Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Jose Manuel Edwards Silva
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- German Becker Alvear
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Maria Angelica Cristi Marfil
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Issa Farid Kort Garriga
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Burgos Varela
- Jose Ramon Barros Montero
- Celso Rene Morales Munoz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Estay Penaloza
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Diaz Diaz
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Alejandro Navarro Brain
- Ignacio Walker Prieto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
- DEBATE
- RECUPERACIÓN DE SALUD DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- V. ORDEN DEL DÍA
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO GRATUITO DESDE EL NIVEL MEDIO MAYOR (Primer trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE FACTURA ELECTRÓNICA (Primer trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Javier Ignacio Macaya Danus
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- REGULACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES ELECTORALES (Segundo trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- DEBATE
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO GRATUITO DESDE EL NIVEL MEDIO MAYOR (Primer trámite constitucional)
- POSTERGACIÓN DE INICIO DE TRABAJO DE COMISIONES Y SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO
- VI. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN COMUNA DE BULNES (Oficio)
- ESTADO DE AVANCE DE NEGOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE COMUNA DE FLORIDA Y RUTA DEL ITATA (Oficio)
- MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PUESTOS DE PEAJE (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PENDIENTES EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA DE ATENCIÓN DE SALUD A NIÑOS DE HOGARES DE MENORES (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DE PASOS FERROVIARIOS EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficio)
- ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS EN RUTAS U-435 Y U-185, DÉCIMA REGIÓN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN RÍO QUILLOIMO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (Oficios)
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE
COMISARÍAS DE CARABINEROS EN LA UNIÓN Y RÍO BUENO (Oficio)
- ADHESION
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- EXPLICACIÓN SOBRE DEMORA DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EN PROVINCIA DEL RANCO (Oficio)
- ADHESION
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LA UNIÓN Y RÍO BUENO (Oficio)
- ADHESION
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN PROVINCIA DEL RANCO (Oficio)
- ADHESION
- Lautaro Carmona Soto
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PUERTO DE CORRAL (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE CONICYT PARA LA REPATRIACIÓN DE INVESTIGADORES CHILENOS DESDE EL EXTRANJERO (Oficios)
- ADHESION
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- HOMENAJE A SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE SIERRA, MILITANTE SOCIALISTA RECIENTEMENTE FALLECIDO (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. ANEXO DE SESIÓN
- AGILIZACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE SEÑOR ALEXIS VILLABLANCA TORRES (Oficios)
- LIMPIEZA DE CANAL DE REGADIÓ DE COMUNIDAD JOSÉ MANUEL LIENCURA , COMUNA DE PERQUENCO (Oficios)
- FISCALIZACIÓN DE PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A VECINA DE COMUNA DE LAUTARO (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Evaluación de la Ley en la reunión con la OCDE en París el 29 de mayo del 2013.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Pablo Lorenzini Basso
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Informe sobre participación de los diputados señores Pablo Lorenzini (jefe de delegación), el señor diputado , Eugenio Bauer y el senador Andrés Zaldívar en seminario parlamentario de alto nivel, efectuado por la OCDE los días 17 y 18 de junio en Estocolmo, Suecia.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- Eugenio Bauer Jouanne
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Informa sobre participación del diputado señor Pablo Lorenzini al foro “Transparencia e Integridad en la actividad del lobby y a reunión con la OCDE en relación al proyecto de evaluación de la ley, efectuado por la OCDE el 28 y 29 de mayo, en Paris, Francia.
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Pablo Lorenzini Basso
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- German Verdugo Soto
- Mario Bertolino Rendic
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- Karla Rubilar Barahona
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Accorsi Opazo
- Pepe Auth Stewart
- Marcelo Diaz Diaz
- Marcos Espinosa Monardes
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Fernando Meza Moncada
- Enrique Accorsi Opazo
- Pepe Auth Stewart
- Marcelo Diaz Diaz
- Marcos Espinosa Monardes
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Alberto Robles Pantoja
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión Evaluación de la Ley en la reunión con la OCDE en París el 29 de mayo del 2013.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 48ª, en miércoles 17 de julio de 2013
(Ordinaria, de 11.07 a 15.18 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario , el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- ANEXO DE SESIÓN
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 17
II. Apertura de la sesión 21
III. Actas 21
IV. Cuenta 21
- Acuerdos de los Comités 22
- Remisión de proyectos a Comisión de Trabajo y Seguridad Social 23
- Recuperación de salud de segundo vicepresidente de la Corporación 25
- Réplica a alusión personal 26
V. Orden del Día.
- Reforma constitucional sobre la obligatoriedad del segundo nivel de transición y creación de sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (Primer trámite constitucional) [boletín N° 8997-07] 27
- Modificación de legislación tributaria en materia de factura electrónica (Primer trámite constitucional) [boletín N° 8874-05] 40
- Regulación de actualización de los padrones electorales (Segundo trámite constitucional) [boletín N° 8972-01] 83
- Postergación de inicio de trabajo de comisiones y suspensión de proyectos de acuerdo 95
VI. Incidentes.
- Información sobre estado de avance de licitación de construcción de retén de Carabineros en comuna de Bulnes (Oficio) 96
- Estado de avance de negociación para la construcción de camino entre comuna de Florida y ruta del Itata (Oficio) 96
- Mejoramiento de medidas de seguridad en puestos de peaje (Oficio) 97
- Información sobre intervenciones quirúrgicas pendientes en Región del Libertador Bernardo O’Higgins (Oficios) 97
- Información sobre garantía de atención de salud a niños de hogares de menores (Oficio) 98
- Información sobre medidas de intervención de pasos ferroviarios en Región del Libertador Bernardo O’Higgins (Oficio) 98
- Estudio de ingeniería para construcción de carpetas asfálticas en rutas U-435 y U-185, Décima Región (Oficio) 99
- Información sobre instalación de proyecto hidroeléctrico en río Quilloimo, comuna de San Juan de la Costa (Oficios) 99
- Reiteración de oficio sobre estado de construcción de comisarías de carabineros en La Unión y Río Bueno (Oficio) 100
Pág.
- Reiteración de oficio sobre estado de avance de estudios de ingeniería para la construcción de hospitales en La Unión y Río Bueno (Oficio) 100
- Reiteración de oficio sobre construcción de dependencias del Servicio Médico Legal en provincia del Ranco (Oficio) 101
- Información sobre diversos proyectos relacionados con el puerto de Corral (Oficios) 101
- Información sobre programa de Conicyt para la repatriación de investigadores chilenos desde el extranjero (Oficios) 103
- Homenaje a señor Guillermo Enrique Sierra, militante socialista recientemente fallecido (Oficios) 103
VII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 106
- Agilización de intervención quirúrgica de señor Alexis Villablanca Torres (Oficios) 106
- Limpieza de canal de regadío de comunidad José Manuel Liencura, comuna de Perquenco (Oficios) 106
- Fiscalización de presuntos cobros indebidos por consumo de agua potable a vecina de comuna de Lautaro (Oficio) 107
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Regula la actualización de los padrones electorales.”. (boletín N° 8972-06) (S). (196-361)
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) el sobre “Administración del borde costero y concesiones marítimas.”. (boletín N° 8467-12). (194-361);
b) el que “Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.”. (boletín N° 8874-05). (194-361);
c) el que “Establece los incentivos remuneracionales que indica, a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala.”. (boletín N° 8922-11). (194-361);
d) el que “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo.”. (boletín N° 8324-03) (S). (194-361), y
e) el que “Crea un registro voluntario de contratos agrícolas.”. (boletín N° 8829-01). (194-361)
Pág.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
a) el sobre “Ley de Migración y Extranjería.”. (boletín N° 8970-06). (195-361);
b) el que “Modifica la ley N° 19.880, introduciendo el uso del correo electrónico como forma válida de notificación en los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.”. (boletín N° 4618-06). (195-361);
c) el que “Aumenta las protecciones legales y beneficios aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad.”. (boletín N° 8995-07). (195-361), y
d) que “Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.”. (boletín N° 7976-13). (195-361)
4. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas.”. (boletín N° 8150-09). En Tabla
5. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.”. (boletín N° 8997-07). En Tabla
6. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles.”. (boletín N° 8859-04). En Tabla
7. Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Crea un registro voluntario de contratos agrícolas.”. (boletín N° 8829-01)
8. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica límite intercomunal entre Vicuña y Paiguano, en la Región de Coquimbo.”. (boletín N° 8764-06)
9. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, en Segundo Trámite Constitucional, que “Regula la actualización de los padrones electorales.”. (boletín N° 8972-06) (S). En Tabla
10. Informe de la Comisión Evaluación de la Ley en la reunión de la OECD en París el 29 de mayo 2013
11. Informe sobre participación de los diputados señores Pablo Lorenzini (jefe de la delegación),el señor diputado Eugenio Bauer, y el senador Andrés Zaldivar, en Seminario Parlamentario de Alto Nivel, efectuado por la OCDE, los días17 y 18 de junio en Estocolmo, Suecia
Pág.
12. Informe sobre participación del diputado señor Pablo Lorenzini en Foro Transparencia e Integridad en la actividad del Lobby y en reunión con la OCDE en relación al proyecto de evaluación de la ley, efectuado por la OCDE el 28 y 29 de mayo, en París, Francia
13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Verdugo, Bertolino, Browne, García, don René Manuel; Godoy, Pérez, don Leopoldo; Rivas, Sauerbaum, y de las diputada señoras Rubilar, doña Karla y Sabat, doña Marcela, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a la inscripción de terrenos destinados a áreas verdes y equipamiento comunitario”. (boletín N° 9027-14)
14. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Meza, Accorsi, Auth, Díaz, don Marcelo; Espinosa, don Marcos; Jaramillo, Jarpa, Robles y Vallespín, que “Aumenta sanciones penales para las acciones colusivas en el mercado”. (boletín N° 9026-07)
15. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Meza, Accorsi, Auth, Díaz, don Marcelo; Espinosa, don Marcos; Jaramillo, Jarpa, Robles y Vallespín, que “Declara inembargables los equipos de protección de personal de bomberos”. (boletín N° 9025-22)
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
16. “artículos 25, 25 bis, 26 y 26 bis del Código del Trabajo”. Rol 2321-12-INA. (8749). Rechazado
17. la “oración final del artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”. Rol 2133-12-INA. (8753). Rechazado
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición:
- Petición de 60 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “ Investigar acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv); a qué funcionarios se les está otorgando asignaciones de desempeño crítico; lo concerniente a los estudios y encuestas encargados por esa entidad; los fondos concursables que administra; comisiones de servicios autorizadas al extranjero, motivos del viaje y rendición de fondos de las personas autorizados a realizarlos; razones que ocasionaron la renuncia de autoridades que han acusado irregularidades; actuación de los mandos superiores del Ministerio del cual depende el Injuv y, en general, todos aquellos aspectos que merezcan atención de la Comisión respecto de su administración; como asimismo, determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas”. Para el cumplimiento del
propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
2. Comunicaciones:
- Comunicación de la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante el cual comunica el horario acordado para sus sesiones ordinarias.
Comunicación de la Presidencia de la Cámara por la que informa que los diputados señores Fidel Espinoza Sandoval, Ignacio Urrutia Bonilla y José Manuel Edwards Silva integrarán la comisión Bicameral de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico (192).
- Comunicación de la Presidencia de la Cámara por la que indica que el diputado señor Germán Becker reemplazará al diputado señor Pedro Pablo Browne en las reuniones de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que se efectuarán los días 25 y 26 de julio próximo, en Caracas, Venezuela (191).
Comunicación de la señora diputada Cristi, doña María Angélica, quien acompaña certificado médico por el cual acredita que debió permanecer en reposo el día martes 9 de julio de los corrientes.
- Comunicación del diputado señor Kort, quien acompaña certificado médico por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día 10 de julio próximo pasado.
3. Oficios:
- Oficio de la Comisión Especial de Defensa de los Derechos del Consumidor, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que los proyectos de ley, cuya nómina se anexa, radicados en la Comisión de Economía, sean enviados a ésta para continuar con su tramitación.
- Oficio de la Comisión de Trabajo, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sean remitidos los proyectos, iniciado en mensaje, que “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.”, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. (boletín N° 8324-03(S), y 8492-13, refundidos.
-
Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que informa la participación de los diputados señores Jorge Burgos, Ramón Barros, Celso Morales
e Ignacio Urrutia Parlamentarios por las Américas) que se efectuarán en Costa Rica, entre los días 20 y 24 de agosto próximo(189).
Respuestas a oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien informar si las prórrogas de contrato que se describen en la solicitud adjunta, se ajustan a derecho. (40611 al 9360).
- Diputado Silber, Emitir su pronunciamiento respecto de la constitucionalidad y legalidad de la creación de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), mediante una resolución exenta del Instituto de Salud Pública. (41970 al 4176).
- Diputado León, Solicita disponer se realice una fiscalización, remitiendo sus resultados a esta Cámara, respecto de la gestión y administración que de los recursos públicos hizo la municipalidad de Curicó en la denominada “Fiesta de la Vendimia de Chile 2012”; además, se verifique el cumplimiento por parte del mencionado municipio, en lo pertinente, de las instrucciones contenidas en el oficio N° 020328, de esa Contraloría, de fecha 10 de abril de los corrientes, mediante el cual remite a esta Corporación, el Informe de investigación especial relativo a denuncia sobre recursos financieros aplicados en la fiesta de la vendimia realizada por la municipalidad de Curicó; y, finalmente, si procediere, se realicen las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. (43863 al 6271).
Ministerio de Interior:
- Diputado Montes, Solicita informar sobre cada una de las materias señaladas en la petición adjunta, referidas al endeudamiento municipal. (14665 al 10864).
- Diputado Carmona, Solicita informar sobre la actuación de funcionarios de Carabineros de Chile durante la detención de un grupo de estudiantes que intentaron ingresar a las dependencias del H. Senado, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, el 16 de noviembre próximo pasado (14720 al 1958).
- Diputado Recondo, Solicita informe sobre la fecha de implementación del plan cuadrante en la comuna de Puerto Varas, y respecto de las medidas concretas que dicha implementación requerirá (14720 al 2227).
- Diputada Sabat doña Marcela, Solicita informar sobre el funcionamiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, en el sector de Pedro de Valdivia Norte, comuna de Providencia, en la Región Metropolitana de Santiago; en particular, sobre sus efectos en los índices de delincuencia. (14720 al 2265).
- Diputado Robles, Solicita informe respecto a las medidas adoptadas a partir de las amenazas de muerte que recibió el Cabo 2° Jorge Martínez Alzamora, de la Prefectura de Viña del Mar (14720 al 2372).
- Diputado Ascencio, Solicita se informe acerca del estado del proyecto, aprobado por el Gobierno Regional, consistente en la reposición del edificio de la subcomisaría de Quellón, indicando la razón en el retraso en la ejecución de las obras (14720 al 2835).
- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre el avance de las gestiones para reponer la Segunda Comisaría de Castro. (14720 al 4033).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Chahín, Estado de avance del proyecto de corredor bioceánico que pasaría por la comuna de Victoria, su prioridad y la posibilidad de de contemplar una plataforma logística de carga terrestre en ella. (795 al 11007).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Robles, Remita la información detallada en la intervención adjunta referida a todo lo que diga relación con la forma de pago de patentes comerciales de las grandes empresas chilenas, tales como bancos, tiendas comerciales y empresas mineras. (67 al 10996).
- Proyecto de Acuerdo 751, “Solicita eliminación de impuestos de importación de artículos ortopédicos, sillas de ruedas y vehículos especiales.” (1560).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Harboe, Tenga a bien definir con celeridad el lugar de emplazamiento de la nueva cárcel de Chillán de la Región del Biobío. (4584 al 4879).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Meza, Remita a esta Cámara el registro actualizado de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados dentro de las cuencas hidrográficas de las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica; y, de las solicitudes de derechos de agua en estado de tramitación. Asimismo, se sirva informar acerca de las políticas públicas destinadas a evitar el agotamiento del recurso hídrico, especialmente en las comunas de Curarrehue y Pucón; y, respecto al proceso de fiscalización sobre el correcto uso de los derechos de aguas en la zona. (1508 al 10959).
- Diputado Rincón, Solicita informe sobre las sanciones que se aplicaron a la empresa Sierra y Cía. Ltda., por incumplimiento del contrato adjudicado y las medidas adoptadas para la conclusión de las obras de remodelación del balneario “La Lisera” de la Región de Arica y Parinacota. (1509 al 10813).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputada Isasi doña Marta, Informe las materias señaladas en la solicitud adjunta, referidas al terreno ubicado en el sector Alto Molle de la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. (369 al 11027).
Ministerio de Salud:
- Diputado Walker, Solicita informe sobre los estudios o propuestas del organismo a su cargo, para la normalización de las plantas al tenor de lo dispuesto en la ley N°18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo; y en particular, aquellos referidos a las materias descritas en la solicitud adjunta, en relación con la calificación del personal, incentivo al retiro, derecho de sala cuna y beneficios de salud para los funcionarios de planta y a contrata. (1979 al 11268).
- Diputado Carmona, Informe sobre la situación descrita en la solicitud adjunta, en relación con los plazos de entrega de las obras de construcción y normalización del Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó, Región de Atacama. (2144 al 11346).
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita informe sobre el estado de la licitación y concesión del hospital Salvador - Geriátrico; como asimismo, los alcances de este proyecto para los funcionarios actuales del hospital y para la población de Santiago Nor-Oriente. (2145 al 11617).
- Diputado Hernández, Tenga bien informar sobre presuntos casos de negligencias médicas acontecidas en el servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno de la Región de Los Lagos; particularmente, la existencia de sumarios internos, resultados de éstos, las medidas que se adoptaron para prevenir estos hechos y los protocolos de seguridad referentes a la atención de los pacientes desde que ingresan hasta que reciben el alta médica. (2146 al 11263).
- Diputado Robles, Situación que afecta a la menor Denisse Bell Castañeda Rubio, domiciliada en calle Pedro de Valdivia N° 5032, casa V, Ñuñoa, Región Metropolitana, aquejada de una insuficiencia cardíaca que requiere de un trasplante; y, considere la posibilidad de otorgar prioridad a su intervención quirúrgica. (2149 al 11214).
- Diputado De Urresti, Funcionamiento del Servicio de Atención Primaria de Urgencia Dental que opera en el Centro de Salud Familiar Doctor Jorge Sabat, de la comuna de Valdivia. (2150 al 10878).
- Diputada Isasi doña Marta, Tenga a bien instruir una investigación sumaria a fin de esclarecer posibles irregularidades en el caso de doña Mónica Ramos Ramos, paciente del Hospital Ernesto Galdames de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. (2151 al 11233).
- Diputado De Urresti, Circunstancias que rodearon el fallecimiento de la señora Margoth Miranda Leal, funcionaria del Sename, en el Hospital Base de Valdivia, en la madrugada del día 8 de mayo recién pasado; y, disponer una investigación respecto del cumplimiento de todos los protocolos en su atención de urgencia. (2152 al 11180).
- Diputado Robles, Recursos asignados para los convenios de altas odontológicas integrales, celebrados por el Servicio de Salud Atacama con cada una de las municipalidades de la Región; y, acerca de la rebaja de los montos entregados a la de Huasco, reconsiderándola. (2153 al 11015).
- Diputado Robles, Situación del señor Francisco Núñez Campillay, de la caleta Punta de Lobos; y de la señora Norma Olivares Olivares, quienes requieren ser intervenidos con urgencia sin que a la fecha hayan sido llamados por el hospital de Vallenar, y gestionar una pronta solución. (2155 al 11216).
- Diputado De Urresti, Informe sobre los análisis químicos de composición del agua del Comité de Agua Potable del sector La Punta, en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos. (2157 al 10934).
- Diputado Accorsi, Solicita instruir a los intendentes y secretarios regionales ministeriales de salud, fiscalizar, conjuntamente con los cuerpos de bomberos del país, el cumplimiento de las medidas de emergencia en los pubs y discotecas. (2159 al 4616).
- Diputada Cristi doña María Angélica, Solicita informe sobre el eventual plan de vacunación contra el virus papiloma; con indicación del estado de gestión de la iniciativa y los resultados de los estudios de costo-efectividad y recomendaciones oficiales de la cartera a su cargo, sobre la implementación de este programa. (2160 al 10939).
- Diputado Robles, Fundamento legal que ampara la contratación de dos funcionarios para la atención de los quintillizos nacidos recientemente en el hospital San José, en Santiago; y, acerca de las demás prestaciones otorgadas con fondos del Estado. (2161 al 10789).
- Diputado Accorsi, Tenga a bien remitir antecedentes sobre las cifras correspondientes a los funcionarios de planta, a contrata y a honorarios que desempeñan funciones bajo su dependencia, clasificado por cada región del país. (2162 al 11062).
- Diputado Pérez don José, Solicita tenga a bien disponer la realización de un acucioso análisis del agua potable que se distribuye en la comuna de Nacimiento e informe a esta Corporación de sus resultados. (2189 al 11033).
- Diputado Robles, Remita copia de los informes de los últimos tres años de la calidad del agua en las localidades de Domeyko, Incahuasi y Cachiyuyo, comuna de Vallenar, Región de Atacama. (2190 al 10998).
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por el organismo a su cargo, en cumplimiento del dictamen N°15001N13 del pasado 7 de marzo, de la Contraloría General de la República. (2191 al 11034).
- Diputada Girardi doña Cristina, Informe acerca de la solicitud que, en virtud de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, efectuara al Ministerio de Salud doña Mabel Alberti Lorca toda vez que aún no se le ha respondido, por la que requiere un pronunciamiento sobre la inocuidad de las vacunas que le pusieron a su hija, en el marco de los programas de vacunación del Estado de Chile. (2194 al 11258).
- Diputado Robles, Situación que afectó al menor Daniel Gómez López, de la comuna de Tierra Amarilla, por la demora en la intervención quirúrgica a que debió ser sometido como consecuencia de una fractura en la muñeca derecha; y evalúe el sistema de trabajo del servicio de urgencia de dicho hospital. (2196 al 11215).
- Proyecto de Acuerdo 736, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que remita a tramitación legislativa una iniciativa de ley que otorgue asignación de riesgo a trabajadores de la salud que se desempeñan en siquiátricos.” (2192).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado De Urresti, Analizar, en conjunto con el Ministerio de Transportes y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la factibilidad de implementar un servicio ferroviario momentáneo para el traslado de personas que viven entre las localidades de Antilhue, comuna de Los Lagos, y Valdivia, en la Región de Los Ríos. (4263 al 4063).
- Diputado Rojas, Solicita informe sobre los estudios de evaluación de impacto vial del proyecto de la empresa ATI S.A., denominado “Sistema de Acopio de Concentrados” en el Puerto de Antofagasta. (4264 al 11051).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
- Diputado Eluchans, Informe sobre el estado de tramitación de la petición realizada por la señora Benita Jaco Galea, referida a los inconvenientes que ha tenido para obtener su pensión de vejez; disponga al efecto la investigación pertinente, adoptando las medidas que fueren menester, conducentes a solucionar el problema que le aqueja y aplicar las sanciones de rigor, si ello procediere. Se anexa documento relacionado con la materia objeto de este oficio. (2117 al 8092).
- Diputado Eluchans, Solicita informe sobre las medidas implementadas por la cartera a su cargo, orientadas a resolver la situación que aqueja a la señora Benita del Carmen Jaco Galea, relativa a la tramitación de su jubilación, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (2117 al 10430).
Empresas del Estado:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre cada una de las materias que se precisan en la solicitud adjunta, en relación con el programa de emprendimiento local cofinanciado por Corfo y ejecutado por CorpOsorno. (6470 al 9687).
Intendencias:
- Diputada Molina doña Andrea, Cumplimiento de la resolución que dispuso la paralización de las obras del proyecto Aguas Blancas de Maitencillo, disponiendo una fiscalización. (1172 al 11881).
- Diputado Schilling, Tenga a bien informar sobre la fecha de entrega del proyecto de mejoramiento de calzada de la calle El Pilón de la comuna de Olmué. (1672 al 11418).
- Diputado Sandoval, Informar sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (2148 al 11645).
Servicios:
- Diputado Chahín, Situación que afecta al señor José Huenchumán Cortado, de la comuna de Galvarino, a quien habría correspondido rebajar el total del porcentaje de cotización de salud, en consideración a su ficha social y sólo se efectuó un descuento del 2%. (15695 al 11851).
- Diputado Chahín, Estado de tramitación de la solicitud de reconocimiento de la calidad de exonerado político del señor César Béjar Órdenes, de la comuna de Vilcún, presentada hace más de 8 años. (15696 al 11701).
Varios:
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita informar sobre cada una de las materias que se indican en la solicitud adjunta, en relación con la declaración pública efectuada con el Colegio de Administradores Públicos de Chile A.G., sobre el otorgamiento del título profesional al señor Roberto Funk Krauskopf. (522 al 9898).
- Diputado Pérez don Leopoldo, Para reiterar el oficio N° 9.898 del pasado 17 de enero, y en definitiva informe, al tenor de la intervención adjunta, sobre el otorgamiento del título profesional al señor Roberto Funk Krauskopf. (522 al 11844).
- Diputada Molina doña Andrea, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Pedro Mella Zepeda, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (885 al 5056).
- Diputado Harboe, Solicita informar y remitir los antecedentes señalados en la solicitud adjunta, referidos al cálculo de la tasa de interés corriente durante los últimos 5 años. (8913 al 10557).
Municipalidades:
- Diputado Robles, Política en materia de vacaciones de los asistentes de la educación, durante los meses de enero y febrero. (691 al 11114).
X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado De Urresti, Informar sobre las medidas adoptadas a la fecha, con el fin de apoyar a los trabajadores de Empresa Lácteos Valdivia que se encuentran cesantes por el cierre de dicha planta, indicando los proyectos de emprendimiento a los que pueden postular a través de Corfo o Sercotec. (12043 de 09/07/2013). A intendencias.
- Diputado De Urresti, Informar sobre las razones que motivaron la desvinculación de esta institución a don Marcos Navarrete Sepúlveda, indicando la existencia de algún beneficio o indemnización a la que pueda acceder. (12044 de 09/07/2013). A varios.
- Diputado De Urresti, Informar sobre el resultado de la solicitud N°143.700 del año 2012, presentada por doña Gladys Carrasco Muñoz, don David Carrasco Uribe y don Hernán Sandoval Subiabre ante su servicio; como asimismo, indique el cumplimiento de dicho dictamen por parte de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. (12045 de 09/07/2013). A Contraloría General de la República.
- Diputado De Urresti, Informar sobre el estado de ejecución de los proyectos de reposición de los puentes Purulón y Leufucade 1 y 2 de la comuna de Lanco y de las obras de mejoramiento del Camino Cabo Blanco - Las Marías de la comuna de Valdivia de la Región de Los Ríos, adjuntando los cronogramas respectivos de cada obra. (12046 de 09/07/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la existencia de planes preventivos para contribuir en la disminución de los índices de contaminación en las zonas saturadas de la Región de Los Ríos. (12047 de 09/07/2013). A Ministerio Medio Ambiente.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don José Ralil Velásquez, descrita en la solicitud adjunta. (12048 de 09/07/2013). A servicios.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don José Ralil Velásquez, descrita en la solicitud adjunta. (12049 de 09/07/2013). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el apoyo que presta la Oficina de Asuntos Huilliches a las organizaciones representativas de dicha comunidad. (12050 de 09/07/2013). A municipalidades.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el apoyo que presta el servicio a su cargo a las organizaciones representativas de las comunidades Huilliches. (12051 de 09/07/2013). A Servicios.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el recurso de oposición presentado ante su servicio por diversas organizaciones territoriales y representativas de comunidades Huilliches, en contra de la de la petición realizada por la Empresa Energías Renovables Laguna Grande para extraer 8 mil litros de agua del río Liucura y Quilloimo de la Región de La Araucanía. (12052 de 09/07/2013). A Servicios.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don Edgardo Aburto Barría y don Luis Gutiérrez Reyes, descrita en la solicitud adjunta. (12053 de 09/07/2013). A servicios.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don Edgardo Aburto Barría y don Luis Gutiérrez Reyes, descrita en la solicitud adjunta. (12054 de 09/07/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don Cristian Pérez Hernández, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (12055 de 09/07/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Estay, Acciones adoptadas frente a los cortes de energía eléctrica que han afectado durante el mes de junio a la Región de La Araucanía. (12056 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputado Estay, Acciones adoptadas frente a los cortes de energía eléctrica que han afectado durante el mes de junio a la Región de La Araucanía. (12057 de 10/07/2013). A varios.
- Diputado Harboe, Informe sobre todos los proyectos de infraestructura y agua potable rural que se han ejecutado en la Región del Biobío, durante los años 2010 a 2013, indicando las organizaciones, representantes, número de beneficiarios, sus direcciones, los montos aprobados y las empresas ejecutoras. (12058 de 10/07/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Harboe, Remita todos los antecedentes que posea sobre los actuales medios tecnológicos de seguridad exigidos a los bancos e instituciones financieras y a los operadores de tarjetas de crédito y débito en materia de seguridad anticlonación y protección de la información de los clientes e informe acerca del actual marco normativo y estándares exigidos a los mismos en materia de seguridad anti clonación. (12059 de 10/07/2013). A varios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de que la señora Carmen Godoy Muñoz, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, pueda postular y recibir el bono por hijo nacido vivo. (12060 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado de tramitación de la apelación presentada por el señor Ismael Enrique Leiva Valenzuela, de la comuna de Pichidegua, por el rechazo de sus licencias médicas. (12061 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado de tramitación en que se encuentra la denuncia presentada por las directivas de la Junta de Vecinos de la Villa Araucaria y del Comité de Vivienda Don Eleodoro, de la comuna de Las Cabras, por deficiencias e irregularidades en la construcción de viviendas y su escrituración. (12062 de 10/07/2013). A seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de que la señora Paula Cristina Silva Zúñiga, de la comuna de Pichidegua, pueda postular o incorporarse a los programas que entrega el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en consideración a su situación familiar y a su ficha social de 4.000 puntos. (12063 de 10/07/2013). A varios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado de tramitación de la apelación presentada por el señor Roberto Carlos Toro Vidal, de la comuna de Pichidegua, por el rechazo de sus licencias médicas. (12064 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputado Torres, Cierre del acceso directo a la ruta 68, en el sector de La Vinilla, comuna de Casablanca, tanto para peatones como para vehículos particulares y de emergencia y si tiene contemplada la construcción de alguna vereda con salida de aguas lluvias y acceso a la ruta. (12065 de 10/07/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Letelier, Efectuar un estudio completo acerca de la calidad del agua potable de la comuna de Melipilla de la Región Metropolitana, informando sobre sus resultados. (12066 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputado Silber, Informe sobre la situación que afecta a don José Miguel Sfeir de la Fuente, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (12067 de 10/07/2013). A Ministerio de Salud.
- Diputado Hernández, Informar sobre la situación habitacional actual y el acceso a servicios básicos de las familias afectadas por el derrumbe del camino que une las zonas de Bahía Mansa con Maicolpué de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. (12068 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputado Hernández, Informar sobre la situación habitacional actual y el acceso a servicios básicos de las familias afectadas por el derrumbe del camino que une las zonas de Bahía Mansa con Maicolpué de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. (12069 de 10/07/2013). A intendencias.
- Diputado Hernández, Informar sobre la situación habitacional actual y el acceso a servicios básicos de las familias afectadas por el derrumbe del camino que une las zonas de Bahía Mansa con Maicolpué de la comuna de Osorno, Región de Los Lagos. (12070 de 10/07/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Díaz don Marcelo, Razones que han motivado la demora en la ejecución del proyecto de reposición del complejo deportivo Pisco Elqui de la comuna de Paihuano. (12081 de 10/07/2013). A Intendencia de Coquimbo.
- Diputado Hernández, Informar sobre las conclusiones que arrojo la reunión del Consejo de Redes Asistenciales macro regional realizado en el Hospital Base de Osorno, en relación con los problemas y desafíos que enfrenta el sistema de salud en el extremo sur de Chile. (12083 de 11/07/2013). A servicios.
- Diputado Hernández, Informar sobre las medidas adoptadas por el servicio a su cargo para solucionar la escasez de médicos en regiones alejadas y de bajos recursos del país, especialmente, en la Región de Los Lagos. (12085 de 11/07/2013). A Ministerio de Salud.
- Diputado Hernández, Informar sobre las obras de mejoramiento consideradas por el servicio a su cargo, con el fin de apoyar a más de 300 personas que habitan en el pasaje La Huisca I del sector de Rahue Alto de la Región de Los Lagos y que cuentan con viviendas sin servicios básicos. (12087 de 11/07/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Hernández, Informar sobre las obras de mejoramiento consideradas por el servicio a su cargo, con el fin de apoyar a más de 300 personas que habitan en el pasaje La Huisca I del sector de Rahue Alto de la Región de Los Lagos y que cuentan con viviendas sin servicios básicos. (12088 de 11/07/2013). A Ministerio de Desarrollo Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, además, el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán; la ministra de Educación , señora Carolina Schmidt Zaldívar, y el ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau.
-Se contó con la asistencia, también, de los senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Alejandro Navarro Brain, e Ignacio Walker Prieto.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 42ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 43ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , quiero solicitar a la Mesa el envío de una carta al diario El Mercurio, a fin de aclarar las funciones de fiscalización y solicitud de información que tenemos los diputados.
El domingo 1 de julio, en el Cuerpo de Reportajes de dicho diario, en una nota muy tendenciosa, aparece mencionada la diputada Alejandra Sepúlveda y este diputado como haciendo gestiones en favor de los exonerados; a la vez, una introducción en relación con un conjunto de irregularidades que se habrían cometido a través de gestiones efectuadas por diputados para reconocer la calidad de exonerados.
Lo que plantea la nota de la diputada Sepúlveda y de quien habla es, simplemente, solicitar información sobre el estado de avance del trámite. Nada más que eso. No pedimos que se reconozca la calidad de nadie, ni que se otorgue ningún beneficio. Únicamente, que se informe a los beneficiarios sobre el estado de avance del trámite, porque muchos de ellos llevan tres años de tramitación y aún no han obtenido una respuesta.
Cuando hay abusos por parte del sector privado, siempre reaccionamos a tiempo y lo denunciamos; pero no ocurre lo mismo cuando es el Estado el que abusa y no entrega una información.
Es importante que la Cámara le aclare a este medio cuáles son nuestras facultades y de que no se trata de ninguna práctica para tratar de influir en la entrega de algún beneficio, ni nada que se parezca.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , frente a su planteamiento hay dos caminos posibles. Uno, que el tema sea discutido en reunión de Comités. En caso contrario, que los diputados que se sientan aludidos hagan uso del derecho que les otorga el artículo 34 del Reglamento.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los Acuerdos de los Comités Parlamentarios.
El señor LANDEROS (secretario).- Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la Presidencia del diputado señor Edmundo Eluchans, aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana, en documento que se acompaña en anexo.
2. Considerar, en el primer lugar de la Tabla de esta sesión, el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (Boletín N° 8997-07), limitando su discusión a 30 minutos.
3. Destinar el resto del Orden del Día a la discusión del proyecto de ley que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica (Boletín N° 8874-05).
4. Votar ambos proyectos en el día de hoy al término del Orden del Día.
5. Permitir a la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización sesionar simultáneamente con la Sala, para considerar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la actualización de los padrones electorales (Boletín N° 8972-06), calificado con “discusión inmediata”, sin cumplir con lo preceptuado en el artículo 239 del Reglamento.
Poner a disposición de las señoras y señores diputados los antecedentes relativos al proyecto sobre actualización de los padrones electorales (Boletín Nº 8972-06), que tiene la Secretaría -esto es, el oficio del Senado- y, luego, en una hora más reunirse los Comités para determinar si se va a incorporar o no en la Tabla de la presente sesión.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en orden a disponer que los proyectos de ley refundidos (Boletines N°s 8324-03 y 8492-13), el primero destinado a sustituir el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, y el segundo a establecer la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecuar normas de otras leyes, le sean remitidos en aquello que le corresponda, según su competencia, una vez que hayan sido informados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual se encuentran radicados.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión especial de Defensa de Derechos del Consumidor para que los proyectos de ley cuya nómina se anexa en documento incluido en la Cuenta, radicados en la actualidad en la Comisión de Economía, le sean enviados para continuar su tramitación.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
-o-
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 60 señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “investigar acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv); a qué funcionarios se les está otorgando asignaciones de desempeño crítico; lo concerniente a los estudios y encuestas encargados por esa entidad; los fondos concursables que administra; comisiones de servicio autorizadas al extranjero, motivos del viaje y rendición de fondos de las personas autorizadas a realizarlos; razones que ocasionaron la renuncia de autoridades que han acusado irregularidades; actuación de los mandos superiores del ministerio del cual depende el Injuv; en general, todos aquellos aspectos que merezcan atención de la comisión respecto de su administración; asimismo, determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas.
Para el cumplimiento de dicho propósito, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días y en el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo el diputado señor Barros Montero Ramón.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento, si efectuada una votación queda de manifiesto que hubo parlamentarios presentes en la Sala que no emitieron su voto, usted tiene el deber de pedirles que se pronuncien.
En este caso, usted simplemente dio por rechazada la solicitud de crear una comisión investigadora, no obstante que en la Sala por lo menos hubo veinte diputados que no se pronunciaron; todos de la UDI, obviamente.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , en esta ocasión no tiene razón, porque da lo mismo que esos diputados que no votaron lo hayan hecho en contra de la solicitud porque bastaba con reunir 48 votos a favor.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , mi reclamo dice relación con otro punto: hubo entre quince y veinte diputados de su bancada que no se pronunciaron, no obstante que tenían el deber de hacerlo.
El señor ROJAS.- Bastaba con que hubieran votado a favor los sesenta parlamentarios que firmaron la solicitud; pero ellos están ausentes.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités, con suspensión de la sesión, para aclarar este punto reglamentario, porque incide en todas las decisiones que debemos tomar en la Sala.
El señor NÚÑEZ.- Nuestra bancada solicita lo mismo, señor Presidente .
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
RECUPERACIÓN DE SALUD DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores diputados, quiero compartir con ustedes la buena noticia recibida esta mañana, en cuanto a que, nuestro amigo, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Roberto Delmastro, ha sido dado de alta luego de aprobar los exámenes de salud a que fuera sometido la semana pasada. Esto significa que no solo se encuentra bien, sino que nos va a acompañar en forma permanente en esta Corporación.
-Aplausos.
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Honorable Sala, el diputado señor Issa Kort ha solicitado hacer uso de la palabra en virtud del artículo 34 del Reglamento de la Corporación.
Tiene la palabra su señoría.
El señor KORT.- Señor Presidente , he solicitado hacer uso del derecho que me confiere el artículo 34 del Reglamento, ya que el pasado martes fui víctima de una publicación farsante y descontextualizada por parte de un medio de comunicación nacional que se jacta de ser pluralista y objetivo.
Todos los que estamos en el ámbito público somos susceptibles de ser mal entendidos, descontextualizados y mal interpretados. Pero, también, al igual que todo el mundo, corremos el riesgo de equivocarnos o de expresarnos mal.
Señor Presidente , quiero agradecer la opinión que hoy usted ha entregado al diario La Tercera. Realmente, no puedo estar más de acuerdo con ello. Creo que en política debemos ser transparentes, honrados y trabajadores. Debemos preocuparnos de recambiar a los actores y estilos que conducen nuestra política.
Consecuentemente con esa creencia, en el 2011, con 31 años de edad, acepté la nominación que hizo mi Partido para reemplazar en este escaño al actual senador Alejandro García Huidobro . Como joven, puedo ser muy crítico de las decisiones políticas que se toman; pero también debo ser responsable. Acepté ser diputado con una sola gran ambición: servir a mi país; servir a la ciudadanía; servir en ser un puente de unión; servir para enriquecer debates legislativos, expresando mi opinión, pero también oyendo y respetando opiniones distintas.
He aprendido lo importante que es el oírnos y no prejuzgarnos. El diálogo, el parlamento, es lo que debemos practicar en este Hemiciclo y en las comisiones.
La noticia que provoca mi intervención de hoy fueron mis supuestos dichos; pero creo que nos salimos del foco. La noticia fue la triste, preocupante y desgarradora realidad que enfrenta una niña de 11 años. Condeno, una vez más, con todas las energías y fuerzas, la situación que ella vive. Como sociedad, estamos en deuda, pero personalmente creo que esa deuda no se salda con el asesinato de una vida humana que está en proceso de gestación. Reitero, esta es mi opinión personal y espero que sea respetada, como yo siempre he respetado a los que piensan distinto.
Es necesario aclarar en este Hemiciclo que los titulares, por muchos conocidos, no fueron palabras mías. Cualquiera persona que lea el texto de la entrevista se podrá dar cuenta de que lo que digo es así. Ninguno de los que estamos acá estamos libres de vivir este tipo de experiencias.
Señor Presidente , junto con reiterar mi posición consecuente y provida, quiero señalar que si este mal entendido ofendió a alguien, reitero mis públicas peticiones de perdón. No temo pedirlo. Al contrario, muchas veces en la política es un gesto de humildad muy necesario.
Por último, quiero agradecer a aquellas personas que me llamaron para darme su apoyo y plantearme su visión.
También quiero agradecer a aquellas personas que, con respeto, me criticaron y plantearon su posicionamiento de manera contraria a mis dichos.
Quiero agradecer especialmente al senador Alejandro García-Huidobro , a quien la ciudad de Rancagua eligió con la primera mayoría y quien me apoyó privada y públicamente en mi postura de defensa provida.
Señor Presidente, creo que la vida se hace mejor, dependiendo de cuántas veces uno se levanta y no de cuántas veces uno se cae.
Creo que la política debe tender a ser más respetuosa y tolerante como una forma de avanzar.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
V. ORDEN DEL DÍA
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO GRATUITO DESDE EL NIVEL MEDIO MAYOR (Primer trámite constitucional)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8997-07, sesión 40ª de la presente legislatura, en 19 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informo el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor, originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República .
La finalidad perseguida por esta iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 19, Nº 10°, de la Constitución Política de la República, referido al derecho a la educación, con el objeto de hacer obligatorio el segundo nivel de transición; es decir, el que corresponde a los niños de cinco a seis años de edad, y establecer un sistema de financiamiento gratuito a partir del nivel medio mayor, o sea, el de niños de cuatro a cinco años, a fin de asegurar el acceso a la educación a este nivel y a los superiores.
Las medidas que propone esta iniciativa obedecen, en gran parte, a la conciencia de la importancia que tiene este nivel educativo, en el que se desarrollan las habilidades cognitivas y socioemocionales, fundamentales para el desarrollo posterior, como lo demuestra el hecho, según se ha comprobado, que ya en el primer año y medio de vida se observan diferencias en el desarrollo de estas habilidades debidas en parte a la influencia del contexto social, económico y cultural en que se desenvuelven los menores.
Estas diferencias son precisamente las que se acrecientan en el tiempo y son más difíciles de revertir, según puede concluirse del hecho de que en la prueba nacional Simce de 2011, el 71 por ciento de los niños de cuarto básico, de nivel socioeconómico alto, adquirieron los conocimientos en la prueba de lectura que correspondían a su nivel educativo, porcentaje que en el sector más vulnerable solo alcanzó a 29 por ciento. Casi 50 puntos menos.
Entre los especialistas existe consenso acerca de la importancia de asistir a la educación parvularia al menos desde los tres años, asistencia que respecto de los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables tiene una especial repercusión, lo que refuerza la idea de la alta significación que tiene este nivel en una sociedad que pretende otorgar las mismas oportunidades a todos sus integrantes.
Al efecto, el país marcha en la dirección correcta, según puede desprenderse de los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), los que indican que la cobertura total para este nivel educativo pasó de 28 por ciento en el 2000 a más de 40 por ciento en el 2011, gracias a los esfuerzos de los distintos gobiernos para financiar el acceso a todos los niños de ese nivel educativo.
Así, por ejemplo, el derecho a una subvención universal para los niños de prekínder produjo un fuerte aumento de la cobertura de este nivel, llegando a 73 por ciento en el 2011, lo que a su vez ha dado lugar a una mejor distribución, reduciéndose las diferencias de asistencia a la educación parvularia, pasando en el período mencionado de 20,2 a 42,3 por ciento para el primer quintil, acercándose al nivel del quinto quintil, el que creció en el mismo lapso de 46,3 a 48,4 por ciento.
Lo anterior no solo refleja una mayor cobertura, sino que, en conjunto con otras iniciativa en educación escolar, ha permitido en los últimos diez años avances sin precedentes en relación con la equidad y calidad de la educación, mejorando los resultados educativos y reduciendo las diferencias en aprendizaje entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos, todo lo cual puede verificarse de los estudios efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que demuestran que Chile es uno de los países que más ha logrado mejorar sus resultados y reducir las diferencias entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.
No obstante estos buenos resultados, aún subsisten en nuestro país muchas diferencias que deben superarse, como se desprende del hecho de que la tasa de cobertura para los niños del segundo nivel de transición, es decir, de cinco a seis años, llegó en el 2011, según la encuesta Casen, al 93,6 por ciento, de los cuales el quinto quintil alcanza una cobertura del 96 por ciento y el primero solo un 84 por ciento, lo que demuestra que cerca de 16 mil niños chilenos no asisten a este nivel educativo, especialmente entre quienes pertenecen a los sectores más carenciados.
En todo caso, es digno de destacar que uno de los obstáculos para lograr mayor cobertura reside en un atavismo cultural que es necesario cambiar a fin de asegurar la asistencia a este nivel, consistente en la necesidad de transmitir a las familias la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños y niñas y que estas opten por ofrecer a sus hijos la posibilidad de adquirir los conocimientos y habilidades asociadas a este nivel educativo, porque especialmente en los grupos más vulnerables se estima que este nivel es innecesario porque los niños, principalmente si la madre no trabaja fuera del hogar, están bien cuidados en sus casas. Esta situación, precisamente, explica por sí sola la conveniencia de hacer obligatorio este nivel.
Asimismo, en lo que se refiere a quienes asisten al nivel medio mayor, es decir, de tres a cinco años, no existe una política de financiamiento universal por parte del Estado, demostrando la encuesta Casen que la cobertura solo alcanza al 51 por ciento, por debajo de la media de los países de la OCDE que alcanzan al 66 por ciento.
Entonces, parece de toda justicia focalizar los esfuerzos del Estado en este nivel educativo, por cuanto es aquí donde se cimentan las bases para un desarrollo integral de los niños y de sus oportunidades futuras, algo imprescindible para la construcción de una sociedad con grados mayores de justicia y equidad.
Todo lo anterior pondría en evidencia la importancia de este nivel educativo, por lo que en esta iniciativa se propone la obligatoriedad del segundo nivel de transición, incrementando así a trece años la educación obligatoria de los niños, lo que implica que ninguno podrá ser privado de recibir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a ese nivel educativo.
Por último, cumpliendo con el rol obligatorio de promover la educación parvularia, se propone financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, es decir, el que corresponde a niños de tres a cuatro años de edad.
Esta reforma constitucional cuenta también con favorables comentarios de instituciones especializadas, como el caso de Cieplan, en que se señala la existencia de un amplio consenso entre los especialistas acerca de lo fundamental que resulta la educación preescolar en lo referente a generar igualdad de oportunidades, siendo más efectivo para ello invertir en capital humano a esa temprana edad que tratar de corregir las diferencias a edades más avanzadas.
Resalta, asimismo, el avance que significa que exista en el país subvención universal para los niveles de kínder y prekínder, así como la cobertura de educación parvularia que garantiza el programa Chile Crece Contigo, todo lo cual, junto con la obligatoriedad del kínder, no haría más que ratificar el compromiso financiero que el Estado ya adquirió con anterioridad.
La institución mencionada destaca también que la nueva subvención para los niños, a partir de los tres años, se orienta en el mismo sentido, pero junto con ello hace presente una observación respecto a la entrada en vigencia del nivel kínder como requisito para el ingreso a la educación básica, ya que debía prevenirse que ello no afectara negativamente a aquellos alumnos que en un período de transición no hicieran el kínder y que tal falencia les significara retrasar su ingreso a la educación básica, prevención esta última que a juicio del Ejecutivo , de la señora ministra de Educación , se enfrentaría sometiendo a quienes no hubieran cursado el kínder a una prueba de posicionamiento para determinar si tienen las competencias mínimas para ingresar a primero básico y, de ser el resultado negativo, se les exigiría el ingreso al mencionado nivel de educación preescolar.
La Comisión, por unanimidad, dio su aprobación a la iniciativa y, en definitiva, la reforma se establece de la siguiente manera:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política:
1) Reemplázase el inciso cuarto del numeral 10° del artículo 19 por el siguiente:
Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.”.
2) Reemplázase la disposición vigésimo primera transitoria por la siguiente:
“Vigésimo primera.- La reforma introducida al numeral 10° del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrara en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.
La Comisión, por unanimidad de sus miembros, aprobó esta reforma constitucional y solicita respetuosamente a esta honorable Cámara que dicha reforma pueda seguir la misma suerte en el Hemiciclo.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la ministra de Educación, doña Carolina Schmidt.
La señora SCHMIDT, doña Carolina ( ministra de Educación Pública ).-
Señor Presidente , las grandes desigualdades que existen en nuestro país se originan en la cuna. Para ganar la batalla contra la desigualdad, debemos invertir en la primera infancia. La educación parvularia, por lo tanto, es clave.
