Labor Parlamentaria

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica.

Diputado informante de la Comisión especial de Deportes es el señor Matías Walker.

Antecedentes:

-Moción, sesión 56ª de la actual legislatura, en 8 de agosto de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión Especial de Deportes, sesión 91ª de la actual legislatura, en 3 de diciembre 2013. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WALKER (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión Especial de Deportes, vengo en informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

La iniciativa se originó en moción del diputado que habla y fue patrocinada por los diputados señores Fidel Espinoza , Tucapel Jiménez , Celso Morales , Manuel Rojas , Marcela Sabat y Víctor Torres .

La actual regulación, contenida en la ley N° 19.327, tiene una aplicación limitada y de carácter objetivo, circunscrita exclusivamente a los hechos delictivos que ocurran al interior del estadio o en sus inmediaciones, esto es, dentro del perímetro de un kilómetro, con ocasión o motivo de los espectáculos de fútbol profesional.

Por otra parte, son de público conocimiento los conflictos suscitados entre hinchas y cuerpos técnicos y jugadores, no solo en estadios de futbol y sus alrededores, sino también en campos de entrenamiento, lugares donde se concentran los equipos en forma previa a partidos, hoteles e instalaciones de los clubes deportivos.

En el último tiempo han aumentado los conflictos entre hinchas y cuerpos técnicos, jugadores y árbitros, lo que se expresa a través de llamadas telefónicas a las concentraciones y hoteles, amenazas e insultos en entrenamientos, daños a sus vehículos, etcétera.

En consideración a lo expuesto, la presente iniciativa parlamentaria busca, mediante la incorporación de un nuevo artículo 6° I en el texto legal citado, ampliar el ámbito de protección de la ley para resguardar a los protagonistas de los espectáculos deportivos, sancionando cualquier amenaza o hecho de violencia que ocurra en torno a una actividad deportiva.

Durante la tramitación del presente proyecto la Comisión contó con un informe técnico evacuado por la Biblioteca del Congreso Nacional, el cual permitió a los integrantes de la Comisión formarse una visión general de los efectos sustantivos e implicancias procesales de la iniciativa.

En concreto, la redacción final del texto que se somete a consideración de la honorable Sala amplía la aplicación de las figuras contenidas en los artículos 6° y 6° A de la ley N° 19.327, como el delito de amenazas, las lesiones y los daños, entre otros, cometidos fuera del recinto deportivo o de sus inmediaciones, en contra de jugadores, integrantes del equipo técnico, árbitros, dirigentes, representantes legales, miembros del directorio o accionistas de organizaciones deportivas, todos ellos del fútbol profesional, con motivo u ocasión del ejercicio de las profesiones o calidades antes señaladas, lo que redunda en que a quienes cometan los hechos señalados les será aplicable la penalidad más gravosa que contiene esa ley, como asimismo la prohibición de asistencia a espectáculos deportivos, medida que podrá aplicarse como medida cautelar, pena accesoria al delito o condición, en caso de una eventual suspensión condicional del procedimiento.

Finalmente, señalo a esta honorable Sala que la Comisión Especial de Deportes aprobó por unanimidad, tanto en general como en particular, el proyecto en informe.

En virtud de lo expuesto, propongo a la honorable Cámara de Diputados aprobar la iniciativa, cuyo texto figura en el informe que se ha puesto a vuestra disposición.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MORALES.- Señor Presidente , la iniciativa en estudio, originada en una moción apoyada en forma transversal por los diputados de la Comisión de Deportes, se fundamenta en una serie de hechos que hemos conocido durante el año, que se relacionan con las agresiones cometidas por hinchas contra actores de este deporte, como jugadores, entrenadores y dirigentes, ocurridas fuera de los recintos deportivos, en lugares donde hoy no tiene competencia la ley sobre violencia en los estadios.

La existencia de ese vacío legal daba lugar a una injusticia. Como se sabe, en el último tiempo se han presentado varios casos en que hinchas actúan con una agresividad mucho mayor a la que normalmente se da al interior de los estadios, y si bien es cierto que esos hechos de violencia pueden ser perseguidos mediante la acción penal del Código Civil, no son castigados con las sanciones que establece la ley N° 19.327, como la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional. A mi juicio, es la mayor sanción que se puede aplicar a los agresores.

La idea matriz del proyecto es extender las sanciones de multa, medidas cautelares y prohibición de asistir a espectáculos del fútbol profesional, propias de la ley de violencia en los estadios, a malos hinchas que cometen delitos contra ciertas personas ligadas al fútbol profesional, como jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes, fuera del recinto deportivo o de sus inmediaciones.

En el último tiempo, hemos conocido agresiones a jugadores y personas ligadas a ese deporte, cometidas en sus propias casas o departamentos.

Por lo tanto, creemos que el artículo único del proyecto debe enviar una señal clara, en el sentido de que no se permitirán actos de agresión contra jugadores, árbitros, entrenadores y dirigentes del fútbol profesional, independientemente de que se hallen en el escenario deportivo o fuera de este.

Por lo tanto, vamos a apoyar el proyecto de ley, porque va en la línea correcta al enviar una señal de tranquilidad, en el sentido de que se castigará a aquellos individuos que, en el fútbol profesional, quieren implantar sus ideas por la via de la violencia.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.- Señor Presidente , brevemente, como complemento de lo que acabo de informar y de lo señalado por el Presidente de la Comisión de Deportes , diputado señor Celso Morales , voy a explicar por qué nace este proyecto de ley.

El jugador Patricio Rubio , del club Universidad de Chile, fue, junto a su familia, víctima de amenazas en su casa habitación por un grupo de presuntos barristas.

El entonces técnico del club Coquimbo Unido, Luis Musrri , exjugador y exseleccionado nacional de fútbol, fue amenazado con un arma blanca en el lugar de entrenamiento de su equipo, cuando estaba ejerciendo su trabajo, por un grupo de individuos.

Curiosamente, esas situaciones pueden tener una sanción bajo la legislación común de tipo penal, pero a los agresores no se les puede aplicar la prohibición de asistir a los estadios, ni como medida cautelar ni como pena accesoria, porque la ley de violencia en los estadios restringe su ámbito de aplicación a las inmediaciones, es decir, a un perímetro de mil metros en torno del recinto deportivo.

Por eso, en el proyecto de ley -fue aprobado por unanimidad en la Comisión, luego de tener a la vista un muy buen informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y de analizar la legislación comparada-, que presentamos de manera transversal los integrantes de la Comisión Especial de Deportes, nos vimos en la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la ley a este tipo de situaciones, como amenazas y lesiones que ocurren contra trabajadores del fútbol profesional fuera de un recinto deportivo.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente , después de estudiar la legislación vigente, es posible plantear que este complemento a la ley es innecesario. El proyecto parece tener una justificación, pero, en la práctica, lo que está haciendo es simplemente argumentar respecto de un determinado tipo de situaciones que ya constituyen un delito. Con eso, se agrava supuestamente lo que se está abordando, como si en la ley vigente no se penara. Al final, se habla de situaciones que no son tales, y se cae, por ejemplo, en algo que puede constituir una amenaza.

Creo que en relación con el proyecto de ley hay que pensar un poco más. Quiero saber si la Comisión Especial de Deportes tuvo la oportunidad de invitar a personeros especializados en fútbol profesional. No queremos que la iniciativa parezca ser la ocurrencia de un grupo de parlamentarios que busca penalizar, incluso, situaciones que puedan tener su origen en denuncias irresponsables.

Como se recordara, no hace muncho tiempo el presidente del club Universidad de Chile, señor José Yuraszeck , se entrabó en una discusión pública con el presidente del club de la Universidad Católica, señor Jaime Estévez . Ambos se trataron de mentirosos y se desearon mutuamente las penas del infierno. Eso, de acuerdo con la modificación legal que se propone, debiera estar penado, porque ambos, en forma pública, por medio de la prensa, se amenazaron tras acusarse mutuamente de haber mentido.

Me parece que este proyecto de ley debiera analizarse un poco más. No creo que la ley de violencia en los estadios vigente deje de resguardar ese tipo de situaciones, aun cuando, como dijo el diputado Walker , su aplicación se restringe a una zona determinada. Cuando hay amenazas de por medio o cualquier tipo de agresión como las que ahí se consideran, la referida ley sí puede sancionar. Lo único que agrega este proyecto de ley es que se podrá aplicar como medida cautelar -ojo-, o bien de carácter más definitivo, la prohibición de asistir a cualquier espectáculo del fútbol profesional. No creo que sea un aporte necesario a lo que se contempla en la ley vigente.

Planteo mis dudas, puesto que el proyecto se parece mucho en su estructura a la denominada “ley Hinzpeter”, que permite que cualquier persona sea sancionada simplemente porque se le pasó por la mente algo, sin que realmente haya incurrido en un hecho punible.

Además, quiero agregar que el proyecto solo habla del fútbol profesional. ¿Por qué? ¿Acaso a los dirigentes del fútbol amateur se les puede amenazar? En esa categoría de fútbol puede haber riñas y todo tipo de situaciones graves, pero Carabineros se lavará las manos, porque dirá que para ellos es imposible controlar ese tipo de situaciones.

Nosotros estamos construyendo una legislación supuestamente para dar respuesta a situaciones que ocurren en recintos deportivos, pero, en verdad, lo que estamos haciendo es restringir su aplicación a un pequeño grupo de personas que gira en torno del fútbol profesional. Dicha actividad es muy respetable -de hecho, soy adepto al fútbol profesional- pero no creo que con un proyecto como este pueda mejorar en su desarrollo futuro.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE .- Señor Presidente , la idea del proyecto es establecer una suerte de sobreprotección respecto de personas que realizan una actividad de carácter público y de participación masiva. Desde ese punto de vista, entiendo y acojo esa aspiración.

Sin embargo, sin el ánimo de entrabar la tramitación de esta moción, considero que ella tiene algunas omisiones que valdría la pena corregir.

En primer lugar, sugiero no circunscribir su aplicación solo al fútbol profesional, pues hay otras actividades deportivas que también tienen carácter semiprofesional o profesional, como el básquetbol, deporte masivo en el cual se producen exactamente las mismas circunstancias y situaciones.

Entonces, no veo razón alguna para excluir a un deporte que, en muchas localidades del sur del país, es incluso más masivo que el fútbol. De hecho, en una época de mi vida tuve la suerte de ser parte del esforzado deporte del básquetbol profesional, a cuyos partidos asistía una gran afluencia de público. Por eso, no encuentro razón alguna para excluir a otros deportes.

