esté vigente, Anglo American no puede seguir vendiendo ningún porcentaje.

Por lo tanto, Codelco ha cumplido con todos los requisitos, pero con la venta a Mitsubishi, Anglo American declaró públicamente que Codelco sólo podría ejercer la opción por el 24.5 por ciento, lo que naturalmente no lo aceptaron, porque Codelco tiene el derecho de adquirir el 49 por ciento y eso no se puede ver afectado por la transacción que hizo Anglo American. Agregó que esa es la posición que tiene Codelco.

Expresó que el proceso se inició en julio de 2011, cuando Anglo American informó cual era el precio estimativo del 49 por ciento de las acciones y les mandó una carta diciendo que ese 49 por ciento estaba disponible y les informó el valor provisorio, porque el valor definitivo incluye los resultados de 2011, por lo que hay que esperar el cierre del ejercicio de dicho período para calcularlo.

Planteó que Anglo American nunca les informó sobre su interés de vender el 49% o parte de ello, a otra empresa. Agregó que la opción está constituida a favor de Codelco, quien la ejercerá en la medida que exista un beneficio para ella, ésa es la razón de la opción. Finalmente, si al momento de ejercerla tuviera un precio superior al valor comercial, naturalmente que nosotros no la ejerceríamos, por lo tanto, cuando al vender el Estado de Chile decidió mantener esta opción lo hizo pensando en que si efectivamente el negocio mejoraba y había un valor superior y el Estado de Chile tendría la posibilidad, a través de una de sus empresas estatales, de poder acceder a este mayor valor. Ése es el sentido que tiene el mantener esta opción y es lo que sucede ahora y por lo que la vamos a ejercer.

Señaló que si Anglo American pretende decir que el 24,5 por ciento que vendió a Mitsubishi es parte del 49 por ciento que le corresponde a Codelco, nos encontramos frente a una violación del contrato. Agregó que en Chile los contratos se cumplen integralmente, en todas sus cláusulas, y no sólo haciendo interpretaciones de acuerdo a la conveniencia de cada uno.

Ahora, porqué Codelco informó que obtuvo el financiamiento? Tal como lo señalé, en julio se dio inicio al proceso de compra del 49 por ciento. El contrato de opción obligó a Anglo American a informar, pero la incertidumbre y la alta volatilidad de los mercados financieros impulsaron a Codelco a asegurar el financiamiento necesario, para evitar una situación similar a la vivida en el año 2008.

Por otra parte, la solicitud de financiamiento pedida a Mitsui, obliga a dicha empresa a que haga un anuncio público, pues no existe el hecho esencial reservado en Japón, por lo tanto ellos están obligados a informar a la superintendencia de valores japonesa o su equivalente, de que han procedido a hacer este acuerdo.

Explicó que Codelco ha actuado con transparencia puesto que Anglo American tomó conocimiento con la suficiente anticipación que Codelco estaba estudiando ejercer la opción de compra y cuáles eran nuestras alternativas.

Agregó, que la posibilidad de que Anglo American vendiera parte de sus acciones en Anglo American Sur, luego de que Codelco informara la intención de ejercer la opción de compra, fue analizada como una reacción posible. Se consideró que era una posibilidad un tanto remota, porque nos parece muy agresiva dicha situación, sin embargo, está dentro de las posibilidades que se realizan normalmente. Por lo tanto, se concluyó que la acción de Anglo American violaba el contrato, afectando así el derecho que tiene Codelco, de ejercer su opción por el 49 por ciento.

Luego de la decisión adoptada por el Directorio de Codelco, de ejercer su opción de compra del 49 por ciento, se tuvo conocimiento de que Anglo American vendió el 24,5 por ciento a Mitsubishi. Esta situación no se ha podido confirmar, por cuanto es un contrato externo, no conocido en Chile. Sólo existe un contrato de la transferencia de las acciones, además del pago a través de una nota provisoria o pagaré, que entró a Chile vía capítulo Nº 14, es decir, los fondos no ingresaron a Chile y no fueron remitidos de Chile a Anglo American, sino que sólo el documento entró y nos imaginamos que también salió.

Por lo tanto, Codelco no conoce el contrato y tampoco se sabe que incluye dicho contrato y menos se sabe si el valor que ellos han indicado es efectivo. No se tiene conocimiento, si en la operación se incluye sólo el valor de las acciones, si se incluyen las utilidades no distribuidas, si se incluyen las utilidades del ejercicio 2011, etcétera. En consecuencia, es muy difícil compararlo con el valor que Codelco contrajo con Mitsui.

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13.- El Presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales del Cobre, Fesuc, señor Ricardo Calderón.

Explicó que la presentación que realizará es del Sindicato de Supervisores de Codelco Norte, representado por su Tesorero, señor Iván Herrera.

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14.- El Tesorero del Sindicato de Supervisores de Codelco Norte, señor Iván Herrera.

Señaló que la presentación tiene por finalidad mostrar seis puntos, a saber:

El primer punto, está relacionado con la ineficiencia que existe en la administración del inmueble corporativo de Codelco.

Al respecto, existe un edificio institucional de Codelco Norte, el que se empezó a utilizar en el año 2003. El edificio, se compone de tres torres: A, B y C. Agregó que la intención original era albergar a la gente de Chuquicamata y de Radomiro Tomic, concentrados en lo que en esa época se llamaba Codelco Norte. Este edificio tiene un contrato tipo leasing, el que tiene un valor de 72 mil UF al año, casi 6 mil UF mensuales. La torre A, cuenta con oficinas e instalaciones con salas de reuniones. El problema es que dichas instalaciones están completamente desocupada, allí no hay nadie, hasta los escritorios se encuentran vacíos.

Señaló que las personas que están trabajando en este sector están hacinados en la torre B y en la torre C. Hay otras personas que volvieron a trabajar en Chuquicamata, lo que significó efectuar gastos en reparación de oficinas e inmuebles que están en Chuquicamata, por lo que se produjo un incremento de los costos de Codelco Norte. Agregó que en la torre B, se encuentra el gerente general, señor Julio Aranís. Además, cada torre puede albergar, aproximadamente a 250 personas.

Otra cosa negativa que se hizo a nuestro juicio, fue que se contrató a la corredora de propiedades “Fuenzalida Propiedades”, a quienes le habrían pagado 400 millones de pesos, para que arrendaran el edificio institucional o corporativo, en circunstancias que la empresa cuenta con un área de gestión inmobiliaria para realizar dicho trámite. Agregó que este tipo de situaciones produce un desperdicio impresionante de fondos.

El segundo punto, tiene relación con la falta de planificación en los planes de retiro “voluntario” que se hizo para los trabajadores de Chuquicamata y los criterios que se utilizaron, los cuales a nuestro juicio fueron discriminatorios. Agregó, que esta situación ha sido una tremenda presión sicológica para la gente de Codelco Norte.

Explicó que en diciembre de 2010, se planificó un plan de retiro para los estamentos rol A y rol B. En dicho plan, se fueron 140 supervisores. Desde nuestro punto de vista, se hizo una discriminación por edad, porque el plan estaba dirigido a hombres sobre 60 años de edad y mujeres sobre 55 años.

Posteriormente, en el mes de mayo de 2011, se implantó un nuevo plan de retiro voluntario, pero el criterio utilizado fue básicamente la arbitrariedad, porque no se trataba de un tema etario. Tampoco había un tema de gestión de desarrollo individual, porque uno podría haber pensado que la gente que tenía un pésimo desempeño debía haber estado incluida en ese plan de retiro. Agregó que en esa oportunidad, el plan fue dirigido para 101 supervisores.

Por otra parte, nuestro interés es denunciar que hay profesionales de nuestro estamento que están siendo recontratados a honorarios, tampoco darán nombres porque los perjudicados, a nuestro entender, no lo están pasando muy bien. La misma gente que les propone a los trabajadores acogerse al retiro voluntario, es la que después les propone recontratarlos por otra vía.

El tercer punto, tiene relación con las prácticas antisindicales.

Plantea que desde que asumieron como directores, desde hace 4 años, se han desvinculado 100 asociados, situación que los llevó a tomar algunas acciones judiciales.

La primera acción, está relacionada con la denuncia por violación de derechos fundamentales, que es del 6 de junio de 2011, la cual fue interpuesta por una discriminación que atacaba mi postulación como dirigente sindical. A mi entender, cuando la empresa se enteró de la situación, optó por desvincularme y ofrecerme el plan de retiro.

La segunda acción está relacionada con una demanda por prácticas desleales o antisindicales, pues se presionaba a la gente en forma abrupta y directa, a través de los gerentes de algunas líneas, para que se desvincularan de la empresa.

Otra de las prácticas antisindicales señaladas en la demanda, dice relación con la posibilidad de negar el ingreso de los dirigentes a los recintos industriales.

Existe otro punto, que se relaciona con los ascensos. Se ofrecían cargos de confianza, pero se les exigía no ser sindicalizados o se les solicitaban renunciar al mismo.

Indicó que la denuncia se hizo el 6 de junio de 2011, la demanda se hizo el 25 de agosto y con fecha 18 de octubre, se llegó a un avenimiento en los juicios que tenía el sindicato de supervisores con la empresa Codelco.

El avenimiento está relacionado con un ciclo de charlas que se hizo por parte de la consejería jurídica de los establecimientos Chuquicamata y Radomiro Tomic, sobre la libertad sindical y los derechos fundamentales. Agregó, que también se produjo un desistimiento judicial de todas las demandas interpuestas por ambas partes.

Planteó que para este sindicato, el 18 de octubre de 2011, fue como darse la mano y abrazarse para seguir adelante en este largo camino, pero el 24 de octubre, se produjo como un hito en la historia de nuestra corporación, en la minera Radomiro Tomic, encabezado por su gerente general, don Juan Carlos Avendaño, y el gerente de Recursos Humanos, don Jorge Vargas Lechuga, se negó a recibir nuestro proyecto de negociación colectiva. Añadió, que como organización sindical, tienen socios dentro del establecimiento, pero necesariamente deberá adoptar la vía judicial para objetar la ilegalidad en el argumento dado por RT.

El cuarto punto, está relacionado con Codelco una sola empresa, un solo empleador, lo que está directamente encauzado a que Codelco tiene un solo RUT, por lo que debería ser considerada como una sola empresa. Al respecto Codelco, plantea que por razones jurídicas, debe figurar con una especie de “multirut”, por cuanto, cada división de Codelco funciona como una empresa individual diferente y en realidad, eso no es así.

Señaló que al respecto se basan en el artículo 8º transitorio del decreto ley Nº 1.350, la ley Codelco, de 1976, que ya tiene 35 años, el cual dice: “En su calidad de continuadora legal de las Sociedades Colectivas del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile se considerará patrón o empleador independiente respecto de cada una de las faenas, oficinas o centros de trabajo actualmente a su cargo,…”

El problema se produce, por cuanto, no existe una definición clara, sobre si Codelco es una sola empresa o un conjunto de varias empresas. Para lo cual, es necesario recordar que Codelco entrega un solo estado de cuentas cada vez que rinde sus utilidades. Es decir, se presenta como una sola empresa al país.

Por lo tanto, no se entiende esa dualidad que se produce cuando la empresa debe relacionarse con los trabajadores y cuando se relaciona con el resto del país.

Como dirigentes sindicales, tienen claro que el concepto de empresa está definido en el artículo 3º del Código del Trabajo, que dice: “…se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección,…”.

Expresó que esta situación se puede corroborar claramente cuando uno ve el organigrama de Codelco, donde aparece un presidente ejecutivo, que hace la labor de gerente general, y hacia abajo, de forma bastante ordenada, se observan todas las dependencias, presidencias, vicepresidencias y gerencias que se desprenden.

Planteó que no existen organigramas paralelos, lo que da cuenta de que es una sola empresa. Codelco es una sola empresa, con una misma razón social y con un solo RUT 61.704.000-k.

Agregó, que a pesar de lo expuesto, Codelco insiste en asumir que cada establecimiento por separado constituye una empresa distinta, lo que consideran grave, porque pertenecen al Sindicato de Supervisores de Codelco Norte, donde agrupan a distintos establecimientos del distrito norte. En dicho sindicato existen profesionales adscritos en Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales. Lamentablemente, dice que eso no es así, y que constituye una empresa particular por separado, por lo tanto, se estaría hablando que existiría una especie de sindicato interempresas, en circunstancia que pertenecen al sindicato profesional de la empresa.

Codelco se niega a la posibilidad, que estos trabajadores estén bajo una misma organización en común. Esta situación daña las condiciones comunes del empleo. Además, la mayor parte de los profesionales tiene labores bastante definidas en cuanto a su grado de responsabilidad, al ambiente en que se desempeñan, a la locación geográfica y a las condiciones de vida.

Por otra parte, el problema que produce un multirut, es que daña las condiciones comunes de empleo. Agrega que la mayor parte de los profesionales tienen labores bastante definidas en cuanto a su grado de responsabilidad, al ambiente en que se desempeñan, a la locación geográfica y a las condiciones de vida.

Sin embargo, bajo ese planteamiento surgen algunas dudas. El hecho que se consideren como empresas “individuales” lleva a la limitación de los derechos de los trabajadores. Un claro ejemplo lo constituyen los establecimientos mineros Radomiro Tomic y Ministro Hales, que están en una distancia lineal de no más de 10 ó 15 kilómetros de Chuquicamata. Los profesionales que ahí laboran tienen una diferencia negativa de haberes de entre un 15 y un 16 por ciento, a pesar que trabajan en una misma área geográfica y cumplen las mismas funciones, sin embargo ganan menos y no se entiende la razón que sea así.

Es por eso que señaló que los beneficios sociales que históricamente Codelco ha entregado, corresponden a conquistas que se han logrado a lo largo de la historia minera, llevadas a cabo por organizaciones sindicales de trabajadores, independientemente de su rol.

Sin embargo, se observa que esos beneficios también están limitados para los contratos nuevos, lo que es una clara y abierta discriminación amparada por la empresa.

Al respecto algo se ha avanzado al establecer que hombres y mujeres, ante igual trabajo, debían tener igual renta. Lamentablemente en Codelco, la discriminación pasa por sexo, edad, fecha de incorporación y muchas otras cosas más.

Por otra parte, los profesionales que laboran en Codelco están sometidos a jornadas de trabajo ilegales, lo que es bastante grave, porque, en la práctica, la empresa aduce que el profesional contratado no tiene ninguna limitación de jornada horaria. La empresa plantea que sus labores las realizan bajo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, sin cumplir realmente los requisitos. Pero es del caso señalar que esa disposición es válida para personas que tienen cargos de gerencia, representantes con autoridad en la empresa, es decir, personas que pueden laborar sin ningún tipo de fiscalización directa. Agregó, que la mayoría de los supervisores no tiene esa facultad, por consiguiente, no estarían incluidos dentro de ese rango. Es lamentable que la empresa insiste en ello, por lo que tienen jornadas que, en la práctica, no tienen limitación horaria.

Al respecto, se alude que para ello se pagan horas extraordinarias, lo que hace que en la práctica se realicen jornadas de trabajo básicamente infinitas y no ha habido manera de cambiar dicha situación.

Indicó que existen precedentes al respecto, lo que le ha significado que Codelco Norte haya sido sancionada en varias oportunidades por esta situación. Pero, al parecer, le es más fácil pagar la multa, que cumplir con la legislación.

Explicó que Codelco no puede eludir el cumplimiento de la legislación laboral, por cuanto la está contraviniendo abiertamente y además, está en contra de la libertad sindical y del derecho a asociación de los trabajadores.

Finalmente solicitó a la Comisión que las altas autoridades de Codelco, puedan explicar y aclarar respecto de lo que han planteado ante esta instancia.

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15.- El Consejero Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Víctor Galleguillos.

Expresó que representa a los directorios N°s. 1, 2, 3 y 5 de Chuquicamata y con su intervención explicará la postura que tienen los trabajadores y está basada en las últimas decisiones que han adoptado los ejecutivos de Codelco Norte, lo que puede afectar a la Empresa.

Señaló que la presentación se titula “Defensa de Chuquicamata”.

Planteó que Chuquicamata, es la mina a rajo abierto más grande del mundo, la que entró en operaciones en el año 1910 y produjo su primera barra de cobre el 18 de mayo de 1915. En 1810, año de la primera Junta de Gobierno, Chile ya producía una 19 mil toneladas de cobre al año.

Indicó que a lo largo del tiempo, se han logrado cifras históricas de excedentes, siendo las más importantes las reportadas en la división Chuquicamata, especialmente en los años 2006 y 2007, período en que se superaron los 5 mil millones de dólares anuales sólo en Codelco Norte. Es muy importante tener presente esas cifras.

Agregó que en año 2010, Codelco entregó casi 5.800 millones de dólares, excedentes de los cuales Chuquicamata aportó más del 28,5 por ciento, pese a no tener los nombramientos de los directivos definitivos. En el 2010 hubo cambio de Gobierno y recién en diciembre de 2010, se nombró al gerente de Chuquicamata, y durante todo este tiempo, más de diez meses, la empresa estuvo siendo dirigida por personas que no tomaban decisiones, gerentes que no sabían si continuaban. A pesar de ello, se logró tener un muy buen aporte, lo cual, le resta un poco más de 2 mil millones a la división Codelco Norte. En el primer trimestre de 2011 esta situación cambió, ya que por primera vez Chuquicamata, que alguna vez llegó a entregar un excedente del 60 por ciento del total de la Corporación, no llegó ni al 20 por ciento. Esto se debió a que lo primero que se hizo en diciembre de 2010 fue separar Codelco Norte, quedando la mina Radomiro Tomic (RT) hacia un lado, Chuquicamata sólo y la mina Ministro Hales (MH) nunca entró en funcionamiento. En ese instante RT subió su promedio de un 21 a un 29 por ciento.

Expresó que los 40 años o sea desde su creación, Codelco generó excedentes por 84 mil millones de dólares, pero sólo en el período 2000-2010 generó excedentes por 47 mil 400 millones de dólares.

Informó que en el año 2002 se creó Codelco Norte y entró en funcionamiento en el año 2003. En el período 2005-2010, o sea en el espacio de cinco años, generó 40 mil 800 millones de dólares. Por lo que desea demostrar, que con la creación de Codelco Norte se generó una mayor cantidad de excedentes para el Estado, pero, con la decisión de desarmarlo, dichos excedentes van a bajar, arriesgando la construcción de la mina subterránea.

Señaló que durante los últimos 15 años, han dialogado permanentemente con la administración de Codelco, respecto de lo que han planteado diferentes situaciones que podrían haber afectado seriamente a la Empresa.

Por ejemplo en el año 1994, se produjo el llamado “Davilazo”, con lo que se produjeron pérdidas por aproximadamente 300 millones de dólares, por las ventas a futuro. En ese momento se planteó la posibilidad de privatizar Codelco. Es por ello, que la dirigencia sindical de Chuquicamata hizo una propuesta nacional de los trabajadores del cobre, transformándose en la primera alianza estratégica. Recordó que en aquella oportunidad se dijo que el cobre bajaría en diez centavos de dólar para poder mantener viable la empresa y al final se bajó en 20 centavos. Además, de los 14 mil trabajadores que trabajaban en Chuquicamata se tuvieron que ir 2.500 y los que quedaron tuvieron que ajustar sus prácticas de trabajo, como cambiar turnos y una mayor utilización de los activos, de los equipos en este caso.

En el año 2006 se llegó a un acuerdo con el proyecto común para duplicar el valor de la empresa, porque siempre estuvo en la mira de las transnacionales, quienes deseaban invertir en Codelco, ya que es un gran negocio. En ese momento los trabajadores nos comprometimos a maximizar los excedentes del Estado. Eso quedó demostrado en el último quinquenio, pues 40.800 millones de dólares se entregaron al Estado.

Recordó que la paralización del 11 de junio, los llevó a firmar un documento con la administración, para desarrollar y mantener a esta empresa en el lugar que corresponde, ya que Codelco es la compañía más rentable del país.

Por otra parte, señaló que a raíz de la crisis asiática, la que se produjo en el año 1999, se congelaron los sueldos de los trabajadores. Hay que recordar que el cobre bajó aproximadamente 60 centavos.

También los trabajadores, fueron capaces de trasladar el campamento de Chuquicamata hacia Calama, cuatro mil familias, a fin de poder utilizar de mejor forma sus activos y poder salir de la contaminación.

Expresó que a raíz de la crisis financiera de 2009, que comenzó en septiembre de 2008, se dijo que dentro del Presupuesto de la Nación, Codelco entregaría un millón de dólares al Estado. Para lo cual, hicieron una alianza estratégica y los excedentes finales aportados al Estado en ese año fueron 4 mil 69 millones de dólares, de los cuales, Codelco Norte aportó más de 2.300. Agregó que esos excedentes fueron históricos, en momentos muy difíciles para la minería.

A continuación se refirió a los problemas que les afecta el desarme de Codelco distrital y la segregación de Chuquicamata. La creación de Codelco Norte podría haber sido una gran herramienta para desarrollar el distrito norte. Sin embargo, hoy lo desarman y dejan a Chuquicamata y a RT solos. Por otro lado, se está llegando al fin de la modalidad de la explotación de rajo y planificación para entrar a régimen de mina subterránea, con lo cual, los trabajadores están plenamente de acuerdo.

Explicó que el 1 de agosto de 2002, se creó la división Codelco Norte, a partir de la fusión de las ex divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic y los proyectos Mansa Mina y los depósitos de Cluster Toki. La razón fundamental de su conformación fue enfrentar el desarrollo de este distrito minero, con una visión integral y con la posibilidad de aprovechar sinergias que optimicen la productividad. Codelco Norte, cuenta con una gran estructura.

También es importante tener en cuenta que hay cobre para 100 ó 200 años; está en un rango de 25 por 10 kilómetros. Agregó si la mina de Chuquicamata seguía explotándose a rajo abierto no tenía para más de 12 años de vida. Esta información está sacada de las memorias de Codelco.

Planteó que establecer una planta de procesos para tratar diversos tipos de material, es necesario ampliar la concentradora e invertir en la fundición para cambiar los cátodos tradicionales a cátodos permanentes. Al respecto, la concentradora tiene proyectos con rentabilidad, para tratar cualquier mineral, arsénico, sílice, etcétera. No hay otra en el mundo capaz de hacer eso.

Por otra parte, está el tema de la inversión que se efectuará para Expansión Norte Mina Sur, ENMS, por 298 millones de dólares, lo que se justifica por sus costos, pero también va a recibir minerales provenientes de Mansa Mina y Toki. Así lo señalaba la revista Minería Chilena.

Además, está el proyecto Mansa Mina que es una de las operaciones unitarias del proyecto Expansión Integrada Mina Concentradora. Es decir, todos los esfuerzos están dirigidos hacia la concentradora. Agregó que la explotación de Chuquicamata iba a entregar 182 mil toneladas y Mansa Mina, 50 mil. Es por esa razón que planteaban lo de las 230 mil toneladas, y así se iba a mantener hasta el 2013, según el plan de inversiones.

Otro proyecto planteado, era el relacionado con la concentradora, que recibiría minerales desde RT. En el 2020 iba a empezar a recibir minerales de Cluster Toki. Codelco Norte se preparó para eso.

Indicó que lamentablemente ahora eso no es así. Cualquiera de esos yacimientos que salga a explotación se debe rascar con sus propias uñas, aunque ahí están las instalaciones.

Señaló que el proyecto Chuquicamata-RT debe ser tratado como un proyecto integrado. Debe ser operado en conjunto y es lo que siempre a pretendido Codelco Norte.

Actualmente, RT está entregando 60 mil toneladas hacia la concentradora de Chuquicamata y puede llegar a tirar 90 mil, es decir, 40 mil más por camiones. Sin embargo, ése es el negocio de RT y es lo haría morir a Chuquicamata.

Planteó que se invirtieron, aproximadamente, 4.000 millones para convertir a Codelco Norte en un gran gigante, para recibir 230 mil y 300 mil toneladas de mineral para tratamiento.

Es por eso, que con el desarme de Codelco Norte se están botando 4.000 millones de pesos a la basura. Es una de las incongruencias que hacen los que están administrando Codelco Norte. También se dijo, que se necesitaban 17.000 millones para los proyectos estructurales; después dijeron que eran 18.000 millones y, actualmente, dicen que son 20.000 millones.

Sin embargo, ocurre algo peligroso, porque Cochilco acaba de fijar el precio para el próximo año en 3,40 dólares y para los que siguen las estadísticas, el valor del próximo año se podría establecer en 2,50 de dólares. Mañana nos van a decir que con 2,50 no flotan los proyectos. Entonces habría que preguntarse para qué se necesitan 20.000 millones de dólares.

Como conclusión habría que señalar que el distrito Chuquicamata está ubicado en una posición geográfica privilegiada. Son 25 por 10 kilómetros de puro cobre.

Por otra parte, estaba el desafío de Codelco que era muy grande que en el 2005 se pretendía llegar a obtener 1.700.000 toneladas de cobre fino y en 2006 a 3 millones.

El plan era ambicioso. Desde el 2005 se planeaba duplicar la producción de un año a otro. Para eso, la producción no tenía límites y se decía que había mineral para 200 años.

Por otro lado en el año 2006, los proyectos estructurales eran los mismos. En los años siguientes continúa una gran cartera de proyectos estructurales.

En el año 2010 se refleja de dos formas, porque así lo presentaron ellos en la línea de sulfuros, como MMH y RT. Todos aportaban hacia la concentradora de Chuquicamata.

Señaló que lamentablemente en el año 2011, cambió abruptamente todo lo planificado, por cuanto, se modificó en forma radical la estructura organizativa de Codelco Norte. Al respecto, indicó que el potencial de sinergia entre los yacimientos desmejora y se desaprovecha el uso de la capacidad instalada, potenciada por inversiones de más de 4 mil millones en el período 2002-2010.

La planificación del desarrollo minero en el largo plazo impacta negativamente en el objetivo de maximizar la generación de excedentes al dueño.

Planteó que en el proyecto de Chuquicamata Subterránea, el gerente señor Aranis, presentó un VAN en el que incluía 2.233 millones, en circunstancias que dos semanas antes les hizo una presentación en la que nos dijo que el VAN era de 3.386 millones, por lo que es curioso, de donde aparecieron tantos millones. Esta situación implica algunas repercusiones del nuevo PND, que produce mermas en la producción y en la parte laboral, porque se les dice que a raíz de ello, van a salir dos mil o tres mil trabajadores.

Lo anterior, significa que Chuquicamata debiera de entregar 180 mil toneladas o sea 120 mil y 60 mil RT. Situación que esta Comisión debe investigar, porque de las 120 mil toneladas se están obteniendo 80 mil con suerte. Se están consiguiendo 30 mil en stocks de baja ley y mezclándolas con la escoria. Con esto se está cumpliendo con el negocio; pero eso está programado para el 2018, cuando se produzca el cierre de la mina.

Agregó que se están descuidando elementos susceptibles de mejorar, dejando la división Chuquicamata en una inacción preocupante y sospechosamente pasiva.

Señaló que a su juicio, el objetivo es dejar a Chuquicamata aislada, hacerla ineficiente, para demostrar que la privatización es la única solución.

Indicó que al respecto, es necesario hacer presente que la mina subterránea contiene elementos que exigen revisarse, para evitar pérdidas por el menor aprovechamiento de las potencialidades de la división Chuquicamata.

En relación con el tema de la concentradora y la fundición tuvieron varias consideraciones iniciales. Al respecto, vieron un gran potencial antes del año 2011 y en la actualidad se observan proyecciones finales. Es curioso que se les diga por un lado, que se les va a mandar mineral y por otro lado se esté hablando de desmantelar una planta que tenía celdas gigantes con trabajadores expertos, quienes a su vez, han sido grandes instructores de la empresa privada.

Explicó que el 5 de enero de este año 2012, les informaron que el horno se iba a mantención y que tenían plazo hasta el 23 del mismo mes, para hablar de las dotaciones de personal. El horno nunca más operó y tuvieron que golpear todas las puertas para que echaran a funcionar el horno nuevamente, porque es una necesidad. No se puede dejar botado un horno de esas características, sólo para vender concentrado. Dicho horno no está depreciado y aún tiene vida útil.

Además, la producción y costos de Chuquicamata se pagan con los subproductos: oro, plata y otros. Todo el ganancial de la venta del cobre es lo que se ve en las utilidades; por lo tanto, cuando Escondida declara que se lleva tantas toneladas de cobre, se está llevando el cobre, pero también los subproductos. Eso es lo que los chilenos entregamos a diario y no sólo hablo de la Escondida, porque todas las transnacionales, amparadas en las concesiones mineras, hacen lo mismo. O sea, están defraudando al fisco y a los dueños que son los 16 millones de chilenos. Eso es algo en lo que ustedes y nosotros debemos poner atención.

Señaló que hay otro ejemplo preocupante, que es la llegada de retroexcavadoras hidráulicas de alto tonelaje a Chuquicamata, provenientes de Mina Sur, la cual va a cerrar y empezará a tirar equipos con vida útil, que fueron comprados para una cantidad de años en Chuquicamata, donde en la actualidad sobran los equipos.

Además planteó que existe una incongruencia con respecto a la administración actual, por cuanto, el señor Hernández hizo una presentación a Ansco, en junio de este año, explicándole la transformación que había que hacer en Codelco. Al respecto, se indica que la mina subterránea entraría en funcionamiento para el 2018, tendrá una inversión de 1.800 millones; o sea, en el último trimestre de ese año, según lo que presentaron y lo que acaba de aprobar el directorio, tiene que estar en operación en dicha fecha. Agregó que las obras tempranas llevan un año de atraso y esa es una incongruencia con respecto a los compromisos.

Por lo tanto, como conclusión llama la atención la volatilidad que existe en la decisión de desmembrar nuevamente Codelco Norte, desperdiciando los esfuerzos sistemáticos que han demostrado los PND de ocho años anteriores. Para lo que se hizo y lo que se va hacer, se invirtieron 4 mil millones de dólares y los excedentes son por más de 40 mil millones, en el último quinquenio y aún así desarman Codelco Norte. Al respecto, se produce una incongruencia en la visión del desarrollo del negocio minero, en el último PND, respecto a la visión de años anteriores. Por lo que habría que entender, que lo único que se quiere es que Chuquicamata desaparezca, sus trabajadores y Calama.

Explicó que la mina subterránea, es la alternativa para viabilizar la sustentabilidad de la mina Chuquicamata y los trabajadores están de acuerdo con eso. Se sabe que la vida del rajo es limitada y les preocupa que la administración no haya tomado las decisiones correctas al respecto. Lamentablemente el proyecto ya tiene un retraso de un año o un año y medio. Agregó que esta situación se le planteó al señor Hernández, cuando se produjo la negociación con los supervisores. Es por ello, Codelco no puede tomar este tipo de decisiones, porque esto puede significar que 3.000 trabajadores queden cesantes y también significa que 3.000 millones de dólares, no van a ingresar en 10 años y eso puede ser más catastrófico aún.

Indicó que la mina subterránea de Chuquicamata, tiene 4.200 millones de toneladas en recursos minerales de cobre y molibdeno, con una ley de cobre de 0,71 por ciento y de 310 ppm de Mo. Lo que se estima por explotar, equivale a 1.600 millones de toneladas y corresponden a más del 60 por ciento de lo explotado en los últimos 90 años. Por lo que esto equivale a 11.805 millones de toneladas de cobre fino y 831.000 toneladas de molibdeno.

Agregó que el actual gerente les dijo en abril de este año, que había alrededor de 2.300 millones de VAN en la mina subterránea, y hoy el señor Hernández dice que el VAN es de 3.362 millones. Esto quiere decir que 1.000 millones aparecieron de sorpresa. Algo sucedió en el directorio. Podría ser que subieron la tasa del TIR del 15 a un 20 por ciento. Agregó, que el VAN no garantiza nada, porque esto depende del precio y la entrada en marcha de los proyectos.

Advirtió que las etapas de la mina subterránea demoran 25 años y se venían cumpliendo cada una de las etapas, pero es importante señalar que la administración dice que entre el 2018 al 2027 se va a cumplir con el ramp-up, lo que es imposible.

Esto se hace en un área, en la que Chuquicamata tiene 63 hectáreas, y dicen que lo van a hacer en 7 años, pero se plantea que el ramp-up, se demorará 8 años en llegar a régimen.

Por otra parte, expresó que la roca en la que se comenzará a trabajar en la mina subterránea es primaria. Lo que significa que por su naturaleza, el agua baja y se convierte en solución, produciendo un lavado de los minerales, lo que los ablanda y les afecta en la producción.

Al respecto, los trabajadores tenemos grandes reparos por el gigantismo que muestran los túneles de servicio y producción, además de los de ventilación, ya que podrían provocar riesgos a la estabilidad del macizo rocoso, y necesariamente obligarían a proporcionar mayor fortificación, lo que implica un mayor costo en el proyecto y un retraso en los plazos.

Expresó que los estudios geotécnicos deberían considerar el fenómeno de estallido de la roca. A veces, el rajo comienza a un kilómetro de profundidad y no todo el macizo está en el rajo, sino en los costados. Además se está considerando un pilar que es fundamental y donde no se va a explotar una parte importante de cobre por la misma razón. Esto implica un riesgo potencial para las personas y los plazos del proyecto. Esta situación les preocupa de sobremanera, porque no conocen el proyecto en su totalidad. Sólo han visto partes del proyecto y cuando lo han querido ver en su totalidad, no han tenido acceso, cuando en realidad es necesario conocerlo.

Añadió que la construcción y diseño de una mina subterránea representan un riesgo de 80/20, respecto de la de una mina a rajo abierto, lo cual representa el inverso, es decir, 20/80, en la concreción de la construcción de las plantas e instalaciones productivas y su puesta en marcha efectiva. Hay mucho más riesgo al hacer una mina subterránea, que una mina a rajo abierto. Tienen pleno conocimiento de lo que hay en una mina a rajo abierto, pero entrar en una mina subterránea es mucho más difícil.

En todo caso, el proyecto contempla que el 1 de octubre de 2018, van a estar entregando 5.000 toneladas de cobre fino.

Señaló que Codelco ha sido exitoso en la generación de excedentes, pero no lo suficiente, sobre la gestión de los proyectos que existen en la historia de Chuquicamata, por lo que consideran que el proyecto MCH, debiera contemplar mayores holguras.

Explicó que el proyecto de cambio tecnológico tiene un 71 por ciento de realizado y nunca llegará a un ciento por ciento, sin embargo, es exitoso. El proyecto RAMS, hasta que desapareció, nunca llegó al ciento por ciento de realización. Respecto de los servicios compartidos, se prometió un gran VAN, cuando en realidad se perdió más plata que la que se ganó. Agregó finalmente, que el túnel de transferencia del M1 debería darnos mejores frutos, pero lamentablemente no los da.

Planteó que este es un proyecto gigante, en el que Codelco le entregó 47.800 millones de dólares en una década al Estado de Chile desde su creación, Codelco ha entregado 84.000 millones de dólares, o sea que en cinco años ha entregado lo que se hizo en 34 años.

Señaló que lamentablemente la caída de la producción no sólo está contemplada entre los años 2015, 2016 ó 2018, por cuanto, ya en este año 2011, ya empezó a bajar la producción.

Al respecto expresó que los trabajadores de Chuquicamata están de acuerdo en que la mina subterránea, es la única vía de explotación ante el agotamiento de la mina más grande del mundo. Lo que los trabajadores no conciben, es que en esta transición no se consideren aspectos que son relevantes en su planificación. Agregó, que en la planificación de la transición a la mina subterránea, se debiera considerar la explotación de fases alternativas para evitar pérdidas de valor en el proceso.

Por otra parte, es necesario tener presente que es imposible que los plazos indicados por el proyecto se den en los tiempos señalados. Además, las condiciones geotécnicas de la roca pueden afectar gravemente el proyecto. También es importante saber que las condiciones de la construcción estructural merecen serios reparos. Asimismo, los trabajadores estiman que es relevante explotar la fase 51-A, no más allá del 2014, porque hay que empezar a sacar el lastre para llegar al 2022, sacando el último gramo de mineral.

Por lo anterior es importante señalar, que la mina subterránea tiene un VAN de 3.362.000.000 de dólares, contemplado en un período total de 38 años. Esto quiere decir que cada año va a entregar 88.500.000 de dólares. Este es un buen negocio, pero no tanto, porque el gran negocio de Codelco Norte era MM, Toki, Gaby, y RT. La mina es un gran negocio, tiene mucho cobre, pero sólo entrega eso. Sin embargo, el VAN otorgado por el desarrollo de la fase 51-A alcanzaría un valor aproximado de 600.000.000 de dólares, siempre y cuando se tome la decisión de no realizar la descarga de la fase 52, la que hay que hacerla, porque, de lo contrario, se hunde el cerro. Pero es un peak final, y conversado con los geólogos y con la gente entendida, quienes dicen que si es un peak final, habría que preguntarse para qué se va a hacer una ampliación, si ya no seguirá siendo una mina a rajo abierto. Pero al respecto, es necesario tomar ciertas consideraciones, como por ejemplo, de los 300 millones, quizá habría que gastar 40 en instrumentos, para poder operar y para saber en donde se podrá extraer el mineral y eso significaría un VAN de 260 millones más para el Estado de Chile.

Planteó que los planes de negocios y desarrollo no pueden modificarse tan abruptamente. El cambio de los planes de desarrollo indican un quiebre respecto a lo desarrollado en casi una década. Los nuevos planes e hitos muestran inconsistencias e improvisación, agregando mayor incertidumbre a la fuerza laboral y la preocupación respecto de un despilfarro de recursos que los trabajadores consideran inaceptable. Reiteró que el PND no puede ser modificado al arbitrio por quien está a cargo de la empresa. Los PND, para los trabajadores son sagrados, los tomaba la Cochilco y era aceptado por el Ministro de Hacienda y por nada se cambiaban.

Razones incomprensibles del desmembramiento de Codelco Norte, inducen a concluir que el aislamiento productivo de la actual división Chuquicamata, fue motivado por las intenciones de comenzar de manera decidida y sistemática a la privatización y enajenación de los activos de Codelco para la explotación. Agregó que este supuesto está motivado, en lo que dice la ley, que si existen activos no se pueden enajenar, pero si se cierra, una transnacional o cualquiera podría hacerse cargo de estos yacimientos, y con ello, podrían por lo tanto, de seguir perteneciendo de todos los chilenos. También existe preocupación por la intención de cerrar operaciones consideradas de ámbito estratégico, como es el caso de las fundiciones y refinerías.

Por otra parte, se refirió a las inversiones y al financiamiento de los activos de Codelco. Al respecto señaló que el señor Diego Hernández planteó, que había que salir a conseguir dinero a través del mercado de capitales, que es una buena fuente permanente de financiamiento. En base a ello, autorizó la venta del 40% que pertenecía a Codelco a E-CL. Además, se autorizó una capitalización por 376 millones de dólares, suma que parece poco.