El foco en este nivel educativo no solo es el más eficiente, desde el punto de vista de la inversión económica, por los enormes retornos que conlleva, sino, sobre todo, por su impacto en la equidad social, reduciendo las brechas que produce la cuna en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, de nuestros niños y niñas. Mejorar la cobertura y el acceso de todos los niños a este nivel educativo requiere de un esfuerzo especialmente importante del Estado, así como de un importante cambio cultural en nuestras familias.
La modificación a la Constitución que hoy se vota ataca precisamente ambos flancos. Por una parte, se extiende el beneficio universal de la educación parvularia a todos nuestros niños a partir de los tres años de edad, garantizando sí el acceso universal y gratuito a la educación parvularia temprana.
Por otra parte, establece el kínder obligatorio, dando una señal política clara sobre la relevancia de este nivel educativo.
De esta forma, el Estado refuerza su compromiso con la educación y, en particular, con la educación parvularia, dando una señal inequívoca sobre la prioridad que tiene la educación en la primera infancia, imprescindible para que Chile avance hacia una mayor equidad.
Hoy, son más de 16 mil los niños que no asisten a kínder en el país. La gran mayoría de ellos, por sobre el 70 por ciento, pertenece a los sectores más vulnerables, a los dos primeros quintiles.
Además, la cobertura de la educación parvularia en el nivel medio mayor, esto es, de niños de tres años, es solo de un 51 por ciento. Estamos hablando de más de 15 puntos bajo el promedio de la OCDE.
La principal razón por la cual las familias en Chile hoy no mandan a sus niños a kínder es cultural. El 86 por ciento de ellas declara que no los envía porque están bien cuidados en sus casas. Esta declaración hace fundamental este cambio constitucional. La educación parvularia no es un lugar para ir a cuidar a los niños, sino, justamente, para que se desarrollen y para que, a través de la educación, puedan alcanzar los niveles de su máximo potencial.
Esta modificación en la Carta Fundamental se enmarca dentro de una política de Estado que ha venido desarrollando el país en las últimas décadas, como, por ejemplo, en 1999, cuando se modificó la Constitución en cuanto a establecer la obligación del Estado de promover la educación parvularia; en 2003, cuando se reconoció este nivel educativo; en 2007, cuando se garantizó el acceso a kínder, y en 2009, cuando se creó el programa Chile Crece Contigo.
La reforma constitucional que hoy se vota se suma a otras iniciativas que ha impulsado el Gobierno en materias de acceso, de financiamiento y de calidad de la educación en la primera infancia.
En concreto, el apoyo financiero que ha posibilitado la creación de más de cuarenta mil nuevos cupos en el nivel de sala cuna y nivel medio en los establecimientos de la Junji e Integra.
Asimismo, el presupuesto para estas instituciones ha crecido en 50 por ciento entre el 2010 y el 2013. Conjuntamente, se ha incrementado el monto de la subvención regular para prekínder y kínder en 20 por ciento, y la SEP, en 21 por ciento, recursos que van directamente a los niños de menores recursos. Estas medidas se complementan con las iniciativas que se han liderado para la creación y publicación de estándares orientadores en la formación de educadores de párvulos, como la incorporación de una prueba específica, Inicia, para egresados de la educación parvularia; el Plan de Fomento de la Lectura en los jardines infantiles y colegios; la implementación de bibliotecas en todas las aulas de kínder y prekínder, y, especialmente, a través del proyecto de ley, aprobado unánimemente tanto en las Comisiones de Educación y de Hacienda de esta Cámara, que crea una autorización obligatoria de funcionamiento a todos los jardines del país y entrega a la Superintendencia de Educación la facultad para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos en el tiempo y sancionar a quienes los incumplan.
Quiero agradecer a todos los diputados miembros de la Comisión de Constitución por su apoyo a este proyecto, así como también por el apoyo que recibió de los diputados y diputadas de la Comisión de Educación. El acuerdo que hoy logremos sobre estas materias permitirá, en el corto plazo, avanzar hacia un sistema educacional más equitativo y, por ende, hacia la construcción de una sociedad más justa, más humana y, verdaderamente, desarrollada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Iniciando la discusión de este proyecto, tiene la palabra el diputado de la Unión Demócrata Independiente , señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito por esta medida o política educacional que está implementando el Presidente Sebastián Piñera y, además, por el apoyo que está recibiendo de todos los sectores políticos, porque, como lo ha manifestado la ministra de Educación , invertir en educación preescolar es lo que mejor podemos hacer para combatir las grandes desigualdades que existen en el país. Y, evidentemente, aquellos que más dificultades tienen para acceder a una educación preescolar de calidad son los sectores más vulnerables, a veces por déficit de oferta; pero, en otros casos, porque la oferta no cumple con estándares altos de calidad.
En ese sentido -agradezco la presencia de la ministra- hay que tener especial preocupación, porque la educación preescolar continúa avanzando en mejorar los estándares de calidad de desempeño en las diferentes instituciones que la imparten. Tanto la Junji, Integra, como los VTF, que son los jardines que administran los municipios, cumplen una destacada tarea. Pero, evidentemente, ahí tenemos un déficit de institucionalidad que garantice que cada una de estas instituciones está entregando la formación que requieren nuestros niños a esa edad tan temprana. Por consiguiente, el próximo desafío es avanzar en una nueva institucionalidad que recoja las diferencias que hoy existen entre estos tres organismos que imparten educación preescolar, velando porque la calidad sea un objetivo común.
Por otro lado, garantizar el financiamiento desde los tres años en forma universal genera un nuevo dinamismo en este nivel escolar, de manera que la oferta aumente especialmente en los sectores rurales y poblacionales con mayor índice de vulnerabilidad.
En síntesis, mis felicitaciones para el Presidente Sebastián Piñera y su ministra de Educación , señora Carolina Schmidt , por esta medida que, de aprobarse -como todos esperamos-, pone a Chile entre los países con trece años de escolaridad obligatoria, siguiendo el camino del expresidente Lagos, quien hizo obligatoria la enseñanza media, pasando de ocho años de escolaridad obligatoria a 12 años.
El país está tomando buenas medidas en política pública de educación, aunque le reitero, ministra, por su intermedio, señor Presidente , la necesidad de adoptar medidas, a fin de evitar el debilitamiento de la calidad en la formación de los primeros años de escolaridad, ya que es una cuestión fundamental para igualar oportunidades.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Educación de esta Cámara, quiero señalar que apoyamos entusiastamente el proyecto, porque creemos que va en la línea correcta. La evidencia, nacional e internacional, demuestra que la inversión de mayor rentabilidad social es la que se hace en educación preescolar o parvularia.
Si bien las desigualdades no se resuelven con esta medida, sí ayuda a emparejar la cancha para brindar oportunidades desde la primera infancia, clave, según lo demuestra la investigación educacional, en el desarrollo del aprendizaje escolar y emocional futuro y de la capacidad para desenvolverse con éxito en la vida.
En consecuencia, esta reforma constitucional, que hace obligatorio el Kínder, que coloca financiamiento a partir de los tres años de edad se hace cargo especialmente de una debilidad. Hemos avanzado mucho y, seguramente, estamos hablando de esto porque se han hecho muchos esfuerzos y así lo reconocía la ministra. Recordemos la enorme cantidad de salas cuna y jardines infantiles que se construyeron durante el gobierno anterior: de tener alrededor de setecientas salas cuna, llegamos a más de tres mil a lo largo y ancho del país. Estos logros nos impulsan a realizar un esfuerzo mayor y profundizar esta política pública a través de esta reforma constitucional.
A mi juicio, debemos votar favorablemente esta reforma, toda vez que apunta, como dije al inicio, en la dirección correcta.
Permítame ministra una sugerencia, por su intermedio, señor Presidente . Una de nuestras principales preocupaciones es que las familias que menos envían a sus hijos a este nivel educativo son las más vulnerables, y la principal razón de inasistencia es de carácter cultural, según usted nos ha señalado. Por eso, debiéramos considerar la realización de campañas públicas destinadas a hacer evidente una situación que no lo es para muchos, probablemente por desconocimiento o por no entender el impacto que tiene en la vida de sus hijos.
Por último, anuncio desde ya mi voto favorable.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Señores diputados, restan 12 minutos para cumplir con el plazo que nos dimos para debatir el proyecto y quedan siete diputados inscritos. En tal virtud, sugiero reducir las intervenciones a dos minutos, para que así puedan hablar todos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , solo deseo respuesta a una inquietud que me surge del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aunque nos deja bastante claro el proyecto.
La iniciativa me llena, por decir lo menos; nos hace sentir consolidados o en un lugar expectante de la educación dentro de los países que van en desarrollo. Es una oportunidad para seguir luchando contra las desigualdades. Eso no está en cuestión, como tampoco lo está su aprobación por unanimidad. Pero me asalta la duda sobre el financiamiento; de dónde sale el financiamiento. Como miembro de la Comisión de Hacienda, me preocupa que no haya informe de Hacienda, habida consideración que el proyecto implica un gasto bastante consolidado y fuerte. Por eso, quiero que se me explique cómo se solucionará el problema, máxime que en ninguna parte del informe de la Comisión de Constitución se hace referencia, como se hace siempre en las constancias reglamentarias, a la competencia de la Comisión de Hacienda. Esta es materia de Reglamento, así es que tenemos que tener especial cuidado.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.-
Señor Presidente , por su intermedio, aprovecho de responder al diputado Jaramillo . El proyecto es una reforma constitucional y, por lo tanto, posterior a su aprobación, habrá que modificar dos leyes: la Ley General de Educación, para pasar la obligatoriedad de doce a trece años, y la Ley de Subvenciones, para permitir la gratuidad desde el nivel de transición medio mayor en adelante.
Votaremos favorablemente esta reforma, porque, tal vez, una de las tareas políticas y éticas más relevantes de nuestra sociedad es disminuir la dramática brecha de desigualdades, particularmente en el ámbito de la educación, que tiene a nuestro sistema educativo social y económicamente segregado.
Una de las formas de disminuir esa brecha es la cobertura completa de la educación preescolar. No creo que esto haya que demostrarlo. Es evidente que cuando hay educación inicial, cuando hay educación en los primeros años de vida, se desarrolla el sistema neurológico y se mejoran las habilidades cognitivas y de aprendizaje. Por lo tanto, se empareja la cancha desde la cuna.
De la presentación de la ministra de Educación quedó en evidencia los puntos de diferencia que se producen entre países que tienen educación preescolar y aquellos que no la tienen y que se marcan cuando van a las pruebas internacionales de evaluación de educación. Si bien, quienes tienen educación preescolar obtienen puntajes mayores, quiero hacer un énfasis. Hoy, la cobertura de kínder es de 93 por ciento. Cuando la hagamos obligatoria, vamos a resolver ese 7 por ciento que no va al kínder. Pero nuestra brecha mayor de cobertura está en el nivel medio mayor en adelante, donde solo el 60 por ciento de los niños, en este grupo etario, tiene cobertura. Me refiero al Programa Chile Crece Contigo, que establece garantías de acceso a salas cuna y jardines infantiles, en que solo el 60 por ciento de los niños más vulnerables concurre a sala cuna o jardín infantil. Tenemos ahí una brecha de cobertura muy relevante.
Por lo tanto, debo decir que el desafío sigue siendo grande y que espero que la gratuidad que se dará a nivel medio mayor podamos complementarla posteriormente no solo con gratuidad, sino también con obligatoriedad, de manera de emparejar la cancha por ley para los niños de Chile.
Finalmente, anuncio que, como bancada del Partido Socialista, votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, los radicales estamos conscientes de la importancia que tiene la educación en el nivel preescolar.
En el corto plazo que tengo para intervenir, quiero preguntar a la señora ministra algo que es importante para determinar la forma de votar, porque no sé si existe un problema de redacción en el proyecto de ley o si señala lo que el Ejecutivo efectivamente quiere realizar con la norma constitucional.
El número 1) del proyecto señala: “Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor,…” Es decir, a partir de los tres años.
Sin embargo, en el mismo inciso agrega: “El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.” En consecuencia, es obligatorio a partir de los dos años.
Según las especificaciones dadas aquí, el nivel de transición es a partir de los dos años. Hay un nivel medio menor, que es parte del nivel de transición medio menor, de dos a tres años, y medio mayor, de tres a cuatro años. Gratuidad a partir de los tres años. La ley obliga al nivel de transición.
Por eso creo que aquí hay un problema de redacción. Si la norma queda con esa redacción, estamos en un problema, porque, ¿cómo vamos a obligar a las familias de Chile a tener a los chicos en el nivel de transición, que parte a los dos años, lo que se expresa en el mismo documento del ministerio, y vamos a darle gratuidad solo a partir de los tres años?
Quiero que me clarifique ese punto, que es muy relevante y que debe quedar claramente establecido en la norma constitucional.
Entiendo que aquí debiera decir que el nivel medio mayor es obligatorio y es requisito para el ingreso a la educación, porque, de lo contrario, no se entiende. Según la información que tenemos y lo expresado en la norma propuesta, tenemos a un grupo de niños a quienes les estamos exigiendo obligatoriedad de asistir a la educación parvularia desde los dos a los tres años; sin embargo, no le estamos dando financiamiento para ello.
Por intermedio del señor Presidente, solicito que la ministra me aclare ese punto, porque es muy relevante para la votación.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .-
Señor Presidente , estamos frente a un hecho histórico, ya que todos los chilenos, todos los alumnos, todos nuestros hijos y las futuras generaciones tendrán un mínimo de trece años de escolaridad media a partir del próximo año, lo que permitirá que nuestros alumnos estén a la altura de los de países más desarrollados.
Las cifras indican que el número de alumnos que no asisten al kínder no es tan grande, pero no es obligatorio para los niños de esa edad. En consecuencia, hacerlo obligatorio va a significar un cambio cultural, muy especialmente en los sectores más vulnerables. También representa una oportunidad para que los alcaldes reciban en los colegios municipalizados a muchos de esos niños, lo que les permitirá recuperar parte de la matrícula y de los recursos que hoy no perciben.
Por intermedio del señor Presidente , agradezco al Ejecutivo , muy en particular a la señora ministra, por enviar la iniciativa, que seguramente aprobaremos, lo que nos permitirá sentirnos muy satisfechos y útiles, ya que estamos contribuyendo a que los miembros de nuestra sociedad, especialmente nuestros niños más vulnerables, tengan mayores oportunidades e igualdad.
Anuncio que, como diputado independiente, aprobaré la iniciativa, que merece el reconocimiento de todos.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , para quienes trabajamos en la Comisión técnica resulta muy difícil hablar en dos minutos de la elaboración del proyecto.
Sin embargo, me quedo con parte de lo que dice el mensaje, cual es que nadie puede dudar de que “una sociedad con mayores niveles de educación otorga a sus habitantes una mejor calidad de vida y bienestar,”. Además, se puede afirmar en general que: “la educación ayuda a formar mejores personas, capaces de contribuir a la comunidad en general, mejorando el bienestar social e influyendo directamente en la construcción de una sociedad más equitativa,”. En consecuencia, anuncio que aprobaremos esta reforma.
La verdad de las cosas es que cuando la comunidad exige este tipo de proyectos, vemos que se realiza un trabajo en conjunto para obtener el mejor resultado para el país, ya que todos los sectores políticos contribuimos a ello.
Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda de que será aprobado por unanimidad. Además, esperamos que tenga una ágil tramitación, para que obtengamos respuesta a lo que queremos.
El diputado Alberto Robles ha planteado ciertas dudas. Lo que señala el numeral 1) del artículo único es que el financiamiento gratuito para la enseñanza parvularia parte desde el nivel medio mayor y también agrega que es requisito obligatorio para entrar a la educación básica.
Me parece que esto es muy trascendental, ya que el proyecto, además de entregar la posibilidad de que nuestros niños tengan esa educación de base, la convierte en algo obligatorio, lo que hará que las familias también asuman el compromiso de que nuestros niños asistan a la educación parvularia.
Por lo tanto, señor Presidente, vamos a respaldar el proyecto, porque no cabe duda alguna de que en este nivel se cimentan las bases para un desarrollo integral de nuestros niños y de sus oportunidades futuras.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).-
Señor Presidente , por su intermedio, felicito al Gobierno del Presidente Piñera y a su ministra de Educación , Carolina Schmidt , quien nos acompaña, por enviar esta importante iniciativa y también por el gran esfuerzo que están realizando para entregar más y mejores oportunidades de educación a todos los niños chilenos desde temprana edad, algo que resulta esencial para combatir la desigualdad que tenemos en nuestro país.
Señor Presidente , invertir en educación preescolar es invertir en el futuro de Chile. La educación es, sin duda, la principal herramienta con que el ser humano puede enfrentar la vida. Además, es un instrumento esencial para hacer frente a los nuevos desafíos de un mundo globalizado, en el que existe cada vez más información que nos reta a estar mejor preparados.
Todos hemos escuchado alguna vez o nos hemos referido a nuestros niños como unas verdaderas “esponjitas”, porque es evidente que tienen una enorme capacidad de absorber información y aprender rápidamente los que se les está enseñando. Este hecho tiene asidero científico, puesto que muchos estudios confirman que, durante los primeros años de vida, el cerebro tiene una plasticidad única que permite adaptarse y responder con facilidad a los estímulos externos. Esa es una realidad que debemos reconocer y a la que se le debe sacar el mejor partido en beneficio de todos los niños del país.
El hecho de no fortalecer el desarrollo temprano de las habilidades de los niños en etapa preescolar puede provocar que, más adelante, ellos pierdan oportunidades y que las brechas, en términos de aprendizaje, sean irrecuperables una vez que ingresan a la etapa escolar.
Por eso, realizar inversiones, tanto económicas como de recursos humanos para la educación preescolar, es una medida no solo necesaria, sino también acertada, debido a que traerá mayores réditos y generará mejores efectos que en una inversión hecha en una edad más avanzada. Estoy convencida de que las modificaciones propuestas por esta iniciativa serán un excelente inicio para un mejoramiento radical en la calidad y el acceso a la educación de todos los chilenos.
Pero aún cuando a través de esta iniciativa se establece la obligación del segundo nivel de transición y se dan herramientas para que los niños de todo el país, independientemente de su condición económica, puedan acceder a la educación parvularia, existe también una importante tarea que cumplir: la de generar un cambio de mentalidad en los padres, para que comprendan la importancia de educar a sus hijos desde temprana edad.
En ese sentido, llama la atención las cifras de la encuesta Casen 2011, en que se demuestra que el principal argumento de las familias para no entregar a los niños educación preescolar es que no lo creen necesario. Eso es prueba de que todavía no existe la suficiente conciencia de las capacidades que puede desarrollar un niño al ser estimulado de forma temprana. Más preocupante aún son las cifras de esta misma encuesta que demuestran que aun cuando el nivel de cobertura en kínder ha aumentado progresivamente, el que llega a aproximadamente el 93 por ciento, aún existen muchos niños que no asisten a ese nivel educativo, los que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestro país. Por eso es tan necesario que se creen políticas de Estado para crear conciencia de la importancia de la educación preescolar, porque a través de ella se están entregando herramientas, principalmente a los niños de menores recursos de Chile, para que puedan vencer la pobreza y la falta de oportunidades.
Creo firmemente que esta propuesta va en el camino correcto para lograr las metas propuestas en materia educacional y combatir la desigualdad. Estoy segura de que la iniciativa generará cambios positivos en la manera en que toda nuestra sociedad concibe la educación de los más pequeños y será un importante punto de partida en la toma de conciencia de la relevancia de esta etapa escolar.
Quiero felicitar al Gobierno, al Presidente Piñera y a la ministra Carolina Schmidt -aquí presente- por esta importante iniciativa, así como por el gran esfuerzo que se está haciendo para entregar más y mejores oportunidades de educación a todos los chilenos, sobre todo desde la temprana edad. Eso demuestra, nuevamente, la constante preocupación que existe por mejorar la calidad de vida y entregar un mejor futuro a quienes más lo necesitan.
En consecuencia, quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo con lo que plantea la iniciativa en debate, porque va en la línea correcta, y me alegra mucho que cuente con el apoyo transversal de todas las bancadas, porque los niños de Chile son responsabilidad de todos.
Finalmente, anuncio que votaré favorablemente este proyecto y espero que todos los presentes lo hagan en los mismos términos.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.
Hago presente a la Sala que por tratarse de una reforma que recae en el Capítulo III de la Carta Fundamental, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 127, para su aprobación se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados en ejercicio, esto es, de ochenta señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE FACTURA ELECTRÓNICA (Primer trámite constitucional)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Miodrag Marinovic.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8874-05, sesión 11ª de la presente legislatura, en 9 de abril de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe financiero del proyecto, sesión 41ª de la presente legislatura, en 20 de junio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 42ª de la presente legislatura, en 2 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MARINOVIC (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que propone modificar la legislación tributaria en los siguientes aspectos de carácter misceláneo.
Por una parte, tiene por objeto posibilitar la universalización del uso de la factura electrónica y de los restantes documentos tributarios, como la guía, la boleta y otros.
La iniciativa también contempla establecer una plataforma tecnológica en el Servicio de Impuestos Internos, específicamente para atender los requerimientos de las micro y pequeñas empresas, así como de aquellos contribuyentes de escaso movimiento y a los que el Servicio de Impuestos Internos determine en su momento.
Además, se introduce una mejora en el uso del crédito fiscal del IVA, para facilitar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. También se otorga un nuevo plazo para que esas empresas celebren convenios de renegociación y de condonación con la Tesorería General de la República.
Asimismo, se dispone la rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas y se crea una nueva dirección regional del Servicio de Impuestos Internos en la Región Metropolitana.
Durante el estudio del proyecto, el cual fue debatido en forma ardua, expusieron ante la Comisión, entre otras autoridades y organizaciones, el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín ; el asesor y coordinador de Políticas Tributarias de esa cartera, señor Miguel Zamora ; los dirigentes de Conapyme; el director del Servicio de Impuestos Internos; el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de ese organismo y representantes de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile.
En relación con la factura electrónica, se expresa en el mensaje que durante la tramitación legislativa de la reforma tributaria que culminó con la dictación de la ley N° 20.630, de 2012, el Ejecutivo asumió el compromiso de enviar al honorable Congreso Nacional un proyecto de ley con el objeto de masificar la factura electrónica en todos los ámbitos de la vida nacional.
La factura electrónica es un documento digital que tiene validez legal tributaria como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes, cuya utilización se ha masificado a partir de 2003.
Por otro lado, la factura electrónica es complementada por el Portal de Facturación Electrónica Mipyme del Servicio de Impuestos Internos, que tiene por objeto proveer a los micro y pequeños contribuyentes de un sistema básico que les permita operar como facturadores electrónicos y cumplir con la normativa que la regula.
Se argumenta en el mensaje que los mayores beneficios del uso de la factura electrónica para los contribuyentes son la disminución del riesgo de fraude, mayor agilidad en los procesos de facturación y pago, ahorro en costos operacionales, reducción de errores en el proceso de facturación, ahorro de tiempo y la mejora de la imagen corporativa de las empresas al utilizar tecnología de vanguardia.
En cuanto a las mejoras en acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas que empleen la factura electrónica, se introduce un perfeccionamiento en el sistema de uso del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado por parte del comprador o beneficiario, el que opera cuando el vendedor o prestador del servicio respectivo utiliza sus facturas electrónicas. Dicho comprador verá postergado el uso del crédito fiscal del IVA hasta el momento en que le da a su vendedor o prestador de servicios el correspondiente “acuse de recibo”, lo que permitirá la mejor utilización del crédito fiscal y factorizar de mejor manera los instrumentos tributarios.
Por otra parte, con el objeto de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, se propone conceder un nuevo período para acordar con la Tesorería convenios de pago de su deuda fiscal morosa, materia que fue aprobada en la Comisión y que está considerada en este proyecto de ley.
También se propone disminuir la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas que grava las operaciones de crédito de dinero, reduciendo dicho impuesto por tercera vez durante la actual administración. En efecto, la referida tasa fue rebajada por la ley Nº 20.455, de 2010, desde 1,2 por ciento a 0,6 por ciento. Con posterioridad, ese impuesto se rebajó a 0,4 por ciento, como máximo. Ahora, se propone disminuir la tasa del impuesto a 0,0166 por ciento del monto de la operación por cada mes o fracción de mes, con un máximo de 0,2 por ciento.
Asimismo, se propone crear una nueva dirección regional del Servicio de Impuestos Internos para distribuir mejor la competencia de las direcciones regionales Metropolitana Centro y Poniente de dicho Servicio, que tienen aproximadamente 600.000 contribuyentes domiciliados en las comunas del sector norte y poniente de la Región Metropolitana.
En el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos se consigna un horizonte del presupuesto fiscal de 2013, 2014 y 2015.
En los términos que se establecen en el proyecto, la factura electrónica generará, durante este año, 79 millones de dólares; en 2014, 328 millones de dólares, y se estima que, a partir de 2015, aportará al presupuesto fiscal 677 millones de dólares
Por otro lado, la reducción del Impuesto de Timbres y Estampillas debería tener un costo fiscal de 59 millones de dólares durante este año, de 246 millones en 2014 y llegar a un equilibrio, a partir de 2015, de 258 millones de dólares.
En resumen, de todas las medidas que se consideran en el proyecto de factura electrónica, el efecto neto de caja fiscal será de 17 millones de dólares a favor para el año en curso, de 68 millones de dólares a favor, para 2014, y de 404 millones de dólares en régimen, es decir, a partir de 2015.
En la discusión en general, en la Comisión se plantearon diversas observaciones al proyecto, sobre las que el ministro Larraín reflexionó en forma positiva, de manera que se acogieron varias de las indicaciones y propuestas que entregamos los diputados en el curso del debate, básicamente tendientes a permitir que determinadas excepciones en la obligatoriedad del uso de la factura electrónica fueran consideradas, como la falta de acceso a internet que existe en muchas regiones y localidades aisladas del país, así como la falta de electricidad, aspectos que pueden afectar actividades como la agricultura, la pesca, el turismo y el transporte, situación que hacía necesario que el Ejecutivo incorporara esas excepciones dentro de la norma general. Así se hizo y se incorporaron las indicaciones respectivas en el curso del debate, tal como aparece consignado en el informe emitido por la Comisión de Hacienda.
Se hicieron análisis en materia de responsabilidad social empresarial respecto del otorgamiento del incentivo tributario contemplado en el proyecto. Este tema fue debatido y aclarado en la Comisión.
Sometido a votación general el proyecto, la idea de legislar fue aprobada por 9 votos a favor y 1 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Pepe Auth , Enrique Jaramillo , Miodrag Marinovic, José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Carlos Recondo , Ernesto Silva , Germán Verdugo y Gastón von Mühlenbrock . Votó por la negativa el diputado señor Pablo Lorenzini .
Durante la discusión particular de la iniciativa, el ministro Felipe Larraín explicó con más detalle las indicaciones presentadas por el Ejecutivo , que recogen los comentarios y observaciones formulados por los colegas miembros de la Comisión.
Puesto en votación el articulado del proyecto con las indicaciones del Ejecutivo, exceptuando el artículo 3º permanente, fue aprobado por unanimidad.
Sometido a votación el artículo 3°, se registraron 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. En consecuencia, se dio por rechazado por falta de quorum de aprobación.
Tratado y acordado en las sesiones de fecha 10 y 17 de abril; 8 y 14 de mayo; 5, 11 y 18 de junio de 2013, con la asistencia de los diputados señores Miodrag Marinovic ( Presidente ), Pepe Auth , Joaquín Godoy -reemplazado en su momento por el diputado señor Leopoldo Pérez -, Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Carlos Recondo , Alberto Robles , Alejandro Santana -reemplazado en su momento por el diputado Germán Verdugo -, Ernesto Silva y Gastón von Mühlenbrock , según consta en las actas respectivas.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Para iniciar la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , este proyecto, tratado en tantas oportunidades en la Comisión de Hacienda, nos llevó a pensar que estamos cumpliendo con el ajuste tributario que en su momento planteó el ministro de Hacienda . Es el resultado del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Oposición cuando se discutió la necesidad de realizar un ajuste tributario que permitiera aportar mayores recursos para educación. En aquella ocasión, el Gobierno se comprometió a enviar el proyecto que hoy estamos discutiendo, a fin de homogeneizar y generalizar el uso de la factura electrónica, situación tremendamente novedosa en el mundo tributario de hoy, como una forma de evitar la evasión tributaria y de lograr mayor recaudación. Espero que así sea.
El proyecto me parece positivo, y no hay duda de ello. No obstante, cabe hacer presentes ciertas observaciones en relación con algunos problemas que detectamos en la Comisión de Hacienda, porque, de no ser solucionados, al menos una parte del proyecto corre el riesgo de no ser aprobada. Me refiero específicamente a la reducción del Impuesto de Timbres y Estampillas. Con la disminución de este impuesto, que grava especialmente ciertas transacciones comerciales y específicamente operaciones crediticias, el país dejará de percibir una parte importante de recaudación, lo cual aminora el efecto positivo que se busca con esta adecuación tributaria.
Lo que nos merece más observaciones es el hecho de que quienes pagan mayoritariamente este impuesto son las grandes empresas -prácticamente 4/5-, a diferencia de las pequeñas empresas -solo 1/5-. Es una situación que habría que evaluar. Desde ya propongo que la disposición referida a esta materia sea rechazada en la votación correspondiente, ya que perjudicará a las pequeñas empresas. Para corregir aquello, solicito que se haga una aplicación focalizada de la disminución del Impuesto de Timbres y Estampillas, toda vez que las pymes no realizan operaciones crediticias en el mismo volumen que las grandes empresas. En ese sentido, hemos solicitado al Gobierno que presente una indicación -espero que hoy lo haga- sobre el particular; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado.
También me parece positiva la nueva oportunidad que el proyecto otorga a los deudores morosos. En esta decisión tuvo mucho que ver el señor ministro , quien ha reiterado la conveniencia de que el país se ponga al día. Por lo demás, ello se ha ido logrando mediante las adecuaciones que se han hecho a la legislación tributaria en distintos proyectos de ley. Finalmente, logramos que en lugar de dos meses, como establecía originalmente la iniciativa, el plazo para que los contribuyentes celebren convenios para regularizar sus deudas se extienda a cuatro meses.
Por otra parte, me preocupa la situación de los pequeños comerciantes de zonas aisladas del país, como aquellas que represento de la Región de Los Ríos, en el sector cordillerano que se extiende desde Liquiñe hasta Puyehue, que todavía tienen caminos de ripio y de tierra. Esos contribuyentes no tienen acceso a la tecnología de la misma manera que los comerciantes o empresarios de otras localidades, con lo cual podrían tener dificultades para emitir sus facturas electrónicas.
Por ello, solicito al Servicio de Impuestos Internos que, más allá de la plataforma tecnológica que piensa implementar, se preocupe de que todos los contribuyentes que emitirán facturas electrónicas tengan acceso a la tecnología correspondiente, a fin de evitar posteriores consecuencias negativas de esta reforma.
Para un microempresario implica un costo acceder al equipamiento computacional necesario y a la capacitación y entrenamiento del personal que deberá aplicar el sistema. Por eso, nos preocupa lo que significa implementar la tecnología en aquellos lugares en los que, incluso, no llega internet. Es uno de los aspectos negativos -tengo que decirlo- del proyecto.
Más allá de las observaciones señaladas -espero que sean consideradas por el señor ministro -, creo que la iniciativa puede tener los efectos buscados. Queremos que se aumente la recaudación y se eliminen las posibles formas de evasión; pero que se vaya tras aquellos que deben pagar.
En suma, me preocupa la votación del artículo relacionado con el Impuesto de Timbres y Estampillas; hasta este minuto, quien habla lo va a rechazar. Asimismo, también es un tema preocupante el costo que representará para los pequeños empresarios la implementación de la factura electrónica. Creo que faltó incorporar que las pymes de los sectores alejados tendrán un tratamiento especial, a fin de evitarles mayores costos.
Respecto de todo lo demás, considero que está bien y, por lo tanto, lo voy a aprobar.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, quiero hacer algunos planteamientos sobre el proyecto en debate, relacionados con la factura electrónica.
El problema principal que genera la obligación de emitir factura electrónica y otros documentos dice relación con que es poco factible que esta medida se pueda aplicar dentro de los plazos que establece el proyecto.
Hay que considerar que, en la actualidad, un número muy importante de pequeñas empresas -cerca de un millón- no pueden conectarse electrónicamente, por lo que es muy probable que los costos económicos y culturales que involucra este cambio hagan inviable su aplicación si no se consideran iniciativas de financiamiento, vía subsidios, para la adquisición de tecnología y capacitación de las personas.
Por otra parte, a juicio de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no se ha evaluado el impacto que tendrá este cambio en los recursos que se deberán destinar a dicho servicio para que pueda hacerse cargo del mayor flujo de documentos electrónicos que se producirán. En este sentido, el proyecto no se hace cargo de los efectos que tendrá esta medida en los contribuyentes que no podrán facturar por problemas de fuerza de mayor, como cortes de red y caídas de sistemas. De hecho, el portal de las mipymes debería asegurar una atención 24/7 -24 horas diarias, los siete días de la semana- a todos los contribuyentes, lo que requeriría una gran inversión, pero no queda claro que haya sido considerada.
Asimismo, se pueden producir situaciones inmanejables que ya hemos vivido, como el terremoto del 27 de febrero de 2010, inundaciones, caídas del SIC, cortes parciales de las comunicaciones, etcétera.
En definitiva, los costos políticos de las dificultades asociadas a este cambio sin prever eventuales problemas de conectividad, que no son menores, deberán ser asumidos por el futuro gobierno. Debemos considerar que una falla podría significar la imposibilidad de realizar operaciones comerciales a miles de contribuyentes.
En cuanto a la creación de la dirección Santiago Norte del Servicio de Impuestos Internos, cabe hacer presente que el proyecto no considera la incorporación de los equipos de técnicos y profesionales que requiere tal medida, situación que, como lo señala el informe emitido por la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, la convierte en impracticable, salvo que se entienda como una forma encubierta de disminuir la planta de funcionarios de la institución, como ha ocurrido en otras reconversiones de servicios públicos incluidas en proyectos enviados por el Ejecutivo . Si ello ocurriera, constituiría un riesgo para la organización sindical de ese servicio.
Respecto de la nueva rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas, se evalúa como una de las más importantes modificaciones que considera el proyecto, atendidas sus consecuencias económicas. Al parecer, este es el meollo de la iniciativa, ya que su aprobación constituiría, en la práctica, una menor recaudación por parte del Estado del orden de los 250 millones de dólares al año, lo que, con el pretexto de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, en la práctica, beneficiará a las grandes empresas, puesto que al disminuir su carga impositiva, se incrementan sus utilidades.
En efecto, las pequeñas y medianas empresas ya están exentas del Impuesto de Timbres y Estampillas, en virtud de la ley N° 20.259, de 2008, puesto que les permite rebajar este impuesto de su débito por concepto del IVA, hasta por un tope anual del 1,2 por ciento de sus ventas o de 35 UTM, es decir, 1,3 millones de pesos. Así, las pequeñas y medianas empresas podrán recuperar, todos los meses, lo que han pagado por concepto de Impuesto de Timbres y Estampillas, descontándolo del IVA que deben pagar al fisco.
Como antecedente adicional, hay que considerar que el grueso de los créditos afectos a este impuesto está en manos de las grandes empresas, las cuales, dependiendo de la forma de medición, se harán acreedoras al 65 y 80 por ciento del volumen del crédito destinado a las empresas. Lo positivo es que esta medida no fue aprobada en la Comisión de Hacienda, por lo que debería quedar claro que una modificación de esta naturaleza no puede ser aprobada por la Sala; de hecho, cabe la posibilidad de que el Impuesto de Timbres y Estampillas vuelva al valor que tenía antes de la rebaja de 2010.
En síntesis, al proponer un conjunto de medidas aparentemente innovadoras y modernizadoras, que al someterlas a un análisis más exhaustivo aparecen mal formuladas y casi voluntaristas, lo que busca el proyecto es esconder el verdadero propósito de aprobar una rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas, a fin de que las grandes empresas incrementen sus utilidades. Todo esto lleva a preguntarse a quién beneficiará este proyecto de ley, toda vez que afecta e impide su implementación en favor de las pequeñas y medianas empresas.
No cabe duda de que, una vez más, serán las grandes empresas las beneficiadas con este proyecto de ley, que está vinculado directamente con el Servicio de Impuestos Internos. Debo recordar que este servicio está muy cuestionado, a propósito de la situación que comprometió a los señores Julio Pereira y Mario Vila por un hecho en que su probidad quedó absolutamente cuestionada por el ejercicio que hicieron de sus cargos y por el polémico beneficio que concedieron, entre otros, a Johnson.
Por lo tanto, junto con cuestionar el proyecto en debate, nuestra bancada reivindica la protección y la potenciación de las mipymes como un sector que contribuye a la actividad económica, especialmente por su impacto local.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación , que nos acompañan en esta sesión.
Me parece que este es un proyecto positivo; creo que tiene aspectos destacables, toda vez que busca aliviar la carga a los pequeños, medianos y grandes emprendedores, y facilitar al Estado la tarea de recaudar impuestos, una vez que la factura electrónica se transforme paulatinamente en obligatoria, a fin de disminuir las posibilidades de evasión tributaria.
En ese sentido, si miramos este proyecto desde la perspectiva de lo que ocurrirá con los emprendedores y con la realidad, mediante el uso de la factura electrónica se irán eliminando, poco a poco, las facturas falsas. Asimismo, disminuirá el tiempo que pierden los pequeños comerciantes cada vez que concurren al Servicio de Impuestos Internos a timbrar facturas. Una vez que entre en régimen este nuevo sistema, no será necesario obtener el timbre del funcionario del Servicio de Impuestos Internos sobre la factura. Asimismo, se irán eliminando algunos trámites asociados a la verificación de los documentos y se simplificará el manejo de los libros de compraventa.
En general, podemos ver que hay varios temas que implican beneficios para la mayor parte de la actividad de los pequeños y medianos comerciantes, pero también de los grandes, y eso lo considero muy positivo.
A mi entender, el proyecto fue mejorado durante su discusión. Tanto el diputado Miodrag Marinovic , durante la rendición del informe, como el diputado Enrique Jaramillo señalaron las preocupaciones que planteamos en la Comisión de Hacienda sobre varios aspectos, algunos de los cuales quisiera mencionar.
El primero es que la factura electrónica requiere necesariamente de conectividad para que se pueda emitir el documento, pero hay lugares del territorio nacional donde eso no es posible de manera permanente o definitivamente nunca está disponible. Luego del debate en la Comisión, el Gobierno tuvo la disposición para corregir eso y reflejar una institucionalidad que tuviera, en primer término, una gradualidad, para que se vaya implementando de a poco y podamos disponer de un tiempo para que se vayan adaptando.
Lo segundo es reconocer que hay situaciones donde se puede exceptuar esta obligación o mandato, lo cual me parece muy positivo.
En tercer lugar, pedimos -y fue bien recogido- un portal mipyme, que apoye gratuitamente a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan hacer sus trámites de documentos y de temas tributarios. Lo importante es que se pueda recoger no solo como una iniciativa administrativa, sino también como un mandato de la ley, en cuanto a que el servicio lo tenga, y que ojalá sea más amplio, para que más personas puedan acceder a él.
Entre los temas conexos quisiera señalar que el proyecto de ley plantea una facultad de la Tesorería General de la República para establecer convenios con los contribuyentes por el pago de deudas atrasadas. Valoramos y celebramos esa iniciativa.
Otro punto es la propuesta de rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, llamado impuesto al endeudamiento, y sobre el cual hemos tenido una discrepancia con la Oposición. El proyecto propone bajar la tasa del impuesto de 0,4 por ciento a 0,2 por ciento para facilitar la posibilidad de acceder al crédito a las pequeñas empresas, a las grandes empresas y, en general, a las personas. Son 3.200.000 usuarios los que se verían beneficiados con esta rebaja.
He escuchado que la Oposición -lo dijo uno de mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra- tenía preocupación por este tema, por cuanto piensan que podría beneficiar solo a un grupo reducido, probablemente los más grandes. Al respecto, quiero recordar el contenido del mensaje que enviara la entonces Presidenta Bachelet cuando propuso una rebaja al Impuesto de Timbres y Estampillas. En su mensaje, el entonces ministro Velasco planteó: “Los costos asociados para realizar una operación de crédito incluyen costos financieros, administrativos y tributarios. Este último consiste en el pago del Impuesto de Timbres y Estampillas sobre el monto del capital comprometido en la operación de crédito.
Una rebaja de las tasas de este impuesto disminuirá los costos asociados a estas operaciones, permitiendo un mayor acceso al crédito y otro tipo de financiamiento a personas y empresas. Y continúan los fundamentos del mensaje firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y por el ministro Andrés Velasco : “Los más beneficiados con esta medida serán aquellos agentes económicos que actualmente tienen mayor dificultad para acceder a financiamiento.”.
¿Quiénes son los que tienen mayores dificultades para acceder a financiamiento? ¿Las grandes empresas? ¡No! Como lo dijo la ex-Presidenta Bachelet y su gobierno, la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas es una ayuda directa para los comerciantes, para las pequeñas y medianas empresas, para los que tienen dificultades para acceder a financiamiento.
Por eso, quisiera que en el debate que estamos teniendo sobre este proyecto de ley, adicionalmente al apoyo que se ha visto hasta ahora a la instalación gradual de la factura electrónica como un mecanismo obligatorio que colabore a una actividad más dinámica, que le simplifique la vida a los emprendedores y a los comerciantes y que, al mismo tiempo, reduzca la evasión, se plantee también este argumento tan importante que se entregó anteriormente, para reafirmar que, de los 3.200.000 beneficiarios de la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, los principales beneficiarios serán quienes tienen dificultades para conseguir crédito. A quienes más les cuesta conseguir créditos -y créditos baratos- son a los pequeños y medianos empresarios.
Por lo tanto, apoyar la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas significa apoyar a las pymes; en cambio, estar en contra, tal como lo planteó en su momento la Presidenta Bachelet en su mensaje, significa afectar a quienes tienen más dificultades para acceder a financiamiento.
Quiero plantear dos puntos adicionales sobre este proyecto. El primero es que me llamó la atención negativamente que no pudiéramos disponer de un estudio más profundo por parte del Gobierno sobre el impacto que puede tener un cambio tan relevante, como es la instalación de la factura electrónica en Chile, para todos los actores económicos, incluidos los pequeños emprendedores, y para la dinámica del funcionamiento comercial.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero plantear al ministro de Hacienda , nuevamente, que espero que el estándar de estudio de proyectos de este tipo sea cada vez mayor, porque no me gustaría que en un tiempo más nos topáramos con la sorpresa de no haber estudiado con el suficiente detalle el impacto que puede tener un proyecto de este tipo.
Sería valioso que el Ministerio de Hacienda incorporara ideas incluidas en el estatuto Pyme, que exige un estudio de impacto previo a las normas administrativas, para que se integre como un tema proactivo del Gobierno, que tenga un carácter voluntario, para aquellos proyectos que tengan un impacto muy relevante en el tiempo. Eso ayudaría a legislar mejor y a que el Congreso Nacional tuviera a tiempo la información para tomar decisiones oportunas y, a veces, no con tanta diferencia o asimetría de información, como sucede actualmente.
Por otra parte, tengo un planteamiento que han apoyado diputados de distintas bancadas, como, por ejemplo, el diputado Lorenzini, con quien espero avanzar en el futuro en iniciativas en esta línea.
La iniciativa está definida como un proyecto misceláneo, pues contiene temas muy diferentes; por ejemplo, se rebaja el costo de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, se establece la factura electrónica y se instituyen nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos. Al respecto, he pedido al Gobierno, en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda, que aproveche esta oportunidad para resolver otro problema. Hay exdeudores de la ANAP, cuyas deudas están prescritas civilmente, pero que no han podido alzar sus hipotecas porque, cuando se transfirieron los créditos desde las cajas a los bancos, quedaron unas cuentas corrientes pendientes por temas muy sencillos. Solo se necesita que se faculte al IPS para condonar esas deudas -que están prescritas-, para no tener que obligar a que uno a uno tengan que demandar en los tribunales la respectiva prescripción. Esto significaría aliviarle la vida a mucha gente. Ya hemos discutido con la Dipres y con el Gobierno sobre este tema, por lo que le pido al señor ministro de Hacienda -por su intermedio, señor Presidente - que ojalá prontamente se pueda recoger esta idea, a través de una indicación, ya sea hoy o en la discusión posterior en el Senado, para colaborar con una solución a ese problema.
Una de las preocupaciones que surgió en la Comisión fue que el comprobante de pago de la tarjeta Redcompra u otra tenga el valor de boleta. Esa ha sido la preocupación que varios actores nos han planteado, en el sentido de que no se profundice un monopolio en la industria bancaria, a través de quienes hoy administran las tarjetas. Desde ese punto de vista, le pido al Gobierno que, si vamos a avanzar en esa línea, facilite todas las condiciones para que puedan entrar nuevos actores a operar en las tarjetas, para generar más competencia.
Por todo lo anterior, anuncio mi apoyo a este proyecto de ley, que considero una buena iniciativa, y espero que cuente con amplio apoyo en la Corporación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto misceláneo reúne una serie de situaciones muy distintas.
Desde el inicio de nuestro mandato parlamentario, una de nuestras preocupaciones principales ha sido representar en los debates legislativos a una parte importante de Chile que siempre va quedando rezagada en los procesos de modernización y de desarrollo social y económico.
En el caso de mi distrito, el N° 51, que represento, en la costa de la Región de La Araucanía, uno de los que concentra mayor nivel de pobreza del país, una medida como la planteada, esto es establecer obligatoriedad de la facturación electrónica supone un obstáculo al ya lento proceso de formalización de la actividad económica y comercial.
Uno de mis desafíos personales ha sido lograr que los pequeños agricultores, la mayor parte de ellos mapuches, se allanen a efectuar declaración de iniciación de actividades y a facturar sus ventas cuando actúan como proveedores del comercio establecido. No ha sido una tarea fácil, más aún cuando la gente ve en la agencia tributaria del Estado más el afán de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que de facilitar la formalización y, pedagógicamente, apoyar a los pequeños productores.
El problema de Chile es que es pensado y dirigido desde la centralidad de Santiago, desde la comodidad de las oficinas de los tomadores de decisiones, que no solo no conocen la diversidad del país, sino que, además, parecen no estar interesados en conocerla.
En el sector rural de La Araucanía, el tema de hoy es el acceso a la electrificación, es la lucha por la conectividad, pues faltan aún muchos caminos rurales por mejorar; incluso, más de 15.000 kilómetros ni siquiera tienen ripio. También es la conservación de las vías en invierno, que dejan incomunicadas a cientos de comunidades indígenas. No hay estadísticas sobre los niveles de conectividad por internet en el área. Ni siquiera eso tenemos. Les aseguro que es absolutamente marginal.
Apoyo la modernización tributaria y apuesto por generar un sistema de facturación electrónica. Pero demando que, previo a ello, aseguremos al menos dos cosas: plena conectividad digital y descenso de la tasa de analfabetismo digital, como asimismo centros de apoyo a cargo del Servicio de Impuestos Internos o de otras entidades, que permitan que los pequeños productores y comerciantes de las zonas apartadas y retrasadas del país no sigan quedando más rezagados en su proceso de desarrollo.
No es razonable establecer la obligatoriedad de la facturación electrónica si previamente no se diseña un sistema de apoyo a los pequeños productores y comerciantes, un programa que les permita acceder a la tecnología necesaria para operar en el nuevo sistema. Necesitamos dotar de computadores, con programas que paguen las correspondientes licencias, de conexiones a internet de alta velocidad y, además, de recursos para capacitar y dar soporte técnico y contable a los microemprendedores, de manera que puedan integrarse a la modernidad que hoy demanda el desarrollo tecnológico del país, para terminar de generar más brechas y rezagos en los procesos de modernización económica.
La otra medida sobre la cual versa este proyecto me parece de la mayor importancia. Apoyaré de manera entusiasta la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, porque va en beneficio de los millones de créditos que se generan en el año en favor de los pequeños emprendedores, quienes día a día deben recurrir a los créditos para generar los flujos de caja indispensables para mantener en pie su emprendimiento.
En Chile están sucediendo cosas increíbles. Si le protestan un cheque porque carece de dinero para su pago, le aplican impuesto. Si realiza un sobregiro no pactado, el banco le aplica una comisión. Si necesita crédito, el Estado también le aplica impuestos. Es el peor de los mundos para iniciar emprendimientos. Muchos se llenan la boca con el apoyo a los pequeños emprendedores, pero en la práctica no conocen aquello, no han estado en terreno. En cambio, yo he estado trabajando en las pymes durante 32 años. Fui presidente del comercio detallista en mi región por 14 años. Conozco el sacrificio y lo que esto significa para las personas que van a pedir créditos todos los días. ¿Qué pasa con los cientos de miles de personas que desean obtener una vivienda? Deben concurrir a solicitar un crédito, y ahí también está presente el Estado con la aplicación de un impuesto.
Prefiero que el Estado pierda algunos recursos con las grandes empresas, pero no dejaré de apoyar a los pequeños emprendedores del país. No podría decirles que votaré en contra de una rebaja de impuestos. Esto es sin perjuicio de que el Ejecutivo pueda focalizar aún más el beneficio, centrándolo en el micro y pequeño crédito hipotecario.
Por lo anteriormente expuesto, anuncio mi voto a favor del proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , el año pasado, cuando estudiamos el proyecto de ley de ajuste tributario -según el Ejecutivo , era una reforma tributaria-, quedó pendiente el tema de la plataforma de la factura electrónica.