En consecuencia, sugiero a los autores del proyecto sustituir la expresión “fútbol profesional” por “deporte profesional”.

En segundo lugar, considero que el concepto “hoteles” establecido en el proyecto debería ser ampliado a “lugares de concentración”, porque los jugadores pueden ser objeto de algún tipo de amenaza o agresión no solo allí, sino también en centros deportivos. Por lo tanto, sugiero a sus patrocinadores incorporar la expresión “lugares de concentración”. No quiero transformar esto en una moción, porque no deseo entrabar la tramitación de esta iniciativa. A lo mejor, el diputado patrocinante se puede hacer cargo de ello. Los esfuerzos colectivos pueden ser difíciles, pero vale la pena intentarlos.

En tercer lugar, tengo una duda respecto del jugador profesional. En el fútbol hay una nomenclatura en cuanto a los jugadores que todavía no tienen el carácter de profesionales, pero que ya participan en actividades del fútbol profesional, como los cadetes o jugadores que están en un rango intermedio, los cuales generan utilidades para la respectiva empresa, tienen derechos formativos, etcétera, y son parte del espectáculo futbolístico. Al dejar la redacción del proyecto tal como está planteado, es decir, restringida a los “jugadores profesionales”, aquellos quedan derechamente fuera. En mi opinión, los jugadores de la división cadetes deberían tener el mismo resguardo y la misma cautela que los jugadores profesionales.

Por lo tanto, sugiero sustituir la expresión “jugadores profesionales” por “jugadores” para involucrarlos a todos. No veo razón alguna para que, por ejemplo, Alexis Sánchez , quien debutó en primera división del fútbol a los 16 años de edad, cuando aun no era profesional, hubiese quedado fuera del resguardo con el establecimiento de la expresión “jugador profesional”.

Como una modesta opinión de un ex deportista profesional, me parece que vale la pena hacerse cargo de todo eso.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente , sin perjuicio de compartir algunas preocupaciones y aprensiones de algunos señores diputados, como el colega Andrade , que fue basquetbolista, hoy contamos con la ley de violencia en los estadios, que previene y sanciona hechos de violencia en recintos deportivos. Por lo tanto, no estamos haciendo más que perfeccionar ese instrumento respecto de la violencia que generan ciertos actores del fútbol profesional.

Como planteé en la Comisión, nos asiste mucha preocupación respecto de lo que ocurre en el deporte amateur. Al respecto, he visto muchos reportajes en los cuales se muestra a personeros que participan en el fútbol amateur portando armas blancas o de fuego, quienes actúan de mala forma en contra de su rival por un resultado que no les gusta; pero no estamos sancionando eso.

En este caso, queremos perfeccionar la legislación vigente a la luz de hechos reales y concretos que hemos vivido hasta hoy. Aquí se han mencionado las situaciones que vivieron algunos deportistas, que son trabajadores del fútbol, quienes fueron amenazados por supuestos hinchas debido a que su club obtuvo resultado negativo, como fue el caso de Carlos Muñoz, o por una mala actuación personal, como le ocurrió a Patricio Rubio , de la Universidad de Chile.

En ese sentido, debemos perfeccionar todos los instrumentos legales de acuerdo con las realidades del momento. Nos debemos abocar fundamentalmente a buscar un camino de solución a los problemas que estamos viendo.

Nadie puede negar que la ley de violencia en los estadios apunta solo a los espectáculos deportivos del fútbol profesional.

Como se ha manifestado, debemos ver la manera de irradiar esta legislación a otros deportes, como el básquetbol. Al respecto, recuerdo que en una oportunidad tuvo lugar una pelea dantesca en un campeonato en Osorno, y sus responsables no fueron sancionados.

Por lo tanto, reitero, debemos ir perfeccionado los instrumentos legales que hoy tenemos. A eso apunta la iniciativa en estudio, en el sentido de ampliar el ámbito de protección de la ley para resguardar a los protagonistas de los espectáculos deportivos del fútbol profesional, como dirigentes, etcétera.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , en mi opinión, la iniciativa es muy loable, pero, como indiqué al diputado Walker , tiene problemas de redacción.

En primer lugar, normalmente cuando se trata de un tipo penal, primero se establece la conducta que se va a sancionar y después la pena. En ese sentido, el diputado Walker manifestó que una vez analizada la Ley de Violencia en los Estadios con el secretario de la Comisión, primero era necesario establecer la sanción y después la conducta. Ese es el primer problema que advierto.

En segundo lugar, respecto de lo señalado en artículo 6° I, que establece “…, salvo que el hecho constituya un delito al cual la ley asigne una pena superior, en tal caso…”, considero que la redacción es muy extensa y se puede prestar para una cosa que se haga ininteligible. La Cámara de Diputados se debe prestigiar por la redacción de sus iniciativas de ley, por lo tanto, es necesario hacer una nueva redacción.

En tercer lugar, como ese mismo artículo establece que se podrá aplicar una medida cautelar personal o una pena accesoria. Me gustaría que se precisara. En la primera parte del artículo queda claro, pero en la segunda, no.

En cuarto lugar, otra aprensión dice relación con lo siguiente: a una persona se le impone como pena accesoria la prohibición de asistir a un espectáculo del fútbol profesional, pero puede ir a un recital en un estadio. Así, la misma persona que atacó, por ejemplo, a un jugador o amenazó a un árbitro, podrá acudir al Estadio Nacional a un recital, pero no a presenciar un partido de fútbol. Creo que en ese caso no habría que hacer distinción.

Finalmente, según el principio non bis in idem, ninguna persona puede ser juzgada y sancionada dos veces por un mismo hecho. Sin embargo, al final del artículo único del proyecto se indica lo siguiente: “Estas penas accesorias serán aplicadas no obstante el derecho de admisión resguardado y consagrado en la ley N° 19.327.” En ese sentido, habría que hacer una mejor reflexión para no violar ese principio.

Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto, porque entiendo el espíritu de sus autores, pero creo que debemos autorizar al Secretario de la Cámara para que lleve a cabo una redacción acorde a las ideas matrices de su texto. Desde el punto de vista de la doctrina penal, para el diputado que habla su actual redacción es muy confusa. Incluso más, diría que resultará ininteligible para que los jueces de garantía y, en general, los jueces en materia penal apliquen las sanciones que se establecen.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto me provoca una serie de dudas y observaciones que deseo abordar.

Me gustaría saber cuánto gasta el Estado de Chile en el tan publicitado Plan Estadio Seguro, entre otras cosas, porque el fútbol profesional es una industria del espectáculo que genera enormes utilidades. Por eso, no veo razón alguna por la cual las externalidades negativas de esta industria privada con fines de lucro tengan que ser asumidas por el Estado.

Me temo que este proyecto de ley sigue el equivocado camino del populismo penal: aumentar los delitos y las penas. Por esta razón, Chile tiene el récord de ser uno de los cinco países con más personas privadas de libertad en el mundo, en relación con su población. Estamos hablando de personas que en el mundo, en su inmensa mayoría, tienen dos características: son hombres jóvenes y pobres. En el país hay más de cien mil personas presas o sometidas a controles por parte de la autoridad. El 93 por ciento son varones jóvenes.

No podemos seguir llenando las cárceles. Debemos actuar antes, no después, para no terminar mandando a seres humanos al desaguadero. Eso son los penales en Chile: desaguaderos de seres humanos que salen peores que como entraron.

Por último, hay también cuestiones que no se sostienen en este proyecto. ¿Por qué va a merecer un tipo penal especial el hecho de hacer desórdenes en una cancha de entrenamiento o amenazar a un deportista? ¿Por qué vamos a tener penas distintas para estos delitos, que hoy son perseguibles por la vía de las normas generales del derecho penal? ¿Es acaso socialmente más grave amenazar a un futbolista que está entrenando que a un médico por una demora en un servicio de salud, de urgencia, o a una profesora en la sala de clases?

Creo que, atendidas estas consideraciones, este proyecto debe ser examinado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Allí recibiríamos la opinión de penalistas que nos ilustren sobre los efectos de esta iniciativa en relación con nuestro ordenamiento jurídico penal, el cual debe ser armónico, equilibrado y, sobre todo, seguir siendo la última razón del Estado para reconducir la conducta humana a fin de obtener paz social y condiciones para el pleno desarrollo de la persona humana.

Por las razones expuestas, al menos por ahora debo abstenerme de votar en este proyecto, y solicito formalmente a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para que la iniciativa pase a un nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en los términos antes señalados.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.

El señor AUTH.- Señor Presidente , el 24 de agosto de 1994 se promulgó la llamada ley de violencia en los estadios, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, la cual hoy se está corrigiendo y perfeccionando en un ámbito muy sensible. La ley original establece, en su artículo 6°, que “El que, con motivo u ocasión de un espectáculo de fútbol profesional causare, dentro del recinto deportivo o en sus inmediaciones, …” y lo reitera en forma casi idéntica en su artículo 6° A. Es decir, la aplicación de la ley estaba y está hoy restringida al interior del recinto deportivo o a sus inmediaciones.

La proposición, a mi juicio positiva, de los diputados de la Comisión de Deportes, apoyada transversalmente, es extender la aplicación de esta ley y sus sanciones, más allá de la inmediación física, a la inmediación conceptual; es decir, a los recintos de entrenamiento, vehículos que trasladan deportistas, etcétera, de manera que la comisión de los mismos delitos, en el marco de la actividad del fútbol profesional, sea merecedora de las mismas sanciones. No existe ninguna razón que explique que una agresión cometida dentro de un recinto deportivo, por ejemplo, en el Estadio Nacional, tenga un tipo de sanción, pero se aplique un tipo de sanción menor si esa misma agresión es cometida en el bus que traslada a los jugadores hacia dicho estadio o en el recinto donde están concentrados los jugadores, etcétera.

Lo que hacen los diputados autores del proyecto es bastante sencillo: incorporan las mismas sanciones -aclaro que no elevan sanciones, como lo insinuaba el diputado Tuma - contempladas en la ley; simplemente, extienden su aplicabilidad más allá de las inmediaciones físicas de los estadios. Me parece que ese es un complemento adecuado, porque el vínculo de esa agresión con la actividad respectiva; es decir, la práctica del fútbol profesional y todo lo que se genera en torno a ella, completa la ley de manera adecuada.