En relación con lo anterior, indicó que en los últimos años Codelco le entregó al país, 5.000 mil millones de dólares. También existen bonos soberanos, los que se encuentran en bancos por 50.000 mil millones de dólares. Por lo que habría que preguntarse, donde se encuentran esos dineros que son de todos los chilenos.

También es necesario saber que Codelco tiene una deuda de 8.648 millones de dólares y de este monto, el próximo año se vencen 5.796 millones de dólares.

Asimismo es necesario preguntarse qué pasa con los 6.750 millones de dólares que habría que pagar por la parte de Anglo American. Agregó que a propósito de Anglo, se decía que habría que entregar el 24,5% y si eso sucediera, el día de mañana se podría vender el 49% de El Abra.

Planteó que también se ha establecido un financiamiento para solucionar los problemas de Codelco, a través de terceros, lo cual, significa la existencia de una amenaza de privatización. Al respecto se ha llegado a decir que quién quiera invertir en Codelco, lo puede hacer, pero las ganancias no las obtendría Codelco. Esta es una situación muy delicada.

Señaló que habría que observar con mucho detenimiento las futuras inversiones, tales como las plantas concentradoras de las divisiones Andina y Radomiro Tomic, los que tendrían un diseño de negocio financiado y operado por terceros. Lo mismo ocurre con la mina a rajo abierto del Teniente que se dice que sería operada por terceros. Al respecto, se plantea que para explotar ciertas actividades habría que traer capitales y para ello, tendrían que ser de terceros.

Indicó que respecto de la tributación, es necesario explicar que cuando llega una empresa a Chile, hace una inversión, una explotación y una transferencia. Posteriormente venden el cobre en bruto a bajo precio a empresas extranjeras relacionadas; compran servicios de transporte de cobre, de alto precio, a empresas relacionadas; compran pólizas de seguro, de alto precio, a empresas relacionadas; los créditos para su financiamiento los contratan, a altas tasas de interés, con bancos relacionados; la definición de cobre en bruto la contratan, a alto precio, con empresas relacionadas. Además, se llevan el cobre, hacen un tremendo negocio para no tributar a través del Decreto N°600.

Por lo que solicitan a este Parlamento, que Codelco se decida, vender sólo cobre refinado, y no concentrado.

Adicionalmente, el cátodo grado A, que produce Codelco, tiene anualmente un premio de 175 millones de dólares, que no es despreciable.

Otra manera de financiar una serie de actividades, es a través de la creación de un sistema de Fondos de Pensiones que sea del Estado.

También los trabajadores de Chuquicamata lamentan que en un futuro cercano los sulfuros de la mina Alejandro Hales (MMH) que según los planes de la anterior administración serían tratados en las plantas de Chuquicamata, lo que significará que pasarán a sumar la producción de concentrados de la minería privada y vendidos a empresas extranjeras, existiendo la tecnología, la competencia y la infraestructura para ser fundidos y refinados en Codelco. Por lo tanto, con esta situación no sólo se desaprovechan los activos existentes y la efectividad de las inversiones, sino también la generación de menores excedentes al país, por concepto de menores recaudaciones fiscales, por no concretarse las correctas imputaciones mineralógicas atribuidas al producto final: el cátodo de cobre.

Señaló que este tipo de decisiones vienen acompañadas de inversión y operación de privados, cuyos recursos y destinos de ganancias se consumen en un entorno extra regional, por lo que se prevé también un negativo efecto en la economía local.

También es importante indicar que Codelco no es una empresa independiente del Estado de Chile. Por lo que las decisiones trascendentes, tales como inversiones, proyectos y decisiones estratégicas, que afecten el patrimonio de la nación, deben ser fiscalizados por los representantes de la junta de accionistas, que son todos los chilenos.

Planteó que en mérito de lo anterior, es indispensable considerar como una grave amenaza al patrimonio del país, la venta de activos sin una decisión al menos consensuada y con la información completa, la que debe estar a disposición de la ciudadanía.

Es por ello, que se requiere transparentar lo ocurrido con la venta de activos de la ex Edelnor, principal empresa fuente de abastecimiento energético de los yacimientos propios y del resto de las empresas mineras. Es imposible que se venda el 40% de algo y que después se tenga que comprar mucho más caro.

También es necesario efectuar una revisión sobre la venta que tiene Codelco sobre el porcentaje de participación que tiene del GNL, en la sociedad con GDF Suez, que es una empresa de suministro de gas, para solucionar el problema energético de la minería del Norte Grande.

Explicó que también se debe hacer una revisión respecto de los alcances de contratos de asociación con empresas privadas y potenciales desarrollos de negocio en conjunto, involucrando eventuales traspasos de pertenencias mineras: situación de Minera Gaby S.P.A y contratos de exploración con Antofagasta Minerals.

Expresó además que es indispensable efectuar una revisión y una auditoría por las pérdidas que entrega el Balance Corporativo en el ítem de Mercados de Futuros, en el ejercicio 2010, lo cual, se le imputa a la actual presidencia ejecutiva. Son 1.042 millones de dólares en pérdidas en los mercados de futuro. Agregó, que cuando el señor Diego Hernández llegó a esta empresa, dijo que era imposible que hubiera pérdidas en los mercados de futuro. En ese momento desprestigió al ex Presidente Ejecutivo señor Villarzú y a los anteriores, quienes participaron en la venta efectuada a través de los mercados de futuro, pero sin perjuicio de ello, en la actualidad, se registran 1.042 millones de pérdidas.

Por otra parte, señaló que los trabajadores de Chuquicamata apoyan con fuerza, la compra del 49% de Anglo American Sur, pero rechazan de la misma forma, que la operación se haga por solo el 24,5% y el otro 24,5% se le venda a Mitsui.

En mérito de lo expuesto anteriormente, instan a que esta Honorable Comisión pueda revisar y modificar el decreto sobre concesiones mineras, por cuanto, no es posible regalar la mayor riqueza que tiene este país, que es el cobre chileno. Agregó, que cuando un camión sale del fondo de la mina cargado, no lleva piedras y no lleva mineral, sino que lleva ingresos para hacer escuelas, caminos, salud, etcétera. Codelco entrega todos sus excedentes al Estado, por lo que no utilizar parte de estos recursos adicionales para las inversiones que otorgan viabilidad futura a Codelco y, por ende, mayores gananciales para repartir entre sus dueños, que somos todos los chilenos, significa que se produce un perjuicio en contra del país.

Manifestó que es necesario revisar la política de inversiones llevada a cabo en los últimos años y la requerida en el horizonte del mediano y corto plazo, para analizar la factibilidad de innovar en la materia, dada la circunstancia cíclica de las variables que presenta la industria.

Por último señaló, que no es posible desmembrar a Codelco Norte, lo que sería un grave error, que es imprescindible subsanar a la brevedad.

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16.- El Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac.

Inició su exposición planteando, respecto de la importancia que tiene Codelco dentro de la industria minera nacional e internacional, asociadas a la visión estratégica de Codelco y a las consideraciones asociadas a la gestión de Codelco y su gobierno corporativo.

Señaló como introducción, sobre la visión estratégica de Codelco, que en el año 2009 se aprobó una ley, para establecer un gobierno corporativo para que administre la compañía. Además, el Presidente de la República designa a los ministros de Minería y de Hacienda para que lo represente en la junta de accionistas.

Codelco es una empresa que está llamada a seguir siendo líder, en el mercado del cobre mundial. El nivel de producción de cobre ha sido importante. Chile tiene una producción significativa, de 5,4 millones de toneladas de cobre fino, y un 34 por ciento de la producción mundial. Ésa ha sido la evolución histórica en este rango de tiempo que está presentado.

Explicó que la producción de cobre ha sido importante. Chile tiene una producción significativa, de 5,4 millones de toneladas de cobre fino, y un 34 por ciento de la producción mundial. El aporte de la minería al PIB nacional es del orden del 20 por ciento. Los ingresos fiscales producto de la minería son del orden del 22 por ciento en el 2010.

Indicó que el año pasado hubo un hecho que marcó, la crisis internacional -más o menos, entre agosto y septiembre-, cuyo resultado se refleja en el precio del cobre y el promedio anual fue de cuatro dólares por libra.

Agregó, que en Chile, hay una proyección de carteras de inversión bastante alta, la que llegará aproximadamente a 67 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Realmente es una cifra significativa que hace que Chile se situé nuevamente en niveles importantes de producción.

Señaló que al hacer una distribución por regiones, Antofagasta y Atacama aparecen como las más importantes para inversiones. Hay otras regiones, tradicionalmente, mineras también tienen cifras significativas de inversión.

Por otra parte, explicó que Chile tiene reservas de cobre que equivalen al 24 por ciento de las reservas mundiales, donde Perú tiene un 14 por ciento; Australia, un 13 por ciento y luego le siguen países, como Estados Unidos, China y otros. Por lo que Chile sigue siendo el productor más alto y el que tiene las reservas más importantes y significativas.

Manifestó que en relación con el oro, Chile posee el 7 por ciento de las reservas a nivel mundial. Con respecto del oro, Chile tiene una participación distinta del cobre, pero tiene reservas que son importantes de destacar.

Planteó que es necesario analizar que a nivel internacional, China tiene un gran espacio para seguir creciendo, lo que mantiene un significativo consumo de cobre. Respecto de los usos y aplicaciones del cobre, es importante saber que un 30 ó 29 por ciento se ocupa en la construcción de edificios; en maquinaria industrial y de transporte, equipos eléctricos, redes de transmisión, etcétera. Esos son los elementos fundamentales para el consumo de cobre. También, el cobre tiene un uso significativo para la confección de trenes eléctricos y para la generación eólica y, por cierto, en el caso de la electricidad.

En la confección de automóviles, a medida que se aumenta la tecnología y si pasamos de convencional al híbrido, prácticamente, se duplica el consumo de cobre por vehículo.

También el cobre se usa en la confección de instrumental y equipamiento hospitalario, jaulas para la crianza de salmones, industria textil, etcétera.

También existen otros desafíos importantes, que es bueno tener presente. La producción proyectada de cobre para Chile en los próximos años, con las inversiones que se están viendo, es pasar de 5,4 millones de toneladas de cobre fino, en 2010, a 7,6 millones, en 2017.

Por otra parte, existen ciertos desafíos y uno de ellos es la energía, que sin duda es un tema importante. Agregó que en la actualidad, el consumo total en la minería representa un 14 por ciento y se espera que el delta de energía que se requiera para la minería, sea de un 48 por ciento.

Expresó que el agua, es otro tema muy importante. Alrededor del 8,8% es el consumo de agua en la industria minera, y respecto del total de agua en el mundo y, por tanto, ésa es el agua que consume la minería. Dado los proyectos que se requieren para invertir, hay que crecer un 42% respecto de ese consumo. Al respecto, se ha trabajado para ir haciendo más eficiente el tema del consumo del agua.

Además es importante analizar que a raíz de los nuevos proyectos que se vienen, que es necesario estimar que para ello, se requieren unos 69 mil técnicos y profesionales para la minería, donde habrá una demanda importante de personas que se necesitan en esta industria. Por lo que es adecuado preparar gente que esté disponible al momento que se requiera, tanto en la construcción como en la operación de los proyectos.

Explicó que en el caso de la visión estratégica de Codelco, hay algunos aspectos que es bueno mencionar. El primero de ellos tiene que ver con la proyección de la producción. Con las inversiones que existen hasta el 2015, se tiene un aumento de la proyección de la producción en el tiempo. En relación con las inversiones, indicó que varias surtirán efecto posterior a esta fecha. Se espera que la mina Ministro Hales comience a funcionar en el 2013; el nuevo nivel mina División El Teniente comience en el 2017; Sulfuros RT de Radomiro Tomic, en el 2017; Chuquicamata Subterránea, en el 2018 y la División Andina El Teniente, alrededor del 2019.

Explicó que la inversión en exploración que ha hecho Codelco en el tiempo, ha tenido un promedio del orden de los 37 millones de dólares y que el año pasado invirtió, a septiembre, prácticamente el doble de eso.

Por otra parte, el financiamiento de la inversión se ha hecho fundamentalmente a través de varios mecanismos y los dos principales son la deuda y la inversión, a través de la reinversión de las utilidades.

Señaló que respecto de la deuda, se ha producido un creciente aumento.

Respecto de la política de financiamiento, ésta ha tenido como resultado una clasificación de riesgo internacional de grado A en Standars & Poors y de A 1 en Moody’s. Agregó que es una política que, como Gobierno, queremos mantener y no bajar esta clasificación de riesgo en el futuro. Ello permite valorar el riesgo de no pago o solvencia de una compañía y esta clasificación, obviamente, es muy positiva para Codelco.

En el tema de los aportes que producen las divisiones, señaló que Chuquicamata aporta un 22 por ciento; Radomiro Tomic, un 33; Salvador, un 3 por ciento; Andina, un 12 por ciento; El Teniente, 25 por ciento, y Gaby, un 5 por ciento.

Explicó finalmente que el nuevo gobierno corporativo de Codelco comenzó a funcionar en marzo del año pasado, decisión adoptada por consenso nacional, por los distintos sectores en el país, y fue aprobada en el 2009, pero entró en funcionamiento en marzo del 2010. Se formó a través de una dirección de la empresa por un directorio profesional, una administración basada en criterios técnicos, una normativa de administración y gestión correspondiente a cómo son las sociedades anónimas. Por lo tanto, tiene como gestión reportar sus datos, su administración y toma de decisiones, donde los directores tienen las mismas exigencias que los directores de las empresas en una sociedad anónima. Se hace una fiscalización a través de auditores externos y de Cochilco, y las consultas y objeciones relativas a la gestión las tiene que desarrollar el gobierno corporativo de Codelco. El Ministro de Minería, tiene una relación con el gobierno corporativo, como representante de los accionistas.

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17.- El Presidente del Directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré Miranda.

Explicó primeramente, que a inicios del año 2010 empezó a regir la nueva ley del gobierno corporativo de Codelco, que dio origen a una administración encabezada por un directorio, que tengo el honor de presidir, el cual seleccionó al señor Diego Hernández como presidente ejecutivo de la corporación, quien es la máxima autoridad ejecutiva de la empresa.

Señaló que el señor Hernández definió las estrategias que tienen por objeto encaminar el trabajo de la corporación. Ciertamente, esos lineamientos no cambiaron en ciento ochenta grados respecto de los que había, sino que más bien constituye una continuidad y un reforzamiento de lo que se estaba haciendo. Como corresponde, dichas estrategias fueron aprobadas por el directorio.

También se constituyó un equipo de trabajo basado en grupos previamente existentes en Codelco, más el refuerzo de algunas personas, que se han incorporado y que trabajan alineadas en pos de desarrollar esas estrategias.

Por otra parte, indicó que en este mes, Codelco ha ejercido el derecho a comprar el 49 por ciento de las acciones de Anglo American Sur.

Al respecto, Codelco ha contestado la demanda que nos hizo Anglo American, la cual, es bastante llamativa, porque ellos sostienen que Codelco ha ejercido mal su derecho. Se ha ejercido el derecho a partir del 2 de enero, que era la fecha estipulada para ejercerlo y Anglo American ha presentado esta demanda, a la cual se le ha dado respuesta.

Explicó que además, Anglo American luego de presentar esa demanda les comunicó, mediante una carta, que no iban a respetar los pasos propios del contrato de opción, por lo tanto, se les ha demandado en el día de hoy, en forma reconvencional, exigiendo el respeto del derecho que tiene Codelco, para ejercer la compra del 49 por ciento de Anglo American.

Por lo tanto, indicó que Codelco va a seguir todas las acciones legítimas necesarias, para hacer valer ese derecho y que estén disponibles al alcance de nuestra empresa, que son muchas, las cuales incluyen acciones judiciales y, eventualmente, si existe una fórmula que respete ciento por ciento el derecho que tiene Chile, a través de Codelco, por lo que estaríamos dispuestos a considerarla, pero lo que no es transable, es el completo derecho que tiene la cuprífera estatal al 49 por ciento, o el valor equivalente, pero debe obtener la totalidad del derecho que le corresponde a Chile, a través de la empresa Codelco.

Ahora bien, si esto va por la vía judicial y se resuelve en ese ámbito, probablemente tomará varios años.

Planteó que nuestro país debe hacer valer este derecho, porque es una cuestión de Estado y no un tema del Gobierno de turno. Por lo tanto, debe seguir siendo defendido con todos los elementos legítimos que están a nuestro alcance. Esta defensa debe trascender a los gobiernos, y si el problema va a tomar varios años, el país tiene que mantener esa defensa.

Además, Codelco gracias a la ley del gobierno corporativo que se ha instaurado mediante una ley que se ha dispuesto para tal efecto, goza de una continuidad en su gestión, de manera que en esto no habrá cambios de timón a través de los años.

Si hay una solución más rápida, que respete cabalmente el derecho que tiene Codelco, y Chile a través de la empresa, evidentemente será bienvenida en la medida que cumpla con esa condición.

Por último indicó, que la presentación que efectuará el señor Diego Hernández, abordará estos temas y cuenta con el total respaldo del directorio de la corporación.

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18.- El Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Diego Hernández Cabrera.

Inició su exposición señalando que abordará los objetivos que tiene la empresa, para luego explicar la estrategia y otras decisiones que se han adoptado.

Se refirió a la evolución que ha tenido la producción de cobre. Añadió que Codelco este año cumplirá cuarenta años desde su creación. En sus comienzos Codelco producía menos de 600 mil toneladas anuales, pero en la actualidad han alcanzado una producción de alrededor de 1.800.000 toneladas, en las que se incluye el 49% que tiene en el mineral del Abra.

Señaló que en el período señalado, Codelco ha sido y sigue siendo el primer productor de cobre a nivel mundial, teniendo entre un 11 y un 13 por ciento. Agregó que las empresas que han ocupado los lugares segundo, tercero, cuarto y quinto de ese ranking han ido cambiando, pero Codelco se mantiene en el primer lugar.

Explicó que durante estos cuarenta años, Codelco ha producido excedentes por 84 mil millones de dólares, en moneda de 2010, pero la mitad de dicha cantidad se han generado en los últimos siete años, período durante el cual, el aporte que ha hecho la Empresa, ha significado el 16 por ciento de los ingresos fiscales.

Planteó que en el período 1990-2010, los excedentes aportados por Codelco significaron el 11% de los ingresos fiscales totales, equivalentes al 86% del impuesto a la renta de primera categoría que ha recaudado el Fisco en el mismo período, o al 31% del IVA o al 31% de los gastos en salud, en vivienda y en educación.

Por otra parte, indicó que en dicho período las inversiones que hizo la empresa se han financiado, sobre todo, con créditos, y si esos valores se llevan a moneda de 2011, se produce lo siguiente: entre 1976 y 1989 el promedio de inversiones anuales fue de 551 millones de dólares; en el período 1990-1993, fue de 645 millones de dólares; en el período 1994-1999, fue de 1.095 millones de dólares; en el período 2000-2005, fue de 1.275 millones de dólares; en el período 2006-2009, fue de 2.055 millones de dólares, y en el período 2010-2011, fue de 2.582 millones de dólares. Es decir, Codelco ha invertido mucho más ahora que antes, lo cual refleja que la Empresa ha ido atrasando sus inversiones, que ha sido tímida en invertir, lo que, de alguna manera, explica la situación en que nos encontramos.

Reiteró que Codelco consiguió los recursos para hacer sus inversiones, a través de créditos o con amortización y depreciación, porque el equivalente a esa cantidad, que no es parte de los excedentes, queda dentro de la Empresa. Por lo que se supone que la amortización y la depreciación es lo que le permite a la Empresa que no disminuya sus activos.

Expresó que las capitalizaciones de utilidades, los aportes de capital y las utilidades no distribuidas han sido relativamente bajas. Agregó que en el período 1976-1989, si se descuenta la capitalización inicial, desde que se creó Codelco, que fue de 1.624 millones de dólares, el promedio de capitalización, utilidades no distribuidas y aportes de capitales, es decir, lo que el dueño estaba dispuesto a dejar adentro en vez de sacarlo como utilidades o impuestos, fue de 18 millones de dólares anuales, en moneda de 2010; en el período 1990-1993, de 4 millones de dólares; en el período 1994-1999, de 119 millones de dólares; en el período 2000-2005, de 21 millones de dólares; en el período 2006-2009, de 515 millones de dólares, y en el período 2010-2011, de 182 millones de dólares, cantidades que corresponden a promedios anuales por cada período, lo cual significa que el promedio de todos esos períodos son 91 millones de dólares anuales.

Eso significó que el promedio de los excedentes, que se produjo durante todo el período han sido de 2.100 millones de dólares, las inversiones promedio de 963 millones de dólares y los aportes de capital de 91 millones de dólares anuales. En consecuencia, las inversiones se han financiado, en promedio, con 9 por ciento del aporte de capital y el resto con créditos o con amortización y depreciación.

Señaló que los aportes de capital, en relación con los excedentes, representan sólo el 4 por ciento. Normalmente las empresas de la competencia se distribuyen entre el 30 y el 60 por ciento de los dividendos y el resto se deja dentro de la empresa para enfrentar las inversiones, pero ése no ha sido el caso de Codelco.

Agregó que en el año 2011, se capitalizó el 20% de las utilidades del ejercicio de 2010 y este año se van a capitalizar, a lo menos, las utilidades por la venta de la participación en E-CL, por aproximadamente 370 millones de dólares.

Respecto del nuevo gobierno corporativo, recordó que entró en vigencia por una ley aprobada en el año 2009 y publicada en febrero de 2010. Agregó que esto está relacionado con la incorporación de Chile a la OCDE, organismo que solicitó que las empresas del Estado dependieran menos del Gobierno y tuvieran un gobierno corporativo más independiente, es decir, que fueran empresas más del Estado, que del Gobierno.

Señaló que al hacer una proyección de cómo nos gustaría que fuera Codelco para el año 2021, habría que indicar lo siguiente: Primero, en el ámbito de la seguridad, que se ubique entre las cinco mejores empresas de la industria y elimine los accidentes fatales; en materia de sustentabilidad, que tenga niveles equivalentes a las grandes empresas mineras mundiales; que continúe siendo líder en la industria del cobre, con una producción de más de 2 millones y medio de toneladas finas por año; que nuestros principales proyectos estructurales, como nuevo nivel mina en El Teniente, Chuquicamata subterránea, Andina fase II, expansión de El Salvador y San Antonio, y que Potrerillos y Radomiro Tomic fase II estén en producción; que haya nuevos proyectos de expansión en desarrollo; que mantenga recursos mineros suficientes para cincuenta años a lo menos; que tenga costos bajo el límite del segundo cuartil de la industria, es decir, mejorar la competitividad; que posea varios procesos productivos totalmente automatizados y con control a distancia, y que haya nueva generación de trabajadores y un liderazgo posicionado en el recambio generacional, con gente con talento a niveles de benchmarking.

Explicó que el año pasado presentamos dos documentos de la más alta jerarquía en la organización: una carta de valores y el Código de Conductas de Codelco, elaborados en un proceso participativo que culminó a fines de ese año.

En el primer documento se incluyen el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, responsabilidad y compromiso, competencia de las personas, trabajo en equipo, excelencia en el trabajo, innovación y desarrollo sustentables, como valores que siempre debemos tener en cuenta para asegurar la competitividad y el éxito de la empresa en el largo plazo.

Agregó que el nuevo Código de Conductas de Negocios de Codelco está basado en el que teníamos antes, pero es más amigable. La intención es que sea más una guía, que un código legal. En él se establecen las conductas personales que se esperan de todos quienes trabajamos en Codelco en cuanto a seguridad y salud; alcohol, drogas y tabaco; igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y buen trato. También trata sobre conductas esperadas en el uso de los recursos y en la relación con los contratistas, sobre todo respecto de la gestión de los mismos, el manejo de información y los conflictos de interés. Finalmente, se refiere a nuestras conductas en relación con el entorno, que incluye el cuidado del medio ambiente, ser buen vecino y la comunicación, entre otros.

Eso es lo que se requiere para tener la llamada “licencia para operar”, de manera que la comunidad vea a la empresa como un aporte positivo, no como algo negativo, y seamos bienvenidos en la respectiva región.

Por otra parte, están los objetivos estratégicos que se han definido y que son los siguientes:

Mantener la reputación y liderazgo de la empresa; mantener nuestra licencia para operar; asegurar los niveles de producción comprometidos para los próximos años, a fin de aprovechar el actual ciclo de precios altos; materializar los proyectos estructurales claves para desarrollar los recursos mineros de Codelco; mantener el liderazgo en la producción mundial de cobre; asegurar la competitividad en el mediano y largo plazo, para lo cual es necesario introducir nuevas tecnologías, racionalizar la organización y mejorar los procesos de toma de decisiones.

Para eso se ha reestructurado la empresa con una organización adaptada a sus objetivos estratégicos. Existe una presidencia ejecutiva y dos vicepresidencias de operaciones, que corresponden a Codelco Norte y a Codelco Centro Sur. De la primera dependen las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Salvador y Gaby, y de la segunda, Andina, El Teniente y Ventanas.

Además, se reformuló la vicepresidencia de desarrollo; en cambio, la de comercialización no ha tenido modificaciones drásticas, al igual que la de proyectos, aunque en ésta se ha privilegiado el contacto y el trabajo en equipo con la vicepresidencia de operaciones.

La vicepresidencia de recursos humanos, por su parte, no sólo debe dedicarse a las relaciones laborales, sino también al desarrollo organizacional, en tanto que en la vicepresidencia de administración y finanzas, que no existía de esta manera, agrupó a todos los departamentos preocupados del control de costos y del uso de recursos financieros.

También la empresa cuenta con una consejería jurídica, que depende de la presidencia ejecutiva, al igual que la gerencia de negocios estratégicos, la auditoría general y la gerencia general de asuntos corporativos y sustentabilidad.

Otra cosa importante es que se separó Codelco Norte en dos divisiones, Chuquicamata y Radomiro Tomic.

Es por ello, que se ha determinado una serie de cambios obligatorios que se pueden resumir en tres categorías.

La primera es la de aquellos yacimientos en que se está acabando el mineral. Hay dos casos que son los principales. Uno es el de los óxidos de Chuquicamata, que se terminarán en el 2014. Ahí hay una planta que produce 150 mil toneladas por año, pero se quedaría sin alimentación. El otro caso es el de Radomiro Tomic, que actualmente produce 300 mil toneladas anuales y que se quedará sin más óxidos para su alimentación en el 2017, por lo que necesita ser sustituida.

La segunda categoría corresponde a aquellos casos en que perdemos el acceso al mineral. Hay mineral, pero no tendremos acceso a él. Los principales casos son Chuquicamata, que no puede seguir siendo trabajada como rajo, por lo que pasará a ser subterránea, y El Teniente donde hacia el año 2017, se acabarán los actuales niveles de producción, por lo que se deberá entrar 300 metros más abajo para acceder al próximo tramo del mineral. Para enfrentar esas dos situaciones se requiere una inversión de más de 3 mil millones de dólares. Con ello se podrá mantener el acceso al mineral y los tonelajes de producción actuales.

Afortunadamente, existen varios yacimientos nuevos con los que se podrá aumentar la producción. Uno de éstos es el de los sulfuros de Radomiro Tomic, donde se puede sustituir la planta de óxidos por una nueva planta concentradora. Aún se está estudiando, pero debería estar produciendo en el 2017. El problema es la falta de agua, por lo que se estudia la posibilidad de traer agua de mar desalada. También está el caso de un yacimiento cercano a Calama, Ministro Hales y Chuquicamata, que se denomina Quetena. Si se abre ahora, se podría lixiviar óxidos hacia el 2015 y mitigar parte de lo que se perderá en la planta de óxidos de Chuquicamata.

Planteó que la mina Ministro Hales, actualmente está en construcción y se espera que pueda entrar en funcionamiento en el 2013. Producirá más de 150 mil toneladas al año, lo cual ayudará a mitigar las pérdidas de producción de otros yacimientos.

Expresó, que en la actualidad Codelco se encuentra en niveles de 1 millón 800 mil toneladas incluida nuestra participación en El Abra. Si no se hace ningún proyecto, hacia el 2020 la producción será inferior a 800 mil toneladas; en cambio, si se realizan todos los trabajos que se deben hacer, se superarán las 2 millones 100 mil toneladas anuales. Es decir, no hay otra alternativa; por lo que es indispensable hacer las inversiones para que la empresa siga siendo viable, ya que si no se realizan, hacia el año 2019 la empresa debería cerrar, ya que no generaría los excedentes necesarios.

Explicó que todos estos son proyectos competitivos, buenos, así que el principal objetivo estratégico es desarrollarlos, aunque esto significa hacer una inversión tres veces superior a la que se hacía. Es decir, entre el 2011 y el 2022, se invertirá lo mismo que se hizo entre 1976 y 2010. La conclusión es que durante todo este tiempo Codelco ha sub-invertido, por lo que ahora debe hacer todas las inversiones acumuladas. Afortunadamente, aún se está a tiempo para no bajar la producción, sino que sustituirla y aumentarla.

Esta es la situación que le ocurre a la empresa y lo que es necesario enfrentar hacia el futuro.

En lo que se refiere a la variación de los planes que tiene la actual administración de Codelco, es importante aclararlo.

Al respecto es necesario referirse al documento suscrito por 49 señores diputados que dio origen a esta Comisión Investigadora y que en una de sus partes dice: “4.- Sin perjuicio de lo mencionado en el último tiempo los planes implementados por las administraciones anteriores, en pro de desplegar la capacidad máxima de negocios y productividad, han variado, poniendo en duda, por parte de la opinión pública, la efectividad de la Empresa en manos del Estado de Chile, lo que debe explicarse a cabalidad.”

Indicó que lo explicado no es muy distinto a los planes anteriores. La única diferencia es que ahora es indispensable hacer lo que corresponde efectuar para sacar adelante a la empresa, por lo que no es posible postergar nada. Para lo cual, se debe desarrollar el plan del próximo año y se deben a esto incorporar algunos proyectos en El Salvador. Al respecto, es necesario poner un rajo grande arriba de todo el yacimiento, en donde hay rajo y mina subterránea. Al mismo tiempo, se desarrollarán los óxidos de San Antonio, a un nivel de 60 mil toneladas –corresponde a la mina vieja de Potrerillos-, y, posteriormente, los sulfuros, en una planta concentradora, en Potrerillos. Agregó que con este estudio, se podrá continuar con la explotación de la mina El Salvador, en vez de tener que cerrarla y si el valor de la libra cobre continúa en alza, dicho mineral podrá volver a ocupar su lugar como parte de la gran minería del cobre.

A continuación, se refirió nuevamente al documento de los señores diputados, que entre sus planteamientos señala lo siguiente: “Dentro de los fundamentos específicos de esta solicitud, es preciso mencionar que la visión de la nueva Administración Superior supone un cambio en las políticas de desarrollo en la explotación de los yacimientos, donde se observa una discrepancia respecto de los Planes de Negocios de otras administraciones, quienes privilegiaron el desarrollo de proyectos con operaciones efectuadas con recursos propios. Sin embargo, la actual administración ha optado por cambios corporativos con falta de fundamentos viables y por la externalización. Como ejemplo de lo primero, nos encontramos con el proyecto de separación de la División Codelco Norte, con el fin de focalizar los esfuerzos y tareas de centros de trabajo que enfrentan desafíos distintos, pero solo consiguiendo la precarización del modelo transversal de Codelco, desdeñando la potencial sinérgica de los ámbitos de gestión y operación en la Corporación.”

Agregó que en el punto 6 del mismo documento dice: “Respecto a la externalización, el ejemplo puede apreciarse en las plantas concentradoras de las Divisiones Andina y Radomiro Tomic, que tendrían un diseño de negocios financiados y operados por terceros, negando la propia capacidad productiva de la empresa estatal.” Al respecto, explicó que nunca han pensado en tener plantas concentradoras con inversiones de terceros u operadas por terceros.

Por otra parte se refirió al tema de Codelco Norte. Indicó que originalmente existía Radomiro Tomic como división independiente de Chuquicamata, que era otra división, pero posteriormente las juntaron en una sola, lo que se llamó Codelco Norte. Las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, se ven relativamente bien en su conjunto. Aumentan un poco y después vuelven a disminuir. Sin embargo, si las separamos por operación, en el 2000 Chuquicamata producía 630 mil toneladas y que en el 2020 producirá 222 mil toneladas, en tanto que Radomiro Tomic, que en el 2000 producía 191 mil toneladas, en el 2016, llegará a producir 518 mil toneladas. A su turno, MH, que es una faena nueva, producirá más de 200 mil toneladas al inicio y posteriormente se estabilizará en 150 mil toneladas. Es decir, cada una de esas tres divisiones tiene problemas totalmente distintos.

Planteó que Ministro Hales es una faena nueva y compleja, porque tiene arsénico. Se la debe aprovechar y, como ha ocurrido con RT, hacer de ella un ejemplo de buena operación, lo cual es más fácil de hacer con una faena nueva, que con una antigua.

Por otra parte, Radomiro Tomic está administrada de forma separada, y creo que es el mejor ejemplo -se podrán dar cuenta respecto de las productividades- de una buena faena, bien llevada, con una dotación adecuada y con plantas relativamente modernas. Y va a seguir siéndolo cuando se cierre la planta actual y se abra la concentradora nueva, en el año 2017.

Chuquicamata es una faena mucho más compleja. Actualmente está en disminución, aunque volverá a subir y a reposicionarse como lo que siempre ha sido. Pero habrá un período en el que se introducirán cambios tecnológicos bastante grandes, dado que pasará de ser una mina a rajo abierto a una subterránea. Agregó que se perderá la antigua Exótica, una planta de óxidos que produce 150 mil toneladas, pero podremos mitigar parte de esa pérdida, probablemente la mitad, con los óxidos de Quetena, y los que se extraigan de Ministro Hales y de la lixiviación de ripios antiguos de Chuquicamata.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la administración, es mucho más fácil separar esas tres divisiones, que tienen problemas distintos, y abordarlos con administraciones distintas, que mezclar todo. Y las sinergias que se supone podrían tener, al final se transforman en sinergias negativas, en una carga, en vez de una ayuda.

En relación con el promedio de dotaciones, es del caso señalar que en el 2000 Chuquicamata tenía casi 7.300 trabajadores, actualmente tiene 6.500 y en el 2020 llegará a 4.300 ó 4.400. RT se mantendrá en alrededor de 900 a 1.000 personas, incluso cuando se tenga la planta concentradora. MH es una faena en la que trabajarán menos de 600 personas. En la dotación de Chuquicamata están incluidos los 430 trabajadores del Hospital del Cobre.

Al respecto, planteó que en Codelco todavía se separan los trabajadores por roles. El B corresponde a quienes antiguamente eran empleados u obreros, el A es el de los supervisores y en el E se incluye a quienes somos ejecutivos. En general, esa nomenclatura ya no se usa, por lo que uno de nuestros anhelos, es tratar de eliminarla, para que sólo seamos trabajadores, como estipula la ley.

Otro punto importante, es el relativo al cierre de las áreas estratégicas y la tercerización. Al respecto, en el mandato de la Comisión se afirma lo siguiente: “Por otro lado, dentro de los planes de negocios actuales, se ve con preocupación la intención y concreción del cierre de operaciones consideradas de ámbito estratégico, como es el caso de las fundiciones y refinerías, potenciando estos negocios para manos privadas y restando valor a la empresa estatal, sin mencionar el cierre de áreas administrativas en las distintas divisiones, que vienen a centralizar mayormente los procesos internos de Codelco, debiendo pasar todo por la Presidencia Ejecutiva en Santiago.”

En relación con este tema, señaló claramente que no hay ninguna intención al respecto. Por lo que indicó que se continuará con las fundiciones y refinerías. En tal sentido, los cátodos de cobre y no los concentrados, seguirá siendo un producto estratégico para Codelco. Por lo tanto, no hay ninguna intención de eliminar dichas actividades, son preocupaciones infundadas.

Se refirió a otra parte del mandato que dice: “Chile cuenta con el 50% de las reservas probadas de cobre del mundo, por tanto no se entiende como la actual administración insista en inyectar ineficiencia, y se resta de gestionar los negocios de manera de mantener los actuales niveles de producción. No quisiéramos llegar a pensar que este cambio en la gestión esconde los propósitos de beneficiar la inversión privada y la posterior privatización encubierta de sus actividades, por ello es necesario una explicación que pueda fundamentar de manera convincente las decisiones adoptadas por los Directivos de la Estatal.”

En relación con este punto, informó que dentro de las estadísticas publicada en el 2011, el servicio geológico de Estados Unidos, señala que Chile figura con un 24 por ciento de las reservas mundiales de cobre, de las cuales Codelco tiene el 9 por ciento, en tanto que el resto de la industria nacional tiene el otro 15 por ciento. Esto evidencia un cambio, ya que en la estadística anterior Chile figuraba con el 30 por ciento, que se dividía en un 10 por ciento de Codelco y un 20 por ciento de las otras empresas en Chile. La diferencia se debe a que Australia aumentó mucho, porque la nueva estadística considera un yacimiento llamado Olympic Dam, que si bien no es nuevo, pronto se expandirá. Esto es lo que hizo cambiar el mapa de las reservas.

Por otra parte, indicó que a la administración no le corresponde opinar sobre privatización o no privatización, porque el mandato es para administrar la empresa para el dueño, independiente de quién sea. Además, nunca ha escuchado, que en el programa de Gobierno, antes de que el Presidente fuera electo, que había alguna intención de privatizar.

A continuación se refirió a otro punto de la presentación de los señores diputados, contenida en el mandato de la Sala, que se refiere a los contratos de asociación que perjudican al patrimonio de la empresa. Ahí se hace referencia a la celebración de contratos de asociación y promesas de contrataciones futuras que “van en permanente desmedro de la empresa, cuando existen presunciones ciertas que hay negocios a gran escala y no solo meras expectativas de factibilidad minera.”

Después se describe una asociación de Codelco con el grupo Antofagasta Minerals.

También tocó el tema del presupuesto de exploración de la empresa desde el año 2000 hasta el presente año. La empresa siempre ha realizado un esfuerzo en exploración, pero en el 2011 se aumentó, ya que se destinaron 62 millones de dólares al efecto.

Agregó que Codelco tiene 1 millón 320 mil hectáreas de concesiones de exploración, lo que equivale al 6,4 por ciento del total nacional. También tiene 835 mil hectáreas de concesiones de explotación, que corresponden a más del 4 por ciento del total del país. Se acusa a Codelco de conservar esas concesiones que, de alguna manera, impiden que otros puedan explotar o explorar en esos terrenos.

Por otra parte, entre 1992 y 2010, Codelco transfirió a Enami 65 proyectos, que totalizan casi 250 mil hectáreas, porque, aunque fueron declaradas de poco interés para Codelco, podían interesar a la pequeña o mediana minería. Se hicieron esas transferencias y el año pasado Enami, que había ido acumulando esos terrenos, anunció que trataría de licitar o interesar a terceros para que hicieran exploraciones en ellos.