En ese instante, se expresó que un proyecto en materia de factura electrónica significaría, en régimen, aumentar en más o menos 400 millones de dólares los ingresos para el Estado. La fundamentación fue muy clara y precisa. Por eso, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para su tramitación, que tiene por objeto posibilitar la universalización del uso de la factura electrónica y de los restantes documentos tributarios.
La iniciativa también contempla establecer una plataforma tecnológica en el Servicio de Impuestos Internos, para que las micro y pequeñas empresas, así como también aquellos contribuyentes de escaso movimiento y los que el SII defina como de difícil fiscalización, emitan y reciban sus facturas y demás documentos tributarios.
Además, introduce una mejora en el uso del crédito fiscal del IVA para facilitar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se otorga un nuevo plazo para que las pequeñas y medianas empresas celebren convenios de pago con la Tesorería General de la República. Meses atrás, varios diputados, como los colegas Jaramillo , Auth , Robles , Montes y Lorenzini , planteamos esta medida, en el sentido de que había que dar un nuevo plazo para la reprogramación de impuestos que debían los contribuyentes, y expresamos la razón. Por ejemplo, según la información que nos entregó la Tesorería General de la República, dentro del período concluido en diciembre de 2012, se normalizó un total de 272.000 millones de pesos, de los cuales 52.000 millones de pesos fueron pagados al erario nacional, los que no tenían posibilidad alguna de ingresar, y 132.000 millones de pesos fueron pactados bajo convenios de pago. Durante dicho período, durante el cual rigió la prórroga de la reprogramación, se llegó a un total de 27.600 convenios de pago. Habría sido muy importante que se hubiera tomado en cuenta nuestra solicitud. Por eso, en este proyecto se otorga un nuevo plazo de cuatro meses para hacer uso de esa posibilidad de renegociación.
Además, se rebaja la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, se crea una nueva dirección regional del Servicio de Impuestos Internos y se introducen diversos perfeccionamientos al sistema tributario en materia de impuesto a la renta.
¿Qué nos preocupa? Quiero entrar al tema de fondo: la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas.
Un colega que me antecedió en el uso de la palabra señaló que por ningún motivo votaría en contra de esa rebaja, lo que suena muy lógico. Sin embargo, esta es una materia que estudiamos en profundidad en la Comisión de Hacienda y, cuando analizamos el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, nos encontramos con una sorpresa increíble. Según esa información, como consecuencia de la aplicación de esta iniciativa, la factura electrónica obligatoria significará un mayor ingreso de 79 millones de dólares en 2013. En el fondo, la factura electrónica implicará la disminución del riesgo de fraude, la mayor agilidad en los procesos de facturación y pago, el ahorro de costos operacionales, la reducción de errores en el proceso de facturación y la mejor imagen corporativa de las empresas que utilicen esta tecnología de vanguardia, que son los aspectos positivos de la iniciativa. En resumen, la factura electrónica reducirá la evasión y, al hacerlo, ello significará mayores ingresos para el fisco.
No obstante, como indiqué, cuando analizamos los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, nos encontramos con una sorpresa: en 2014, el cambio significará un mayor ingreso de 70 millones de dólares, y en 2015, en régimen, será de 406 millones de dólares. Pero la reducción por rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas tendrá un efecto de reducción en los ingresos fiscales que el 2013 será de 59 millones de dólares; en 2014, de 246 millones de dólares y, en 2015, de 258 millones de dólares.
¿Es justo que legislemos para beneficiar a un segmento de empresas, el 80 por ciento, que serán beneficiadas con la rebaja en la tasa de Impuesto de Timbres y Estampillas? Seguimos entre los inmensos ingresos y los bajos ingresos. ¿Cómo la gente va a aceptar que el promedio de ingreso per cápita sea de 20.000 dólares, en circunstancias de que todavía estamos discutiendo el salario mínimo?
Esa es la causa por la cual los seis parlamentarios de la Concertación y el Presidente de la Comisión, que es independiente, votáramos en contra de la rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas. Y la votamos en contra no para perjudicar al 20 por ciento de pequeñas empresas que se verá favorecido, sino para que se focalizara la rebaja en las pequeñas y micro empresas, de manera que beneficie a quienes realmente lo necesitan y no sirva para aumentar la riqueza a los sectores más acaudalados, los del primer decil del país. ¡Ese es el tema de fondo!
Votaremos en contra de la rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas porque consideramos que esa rebaja se puede focalizar, y eso se puede hacer muy bien, aunque algunos afirman que eso es imposible.
El resto del proyecto lo vamos a votar a favor, porque consideramos que va en el camino correcto.
Se calcula que en estos instantes la evasión por facturas falsas representa cerca de 20 por ciento del total de evasión asociada al IVA, cuya tasa de evasión será cercana al 18 por ciento este año. Si hay mayor fiscalización, se reduce esa posibilidad.
Por eso, a nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que votaremos a favor del proyecto, excepto la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, que vamos a rechazar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tienen la palabra el diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo cordialmente a los ministros presentes.
Quiero compartir algunas reflexiones sobre la iniciativa que estamos debatiendo.
El proyecto fue objeto de modificaciones importantes durante su discusión en la Comisión de Hacienda. Si bien su texto original era bien intencionado, en el sentido técnico de que consideraba conveniente que todos los pequeños empresarios del país puedan emitir factura o guía electrónica. Pero eso es lo que puede llegar a pensar alguien en la comodidad de su oficina. Sin embargo, cuando vamos a las diversas realidades que presenta nuestra geografía, en el sur o en el norte, la de los pescadores artesanales, la de los agricultores y otros pequeños empresarios que realizan con gran esfuerzo sus actividades en terreno y no necesariamente atendiendo público en el confort de una calefaccionada oficina, nos damos cuenta de que no todos pueden emitir facturas electrónicas.
Uno se pregunta cómo lo harán los pequeños empresarios del transporte, de la construcción, los pescadores artesanales a bordo de sus embarcaciones, los capataces en el campo. ¿Dónde enchufarán el computador para emitir el documento electrónico, la factura, la guía de despacho o la boleta?
Ese fue un debate importante en la comisión, porque nos pareció que el proyecto no consideraba la realidad práctica de los emprendimientos de nuestro país y las características del territorio nacional.
Logramos que, finalmente, el Ejecutivo incorporara importantes modificaciones, para evitar así que el proyecto se convirtiera en un “Transantiago tributario” que generara problemas a muchos sectores productivos, que se verían en la imposibilidad operativa, técnica, de poder cumplir con la emisión de documentos electrónicos.
No sabíamos cómo lo harían -ya lo dije- quienes se dedican al turismo, a la pesca artesanal, a la construcción, al transporte, actividades que son fundamentales en Magallanes, porque están muy repartidas territorialmente. Piense usted que hay emprendimientos rurales situados en lugares a los que no llega el suministro eléctrico y otros que no cuentan con cobertura de internet.
Ante esa situación, logramos incorporar, en acuerdo con el Ejecutivo , una primera indicación, que es del siguiente tenor: “Tratándose de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles de operadores que tienen infraestructura o sin acceso al servicio público de suministro eléctrico o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la ley N° 16.282, no estarán obligados a emitir los documentos señalados en el inciso primero en formato electrónico, pudiendo siempre optar por emitirlos en formato papel.”.
Por lo tanto, permitimos que esta realidad regional específica de muchos sectores productivos fuera considerada en este debate.
También logramos que el Servicio de Impuestos Internos entienda que la plataforma computacional pyme en su sitio web debe quedar abierta a los pequeños emprendedores, es decir, a aquellos que tienen poco movimiento, de forma de asegurar su participación en el nuevo proceso.
Asimismo, se aprobó un artículo 4º bis, que expresa: “El Servicio de Impuestos Internos deberá establecer y administrar en su sitio web una plataforma tecnológica para que los contribuyentes de difícil fiscalización o de escaso movimiento operacional o económico, las empresas de menor tamaño según se definen en la ley Nº 20.416 y demás contribuyentes que determine a su juicio exclusivo,…”.
Por lo tanto, no solamente no estamos dejando de lado a aquellos que operacionalmente no podían incorporarse a la factura electrónica, sino que también estamos mejorando las herramientas para ser competitivos en la plataforma del sitio web.
Esos son básicamente los logros alcanzados, a objeto de establecer una norma que no sea inaplicable, que termine perjudicando o afectando a sectores importantes de la población.
Respecto de la rebaja de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, me abstuve, para ver si podía alcanzarse un acuerdo -en tal sentido, he escuchado al diputado Ortiz con mucha atención- ya que, en efecto, parece razonable la idea de la focalización y de segmentar esto por grupos.
Sin embargo, debo ser muy realista respecto de los deudores de nuestro país: los deudores de tarjetas de crédito, de créditos hipotecarios y de créditos de consumo, que están con la soga al cuello. Se trata de cientos de miles de chilenos que requieren un alivio en sus deudas. Sin duda, ellos también están pagando el impuesto que el proyecto propone eliminar.
Voy a apoyar la reducción de la tasa del Impuesto de Timbres y Estampillas, porque no puedo dejar que miles de deudores paguen lo mismo, en circunstancias de que hoy existe una herramienta muy precisa para rebajar la mochila del endeudamiento a través de la reducción de este impuesto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , voy a referirme al contexto de este proyecto. Este fue producto del compromiso del Gobierno con la Oposición en la discusión del ajuste tributario, que el Gobierno denominó reforma tributaria.
El Gobierno se comprometió a enviar un proyecto para convertir en ley un proceso voluntario de incorporación a la factura electrónica, de manera de reducir la evasión y la elusión. Eso generaría, según el Gobierno, 400 millones de dólares.
Como los cálculos ajustados revelaron que la expectativa de recursos adicionales se elevaría a 600 millones de dólares -como si al Gobierno le quemaran las manos al tener más recursos disponibles para ejecutar programas y políticas sociales-, decidió compensar ese “exceso” de recursos adicionales con una rebaja, que se suma a la establecida hace poco respecto del Impuesto de Timbres y Estampillas, de manera que el balance coincidiera con los 400 millones de dólares comprometidos.
La factura electrónica constituye un buen proyecto, que fue perfeccionado adecuadamente durante el debate de la Comisión de Hacienda.
Como se ha dicho, la exclusión de las boletas perjudicaba la opción del pequeño boliche de barrio, generalmente un pequeño negocio familiar, ya que la mayor parte de las veces es atendido por un adulto mayor. Se otorga la facultad permanente al Servicio de Impuestos Internos para que una empresa en particular, por razones fundadas, pueda continuar emitiendo facturas en papel.
También se refuerza la plataforma tecnológica del Servicio de Impuestos Internos, para que los pequeños y medianos emprendedores puedan incorporarse a ella y con el menor costo posible.
Con todo, la demanda generalizada en la Comisión fue poner a disposición los servicios de apoyo a la pequeña y mediana empresa, para focalizar la facilitación de la incorporación de la actividad a la factura electrónica, que tiene beneficios adicionales.
El ministro acostumbra a señalar, por ejemplo, el beneficio ecológico de la disminución de tala de árboles, que no es menor. Si se analiza con calma, se puede concluir que también podríamos hacerlo en el Parlamento, a propósito de esa vieja discusión en que se fotocopia, se vuelve a fotocopiar y se vuelven a fotocopiar papeles y más papeles. Si estamos discutiendo sobre la factura electrónica, podríamos trabajar los proyectos de ley y sus correspondientes indicaciones de manera electrónica.
También es muy positivo que se reabra la posibilidad de realizar convenios de pago con quienes tienen deudas con el Servicio de Impuestos Internos. También es positivo que se descongestione la atención del Servicio de Impuestos Internos en la Región Metropolitana, con la creación de una nueva dirección en el área norte.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de todos los capítulos de este proyecto misceláneo.
Pero me quiero concentrar en el artículo 3º, que establece una nueva reducción -digo nueva porque ya aprobamos una en el pasado reciente- del Impuesto de Timbres y Estampillas que, en régimen, podría generar hasta 250 millones de dólares de pérdida de recaudación fiscal.
Es efectivo que todas las operaciones crediticias van a verse beneficiadas con esta reducción, pero también convengamos en que el tamaño de las operaciones crediticias hace que, cuando la operación crediticia es de una cuantía menor, el porcentaje de reducción o de beneficio es pequeñísimo. Y cuando se trata de una operación crediticia mayor, cuando los volúmenes son gigantescos, significa que más de las tres cuartas partes del beneficio fiscal que va a tener la actividad empresarial se va a concentrar en las grandes empresas y megaempresas. O sea, de esos 250 millones de dólares, más de 200 millones se destinarán a un ahorro de la gran actividad empresarial.
Hemos propuesto al Gobierno una política de focalización, de manera que el beneficio principal recaiga en las operaciones crediticias en favor de personas naturales y pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en la desfocalización, en el beneficio generalizado, por lo que nos obliga a votar en contra. Yo, al menos, no voy a votar a favor un artículo que implica hoy -no estamos hablando de políticas contracíclicas ni de reducción provisoria- una reducción permanente, focalizada en las grandes empresas. Es decir, más de las tres cuartas partes del ahorro que tendrán las empresas será monopolio de las grandes empresas y de las megaempresas.
Por eso, en un contexto de lucha contra la desigualdad, de un énfasis puesto por todos los sectores políticos en la necesidad de reducir las diferencias, francamente les debería temblar la mano a todos los parlamentarios a la hora de votar una medida que beneficiará de manera muy concentrada a la gran empresa chilena.
Hoy estamos hablando de la necesidad de crear impuestos más redistributivos. No puede ser que en un país como Chile, de manera excepcional, la desigualdad sea la misma antes y después del impuesto. En mi opinión, este tipo de medidas contribuye a consolidar esa situación de los tributos chilenos, que no tienen ninguna función de redistribución del ingreso.
A decir verdad, en el contexto nacional en que estamos discutiendo sobre la necesidad de reestructurar el sistema tributario para que sea más redistributivo, apoyar una reducción pareja del impuesto de timbres y estampillas, que beneficiará básicamente a las grandes operaciones crediticias, a mi juicio es inaceptable.
Por eso, anuncio que vamos a votar en contra dicho artículo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín.
El señor LARRAÍN ( ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , en primer lugar, valoro el trabajo que se hizo sobre este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara, porque, más allá de una diferencia que tenemos, hemos confluido hacia un proyecto en el cual tenemos un acuerdo completo. Como digo, la iniciativa se enriqueció gracias a la discusión que hubo en la Comisión de Hacienda.
Este proyecto tiene la característica de aportar recursos adicionales y entregar beneficios a las empresas, en especial a las pymes, en el sentido de cuidar a las que tienen circunstancias especiales y excepcionales.
Así, se establece la factura electrónica, pero mientras grandes empresas tendrán un plazo de nueve meses para adaptarse a dicha modalidad, las pequeñas y medianas empresas dispondrán de entre 18 y 24 meses, dependiendo de si son urbanas o rurales. Incluso más, como se ha apuntado acá, si alguna empresa está en una zona aislada, y tiene problemas de acceso a internet o a energía eléctrica, o bien se encuentra en una zona que ha sufrido una catástrofe natural, quedará eximida de sus uso, más allá de la facultad que siempre tiene el director del Servicio de Impuestos Internos para extender el período de transición si advierte que grupos de empresas están en problemas. De tal manera que estamos haciendo esto, pero, a la vez, estamos cuidando a las empresas menores.
En el proyecto original efectivamente se planteaba la idea de tener una guía de despacho electrónica. Finalmente, se dejó de manera voluntaria, porque entendemos que empresas tienen circunstancias difíciles cuando van bajando con su mercadería. Por lo tanto, reitero, la guía de despacho electrónica se incorporó de manera voluntaria.
En cuanto a la boleta electrónica, la boleta de venta final, también ha quedado como opcional, pero con una adición muy importante, a la cual me voy a referir en seguida.
En suma, cuando se emita factura será obligatorio su uso en formato electrónico, con las transiciones y períodos que hemos hablado; cuando se emita boleta, su uso será opcional. Pero adicionalmente hemos incorporado una cláusula que establece que los vouchers o recibos de medios de pago electrónicos que se entregan al consumidor final tengan validez y sean aceptados por el Servicio de Impuestos Internos como documentos tributarios. Esto es muy importante, porque en muchos casos se produce evasión porque la gente confunde el voucher del medio electrónico con la boleta de venta que debe acompañar a ese voucher para que tenga validez como instrumento tributario.
Hemos dado un impulso importante a este proyecto que, como dije, se perfeccionó en la Comisión de Hacienda. Estamos ante un proyecto que contribuye con recursos significativos.
Para complementar lo que planteó el diputado Auth, la entrada en vigencia de la iniciativa va representar un ahorro anual de 32.000 árboles y 2 millones de litros de agua. Por lo tanto, tendrá beneficios ecológicos.
Se dice que las pymes tendrán problemas con la factura electrónica; pero ocurre que hoy las pymes tienen que ir a timbrar sus boletas y facturas al Servicio de Impuestos Internos, lo que ya no ocurrirá en el caso de los contribuyentes electrónicos.
A fines de 2012 teníamos aproximadamente 57.000 empresas -no solo grandes, porque no hay tantas empresas grandes- incorporadas al esquema de emisión electrónica de instrumento tributario, de un total de alrededor de 400.000 contribuyentes.
Por lo tanto, esperamos continuar en esto, esperamos dar un apoyo a las pymes. Esto es muy bueno desde todo punto de vista.
Si tenemos desacuerdo en un punto: la rebaja del impuesto de timbres y estampillas. Sin embargo, me imagino que en 2009, cuando en el gobierno anterior se decidió eliminar transitoriamente el impuesto de timbres y estampillas sin hacer ninguna distinción entre grandes, medianas y pequeñas empresas, también se tuvieron en cuenta todos los argumentos que se han dado hoy, y fue ampliamente apoyada la eliminación, aunque transitoria, del referido impuesto.
Me parece que es una medida que apoya el crédito; es un apoyo para todos los sectores. Por eso lo hemos propuesto y mantenido.
Pero, más allá de esta discrepancia, valoró el trabajo que hemos hecho y el amplio consenso que hemos logrado en un proyecto que le hará mucho bien a Chile.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, valoro este proyecto, puntualmente por dos temas que vienen incorporados en él.
En tiempos en que estamos hablando de la posibilidad de aumentar la recaudación tributaria del Estado, la factura electrónica es, claramente, una herramienta que va en el sentido correcto desde la perspectiva de entregar mejores herramientas de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos para evitar que se produzca evasión y elusión de impuestos.
En ese sentido, fueron respondidas todas las dudas planteadas respecto de la imposibilidad de implementar un sistema eficiente y moderno de factura electrónica; los eventuales problemas de conectividad de algunas empresas que, por razones tecnológicas, no tienen acceso a emitir facturas electrónicas, se ven solucionados gracias a la posibilidad que se entrega al Servicio de Impuestos Internos de flexibilizar en algunos casos, en relación con algunas empresas, la exigencia de uso de esta herramienta.
Es importante hacerse cargo de las críticas que se han hecho en torno a la disminución del impuesto de timbres y estampillas. Al respecto, se ha planteado que sería una medida que apuntará en un sentido incorrecto, desde el punto de vista de que se estaría disminuyendo la recaudación del Estado.
Plantear que la reducción de ese impuesto beneficiará solamente a las grandes empresas contradice la lógica de quiénes son los contribuyentes de este impuesto. Hay que decirlo: De los 3.200.000 contribuyentes, aproximadamente, que se ven afectados por el impuesto de timbres y estampillas, las personas naturales -que contratan créditos de consumo, por ejemplo, para adquirir una vivienda, los cuales están afectos al impuesto de timbres y estampillas- representan 2.800.000; es decir, prácticamente el 88 por ciento de quienes pagan ese gravamen en Chile. Las pequeñas y medianas empresas representan cerca de 11,4 por ciento, con cerca de 366.000 contribuyentes, y la gran empresa representa el 0,3 por ciento del total, con cerca de 8.900 contribuyentes. Es importante transmitirlo. Por eso, sostener que solamente las grandes empresas serán beneficiadas por esta reducción -reitero, en el caso que estamos planteando, ellas representan solo el 0,3 por ciento de los contribuyentes que pagan el impuesto de timbres y estampillas- es entrar en una lógica que no es correcta.
Se planteó acá que una reforma presentada el 2008 permite que las pequeñas empresas no paguen el impuesto de timbres y estampillas, por cuanto, según se dice, estaría integrado con el IVA, lo que es incorrecto. La reforma presentada en el 2008 nunca ha entrado en vigencia; la integración del impuesto de timbres y estampillas con el impuesto al valor agregado nunca ha entrado en uso.
Al observar los números de las pequeñas y medianas empresas que se verían beneficiadas con la reducción del impuesto de timbres y estampillas -como dije, dichas empresas son alrededor de 366.000 en el país, y representan el 11,4 por ciento del total de los que pagan este impuesto- se advierte claramente que la medida apunta en la lógica de aumentar la competencia del mercado financiero y favorecer el acceso al crédito -reitero que la rebaja beneficiará fundamentalmente a las personas naturales-, por lo que nos parece adecuada. Al respecto, es incorrecto decir que las personas naturales no piden créditos o no adquieren viviendas.
En esa línea, es importante recordar que el impuesto de timbres y estampillas presenta una tasa variable, que va del 0,033 al 0.4 por ciento del monto de la operación. Lo que hoy se está reduciendo es el techo, del 0,2 por ciento. O sea, hoy las personas que pagan bajos montos…
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiempo, señor diputado.
El señor MACAYA.-
Cuando se emite un cheque, son valores bastante bajos.
También es fundamental señalar que el acuse de recibo -herramienta nueva que se está incorporando en las facturas para imposibilitar al beneficiario, al comprador de un servicio, ocupar el crédito fiscal- posiblemente es una de las medidas más potentes en beneficio de la oportunidad de pago a favor de las pequeñas y medianas empresas.
Desde esa perspectiva, señor Presidente, es importante valorar este proyecto.
Por último, anuncio que esta bancada aprobará en su totalidad el contenido de la iniciativa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto. Se ha solicitado votación separada de cada uno de sus numerales.
En primer lugar, se votarán los numerales del artículo 1º, que introduce modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , pido que recabe la unanimidad de la Sala para hacer una sola votación, con excepción del artículo 3º, nuevo.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señor diputado , ocurre que un diputado de su propia bancada solicitó la votación separada, y no puedo privarlo de ese derecho. Si solicito el acuerdo unánime para acceder a su solicitud, me imagino que ese diputado no dará su consentimiento.
¿Habría acuerdo para votar por artículo, no por número?
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , creo que la votación debería hacerse por modificación, porque puede ocurrir que en un número haya dos temas distintos. En consecuencia, sugiero que sigamos con el criterio de votación que se establece en la minuta que nos entregaron.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Conforme, señor diputado. Usted tiene todo el derecho a no dar la unanimidad. En consecuencia, nos regiremos por la minuta de votación.
En votación el numeral 1) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el numeral 2) del artículo 1º, con la indicación del Ejecutivo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el numeral 3) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar los numerales del artículo 2º, que introduce modificaciones al Código Tributario.
En votación el numeral 1) del artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el numeral 2) del artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el numeral 3) del artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el numeral 4) del artículo 2º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar la indicación del Ejecutivo para incorporar un artículo 3º, nuevo, motivo por el cual los artículos 3º, 4º, 5º y 6º pasan a ser 4º, 5º, 6º y 7º, respectivamente.
El texto del artículo 3°, nuevo, se encuentra en la minuta de votación que los señores diputados y las señoras diputadas tienen en su poder.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 1) del artículo 3°, que pasa a ser 4°, que modifica la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 2) del artículo 3°, que pasa a ser 4°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 1) del artículo 4°, que pasa a ser 5°, que modifica el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 2) del artículo 4°, que pasa a ser 5°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 1) del artículo 5°, que pasa a ser 6°, que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 2) del artículo 5°, que pasa a ser 6°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 3) del artículo 5°, que pasa a ser 6°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor BURGOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, creo que ahora podemos votar todos los numerales del artículo.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Sí, podríamos votar de inmediato los numerales 4), 5) y 6) del artículo 5°, que pasa a ser 6°.
¿Habría acuerdo para votarlos en conjunto?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 6°, que pasa a ser 7°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 10 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 1° transitorio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 15 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 2° transitorio, con la indicación del Ejecutivo, cuyo texto figura en la minuta que obra en poder de los señores diputados y señoras diputadas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 15 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 3° transitorio, nuevo, con la indicación del Ejecutivo, que consiste en incorporar un artículo 3° transitorio, nuevo, pasando los actuales 3° y 4° a ser 4° y 5° transitorios, respectivamente.
El texto de la indicación del Ejecutivo se encuentra en la minuta que los señores diputados y las señoras diputadas tienen en su poder.
En votación.
-Durante la votación:
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , solo para hacer una aclaración.
En el fondo, esta indicación del Ejecutivo tiene por objeto reponer una parte del artículo 3° transitorio, nuevo. Lo digo para que quede claro lo que estamos votando.
Gracias, señor Presidente.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Es muy buena su aclaración, señor diputado .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 52 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 3° transitorio, que pasa a ser 4° transitorio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Por último, corresponde votar el artículo 4° transitorio, que pasa a ser 5° transitorio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
REGULACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES ELECTORALES (Segundo trámite constitucional)
El señor ELUCHANS (Presidente).- En conformidad al acuerdo adoptado por los Comités parlamentarios, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en mensaje, que regula la actualización de los padrones electorales.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es el diputado señor Felipe Ward.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 8972-06, sesión 47ª de la presente legislatura, en 11 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización. Documentos de la Cuenta N° 9 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Hago presente a la Sala que para el debate del proyecto, los Comités parlamentarios acordaron asignar cinco minutos por cada Comité. En este momento, solo tengo inscritos a diputados de las bancadas de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor WARD (de pie).- Señor Presidente , en sesión celebrada hoy en la mañana, gracias a un acuerdo de Comités, la Comisión de Gobierno Interior aprobó este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, de origen en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata” que regula la actualización de los padrones electorales (Boletín N° 8972-06)
La Comisión aprobó su artículo único, tanto en general como en particular, en idénticos términos a los propuestos por el honorable Senado, con los votos favorables de los señores Becker ( Presidente ), Auth , Bauer , Cerda , Farías , Pérez, don Leopoldo ; Rosales y de quien habla. Votación en contra de los señores Lemus y Ojeda . Se abstuvo el señor Schilling .
Señor Presidente, el texto del proyecto de ley es el siguiente:
“Artículo único.- Incorpórase a la ley N° 18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, el siguiente artículo 28 bis:
Artículo 28 bis.- En la elaboración del Padrón Electoral que se señala en el artículo 30, el Servicio Electoral excluirá a los electores de ochenta o más años de edad, que no contaren con sus documentos de identidad vigentes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N° 18.700, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos once años anteriores a la fecha establecida en el artículo anterior, de acuerdo a la información que al respecto le proporcione el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Servicio Electoral confeccionará una nómina especial que singularizará a los electores excluidos en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, quienes se considerarán inhabilitados para sufragar en la respectiva elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final. Esta nómina especial será pública, en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero del artículo 31 y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33, en lo relativo a las normas de publicidad y procesos de auditoría.
Entre los ciento ochenta y los noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral , la circunstancia de haber sido o de poder ser excluidos del Padrón Electoral de la elección de que se trate, en virtud de este artículo.
Asimismo, el Servicio Electoral deberá informar a los electores de la exclusión del Padrón, a través del sistema de consulta disponible en su sitio web y en la línea telefónica a que se refiere el inciso segundo del artículo 7°.
Los electores excluidos en virtud de este artículo podrán reclamar del hecho de la exclusión, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación del padrón auditado, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, según lo dispuesto en el artículo 47.
La exclusión dispuesta en este artículo sólo procederá respecto del padrón que el Servicio Electoral confeccione para cada elección en particular y, en ningún caso, procederá respecto del Registro Electoral .”
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , el proyecto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, soluciona verdaderamente un problema que nos inquietaba, cual es que las personas de ochenta o más años de edad y que no hubieran renovado su cédula de identidad en los últimos once años, quedaran eliminadas para siempre de su derecho a sufragar. Por lo tanto, solo serán excluidas del padrón electoral de la respectiva elección. El Servel tendrá que hacer una lista aparte de todas esas personas que, según los antecedentes, suman más de cien mil, las que serán informadas de su exclusión del padrón electoral de la respectiva elección, no del Registro Electoral . En consecuencia, bastará con que renueven su carné de identidad para que puedan volver a participar en elecciones.
Señor Presidente , en esto no existe una división entre partidarios del Gobierno y de Oposición, porque estamos de acuerdo en que hay que ir depurando el padrón, de manera que no se repita lo que ocurre muchas veces, en que la abstención en diferentes elecciones es falsa, porque la mayoría de las personas que no votan es porque han fallecido.
Con las modificaciones que se introdujeron está totalmente resguardado el derecho a sufragio de todas las personas. Es muy difícil que alguien no renueve su carné de identidad en once años.
Por eso, anuncio el voto a favor de quien habla y de varios diputados de esta bancada.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el resto del tiempo de la bancada Demócrata Cristiana, tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en mi nombre y en el del diputado Sergio Ojeda, quiero hacer presente nuestra votación en contra de este proyecto.
Este proyecto de reforma a la ley N° 18.556 establece que se excluirá del padrón electoral a los electores de ochenta años o más años de edad, que no hayan renovado sus documentos de identificación, en los últimos años once años. Es decir, se puede tratar de personas que a los sesenta y nueve años de edad dejaron de renovar sus documentos de identificación, que serán excluidas del padrón electoral para la respectiva elección. En esta Sala hay algunos diputados que podrían haber tenido esa misma edad cuando dejaron de renovar sus documentos.
Señor Presidente , es increíble que a través de un proyecto de reforma de estas características se refleje la falta de respeto que se tiene por los mayores de edad. Aquí no se está sancionando a quienes no votaron o a quienes tienen su documentación vencida, sino a ciudadanos por viejos; se está incorporando una causal de cesación de la ciudadanía, en razón de la edad, que afecta las garantías constitucionales de esos ciudadanos. ¡Eso es inaceptable!
El Servicio de Registro Civil e Identificación ha dejado de cumplir con sus obligaciones al no informar al Servicio Electoral sobre los fallecidos. Frente al incumplimiento de una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado, este hace recaer la responsabilidad de ese incumplimiento en las espaldas de los mayores de ochenta años. ¡Qué democracia es esta, señor Presidente , que no solo menosprecia a los mayores de ochenta años, sino que los excluye de ejercer el legítimo derecho al sufragio, y viola sus garantías constitucionales! Esto, además, en un escenario de voto voluntario, en el cual, en el futuro, tendremos que contar con los dedos de una mano a quienes concurran a emitir su sufragio.
El hecho de que el Servicio de Registro Civil e Identificación no informe al Registro Electoral de los fallecimientos de esas personas, no hace responsables de esa omisión a las personas que se busca excluir.
Aquí se está incorporando subrepticiamente, en una discusión rapidísima y sin mayor debate, una causal de cesación de la ciudadanía que, como he dicho, afecta gravemente los derechos y las garantías constitucionales de las personas a que se refiere este proyecto.
Por las razones expuestas, votaré en contra esta iniciativa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth
El señor AUTH.- Señor Presidente , pongamos un poco de contexto. Lo que hace el proyecto es repetir, de manera más limitada, un proyecto que aprobaron ampliamente la Cámara y el Senado, para resolver un problema real: el hecho de que cientos de miles de personas figuren en el Registro Electoral y en el padrón electoral, pese a que la posibilidad de que estén vivas es baja. Es decir, en el padrón figuran cientos de miles de personas que probablemente han fallecido.
Lo que intentamos hacer ahora -el Tribunal Constitucional puso objeciones al proyecto que aprobamos- es permitir que el Servel depure para que el padrón real de cada elección se parezca mucho más al padrón efectivo de las personas que están habilitadas para votar.
Aquí no se está sancionando a nadie; lo que se está haciendo es permitir -las personas no salen del Registro Civil ni del Registro electoral- que, para cada elección, a las personas que tengan ochenta o más años de edad, y que no hayan renovado su cédula de identidad o su pasaporte -los que viven en el extranjero renuevan el pasaporte- en los últimos once años, se les excluya del padrón de esa elección. En suma, se les excluirá de la respectiva elección en particular, pero seguirán existiendo en el Registro Electoral . Por lo tanto, si alguna de esas personas renovara su cedula de identidad, por supuesto que sería incluida en el padrón.
Recuerden que para votar se necesita tener la cédula de identidad vigente. Es más, reformamos la ley para que ningún gobierno pueda extender por más de un año la fecha de vigencia de la cédula de identidad. Por lo tanto, si alguien tiene su cédula de identidad vencida por un período de dos años o, incluso más, de 13 meses, contado hacia atrás desde el día de la elección, no puede votar, y no hay gobierno que lo salve.
En consecuencia, simplemente estamos aceptando la solicitud de todos los consejeros del Servel, nominados de manera transversal, por lo cual representan no a la tendencia oficialista, sino al consenso general.
Es necesario relegitimar al Servel; como es lógico, necesitamos que sea lo más legítimo posible, porque si hay descrédito en el padrón, hay descrédito en la elección. Repito, necesitamos dar el máximo de credibilidad al organismo que regula nuestro sistema de elecciones: el Servel.
Por lo tanto, llamo a aprobar el proyecto, de manera de entregar al Servel la facultad para excluir del padrón a los electores de ochenta o más años de edad que no hayan renovado su cédula de identidad o su pasaporte en los últimos once años anteriores a la elección de que se trate. Como dije, se les excluirá del padrón electoral en esa elección específica, de manera
que el padrón sea real y no ficticio. Esto apunta a no solo a dilucidar el efecto de la abstención electoral, sino a relegitimar la credibilidad del Servicio Electoral, dado que en la legitimidad de las elecciones democráticas se fundamenta su credibilidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente, concuerdo con todo lo que ha dicho el diputado Auth. Por eso, solo ahondaré en algunos temas.
El proyecto en debate es muy sencillo -nosotros ya aprobamos otro, más drástico que este-: lo único que pretende es depurar el padrón electoral para que no se repita lo ocurrido en la elección municipal pasada, en que personas fallecidas figuraban en el referido padrón, es decir, figuraban como eventuales votantes. Eso afectó la credibilidad del Servel, lo que, para nosotros, es muy preocupante.
¿Qué hace este proyecto? Solo elimina del padrón electoral a las personas de ochenta o más años de edad que en los últimos once años no hayan renovado su cédula de identidad. Bien decía el diputado señor Saffirio que una persona que a los 69 años renovó por una última vez su cédula de identidad, y ahora tiene ochenta o más años de edad, no podría votar. ¡Pero si esa persona igual no podría votar ahora, porque su cédula está vencida! Por lo tanto, aunque no aprobáramos este proyecto, esa persona que tiene su cédula vencida hace más de un año, legalmente está imposibilitada de votar. Es decir, no estamos afectando a nadie; con esta ley en proyecto, ninguna persona queda afectada o impedida de votar.
Lo que hace el proyecto es permitir que se excluya a esas personas del padrón electoral, pero no dice que estén fallecidas. Solo las elimina del padrón, no del Registro Electoral y menos del Servicio de Registro Civil e Identificación. Por lo tanto, si alguna de esas personas quisiera votar, podría hacerlo perfectamente, para lo cual necesitaría renovar su cédula de identidad. Así sería reincorporada al padrón electoral.
Lo importante es que ninguna persona que quiera votar estará imposibilitada de hacerlo por efecto de este proyecto. Lo que vamos a hacer es permitir, de una vez por todas, la depuración del padrón electoral, porque lo que hay en la actualidad está causando un desprestigio enorme al Servel.
Alguien decía por ahí que el Servicio del Registro Civil e Identificación debería tener los datos totalmente actualizados. Es cierto. Lo que pasa es que, en algunos casos, nunca se registraron las defunciones en dicho Servicio, posiblemente debido a que esas personas fallecieron en el extranjero. También están los casos de personas muy antiguas que no tenían RUT, y los de otras que tenían varios RUT, lo cual hacía muy complejo saber cómo darlas por muertas.
En síntesis, si no solucionamos el problema de esta forma, nunca lo vamos a poder solucionar, y a mí me interesa mucho el prestigio del Servicio Electoral. Además, me interesa mucho que todas las personas que quieran votar puedan hacerlo, pero que no haya votantes inscritos que llevan más de once años sin renovar su cédula de identidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , el proyecto de ley surge de la necesidad de dar solidez a la tarea del Servicio Electoral en cuanto a configurar un padrón de ciudadanos, es decir, personas que tienen derecho a voto, de manera que puedan ejercer ese derecho en las ocasiones en que se convoca al pueblo para elegir a autoridades de distintos niveles. Esta cuestión quedó en entredicho en la elección municipal recién pasada, oportunidad en la cual el caso más llamativo fue el del ex Presidente de la República Salvador Allende , que aparecía con derecho a sufragar.
Pero ese no fue el único fallecido que apareció en ese listado, confeccionado a partir de la información que entregó el Servicio de Registro Civil e Identificación. Es cierto que, dada la historia del país, en la configuración de las bases de datos del Servicio Electoral, hay una insuficiencia que impide tener certeza en relación con personas fallecidas y que, en consecuencia, no debieran figurar en el padrón.
Si bien el propósito del proyecto es tener certeza a este respecto, no por ello deja de tener problemas la solución que propone, en particular en cuanto a que en relación, por ejemplo, con los detenidos desaparecidos, abogados de violadores de derechos humanos condenados y sometidos a penas de prisión por delitos imprescriptibles, podrán esgrimir esto como argumento favorable en caso de que no se les acepte la aplicación de la Ley de Amnistía, porque se supone que no se ha demostrado que la persona haya fallecido.
Por eso, señor Presidente , propusimos que el Registro Electoral fuera a la vez el padrón electoral, y que se anotara al lado de donde figuran las personas de ochenta o más años de edad que no hayan renovado su cédula de identidad, ese hecho, y solo ese hecho, para evitar otras interpretaciones y usos que se pudieren dar a esta legislación.
Como ambas cuestiones son igualmente necesarias, es decir, dar certeza a la labor del Servicio Electoral y al padrón electoral, no podemos abrir un flanco a la interpretación de otras legislaciones que merecen la misma consideración del Parlamento.
El Gobierno demuestra, una vez más, su incapacidad al enviar una solución que, en otros aspectos, terminará siendo un problema más que una solución.
Por eso, señor Presidente, me voy a abstener, porque están en juego dos bienes igualmente valiosos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , el país se alarmó cuando, en el padrón lectoral de la última elección municipal, aparecieron los más de mil cien detenidos desaparecidos, además de cientos de miles de personas fallecidas.
No hay ninguna duda de que se debe corregir y resolver ese problema, porque el padrón electoral debe contener solo los nombres de los ciudadanos que pueden ejercer su derecho a voto.
Sin embargo, señor Presidente, la forma de resolver el tema no es indiferente, debido a los efectos que produce. Como dijo el colega Marcelo Schilling, en el caso de los detenidos desaparecidos, esto puede tener implicancias de naturaleza muy diversa.
Por eso, una indicación presentada por un grupo de diputados de nuestra bancada, del Partido Comunista de Chile y de la Izquierda Ciudadana, concitó la gentil adhesión de los diputados Saffirio , Walker , Fidel Espinoza , jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, así como el apoyo del diputado Guillermo Ceroni y de otros compañeros. Dicha indicación señala que tampoco integrarán ese padrón las personas que están ausentes por desaparición forzada, que no es lo mismo que estar ausentes o excluidas por fallecimiento.
Sin embargo, el señor ministro nos explicó que si esa indicación prospera, el proyecto deberá ser enviado a cumplir su tercer trámite constitucional en el Senado, lo que impedirá que se convierta en ley en el plazo requerido para ser aplicable en las próximas elecciones, lo que no permitirá resolver el problema señalado, cuestión que podría significar la reaparición en el padrón de todos los fallecidos, incluso de los detenidos desaparecidos.
Por tal razón, estamos disponibles para retirar la indicación, en el entendido de que el Gobierno -me parece que el señor ministro se va a referir a ello- estudiará no solo los efectos electorales que se producirán en el caso de los detenidos desaparecidos, sino los efectos patrimoniales, civiles y un conjunto de otros efectos, que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ya tuvo oportunidad de explicar directamente al Gobierno y al ministro señor Larroulet , quien nos acompaña. Este es un tema absolutamente clave.
Como han explicado varios señores diputados, nos da cierta tranquilidad el hecho de que se borren esas personas solo del padrón electoral utilizado en cada oportunidad, no del Registro , y mucho menos del Servicio de Registro Civil e Identificación, en cuanto no se resuelva que esas personas están ausentes del país o ausentes de la vida por habérseles aplicado una desaparición forzada. En consecuencia, esperamos la intervención del señor ministro para retirar nuestra indicación.
En suma, no respaldaremos el proyecto con nuestros votos; pero nos parece muy importante que ojalá este Gobierno, por razones que a nadie escapan, encabece el envío de un proyecto de ley que establezca definitivamente la desaparición forzada en nuestro país, con el objeto de resolver las implicancias morales, políticas y civiles que ello conlleva.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en un principio, me parecía de toda lógica el mejoramiento y la depuración del padrón electoral.
Sin embargo, por intermedio del señor Presidente , quiero plantear directamente al ministro Larroulet , con quien acabamos de tener una conversación al respecto, que la señal que vamos a entregar es que las personas mayores de ochenta o más años de edad no podrán votar.
En la mayoría de las familias de los presentes existen adultos mayores que votan. Personas de ochenta años de edad todavía pueden ir a votar, y muchas lo hacen con una responsabilidad y con un entusiasmo que ni siquiera los jóvenes tienen. Lo que va a salir en la prensa y lo que vamos a transmitir desde la Cámara es que los adultos mayores de ochenta o más años de edad no deben votar, al margen de que no hayan renovado su carné de identidad desde hace once años.
Por favor, entiéndanme: no estoy hablando desde el punto de vista del detalle del proyecto de ley, de los once años sin renovar el carné ni de la depuración del padrón electoral, que considero podría realizarse en forma administrativa, que resultaría mucho más racional. Reitero, a mi juicio, la imagen que daremos es que las personas mayores de ochenta o más años de edad no podrán votar.
Deseo formular la siguiente pregunta al ministro , por intermedio del señor Presidente . ¿Qué pasa si un adulto mayor no quiso renovar su carné a los 69 años, pero después de que le llegue la carta, renueva su carné, o bien lo hace quince días o un mes antes de la elección, para poder votar? Ocurrirá que cuando se presente en su mesa, no figurará en el padrón electoral, sino que en registro anexo.
Por lo anterior, señor Presidente, considero que tenemos que buscar una fórmula distinta a la del proyecto.
No me complica que el país completo diga que no está depurado el padrón electoral; me preocupa que alguien que quiera votar, no pueda hacerlo; me preocupa que estemos dando la imagen de que el Parlamento aparezca negando la posibilidad de votar a los ciudadanos de ochenta o más años de edad.
Es cierto que tenemos que dejar esto listo antes del 20 de este mes, pero no por eso tenemos que hacer mal las cosas y dar, además, una imagen distinta a la sociedad, que es lo que más me preocupa, sobre todo porque se trata de personas tan fieles desde el punto de vista electoral, como son los adultos mayores.
Reitero, me refiero sólo a la imagen y a lo que entregaremos con esta futura ley, señor Presidente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , creo que es razonable y positivo que se proponga un proyecto con el objeto de transparentar el padrón electoral; pero tengo algunas aprensiones respecto de una materia a la que algunos aquí se han referido: la situación de los detenidos desaparecidos.
Al respecto, no quiero que este sea el principio de la posible intención de comenzar a borrar de nuestras memorias y de nuestra historia que en Chile existen miles de detenidos desaparecidos. Creo que eso sería un error garrafal.
Sin embargo, confío en lo que me planteó hace algunos momentos el ministro secretario general de la Presidencia en una conversación que sostuve con él sobre esta materia, quien me señaló que no es esa la intención. Lo menciono porque no podemos, de manera alguna, borrar de la historia y de nuestras memorias que en Chile hay y seguirán existiendo, tal vez por muchos años, miles de detenidos desaparecidos.
Esas son mis aprensiones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , es obvio que el padrón electoral presenta una suma de diversas distorsiones, las que hacen que en determinados casos no exista la claridad que se requiere. Por ejemplo, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo aparecen inscritos miles de soldados conscriptos, los que, debido a que cumplieron con el servicio militar en esa región, fueron inscritos en los registros de Aysén. Sin embargo, como tras cumplir con el servicio militar retornaron a sus lugares de origen, eso ha generado un padrón electoral distorsionado en no menos de 30 por ciento respecto de la realidad de la región.
Sin duda, creemos que se deben actualizar los padrones electorales; pero, en ese contexto, la única particularidad que hace un poco de ruido es una disposición contenida en el artículo 28 bis que se propone incorporar a la ley N° 18.556, por medio del artículo único del proyecto, en el sentido de establecer la exclusión de los electores de ochenta o más años de edad que en los últimos once años no hayan renovado su cédula de identidad.
En mi calidad de Presidente de la Comisión Especial del Adulto Mayor , deseo señalar que las personas de la tercera edad siempre nos han planteado su deseo permanente de estar activos en los distintos ámbitos de la sociedad, y la participación en las votaciones respectivas es un aspecto sustantivo para ellos. Incluso más, en forma histórica han demostrado su responsabilidad cívica al participar en cada uno de esos procesos.
Quiero destacar que la diputada señora María Angélica Cristi presentó una moción para solucionar el problema que genera la no renovación de cédulas de identidad de las personas mayores de edad, lo que, en muchos casos -tal como se plantea en el proyecto-, se produce debido al deterioro de sus huellas dactilares, situación que hace imposible efectuar la renovación. En suma, tal vez no deberíamos buscar excluir a las personas mayores de ochenta o más años de edad, porque ellas quieren seguir siendo parte de la comunidad y estando activas en la sociedad, porque en la actualidad las personas de esa edad son plena y absolutamente capaces.
Por lo tanto, sobre la base de la moción presentada por la diputada señora Cristi , a lo mejor lo que deberíamos buscar es un mecanismo para revalidar la vigencia de la última cédula de identidad de las personas de la tercera edad que se encuentren en el rango etario señalado; pero lo que no se debe hacer, desde ningún punto de vista, es sacarlas de los padrones electorales debido a la sola circunstancia de que no hayan realizado ese trámite.
Por otra parte, aun cuando así se promoviera, el proyecto contempla que la notificación a esos electores se debe efectuar mediante carta certificada, enviada al domicilio que tengan registrado en el Servicio Electoral. Pero todos conocemos las enormes distorsiones que hay en los padrones cuando se asigna a los inscritos, en forma automática, algún lugar de votación. Incluso más, la falta de coincidencia en algunos casos resulta dramática. Por ejemplo, hay personas de la Región de Aysén inscritas para votar en Antofagasta, distorsión que se generó por alguna circunstancia determinada.
Otro aspecto que se debe considerar es la reclamación que puede efectuar el adulto mayor, dentro de los diez días siguientes a la publicación del padrón, ante el respectivo tribunal electoral regional, es decir, la incorporación de un trámite adicional. Creo que habría que buscar la forma de establecer un mecanismo a través del cual los adultos mayores de ochenta o más años de edad -la mayoría de ellos muy activos en el cumplimiento de sus responsabilidades cívicas- puedan revalidar su cédula de identidad, para lo cual, reitero, a lo mejor se puede acoger la moción presentada por la diputada señora María Angélica Cristi con la finalidad de resolver ese problema. Por último, insisto en que, en la suma general del sistema, los padrones electorales hoy presentan demasiadas distorsionas, como las que aquí se han mencionado, por lo cual es necesario corregir ese problema.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristián Larroulet.
El señor LARROULET ( ministro secretario general de la Presidencia ).- Señor Presidente , primero quiero señalar que el proyecto en discusión apunta a un interés general, en el sentido de tener un registro y un padrón electoral que genere la confianza de toda la ciudadanía.
Para resolver el problema relacionado con las personas fallecidas, convocamos al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación para proponer una fórmula que genere un consenso amplio. La iniciativa que la materializa fue despachada por una amplia mayoría en el Senado, tal como lo hizo la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados, y necesitamos que sea aprobada hoy por la Sala de la Corporación para que, con posterioridad, sea tramitada en el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que alcance a ser aplicada en las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre próximo. Se trata de una fórmula que ha contado con un consenso técnico y político muy amplio.
En segundo lugar, quiero ser absolutamente categórico en señalar que el proyecto de ley que se somete a la consideración de esta Sala no dejará a ningún adulto mayor sin la posibilidad de votar. Podrán participar en ese proceso todas las personas que tengan su carné de identidad al día. En ese sentido, quiero hacer un paréntesis, con el objeto de destacar que las personas que han dado un ejemplo de responsabilidad cívica en el país son, precisamente, los adultos mayores. Su ejercicio de responsabilidad cívica, entre otras cosas, consiste en tener su carné de identidad al día. Ustedes y yo somos testigos de que esa es la experiencia que tenemos.
Por lo tanto, la iniciativa en debate no significará que adulto mayor alguno quede excluido de la posibilidad de votar.
En tercer término, cabe reiterar que lo que se quiere hacer mediante este proyecto es perfeccionar el mecanismo del padrón electoral, no del registro, puesto que el padrón es el que sirve para votar en la elección correspondiente. En esa materia, hemos tomado -tal como figura en el texto de esta iniciativa, la que ya fue aprobada en el Senado- todas las recomendaciones que el Tribunal Constitucional señaló, en el sentido de informar de manera previa y de establecer un mecanismo expedito de reclamaciones para aquellas personas que, por alguna razón, sean excluidas sin que ello corresponda.
