Labor Parlamentaria

VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1.- Comunicaciones:

2. Nota:

III.ACTAS

El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 109ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 110ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV.CUENTA

El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “OTORGA UNA BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA QUE CUMPLAN CONDICIONES QUE SE INDICAN”. (BOLETÍN N° 9868‐05)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestraconsideración un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer, para el año 2015, unabonificación especial para los funcionarios públicos de la Región de Atacama, que cumplan condiciones que se indican.

I. ANTECEDENTES

Los costos de la vida en diferentes sectores geográficos del país son asimétricos, lo que tiende a generar inequidades.

El caso de la Región de Atacama es paradigmático en este punto. Junto al enorme desarrollo de la gran Minería del Cobre y del retail en la región en los últimos años, las familias han visto cómo ha aumentado el costo de la canasta familiar y los arriendos, entre otros bienes y servicios. En el caso de los trabajadores del sector privado, han existido aumentos de remuneraciones que han permitido hacer frente a estos aumentos de precios, pero ello no ha ido a la par para los funcionarios del sector público, existiendo un riesgo de migración de valiosos cuadros profesionales y técnicos hacia el sector privado.

Considerando que el eje principal del Programa de Gobierno es combatir las desigualdades, es que también debemos abordar soluciones a tales inequidades geográficas originadas por diferenciales de costo de vida.

Así, se hace necesario establecer incentivos para que los Servicios Públicos de la región puedan atraer y retener a los funcionarios para el cumplimiento adecuado de sus labores.

Para tomar una decisión de política pública debidamente informada sobre esta materia, como Gobierno hemos encargado un estudio al Instituto Nacional de Estadísticas sobre el costo de una canasta de consumo nacional y sus variaciones entre regiones. Este estudio se realizará durante el presente año 2015.

Sin embargo, a la espera de los resultados de dicho estudio, como Gobierno hemos acordado presentar un proyecto de ley que tiene por finalidad establecer, para el año 2015, unabonificación especial para los funcionarios públicos de la Región de Atacama. Esta bonificación extraordinaria recoge lo planteado por la moción parlamentaria de los diputados señores Lautaro Carmona y Alberto Robles y de las diputadas señoras Daniella Cicardini y Yasna Provoste , la cual fue declarada inadmisible por el Honorable Congreso Nacional, atendidas las disposiciones sobre iniciativa exclusiva y formación de la ley previstas en la Constitución Política.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley propone otorgar, de manera extraordinaria durante el año

2015, una bonificación especial de un monto trimestral de $240.000 pesos, para los funcionarios públicos que indica la presente iniciativa legal.

Esta bonificación especial será imponible, tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Ésta se pagará trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Contemplándose una norma transitoria para el caso que la presente ley se publique con posterioridad a dichos meses, permitiendo el pago de las cuotas correspondientes.

En mérito a lo anteriormente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.-Concédese, durante el año 2015, una bonificación especial a los siguientes funcionarios públicos con contrato vigente al 1° de enero de 2015: que se encuentren en calidad de planta, a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que se desempeñen en la Región de Atacama, y que se encuentren remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N° 249, de 1973 y en el Título I del decreto ley N° 3.551, de

1980.

De igual modo, la bonificación establecida en el presente artículo se otorgará a los funcionarios de la Región de Atacama de las entidades que se señalan: al personal de planta y a contrata de la Dirección General de Aeronáutica Civil; al personal de la Atención Primara de Salud Municipal, regido por la ley N° 19.378; a los asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464; a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883.

Los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al Intendente Regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma.

Artículo 2°.- La bonificación especial señalada en el artículo anterior tendrá un valor trimestral de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos) y se pagará en cuatro cuotas iguales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo.

Esta bonificación especial será tributable e imponible y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda la cuota correspondiente y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad.

Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, para las entidades señaladas en los artículos anteriores, será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama. En el caso de las instituciones que no están en la cobertura de la ley de presupuestos, los recursos les serán transferidos directamente por el Gobierno Regional.

Artículo Transitorio.-La bonificación especial de la presente ley, correspondiente a los trimestres completos del año 2015 transcurridos a la fecha de su publicación, se pagará junto con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a su entrada en vigencia.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO , Vicepresidente de la República; MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO , Ministro del Interior ySeguridad Pública (S); ALBERTO ARENAS DE MESA , Ministro de Hacienda.”