Planteó que si se analizan los resultados efectuados por Codelco sobre exploraciones entre 1996 y 2010, sin duda alguna que se ha tenido éxito en términos absolutos y relativos. Al respecto, se han descubierto varios yacimientos como Gaby, Opache; Genoveva; Toki; en el clúster alrededor de Quetena, cerca de Calama, que incluye a los yacimientos Vicky, Quetena, Puntillas; Inca de Oro; Mocha; Boa Esperanza, en Brasil; Miranda, que está cerca de Andina; Casualidad, que está cerca de Diego de Almagro, y La Americana, que también está en Andina. Durante todo ese período se han descubierto más de 42 millones de toneladas métricas de cobre, el 80 por ciento de las cuales, están en yacimientos cercanos a operaciones actuales de Codelco, por lo que van a ser explotadas por nuestras divisiones. Además, el 40 por ciento de ese total es potencialmente lixiviable.

Añadió que el presupuesto de 2011, que es de 62 millones de dólares, se incrementó en un 42 por ciento en comparación con el del año anterior. Más del 80 por ciento de las exploraciones se hacen en Chile, sobre todo en torno a las operaciones actuales de Codelco, aunque también hay algunas en zonas más alejadas. El otro 20 por ciento corresponde a operaciones internacionales, sobre todo en Brasil, Ecuador y ahora en Colombia, donde se está iniciando algo. Por lo que no es posible, que Codelco sea acusado de no haber tenido buenos resultados en exploraciones.

Indicó que Codelco ha realizado joint venture exitosos como Agua de la Falda, que corresponde a una mina de oro que ya se cerró, pero que están analizando la posibilidad de reabrir, al lado de Potrerillos; Purén que es un yacimiento pequeño que ya produjo 720 mil onzas de oro equivalentes, en asociación con Mantos de Oro, que es el dueño de las instalaciones que hay en Copiapó, e Inca de Oro que ustedes ya conocen y donde Codelco tiene el 34 por ciento. En este caso se asociaron con PanAust, que tiene el otro 66 por ciento.

También se refirió a la parte del mandato mandato, donde se plantea la venta de los activos prescindibles, sobre todo la venta de ECL. Explicó que Codelco era propietario del 40 por ciento de ECL, el resto era de Suez Energy y una parte se transaba en la bolsa. Es decir, eran socios, pero no podían acceder a ningún contrato privilegiado distinto de uno de mercado, por haber accionistas minoritarios. Es por todo ello que, finalmente, el año pasado se decidió vender ECL, habida consideración de lo dicho. La venta se hizo en enero, en muy buenas condiciones, ya que se recaudaron 1.035 millones de dólares. La venta se hizo a precio de mercado y reflejó la base de activos.

También se hace referencia en la presentación de los señores diputados contenida en el mandato al terminal de GNL de Mejillones. Al respecto indicó que en octubre de 2007 se creó la sociedad y, a pedido del Gobierno, Codelco participó como socio, en conjunto con Suez, para crear un terminal de gas natural licuado, que ya fue construido y está en operaciones. Ahora vienen fases futuras en las que se construirá un estanque en tierra, ya que el actual es un buque que flota atracado al muelle. Cuando llega un barco con gas licuado, lo transfiere al buque que está atracado, desde el cual posteriormente se envía a tierra, en la medida que se necesita. Eso involucra un costo adicional, por lo que la empresa decidió construir un estanque en tierra, lo cual significa una inversión de 200 millones adicionales. Pero nosotros no estábamos dispuestos a seguir invirtiendo en ese proyecto, porque, en el fondo, es más negocio para el vendedor de gas que para el comprador del mismo.

Sobre el tema, indicó que en Chile hay dos terminales, éste y el de Quintero, y entre los dos podría existir una cierta escala con la cual se podría hacer contratos de largo plazo a precios interesantes.

Explicó que Suez es productor de gas, entonces, ellos traen gas y lo revenden a las termoeléctricas, naturalmente a sus centrales, y a un precio que permita entregar una tarifa eléctrica similar a la que se obtiene con las plantas a carbón, así es que no es un buen negocio.

En el mandato también se asevera, en relación con las termoeléctricas, que Codelco vendió E-Cl. Al respecto se señaló lo siguiente: “19.- Mientras tanto, la transnacional australiana BHP Billiton tiene en evaluación de impacto ambiental dos unidades termoeléctricas propias (Kelar, en Mejillones), con 250 KW de potencia cada una. Esta decisión fue adoptada bajo la dirección del mismo ejecutivo que hoy preside Codelco: Diego Hernández.”

Al respecto, BHP no hizo un proyecto para desarrollarlo, sino que por el hecho de que cuando se adjudicó la licitación, el proyecto ya tenía los permisos ambientales y contaba con el terreno, lo cual ayudó a atraer inversionistas nuevos que quisieran entrar en el negocio. Porque, de lo contrario, uno queda en manos de los que ya están instalados y que pueden ofrecer energía o construir plantas anexas a las que ya tienen. Ese fue el motivo.

Otro tema importante que es necesario analizar es el desafío que se debe tener, respecto de la competitividad. Agregó que esta situación no está planteado en el mandato, pero que es bueno explicar que el mineral tratado en Chile, en particular el de Codelco, ha bajado de ley y los precios de los insumos críticos han aumentado. Por lo tanto, al haber altos precios para el cobre, el peso se fortalece, pero los costos en dólares aumentan, lo cual ha hecho que los costos directos de operación de todas las empresas mineras, incluida Codelco, hayan ido aumentando.

Al respecto, también es importante saber que las leyes de las minas de Codelco han bajado y seguirá bajando en el futuro. En la actualidad tenemos leyes de 0.75 por ciento de cobre, pero seguramente en el año 2020 podremos llegar a 0.65 por ciento, lo que significará que podemos seguir perdiendo competitividad.

Explicó que parte de la competitividad se puede recuperar con desarrollo tecnológico, por lo cual, tenemos varias iniciativas en este sentido, pero las productividades, medidas en cobre por trabajador; hace que debamos preocuparnos de manera importante para ser competitivos y por nuestra propia productividad.

Añadió al respecto, que en los años 70 había alrededor de 30.000 trabajadores, en tanto que hoy tenemos 18.200 trabajadores propios. A partir de 1991 se empezó a llevar estadística de trabajadores contratistas. A noviembre del año pasado teníamos 18.200 trabajadores propios y 28.600 de contratistas, de operación o de proyectos, en las divisiones y 12.500 trabajadores contratistas en proyectos nuevos, en los proyectos estructurales o sea, había un total de casi 60.000 personas.

Por otro lado, está el tema de las refinerías y habría que indicar que Chuquicamata es la más cara a nivel mundial. Ventanas y Potrerillos también están dentro de las más caras. O sea, nuestras tres refinerías están en el último cuartil de costos. Por lo que es importante mejorar esta situación. Son desafíos de mediano a largo plazo que es necesario emprender.

En relación al aporte de excedentes en el 2011, entre enero y septiembre, se distribuyó de la siguiente forma: 33 por ciento lo aportó Radomiro Tomic, 25 por ciento lo aportó El Teniente, 22 por ciento lo aportó Chuquicamata, 12 por ciento, Andina; 5 por ciento, Gaby, y 3 por ciento El Salvador. En Ventanas tuvimos una pequeña pérdida, lamentablemente, por lo que no aportó excedentes.

El tema de las dotaciones de personal, se abordó con planes de egresos, con reconversiones, reubicaciones, etcétera. Se diseñó un plan de egreso para intentar normalizar esta situación. A ese plan de egreso se han acogido 2.450 personas, pero ingresaron otras 1.592 para reemplazar parte de los que se fueron, no a todos, porque no era necesario. Todos esos planes fueron acordados con las organizaciones sindicales. El costo del plan de egreso especial fue de 316 millones de dólares. Es decir, 130 mil dólares por trabajador, muy por sobre las indemnizaciones legales y a todo lo que los trabajadores tienen derecho.

Señaló que se logró reducir la dotación, disminuir la edad promedio de 47 años y medio a 45 y medio, lo que se acerca más al promedio del resto de la industria, que es de 42 años. Con esta decisión no es que no quisiéramos tener gente de más edad o que quisiéramos tener sólo gente joven. Lo que se desea es que el recambio generacional se vaya haciendo en forma paulatina, a fin de no llegar a una situación donde todos jubilan, situación que significaría tener que contratar mucha gente nueva. Este es un problema que es muy importante para el futuro de la empresa.

Expresó que las relaciones laborales se tratan en distintos niveles. En el directorio de Codelco, por ejemplo, hay dos representantes de los trabajadores, uno de ellos es Raimundo Espinoza, presidente de la FTC. El otro debiera ser un representante de los supervisores, que están agrupados en Ansco y en Fesuc, pero el cupo está vacante desde mayo. Sin embargo, según tengo entendido, pronto propondrán una quina. Ojalá así sea, porque creemos que ésa es una debilidad que se debe corregir.

Explicó que a nivel corporativo, está la vicepresidencia de recursos humanos, que tiene una relación regular con el consejo directivo de la FTC y con el consejo directivo de la Federación de Sindicatos de Supervisores (Fesuc) y con el consejo directivo de la Asociación Nacional de Supervisores (Ansco). Se reúnen regularmente.

A nivel divisional, naturalmente, se mantienen relaciones con los sindicatos respectivos.

Indicó que más del 98 por ciento de los trabajadores rol B están sindicalizados, al igual que el 72 por ciento de los supervisores.

Agregó que entre los años 2010 y 2011, se realizaron 14 procesos de negociación colectiva, sin que ninguno derivara en una huelga. La mayoría fueron negociaciones anticipadas, en tanto que el resto se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos reglados. Fue muy positivo poder alcanzar esos resultados.

Señaló que el costo final por trabajador en cada una de esas negociaciones colectivas varió entre 8 millones de pesos, que fue el monto acordado con los trabajadores de la mina Ministro Hales, y de 16 millones de pesos, en el caso de los trabajadores de la mina RT, Chuquicamata y algunas de las otras divisiones.

En las negociaciones colectivas, se siguen los padrones normales de la industria y no hay ningún menoscabo para los trabajadores. Consideramos que son negociaciones que reflejan el mercado actual.

Planteó que existe un modelo de gestión entre la administración y la Federación de Trabajadores del Cobre. Al respecto, existe un temario con reuniones regulares. Hace poco tiempo que se firmó un documento que fija las orientaciones principales de esas conversaciones. La agenda común se refiere al capital humano, a la competitividad y a la sustentabilidad. Al respecto, planteó que se debieran rediscutir con los trabajadores temas relacionados con la salud, la educación, la seguridad, etcétera, todos los que son importantes para los trabajadores, y no discutir sobre asuntos que son propios de la administración, en cuanto, si debe haber rajo abierto o mina subterránea, porque son decisiones técnicas, que lo normal es que se discutan en otras instancias.

También está el tema del sindicalismo. La minería es el rubro que tiene la más alta sindicalización en el país. En total tenemos 98 dirigentes sindicales del rol B y 26 dirigentes sindicales del rol A. La mayoría de los dirigentes se dedica a tiempo completo a las actividades sindicales, pero hay algunos que cumplen las dos funciones: trabajar en la empresa y en su sindicato.

Por otra parte, está el tema de los contratistas, que es necesario abordar.

Al respecto, la empresa debe cumplir con la ley de Subcontratación, lo cual, es fundamental. Codelco necesita contratar servicios de empresas especializadas, que sean eficientes y muy competitivas, y además, deben cumplir con los estándares de trabajo exigidos por nosotros, lo que no siempre se da cuando las empresas son muy pequeñas.

Señaló que hay un tema que no se tocó en el mandato y que hoy es muy importante, que es la sustentabilidad. Para ello, la empresa está haciendo un esfuerzo muy significativo, para mejorar los resultados en seguridad del trabajo y en la salud ocupacional.

Expresó que también es necesario analizar el proyecto estructural de medio ambiente y comunidad. Esto fue producto de los problemas ocurridos en La Greda, para lo cual, se tuvieron que analizar todos los compromisos ambientales que tenía la empresa y se analizaron todas las brechas que habían al respecto, para abordar el problema y buscar las soluciones definitivas.

Por otra parte, la producción de molibdeno se va a duplicar, a raíz de los proyectos que vienen, por ejemplo, al convertir a Chuquicamata en mina subterránea, esta tiene más molibdeno que la actual mina a rajo abierto. Para lo cual, es necesario tratar ese excedente de molibdeno en un proyecto denominado Promoly, que será de Codelco y que contará con una capacidad de 30 mil toneladas.

Indicó que a modo de conclusión, que Codelco ha sido un gran negocio para Chile, con 84 mil millones de excedentes, y con un gran desafío de seguir con este nivel de excedentes en los próximos 40 años, y para eso es necesario hacer las inversiones que se han descrito.

Explicó que una empresa minera para ser grande, necesita invertir en los recursos adecuados, para mantener los yacimientos. Son más de 70 años de vida útil que tienen los yacimientos de Codelco y con los recursos actuales es adecuado que se hagan las inversiones necesarias, para solucionar los problemas que hay en los yacimientos, para seguir obteniendo los beneficios para los próximos años.

Manifestó que con las medidas planteadas, es posible tener un gran futuro, con una vida útil para los yacimientos que puede ser aumentada. Las reservas actuales van desde la que dura menos, Gaby, con 13 años, a la que dura más, El Teniente, con 68 años; pero es del caso explicar que Codelco tiene garantizado sus próximos 40 años, para seguir siendo el principal productor de cobre a nivel mundial.

Finalmente señaló, que es necesario mencionar el tema de Anglo American. Para Codelco es importante encontrar una buena solución al respecto, para aumentar la producción de la empresa y a su vez, ser socios de ellos. Lamentablemente, el tema se ha complicado y hoy día se ha presentado la demanda respectiva, para ejercer la compra del 49 por ciento.

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19.- El Presidente de la ONG Recuperamos el Cobre de Chile, Julián Alcayaga.

Explicó que la ONG Recuperemos el Cobre es una organización nueva, pero que agrupa a todas las personas que han conformado el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre desde hace unos 15 años. Ese comité debe su primer nombre a la defensa que debemos hacer, principalmente de Codelco, que es la empresa principal de Chile, y porque postulamos a recuperar las riquezas mineras que están en manos de empresas extranjeras.

Planteó que la denuncia que hicieron respecto del señor Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, tiene relación con los resultados obtenidos en el año 2010, por cuanto, se esperaba que las utilidades fueran de 10 mil a 11 mil millones de dólares.

Indicó que esta denuncia estaba motivada, en que en el 2006 las utilidades fueron de 9.215 millones de dólares y el precio del cobre fue solamente de 3,05 centavos de dólar, mientras que en el 2010 fue de 3.42. Por lo tanto, por este hecho las utilidades deberían haber sido muy superiores, sobre todo porque no hubo una baja en la producción, ya que las obtenidas en el 2010 fue ligeramente más alta que la del 2006. Agregó que ese resultado no correspondía al esperado; algo pasaba. Es por ese motivo, que empezamos a estudiar el balance, la memoria de Codelco de 2010, donde me llamó la atención el hecho de que en septiembre de ese año, el director de la empresa, señor Tagle, había hecho unas declaraciones al diario La Tercera, donde dijo que Codelco había perdido alrededor de 4.600 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre, y que se debían al gobierno anterior, al de la Concertación. Agregó que El Mercurio no dijo nada al respecto, tampoco el resto de la prensa. Entonces, como al señor Tagle lo conocía como dirigente de la UDI, pensé que querría hacer algo políticamente en contra del gobierno de la Concertación, pero como nadie lo agarró, nunca más en la prensa, se habló del problema de la pérdida de los mercados de futuro. Solo entonces me percaté que entre el 2006 y el 2010 las utilidades habían sido significativas, pero no por un aumento exagerado de los costos, sino por una caída de las ventas, y estas podían caer, porque se vende más barato el cobre y sus subproductos o por pérdidas en los mercados de futuro.

Explicó que esta situación, a su juicio, se produjo porque las pérdidas en los mercados de futuro se contabilizan, entre paréntesis, de manera extracontable, como una disminución de las ventas.

Por lo tanto, señaló que las ventas del 2010 son mil millones de dólares inferiores a las del 2006, debiendo ser, según el aumento del precio del cobre, de más de 19 mil millones de dólares. Por lo que faltarían 3 mil millones de dólares, sólo por el valor del metal.

Señaló que en ese momento pensó, que las pérdidas de los mercados de futuro vinieron a disminuir esas ventas, ya que no aparece en el balance ni en la presentación de Codelco, y tampoco informó a la Superintendencia de Valores y Seguros como un hecho esencial de tan importantes pérdidas. Por lo que era necesario estudiar las memorias de la empresa, pero como son muy grandes, le pedí a un amigo que vive en Uruguay, que las estudiara, porque es contador auditor y es inversionista. A raíz de lo cual, descubrió que habían importantes pérdidas en los mercados de futuro y ello aparece en el balance.

Agregó, que las pérdidas van a seguir hasta el 2012. Por esa razón, el señor Tagle decía que eran 4.600 millones de dólares.

Indicó que hasta la fecha, entre el 2006 y el 2010, se habían contabilizado pérdidas por 2.677 millones de dólares y están aprovisionados, al 31 de diciembre del 2010, y 2.409 millones de dólares de pérdidas que se pueden producir entre el 2011 y el 2012.

Es por ello, que habrá que esperar la memoria de Codelco de 2011 para saber cuánto se registró, si es que lo ponen, porque, tal vez, intentarán ocultarlo. Pero las pérdidas son demasiado grandes, 23 veces más de lo que perdió Juan Pablo Dávila, en 1994. Si tomamos el valor real, podría ser 17 veces más, y sabemos que Juan Pablo Dávila estuvo preso por esa situación.

Indicó que este tipo de mercados, se opera especialmente para perder dinero, y por esta razón, desde fines de los años 70, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a todos los países subdesarrollados, que legislen para que las pérdidas de los mercados de futuro sean declaradas como gastos no necesarios para producir la renta.

Recordó que a raíz de las pérdidas obtenidas por Juan Pablo Dávila, por realizar ventas de futuro, Codelco en el año 1994 prohibió la realización de operaciones de ventas de futuro. Sin embargo, a partir del año 2003, Codelco nuevamente está operando en estos mercados. Es por eso, que se debiera investigar estos hechos, para aclarar quién fue el que autorizó realizar nuevamente, este tipo de operaciones y con qué objetivo, para perder tanto dinero.

Agregó que no solo Codelco ha perdido en los mercados de futuro. Observen la relación que existe hoy día con Anglo American.

Al respecto, en el año 2008, Enami perdió alrededor de 80 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre, y como eso era mucho dinero para Enami, para que la empresa, no apareciera con deudas, le vendió la opción de compra del 49 por ciento a Codelco, sobre Anglo American, en 175 millones de dólares, con lo cual dio vuelta un ejercicio que tenía enormes pérdidas.

Expresó que este tipo de pérdidas no se producen sólo en Codelco; siempre las hacen las empresas mineras privadas, y, en general, todas las empresas extranjeras, para traspasar utilidades, informando que han tenido pérdidas.

Desde hace más de 30 años, el Fondo Monetario Internacional recomienda al Tercer Mundo, legislar para declarar como gastos no necesarios para producir pérdidas en los mercados de futuro. Esto lo supimos hace diez años atrás, en una de las tres reuniones que sostuvieron con la dirección de la UDI, donde participó su presidente, señor Pablo Longueira.

Agregó, que en una de las reuniones, cuando se hablaba de la evasión tributaria por parte de las empresas mineras, se planteó que ésa era una de las formas principales de evasión de las empresas mineras extranjeras. El señor Juan Carlos Méndez, presente en la reunión, le informó que el Fondo Monetario Internacional, es el que propicia que los países legislen para declarar que esas pérdidas sean gastos no necesarios para producir la renta, porque el Fondo Monetario Internacional sabe que estos mercados, son una forma de traspasar dinero desde los países subdesarrollados a empresas de los países desarrollados, pero domiciliadas en paraísos tributarios, para no pagar impuestos ni aquí, ni en otro lado.

Señaló que al artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta, se le podría agregar que los gastos que no corresponden a explotación no se pueden deducir del giro del negocio. Bastaría con esto para que las pérdidas en los mercados de futuro no sean gastos. Así nos libraríamos de que Codelco y Enami sigan incurriendo en pérdidas en mercados de futuro, para traspasar dinero a otras personas, y, además, las empresas mineras extranjeras tampoco podrían recurrir a esta forma de traspasar dineros a sus filiales.

Explicó que llegó a establecer las pérdidas de los mercados de futuro, porque estaba buscando dónde están las pérdidas y cómo es que Codelco tiene menores ventas. A raíz de ello, envió una carta a Cochilco para que le informara sobre las ventas de subproductos de Codelco. Posteriormente, Cochilco sólo les envío dos ítems, uno general, de venta de subproductos, y otro de oro, plata y ácido sulfúrico juntos. La solicitud se envió en abril del 2011, por la ley de Transparencia. Luego se solicitó que se indicara rubro por rubro, la producción y las ventas, pero Cochilco se negó, por lo cual recurrió al Consejo de la Transparencia, para que le entregaran esa información, pues eso que le permitiría saber qué fue lo que vendieron, si se hizo a un menor precio o si todo lo vendieron a menor precio.

Indicó que en el intertanto el Consejo de la Transparencia tuvo problemas, por la renuncia de su presidente y ahora recién están empezando a actuar nuevamente. Quizás en marzo tengamos alguna resolución, pero ya está claro que las ventas de oro y plata, bajaron de 1.500 y tantos millones a 631 millones el 2010.

Al observar, la producción de oro aumentó casi un 40 por ciento; la de plata aumentó en 9 por ciento, en barras anódicos y en concentrados; sólo la producción de ácido sulfúrico bajó un 11 por ciento.

Explicó que el precio del oro aumentó un 100 por ciento, el de la plata en 70 por ciento y el del ácido sulfúrico aumentó en 400 por ciento. Entonces, en vez de ser 631 millones en ventas de subproductos, en función del aumento de la producción y de los precios, debería ser por lo menos de 2.500 millones. Es decir, en estos tres subproductos faltan 2 mil millones de dólares.

Indicó que en noviembre, presentaron una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos por las pérdidas en los mercados de futuro, dada la caída de los ingresos de Codelco en el 2010 y en el 2011, que fue por la misma cantidad.

Para este año, según los resultados de septiembre, también se prevé una caída entre 4 y 5 mil millones de dólares en el resultado de Codelco, por lo cual, solicitamos al Servicio de Impuestos Internos que investigara por qué razón las ventas son tan inferiores, pero hasta ahora no nos han respondido absolutamente nada.

Planteó que en algún momento ha pensado recurrir al Consejo de Defensa del Estado, y seguramente lo hará más adelante, así como también a la Justicia, porque es inaceptable que se puedan perder tantos miles de millones de dólares de Codelco.

Y como si fuera poco, llega el asunto del negocio del siglo. Codelco pidió 6.750 millones de dólares para comprar el 49 por ciento de la ex Disputada, pero resulta que ese porcentaje de la propiedad del mencionado yacimiento vale sólo 3.842 millones de dólares, según demostraré, aunque con antecedentes que en un comienzo no se conocían.

Señaló que tiene una comunicación que, de acuerdo al contrato firmado por las empresas en el 2002, Anglo American debía vender a Codelco el 49 por ciento de la ex Disputada. Según dicha obligación, Anglo American debía enviar a la cuprífera estatal, con cinco meses de anticipación, los resultados de los últimos cinco años para que Codelco calculara cuánto podía costar ese 49 por ciento. Y la transnacional cumplió con esa obligación y envió la información, que actualmente es pública, dado que forma parte de la contestación al recurso de protección que se presentó en la corte de apelaciones de Santiago.

Agregó que en el recurso de protección, se indica que Codelco recibió la comunicación el 29 de julio, en la que aparecen los resultados de los últimos cinco ejercicios, que dan un promedio de utilidades de 980 millones de dólares. Por lo que al multiplicarlos por ocho, tal como lo establece el contrato, dan alrededor de 8 mil millones de dólares, por lo cual el 49 por ciento sería 3.842 millones de dólares, aunque el contrato establece que se deben agregar las utilidades no distribuidas, es decir, el FUT.

Sobre el particular, Anglo American informa que su FUT es de 2.983 millones de dólares. Puede que sea cierto, pero también es posible que no. En todo caso, es una situación que puede clarificar el Servicio de Impuestos Internos.

Por lo que Codelco debería pagar además el 49 por ciento de esas utilidades no distribuidas, pero al adquirir el 49 por ciento de Anglo American Sur, se haría dueño del mismo porcentaje de las utilidades que no se distribuyeron, por lo cual, lo que pagaría por un lado, lo recibiría de vuelta por el otro.

Además Anglo American agregó, como parte del precio, 1.533 millones de dólares, que corresponden a préstamos que le habría hecho el grupo a la ex Disputada, lo cual no es efectivo, pues, tal como lo señala un informe del Comité de Inversiones Extranjeras, las inversiones totales de Anglo American en la ex Disputada, entre 2002 y 2010, suman 1.253 millones de dólares, de los cuales 795 millones corresponden a préstamos que están pagados casi en su totalidad, ya que sólo se deben 19 millones de dólares.

Entonces, aunque se tuvieran que agregar los préstamos, sólo serían 19 millones de dólares más. Sin embargo, los préstamos no se agregan, porque no son parte del contrato.

Por lo tanto, el valor del 49 por ciento de la propiedad de la ex Disputada debiera alcanzar a 3.842 millones de dólares.

Ahora, habría que preguntarse ¿por qué esa comunicación nunca la hicieron pública Anglo American o Codelco? Porque estaban hablando de que Codelco pediría prestados 6.750 millones de dólares, y que, según lo que salía en prensa, en La Tercera o en El Mercurio, en octubre, el 49 por ciento, costaba 10 mil millones de dólares.

Planteó que los 6.750 millones de dólares que Codelco recibiría a préstamo de Mitsui, no le habrían alcanzado para comprar el 49 por ciento.

Expresó que se hizo un gran escenario para decir que se estaba haciendo una muy buena operación, pues se compraría el 49 por ciento en esos 6.750 millones, cuando costaba unos 10.000 millones de la divisa.

Indicó que cuenta con el informe del Comité de Inversiones Extranjeras, que establece que la plata que le prestaron a la ex Disputada es de Clarent Sarl y que alcanza a 792 millones de dólares, de los cuales se han amortizado 773, por lo que sólo se deben 19 millones.

Entonces, la inversión directa de Anglo American, asciende a tan sólo 461 millones de dólares.

Indicó que desea llamar la atención que cuando salió a la luz esta operación, en la prensa se dijo, con gran algarabía, que Anglo American había invertido 2.800 millones de dólares en el yacimiento, lo que permitiría subir la producción al doble, a 480.000 toneladas de cobre este año, lo que es absolutamente falso, porque no hay 2.800 millones de dólares invertidos, ya que Anglo American no ha traído ese dinero al país.

Señaló que desea llamar la atención sobre otro hecho importante. Goldman Sachs llegó a valorar a la Disputada, después de la compra de Mitsubishi, en 22 mil millones de dólares; sin embargo, hace pocos años había valorado a Codelco en 26.500 millones de dólares. ¡A Codelco! Es decir, para Goldman Sachs Codelco costaba casi lo mismo que la Disputada.

Planteó que a su juicio, se ha hecho un tremendo escenario con el valor de la ex Disputada, solo es para que Codelco pague el doble, es decir, 3.000, 4.000 ó 5.000 millones de dólares más, con dinero de todos nosotros, para que Anglo American compre en el extranjero la totalidad de la empresa de diamantes De Beers.

Explicó que le escribieron al Presidente de la República en octubre, luego de que Mitsubishi comprara el 24,5 por ciento, y el Presidente les respondió que utilizaría todos los recursos legales existentes, para hacer valer el derecho de Codelco.

Señaló que a su juicio, los recursos legales más importantes están en la Constitución. Por lo que resulta que la ex Disputada de Las Condes, hoy Anglo American Sur, por ser una empresa de la gran minería, está nacionalizada, ya que en el mensaje que encabezaba el proyecto de reforma que dio origen a la nacionalización de 1971, se señalaba que una vez aprobada la reforma constitucional la actividad de la gran minería quedaría nacionalizada de hecho. Se entiende que no se nacionalizó una empresa, sino la gran minería del cobre en su conjunto.

Agregó que hay que entender que la Constitución de 1980, en la disposición 3ª transitoria, dejó vigente la reforma constitucional de Salvador Allende. Entonces, hoy en nuestra Constitución rige la ley de nacionalización del cobre de Salvador Allende. Esa ley es la N° 16.624, que en su artículo 1° dice que las empresas de la gran minería son las que producen más de 75.000 toneladas de cobre fundido o refinado. Así es que Los Pelambres, por ejemplo, que produce más de 300 mil toneladas de cobre, pero concentrado, no es una empresa de la gran minería, sí lo es Anglo American Sur.

Es por eso que han solicitado al Presidente de la República que, mediante un decreto supremo, tome posesión material de La Disputada y que la indemnización que haya que pagar incluya sólo la inversión material y las instalaciones, porque no se puede pagar por los yacimientos mineros, ya que la Constitución establece que pasan a nombre del Estado por el simple hecho de estar nacionalizados.

Expresó que no es posible saber, qué va a pasar en el futuro con esta situación, porque junto con contestar la demanda presentada en el 14° Juzgado Civil de Santiago, Codelco presentó una demanda reconvencional alegando su derecho a comprar el 49 por ciento, pero en ningún momento dice, que debe pagar cierta cantidad por ese porcentaje, no habla de 3.000, ni de 10.000, ni de 8.000 millones de dólares, sólo señala que tiene derecho a comprar el 49 por ciento.

Esos son los secretismos que complican. Espero que esta Comisión pueda aclarar ese asunto. Codelco no puede pagar más de 3.842 millones de dólares. Va a pagar 1.461 millones de dólares más, sí, pero los va a recuperar cuando retire las utilidades no distribuidas.

Por otra parte, es necesario indicar que los resultados provisorios de 2010 señalan que Codelco perdió más de 4.000 millones de dólares por su facturación. Eso es lo que hay que investigar: por qué Codelco vende menos, por qué sus ingresos por ventas son inferiores a lo tenía, si consideramos la producción de cobre y subproductos y los precios que tienen.

Indicó que para terminar, es de primordial importancia conocer las razones del aumento del precio del cobre. Si uno se hace la pregunta sobre cuáles son las causas, seguramente todos responderían que se debe al aumento de la demanda China, pero si bien es cierto que la demanda de ese país ha aumentado enormemente en los últimos años, también lo es respecto de la demanda de Estados Unidos ha caído en un millón de toneladas en el mismo período. Pero también ha caído la demanda de cobre de Inglaterra, en 400.000 toneladas, en tanto que la demanda de los demás países desarrollados se mantiene al límite y la de los países subdesarrollados ha disminuido o se mantiene. Lo cierto es que el aumento de la demanda China no alcanza a cubrir el decrecimiento de la demanda del resto de los países desarrollados y subdesarrollados.

Los miles de millones de dólares que ha recibido el Estado gracias al aumento del precio del cobre provienen principalmente de Codelco, ya que las empresas mineras privadas no han aportado grandes cantidades por concepto de tributos. Les puedo contar que en el 2003 el director del Servicio de Impuestos Internos estuvo en el Senado, donde mostró un cuadro que señala que de las diez mayores empresas mineras, nueve no habían pagado nunca un solo peso de impuesto al Estado hasta el 2003, y que, además, tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas.

Hoy las empresas, evidentemente, pagan impuestos, porque el cobre está a un precio tan elevado, que no pueden ocultar todas las utilidades. Aún intentan ocultarlas, siguen utilizando las mismas artimañas, pero ahora el precio del cobre es demasiado alto, así es que están obligadas a declarar utilidades.

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20.- El Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, señor Andrés Mac-Lean.

Expresó que Cochilco tiene tres direcciones estratégicas.

La primera se dedica al estudio de políticas públicas, esto es, recopilar información sobre la minería y realizar estudios con respecto al mercado, precios y, en materia de requerimientos específicos y asesorar al Ministerio de Minería.

Las otras dos áreas estratégicas corresponden a las dirigidas por los dos jefes de direcciones que lo acompañan. Una de ellas, es la Dirección de Gestión y Evaluación Estratégica, que principalmente fiscaliza, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, las inversiones de las empresas mineras del Estado, Codelco y Enami. Es decir, concretamente, a todas las inversiones de esas dos empresas les damos una recomendación favorable o desfavorable, según sea el caso.

Por último, realizan una fiscalización a esas mismas entidades. Esa tarea es de dos tipos, una es propia nuestra, en donde a través de un análisis de riesgo de estas dos empresas nos focalizamos en un plan de trabajo definido; esa fiscalización desemboca en un informe que es remitido, principalmente, a las más altas autoridades de las propias empresas.

Señaló que otro ámbito de la investigación que se realiza, en cuando la Contraloría General de la República les solicita que hagan alguna indagación en esas dos empresas.

Planteó que a grandes rasgos, ésa es la función que realiza la Comisión Chilena del Cobre.

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21.- El Jefe de la División de Gestión y Planificación Estratégica de Cochilco, señor Adolfo López.

Explicó que la presentación que efectuará, tiene un carácter informativo para mostrar la labor que desarrolla Cochilco, basándose fundamentalmente, a las empresas Codelco y Enami.

Lo primero que se realiza, es resguardar los intereses del Estado relacionados con sus empresas mineras, revisando y recomendando proyectos de inversión.

Lo segundo que se hace, es asesorar al Ministro de Minería en su calidad de delegado del Presidente de la República, ante la junta de accionistas.

Explicó, que desde el momento en que se publicó en el Diario Oficial la nueva estructura de Codelco, se produjo una restricción para la administración superior, respecto de lo que se hacía anteriormente, donde se asesoraba al Ministro en su calidad de presidente del directorio de Codelco.

Otra de las funciones que se ejecutan, es planificar, coordinar y gestionar la revisión de los proyectos de inversión de las empresas mineras Codelco y Enami, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, lo que era Mideplan. Por cuanto, las leyes de Codelco y de Enami exigen que todos sus proyectos de inversión pasen por la instancia de revisión conjunta de Cochilco y del Ministerio de Desarrollo Social.

Planteó que en el tema de los proyectos de inversión, las leyes de Codelco y de Enami, exigen que deben necesariamente, ser revisados en conjunto por Cochilco y por el Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, se debe implementar y velar por el seguimiento en terreno de los principales proyectos de inversión minera.

Señaló además, que la cartera de inversiones de Codelco es una de las mayores del mundo, por lo tanto, su complejidad es bastante grande y los proyectos deben verificarse en terreno para hacer el seguimiento.

Por otra parte, señaló que existen dos leyes específicas que están a cargo de esta dirección. La primera es la ley N° 19.137, relativa al traspaso de la propiedad minera de Codelco a Enami y a la asociación con terceros, para su explotación y la segunda, es la ley N° 20.469, que dice relación con el impuesto específico a la minería, en lo relativo a la evaluación de proyectos conexos.

Manifestó que es necesario saber, que todo proyecto de inversión, además de los costos de la proyección de producción, supone una rentabilidad basada en la estimación de un precio. Además todo proyecto de inversión, debe tener además de los costos y de la proyección de producción, una rentabilidad basada en la estimación de un precio.

Para ello, se hizo un trabajo que no se había hecho anteriormente, relacionado con los inductores de la demanda del cobre, algo muy importante para la minería completa, pero, específicamente, para evaluar los proyectos de Codelco, porque dentro de las labores que hace esta División, está la de fijar las normas y procedimientos que rigen la presentación de proyectos de inversión, que se revisarán en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, porque una de las cosas más importantes es el precio y para eso hay que estudiar el comportamiento de la demanda futura.

También es importante indicar, que el predictor de la demanda tiene una gran importancia, para conocer el comportamiento que tiene la demanda en distintos países, con el objeto de entenderlo. Es un trabajo que es necesario hacerlo para cada país y, además, desagregar cada una de las fuentes de demanda y para comparar con las predicciones que anteriormente han hecho otras empresas.

Explicó que existen distintos modelos de predicción y Cochilco ha elaborado internamente un modelo que les acomoda, para predecir de mejor manera el precio de largo plazo. Agregó, que si hubieran hecho esto en septiembre de 2008, habrían sabido que el precio de largo plazo era bastante bajo, pero no ocurrió lo mismo dos años después. Debido a su carácter cíclico, es muy importante estudiar el horizonte y, por eso, pasa a ser muy relevante hacer estudios de este tipo que complementen los estudios de costos, que hacen generalmente las empresas sobre la base de proyectos de ingeniería.

Señaló que cada uno de los países tiene componentes inductores de costos, en los que nos basamos para hacer la proyección, y lo complementamos con un análisis de los resultados que ha tenido la empresa, en este caso Codelco. Agregó, que los resultados de los últimos cinco años son bastante alentadores. Hubo una baja de 2008 a 2009, explicada por el fenómeno ocurrido con la crisis subprime a finales de 2008. Por esa razón, es necesario tener resguardos y no proyectar un precio como el que tenemos hoy, cercano a cuatro dólares, a menos que se tengan fundadas expectativas respecto del comportamiento de la demanda. Codelco sabe esta situación, porque es una empresa enorme que tiene muy buenos recursos para hacer sus estimaciones, pero la tarea que tiene esta División, es contrastar esas estimaciones con las nuestras. Las inversiones para los proyectos futuros, es necesario diferenciarlos entre aquellos proyectos estructurales, de los que no lo son.

Explicó que los proyectos estructurales son aquellos que van a cambiar el eje de conversación, por ejemplo, en El Teniente, que va a cambiar de nivel, 250 ó 300 metros bajo el nivel actual, lo que la transforma en una mina completamente nueva. Por lo tanto, es necesario hacer una infraestructura para eso. Es necesario hacer una diferencia entre los proyectos que son de minería subterránea y aquellos que son de minería a rajo abierto. Fundamentalmente, porque los primeros requieren muchos años de desarrollo.

Además este año, se comenzará a desarrollar la mina Chuquicamata subterránea, pero no va a funcionar hasta el 2018. En El Teniente, sucede algo similar, pues entre 2018 y 2019 va a estar funcionando el nuevo nivel mina. A diferencia de los anteriores, tenemos los proyectos a rajo abierto como Ministro Hales, que a pesar de tener una gran sobrecarga, se demorará dos o tres años en sacarla, y luego, en paralelo, empezará a hacer su ingeniería, su proyecto y en el 2013 estará produciendo que empezó a hacer su trabajo de pre-striping en el 2010.

Indicó que en caso de Chuquicamata cuando se termine la explotación a rajo abierto hay que empezar una minería subterránea y, entonces, habría que preguntarse si las instalaciones van a dar abasto o se necesitan nuevas para procesar el mineral que sale de la mina. Ésa es la complejidad que traen consigo esos proyectos.