Finalmente, respecto de las personas que han fallecido por desaparición forzada, quiero señalar que este ministro se ha reunido con representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Instituto de Derechos Humanos. ¿Para qué lo he hecho? Para resolver el problema de esas personas, de manera que no aparezcan nuevamente citadas en procesos electorales. Creemos que los más digno, razonable y de justicia es hacer ese perfeccionamiento en el padrón electoral, y mantenerlos en el registro.
Sin embargo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en forma legítima, ha planteado al Ejecutivo que no quiere que se resuelva el problema de esas familias solamente en el caso del padrón electoral, sino que haya una solución más amplia a su problema. A raíz de eso, el texto que el Ejecutivo había propuesto fue desestimado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, de modo que lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo siga su trabajo con las instituciones correspondientes para resolver los problemas planteados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , dado que este proyecto también tiene premura, como la tuvo el proyecto de franja electoral, por su intermedio quiero preguntar al ministro si los trámites de envío al Tribunal Constitucional, y de posterior promulgación y publicación de esta futura ley se podrán efectuar con más celeridad que la que hubo en el caso del proyecto de franja electoral.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro.
El señor LARROULET (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, estoy en esta Sala porque efectivamente quiero que este proyecto salga con la mayor prontitud posible.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la actualización de los padrones electorales, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 69 señoras diputadas y señores diputados.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ELUCHANS (Presidente).- El proyecto pasa a Comisión Mixta.
POSTERGACIÓN DE INICIO DE TRABAJO DE COMISIONES Y SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO
El señor ELUCHANS (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para postergar la hora de inicio del trabajo de las comisiones. Entiendo que hay comisiones convocadas para las 14.30 horas. Propongo postergar su inicio hasta el término de esta sesión.
Asimismo, solicito el acuerdo de la Sala para suspender el tiempo de proyectos de acuerdo.
El señor ORTIZ.- Pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , las comisiones no pueden comenzar su trabajo cuando termine la sesión de Sala. Deberían iniciarlo a las 15.30 horas. Otra opción sería suspender también Incidentes. Sucede que las bancadas tenemos reunión.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Propongo que las comisiones inicien su trabajo quince minutos después de terminada la sesión de Sala.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor ACCORSI.- Se podrían constituir las comisiones y luego suspender su funcionamiento.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- No, señor diputado . Propongo que las comisiones inicien su trabajo treinta minutos después de concluida la sesión de Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN COMUNA DE BULNES (Oficio)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior , a fin de solicitarle información sobre el estado de avance de la licitación de la construcción del nuevo retén de Carabineros de la comuna de Bulnes, que ha iniciado su plan cuadrante.
La obra fue anunciada hace unos meses, sin embargo su construcción aún no se ha iniciado. Por lo tanto, solicito información para saber sobre el estado actual de esa licitación.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ESTADO DE AVANCE DE NEGOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ENTRE COMUNA DE FLORIDA Y RUTA DEL ITATA (Oficio)
El señor SABAG.- En segundo lugar, solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas , y por su intermedio al Departamento de Concesiones, para agilizar la negociación con la concesionaria de la ruta del Itata en relación con la construcción de un camino de cerca de 12 kilómetros entre la comuna de Florida y la ruta del Itata, con cargo a esa concesionaria, a cambio del retiro del peaje del sector de Queime y de la rebaja del peaje de Agua Amarilla, uno de los más caros de Chile.
Esta idea, que fue sugerida por el senador Hosaín Sabag a la ministra de Obras Públicas , como también a los ejecutivos de la concesionaria, permitiría tener una rápida conexión entre la ruta 148, que une las comunas de Florida, Quillón y Bulnes , y aumentaría de manera importante el flujo vehicular hacia la ruta del Itata. Por lo mismo, el peaje de Queime, que hoy está en el límite de las comunas de Florida y de Quillón, y que entró a funcionar el 1 de enero del presente año, al retirarse el peaje de Chaimávida, no tendría razón de ser, por cuanto una cláusula del contrato entre el Estado y la ruta del Itata establecía que el peaje de Chaimávida no se podía mover durante la vigencia del contrato, pero como se trasladó hacia el límite entre las comunas de Florida y de Quillón, abriéndose una ruta entre Florida y la ruta del Itata, evidentemente que cambian las condiciones de ese contrato. De esa manera, podría retirarse este peaje que hoy está afectando el normal desarrollo turístico de la comuna de Quillón.
Sé que hay un proyecto de ingeniería para dicho camino de 12 kilómetros y por eso solicito que mediante este oficio la ministra de Obras Públicas nos informe acerca del estado de avance de esta negociación.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
MEJORAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PUESTOS DE PEAJE (Oficio)
El señor SABAG.- Finalmente, solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas , y por su intermedio al Departamento de Concesiones, en relación con la seguridad de quienes trabajan en los puestos de peaje, sobre todo de noche, especialmente mujeres, las que han sido asaltadas por delincuentes. A pesar de que hay cámaras de seguridad en esos lugares, la verdad es que estos hechos afectan a la seguridad de las mujeres que trabajan allí.
Por lo tanto, solicito que se busque un mecanismo de mayor seguridad para dar protección a las mujeres que trabajan en los peajes concesionados.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PENDIENTES EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en primer lugar, pido que se oficie al ministro de Salud para que informe acerca del número de intervenciones quirúrgicas pendientes en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, a la cual represento en esta Sala. Se trata de personas que, en muchos casos, han sido derivadas por interconsultas desde los consultorios municipales o desde los Centros de Salud Familiar (Cesfam), aunque también hay quienes llegan de manera directa al hospital regional.
Queremos saber el número de operaciones pendientes. No nos interesan los datos de cada uno de los pacientes, pero sabemos que hay operaciones de hernia o de cambio de prótesis pendientes, entre otros casos. Queremos tener ese listado para saber cuántas intervenciones están pendientes a la fecha y ojalá con una distinción entre aquellas intervenciones que son de alta complejidad de aquellas que son de mediana complejidad. En lo posible pido que el listado sea por comunas.
Pido que copia de este oficio se envíe a cada uno de los alcaldes de la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA DE ATENCIÓN DE SALUD A NIÑOS DE HOGARES DE MENORES (Oficio)
El señor RINCÓN.- El segundo oficio, también dirigido al ministro de Salud es para que informe a esta Corporación acerca de cuáles son las medidas que ha adoptado su ministerio para garantizar la atención de salud de todo tipo a los niños de los hogares de menores que la requieren, muy especialmente la atención siquiátrica y sicológica.
Me preocupa la situación de todos los niños de los hogares de menores que han requerido, a través del Sename, de los juzgados de familia respectivos, o de sus propias familias, atención médica de cualquier tipo. Quiero saber cómo se les ha otorgado y qué instrucciones ha impartido el ministro de Salud para garantizar que no exista ningún problema de presupuesto, ninguna negativa de cama, ninguna negativa de que no exista el facultativo respectivo en la región o en la comuna respectiva, porque es una obligación del Estado proveer de atención de salud, toda vez que los niños de los hogares de menores están bajo la protección del Estado, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DE PASOS FERROVIARIOS EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS (Oficio)
El señor RINCÓN.- Por último, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que informe qué medidas ha arbitrado para intervenir los pasos regulados y no regulados de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins por toda la línea del metrotrén.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS EN RUTAS U-435 Y U-185, DÉCIMA REGIÓN (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas para que realice el estudio de ingeniería para la construcción de la carpeta asfáltica del camino de Tacamó, Ruta U-435 de Osorno, que tiene una extensión de 14,5 kilómetros, y del camino de Tacamó-Las Carretas, Ruta U-185, cuyo tramo de 5,5 kilómetros conecta con Los Negros y con la ruta internacional de Puyehue.
El asfaltado y pavimentación es una necesidad imperiosa, además, porque es factible y se justifica plenamente, ya que son altamente productivos, con presencia de lecherías, ganadería y trabajadores agrícolas. Además, existe conexión con otros caminos, que son turísticos y transitan por ellos en forma periódica niños que van a dos escuelas. De ahí la necesidad de asfaltarlos, ya que hay recorrido de micros y circula una gran cantidad de vehículos.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN RÍO QUILLOIMO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (Oficios)
El señor OJEDA.- Por otro lado, pido oficiar a la ministra del Medio Ambiente , al director nacional de la Conadi y al ministro de Minería respecto de la instalación hidroeléctrica y minera en río Quilloimo, sectores de Liucura y de Loma de La Piedra, comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. Ese proyecto hidroeléctrico inundaría aproximadamente 400 hectáreas de terreno. Por eso, las organizaciones huilliches de la localidad se oponen a su concreción y se tomaron la empresa.
Solicito que los ministros informen sobre la instalación de esa hidroeléctrica, sus implicancias, características, espacios territoriales que abarcará, efectos, etapa en que se encuentra y gestiones realizadas a través de los servicios públicos; efectos que producirá en el medio ambiente y las familias que se verán afectadas. Especialmente, queremos saber si se han cumplido las exigencias contenidas en el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, en el sentido de si se han hecho las consultas a las comunidades indígenas, como corresponde.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual Secretaría está tomando debida nota.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE COMISARÍAS DE CARABINEROS EN LA UNIÓN Y RÍO BUENO (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el tiempo correspondiente al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , quiero reiterar un oficio a la ministra de Obras Públicas sobre el proyecto de construcción de nuevos cuarteles de Carabineros para la Comisaría N° 3 de la capital de la provincia del Ranco, y la Comisaría N° 4, de la comuna de Río Bueno.
Está pendiente la construcción de ambas comisarías, no obstante que los estudios ya fueron realizados. Solo falta la visación del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Ya fueron visados por la Dipres, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Por eso, una vez más, reitero la petición de su construcción.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Carmona y De Urresti.
EXPLICACIÓN SOBRE DEMORA DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EN PROVINCIA DEL RANCO (Oficio)
El señor JARAMILLO.- Asimismo, pido el envío de un oficio al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación para que explique la demora en la construcción de la oficina provincial de ese servicio en la provincia del Ranco.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Carmona y De Urresti.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LA UNIÓN Y RÍO BUENO (Oficio)
El señor JARAMILLO.- También pido reiterar un oficio al ministro de Salud para que informe acerca del estudio de ingeniería de los hospitales de La Unión y Río Bueno. Me gustaría saber si se insertarán dichos estudios en el Presupuesto de 2013, como estaba programado, o si serán pospuestos para 2014.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Carmona y De Urresti.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL EN PROVINCIA DEL RANCO (Oficio)
El señor JARAMILLO.- Por otro lado, pido reiterar un oficio a la ministra de Justicia , a fin de que informe si el Registro de Salud tiene prevista la construcción de una oficina del Servicio Médico Legal en la provincia del Ranco. Los recursos para su estudio habían sido considerados en el Presupuesto de 2013. Hasta hoy no hay información al respecto.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Carmona y De Urresti.
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PUERTO DE CORRAL (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quiero solicitar el envío de un oficio al Presidente de la República , al intendente de la Región de Los Ríos , a la ministra de Obras Públicas , a los ministros de Vivienda , de Salud y al subsecretario de Desarrollo Regional .
Hoy, 17 de julio es un día especial para Corral, comuna ubicada en la Región de Los Ríos. Los ciudadanos de esta importante localidad han alzado su voz para decir basta de compromisos incumplidos. Se han levantado para exigir, a través de la presión social, la consideración que merecen como ciudadanos. Este malestar se debe, especialmente, a las malas condiciones en que se encuentra el camino entre Amargo y San Carlos , única vía de conexión con el hospital comunal.
Como a su señoría le consta, este hospital costó mucho llevarlo adelante y representa un gran avance para la comuna. Hoy, los trabajadores y pacientes deben transitar por un camino peligroso, lleno de barro y con gran cantidad de hoyos que atentan contra el bienestar y que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad para el transporte de los enfermos y sus seres queridos.
Desde que se inició la ejecución del proyecto de construcción del hospital se ha solicitado, mediante diversos oficios e instancias, el mejoramiento de esa vía. Lo ideal era avanzar en forma paralela, pero, lamentablemente, por diversos motivos eso no se efectuó y la comunidad se encuentra manifestando su descontento.
Formalmente y en reiteradas oportunidades, en octubre de 2011, mediante oficio N° 2724, también en enero de 2012, en marzo de este año y hace poco, hice presente la necesidad de ejecutar obras o contar con un calendario de las mismas por ministerio. Hasta el día de hoy, esta situación no ha tenido información. A esto se suma la molestia por el nulo avance en proyectos de saneamiento básico, iniciativa de alta importancia para la comuna puerto. De hecho, ese factor fue relevante cuando el Ministerio de Salud decretó, en 2011, la emergencia sanitaria en Corral debido al Hantavirus. ¿Cuáles son los proyectos que se han concretado tras esa situación?
También existe otra demanda que, hasta la fecha, no se ha cumplido: el fortalecimiento del puerto de Corral a través de la constitución de la Mesa portuaria. Hasta el momento, solo se han concretado algunos avances de los proyectos delineados por el gobierno anterior, sin existir la decidida voluntad de impulsar con la firmeza que se requiere este importante eje de desarrollo. Un ejemplo es que la única respuesta a tales peticiones se ha canalizado a través de la reactivación de la Mesa de Desarrollo Portuario, medida tan sentida por la comunidad, por el Comité Nueva Región, por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (Codeproval), y por toda la ciudadanía.
Por todo lo anterior, solicito a las autoridades respectivas, esto es a la ministra de Obras Públicas , el intendente y la Subdere que informen, con el respectivo cronograma, cuándo se ejecutará el mejoramiento del camino Amargo-San Carlos. Además, que informen sobre las acciones desarrolladas, desde 2010 a la fecha, para concretar tal proyecto, indicando la prioridad otorgada en consideración a que es la única vía de conexión con el nuevo hospital. Se solicita adjuntar los respectivos documentos sobre el mejoramiento de la vía y la coordinación efectuada con el Ministerio de Salud.
Asimismo, se solicita a los ministerios de Vivienda y de Salud, intendencia y Subdere informar sobre los proyectos desarrollados en Corral para avanzar en materia de saneamiento básico, sobre todo tomando en cuenta la alerta sanitaria que afectó a la comuna tras la emergencia provocada por el Hantavirus.
Igualmente, se solicita al intendente regional informar sobre la visita realizada al puerto de Coronel durante el verano. Según la prensa, tal visita se enmarcó dentro de la estrategia de fortalecer el puerto de Corral. En consecuencia, se solicita informar sobre las acciones que se llevarán a efecto para cumplir con el compromiso presidencial de fortalecer el puerto de Corral, acerca de los resultados de la visita y los proyectos gestados, si existe la voluntad y calendario para reinstalar la Mesa de desarrollo portuario y cuándo se iniciará la elaboración de la política regional de desarrollo portuario. Esto último es de alta relevancia para la región, considerando que, en forma transversal, existe plena coincidencia de que el principal eje de desarrollo de la Región de Los Ríos es contar con un puerto operativo en la bahía de Corral.
Finalmente, que el señor intendente informe cuáles son los proyectos que se han generado durante la actual administración, de 2010 en adelante, para la comuna de Corral, con la calendarización del desarrollo de dichos proyectos y sus estudios de factibilidad para efectos de concretar la inversión. Me interesa que nos informe especialmente qué ocurre con el estadio con cancha sintética El Boldo y con la reposición del liceo politécnico.
Solicito que, además de los oficios mencionados, se envíe copia de esta intervención al señor Juan Valenzuela , presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Corral ; al alcalde de dicha comuna, señor Gastón Pérez ; a los integrantes del concejo respectivo y a la señora Jessica Jara , presidenta de la Fenats Unitaria de la comuna de Corral.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Se adjuntará copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE CONICYT PARA LA REPATRIACIÓN DE INVESTIGADORES CHILENOS DESDE EL EXTRANJERO (Oficios)
El señor DE URRESTI.- Por último, señor Presidente , solicito que se oficie a Conicyt para que nos envíe información detallada acerca de los montos involucrados en el programa que desarrollará esa institución para traer de regreso al país a investigadores científicos chilenos que se encuentran radicados en el extranjero. Asimismo, para que informe de qué manera se velará para que ese programa permita fortalecer también a las universidades regionales.
Según informó la prensa, el Gobierno ejecutará esa iniciativa a través de Conicyt, que pagará honorarios de hasta 20 millones de pesos al año para financiar los proyectos seleccionados.
La iniciativa, que se financiará con fondos estatales, está orientada a captar investigadores chilenos que se encuentran en el extranjero, con el fin de que se radiquen nuevamente en nuestro país y adscriban su trabajo a alguna de las universidades nacionales, que serán las que recibirían los fondos de Conicyt para repatriar a estos científicos y financiar los programas de investigación seleccionados. Destaco que es importante que esa capacidad de investigación se radique también en nuestras universidades regionales.
Por ello -reitero-, solicito que la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica nos informe detalladamente sobre los montos involucrados, las líneas de acción que se seguirán para descentralizar el programa y lograr que parte de esos investigadores se adscriban a las universidades regionales. Particularmente me interesa saber si hay ya algún avance con la Universidad Austral de Chile.
Pido que copia de esta intervención sea enviada a los miembros del directorio de esa casa de estudios superiores y al Consejo de Rectores, para que nos digan de qué manera se está velando por la excelencia de los doctores que se traerán de regreso al país a través de este programa de Conicyt.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría a las instituciones que mencionó y en los términos que indicó, con la adhesión de la Mesa y del diputado Lautaro Carmona . Se adjuntará copia de su intervención
HOMENAJE A SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE SIERRA, MILITANTE SOCIALISTA RECIENTEMENTE FALLECIDO (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- El último turno corresponde al Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Izquierda Ciudadana.
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona, quien hará uso del tiempo adicional de cinco minutos que corresponde a dicho Comité.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , he solicitado la palabra para rendir un sentido homenaje a Guillermo Enrique Sierra , vecino de la ciudad de Copiapó, fallecido el lunes 8 de julio. Lo hago porque él encarnó los valores y las tradiciones de las luchas sociales desde el mundo del trabajo, así como las demandas vecinales.
En homenaje a su madre campesina, Guillermo Enrique Sierra tuvo un solo apellido; nunca quiso inscribir otro.
Fue un reconocido minero, obrero fabril, comerciante de ferias, dirigente vecinal y militante socialista desde los 11 años, cuando se incorporó a las jornadas de pegatinas en favor del candidato a la Presidencia Pedro Aguirre Cerda .
Envío un abrazo solidario, con mis sentimientos comprometidos, a cada uno de los miembros de su familia y a cada uno de sus compañeros socialistas de Copiapó.
Guillermo Sierra nació en Illapel el 27 de abril de 1927. En su adolescencia emigró a Valparaíso, donde trabajó como obrero fabril en la empresa Tres Montes.
Se casó con Yolanda, en Andacollo, y fue padre de siete hijos. En 1960 se avecindó en Copiapó, por su condición de minero. Ahí dejó una extensa descendencia compuesta por 25 nietos y varios bisnietos. Incluso alcanzó la condición de tatarabuelo.
Fue un socialista destacado por su consecuencia, allendista a todo dar y, por lo mismo, un colaborador activo del gobierno de la Unidad Popular, tiempo durante el cual se desempeñó en la Corfo. Esa condición lo llevó, con el tiempo, a ser dirigente de los exonerados políticos y tuvo una activa participación en el logro de esa reparación.
Fue presidente de la junta de vecinos Pedro León Gallo y uno de sus fundadores, junto a Ignacio Astorga , quien lo despidió en el cementerio, y a Germán Ahumada Alfaro , destacado militante del Partido Comunista, también fallecido.
Tras el golpe de Estado de 1973, su casa fue allanada, dada su condición de espacio de reunión y sede de todas las causas de izquierda en la región. Decidió emigrar a Ovalle. Allí fue detenido, amedrentado y torturado. Volvió a Copiapó, donde derivó a un trabajo como comerciante de ferias libres que lo llevó a convertirse en dirigente de esos trabajadores.
En la sesión del 30 de mayo recién pasado hice uso de la palabra para referirme a la situación de este querido vecino y compañero, quien me había solicitado apoyo para alcanzar su aspiración de que dejaran de descontarle el 7 por ciento para Fonasa, dado que no se le había beneficiado con el descuento del 2 por ciento. Hice la solicitud correspondiente, la que fue respondida positivamente por el director de esa institución, quien remitió los antecedentes al Instituto de Previsión Social.
En ese proceso, el compañero Guillermo Enrique Sierra falleció, sin alcanzar a gozar del beneficio obtenido, en mi opinión, por falta de prolijidad en las relaciones interinstitucionales de los organismos mencionados, que deberían haber hecho los cambios del caso sin mediar esfuerzos adicionales de las personas.
Hacía solo un par de semanas le habían instalado un marcapasos. El 30 de mayo no pudo ir a votar a las primarias porque se encontraba hospitalizado, pero desde allí siguió, paso a paso, el proceso electoral. Terminó ese día contento y con gran alegría por el estupendo resultado alcanzado a nivel nacional y regional, así como en la ciudad de Copiapó, en favor de Michelle Bachelet, hoy candidata presidencial de todo el pacto Nueva Mayoría.
Hace pocas semanas, en una de sus últimas intervenciones en una actividad política, en un acuerdo entre un sector de socialistas y del comando ciudadano de Copiapó, emitió palabras generosas en favor de mi persona, en mi condición de parlamentario, lo que, por cierto, me comprometen a seguir actuando con más consecuencia aun respecto de los trabajadores y de la gente sencilla, como lo era el compañero Guillermo Sierra .
Él fue parte de la clase obrera, un ejemplo en sus valores, por su sencillez y sus compromisos. Por eso, he estimado necesario rendir homenaje en esta Sala a ese gran chileno, a ese gran patriota, comprometido con las mejores causas de la justicia social.
¡Compañero Sierra, presente, ahora y siempre!
Señor Presidente , solicito que se haga llegar copia de esta intervención a la familia de don Guillermo Enrique Sierra y a sus compañeros socialistas de Copiapó, para lo cual haré llegar a la Mesa las direcciones del caso.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán las notas solicitadas por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.18 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 14.55 horas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
AGILIZACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE SEÑOR ALEXIS VILLABLANCA TORRES (Oficios)
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta , don Alexis Villablanca Torres , de la comuna de Victoria, está afectado de cáncer a la tiroides. Pese a que su caso reviste prioridad número uno, se encuentra en lista de espera desde el 27 de abril de 2012 para ser sometido a una tiroidectomía en el Hospital Hernán Henríquez de Temuco. Sin embargo, todavía no le han dado hora para la intervención.
Hago presente que el tratamiento de ese cáncer lo contempla el plan Auge.
Por lo tanto, pido que el señor ministro de Salud adopte las medidas necesarias a fin de que el señor Villablanca sea intervenido a la brevedad en ese hospital.
El domicilio de don Alexis Villablanca lo haré llegar a la Secretaría.
Espero que también se le remita copia del oficio.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
LIMPIEZA DE CANAL DE REGADIÓ DE COMUNIDAD JOSÉ MANUEL LIENCURA , COMUNA DE PERQUENCO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Pido que se oficie al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego , con el objeto de que informe de las posibilidades de limpiar en forma urgente un canal de longitud de doce a quince kilómetros que se encuentra al interior de la comunidad indígena José Manuel Liencura , de la comuna de Perquenco, propietaria de derechos de agua 30 litros por segundo.
Ese canal es administrado por la comunidad, pero debe ser sometido a una pronta limpieza o mejoramiento integral, porque hasta el momento sus aguas no se pueden utilizar ni tampoco se les pueden sacar provecho.
Solicito que copia del oficio se remita al director del Indap, al director de la Conadi y al presidente de la comunidad afectada, señor Sandro Antilao Liencura, y a la concejala de la comuna de Perquenco, señora Asunción Jara.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE PRESUNTOS COBROS INDEBIDOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A VECINA DE COMUNA DE LAUTARO (Oficio)
El señor CHAHÍN.- Por último, deseo referirme a un caso que afecta a la señora Eliana Elizabeth Cifuentes Ramos , de la comuna de Lautaro, cuyo teléfono y domicilio voy a dejar en poder de la comisión.
La afectada vive en su casa que queda aproximadamente a 300 metros de una matriz de agua potable.
En el sector de la matriz hay un medidor de prorrateo; después, a la entrada de las casas, hay medidores particulares. Entre el medidor de prorrateo y los medidores particulares se produjo una fuga de agua, producto de la rotura de una de las cañerías, lo que significó un mayor consumo y un cobro bastante alto.
Como la afectada no estuvo en condiciones de evitar el daño, porque la cañería no está dentro de su propiedad, alega, al parecer con justa razón, que desde su medidor particular hacia el interior de la casa ella debe hacerse responsable, pero no del medidor de prorrateo al medidor particular.
Repito, la distancia entre la casa y la matriz es de 300 metros, por lo que es imposible que ella pueda hacerse cargo de la mantención de esa cañería. Pese a haber un conjunto de reclamos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha dado una respuesta. Al parecer, son bastante poco comprensivos.
Por lo tanto, solicito que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a nivel nacional, se preocupe de averiguar e investigar el caso.
Espero que la empresa Aguas Araucanía S.A. se haga responsable de lo que ocurre entre el medidor de prorrateo y los medidores particulares. Es más, solicito que se elimine ese medidor de prorrateo, ya que no tiene ningún sentido si cada vivienda tiene su medidor particular. ¿Por qué existe un medidor de prorrateo? Creo que sólo para eximirse de responsabilidad.
Hago presente que no es primera vez que la Superintendencia de Servicios Sanitarios no da una respuesta, ello para justificar los cobros de la empresa y no defender a los usuarios. Me parece que debe revisarse el rol de los encargados regionales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Quiero, entonces, que la Superintendencia nos informe y se preocupe del caso de la señora Eliana Elizabeth Cifuentes Ramos , cuyos datos voy a dejar a disposición de la Secretaría junto a otros antecedentes, incluyendo una carta del alcalde. También dejaré las respuestas que ha dado la Oficina Regional de La Araucanía a la Superintendencia.
Pido que se investigue lo que ocurre en esa oficina regional, porque no es el primer caso en que justifica la acción de la empresa de manera inadecuada en vez de proteger los derechos de los clientes.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta de la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.00 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8972-06
Regula la actualización de los padrones electorales.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8467-12
Administración del borde costero y concesiones marítimas.
8829-01
Crea un registro voluntario de contratos agrícolas.
8874-05
Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.
8922-11
Establece los incentivos remuneracionales que indica, a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala.
8324-03
Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
7976-13
Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.
4618-06
Modifica la ley N° 19.880, introduciendo el uso del correo electrónico como forma válida de notificación en los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.
8970-06
Ley de Migración y Extranjería.
8995-07
Aumenta las protecciones legales y beneficios aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía recaído en el proyecto de ley que faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas. (boletín N° 8150-09) (S).
“Honorable Cámara:
La Comisión Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía pasa a informar el proyecto de ley del epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , en segundo trámite constitucional y primero reglamentario.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) La idea matriz o fundamental del proyecto.
La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones al Código de Aguas a efectos de facilitar y abaratar los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos, para lo cual se propone facultar al directorio de las organizaciones de usuarios, a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente para el perfeccionamiento de títulos.
2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.
No hay.
3) Normas que requieren trámite de Hacienda.
No hay.
4) Aprobación del proyecto.
El proyecto fue aprobado en general por cuatro votos a favor los diputados señores Bertolino , Cerda , Schilling y Walker ; y la abstención de la diputada señora Muñoz .
5) Diputado informante .
Se designó como Diputado Informante al señor Matias Walker Prieto .
-o-
Durante el análisis de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Aguas, representantes de la Confederación de Canalistas de Chile, jueces de aguas de diversos ríos del país, académicos y abogados expertos en derecho de aguas.
II. ANTECEDENTES.
a) Fundamentos del proyecto.
El mensaje alude a la necesidad del perfeccionamiento de los títulos de dominio de los derechos de aguas que no cuentan con todas las características establecidas por el Código de Aguas vigente, lo cual constituye un requisito para la inscripción de un derecho de agua en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas -CPA-, de la Dirección General de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, conforme a lo dispuesto por el artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas y por el artículo 44 del Reglamento del Catastro Público de Aguas. Dicha inscripción es condición para realizar toda clase de actos respecto de ellos, ante la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Prosigue el mensaje, señalando que el perfeccionamiento o regularización de los derechos de aprovechamiento tiene por objetivo lograr mayor claridad respecto de las características esenciales de identificación de los mismos, respetando para ello las presunciones y reconocimientos establecidos en la legislación, tal y como está establecido en el artículo 46 del citado Reglamento.
El Título II del Reglamento del Catastro Público de Aguas , establecido por decreto N° 1220, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, se refiere en forma expresa al perfeccionamiento de los títulos en que consten los derechos. Así es como el artículo 44 de ese cuerpo legal establece que todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas reconocidos de acuerdo a los artículos 19, N° 24 inciso final de la Constitución Política de la República, artículo 7° del decreto ley N° 2.603, de 1979, y a los artículos 1° y 2º transitorios del Código de Aguas, cuyos títulos se encuentren incompletos, ya sea por falta de regularización o por no indicarse las características esenciales de cada derecho, con el objetivo de incorporarlos al Catastro Público de Aguas a que obliga la ley y el reglamento, deberán previamente perfeccionar y regularizar sus derechos de acuerdo a los criterios y presunciones que establece la ley en los artículos 309, 310, 311, 312, y 313 del Código de Aguas, y demás pertinentes, y cuya aplicación se detalla en los artículos siguientes.
Por su parte, el artículo 45 del citado Reglamento, establece las características que son esenciales de cada derecho de aprovechamiento de aguas, siendo estas las siguientes:
a) Nombre del titular;
b) El álveo o ubicación del acuífero de que se trata;
c) Provincia en que se sitúe la captación y la restitución en su caso;
d) Caudal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 268 del código de Aguas;
e) Aquellas características con que se otorga o reconoce el derecho, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12 del Código de Aguas, esto es, si se trata de un derecho consuntivo o no consuntivo; de ejercicio permanente o eventual; o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas.
La falta de determinación o indefinición de alguna de estas características obliga a los titulares de los respectivos derechos a perfeccionarlos o regularizarlos previamente a su registro.
El perfeccionamiento o regularización de los derechos de aprovechamiento, por consiguiente, tiene por objetivo hacer claridad respecto de las características esenciales de identificación de los mismos, respetando para ello las presunciones y reconocimientos establecidos en la legislación, y, en especial, en los artículos 7º del Decreto Ley Nº 2.603, de 1979, y en los artículos 309, 312 y 313 del Código de Aguas (Artículo 46 del Reglamento, del Catastro Público de Aguas ).
Agrega el mensaje, que el perfeccionamiento o regularización, debe realizarse a través del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Aguas. Sin embargo, los hechos han demostrado que estos procesos tienen una larga tramitación, siendo complejo, en la práctica, iniciar juicios comunes a través de las asociaciones de usuarios.
Asimismo, el Código de Aguas, establece que los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas, cualquiera sea el origen de éstos, deberán inscribirlos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas ya que en caso contrario no podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Además, se debe considerar el número de titulares de derechos en esta situación en el país, lo que se podría traducir en una gran cantidad de procedimientos que se tramitarían en forma paralela, para que cada titular pretenda completar su título, pero ello no se ha dado así, debido al costo y demora que este procedimiento implica.
Agrega el mensaje que se ha estimado que 300.000 usuarios a nivel nacional que poseen estos derechos, no tienen sus títulos en regla, es decir, algunos solo los tienen inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, y otros los tienen inscritos en las organizaciones de usuarios o en las Juntas de Vigilancia, sin estar formalizados. Muchos de estos derechos habían sido otorgados por asignaciones efectuadas por los Gobernadores en el año 1908, otros provenían de propiedades de la época de la Colonia que otorgaban los municipios, es decir, es un sistema muy precario desde el punto de vista del registro.
Consecuentemente con lo señalado, el Ejecutivo propone modificar el Código de Aguas para hacer más expedito y cohesionado el procedimiento de perfeccionamiento, facultando al Directorio de las organizaciones de usuarios, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto, a representar a sus miembros ante el Tribunal correspondiente o ante la Dirección General de Aguas en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos.
Dada la relevancia y particularidad de esta junta y del acuerdo, se propone que la misma sea aprobada con un quorum superior a la simple mayoría, debiendo ser de dos tercios de los comuneros con derecho a voto.
En definitiva, el proyecto consta de un artículo único que agrega al artículo 241 del Código de Aguas un nuevo numeral 23 y agrega al artículo 274 un nuevo numeral 9.
b) Objetivos fundamentales del proyecto de ley.
El objetivo de la iniciativa legal es modificar el Código de Aguas con la finalidad de hacer más expedito y cohesionado el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, facultando al Directorio de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de derechos de agua sometidos a su control y a los comuneros ante el Tribunal correspondiente o ante la Dirección General de Aguas, en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, previo acuerdo con un quorum de dos tercios de los comuneros con derecho a voto, en junta extraordinaria convocada al efecto.
c) Normas legales relacionadas con la iniciativa legal.
1.- Código de Aguas, en especial los artículos 177, 122, inciso séptimo; 241, 274, 309, 310, 311, 312 y 313.
2.- Decreto Supremo N° 1.220, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento del Catastro Público de Aguas ; artículos 7º, 44 y 46.
3.- Decreto Ley Nº 2.603, de 1979, que establece Normas Sobre Derechos de Aprovechamiento de Aguas, artículo 7°.
4.- Ley Nº 20.099, Aumenta a un año el Plazo para Regularizar Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas.
III. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL SENADO.
La iniciativa legal en tramitación, propone modificar el decreto con fuerza de ley N° 1122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de Aguas, en las siguientes materias, contenidos en las disposiciones que se indican:
a) Artículo 220: Incorpora un nuevo inciso para establecer las medidas de publicidad que deberán cumplir las convocatorias a juntas extraordinarias de las organizaciones de usuarios que se citen con el objeto de facultar al directorio para representar a sus miembros en los trámites de perfeccionamiento de títulos.
b) Artículo 241: Agrega a las atribuciones del directorio de las comunidades de agua, la de representar a los comuneros en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, cuando no existiere junta de vigilancia y previo acuerdo de dos tercios de los votos en junta extraordinaria convocada al efecto.
c) Artículo 274: Añade a las atribuciones del directorio de las juntas de vigilancia, la de representar a los titulares de derechos de agua sometidos a su control en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, previo acuerdo de dos tercios de los votos en junta extraordinaria convocada al efecto.
IV. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.
a) Discusión en general.
Durante la discusión del proyecto se contó con la participación de Loreto Silva, Ministra de Obras Públicas ; Francisco Echeverría , Director General de la Dirección General de Aguas (DGA); Franco Devillaine , Fiscal del Ministerio de Obras Públicas; Francisco Toyos y Carlos Ciappa , abogados de la Fiscalía; Pedro Carrasco , Jefe de la Unidad Coordinadora de Asesorías ; Luis Hernán Granier , Coordinador Legislativo de ese Ministerio ; Juan Buttazzoni , asesor de la Dirección General de Aguas y José Pablo Núñez , asesor del Ministerio de Agricultura. Asimismo, ilustraron a la Comisión, Rodrigo Weisner , abogado y ex Director Nacional de la Dirección General de Aguas; Gustavo Manrique , ex Director Nacional de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas; Alejandro Gómez y Javier Carvallo , Directores de la Confederación de Canalistas de Chile; Fernando Peralta , Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile; Alejandro Vergara , académico de la Pontificia Universidad Católica, y Juan Francisco Saldías , Juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín y sus afluentes.
a.1) Síntesis de las opiniones entregadas por los invitados.
1.- Señora Loreto Silva , Ministra de Obras Públicas .
Señaló que este proyecto forma parte de las iniciativas que el Ministerio ha elaborado con el propósito de ir mejorando la institucionalidad relativa al agua. Sobre este mismo punto, informó que la DGA y el Banco Mundial realizaron un completo estudio sobre institucionalidad, el cual podrá servir como una futura carta de navegación en estas materias.
En cuanto a las razones que motivaron este proyecto de ley, la Ministra enfatizó en la necesidad de contar con mayor información sobre los derechos de agua. Para reflejar la importancia que tiene contar con la debida información, recordó lo que se ha señalado desde diversos organismos internacionales que han declarado que la “Crisis del Agua no es un problema de disponibilidad sino que de gestión”, (OCDE) y que “No se puede gestionar lo que no se conoce” (Csiro) , lo que confirma que contar con información fidedigna es clave para la gestión del recurso, pues “para mejorar la gestión del recurso los líderes nacionales y locales deben: crear, actualizar y armonizar sistemas de información de aguas y bases de datos”. (Medida N°10, OCDE).
De ahí el esfuerzo por facilitar los procesos de perfeccionamiento de derechos de agua, en consonancia con lo establecido en el artículo 122 inciso séptimo del Código de Aguas que señala que no se podrá realizar acto alguno ante la Dirección General de Aguas, DGA, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, respecto de derechos no inscritos en el Catastro Público de Aguas, CPA. A su vez, los artículos 44 a 46 del Reglamento del Catastro exigen títulos perfeccionados, con mención de sus características esenciales, para poder ser inscritos en el mismo.
Actualmente, el procedimiento de perfeccionamiento se realiza a través de juicio sumario y consiste en la determinación o definición de las menciones mínimas que deben tener los títulos de conformidad al Código de Aguas. Sin embargo, en el Catastro están registrados sólo el 17% de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el país, lo que implica que existen alrededor de 300.000 usuarios a nivel nacional que poseen derechos de aprovechamiento de aguas sin perfeccionar. La señora Ministra añadió que es importante tener presente que alrededor de un 73% del agua en Chile es consumida por usuarios agrícolas, y que de éstos últimos, el 74,5% corresponden a pequeños agricultores, que son, en consecuencia, los más afectados por no tener sus derechos perfeccionados.
Ante la constatación de estos hechos se evidenció la necesidad de proponer un cambio legal que permitiría el perfeccionamiento de los títulos de derechos de aguas a la mayor cantidad posible de usuarios. Para ello se plantea facultar a las organizaciones de usuarios para que, actuando por intermedio de sus directorios, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto, representen a los usuarios en la tramitación del perfeccionamiento de sus títulos de derechos de aguas, de forma conjunta y simultánea.
El cambio legal propuesto permitirá que el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento sean tramitados en conjunto por las organizaciones de usuarios, con la consiguiente disminución de costos en beneficio de los usuarios, especialmente para los medianos y pequeños agricultores, quienes representan aproximadamente el 80% de los derechos de aguas del sector agrícola. Además, conllevará la agilización de los procesos, tanto por la mayor disponibilidad de información como por el menos número de casos, gracias a la tramitación de derechos en conjunto y, por ende, una sentencia de perfeccionamiento de títulos para todos los usuarios de la junta de vigilancia o de la comunidad de agua, lo que posibilitará el pronto registro en el Catastro Público de Aguas.
En definitiva, los cambios propuestos con el proyecto serian los siguientes:
a) Facultar al directorio de las organizaciones de usuarios de aguas, OUAs, para que representen a todos sus asociados en el juicio de perfeccionamiento.
b) Para ejercer esta facultad, requerirán de autorización de Junta Extraordinaria con quorum calificado de 2/3 de los votos.
c) La facultad la podrán ejercer las Comunidades de Agua y las Asociaciones de Canalistas sólo en aquellos lugares en que no exista Junta de Vigilancias.
La señora Ministra informó también que la Comisión de Agricultura del Senado aprobó una indicación para dar mayor publicidad a la convocatoria a junta extraordinaria cuando se trate de esta materia. Señaló a su vez, que durante la discusión en el Senado fueron escuchados numerosos actores quienes manifestaron su conformidad con el proyecto de ley, entre ellos: Patricio Crespo , Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , Gustavo Manríquez , Profesor de Derecho de Aguas de la Universidad de Chile; Francisco Perinetti , Presidente de la Junta de Vigilancia del río Aconcagua 1ª sección; Felipe Recabarren , abogado de la Asociación de Canalistas del Maipo; Ludwing Stowhas , Profesor de Hidráulica de la Universidad Técnica Federico Santa María ; y Patricio Rada , representante de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios.
Por último, enumeró los beneficios que acarreará este proyecto, mencionando:
a) Por una parte, gracias al cambio en la normativa -la cual permitirá que los perfeccionamientos sean tramitados en conjunto por las organizaciones de usuarios- los usuarios pagarán un costo mucho menor por el trámite, lo que indudablemente es un gran beneficio, especialmente para los medianos y pequeños agricultores, quienes representan el 80% de los derechos de agua del sector agrícola.
b) En segundo término, la agilización de los procesos, tanto por la mayor disponibilidad de información como por el menor número de casos (gracias a la tramitación de derechos en conjunto), permitirá que los usuarios obtengan respuesta a sus requerimientos con mayor prontitud que hasta ahora.
c) Coherencia de las sentencias que declaren el perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Ello por tramitarse de forma conjunta y simultánea.
d) Facilitará el desarrollo de proyectos de ERNC a través de mini centrales de generación hidroeléctricas en los que participen regantes y organizaciones de usuarios, lo que propenderá a incrementar un uso más eficiente del agua y un abastecimiento energético cuyas fuentes sean limpias y seguras.
2.- Francisco Echeverría , Director Nacional de la Dirección General de Aguas .
Señaló que para comprender los alcances y beneficios de esta iniciativa legal, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el artículo 122 inciso séptimo del Código de Aguas, que prohíbe realizar acto alguno en la Dirección General de Aguas (DGA) respecto de derechos no inscritos en el Catastro Público de Aguas (CPA). Por otro lado, los artículos 44 a 46 del Reglamento del Catastro exigen títulos perfeccionados con la indicación de sus características esenciales para poder ser inscritos en el mismo.
El procedimiento de perfeccionamiento de títulos previsto por la legislación actual es por vía de juicio sumario, procedimiento que debe ser iniciado por cada titular de derechos de aprovechamiento. A ello se suma que las organizaciones de usuarios del agua ven afectada su administración de ríos y canales por sentencias dispares en estos juicios y la necesidad urgente, tanto de la DGA como de los usuarios, de contar con un completo sistema de información de aguas. En este sentido, recordó que el Catastro tiene registrados sólo el 17% de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el país.
En definitiva, expresó que el diagnóstico de la DGA es que las dificultades asociadas al procedimiento existente para el perfeccionamiento de títulos, ha llevado a que gran cantidad de usuarios tengan títulos irregulares, siendo en la actualidad alrededor de 300.000 usuarios a nivel nacional los que poseen derechos de aprovechamiento de aguas sin regularizar.
Es por esto que se propone que las organizaciones de usuarios, actuando a través de sus directorios y previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto, puedan representar a los usuarios en la tramitación del perfeccionamiento de sus títulos de derechos de aguas, de forma conjunta y simultánea.
Según explicó, el cambio en la normativa permitirá que el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento sean tramitados en conjunto por las organizaciones de usuarios. Con ello los usuarios pagarán un costo mucho menor por el trámite, lo que beneficiará especialmente a los medianos y pequeños agricultores. Además, este cambio legal conllevará la agilización de los procesos, tanto por la mayor disponibilidad de información como por el menor número de casos (gracias a la tramitación de derechos en conjunto), y el pronto registro en el Catastro Público de Aguas.
Específicamente el cambio propuesto es facultar al directorio de las organizaciones de usuarios del agua, OUAs, para que representen a todos sus asociados en el juicio de perfeccionamiento. Para ello requerirán de autorización de la Junta Extraordinaria con un quorum calificado de 2/3 de los votos. La facultad la podrán ejercer las Comunidades de Agua y las Asociaciones de Canalistas sólo en aquellos lugares en que no exista Junta de Vigilancias. Adicionalmente, recordó que la Comisión de Agricultura del Senado aprobó una indicación para dar mayor publicidad a la convocatoria a junta cuando se trate de esta materia.
En cuanto a los beneficios de este proyecto, reiteró que, por una parte, los usuarios pagarán un costo mucho menor por el trámite, lo que indudablemente es un gran beneficio, especialmente para los medianos y pequeños agricultores, quienes representan el 80% de los derechos de agua del sector agrícola.
En segundo término, la agilización de los procesos, tanto por la mayor disponibilidad de información como por el menor número de casos al existir una tramitación conjunta, permitirá que los usuarios obtengan respuesta a sus requerimientos con mayor prontitud que hasta ahora.
Por último, este cambio facilitará el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencionales (ERNC) a través de mini centrales de generación hidroeléctricas en los que participen regantes y organizaciones de usuarios, lo que propenderá a incrementar un uso más eficiente del agua y un abastecimiento energético cuyas fuentes sean limpias y seguras.
Seguidamente, danto respuesta a una consulta sobre el quorum exigido, explicó que se trata de los dos tercios de los socios presentes en la convocatoria, y que requerir los dos tercios de la totalidad de los socios sería un quorum muy alto, más aún considerando que muchas de las irregularidades en los títulos se deben a cuestiones sucesorias.
Sobre la publicidad de la citación a junta general extraordinaria, manifestó durante la tramitación efectuada en el primer trámite constitucional en el Senado, se aprobó una indicación para aumentar la publicidad de la citación, exigiendo publicación en el Diario Oficial, en un diario de la región y provincia y, además, una publicación radial.
En posteriores sesiones de la Comisión, don Francisco Echeverría tuvo la oportunidad de continuar su evaluación del proyecto de ley, señalando que podría ser beneficiosa la sugerencia de agregar en el texto del proyecto una definición del concepto de perfeccionamiento. También, hizo constar que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Obras Públicas del Senado como en la Comisión de Agricultura de dicha Cámara.
Respecto a las aprehensiones de algunos usuarios del sistema de aguas, señaló que el proyecto en cuestión no tiene un carácter expropiatorio porque no cancelará ningún derecho, solo explicitará sus características esenciales, cuyas presunciones se encuentran en el Código, y se le asignará la dotación que ha tenido en el último tiempo, información con la que cuentan las organizaciones de usuarios, pues son estas las que han distribuido el agua. Aclaró que solo se formalizará lo que las propias organizaciones han venido haciendo los últimos años, por lo que no ve razón alguna para que se puedan producir conflictos.
Reiteró que actualmente el perfeccionamiento de títulos es un trámite individual que exige recursos, y que implica demandar a la DGA sin informar ni a las Juntas de Vigilancia ni a los demás usuarios, por lo que es el proceso actual el que puede dar pie a abusos de los particulares, no el procedimiento propuesto en el proyecto de ley. Por el contrario, esta iniciativa legal busca transparentar estos procesos, dar a conocer estos juicios y socializar estas demandas.
Agregó que actualmente existen programas de perfeccionamiento patrocinados por INDAP y la CNR, recursos que, de aprobarse el proyecto de ley, podrían ser mucho mejor utilizados, pues permitirían perfeccionar muchos más títulos a través de juicios colectivos. Aclaró además, que de todas formas el particular siempre podrá hacerse parte en los juicios y hacer presente las observaciones que a su juicio correspondan.
Enfatizó que este proyecto de ley busca beneficiar a los pequeños usuarios que no tienen la posibilidad de financiar el trámite individual de perfeccionamiento, lo que les impide solicitar ciertos beneficios. En este mismo sentido, y frente a observaciones realizadas por las diputadas Muñoz y Girardi , quienes manifestaron su preocupación por la intención de abaratar costos en los procesos de perfeccionamiento, el Director General de Aguas aclaró que no se trata de abaratar costos para el Estado, sino para los particulares que actualmente deben financiar el trámite individual de perfeccionamiento de sus títulos. Llevar a cabo juicios colectivos permitiría financiarlos con las cuotas de cada Junta y aprovechar mejor los fondos que se ofrecen desde INDAP y la CNR con este mismo objeto.
Por último, indicó que este proyecto permitirá recopilar la información necesaria para administrar mejor los recursos hídricos del país y que se podrían uniformar las sentencias dentro de una misma cuenca.
3.- Alejandro Gómez , Director de la Confederación de Canalistas de Chile.
Señaló que las atribuciones que se pretende otorgar con este proyecto podrían estar en contraposición al derecho de propiedad, ya que la Junta de Vigilancia puede no representar totalmente los derechos de sus asociados. En su opinión, debería simplificarse el procedimiento de perfeccionamiento de derechos y no ser exigido para derechos de agua otorgados anteriormente al Código de Aguas. En definitiva, cree que las asociaciones de canalistas no deberían tener estas atribuciones.
Dando respuesta a una consulta relacionada con el quorum más adecuado para otorgar estas atribuciones a las organizaciones, hizo presente que el quorum para modificar los estatutos de las organizaciones es de la mayoría absoluta de los miembros, por lo que podría seguirse ese modelo. Además, señaló que los procesos de perfeccionamiento no siempre son tan simples, pues en el transcurso de los años han sucedido muchas transformaciones que han afectado los derechos de agua, por ejemplo, las parcelaciones CORA, que implicaron multiplicar los usuarios de agua. En su opinión, no es tan simple tomar todos los derechos de una organización de usuarios como un todo.
4.- Javier Carvallo , Juez de Aguas del Río Maipo .
Expresó que el problema para las organizaciones de usuarios es que no son notificados de los procesos de perfeccionamiento de derechos de agua, por lo tanto, el titular podría irrogarse más derechos de los que le corresponden. Si las organizaciones tuvieran conocimiento de estos procesos, podrían hacerse parte, pero es difícil que adviertan la existencia de estos juicios.
Así es como hizo presente que, en el caso de la Junta del Rio Maipo, tuvieron que contratar especialmente a una persona que recorriera los tribunales para estar al tanto de estos procesos. Consideró esencial buscar una fórmula para resolver esta situación y que las organizaciones de usuarios participen en estos procesos, porqué además son las propias organizaciones las que tienen la información relevante de cada cuenca.