Uno podría, siguiendo el raciocinio del exbasquetbolista profesional Osvaldo Andrade , hacer otra ley que castigue la violencia en los recintos deportivos. Sin embargo, quiero aclarar que esta moción simplemente perfecciona la ley vigente desde 1994, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. Me parece que su gran aporte es que permitirá aplicar la sanción más desincentivadora de la violencia: la prohibición de asistir al estadio, lo que representa la pasión del hincha. El proyecto establece un desincentivo: el que cometa esos delitos será castigado donde más le duele, cual es, reitero, la prohibición de continuar con el ejercicio de su pasión.

En consecuencia, voy a votar a favor el proyecto, muy sencillo, que perfecciona una ley que rige desde 1994.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , las observaciones al proyecto de ley nos generan algunas dudas, y, ante la duda, es bueno abstente, como dice el refrán.

La violencia en los estadios es un problema que amerita una multiplicidad de medidas para controlarla, proteger a las víctimas y, sobre todo, para prevenir las faltas, los desmanes y la violencia contra las personas. A mí, particularmente, me ha interesado el tema como parlamentaria y he trabajado por modificaciones a la ley vigente, a fin de ampliar el perímetro fuera de los estadios para perseguir los delitos cometidos. Lo he hecho no solo por la importancia del fútbol como disciplina y pasión de multitudes, sino por su significado formativo desde el punto de vista humano. Además, porque he representado durante tres períodos parlamentarios el distrito N° 25 donde se ubica el Estadio Monumental, del equipo que ha sabido ser campeón: Colo Colo.

Reconocemos la propuesta y la preocupación de los diputados que están dispuestos a mejorar la moción de la cual son autores. Independientemente del hecho de que corregir las normas vigentes para mejorarlas y actualizarlas es parte de nuestra labor, siento que en este tema, más que mejorar la legislación, hay que poner los ojos en la aplicación y responsabilidad de los actores que protagonizan el deporte, en el caso del fútbol, específicamente en la ANFP, los clubes, el público y las barras.

Señor Presidente, me sumo a las observaciones hechas por colegas y, finalmente, espero que este proyecto vuelva a Comisión para que sea revisado.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , desde el día en que la economía del país comenzó a crecer, toda actividad de la sociedad se basa en costos y rentabilidad.

Se dice que caminamos hacia el desarrollo, concepto que significaría vivir mejor; pero la situación en que estamos no nos indica que estemos viviendo mejor.

No siempre que se crean instituciones se logra establecer los valores que señalaban las ideas originales. Una de las distracciones de mayor aceptación ciudadana es el fútbol, pero lo desmedido es el lucro que lo envuelve. Sin duda, allí está lo grave. Se dice que quienes se lucran del fútbol profesional aportan las barras.

El proyecto que perfecciona la ley N° 19.327 permitirá frenar lo que ocurre en un espectáculo que ya no es para disfrutar en familia. Lo que ayer fue una distracción, hoy es una interrogante amenaza.

Por eso, el proyecto busca la forma de que esta actividad deje de ser una amenaza para la sociedad en que vivimos. Valoro cualquier tipo de iniciativa sobre este punto.

Sin embargo, al proyecto quizá le falta algo, ya que solo se refiere al fútbol profesional y a los jugadores profesionales, tema que me llama a confusión. En consecuencia, a lo mejor los autores de la moción podrían formular una indicación para incorporar al fútbol y a los jugadores amateur, quienes también son afectados por la violencia. Vivo en una ciudad en que el fútbol rural campesino es prácticamente la distracción de los domingos, eventos en los que también se puede apreciar la violencia que el proyecto quiere corregir.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.

El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en la Comisión de Deportes nos tocó analizar el proyecto en discusión, que consideramos que va en la dirección adecuada.

Como parlamentarios, debemos procurar siempre el ejercicio y la búsqueda del bien común. Sin duda que en el contexto del deporte, particularmente en el fútbol profesional y en el espectáculo asociado al mismo, se han venido desarrollando situaciones en los últimos años en las que no quisiéramos verlos nunca involucrados. El deporte es un espacio para el encuentro de las personas, para la competencia leal, para el encuentro de la familia, no un campo de batalla. Para sancionar los desmanes que se producen con ocasión de la realización de espectáculos de fútbol se dictó la ley N° 19.327, que propicia la prevención y la sanción de este tipo de delitos.

Reitero, el proyecto en discusión va en la dirección correcta, puesto que los últimos acontecimientos demuestran que, pese a la intención de la ley señalada, quedan vacíos que permiten amenazar a terceras personas, en circunstancias de que eso obviamente atenta en contra del espíritu del deporte.

Como dijo el diputado Jaramillo, esto se refiere al tipo de sociedad y de cultura que queremos construir. Si queremos un país desarrollado, con una comunidad tolerante y receptiva respecto de sus discrepancias, resulta absurdo que las diferencias en esta actividad deportiva se resuelvan con piedras, agresiones, violencia o amenazas, ya que todo eso va en contra el espíritu del deporte y no se condice con lo que se busca con su práctica. En consecuencia, tenemos que imponer todas las acciones que hagan posible minimizar, reducir e, idealmente, eliminar cualquier acto de violencia en torno al deporte.

¡Qué más lindo, sano, constructivo y social que promover y difundir el deporte! La antítesis de eso es la práctica de un deporte asociado con la violencia. Hay sectores involucrados e interesados en que el fútbol, que es tan sano y que todos valoramos como deporte, termine transformándose en un problema que debemos enfrentar con todas nuestras fuerzas.

Después de lo manifestado, no nos queda más que hacer un llamado a que no dilatemos la tramitación de la iniciativa. Todas las normativas son perfectibles, tal como lo comprueba el proyecto que estamos tramitando que perfecciona la Ley sobre Violencia en los Estadios.

Por lo tanto, tenemos que dar una señal clara y potente de que el deporte es un encuentro de la sociedad, de la comunidad y de la familia; es un espacio en el cual debemos desarrollar nuestras mejores capacidades y virtudes; pero la violencia es la antítesis de lo anterior, por lo que debemos reiterar el llamado para que aprobemos sin dilación el proyecto en debate.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Accorsi Opazo Enrique; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Jaramillo Becker Enrique; Montes Cisternas Carlos; Pacheco Rivas Clemira; Teillier Del Valle Guillermo; Vidal Lázaro Ximena.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley que establece normas sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia.

Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María Angélica Cristi.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 5ª de la actual legislatura, en 20 de marzo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Primer informe de la Comisión de Familia, sesión 97ª de la actual legislatura, en 3 de diciembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI, doña María Angélica (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje y con urgencia calificada de simple, sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia.

Al inicio de su tramitación asistió la ministra del Servicio Nacional de la Mujer de la época, señora Carolina Schmidt , para presentar el proyecto. Asimismo, concurrió con posterioridad la actual ministra de la cartera, señora Loreto Seguel , y la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Viviana Paredes Mendoza , junto a las abogadas señoras Paula García Huidobro y María Elisa Amenábar .

En representación del fiscal nacional del Ministerio Público asistió la señora María Angélica San Martín, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.

Igualmente, la Comisión contó con la opinión del señor Cristián Lepín , profesor de derecho de la Universidad de Chile y experto en derecho de familia; del señor Rodrigo Moya , director subrogante de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana; de la señora Jimena Valenzuela , profesora de derecho civil y de familia de la Universidad de Los Andes; de la señora Camila Maturana , representante de Corporación Humanas, y del señor Héctor Mery , representante de la Fundación Jaime Guzmán.

La idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar y sancionar en la legislación nacional la violencia cometida en relaciones de pareja que no conviven, para que, por una parte, se advierta sobre la necesidad de instalar la problemática entre los jóvenes del país para sensibilizarlos a construir relaciones sanas y libres de violencia y, por otra parte, sancionar a los culpables y otorgar a las víctimas las mismas medidas de protección contenidas en la ley de violencia intrafamiliar y demás normas aplicables, con el propósito de persuadirlas a denunciar ese tipo de hechos, para seguir avanzando en la prevención y erradicación de la violencia.

Antecedentes del mensaje.

En el desarrollo de la iniciativa que se somete a consideración se tuvieron presentes las trece mociones refundidas que fueron latamente discutidas y aprobadas en la Comisión de Familia, las cuales, por disposición de la Sala, se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Corporación, y cuyo texto propone diversas modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar, al Código Orgánico de Tribunales , al Código Civil, al Código Penal y a la Ley sobre Tribunales de Familia.

Por otra parte, es necesario señalar que se tuvo presente una moción presentada en 2007 por el senador Camino Escalona, la que buscó incluir dentro de la definición de violencia intrafamiliar a las relaciones de afectividad sin convivencia.

Asimismo, debe destacarse que durante el segundo semestre del año 2012, el Servicio Nacional de la Mujer lideró una mesa de trabajo en la que participaron representantes de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, de tribunales de familia y de garantía.

Las conclusiones de dicha mesa fueron fundamentales para proponer reformas de orden legal, además de otras de tipo administrativas.

Aprobación del proyecto.

La Comisión de Familia, integrada por los diputados señores Ramón Barros y Eugenio Bauer ; la diputada señora Carolina Goic ; los diputados señores Carlos Abel Jarpa e Issa Kort ; las diputadas señora Adriana Muñoz , Karla Rubilar , María Antonieta Saa y Marcela Sabat ; los diputados señores Jorge Sabag y Marcelo Schilling ; la diputada Mónica Zalaquett y quien informa aprobó el proyecto en general y en particular sobre la base de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Violencia en parejas jóvenes.

De acuerdo con las cifras obtenidas de la Sexta Encuesta Nacional de la Juventud, el estado civil legal del 92,2 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años es soltero. De quienes declararon ser solteros, casi el 30 por ciento manifestó estar pololeando al momento de la encuesta

De entre los jóvenes que declararon pololear, el 4,2 por ciento indicó que al menos una vez se dio una situación de violencia física en su relación; el 9,9 por ciento acusó violencia sicológica, y el 0,6 por ciento, violencia sexual. El tipo de violencia mayormente señalado por los jóvenes en todos los tipos de relación fue la violencia sicológica.

La mayoría de los jóvenes víctimas de violencia en el pololeo declaró haber sido controlado por sus parejas en cuanto a salidas, horarios y apariencia. La segunda situación de violencia en orden de importancia fue el alejamiento de amigas y amigos. A nivel general, esas situaciones fueron también las comunes entre jóvenes víctimas de violencia en sus relaciones de pareja.

Entre los jóvenes que expresaron haber ejercido violencia sobre sus pololos o pololas alguna vez, las situaciones más frecuentes registradas fueron empujones, zamarreos o golpes. Estos datos siguen la tendencia del total jóvenes que han ejercido violencia en sus relaciones de pareja.

Violencia en el pololeo según sexo, edad y nivel socioeconómico.