Explicó que desde hace un año, Cochilco cuenta con un software para que en conjunto con Mideplan, puedan revisar los proyectos específicos de Codelco, que aún están en desarrollo, sobre la base de un mismo repositorio de datos. Los datos son reservados y no pueden salir a la luz, porque, obviamente, la competencia no puede enterarse. Agregó, que al revisar los proyectos de Codelco, deben hacerlo con celeridad y para eso se ha hecho un esfuerzo muy importante, para que el tiempo de demora que antes se producía en la oficina de partes, se redujera al mínimo con el trámite de la firma electrónica. Además la Dirección de Presupuestos, debe realizar la asignación presupuestaria, y que el oficio sea firmado por el vicepresidente de Cochilco y por el Ministro de Mideplan y se debe emitir de inmediato un aviso electrónico al destinatario, en este caso, a Codelco o a Enami.

Indicó que hay que hacer un verdadero esfuerzo en cada uno de los proyectos. Entre otros, está el proyecto de logística estratégica para Andina II, la modificación del sistema de inyección de aire subterráneo, y la factibilidad de Andina II. Este año hay 260 proyectos en carpeta que deben pasar por Cochilco. Agregó, que este proceso está certificado y sigue las reglas de la firma electrónica que rige en Chile desde 2004. Es un uso efectivo de la administración del Estado para la empresa minera más grande Chile. Todo este proceso ha sido bastante útil para generar una importante base de datos.

Planteó que el total de inversiones de Codelco para el 2012, que figura en el presupuesto de la Nación es de 4.227 millones de dólares, pero hace poco que Codelco informó de una cifra de 4.328 millones de dólares. Por lo tanto, existe una pequeña diferencia de 100 millones, pero es algo que perfectamente puede deberse a alguna causa que Codelco haya esgrimido en su oportunidad. El tema presupuestario de Codelco, es una materia en la cual, ayudan al Ministerio de Hacienda, a través de la Dipres, que no sólo toma los gastos sino también los ingresos. Además existe un presupuesto de ingreso, que tiene que ver con los niveles de producción y los costos de Codelco.

Por último, está el tema de Anglo Sur, que se encuentra en los tribunales.

Por otra parte, señaló que Cochilco, por un dictamen de la Contraloría, no puede pronunciarse acerca de inversiones financieras, sólo se pronuncia cuando hay algo que se adquiere, que puede ser desde un terreno hasta construcciones, túneles u otros. Esto es lo que hace la División de Evaluación de Gestión Estratégica.

Finalmente, hizo un resumen de lo que ocurrió entre 2009, cuando comenzaron los cambios, hasta el año 2012.

En diciembre del 2009, la División Codelco Norte en su División Chuquicamata, comprendía la Gerencia de Extracción y Concentración de Sulfuros; la Gerencia de Extracción y Lixiviación Sur, que era la antigua mina Exótica; la Gerencia de Fundición y Refinería, que en el fondo agrega valor al producto de concentración, y la Gerencia de Extracción y Lixiviación Norte, que después pasó a llamarse Radomiro Tomic. Es un depósito minero distinto, contiguo al de Chuquicamata, que empezó a producir material que reemplazaba gradualmente al que provenía de la mina Chuquicamata para ser procesada en la misma concentradora.

La decisión de la Corporación fue hacer que Chuquicamata y Radomiro Tomic fueran gerencias distintas.

La nueva mina que inició operaciones en 2010, fue la división Ministro Hales y se agregó la División Salvador; todo eso, bajo una misma mano: la Vicepresidencia de Operaciones Norte.

La Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, siempre va a estar en todas partes porque es la especialidad que determina de qué manera, se va a hacer la secuencia de explotación.

Luego, está la Gerencia de Desarrollo de Chuquicamata, con la gerencia de proyectos, la gerencia de mantención y de servicios, sin embargo, lo principal en operaciones de la mina, corresponde a la concentradora, a la fundición y a la refinería y extracción y lixiviación. Ésas son las operaciones reales que tiene la División Chuquicamata.

Radomiro Tomic es una mina que hasta ahora está enviando material a la misma concentradora de Chuquicamata.

El tema de Chuquicamata, que es la división más grande de todas. Ahora, si se estudian los proyectos de inversión, se da cuenta que desafían el status quo. Naturalmente, un proyecto de desarrollo de una mina hace un supuesto respecto del precio para ver si vale o no la pena explotar un cierto sector.

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22.- El Jefe de la Dirección de Fiscalización de Cochilco, señor Héctor Moraga.

Explicó cuales son las funciones que cumple la Dirección de Fiscalización y cómo es la relación que tienen con Codelco.

Señaló que esta dirección estudia todas las materias sobre las solicitudes y el cumplimiento de los contratos de inversión extranjera, en coordinación con el Comité de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Economía.

Además, esta Dirección también fiscaliza el ámbito de las exportaciones, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, a través de sus servicios, cuando se trata de embarques de cobre y subproductos. En razón de ello, existe una coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas y con el Servicio de Impuestos Internos.

Planteó que existe otro ámbito de fiscalización, el que se hace con las empresas mineras del Estado, donde efectivamente existe una injerencia, al hacer revisiones específicas en Enami y en Codelco. Sin embargo, es bueno clarificar qué tipo de fiscalización es la que se realiza. De acuerdo al artículo 11 de la ley de Cochilco, se debe fiscalizar en forma directa a las empresas del Estado, en las cuales éste, tenga una participación mayoritaria y respecto de la cual, hay que hacer una serie de revisiones que, en estricto rigor, no los limitan, sino por el contrario, se realizan muchas revisiones, como procedimientos, controles internos, ventas, análisis financiero, etcétera, que se pueden resumir en efectuar auditorías específicas a los procesos de negocio de Codelco o de Enami, en base a una metodología en base a riesgo, que demanda conocer sus procesos y, en función de un último dictamen de la Contraloría, se deben verificar en forma explícita, para luego dar a conocer en nuestros informes, el grado de cumplimiento de los aspectos normativos que rigen a ambas empresas.

En este punto es necesario señalar, que se ha hecho una revisión de algunas de las presentaciones, que se han efectuado por parte de los sindicatos de algunas de las divisiones. Por ejemplo, un sindicato manifestaba su inquietud respecto de la venta de derechos de agua, en una de las divisiones del norte.

Al respecto señaló, que le proporcionaron esa información y documentación a esta Comisión Investigadora, a causa de que fue justamente abordado en una auditoría de recursos hídricos de esa división, por lo que forma parte de este tipo de revisiones.

Indicó que existe otro ámbito de fiscalización, que tiene carácter indirecto y se refiere básicamente, a todos aquellos requerimientos especiales o específicos que llegan a través de la Contraloría General de la República, ya sea por mandato directo de ella, por solicitud de terceros o, por solicitudes les haga llegar el Parlamento, ya sea a través del Senado o de la Cámara de Diputados, de una Comisión de Minería o de una Comisión Investigadora.

Explicó que también existen presentaciones, que efectúan los sindicatos divisionales, por ejemplo, por una inquietud relativa a la celebración de un contrato con un tercero y a su vez, mencionaron que este antecedente había sido puesto en conocimiento de la Contraloría. En efecto, la Contraloría posteriormente les hizo llegar la consulta. Por lo que hubo que hacer la revisión, y ese informe también fue enviado a la Contraloría General de la República, para que después ellos lo pongan en conocimiento del requirente, que en este caso fue un sindicato de otra de las divisiones.

En resumen, todos los trabajos de revisión que se hacen, ya sean de la Dirección de Evaluación y Gestión Estratégica o los trabajos que ejecute esta dirección, tienen el carácter de secreto y reservado. Eso lo dicta nuestra ley.

Sin embargo, existen requerimientos que han hecho los sindicatos a esta Comisión y que obviamente se los lo han hecho llegar y, se les ha dado respuesta por lo cual no tienen inconveniente alguno, en quedar a disposición de esta Comisión, para indagar respecto de consultas específicas, que pudieron haber sido abordadas, ya sea en alguna auditoría o en alguna investigación.

Al respecto señaló, que al hacer una revisión específica de varias de las presentaciones que hicieron los sindicatos, algunas efectivamente aparecen en ciertas auditorías, por ejemplo, el tema votacional del norte o el tema de los costos asociados a los beneficios de salud.

Finalmente indicó, que todos esos informes, incluyendo las investigaciones que nos mandata la Contraloría, tienen el carácter de secreto, podemos ponerlo a conocimiento de ustedes, pero dependería obviamente de poder ver caso a caso, cuál es la situación que ustedes quieren chequear a nivel de detalle. Es información que está disponible para esta Comisión, cuando la requiera.

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23.- El Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Diego Hernández Cabrera.

Inició su exposición, refiriéndose a los antecedentes que presentó el señor Julián Alcayaga en esta Comisión. Para lo cual, desea aclarar una serie de reparos y explicaciones.

Señaló que la presentación que hizo el señor Alcayaga concluye que Codelco presenta colosales y desconocidas pérdidas y que se habría levantado una cortina de humo a través de la operación y el litigio en contra empresas del grupo Anglo American, con el sólo propósito de hacer pagar a Codelco, el doble o el triple de lo que establece el contrato de opción.

En relación con el análisis y las conclusiones económicas que contiene dicha presentación, cabe mencionar, como comentario general, que ellas se obtienen a partir de una interpretación, que parcializa la información de Codelco y que omite considerar diversos antecedentes de relevancia, lo que sólo puede explicarse por un desconocimiento profundo de la materia o por una intencionalidad, dirigida a confundir la verdad.

Cabe señalar, que los resultados financieros de Codelco son auditados por entidades externas independientes, debidamente registradas, ante la Superintendencia de Valores y Seguros. A título informativo, los del 2010 fueron auditados por Deloitte y que Codelco es objeto de fiscalización por parte de organismos especializados, como la Comisión Chilena del Cobre y la propia Superintendencia de Valores y Seguros, lo que por sí solo, desvirtúa el oscurantismo que el señor Alcayaga pretende hacer creer.

Señaló que todo el análisis que hace el señor Alcayaga parte de una sola y misma opinión, cual es, la existencia de colosales y desconocidas pérdidas en Codelco. Para ello, realizó una simple regla de tres o de proporcionalidad, ya que compara las producciones del 2006 y del 2010 con el precio del cobre existente en dichos años, determinando así, que habría habido un resultado catastrófico durante el ejercicio 2010, al faltar cerca de 5 mil millones de dólares, en excedentes.

Expresó, que la misma presentación e inquietudes le fueron enviadas al Presidente de la República, a través de una carta, en la que le señaló que al analizar los resultados de 2010 de Codelco, él constató que el presidente ejecutivo Diego Hernández, declaró a la prensa –que le dio gran cobertura- que esto había sido un éxito, porque había aumentado las utilidades con respecto al 2009.

Al respecto el señor Alcayaga dijo: “pero a mí me pareció inmediatamente que el resultado era catastrófico para Codelco comparando el 2010 con el 2006. Esto porque en el 2010, se obtuvieron 5.700 millones de dólares de utilidad, mientras que en el 2006, éstas fueron de 9.215 millones de dólares. Sin embargo –añadió- el precio del cobre en el 2006, era un 12 por ciento más bajo que en el 2010. Por lo tanto, las utilidades del 2010, tendrían que haber sido de 11 mil millones de dólares aproximadamente”. Entonces, él adujo que faltaban 5 mil millones de dólares.

A continuación, hizo una síntesis de los datos aportados por el señor Alcayaga, lo que contiene errores de construcción.

La cifra del 2010 referida a los costos, no corresponde a los costos de explotación de dicho año, dado que éstos alcanzaron a 9.089 millones de dólares. La cifra indicada, coincide con los costos de ventas del estado de resultados consolidado del 2009, no a la del 2010. En los años intermedios, se presentan una serie de errores de consistencia, en los conceptos de los costos utilizados.

En las utilidades, las cifras indicadas no son las de cada período, sino que corresponden a los excedentes antes de la ley reservada, impuestos a la renta y dividendos al dueño.

Explicó que en el análisis que hace el señor Alcayaga, se concentra sólo en la cantidad producida, el precio promedio anual y los costos de ventas.

Agregó que dicho análisis es incorrecto y encierra una falta de rigurosidad, que contagia todas las conclusiones que de él se derivan. El estudio de los excedentes, debe descansar sobre un análisis completo de todas las fuentes de ingresos y costos, y no parcializadamente sobre algunos de aquéllos.

Indicó que el señor Alcayaga cometió el inexplicable error, de asumir para el año 2010 un costo de ventas de 7.484 millones de dólares, cuando en realidad dicho costo alcanzó a 9.089 millones de dólares. Es decir, según el señor Alcayaga, los costos de ventas se habrían incrementado entre los años 2006 y 2010 sólo en un 3,5 por ciento, en la realidad dicho aumento alcanzó al 25 por ciento, como consecuencia de factores tales como el escalamiento del precio de los insumos y servicios, la evolución del tipo de cambio y de la inflación local e internacional, la caída de las leyes en los yacimientos y el envejecimiento de los mismos, la depreciación y amortización de las inversiones de capital efectuadas para mantener la viabilidad de los yacimientos, etcétera. Sin reconocer y analizar dichos factores, aplicables por lo demás a toda la industria, es imposible llegar a conclusiones acertadas.

En cuanto a los ingresos por ventas, el análisis que hizo el señor Alcayaga, puso un especial énfasis en la reducción de las ventas de otros subproductos, distintos del molibdeno, atribuyendo dicho fenómeno a ventas a precios menores a los de mercado, subfacturación.

Por otra parte, en el análisis que hizo el señor Alcayaga, omitió considerar el cambio normativo que significó la implementación de las normas IFRS, en la presentación de los resultados consolidados de la corporación a partir de marzo de 2010, que es una exigencia legal. Las nuevas normas introducen un cambio en la forma de contabilizar los ingresos, lo que implicó reasignar las ventas de alambrón de nuestra filial en Alemania, desde la partida de otros subproductos hasta las partidas de ventas de cobre, de minerales propios y ventas de cobre de terceros. Si se neutraliza este efecto, que es del orden de 1.000 millones de dólares, los ingresos por ventas de otros subproductos, muestran el comportamiento esperable de acuerdo a la evolución de su producción y sus precios efectivos de venta, y no son un factor explicativo esencial de los cambios, de los resultados entre los años comentados.

Adicionalmente, el señor Alcayaga no hizo ninguna mención a la disminución de los ingresos provenientes del molibdeno, que es mucho más significativa a la hora de explicar la diferencia, entre los resultados de los años 2006 y 2010.

En efecto, durante el período, los ingresos por molibdeno obtenidos por Codelco disminuyeron significativamente, debido a la dramática caída del precio de este subproducto en el mercado, que fue 35 por ciento menor respecto del precio del año 2006, y a la caída de las ventas físicas de molibdeno en un 28 por ciento. Ambos efectos implican un menor ingreso de 875 millones de dólares.

Explicó, que existe un análisis de factores que explican la variación de excedentes entre 2006, que asciende a 9.215 millones de dólares, y 2010, que registró 5.799 millones de dólares.

Por lo tanto, hay 1.388 millones adicionales, que están explicados por el mayor precio del cobre. Hay 378 millones explicados por la mayor cantidad, 1.074 millones por mercado de futuro y fijaciones de precio, todo lo cual, significa que hay un mayor ingreso de venta de cobre propio por 693 millones. Hay 605 millones menos en molibdeno, por efecto de precio, 270 millones por efecto de cantidad de molibdeno, y 52 millones por menor margen de subproductos y terceros. Además, hay 3.088 millones por un mayor costo, debido al aumento de los costos.

Además, existe una tabla que contiene los estados de resultados comparados de 2010 y 2006, la cual incluye las cifras correctas.

También el señor Alcayaga incurre en errores de análisis, al atribuirle una parte importante del supuesto deterioro de los resultados de Codelco, a colosales y desconocidas pérdidas por ventas a futuros, realizadas en operaciones supuestamente no autorizadas.

La explicación está a continuación y tiene que ver con los mercados futuros –hedge- que en el 2006, eran muy bajos y luego en el 2010, tuvieron un valor en contra de 1.074 millones de dólares.

Señaló que también está el efecto de la venta a la empresa Minmetals, donde se acordó vender 55.750 toneladas métricas anuales de cobre, por un plazo de 15 años, a un precio fijo que ha sido inferior al precio de mercado, lo que también ha significado un menor ingreso.

Por otra parte, está lo relativo al detalle de las coberturas y contratos de futuro.

Finalmente existe lo relacionado con el derecho de compra sobre Anglo American Sur. Aquí nos encontramos con las afirmaciones y explicaciones del señor Alcayaga, quien dijo que en relación a este tema, estamos perdiendo 5.000 millones de dólares en la compra del 49 por ciento, haciendo un gran show o mise en scéne. Agregó que su argumento al respecto, es que los yacimientos son del Estado, por lo que no habría ninguna razón, para estar pagando por comprarlos.

Finalmente, señaló que esta es la explicación que puede entregar a la Comisión y si tuvieran dudas respecto de las cifras, podrán revisarla en detalle.

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24.- El Presidente del Directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré.

Señaló que se ha comentado últimamente, que existen ciertas diferencias entre la presidencia ejecutiva y el directorio. Al respecto aclaró, que tales afirmaciones no son efectivas.

Planteó que en tal sentido, el directorio ha estado pendiente del conflicto y de la estrategia que ha tomado Codelco, respecto de la opción de compra de Anglo American Sur. Agregó, que el directorio ha estado plenamente involucrado sobre esta situación, ha adoptado todas las decisiones estratégicas y ha conducido el proceso. Por su parte, la administración ha estado perfectamente alineada en la ejecución de las estrategias y las decisiones que ha ido tomando el directorio, de manera que estas publicaciones, de el diario El Mostrador no sé qué origen pudieron haber tenido, pero da la impresión de que provinieron de ciertas sugerencias que pudo hacer Anglo American, puesto que dos días después dicha empresa rápidamente recogió esto y empezó a hacer declaraciones, en el sentido de que era muy difícil relacionarse con Codelco por las divisiones que tenía. Por lo que no es efectivo, que existan tales divisiones, aunque, por supuesto, pueden darse opiniones divergentes, pero todas ellas enmarcadas dentro de una discusión normal.

Reiteró que el directorio ha estado alineado, trabajando en armonía, con un buen clima y lo mismo ha ocurrido con la administración.

En relación con este tema, indicó que es necesario dejar en claro que todas las acciones que ha emprendido Codelco en relación con este negocio las ha tomado el directorio y las ha ejecutado quien el directorio ha designado, que en el 99 por ciento de los casos es la administración, que es la encargada de ejecutar estas acciones, aunque algunas más específicas, a veces, han sido comisionadas a algunos directores y a quien habla, pues soy un miembro más del directorio y lo presido. Enfatizó, que todas las acciones, tanto de la administración como de los directores o de quien habla, han estado siempre enmarcadas en las decisiones del directorio.

Por otra parte indicó, que Codelco está enfocada en varios proyectos estructurales, dentro de los cuales el año pasado el directorio aprobó el Nuevo Nivel Mina El Teniente, proyecto de unos 3 mil 200 millones de dólares de inversión, que ya se está ejecutando en lo concerniente a las obras civiles como túneles y caminos. Agregó que este proyecto va a incrementar la producción en poco más de 400 mil toneladas de cobre fino al año. Es oportuno el momento en que está entrando, porque la mina, en el nivel actual, va a empezar a decaer en su producción. Así se podrá empalmar muy bien la reducción de producción del actual nivel con la inversión del Nuevo Nivel Mina El Teniente. Al mismo tiempo, va a cambiar fuertemente el enfoque y la estrategia productiva hacia uno mucho más moderno y automatizado, donde la gente podrá trabajar en mejores condiciones, porque no va tener que estar dentro de la mina.

Explicó que el proyecto Ministro Hales fue aprobado en 2010, ha avanzado muy bien en su ejecución y es digno de destacar. Cuenta con un poco más de 2 mil 400 millones de dólares en inversión e, insisto, va muy bien en su avance. Además, se han ido dando ciertos upsides en él, de manera que hasta aquí se ve como un proyecto muy promisorio y positivo para la Corporación y para el país. Está dentro de los plazos de su desarrollo. Como se ha señalado, han ido apareciendo ciertas sorpresas positivas que han significado algunos aumentos de la inversión, pero marginales, y que van a significar que el proyecto sea más rentable.

Indicó que otra decisión importante que se tomó en el 2011, fue autorizar obras tempranas en Chuquicamata. Aunque el directorio no lo ha aprobado, porque no se le ha presentado todavía para su aprobación, el proyecto definitivo sobre la Mina Chuquicamata Subterránea, pero sí era necesario iniciar ciertas obras tempranas, principalmente túneles que, por los tiempos del proyecto, se podrían transformar en cuellos de botella y, por otro lado, podían salir mucho más caros si se atrasaba, por lo cual, el directorio decidió tomar ciertos compromisos financieros importantes al respecto, pero se piensa que va a redundar en un mucho mejor resultado económico del proyecto.

Planteó, que el resto de los proyectos se encuentran en las etapas de prefactibilidad o factibilidad y se espera considerar próximamente, la aprobación del proyecto Mina Chuquicamata Subterránea; algunos otros en la División Salvador; el proyecto de explotación de sulfuros Radomiro Tomic fase II, y el proyecto Quetena, que va alimentar de óxidos a la planta de lixiviación de Chuquicamata. Estas instalaciones de lixiviación y de electro-obtención son muy importantes, porque se producirá una escasez de mineral, ya que el superficial se está agotando, por lo que es necesario tener que recurrir a los sulfuros. Al final, el futuro de toda esa área está ligado a los sulfuros, pero por ahora todavía, se ha ido obteniendo un reemplazo de la extensión Norte Mina Sur, que es la última parte que va quedando de óxidos y, luego, va a entrar Quetena. Con ello, todavía se podrá mantener esas plantas en un buen nivel de ocupación.

Luego, existen algunos contratos importantes, relacionados con mejorar los niveles operativos, principalmente con los camiones en el norte. Además, existen niveles operativos que no los tienen satisfechos y es por eso, que han realizado varios contratos importantes, para ir mejorando la disponibilidad de los equipos.

Indicó, que es posible que se le puedan escapar algunas situaciones de orden menor, pero en todo caso, éstos son los principales contratos y proyectos en los cuales Codelco está involucrado en estos momentos.

Por otro lado, se encuentra el tema de los cambios de ejecutivos en Codelco, lo cual, es una situación positiva que los ejecutivos se cambien de los lugares de trabajo. Agregó que esta situación, genera una especie de transferencia de culturas y de conocimientos entre las distintas divisiones. Es por esta razón, que probablemente se podrán generar otros cambios en el equipo, que permita obtener nuevos enfoques y visiones.

Explicó, que cuando empezó a funcionar este directorio, se hizo una primera reorganización. Se hizo un cambio en la estructura, para lo cual, se trajo personal nuevo y se hicieron algunos cambios en el equipo que dieron muy buenos resultados.

Además, es importante señalar que nos encontramos en una segunda etapa. Se está contratando nuevo personal, para lo cual, se aprovechan oportunidades del mercado para incorporar personas valiosas. Se trata de profesionales de larga trayectoria en la minería y que se están integrando al equipo de Codelco. Además, se cambiaron algunas posiciones. Hay personas que están dejando sus responsabilidades para enfrentar una siguiente etapa dentro de esta política de refrescamiento y de introducir ideas nuevas en la gestión de la corporación.

Al respecto, está el caso de Luis Farías, vicepresidente de operaciones de la zona norte, que tiene una larga trayectoria y logros muy importantes en la organización. Él accedió al cargo como una última asignación ejecutiva, pues es una persona mayor, y ahora desea emprender otras etapas en su futuro profesional, tomar una posición con menos demanda ejecutiva, una labor más de asesoría. En su reemplazo, se integró don Julio Aranis, gerente general de Chuquicamata, quién asumirá la vicepresidencia de operaciones de la región norte.

Planteó que en la región centro sur, va a continuar en la vicepresidencia de operaciones don Jorge Gómez, quien se incorporó hace poco a la compañía, hace un año y medio o dos años. Eso sí, se está haciendo un cambio. Por otra parte, el mineral El Salvador va integrar la vicepresidencia de operaciones centro sur, con lo cual quedan un poco mejor balanceadas las cargas. La división norte tiene a Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gaby, que a pesar de ser una filial también está en la división norte y tiene, además, las fundiciones de Chuquicamata, está el proyecto Quetena. Realmente es una división compleja. Salvador pasa a la división centro sur, que queda con El Teniente, Andina, Salvador y Ventanas.

En Chuquicamata, asume como gerente general Juan Carlos Avendaño, quien ejercía ese cargo en Radomiro Tomic. Es una persona que ya había trabajado en Chuquicamata, con una larga experiencia, muy eficiente, con una muy buena trayectoria. En Radomiro Tomic, hizo una labor magnífica y pensamos que está perfectamente capacitado para enfrentar el período complejo que está viviendo Chuquicamata, con todos los cambios que están ocurriendo en esa división.

En Radomiro Tomic, se incorpora una persona de fuera, el señor Francisco Carvajal. Se trata de un profesional de larga trayectoria en la minería, un hombre del norte, con mucha experiencia, y estamos muy confiados en que va a hacer un muy buen papel.

En Salvador, se va hacer cargo de la gerencia general de esa división el señor Armando Olavarría, quien trabajó en El Teniente y luego estuvo a cargo de división Andina, donde hizo una muy buena labor. También, Jaime Rojas, que era el gerente general de El Salvador, asume la vicepresidencia de proyectos, a cargo de los proyectos de desarrollo de la división Salvador.

En Andina asume Ricardo Palma. Se trata de una persona sénior, de mucha trayectoria en el sector minero, que viene de fuera. Es una gran adquisición para la compañía, una persona que tiene mucho ascendiente y lo destacamos entre el personal que se está incorporando, porque es muy respetado en todo el sector minero. Se va a hacer cargo de una división muy compleja, con un desafío tremendamente exigente, porque el proyecto estructural que va a significar una mayor inversión es la división Andina y es muy importante que encabece este proceso.

Se incorpora Gerhard von Borries a la vicepresidencia de negocios, que corresponde a una división de la vicepresidencia de desarrollo, donde va a quedar Isaac Aránguiz, encargado de innovación y desarrollo. En esta área existen grandes desafíos, en los que es necesario focalizarse, y Gerhard von Borries es un gran profesional y que pese a su nombre, es chileno. Él va a estar en esta vicepresidencia donde hay varios temas que es necesario ir analizando. Además hay que tener a alguien que vaya desarrollando los proyectos, las ideas que hay sobre esa materia y que han estado incorporadas a otras áreas, para ir proponiéndolas al directorio, para que defina las estrategias, que va a seguir la corporación teniendo sobre esos temas y las oportunidades que pueden surgir.

En El Teniente hubo un cambio de segundo nivel, se fue André Sougarret, pero sigue básicamente el mismo equipo.

En la zona centro sur hay menos cambios. No hay cambios en Ventanas, en El Teniente, sigue el mismo vicepresidente. En Andina se incorpora Ricardo Palma y en Salvador, asume Armando Olavarría.

Señaló, que con estos cambios se pretende incorporar gente nueva, con nuevas ideas y enfoques, con lo cual, se espera obtener un gran beneficio. Además, esta sana rotación en la empresa permite que las personas puedan aportar en otras áreas.

Por otra parte, está el tema del litio.

Al respecto explicó, que Codelco tiene principalmente dos salares que le pertenecen y puede explotar litio, porque son de antes que se dictara la ley que declaró no concesible dicho mineral, de manera que tiene todos los derechos como para explotar esos yacimientos. Los principales salares, son Pedernales y Maricunga.

Señaló que el litio es un negocio muchísimo menor que el del cobre. El negocio mundial de litio, tiene un valor del orden de los 700 u 800 millones de dólares y, en el caso del cobre, estamos hablando de cerca de 140 mil millones de dólares. O sea, es un negocio de otra liga. Sin embargo, el negocio del litio es importante y en el que Chile tiene una gran participación, como también en el del cobre. Chile tiene un tercio del cobre mundial, que representa una cifra muy grande, por el tamaño de todo el mercado, en cambio, tiene poco menos del 50 por ciento del negocio mundial de litio. Entonces, es muy importante como porcentaje, pero como valor es muchísimo más bajo que el negocio del cobre.

Manifestó que es importante señalar, que el tema del litio para Codelco no es el negocio principal, pues el foco debe estar puesto en el cobre, pero se le solicitó al área de desarrollo, que es la encargada de nuevos negocios y de exploraciones, que profundizara la información sobre el tema. Al respecto hay que lamentar, que la ley del yacimiento Pedernales, es bastante más baja de lo que se esperaba y el contenido de litio que hay allí, es mucho más pobre de lo que se pensaba que había. La evaluación del proyecto dio un informe muy ajustado, por lo que compite con el agua de El Salvador. Por lo tanto, existe un potencial mucho más atractivo en El Salvador con el negocio del cobre y de los metales asociados que con el litio en el yacimiento Pedernales. Por esa razón, se decidió que allí no había un potencial atractivo, a menos que hubiera nuevas fuentes de agua, que no es el caso por ahora. Además, tampoco era un proyecto que se viera como de gran atractivo financiero. De manera que la decisión que ha tomado el directorio del yacimiento Pedernales por ahora es mantener las pertenencias, pero no desarrollar un proyecto de explotación. Codelco tiene pertenencias anteriores en Maricunga, pero es minoritario respecto de otros propietarios que han estado haciendo exploraciones y trabajos en dicho yacimiento. Añadió, que todavía no han tenido un proyecto concreto allí, sino algunas estimaciones preliminares. En principio, el directorio ha encomendado a la Administración que siga profundizando esto con miras a hacer, eventualmente, una asociación en la que Codelco no sea el operador, sino un socio, si las cosas se siguen dando positivamente como para entrar en eso. En ese caso, podríamos tener participación en un negocio orientado a desarrollar un proyecto de litio. No lo descartamos, pero tampoco lo tenemos decidido. Hay un potencial, pero tampoco es una cosa muy grande; sin embargo, es algo que podríamos desarrollar. Pensamos que es bueno tener presencia en este mercado y seguir conociendo lo que pasa con el desarrollo del negocio. Se sabe que se va a mover más en el país y que Codelco debería tener, en principio, una especie de cabeza de playa, en el negocio del litio.

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25.- El Director de Codelco, señor Andrés Tagle.

Señaló que desea complementar lo que dijo el señor Jofré. Codelco no ha tomado una decisión respecto del litio. En su momento eso llegará al directorio y se aprobará o, eventualmente, se podrá rechazar, pero va a competir con otros proyectos. Ése es el riesgo que tiene.

Planteó que Codelco tenía un plan de proyectos estructurales, que hace dos años era de 17.000 millones de dólares, pero ya vamos en 22.000 millones de dólares. Ha subido producto de lo que mencionó el presidente, pero con eso vamos a mantener la producción y a incrementarla en torno a los 2 millones de toneladas. Es decir, es más sustituir que proyectar.

Indicó, que esos recursos hoy no están. Se ha dicho que Codelco tiene los recursos, pero la verdad es que no los tenemos, por lo que es necesario reunir esos 22.000 millones de dólares, esfuerzo al que esta abocado la Empresa. Actualmente se dispone de lo que queda anualmente, producto de la depreciación y de la amortización, que por ley se tiene derecho a gastar, porque se consideran pérdidas y, por tanto, no se le entregan como excedentes al Estado. Eso equivale a unos 1.700 millones de dólares anuales. El resto provendrá de deuda o de capitalizaciones que les haga el Gobierno, que ya les ha hecho algunas y es probable que lo siga haciendo. Actualmente tiene un compromiso en cuanto, a que en esta mezcla entre deuda y capitalizaciones los podrá capitalizar todo lo necesario para que se mantenga el grado de inversión y así ser un buen deudor en el mercado financiero y no perder categoría de deudor. Este compromiso supera los tiempos de este gobierno, lo que significa que el plan es invertir en los próximos gobiernos, que no sabemos quién encabezará y cuál será su compromiso.

Planteó que si uno ve la historia, hubo bastante poca inversión en Codelco. En general, se le sacó todo el dinero que generó como excedente y se le dejó muy poco. Incluso los 1.000 millones de dólares, que hace poco se lograron con la reforma del gobierno corporativo, en términos de patrimonio, se perdieron con la IFRS que hubo que hacer. Reconocer las provisiones por los futuros les costó los mismos 1.000 millones de dólares, que desaparecieron de nuestro patrimonio. O sea, quedamos casi con el mismo patrimonio que antes.

Manifestó que el patrimonio es muy determinante en nuestra capacidad de endeudamiento, porque, obviamente, miran nuestro patrimonio, que asciende a 5.000 millones de dólares, lo que es bajo comparado con la envergadura de los proyectos a los que se hace referencia.

Por lo tanto, esta es la situación: el cobre y nuestros yacimientos, que si se agotan, se podrán reemplazar. O sea, estamos muy lejos de poder hablar de privatizaciones. Esto no tiene nada que ver con privatizaciones; estamos tratando de que Codelco se mantenga en lo que es y ha sido, porque tiene los recursos gracias a la producción, la cual ha sido incrementada, pero ni siquiera con todos estos recursos se va a poder superar la participación de mercado, solo se podrán mantener.

Expresó, que todo lo que es ajeno al cobre y que les demande recursos, obviamente que sea preferible asociarse con terceros, porque no es bueno dejar pasar las oportunidades de ganar plata y obtener rentabilidad en esas áreas. Así es que, en la medida que no haya que poner recursos y que los pongan otros, se podrían asociar con terceros. Pero son cosas menores. Las exportaciones de litio por ejemplo, deben significar entre 200 y 300 millones de dólares para Chile.

Indicó que esa es la realidad de las magnitudes de las que estamos hablando, para comparar el cobre con otros minerales. Hay muchos otros minerales más importantes que el litio. Además, Codelco no tiene un gran expertise en litio, no producimos, no sabemos producirlo, no tenemos gente que sepa producirlo. Para Codelco es una situación nueva. Estamos fuera de ese negocio. Aparte de que estos yacimientos son de mediana o baja ley, ya que por lejos el Salar de Atacama, es el que tiene mejor ley de litio.

Finalmente, planteó que la razón de concentrarse en cobre es porque es más rentable y es el que genera los ingresos para el país, por lo que se debe mantener la capacidad de producción y generación de ingresos hacia el Estado. Todo esto, obviamente, son yacimientos estatales por disposición constitucional.

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26.- El Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Raimundo Espinoza.

Planteó que la participación que ha tenido nuestra organización, con sus distintas divisiones y las presentaciones hechas en esta Comisión, han sido bastante clarificadoras de lo que está ocurriendo en la Corporación.

Explicó que uno de los temas principales para Codelco, es el desafío que tiene respecto de sus proyectos estructurales en todas sus divisiones, debido a que las explotaciones de sus yacimientos pasan de los 50 años, por lo tanto, es necesario hacer nuevos proyectos, para seguir con la explotación durante los próximos 20 ó 25 años.

Indicó que al principio, se habló de 15 mil millones de dólares, pero ahora se dice que serían más de 22 mil millones de dólares, los que se destinarían a inversiones.

Señaló, que están analizando la exposición hecha por los compañeros de Chiquicamata con respecto a la mina subterránea, el tema NM, el proyecto en Radomiro Tomic, la nueva mina El Teniente y toda la implementación que deben hacer en la mina subterránea; además de los grandes desafíos que tiene la división Andina, en sus proyectos de primera y segunda fase, con un proyecto de ampliación a 240 mil toneladas. Así como también, el estudio de cierre del Salvador, que viene desde el año 2005, pero que actualmente tiene una viabilidad para los próximos 25 años, lo que demandará una inversión importante, que no solamente está en San Antonio, sino que también en los remanentes de la división Salvador.

Por lo que es muy importante para la Federación, las conclusiones a las que se llegó con respecto de los proyectos estructurales y los desafíos que tienen esos proyectos. Agregó, que es necesario tener proyectos de ingeniería dura, pero también se debe ver la forma en que se van a complementar con la ingeniería blanda.

Los que conocen el sector minero, saben muy bien que los desafíos de la minería en Chile no son menores, debido a la falta de dotación o personal calificado para enfrentar los desafíos, que significan las ampliaciones en los distintos yacimientos.

Agregó que la Federación que preside, ha estado preocupada con la costumbre de quitarse los trabajadores entre las empresas, ofreciendo mejores remuneraciones o mejor calidad de vida. Al respecto, es necesario preparar gente para enfrentar los desafíos y, en ese sentido, Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre hemos tenido conversaciones con el Ministerio del Trabajo para formar centros de capacitación al que asistan no sólo los trabajadores de planta, sino que aquellos que se van a incorporar al trabajo y que esa capacitación que reciban vaya en directa función con el oficio que el trabajador necesita para enfrentar los desafíos. Codelco debe ser capitalizado, en este sentido, después de 20 ó 25 años, no se puede seguir hablando tanto en la venta de activos como en la apreciación acelerada.

No se puede seguir estrujando a Codelco, esgrimiendo que es necesario tener una capitalización. Actualmente, se están pidiendo mil millones de dólares de capitalización, para enfrentar los grandes proyectos que tiene en vista realizar Codelco.

Por otra parte, se refirió al tema de Anglo American. Al respecto, planteó que el diario La Tercera apareció un artículo del señor Mackenzie en el que queda reflejada la arrogancia y prepotencia de esta empresa transnacional. Agregó, El país no merece una falta de respeto de parte de un ejecutivo, sobre todo, en la semana en que están en Chile todos los ejecutivos de las grandes mineras.

El señor Mackenzie dijo, que en el año 2002, firmaron el contrato o el compromiso de la opción de compra de Anglo American y agregó, que tenía muy claro que Codelco no tenía ninguna posibilidad de hacer efectiva su opción de compra. Además, tuvo la arrogancia de decir que Codelco, se debía conformar con los mil millones de dólares que pagarían de impuestos.

Por lo que el Servicio de Impuestos Internos, será el organismo encargado de determinar, cuanto es lo que debe pagar Anglo American por el 24 por ciento del 61 por ciento que vendió. Agregó que es el 49 por ciento, la opción que tiene Codelco en esta transacción. Esta Federación, señala que Anglo American debe pagar, por el 24 por ciento del 61 por ciento que pagó, porque el 35 por ciento, es un retiro de capital.

Expresó que los trabajadores del cobre en conjunto, con los actores sociales del país, no van a aceptar esa falta de respeto, lo van a plantear en el congreso que realizarán prontamente y saldrán con mucha fuerza, a defender los intereses de Chile y de esta empresa del Estado, que en los últimos ocho años ha entregado más de 60 mil millones de dólares al Estado. Por lo que es necesario que exista un pronunciamiento oficial sobre la situación que ocurre con Anglo American.