Sin embargo, planteó su preocupación respecto a la representatividad de las organizaciones, ya que no hay delegación formal de los derechos de representación de cada asociado. También le preocupó que solo se requiera un quorum de 2/3 de los presentes para entregar estas facultades.
5.- Rodrigo Weisner , Abogado, ex Director General de Aguas .
Explicó que los derechos de agua son muy antiguos y por eso hay distintas magnitudes para referirse a ellos. Una vez establecido el mercado del agua se presentaron problemas porque no había claridad respecto del bien transado. En este contexto, el artículo 122 del Código de Aguas estableció el Catastro Público de Aguas que exige la inscripción de los derechos para llevar a cabo trámites ante la Dirección General de Aguas, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Comisión Nacional de Riego, además de exigir que el derecho se exprese en unidades de volumen por tiempo.
En su opinión, es positivo equiparar las medidas y para ello se requiere llevar a cabo procesos que pueden ser engorrosos. Señaló que actualmente se exige el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento por cada titular y el proyecto de ley busca que puedan llevarlo a cabo las organizaciones de usuarios. En su opinión, el proyecto es adecuado y las mayorías que exige son razonables.
Consultado por las señoras y señores diputados respecto del quorum establecido en el proyecto, consideró que el aspecto de los quorums no es tan preocupante, pues no se trata de regularización de derechos, sino solo de perfeccionamiento de los títulos. Si se exigen quorum demasiado altos, la norma resultará inaplicable, especialmente en zonas rurales donde es muy difícil que la gente asista a las juntas.
En su opinión, bastaría dejar a salvo la posibilidad de que el individuo intervenga si advierte alguna irregularidad, para lo cual las medidas de publicidad de la citación son importantes.
6.- Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile.
Señaló que, en su opinión, no es necesario el trámite de perfeccionamiento de títulos. Agregó que dicho trámite supone que existe una imperfección en los títulos que reconocen derechos de aprovechamiento de aguas, en situación que no hay tal imperfección.
De acuerdo al proceso de perfeccionamiento, las imperfecciones podrían ser:
i) que el derecho no se expresa en litros por segundo, y
ii) que no especifica si se trata de un derecho permanente/eventual, consuntivo/no consuntivo, o continuo/discontinuo.
Sin embargo, precisó que en nuestra legislación estos puntos ya se encuentran resueltos, por lo que el trámite de perfeccionamiento de títulos es innecesario.
Respecto a la supuesta imperfección derivada de no expresar el derecho en litros por segundo, señaló que en cuanto a aguas superficiales, los derechos de aprovechamiento no se expresan en litros por segundo porque el ejercicio del derecho no es en litros por segundo sino en partes proporcionales al caudal del río. De ahí que esa sea su forma de expresión, en acciones que representan una parte alícuota del caudal del río.
A su juicio, sería inconveniente expresar los derechos en litros por segundo, ya que se requeriría asumir un caudal fijo del río para hacer los respectivos cálculos, en circunstancias que el caudal sólo puede ser tomado como punto de referencia, porqué el caudal real va variando, no es permanente. Por lo mismo, expresar los derechos en litros por segundo, puede ser engañoso y crear conflictos. El reparto proporcional, en cambio, sigue el curso del caudal del río y ha sido la forma tradicional de ejercer los derechos de agua en Chile.
Reconoció que es importante que la autoridad cuente con la información de cuál es el caudal máximo de cada rio, pues en función de este valor se ejercen los derechos de agua. Pero reiteró que estos no aseguran una cantidad de agua determinada -litros por segundo- sino una proporción respecto del caudal, de modo tal que si el río baja su caudal, se reparte el agua proporcionalmente, y si lo sube, se reparte el excedente entre los derechos eventuales.
En cuanto al segundo grupo de imperfecciones en los títulos, expresó que el Código de Aguas es lo suficientemente claro en establecer de qué tipo de derechos de agua se trataría en cada caso. Es así como el artículo 24 establece que los derechos de aprovechamiento son continuos cada vez que no se exprese lo contrario; del artículo 14 se desprende que si nada dice el acto de adquisición se trata de un derecho consuntivo; y del artículo 16 se desprende que todos los derechos previos a los eventuales son de carácter permanente. Por lo tanto, todas estas indicaciones ya están resueltas en nuestra legislación.
Tomando en cuenta estas consideraciones, estimó que si se obliga al perfeccionamiento de títulos solo se crearan problemas, derivados de las falsas expectativas que puede generar expresar los derechos en litros por segundo y por las distintas equivalencias que pueden aplicar los distintos canales. Finalizó su intervención señalando que complicar el ejercicio de los derechos de agua va a perjudicar a los pequeños agricultores, y en general, a los pequeños titulares de derechos de agua que no tienen los recursos para enfrentar estos procesos judiciales.
Agregó que la presión por aprobar el proyecto no proviene de los usuarios, sino de las autoridades que están exigiendo esta condicionante, pero reiteró que esta condición no es realmente necesaria. En este sentido, señaló que hacer la exigencia de perfeccionar los títulos es un error, pero que sería un segundo error legislar en base a esta exigencia innecesaria. Señaló que sería positivo mejorar el Catastro Público de Aguas, pero que la autoridad podría igualmente hacerlo sin necesidad de obligar a todos los usuarios a perfeccionar sus títulos. Para ello bastaría que la DGA calculara la capacidad máxima de cada canal y con ese dato puede calcular cuánto corresponde a cada acción del canal y a cada individuo.
Agregó que esta tarea de perfeccionar el Catastro Público de Aguas corresponde a la autoridad y no a los individuos como se pretende que suceda con la obligación de perfeccionamiento de títulos. Añadió que el sistema que rige actualmente ya es uniforme, pues en todos los canales se utilizan acciones referidas a un caudal máximo. Hacer la transformación a litros por segundo podría hacerlo el propio Estado. Si, en cambio, lo que se quiere es aclarar las características de cada derecho, entonces lo que debería hacerse es modificar los respectivos artículos del Código y no vía cientos de demandas de perfeccionamiento de títulos.
7.- Alejandro Vergara , académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.
Refiriéndose a este proyecto de ley, declaró que no estima conveniente aprobarlo, ya que, a su juicio, provocará más problemas que los que pretende solucionar. Reconoció que este proyecto ha sido impulsado con buenas intenciones desde el Ejecutivo , pero no cree que sea una medida efectiva.
En particular, entregó los siguientes argumentos en contra de esta iniciativa legal:
1.- Presenta problemas de constitucionalidad: A su juicio, esta iniciativa ve a los titulares de derechos de agua como incapaces de perfeccionar sus títulos, por lo que lo calificó como un proyecto paternalista. Comparó el proyecto con una eventual autorización para los Comités de Administración de los edificios a perfeccionar los títulos de propiedad de cada departamento, queriendo graficar que hay derechos de propiedad involucrados en cada derecho de agua. Además, explicó que el actual sistema de derechos de agua reconoció los usos consuetudinarios, por lo que no existe gran conflictividad en el reparto colectivo de las aguas, sino que solo existen conflictos mesurados y focalizados, incluso en escenarios de sequía.
Consideró que el proyecto alteraría dicho equilibrio dentro de las organizaciones de usuarios de aguas, pues estas pasarían de tener un rol meramente de reparto hacia un rol activo en el conflicto jurídico de los perfeccionamientos de derechos. Señaló que el proyecto intenta reemplazar la voluntad del titular por la voluntad mayoritaria de las organizaciones, lo que implicaría que un acuerdo de terceros determinará el derecho de cada usuario, afectando el derecho de propiedad de cada titular.
2.- El proyecto se inmiscuye en las organizaciones de usuarios: Corresponde a la autoridad y no a las organizaciones de usuarios, determinar qué corresponde a cada cual. Las organizaciones sólo distribuyen el agua que ha determinado la DGA o la ley. Este proyecto va a alterar esta separación de roles y se trasladará la conflictividad al interior de las organizaciones.
3.- Errores de técnica legislativa: El concepto de perfeccionamiento no existe en la ley vigente, solo existe la noción de regularización. Recién en el Reglamento del Catastro Público de Aguas de 1997, se incorporó el concepto de perfeccionamiento, por lo que pareciera que este proyecto está intentando salvar los defectos de ese Reglamento en el Código de Aguas. Además, no se define qué debe entenderse por perfeccionamiento y es fundamental que quede establecido pues de lo contrario se estaría otorgando un mandato en blanco a las organizaciones de usuarios para determinar los derechos de aprovechamiento de terceros.
4.- Problema de representatividad: Por último, explicó que el mandato de las organizaciones de usuarios debe ser el de distribuir las aguas. Este proyecto extenderá sus funciones a un rol de custodio de los derechos. Además, el proyecto no regula el detalle de este mandato, transformándolo en un “mandato en blanco”. Planteó sus dudas en caso de que un titular no pudiere asistir a la junta extraordinaria por no haber pagado sus cuotas, o si asistiendo un titular se opusiera a esta decisión. También criticó que el quorum requerido sea solo respecto de los usuarios presentes y no del total de los usuarios de la respectiva organización.
En definitiva, señaló que este proyecto alterará la institucionalidad vigente en que cada titular es el responsable de su propio derecho. Un cambio de esta envergadura requeriría, a su juicio, de un proyecto más detallado que abarcara por ejemplo, si el mandato será irrevocable, cuál será su alcance preciso, etc.
En cuanto a otros mecanismos posibles para mejorar la legislación de aguas, señaló que una buena alternativa sería fortalecer la DGA y que esta pueda complementar su información con la de otros actores, pero sin necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios. Hizo presente que desde la Universidad Católica están estudiando estos temas y han propuesto recurrir a otras instancias, como por ejemplo, paneles de expertos, pues a su juicio los tribunales ordinarios no tienen la competencia para resolverlos.
8.- Juan Francisco Saldías , Juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín .
Planteó su disconformidad con el proyecto. Señaló que los ríos pueden tener hasta cuatro mil títulos, y que frente a este proyecto, los directores de las organizaciones tendrán que llevar a cabo estudios de cada uno de dichos títulos, lo que generará una sobrecarga de trabajo y una desmotivación para asumir dichos cargos. Esta nueva responsabilidad implicará que las organizaciones deberán manejar el listado de todos los títulos existentes en el rio, distinguir cuáles de ellos requieren perfeccionamiento y distinguir qué derechos no se encuentran inscritos. Esto conllevará asumir cada uno de los posibles conflictos que puedan existir.
Agregó que el proyecto de ley no se refiere al caso de los titulares de derechos no inscritos ni tampoco indica de donde se obtendrán recursos económicos para solventar estos juicios. Cree que este proyecto corre el riesgo de obstaculizar y arruinar el buen trabajo que han venido desarrollando las organizaciones de usuarios.
Adicionalmente, denunció el interés de un senador en determinados juicios de perfeccionamiento, en tanto apoyaría la construcción de la Central Hidroeléctrica Trupán en afluentes del Laja que estaría paralizada por la falta de perfeccionamiento de títulos.
En suma, estimó que este proyecto no era conveniente y que la solución que ellos plantean es abordar el problema histórico de sobrecarga de la DGA, dotando a este organismo de los recursos financieros y humanos que realmente necesita, para que de ese modo cuente con departamentos a nivel regional y que puede determinar los litros de cada rio y canal. Señaló, que en dicha tarea, la DGA puede contar con la colaboración de las organizaciones de usuarios, pero la responsabilidad de recopilar esta información debe recaer en el DGA.
Dando respuesta a las consultas de algunos diputados sobre la necesidad de contar con información respecto de la dotación real de cada derecho, precisó que la propia DGA entrega certificados utilizando la medida de “regadores”, lo que en la práctica ha legitimado esta unidad. También señaló que no es enteramente efectivo que la CNR exija títulos perfeccionados y que basta con haber iniciado los trámites para poder postular a los distintos beneficios. Por último, reiteró que es mandato de la DGA recopilar y manejar la información de cada cuenca y no de las organizaciones de usuarios. Una vez que la propia DGA vaya uniformando las características de cada derecho, los usuarios irán internalizando estas directrices, pero señaló que llevar a los Directorios a esta “aventura judicial” puede resultar mucho más incierto.
9.- Gustavo Manrique , abogado, ex Director Nacional de la Dirección General de Aguas .
Señaló que el objetivo del proyecto de ley es posibilitar que el proceso de perfeccionamiento de derechos pueda hacerse en forma masiva. En este ámbito, expresó que es importante que no existan limitaciones para los usuarios y en términos más generales, no consideró adecuada la restricción de requerir el perfeccionamiento y registro del derecho para realizar cualquier trámite ante la DGA y CNR.
Hizo presente que el proceso de perfeccionamiento ha creado muchísimos problemas, porque si bien hubiera bastado con señalar que los derechos constituidos con anterioridad eran consuntivos, se estableció la necesidad de recurrir a un proceso judicial con todas las trabas que eso implica. En su opinión, debió haberse evitado este trámite y lo que es aún más relevante, no debería exigirse para poder recibir los beneficios otorgados por la CNR. En este contexto, cualquier proyecto que destrabe estos procesos le pareció positivo, aunque no solucione el fondo del problema.
Además, señaló que actualmente existen normas que determinan la validez de los acuerdos de las Juntas de las organizaciones de usuarios. Dichas normas no exigen quorum especial ni para modificar los estatutos de la respectiva organización, por lo que no consideró necesario introducir en este caso un quorum tan alto como el de dos tercios que señala el proyecto.
Señaló que si se tratara de discutir la existencia, caducidad o modificación de los derechos de agua, entendería que no pudieran intervenir terceros, pero reiteró que el perfeccionamiento solo apunta a señalar si el derecho es consuntivo o no; permanente o eventual; y continuo, discontinuo o alternado. Todas estas características las conocen las organizaciones de usuarios y ninguna de ellas justifica que se exija un quorum distinto al normal. En cuanto a la mención de la cantidad de agua (litros por segundo) que ampara cada derecho, señaló que en la práctica se le solicita un certificado a la DGA y es ese organismo el que realiza la medición, por lo tanto tampoco debería ser un punto de conflicto.
En su opinión debió haberse establecido que la DGA hiciera estos perfeccionamientos y no que fueran vía individual, sino por cuenca. Eso habría evitado el gasto innecesario de recursos económicos y de tiempo en proceso judiciales. Además, finalizó destacando que el individuo mantendrá la posibilidad de reclamar si así lo estima conveniente.
a.2) Opiniones de las señoras diputadas y de los señores diputados durante el estudio en general
Durante la discusión general del proyecto, las señoras y señores diputados debatieron algunos aspectos del mismo. En este sentido, el diputado Bertolino cuestionó el quorum exigido para el otorgamiento de facultades a las organizaciones de usuarios ya que por la materia, estimó que debería ser más alto; proponiendo al efecto exigir, al menos, la presencia de un 20% de la totalidad de los socios integrantes de la respectiva organización de usuarios.
Asimismo, se refirió a la posibilidad de que este proceso de perfeccionamiento pudiera causar un aumento de los conflictos al interior de las respectivas organizaciones de usuarios.
La diputada Muñoz estimó que puede ser un error intentar abaratar costos en estos procesos, pues también implicarán transparentar los derechos de agua y eso puede acarrear conflictos. A su juicio, es necesario llevar adelante estos procesos de perfeccionamiento con participación del Estado, por lo que estuvo de acuerdo con lo señalado por algunos invitados en cuanto a la necesidad de entregar mayores recursos a la Dirección General de Aguas ya que debería ser este organismo el que lleve a cabo estos procesos. En definitiva, en su opinión este proyecto tiene buenas intenciones, pero acarrea el riesgo de generar mucha conflictividad al interior de las comunidades de agua.
La diputada Girardi, a su turno, expresó su preocupación respecto de los recursos que tendrían los Directorios de las organizaciones para enfrentar esta nueva responsabilidad.
También se refirió a la conversión de los derechos de aguas expresado en acciones a una medida de litros por segundo, situación que podría resultar problemática en tanto el canal o río puede variar su caudal.
Además, planteó la conveniencia de saber quienes necesitan perfeccionar títulos y los recursos necesarios para realizar ese procedimiento.
El diputado Cerda abogó por la aprobación de la iniciativa legal, ya que beneficia especialmente a los pequeños agricultores. No obstante, reconoció que la reconversión de las medidas de los derechos de aguas de acciones a litros por segundo podría generar inconvenientes. Sin embargo, consideró que de todos modos -dada la legislación actual- resulta indispensable llevar a cabo estos procesos de perfeccionamiento, con el objeto de permitir que los titulares puedan realizar trámites antes la DOH, DGA, etc.
El diputado Accorsi por su parte, expresó que es necesario ir adecuando y modificando la legislación de aguas, más aun, si esta se basa en un Código que fue inconsulto con la ciudadanía. A su juicio, es lógico pretender que se establezca una única medida de los derechos de agua.
En igual sentido se pronunció la diputada Pascal , quien señaló que tal vez se pueda perfeccionar la ley, pero que es necesario legislar sobre el tema y que siempre es preferible aclarar las características de cada derecho en vez de apoyarse en las menciones por omisión que contiene el Código de Aguas.
El diputado Walker valoró el propósito de aclarar la dotación de agua de cada derecho, añadiendo que es necesario corregir aquella situación que se produce cuando los títulos en los registros de bienes raíces no hacen referencia a las acciones de agua que recogen, porque eso complica la traducción entre el título y la dotación de agua de estos. En definitiva, estimó que es importante zanjar la dotación de cada derecho para clarificar el actual desorden registral que existe en la materia. Además, señaló que esta dotación es solicitada por los organismos reguladores. Por último, concordó con la necesidad de fortalecer la DGA y extender los departamentos regionales de este organismo, pero ello no obsta a los objetivos que persigue este proyecto.
El diputado Espinosa, don Marcos , señaló que comparte la apreciación de que es necesario formalizar los derechos no inscritos, pero también consideró preciso atender la preocupación de algunos invitados respecto a la posibilidad de que este proyecto profundice los problemas en estas materias, ya que entregar facultades al Directorio podría dar pie a la posibilidad de que discrecionalmente se entreguen más litros de lo que históricamente han correspondido a algunos usuarios.
La diputada Girardi planteó que podría ser conveniente saber quiénes necesitan perfeccionar títulos y qué requieren para ello. Asimismo, manifestó que sería ilustrativo contar con la opinión de estos eventuales afectados, y consultarles a ellos por quién les gustaría ser representados. También compartió la inquietud del diputado Espinosa sobre cuáles podrían ser otros mecanismos para lograr formalizar los derechos no inscritos.
a.3) Votación en general.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos proporcionados durante la discusión general del proyecto de ley procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por cuatro votos a favor (4 de 5) de los diputados señores Bertolino , Cerda , Schilling y Walker ; y la abstención (1 de 5) de la diputada señora Muñoz
b) Votación en particular.
El proyecto de ley está contenido en un artículo único, por el cual se modifica el Código de Aguas, contenido en el decreto con fuerza ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia.
Artículo único.
Número nuevo.
Las diputadas Muñoz y Girardi y el diputado Espinosa, don Marcos , formularon indicación para agregar en el artículo 122, el siguiente inciso octavo, nuevo:
“El Procedimiento de perfeccionamiento de los títulos, regulado en el artículo 46 del Reglamento de Catastro Público de Aguas, contenido en el decreto supremo N° 1.220, del Ministerio de Obras Públicas, de 1997, se hará vía acción directa del Estado.”
Los autores de esta indicación señalaron que tienen aprehensiones respecto a la representatividad que puede tener el Directorio de las Juntas de Vigilancia respecto de pequeños accionistas. Es por ello que consideraron que las acciones de perfeccionamiento deberían ser llevadas a cabo por el Estado.
Así es como, la diputada Girardi señaló que el artículo 122 del Código de Aguas le otorga la responsabilidad al Estado de llevar adelante este Catastro Público de Aguas, por lo que resulta lógico que los procesos de perfeccionamiento que se requieren para completarlo, sean también responsabilidad del Estado. Aún más, el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica que sancionó a la DGA por no mantener al día este Catastro confirma que es de resorte estatal la responsabilidad por este registro. A su juicio, este proyecto intenta traspasar esta responsabilidad hacia los individuos.
El diputado Cerda, por su parte, planteó que el Estado no tiene capacidad para llevar adelante todos estos procesos y que dicha incapacidad va a perjudicar precisamente a los pequeños accionistas de las Juntas.
El diputado Walker planteó que esta indicación podría ser considerada inadmisible por incidir en la administración presupuestaria del Estado, pero agregó que comprendía el interés de sus autores por proteger a los pequeños accionistas de las Juntas. Sin embargó, señaló que la DGA igualmente participa de estos procesos. En su opinión, si lo que se busca es asegurar que la intervención de la DGA no se limite a un mero examen formal de las solicitudes de perfeccionamiento, sino que sea realmente un estudio acucioso, capaz de prevenir eventuales abusos, esta no es la vía de lograrlo, porque estaría transformando a la DGA en juez y parte de estos procesos. Se mostró partidario de regular en mayor detalle la participación de la DGA, pero no cree que esta indicación sea la correcta manera de cautelar el interés de los pequeños accionistas de las Juntas.
Tanto la diputada Molina como el diputado Gutiérrez coincidieron en que esta indicación podría ser considerada inadmisible por implicar la necesidad de presupuesto adicional por parte del Estado.
La señora Ministra de Obras Públicas , enfatizó que este proyecto no interviene en la propiedad de los derechos de agua, sino solo en su perfeccionamiento, y que la responsabilidad, que efectivamente recae en la DGA, relativa al Catastro es solo respecto de los derechos que ya fueron perfeccionados y que por lo tanto forman parte de este registro que la Dirección General de Aguas debe llevar al día. Insistió en la importancia de perfeccionar los títulos, tanto para generar información respecto a los derechos actualmente existentes, como para permitir a los pequeños titulares de derechos acceder a beneficios.
Informó que actualmente, solo han podido perfeccionar aquellos titulares de derechos que cuentan con los recursos suficientes para llevar adelante estos procesos y este proyecto de ley busca precisamente resolver esta disparidad. Aclaró que no serán los Directorios de las Juntas quienes decidirán respecto a los derechos, sino los tribunales; y respecto a las aprehensiones sobre la representatividad de los Directorios, explicó que por lo mismo se exigió un quorum más elevado para tomar esta decisión. Según señaló la Ministra , desde el Ejecutivo evaluaron la posibilidad de hacer estos procesos vía administrativa, pero se estimó que la vía judicial establecía mayores garantías a los usuarios, ya que decide un tercero imparcial y el individuo que no esté de acuerdo con la representación del Directorio puede concurrir individualmente en el proceso.
El Director General de Aguas coincidió en que es necesario proteger a los pequeños accionistas, pero insistió en que otorgar a la DGA la facultad de llevar a cabo los perfeccionamientos no es la vía para lograr este objetivo. Señaló que la vía judicial tiene la ventaja de establecer la intervención de un tercero imparcial, que podrá contar tanto con la información del titular, como de la DGA.
El diputado Schilling señaló que dada las preocupaciones por proteger a aquellos titulares con menos derechos de agua, tal vez lo razonable sería elevar aún más el quorum necesario para entregar la facultad de representación al Directorio de las Juntas, en tanto el quorum establecido en el proyecto es respecto de los asistentes a la Junta extraordinaria y no a los integrantes de la respectiva Junta. Además, señaló que podría establecerse un plazo para que quien no haya asistido a la Junta extraordinaria pueda desvincularse de esta decisión.
El diputado Walker ejemplificó la intención del proyecto señalando que su objetivo es similar al de una posesión efectiva, ya que él que solicita este trámite lo hace para sí mismo y para todos los herederos. Hizo hincapié en que estos procesos entregarán la información que la DGA necesita para efectivamente cautelar a los pequeños titulares de derechos.
La señora Muñoz , Presidenta de la Comisión expresó que en su opinión la indicación no sería inadmisible pero que dejaba esta declaración a la decisión de los integrantes de la Comisión.
Sometida a votación la indicación fue declarada admisible con los votos favorables (5 de 9) de las diputadas señoras Girardi y Muñoz , y de los diputados señores Cerda , Espinosa y Schilling , en reemplazo del señor Lemus ; con los votos en contra (3 de 9) de la diputada señora Molina y los diputados señores Gutiérrez y Monckeberg, don Nicolas , en reemplazo del señor García , y la abstención (1 de 9) del diputado Walker .
Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco votos en contra (5 de 9) de la diputada señora Molina y los diputados señores Cerda , Gutiérrez y Monckeberg, don Nicolas ; en reemplazo del señor García , y Walker ; tres votos a favor (3 de 9) de las diputadas señoras Girardi y Muñoz y del diputado señor Espinosa ; y la abstención (1 de 9) del diputado señor Schilling , en reemplazo del señor Lemus .
N° 1.
Incorpora, en el artículo 220, el siguiente inciso tercero:
“Adicionalmente, en caso que la convocatoria comprenda las materias referidas en los artículos 241, número 23, ó 274, número 9, ésta se publicará y comunicará en la forma prescrita por el artículo 131, con no menos de diez ni más de sesenta días de anticipación a la fecha de la junta.”.
Sometido a votación, el número 1, fue aprobado por cinco votos a favor (5 de 7) de la diputada Molina y los diputados Cerda , Espinosa , Gutiérrez y Walker ; y dos abstenciones (2 de 7) de la diputada Muñoz y el diputado Schilling , en reemplazo del diputado señor Lemus .
N° 2.
Modifica el artículo 241, en la forma que se indica:
a) Reemplaza, en el numeral 22, la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Agrega el siguiente numeral 23, nuevo, pasando el actual número 23 a ser numeral 24:
“23. Representar a los comuneros en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, cuando no existiere Junta de Vigilancia, en dicho río, álveo o acuífero, y previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria convocada al efecto, y”.
El Diputado señor Cerda , formuló indicación para reemplazar la frase “los votos emitidos en” por “de los asistentes a la”.
Sin mayor debate, puesta en votación, la indicación fue rechazada por ocho votos en contra (8 de 9) de las diputadas Girardi , Molina y Muñoz y de los diputados Espinosa , Gutiérrez , Monckeberg, don Nicolas , en reemplazo del señor García ; Schilling , en reemplazo del señor Lemus y Walker , y el voto a favor (1 de 9) del diputado Cerda .
Sometido a votación, el número 2, fue aprobado por cinco votos a favor (5 de 9) de la diputada Molina y los diputados Cerda , Gutiérrez Monckeberg, don Nicolas , en reemplazo del señor García , y Walker ; y cuatro votos en contra (4 de 9) de las diputadas Girardi y Muñoz y de los diputados Espinosa y Schilling, en reemplazo del señor por Lemus .
^@#@^N° 3.
Introduce, en el artículo 274, las siguientes modificaciones:
a) Sustituye, en el numeral 8, la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Incorpora el siguiente numeral 9, nuevo, pasando el actual número 9 a ser numeral 10:
“9. Representar a los titulares de derechos de aguas sometidos a su control en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria convocada al efecto, y”.
Sin debate, puesto en votación, el número 3, fue aprobado por cinco votos a favor (5 de 9) de la diputada Molina y los diputados Cerda , Gutiérrez Monckeberg, don Nicolas , en reemplazo del señor García , y Walker ; y cuatro votos en contra (4 de 9) de las diputadas Girardi y Muñoz y de los diputados Espinosa y Schilling, en reemplazo del señor por Lemus .
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.
a) Artículos rechazados.
No existen artículos rechazados.
b) Indicaciones rechazadas.
Número nuevo.
- De las diputadas Muñoz y Girardi y del diputado Espinosa, don Marcos, para agregar el siguiente número 1, nuevo:
“1. Agrégase, en el artículo 122, el siguiente inciso octavo, nuevo:
“El Procedimiento de perfeccionamiento de los títulos, regulado en el artículo 46 del Reglamento de Catastro Público de Aguas, contenido en el decreto supremo N° 1.220, del Ministerio de Obras Públicas, de 1997, se hará vía acción directa del Estado.”.”
N° 2.
- Del Diputado señor Cerda para reemplazar la frase “los votos emitidos en” por “de los asistentes a la”.
VI. MENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.
De conformidad a lo establecido en el N° 7° del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace constar que el proyecto de ley fue aprobado en los mismos términos propuesto por el Senado:
VII. TEXTO DEL PROYECTO
Por los fundamentos tenidos en consideración y las razones que dará a conocer el Diputado Informante , la Comisión recomienda dar su aprobación, en los mismos términos que lo hizo el Senado en el primer trámite constitucional, al siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 1.122, del Ministerio de Justicia, de 1981, que fija el texto del Código de Aguas:
1. Incorpórase, en el artículo 220, el siguiente inciso tercero:
“Adicionalmente, en caso que la convocatoria comprenda las materias referidas en los artículos 241, número 23, ó 274, número 9, ésta se publicará y comunicará en la forma prescrita por el artículo 131, con no menos de diez ni más de sesenta días de anticipación a la fecha de la junta.”.
2. Modifícase el artículo 241 de la siguiente manera:
a) Reemplázase, en el numeral 22, la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Agrégase el siguiente numeral 23, nuevo, pasando el actual número 23 a ser numeral 24:
“23. Representar a los comuneros en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, cuando no existiere Junta de Vigilancia, en dicho río, álveo o acuífero, y previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria convocada al efecto, y”.
3. Modifícase el artículo 274 del modo que sigue:
a) Sustitúyese, en el numeral 8, la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
b) Incorpórase el siguiente numeral 9, nuevo, pasando el actual número 9 a ser numeral 10:
“9. Representar a los titulares de derechos de aguas sometidos a su control en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria convocada al efecto, y”.”.
-o-
Se designó Diputado Informante al señor Matías Walker Prieto .
-o-
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 8 y 15 de abril; 6 y 13 de mayo; 10 de junio; 1 y 8 de julio de 2013.
Asistieron los diputados integrantes de la Comisión, señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Mario Bertolino Rendic ; Eduardo Cerda García ; Romilio Gutiérrez Pino ; Marcos Espinosa Monardes ; Matías Walker Prieto ; y las diputadas señoras Cristina Girardi Lavín , Andrea Molina Oliva y Adriana Muñoz D’Albora .
Concurrieron, además los diputados no miembros de la Comisión Enrique Accorsi Opazo, en reemplazo de Adriana Muñoz D’Albora ; Denise Pascal Allende y Marcelo Schillling Rodríguez , en reemplazo de Luis Lemus Aracena ; Nicolás Monckeberg Díaz , en reemplazo de René Manuel García García ; Alfonso de Urresti Longton , José Pérez Arriagada y el Senador Hosaín Sabag .
Sala de la Comisión, a 8 de julio de 2013
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS , Abogada Secretaria de Comisiones”
5. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor. (boletín N° 8997-07).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma constitucional de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de doña Carolina Schmidt Zaldívar , Ministra de Educación , don Raúl Figueroa Salas y doña Sylvia Eyzaguirre Tafra , asesores del Ministerio y doña Carolina Araya Arqueros , periodista adscrita a ese Ministerio y don Héctor Mery Romero , abogado de la Fundación Jaime Guzmán .
Para el despacho de esta reforma el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de suma para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de quince días corridos para afinar su tramitación, término que vence el 24 del mes en curso, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día de hoy 9 de julio.
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES
La idea central del proyecto tiene por objeto modificar el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política, referido al derecho a la educación, con el objeto de hacer obligatorio el segundo nivel de transición y establecer un sistema de financiamiento gratuito a partir del nivel medio mayor, a fin de asegurar el acceso a este nivel y a los superiores.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
Para los efectos de lo establecido en los números 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad, con los votos de los diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Letelier y Cristián Mönckeberg .
Accedieron posteriormente a la aprobación del proyecto los diputados señores Díaz y Harboe.
2.- Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados.
III. QUÓRUM DE VOTACIÓN
Tratándose de una reforma constitucional que afecta el capítulo III de la Carta Política, requiere, para su aprobación, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 127 del mismo cuerpo constitucional, del voto conforme de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.
IV. DIPUTADO INFORMANTE
Se designó diputado informante al señor Jorge Burgos Varela .
V. ANTECEDENTES
1.- El mensaje parte señalando que la educación cumple un rol fundamental en la sociedad por cuanto es la base para el desarrollo social y económico y también para la democracia. Destaca que cuando existe libertad de enseñanza, la educación permite a cada persona desarrollar sus potencialidades y realizarse personalmente, como también lograr su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión del cultivo de valores, conocimientos y destrezas, todo de gran importancia para alcanzar una sociedad de oportunidades, más libre y justa.
Asimismo, mayores niveles de educación en una sociedad, ayudan a sus integrantes a alcanzar una mayor calidad de vida y bienestar, pudiendo afirmarse, en general, que la educación colabora a formar mejores personas, capaces de contribuir a la comunidad en general, mejorar el bienestar social e influir directamente en la construcción de una sociedad más equitativa, jugando, en consecuencia, un rol fundamental tanto a nivel individual como social.
Señala, en seguida, que nuestra Constitución Política refleja todo lo anterior, reconociendo el derecho de toda persona a aspirar a una serie de bienes materiales y espirituales que le permitan desarrollarse adecuadamente, siendo uno de estos bienes básicos la educación. Por tanto, entendiendo que quien tiene la iniciativa natural en esta materia es la familia, establece como rol del Estado proteger especialmente el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos y de garantizar y promover las medidas necesarias para contribuir a que todos los niños del país reciban educación desde temprana edad, precisamente porque en ese nivel comienzan a aparecer las desigualdades.
Entrando, luego, a los fundamentos de la iniciativa, efectúa una reseña histórica del desarrollo de la educación en el país, señalando que en los tiempos de la Colonia, ésta se encontraba en manos de la Iglesia Católica, convirtiéndose más tarde, durante la Independencia en una de las tareas fundamentales del Estado, dando paso a un sistema mixto de provisión educacional. En 1860 se establecen las bases del sistema público de educación con la Ley Orgánica de Instrucción Primaria y, luego, en 1920, se dicta la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la que establece la obligatoriedad de cursar cuatro años de educación básica q ue en 1920 sube a seis años y en 1965 a ocho años.
Por último, en 2003 se establece la obligatoriedad de la enseñanza media con lo que se llega a doce años de educación obligatoria.
Agrega el mensaje que a lo anterior deben sumarse los avances en materia de educación parvularia, como por ejemplo la obligación del Estado establecida en 1999 de promover dicho nivel, su reconocimiento como nivel educativo en 2003; la reforma constitucional de 2007 que garantiza el acceso gratuito y universal al segundo nivel de transición; el carácter universal del primer nivel de transición en 2008 y el programa Chile Crece Contigo en 2009, que asegura educación parvularia gratuita para todos los niños pertenecientes a familias del 60% más vulnerable, a lo que debe agregarse la creación en la década de 1970 de la Fundación Integra y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Añade que en los últimos tres años se han efectuado esfuerzos por aumentar el acceso a este nivel educacional, entendiendo que es ahí donde se juega el futuro de los niños y se combaten realmente las desigualdades. Para lo anterior, se ha aumentado el apoyo financiero para la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra el que es 1,5 veces superior al de 2010, es decir, 50% más de recursos, y se espera contar con cuarenta mil nuevos cupos en ambas instituciones para fines del actual período presidencial.
Lo anterior, en la medida que significa un aumento de los montos entregados por niño, redunda en la calidad de la educación que se ofrece y en una mayor cobertura, reduciéndose así las diferencias históricas de los recursos fiscales entregados a menores, avanzando así en equidad.
Agrega que en este período gubernamental se ha incrementado en 20% la subvención para kínder y prekínder y en un 21% la subvención escolar preferencial, recursos que llegan todos directamente a los alumnos de menores ingresos, como también se ha enfatizado en la calidad de la educación que se entrega a los niños por medio de la fiscalización de todos los jardines infantiles por parte de la JUNJI; en la creación y publicación de estándares orientadores para carreras de educación parvularia y de la prueba Inicia para educadores de párvulos y, especialmente, por el proyecto que crea una autorización para funcionar a los jardines infantiles y entrega facultades a la Superintendencia de Educación para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos y sancionar a quienes no cumplan, resguardando así mejor el bienestar de los menores.
Agrega que estas medidas obedecen en gran parte a la conciencia de la importancia que tiene este nivel educativo, en el que se desarrollan las habilidades cognitivas y socioemocionales, fundamentales para el desarrollo posterior, prueba de ello es la evidencia alcanzada acerca de que en el primer año y medio de vida ya se observan diferencias en el desarrollo de estas habilidades, debidas en parte a la influencia del contexto social, económico y cultural en que se desenvuelven. Estas diferencias son precisamente las que se acrecientan en el tiempo y son más difíciles de revertir, como lo demuestra el hecho de que en la prueba nacional SIMCE el 71% de los niños de cuarto básico, de nivel socioeconómico alto, adquirieron en el año 2011 los conocimientos en la prueba de lectura que correspondían a su nivel educativo, porcentaje que en el sector más vulnerable alcanzó sólo al 29%.
Refiriéndose, luego, a los nuevos desafíos que se presentan para enfrentar esta situación, señala que existe consenso entre los especialistas acerca de la importancia de asistir a la educación parvularia al menos desde los tres años, siempre que sea de calidad y teniendo especial impacto en los provenientes de los grupos sociales más desfavorecidos, lo que refuerza la idea de la importancia que tiene este nivel en una sociedad que otorga las mismas oportunidades a todos sus integrantes.
Agrega, en seguida, que los indicadores muestran que se va en la dirección correcta, señalando que de acuerdo a la encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN) la cobertura total para este nivel educativo pasó de 28% en 2000 a más de 40% en 2011, gracias a los esfuerzos de los distintos gobiernos para financiar el acceso a todos los niños de ese nivel educativo. Así, por ejemplo, el derecho a una subvención universal para los niños de prekínder produjo un fuerte aumento de la cobertura de este nivel, llegando a 73% en 2011, lo que, a su vez, ha dado lugar a una mejor distribución, reduciéndose las diferencias de asistencia a la educación parvularia, pasando en el período mencionado de 20,2% a 42,3% para el primer quintil, acercándose al nivel del quinto quintil, el que creció en el mismo lapso de 46,3% a 48,4%.
Lo anterior, no sólo demuestra una mayor cobertura, sino que, en conjunto con otras iniciativa en educación escolar, han permitido en los últimos diez años, avances sin precedentes en relación con la equidad y calidad de la educación, mejorando los resultados educativos y reduciendo las diferencias en aprendizaje entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Así lo demuestran los análisis efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que demuestran que Chile es uno de los países que más ha logrado mejorar sus resultados y reducir las diferencias entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.
No obstante, quedan desafíos como se desprende del hecho de que la tasa de cobertura para los niños del segundo nivel de transición, es decir, de cinco años, llegó en 2011, según la encuesta Casen, al 93,6%, de los cuales el quinto quintil alcanza una cobertura del 96% y el primero sólo un 84%, lo que demuestra que cerca de dieciséis mil niños no asisten a este nivel educativo, especialmente entre quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos.
Sostiene, en seguida, el mensaje que este verdadero desafío para aumentar la oferta o el financiamiento para asegurar la asistencia a este nivel, envuelve también un cambio cultural, a fin de transmitir a las familias la importancia que tiene la educación parvularia para el desarrollo integral de los niños y que éstas opten por ofrecer a sus hijos la posibilidad de adquirir los conocimientos y habilidades asociadas a este nivel educativo.
Asimismo, en lo que se refiere a quienes asisten al nivel medio mayor, es decir, de tres a cinco años, no existe una política de financiamiento universal por parte del Estado, demostrando la encuesta CASEN que la cobertura sólo alcanza al 51%, por debajo de la media de los países de la OECD que alcanza al 66%. Se estaría, entonces, frente a otro desafío por cuanto el Gobierno estima de toda justicia focalizar sus esfuerzos en este nivel educativo, por cuanto es aquí donde se cimentan las bases para un desarrollo integral de los niños y de sus oportunidades futuras, algo imprescindible para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Todo lo anterior pondría en evidencia la importancia de este nivel educativo por lo que en esta iniciativa se propone la obligatoriedad del segundo nivel de transición, incrementando así a trece años la educación obligatoria de los niños, lo que implica que ninguno podrá ser privado de recibir los conocimientos y desarrollar las habilidades asociadas a ese nivel educativo y, por último, cumpliendo con el rol obligatorio de promover la educación parvularia, se financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, es decir, al que corresponde a niños de tres años de edad.
2.- De acuerdo al artículo 5° del decreto supremo N° 31, del Ministerio de Educación, de 2011, los establecimientos educacionales que impartan educación parvularia deberán estructurarse de acuerdo a los siguientes niveles: 1er. Nivel: Sala cuna 0 a 2 años de edad; 2° Nivel: Nivel Medio 2 a 4 años de edad. 3° Nivel: Nivel de Transición 4 a 6 años de edad.
Los niveles señalados deberán subdividirse respectivamente en los siguientes:
Sala Cuna: en Sala Cuna Menor: 0 a 1 año de edad; Sala Cuna Mayor: de 1 a 2 años de edad. En caso de ser necesario, el primero de estos niveles podrá considerar niños de hasta 1 año seis meses de edad, y el segundo, hasta niños de 2 años seis meses de edad.
Nivel Medio: en Nivel Medio Menor: 2 a 3 años de edad y Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años de edad.
Nivel de Transición: Primer Nivel de Transición de 4 a 5 años de edad y Segundo Nivel de Transición de 5 a 6 años de edad.
VI. TEXTO DEL PROYECTO
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política:
1) Reemplázase el inciso cuarto del numeral 10° del artículo 19 por el siguiente:
“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
2) Reemplázase la disposición vigésimo primera transitoria por la siguiente:
“Vigésimo primera.- La reforma introducida al numeral 10° del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.”
VII. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
a) Exposición de la señora Ministra de Educación.
Inició su intervención señalando que la batalla contra la desigualdad comienza en la cuna. Al efecto señaló que el impacto de la educación parvularia en el desarrollo futuro de los niños era mayor que en cualquier otro nivel educativo y que los beneficios de invertir en educación en edad temprana eran gigantescos si se los compara con lo que reportaría invertir en una etapa más tardía.
Mediante un gráfico, mostró el impacto de la inversión en los distintos niveles educativos y a las capacitaciones durante la adultez, del que se desprende que el retorno en la educación preescolar es mucho mayor que en cualquier otra etapa de la vida, siendo especialmente destacable el que se da en el caso del desarrollo de los niños de mayor vulnerabilidad.
Echando mano de otro gráfico, explicó que asistir a un centro de educación parvularia a partir de los tres años de edad, resultaba beneficioso para el desarrollo cognitivo y socioemocional de todos los niños y, en todo caso, siempre tendrá un mayor impacto en el 20% de los niños más vulnerables que en el 20% de los que vienen de sectores de mayores ingresos.
Agregó que de acuerdo a antecedentes proporcionados por la OECD, la educación parvularia tiene un gran impacto en el desarrollo de las habilidades cognitivas, alcanzando 33 puntos promedio más en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) quienes asistieron a ella que quienes no lo hicieron. En Chile este mayor impacto se ha traducido en que quienes asistieron a la educación parvularia, obtienen 15 puntos más en dicha Prueba que quienes no asistieron. A título ilustrativo, señaló que entre los países de la OECD que cuentan con kínder obligatorio se encuentran los Estados Unidos, Gran Bretaña , Grecia , Holanda , Hungría , Luxemburgo, Polonia y Suiza.
En el caso de Chile, señaló que la educación obligatoria se extiende por doce años, desde primer año básico a cuarto año medio. La Constitución garantiza el acceso gratuito a la educación de los niños a partir de kínder; la Ley General de Educación hace lo propio a partir de prekínder y, por último, el programa Chile Crece Contigo garantiza el acceso a sala cuna y al jardín infantil al 60% más vulnerable de la población. De acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2011, 15. 841 niños no asisten a kínder, de los cuales el 73% de ellos pertenecen a los dos primeros quintiles de la población más vulnerable.
Explicó que la principal razón de la inasistencia a este nivel es de carácter cultural, porque la gran mayoría de las familias que no envían a sus hijos a este nivel educacional, lo hace porque lo considera poco importante, señalando que de acuerdo a la citada encuesta CASEN, el 76,04% de los padres estima que están bien cuidados en sus casas, entre otras razones, porque las madres no trabajan fuera del hogar. De aquí la importancia de hacer obligatorio este nivel, el que no se orienta al cuidado infantil sino al mejor desarrollo de las habilidades cognitivas y emocionales de los menores
Enfatizó que el financiamiento del kínder está garantizado por la Constitución, existiendo en la actualidad más de 33.000 cupos que no se utilizan, insistiendo en que a partir de los tres años la educación parvularia tiene un alto impacto en el desarrollo de los niños, en especial, en los más vulnerables lo que ha hecho que la OECD recomiende el acceso universal a este nivel. Recordó que en Chile hay más de 70.000 menores que no asisten a la educación preescolar en los niveles de prekínder y kínder.
Refiriéndose a la cobertura en el país, señaló que éste era muy desigual entre los distintos segmentos socioeconómicos, indicando que en el nivel medio mayor, es decir, de 3 a 4 años de edad, la cobertura es muy baja y muy inferior a los países desarrollados. En efecto, Chile tiene una cobertura del 51%, alcanzando 40 puntos menos que el promedio en la prueba PISA, en circunstancias que la cobertura en los países de la OCDE alcanza al 66% y en los de la Unión Europea al 73%. En otros países como Alemania, Bélgica , Dinamarca , Francia y Nueva Zelandia, la cobertura alcanza al 89%, 99%,87%, 100% y 86%, respectivamente, con puntajes en la prueba citada de 4, 13, 2, 3 y 28 puntos, respectivamente, sobre el promedio.
Explicó que el actual inciso cuarto del artículo 19 de la Constitución Política, señala que para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, es decir, el kínder, sin que éste sea obligatorio para el ingreso a la educación básica. El proyecto pretende modificar esta norma, haciendo obligatorio para el Estado la promoción de la educación parvularia debiendo financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, es decir, de 3 a 4 años de edad, con el objeto de asegurar el acceso a este nivel y a los superiores. Asimismo, establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, es decir, de 5 a 6 años de edad, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
Por último, señaló que una vez aprobada este reforma, se procederá a modificar la Ley General de Educación para fijar los mecanismos de promoción a primero básico, considerando la asistencia a kínder. A su vez, el acceso gratuito y universal al nivel medio mayor, se efectuará mediante una ley que extenderá la subvención a este nivel y se acompañará de la subvención escolar preferencial para sectores vulnerables.
b) Discusión general y en particular.
El diputado señor Araya manifestó su complacencia por este proyecto, por cuanto la mayor desigualdad que se aprecia en el sistema educacional, comienza precisamente en el kinder, puesto que quienes lo cursan tienen un mayor desarrollo que quienes no lo hacen, ventaja que se expresa en la formación de hábitos de convivencia y estudio. A su juicio, esta iniciativa, que sería la coronación de una política implementada por el anterior Gobierno con el programa Chile Crece Contigo, presentaba el problema acerca de cómo se implementará en la práctica, dado el serio déficit de jardines infantiles. Reconoció que tanto la Junta Nacional de Jardines Infantiles como la Fundación Integra, habían celebrado convenios con los municipios para instalar más salas cunas y jardines, aún cuando no todos habían tenido un buen funcionamiento, lo que lo llevaba a querer saber si se establecería un modelo distinto de educación preescolar o se reforzaría a las instituciones mencionadas.
El diputado señor Ceroni expresó, asimismo, su apoyo a la iniciativa, pero mostró aprensión por su concreción práctica, lo que exige contar con recursos a fin de que no pase de ser una mera declaración en la Carta Política. Hizo presente que en los distritos que representa hay mucha gente que trabaja por temporadas y debe recorrer grandes distancias para dejar a sus hijos en las salas cuna, sin perjuicio, además, de las dificultades para una implementación adecuada del kinder obligatorio.
El diputado señor Cristián Mönckeberg hizo presente que la reforma que se propone no se limita solamente a hacer obligatorio el kinder, sino que obliga al Estado a financiar el acceso al nivel medio mayor, el que será gratuito. Independientemente de lo anterior, el mayor esfuerzo estatal se orientará a reducir la edad a partir de la cual se garantizará la gratuidad de acceso al nivel preescolar, ya que actualmente para ingresar al kinder es de cinco años, el que quedará de tres años para acceder al nivel medio mayor.
Reconoció, no obstante, que lo que ha hecho que se originen dudas, no es la reforma constitucional propiamente tal, sino el tema de fondo, el que dice relación con la implementación concreta de la propuesta, la que, como ha sucedido en otras ocasiones, puede experimentar dificultades que la retarden considerablemente.
La representante del Ejecutivo , haciendo frente al problema de la implementación, sostuvo que la reforma contaba con financiamiento derivado de la subvención que se aplica al segundo nivel de transición o kinder, de tal manera que no había problemas ni con los cupos ni con los recursos para financiarlos, siendo, en realidad, la única dificultad el problema cultural de los padres de los sectores vulnerables que consideran que este nivel es innecesario. En los sectores más acomodados, en cambio, se piensa que este nivel es obligatorio dadas las dificultades que suele representar el ingreso al primer año básico cuando no se ha cursado dicho nivel, todo lo cual no hace más que demostrar la importancia de hacer obligatorio el kínder.
Agregó que una vez aprobada esta reforma constitucional, deberá modificarse la Ley General de Educación a fin de establecer como requisito para ingresar al primer año básico, haber aprobado el kínder, lo que deberá dar lugar a un cambio en el aspecto cultural que termine con la creencia que este nivel equivale a una guardería infantil, la que sería innecesaria si los padres están en condiciones de cuidar bien a sus hijos.