El tipo de violencia mayormente declarado tanto por hombres como por mujeres fue la violencia sicológica.

Por tramos de edad, la violencia de tipo físico tiende a incrementarse conforme aumenta el tramo etario. Lo mismo ocurre con la violencia sicológica.

Según el nivel socioeconómico, la violencia física aumenta hacia el estrato E, en tanto que la violencia sicológica mostró el porcentaje más alto en el estrato D.

La violencia sexual tiende a disminuir a medida que aumenta la edad, mientras que por nivel socioeconómico este fenómeno no presenta alguna tendencia clara.

En cuanto a situaciones de violencia por tramo de edad, los porcentajes de jóvenes víctimas de violencia suelen disminuir entre los 20 y 24 años, excepto respecto de la “descalificación”, que tienden a reducirse a medida que aumenta la edad.

En lo relativo al ejercicio de violencia sobre el pololo o polola, con la edad únicamente tiende a disminuir la “vigilancia”.

En general, los porcentajes más altos tanto de víctimas como de agresores suelen situarse en el tramo de 15 a 19 años, excepto en el caso de la “descalificación” y en el de “presionar para tener relaciones sexuales”.

Respecto del nivel socioeconómico, el porcentaje de víctimas de violencia tiende a aumentar hacia el estrato E. Los porcentajes de jóvenes agresores también tienden a incrementarse hacia el estrato E, excepto en el caso de “presionar para tener relaciones sexuales”, en que se observa el fenómeno inverso: mayor porcentaje en el estrato ABC 1. La situación de “burlas, ofensas e insultos” no muestra una tendencia clara entre los distintos estratos.

Todos esos antecedentes justifican plenamente la necesidad de legislar sobre la materia. Se debe tomar conciencia de que la violencia en el pololeo es más frecuente de lo que se cree. Estudios refieren que el 43,1 por ciento de jóvenes de entre 15 y 18 años declara haber vivido violencia en su relación de pareja. Las razones más comunes son celos, alcohol y rabia por el rechazo al sexo.

La violencia en el pololeo se define como el comportamiento para establecer el control y el poder sobre el otro mediante el miedo, la intimidación, incluyendo a menudo la amenaza o el uso de la fuerza y agresiones tanto físicas como sicológicas por parte de la pareja. Involucra cifras que resultan alarmantes si se tiene en consideración que las personas que son agresivas en el pololeo también lo serán habitualmente en el matrimonio y/o en convivencia porque es su antesala.

Contenido del proyecto.

El proyecto original constaba de dos partes. La primera contenía diversas modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar sobre definición de violencia intrafamiliar; medidas accesorias; circunstancias atenuantes y agravantes; suspensión del procedimiento; modificación a la Ley de Tribunales de Familia y la derogación del perdón de la víctima en delitos sexuales, materias que ya fueron tratadas por la Comisión de Familia, quien las revisó, adecuó y complementó al refundir trece mociones parlamentarias, cuyo informe se encuentra, por mandato de la Sala, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El Ejecutivo presentó una indicación y retiró dichas materias, por lo que el proyecto quedó circunscrito a la segunda parte, referida a la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, a objeto de sancionar al agresor, proteger a las víctimas e implementar medidas de prevención. En ella recae el presente informe, cuya figura paso a explicar de acuerdo al texto final aprobado por la Comisión, que considera las modificaciones surgidas en el debate:

1. Se crea una nueva normativa que sanciona el ejercicio de la violencia física, síquica o que afecte la libertad o indemnidad sexual entre personas que tengan o hayan tenido una relación de pareja, pero sin convivencia, figura que no se encuentra considerada en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Así, se busca hacer referencia a lo que el lenguaje coloquial de nuestro país denomina “pololear”, verbo que el Diccionario de la Real Academia Española define como “mantener relaciones amorosas con cierto grado de formalidad”.

El proyecto avanza respecto de la citada ley, que no considera explícitamente a la violencia sexual como un tipo de violencia intrafamiliar.

2. Hace aplicable las disposiciones del párrafo 8º de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Es decir, el agresor será sancionado por el juez de familia cuando los actos de violencia no constituyan delito con multa de media a 15 unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, la que irá, por expresa disposición, destinada a los centros para mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva, sean estos de financiamiento público o privado.

3. En cuanto al procedimiento a que deben sujetarse los tribunales de familia, se incorpora una disposición que no existe en la Ley de Violencia Intrafamiliar, que señala que podrán utilizarse como medio de prueba, además de los tradicionales, los medios electrónicos o audiovisuales.

4. Igualmente, se establece la facultad que le asiste al juez para aplicar medidas accesorias en la sentencia, a diferencia de lo estipulado en la Ley de Violencia Intrafamiliar, que dispone que el juez necesariamente debe considerarlas.

Respecto de tales medidas, se innova sobre la prohibición de acercarse a la víctima, agregando la posibilidad de restricción o prohibición de comunicación entre la víctima y el agresor, incluso a través de medios electrónicos o audiovisuales, habida consideración de que estos hoy constituyen la mayor fuente de comunicación entre las personas.

Asimismo, se innova en cuanto a la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y el decomiso, en su caso, agregando que esta medida se decretará cuando la víctima lo solicite por motivos fundados o, en su defecto, cuando el arma de fuego hubiera tenido directa relación con el hecho constitutivo de maltrato, todo ello con el sentido de resaltar la amenaza constante que implica la tenencia de un arma y de poner el énfasis en el riesgo que siente la víctima de modo permanente.

5. Se sanciona el ejercicio de maltrato habitual, es decir, aquel que regula la violencia intrafamiliar constitutiva de delito y que conoce el Ministerio Público cuando la violencia es ejercida repetidamente; se aumentan las sanciones por ese tipo de conductas; se incrementa en un grado las penas de cárcel en caso de lesiones causadas por violencia intrafamiliar; se otorgan mayores garantías de obtener protección para quienes denuncien maltratos, así como la obligación del agresor de abandonar la casa; la prohibición de que el agresor se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de trabajo, así como a cualquier otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente; la obligación al agresor de asistir a terapia y la facultad concedida a las policías para incautar al agresor toda clase de armas, aunque posea autorización para tenerlas.

La infracción de algunas de las medidas anteriores puede acarrear sanción penal o arresto hasta por 15 días para el ofensor.

Para apreciar la habitualidad el tribunal atenderá al número de actos ejecutados y a la proximidad temporal de los mismos. La sanción varía entre los 61 y 540 días de presidio, salvo que el hecho constituya un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará la pena asignada a éste último.

Los tribunales de justicia con competencia en materia penal pueden adoptar medidas cautelares para proteger a la víctima, fijar su plazo de duración y prorrogarlas en caso de ser necesario.

Finalmente, el proyecto coloca bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de la Mujer la proposición de políticas públicas de prevención y asistencia a las víctimas.

Por las razones expuestas, solicito a la Sala aprobar, sin más trámite, la iniciativa que reúne tanto la voluntad presidencial como la de los parlamentarios, contenida en las trece mociones presentadas, en la que manifiestan su clara disposición de contar con una ley que proteja a las personas, generalmente mujeres y jóvenes, víctimas de una relación sentimental en la que una se impone por la fuerza, tiene mayor poder que la otra y utiliza la violencia para dominarla.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor KORT.- Señor Presidente , junto con saludar a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Loreto Seguel , invito a mis colegas a analizar, con la profundidad que se merece, el proyecto de ley que establece una legislación sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia.

El objetivo de la iniciativa consiste en proteger a las víctimas de violencia en ese tipo de relaciones -a las que en el lenguaje coloquial denominamos como relaciones de pololeo-, sancionar a los agresores e implementar políticas de prevención. Asimismo, constituye un avance en la actualización de nuestro sistema legal.

El proyecto en discusión entiende la violencia en el pololeo como todo maltrato que afecte la integridad física y síquica, así como la libertad y la indemnidad sexual, dirigido hacia una persona hacia la cual se tenga o se haya tenido una relación de pareja sin convivencia.

Ante esas conductas, el ofensor arriesga sentencias condenatorias y multas, mientras que el juez podrá aplicar medidas cautelares de protección para las víctimas y medidas accesorias a la sentencia, como la prohibición de acercamiento, la prohibición de porte de armas y la asistencia obligatoria a programas terapéuticos, entre otras.

Asimismo, el proyecto sanciona el delito de maltrato habitual, en los términos dispuestos en la Ley N° 20.066, de Violencia Intrafamiliar.

Los actos de violencia serán de conocimiento de los juzgados de familia, que son los tribunales más sensibilizados en esta materia, sin que se consideren, para ningún otro efecto legal, como relaciones de familia.

La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, de octubre de este año, arrojó las siguientes y preocupantes cifras.

El 11 por ciento de los jóvenes considera que las amenazas y los golpes son justificables en ciertas circunstancias.

Por otro lado, el 61 por ciento de los entrevistados conoce a alguna persona que ha vivido una situación de violencia al interior de su relación de pareja.

Los datos mencionados demuestran lo importante que es abordar ese problema como una política de Estado, para lo cual en los diversos órganos estatales deberían generar todas las políticas que permitan fortalecer, de manera eficaz, mecanismos de prevención.

En relación con ese punto, debo insistir en la discusión que se llevó a cabo en la Comisión de Familia, en la que buscamos la generación de la sinergia que se requiere para que los distintos órganos del Estado eviten situaciones como aquella respecto de la cual se propone legislar.

Es así como el Servicio Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, los ministerios de Educación y del Interior y Seguridad Pública, así como distintos municipios y otros organismos estatales tienen un rol preponderante en la formulación de políticas, planes y programas que permitan prevenir esos actos de violencia.

Al considerar que la iniciativa en debate busca dar una señal clara de protección a las víctimas, sancionar a los agresores e implementar políticas de prevención, hago un llamado a los colegas diputados a aprobarla, puesto que tiene como finalidad evitar la violencia en el pololeo.

Además de destacar el trabajo realizado, de manera transversal, en la Comisión de Familia respecto de esta materia, se debe reconocer el interés de este gobierno por avanzar en la búsqueda de soluciones en problemas tan sensibles para la sociedad y en la actualización de sistemas que son muy denigrantes para muchos jóvenes del país.

Por las razones señaladas, insisto en el llamado para votar a favor el proyecto en debate, puesto que busca hacerse cargo de una realidad triste y lamentable que afecta las relaciones de pareja sin convivencia.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , al igual que los colegas que me han antecedido en el uso del la palabra, quiero valorar el proyecto de ley enviado a tramitación legislativa por el Ejecutivo , el cual fue radicado en la Comisión de Familia, en cuyo seno fue debatido y abordado de manera transversal, con la absoluta convicción que es fundamental, necesaria y urgente la creación de un instrumento legal que sirva de base y de fuente para el establecimiento de políticas públicas enfocadas a proteger a las parejas que mantienen relaciones íntimas, pero sin convivencia.