Al respecto, han presentado una denuncia ante la Fiscalía, porque están seguros de que hay contratos fraudulentos y está absolutamente claro que se cometió un engaño con el tema de Codelco, como señala un artículo publicado el fin de semana. Agregó, que las decisiones que ha tomado Anglo American están dañando al Estado y a Codelco.

Planteó que otro tema que es necesario analizar, es el referido al litio. La posición que tiene la Federación, es que esto requiere una discusión y hay que buscar las mejores alternativas. Paradojalmente se ha planteado proteger al litio con un royalty. Agregó, que esto lo señala porque el litio tiene una protección de mineral estratégico, mientras que el cobre tiene una concesión plena.

Por lo que a juicio de esta Federación, es necesario discutir el tema, mirado desde el punto de vista estratégico, el uso del litio en los próximos años, debiera de ser muy cotizado, debido al tema energético y a la confección de baterías. A raíz de lo planteado, se abre una gran oportunidad para el país de meterse en lo que es la innovación tecnológica y crear una gran cadena productiva; Codelco no puede estar aparte, pero ante todo tiene que proteger y asegurar sus proyectos estructurales. Codelco no tiene impedimento de entrar en la explotación del litio y eso lo garantiza la ley, al igual que cualquier empresa del Estado como Enap.

Indicó, que hay otro tema que no es menor, que son las refinerías y fundiciones en Chile, en las que ha habido una posición muy sesgada de parte de la autoridad, tanto del Ministerio de Salud, como del seremi en cuanto a que Ventanas, según su opinión, no cumple con el reglamento medioambiental. Aclaró que Ventanas, siempre ha cumplido con las normativas y se han producido peaks, producto del trabajo que se ha realizado.

El directorio de Codelco es como todos los directorios. El representante defiende los intereses de la empresa. En el caso de nuestra Federación, existe una visión particular, en el ámbito laboral.

Explicó que en el directorio de Codelco, en la la mayoría de las decisiones, en una votación, hay 8 votos favorables y uno en contra. En algunos casos más complejos, normalmente se coloca la posición de los trabajadores o del representante de los trabajadores, y eso está en las actas, pero hay que tener claro que también él defiende los intereses de la empresa.

En el tema de Anglo American, señaló que la posición que ha tenido el representante de los trabajadores, ha sido bastante clara. Agregó, que la Federación no está de acuerdo con que Codelco venda el 24 por ciento sino todo lo contrario, el deseo es que compre el 49 por ciento. Reitero, hay distintas posiciones, pero él actúa como el director de cualquier otra empresa, pero lo hace también en representación de los trabajadores. Por lo tanto, defiende tanto los intereses de la empresa como la de los trabajadores.

Por último, indicó que en la ley se establece el tema de la incompatibilidad, que cuando se discute el tema de los contratos colectivos, uno debe inhabilitarse si tiene intereses, en el tema. Respecto de lo que piensan los supervisores, ellos son los que debieran de contestar. En relación con el tema, la información que tiene es que ya se envió la quina y el Gobierno aún no ha nombrado al representante de los trabajadores, porque tiene que elegirlo el Presidente de la República.

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27.- El Consejero de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Juan Olguín.

Planteó que en su presentación, detallará algunos aspectos técnicos que corresponde a una propuesta de conclusiones, elaborada por la Federación de Trabajadores del Cobre, para esta Comisión Investigadora.

En primer lugar, destacó y valoró el trabajo de la Comisión Investigadora, en una instancia donde han expuesto la visión sindical de todas las divisiones, cambios y reestructuraciones impulsadas por la actual administración de Codelco.

Indicó que este trabajo se enmarca en el contexto del acuerdo marco sobre relaciones laborales, denominado diálogo laboral por la competitividad de Codelco; instrumento estratégico para que la cuprífera continúe como una empresa ciento por ciento en manos del Estado, y donde se despliegue de manera responsable toda la capacidad de negocios mineros para maximizar sus aportes a la Nación, contribuir al desarrollo y la cohesión social del país y sus regiones de manera eficiente, competitiva y sustentable, asegurando la permanencia como principal productor de cobre catódico del mundo.

Asimismo, además de los aportes, visiones, herramientas e insumos que la Comisión ha recibido, valoran además, que la instancia haya servido de importante tribuna y mecanismo de defensa de los derechos de Codelco en su conflicto con Anglo American; la mantención del rol fiscalizador de la Comisión Chilena del Cobre y el resguardo de la reserva estatal de la explotación del litio para Chile.

Respecto de las relaciones laborales y la evaluación de decisiones, señaló que el paro nacional del 11 de julio de 2011 expresó la convicción de la FTC respecto de la participación de los trabajadores en defensa de la empresa, ya que ésta constituye un derecho fundamental y es el patrimonio de todos los estamentos laborales de la empresa.

Señaló que la suscripción del acuerdo marco “Diálogo laboral para la competitividad de Codelco”, el 15 de diciembre de 2011, ha recompuesto las mesas de trabajo en las divisiones, proceso que esta Comisión conoce y para lo cual, solicitan su respaldo, a fin de darle el valor e importancia que amerita en los siguientes tres ámbitos, a saber:

En primer lugar, es necesario avanzar en el respeto a los trabajadores y su derecho a la participación.

En segundo lugar, es importante el desarrollo de una agenda y tener objetivos compartidos.

En tercer lugar, es adecuado establecer una definición de ámbitos de acción e implementación del acuerdo a nivel transversal y en las divisiones.

Por otra parte, consideran que fue un error haber separado el distrito de Codelco Norte, pues implicó el desaprovechamiento de las capacidades productivas y expertise laboral del distrito; la utilización de activos necesarios en otras áreas y la subutilización de activos que implicaron grandes inversiones, por ejemplo, FURE y planta concentradora.

Asimismo, consideran errada la decisión de la venta del porcentaje que tiene Codelco en la participación de E-CL, ex Edelnor, en un contexto en que los insumos energéticos han devenido, en el principal costo de la Corporación.

Finalmente consideran fundamental, consolidar el carácter de ciento por ciento estatal de las pertenencias que amparan el yacimiento Gabriela Mistral, dándole el carácter de división de Codelco a esta operación minera, disolviendo por tanto, la Minera Gaby S.p.A.

Respecto del plan de inversiones y desarrollo sustentable, la Federación de Trabajadores del Cobre considera clave, asegurar la aprobación y adecuada ejecución de los proyectos estructurales, tales como Chuquicamata Subterránea, Ministro Hales, Sulfuros Fase II y Planta Concentradora Radomiro Tomic, Proyecto de Desarrollo El Salvador, Expansión Andina 244 y Nuevo Nivel Mina El Teniente.

Para ello resulta prioritario contar con un plan financiero sólido, que permita enfrentar los requerimientos de inversión que superan los 18 mil millones de dólares, a razón de 3.500 millones de dólares anuales, en promedio aproximadamente.

Planteó que la Comisión debiera recomendar al dueño de la empresa que respalde, de manera real y concreta, una política de capitalización del orden de un 15 a un 20 por ciento de sus excedentes, a fin de evitar un excesivo endeudamiento de Codelco y el deterioro de su calidad crediticia.

Coherente con lo anterior, es clave que este año 2012, en cumplimiento del artículo sexto del DL 1.350, sobre formación de fondos de capitalización y reserva de Codelco Chile, el Ministerio de Hacienda apruebe la propuesta del directorio de Codelco de capitalizar 1.000 millones de dólares, más lo ya aprobado de capitalizar el ciento por ciento de las utilidades obtenidas por la venta de ECL. Sería inaceptable que este año el Ministerio de Hacienda, nuevamente recorte el fondo de capitalización de Codelco.

Por su parte, la alta sensibilidad de la opinión pública a los temas ambientales, así como el permanente compromiso que Codelco debe tener con una gestión sustentable, implica el estudio y aprobación de recursos de inversión, para enfrentar normas más exigentes pero cumplibles en materia de emisiones de arsénico, azufre y material particulado de las funciones del país. Por lo que se estima, que estas inversiones sean del orden de los 850 millones de dólares.

Señaló que consideran relevante que Codelco tenga una política proactiva, para incentivar y recurrir progresivamente a fuentes de energías renovables no convencionales, que garanticen el suministro de energía limpia y sustentable para la producción presente y futura de la empresa.

También es fundamental, revisar el modelo de tercerización de Codelco, tras los impactos en el modelo de negocio, y con los nuevos escenarios del mercado minero y condiciones del mercado laboral. Asimismo, Codelco debe desarrollar y potenciar a los proveedores de la industria, con una nueva mirada estratégica.

Se refirió además, a la opción de compra del 49 por ciento de Anglo Sur, por lo que debe indicar que la Federación de Trabajadores del Cobre, valora especialmente que la Comisión Investigadora se aboque y apoye nuestra propuesta de defensa irrestricta del derecho de opción de Codelco por el 49 por ciento, de las acciones de Anglo Sur.

En este sentido, la FTC, junto con apoyar las acciones judiciales emprendidas por la administración de Codelco, también ha llevado adelante acciones propias en defensa del patrimonio de todos los chilenos y en contra del actuar de Anglo American, la que se ha valido de un proceder fraudulento, para traspasar a terceros, parte de la propiedad de las faenas y pertenencias que en derecho, pertenecen a Codelco y a todos los chilenos.

Además, consideran que la judicialización del conflicto con Anglo American necesariamente implicará un aumento en los plazos para que el litigio finalice, lo que permite reestudiar las opciones de financiamiento de la operación.

Manifestó que en este sentido y en línea con el requerimiento de que se realicen capitalizaciones y provisiones de fondos para Codelco, solicitan que la Comisión Investigadora declare su apoyo expreso, a que el Estado financie la compra del 49 por ciento del derecho de opción de las acciones de Anglo Sur.

Se refirió a continuación, al estatuto corporativo de Codelco, al rol de Cochilco y a la seguridad minera. Al respecto, indicó que la FTC respaldó el proyecto de ley que modificó el estatuto del gobierno corporativo de Codelco, sobre la base de que esta empresa se administre como una empresa del Estado, con visión de largo plazo, que pueda competir en igualdad de condiciones con los inversionistas privados y donde su fiscalización corresponde con las particularidades del caso, al de una sociedad anónima abierta y no a la de un servicio público.

Además consideran, que el directorio de la empresa debe asumir todas sus responsabilidades y facultades, especialmente fiscalizar la buena marcha de la empresa.

También valoran, la firme decisión de la Comisión Investigadora, así como la de Minería, en el contexto del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Seguridad Minera, asumiendo las denuncias de la FTC, lo que evitó el reemplazo de la Comisión Chilena del Cobre, como ente especializado y dotado de las facultades de fiscalización.

Indicó que en este mismo orden, la FTC solicita que la Comisión Investigadora incluya dentro de sus conclusiones la ratificación, en el marco de dicho proyecto de ley, del Convenio 176 de la OIT.

Respecto de la reserva estatal para la explotación del litio, la Federación de Trabajadores del Cobre considera un error, en términos formales y de fondo, la decisión del Gobierno de anunciar de manera inconsulta y durante el receso parlamentario la implementación de los denominados, Contratos Especiales de Operación de Litio, CEOL.

Por lo que le recomiendan a la Comisión que requiera formalmente al Gobierno, la paralización del proceso de licitación de los CEOL y postule a la realización de los estudios y diálogos necesarios, que respalden una política de Estado consensuada para la explotación del litio.

Finalmente indicó, que estos son los elementos que el Presidente resumió, y con esta presentación respaldamos algunos aspectos técnicos y las propuestas que hemos hecho como sindicatos y zonales de la Federación de Trabajadores del Cobre al respecto.

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28.- El Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señor Cristián Cuevas.

Explicó que el 17 de mayo la Confederación de Trabajadores del Cobre, realizó una jornada nacional de movilización, que fue una manifestación de nuestro estado de alerta permanente y que se expresó de distintas formas, según la capacidad o las posibilidades de los trabajadores, tanto de la industria estatal como de las privadas, en seis regiones del país. Agregó, que la movilización fue a causa de que han visto una amenaza a los derechos y beneficios que los trabajadores alcanzamos con nuestra lucha, por lo tanto, no se puede permitir ese retroceso. El propio Presidente planteó, que vienen grandes proyectos de inversión, de expansión minera, de pleno empleo en la industria, pero no se sabe cuál será la calidad de esos empleos y en qué condiciones quedarán los trabajadores.

Señaló que habiendo constatado en terreno con visitas efectuadas a Barrick y Caserones, del sector privado, y a Codelco Norte, El Teniente, Andina, de la minera estatal, la expansión de la minería, está golpeando fuertemente la calidad de vida de los trabajadores, con jornadas de trabajo excepcionales, que son una brutalidad y que generan una situación de salud, que afecta no sólo al trabajador, sino que también a su familia.

Expresó que particularmente, defienden a Codelco, que es una empresa de todos los chilenos. Por lo tanto, parlamentarios, quienes gobiernan y quienes somos líderes sindicales y sociales, tenemos que bregar por defenderla, para que siga siendo de todos los chilenos.

Planteó, que les llama la atención que a partir de la nueva administración o sea quienes dirigen al país en la actualidad, hayan implementando una política que se denomina contratos integrales, que consiste en traspasar un grupo de contratos, que hoy desarrollan varias empresas, a una sola gran empresa contratista. Lo que más les extraña, es que en la división Andina, y con el direccionamiento de la Vicepresidencia de Operaciones Sur, se haya tratado de entregar esos contratos, inicialmente mediante un proceso de asignación directa a una sola empresa extrajera, la FLSmidth, por varios cientos de millones dólares y sin ningún proceso de licitación, proceso que, finalmente, dado su alto costo, habría sido detenido por instancias superiores y se estaría llevando adelante mediante una licitación, pero en la que sólo participan dos empresas: FLSmidth y Siemens.

Señaló que bregan por la transparencia, por lo que es necesario informar, que esta situación también se está proyectando en El Salvador y que además, se estaría proyectando para la división Ventanas y para El Teniente. Por lo que habría que preguntarse, cuales son los contratos actuales, que se estarían reemplazando y cuál es la sumatoria de costos de dichos contratos versus el costo del contrato integral. Según la información que tienen, han aumentado los costos de esa licitación, pero no hay justificación para ese aumento, y tendría un impacto negativo para los trabajadores. O sea, no es positivo entregar los contratos a esas transnacionales.

También es necesario saber, lo que sucede con los trabajadores que se trataban de incorporar a los consorcios, pero es del caso señalar, que para poder cumplir funciones en esas empresas, se les exigen títulos universitarios o técnicos, cuando, se sabe, que el trabajador contratista tiene una desventaja en cuanto, a que sus competencias han aprendido su oficio en el trabajo. Agregó que las transnacionales exigen títulos universitarios o de técnico superior, que los trabajadores contratistas, en su gran mayoría, no tienen, razón por la cual, quedan fuera de la posibilidad de acceder a esos empleos.

Agregó que se refiere a los trabajadores locales, de las comunas respectivas, quienes, finalmente, se frustran, porque no tienen posibilidades de entrar a estos consorcios que actúan y siguen implementando, el tipo de contrato a través de subadministradoras de personal o enganchadoras, lo que, desde nuestro punto de vista, corresponde a prácticas propias de otros tiempos, del siglo XX, no del siglo XXI, porque hay que ir avanzando hacia trabajos decentes, tal como ha planteado la propia Organización Internacional del Trabajo.

Por otra parte, Codelco ha planteado que hay que optimizar las funciones que se realizan en la empresa y que hay que ser más eficientes. Al respecto, habría que preguntarse, porqué Codelco contrató a ejecutivos que fueron despedidos de Pelambres.

También es importante saber, en qué divisiones se están implementando los contratos integrales, qué contratos actuales se verían afectados, cómo se afectará la mano de obra con dichos contratos, el número de trabajadores, las condiciones en que las compañeras y compañeros quedarán.

Por otra parte, solicitan que Codelco envíe a esta Comisión, un informe con la dotación mensual de trabajadores contratistas desde el 2010 a la fecha, por división y la vicepresidencia de proyecto, detallando separadamente quiénes son considerados contratistas de servicios, contratistas de obras y proyectos menores, y contratistas de obras y proyectos mayores.

Añadió, que están ante una situación de amenaza, de despojo de derechos y beneficios. Además, respecto del pleno empleo y la protección de los trabajadores, que nuevamente en nuestro país, se ha instalado el sistema de las camas calientes y campamentos saturados, en condiciones infrahumanas, lo que no se condice, con una industria que genera grandes ganancias y utilidades que, lamentablemente, no benefician a los trabajadores. Tampoco ha mejorado las remuneraciones de los trabajadores contratistas.

Señaló que para buscar soluciones para los trabajadores, han mostrado tener una buena disposición para construir un diálogo, pero al respecto, no se puede permitir que Codelco firme acuerdos con los trabajadores y no los cumpla. En el año 2011, se logró firmar un convenio con beneficios para los trabajadores contratistas y otras áreas, sin embargo, hasta la fecha, por burocratización y por no entender la urgencia que reviste, no se han cumplido los acuerdos y los está llevando nuevamente a un conflicto de gran alcance, que se les puede escapar como dirigentes.

También es necesario resolver las demandas de los trabajadores. Esa es la razón principal por la cual han llamado a Codelco, pero no se puede dejar de mirar hacia la industria privada, porque uno se da cuenta, de que no se puede levantar una empresa en condiciones adversas, para los trabajadores contratistas y subcontratistas, que han pasado a ser la mano de obra esclava del siglo XXI. Es una situación inaceptable en términos éticos y morales.

Si se decidiera hacer una inversión para mejorar la situación de los trabajadores contratistas, lo único que ocurrirá es que la empresa tendrá menos margen de utilidad. Pero eso no significa que se vaya a retirar la inversión extranjera. Sólo se trata de ponerle condiciones distintas.

Indicó que en el caso de Codelco, se observa que se están entregando contratos a los consorcios y no se sabe cuáles son los costos que eso involucra. Eso les preocupa, porque, finalmente, puede ser que no se justifique.

Finalmente señaló, que estos problemas no sólo se dan en Codelco, sino que también en la industria privada, que ha reaccionado, tal como ha ocurrido en estos días, con el despido masivo de los trabajadores que han exigido el cumplimiento de sus derechos.

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29.- El Vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señor Manuel Ahumada.

Explicó que en relación con el tema de las empresas contratistas, es del caso señalar que en una división había cinco empresas contratistas realizando distintas funciones, tales como mantenimiento, servicios, etcétera, y el costo de esos cinco contratos alcanzaba a 200 millones de dólares, pero entendiendo que hoy, con los contratos integrales, se unen dos o tres de esas empresas y constituyen un consorcio, o vienen consorcios transnacionales y se hacen cargo de esas mismas funciones. No obstante, esos consorcios subcontratan a las mismas cinco empresas que estaban trabajando, pero a un costo total para Codelco de 300 millones de dólares.

Por lo tanto, no se observa cuál es la ganancia que obtiene Codelco a nivel económico. Quizá el argumento podría ser, que hay una mayor eficiencia técnica; sin embargo, si son las mismas empresas contratistas las que se transforman en subcontratistas y cumplen las mismas funciones, no se ve como se pueda producir tal eficiencia, porque son los mismos trabajadores. Además, se está implementando una política nacional de despidos tipo hormiga, producto de la seguidilla de licitaciones, lo que significa, que van dejando de a uno o dos trabajadores fuera por cada contrato, con lo cual, si se hace la sumatoria, se verá, que el total de despidos puede llegar a 2.000 ó 5.000 trabajadores, en todo el país.

Planteó, que con esta modalidad de subcontrato, Codelco se desliga de su responsabilidad de empresa mandante, porque la empresa mandante de esos subcontratistas sería este consorcio. Ése sería el subterfugio, para disminuir costos y no otorgar los beneficios alcanzados por acuerdos marco o negociaciones colectivas. De alguna manera, la eficiencia que se quiere demostrar a través de esta modalidad es maquiavélica, pues, se pretende rebajar costos, pero no potenciar la capacidad técnica de los trabajadores. Al respecto, han demostrado que algunos llevan 20 años cumpliendo la misma función dentro de la minería. Se está desaprovechando su conocimiento y el know how adquirido por estos. Además, no se les puede capacitar de un día para otro. Eso les preocupa, y que se dé en todas las divisiones. Por eso, es adecuado clarificar, que Codelco informe de manera oficial cómo está gestionando el proceso.

Asimismo, se sabe que se intentó detener, porque ese contrato se quería otorgar de forma directa, sin licitación. Se conoce cómo funcionan las licitaciones en el país, porque en los llamados les falta poco para decir, que la empresa que se la va a ganar. se tiene que llamar equis.

Finalmente, solicitó que la Comisión pida la información sobre cómo se está manejando este sistema de subcontratación, que se presta para todas estas cosas que quedan en la nebulosa y que no son transparentes.

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30.- El Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Thomás Keller.

Expresó que su presentación estará orientada, a informar sobre los desafíos que tiene hoy la Corporación y cuáles son las estrategias futuras y la visión que tiene Codelco, en el mediano y largo plazo. Además, compartirá algunas reflexiones respecto de las negociaciones que tiene la Empresa, con Anglo American.

Señaló, que en el tema de seguridad, de dignidad y de salud de los trabajadores de Codelco, el deseo de la Empresa, es alcanzar niveles de excelencia no solamente como productores de cobre, sino también en materias de la seguridad.

En todo caso, reconoció que existen brechas respecto del tema medioambiental. En ese aspecto, han tratado de ser lo más transparente posible, por lo que han identificado, cuales son las vulnerabilidades que existen sobre la materia, a raíz de lo cual, la Empresa está trabajando aceleradamente por cerrar esas brechas.

En todo caso, es del caso señalar que Codelco es el productor más importante de cobre en el mundo. La calidad de las reservas que tiene, los obliga a desarrollarlas en beneficio del país, por lo tanto, dentro de los objetivos que tienen a mediano y largo plazo, es superar la producción de los 2 millones de toneladas anuales de cobre fino.

Por otra parte, están los nuevos proyectos, tales como el nuevo nivel mina en El Teniente, la transición a la mina subterránea en Chuquicamata, la fase II de la expansión de Andina, la fase II de expansión de Radomiro Tomic, los proyectos de San Antonio, y Salvador en El Salvador, son iniciativas que apuntan precisamente en esa dirección, y son esenciales para la consecución de dicho objetivo.

También Codelco, tiene una situación privilegiada en materia de reservas y de recursos. Hoy cuenta con reservas, que permiten proyectar operaciones a lo menos por 50 años.

En todo caso, hay importantes desafíos tanto en lo relativo a la estructura de costos, como en materia de competitividad y productividad. En esta perspectiva, el objetivo de mediano y largo plazo, es situar a Codelco, en la parte inferior del segundo cuartil de la industria minera.

Además, existe un gran desafío para enfrentar todas estas iniciativas en conjunto, con los trabajadores de de Corporación, como una empresa modelo del Siglo XXI.

Explicó que en los principales yacimientos de la Empresa, cuentan con reservas que son las mejores del mundo, por lo que se pueden proyectar las operaciones por más de 50 años.

En ese sentido, es responsabilidad de esta administración, de poder explotar estas reservas en beneficios del dueño, que son todos los chilenos, y en esa dirección apunta nuestra estrategia.

En seguida, indicó que los principales ejes de la estrategia de la Empresa, son los siguientes:

En primer lugar, es necesario mantener nuestra licencia para operar. Agregó, que la licencia para operar tiene relación con la capacidad que tenga Codelco, para integrarse en forma positiva, con las comunidades que nos acogen; situación que tiene que ver con el comportamiento medioambiental y con los desafíos que hay en esta materia.

En segundo lugar, está la obligación de generar recursos para el dueño. En ese sentido, hoy estamos viviendo un período de ciclos del precio del cobre relativamente alto, lo que significa que hay que asegurar los niveles de producción, a los cuales se han comprometido, para aprovechar este ciclo de precios altos, y también para generar los recursos que parcialmente van a financiar con el agresivo plan de inversiones, que tiene la Empresa.

En tercer lugar, es necesario materializar los proyectos estructurales, dentro de los plazos que se han establecido. De otra forma es indispensable comprometer, el sitial que hoy ocupa Codelco entre los productores de cobre a nivel mundial.

Finalmente señaló, que se debe asegurar la competitividad de la compañía, en el mediano y largo plazo, en cada proyecto estructural que involucre una cantidad de recursos importante del Estado. Para lo cual, existe un compromiso de introducir mejoras en las prácticas de trabajo, en los niveles de eficiencia con los cuales se opera hoy día. Esa es la transición que se ha forjado la Empresa, para hacerla más competitiva o más productiva. Reiteró que esta es la parte más importante y es central para obtener los objetivos estratégicos de la compañía.

Por otra parte, planteó que el proyecto estructural sobre seguridad y salud ocupacional es de gran importancia para Codelco. Estos son los ejes estratégicos y se ha avanzado bastante al respecto, pues se redujo la tasa de accidentabilidad en la Compañía de manera significativa, siguiendo la trayectoria observada durante los últimos años, en base, fundamentalmente, a la incorporación de herramientas bastante avanzadas, como la introducción de estándares de control de fatalidades, lo que les ha dado muy buenos resultados.

Respecto del proyecto estructural de medio ambiente y comunidades, es otro eje importante y estratégico de la Compañía. Con esto se busca legitimar la operación de Codelco, de cara a los distintos estamentos que componen nuestra sociedad. Básicamente, se trata de la responsabilidad social que tiene la Corporación con las comunidades, en las cuales, se inserta y, por cierto, el desempeño medioambiental, donde, insistió, que han hecho públicas la responsabilidad que le cabe a la Empresa, sobre las brechas y las estrategias que han definido, para eliminarlas a través del tiempo, concretamente en los próximos 2 o 3 años.

Planteó que en materia de proyectos estructurales, existe un programa claramente definido respecto de cuándo hay que desarrollar cada una de estas iniciativas. Afortunadamente, se han hecho muy buenos avances en esta materia. Además, se encuentran en marcha los proyectos del Nuevo Nivel Mina El Teniente, Ministro Hales, las obras tempranas de la transición a mina subterránea de Chuquicamata, el rajo sur en El Teniente, que por primera vez incorpora una operación a cielo abierto, que será inaugurado durante la segunda mitad de año. Agregó, que todas estas iniciativas están en un calendario realizado al respecto y son consistentes con el programa de inversiones y de producción que se han planteado para la Compañía. Además, estos proyectos son fundamentales para preservar el sitial que tiene Codelco entre los productores de cobre a nivel mundial.

Señaló, que si no se concretan estos proyectos en las fechas establecidas, la producción de la Compañía caería de las 1.800.000 toneladas actuales a menos de 800.000 toneladas, lo que obviamente, produciría un perfil muy distinto y la Corporación jugaría un rol muy diferente en ese entorno.

Reiteró que estos proyectos estructurales, están bien definidos en cuanto a su alcance y a la fecha en que deberían entrar en producción y el que lleva la delantera, por lo menos en cuanto a su ejecución en el tiempo, es el proyecto Ministro Hales, el que se espera que esté en producción comercial, hacia fines del próximo año.

Explicó, que estas iniciativas de inversión son históricas en la compañía y nunca la Corporación, había enfrentado un desafío de esta magnitud, en materia de inversiones. De hecho, Codelco tiene pensado invertir en los siguientes 10 años, lo mismo que se ha invertido en casi 40 años de la historia de la Corporación. Claramente es un desafío mayor, no sólo desde el punto de vista de los recursos financieros que se requieren, sino que también, desde el punto de vista humano y de los talentos que se deben aplicar, en esta iniciativa.

Por lo que si se concretan todas estas iniciativas, se va a proyectar a Codelco en una posición de liderazgo a nivel mundial como una compañía que mantendrá el sitial de preeminencia entre los productores de cobre.

Por otra parte, expresó que al igual que el resto de la industria, se ha experimentado incrementos importantes en la estructura de costos, aunque durante los últimos 2 años ha sido menor que el de la competencia. Al respecto, Codelco está en una posición que es mejorable y es uno de los desafíos que se deben enfrentar en futuro de la Empresa y en los cuales se han comprometido con el dueño. En el marco de los proyectos estructurales, esto implica adaptar las prácticas de trabajo e incorporar las tecnologías que les permitan alcanzar niveles de excelencia, en materia de productividad y competitividad y, por lo tanto, en la estructura de costos de la Corporación.

Explicó que en Chile se deben enfrentar dos desafíos, que son muy importantes para tener un mayor crecimiento en materia de inversiones en el sector minero. Al respecto, se encuentra pendiente el tema de energía, por cuanto, el crecimiento de la industria minera, en general y en especial para Codelco, va acompañado con la necesidad de incrementar el parque de generación eléctrica, tanto en el SING como en el SIC. Los actuales precios de la energía no los hace competitivos, para mejorar la posición de Codelco, dentro de los productores de cobre a nivel mundial. Este es un desafío, que se debe resolver más temprano que tarde.

De igual forma, existe algo similar con el recurso hídrico. Afortunadamente existen soluciones técnicas, que les permiten abordar los mayores requerimientos de recursos en el tiempo, que dicen relación con los proyectos de desalinización del agua de mar, en el norte.

Señaló que también es necesario optimizar la gestión de los servicios de terceros, en Codelco. Al respecto, existe un desafío importante en esta materia, que es mejorar la calidad y productividad de las empresas contratistas que prestan servicios a la Empresa. En este punto, se ha identificado una serie de iniciativas que apuntan a mejorar este servicio y que conllevan una mejora en el perfil de los trabajadores contratistas que operan en nuestras faenas.

Manifestó que en materia de productividad, no es menor el desafío que tiene Codelco, tanto para los trabajadores contratistas, como para los trabajadores de la Empresa. Todo esto está estudiado, para aumentar la competitividad y aumentar la productividad, lo que se ha estudiado como elementos esenciales, para la estrategia que tiene la Corporación, en el mediano y largo plazo.

Planteó que en ese sentido, existe otra iniciativa denominada Proyecto Estructural de Recursos Humanos, que es muy importante, porque es un cambio en la manera de gestionar la Compañía, que abarca todos los elementos de la gestión del recurso humano, partiendo por el reclutamiento, el desarrollo de los talentos y lograr efectividad en el desempeño de nuestras funciones.

En relación con ello, hay varios elementos que influyen. Primero, hubo programas destinados a renovar las dotaciones, hay un recambio generacional importante que ya ha dado sus frutos. De hecho, se ha reducido la edad promedio, de la dotación existente en la Empresa, entre 2 y 3 años. A través de los programas de aprendices y de graduados se piensa acelerar este proceso. Además, con la incorporación de profesionales jóvenes con un buen potencial, Codelco se ha transformado en una compañía muy atractiva para las generaciones jóvenes, fundamentalmente gracias a los tremendos desafíos y oportunidades de crecimiento y desarrollo para los profesionales en Chile.

En este Proyecto Estructural de Recursos Humanos, también se ha lanzado una Carta de Valores y un Código de Conducta, que son las guías fundamentales que dictan la forma en la cual gestionamos la compañía. Esto tiene por finalidad, saber si el desempeño del personal de Codelco, es aceptable o no.

Explicó que en materia de desarrollos tecnológicos prioritarios, la compañía también tiene un programa bastante ambicioso. Esto tiene por objeto desarrollar e implementar tecnologías de punta en las operaciones que se realizan en las diferentes filiales de la Empresa. Agregó, que estas iniciativas van a continuar, quizá, con una mayor focalización en iniciativas que son estratégicamente importantes, de manera que los recursos, que siempre son escasos, se concentren en las actividades e iniciativas que nos parecen que tienen el mayor potencial.

También los nuevos negocios forman parte de la estrategia de Codelco. Además, hay iniciativas de exploración en países como Brasil, Ecuador y también en un futuro cercano, lo harán en Colombia. Son países en los cuales, se otorga una infraestructura legal que es positiva, para la actividad minera.

Por otra parte, el proyecto Inca de Oro es una iniciativa, que se está desarrollando con socios australianos. También, se promoverá una asociación con una empresa coreana para estudiar la construcción de una planta de metales nobles en Chile, de tal manera de incorporar valor agregado a nuestros barros anódicos, que actualmente se exportan. La idea es transformarlos en metales nobles de calidad comercial dentro de las fronteras de Chile. Además, está dentro del deseo de la Empresa, con una firme convicción de ejercer la opción de compra que existe, respecto de los activos de Anglo American Sur.

Señaló, que en materia de desarrollo de mercados, Codelco tiene una posición de liderazgo, para promover los nuevos usos del cobre. Se distinguen iniciativas, como la incorporación de este metal en entidades de salud pública, transporte público y en el ámbito textil, aprovechando las características antibacteriales que tiene este metal. Añadió que en este tema, se ha abierto un mercado muy interesante, por lo cual, la Empresa está muy interesada para lograr este esfuerzo.

Además está el caso de Promoly, que es una iniciativa que busca posicionar a Codelco, como uno de los principales productores de molibdeno comercial a nivel mundial, atendiendo el hecho de que se proyectan importantes incrementos, en la producción de molibdeno en los años venideros, especialmente en la medida en que se implementa la transición de Chuquicamata hacia una operación subterránea, lo que coincide con un aumento en las leyes de molibdeno importante y, por lo tanto, su aumento de producción. La idea es incorporar en esta cadena, el valor que tiene la etapa final de manufactura y producción, de tal manera, de convertir el concentrado de molibdeno en comercial.

Por otra parte, está la iniciativa Plamen, por la que se busca transformar los barros anódicos, en metales nobles de producción comercial.

Explicó que Codelco tiene ciertas ventajas competitivas fundamentales, respecto de la minería subterránea. Al respecto, la Empresa tiene un claro liderazgo y, según la experiencia en el ámbito minero, tiene que ser un jugador en el mercado global. La internacionalización de Codelco se impone por razones comerciales y estratégicas. En ese sentido se continuará desarrollando, la idea de ampliar los horizontes e incorporar las operaciones internacionales, como parte de nuestra estrategia.

Sin duda, que las exploraciones son una parte esencial de cualquier yacimiento minero y sin perjuicio que hoy, Codelco cuenta con las mayores reservas de cobre en el mundo y siempre hay que estar renovándolas, en la medida que se consumen. Es por ello, que existe un programa de exploraciones importante, que excede los 50 millones de dólares al año y que los ha llevado, al descubrimiento de importantes yacimientos a través del tiempo. En general, los esfuerzos en materia de exploraciones que ha efectuado la Corporación han sido exitosos, por lo que es necesario continuar con ellos.

Expresó, que ha hecho un pequeño recuento de cuáles son los ejes estratégicos que marcan nuestra gestión, los objetivos que nos hemos planteado en un horizonte de mediano y largo plazo y las principales iniciativas que nos permitirán alcanzar estos objetivos.

Señaló que también le gustaría hacer un breve recuento, de cómo les ha ido en estos emprendimientos. Se mencionaba sobre los esfuerzos realizados, en una de las áreas de sustentabilidad y que dice relación específicamente con la accidentabilidad, la que se ha mejorado en forma importante. Además, el objetivo que tiene Codelco para los próximos dos años es ubicarnos en una tasa de frecuencia menor a uno, que ubicaría a la Corporación, entre los líderes de la industria a nivel mundial.

Indicó que a pesar de las turbulencias del mercado en semanas recientes, el cambio de perspectivas y ánimo entre los agentes económicos en los últimos meses, se sigue contando con fundamentos bastante sólidos del mercado, lo que les permiten proyectar con optimismo, lo que se espera en materia de precios del cobre, en una perspectiva de mediano y largo plazo.

Explicó que la producción de Codelco alcanzó un nivel récord el año pasado, levemente por sobre la producción del 2004, pero un récord al fin y al cabo. Agregó que este año 2012, se ve más complicado, básicamente, por la caída de leyes, que se concentra en Chuquicamata, lo que es un claro indicio que la actual operación, está llegando a su fin y que es imperioso, pasar a la fase de la minería subterránea en dicho yacimiento. Agregó, que el 2011 fue un muy buen año para la Compañía, porque fue de las pocas, que tanto en Chile como en el mundo, respecto del 2010, logró aumentar su producción.

Indicó que en este primer trimestre del 2012, las producciones son menores que el año pasado, lo que no es una sorpresa, pues estaba dentro de los planes y, de hecho, lo que ha producido Codelco este primer trimestre, está enteramente en línea con lo presupuestado.

Es del caso señalar, que el precio del cobre en este primer trimestre es muy inferior al primer trimestre del año pasado -380 centavos este año contra más de 430 centavos el año pasado- y quizá tanto más importante que ello es que durante el primer trimestre del año pasado se concretaron las ventas de nuestra participación en Inca de Oro y en la empresa generadora E-CL. Ambas operaciones reportaron utilidades por sobre los 450 millones de dólares y, obviamente, ese resultado impactó muy favorablemente el primer trimestre del año pasado, evento que está ausente en los resultados del primer trimestre del presente ejercicio.

Expresó que sin perjuicio de que Codelco ha experimentando alzas en su estructura de costos, al igual que el resto de la industria, motivado por una presión de costo en prácticamente todos los insumos que ocupan las instalaciones de la Corporación, el año pasado fue una de las empresas que menos aumentó sus costos en relación a 2010, 2009 y 2008.

Agregó que en este primer trimestre del año, han experimentado un alza de costos, especialmente, en dos ítems. Se ha producido un aumento importante en el costo de la energía eléctrica y de los combustibles y también en las remuneraciones, como efecto del tipo de cambio, fundamentalmente.

Finalmente en el año 2011, se produjo un año récord en materia de inversiones, un anticipo de lo que se viene como parte del intenso programa de inversiones de la Empresa y, hasta el momento, un financiamiento exitoso de este programa de inversiones, al cual, han concurrido no solamente la retención de utilidades, sino también la aplicación del ciento por ciento, de lo que ingresó en arcas de la Compañía, con motivo de la venta de nuestra participación en E-CL y también de la capacitación que decidió realizar el dueño, por 400 millones de dólares el año anterior.

Adicionalmente, y como ha sido tradición en años anteriores, la Empresa ha acudido a los mercados de capitales internacionales, para financiar su programa de inversiones y lo ha hecho en términos particularmente favorables. Codelco sigue siendo la entidad privada, que tiene acceso a las mejores condiciones de mercado en el concierto latinoamericano.

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31.- El Director de Codelco, señor Marcos Lima.

Manifestó que desea referirse a la renuncia del señor Diego Hernández, a la presidencia ejecutiva. Agregó, que lamenta profundamente su alejamiento como Presidente Ejecutivo de Codelco.

Señaló que fue elegido Director de Codelco, por la Alta Dirección Pública, junto con otros tres directores que tienen ese carácter y por tal motivo, le tocó participar en la elección del Presidente Ejecutivo, señor Diego Hernández.

Indicó que tal como ha sido publicado por la prensa y así se lo hizo saber al directorio, Diego Hernández, señaló que había cumplido una etapa y que había sentado las bases de un cambio significativo en lo que es el futuro de Codelco, en especial gracias, al aumento brutal de las inversiones y a los proyectos estructurales, por lo que consideraba que había llegado el momento de partir.