Informe Financiero

proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la

Región de AtacamaMensaje N° 1177-362”

El proyecto de ley otorga una bonificación especial durante el año 2015 a los funcionarios púbicos de planta, contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo que se desempeñen en la Región de Atacama. La referida bonificación ascenderá a un monto trimestral de $240 miles y se pagará en cuatro cuotas durante dicho año.

Este proyecto implicará un mayor gasto estimado en $ 7.581.000 miles para el año 2015, el cual se financiará con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Atacama.

(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR , Director de Presupuestos.”

2. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9866‐04)

“Honorable Cámara:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales –incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario (boletín N° 9866-04).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO , Vicepresidente de la República; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ , Ministra Secretaria General de la Presidencia.”

3. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9868‐05)

“Honorable Cámara:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales –incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO , Vicepresidente de la República; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ , Ministra Secretaria General de la Presidencia.”

4. INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “ESTABLECE

MARCO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR.”. (BOLETÍN N°9094‐12)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1. Idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz del proyecto de ley es establecer el marco para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor, mediante instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos, entre los cuales destaca la implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

2. Normas de quórum especial.

El Artículo 14 del proyecto tiene el carácter de ley orgánico constitucional, en tanto incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en los términos del artículo 77 de la Constitución Política. En conformidad a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC Rol N° 2180-2012 y 2074-2011), esta norma reviste el carácter de orgánica constitucional, “toda vez que, en cuanto incide(n) en el sistema de recursos, lo hace(n) a su vez en las atribuciones de los tribunales de justicia”.

Dicho artículo establece un recurso de reclamación en contra de los decretos que establecen metas de recolección y valorización y otras obligaciones, dando competencia para conocer del mismo al primer Tribunal Ambiental que se avoque al conocimiento del recurso.

No existen normas de quórum calificado.

3. Normas que requieran trámite de Hacienda.

Los artículos 29, 33 inciso tercero y 36, establecen un Fondo para el Reciclaje, cobro de aranceles por la inscripción en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y aplica multas por las infracciones que señala,, respectivamente, deben ser remitido a la Comisión de Hacienda en virtud del artículo 226 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Aprobación del proyecto, en general.

El proyecto fue aprobado, en general1, por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Teillier y Vallespín y de los entonces diputados señores Accorsi y De Urresti .

5. Diputado informante.

Se designó Diputado informante al señor Daniel Melo Contreras .

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.

a) Antecedentes generales.

Señala el mensaje que en Chile, desde hace décadas, el manejo de los residuos se plantea como preocupación en los distintos sectores sociales, aunque no se hayan planteado soluciones efectivas, en especial dada la complejidad del tema, a patrones de producción y consumo que favorecen la generación cada vez mayor de residuos.

Se precisa, además, que los residuos son sustancias u objetos que su poseedor desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. El manejo de residuos y su disposición final generan altos costos ambientales, sociales y también un elevado costo económico para los Municipios, quienes, en su gran mayoría, contratan a empresas privadas o mediante manejo propio deben gestionar su recolección, transporte y disposición final.

Asimismo, se hace presente que, un gran porcentaje de residuos son dispuestos en vertederos y micro basurales ilegales que en su mayoría se ubican en la periferia de la zona urbana, afectando principalmente a comunas de bajos ingresos e impactando negativamente sus presupuestos, debiendo éstas asignar recursos económicos, equipamiento y personal para clasificar, extraer, transportar y eliminar los residuos dispuestos ilegalmente en el espacio público.

b) Antecedentes legales.

Además, el mensaje destaca que el marco regulatorio que actualmente se refiere al manejo de residuos sólidos en el país está compuesto por multiplicidad de normas, como son:

a) Código Sanitario: establece la obligación de las municipalidades de recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana (artículo 11, letra b).

Asimismo, el párrafo III del Título II (artículos 78 a 81) se refiere a los “desperdicios y basuras”; en él se establecen las autorizaciones sanitarias de distintas instalaciones de manejo de residuos.

b) Decreto ley N° 3.063, de 1979, Rentas Municipales: se refiere al cobro del servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios.