El debate respecto de la materia no es nuevo; se inició hace mucho. En ese sentido quiero recordar que en 2007, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre femicidio, que establecía la tipificación de ese delito en el Código Penal, se presentaron distintas iniciativas para que esa figura penal también abarcara los delitos de femicidio cometidos en relaciones de pareja sin convivencia. Sin embargo, a pesar de que fueron rechazadas tanto las indicaciones como los proyectos de ley que presentamos al respecto, como la iniciativa del entonces diputado señor Camilo Escalona , el debate prosiguió, sobre todo en la sociedad civil.

En ese sentido, quiero valorar el estudio elaborado por la ONG Corporación Domos, la cual confeccionó un informe con antecedentes y análisis llevados a cabo en profundidad, durante mucho tiempo, con jóvenes adolescentes, el que demostró que el 58 por ciento de ellos había experimentado violencia en el pololeo.

Entonces, es muy importante que este debate -que en la Cámara de Diputados comenzó en 2007 y que ha sido retomado luego de casi siete años- por fin se haya traducido en una propuesta concreta. Por eso, valoro mucho que el gobierno haya dado este paso tan importante.

La violencia que se produce en las relaciones de pareja sin convivencia es un delito que no está tipificado en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Se trata de una clase de violencia que se genera en vínculos íntimos en los que no hay convivencia ni matrimonio, de modo que es muy importante la existencia de una la ley que entregue un marco normativo al respecto, porque en la sociedad actual se establecen relaciones de ese carácter que son cada vez más efímeras. La convivencia societal actual se caracteriza por lo pasajero y desechable de las relaciones de pareja, lo que nos obliga a analizar, visualizar y conceptualizar esa situación, con la finalidad de establecer un marco legal para los delitos que se puedan cometer en ese ámbito, como los casos de violencia y de crímenes en los que se incurre en las relaciones de pareja sin convivencia, pero de carácter íntimo.

Es un paso importante el que estemos legislando sobre la materia, con el propósito de ampliar el concepto de violencia a través del proyecto de ley sometido a nuestra consideración, porque hasta ahora, después de que la Ley de Violencia Intrafamiliar está a casi veinte años desde su promulgación, aún no hemos podido conceptualizar en nuestra legislación que también deber ser considerada como violencia la de carácter sexual, aspecto que ha sido recogido en este debate y en la propuesta legislativa que estamos tratando, situación que quiero valorar.

Una vez que el proyecto en discusión se transforme en ley de la república se podrá seguir develando todas las formas de violencia que hoy se dan en las relaciones íntimas de pareja, sean estas de carácter estable o efímero, problema del cual debemos hacernos cargo como sociedad desde el punto de vista legal.

Por último, al develar esa situación avanzamos hacia algo que también hemos planteado en el debate llevado a cabo en esta Corporación, en cuanto a que debe existir una ley general de violencia, que no restrinja las expresiones de violencia solo a aquellas en las que se incurre en el matrimonio o en la convivencia estable, sino que avancemos hacia lo que se está planteando en la iniciativa en debate: la violencia que surge en relaciones menos permanentes, que no son estables, así como hacia un cuerpo legal que abarque todas las formas de violencia que en la actualidad afectan a las mujeres del país.

Ayer se produjo otro femicidio -el número 38- de manera brutal. Un esposo, por celos, asesinó a su mujer de 35 puñaladas. Ello demuestra que existe una situación dramática de violencia hacia las mujeres que aún no podemos contener. Lamentablemente, miles de mujeres sienten que esta situación va en aumento.

Por eso, felicito el esfuerzo que ha hecho el Gobierno y el Congreso Nacional de recoger esta realidad y de dejar fuera los prejuicios, las visiones demasiado restringidas y el afán de rigurosidad y de preciosismos jurídicos, que han impedido que este debate se haya dado con anterioridad. Me alegro de que hayamos dado señales de más fuerza desde el Parlamento para hacernos cargo de esta dramática situación de violencia que viven miles de mujeres, y a la cual se exponen miles de mujeres, en cualquier forma de relación de pareja y de convivencia que hoy exista.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.

La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , al igual que mi colega la diputada Adriana Muñoz , también quiero felicitar y agradecer a la ministra del Sernam , aquí presente, y al Gobierno por hacerse cargo de esta dura realidad, que lamentablemente es cada día más frecuente en el país. A pesar de que hemos avanzado, de que existe una ley de violencia intrafamiliar y de que los esfuerzos del Sernam son cada día mayores para combatir esta situación, vemos que todavía son miles las mujeres -lamentablemente, en muchos casos, muy jóvenes- que siguen siendo víctimas de violencia.

La violencia es siempre repudiable y debe ser enfrentada de modo eficaz en el seno de las relaciones de pareja, incluso en aquellas sin convivencia, más conocidas como “pololeo”. En este sentido, tengo la convicción de que cualquier política pública que promueva una relación sana desde sus orígenes no puede sino ser apoyada con fuerza.

Cifras entregadas por el Injuv dejan en evidencia una realidad dramática y alarmante para el país. El 11 por ciento de los jóvenes considera que las amenazas y los golpes son justificables en ciertas circunstancias. El 61 por ciento de los jóvenes entrevistados conoce a alguna persona que ha vivido una situación de violencia en el interior de su relación de pareja. El 78 por ciento de esos jóvenes supo de insultos o gritos. Por último, el 32 por ciento de los entrevistados declaró que en ocasiones su pareja controla sus horarios y los lugares donde va.

Estas cifras alarmantes demuestran que esta realidad debe ser puesta en la agenda, que debemos abordarla con la responsabilidad que amerita y que debemos dar señales claras, precisamente desde el Poder Legislativo, de que la violencia no es la forma en que nuestra sociedad debe conducirse, ni es la manera en que deben ser manejadas las relaciones interpersonales.

Destaco del proyecto el hecho de que sanciona la violencia física, síquica o aquella que afecta la libertad o indemnidad sexual entre personas que tengan una relación de pareja sin convivencia. En ese sentido, las víctimas tendrán la protección de los tribunales de Familia en la medida en que los actos de violencia no constituyan un delito. Si la agresión constituye el delito de maltrato habitual, el caso será conocido por un tribunal de competencia en lo penal, arriesgando el agresor la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por ley a este.

Por último, el proyecto establece que el Servicio Nacional de la Mujer podrá proponer al Presidente de la República planes y políticas de prevención de violencia en parejas que no conviven, y, en casos calificados, podrá asumir la representación judicial de la víctima.

Por lo expuesto, creo de suma relevancia que la Sala apruebe el proyecto y que hagamos todos los esfuerzos no solo por dar señales, sino por prevenir las situaciones de violencia en la pareja, que -insisto- lamentablemente se están dando cada día con mayor frecuencia y sobre todo en personas jóvenes.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , debo informar a la Sala que lograr la aprobación de este proyecto que sanciona la violencia entre personas que tienen una relación de pareja sin convivencia ha sido, quizás, una de las etapas más difíciles en la Comisión de Familia.

En años anteriores se aprobaron varios proyectos en materia de violencia intrafamiliar. Pero los acontecimientos ocurridos, los antecedentes entregados -especialmente a partir de los estudios hechos por el propio Instituto Nacional de la Juventud y de numerosas denuncias que hemos recibido en la Comisión a través de educadores- y la experiencia que hemos conocido en la sociedad dan cuenta de que existe una violencia que va en aumento y que es preocupante en las relaciones de pareja de los jóvenes.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de relaciones entre los jóvenes? Probablemente, eso es lo más complejo del proyecto. Antiguamente se hablaba de “pololeo”, pero la verdad es que este término refiere a toda relación entre personas, entre jóvenes, antes del matrimonio. Hoy día, todos sabemos que las relaciones de pareja sin convivencia tienen distintas expresiones. Algunas se llaman “amigos con ventaja”. ¿Es eso una relación íntima, una relación sin convivencia? También existen otras expresiones que no voy a definir en esta Sala, pero que todos conocemos. En el fondo, me refiero a aquellas personas, especialmente adolescentes, que tienen relaciones aun sin convivencia.

Mucho más fácil habría sido que las relaciones se hubieran mantenido en la condición de pololeo. La definición que consigna el proyecto hace referencia al pololeo, porque en la actualidad es la forma de relación de pareja que se usa con más frecuencia. Se trata de una relación que implica algún grado de estabilidad o de compromiso, que la hace diferente a aquellas en que no existe un compromiso establecido, pero en las que sus integrantes sí pueden llegar a tener relaciones sexuales.

Las cifras que hemos conocido -hoy las estuvimos repasando- son impresionantes. En una encuesta se preguntó cuáles eran las acciones que el entrevistado consideraba más violentas en su pareja. De una muestra de cien personas, muchas respondieron: darse golpes, tratarse con insultos o gritos, empujarse, realizar amenazas y otras. Entre las respuestas a la pregunta sobre las causas de la violencia en el pololeo, no veo que los jóvenes mencionen los insultos, los garabatos y la grosería. En la actualidad, casi todos los jóvenes -porque no se puede hablar de todos en general- se tratan con una violencia verbal que es alarmante. Eso a todos nos consta. Todos sabemos que la violencia verbal lleva después a la violencia física. Sin embargo -reitero-, cuando se preguntó a los jóvenes encuestados cuáles son las causas de la violencia en el pololeo, señalaron como las más importantes los celos, el alcohol y las drogas, las historias de violencia en la familia, la infidelidad, problemas sicológicos y otras.

Por lo tanto, como Comisión de Familia, luego de conocer el interés que el Servicio Nacional de la Mujer, especialmente su ministra, tenía respecto de esta realidad, no pudimos abstenernos de buscar los caminos para legislar sobre la materia. La primera duda que surgió fue cómo legislar sin que se incluyera la relación de pareja sin convivencia en la legislación sobre violencia intrafamiliar, porque obviamente en este proyecto no estamos hablando de una familia ni de una pareja que convive, para las cuales precisamente existen las leyes sobre violencia intrafamiliar. La iniciativa se refiere a aquellas relaciones de pareja cuyos integrantes finalmente podrían decidir iniciar una convivencia o contraer matrimonio. Por ello, es muy importante evitar que las parejas que podrían iniciar una convivencia sufran situaciones de violencia durante el pololeo, porque dicha violencia el día de mañana también se producirá en la convivencia o en el matrimonio.