Agregó que la implementación se efectuará mayoritariamente en los colegios, dado que el 87% de los menores que asisten a prekínder y kínder lo hacen en esos establecimientos y no en los jardines infantiles, muy pocos de los cuales cuentan con esos niveles. Explicó que este acceso a los colegios constituye un alivio para estos últimos, dado que en razón de la disminución de las tasas de natalidad ha bajado la matrícula en muchos de ellos, lo que dificulta su sostenimiento. En todo caso, para obtener la subvención es necesario que estos establecimientos tengan el reconocimiento oficial, tal como lo dispone la Ley de Subvenciones. Agregó que la subvención correspondiente al nivel medio mayor será un poco más alta que la correspondiente a prekínder porque los coeficientes técnicos exigidos a un nivel menor son mayores, es decir, se requieren más profesionales por niño en la medida que éstos son más pequeños.
El diputado señor Burgos , junto con valorar esta reforma, hizo referencia a un comentario emitido por CIEPLAN acerca de este proyecto, en el que se señala que existe un amplio consenso entre los especialistas acerca de lo fundamental que resulta la educación preescolar en lo referente a generar igualdad de oportunidades, siendo más efectivo para ello invertir en capital humano a edad temprana que tratar de corregir diferencias a edades más avanzadas. Por lo mismo apoya todo esfuerzo en este sentido, especialmente en el caso de los grupos más vulnerables que son los que presentan menor cobertura en educación parvularia.
Agregó que tal comentario, junto con resaltar el avance que significa que exista en el país subvención universal para los niveles de kínder y prekínder así como la cobertura de educación parvularia que garantiza el programa Chile Crece Contigo, añadía que el anuncio de la obligatoriedad del kínder ratificaba el compromiso financiero que el Estado había adquirido con anterioridad.
Añadió que el mismo documento destacaba que la nueva subvención para los niños a partir de los tres años se orientaba en el mismo sentido, pero además de la garantía constitucional que se planteaba, se preguntaba cómo se materializaría este compromiso por la vía legislativa, sugiriendo que podría ser por medio de la incorporación en el sistema de subvenciones universales ya existente desde prekínder a cuarto medio, considerando también la subvención preferencial para los grupos más vulnerables. De seguirse este camino, la ley que llegara a concretarlo deberá señalar los requisitos que deberán cumplir las instituciones en que se utilice la subvención.
No obstante lo anterior, el señalado documento hacía presente una observación respecto a la entrada en vigencia del nivel kínder como requisito para el ingreso a la educación básica, ya que debía prevenirse que ello no afectara negativamente a aquellos alumnos que en un período de transición no hicieran el kínder y que tal falencia les significara retrasar su ingreso a la educación básica.
La representante del Ejecutivo, haciéndose cargo de la prevención señalada, indicó que el proyecto que se dictara, dispondría someter a quienes no hubieran cursado el kínder a una prueba de posicionamiento para determinar si tienen las competencias mínimas para ingresar a primero básico y, de ser el resultado negativo, se les exigiría el ingreso al mencionado nivel de educación preescolar.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar por unanimidad con los votos de los diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Letelier y Cristián Mönckeberg .
Con la misma votación se aprobaron ambos artículos del proyecto, en los mismos términos propuestos.
Posteriormente, accedieron a la votación tanto en general como en particular, los diputados señores Díaz y Harboe.
-o-
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor diputado informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política:
1) Reemplázase el inciso cuarto del numeral 10° del artículo 19 por el siguiente:
“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
2) Reemplázase la disposición vigésimo primera transitoria por la siguiente:
“Vigésimo primera.- La reforma introducida al numeral 10° del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio mayor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores, entrará en vigencia gradualmente, en la forma que disponga la ley.”.”
-o-
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 2013.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los diputados señores Cristián Mönckeberg Bruner ( Presidente ), Pedro Araya Guerrero , Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes y Cristián Letelier Aguilar .
En reemplazo del diputado señor Arturo Squella Ovalle asistió el diputado señor Gustavo Hasbún Selume .
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión .”
6. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles otorgada por el Ministerio de Educación y modifica otros cuerpos legales. (boletín Nº 8.859-04).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República , calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
El inciso segundo del artículo 2° y los artículos 1°, 4° y 5° transitorios del proyecto.
4.- Se designó Diputado Informante al señor Santana, don Alejandro .
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Carolina Schmidt, Ministra de Educación, y el Subsecretario de dicha Cartera, don Fernando Rojas.
El propósito de la iniciativa consiste en modernizar la institucionalidad de la educación parvularia en el país, mediante la autorización de funcionamiento que entregará el Ministerio de Educación a los establecimientos que impartan educación parvularia, la fiscalización del cumplimiento de la respectiva normativa por parte de la Superintendencia de Educación y la provisión de las funciones propias de la educación parvularia por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 12 de marzo de 2013, señala que el gasto anual total para la Superintendencia es de $ 2.373.077 miles al asumir las funciones de fiscalización de la mantención de los requisitos que dieron origen a la autorización de funcionamiento del os jardines infantiles, cursar los procedimientos en caso de pérdida de alguno de los requisitos y determinar y aplicar las sanciones que procedan.
No obstante, existe por otra parte un ahorro de $ 1.240.147 al dejar Junji esta tarea y traspasar recursos a la Superintendencia. Así, el gasto marginal de este proyecto es de $ 1.132.930, según el siguiente detalle:
Miles $
* Mayor gasto fiscal por traspaso de 64 funcionarios desde la JUNJI.
239.849
* Nuevo personal de apoyo: 23 funcionarios.
389.456
* Otros gastos de operación
320.655
* Equipamiento y vehículos (por una vez)
182.970
^@#@^Total Mayor Gasto Fiscal
1.132.930
Finalmente, cabe precisar que conforme lo establece el proyecto de ley, el mayor gasto fiscal que represente su aplicación durante el primer año de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.
En el debate de la Comisión la señora Carolina Schmidt hizo presente que el proyecto contempla un nuevo marco regulatorio para la instalación y funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles.
Sostuvo que el impacto de la educación parvularia en el desarrollo futuro de las niñas y de los niños es mayor que en cualquier otro nivel educativo, pues el 80% de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales se adquieren en los primeros años de vida, por lo que el retorno de la inversión en su educación temprana es gigantesco, especialmente para los niños más vulnerables, como se muestra en el siguiente gráfico:
/
Planteó, sin embargo, que hoy, en Chile, es más fácil abrir una sala cuna o jardín infantil que una botillería, porque basta para ello la obtención de una patente o autorización municipal, previo cumplimiento de ciertas exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Si bien existen algunas certificaciones para estos establecimientos, ellas son voluntarias y tienen fines específicos. Por ejemplo, el reconocimiento oficial (RO) del Estado, que sólo requieren aquellos establecimientos que reciben subvención y siguen el currículum oficial, y el empadronamiento que entrega la JUNJI a aquellos establecimientos que reciben niños en virtud del artículo 203 del Código del Trabajo, cuales son las salas cuna que deben pagar los empleadores a sus trabajadoras cuando tienen al menos veinte de ellas contratadas.
La fiscalización es otro tema que no está resuelto en nuestro sistema, pues la JUNJI tiene facultades para efectuarla, pero escasas atribuciones para sancionar, mientras que la Superintendencia de Educación tiene atribuciones únicamente respecto de aquellos establecimientos que voluntariamente han obtenido el RO del Estado.
Así las cosas, no existe un instrumento legal obligatorio que permita asegurar que todos los jardines infantiles y salas cuna cumplen con las exigencias fundamentales para resguardar en forma adecuada el bienestar de los niños. Por esa razón, el proyecto en análisis crea una autorización obligatoria para todos los jardines infantiles y salas cuna, que establece los requisitos fundamentales para poder operar y que será entregada por el Ministerio de Educación.
Por otra parte, el proyecto avanza hacia un nuevo marco institucional para la educación parvularia, separando las funciones de autorización, provisión del servicio y fiscalización, y elevando las exigencias para resguardar de forma adecuada el bienestar de los niños. Asimismo, separa el rol de la JUNJI, evitando que sea juez y parte, y potenciándola como una institución proveedora de educación parvularia, y entrega a la Superintendencia de Educación Escolar las atribuciones y herramientas necesarias tanto para fiscalizar el cumplimiento permanente de los requisitos que permitieron obtener la autorización de funcionamiento como para establecer infracciones y sanciones, que irán desde amonestaciones hasta clausura del establecimiento.
Los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento serán los siguientes:
1. Cumplir con normas fundamentales de planta física, mobiliario y equipamiento necesarios para impartir educación parvularia, según las especificaciones contenidas en un reglamento dictado por el Mineduc.
2. Poseer y aplicar un proyecto educativo y un reglamento interno que regule las relaciones entre el jardín infantil o sala cuna y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación ante conductas que constituyan faltas para la seguridad de los niños y para la buena convivencia, tales como abusos sexuales y maltrato infantil.
3. Contar con personal idóneo y suficiente para el trabajo con los niños, no pudiendo desempeñarse en los establecimientos de educación pre-escolar personas que hayan sido condenadas por crímenes o por ciertos delitos, incluyendo tráfico ilícito de estupefacientes y pedofilia. Tampoco los propietarios o administradores de jardines infantiles o salas cuna podrán haber sido condenados por tales crímenes y delitos.
Ahora bien, en el período de transición hacia la plena aplicación de la ley en proyecto, las salas cuna y jardines infantiles que se creen a partir de su entrada en vigencia deberán contar inmediatamente con la autorización del Mineduc para poder funcionar. En tanto, aquellos establecimientos que ya estén operando, tendrán un plazo de tres años para obtener la autorización de funcionamiento y durante ese mismo período las certificaciones otorgadas por la Junji mantendrán su validez.
Por otro lado, el traspaso de funcionarios de la Junji al Ministerio y a la Superintendencia de Educación se realizará mediante concurso interno, y de no alcanzarse la dotación suficiente podrá completarse mediante el traspaso directo del personal que cumpla funciones afines en la Junji. Estos traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni ser considerados causal de término de servicios, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado, como tampoco podrán significar modificación de sus derechos previsionales. Al personal traspasado no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 de la ley N° 20.529, que consagra el despido por “necesidades de la Superintendencia”. Los funcionarios traspasados, encasillados o contratados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. El traspaso será sin solución de continuidad, manteniéndose la calidad jurídica que cada funcionario tenía a la fecha de publicación de la nueva ley. Consultada al respecto, señaló finalmente que no habrá traspaso de funcionarios desde el Mineduc a la Superintendencia, sino únicamente desde la Junji, por ser éste el organismo que actualmente ejerce la labor fiscalizadora sobre los establecimientos parvularios.
Concluyó resaltando la importancia del proyecto para cambiar una realidad que durante mucho tiempo ha estado oculta en el país y que ha salido a la luz pública con graves consecuencias para nuestros niños.
El Diputado señor Robles compartió la preocupación del Ejecutivo por la primera infancia y la necesidad de que el Estado intervenga para regular una materia que actualmente no está normada. Sin embargo, consideró que no debería reducirse el presupuesto de la Junji como consecuencia del traspaso de una parte de su personal a la Superintendencia de Educación, sino que deberían asignarse a ésta recursos frescos para costear las remuneraciones del personal traspasado. Esto, porque para proveer educación parvularia la Junji necesitaría contratar más personal, ya que hoy en día presenta un gran déficit de recursos humanos para desarrollar adecuadamente el trabajo con los niños que se requiere.
En segundo lugar, recordó que la Superintendencia de Educación no cuenta con oficinas regionales, por lo que duda de que el personal traspasado desde la Junji más el personal de apoyo que se pretende contratar vaya a ser suficiente para realizar desde un organismo centralizado una labor de fiscalización a nivel nacional que necesariamente requiere trabajo en terreno.
En tercer lugar, planteó la necesidad de asegurar que las exigencias para obtener la autorización de funcionamiento no coarten la libertad de los establecimientos para desarrollar proyectos educativos propios que han demostrado ser exitosos, como es el caso de los colegios Montessori.
Por último, señaló que, así como el Código Sanitario permite a la autoridad cierto grado de discrecionalidad para rebajar las exigencias a los establecimientos expendedores de alimentos ubicados en lugares apartados o de difícil acceso, el reglamento de la ley en proyecto también debería contener normas que permitan flexibilizar los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento en el caso de aquellos jardines infantiles o salas cuna que presenten esas características.
El Diputado señor Auth celebró la proposición del Ejecutivo , pues la importancia asignada a la educación parvularia no se condice con la falta de responsabilidad que hasta ahora ha asumido el Estado en el control de las condiciones en que ella se imparte. No obstante, dijo no entender por qué, si la Superintendencia de Educación tendrá a su cargo la fiscalización del cumplimiento de los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento, así como su prolongación en el tiempo, es el Mineduc el que otorgará dicha autorización.
En segundo lugar, concordó en que la labor de fiscalización se efectúe en parte con funcionarios de la Junji que ya tienen la experticia necesaria para llevarla a cabo. Pero compartió también la prevención de que este organismo requiere más personal para cumplir adecuadamente su rol de proveedor de educación parvularia.
Finalmente, pese a coincidir con el Ejecutivo en la conveniencia de prohibir el trabajo directo con niños a personas que han cometido delitos de pedofilia, no está seguro de que deba hacerse lo mismo con quienes han sido condenados por otras infracciones a la ley penal y después de cumplir la pena correspondiente se han rehabilitado e intentan reinsertarse laboralmente. A su juicio, esta prohibición tendría incluso visos de inconstitucionalidad.
El Diputado señor Jaramillo estimó que el plazo de tres años previsto para que los jardines y salas cuna existentes se adapten a los requisitos de funcionamiento de la nueva ley es excesivo. Compartió la apreciación de que no resulta apropiado recortar el presupuesto de la JUNJI por el hecho de traspasarse algunos de sus funcionarios a la Superintendencia de Educación. Observó que el artículo 9º transitorio contempla la participación de agencias privadas en la certificación de los requisitos de funcionamiento de jardines y salas cuna, lo que tampoco parece apropiado. Finalmente, pidió antecedentes sobre los procesos de fiscalización llevados a cabo por la Junji en el último tiempo.
El Diputado señor Macaya expresó entender que, al traspasar a la Superintendencia de Educación personal de la Junji que hoy realiza labores de fiscalización, se estaría mejorando ésta con los mismos recursos hoy disponibles.
En cuanto a la provisión del servicio de educación parvularia, preguntó si existe alguna proyección de lo que ocurrirá con el que entrega la Fundación Integra, postulando que debiera procurarse igualar el estándar al que tiene la Junji.
El Diputado señor Ortiz compartió la necesidad de analizar el trabajo que hacen otras instituciones en paralelo con la Junji, porque hay diferencias no sólo en el servicio que ofrecen, sino también en las condiciones laborales del personal de su dependencia.
El Diputado señor Marinovic hizo notar que los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento serán exigibles no sólo a los jardines infantiles y salas cuna administrados por la JUNJI, sino también por Integra y otras instituciones, por lo que esta iniciativa constituye un primer paso para equiparar las condiciones de desempeño de los mismos.
La señora Ministra de Educación respondió a las inquietudes e interrogantes de los diputados presentes señalando, en primer lugar, que este proyecto no disminuye, sino que potencia a la JUNJI en su rol de proveedor de servicio educacional parvulario. El problema es que actualmente dicho organismo tiene también un rol fiscalizador, que no es obligatorio para todos los establecimientos ni le permite aplicar sanciones, razón por la cual se propone encomendar éste a la Superintendencia de Educación Escolar. Para tales efectos, confirmó que el personal que será traspasado desde la Junji es aquél que hoy cumple esa función y que el mecanismo de traspaso establecido en el proyecto cuenta con el beneplácito de la Asociación de Funcionarios de la institución.
Aclaró, en segundo lugar, que, a diferencia de la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación sí tiene sedes regionales, precisamente por la labor que le compete realizar.
Con respecto al reglamento de la nueva ley, aseguró que sus disposiciones no impedirán a los establecimientos de educación pre-escolar desarrollar sus proyectos educativos propios, como sí ocurre con el que regula la obtención (voluntaria) del reconocimiento oficial del Estado, en cuanto exige cumplir el currículum oficial y es por ello que los colegios Montessori no cuentan con RO.
En relación con el otorgamiento de la autorización de funcionamiento, señaló que ello es congruente con lo que sucede actualmente, ya que es el Mineduc el que entrega el reconocimiento oficial del Estado para efectos de acceder a la subvención escolar o acredita a las salas cuna que deben proveer los empleadores. Del mismo modo, el Mineduc deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento y la Superintendencia será la encargada de supervisar que ellos se mantengan en el tiempo.
En lo que se refiere a las agencias privadas de que trata el artículo 9º transitorio, explicó que sólo cuando no sea posible contar con el concurso de otros organismos públicos para los efectos allí señalados, el Mineduc podrá recurrir a ellas.
Sobre los delitos que inhabilitan a las personas para trabajar en contacto directo con niños, indicó que ellos están establecidos en la Ley General de Educación, por lo que el proyecto es consistente con ello, agregándose únicamente en éste los de homicidio e infanticidio.
En cuanto a los jardines infantiles actualmente existentes, señaló que, dentro de la red Junji, ellos suman alrededor de 3.500, de los cuales 2.800 son administrados en su mayoría por las municipalidades y por la Fundación Integra vía transferencia de fondos (VTF) y sólo 700 son administrados directamente por la JUNJI, todos los cuales deberán cumplir los requisitos de funcionamiento que el proyecto establece, sin que se altere su dependencia.
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de la totalidad del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El Diputado señor Robles solicitó votación separada del inciso segundo del artículo 2º.
El Diputado Lorenzini, don Pablo , formuló la siguiente indicación al artículo 14 del proyecto con el objeto de precisar el período de financiamiento del mayor gasto fiscal que indica: para agregar entre las palabras “año” y “de” la palabra “presupuestario”.
Puesto en votación el proyecto, los artículos 1°, inciso primero del artículo 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 con la indicación antes consignada fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . El inciso segundo del artículo 2° y los artículos 1° 4° y 5° transitorios fueron aprobados por 10 votos a favor y 1 voto en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón . Votó por la negativa el señor Robles, don Alberto .
Tratado y acordado en sesión de fecha 9 de julio de 2013, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón ( Ulloa, don Jorge) , según consta en el acta respectiva.
Concurrieron, además, los Diputados señores Campos, don Cristian , y Rincón, don Ricardo .
Sala de la Comisión, a 15 de julio de 2013.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión .”
7. Informe de la Comisión de Agricultura. Silvicultura y Desarrollo Rural recaído en el proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas. (boletín N° 8829-01).
“Honorable Cámara:
La Comisión de Agricultura. Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informar el proyecto de ley del epígrafe en primer trámite constitucional y primero reglamentario.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) Idea matriz o fundamental del proyecto.
La idea matriz o fundamental del proyecto es crear un registro electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada; cuyo efecto será que por el hecho de registrarse el contrato será oponible a terceros. Asimismo, se contemplan sanciones y efectos específicos para el incumplimiento del contrato registrado.
2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.
No hay.
3) Normas que requieren trámite de Hacienda.
El artículo 9° permanente y el tercero transitorio son de competencia de la Comisión de Hacienda.
4) Aprobación del proyecto.
El proyecto fue aprobado, en general por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca , Bauer (en reemplazo del señor Barros) , Chahín , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag (en reemplazo del señor Cerda) , Sauerbaum y Urrutia .
5) Diputado informante .
Se designó como diputado informante al señor ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ .
-o-
Durante el análisis de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de autoridades del Ministerio de Agricultura, representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), de la Bolsa de Productos de Chile, representantes de Asociaciones de Agricultores y Productores, y dirigentes de Cooperativas Campesinas.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.
a) Antecedentes:
Según reconoce el Mensaje, Chile siempre ha sido un país de tradición agrícola y sus cifras de exportaciones han ido en alza con los años. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones agrícolas corresponde a productos agrícolas primarios, los cuales tienen menor valor agregado. Si bien se destaca el número de hectáreas de superficie cultivable y el rol generador de empleo rural del sector silvoagropecuario, señala que el país aún se encuentra lejos de alcanzar su potencial en esta materia, más aún teniendo en cuenta el contexto internacional, que impone el desafío de aumentar la competitividad del sector agrícola. En este contexto, se reconoce como debilidad del sector agroindustrial chileno, que aún no haya desarrollado con la debida fortaleza la cadena de valor que va desde el productor de materia prima, el agricultor, al consumidor final.
Asimismo, se explica que en el mercado agrícola, existen básicamente dos formas de comercializar la producción. La primera es la venta en forma spot o a cosecha; la segunda es la venta mediante contratos celebrados con anticipación a la cosecha, e incluso antes de sembrar.
Según la primera modalidad, el agroindustrial compra al productor una vez que se ha obtenido la cosecha. De acuerdo a la segunda, el agroindustrial y el productor celebran un contrato antes de la cosecha, o antes de la siembra, en el cual se establecen claramente los derechos y obligaciones de las partes y se fijan las condiciones en forma menos “presionada” para ambos, especialmente para el productor agrícola. En el contexto de un mercado internacional altamente competitivo y sofisticado, en donde se requieren volúmenes preestablecidos de productos agrícolas muy específicos, la agricultura spot se encuentra en una notable desventaja. Por su parte, la agricultura bajo contratos trae enormes beneficios para el productor, el agroindustrial y, en general, para el posicionamiento de Chile como potencia alimentaria.
Pese a las múltiples ventajas de la agricultura por contratos, la situación chilena es la de un mercado en que un alto porcentaje de la producción agrícola se comercializa en forma spot o a cosecha. La principal razón de la baja penetración de los contratos agrícolas, de acuerdo al Mensaje, es precisamente la falta de certeza jurídica en cuanto al cumplimiento y exigibilidad de dichos contratos, debilidad que este proyecto busca subsanar.
b) Fundamentos:
El proyecto de ley busca dar solución a esta falla de mercado que ha impedido hasta ahora que surja con la debida fuerza la agricultura de contratos a pesar de sus ventajas, para lo cual mejora la certeza jurídica de los contratos agrícolas mediante la creación de un Registro electrónico, público, voluntario, nacional y único de los contratos agrícolas, que pretende evitar los costos de forzar el cumplimiento de un contrato agrícola mediante los Tribunales de Justicia.
La publicidad que otorga el registro, la consulta sin costo de éste y la oponibilidad permitirán que los pequeños agricultores también puedan beneficiarse de la agricultura de contratos. En particular el proyecto busca lograr los siguientes objetivos:
1.- Fomentar la agricultura de contratos.
2.- Dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales.
3.- Aumentar la publicidad y la oponibilidad de los contratos agrícolas, y la transparencia del mercado en general.
4.- Fomentar el desarrollo de innovación y tecnología en la agroindustria, y el desarrollo de nuevas y mejores variedades agrícolas acordes a la demanda internacional.
5.- Permitir que los exportadores cuenten con mayor certeza sobre su abastecimiento de productos, lo que les permitirá desarrollar mejores productos, acceder a mejores mercados, y obtener mejores precios.
6.- Fomentar el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al rubro agrícola, sobre todo, por la vía de un mayor y mejor financiamiento.
7.- Desarrollar el mercado de futuros en la agricultura, tanto a nivel local como a nivel internacional.
8.- Buscar el mejor posicionamiento de Chile en los mercados agrícolas internacionales, haciendo a la industria más competitiva en el concierto mundial, y promoviendo así el desarrollo de nuestro país como potencia alimentaria.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto consta de 19 artículos permanentes y tres transitorios, organizados en cinco títulos con el siguiente contenido:
a) Disposiciones generales, Título Preliminar.
1. Se regula el objeto de la ley, consistente en establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, artículo 1°;
2. Se establece el ámbito de aplicación de la ley, determinando los contratos susceptibles de inscripción en el registro, esto es, los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción, artículo 2°;
3. Se definen, para los efectos de la ley, los conceptos de contrato agrícola, producto agrícola, productor agrícola, agroindustrial, intermediario, primera transacción, entre otros, artículo 3°;
5. Se establece que las partes de los contratos agrícolas que se acojan a esta ley deben suscribir el formulario correspondiente ante Notario Público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada, o bien, mediante la firma electrónica avanzada de las partes, en cuyo caso no se requerirá el otorgamiento ante notario, artículo 4°.
b) Inscripción, Título I.
1. La inscripción de contratos agrícolas, su modificación o su cancelación se realizarán, en extracto, a través del formulario respectivo. Para tal efecto, las partes deberán autorizar expresamente el tratamiento de datos personales, artículo 5°;
2. Se consignan las menciones mínimas que deben contener los formularios de inscripción, modificación y cancelación, otorgándole a las partes la facultad de poder registrar otras menciones adicionales que convengan en publicar, artículos 6° a 8°.
c) Del Registro , Título II.
1. Se crea el Registro de Contratos de Compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo, como un registro público, voluntario, nacional y único, que operará sobre una plataforma tecnológica de acceso en línea, cuya administración y control de la normativa respectiva corresponderá al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, artículo 9°;
2. El administrador del registro, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, podrá licitar la administración del Registro a un ente externo, pero mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de la ley, artículo 9°, inciso tercero;
3. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el registro, artículo 9°, inciso segundo;
4. Una vez suscrito el formulario por todos los comparecientes se incorporará automáticamente y sin más trámite al registro, lo que se efectuará por estricto orden de ingreso, artículo 11.
d) De la suscripción de los formularios, Título III.
Las partes podrán inscribir, modificar y cancelar los contratos agrícolas mediante la suscripción de los formularios disponibles en el sitio web del registro. Se regulan dos alternativas para la suscripción de los formularios. La primera es ante Notario Público, el cual deberá estampar su firma electrónica avanzada, y la segunda, cuando las partes cuenten con firma electrónica avanzada, mediante la suscripción del formulario en línea por los propios comparecientes, en cuyo caso no se requerirá el otorgamiento ante notario, artículos 12 y 13.
e) Efectos del Registro , Título IV.
1. Los contratos inscritos serán oponibles a terceros, y por tanto, no se podrá alegar el desconocimiento de un contrato registrado, produciéndose los efectos establecidos en la ley respecto de terceros, artículo 14, incisos primero y segundo;
2. Se prohíbe al vendedor celebrar con terceros contratos que recaigan sobre los bienes objetos de un contrato ya inscrito, salvo aquellos que se celebren sobre los excedentes de una producción o sobre una cuota o parte de la misma. En caso de infracción de tal prohibición, dichos terceros serán solidariamente responsables, para todos los efectos legales, con el vendedor ante quien comparezca como comprador al contrato previamente registrado por los perjuicios irrogados, presumiéndose la mala fe del vendedor y del tercero adquirente, artículo 14, incisos tercero y cuarto;
3. Si las partes estipularen una cláusula penal para el caso de incumplimiento y dicha cláusula se incorporare al formulario, un certificado de la inscripción respectiva constituirá título ejecutivo para su exigibilidad, artículo 18;
4. La inscripción se eliminará de común acuerdo por las partes, o una vez transcurrido un año desde la fecha de término del contrato, artículo 14, inciso segundo.
Las disposiciones transitorias regulan las siguientes materias:
a) Fecha de entrada en vigencia: Seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.
b) Plazo para dictar el Reglamento: tres meses contados desde su publicación, y será suscrito por los Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo.
c) Financiamiento: mayor gasto será financiado con cargo al ítem de la partida presupuestaria Tesoro Público.
IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Discusión general.
Participaron en la discusión del proyecto los señores Luis Mayol , Ministro de Agricultura ; Álvaro Cruzat , Subsecretario ; Andrés Meneses y Sergio Soto , asesores de ese Ministerio. Adicionalmente, entregaron su opinión sobre este proyecto las siguientes personas: Ema Budinich , Gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Fernando Bas , Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA); Christopher Bosler , Gerente General de la Bolsa de Productos de Chile , y Mario Bezanilla , abogado de ese organismo; Francisco Duboy , Presidente de la Asociación de Agricultores de Cachapoal ; Sergio Morales , Gerente General de la Cia . Molinera San Cristóbal ; Felipe García-Huidobro , consejero y Presidente de la Asociación de Productores de Fruta de la Región del Libertador B. O’Higgins; y Daniel Rebolledo , Presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas Campesinas (CampoCoop).
a.1) Síntesis de las opiniones entregadas por los invitados
1.- Luis Mayol , Ministro de Agricultura .
Señaló que el proyecto de ley tiene por objeto resolver un problema muy antiguo del rubro agrícola, que es dar formalidad entre los productores y la industria, lo cual genera ventajas para ambas partes. Hizo presente, que existe una escaza penetración de los contratos en el sector agrícola, lo que conlleva una falta de certeza jurídica y este proyecto busca precisamente solucionar esta falla.
Agregó que desde el Ministerio quieren fomentar la agricultura vía contratos; dotar de certeza jurídica las relaciones comerciales; aumentar la transparencia y oponibilidad de los contratos y del sector agrícola; fomentar el desarrollo de innovación y nuevas tecnologías; permitir que los exportadores cuenten con mayor certeza sobre su abastecimiento de productos, fomentar el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al rubro agrícola, sobre todo, por la vía de un mayor y mejor financiamiento; desarrollar el mercado de futuros en la agricultura; y buscar el mejor posicionamiento de Chile en los mercados agrícolas internacionales.
2.- Andrés Meneses , asesor legislativo del Ministerio de Agricultura.
Expresó que el proyecto de ley busca el fortalecimiento de la agricultura de contratos por la vía de dotar de mecanismos de protección jurídica a las convenciones sobre productos agropecuarios cuya entrega se efectúe a plazo. De esa manera se crean los incentivos necesarios para que los potenciales compradores aporten financiamiento y asistencia técnica a los productores agrícolas y estos puedan optar a producciones con mayor grado de especialización y por ende, más atractivas desde el punto de vista comercial.
Luego enumeró las ideas matrices del proyecto, indicando que este dispone:
1) La creación de un registro electrónico, único, público y voluntario de contratos agrícolas;
2) Los usuarios del registro inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario, o mediante firma electrónica avanzada;
3) Por el hecho de registrarse un contrato, éste se hace oponible a terceros, y
4) Se establecen sanciones y efectos específicos en caso de que se incumpla un contrato registrado.
En cuanto al contenido del proyecto, este comienza por establecer una serie de disposiciones generales, que regulan:
1) El objeto de la ley, que es establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único;
2) Ámbito de aplicación, es decir, los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción;
3) Definiciones, incluyendo las de contrato agrícola, producto agrícola, productor agrícola, agroindustrial, intermediario, primera transacción, entre otras; y
4) Formulario, aquel suscrito ante Notario Público o mediante la firma electrónica avanzada de las partes.
En cuanto a la inscripción en el registro, se dispone que la inscripción de contratos agrícolas, su modificación o su cancelación se realizarán, en extracto, a través del formulario respectivo. Para tal efecto, las partes deberán autorizar expresamente el tratamiento de datos personales. Además, se consignan las menciones mínimas que deben contener los formularios de inscripción, modificación y cancelación, otorgándole a las partes la facultad de poder registrar otras menciones adicionales que convengan en publicar.
El proyecto, además, crea el Registro de Contratos de Compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo. A este respecto, establece que será público, voluntario, nacional y único. Operará sobre una plataforma tecnológica de acceso en línea, administrada por el Ministerio de Economía. El Administrador podrá cobrar una tarifa por la inscripción, modificación, cancelación y certificados que efectúe u otorgue, fijada por D.S. del Ministerio de Economía. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el registro. Suscrito el formulario por todos los comparecientes se incorporará automáticamente y sin más trámite al registro, por estricto orden de ingreso.
Respecto a los formularios, señalo que es a través de estos que las partes podrán inscribir, modificar y cancelar los contratos agrícolas. Se regulan dos alternativas para la suscripción de los formularios. La primera, ante Notario Público, el cual deberá estampar su firma electrónica avanzada, y la segunda, cuando las partes cuenten con firma electrónica avanzada, mediante la suscripción del formulario en línea por los propios comparecientes, en cuyo caso no se requerirá el otorgamiento ante notario.
Por último, el proyecto regula los efectos del registro, estableciendo que:
1) Los contratos inscritos serán oponibles a terceros, no pudiendo estos alegar desconocimiento de su existencia, una vez registrados;
2) El vendedor no podrá celebrar con terceros compraventas sobre bienes objeto de un contrato inscrito, salvo sobre excedentes de la producción comprometida. De infringirse tal prohibición, los terceros serán solidariamente responsables con el vendedor, ante el comprador del contrato registrado;
3) Si las partes estipularen cláusula penal por incumplimiento y esta sea incluida en el formulario, un certificado de la inscripción constituirá título ejecutivo para su exigibilidad, y
4) La inscripción se eliminará de común acuerdo por las partes, o una vez transcurrido un año desde la fecha de término del contrato.
3.- Emma Budinich, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Señaló que el proyecto responde a una necesidad de la fase de comercialización de los productos agrícolas. En su opinión, este registro es una de las herramientas posibles para hacer más fluido el mercado y podría complementarse con otras políticas públicas. En términos generales, lo consideró un proyecto positivo, pero planteó ciertas inquietudes.
Respecto a la aplicación, manifestó que sería interesante revisar los plazos de término del registro, al menos para algunos productos como la fruticultura que requieren plazos más largos. En cuanto a las condiciones, cree que debe indagarse si debe ser obligatorio publicar el precio o la forma en que este se determina, ya que esto abordaría la asimetría de información en el mercado agrícola y le daría mayor transparencia.
También consideró que podría incorporarse a las definiciones, la calidad del producto y alcanzar no solo a la producción agrícola primaria. Respecto al contenido de los contratos, expresó que ambas partes deberían explicitar los riesgos a los cuales se encuentran sometidos, como los climáticos y los cambiarios.
En cuanto al efecto de producir titulo ejecutivo, consultó si se referiría al contrato mismo o al certificado que emitirá el sistema. También propuso incorporar una cláusula arbitral, generar un registro de incumplimiento y generar el mecanismo para que estos contratos fuesen transables.
Por último, señaló que el proyecto le genera algunas aprehensiones en cuanto a la necesidad de contar con firma electrónica avanzada, pues es necesario evitar que la ley imponga esta u otras posibles barreras de entrada. Por último, indicó que este tipo de proyectos debe complementarse con otras políticas públicas para continuar perfeccionando el mercado agrícola.
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El diputado José Pérez manifestó sus dudas en cuanto al efecto que tendría este proyecto, pues en su opinión sería un proyecto adecuado si hubiera mucha demanda y poca oferta de productos agrícolas, pero en el mercado nacional sucede todo lo contrario, lo cual se ve empeorado por la competencia desleal que existe en el sector.
El diputado Hernández , por su parte, expresó que el proyecto apunta a una necesidad del sector agrícola y que constituye una buena solución para otorgar certeza jurídica. Sin embargo, planteó la inquietud de si esto podría llegar a comprometer la tierra de los productores e indicó que deberían buscarse formas de resguardarse ante ese peligro.
El diputado Barros , consideró que el proyecto constituye un avance, pero que de todas formas no resuelve la asimetría de información entre las partes. Además consultó si el hecho de que sea voluntario implica que solo una parte puede registrar, o se requiere el acuerdo de ambas para hacerlo. También planteo dudas respecto a cómo se resolverán las discrepancias respecto a precios variables. Apoyo la idea de establecer una cláusula arbitral y crear un registro de incumplimiento, e indicó que en su opinión el Estado no debería cobrar para formar parte del registro, pues dicho cobro constituiría una barrera de entrada.
La diputada Pascal consultó sobre los aspectos que regulará el reglamento de esta ley, si se hará referencia a los precios de cada contrato, si es posible incorporar árbitros y si han analizado si este proyecto afectará el mercado de algún producto en particular.
La diputada Sepúlveda coincidió en que es un proyecto interesante, porque entrega alternativas a los agricultores. Sin embargo, manifestó que puede resultar muy difícil realizar contratos tipo para rubros tan diversos existentes en el mercado agrícola. Cree que debe analizarse en detalle el aspecto de los precios de referencia, la definición del producto, cómo influirán los mercados internacionales, etc. También apoyó la idea del registro de incumplimiento.
El diputado Sauerbaum consideró positiva esta iniciativa, pero coincidió en que es necesario compensar las asimetrías de información entre agricultores y la industria. Cree que deberían incorporarse los seguros de precio en los contratos. Respecto a la propuesta de un registro de incumplimiento, consultó cuáles serían las sanciones asociadas, porque si el registro es voluntario las empresas podrían decidir no incorporarse para evitarlas. Por último, consultó si el proyecto prevé la estratificación de los distintos tipos de agricultores.
El diputado Chahín , expresó su preocupación por la voluntariedad del registro, pues teme que pase lo mismo que sucedió con el sello del SERNAC, que no fue bien acogido por las instituciones financieras. Además, consultó si solo una parte puede registrar un contrato o deben ser ambas. También le pareció preocupante que el registro haga plena fe del contenido del contrato, ya que esto implicaría que tendría incluso más valor que una escritura pública. Consultó a su vez, porqué se limitó la clausula penal al doble del contrato, si esta debería depender del avalúo de los perjuicios.
Respecto a los efectos del registro, el diputado Chahín señaló que se establece expresamente que el vendedor no podrá vender a terceros, pero no se dice nada del comprador y esta disposición debería ser equivalente para ambas partes. En cuanto al tema del arbitraje, consideró que incluir una clausula de ese tipo podría imponer una barrera de entrada, pues suelen ser más caros que recurrir a tribunales. Tal vez una solución en este aspecto, sería aplicar a estos contratos el juicio sumario. Por último, consultó si el titulo ejecutivo que se menciona en el proyecto corresponde al certificado de registro o al contrato mismo, porque si se tratara de lo primero sería problemático en tanto el certificado propiamente tal no contiene obligaciones.
El diputado Urrutia consideró que este es un proyecto añorado por los agricultores, pues estos requieren saber a qué precio pueden vender sus productos y con esa información decidir qué sembrar. También ayudaría en el problema de acceso a crédito, y en definitiva ayuda a acabar con la informalidad del sector agrícola.
El señor Ministro , reiteró que efectivamente este es un tema muy ansiado tanto por los agricultores como por la industria. En cuanto al plazo del registro, explicó que la disposición que establece un año para terminar el registro, se refiere a un año después de terminado el respectivo contrato, y este puede fijar el plazo de término que las partes estimen conveniente. Respecto a los precios, este puede quedar fijado por una condición a determinar, por ciertos parámetros y establecer un precio mínimo.
Sobre el registro de incumplimiento, consideró que sería algo equivalente a DICOM y que probablemente sería mejor establecer anotaciones al margen del propio contrato. Explicó que este proyecto se inserta en una serie de otras medidas tomadas por el Ministerio tales como la ley de muestras y contra muestras, proyectos para cambiar la composición y plazos de procedimientos en la Comisión Antidistorsiones, etc. En cuanto al arbitraje, manifestó aprehensiones respecto al costo y las posibles influencias de la industria. Por último, estimó que era positivo que fuera un registro voluntario, pues de lo contrario, podría fomentarse la informalidad y que las empresas que no quieren figurar en el registro se nieguen derechamente a suscribir contratos agrícolas.
4.- Fernando Bas, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
Señaló que la FIA ha trabajado este tema, pues el hecho de que la producción agrícola se de una vez al año implica gran incertidumbre para los agricultores. Agregó que el año 2007 organizaron un seminario donde se evaluaron nuevas alternativas de financiamiento para el sector y en este seminario se concluyó que por la volatilidad de flujos que se maneja en este rubro, el sector financiero no estaría interesado en financiar a los agricultores. En este contexto, la agricultura por contratos surgió como alternativa para otorgar cierta certeza.
Explicó que la agricultura por contratos está en desarrollo en el país, pero aún hay mucha desconfianza, especialmente por los pequeños agricultores, ya que consideran que existen incumplimientos sin consecuencias, esto es, sin sanción. Es por ello que estimó que es necesario formalizar las relaciones comerciales y este proyecto apunta precisamente a eso.
Asimismo, destacó además que este proyecto puede acarrear mayor transparencia en el sector y que también podría transformar los contratos para que sirvan como garantía para los financiamientos. En definitiva, consideró que se trataba de un proyecto atractivo, especialmente para los productores.
5.- Christopher Bosler , Gerente General de la Bolsa de Productos Agrícolas .
Señaló que están muy interesados en este proyecto, ya que si bien es una iniciativa legal innovadora, existe una experiencia muy positiva con la Bolsa de Productos que constituyó toda una novedad en su momento.
Recordó que la Bolsa constituye un mercado formal y público, regulado por la Ley Nº 19.220 y fiscalizado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde se pueden transar productos como trigo, maíz, arroz, vino, azúcar, ganado, entre otros. Esta entidad inició sus transacciones en el año 2005 y actualmente cuenta con 17 accionistas entre los que se pueden mencionar: SNA, SOFO , Fundación Chile , Bolsa Electrónica , corredores de Bolsa, etc.
Asimismo, hizo presente que para la Bolsa la definición de productos es amplia, incluyendo el que provenga directa o indirectamente de la agricultura, ganadería, silvicultura, actividades hidrobiológicas, apicultura o agroindustria; los servicios que estas actividades requieran y los insumos.
Destacó que se permite transar tanto los productos físicos, como los contratos, títulos y facturas; contratos de derivados, como futuros y opciones; y otros títulos que defina la SVS. Se genera por lo tanto, posibilidad de financiamiento vía productos, a través de los denominados Repos, esto es, los pactos de retrocompra de productos agrícolas, pero además se pueden transar diversos tipos de facturas, por lo que la Bolsa genera un mercado de financiamiento distinto al tradicional. Asimismo, destacó la transacción de facturas, operación que genera tasas de interés menores a las de los mercados de financiamiento tradicionales.
En cuanto al diagnóstico del sector agropecuario, señaló que es un mercado informal, con altos riesgos en las entregas y pagos según la evolución de los precios de mercado, con pocas alternativas de financiamiento, donde existen pocos mecanismos que permitan controlar o mitigar el “riesgo precio” en la producción agrícola y con la consideración adicional de que la demanda internacional por alimentos es creciente, y exige cada vez más certeza en la entrega y a precios competitivos.
Respecto al proyecto de ley en análisis, declaró que la Bolsa de Productos de Chile considera que es un buena iniciativa, sobre todo para la mayor formalización del sector agropecuario. En especial, consideró que se podrá crear, de manera similar a lo que sucedió con las facturas, un instrumento adicional de financiamiento para el agricultor, gracias a la mayor seguridad jurídica de los contratos que estén registrados. Estimó que los productores podrán “descontar” o “adelantar” los flujos del contrato, recursos que podrán utilizar como capital de trabajo para la propia explotación. Además que este registro hará más factible la creación de mercados de futuros para el sector, aportando mecanismos de cobertura de precios que hoy día prácticamente no existen.
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El diputado Barros expresó que aún tiene ciertas dudas respecto del proyecto de ley, como que ambas partes deban validar el contrato para que este se incorpore al registro. Explicó que dadas las asimetrías de información de las partes en la construcción del contrato, esto puede resultar problemático. También consultó a los invitados que opinaban de crear un registro de incumplimiento y si estimaban más conveniente contar con árbitros como método de solución de conflictos.
La diputada Sepúlveda consultó si la Bolsa de Productos ha alcanzado a los pequeños agricultores y qué correcciones estiman que necesitaría para volverla más efectiva. La diputada Pascal preguntó por los montos que se transan en la Bolsa, pues estima que se requeriría aumentar los volúmenes de producción de los pequeños agricultores para que estos accedan a la Bolsa. En el mismo sentido, el diputado Hernández preguntó a los invitados por cómo estimaban ellos que funcionaría este registro y si creen que alcanzará a los agricultores que trabajan con Indap.
El diputado Urrutia consultó por la voluntariedad del registro, ya que las grandes empresas podrían no estar interesadas en formar parte del registro. Además, preguntó cuál ha sido la experiencia de la Bolsa en cuanto a la fijación de precios, pues en este rubro el precio final no suele quedar fijado en los contratos, sino que depende de varios factores, como el precio del dólar.
El Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), señaló que la preocupación por las asimetrías de información en la formación de los contratos es transversal, pero que en el sector agrícola, los agricultores suelen tomar como referencia lo que se ha convenido con otros agricultores, por lo que el registro podría difundirse rápidamente y las asimetrías podrían ir quedando en evidencia.
En cuanto a las características que estima necesarias para esta legislación, enfatizó la simpleza., sobre todo para los pequeños agricultores, pues requisitos como el de recurrir a un notario o contar con firma electrónica avanzada, pueden transformarse en un obstáculo. En cuanto a la voluntariedad del registro, indicó que desde la FIA también han podido advertir que los agricultores cambian mucho de proveedor, por lo que las industrias también podrían estar interesadas en un registro de este tipo.
El Gerente General de la Bolsa de Productos Agrícolas, por su parte, consideró que un eventual registro de incumplimiento y sanciones puede ser una iniciativa positiva, pues mientras más se transparente el mercado, mejor. Sin embargo, un registro de este tipo también podría desincentivar a las empresas a incorporarse.
El asesor legal de la Bolsa de Productos Agrícolas, don Mario Bezanilla , agregó que es muy importante la estandarización de los productos, que las menciones del registro se mantengan lo más simple posibles para ayudar así a la masificación del registro. También consideró positivo que se contemplara la posibilidad de transar los contratos.
El diputado Barros consultó la opinión de los invitados sobre un eventual registro de árbitros, que pudiera ofrecer esta posibilidad de solución de conflictos a un precio que no fuera tan alto como los árbitros privados. También consideró que sería positivo poder sortear la variabilidad de los precios, ojala a través de un mecanismo sencillo, para combatir así la estacionalidad de los precios.
La diputada Sepúlveda manifestó dudas respecto de los beneficios que esta iniciativa legal pudiera tener para los pequeños agricultores. Además, hizo el alcance de que la simplicidad del registro no debe afectar la fuerza de este instrumento. Insistió en extraer las lecciones de la experiencia de la Bolsa, que conceptualmente fue una idea muy fuerte pero que en la práctica igualmente ha tenido dificultades para llegar a los pequeños agricultores. En este sentido, señaló que es fundamental preguntarse por el rol de las cooperativas, de INDAP, de la FIA y de otras instituciones para lograr alcanzar a los pequeños agricultores.
6.- Francisco Duboy , Presidente de la Federación de Asociaciones Gremiales de Agricultores de Cachapoal y Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de la Región de O´Higgins.
Expresó que la agricultura de contratos es una vieja aspiración de los agricultores, pues constituiría una herramienta para relacionarse con los grandes distribuidores y empresas del rubro. Esto les permitiría abordar los casos en que por alzas en los precios, las empresas buscan otras alternativas de abastecimiento a pesar de existir negociaciones previas, y también la circunstancia en que los agricultores podrían buscar desistirse por eventuales bajas en los precios. Asimismo, señaló que sería muy conveniente contar con un registro único de dichos contratos.
A su juicio, lo fundamental en esta iniciativa sería buscar establecer un mecanismo de solución de conflictos entre las partes que sea rápido y económico, para evitar así juicios que resultan costosos y que no se adecúan a los tiempos requeridos en este rubro.
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El diputado Pérez Arriagada manifestó dudas respecto de los beneficios que este proyecto de ley podría producir para los pequeños y medianos agricultores del país, pues las experiencias que han existido en esta materia no han sido satisfactorias para este sector e igualmente se generaron casos en que no se respeta el precio acordado.
La diputada Sepúlveda compartió que el espíritu general de la ley es positivo, pero consideró que es necesario evaluar cómo llevarla a la práctica en ciertos temas específicos. Por ejemplo, consultó sobre la forma cómo debería regularse la especificidad y calidad del producto, cómo debería vincularse esta ley con el seguro agrícola y cuál sería su opinión respecto a un eventual registro de incumplimiento.
El diputado Vilches consultó cuál sería la utilidad práctica de contar con un registro de este tipo y si podría utilizarse para aumentar la disponibilidad de apoyo financiero hacia este rubro.
La diputada Pascal , por su parte, señaló que resulta pertinente preguntarse si será efectiva esta iniciativa dada su voluntariedad. Actualmente, indicó que existen ciertos convenios, sin embargo, ante la baja del dólar u otros imprevistos, sólo se perjudica a los pequeños y medianos agricultores, nunca al gran empresario, entonces es necesario buscar los mecanismos para evitar que esto siga sucediendo. La agricultura por contratos podría ser un avance, pero señaló que también es una realidad que las grandes empresas tienen más recursos para defenderse judicialmente.
El diputado Barros coincidió en que es necesario concentrarse en las sanciones que pudieran derivarse de este proyecto, ya que el pequeño agricultor no tiene los recursos suficientes para asumir una defensa judicial. Consultó por la posibilidad, planteada en sesiones pasadas, de crear un registro de árbitros especializados y cuyas tarifas fuesen reguladas para evitar que resulte demasiado costoso.
El diputado Urrutia hizo mención a la petición de algunos agricultores en cuanto a que este registro sea obligatorio, para poder así transparentar el mercado agrícola y regular las siembras. Señaló que actualmente los agricultores no saben a qué atenerse, no saben qué conviene sembrar, pues ignoran los precios de cada siembra. Con una agricultura generalizada de contratos podrían fijarse los precios y dado el registro sería una situación distinta a los contratos aislados que existen hoy en día.