Posteriormente, con el pasar de los días, hubo por parte de Diego Hernández, una explicitación de lo que son las discrepancias, en torno a las relaciones que se dan de manera natural, entre el presidente ejecutivo y el directorio y una serie de factores en torno a esos temas.

Planteó que es un asunto largo y complejo y no sólo lo quiere representar, desde la perspectiva de su carácter de director de la Empresa y de ex presidente ejecutivo, sino también como académico. Agregó que es bueno señalar, que en la actualidad las relaciones entre los gerentes y los directorios en nuestro país, están pasando por un momento difícil, lo cual, tiene que ver con muchas cosas, como el caso La Polar y las discusiones acerca de quién toma las decisiones. Hay un cambio cultural complicado, más aún en una compañía como Codelco, en donde efectivamente había un zar, que era el presidente ejecutivo, en la época en que ésta no tenía este Directorio.

Por otra parte, recordó lo sucedido en el año 1994 con lo ocurrido por Juan Pablo Dávila, que le hizo perder a Codelco, más de 200 millones de dólares. En aquella oportunidad los miembros del directorio, decían que no tenían autoridad, por lo que no se les podía responsabilizar, por lo sucedido. Afortunadamente, hoy eso no es así, porque la responsabilidad de la administración de la empresa recae en el directorio, pero eso es difícil de instalar en una compañía del tamaño y de las características de Codelco.

Por otro lado, las relaciones naturalmente se empiezan a deteriorar. El hecho es que hubo que abocarse a la renuncia presentada por Diego Hernández, a la presidencia ejecutiva de la Empresa, era una situación que pareciera que no era la más adecuada para los intereses de la Compañía.

También muy responsablemente, desea reforzar tres ideas centrales. La primera es que este roce entre el presidente ejecutivo y el directorio no tiene que ver con ninguna discrepancia que haya existido acerca de la estrategia global de la compañía. De hecho, que haya presentado la renuncia el presidente ejecutivo a su cargo, es ni más ni menos que la estrategia que la compañía había elaborado con el liderazgo de Diego Hernández y, por supuesto, con el respaldo y aprobación del Directorio.

Lo segundo, es que hubo menos discrepancia en relación a cómo se ha llevado adelante la estrategia relativa al caso Anglo American-Codelco. Mi presencia ante esta Comisión, acompañado del presidente ejecutivo, refleja eso. Agregó, que ha habido, un solo enfoque entre el directorio, el anterior presidente ejecutivo y, por supuesto, el actual presidente ejecutivo quien es la persona adecuada para que haga frente a los procesos de negociación.

El tercer punto, es que por primera vez, quizás por segunda, operó la continuidad. Codelco no tenía un proceso de sucesión. Lo señaló con mucha responsabilidad: el que hoy tengamos a Thomas Keller como presidente ejecutivo, tiene que ver con que, en el diseño que Diego Hernández encabezó y aportó a la Compañía, estaba incorporado en cada uno de los cargos lo que se llama una estrategia de sucesión, que es lo que operó en este caso, en particular.

Finalmente, indicó estar muy contento de que ello ocurra, porque una compañía de este tamaño no puede quedar acéfala, independientemente de las circunstancias por las cuales ello ocurra. El hecho de que haya existido la posibilidad de contar con Thomas Keller y nombrarlo, por la unanimidad de los miembros del directorio, como presidente ejecutivo, refleja ese proceso de continuidad tan importante y tan relevante, en una Compañía de este tamaño.

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32.- El Presidente del Directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré.

Se refirió al tema del litio, para lo cual señaló que Codelco, compró las bases para observar los contratos de explotación y así ver si existe un negocio interesante para la empresa.

Explicó que los esfuerzos que ha hecho Codelco respecto del litio ha sido mínimo, pues básicamente han estado centrados en sus pertenencias mineras. Desde fines de 2010, Codelco empezó a profundizar la información que tenía sobre los salares donde posee concesiones y en ese trabajo se analizó a fondo el salar de Pedernales, realizándose perforaciones para precisar su ley. Se llegó a la conclusión de que, lamentablemente, su ley era bastante más baja de lo que se esperaba. Además, existe el problema de que el recurso agua, compite con los proyectos de la División Salvador, especialmente con las necesidades del proyecto San Antonio. Ello, sumado a la baja ley que tenía el salar de Pedernales y a la baja rentabilidad, hizo que el proyecto quedara, por el momento, postergado.

Indicó que es diferente el caso del salar Maricunga, donde los análisis y estudios que se han hecho han dado resultados más interesantes y por ello, se ha seguido adelante. Allí, las pertenencias de Codelco abarcan, aproximadamente, un 20 por ciento de la superficie del salar, de manera que lo más probable es que para una eventual explotación, habrá que hacer sociedades con otras empresas que tienen concesiones en ese salar, pero todo esto es una situación que se está estudiando. Hasta el momento, se han realizado sucesivas presentaciones al directorio, el que ha ido encargando las etapas siguientes.

Planteó, que Codelco está estudiando poder hacer posibles exploraciones, con terceros, pero todavía no se ha tomado la decisión de invertir.

Respecto del tema de los CEOL, Contratos Especiales de Operación del Litio, la decisión que tomó Codelco fue mirar ese negocio, para lo cual, se adquirieron las bases, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva en cuanto a la participación en él.

Manifestó que Codelco ha centrado su foco en los proyectos estructurales, y varios de esos proyectos, ya están en marcha, por ejemplo, la mina Hales, que se está construyendo. También se aprobó en el directorio el proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente, el que también se encuentra en etapa de construcción, y se aprobaron las obras tempranas de Chuquicamata subterránea. Las obras aprobadas, son por un monto elevado y hacia fines de este año, se espera tomar una decisión definitiva al respecto. Así se van a ir ejecutando los proyectos estructurales.

Expresó que estos proyectos suponen un desafío muy grande para Codelco, primero desde el punto de vista financiero, pues su costo se eleva sobre los 20 mil millones de dólares, de aquí a los próximos 5 años; y, en segundo lugar, un gran desafío de gestión. Nunca Codelco ha tenido, como tiene en este momento, tres proyectos estructurales que se desarrollen en forma simultánea y esto se va a incrementar, en la medida en que se aprueben otros proyectos. Hay un desafío de gestión y financiero muy fuerte para Codelco. Además, han sentido el apoyo por parte del Ejecutivo, el que los ha aprobado en sucesivas capitalizaciones para afrontar estos proyectos.

Finalmente señaló que es necesario mencionar, que no sólo se realizan las prioridades, sino que también se abarcan otros temas y dentro de ellos, ha estado el análisis y las consideraciones de oportunidad que puede haber en el litio.

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33.- El Subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner.

Inició su exposición señalando que dará un marco general del mercado, de las oportunidades, los CEOL y se focalizará después en el rol de Codelco respecto de los propios contratos.

Explicó que el mercado inicialmente era bastante pequeño, del orden de 70 mil toneladas de carbonato de litio. Agregó, que hay carbonato de litio, que es el litio bruto, y el litio metálico, que se utiliza más procesado químicamente para las baterías. Entre ambos es necesario dividir el carbonato de litio por 5.32 y van a sacar el litio metálico. Es una consideración que es necesario hacer.

Señaló que la base de carbonato de litio, ha ido creciendo. En la actualidad ha crecido en torno al 26 por ciento del mercado, que justamente es el tema de las baterías. También se utiliza para vidrios y cerámicas, asociado mucho a la construcción, pero es el factor de las baterías, asociadas a distintos tipos de tecnologías, el que hace que esto crezca. Lamentablemente, todos ven el mismo mercado.

Planteó que nuestro país, cuenta con el 41 por ciento del mercado. Australia está en torno al 33 por ciento. También tienen litio China, Argentina y Estados Unidos. Hay muchos países que han ido creciendo. Lamentablemente, Chile ha ido decreciendo consistentemente.

Manifestó que lo más importante, es lo que va a venir sobre lo que hay actualmente. En la actualidad hay alrededor de 19 proyectos, de un total de 170 proyectos que están en estudio en el mundo, entre 19 y 28 pueden concretarse de manera efectiva, lo que significa que van a crecer las toneladas a explotar y extraer. Agregó que Chile participa muy poco, respecto de lo que se puede hacer, motivado por la restricción que tiene nuestro país, lo que está asociado al mercado. Añadió, que del 100 por ciento, Chile sólo tendría el 11 por ciento y el 89 por ciento restante, pertenecería a otros países. Por lo tanto, matemáticamente Chile perdería participación en el mercado, si es que nada se hace, y de eso da lo mismo, quién lo explote y de quién sea la propiedad.

Indicó que en el año 2003, Chile tenía el 51 por ciento del mercado. Han ido ingresando nuevos países y nuevos actores. Por lo que es lamentable, que Chile se ha ido consolidando en torno al 40 por ciento.

Explicó que en este año 2012, ya se proyectaba que nuestro país podría pasar desde el primero al segundo lugar, lo que ahora ya es una realidad, que se puede concretar, y si nada se hace respecto de la producción de litio. Agregó, que si no se hace algo al respecto, la tomarán otros países, y eso significa perder clientes y la participación del mercado, lo que es muy difícil de recuperar en el futuro. Prácticamente imposible. Los mercados que se pierden no se recuperan tan fácilmente.

Al respecto, sería bueno preguntarse como se puede impulsar esta actividad. Se puede obtener, básicamente en la confección de los celulares, los Ipod y los computadores, porque cuentan con litio. También las baterías de los autos híbridos, está creciendo alrededor de 12 veces. La industria automotriz va a crecer de 141 mil baterías a un millón 700 mil. Por lo tanto, una fracción de la industria automotriz ya apostó por ello y va a requerir de litio.

Además, porque pueden ser baterías que se están probando como respaldo para las energías de todo tipo, sean convencionales o no convencionales.

Cuando los factores de planta son muy bajos, como las energías renovables no convencionales, se requiere de un respaldo de energía, la cual tiene que tratar de almacenarse de alguna manera, y las baterías de litio lo permiten.

Al respecto, en la zona de Mejillones hay una serie de baterías que permiten el respaldo para cuando se cae el sistema, por lo tanto, siempre hay que mantener entre un 7 u 8 por ciento, que está contenido. Eso es mucho más barato almacenar a través de baterías, lo que ya se está haciendo ahí, todo lo cual implica ocupar bastante más toneladas de litio. Es una tecnología que está comenzando a desarrollarse y que esperamos crezca mucho más.

Planteó que es necesario proyectarse en un mercado desde 800 millones de dólares a uno de 2 mil millones de dólares. Para lo cual, sería bueno participar en el 40 o 50 por ciento de los 2 mil millones de dólares y por eso es importante hacer crecer la proyección del mercado.

Señaló que las baterías tanto de autos como de otros objetos, especialmente energéticos, se traducen en torno a un 50 por ciento, o sea, este 26 por ciento que se tenía proyectado para el 2020, se está proyectando que sea de un 50 por ciento, en un mercado que va a crecer entre dos y tres veces en muy poco tiempo. En otras palabras, las tasas de crecimiento son muy elevadas.

Indicó que litio hay en todas partes del mundo. Existe en Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos, en Asia, en Australia. En todas partes hay litio. Por lo tanto, no significa que nuestro país, tenga la exclusividad de este elemento. El problema es cómo extraerlo de una manera eficiente, a costos bajos y con un sistema de distribución que permita llegar de manera inteligente, al Asia Pacífico.

Agregó, que este mineral se puede extraer de dos formas. Primero, corresponde a los salares, que es lo que se hace, y que es un proceso natural que permite la evaporación de la salmuera y extraer de ahí la sal y de ahí sale el litio. Generalmente, viene en conjunto litio con potasio. Segundo, una manera mineralógica, es decir, extraerlo desde la roca, como se extrae el cobre, pero es más caro. De hecho, la relación es más o menos de 1 a 2 en términos de costos, entre uno y otro sistema. Pero la tecnología está influyendo mucho y está reduciendo los costos, de nuestros competidores.

Por otra parte, existe una enorme lista de 52 salares y cuencas de litio que podrían ser explotadas, con distintos tipos de ley y de cantidad.

Explicó que hay que tener en cuenta, que lo que hay que apreciar en el litio es la masa, o sea, la cantidad de litio que se puede extraer en torno a un territorio; la ley del litio, es decir, la cantidad de salmuera que se puede extraer por cada litro extraído, que es la ley del mineral en este caso, y la capacidad de evaporación, o sea, la cantidad de sol que existe para extraer, lo cual, hace que este mineral sea más o menos caro de extraer y más o menos competitivo.

Dicho lo anterior, es del caso explicar que Chile tiene 1.500 años de litio o sea generación tras generación tendrá litio. Otros países también tienen mil años, 800 años o 2 mil años de litio. Hay de todo. Pero nuestro país puede tener probablemente, costos de extracción competitivos, lo cual, permite que se pueda competir de manera inteligente en el mercado.

Expresó, que los precios han caído en un tiempo y luego se han mantenido relativamente estables, a pesar de que ha habido más ofertas, pero también más demandas, y se cree que en el tiempo, en forma paulatina, pueden crecer, pero se está viendo relativamente estable y en un nivel bastante más alto del que existía hace 10 años, que es más o menos una relación de 1 a 2.

Señaló que se hizo de la forma que se decidió, porque el Código de Minería, de 1932, establecía que el litio es concesible. O sea, todos aquellos que tuvieran una pertenencia podían explotarla libremente, tal como sucede con el cobre, el potasio, el fierro, el oro o con cualquier otro mineral.

Lamentablemente, en el año 1979, producto de la Guerra Fría, probablemente, se decide que el litio era estratégico. Lo decidió también Estados Unidos, país que da vuelta atrás, porque de hecho tiene todo completamente concesible, pero Chile en la ley Orgánica de Concesiones y en el Código de Minería, de 1983, reafirmó que el litio no era concesible. Por lo tanto, deja el litio solo asociado a contrato.

El Estado tiene pertenencias bastantes importantes y relevantes, y decidió que esos contratos podrían ser explotados y se hacen contratos en el Salar de Atacama en los años 80, con la compra de una compañía, y en los años 90, lo que da origen a Soquimich. Se hace un contrato por 200 mil toneladas y otro por 180 mil toneladas de extracción de litio metálico.

Expresó que si se observa al resto de los países, con quienes se compite por el litio llega a la siguiente conclusión. Salvo Bolivia, todos los demás lo han declarado concesibles, al igual que cualquier otro mineral; o sea, van un paso más allá. Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Y ellos han fijado un royalty ad valorem, o sea, un royalty a las ventas que fluctúa entre el 5 y el 16 por ciento en la práctica, y a eso se le agrega también el impuesto a la renta que tiene cada uno de estos países.

Por lo tanto, si se observa esto se verá que hay un cobro de royalty, o un pago en este caso, algunos tienen el sistema de pago que lo hace equivalente, o una concesibilidad.

Respecto de la capacidad esperada, si uno observa por el otro lado, llega a darse cuenta de que la capacidad de planta posible, también es en torno a tres veces la que hay actualmente disponible en el mundo, por lo tanto, todo apunta, por el lado de la demanda, como por el lado de la oferta posible, a que se va a tener un aumento de producción muy fuerte.

Planteó que dada las alternativas existentes y dado que existen solo dos empresas que lo están explotando y muchos proyectos que van a entrar a competir, la Constitución de 1980, estableció en su artículo 19, número 24, que se puede hacer un contrato especial de operación para exploración y explotación de litio, el cual es concursable y abierto.

Explicó que esta modalidad, es la misma que se hizo en el año 2007, respecto de los hidrocarburos, que es el otro mineral declarado no concesible por la Constitución. Se hizo exactamente lo mismo, un contrato especial de operación, esta vez asociado a bloques, en el cual había participación en un ciento por ciento de privados. De hecho, un 70 por ciento, de eso es ciento por ciento de privados. Es el mismo modelo, un contrato de operación público, con un sistema de licitación que permite que se elija al mejor oferente. El contrato establece el derecho a explotar cien mil toneladas metálicas durante veinte años, lo que constituye una cuota de mercado suficientemente atractiva tanto para la recaudación del Estado como para el inversionista, equivalente al 0,5 ó 0,4 por ciento de lo que se tiene. Por lo tanto, no afecta el nivel de reserva, pero permite la competencia de mercado, y que todas las personas puedan participar de manera abierta y transparente. Los requisitos son: idoneidad económica, oferta económica y designación de representante habilitado. De esa forma se desbloquea el mercado y se establecen las mismas condiciones que existen en un régimen concesible, lo que implica atenerse a todas las actuales leyes ambientales y de mercado. No pueden tener una DIA -Declaración de Impacto Ambiental- o una EIA – Estudio de Impacto Ambiental- previas, porque desconocen dónde va a explorar, pero cuando lo hagan y exploten, deben contar con ese respaldo, por lo tanto, obtener una RCA –Resolución de Calidad Ambiental- no tiene ninguna ventaja respecto de las normas ambientales que rigen otros proyectos mineros, como la ley de Cierre de Faenas Mineras. Es decir, tiene el mismo tratamiento que cualquier otro proyecto que se empiece a desarrollar. Por lo tanto, si se estructuran los pagos respectivos, equivale al 50 por ciento de las utilidades en régimen del proyecto, eso es lo que se va a capturar, a través del pago “up front”, más el 7 por ciento de las ventas, porque les permite una captura importante de utilidades, manteniendo la competitividad. Agregó, que Chile está sobre Australia, porque tiene un costo de extracción mayor, y bajo Canadá porque tiene uno más eficiente. Por lo tanto, para funcionar se analiza la competitividad, pero también se asocia a que el Estado, se remunerara bien. Esto significa un 50 por ciento de las utilidades en régimen de la compañía que se va a hacer, a través de esta captura de impuestos o de pagos se va a establecer, que, por contrato, se traduce en 350 millones de dólares por proyecto, sin considerar otras variables como que se extraigan otros minerales, que el proyecto sea mayor, o que el precio sea más alto. Añadió que al respecto, nuestro país ha significado un 50 por ciento de las utilidades en régimen de la compañía que se va a hacer, a través de esta captura de impuestos o de pagos vamos a establecer, que, por contrato, se traduce en 350 millones de dólares por proyecto, sin considerar otras variables como que se extraigan otros minerales, que el proyecto sea mayor, o que el precio sea más alto.

Señaló que el Estado puede explotar el litio, pues tiene el 70 por ciento de las reservas. Agregó, que cuando en los años ochenta se dictó la ley, se respeta su concesibilidad anterior, y queda en manos de Codelco o de la Corfo. Por lo tanto, las reservas del Estado son declaradas no concesibles y, en consecuencia, pueden explotar el 70 por ciento de la manera que consideren mejor. El Estado sigue siendo dueño del mineral. No se ha cambiando la propiedad, ni el régimen de concesibilidad, simplemente se está haciendo un contrato, porque es un mecanismo bastante rápido y eficiente para impulsar la industria, y porque es la opción para desarrollarlo de manera mucho más concreta.

Dijo que con esto sin duda, se está favoreciendo la investigación, política que comparte el Ministerio de Economía. Al respecto, se ha realizado una campaña promocional en muchas regiones, para que se sumen a la ley I+D e investiguen, y además participen en concursos de investigación aplicada que empiezan el próximo año, año de la innovación.

Manifestó, que Codelco tiene importantes propiedades concesibles en al menos dos salares. Concesible significa que se debe acudir a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para conseguir una autorización que les permita explotar inmediatamente el mineral. Esta propiedad está establecida así desde tiempos inmemoriales, no ha cambiado absolutamente nada. El Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama, tiene una superficie de 145 kilómetros cuadrados, de los cuales podrían explotar más de 900 mil toneladas de litio, casi un millón. Este salar podría obtener una ley relativamente relevante, inferior a la de Atacama, pero que puede ser buena, tener una masividad y un sistema de evaporación que la haga rentable. Codelco tiene 2.156 hectáreas de concesiones constituidas bajo el Código de 1932, es un salar bastante virgen.

Planteó que el segundo salar de Codelco es el de Pedernales, que tiene una superficie de 335 kilómetros cuadrados y reservas potenciales de 1.407.000 toneladas de litio. Al respecto, se han realizado estudios que han determinado que la ley todavía no es tan buena; puede ser que la salmuera no trae tanto litio como se quisiera, pero hay que profundizar y mejorar esos análisis, porque la tecnología puede hacer que mejore la cantidad de extracción. Hoy existen sistemas de evaporación que no solo son ciento por ciento naturales, con otro tipo de tecnología que permite desalinizar en algunos días, en vez de hacerlo en un año. Es decir, va a depender de todas esas consideraciones, pues hay distintos tipos de extracción, en distintas partes del mundo.

Por otra parte, Codelco tiene otra oportunidad de generar activos y sacarles un buen rendimiento. Para lo cual, se estableció un modelo inteligente, que determinó lo que se requería; investigó la ley del mineral, la concentración y la evaporación, evaluándolos económicamente; analizó el conocimiento disponible, estableciendo si es del giro de Codelco, porque es una compañía de minería subterránea asociada básicamente al cobre y por lo tanto, el “know how” está disperso en otras partes del mundo; por último, generar los sistemas y redes de distribución para llegar a los clientes que están más diseminados que las redes de distribución y los clientes del cobre.

Indicó que Codelco puede trabajar de manera individual o con socios. Además, Codelco puede desarrollar un proyecto que no está en la estructura de manera individual, o con terceros, y cobrarse adecuadamente y generar valor. Lo importante es sacarle un buen rendimiento al activo. Al respecto existen algunos ejemplos, como Inca de Oro S.A, SCM, Desierto, Anillo, Pasaca, Puntilla, Agua de la Falda. También existen muchos proyectos importantes, como el que tiene en la actualidad con Freeport, iniciativas que generaron asociaciones, y que obviamente se pueden hacer. Esta es una metodología que uno podría aplicar en este caso, si quisiera explotarlo.

Explicó que se invitó a Codelco a participar en la explotación del litio, porque la idea era dar oportunidades a todos. Tomando en cuenta, que el 70 por ciento de las reservas son del Estado, y son concesibles. Al respecto, se apunta a las que no tienen esa facultad y que se pudiesen explotar. Si Codelco no solo quisiera explotar lo que tiene, sino que ir a otras zonas, lo invitamos a participar porque la propiedad minera está constituida a través del sistema de aprobación de concesiones de exploración y explotación por los tribunales de justicia. Por lo tanto, las pertenencias en donde podría hacerse son de alguien, el punto es que nadie puede extraer litio de ahí. Como no puede hacerlo Codelco ni nadie, podría tener esa pertenencia, porque ya la tiene estructurada, por lo tanto, alguien tiene que ir allí, tiene que extraer, tiene que tener la pertenencia para extraerlo directamente, pero, además, tendría que tener el derecho. Entonces, si Codelco quisiera emprender ese camino, debería tener la pertenencia, pero si no tiene el derecho es imposible hacerlo, y para que pueda optar a la explotación en las demás áreas y debe poseer CEOL. Los contratos especiales de exploración y explotación son concursables, no se designan directamente; en este caso hay que establecer un sistema de concurso, donde no tiene ninguna ventaja competitiva respecto de la propiedad minera, y por lo tanto, se quiso hacer así, porque se quería darle todas las opciones. La primera opción es que explote lo que tiene, la cual es la más lógica y primera de abordar. La segunda es que pueda entrar en pertenencias, si no quisiera, en las propias o en otras, para lo cual debe tener y participar del contrato, al igual que cualquier otro. También lo puede hacer solo o en asociación con terceros. Lo que importa es que Codelco tenga toda la variedad de opciones, que pueda decidir por el mejor modelo de negocio y que a partir de ese opte por lo que le genera mayor valor para el país. Por eso, se cree que Codelco puede tener una oportunidad, por lo tanto debe analizar esa opción detenidamente, especialmente desde el punto de vista de las consideraciones económicas, del know how y de la logística. Pero obviamente hay un activo sobre el cual, se puede sacar rendimiento y que, además, hay que analizar en profundidad para diversificar los sistemas de operación.

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34.- El Presidente del Directorio de Codelco, señor Gerardo Jofré.

Inició su exposición, agradeciendo a la Comisión por el apoyo brindado, respecto del tema relacionado con las negociaciones producidas entre Codelco y Anglo-American.

Recordó que esta situación partió de una opción de compra que existe desde 1978, cuando el Estado vendió la minera Disputada de Las Condes. Esto fue producto de una opción que tenía Enami y que le permitía comprar hasta el 49 por ciento, que en un principio no existía porque no se había vendido el ciento por ciento de la mina y, por la forma como se calculaba, no tenía el 49 por ciento. Luego, hubo sucesivas evoluciones que no vale la pena detallar, pero terminó la opción siendo comprada por Codelco y la mina siendo comprada por Anglo American.

Señaló que en año 2010, la actual administración de Codelco empezó a estudiar el negocio y el 2011 se comenzó a concretar. El 12 de octubre del mismo año, Codelco anunció que había conseguido el financiamiento que le permitía aspirar a comprar el 49 por ciento de la mina y vender la mitad de ese porcentaje, es decir, el 24.5 por ciento, a Mitsui, y conservar el 24.5 por ciento restante y financiar totalmente la operación, sin recursos propios y sin responsabilidad de Codelco.

Posteriormente Anglo American vendió el 24.5 por ciento a Mitsubishi, lo que desencadenó un conflicto entre ambas empresas, lo que llevó a que Anglo American demandara a Codelco porque, según ellos, había ejercido la opción en forma anticipada. Luego, en enero, llegado el plazo, Codelco ejerció la opción por el 49 por ciento y contrademandó a Anglo American pidiendo que se ejerciera el 49 por ciento, para realizar el negocio que tenía acordado con Mitsui, esto es, comprar el 49 por ciento y venderle a ésta la mitad, es decir, el 24.5 por ciento, lo que permitiría a la Corporación quedarse con el otro 24,5 por ciento y obtener el resultado económico que se perseguía.

Tal como se esperaba originalmente, Codelco quedó con el 24,5 por ciento de la propiedad de la mina, porque sólo compró el 24,5 por ciento y en vez de ganarse la diferencia del otro 24,5 por ciento, comprándolo y vendiéndoselo a Mitsui a mayor precio, compró este porcentaje a un precio descontado respecto del precio original de la opción.

Expresó que lo que originalmente pensaba ganar Codelco, eran 4.060 millones de dólares y ganó 4.090 millones de dólares, es decir, prácticamente lo mismo.

Indicó que los impuestos, era otro tema importante que iba a significar la operación para el Fisco, que en un comienzo serían 868 millones de dólares y finalmente terminaron siendo 1.325 millones de dólares.

Por último señaló que a grandes rasgos, en esto consistió la operación. Es decir, se consideró que un “buen acuerdo es mejor que un buen juicio”, como dice el titular de los diarios. Por lo que se considera que es un buen acuerdo, porque originalmente se pensaba quedar con el 24,5 por ciento de la propiedad y así fue; se pensó ganar 4.060 millones de dólares y se gana 4.090 millones de dólares; se pensó generar impuestos para el fisco por 868 millones de dólares y se generaron 1.325 millones de dólares. Además, se dejó una muy buena relación con las empresas Anglo American y Mitsui, que es la que financia toda la operación.

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35.- El Presidente Ejecutivo de Codelco, señor Thomas Keller.

Señaló que es necesario juzgar los objetivos que se planteó Codelco, al iniciar la operación a fines de 2010 y que se materializaron con los acuerdos obtenidos con la empresa Mitsui, en octubre del año pasado

Explicó que básicamente, los objetivos de la operación eran y siempre fueron tres. Primero, maximizar el valor económico que para Codelco tenían los derechos consagrados, en virtud de la opción de compra. Segundo, y reconociendo que Codelco se encuentra en un proceso muy especial de su historia, caracterizado por un esfuerzo sin precedentes en materia de inversiones, la operación del ejercicio de la opción debía estructurarse de tal manera que no afectara la capacidad de endeudamiento de la Corporación, a fin de que quedará siempre y enteramente a disposición del plan de expansión al programa de inversiones que tiene la compañía en sus propios yacimientos. El reconocimiento es que los mejores negocios que tiene Codelco, son aquellos que se relacionan con sus propios yacimientos. Por lo tanto, la operación que eventualmente pudiera hacer, en relación con la opción de compra, se estructurara de tal manera, que no impactara de forma adversa la capacidad de endeudamiento y, en definitiva, de financiamiento de la Corporación.

Tercero, tomando en cuenta la envergadura que tenía esta transacción, la estructuración de la misma no podía exponer a Codelco a un riesgo comercial muy significativo, el que, obviamente, tiene que ver con las normales fluctuaciones que tiene el mercado del cobre. De tal manera, el acuerdo se debe evaluar a la luz los objetivos que se plantearon, de parte del directorio al comienzo de la transacción.

Indicó que en forma muy breve, se debe señalar que los activos involucrados en la opción de compra son aquellos que se encuentran radicados en la empresa Anglo American Sur S.A., donde claramente destaca el yacimiento Los Bronces que, desde el punto de vista económico, representa más del 90 por ciento del valor de dicha empresa. Además, ese activo incluye la mina El Soldado, con una operación menor en la Quinta Región, y la Fundición Chagres, que se encuentra ubicada en esa misma región.

También es importante destacar el potencial de expansión que tiene el yacimiento, básicamente en las propiedades Los Sulfatos y San Enrique Monolito, ambos prospectos muy interesantes que, seguramente, darán origen a expansiones futuras de la operación.

Planteó que no se referirá a los detalles de estas operaciones. Agregó que la opción de compra, tiene su origen en una transacción que data del año 1978, en donde Exxon adquirió la Disputada de las Condes S.A., y quedó radicado en esa ocasión el contrato de opción original, el cual se ve ratificado y modificado en el 2002, con motivo de la compra de Anglo American a Exxon de este activo, opción que Codelco adquirió, por 175 millones de dólares, en el 2008.

Dijo que en función de los tres objetivos antes mencionados para esta operación, Codelco, después de un ejercicio en el cual hizo competir a 5 ó 6 empresas, cerró un contrato de financiamiento con la empresa japonesa Mitsui, asegurando un financiamiento de 6.750 millones de dólares, que en ese entonces era la cifra que uno estimaba costaría ejercer la acción por el 49 por ciento. Contrató este financiamiento y obtiene el compromiso de Mitsui y adquiere el derecho, no la obligación, de enajenar el 50 por ciento de lo que adquiriere a un precio predefinido a la empresa Mitsui, una vez que se ejerciera la opción por el 49 por ciento.

Manifestó que este último elemento tiene que ver con el tercer objetivo, al cual hacía referencia, es decir, el hecho de que Codelco no estaba en condiciones de correr el riesgo comercial de un activo tan cuantioso como éste, sin asegurar un precio mínimo por ese 24,5 por ciento, y así lo hizo con Mitsui. De tal manera, que cuando Codelco enfrentó esta situación, en enero o en febrero de 2012, que era cuando correspondía materialmente ejercer la opción, se vio enfrentado a dos opciones: Primero, quedarse con el 49 por ciento, en cuyo caso tenía que conseguirse un financiamiento en el mercado por 6.750 millones de dólares y copar la capacidad de financiamiento que tenía la compañía. No hay que olvidar, que la deuda de Codelco es de ese orden, es decir, 6.500 ó 6.750 millones de dólares. Por lo tanto, al adquirir el 49 por ciento, implicaba en ese momento duplicar la deuda de Codelco. Por eso, siempre se contempló como segunda opción, al no mediar que se dieran circunstancias muy especiales, tomar el 50 por ciento de lo que se adquiriere y vender a un precio fijo renegociado a Mitsui, que no estuviera sujeto a riesgo alguno por cambios en el precio de mercado del cobre.

Por otra parte, se podría haber ejercido el 49 por ciento, en circunstancias muy especiales, donde se podría haber disparado el precio del cobre y eventualmente ese activo, hubiese valido mucho más que la multa que debería haberle pagado a Mitsui, por hacer algo distinto a lo que estaba contemplado en el contrato de opción.

Explicó que después de analizar lo que realmente ocurrió, creo que la decisión que se tomó en su oportunidad, respecto de estructurar la transacción de la manera que se hizo, fue muy acertada, porque efectivamente lo que ocurrió entre el momento en que se cierra el negocio, a mediados del año pasado, enero o febrero de 2012, es que el precio del cobre baja en forma bastante importante.

Ahora bien, si uno pudiera hacer una hipótesis respecto de qué se habría hecho si es que nunca hubiese habido una intervención de Anglo American, en el sentido de vender un porcentaje una vez que se anunció la transacción, se hubiese hecho exactamente lo que estaba contemplado como caso base, es decir, ejercido la opción por el 49 por ciento y vendido la mitad de Mitsui en 4.880 millones de dólares; se habrían quedado con el 24,5 por ciento y con una deuda menor, que no impactara su balance, su capacidad de endeudamiento y su capacidad de ejecutar su propio programa de inversión.

Señaló que el conflicto surge, en octubre pasado y en ese momento Codelco informó que materializaría el acuerdo de financiamiento, que en enero ejercería la opción de compra y que había instruido al Presidente Ejecutivo para ese fin. Lo demás es historia. En noviembre, Anglo American decidió vender el 24,5 por ciento de la propiedad de Anglo American Sur al grupo Mitsubishi, informando que ese porcentaje era hasta el 49 por ciento y que por lo demás, tenía ese derecho bajo la opción. Básicamente, era una forma de decir: “Señores, para que no peleemos, quédense con el 24,5 por ciento y yo me reservo el derecho de vender el otro 24,5 a Mitsubishi”. Seguramente, por eso doña Cynthia Carroll viajó a conversar con el Presidente. Obviamente, se encontró con un total rechazo a ese tipo propuesta indirecta y, como consecuencia de aquello, Anglo American demandó a Codelco por un hipotético mal ejercicio del derecho de la opción. La forma y oportunidad en que fue ejercido este derecho fue cuestionado por Anglo American, quien pidió a la justicia que declarara nulo el contrato de opción y que estableciera que Codelco no tenía derecho a porcentaje alguno de Anglo American Sur.

Expresó que posteriormente, Codelco contrademandó al amparo del mismo ejercicio. De manera que hasta sólo hace una semana o un par de días, en las cortes se enfrentaba la posición de Anglo American, que decía que Codelco no tenía derecho a nada, contra la de la cuprífera estatal que argumentaba que tenía derecho al 49 por ciento.

Agregó, que siempre es necesario evaluar la conveniencia de llegar a un acuerdo u optar por la vía legal. Es una decisión que lo hace Codelco regularmente. De hecho, ese análisis se hizo prácticamente desde que se declaró la guerra judicial en contra de Anglo American. Sin embargo, el directorio siempre estuvo abierto a lograr un buen acuerdo, por eso nadie se explica por qué en diciembre del año pasado y en enero de 2012 hubo un primer intento de llegar a un convenio. Los presidentes ejecutivos de ambas compañías viajaron a sendos países y se reunieron con la contraparte para avanzar en un acuerdo, pero como en ese momento las posiciones eran muy distantes no hubo bases suficientes, para continuar en forma constructiva las discusiones y decidieron proseguir con la vía judicial.

En el análisis de la conveniencia de un acuerdo versus continuar con la vía judicial, se debe realizar una evaluación profunda, meditada y amparada, respecto de las consecuencias de proseguir un juicio.

Al respecto, señaló que los argumentos planteados por Codelco, son sólidos y con ello existía una alta probabilidad de ganar el juicio. Sin embargo, ese diagnóstico no significaba que el resultado económico del proceso fuese mejor que un eventual buen acuerdo. Agregó que en ese contexto, se hizo una evaluación con abogados externos que apoyaron a Codelco en el litigio y se analizaron distintos escenarios legales en los que podría enmarcarse una resolución del conflicto. En ese análisis, se plantearon una serie de riesgos, que se podrían producir en el proceso judicial, lo que era importante tomarlos en cuenta. La mayoría de las inquietudes, se relacionaban con el tiempo que necesariamente iba mediar entre el inicio y la sentencia definitiva. Más allá de los matices o de las distintas opiniones de los abogados, todos coincidieron en que una resolución antes de cuatro o cinco años era virtualmente imposible. Incluso, algunos argumentaron que dependiendo de la naturaleza del fallo, el cúmplase podía dar origen a nuevos juicios.

Por lo tanto, era necesario analizar los riesgos que podría correr Codelco, si esperaba cuatro o cinco años para una resolución definitiva. Añadió que en la actualidad, Codelco cuenta con un activo o un contrato de opción, muy valioso a la luz de las condiciones del mercado. Sin embargo, éste podría valer mucho menos en cinco años más, incluso, nada. Esto se plantea porque en el año 2009, la Corporación tuvo por primera vez la oportunidad de ejercer este derecho. Recordó este hecho, porque en ese momento recién se estaba saliendo de una crisis económica a nivel mundial y los precios del cobre estaban deprimidos, era por lo tanto, un escenario económico distinto al que nos vemos enfrentados hoy. Es por ello, que en base a esos parámetros, se tomó la decisión correcta de no ejercer la opción, porque no valía la pena, ya que el precio del ejercicio contemplado por la fórmula en el contrato era superior, al valor de mercado de esos activos. En cambio hoy, nos vemos enfrentado a una situación muy distinta y confortable en materia de precios, puesto que las perspectivas que hay, en el mediano y corto plazo, son favorables. Sin embargo, nada aseguraba que en los próximos cuatro, cinco o seis años, existirían las mismas condiciones. Incluso, se podría estar enfrentado a un contexto en el que ni siquiera podría convenir ejercer la opción de compra.

Agregó que por otra parte, existe el riesgo del financiamiento de esa transacción. No existe en el mercado un mecanismo a través del cual un tercero mantenga un compromiso financiero para ejercer la opción, como hasta la semana pasada, por 6.500 ó 7.000 millones de dólares. Si un sistema de estas características existiera en el mercado sería tan terriblemente oneroso, que no hace atractiva la operación. Más aún, si hubiese sido favorable la resolución de los tribunales, se corría el riesgo de que Codelco no hubiese tenido acceso al financiamiento bajo esas circunstancias. Ahora, si esto se combina con el riesgo anterior, se estaría frente a un escenario de pesadilla, en el cual, se les podría obligar a ejercer la opción que podría no ser conveniente.

Dijo que otro riesgo era el relativo al tiempo que se podría tomar Anglo American Sur en ese período. Otro caso que se analizó, es que Anglo American podría verse forzada a venderles el 49 por ciento, generándose un escenario en el cual, podría pasar a ser un socio mayoritario, dado que el 24,5 por ciento se lo vendió a Mitsubishi.

Recordó además, que desde un punto legal, si bien es cierto que la justicia les concedió la medida precautoria, consistente en la prohibición de enajenar el 49 por ciento de las acciones, no se dio lugar a la petición que hizo Codelco, de nombrar a un interventor. Precisamente, el objetivo era hacerse cargo de ese cuarto riesgo y de velar por los intereses de Codelco como eventual accionista, para que no se viese perjudicado. Sin embargo, la solicitud no fue aceptada por los tribunales.