En esta materia, logramos la aplicación de normas que rigen para la violencia intrafamiliar; por ejemplo, que las denuncias se realicen en los tribunales de familia, exigencia que no estaba contemplada entre las funciones de estos, de modo que sean remitidas al Ministerio Público.

Por otro lado, me parece que no debemos considerar estas situaciones como algo jocoso, sino analizarlas con mucha profundidad y seriedad. Quienquiera que pueda dar una definición que abarque todo lo que estamos tratando de lograr, que es prevenir la violencia entre los jóvenes, que a pesar de tener relaciones, no conviven, nos ayudaría mucho, porque ese fue el mayor dolor de cabeza que tuvimos en la Comisión. Incluso, las personas que concurrieron a formular propuestas consideraron que no era necesario legislar sobre esta materia; sin embargo, todos sabemos que legislar tiene una importante resonancia en la sociedad.

Es bueno que los jóvenes sepan que la Cámara de Diputados está tratando un proyecto de ley que sancionará a quienes agredan a su pareja, aunque se trate de un simple zamarreo o de insultos que la afecten sicológicamente, porque no puede ser gratis agredir a otra persona. Obviamente, estamos un poco atrasados, porque la prevención de la violencia debiera empezar en los jardines infantiles, cuando los niños entran al sistema preescolar y también en el hogar. Pero eso ya no lo hicimos y, por lo tanto, debemos buscar los caminos adecuados para prevenir la violencia, a fin de evitar lo que sucede en la actualidad.

Sinceramente, creo que debiéramos aprobar este proyecto de ley, pero si existe una mejor definición sobre la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, que vaya más allá de un simple pololeo, estamos dispuestos a conversarlo y a aprobar una indicación en tal sentido.

El título del proyecto original se refería a relaciones íntimas de pareja sin convivencia, pero tuvimos que modificarlo porque resultaría mucho más difícil probar la existencia de una relación íntima, toda vez que ya resulta complejo probar una relación de pareja sin convivencia, para lo cual es necesario tener pruebas, testigos, etcétera.

También hay algo muy importante que incorpora este proyecto: las relaciones por medios electrónicos. Todos sabemos que algunas relaciones de este tipo toman mucho vuelo y avanzan hasta convertirse en un compromiso formal. Es más, muchas veces terminan en el matrimonio, con todas las consecuencias que ello implica. El grado de compromiso a que se puede llegar con esas relaciones electrónicas es impresionante, y constituyen una forma de relacionarse muy habitual en los jóvenes. De hecho, creo que se comunican mucho más a través de estos medios electrónicos que, incluso, cuando están juntos, lo que podemos comprobar con nuestros hijos y nietos.

Es importante enviar un mensaje a los jóvenes de nuestro país, en cuanto a que la violencia verbal, los zamarreos y la agresión sicológica no son la forma más adecuada para mantener relaciones, especialmente cuando existe un compromiso afectivo de por medio.

Por último, me interesa precisar que el proyecto hace referencia a la denuncia por porte de armas. Debemos aprovechar esta oportunidad para que todos los chilenos sepan que el porte de armas está prohibido. Solo 80 personas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a las empresas de máxima seguridad están autorizadas para portarlas. Lo reitero: aparte de ellos, solo hay 80 chilenos que están autorizados para portarlas; aunque estén inscritas, nadie más puede hacerlo. Solo pueden mantenerlas en su domicilio o en su trabajo. La tenencia ilegal de armas es una falta muy grave que debe ser denunciada de inmediato, ya sea que se utilicen en actos con violencia, sin violencia o en cualquiera circunstancia.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Carolina Goic.

La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , este proyecto llega a la Sala después de permanecer durante mucho tiempo en la Comisión de Familia y de un largo debate en que no resultó fácil concordar el texto que hoy se somete a la consideración de la Sala.

Comparto que es muy difícil probar la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, así como también entender la dinámica de los jóvenes de hoy, que es muy diferente a la de los jóvenes de antes, en que se pedía pololeo, lo que daba un carácter más formal a la relación; pero actualmente hay otros códigos.

Quiero partir reafirmando mi convicción de que es necesario legislar sobre esta materia. Todos hemos sido testigos de la violencia intrafamiliar y de las agresiones de que son víctimas algunas mujeres. Hace pocos días, cuando conmemoramos el Día de la Violencia contra la Mujer, recordamos el alto número de femicidios ocurridos en nuestro país. Asimismo, sabemos que las situaciones de violencia no se dan solo en las relaciones formales, es decir, cuando existe una convivencia o un matrimonio, sino también en las primeras relaciones de pareja, durante los primeros acercamientos de nuestros jóvenes.

Por eso, pensamos que es necesario poner atajo a estas situaciones y generar una ley que incentive más bien su prevención y no su sanción, y a los casos de violencia que ocurren actualmente en nuestro país en el ámbito de las relaciones de pareja sin convivencia.

Los datos que nos entrega el Servicio Nacional de la Mujer son muy claros y preocupantes. Según el estudio que realizaron la Universidad Andrés Bello y el Injuv, el 24 por ciento de los encuestados expresa que los gritos y los insultos entre los pololos son justificados. Entonces, cabe preguntarse qué está pasando. Es necesario cambiar esta realidad, porque no es posible que los jóvenes justifiquen estas situaciones.

Los celos también cumplen un rol muy importante. Uno de cada tres jóvenes reconoce que el detonante de la violencia en el pololeo son los celos; al parecer, según ellos, los celos justificarían la violencia y asumen que forma parte de sus relaciones.

Por otro lado, está la invasión de las cuentas de Facebook y twitter. Un 34 por ciento de los jóvenes reconoce haber revisado a escondidas el celular o la cuenta de Facebook de su pareja. Esto nos hace pensar que aquí hay algo que debemos abordar, más allá de la dinámica propia de los jóvenes y de los adolescentes, durante su aprendizaje en la relación de pareja.

Sin duda, resulta difícil llevar estas situaciones a un texto legal, no obstante lo cual la Comisión realizó un esfuerzo importante para identificar correctamente las situaciones que no están dentro de las relaciones de familia, porque no son protagonizadas por personas que viven bajo el mismo techo. Por eso decidimos no incluirlas en la Ley sobre Violencia Intrafamiliar e incorporarlas en una normativa especial que sancione estas faltas o delitos y que establezca los mecanismos que permitan actuar a los jueces.

Con este proyecto vamos a generar una discusión pública; pero el foco de ella, más que en las sanciones, debe estar puesto en la prevención. Tal como lo señaló la Presidenta de la Comisión de Familia , la diputada María Angélica Cristi , el hecho de tener esta discusión y de que haya un proyecto de ley sobre la materia constituyen un paso relevante. Lo importante es que durante la discusión del proyecto seamos capaces de elaborar el mejor texto posible que aborde la situación de fondo.

Hay un artículo muy significativo, que tiene relación con el rol que debe cumplir nuestra institucionalidad pública. El Sernam no es solo la institución más activa en campañas de prevención y de búsqueda de información -reconozco los esfuerzos que ha realizado en tal sentido-, sino también en la generación de alternativas para apoyar a una pareja de jóvenes, para determinar qué se debe hacer ante una falta. Una de las medidas que puede adoptar el juez es que asistan a un programa de apoyo sicológico. Sin embargo, si revisamos las alternativas que hay en nuestro país, como los programas de apoyo sicológico en algunos consultorios, veremos que estas son muy escasas; además, en los casos de violencia intrafamiliar, ha costado mucho mantener y ampliar las casas de acogida y los programas de apoyo sicológico. Siento que hay una patita que está cojeando.

Respecto de un proyecto sobre prevención del embarazo adolescente, con la diputada Mónica Zalaquett insistimos en la necesidad de que en los consultorios del país existan unidades de salud para adolescentes, con profesionales especializados en ellos, como, por ejemplo, matronas y sicólogos que entiendan la realidad de los adolescentes. Pero sabemos que nuestro sistema de salud no cuenta con recursos para ese objetivo.

Por lo tanto, aprovecho la presencia de la ministra para tocar este tema, pues no sacamos nada con aprobar una ley si no tenemos mecanismos de apoyo efectivos que permitan no solo la sanción, sino también, sobre todo desde la acogida, cambiar pautas culturales que se están instalando en la forma de relacionarse de nuestros jóvenes, y que no son las que todos queremos. Actualmente, ellos no reconocen la posibilidad del diálogo para resolver sus diferencias, sino que muchas veces sostienen una relación dispar de poder, en la que sobre todo el hombre considera a la mujer como un objeto al que puede agredir, a quien puede decirle con quién juntarse y con quién no, a quien le puede revisar su Facebook o su celular.

Con el diputado Fuad Chahín hemos presentado una indicación que, a nuestro juicio, aporta al texto del proyecto en discusión. La indicación señala que en aquellos casos en que la agresión lleva a la muerte de la mujer, se puede aplicar el artículo 390 del Código Penal -es decir, la modificación que introdujimos con ocasión de la ley del femicidio-, porque nos parece que esto completa de mejor forma el texto de la ley y lo hace coherente con lo que hemos legislado en esta materia. De esta manera, se aplican las penas respecto del femicidio y no respecto de un homicidio, como sería el caso de no aprobarse la mencionada indicación.

Señor Presidente , dada la urgencia que el Ejecutivo ha puesto al proyecto, solicito que recabe la unanimidad para que la indicación pueda ser votada hoy o, de lo contrario, ver la alternativa para que pueda ser analizada por la Comisión de Familia, lo que estaría sujeto a la modificación de la urgencia.

Entiendo que el objetivo de este proyecto es lograr el mejor texto posible y, por eso, queremos hacer un aporte en esta materia que nos preocupa a todos.

Frente a la violencia y a la agresión en las relaciones de pareja, todos tenemos una responsabilidad, por lo que esta es la oportunidad para dar una señal muy clara como país en esta materia.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente , valoro el esfuerzo que se hace por tratar de mejorar la legislación y ampliar las figuras que no están comprendidas en ella, pero quiero hacer una reflexión distinta de la que han hecho mis colegas.

Hay dos formas de expresar disconformidad con el texto. Una es decir que el texto es malo y la otra es decir que el texto es insuficiente. Sé cómo trabaja la Comisión de Familia -lo hace arduamente- y sé que el Ejecutivo ha tratado de aportar, por lo que voy a rechazar decir que el texto es malo, y voy a sostener, en cambio, que el texto es insuficiente y que podemos avanzar más, porque si bien es un aporte, todavía lo podemos perfeccionar.