El Presidente de la Federación de Asociaciones Gremiales de Agricultores de Cachapoal reiteró que el espíritu de este proyecto es positivo, pero que es necesario ser cuidadoso en su implementación. Señaló que sería una buena medida lograr asegurar un cierto nivel de certeza y añadió que podrían definirse ciertos contratos tipos con sus respectivas condiciones. Estimó que esto último no debería ser complejo, pues no son muchos los cultivos de contrato.
Adicionalmente, expresó que la agricultura de contratos podría resultar especialmente útil para cultivar el secano costero. Sin embargo, explicó que también se requiere un cambio cultural para que efectivamente ambas partes se sometan a los términos del contrato. Por último, estuvo de acuerdo en que esta legislación debe vincularse con el seguro agrícola.
7.- Sergio Morales, Gerente General de la Compañía Molinera San Cristóbal .
Manifestó su apoyo a esta iniciativa, pues a su juicio, permitirá ordenar la relación entre el agricultor y la empresa. Destacó la voluntariedad prevista en el proyecto, pues cree que no debería tratarse de un registro unilateral. Asimismo, señaló que sería necesario avanzar en la definición más precisa de algunos aspectos, tales como, la superficie afectada por cada contrato, las cantidades de producción comprometidas, etc.
Agregó que su experiencia con la agricultura de contratos ha sido satisfactoria, ya que ambas partes han logrado comprometerse en sus contratos, creando un lazo técnico que para ellos como consumidores de trigo ha sido fundamental. La agricultura de contratos les ha permitido monitorear las siembras para lograr obtener un trigo de cierta calidad.
Además, hizo alusión también a que es positivo que el proyecto no exija un precio determinado en los contratos, pues en la construcción de los precios en la agricultura, intervienen múltiples factores. En este sentido, solamente es posible establecer un criterio para construir el precio. Por último, se refirió a las sanciones que podrían formar parte de esta iniciativa y señaló que a su juicio, deberían precisarse.
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Dando respuesta a una consulta de la diputada Sepúlveda explicó que ellos comenzaron con la agricultura de contratos por una necesidad técnica. Continuó señalando que es fundamental decidir qué incluir en el contrato, y en su caso, fue primordial exigir trigo de alta proteína o de baja pero con ciertas características funcionales. En definitiva, enfocaron los contratos apuntando a la calidad de trigo que requerían, estableciendo parámetros objetivos y estables. A su juicio, esta estructura -basada en la definición de la calidad exigida y los parámetros que determinarán dicha calidad- es replicable para los contratos de agricultura de otros granos.
En este mismo sentido, la diputada Sepúlveda señaló que sería conveniente que el Ejecutivo enviara ejemplos de contrato en cinco productos, para poder ir revisando tipos de contratos e ir precisando las características concretas que se requieran en cada caso.
La diputada Pascal continuó señalando que este tema suele abordarse desde la perspectiva de los productos de grano, pero que este proyecto también será aplicable a productos frutícolas que tienen otras características. Es por eso que consultó cómo enfrenta el Ejecutivo esta diversidad posible de contratos.
8.- Felipe García Huidobro , Consejero de la Federación de Productores de Fruta de Chile , Fedefruta, y Presidente de la Asociación Gremial de Productores de Fruta de la VI Región .
Señaló que la iniciativa en tramitación responde a una necesidad imperiosa del sector agrícola en general y no solo del sector de la fruta. Es por ello que celebró esta iniciativa y coincidió con la explicación que contiene el Mensaje respecto de los problemas que aquejan al sector agrícola del país.
Agregó que el proyecto en estudio llenará un vació en el actual proceso de comercialización agrícola, en tanto introduce pautas y regulaciones para ordenar la relación comercial entre el productor y el industrial. Explicó que el mercado spot a veces puede variar, afectando las expectativas y ocasionando problemas e incumplimientos. Es ahí cuando se requiere reforzar lo pactado en los respectivos contratos. Además, señaló que si dichos contratos se encuentran registrados mejorará el acceso al crédito y con el mejor financiamiento puede aumentar el acceso a la tecnología, etc.
Sin embargo, estimó que el proyecto no resuelve qué sucede si producto de circunstancias excepcionales, el productor queda endeudado y luego se prorrogan los contratos, ¿rigen las mismas condiciones a pesar de que luego mejore el mercado? A su juicio, es necesario lograr una mayor transparencia de información entre la empresa y el productor, hacer más simétrica la posición entre productores y la industria y así evitar posibles abusos.
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La diputada Sepúlveda coincidió en que sería necesario evaluar qué sucede con las prórrogas de los contratos, especialmente cuando los productores ya vienen endeudados, como les sucedió a los productores de tabaco recientemente. A su vez, consultó cómo podría incorporarse a estos contratos el tema del seguro agrícola.
En cuanto a los eventos fortuitos, el señor García Huidobro insistió en que los esfuerzos debe dirigirse a transparentar los factores que determinan los precios y eso podría evitar que los productores estén sujetos a los vaivenes del mercado o al abuso de quienes detentan posiciones dominantes. Respecto al seguro, señaló que es un producto que se utiliza muy poco, pues no cubre el 100% de los costos de producción y es bastante caro. Cree que en este aspecto debería intentarse bajar los costos del seguro para hacerlo más asequible a los productores.
Además, puntualizó que la industria agrícola no solo está expuesta a fenómenos de la naturaleza, sino también a las erradas políticas públicas, como por ejemplo, la política cambiaria chilena. En este sentido, señaló que también es necesario asegurar una moneda estable para dar tranquilidad a los agricultores.
La diputada Pascal indicó que compartió este proyecto con los frutilleros de la zona central y estos manifestaron que no era un proyecto que les afectaría mayormente, pues probablemente no alteraría los convenios que ellos celebran con las empresas que transforman su producto (por ejemplo, en leche, yogurt, etc.). El señor García Huidobro señaló que esta visión probablemente responde a que dichos contratos no recaen sobre la fruta de mayor calidad, lo que puede traducirse en bajos montos y muy bajo incumplimiento de ambas partes.
El diputado Chahín señaló que este proyecto representa un “traje a la medida” de los agroindustriales, tanto porque establece que el registro es voluntario, como por alterar las normas generales del Código Civil en contra del proveedor. Así por ejemplo, el artículo 14 inciso tercero apunta a la obligación del vendedor en un contrato registrado, de no vender a otros, y más aún, el artículo siguiente presume la mala fe en caso de que incurra en dicha conducta. Con estas normas, se altera la naturaleza fungible de la cosecha y se generan cargas adicionales al productor que no tienen su contrapartida en las obligaciones del agroindustrial.
El diputado Urrutia por su parte, manifestó que la agricultura de contratos ha sido un antiguo anhelo de los agricultores y en ese sentido celebró esta iniciativa. No obstante, consideró que es posible introducir modificaciones para ir perfeccionando este proyecto. Asimismo, hizo presente que el tema que siempre ha preocupado a los agricultores es cómo determinar el precio de la cosecha antes de la siembra, y consultó al invitado si creía que esto era posible en el rubro de la fruta.
El señor Andrés Meneses , asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señaló que la asimetría entre las partes -que el diputado Chahín advirtió en el proyecto- es más aparente que real, en tanto el proyecto pretende asegurar la certeza jurídica y hacer de público conocimiento que una producción determinada está comprometida con un tercero. La idea es solucionar una falla de mercado que se traduce en la inexistencia de una verdadera agricultura de contratos, solucionar la falta de confianza entre las partes. En cuanto a la modificación de la naturaleza fungible de la cosecha, señaló que precisamente se apunta a la descomodatización de los productos, a ir especificándolos para lograr mejores precios.
Sin embargo, el diputado Chahín insistió en que no hay obligaciones correlativas para el comprador de los productos, para el agroindustrial. Las normas del proyecto son desproporcionalmente a favor del comprador y en perjuicio de la parte más débil, que es el productor. Refuerza la asimetría en estas relaciones.
Frente a esto, el señor Meneses explicó que la norma que establece responsabilidad solidaria del productor que vende su cosecha a un tercero, también afectará a un agroindustrial, pues son estos los terceros que probablemente comprarían la cosecha. No obstante, el diputado Chahín recalcó que lo mismo sería aplicable en caso del comprador que desconociendo el contrato decidiera comprar los productos a un tercer productor, sin embargo, no existe una norma de ese tenor en el proyecto.
9.- Daniel Rebolledo , Presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias Chilenas (CAMPOCOOP).
Consideró positivo legislar sobre este tema, pues puede ser un mecanismo para otorgar seguridad a los campesinos.
En cuanto a las observaciones sobre el proyecto, indicó:
(i) que es necesario incorporar lenguaje de género para aludir también a las agricultoras y productoras;
ii) celebró que la incorporación al registro sea voluntaria;
iii) consideró que debería incorporarse al INIA o a organismos como el CGNA para poder lograr el objetivo de fomentar la innovación y la transmisión tecnológica;
iv) también sostuvo que es necesario facilitar el acceso al crédito, ya que actualmente los intereses son demasiado altos para financiar la agricultura familiar o las cooperativas;
v) consideró que el Reglamento de esta ley debería ser administrado por el Ministerio de Agricultura, pues es este el que tiene la experiencia en el rubro -advirtió que ellos como cooperativas también deben relacionarse con el Ministerio de Economía, cuando el vínculo debiese ser con el de Agricultura-;
vi) por último, señaló que sería necesario abordar aquellos casos en que existen arriendos informales de predios y buscar alguna solución para permitir que estos tenedores también puedan firmar y registrar sus contratos.
a.2) Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el mensaje y los entregados por los invitados, procedió a dar su aprobación en general por la unanimidad de los diputados presentes, (10), señora Sepúlveda y señores Álvarez-Salamanca , Bauer (en reemplazo del señor Barros) , Chahín , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag (en reemplazo del señor Cerda) , Sauerbaum y Urrutia .
b) Discusión particular.
Los epígrafes de los títulos, fueron aprobados, por unanimidad, en los mismos términos propuestos, con el voto favorable de la diputada señora Muñoz y de los diputados señores Alvarez-Salamanca , Barros , Martínez , Sauerbaum y Urrutia .
“TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1°.
Establece que la esta ley tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo en un registro público, nacional y único.
Sin debate, sometido a votación, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Muñoz y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Martínez , Sauerbaum y Urrutia .
Artículos 2°, 3° y 4°.
El artículo 2° establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables a los contratos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción de dichos productos.
El artículo 3°, dispone que para los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Contrato agrícola o contrato: aquellos contratos de compraventa de productos agrícolas celebrados entre un productor agrícola y un agroindustrial o un intermediario.
b) Producto agrícola o producto: el que provenga directamente de la agricultura, esto es, aquella materia prima de origen vegetal o animal obtenida del cultivo de la tierra o de la ganadería, sea que se encuentre cosechada o pendiente.
c) Productor agrícola, productor o agricultor: persona natural o jurídica que produce las materias primas a que se refiere la letra b) de este artículo.
d) Agroindustrial: persona natural o jurídica que procese o utilice el producto agrícola.
e) Intermediario: persona natural o jurídica que concurra a la primera transacción de productos agrícolas como comprador con ánimo de vender, posteriormente, dichos productos.
f) Primera transacción: aquella en la que participen, por una parte, como vendedor, el agricultor y, por la otra, como comprador, el agroindustrial o intermediario.
g) Formulario: extracto electrónico que contiene las menciones del contrato agrícola o las de su modificación o cancelación, que serán publicadas en el registro.
h) Registro: el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo.
i) Fecha de término del contrato o fecha de término: aquella estipulada por las partes que fija la época de cumplimiento de la última de las obligaciones principales del contrato, esto es, la entrega de los productos vendidos o el pago del precio.
El artículo 4° establece que las partes de los contratos agrícolas que se acojan a la presente ley, deberán suscribir el formulario a que se refiere la letra g) del artículo precedente, ante Notario Público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada. Con todo, el formulario podrá también ser suscrito a través de la firma electrónica avanzada de las partes, y en tal caso no se requerirá la intervención notarial. Una vez suscrito dicho formulario, se incorporará al Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo y producirá los efectos establecidos en el Título IV de esta Ley.
El inciso segundo dispone que para todos los efectos de esta Ley la fecha del contrato será la de su registro.
Sin debate, sometidos a votación, los artículos 2°, 3° y 4° fueron aprobados por mayoría de votos. Votaron a favor (8 de 9) los diputados señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y se abstuvo (1 de 9) la diputada Muñoz .
“TÍTULO I
De la inscripción del contrato de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo, de su modificación y su cancelación
Artículo 5°.
El formulario del contrato agrícola o de su modificación o cancelación, se inscribirá en el registro a que se refiere la letra h) del artículo 3.
Las partes que se acojan a la presente ley deberán autorizar expresamente el tratamiento de los datos que contenga el formulario.
Sin debate, puesto en votación, el artículo fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor (8 de 9) los diputados señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y se abstuvo (1 de 9) la diputada Muñoz .
Artículo 6°.
Establece que el formulario de inscripción del contrato agrícola contendrá las siguientes menciones:
a) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes contratantes;
b) Fecha de término del contrato agrícola;
c) Rol de avalúo del bien raíz en que se producen los bienes objeto del contrato;
d) En caso de que el productor agrícola no sea el dueño de la propiedad raíz, la identificación precisa del título en virtud del cual explota el predio a que se refiere la letra precedente;
e) La indicación de los productos objeto del contrato;
f) Total de la superficie cuya producción sea objeto del contrato y el rendimiento de la producción estimada en volumen o peso;
g) La indicación de estar comprándose el total o una parte de la producción señalada en el contrato agrícola, de conformidad a la letra f) anterior;
h) La autorización expresa de las partes para el tratamiento de los datos que contenga el formulario;
i) La cláusula penal, en caso de pactarse, que se hará efectiva ante el incumplimiento de cualquiera de las partes y;
j) En general, aquellas menciones que las partes convengan en publicar.
El Diputado señor Chahín presentó indicación para agregar la siguiente letra j), pasando la actual “letra j)” a ser “letra k)”:
“j) La estipulación expresa de que las partes acuerdan someterse a las normas de esta ley;”.
La diputada Sepúlveda señaló que es discutible que se mencione solo el volumen o peso de la producción, sin hacer mayores menciones a otros rasgos que determinan la especificidad del producto, sin incorporar por ejemplo, otros parámetros de calidad. En similar sentido, el diputado Barros se preguntó cómo se podían especificar aquellos productos que se venden por unidad y cómo incorporar muchos de los parámetros de calidad que ya existen para ciertos productos.
El señor Meneses , asesor del Ministerio de Agricultura, señaló que la letra j) permite incorporar todas aquellas menciones que las partes acuerden. Además, aclaró que la ley de muestras y contramuestras es igualmente aplicable a estos contratos. Sin embargo, la diputada Sepúlveda estimó que no resultaba claro cuál era la relación o cómo se vinculaba esta legislación con la ley de muestras y contramuestras.
Los diputados Urrutia y Sabag coincidieron en que la letra residual permitiría incorporar mayores criterios o parámetros de calidad a estos contratos. No obstante, la diputada Sepúlveda y el diputado Hernández recalcaron que no basta con incorporar mayores criterios sino que es necesario establecer una vía de solución ante eventuales controversias, y esa es precisamente la gran ventaja de la ley de muestras y contramuestras, que permite que el agricultor contraponga sus propias mediciones. De ahí que estimaron que sería conveniente incorporar alguna referencia explícita a esta legislación.
Sometido a votación, el artículo con la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor cinco votos a favor (5 de 9) los diputados Alvarez-Salamanca , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; en contra (3 de 9) la diputada Sepúlveda y los diputados Barros y Pérez Arriagada ; y se abstuvo (1 de 9) el diputado Hernández .
Artículos 7° y 8°.
El artículo 7° establece que en el formulario de modificación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se modifica;
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, las cuales deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o sus representantes o continuadores legales y;
c) Toda mención de las señaladas en el artículo anterior que se modifique.
El artículo 8° dispone que en el formulario de cancelación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se cancela;
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, las cuales deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o sus representantes o continuadores legales y;
c) Causal que se invoca para la cancelación.
Se solicitó votación separada respecto de la letra c) del artículo 7°.
Sin mayor debate, puestos en votación, los artículos 7° y 8°, salvo la letra c) del artículo 7°, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
Sometida a votación, la letra c) del artículo 7°, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor (8 de 9) los diputados Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y en contra (1 de 9) la diputada Sepúlveda .
“TÍTULO II
Del Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo
Artículos 9°, 10 y 11.
Por el artículo 9° se crea el Registro de Contratos de Compraventas de Productos Agrícolas con entrega a plazo, que deberá constar en un sitio electrónico y al que se incorporarán los contratos agrícolas que se acojan a esta ley, su modificación y cancelación, para los efectos que se indican en el Título IV de la misma.
El inciso segundo establece que este Registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público y deberá estar permanentemente actualizado, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el Registro .
El inciso tercero establece que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de su administración y de que dicho Registro cumpla en todo tiempo las normas de la presente ley y de su Reglamento. Para estos efectos, estará facultado para licitar la administración del Registro a un ente externo, en cuyo caso mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas antes señaladas. El administrador del Registro podrá certificar las inscripciones, modificaciones y cancelaciones que se practiquen.
El artículo 10 dispone que una vez suscrito el formulario de inscripción por todos quienes hubiesen comparecido al acto en conformidad con esta ley y su Reglamento, se incorporará automáticamente y sin más trámite en el Registro . Asimismo, toda modificación o cancelación del extracto ya inscrito, será incorporada de inmediato y sin más trámite al Registro . La fecha de registro del contrato será aquella en que el formulario sea suscrito por la última de las partes que concurran a él.
El artículo 11 establece que el Reglamento determinará la forma en que los formularios serán incorporados al Registro , así como los demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento y publicidad.
El inciso segundo dispone que la incorporación de los contratos al registro se hará por estricto orden de ingreso.
La diputada Sepúlveda señaló que el Ministerio de Agricultura debería mantener una copia del registro, pues los agricultores no necesariamente tienen conexión a Internet y suelen vincularse con el Ministerio de Agricultura, no con el de Economía.
Sometidos a votación, los artículos 9°, 10 y 11 fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
“TÍTULO III
De la suscripción de los formularios
Artículos 12 y 13
El artículo 12 establece que la suscripción de los formularios de inscripción, modificación o cancelación, se realizará mediante documento electrónico con firma electrónica avanzada, de un Notario Público o de las partes, si la tuvieran.
El inciso segundo establece que el Reglamento determinará la forma en que se deberá acreditar la firma de los formularios por parte de los contratantes.
El inciso tercero, dispone que los Notarios Públicos sólo podrán cobrar por la firma electrónica avanzada que estampen la tarifa fijada mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, emitido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ” y suscrito, además, por el Ministro de Justicia .
El artículo 13 establece que se tendrá por no suscrito el formulario que no fuere firmado por todas las partes que comparecen al contrato, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se hubiere firmado ante notario, o estampado la primera firma electrónica.
El inciso segundo agrega que el Reglamento dispondrá la manera de identificar el formulario, una vez que las partes hubieren comenzado a completar sus campos. Con la suscripción de una de las partes, dicho formulario no podrá modificarse posteriormente.
La diputada Sepúlveda y los diputados Barros , Martínez y Urrutia , formularon indicación para reemplazar en el inciso primero del artículo 13, la palabra “cinco” por “siete”.
Se fundamentó la indicación en que se debía considerar un mayor plazo para suscribir los contratos, especialmente tratándose de agricultores que se residen en zonas rurales alejadas de los centros urbanos.
Sometidos a votación, los artículos 12 y 13 y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
“TITULO IV
De los efectos del Registro
Artículo 14.
Establece que el Registro de un contrato efectuado de la forma que se indica en la presente Ley y su Reglamento, lo hará oponible a terceros, dará a las partes los derechos e impondrá las obligaciones que se señalan en la presente Ley.
Dicha inscripción producirá sus efectos mientras no se cancele mediante el procedimiento establecido en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, se eliminarán del Registro todas las inscripciones de contratos agrícolas, transcurrido un año contado desde la fecha de término del contrato.
Cuando el contrato se hubiere registrado de acuerdo a lo prescrito en esta ley, el vendedor no podrá vender a terceros la producción objeto del contrato inscrito. En caso de incumplimiento de esta obligación no les será aplicable a las ventas posteriores a la inscripción, lo establecido en el artículo 1817 del Código Civil.
Quedan exceptuados de lo establecido en el inciso anterior los contratos que recaigan sobre excedentes de una determinada producción o sobre cuotas o partes de la misma producción, que no hubieren sido comprendidos en el contrato registrado originalmente.
En caso de existir discordancia entre lo señalado en el contrato objeto de inscripción, su modificación o cancelación, y lo consignado en el formulario, primará respecto de terceros, lo establecido en el formulario.
El diputado Chahín formuló indicación para reemplazar en su inciso tercero, la frase “la producción”, por la frase “los productos”.
Sin mayor debate, sometido a votación el artículo con la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor (8 de 9) los diputados Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Pérez Arriagada , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y el voto en contra (1 de 9) de la diputada Sepúlveda .
Artículo 15.
Presume la mala fe del vendedor en caso de inscribirse un contrato agrícola que recaiga sobre una producción que había sido comprometida previamente, en virtud de un contrato agrícola no inscrito.
El diputado Chahín presentó indicación para reemplazar, la frase “una producción que había sido comprometida”, por la frase “productos que habían sido comprometidos”.
La diputada Sepúlveda manifestó sus aprehensiones respecto a este tipo de disposiciones, pues las obligaciones siempre recaen sobre el vendedor (agricultor), sin establecer expresamente una obligación correlativa para el comprador (agroindustria), lo que puede transformar esta ley en una legislación pro industria y en perjuicio del agricultor.
El diputado Pérez Arriagada señaló que debería señalar “producto o productos”, para abarcar también la posibilidad de un producto en singular.
El asesor del Ministerio de Agricultura, don Andres Meneses , señaló que la indicación no es más que una adecuación del articulado a la definición de producto agrícola contenida en el artículo 3° de la ley.
Sometido a votación. el artículo con la indicación fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor (7 de 9) los diputados Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; en contra (1 de 9) el diputado Pérez Arriagada ; y con la abstención (1 de 9) de la diputada Sepúlveda .
Artículo 16.
Establece que sin perjuicio de otras normas particulares aplicables, la inscripción del contrato en el Registro hará fe entre las partes:
a) Del hecho de haberse otorgado el contrato respectivo y su fecha;
b) De las partes del mismo;
c) Del objeto del contrato;
d) De la fecha de término y;
e) Las demás disposiciones del contrato.
Respecto de terceros, hará fe de lo señalado en las letras a), b), c) y d) anteriores.
El Diputado señor Chahín presentó indicación para reemplazar el inciso final por el siguiente:
“Respecto de terceros, sólo hará fe de lo señalado en la letra a) anterior.”
El asesor del Ministerio de Agricultura, explicó que la indicación homologa el valor probatorio de este artículo con lo dispuesto en el Código Civil respecto de las escrituras públicas.
La diputada Sepúlveda solicitó votación separada respecto de la letra e) de este artículo.
Sometido a votación, el artículo con la indicación -excepto la letra e)- fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
Puesta en votación, la letra e) fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor (7 de 8) los diputados Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y en contra (1 de 8) la diputada Sepúlveda .
Artículo 17.
Establece que cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador al contrato agrícola registrado adquiera los productos objeto de dicha convención, ella será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados a aquel comprador.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°.
Para los efectos de esta Ley y de los del Código Civil, se presumirá la mala fe del vendedor y de los terceros adquirentes a los que se refiere el inciso primero del presente artículo.
Sin mayor debate, puesto en votación, el artículo fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor (7 de 8) los diputados Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia ; y en contra (1 de 8) la diputada Sepúlveda .
Artículo 18.
-Establece que cuando las partes hubieren estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el contrato agrícola, dicha cláusula no podrá exceder del doble del precio máximo determinable conforme al contrato y podrá incluirse en el formulario que se inscriba en el Registro . Un certificado de dicha inscripción emitido por el administrador del Registro constituirá título ejecutivo para todos efectos legales.
Para efectos de la ejecución a que se refiere el inciso anterior, se practicará la avaluación respectiva conforme al artículo 438 número 3° del Código de Procedimiento Civil.
El mérito ejecutivo del título al que se refiere este artículo prescribirá en el plazo de un año contado desde la fecha de término del contrato, o desde que las partes, de común acuerdo, practiquen la cancelación de la inscripción.
El diputado Chahín formuló indicación para reemplazarlo, por el siguiente:
“Artículo 18°.- Toda controversia entre las partes relativa a la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos regidos por las normas de la presente ley, se sustanciará mediante el Procedimiento Sumario contenido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, ante el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del productor.”
El asesor del Ministerio de Agricultura, don Andres Meneses , señaló que esta indicación recoge parte de los planteamientos surgidos en la discusión general y que buscaban establecer un mecanismo más rápido y económico se solucionar las controversias de las partes.
El diputado Barros destacó la incorporación del procedimiento sumario y la mención expresa de que el juez competente será aquel que corresponda al domicilio del productor.
Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Hernández , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
Artículo 19.
Establece que la inscripción del contrato conforme a esta Ley, en ningún caso afectará los derechos reales que correspondan a personas distintas del productor agrícola, constituidos sobre el predio en el cual se produzcan los bienes objeto del contrato.
El inciso segundo preceptúa que corresponderá a la contraparte del productor agrícola en los contratos regulados en esta Ley verificar el título al cual el productor explota el predio en el cual se producen los bienes objeto del contrato.
Sin mayor debate, puesto en votación, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
“ARTÍCULOS TRANSITORIOS
El artículo primero establece que la presente ley entrará en vigencia transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.
El artículo segundo dispone que el Reglamento que se establece para la aplicación de esta Ley deberá dictarse en el plazo de tres meses a contar de su publicación en el Diario Oficial, y será suscrito por los Ministerios de Agricultura y Economía, Fomento y Turismo.
El artículo tercero prescribe que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año de su publicación, se financiará con cargo al ítem de la partida presupuestaria Tesoro Público.
Sin debate, puestos en votación los artículos transitorios fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Sepúlveda y señores Alvarez-Salamanca , Barros , Martínez , Sabag , Sauerbaum y Urrutia .
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De conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Corporación se han efectuado correcciones formales en los artículos 14 permanente y tercero transitorio.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
No existen disposiciones ni indicaciones rechazadas.
VI. TEXTO DEL PROYECTO
Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo en un registro público, nacional y único.
Artículo 2°.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los contratos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción de dichos productos.
Artículo 3°.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Contrato agrícola o contrato: aquellos contratos de compraventa de productos agrícolas celebrados entre un productor agrícola y un agroindustrial o un intermediario.
b) Producto agrícola o producto: el que provenga directamente de la agricultura, esto es, aquella materia prima de origen vegetal o animal obtenida del cultivo de la tierra o de la ganadería, sea que se encuentre cosechada o pendiente.
c) Productor agrícola, productor o agricultor: persona natural o jurídica que produce las materias primas a que se refiere la letra b) de este artículo.
d) Agroindustrial: persona natural o jurídica que procese o utilice el producto agrícola.
e) Intermediario: persona natural o jurídica que concurra a la primera transacción de productos agrícolas como comprador con ánimo de vender, posteriormente, dichos productos.
f) Primera transacción: aquella en la que participen, por una parte, como vendedor, el agricultor y, por la otra, como comprador, el agroindustrial o intermediario.
g) Formulario: extracto electrónico que contiene las menciones del contrato agrícola o las de su modificación o cancelación, que serán publicadas en el registro.
h) Registro: el Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo.
i) Fecha de término del contrato o fecha de término: aquella estipulada por las partes que fija la época de cumplimiento de la última de las obligaciones principales del contrato, esto es, la entrega de los productos vendidos o el pago del precio.
Artículo 4°.- Las partes de los contratos agrícolas que se acojan a la presente ley, deberán suscribir el formulario a que se refiere la letra g) del artículo precedente, ante Notario Público, quien deberá estampar su firma electrónica avanzada. Con todo, el formulario podrá también ser suscrito a través de la firma electrónica avanzada de las partes, y en tal caso no se requerirá la intervención notarial. Una vez suscrito dicho formulario, se incorporará al Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con Entrega a Plazo y producirá los efectos establecidos en el Título IV de esta Ley.
Para todos los efectos de esta Ley la fecha del contrato será la de su registro.
TÍTULO I
De la inscripción del contrato de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo, de su modificación y su cancelación
Artículo 5°.- El formulario del contrato agrícola o de su modificación o cancelación, se inscribirá en el registro a que se refiere la letra h) del artículo 3.
Las partes que se acojan a la presente ley deberán autorizar expresamente el tratamiento de los datos que contenga el formulario.
Artículo 6°.- El formulario de inscripción del contrato agrícola contendrá las siguientes menciones:
a) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes contratantes;
b) Fecha de término del contrato agrícola;
c) Rol de avalúo del bien raíz en que se producen los bienes objeto del contrato;
d) En caso de que el productor agrícola no sea el dueño de la propiedad raíz, la identificación precisa del título en virtud del cual explota el predio a que se refiere la letra precedente;
e) La indicación de los productos objeto del contrato;
f) Total de la superficie cuya producción sea objeto del contrato y el rendimiento de la producción estimada en volumen o peso;
g) La indicación de estar comprándose el total o una parte de la producción señalada en el contrato agrícola, de conformidad a la letra f) anterior;
h) La autorización expresa de las partes para el tratamiento de los datos que contenga el formulario;
i) La cláusula penal, en caso de pactarse, que se hará efectiva ante el incumplimiento de cualquiera de las partes;
j) La estipulación expresa de que las partes acuerdan someterse a las normas de esta ley; y
k) En general, aquellas menciones que las partes convengan en publicar.
Artículo 7°.- En el formulario de modificación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se modifica;
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, las cuales deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o sus representantes o continuadores legales y;
c) Toda mención de las señaladas en el artículo anterior que se modifique.
Artículo 8°.- En el formulario de cancelación de los contratos agrícolas se registrarán:
a) El número de inscripción que se cancela;
b) Nombres y apellidos o razón social, y número de R.U.T., R.U.N., pasaporte o documento de identidad, según corresponda, de las partes concurrentes, las cuales deben ser las mismas que concurrieron a la primera inscripción, o sus representantes o continuadores legales y;
c) Causal que se invoca para la cancelación.
TÍTULO II
Del Registro de Contratos de Compraventa de Productos Agrícolas con entrega a plazo
Artículo 9°.- Créase el Registro de Contratos de Compraventas de Productos Agrícolas con entrega a plazo, que deberá constar en un sitio electrónico y al que se incorporarán los contratos agrícolas que se acojan a esta ley, su modificación y cancelación, para los efectos que se indican en el Título IV de la misma.
Este Registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público y deberá estar permanentemente actualizado, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el Registro .
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de su administración y de que dicho Registro cumpla en todo tiempo las normas de la presente ley y de su Reglamento. Para estos efectos, estará facultado para licitar la administración del Registro a un ente externo, en cuyo caso mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas antes señaladas. El administrador del Registro podrá certificar las inscripciones, modificaciones y cancelaciones que se practiquen.
Artículo 10.- Una vez suscrito el formulario de inscripción por todos quienes hubiesen comparecido al acto en conformidad con esta ley y su Reglamento, se incorporará automáticamente y sin más trámite en el Registro . Asimismo, toda modificación o cancelación del extracto ya inscrito, será incorporada de inmediato y sin más trámite al Registro . La fecha de registro del contrato será aquella en que el formulario sea suscrito por la última de las partes que concurran a él.
Artículo 11.- El Reglamento determinará la forma en que los formularios serán incorporados al Registro , así como los demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento y publicidad.
La incorporación de los contratos al registro se hará por estricto orden de ingreso.
TÍTULO III
De la suscripción de los formularios
Artículo 12.- La suscripción de los formularios de inscripción, modificación o cancelación, se realizará mediante documento electrónico con firma electrónica avanzada, de un Notario Público o de las partes, si la tuvieran.
El Reglamento determinará la forma en que se deberá acreditar la firma de los formularios por parte de los contratantes.
Los Notarios Públicos sólo podrán cobrar por la firma electrónica avanzada que estampen la tarifa fijada mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, emitido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ” y suscrito, además, por el Ministro de Justicia .
Artículo 13.- Se tendrá por no suscrito el formulario que no fuere firmado por todas las partes que comparecen al contrato, dentro del plazo de siete días hábiles contado desde la fecha en que se hubiere firmado ante notario, o estampado la primera firma electrónica.
El Reglamento dispondrá la manera de identificar el formulario, una vez que las partes hubieren comenzado a completar sus campos. Con la suscripción de una de las partes, dicho formulario no podrá modificarse posteriormente.
TITULO IV
De los efectos del Registro
Artículo 14.- El Registro de un contrato efectuado de la forma que se indica en la presente Ley y su Reglamento, lo hará oponible a terceros, dará a las partes los derechos e impondrá las obligaciones que se señalan en la presente Ley.
Dicha inscripción producirá sus efectos mientras no se cancele mediante el procedimiento establecido en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, se eliminarán del Registro todas las inscripciones de contratos agrícolas, transcurrido un año contado desde la fecha de término del contrato.
Cuando el contrato se hubiere registrado de acuerdo a lo prescrito en esta ley, el vendedor no podrá vender a terceros los productos objeto del contrato inscrito. En caso de incumplimiento de esta obligación no les será aplicable a las ventas posteriores a la inscripción, lo establecido en el artículo 1817 del Código Civil.
Quedan exceptuados de lo establecido en el inciso anterior los contratos que recaigan sobre excedentes de una determinada producción o sobre cuotas o partes de la misma, que no hubieren sido comprendidos en el contrato registrado originalmente.
En caso de existir discordancia entre lo señalado en el contrato objeto de inscripción, su modificación o cancelación, y lo consignado en el formulario, primará respecto de terceros, lo establecido en el formulario.
Artículo 15.- En caso de inscribirse un contrato agrícola que recaiga sobre productos que habían sido comprometidos previamente, en virtud de un contrato agrícola no inscrito, se presumirá la mala fe del vendedor.
Artículo 16.- Sin perjuicio de otras normas particulares aplicables, la inscripción del contrato en el Registro hará fe entre las partes:
a) Del hecho de haberse otorgado el contrato respectivo y su fecha;
b) De las partes del mismo;
c) Del objeto del contrato;
d) De la fecha de término y;
e) Las demás disposiciones del contrato.
Respecto de terceros, sólo hará fe de lo señalado en la letra a) anterior
Artículo 17.- Cuando una persona distinta de quien hubiere comparecido como comprador al contrato agrícola registrado adquiera los productos objeto de dicha convención, ella será para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato, por los perjuicios causados a aquel comprador.
La responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo no se extenderá a las ventas posteriores a aquella a la que se refiere la letra f) del artículo 3°.
Para los efectos de esta Ley y de los del Código Civil, se presumirá la mala fe del vendedor y de los terceros adquirentes a los que se refiere el inciso primero del presente artículo.
Artículo 18.- Toda controversia entre las partes relativa a la interpretación, aplicación o ejecución de los contratos regidos por las normas de la presente ley, se sustanciará mediante el Procedimiento Sumario contenido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, ante el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del productor.
Artículo 19.- La inscripción del contrato conforme a esta Ley, en ningún caso afectará los derechos reales que correspondan a personas distintas del productor agrícola, constituidos sobre el predio en el cual se produzcan los bienes objeto del contrato.
Corresponderá a la contraparte del productor agrícola en los contratos regulados en esta Ley verificar el título al cual el productor explota el predio en el cual se producen los bienes objeto del contrato.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.
Artículo segundo.- El Reglamento de esta Ley deberá dictarse en el plazo de tres meses a contar de su publicación en el Diario Oficial, y será suscrito por los Ministerios de Agricultura y Economía, Fomento y Turismo.
Artículo tercero.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año de su publicación, se financiará con cargo al ítem de la partida presupuestaria Tesoro Público.”.
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Se designó Diputado Informante al señor Rosauro Martínez Labbé .
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Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de 9 y 16 de abril; 7 y 14 de mayo; 4, 11 y 18 de junio, y 4 de julio de 2013.
Se contó con la asistencia de los diputados señores René Alinco Bustos , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez , Ramón Barros Montero , Eduardo Cerda García, Fuad Chahín Valenzuela , Javier Hernández Hernández , Rosauro Martínez Labbé , José Pérez Arriagada , Frank Sauerbaum Muñoz , Ignacio Urrutia Bonilla , y de las diputadas señoras Adriana Muñoz D’Albora , Denise Pascal Allende y Alejandra Sepúlveda Órbenes . Asistieron además, los diputados señores Andrade , en reemplazo de Pascal; Bauer , en reemplazo de Barros; Cardemil , Jaramillo y Vilches , en reemplazo de Hernández.
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 2013
(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS , Abogada Secretaria de Comisiones
8. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto de ley que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paiguano, en Región de Coquimbo. (boletín N° 8764-06).
“La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en un mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”.
I. MENCIONES REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Antes de hacer mención al estudio y tratamiento dado por esta Comisión a la nueva normativa propuesta por el Ejecutivo, cabe hacer presente lo siguiente:
a) Que la idea matriz de ella es modificar, en la forma que indica, los límites existentes entre las comunas de Vicuña y Paiguano.
b) Tanto el artículo permanente, como los artículos transitorios sexto y octavo, son de carácter orgánico constitucional, en razón de lo dispuesto en el artículo 110 de la Carta Fundamental, respecto del permanente; 118 de la misma, en lo referente al artículo sexto transitorio; y 18 de aquella, en lo que dice relación con su artículo octavo transitorio.
c) Los artículos primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno transitorios deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
d) Que fue aprobado, en general, por la unanimidad de los presentes (8), con los votos de los señores Becker, Browne, Farías, Lemus, Morales, Ojeda, Rosales y Schilling.
e) Que fue designado Diputado Informante el señor Rosales, don Joel.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
a) El Mensaje.
A decir de este, que, como se señaló, se limita a modificar los límites existentes entre una pareja de comunas vecinas, se basa en el principio que exige adecuar, cada cierto tiempo, la estructura en que se halla dividido territorialmente nuestro país, con el propósito de adecuarla a las nuevas situaciones que se han presentado en el intertanto y que son necesarias para dar solución a las dificultades administrativas que allí se presentan y aquellas que dicen atingencia con sus habitantes.
En lo que respecta a la localidad conocida como “Tres Cruces”, junto al límite entre ambas comunas, pero inserta territorialmente en la de Vicuña, se estima del caso ser traspasada en su integridad a la comuna de Paiguano, toda vez que, en este momento, su administración se realiza desde tal municipio y sus habitantes poseen fuertes vínculos con ella.
b) Normativa relacionada con el proyecto.
El artículo 18 de la Constitución Política consagra la existencia de un sistema electoral público, entregando a una ley orgánica constitucional la regulación de la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios; para agregar, más adelante, que una normativa del mismo carácter, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el mismo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos exigidos al efecto.
El artículo 110 de la Ley Fundamental, en su inciso segundo, preceptúa que la creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, como asimismo, la modificación de sus límites serán materia de ley orgánica constitucional.
El artículo 115 del mismo Texto indica que para el gobierno y administración interior del Estado se observará, como principio básico, la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo.
Por su parte, el artículo 118 de la Constitución, en su inciso quinto, encomienda a una ley orgánica constitucional determinar las funciones y atribuciones de las municipalidades.
El artículo 65 del Texto Constitucional, en su inciso tercero, entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva respecto de las iniciativas legales que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado; agregando, en su inciso cuarto, N°1, que tal exclusividad comprende la de imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión.
La ley N°18.715, que modificó la división política y administrativa del país, en lo que respecta a la división comunal de las provincias que señala, entre otras materias relativas a dicha división, indicando, pormenorizadamente, sus nuevos límites, en su artículo primero transitorio facultó al Presidente de la República para que, en el plazo allí aludido, mediante D.F.L., efectuara las precisiones que identificaran, con mayor certeza, los límites vigentes, en ese entonces, de las comunas y las delimitaciones comunales; de cada provincia, de conformidad a las comunas que las integraban; y, finalmente, de cada región del país.
Cabe señalar que a la referida delegación responde el decreto con fuerza de ley que la iniciativa en estudio propone modificar en su artículo permanente.
El decreto ley N° 3063, de 1979, conocido como Ley de Rentas Municipales, en su artículo 38 contiene los indicadores a los que habrá de sujetarse la distribución del Fondo Común Municipal.
III. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
a) En general
Durante el debate del proyecto, fueron oídos, por una parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , junto al geógrafo señor Benjamín Valle y al asesor legislativo, abogado señor Álvaro Villanueva ; y por la otra, las siguientes representantes de las comunas cuyos límites son modificados: la Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Vicuña, señora Lisbeth Espinoza , y la Encargada de Proyectos de la I. Municipalidad de Paiguano, señora Verónica Silva .
A continuación, se indica lo manifestado por las autoridades y representantes señaladas, durante la discusión en general del proyecto:
1.- El Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores , aludiendo en primer término al contexto jurídico institucional en que se enmarca el proyecto de ley, señaló que la Constitución Política dispone, en el inciso segundo de su artículo 110, que: “La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”; que, a su vez, el decreto con fuerza de ley Nº3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, precisa las delimitaciones de las comunas del país, en cada caso, y que, finalmente, la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 36 dispone que “Corresponderá al consejo regional: i) Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional, y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado,…”.
Refiriéndose al cambio de límites específico que este proyecto propone, señaló que se motiva en la situación de la localidad denominada “Tres Cruces”, que hoy pertenece, en términos territoriales, a la comuna de Vicuña y, sin embargo, su administración se efectúa desde la municipalidad de Paiguano. Es una localidad habitada por quinientas (500) personas, distante a 3 kms. de Paiguano y 20 kms. de Vicuña, que cuenta con escuela básica, centro comunitario, jardín infantil y el cementerio de Paiguano. Agregó que la comunidad que allí habita presenta lazos identitarios con la comuna de Paiguano, y no así con la de Vicuña, de modo que, por ejemplo, está inscrita y sufragó en las últimas elecciones municipales por los candidatos a alcalde y concejales de Paiguano y, por otra parte, las organizaciones comunitarias de Tres Cruces están inscritas en el registro de esta última comuna.
Atendiendo a tales antecedentes, agregó, es que el Gobierno elaboró este proyecto de ley que, en su artículo permanente, incorpora o traslada, íntegramente, el sector o localidad de Tres Cruces al territorio de la comuna de Paiguano, modificación en que ambas municipalidades están de acuerdo y, a la vez, el Consejo Regional de Coquimbo, con fecha 5 de octubre de 2011, manifestó su parecer favorable. Detalló que el territorio total que se propone traspasar, es de 18,16 km2, gran parte del cual corresponde, aseguró, a terreno montañoso, no productivo, y lo expuso y describió ante la Comisión mediante fotografías satelitales.
En complemento de la modificación de límites antes descrita, agregó que, en su articulado transitorio, el proyecto se hace cargo de los diversos efectos derivados de la modificación de límites propuesta, destacando, especialmente, la solución que el proyecto contempla a favor de los particulares propietarios de inmuebles ubicados, total o parcialmente, en el territorio que se transfiere de una comuna a la otra, los que podrán, dentro del año siguiente a la publicación de la ley, efectuar las modificaciones de inscripción de los títulos en los registros del Conservador de Bienes Raíces respectivo, transferencias, destacó, que estarán exentas de impuestos y derechos. Recordó que esta solución la adopta el proyecto, desde la ley Nº 20.578, que modifica algunos límites intercomunales en las regiones de Coquimbo, de Los Lagos y de la Araucanía, y que, en su artículo quinto transitorio, dispone que “Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de publicación de la presente ley (ocurrida el 24 de marzo de 2012), sean propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados, en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha indicada, efectuar las modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del artículo precedente.”; pero, esta vez lo hace duplicando el plazo, estableciéndolo en un año, por considerar que los seis meses que contempló la ley anterior resultan ser un plazo breve para estos efectos.
2.- La Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Vicuña , señora Espinoza , por su parte, señaló enfáticamente que ese municipio no administra ni se hace cargo, en forma alguna, del territorio contemplado en el proyecto de ley y que corresponde a la localidad de Tres Cruces, de forma tal que el alcalde ha manifestado su pleno acuerdo en la solución propuesta por el proyecto de ley en debate.
3.- La Encargada de Proyectos de la I. Municipalidad de Paiguano, señora Silva , manifestó que efectivamente, y coincidentemente con lo planteado por el Ejecutivo , en la localidad existe una total identificación con la comuna de Paiguano, en grado tal que muchos de sus habitantes simplemente ignoraban que el sector pertenecía al territorio de Vicuña. Afirmó que existen antecedentes escritos en el municipio, de que tanto la escuela como el cementerio del lugar son atendidos y administrados, en lo pertinente, por la municipalidad de Paiguano.
Concluyó señalando que, según antecedentes que ha podido determinar, habría existido un error o equívoco en el nombre de los hitos geográficos que determinan los límites entre las dos comunas, por lo que ratificó la total disposición de la municipalidad de Paiguano en orden a que ese territorio sea incorporado, formal y definitivamente, a su jurisdicción.
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La Comisión compartió plenamente los fundamentos y antecedentes proporcionados por el Ejecutivo , aprobando, por asentimiento unánime, con los votos de los señores Diputados individualizados en la primera parte del presente informe, la idea de legislar en las materias abordadas por la iniciativa en estudio.
b) En particular
La totalidad del articulado del proyecto de ley en cuestión, esto es, su artículo permanente y sus nueve (9) artículos transitorios, fueron aprobados, en una única votación, por la unanimidad de los presentes (8 votos), de los mismos señores Diputados que participaron en la votación en general.
Artículo único
Éste, modifica el límite que divide a las comunas de Vicuña y Paiguano y que fuera fijado por los números que indica del artículo 4°, letra A, numerales 5 y 6), del D.F.L. N° 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero
Posterga, para el año siguiente a la publicación de esta ley, los efectos que producirán las modificaciones de límites contenidos en sus disposiciones permanentes en cuanto al cálculo de los indicadores de distribución del Fondo Común Municipal.
Artículo segundo
Obliga a los órganos del Estado a emprender todas aquellas medidas que sean adecuadas para la actualización de su información, relativa a su quehacer, que eventualmente fuere afectada por esta normativa.
Artículo tercero
Estatuye que todos los juicios que se encuentren pendientes, al publicarse esta ley, ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales fueren alterados con motivo de la aplicación de sus disposiciones, continuarán tramitándose en los mismos hasta su término.
Artículo cuarto
Se ocupa de regular la situación de aquellos inmuebles que sean de propiedad de algunos de los municipios aludidos en esta iniciativa legal y que, en razón de lo dispuesto por ella, queden ubicados en otra comuna. Al efecto, señala que tales bienes habrán de ser transferidos gratuitamente a aquél en cuyo territorio definitivamente se encontrarán (inciso primero).
Por otra parte, y en consonancia con lo señalado, obliga a los conservadores de bienes raíces correspondientes a practicar las inscripciones de tales transferencias, a solicitud del alcalde de la comuna beneficiaria (inciso segundo).
Ahora bien, si alguno de dichos inmuebles quedare ubicado en dos de las comunas aludidas en esta ley, se subdividirá el predio, transfiriéndose sólo aquella parte de él que quede situada dentro del territorio redestinado (inciso tercero).
En lo que dice relación con los bienes muebles que guarnecen los señalados bienes raíces, les hace aplicable la misma normativa precitada; la que también se hará extensiva a aquellos otros bienes muebles que convengan los alcaldes respectivos (inciso cuarto).
Finalmente, exime del pago de impuestos y de los derechos que impliquen tales inscripciones (inciso quinto).
Artículo quinto
Faculta a las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles que, con motivo de la ley en proyecto, queden ubicados, total o parcialmente, en la otra comuna, para proceder a modificar la inscripción de los títulos respectivos en el conservador de bienes raíces correspondiente, dentro del plazo que señala, haciéndolas partícipes de las mismas exenciones contempladas en el último inciso del artículo anterior.
Artículo sexto
Señala que los créditos y obligaciones contraídas por los municipios contemplados en esta iniciativa, antes de su publicación, y que tengan su origen o su implicancia en territorios que sean trasladados en virtud de sus disposiciones, serán administrados por aquellos que vean incrementada su superficie, con cargo a su presupuesto, a contar del año siguiente al de la publicación de esta ley.
Artículo séptimo
Esta norma faculta al Presidente de la República , dentro del plazo que señala, contado desde la publicación de esta ley, para que, vía decreto con fuerza de ley, traspase entre las municipalidades en ella aludidas, sin alterar su calidad jurídica y sin solución de continuidad, a aquellos funcionarios de planta que, a tal momento, desempeñen sus labores en dependencias municipales situadas en el territorio que perteneció al otro municipio nombrado, disminuyendo consecuencialmente, la dotación máxima de este último, de pleno derecho (inciso primero y segundo).
Señala que los señalados traspasos de personal no se considerarán causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o fin de la relación laboral (inciso tercero).
Preceptúa que la aplicación de este artículo no podrá implicar una disminución de remuneraciones, como, tampoco, alteración de los derechos estatutarios y previsionales; y que toda diferencia que se produzca habrá de ser pagada por planilla suplementaria, que será absorbida por los futuros mejoramientos remuneracionales, excepción sea hecha de los reajustes generales del sector público, y mantendrá su imponibilidad (inciso cuarto).
Finalmente, este artículo se hace aplicable, asimismo, a los funcionarios que se desempeñen en dependencias que se encuentren en la misma situación anterior, ubicadas en el territorio que se traspasa y que estén regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal o por el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo que fuere pertinente.