Finalmente, indicó que al ser un juicio muy complejo y que, probablemente, como parte de la resolución judicial, iba a contemplar la fijación de ciertas indemnizaciones, se produjo una incertidumbre, respecto de cómo éstas iban a ser calculadas. Además, esto no está estipulado en ninguno de los contratos, que se sugirió en el pasado. Por ejemplo, el juez podía definir que las indemnizaciones se hicieran en base al valor de mercado que tuviera el activo al momento en que se tomara la decisión judicial, o la histórica, o un promedio o la opinión de un experto. No hay precedentes al respecto. Además, se introducía una incertidumbre importante respecto de los montos involucrados en esta decisión judicial.

Todo lo anterior, se hizo en el contexto en que el juicio se ganaba. Sin embargo, no se puede desconocer que también existía la posibilidad de perderlo. Agregó, que los abogados que representaban a Codelco, señalaban todas las posibilidades de ganar, en cada uno de los posibles escenarios. En base a eso, se llegó a la conclusión que la alternativa judicial tenía un valor esperado para Codelco.

Explicó que en base a esa información, el Directorio dijo: “bueno señores, sabemos lo que significa para Codelco, seguir con el camino judicial. Sólo se va a contemplar un acuerdo en la medida en que sea más conveniente que esta estrategia alternativa judicial.” Además, el Directorio le definió a la administración, y en especial a este Presidente, lo siguiente: “señores, este es el piso, agréguenle un 15 por ciento y si no llegan con una cifra similar, no se tomen la molestia.”

Ese era el marco en el cual se inició la negociación en su segunda etapa, en mayo, se recibieron ciertos signos, para considerar que si “un buen acuerdo era mejor que un buen juicio”, se decidió retomar las discusiones y las negociaciones con la contraparte.

En relación con anterior, señaló cual era el acuerdo al que se llegó después de este período de casi tres meses de negociaciones en su segunda versión:

En primer lugar, Codelco compró a Anglo American el 24,5 por ciento de Anglo American Sur, en 1.700 millones de dólares, exactamente, 775 millones menos de lo que habría pagado Codelco por el mismo porcentaje en caso de haber ejercido la opción. Es decir, hay un descuento que puede interpretarse de varias formas; pero, en definitiva, es una suerte de compensación por el hecho de que la estatal no estaba haciendo la utilidad por el otro 24,5 como, originalmente, era nuestra intención.

Un segundo elemento, que apunta en la misma dirección, consiste en el traspaso de Anglo American Sur a Codelco, de dos grupos de propiedades mineras, “Los Leones” y “Profundo Este”, con un valor estimado por la Empresa, del orden de 300 y 500 millones dólares, con un promedio esperado de 400 millones. Por esto se pagó un valor nominal, por lo tanto, es un plus neto para Codelco que antes no existía.

El tercer elemento de la ecuación, es que Anglo American accedió a perfeccionar el acuerdo de un pacto de accionistas con Codelco, que no existía en el contrato de opción original. En la práctica, esto implica concederle a Codelco, ciertos derechos que van mucho más allá de lo que normalmente obtiene el accionista minoritario, bajo la legación chilena. Incluso, si se hubiese ejercido la opción por el 49 por ciento del paquete accionario de Anglo American Sur, Codelco siempre habría sido un accionista minoritario, sin pacto de accionista y sin los derechos específicos, que se han adquirido, en virtud de este acuerdo.

Un último elemento de este acuerdo, es que Anglo American Sur y Mitsubishi acordaron vender un total agregado del 5 por ciento de la propiedad de Anglo American Sur, a nuestro socio Mitsui. Entonces, con el 24,5 por ciento que compró Codelco y con los fondos que aportó Mitsui para el 5 por ciento, se formó una empresa joint venture, que es la famosa Acrux, que concentra y reúne el 29,5 por ciento de la propiedad de Anglo American Sur. Esta empresa es y será siempre controlada por Codelco, inicialmente, con un 83 por ciento de la propiedad.

Por otra parte explicó, que el acuerdo logrado con Mitsui, que cambió radicalmente de lo que estaba contemplado originalmente, se puede resumir de la siguiente forma:

Mitsui financia no sólo su 5 por ciento, sino que también a Codelco, aportando 1.863 millones que, básicamente, corresponden a los 1.700 millones necesarios para pagar a Anglo American por el 24,5 por ciento, que se adquirió de dicha compañía.

Agregó que este crédito, tiene exactamente las mismas características que el acuerdo original, en tanto que no sólo tiene términos muy atractivos, sino, además, se sirve sólo de los dividendos que se obtendrán como Codelco por la participación en Anglo American. Por lo tanto, no tiene ningún derecho a los flujos de fondo que genera Codelco y la estatal, por de pronto, no garantiza esa deuda. Además, los recursos que genere, no estarán disponibles para servir a este crédito, lo que técnicamente se llama crédito non recourse, es decir, sin recursos para Codelco.

Por lo que a partir de este joint venture, Acrux, que reúne el 29,5 por ciento de Anglo American Sur, existen dos dueños: Codelco, con un 83 por ciento, y Mitsui, con el 17 por ciento.

Indicó que la propiedad queda de la siguiente forma: Anglo American Sur, Codelco-Mitsui, con la joint venture controlada por la estatal, pasa a ser el segundo accionista más importante de Anglo American Sur, con un 29,5 por ciento; Anglo American se diluye del ciento por ciento original de Anglo American, a un 50,1 por ciento; y Mitsubishi queda reducido a un 20,4 por ciento de la propiedad de Anglo American Sur.

Recordó que anteriormente mencionó, que este es uno de los aspectos más importantes de este acuerdo, que quizás, no ha recibido la atención de la prensa y que en mi opinión si lo merece. Específicamente, se refirió a las consecuencias que tiene para Codelco, el acuerdo sobre los accionistas. Este pacto, tiene cuatro o cinco elementos, que son particularmente relevantes. Especialmente, por el momento histórico que en estos momentos atraviesa la Corporación.

En primer lugar, está el tema de la política de dividendos, que es lo que le interesa a Codelco, en relación con la inversión en Anglo American Sur.

Señaló al respecto, que Codelco siempre iba a ser un accionista minoritario, a raíz de los cual, lo que interesa es hacer el mejor negocio posible para Codelco. Tal situación, implica maximizar el flujo de dividendos hacia la Corporación, porque, entre otras cosas, existe una demanda formidable de recursos para los próximos cinco o seis años para financiar nuestras inversiones y es por eso, que les interesa aunar la mayor cantidad de recursos para acometer esa tarea, ya sea en la forma de capitalizaciones del dueño, de endeudamiento adicional o de los aportes de nuestras empresas filiales en la forma de dividendos.

Por lo tanto, es de gran interés para Codelco, asegurar que esta Empresa, en la que son un socio minoritario, reparta la menor cantidad posible de dividendos. Eso se ha logrado en función del pacto de accionistas, porque como accionista minoritario, solamente les asiste el derecho que les confiere la ley, es decir, el 30 por ciento.

Dijo que con esta situación, han asegurado que la compañía distribuya el ciento por ciento de sus dividendos a los accionistas. Obviamente, esa situación es muy funcional a nuestros objetivos como Corporación, en el sentido de no correr riesgos de no tener recursos, para financiar el agresivo programa de inversiones.

Además en segundo lugar, a través del pacto de accionistas, han asegurado, en la medida en que Anglo American Sur decida implementar los proyectos de expansión, a los que hizo referencia anteriormente y en virtud de las reservas tan atractivas que dispone, antes de pedir plata a sus accionistas para llevar a cabo esos proyectos, se obliga a maximizar o a usar preferentemente el endeudamiento a nivel de Anglo American Sur, antes de pasar el sombrero para pedir recursos de los accionistas.

Explicó que esta situación es de gran importancia, porque obviamente, no se desea estar obligado a decir que el proyecto de expansión es muy atractivo, pero, ya están embarcados en cinco proyectos estructurales en Codelco y no existen los recursos disponibles para ello.

Por lo tanto, para minimizar la ocurrencia de ese escenario, han logrado que Anglo American obligue a que Anglo American Sur, que tiene una deuda muy modesta en estos momentos, a usar todo su potencial de endeudamiento, de manera de minimizar las probabilidades de verse enfrentado, como Codelco, a la decisión de tener que distraer recursos del programa de inversiones, para mantener nuestra participación en Anglo American Sur.

También existe una lista de prioridades, pero hay dos o tres que parecen ser las más importantes y relevantes de mencionar. En primer lugar, no se pueden vender activos materiales que sean importantes para la operación de Anglo American Sur, sin el consentimiento de Codelco.

Al respecto, existe claramente y sin ambigüedad, un derecho de veto consagrado a favor de Codelco, que los protege, para que no se puedan vender activos relevantes, sin el consentimiento de la Empresa.

Manifestó que en esta línea, Codelco tiene un derecho de veto si se trata de contratos que se quieran perfeccionar entre partes relacionadas.

Asimismo, se aumenta el número de directores en Anglo American Sur, de tres, que existen actualmente, a cinco, y Codelco tendrá una representación permanente con un director en el directorio de Anglo American Sur. Es importante señalar, que existe la obligación de que dicho director sea siempre un empleado de Codelco.

Finalmente señaló que le gustaría añadir un elemento adicional del pacto de accionistas, que es relevante para la Empresa. Añadió que como administración, se les asegura el acceso a toda la información relevante para conocer la gestión de Anglo American Sur. Normalmente, el accionista minoritario tiene derechos a los estados financieros, a los elementos más bien tradicionales y estándar que producen las empresas. Agregó que en este caso, se ha reservado el derecho de contar con toda la información relevante para conocer de la gestión de la Empresa.

Por último reiteró que Codelco, actualmente tiene el 24,5 por ciento de Anglo American Sur, con un precio de mercado, porque ya hay dos empresas distintas que han comprado a ese precio. Mitsubishi, que compró a Anglo American en noviembre del año pasado, y Mitsui, que está comprando a Anglo y a Mitsubishi el 5 por ciento, en un valor equivalente o correspondiente al 24,5 por ciento, a 5.390 millones de dólares. Eso es lo que vale ese activo en el mercado y es el valor que Codelco va a reconocer en sus libros contables, en la contabilidad financiera.

Agregó que Codelco pagó por este activo, 1.700 millones que se debe reducir de eso, y se van a financiar, con un crédito a largo plazo que les da Mitsui.

Por lo tanto, indicó que la ganancia por el desembolso, es de 3.690 millones de dólares. A eso se debe sumar el valor de las propiedades mineras, adyacentes a la operación de Andina y que, en realidad, tienen mucho más valor para Codelco que para Anglo American, porque están adyacentes a nuestras propiedades mineras, más en nuestro ámbito operacional que en el de ellos y, además, están en tierras de propiedad de Codelco.

Asimismo, está el acuerdo de accionistas, de darle un gran valor, aunque no han querido atribuirle un valor monetario, porque se entiende, que está sujeto a muchos criterios subjetivos. Pero es necesario reconocerlo como un elemento muy importante de la transacción.

También es necesario incluir al dueño, al Estado de Chile, al fisco, como parte de esta transacción, como el dueño del ciento por ciento de Codelco, pero que se pone detrás del mostrador y recolecta impuestos, hay que sumarle 1.326 millones de dólares a los que hacía referencia el Presidente del Directorio, para llegar a una creación de riqueza para Chile, para el país, que es de 5.416 millones de dólares.

Explicó que en ese contexto, están tranquilos y contentos con un acuerdo que, en la práctica, han reconocido todo el derecho que tenían bajo el contrato de opción original, de acuerdo al siguiente resumen.

En primer lugar es importante recalcar, que es importante tener una participación relevante, en uno de los principales distritos mineros del mundo. El conjunto Andina, Codelco, más Los Bronces, parte de Codelco, conforman un mismo distrito minero y, quizás, el más importante del mundo. Ser el dueño del ciento por ciento de una parte y tener una participación relevante en la otra, les parece que es una situación, que le agrega mucho valor a la Corporación. Además, es la primera vez que Codelco adquiere un activo minero, lo que es algo sin precedente en la historia de la Empresa, lo que es importante destacar.

Señaló que también es importante señalar, que no se ha comprometido ni un peso del Estado de Chile en esta transacción. Todas las platas que en este caso involucran a Codelco, hay que devolverlas exclusivamente con los mismos dólares que genera la inversión, con lo que se han realizado. Además, con esto se han obtenido para el Estado de Chile 4.090 millones de dólares, valor muy parecido al que siempre se quiso obtener en la estrategia original. Por lo tanto con esta operación, Codelco se consolida definitivamente como el principal productor de cobre del mundo, al agregar anualmente 115 mil toneladas de cobre promedio durante los próximos cinco años, lo que representa alrededor del 7 por ciento de la producción de Codelco. En la misma línea, se aumenta la participación de Codelco en materia de reservas y recursos mineros, lo que apunta a consolidarse como el primer productor de cobre en el mundo, no sólo en la actualidad, sino en el futuro.

Señaló que se ha formado un joint venture con Mitsui, que es una de las principales empresas comerciales y financieras del mundo, la cual demostró durante todo este proceso un compromiso, una lealtad y una transparencia para con Codelco dignos de destacar. Al respecto, se han creado lazos de confianza que les permiten desarrollar otros negocios, especialmente en el campo internacional, en los cuales el conocimiento comercial y financiero, puede ser de mucha ayuda para Codelco.

Por último indicó que es del caso recalcar, que para el Estado de Chile, se han generado no sólo 4.090 millones de dólares, a través de su porcentaje de propiedad en Codelco, que es el ciento por ciento, sino que además, se generaron 1.326 millones de dólares en impuestos, lo que totalizó un aumento riqueza-país de 5.400 millones de dólares.

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36.- El Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Raimundo Espinoza.

Señaló que la participación en esta Comisión, tiene por objeto dar a conocer la posición que tiene la Federación, respecto del acuerdo obtenido entre Codelco y Anglo American.

Indicó que, nuestra posición la vamos a explicar en las transparencias que daremos a conocer a continuación; por qué decimos que esto es como estar en una pelea de quince rounds y al quinto alguien dice que paren la pelea y busquemos una solución. Porque siempre han creído tener la opción de dar un gran salto, en el sentido de comprar bajo las condiciones y normas que había en este país con respecto a la inversión extranjera. Al respecto, hubo la opción de hacer efectiva la compra de un yacimiento importante por el traspaso que hubo de Enami a Codelco.

Sin embargo, hay que dejar muy claro, que es inaceptable aceptar la arrogancia y prepotencia de parte de las transnacionales, como Anglo American y Mitsubishi, por cuanto, en opinión de esta Federación, se coludieron para dañar a Codelco Chile, una empresa de todos los chilenos. No tuvieron ninguna consideración por el Estado de Chile al no respetar una opción de compra.

Explicó que desde el punto de vista de esta Federación, Anglo American tenía mayores debilidades que Codelco. Efectivamente, podía ser un juicio de larga data, de varios años, pero Codelco no tenía ningún apuro en llegar a acuerdo, porque era Anglo American quien estaba más complicado. En ese sentido, producto de las posiciones que se han planteado en los distintos medios de comunicación, creemos que Codelco y el Estado de Chile iban a ir por el 49 por ciento de estas pertenencias. Estamos hablando del 10 por ciento de las reservas de cobre que hay en los depósitos de Andina y Los Bronces, ex Disputada de Las Condes, no de un yacimiento pequeño.

Agregó que la mejor alternativa de demostrar que el Estado puede participar en una empresa privada era precisamente hacer efectiva esta opción, porque si teníamos el 49 por ciento, el 70 por ciento del yacimiento de Andina, podíamos hacer una sola mina que estuviera en manos del Estado. Esa era nuestra visión con respecto al tema de ex Disputada Las Condes.

Señaló que lamentablemente en el tema de las valorizaciones, no se tienen todos los antecedentes necesarios para valorizar las pertenencias en 400 ó 2 mil millones de dólares. Sólo tienen una visión distinta respecto de la forma en que han sido valorizadas, tanto Los Leones, que está bajo un glaciar, como Profundo Oeste, que tiene un valor importante, pero que está en los límites con respecto a Andina.

Otro tema que es necesario tocar, es el relativo a los impuestos. Agregó, que después de conversar con los distintos estamentos, y el director del Servicio de Impuestos Internos, existe la información que a Mitsubishi se le cobró el 20 por ciento de impuesto de primera categoría, producto de la primera venta del 24 por ciento que se le vendió.

Planteó que hay que tener claro, que el Servicio de Impuestos Internos, es el ente regulador en el tema de los impuestos. Por lo que hay que considerar, que no se podía dejar un subsidio tributario a una transnacional, de la que no se puede decir que aquí no ha pasado nada y hacer borrón y cuenta nueva. A raíz de ello, los trabajadores estarán pendientes del tema de las dos transnacionales, que no se han comportado en forma adecuada, como tampoco lo han hecho con el Estado de Chile. Agregó, que es inaceptable que llegue a nuestro país Cynthia Carroll, pidiendo una reunión con el Presidente de la República o llamándolo a su casa.

Finalmente indicó, que al respecto existe una serie de cosas que no corresponden aceptarlas, en esta negociación. Nadie puede desconocer los esfuerzos que se han hecho, lo que hay que dejar absolutamente claro. Agregó que para algunos puede ser un gran negocio 4 mil millones de dólares, pero para quienes tenemos treinta años o más en la empresa, debemos situarnos en el largo plazo con respecto al tema. Por lo que insistió, no compartir el acuerdo judicial entre Anglo American y Codelco, porque no es bueno para Chile ni para la empresa.

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37.- El Consejero Nacional de la División Ventanas de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Juan Olguín.

Señaló que el tema de Anglo American tiene importancia no sólo para los trabajadores, sino para todo el país. Es lo primero que les interesa plantear, con respecto a la defensa de las pertenencias de dicha empresa y al derecho que tenía Codelco, primero, con el concepto nacionalista, que es el primer elemento para nacionalizar sus riquezas que, por lo demás, pertenecen a todos los chilenos.

Explicó que respecto de la interacción que existe entre Andina y Anglo American, es importante señalar que es un solo yacimiento, donde se concentran las mayores reservas mundiales de cobre. Por lo tanto, era una oportunidad bastante interesante para Codelco y para todos los chilenos, contar con la mayor cantidad de pertenencias, a fin de desarrollar el proyecto de la mejor manera, no tan sólo de acuerdo a la necesidad que tiene Codelco, sino como División Andina, que va a ser la división más grande de la cuprífera, con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares. Como se sabe, esto tenía una correlación muy directa con respecto al acuerdo con Anglo.

Dijo que junto con el acuerdo, se genera una entrega de concesiones y pertenencias de dos yacimientos que tenía Anglo American, en límites y lugares estratégicos con respecto a Andina: Los Leones y Profundo Este. Sin embargo, se sabe la condición en donde se encuentra ubicada la División Andina y Anglo American, que es un cajón cordillerano donde nace el río Aconcagua, rodeado de glaciares con bastante dificultad operacional, lo que hace encarecer bastante el proyecto.

Agregó que los yacimientos y las dos pertenencias que se están entregando por parte de Anglo American a Andina, han hecho que el encarecimiento del proyecto tenga un valor relativo. Por ejemplo, no se han hecho las exploraciones necesarias, ni se tiene la información para determinar si lo rentan o no. De acuerdo a nuestro punto de vista es sólo un supuesto, porque todavía no se hacen los estudios que ameritan.

Insistió que lo más complejo de esta minera, es la ubicación geográfica. Por eso se señala, que este mineral es de un valor relativo, porque el desgaste en que se deberá incurrir para desarrollar los proyectos es altísimo. Es por ello, que resulta fundamental hacer el ejercicio de si es rentable hacerse de esas pertenencias. Añadió que son reservas, que para desarrollarlas se debe considerar, si el costo beneficio es un buen negocio o no. Esta es una condición, que les hace ver que el acuerdo no es el mejor, o que no era lo mejor ser parte de eso. Son por lo tanto, dos condiciones que, por un lado, parecieran ser como parte del ingreso del Estado y, por otro, que tengamos reservas adecuadas. Esas son las líneas de acción.

Finalmente señaló que sin ser insidiosos, sino que con seriedad y con el rigor que corresponde, han cuestionado la situación sobre la valorización de las pertenencias de Los Leones y Profundo Este, en 400 millones de dólares, justamente por lo que indicaba. Al respecto agregó, que los respaldos geológicos de los procedimientos utilizados son datos globales y no específicos, por eso no debieron ser parte del acuerdo, lo que claramente se puede traducir en que no es lo mejor para Codelco ni para Chile.

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38.- El Asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, señor Raúl Álvarez.

Señaló que nada se sabía sobre las pertenencias denominadas Los Leones y Profundo Este. Solo se tuvo conocimiento de ello, cuando lo informó el presidente de Anglo American, señor John Mackenzie. Agregó que lo dice expresamente el diario El Mercurio, que estas pertenencias tienen valor para Codelco pero no para Anglo. Además, un ingeniero en minas señala que no es fácil valorizar dichas pertenencias. Por lo que consideran, que no existen respaldos que avalen efectivamente, cual es el valor estimado con los recursos inferidos. Además, no existe ningún sondaje al respecto.

Explicó que uno de los temas centrales que tuvo la Federación de Trabajadores del Cobre, para rechazar este acuerdo es lo que tiene que ver, precisamente, con el seguro tributario. En el acuerdo de Codelco con Anglo American existen cláusulas que señalan, el ajuste al precio de compra. Como ustedes saben, Codelco ha informado que va a pagar 1.700 millones de dólares por la opción del 24.5, pero ese valor, puede aumentar en la medida en que el Servicio de Impuestos Internos, valorice o aplique impuestos superiores al de la ganancia del capital. Es decir, esto significa que es el 20 por ciento del año anterior y el 18.5 por ciento este año. Por lo tanto, cualquier aumento por sobre ese impuesto a la ganancia de capital, que es el impuesto a la renta, será de cargo de Codelco.

Por consiguiente, parece una muy mala señal que una empresa del Estado, otorgue un seguro tributario, a una empresa como Anglo American, con el comportamiento que ha tenido. Además, es sabido que el tema de los impuestos en Chile, es algo bastante complejo. Es por eso, que es necesario considerar que no debieran ser negociables, porque son lo que son y así se rigen por la legislación actual. Por lo tanto, se deben aplicar los impuestos que correspondan.

Agregó al respecto, que el propio director del Servicio de Impuestos Internos, dijo lo siguiente: Es necesario determinar la suficiencia del pago realizado, para extinguir la obligación tributaria, lo que es parte fundamental de la función fiscalizadora de ese Servicio. Esto lo dijo el director, cuando Anglo American estableció que el valor a pagar por el 24.5 por ciento, eran 1.015 millones dólares, que precisamente era el impuesto a la ganancia capital correspondiente al período 2000. Esta es la primera discusión tributaria, respecto de los riesgos que corre Codelco. Obviamente, que existen estudios que determinan que esos riesgos o contingencias, no van a ocurrir.

Sin embargo, el primero de esos riesgos se refiere al impuesto a la ganancia capital. La norma general, establece que así como a las personas se les aplica el global complementario, a las empresas que retiran utilidades se les debe agregar el 15 por ciento adicional. Pero la discusión tributaria, es si ésta es una renta ordinaria. Está claro que en ese momento, que sólo pagaron el 20 por ciento por el 24.5 por ciento. La pregunta es si correspondía, porque ellos hicieron una remesa de utilidades. Los 5.390 millones de dólares se depositaron en una cuenta en Inglaterra, con un cheque que va desde Japón a Inglaterra.

Finalmente indicó, que esos ingresos nunca ingresaron a Chile, por lo tanto, hay una remesa total de utilidades por los 5.390 millones de dólares. Entonces, la pregunta que cabe hacerse, es si corresponde aplicar sólo el impuesto a la ganancia de capital o también hay que aplicar el 15 por ciento adicional, que corresponde, cuando hay una remesa de utilidades al exterior por la venta de acciones.

Por otra parte el Presidente Ejecutivo planteó que Codelco generó mil millones de dólares al Fisco. Pero la verdad es que esa cantidad, es lo que significó el pago del 24.5 por ciento, que son los únicos 1.015 millones de dólares que han ingresado al Fisco y que aparecen como una cifra espectacular. Ahora bien, si uno la compara con los 22 mil millones en que se ha valorizado Anglo American, habría que preguntarse si este negocio fue tan espectacular o no.

Por lo que parece claramente razonable, que esos mil millones no son respecto de los 22 mil millones, sino respecto de los 5.390 millones, que, en realidad, es un poco menos, porque lo que tiene que valorizarse es la ganancia de capital, respecto de lo que compró Anglo American, entre los 1.300 millones de dólares que compró a Exxon y el valor que está vendiendo. Ahí está la ganancia de capital y sobre ella se aplica el impuesto a la renta.

Indicó que este es el primer punto que, en el fondo, aún no está resuelto por el director del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, él ha dicho que es un tema que está abierto, porque aún no termina la fiscalización.

Dijo que como segundo punto, está el tema de la tasación del precio de la venta de las acciones, por cuanto, es el propio Servicio de Impuestos Internos, quien tiene la facultad de determinar si la venta se produce con valores de mercado. Por cuanto en el caso de la operación de Codelco, existen varios valores de mercado: los 5.390 millones de dólares que valorizó Mitsubishi en la compra, el valor que estableció Mitsui, que es del orden de los 5 mil millones y el valor de la opción de Codelco, de acuerdo a la fórmula de cálculo, que es del orden de los 2.500 millones de dólares. Luego, lo que efectivamente pagó Codelco, son los 1.700 millones de dólares. Es decir, existe una tasación distinta. Por lo que no parece razonable, que Codelco corra un riesgo al respecto.

Explicó que existe un tercer punto, el que tiene que ver con el tema de la tasación de las pertenencias mineras. Al respecto, habría que preguntarse cuanto es el valor libro. Añadió que podría ser cero pesos o diez mil dólares, es algo que no se sabe. Por lo tanto, ahí no hay ninguna ganancia de capital, pero está claro que estamos frente a una renta normal, porque se están vendiendo pertenencias mineras, del giro principal del negocio y Codelco está diciendo que cuesta 400 millones de dólares, no cero pesos o diez mil dólares. Al respecto, cabe fijar la tasación del valor de las pertenencias mineras a valor de mercado, no a valor libro, sobre todo si en Anglo American, el valor libro de estas pertenencias, se dice que es cero.

Señaló que a juicio de esta Federación, hay un conjunto de temas de carácter tributario, que les da una muy mala señal, respecto de una empresa del Estado. Es posible, que Codelco tenga la razón y estos riesgos no son de alta probabilidad de ocurrencia. Agregó que no es experto en temas tributarios, por lo que no tiene una opinión formada sobre el tema, sin embargo, le parecería grave que Codelco tenga que hacer esfuerzos, en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos no le cobre un peso más a Anglo American, porque si se le cobra un peso más del impuesto de ganancia de capital, podría ser de cargo de Codelco. Por lo que condicionar la negociación a este tema, les parece una muy mala señal. Por lo que indicó, que este es un punto bastante central, para manifestar el rechazo de esta operación.

En relación con este tema, dijo que es necesario comparar las dos opciones. Está el valor pagado a Anglo American Sur por el 24.5 por ciento, el que fue de 5.390 millones de dólares por la empresa compradora Mitsubishi. Al respecto informó Anglo American, que el impuesto de ganancia de capital está valorizado en 1.015 millones de dólares. Por lo que, al sacar las cuentas con regla de tres, el 24.5 por ciento de 1.300 millones de dólares, equivale a la suma aproximada de 1.015 millones de dólares.

Explicó que en esta operación, Mitsui compró un 5 por ciento, sin embargo, aquí pongo el 0.90 porque en la compra de Mitsui a Mitsubishi no hay ganancia de capital, porque se la vendieron exactamente al mismo precio, es decir, en 1.090 millones de dólares. Por lo tanto, en ese 4.1 no hay ganancia de capital. Eso no está puesto ahí, pero sí el 0.90 que le vendió Anglo American a Mitsui y ahí sí hubo ganancia de capital: 34.5 millones de dólares, que obedece a un porcentaje bajo.

Posteriormente, Anglo American debiera pagar por la venta de los 1.700 millones de dólares, alrededor de 256 millones de dólares. En esta operación, le da solo 1.306 millones de dólares, sin embargo, Codelco habla de 1.326 millones de dólares. Por lo que puede ser, que ahí estén los impuestos de timbres y estampillas y otros con los cuales se pueda llegar a la cifra de la cual habla Codelco, que es 1.320 millones de dólares. En todo caso, en esta operación se está hablando del orden de 1.300 millones de dólares, en impuestos, que recibe el Fisco.

Al respecto, es importante señalar que la estructura de la propiedad, queda de la siguiente manera: Codelco, con un 24.5; Anglo American, con 50.1, y Mitsui, con el 5 por ciento.

Por otra parte, explicó que Anglo American mantiene el control de la propiedad con el 50.1 y Codelco queda con un 24.5, pero también, con el acuerdo de Mitsui, con la posibilidad cierta de diluirse al 18.5, incluso menos. Por lo tanto, ni siquiera el 24.5 es completamente seguro de Codelco.

Señaló que a diferencia de esto, si Codelco hubiera seguido el juicio, con el 24.5 le correspondían 1.015 millones de dólares y, en el caso de que Codelco hubiera comprado el 49 por ciento, la ganancia de capital habría sido de 883 millones de dólares. En esta lógica, por concepto de impuesto, el Fisco habría recibido 1.900 millones de dólares, comparados con los 1.300 que hoy día se reconocen.

Planteó que al hacer una comparación, respecto del acuerdo logrado versus ejercer el derecho a opción de compra, se podría hacer la siguiente lógica: Codelco usó, el valor de Anglo American Sur, del 24.5, son 5.390 millones de dólares a agosto de 2012. La opción del 49 por ciento equivale a 10.780 millones de dólares. El desembolso para Codelco, en el caso de la opción del acuerdo, fue de 1.700 millones de dólares. En el caso que Codelco tuviera que pagar, por la fórmula o lo que establece el contrato entre Codelco y Anglo American, serían aproximadamente 5.049 millones.

Por lo tanto, en este caso, la ganancia entre la diferencia y el desembolso de Codelco, que en este caso son los 1.700 versus el valor de mercado, es de 3.690 millones de dólares.

Indicó que al aplicar la misma lógica, lo que Codelco ganaría, por ganancia entre el precio de mercado y lo que obtendría por el 49 por ciento equivale a 5.731 millones de dólares.

Por lo que, si valorizamos las pertenencias, aceptados los 400 millones en este ejercicio, en el caso de Codelco, si se quedara con el 49 por ciento, valorizando en 196 millones de dólares, a aquellas pertenencias que forman parte de todos los activos y de lo que se está comprando, la empresa ha reconocido que tiene una creación de valor de 4.090, y en este otro caso la creación de valor para Codelco, sería de 5.927 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablamos de una diferencia bastante importante. Agregó, que en el caso de los impuestos la diferencia es de 1.326 millones contra 1.900 millones de dólares.

Al respecto, explicó que el beneficio total para el país, en la primera opción, es de 5.416 millones de dólares, contra 7.827 millones de dólares. Ahí queda bastante claro el ejercicio de la opción del 49 por ciento, que es la visión de la Federación.

Señaló que como conclusión de este tema, se referirá a cuales serían los beneficios que habría perdido Codelco, y por ende Chile, como consecuencia del acuerdo alcanzado.

Codelco podría haber capturado un valor de 5.927 millones de dólares, lo que implica 1.837 millones de dólares de diferencia respecto del acuerdo alcanzado.

Manifestó que uno de los argumentos esgrimidos por Codelco ha sido el tema del financiamiento, como cuestión crucial, en el sentido de que no tendría financiamiento para la operación.

Al respecto, Codelco y el Estado de Chile, ante un proyecto de alta rentabilidad y riesgos controlados, no habría tenido problemas para encontrar un financiamiento en condiciones ventajosas, mas cuando respecto del Ebitda los números son buenísimos.

Explicó que en este sentido, vale la pena recordar lo que dijo recientemente en el Encuentro de Asimet, el director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, economista venezolano experto en temas de productividad y competitividad, en el sentido de que lo que Chile invierte afuera, rinde 3 por ciento del PIB, mientras que la inversión extranjera rinde 10.5 por ciento del PIB en intereses y dividendos en nuestro país. O sea, existe un rendimiento neto del 7.5 por ciento del PIB nacional en favor del capital extranjero.

Señaló que en Chile ocurre lo contrario, por cuanto, los extranjeros que compran empresas, como lo hizo Anglo American al comprar en 1.300 millones de dólares lo que hoy vale 22 mil millones de dólares. Además, Hausmann señalaba que los extranjeros que compran las empresas y también las manejan, es decir, usan su conocimiento y el 10,5 por ciento es el retorno no al capital que metieron, sino respecto del conocimiento que tienen y que Chile no tiene. En ese sentido, el economista defiende la tesis de la industrialización.

Indicó que lo llamativo es que en este caso, por la compra por parte de Anglo American de ex Disputada de Las Condes, ha obtenido un retorno del capital varias veces sobre el 10,5 por ciento, con el agravante de que lo hizo en una industria donde no hay nada que aprender de los gringos. De hecho, está demostrado que la operación integrada entre Codelco y la División Andina, que la puede hacer Codelco, es lejos el mejor negocio para Chile. Si bien lo puede hacer Anglo American, es Codelco quien tiene que hacerlo. Por lo tanto, resulta indignante que ellos se queden con esta tremenda rentabilidad en un negocio que este país ha demostrado hacer bien.

Planteó que con la compra del 49 por ciento Codelco no sólo vería reforzado su liderazgo como primer productor mundial de cobre, aumentando en unas 230 mil toneladas anuales en promedio su producción, sino que, también, se transformaría en el principal accionista, quedando en una expectante posición para asumir el control y ser el operador único de un plan minero integrado entre la División Andina y Los Bronces. Agregó, que si Codelco obtenía el 49 por ciento, y como Anglo American había vendido el 24,5 por ciento, Codelco se quedaba con el 26,5 por ciento y quedaba como socio principal. Además, Anglo American podría haber quedado en una situación incómoda y lo más probable era que tomara la decisión de salirse, porque lo que se valora es que mantiene el control de la operación, es decir, el 50,1 por ciento, que es muy importante. En consecuencia, Codelco habría quedado con la posibilidad de tener el control y, además, agregar el potencial de creación de valor, que es el plan minero integrado, valorizado en un VAN de 1.287 millones de dólares con un precio a largo plazo conservador de 2.57 dólares la libra de cobre.

A raíz de lo cual, Codelco pudo tener un incremento significativo de reservas y recursos, mas cuando corresponde a uno de los principales distritos de reserva -entre el 10 por ciento y 12 por ciento de la reserva mundial- que lo convierte en una anomalía geológica espectacular.

Agregó que de haber continuado el conflicto, la batalla legal, comunicacional y política ocasionada por el litigio legal, que favorecía la posibilidad de revisar en un mejor contexto el régimen tributario, que se aplica a la gran minería del cobre, que hay que considerar altamente perjudicial para los intereses nacionales. Se podría haber derogado la concesión plena, el Decreto Ley N°600, haber establecido un royalty verdadero, haber propiciado la exportación de cobre catódico y analizar el gravamen a la exportación de concentrados.

Señaló que pareciera una anomalía lo que ha ocurrido, ya que los japoneses han pagado una suma gigantesca en esta operación, pues lo relevante para ellos es el concentrado. Los japoneses tienen un gravamen a la importación de cátodos, por lo tanto, ellos quieren importar concentrado, no cátodos. Por lo tanto, si se exportan cátodos a los japoneses se debe pagar un arancel.

Por lo que es necesario, hacer un ejercicio inverso, que es aplicar un gravamen a la exportación de concentrado, ya que el país tiene una cantidad gigantesca de minerales y porque es una discusión país que, en el contexto de esta batalla, creaba un excelente escenario de cambio.

Finalmente reiteró, que si se hubiera seguido con el litigio, la operación de compra habría generado impuestos del orden de los 1.900 millones de dólares. Agregó, que el propio presidente de Anglo American, John Mackenzie, señaló que lograron 2.300 millones de dólares más que si Codelco hubiera comprado la opción del 49 por ciento.

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39.- El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Julio Pereira.

Inició su exposición entregando a la Comisión, una copia de la Resolución N°117, referida al acuerdo logrado entre Anglo American y Codelco.

Agregó que este documento está relacionado con la consulta que le hiciera la Comisión, respecto de los impuestos que habría pagado Anglo American, por la transacción relacionada con Codelco.

Indicó que en relación con ello, es importante señalar que en este caso, las empresas Anglo American y Codelco habrían llegado a un acuerdo político en materia tributaria, con motivo del desistimiento judicial que puso fin al litigio suscitado entra ambas partes, por el ejercicio de la opción de compra del 49 por ciento del yacimiento Los Bronces. Al parecer, dicho acuerdo no devengaría el total de los impuestos que se deberían pagar. Por lo que en el documento entregado, se indica sobre los montos que el fisco “dejaría de percibir” por el mencionado acuerdo.

Al respecto cabe señalar que, con fecha 21 de agosto pasado, el suscrito se reunió con el Presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, señor Raimundo Espinoza y el Asesor de dicha Federación, señor Raúl Álvarez, quienes le manifestaron su inquietud y preocupación respecto de la transacción acordada y en relación con ello, le hicieron algunas consultas de carácter conceptual por las operaciones y efectos tributarios que se podrían derivar del acuerdo entre Anglo American y Codelco, que por esos días se anunciaba en la prensa.

Manifestó que en dicha reunión se conversó latamente sobre el contexto de esa operación, de acuerdo con la información pública disponible. No hubo una entrega de antecedentes al Servicio, porque no podría haber existido.

También es importante destacar, que en ese momento aún no había sido votado el acuerdo en el directorio de Codelco y las consultas fueron efectuadas, como para tener un conocimiento más concreto, para saber como debiera emitir el voto en el directorio.

Por otra parte, hay que explicar que el Servicio ha realizado un examen de la información sobre la materia, en particular, respecto de la contenida en dos hechos esenciales informados por Codelco a la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 23 de agosto pasado.

Planteó que al contrastar lo que le habían indicado, con la información registrada en nuestra base de datos, se podría llegar a ciertas conclusiones. En primer lugar, los eventuales cambios de propiedad que se pudieran producir, o que en el hecho se produjeran, a esta fecha, 2 de octubre de 2012, no han sido informados formalmente al Servicio de Impuestos Internos. Además hay que precisar, que aún no ha vencido el plazo legal, para cumplir con dicha obligación.