Esto último lo digo sin sarcasmos; lo digo en forma muy responsable y seria. Por eso, no quiero hacer una afirmación tan dura como decir que esto es malo, que podría haber sido una línea discursiva y argumentar muy duramente por qué el texto es malo. No. Creo que hay un aporte, que hay una reflexión, un estudio, un trabajo de la Comisión de Familia que debe ser valorado. Además, en ella participan diputadas a las que he seguido su trayectoria, como la diputada Adriana Muñoz , y sabemos que son rigurosas, que se esmeran y que trabajan mucho en esa Comisión. Por eso, con esa misma objetividad, le pido a ella que comprenda y analice lo que voy a plantear a la Sala.

En primer lugar, no es bueno que quede asentado acá que todos quienes pasaron por la Comisión manifestaron que estamos frente a un texto ideal. El informe rendido por la diputada informante , a mi juicio, no ha sido fiel respecto de lo que fue la participación de muchos invitados a la Comisión.

Además, debo reconocer la apertura y buena disposición del Ejecutivo , al punto de que modificó su proyecto original, sacó algunos artículos, supeditándolos a otra discusión y centrándose básicamente en un solo artículo. Incluso, hubo un giro del propio Ejecutivo , lo que demuestra su buena voluntad para aceptar que había elementos que mejorar en la propia Comisión y que, de hecho, se mejoraron muchísimo.

Por ejemplo, el señor Cristián Lepín , académico y subdirector de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile, invitado por la Comisión de Familia, expresó que por tratarse de un problema que radica en la forma de relacionarse de una pareja, este no se soluciona aumentando progresivamente las penas para quienes cometan este tipo de ilícitos, ni mejorando las medidas de protección en favor de las víctimas, sino que, más bien, debe ser abordado desde la perspectiva del sujeto agresor, dado que solo en la medida que este se rehabilite, podrán evitarse posibles nuevas agresiones.

Incluso, sugirió que en las reformas de familia debe contemplarse un consejo de familia permanente, consultivo y multidisciplinario, que permita generar políticas públicas y reformas legales planificadas en la materia.

Si se analiza la ley de violencia intrafamiliar, se descubrirá que ahí hay un mandato al Estado en materia de políticas públicas. Este proyecto de ley, en cambio, genera una facultad, no una obligación. La forma verbal usada es “podrá” y no “deberá”. Entonces, también ahí tenemos una diferencia con la primera ley que se iba a modificar, como es la ley de violencia intrafamiliar. Caemos del mandato en la facultad, lo que debiera ser corregido. En todo caso, creo que el Ejecutivo tiene toda la intención de hacerlo, porque ya hay un mandato, que no debe debilitarse.

El señor Lepín , además, estimó necesario revisar el sistema de doble competencia -pido que pongan atención en este punto- dado tanto por los tribunales de familia como por los tribunales penales. Al respecto, estimó que el procedimiento se tornaría más eficaz si la competencia estuviese radicada en un solo tribunal, independientemente de la naturaleza del mismo.

Por su parte, la señora Jimena Valenzuela del Valle, profesora de Derecho Civil y de Familia de la Universidad de Los Andes, expresó que podría caber dentro de dicho término y, por ende, encontrarse amparada por esta ley, aquella pareja que sostuvo solo un “encuentro ocasional”. Ella se refiere al inconveniente que vislumbra en este proyecto en términos de su aplicación práctica, por cuanto sostiene que el juez respectivo se encontrará con la dificultad de determinar qué debe entenderse por relación de pareja.

Al respecto, ella plantea que se encontraría amparada por esta ley aquella pareja que sostuvo un solo encuentro ocasional y no necesariamente tratarse de una pareja con algún grado de formalidad.

Ella critica aun más fuertemente la iniciativa, pero no voy a citar todas sus críticas. En resumen, no es partidaria del proyecto -aparece en la página 35 del informe- y mucho menos de equiparar estas agresiones a aquellas contempladas en la ley de violencia intrafamiliar. En eso se hizo una corrección en la Comisión de Familia. Agregó que los tribunales de familia están actualmente lo suficientemente colapsados por situaciones mucho más graves y mucho más ciertas. Aclaro que estas no son mis palabras, sino las de la señora Jimena Valenzuela del Valle, profesora de Derecho Civil y de Familia de la Universidad de Los Andes.

Es más, señala que si una persona no tiene la capacidad de terminar, de concluir una relación afectiva de este tipo -la relación de pareja, cuyo concepto no es fácil de enmarcar-, la cual es absolutamente informal y efímera, en su opinión, más que protección legal, requeriría asistencia sicológica. Y esa relación de pareja no formal no solo la pueden tener los adultos, sino también los pololos. Por eso, se habla, en los medios y en todas partes, de la ley que regulará el pololeo. ¡Obvio!

Si adultos con criterio formado no son capaces de terminar una relación que no implica convivencia -de ahí, entre otras cosas, está la dificultad de definir qué es este tipo de relación de pareja-, ¿qué queda para los pololos jóvenes, niños y niñas, porque son eso? Un chico de 13 o 14 años es un niño, así como una chica de 12 o 13 es una niña; no tienen su criterio formado. Digo esto con todo el respeto hacia ellos. Muchas veces, esa relación tiene tal grado de impacto en su afectividad personal que, evidentemente, aún les enceguece más el poder objetivar esa relación.

¿Qué importancia le atribuye un joven -que está más cerca de ser un niño si tiene 13, 14 o 15 años- al primer pololeo? ¡Muchas veces considera que está ante el amor de su vida! La separación, porque la polola dejó de serlo, debido a que le gustó otro niño, le genera todo un impacto sicológico que requiere el sostén, el apoyo y el consuelo emocional y afectivo de la familia, fundamentalmente de sus padres. Esa ruptura no solo puede generar el uso de garabatos, sino, probablemente, más que eso. Pero estamos hablando de niños y niñas.

Es decir, si no somos capaces de demandar a los adultos, en el concepto de relación de pareja sin convivencia, sin hogar común, sin relación filial, ¿cómo se lo vamos a demandar a los pololos? La señora Jimena Valenzuela del Valle, de la Universidad de Los Andes, nos dice que “más que protección legal, requeriría asistencia psicológica”.

Esta iniciativa regulará a los adultos en relación de pareja informal, sin convivencia, sin hogar común y sin filiación, pero también regulará a los pololos. Lo que no somos capaces de demandarle a los adultos, tampoco seremos capaces de exigírselos a los pololos. Y vamos a someter a estos últimos al doble de tribunales: de familia y de garantía, que son de sede penal.

El colega Burgos , acertadamente, me sugirió que mirara el artículo 241 del Código Procesal Penal. Y tiene razón, porque, jurídicamente, es un punto certero, como habitualmente lo hace, toda vez que esa norma dice relación con los acuerdos reparatorios. Pero aquí se prohíbe la posibilidad de invocar el 241 para acuerdos reparatorios. ¿Qué padre no querría involucrarse, incluso padres que se conocen y saben de la relación de pololeo de sus hijos, para subsanar un problema que hayan tenido? Sin embargo, este proyecto de ley les impedirá seguir ese camino cuando estén en la sede penal respectiva.

Por otro lado, recomiendo leer lo que expresa la Corporación Humanas, que refrenda lo que he sostenido respecto del artículo 4° del proyecto. Entre otras cosas, afirma que “adolece de un amplio conjunto de deficiencias”…

El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente, termino de inmediato.

Valoro el esfuerzo que significa el estudio de esta iniciativa, pero creo que debe volver a la Comisión de Familia, incluso con plazo acotado, para perfeccionar las cosas que se pueden corregir, de lo cual hasta el Ejecutivo está consciente.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , este proyecto, que ha contado con el aporte dedicado de los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Familia, es muy bien intencionado y se hace cargo de una realidad social innegable, como es la existencia de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, en el pololeo, que a menudo va mucho más allá de lo tolerable.

Por ello, debemos generar políticas públicas para prevenir y corregir esa situación, ya que hoy, en la mayoría de los casos, la relación de pololeo se da a más temprana edad. Por lo tanto, se trata de personas que están en proceso de formación, de desarrollo personal y, por lo mismo, es necesario erradicar esas prácticas. A veces parten con una discusión, con un ataque de celos, que se transforma en un insulto, que después pasa a amenaza, que sigue con un empujón, luego con un golpe y, muchas veces, termina en un crimen. Es muy importante poner atajo a esa práctica.

Aquí surge un rol muy relevante de los establecimientos educacionales, de la familia y de las redes sociales de protección que deben existir. Por eso, es necesario legislar. Sin embargo, el proyecto evidencia algunas dificultades.

En primer lugar, me parece que se transforma casi en un tipo penal en blanco, porque no hay una definición precisa de lo que es una relación de pareja sin convivencia. Es tan amplio el espectro de hipótesis de relaciones de pareja sin convivencia que termina transformándose en un tipo penal en blanco, ya que no es preciso definir cuando estamos ante una verdadera hipótesis de las que se pretende sancionar con este proyecto. Una relación de pareja sin convivencia puede ser de un día, de una noche, de un encuentro ocasional, hasta una relación de noviazgo, con compromiso de años, con un nivel de formalidad y conocimiento distintos. Y todas estas hipótesis entran en un mismo tipo penal, en algunos casos, y en sanción especial, en otros. Creo que debemos definir y acotar de mejor manera lo que buscamos sancionar. ¿Queremos sancionar todo o solo ciertas hipótesis?

También me parece preocupante que en algunos casos se restrinja lo que se ha avanzado en términos generales en materia de proceso penal. Incluso, en ciertas situaciones, va en contra de lo que señala nuestro procedimiento para los adolescentes, establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Si hay adolescentes involucrados, porque se trata de un pololeo entre chicos de 16 años, ¿qué primara? ¿El procedimiento especial de esta futura ley o el de la ley de responsabilidad penal adolescente?

Por ejemplo, el artículo 9° del proyecto declara improcedentes los acuerdos reparatorios. Esto no solo va en contra de lo que establece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino también de lo que señala el Código Procesal Penal, en particular el artículo 241 y todos los principios que informan nuestro proceso penal. Por ende, ahí hay otro punto a discutir. Si buscamos educar, orientar o corregir, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, esa norma parece improcedente.

Aunque considero que el objetivo de este proyecto de ley no solo es plausible, sino también indispensable y urgente de abordar, no podemos tener tipos penales tan amplios, que terminan siendo en blanco, en que, además, desde el punto de vista procesal, nos alejamos de los principios del Código Procesal Penal y, más aún, de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y en los casos en que debemos poner mayor énfasis en la sanción, como en situaciones de violencia grave, en verdad no innovamos.