Artículo octavo
Se hace cargo de las personas inscritas en alguna de las juntas inscriptoras correspondiente a una de las comunas referidas, que tengan registrado su domicilio en un lugar que haya sido traspasado a otra, serán inscritas en la junta correspondiente de su nueva comuna.
Artículo noveno
Se ocupa de las personas naturales o jurídicas que, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley N°20.578 -modificatoria de límites intercomunales en las Regiones de Coquimbo y de Los Lagos-, siendo propietarias de inmuebles que, a tal fecha, hayan dejado de estar ubicados, en todo o en parte, en algunas de las comunas allí señaladas, facultándolas para realizar las modificaciones de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, trámite que exime del pago de los derechos correspondientes.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
No las hay.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No hay indicaciones en este supuesto.
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Concluida la discusión y votación del proyecto, la Comisión somete a consideración de la H. Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único.- Modifícase el límite existente entre las comunas de Vicuña y Paiguano, fijado para ellas en el artículo 4º, literal A, números 5 y 6 del decreto con fuerza de ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, incorporándose a la comuna de Paiguano el sector de la comuna de Vicuña ubicado al sur y al oriente del siguiente límite:
Modifícase el límite existente entre las comunas de Vicuña y Paiguano, fijado para ellas en el artículo 4º, literal A, numerales 5 y 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3-18.715, de 1989, del Ministerio del Interior, incorporándose a la comuna de Paiguano el sector de la comuna de Vicuña ubicado al sur y al oriente del siguiente límite:
La línea de cumbres que limita por el norte la hoya de la quebrada Paiguano y el río Claro o Derecho, desde la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del río Turbio hasta el origen de la quebrada La Zorra, pasando por el cordón Punta Blanca y la cota 1662; la quebrada La Zorra , desde su origen hasta el lindero oriente del predio rol 1038-13; el lindero oriente y sur del predio rol 1038-13, desde su intersección por la quebrada La Zorra hasta el lindero sur del predio rol 1038-15; el lindero sur y oriente del predio rol 1038-15, y su prolongación, desde el lindero sur del predio rol 1038-13 hasta el antiguo camino Variante Rivadavia-Tres Cruces ; el antiguo camino Variante Rivadavia-Tres Cruces , desde su intersección por la prolongación del lindero oriente del predio rol 1038-15 hasta su intersección por la prolongación del lindero poniente del predio rol 30-17; la línea recta, desde la intersección de la prolongación del lindero poniente del predio rol 30-17 al camino antiguo Variante Rivadavia-Tres Cruces hasta la cota 1535, en la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del río Claro o Derecho; y la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del río Claro o Derecho, desde la cota 1535 hasta la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Elqui, pasando por los cerros La Campana y El Molle.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Los efectos de la modificación de límites, establecida en el artículo precedente, que incidan en el cálculo de los indicadores de distribución del Fondo Común Municipal, a que se refiere el artículo 38 del Decreto Ley Nº3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado está fijado en el Decreto Supremo Nº 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, regirán a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo Segundo.- Los organismos públicos deberán adoptar todas las medidas necesarias para actualizar la información atingente a sus funciones que pueda ser afectada por las modificaciones de límites dispuestas en virtud de este cuerpo legal.
Artículo Tercero.- Las causas judiciales, de cualquier naturaleza, que se encuentren pendientes a la fecha de publicación de la presente ley, y que se sigan ante tribunales cuyos territorios jurisdiccionales comprenda el límite intercomunal modificado por ella, continuarán tramitándose ante aquellos hasta su total conclusión, en lo que correspondiere.
Artículo Cuarto.- Las municipalidades contempladas en la presente ley que, a la fecha de su publicación, sean propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que, en virtud de las disposiciones de ella, han dejado de formar parte de su respectiva comuna, los transferirán en dominio, a título gratuito, a la municipalidad dentro de cuyos nuevos límites comunales queden comprendidos dichos inmuebles, quedando autorizadas para efectuar estas transferencias por el solo ministerio de la ley.
En virtud de lo anterior, los conservadores de bienes raíces respectivos procederán a inscribir los inmuebles que se transfieran a nombre de la municipalidad que sea nueva propietaria, con motivo de requerimiento escrito presentado por el alcalde de la comuna adquirente.
En caso que alguno de los inmuebles a que se refiere el inciso presente, como consecuencia de las disposiciones de la presente ley, quedare situado en dos comunas, se transferirá el dominio sólo de la parte correspondiente, subdividiéndose el predio por el solo ministerio de la ley.
Lo señalado en los incisos precedentes podrá aplicarse a los bienes muebles que guarnecen dichos inmuebles y los demás que convengan los respectivos alcaldes.
Las transferencias de bienes indicadas en el presente artículo estarán exentas de impuesto y de los derechos que procedan por tales inscripciones.
Artículo Quinto.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de publicación de la presente ley, sean propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que, en virtud de sus disposiciones han dejado de estar situados, en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas, podrán, dentro del año siguiente a la fecha indicada, efectuar las modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador correspondiente, gozando de los beneficios descritos en el inciso final del artículo precedente.
Artículo Sexto.- Los créditos y obligaciones contraídos, por las municipalidades contempladas en la presente ley, con anterioridad a la publicación de esta, que correspondan o incidan en territorios que dejan de pertenecer a sus respectivas comunas, en virtud de las disposiciones del presente cuerpo normativo, serán administrados por la municipalidad que incorpora dichos territorios dentro de sus nuevos límites comunales, con cargo al presupuesto de esta, a contar del año siguiente al de publicación de la presente ley.
Artículo Séptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de ciento ochenta días contado desde la publicación de la presente ley, mediante decreto con fuerza de ley, expedido por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, traspase, entre las municipalidades indicadas en esta, sin alterar la calidad jurídica de la designación y sin solución de continuidad, a funcionarios de las plantas respectivas que, a la fecha señalada, se desempeñen en dependencias municipales ubicadas, físicamente, en territorios que han pasado a formar parte de otra de las comunas señaladas.
Los cargos que quedaren vacantes se suprimirán, de pleno derecho, en la planta de personal de la municipalidad respectiva. Del mismo modo, la dotación máxima de esta disminuirá en el número de cargos traspasados.
Los traspasos de personal que se dispongan, de conformidad con este artículo, no serán considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
La aplicación de esta norma no significará disminución de remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.
Lo señalado precedentemente se aplicará, también, a las personas que se desempeñan en dichas dependencias y que se rijan por lo dispuesto en la ley Nº 19.378, que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, o en la ley Nº 19.070, que Aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en lo que correspondiere.
Artículo Octavo.- Para efectos de actualizar el Registro Electoral, el Servicio Electoral procederá a realizar las modificaciones que correspondiere de aquellos domicilios electorales cuyas comunas cambian en virtud de las disposiciones de la presente ley.
Artículo Noveno.- Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de publicación de la Ley Nª 20.578, que Modifica los Límites Intercomunales en la Región de Coquimbo y en la Región de Los Lagos, hayan sido propietarias de bienes inmuebles situados en territorios que, en virtud de disposiciones de aquella hayan dejado de estar situados, en todo o en parte, en algunas de las comunas señaladas en su articulado, podrán, dentro del año siguiente al de publicación de la presente ley, efectuar las modificaciones de inscripción de los títulos en el registro del conservador correspondiente, estando exentas dichas inscripciones de los derechos que procedan.”.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de 9 de julio de 2013, con la asistencia de los señores Becker ( Presidente ), Browne , Campos, Cerda , Farías , Hoffmann , doña María José , Lemus , Morales , Ojeda , Rosales , Schilling , Vallespín , Venegas y Ward .
Sala de la Comisión, a 11 de julio de 2013.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”
9. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, en Segundo Trámite Constitucional, que “Regula la actualización de los padrones electorales.”. (boletín N° 8972-06) (S). En Tabla.
“Valparaíso, 17 de julio de 2013
El abogado Secretario de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, que suscribe, certifica:
Que el texto que se reproduce, debidamente autenticado, contiene el proyecto de ley, de origen en Mensaje y en segundo trámite constitucional, que regula la actualización de los padrones electorales (Boletín N°8972-06), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, tal como fue aprobado por esta Comisión, por asentimiento unánime, tanto en general como en particular, en idénticos términos a los propuestos por el H. Senado, en sesión celebrada el día de hoy, con los votos de los señores Becker ( Presidente ), Auth , Bauer , Cerda , Farías , Lemus , Ojeda , Pérez, don Leopoldo , Rosales y Ward. Lo hicieron en contra los señores Lemus y Ojeda ; absteniéndose el señor Schilling .
Cabe hacer presente que el artículo único de la iniciativa es de quorum orgánico constitucional, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo N°18 de la Constitución Política de la República.
La Comisión acordó que el informe se emita en forma verbal directamente en la Sala por parte del señor Felipe Ward.
En consecuencia, ella propone a la consideración de la H. Sala de esta Corporación, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Incorpórase a la ley N°18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, el siguiente artículo 28 bis:
“Artículo 28 bis.- En la elaboración del Padrón Electoral que se señala en el artículo 30, el Servicio Electoral excluirá a los electores de ochenta o más años de edad, que no contaren con sus documentos de identidad vigentes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N°18.700, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos once años anteriores a la fecha establecida en el artículo anterior, de acuerdo a la información que al respecto le proporcione el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Servicio Electoral confeccionará una nómina especial que singularizará a los electores excluidos en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, quienes se considerarán inhabilitados para sufragar en la respectiva elección, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final. Esta nómina especial será pública, en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero del artículo 31 y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33, en lo relativo a las normas de publicidad y procesos de auditoría.
Entre los ciento ochenta y los noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral , la circunstancia de haber sido o de poder ser excluidos del Padrón Electoral de la elección de que se trate, en virtud de este artículo.
Asimismo, el Servicio Electoral deberá informar a los electores de la exclusión del Padrón, a través del sistema de consulta disponible en su sitio web y en la línea telefónica a que se refiere el inciso segundo del artículo 7°.
Los electores excluidos en virtud de este artículo podrán reclamar del hecho de la exclusión, por escrito o verbalmente, dentro de los diez días siguientes a la publicación del Padrón auditado, ante el Tribunal Electoral Regional de su domicilio electoral, según lo dispuesto en el artículo 47.
La exclusión dispuesta en este artículo sólo procederá respecto del Padrón que el Servicio Electoral confeccione para cada elección en particular y, en ningún caso, procederá respecto del Registro Electoral .”.”.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”
Informe de la Comisión Evaluación de la Ley en la reunión con la OCDE en París el 29 de mayo del 2013.
“Honorable Cámara:
Vengo en informar que de acuerdo a lo establecido en los trabajos conjuntos entre nuestra Comisión de Evaluación de la Ley/OCDE, tuvimos una larga reunión con el Sr. Mario Marecel , Director Subrogante de la Dirección de Gobierno Público y Desarrollo Territorial y con otros integrantes de la División, junto con el Secretario de la Comisión Evaluación de la Ley , señor Rene Arrayet .
En dicha reunión se analizó el trabajo realizado conjuntamente hasta la fecha, también conversamos sobre el avance en relación al tema de “Seguimiento Presupuestario” y realizar a futuro un Seminario en Santiago sobre este tema para intercambiar las funciones y experiencias mutuas.
Conversamos sobre la actual situación del debate presupuestario en Chile. Recordemos que hasta el día de hoy, el Congreso realiza normalmente entre los meses de Septiembre y Noviembre de cada año la discusión de la Ley de Presupuesto, a través de la Comisión Mixta y de sus respectivas y diversas comisiones, para su posterior aprobación.
Cabe señalar que las diversas comisiones efectúan un profundo y minucioso análisis del presupuesto de gastos, sin embargo, en cuanto al presupuesto de ingresos, solamente procede a su autorización, ya que no tiene potestad alguna para realizar modificaciones.
En este sentido, y con el objetivo de iniciar una discusión sobre la importancia de que el Congreso también se pronuncie sobre el presupuesto de ingresos con igual nivel de profundidad, estimo conveniente promover una discusión al interior de la Comisión de Presupuestos del Congreso y, especialmente, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de realizar dicho análisis.
En este sentido les informamos que este será un tema nuevo que propondremos a la Mesa de la Cámara de Diputados a objeto de ilustrar a esta rama del poder legislativo respecto de los escenarios posibles para el financiamiento de la Ley de Presupuestos, en cuyo proceso este nuevo Departamento de Evaluación de la Ley puede contribuir con su experiencia, además de convocar a diversos centros de estudios y de asesoría legislativa para que presenten estimaciones relacionadas con las principales fuentes de ingresos establecidos en el presupuesto respectivo.
Con dicho Seminario, se dará forma a la extensión del Acuerdo con la OCDE para el desarrollo sobre el seguimiento presupuestario, dentro del contexto Evaluación de la Ley, además por parte de Chile, los invitados serían Ministros, Contralor, Rectores , Institutos Públicos.
También analizamos en detalle una propuesta de la OCDE en relación a un proyecto de trabajo legislativo en este sentido. Anexo 1
También informamos en detalle al Sr. Marcel de los nuevos análisis y evaluaciones que estamos realizando, con copia de los informes respectivos, así como el que vamos a iniciar ahora en relación a la Ley 20.000 sobre Drogas, lo cual manifestó su gran interés de apoyarnos.
Cabe destacar que tuvimos una extensa reunión de trabajo con los Parlamentarios mexicanos y su Embajador ante la OCDE, para realizar un trabajo conjunto a futuro con dicho Parlamento, quienes se basarán en nuestra comisión para iniciar una similar en México. Anexo 2
Por último, manifestar la complacencia de la OCDE por el trabajo que hasta la fecha hemos desarrollado y su disposición a mantener e incrementar dicho acuerdo e incluso evaluar su existencia a otros países de la OCDE.
Es cuanto puedo informar a la Honorable Cámara de la misión Oficial encomendada.
Valparaíso, Julio de 2013
(FDO.) PABLO LORENZINI BASSO, Diputado.
Informe sobre participación de los diputados señores Pablo Lorenzini (jefe de delegación), el señor diputado , Eugenio Bauer y el senador Andrés Zaldívar en seminario parlamentario de alto nivel, efectuado por la OCDE los días 17 y 18 de junio en Estocolmo, Suecia.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar acerca de la participación que nos correspondió efectuar en el seminario organizado por la OCDE, realizado los dias 17 Y 18 de Junio, es primera vez que este Seminario se realiza en el Parlamento Sueco.
Asistieron formando parte de la delegación, el diputado señor Eugenio Bauer y el suscrito, como punto focal de la Cámara de Diputados de Chile ante la OCDE. Además en representación del Senado nos acompañó el Honorable Senador Andrés Zaldivar .
I. ANTECEDENTES.
La OCDE en forma anual desarrolla dos Seminarios de Alto Nivel destinado a parlamentarios de los países miembros, cuyo tema central durante esta versión fue “Desde la turbulencias económicas hasta el crecimiento inclusivo: Lecciones del modelo económico”.
Recordemos que por primera vez el año pasado en Marzo se realizó el Seminario de Alto Nivel Parlamentario en Santiago de Chile.
II. ALMUERZO DE TRABAJO PARLAMENTARIO.
Durante el almuerzo realizado el día 17 de Junio en el Riksdag Building, el, Señor Anthony Gooch , Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, expuso los lineamientos generales del Seminario y las publicaciones y trabajos realizados (Anexo 2).
III. SEMINARIO PARLAMENTARIO.
El Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE dio la bienvenida a las delegaciones integrantes de la red parlamentaria de la organización.
El Seminario comenzó con la exposicion de los Profesores y Expertos Andreas Bergh y Asa Lofstrom , en la cual principalmente se refirieron al crecimiento inclusivo y su estrategia buscando que los Parlamentarios presentes reflexionen acerca de cuáles elementos deberá contener un marco para políticas públicas orientadas al Crecimiento Inclusivo así como acerca de potenciales obstáculos para un diseño e implementación de las mismas.
El debate acerca de las metodologías para definir y medir el crecimiento inclusivo, busca mejorar nuestra comprensión de los costos y los beneficios de unir los conceptos de conceptos “crecimiento “ e “ inclusión” en políticas públicas de crecimiento inclusivo.
Se señaló que la comunidad mundial está requiriendo un cambio con soluciones que agilicen el crecimiento económico inclusivo de forma tal que el “reparto” sea más igualitario y equitativo, los beneficios del crecimiento experimentado durante los últimos 15 años han sido distribuidos de manera desigual. En los países de la OCDE la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado sus niveles más altos de los últimos 30 años.
La desigualdad de los ingresos también ha aumentado significativamente en los países en vías de desarrollo, menos Brasil, Chile y México donde se observa una disminución relativa de la desigualdad durante los últimos 15 años. De todas formas, estos países se mantienen entre las sociedades más desiguale del mundo.
Se necesita, fue el comentario generalizado de los Parlamentarios, recuperarnos de la crisis social con políticas públicas activas y novedosas para lograr una nueva visión de crecimiento inclusivo que combine el crecimiento económico con un mejoramiento en la calidad de vida de la gente, pero la enequidad es un fenómeno complejo y tiene más dimensiones que la disparidad de los ingresos. Algunos grupos de la población, especialmente los menos educados y de menores ingresos, tienen vidas de menor duración, son menos activos social y políticamente, tienen mayores y más frecuentes problemas de salud y tienen hijos con menor rendimiento escolar. La “población desaventajada” está más expuesta a la inseguridad, al crimen y 1 degradación ambiental.
Pero la inequidad se muestra también en la dimensión espacial de las condiciones de vida y de trabajo de las personas. En los países ricos, la desigualdad es mayor en las grandes urbes que en ciudades más pequeñas o áreas rurales. En países en vías de desarrollo, la “ventaja urbana” persiste fuertemente.
La pobreza afecta cada vez más a niños, jóvenes, mujeres e inmigrantes. Hace dos décadas los más vulnerables eran los adultos mayores. La pobreza de la juventud está fuertemente ligada a la falta de empleo. En los países de la OCDE hay cerca de 8 millones de jóvenes sin empleo ni estudios.
A continuación se produjo un amplio debate con discusión apasionada de los señores parlamentarios (entre ellos losl Chilenos Zaldivar , Lorenzini y Bauer) en relación al trabajo conjunto de los Parlamentos Nacionales con la OCDE y sus expertos. Los parlamentarios solicitaron más atención de la OCDE a ellos y no solo a los Gobiernos miembros y que se debe compartir con los Congresos y sus miembros los detalles de los diferentes informes que esta Institución evacua y que además debería funcionar mejor la denominada “Red Parlamentaria OCDE” mediante la cual la OCDE también recibe y considere los aportes que los diferentes Parlamentos puedan contribuir.
A continuación, el Señor Anthony Gooch , actualizó el trabajo y los índices de la OCDE, respecto al Índice de Calidad de Vida , mostrando la situación actual en los diferentes países miembros con sus perspectivas y posibilidades de mejoramiento, especialmente las preferencias y sugerencias de las ciudades que han contestado las diferentes encuestas que se han realizado. En Anexo 3 se podrá apreciar un detalle de esta problemática.
Una de las preguntas que se respondió y analizó durante el Foro es la siguiente:
¿Cuál es el mayor reto al que nos enfrentamos hoy en día puestos de trabajo, la desigualdad, la confianza?
¿Cómo pueden los gobiernos crear empleos, reconstruir confianza y asegurar un futuro sostenible para todos? Ministros y líderes de empresas, los sindicatos, la sociedad civil y la academia deben centrarse en la búsqueda de soluciones.
Los diversos debates deben centrarse en tres principales temas que promueven el crecimiento inclusivo, la reconstrucción de la confianza y el fomento de la sostenibilidad.
Durante la cena de trabajo el Embajador Permanente de Suecia en la OCDE, Señor Anders Ahnlid, dio a conocer las cifras, éxitos y problemas actuales en dicho país.
Posteriormente, se analizó el denominado “Modelo Sueco”, basado en su sistema tributario, distributivo y laboral, considerando la inmigración (Chile tiene bastantes) y como han logrado un equilibrio entre estos factores. La credibilidad unánime en el Modelo por parte de sus ciudadanos le da credibilidad y más aún al tener suficiente transparencia.
La coordinación político - fiscal - financiera es una de sus fortalezas teniendo una proyección fiscal razonable y segura lo que le da estabilidad. Otros de los temas es la Seguridad Social y la mantención de desigualdades razonables. (en Anexo 4 se adjuntan detalles de esta exposición), causó sorpresa la ubicación de nuestro país como el más desigual.
Sin lugar a dudas, el tema más interesante y novedoso para los parlamentarios Chilenos, que tuvieron activa participación en estos debates, corresponden a la denominada Institución Fiscal Independiente o como en chile se espera legislar llamando aquí Consejo Fiscal. Se señaló que es necesario tener un Consejo Fiscal Independiente, que no dependa del Gobierno, que tenga reglas claras de conducción y cuya conformación sea transparente e integradora y lo principal, con presupuesto independiente y suficiente para cumplir con su labor.
La OCDE ha realizado un arduo trabajo en este sentido y emitido algunos informes, destacada participación tuvo el señor Mario Marcel ( Deputy Director Public Governance and Territorial Development OCDE).
Nuestros representantes comentaron que en Chne recién comienza él déba1e sóbre las perspectivas, objetivos y funciones de un eventual Consejo Fiscal que se ha propuesto crear, escuchando el clamor de muchos, para seguir la tendencia de Jos principales paises de la OCDE. En efecto, nuestra institucionalidad no cuenta en la actualidad con un organismo que proyecte los eventuales déficits, que participe Jos ciclos económicos y Jos vaivenes de la economía y que principalmente refuerce la disciplina fiscal. A lo anterior, esta nueva institucionalidad debería promover la transparencia, fomentar el debate y reducir los efectos de informaciones contradictorias entre los distintos actores.
Los expertos de la OCDE recomendaron a que todos Jos países miembros deben tener a la brevedad posible un Consejo Fiscal, el cual donde existe ha sido clave en varios países y su interacción con el Parlamento se da en forma natural (o reglada) para asesorar al Ejecutivo en sus decisiones fiscales sobre todo a medio y largo plazo, participando activamente en el debate, con informes regulares entregando mejores bases para la toma de decisión adecuada de las autoridades.
Finalmente se debatió sobre ¿cuál es su rol? ¿Cual su independencia? ¿Cual su autoridad? ¿Solo análisis de la macroeconomía y normas fiscales o también el empleo, el crecimiento y la distribución del ingreso?
Por último, se acordó realizar el próximo Foro Parlamentario de Alto Nivel en París, OCDE, el 2 de Octubre de 2013, al cual Chile comprometió su asistencia.
El siguiente Foro en otro país miembro se realizará en México, probablemente durante el primer semestre del 2014.
(Fdo.). PABLO LORENZINI BASSO, Diputado , punto focal Chile/OCDE; ANDRÉS ZALDÍVAR , senador; EUGENIO BAUER , diputado ”.
Informa sobre participación del diputado señor Pablo Lorenzini al foro “Transparencia e Integridad en la actividad del lobby y a reunión con la OCDE en relación al proyecto de evaluación de la ley, efectuado por la OCDE el 28 y 29 de mayo, en Paris, Francia.
“Honorable Cámara:
Tengo a honra informar acerca de la participación que me correspondió efectuar en el Foro organizado por la OCDE, realizado los dís 28 y 29 de Mayo en París, Francia.
En dicha actividad me acompañó el Señor René Arrayet , como secretario de la Comisión de Evaluación de la Ley.
I. ANTECEDENTES.
La OCDE en forma anual desarrolla un Foro cuyo tema central durante esta versión fue Transparencia e Integridad en la actividad del Lobby, al cual asistieron Líderes de los países miembros de la OCDE, entre ellos los Ministro de Hacienda y Presidencia , Señores Felipe Larraín y Cristian Larroulet respectivamente.
Conjuntamente se realizaron reuniones con la OCDE para evaluar y proyectar el trabajo conjunto de la Comisión de la Evaluación de la Ley.
II. FORO.
Además participaron representantes del sector privado y de la sociedad civil, también se incluye minuta preparada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, Señor Anthony Gooch, dio la bienvenida a las delegaciones integrantes de la red parlamentaria de la Organización
Al inicio del Foro, el Secretario General de la OCDE , señor Ángel Gurría , dio la bienvenida y recalcó la importancia para la OCDE de la realización de estos Seminarios Parlamentarios y una presentación del Señor Anthony Gooch , en relación al nuevo índice de “Mejor Vida”.
El Foro comenzó con la exposición del señor Jean Marc Vittori ,( Editorial Writer) , en la cual principalmente se refirió a un análisis del crecimiento económico basado en la producción de bienes y servicios realizado “en el mundo” apuntando al esfuerzo realizado en la inversión en “conocimiento”. La creación y aplicación del conocimiento ayuda a las compañías a diferenciarse en su producción y demás competidores, ante lo cual, el expositor Andrew Wyckoff conjuntamente con el Ministro de Nueva Zelandia y otros expertos, reforzaron la idea de que los países miembros de la OCDE deben invertir en calidad del conocimiento en forma preferencial conectado esto con un empleo tecnificado, creación del Valor y crecimiento sustentable.
Posteriormente, se analizó la situación de las instituciones financieras y su efecto en la “crisis” mundial reciente y la escaza credibilidad que hoy tienen dichas Instituciones. Se debe regular en forma más efectiva, incluyendo los bonos a ejecutivos y concluyendo que se requiere de un nuevo modelo bancario que mejore la protección al consumidor de servicios financieros y además educarlos en estos temas. Estas ideas son un objetivo prioritario para la OCDE y sus países miembros.
Luego el trabajo se centró en las pequeñas y medianas empresas, cuya supervivencia se está cuestionando por es escaso acceso al crédito de éstas en las actuales restrictivas condiciones y por ello se concluye que es fundamental promover un apoyo y respaldo Estatal.
De lo anterior surge la necesidad de potenciar las Políticas Públicas en estos aspectos basados en la protección del medio ambiente, crecimiento razonable y capacitación de las personas.
Durante el Almuerzo de trabajo se abrió un debate muy participativo (entre ellos expuso el Ministro General de la Presidencia Sr. Cristian Larroulet ) sobre la transparencia y actividades de Lobby y su interacción con la sociedad civil, empresarial y gubernamental.
Muchos opinaron que en la crisis los gobiernos fueron incapaces de anticipar ésta y reaccionaron prontamente de acuerdo a las circunstancias y la necesidad de recurrir al apoyo de los partidos políticos y la sociedad civil. Para una mayor transparencia, se dijo, las cosas deben hacerse de otra forma para no perder la credibilidad de la ciudadanía en sus Instituciones, resaltando que las redes sociales hoy en día tienen en sus manos un nuevo poder hasta ahora desconocido.
Adicionalmente hubo referencias a la desigualdad del trato laboral a las mujeres y jóvenes, por lo tanto deben existir políticas públicas novedosas en este sentido, facilitando la integración femenina, cuidando su entorno familiar, a través de políticas que permitan flexibilidad en los horarios de trabajo femenino y de jóvenes con compensaciones salariales adecuadas.
Al analizar los resultados de índice de Calidad de Vida, se mostro que muchos países OCDE aún no logran un resultado satisfactorio. Los índices publicados han tenido un incremento potente en las visitas ciudadanas, por sobre 1,6 millones en 184 países y más de 20.000 de estos visitantes han comentado dichos resultados. Por ejemplo, los visitantes menos de 34 años se refieren a su nivel educacional y aquellos mayores de 65 años priorizan la salud y vivienda.
Se demostró la utilidad de este nuevo INDICE y sus herramientas para mejorarlo.
Posteriormente, en la tarde la discusión se centró en el desempleo, de los cuales se dijo que 74 millones corresponden a gente joven, y que pueden excluirlos del mercado laboral con cualquier crisis.
El debate debe hacerse entre el Ejecutivo, Parlamento, industrias, bancos universidades, conectándolas a todas ellas en el logro de estos objetivos, para lo cual la OCDE se comprometió a investigar y estudiar para aportar ideas a la discusión.
Otro tema muy debatido fue la situación energética y su relación con el mundo sustentable cuando se advierte que los países están enfocados en el corta plazo y no en soluciones permanentes. Se enfatizó la urgencia de tener una visión a largo plazo. También se recalcó que en muchos lugares aún no existe una energía suficiente para sostener el crecimiento.
Otros temas debatidos, durante el cual el Señor Ministro de Hacienda Felipe Larraín , tuvo una destacada participación, refieren al establecimiento de un Modelo Social del Bienestar , tema muy de moda, al falso dilema que se está discutiendo sobre Austeridad v/s Crecimiento. Según Larraín , las políticas de austeridad afectan mucho más a los que están en la parte inferior de la distribución de ingresos, distribución del ingreso con mucha más gravedad de lo que afectaron a quienes se encuentran en la parte superior, simplemente porque los de arriba dependen mucho menos de los servicios públicos.
El desempleo prolongado no destruye sólo la producción actual, sino que también la producción potencial al erosionar el “capital Humano” de los desempleados y las políticas de austeridad han afectado a los que están en la parte inferior.
Tiene como objetivo reducir de forma permanente la participación del Gobierno en el PIB, las expectativas de las empresas se verán alentadas por la perspectiva de menores impuestos y mayores ganancias, de modo que la expansión económica resultante compensará de sobras la contratación de la demanda causada por los recortes del gasto público
En estas circunstancias, la austeridad es exactamente lo contrario de lo que se necesita. Un gobierno no puede liquidar su déficit si la fuente de sus ingresos, el ingreso nacional, es cada vez menor. Es la reducción del déficit, no de la deuda, la que está causando derroches, porque implica el desperdicio de capital humano disponible, además de la miseria resultante.
Los defensores de la austeridad se basan en un , y solamente uno, argumento:Si la contracción fiscal es parte de un programa de “consolidación”.
En 2009, con el impulso del G-20 y la adopción de las normas desarrolladas por la OCDE, el conjunto de los centros financieros mundiales se comprometió a acabar con el decreto bancario a efectos fiscales. En el contexto excepcional de la profunda crisis financiera presupuestaria, política y social que estamos atravesando, ya no tienen cabida ni la tolerancia al fraude fiscal, ilegal, ni la planificación fiscal agresiva que, si bien se encuentra dentro de la legalidad, es inaceptable.
Aunque todavía quede mucho por hacer, las exigencias mediáticas de la actualidad no deben ocultar los notables ingresos realizados hasta la fecha. No hemos esperado las últimas revelaciones de Offshor Leasks para llevar a cabo un trabajo de fondo en este ámbito.
Todos los centros financieros del mundo que, bajo presión, se habían comprometido a terminar con el secreto bancario, han cumplido efectivamente su palabra. Más allá de las famosas “listas de la OCDE” publicadas en 2009, las leyes de todos los países implicados han pasado por el sistema de criba y escrutinio de la OCDE. Los 120 miembros de nuestro Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información son evaluados basándose en criterios precisos y exigentes.
Los progresos son notables en la actualidad, todos los países, cuando reciben una solicitud de otro país, aceptan intercambiar información bancaria; desde 2009 se han firmado casi 1.000 acuerdos bilaterales para intercambiar este tipo de información y numerosos regímenes opacos han sido desmantelados.
Pero aún deben producirse importantes progresos, y centenares de recomendaciones que ya han sido formuladas por el Foro Global. Algunos paises, como Liechtenstein, cuya legislación fue considerada insuficiente, han cambiado sus leyes para responder a estas exigencias.
Otros han sido invitados a acelerar sus reformas como requisito previo para un examen más exhaustivo. Porque, en definitiva, el Foro Global examina la práctica efectiva del intercambio de información y cada país recibirá una calificación global que evaluará su comportamiento.
Una primera serie de 50 calificaciones estará disponible este otoño para permitir identificar claramente quién respeta las reglas y quién no.
Sin embargo, un número creciente de Estados, como en el caso de Singapur y Luxemburgo, consideran que conviene ir todavía más lejos en el salto cualitativo de transparencia que ha constituido el intercambio de información bancaria bajo demanda. Ahora se trata de pasar al intercambio automático de información.
Si todos los actores tienen clara la gravedad del problema y saben positivamente que es necesario dar pasos urgentes para atajarlo, es lícito preguntarse por qué al final todas las declaraciones de intenciones acaban naufragando entre las toneladas de documentos que produce la política europea, sin mayor efecto sobre la realidad. No existen fórmulas mágicas que garanticen la solución inmediata del problema del paro, pero esta dificultad no debería limitar la capacidad de acción de los gobiernos e instituciones europeos, que por un lado reiteran su preocupación por la situación en la que se están sumiendo los jóvenes de toda una generación y por otro se muestran incapaces de dar pasos concretos hacia la manera de resolverlo.
El desempleo es una de las mayores expresiones del fracaso de una sociedad, y en algunos países, como España, está alcanzando niveles insoportables. Europa no puede seguir denunciando esta situación de palabra y , a la vez, permanecer inactiva en la práctica, porque lo que está en juego es algo mucho más importante que unas décimas de déficit público; de lo que se trata es de la estabilidad y el equilibrio de las sociedades europea.
Por su parte, el G-8 nos ha pedido que implementemos una plataforma en la que los Estados puedan intercambiar información automáticamente de forma segura y eficaz. Con el fin de aplicar las nuevas exigencias de Estados Unidos.
Numerosos países como Arabia Saudí , Austria , Belice , Luxemburgo o Singapur firmaron el Convenio Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa en Materia Tributaria el pasado 29 de Mayo.
En este convenio se establecen todas las formas de intercambio de información e incluso la asistencia en el cobro de deudas fiscales. Dentro de poco, más de sesenta países habrán suscrito lo que está en vías de convertirse en el instrumento de referencia para un mundo más transparente en el que ya no será posible ocultar fortunas o ingresos para evadir el pago de impuestos.
Además del escándalo que constituye el fraude fiscal, no podemos seguir tolerando la planificación fiscal agresiva, que es objeto de una condena masiva por parte de la opinión pública y la clase política en todo el mundo. Dado que esta lacra mundial no la puede frenar solo un país, se requiere una acción colectiva y coordinada a nivel internacional.
Es más, el G-20 nos ha instado a revisar y reforzar las normas de fiscalidad internacional para poner en pie de igualdad a las pyme y las multinacionales. El combate contra la erosión de las bases fiscales y la deslocalización de beneficios a través de la planificación agresiva se ha convertido en una prioridad global. La confianza de los contribuyentes en la eficacia y la justicia de sus sistemas fiscales nos va en ello. Si bien hay que mantener la lucha contra la doble imposición de las inversiones internacionales para asegurar el crecimiento y el empleo, es igualmente imprescindible luchas contra otro escándalo : la “doble no imposición “ y las localizaciones de beneficios en jurisdicciones sin impuestos en las que no se realiza ninguna actividad real.
La imposición fiscal es una de las piedras angulares del contrato social entre la ciudadanía y el Estado, en quien recae la responsabilidad de velar para que esta recaudación sea adecuada y justa. Una cooperación insuficiente entre los Estados y el retraso en la adaptación de nuestras normas de fiscalidad internacional a la globalización de la economía y de las empresas es lo que nos hace encontrarnos en esta encrucijada. Si queremos restaurar la confianza de nuestros ciudadanos y de nuestros contribuyentes, no tenemos otra alternativa que ganar la lucha por la transparencia y el establecimiento de normas mundiales justas.
Como invitado especial al organismo internacional, el secretario de Estado Cristián Larroulet, habló de la baja credibilidad que los chilenos tienen en las instituciones públicas y la incidencia de ello en el camino para llegar a ser un país desarrollado. Una sociedad que quiere soluciones más rápidas y urgentes a sus problemas. Una sociedad que está cada vez más empoderada. Y, finalmente, una sociedad que ya no confía en sus propias instituciones.
Ese es el diagnóstico del ministro de la Segpres , Cristián Larroulet . Y es justamente, lo que llevó a que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera pusiera en la agenda una serie de reformas que buscan aumentar la confianza que los chilenos tienen en instituciones como el propio Gobierno, el Parlamento y los partidos, los cuales los según la última encuesta CEP-tienen un 29%, un 17% y un 9% de confiabilidad, respectivamente.
“Los países que alcanzan el desarrollo tiene instituciones más sólidas, más respetadas y más valoradas”, dijo Larroulet en París, donde fue invitado especial para participar de la reunión anual que sostienen los países que integran la OCDE. Fue ahí donde el Secretario de Estado pudo ahondar en esta materia durante sus exposiciones en los paneles de debates. Lo que mostró es que en Chile la pérdida de mayor confianza está asociada a los partidos, al Poder Judicial y al Parlamento. Por eso, planteó la agenda de reformas que se está haciendo para recuperar la confianza. Esa agenda de reformas descansa en dos principales puntos: una mayor participación de la ciudadanía, que se ha querido concretar con la Ley de Primarias, el voto voluntario e inscripción automática, y la elección directa de los cores, entre otros, y una mayor transparencia de las instituciones, reflejado en la Ley de probidad pública y la Ley de partidos políticos.
Según explicó Larroulet , todas las reformas que se están haciendo en esta dirección es un todo coherente que sigue la recomendación de la OCDE, añadiendo que esa es la razón por la que la agenda de Chile es muy valorada en el organismo internacional.
Por otro lado, Larroulet aseguró que la Reforma al Congreso, que anunció el Presidente Piñera, va de la mano con estas propuestas que buscan generar mayor confianza en las personas. El Congreso tiene un 17% de confianza, es preocupante. Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esa confianza y abordar este tema, en vez de escabullirlo.
(Fdo.). PABLO LORENZINI BASO, Diputado .
Moción de los señores diputados Verdugo , Bertolino , Browne ; García, don René Manuel ; Godoy ; Pérez, don Leopoldo ; Rivas , Sauerbaum , y de las diputada señoras Rubilar , doña Karla y Sabat , doña Marcela .
Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a la inscripción de terrenos destinados a áreas verdes y equipamiento comunitario. (boletín N°9027-14).
ANTECEDENTES
1. En nuestro país, y especialmente a partir del terremoto del 27 de febrero de 2010, la política urbanística se posicionado como un eje fundamental de la agenda pública del país, y ha logrado ganarse un espacio en la gran mayoría de las comunas de Chile.
2. Lo anterior ha obligado a las autoridades a realizar distintas modificaciones en la legislación, y en las normas administrativas que regulan el espacio público. Así, entre las principales modificaciones que se han llevado a cabo en esta área, tenemos la nueva Ley N° 20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones; la Ley N° 20.582, que modifica normas legales de urbanismo y construcciones para favorecer la reconstrucción, y la Ley N° 20.443, que aplica procedimientos de demandas colectivas a juicos por daños y perjuicios en la calidad de las construcciones.
3. No obstante, hay una materia en la que aún es necesario actualizar la normativa vigente, en relación a la cesión de los terrenos de equipamiento establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, según establece la Ley General de Urbanismo y Construcción (en adelante, Lguc).
De acuerdo con la normativa actual (art. 70 de la LGUC), la empresa que desarrolla una obra de construcción urbana debe ceder gratuita y obligatoriamente a la Municipalidad, las áreas que la mencionada Ordenanza señale, tanto para equipamiento comunitario, como para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales. El mismo artículo señala, además, que la municipalidad podrá permutar o enajenar estos terrenos de equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.
El actual artículo 7o de la Lguc contiene el siguiente texto:
Artículo 70.- En toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original. Si el instrumento de planificación territorial correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas. La municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.
La exigencia establecida en el inciso anterior será aplicada proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización del suelo que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General de esta ley, la que fijará, asimismo, los parámetros que se aplicarán para las cesiones cuando se produzca crecimiento urbano por densificación.
4. El problema actual es que el mencionado artículo 70 corre el riesgo de convertirse en letra muerta: la Municipalidad correspondiente no cuenta con una instancia legal mediante la cual la Dirección de Obras Municipales pueda obligar a la constructora a realizar y finalizar el trámite de la cesión del terreno al municipio. Esto se debe al el simple hecho de que las constructoras presentan el plano de subdivisión; luego el Departamento de Obras lo aprueba, otorgándole la recepción definitiva; y la empresa constructora -que ya consiguió la autorización para vender los lotes- no requiere terminar de hacer la inscripción del lote de equipamiento ante en Conservador de Bienes Raíces.
5. Como consecuencia de no inscribir en el Conservador los lotes de equipamiento a nombre de la Municipalidad, los mismos quedan a nombre de las constructoras. Luego, queda en evidencia que la Municipalidad correspondiente, o las juntas de vecinos a las cuales les pertenecen los lotes de equipamiento, no pueden postular a ningún proyecto con recursos públicos. Por lo tanto no pueden desarrollar actividades o construir sedes sociales o plazas temáticas, con lo que muchas veces ven frustrados sus anhelos de representación y desarrollo comunal.
6. Es por lo anterior que queremos proponer la modificación del artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se refiere a esta materia. Nuestra propuesta apunta a obligar al traspaso de los lotes de equipamiento a las Municipalidades, estableciendo que la recepción definitiva o parcial, entregada por parte de la Dirección de Obras Municipales, solo se podrá verificar una vez que se realice la subdivisión del lote principal. Además, se propone exigir la presentación de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente de el o los lotes de equipamiento establecido en el plano de la subdivisión ya aprobado por la municipalidad, para poder conseguir esta recepción definitiva o parcial.
7. Además de lo anterior, y para que esta moción sea realmente beneficiosa para el país, se propone otorgarle validez retroactiva, .ya que aún existen numerosos terrenos que no han sido regularizados por parte de las empresas constructoras y que requieren de una pronta solución, para poder desarrollar proyectos sociales en pos del desarrollo comunal y vecinal. Así, se plantea incorporar un texto transitorio que permita otorgarle valor retroactivo a esta ley, a través del siguiente mecanismo: las empresas constructoras deberán regularizar todos aquellos terrenos denominados de equipamientos o similar, dentro del plazo de un año, inscribiendo en el Conservador de Bienes Raíces el terreno a nombre de la Municipalidad correspondiente
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modfícase el Decreto con Fuerza de Ley N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los siguientes términos:
1.- Agrégase, en el artículo 70, un inciso final, nuevo, con el siguiente texto:
“Aprobado el plano de subdivisión, la empresa constructora deberá inscribir en el Conservador de Bienes Raíces los terrenos para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales y equipamiento, a los que se refieren los incisos anteriores, de forma inmediata. Solamente una vez que se acredite haber realizado este trámite, a través del acompañamiento de una copia de la mencionada inscripción, la Dirección de Obras Municipales podrá otorgar la recepción definitiva de la construcción”
2.- Agrégase el siguiente Artículo u. Transitorio, nuevo:
“Aquella empresa constructora que hubiere obtenido la recepción definitiva de una obra, y que a la fecha de la entrada en vigencia del inciso tercero del artículo 70 de esta ley, no hubiere inscrito los debidos terrenos para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales y equipamiento, señalados en dicho artículo, deberá regularizar esta situación en el plazo de un año desde la entrada en vigencia del mencionado inciso.
La infracción a esta norma hará responsable a la empresa constructora de una multa de entre 500 y 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, por cada obra sin regularización, multa que irá en beneficio de la municipalidad en la que se encuentre situada la construcción”.
Moción de los señores diputados Meza , Accorsi, Auth ; Díaz, don Marcelo ; Espinosa, don Marcos ; Jaramillo , Jarpa , Robles y Vallespín .
Aumenta sanciones penales para las acciones colusivas en el mercado. (boletín N°9026-07).
“Considerando:
Los acuerdos entre sujetos económicos con posición dominante en el mercado, sea para restringir la circulación de un bien determinado, sea para aumentar el precio de este mismo bien, o sea para impedir la libre circulación de bienes constituye en nuestro ordenamiento jurídico una falta que atenta gravemente contra los intereses de los ciudadanos, y en algunos casos, como en los bienes del tipo medico, atentan contra la salubridad pública y vulneran derechos constitucionales de las personas.
La Fiscalía Nacional Económica ha señalado que la colusión entre competidores es la figura reconocida como más nociva para el funcionamiento de los mercados. Ella impide que los precios, la cantidad de producción y la calidad de los productos y servicios sean determinados libremente por el juego de la oferta y la demanda, en libre competencia. Como resultado de la colusión entre competidores, en los mercados afectados por ella, los precios son más elevados que los competitivos, hay menos productos disponibles y la calidad de los mismos es inferior a la que puede encontrarse en mercados competitivos. Ello porque desaparecida la rivalidad entre los competidores, estos carecen de todo incentivo para innovar y mejorar sus productos.
Este comportamiento se agrava si los productos objeto de la colusión son de necesidad básica y responden a situaciones de monopolio o oligopolio como el caso de las farmacias. El adquirente de productos o servicios víctima de colusión entre competidores termina pagando más y/o recibiendo menos que si, en el caso, dichos competidores u oferentes hubieran competido efectivamente.
El supuesto fáctico señalado anteriormente significa una afectación frontal al orden público económico y constituye un peligro inminente para la vida e integridad física de las personas, lo que es especialmente grave, pues supone un acuerdo de agentes económicos, quienes actúan sobre seguro, usando información sensible que les da su posición en el mercado_
Nuestra legislación contempla actualmente normas que sancionan este tipo de conductas, pero sin embargo por confusión, o por desconocimiento, no se les ha dado plena aplicación y por consiguiente no se han conseguido penas ejemplares para bullados casos de colusión en donde la sanción aplicada ha sido, por decir lo menos, irrisorias.
Este proyecto de ley busca dar concordancia a normas que se encuentran vigentes en nuestra legislación y que sin embargo no han tenido cabal aplicación, así como también pretende aumentar las penas reclusivas a modo ejemplificador, dejando de manifiesto la gravedad de este tipo de conductas que en algunos casos, atentan directamente Derechos Humanos de las personas, como por ejemplo el Derecho la Salud.
Por todo lo anterior venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Artículo primero: Sustitúyase el artículo 285 del Código Penal por el que sigue:
“Los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros cuerpos legales para esta misma clase de conductas.”
Artículo segundo: Modifíquese el literal c) del artículo 17 K como sigue:
Agréguese el siguiente inciso tercero nuevo:
“Asimismo, el tribunal podrá aplicar la sanción establecida en el artículo 285 del Código Penal en lo relativo a la pena de reclusión.”
Moción de los señores diputados Meza , Accorsi, Auth ; Díaz, don Marcelo ; Espinosa, don Marcos ; Jaramillo , Jarpa , Robles y Vallespín .
Declara inembargables los equipos de protección de personal de bomberos. (boletín N°9025-22).
“Considerando:
El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel que permite la protección del bombero al realizar las operaciones contra incendios y rescate.
El Equipo de Protección Personal se compone principalmente de elementos que permiten proteger al Bombero sobre partes de su cuerpo que se ven expuestos a riesgos que pueden causar daños graves en su organismo_ Estos son, a modo de ejemplo: Casco, Guantes , Botas de agua, Chaqueta , Equipo de respiración autónoma, etc.
Por regla general, los EPP son adquiridos por los Cuerpos de Bomberos y asignados a cada voluntario al momento de asistir a una emergencia; sin embargo en muchas ocasiones y producto de la falta de recursos de la misma institución, estos son adquiridos por cada voluntario con recursos propios, y con justa razón ya que la entrega del servicio comunitario los expone constantemente a grandes riesgos.
No cabe duda que la adquisición de este tipo de bienes tiene como objetivo único el fin altruista de ayudar a la comunidad, y como bien sabemos, sin retribución económica alguna, sino al contrario generando gastos para servir a la población. No cabe duda tampoco que este tipo de implementos no tienen otra forma de utilización que la que se da en emergencias bornberiles, por lo tanto, como bienes económicos no tienen mayor valor que el propio del oficio o arte.
Entonces, a nuestro juicio, de la misma forma en que los bienes muebles e inmuebles de los Cuerpos de Bomberos de Chile tienen la calidad de inembargables, también debieran tener dicha calidad los bienes que cada Voluntario adquiere para el cumplimiento de la labor, puesto que en estricto rigor, estos vienen a ser una forma de subsidiar el rol que el mismo Estado tiene respecto de los Bomberos de Chile, y no parece justo que producto de la insolvencia o la desgracia económica que una persona pudiere sufrir, se tengan que ver afectados estos bienes que tienen por fin único el servicio a la comunidad, y no el incremento patrimonial de la persona.
En resumen, el presente proyecto de ley tiene por objetivo declarar inembargables los Equipos de Protección Personal de cada Bombero Voluntario de Chile por considerar a estos como bienes que responden a un interés superior, cual es el servicio a la comunidad.
Por todo lo anterior venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modifíquese el artículo 9 de la ley 20.564 que establece Ley Marco de Bomberos de Chile:
Sustitúyase el artículo por el siguiente:
Serán inembargables los cuarteles, los vehículos, equipos y herramientas de propiedad de los Cuerpos de Bomberos, necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo serán inembargables los bienes que constituyan equipos de protección personal de cada Bombero Voluntario.
16. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 4 de julio de 2013.
Oficio N° 8.749
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 4 de julio de 2013, en el proceso Rol N° 2.321-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago respecto de los artículos 25, 25 bis, 26 y 26 bis del Código del Trabajo, en los autos laborales caratulados “Soto con Inversiones Alsacia S.A.”, de que conoce el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-366-2012, RUC 12-4-0026239-8.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRIGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”
17. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 4 de julio de 2013.
Oficio N° 8.753
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por esta Magistratura con fecha 4 de julio de 2013, en el proceso Rol N° 2.133-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco de Chile respecto de la oración final del artículo 4°, inciso primero, de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en los autos sobre juicio sumario caratulados “Banco de Chile con Dirección de Compras y Contratación Pública”, de que conoce el 14° Juzgado Civil de Santiago , bajo el Rol N° 29.248-2011.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; RODRIGO PICA FLORES , Secretario Subrogante.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
AVENIDA PEDRO MONTT S/N
VALPARAÍSO.”