Al respecto es necesario señalar, que los impuestos anuales a la renta que puedan generarse a partir de las operaciones referidas, los tributos o las rentas devengadas o percibidas deben ser declarados y pagados por los contribuyentes en abril de 2013. Ello, en virtud de que las rentas ordinarias que puedan devengarse por esta operación son aquellas afectas al impuesto de primera categoría. En este punto es importante resaltar la entrada en vigencia de la reforma respecto del impuesto de primera categoría con la tasa de 20 por ciento. Ahora, si la reforma no es aprobada, vuelve al 17 por ciento permanente, que existía antes de las tasas transitorias de la ley de reconstrucción. Por tanto, el 20 por ciento sería la tasa con que se debe enterar en arcas fiscales el impuesto de primera categoría al 30 de abril de 2013 por las operaciones realizadas en el año comercial, es decir, que para este efecto hay que considerar el período comprendido, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, hay que calificar al sujeto pasivo de la obligación tributaria, o sea el vendedor, como una operación habitual y el mayor valor en la enajenación de las acciones, se debe gravar con primera categoría y global complementario adicional, o, por el contrario, si se califica como una ganancia de capital que, afecte al impuesto de primera categoría en carácter de único, por lo que en ambas situaciones, se deben declarar en abril de 2013. Para lo cual precisó, que se debe usar el mismo formulario, que todos debemos llenar para la declaración anual de impuestos: formulario 22.

Explicó que en consecuencia, el Servicio se encuentra imposibilitado de revisar las correspondientes declaraciones, es decir, la determinación definitiva de la obligación tributaria que se debe hacer en abril de 2013, por cuanto la fecha para la recepción de las mismas no ha vencido.

De lo anterior se desprende que, a la fecha, no hay certeza de las condiciones o detalles de las retenidas operaciones.

Enfatizó que sin perjuicio de lo anterior, que los organismos fiscalizadores harán todos los requerimientos de antecedentes a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias que puedan generarse, incluyendo la documentación legal y fehaciente, todos los contratos, como el de opción, las transacciones judiciales o extrajudiciales que pudieran derivarse; es decir, todo aquello que permita al Servicio contar con información proporcionada a través del conducto oficial que sirva de base para un procedimiento de fiscalización de acuerdo al Código Tributario, contenido en el decreto ley N° 1.803.

Explicó que es del caso recordar, que el tiempo del proceso de fiscalización y los plazos de prescripción pueden ser relevantes.

Para lo cual, hay que tener presente en primer lugar, que los procesos comienzan con una notificación. A continuación, siguen con lo que, a su juicio, es el trámite más importante en una perspectiva de fiscalización, efectuando una citación al contribuyente, que tiene por objeto corregir, enmendar, ampliar o modificar una autodeterminación de la obligación tributaria, que se produce al presentar el formulario 22, por parte del contribuyente. Agregó que el contribuyente, el sujeto pasivo de la obligación tributario, es el vendedor. La ley de la renta no dispone una tributación para el inversionista o comprador. Para éste, siempre es importante el valor de adquisición de acciones, derechos u otro tipo de activos, porque será la base, para ser considerado como costo para futuras enajenaciones, en forma tal de poder calcular la utilidad, pérdida o situación neutra que pueda generarse.

Es por ello, que cuando se solicita que se acompañen antecedentes a la citación, es la etapa más importante para que el contribuyente entregue todos los antecedentes de respaldo, en el momento que se haga en el mes de abril, la declaración de impuestos.

Señaló que cuando el Servicio de Impuestos Internos, no está de acuerdo con las explicaciones que se den, producto de las citaciones, se procede a efectuar una reliquidación o liquidación de las obligaciones tributarias con las diferencias que pudiesen presentarse. Frente a esta liquidación es importante destacar que entra en plena vigencia la ley de reforma de tribunales tributarios y aduaneros. Entonces, el organismo competente para reclamar una reliquidación o liquidación de la obligación tributaria que, eventualmente, el Servicio de Impuestos Internos pueda hacer al sujeto pasivo, será el tribunal tributario y aduanero competente dentro del plazo de 90 días, contado desde la notificación de la liquidación.

Explicó que en ese momento se hace un recurso que establece la nueva ley, que entrará en vigencia pronto y que reemplazará a la RAF, Revisión de las Actuaciones de Fiscalización, todo lo que tiene un plazo de 50 días. Lo importante es que no suspende el plazo para la interposición del reclamo tributario. Esta es una gran diferencia con la RAF, actualmente en vigencia.

Agregó que la solicitud de antecedentes, se enmarca en la elaboración de un programa de fiscalización selectivo, dirigido a instruir la revisión de los efectos tributarios de toda operación de similar naturaleza. Es decir, frente a la pregunta sobre si el Servicio de Impuestos Internos va a fiscalizar esa operación, dada la naturaleza, la magnitud y las consecuencias que tiene para una empresa estatal, el Servicio va a solicitar todos los antecedentes que fundamenten la declaración del sujeto pasivo de la obligación tributaria; el objeto cedente, que se haya dado cumplimiento a las obligaciones tributarias en su integridad, resguardando el interés fiscal en cumplimiento de la misión que la ley encomienda al Servicio de Impuestos Internos.

Además, es importante saber que el Servicio no dispone formalmente de los antecedentes que den cuenta de un acuerdo político o contractual, suscrito entre Anglo American y Codelco, en materia tributaria, que involucre enajenaciones de acciones y otras que han trascendido públicamente en la prensa.

Por lo que no es posible en la actualidad, afirmar que el Fisco haya dejado de percibir algún impuesto, dada la cercanía con la transacción y los plazos abiertos para realizar las declaraciones anuales de impuestos.

Señaló que además, hay un tema muy importante que la Comisión debe tener presente. Cualquier acuerdo contractual entre contribuyentes que modifique la responsabilidad tributaria, es inoponible a la facultad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, ni altera la calidad de sujeto pasivo u obligado del vendedor. Es decir, es una materia netamente contractual, que se traduce, simplemente, en un mayor precio o un mayor valor, o sea, hay un gross up del precio, pasando a ser, de un precio determinado a un precio determinable si, contractualmente, eso se hubiese pactado.

Por último, efectuó el siguiente resumen: En primer lugar, están los plazos abiertos; en segundo lugar, los impuestos serían anuales, frente a impuestos mensuales; en tercer lugar, de acuerdo a la información que ha salido en la prensa, estaríamos frente a impuestos que sólo en abril de 2013 debiesen ser declarados en el formulario 22, sin perjuicio de que pueda pagarse con anticipación un PPM, de carácter voluntario por parte del vendedor; en cuarto lugar, en este tipo de transacciones, siempre se elabora un programa de fiscalización selectivo y; en quinto lugar, no existe información oficial, que haya sido remitida formalmente al Servicio de Impuestos Internos, que dé cuenta de haber realizado un acuerdo político contractual, en materia tributaria. Por lo que es evidente, que una vez presentadas las declaraciones por parte del contribuyente, todos los elementos legales contractuales, deberán ser requeridos para cotejar la determinación de la obligación tributaria, efectuada en el formulario respectivo, con los antecedentes que disponga el servicio para hacer el cruce de información.

Finalmente resaltó, que cualquier acuerdo contractual entre los contribuyentes, que modifique la responsabilidad tributaria o el peso del pago del impuesto, es inoponible. Por lo que en este caso, Anglo American sigue siendo el obligado a enterar el impuesto en arcas fiscales, independientemente del derecho a repetir que tenga contra Codelco por alguna estipulación contractual.

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40.- El Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac.

Inició su exposición, señalando que se referirá, de acuerdo a la citación, al efecto que existe del precio en el mercado del cobre y sobre características de la industria que maneja Codelco.

Al respecto, en primer lugar se referirá a la estructura del mercado minero y en segundo lugar, se analizará la demanda y la oferta que tiene el mercado del cobre, los precios, los costos y entregará un análisis sobre los efectos que tiene esto en Codelco.

Explicó que en Chile se encuentran las principales reservas mundiales de cobre del mundo, lo que equivale a tener alrededor del 27.5 por ciento del total.

No obstante de ello, respecto de la exploración no ha existido una participación equivalente con las reservas que existen. Por lo tanto, el gasto en este ámbito que Chile refleja es de alrededor de un 5 por ciento, en relación al resto del orbe, a pesar de que su inversión ha ido creciendo. Sin embargo, todo el mundo ha crecido en forma porcentual.

Señaló que dentro de la industria minera, el hierro es el que ha tenido el mayor desarrollo a nivel mundial, con 214 mil millones de dólares y el cobre le sigue con 174 mil millones de dólares.

Por otro lado, la oferta y la demanda son, básicamente, los principales elementos para la fijación de precio del cobre y están dados por los siguientes antecedentes.

Al respecto, es adecuado tener conocimiento en qué se usa fundamentalmente el cobre. El 29 por ciento se utiliza en la construcción de edificios, el 16 por ciento en maquinarias industriales y de transporte, el 12 por ciento en equipos eléctricos y así sucesivamente.

Explicó que el consumo per cápita de cobre refinado por los principales países, India ha tenido uno bastante bajo en relación a los otros Estados. Por lo tanto, es un potencial de crecimiento bastante interesante. Por su parte, Brasil, prácticamente, se ha mantenido. En cambio, en Estados Unidos, el consumo per cápita ha bajado a partir del 2000. A su vez, la Unión Europea ha sido más estable y ha tenido una baja menor en el último tiempo, al igual que Japón.

Por otra parte, indicó que a partir de principios de siglo, China ha tenido un crecimiento sistemático que coincide con la disminución de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Eso hace pensar que parte de la producción en cobre que se realizaba en éste último, se traspasó al país asiático, cuyo crecimiento en infraestructura ha sido importante para el consumo per cápita.

Explicó que en los últimos 10 años se produjo un alza del 1,5 por ciento y de acuerdo por lo presupuestado por Wood Mackenzie, se espera un crecimiento mundial de 3,4 por ciento en los próximos 15 años.

Por otro lado, en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, la proyección se mantiene, por lo que no habría un crecimiento importante. Por lo tanto, el aumento proyectado no proviene del mundo desarrollado, sino más bien del emergente. Por ejemplo, en la Comunidad de Estados Independientes se aprecia un incremento, al igual que en Brasil y en India. Sin embargo, el crecimiento más importante es el de China.

Indicó que en relación al valor agregado, claramente, ha habido un aumento de la demanda de cobre refinado a lo largo del tiempo. Al respecto, señaló que el incremento más importante que se ha producido, es el de China.

Por otro lado es del caso explicar, que la oferta de cobre ha crecido. Si bien la demanda mundial es de alrededor de 20 mil, la oferta es de 16 mil. La diferencia para alcanzar la disponibilidad de cobre tiene que ver específicamente con el reciclaje. El reciclado de cobre es lo que llena ese trecho.

Con respecto a la producción de cobre mina, Chile es claramente el país más significativo. China y Perú son los países que le siguen, y ambos reflejan un comportamiento similar.

Planteó que de acuerdo a la proyección de la oferta y dependiendo de los supuestos que sucedan a futuro, se produciría un determinado crecimiento. Sin embargo, si en el mundo no se hacen inversiones significativas, claramente, se mantendría e iría declinando la producción. Ahora, si se logra hacer proyectos que pueden ser probables podría mejorar la producción. Por lo que, dependiendo del comportamiento de la implementación de las inversiones, se podría producir una mejor oferta hacia el futuro. Agregó, que para estimar el precio del cobre, es necesario comparar la oferta y la demanda.

Al respecto, existe una relación interesante entre la disponibilidad de cobre y el precio. Es decir, cuando hay una mayor reserva, el precio tiende a bajar y cuando hay disminución, éste tiende a subir. Por lo tanto, ahí hay una relación en los fundamentos del mercado del cobre y se puede apreciar que, tradicionalmente, tiene ese comportamiento. O sea, la oferta y la demanda hacen variar el precio.

Explicó que el precio ha tenido dos niveles. Hasta principios de siglo fue más bien bajo, pero con el ingreso de China al consumo, el precio del cobre alcanzó un nivel más alto, producto de una mayor demanda. Sin embargo, ha tenido fluctuaciones debido a las distintas características del mercado internacional.

No obstante, si se hace un balance en el largo plazo, se puede apreciar que la oferta y la demanda, ha tendido a mantenerse dentro de ciertos rangos. Sin embargo, es posible que hasta el 2015, exista una oferta un poco mayor a la demanda, pero posteriormente se podría producir una disminución, aumentando más la demanda que la oferta y esta situación, se podría ir compensando con el ingreso de nuevos proyectos.

Señaló por otra parte, que el precio de largo plazo, de acuerdo a las estadísticas disponibles, por Consensus, se puede estimar en 260 (c/lb) como el precio del cobre de largo plazo. Sin embargo, el Banco Central tiene una proyección de 280 (c/lb). No obstante, existe una fluctuación durante este año 2012. Pero la explicación que los especialistas dan a este tipo de variación es la turbulencia internacional que tienen los distintos mercados a nivel mundial, como, por ejemplo, Europa, Estados Unidos y China, fundamentalmente.

Para los efectos de la importancia que esto puede tener para la industria en general es importante saber que el precio de los derivados como, el molibdeno, en el caso de Chile, ha tenido una baja en el último tiempo, lo que también puede afectar en parte los resultados de las empresas, que lo tienen como derivado, que es el caso de Codelco en algunas de sus minas.

Por otra parte está la situación del aumento de costos. Agregó, que esto se produjo fundamentalmente por el gas. Otro motivo que afecta el costo, es la baja de la ley del mineral, tanto para los de sulfuros como los oxidados. En el caso de los sulfuros, se produce a través del proceso de la concentración una baja importante, a partir del año 2000. Al respecto, indicó que los sulfuros han tenido una baja, tanto en Chile como en el resto del mundo.

Sin embargo, en los minerales más jóvenes, como los óxidos, en Chile siguen bajando. A partir del 2008, hubo un pequeño crecimiento, producto de que entraron minas nuevas en África, lo que hace cambiar las estadísticas de la ley mundial. Esa es la explicación por la que crece la ley de los minerales oxidados en el mundo y Chile sigue en ese ritmo.

Manifestó que es necesario explicar, lo que cuesta producir una libra de cobre, por centavo de dólar. Al respecto, existe un valor que se usa en minería, el C1, cash cost, que, básicamente, son los costos de operación, tratamiento, refinación y créditos por subproductos. Esa parte es muy importante para comparar. Por ejemplo, se saca todo el mineral de cobre y como subproducto el molibdeno, se suma el valor al que se vende el molibdeno, para que baje el costo para contabilizarlo. Cuesta mucho sacarlo de la producción, porque se trabaja todo en el mismo proceso. Por lo tanto, para que sean equivalentes se pone como ingreso y se disminuye el costo. Entonces, cuando el precio del molibdeno baja, se ponen menos beneficios al costo y sube el de la producción de cobre, debido a que el costo de molibdeno es más bajo.

Por otra parte, está el tema del gobierno corporativo de Codelco, al respecto, hay que dejar en claro, que es un organismo independiente y el directorio toma sus propias decisiones para la empresa.

También está el tema de las utilidades de Codelco. La Empresa ha capitalizado las utilidades y con esto, se ha producido la ayuda necesaria, para efectuar el proceso de inversiones, lo que ha significado una inversión histórica por parte del Estado.

Otra cosa importante es la deuda, el Ebitda, que es específicamente el tiempo que la compañía toma en pagar su deuda. El Ebitda corresponde a toda la caja que genera la empresa producto de su negocio, excluyendo los intereses, los impuestos, la depreciación y amortizaciones. Además, en el caso particular de Codelco, está el tema de la ley reservada.

Además, el crédito de Codelco ha sido bastante parejo en el último tiempo, a pesar de las inversiones que está haciendo, lo que es muy importante y ha mantenido bastante estable la clasificación de riesgo en los últimos años.

Señaló que en el caso de los costos de producción de Codelco, los resultados han sido bastante parejos, en término medio. Es decir, no ha tenido una variación muy grande respecto de los costos internacionales con los que se ha comparado, el C1 al que se refirió anteriormente.

Explicó que también existe una menor producción de cobre, de 818 a 767 millones de dólares. Si se le agrega la producción de El Abra, pasa de 884 a 803 millones. En el caso de la producción de molibdeno, baja de 12 a 10. Los excedentes de ácido tienen una pequeña baja, de 905 a 838, y lo mismo ocurre en la producción de plata y de oro.

Está el caso de las ventas de cobre, por ejemplo, se mantiene dentro del rango, de 749 a 732 millones de dólares; la de minerales a terceros, de 110 a 81. La venta total de cobre es la suma de ambos y la de molibdeno se mantuvo de manera similar.

Manifestó que los precios de cobre tienen una diferencia más significativa aún, porque el precio promedio del primer semestre del año pasado era 4,263, en cambio, el precio promedio de los primeros seis meses del presente año es de 3,673 millones de dólares.

También el precio del molibdeno bajó. El del año pasado era 37,5 y en el primer semestre de este año fue 31. El precio del ácido sulfúrico creció de 124 a 147, el del oro sube y el de la plata baja. El tipo de cambio sube de 476 a 493 millones de dólares.

En consecuencia, con esos antecedentes, los resultados de Codelco, que están en los balances públicos, indican que el ingreso por venta de cobre, entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año, bajó de 7.294 a 6.070, y los costos de venta bajaron en menor proporción, de 3.795 a 3.700 millones de dólares.

La ganancia bruta bajó de 3.500 a 2.370 millones y la ganancia bruta, por subproductos, aumentó levemente.

Por consiguiente, si se suma la ganancia en cobre y otros subproductos, la ganancia bruta baja de 4.020 a 2.725 millones de dólares.

También hay otros ingresos, gastos y resultados de las empresas relacionadas, por lo que el resultado del excedente baja de 3.487 a 2.391 millones de dólares. Otras ventas y excedentes finales. La ganancia comparable, como la define Codelco, baja más o menos mil millones de dólares.

Señaló que a partir del año 2004, los aportes al Fisco crecieron bastante. En los años 2006 y 2007, hubo un aporte significativo y, en el 2011, alcanza la suma de 7 mil millones de dólares.

Planteó que actualmente, Codelco se encuentra trabajando en algunos proyectos estructurales para hacer frente a la baja ley y al aumento de costo. El caso más claro es el de Chuquicamata Subterránea, donde para sacar los minerales que están en el fondo se necesita remover bastante material inerte, lo que se traduce en un costo bastante alto, porque los camiones tendrían que hacer varios recorridos. Por lo tanto, se está usando un túnel para llegar directamente a la zona de los minerales con mayor contenido de cobre, lo que a la larga significa un menor costo. Básicamente, lo están haciendo en Ministro Hales, Radomiro Tomic de Sulfuros Fase II, el Nuevo Nivel Mina del Teniente, Chuquicamata Subterránea y en la ampliación de Andina.

Agregó como información, que la mina Ministro Hales está en ejecución y las otras mineras se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Además, si no se hacen las inversiones proyectadas se estima que la producción de cobre bajará bastante y si se hacen, se estima que de aquí a 2020, la producción subirá alrededor de 14 por ciento.

Por último, señaló que Codelco tiene un gobierno corporativo, que se aprobó en el 2009 y entró en funcionamiento al inicio de 2010. Como se sabe, es una Empresa que tiene un directorio profesional que toma sus propias decisiones, tiene una normativa de administración y gestión bastante comparable a la de las sociedades anónimas, a través de efectuar fiscalizaciones con auditores externos, de la Superintendencia de Valores y Seguros y de Cochilco. Fundamentalmente, el Ejecutivo asumió las funciones del accionista, como lo establece la ley.

-o-

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES: COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CUPRÍFERA ESTATAL CODELCO.

Tomando en consideración todas las posturas señaladas precedentemente, la Comisión ha llegado a las siguientes Conclusiones y realiza las siguientes Recomendaciones:

1. Existe consenso por parte de los miembros y de los invitados a la Comisión, que Codelco Chile debe seguir siendo una empresa estatal, que tenga un carácter integrado, que lidere una política laboral transparente, integrativa y que conjugue el beneficio tanto de sus trabajadores como de su dueño, que son todos los chilenos.

2. Se constata un cambio en la política organizacional de la empresa, el que puede ser atribuido a la implementación de la nueva ley del gobierno corporativo. Esta situación ha generado algunos conflictos, no obstante, luego del paro efectuado el 11 de julio de 2011, las relaciones laborales han tendido a normalizarse, aunque el cambio en la Presidencia Ejecutiva generada por la salida de Diego Hernández y la llegada de Thomas Keller, evidentemente, implica que esta situación se encuentra aún en proceso, por lo que no es posible evaluar, dado el poco tiempo que ha tenido el nuevo Presidente Ejecutivo, si es que esta política de acercamiento se mantendrá o no en el futuro.

3. La Comisión Investigadora ha llegado a la conclusión que además del compromiso de la no privatización de la empresa, es importante proveer a Codelco Chile de recursos permanentes, previsibles y con un destino claro de capitalizar a la empresa. Para generar recursos en materia estructural y ambiental que se requieren, que no solo tenga que recurrir al endeudamiento como fórmula de financiamiento para el pleno desarrollo de sus proyectos estructurales.

4. La Comisión ha realizado un análisis razonado de todas las presentaciones recibidas y no ha encontrado situaciones que ameriten materializar una denuncia a la Contraloría General de la República o a los organismos fiscalizadores que tengan competencia en materia ambiental, laboral, o tributaria.

5. La Comisión ha arribado al consenso, que el marco normativo establecido en la nueva ley sobre los gobiernos corporativos ha sido positivo, pero se requiere seguir avanzando. También es necesario continuar perfeccionando la labor de los organismos tradicionales fiscalizadores de la empresa, para lo cual es necesario que la Comisión Chilena del Cobre debe reforzar sus facultades fiscalizadoras, dada la naturaleza del negocio de Codelco.

6. La Comisión y el poder legislativo, en general, prestó su apoyo irrestricto y transversal a Codelco Chile, en el ejercicio de su opción de compra por el 49% de los derechos sobre el Yacimiento Los Bronces para con la empresa Anglo American Sur; debiendo incluso ampliar el mandato de esta Comisión para entregar los requerimientos que la empresa pudiera necesitar. Con todo, es innegable que la posición de la empresa presentó inconsistencias discutibles; primero se afirmó la necesidad de recurrir a la vía judicial. Luego, esta posición fue reemplazada por la necesidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. La Comisión considera que hubo algunos problemas de comunicación, entendiendo la confidencialidad que requerían tanto las estrategias judiciales como las negociaciones. La Comisión constata el incremento del patrimonio de Codelco, mediante los derechos obtenidos a través del acuerdo extrajudicial llevado a cabo con Anglo, de público conocimiento, aunque, deja planteada la duda respecto a la posibilidad de que, en caso de haberse continuado con las instancias judiciales hasta el final, hubiera sido posible obtener el total del derecho de opción de Codelco, esto es, un 49%.

7. La Comisión considera que la actitud de la empresas Anglo American y Mitsubishi, constituyó una verdadera colusión en contra de los intereses del Estado de Chile, cuyo objeto último fue perjudicar los legítimos derechos de Codelco, en virtud de un contrato de opción absolutamente vigente y válido y en el que resulta claro el interés de dichas empresas en tener acceso a una gran cantidad de concentrados de cobre. Se deja constancia que Anglo American fue invitada en dos oportunidades por la Comisión y oficiada en una oportunidad, pero no contestó los requerimientos solicitados, argumentando que no concurría por encontrarse impedida debido al contexto judicial en el que se encontraba.

8. La Comisión dedicó un gran número de sesiones a discutir la eventual participación de Codelco en la explotación del Litio. En un principio, al comparecer ante esta Comisión, la Administración de Codelco no manifestó mayor interés en el negocio aduciendo razones económicas, de prioridades y de volumen. Sin embargo, una vez que fue requerido por esta instancia, se entregó información sobre los salares donde posee pertenencias, esto es, el salar de Pedernales y, especialmente en el salar de Maricunga, donde los análisis y estudios que se han hecho, han dado resultados interesantes y que esta Comisión considera que deben llevarse a instancias productivas.

9. En relación a los puntos anteriores, la Comisión constató la oposición u abstención del representante de los trabajadores en el Directorio, respecto a la política adoptada por la mayoría de éste. A mayor abundamiento en el caso de Anglo American, Raimundo Espinoza, Director Laboral representante de los trabajadores de Codelco ante el Directorio, optó por abstenerse en la votación del acuerdo finalmente alcanzado, mientras que respecto del proceso de licitación del Litio presentó, junto a la Presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores y un conjunto de parlamentarios, un recurso de protección.

10. La tercerización de funciones se encuentra dentro de la ley, y responde a ciertos criterios de eficiencia económica. Sin embargo, la presencia excesiva del sector servicios puede aumentar la vulnerabilidad de la empresa, especialmente cuando se externalizan áreas críticas. A esto se suma que movilizaciones de este sector, menos integrado a la empresa, pueden producir altos costos. Además, queda en duda la efectividad de estas medidas a nivel de productividad global. De acuerdo a datos entregados por el presidente de FESUC, Ricardo Calderón, en su presentación del 4 de octubre, la dotación total de Codelco es de 60.588 trabajadores, de los cuales actualmente 19.347 que equivale al 31,9%, son trabajadores de planta mientras que 41.241 que equivale al 68,1%, son trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de contratistas de operación, con un aumento constante de los segundos desde la década de 1990.

11. Si bien los trabajadores tienen un nivel de ingresos y beneficios adicionales con un promedio alto, esto no se aplica a los nuevos funcionarios, los que ingresan en una situación desmejorada. Esta situación podría desincentivar el ingreso de nuevo personal de mejor calificación, desviándolos a la empresa privada. El hecho que Codelco, sea una empresa estatal no constituiría un incentivo suficiente para captar el mejor personal, por lo que se necesita nivelar las condiciones de los trabajadores nuevos, respecto de los antiguos.

12. La Comisión tomó conocimiento y tuvo a la vista el informe final de conclusiones de la Comisión Investigadora, respecto a la situación de contaminación de Quintero y Puchuncaví. Al respecto manifestó su preocupación por el alto grado de exposición negativa que sufre la principal empresa del país, la que ha terminado por generar una imagen negativa, que podría entenderse que se trata de una industria que produce contaminación. En este sentido es necesario reforzar la política comunicacional de Codelco, así como su relación con las comunidades, haciendo presente que por un lado Codelco, es una empresa que cumple con toda la legislación ambiental vigente en este país y por otro lado implementa políticas de desarrollo destinadas a mejorar y establecer prácticas del buen vecino, en las comunidades donde se instale. Por otro lado, la Comisión constata con preocupación que no existan señales claras respecto a mantener y optimizar el carácter de Codelco Chile como un productor integrado. Además, la Comisión también se encuentra preocupada ante la inminente aprobación de un proyecto que establece normas sobre las fundiciones, sin que hasta el momento haya claridad de cómo Codelco va a cumplir con las nuevas normas, las que, según los datos entregados por el Ministerio de Medio Ambiente, alcanzarían la suma de mil millones de dólares. En este sentido, resulta valorable la defensa común tanto de los trabajadores de Codelco, como de la empresa en los recursos de protección y otras acciones que se han presentado.

13. Aun cuando la Comisión considera que Codelco es una empresa que aplica los mayores estándares de seguridad en pos del resguardar la integridad de sus trabajadores, se concluye que sería positiva la inclusión de los criterios establecidos por el Convenio 176 de la OIT, dentro de sus políticas laborales.

14. Dado que Codelco es eminentemente productor de cobre catódico, existe consenso en el carácter estratégico de las fundiciones y refinerías de Codelco, empresa que sustenta gran parte de su fortaleza en el mercado internacional, que la debe contar con una capacidad de tratamiento y refinación propios.

15. La comisión concluye que, en virtud de las pérdidas generadas por las negociaciones efectuadas en los “contratos futuros”, en más de una ocasión, se hace necesario efectuar una revisión respecto de la utilización de este instrumento, de forma que no generen a futuro perjuicios a la compañía.

16. La Comisión ha llegado a la conclusión, que gran parte de las denuncias realizadas por los Sindicatos, tienen que ver precisamente con brechas que aun existirían en materia de sindicalización. En este sentido, la Comisión estima que es factible mejorar las relaciones laborales, considerando especialmente la historia del desarrollo del cobre y la necesidad de la identidad de los trabajadores con la empresa. Una mayor comunicación con los trabajadores podría ayudar a esto, asegurándoles su fuente laboral y los requerimientos de una administración moderna.

17. En el caso de la venta de activos prescindibles, es necesario requierir mayores antecedentes, para los casos en que existan ventas de algunos minerales de reposición, como Centenario Cooper, donde no se entregó una mayor información. De cualquier manera, la venta de activos prescindibles no puede remplazar la necesidad de establecer una política de capitalización de las utilidades permanente de la empresa.

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES LABORALES

1. La empresa debería entregar una mayor información sobre los planes de egreso, actualización de ellos, criterios de integración de los trabajadores, para cumplir con los acuerdos referidos a la reposición de los puestos de trabajos, post plan de egresos.

2. Revisar la situación de los menores beneficios que reciben los trabajadores nuevos, por cuanto esta situación podría facilitar un escape hacia la industria privada, por lo que se debiera garantizar que el personal más calificado ingrese y/o permanezca en la empresa estatal. La flexibilidad puede representar una política razonable, siempre y cuando los beneficios sean acordados entre los trabajadores y la empresa y se realicen en línea con los principios definidos en los contratos colectivos vigentes.

3. Examinar la internalización de las áreas estratégicas realizadas en la actualidad por terceros, ante la evidencia de mayores costos, menor expertise, menor productividad de terceros y otros elementos. Se deben revisar los contratos de servicios y evaluar cuáles son las áreas de la empresa que sería conveniente internalizar.

4. Evaluar las políticas laborales de la empresa, para que estén en línea con las convenciones de la OIT. Basándose en los planteamientos hechos por los sindicatos en materia de políticas laborales y específicamente en materia de sindicalización. Además, se recomienda la revisión o modificación de los siguientes artículos del Código del Trabajo relacionados con las políticas de sindicalización, para que se encuentren en línea con las Convenciones de la OIT:

-Artículo 305°, que limita el derecho a la negociación colectiva, para los trabajadores que ejercen labores a través de contratos temporales (Número 1 del artículo) y para quienes ejercen labores de alta dirección (Número 4).

-Artículo 346°, que establece la obligación del pago de un 75% de la cuota de afiliación a un Sindicato, para los trabajadores que hayan sido beneficiados por un contrato o un convenio colectivo.

-Desde el artículo 369° al 374°, se regulan la huelga legal, dentro de un marco de negociación colectiva, sin considerar otros posibles tipos de instrumentos como la huelga solidaria, la huelga por incumplimientos legales y contractuales, y para demandar mejoras socioeconómicas, las cuales se encuentran establecidas en diferentes convenios de la organización.

-Artículo 381°, que establece la posibilidad de contratar trabajadores de reemplazo (rompehuelgas) en caso de no llegar a acuerdos, dentro de una negociación colectiva.

-Artículo 161°, que constituye la posibilidad de despido de un trabajador, bajo la causal de necesidades de la empresa.

RECOMENDACIONES DE POLITICA COMERCIAL

5. Considerar plazos más amplios para la transición de Chuquicamata Subterráneo para el caso de que esto fuera necesario, así como evaluar la política de divisionalización de los yacimientos del norte.

6. La Comisión recomienda reconsiderar la política de divisionalización de los yacimientos de la antigua División Codelco Norte. Se puede realizar esta recomendación ante la evidencia de una inversión previa de funcionamiento, en conjunto con las distintas divisiones y las ventajas que fueron identificadas en este tipo de administración. Además, se pueden mantener las cifras de productividad de cada subdivisión por separado, bajo una administración divisional, que considere la unificación divisional de todos los yacimientos.

7. Cumplir con el compromiso del Presidente Ejecutivo de Codelco, de transformar la empresa minera Gaby SpA, en una nueva División de Codelco.

8. Continuar con la política de los protocolos de traspaso, como solución a posibles desvinculaciones.

9. Considerar que en el proyecto de expansión de la División Andina, se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores, debido a que tienen gran conocimiento de las condiciones geográficas, climáticas y estructurales de la minera de la zona centro. La Comisión, recomienda que un 100% de la producción de la División Andina sea tratada en la fundición Ventanas, en conjunto con impulsar una política de tratamiento y refinación sustentable.

10. Recomendar al Directorio y, en los casos que corresponda, al Estado chileno, realizar las inversiones necesarias en tecnologías, para mejorar tanto la competitividad de costos, optimización y aumento de actividades de la industria, como las emisiones generadas por esta actividad. Esto iría en línea con los compromisos de desarrollo sustentable de la empresa, además de asegurar el avance en esta actividad, la cual fue identificada como esencial para los objetivos de desarrollo económico del país, en el mediano plazo.

11. La Comisión recomienda a la empresa Codelco, elevar las inversiones proyectadas en el área tratamiento y refinación, al nivel de inversiones estratégicas y estructurales, de manera, que se asegure la efectiva aplicación y realización de los proyectos en estudio o en vías de implementación. Además, considera necesario que se estudie y analice por los órganos competentes en materia de planificación, sustentabilidad y financiamiento del Estado de Chile, la viabilidad del aumento de las capacidades de fusión y refinación de Codelco Chile, generando para ella, una mejor capacidad negociadora de precios de minerales en el mercado internacional y mejores utilidades dado que se entrega al mercado productos base o materia prima de mayor valor, con la consiguiente ventaja al interior del país, dadas las mejores oportunidades de desarrollo económico de negocios, servicios y proveedores.

12. Toda legislación en materia de emisiones contaminantes provenientes de las industrias de fundición y refinamiento debe tener en consideración plazos razonables de implementación, para evitar una situación de cierre masivo de estas industrias. Existe la voluntad de avanzar en la materia por lo que son, los plazos y los recursos, los que deben definirse para garantizar una situación favorable para la empresa y las comunidades.

13. Mantener la política de transparencia en la toma de decisiones por parte de la administración, para que de esta forma se pueda contar con la información completa en materia de licitación, inversión y gestión.

14. Recomendar un porcentaje de capitalización efectivo de sus utilidades, que le permita a Codelco mantener su clasificación de riesgo, y de esta forma, una salud financiera adecuada de manera de tener la cantidad de recursos suficientes, para realizar sus proyectos estructurales y evitar un exceso de deuda y un posible aumento de la prima de riesgo de la empresa, debido a ello.

15. Solicitar mayores antecedentes sobre el traspaso del mineral Altamira, hecho que fue realizado a través de un oficio emanado de esta Comisión.

16. Definir una política nacional para la explotación del Litio, que, considere una mayor participación del Estado de Chile. Esto podría ser realizado por Codelco, asociado o no con otras empresas, o por una nueva corporación nacional, que se dedique exclusivamente a la exploración y explotación del mineral. En conjunto con esto, debe existir una política de investigación y desarrollo que permita el desarrollo industrial futuro del mineral, y de esta manera aprovechar de mejor manera, las ventajas que tiene el país en materia geográfica, experiencia minera y reservas. Para ello, el Estado debe asegurar una cantidad de recursos adecuados, que permita el desarrollo de la industria, tanto a nivel de exploración y explotación como a la investigación y el desarrollo.

RECOMENDACIONES SOBRE CAMBIOS INSTITUCIONALES

1. Después de tres años de vigencia de la nueva ley de gobiernos corporativos de Codelco, se hace necesario efectuar una revisión para saber si esta cumplió con su principal objetivo, que era darle una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la OCDE de la administración de las empresas estatales. En este marco, debe revisarse y eventualmente proponer las modificaciones que se requieren sobre la composición del directorio, su forma de nombramiento y sus funciones, de forma de garantizar que la empresa funcione con autonomía y profesionalismo, y actúe siempre con criterios técnicos, especialmente en relación a la definición de las políticas laborales y la contratación y despido de personal.

2. De acuerdo a la ley sobre el gobierno corporativo de Codelco, es necesario saber si la decisión respecto a las cantidades destinadas a los fondos de capitalización y reserva, recaen en los Ministerios de Hacienda y Minería a través de un decreto fundado, conjunto y exento. Esto se realiza tomando en consideración los Planes de Negocio y Desarrollo, pero nada garantiza que se tome en consideración la opinión que tenga el Directorio de la Empresa. Por ello se recomienda crear un Comité Consultivo de Capitalización y Reserva, que incluya a los miembros del Directorio de Codelco, a los Ministros de Minería y Hacienda, y al personal de Cochilco, para que asesore al Gobierno en las políticas de capitalización y reserva de Codelco, de acuerdo con la planificación que realiza la empresa.

3. Las nuevas formas de negocios identificadas a través del estudio efectuada por la Comisión Investigadora, sugieren revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco en relación a Codelco, con el objeto de garantizar que exista un control suficiente y se cuente con la información adecuada, respecto de las decisiones tomadas por el directorio de la Empresa. En esta línea, se sugiere modificar la ley que crea la Comisión Chilena del Cobre, agregando específicamente como función de esta, la revisión de los contratos de asociación de Codelco, con terceros.

ANEXO I PROPIEDAD MINERA

1

2

3

4

5

VII. VOTACIÓN DE CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.

Puesta en votación las conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por 11 votos a favor de los Diputados señores Baltolu, don Nino; Bertolino, don Mario; Bobadilla, don Sergio; Carmona, don Lautaro; Cerda, don Eduardo; Espinosa, don Marcos; Godoy, don Joaquín; Jimémez, don Tucapel, Latorre, don Juan Carlos, Núñez, don Marco Antonio, y Vilches, don Carlos y un voto en contra del diputado señor Lemus, don Luis.

-o-

Designación del Diputado informante

-Se acordó designar diputado informante al señor Marcos Espinosa Monardes

Sala de la Comisión a 20 de diciembre de 2012.

Tratado y acordado, conforme se consigan en las actas de fechas 8,14 y 27 de septiembre; 4, 11 y 18 de octubre; 8 y 15 de noviembre; 13 y 20 de diciembre de 2011, y de 3, 10 y 17 de enero; 20 de marzo; 3, 10 y 17 de abril; 8 y 22 de mayo; 5 y 12 de junio; 3 y 31 de julio; 7 y 28 de agosto; 4 y 11 de septiembre; 2, 9, 16 y 30 de octubre; 6 y 27 de noviembre, y 11, 18 y 20 de diciembre de 2012, con asistencia de los Diputados señores Espinosa, don Marcos (Presidente); Bertolino, don Mario; Carmona, don Lautaro; Cerda, don Eduardo, Godoy, don Joaquín; Jiménez, don Tucapel; Kort, don Issa; Latorre, don Juan Carlos; Lemus, don Luis; Núñez, don Marco Antonio; Rojas, don Manuel; Vilches, don Carlos y Ward, don Felipe.

Se hace constar que reemplazaron en diferentes sesiones a los Diputados integrantes de ella, los siguientes señores Diputados:

Ascencio, don Gabriel; Baltolu, don Nino; Becker, don Germán; Bobadilla, don Sergio; Farías, don Ramón; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Rivas, don Gaspar.

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA, Secretario de la Comisión”.