Si en un pololeo se causa la muerte a una mujer, no innovamos, porque no hay modificación al respecto. Se sigue sancionando con las penas del artículo 391 del Código Penal, es decir, del homicidio. Ahí, en esa coyuntura, yo innovaría; por eso presentamos una indicación, para que se sancione esa conducta con las penas del artículo 390 del Código Penal; es decir, se equipara al femicidio.

Pongamos el énfasis sancionatorio en las acciones gravísimas, como, por ejemplo, aquellas que terminan acarreando la muerte de la víctima, y en el resto pongamos el énfasis en lo correctivo y en lo educativo, más que en lo punitivo.

Me parece que hay un desajuste en el proyecto, dado que pone más énfasis en lo sancionatorio de las acciones menos lesivas, pero no innova, desde el punto de vista de lo punitivo, en las acciones más lesivas, de mayor gravedad. Por lo tanto, debemos equilibrar de mejor manera este proyecto que, insisto, me parece una buena iniciativa y se necesita con urgencia.

Propongo que se recabe el acuerdo de la Sala para votarlo en general en esta sesión, aprobar la idea de legislar, y que vuelva por un tiempo acotado, una o dos sesiones, a la Comisión de Familia, para que los diputados que hemos conocido el proyecto en la Sala y no fuimos parte del debate en esa comisión, pero queremos aportar para mejorarlo, tengamos la oportunidad de presentar indicaciones, de participar en el debate y que después vuelva a la Sala, antes de que termine el año, para que podamos aprobarlo en particular y despacharlo.

Me parece que esa es una buena solución. Hemos conversado con la ministra al respecto y ha mostrado buena disposición para proceder en esos términos.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, solo he podido interiorizarme del contenido de la iniciativa en el transcurso de este debate en la Sala.

Hasta ahora me parece un proyecto muy interesante y me encantaría concurrir con mi voto favorable, pues se hace cargo de una situación que, desgraciadamente, ocurre habitualmente en nuestra sociedad: actos de violencia al interior de las relaciones que conocemos como pololeos, que no implican una convivencia, que pueden quedar sin sanción.

Pero en el evento de que se produjera lo que propone el diputado que me antecedió en el uso de la palabra y la iniciativa volviera a la comisión, lo cual me parecería correcto, para que se le dé una nueva mirada, se presenten indicaciones y se revisen algunos puntos, dejaré planteadas algunas dudas que me merece su texto, tanto a la señora ministra como a las diputadas que más han participado en su debate.

El artículo 2°, que es muy importante, expresa: “Violencia en las relaciones de pareja sin convivencia. Será constitutivo de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia todo maltrato que afecte la integridad física, síquica, o la libertad o indemnidad sexual, dirigido hacia una persona con la cual se tenga o se haya tenido una relación de pareja sin convivencia.”.

Y el artículo 3° dispone: “Sanciones. El agresor” -el sujeto activo del delito; dice “el agresor”, pero también podría ser “la agresora”, aunque con mucho menos frecuencia- “será sancionado con multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante…”.

Como vemos, el primer artículo citado se refiere a algún tipo de agresión que no merece reproche penal, sino pecuniario. Es una falta, pero en ninguna parte dice que se trata de una falta.

Después, el artículo 4° dice: “De los actos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia que no constituyan delito. Los actos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia que no constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia…”. Es decir, una regla de competencia.

Sin embargo, de la lectura de esta norma se desprende que hay otro gran número de acciones que sí constituyen delito. ¿Dónde está definido eso? ¿Está claramente establecido en la Ley de Familia? Así como está redactado, este texto hace una diferenciación, pero, en mi opinión, no se basta por sí mismo para la diferenciación; hay que recurrir a otra norma. En consecuencia, sería conveniente que eso se clarificara.

Me dicen que estoy equivocado, porque los términos están clarificados en otra ley, pero estas normas debieran hacer una referencia precisa, concreta, a la otra. Entonces, existe un problema que sería mejor solucionar, en un nuevo informe. Es mi modesta opinión.

Tengo el mejor ánimo para apoyar este proyecto, porque me parece que recoge una situación que, para nuestra desgracia, ocurre muy comúnmente y, a veces, muy impunemente. Pero si ya estamos legislando al respecto, sería bueno darle una vuelta más y solucionar los problemas que he planteado y los otros que han surgido en este debate.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- En su segundo discurso, tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , quedé sorprendida con el inicio del discurso del diputado Rincón , cuando señaló que un proyecto puede ser calificado de malo, muy malo o insuficiente. Me parece que siempre son perfectibles, por lo que considero que debemos recoger las observaciones que planteó el diputado Burgos respecto de esta iniciativa. Imagino que el Ejecutivo tendrá la mejor disposición para perfeccionar el proyecto, de manera que, desde el punto de vista técnico, se apruebe en los mejores términos posibles.

No obstante, en las intervenciones de los diputados Rincón y Chahín percibo otro tipo de preocupación, que va más allá de lo técnico y de la rigurosidad legislativa, que me parece que se vincula con el concepto mismo de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia. Para darse cuenta de ello, no hace falta formar parte de la Comisión de Familia; basta con estar atento a lo que sucede en la realidad de nuestro país y a lo que como Cámara de Diputados hemos discutido desde hace ya bastante tiempo, no solo en esa comisión o en las comisiones unidas de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, puesto que durante el debate de la ley sobre el femicidio también se analizó el tema. Estamos ante una realidad grave de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia y que no constituyen matrimonio, que no fueron recogidas en la Ley de Violencia Intrafamiliar.

Si ese es el problema de fondo que se quiere plantear en esta discusión, creo que estamos en otro debate, porque la señal que queremos dar es que es necesario prevenir y sancionar la violencia en ese tipo de relaciones.

La indicación presentada me parece pertinente, en el sentido de que, si se considera necesario clarificar más que si hay homicidio en una relación de este tipo y la víctima es una mujer, deba asimilarse al femicidio. En el debate en la Comisión entendimos que, cuando se diera esa situación, se asimilaría a la norma general; pero si es necesario insistir, me parece bien que se haga a través de la indicación.

Recojo lo planteado por el diputado Burgos , pero lo que me preocupa es que, en la intervención de los diputados Chahín y Rincón, percibo un intento de volver atrás respecto del tema central y de la definición de fondo sobre las acciones de violencia al interior de este tipo de relaciones que, de verdad, son un elemento importante del proyecto de ley. Por fin el Congreso Nacional se hace cargo de un debate que ha estado pendiente por más de siete años.

Esa es mi preocupación. Ojalá me haya equivocado o haya deducido conclusiones erróneas de la intervención del diputado Rincón , lo que me alegraría mucho.

He dicho.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.

El señor MEZA.- Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley que castiga a quienes ejercen violencia en las relaciones de pareja que no tienen convivencia, es decir, en las relaciones de pareja tormentosas que, por lo general, involucran mayoritariamente a los jóvenes que pololean.

En esta Sala hemos legislado muchas veces para castigar la violencia intrafamiliar, el femicidio, el maltrato a los adultos mayores, etcétera. Cuando hablamos de violencia no solo nos referimos a la física, sino también a la sicológica. Como dijo el diputado Jorge Burgos , la violencia no siempre se origina en el sexo masculino, sino que, en algunas oportunidades, también es ejercida por el mal llamado sexo débil.

Poco a poco, nuestra sociedad se ha ido enfermando, porque la violencia no solo está presente en los aspectos que he descrito, sino que también se presenta en la sociedad cuando esta reclama por sus derechos. Muchas veces lo hace a través de la violencia, del desorden en las calles, de la agresión a personas inocentes, de los transeúntes, etcétera. Es decir, una parte de la sociedad reclama derechos a través del destrozo de los bienes públicos y privados.

La violencia se manifiesta también en los estadios, donde, para reclamar por el mérito de un equipo de fútbol, también se emplea la violencia. Y si alguien piensa distinto, es hincha de otro equipo y viste con otra camiseta, muchas veces es agredido, desgraciadamente, hasta la muerte.

No estoy pintando un panorama tan oscuro como para desanimarnos en la lucha contra ese mal que cada día se hace más intolerable.

¡Cuánta falta hace que nuestros jóvenes y niños reciban educación cívica -los aspectos legales ya han sido discutidos- en las escuelas y se les enseñe a respetar a las personas y a las instituciones! ¡Cuánta falta hace que en las escuelas se reciba una educación que promocione el respeto a la pareja, desde los primeros años de vida! Se debe respetar la convivencia y al que piensa distinto.

¿Por qué tenemos que seguir con esta anemia en los centros de formación que son las escuelas, en que, lamentablemente, no existe una malla curricular que forme, como lo hicieron los buenos profesores que tuvimos en el pasado y como deberían hacerlo los buenos profesores que tenemos hoy, a los jóvenes?

Sin embargo, se insiste en iniciativas como estas que apuntan a castigar -como dijo el diputado Jorge Burgos , de una forma irrisoria con una multa a quien agrede a su pareja. O sea, basta con pagar una multa y lo puedo hacer cuantas veces quiera.

Creo que este proyecto de ley merece una revisión más a fondo, porque no va al meollo del problema que, a mi juicio, tiene que ver con un asunto de educación en el hogar.

Cuando un niño ve que su padre agrede a su madre, tarde o temprano va a copiar esa conducta en su pololeo quinceañero, sobre todo si en la escuela nadie le dijo que eso es malo, que no se hace y que el respeto es la base de la convivencia, de la tolerancia y del éxito como sociedad.

El diputado señor Fuad Chahín pidió que este proyecto de ley fuera votado solo en general a fin de tener tiempo para introducirle indicaciones. Concuerdo con él, porque en una iniciativa como esta no podemos dejar escapar ningún aspecto de lo cual después nos podamos arrepentir.

Estoy de acuerdo con legislar sobre este tema y espero que la Sala esté de acuerdo en que en una sociedad es fundamental que la educación se imparta sobre la base del respeto, la tolerancia y la prevención de situaciones que cada día nos avergüenzan más y que se producen en las calles y en los hogares chilenos.

He dicho.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que establece ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, a excepción del artículo 4°, por tratarse de una norma con rango de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvo el diputado señor Bertolino Rendic Mario.

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar en general el artículo 4° del proyecto, para cuya aprobación requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.

En votación:

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votó por la negativa el diputado señor Lorenzini Basso Pablo.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Rincón González Ricardo; Silber Romo Gabriel.