Al respecto, establece criterios para cobro diferenciado; programas ambientales, incluyendo reciclaje; frecuencia o volúmenes de extracción; o las condiciones de accesibilidad;

1Sesión 147ª, celebrada el 15 de enero de 2014.

todos ellos criterios que deben establecerse por cada municipalidad a través de ordenanzas locales. Finalmente, establece una exención general a usuarios cuya vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades tributarias mensuales, así como la facultad para que cada municipalidad exima a ciertas personas del pago de la tarifa por el servicio de aseo (Título III, artículos 5° a 11).

c) Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades: establece como función privativa de las municipalidades el aseo y ornato de la comuna (artículo 3°, letra f) y atribuye a la unidad de medio ambiente, aseo y ornato el servicio de extracción de la basura.

d) Decreto supremo N° 685, de 1992, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.

El Convenio de Basilea regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición.

e) Ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente: exige evaluación ambiental a ciertos proyectos vinculados al manejo de residuos (artículo 10, letras i, ñ y o).

Asimismo, establece como función del Ministerio del Medio Ambiente proponer políticas y formular normas, planes y programas en materias de residuos (artículo 70, letra g).

f) Decreto supremo N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud, establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo:

g) Decreto supremo N° 148, de 2004, del Ministerio de Salud, establece el Reglamento

Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos.

h) Decreto supremo N° 45, de 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece la norma de emisión para la incineración y co-incineración.

i) Decreto supremo N° 189, de 2008, del Ministerio de Salud: regula condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios.

j) Decreto supremo N° 6, de 2009, del Ministerio de Salud: regula el manejo de residuos generados en establecimientos de atención de salud.

k) Decreto supremo N° 4, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

reglamenta el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas.

l) Decreto supremo N° 2, de 2010, del Ministerio de Salud: regula la autorización de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos consistentes en baterías de plomo usadas; y m) Decreto supremo N° 3, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente: reglamenta el manejo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de efluentes de la industria procesa-

dora de frutas y hortalizas.

c) Fundamentos del proyecto de ley.

El mensaje parte reconociendo que nuestro país ha realizado importantes avances en el manejo de residuos domiciliarios ya que en el año 1995 la totalidad de los residuos domiciliarios se eliminaban en vertederos y tan sólo diez años más tarde más del 60% se disponían en rellenos sanitarios que cumplen con una serie de exigencias técnicas sanitarias y ambientales.

Sin embargo, desde el punto de vista regulatorio, el énfasis de la gestión de residuos ha sido puesto en resolver adecuadamente su disposición final, esfuerzo que ha demostrado no ser suficiente sino que, además, es necesario redefinir el enfoque de su gestión de modo tal que se incluya la valorización de los residuos, en todos sus aspectos.

Prosigue el mensaje señalando que, actualmente, la gran mayoría de los municipios limitan su gestión a la disposición final de los residuos a través de contratos con empresas privadas o mediante manejo propio. En general, dichos organismos no han manifestado una disposición concreta para el manejo integral de sus residuos y buscan, por lo general, eliminarlos sin considerar estrategias como fomentar la prevención de su generación o su potencial valorización.

Por consiguiente, los contratos de disposición final, muchas veces desincentivan las iniciativas de reciclaje, debido a que los costos por tonelada son menores mientras más aumente la cantidad dispuesta. Sin perjuicio de lo anterior, algunos municipios han formalizado el reciclaje a través de contratos para la recolección diferenciada. Asimismo, existe un mercado informal de recicladores e intermediarios para la recolección de papel, cartón, chatarra y otros residuos reciclables y también un mercado formal con empresas recuperadoras y recicladoras de papel y cartón, chatarra, plástico, hojalatas, aceites, baterías y neumáticos, entre otros residuos, empresas que se han desplegado en las principales ciudades del país.

En el mensaje si bien se reconoce que han existido avances en materia sanitaria, asimismo se hace constar que la tasa de valorización de residuos generados es aún incipiente. Entre

2009 y 2010 se realizó el estudio “Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional Sobre Residuos Sólidos de Chile”, el cual presenta las siguientes estimaciones para el años 2009: una generación de 16,9 millones de toneladas de residuos, de las cuales 10,4 millones de toneladas corresponden a residuos industriales y 6,5 millones de toneladas a residuos domiciliarios, de estos últimos un alto porcentaje (33%) corresponde a materiales potencialmente valorizables. Estos datos no incluyen a los residuos mineros masivos. Más aún, algunos residuos domiciliarios de consumo masivo considerados residuos peligrosos, como lo son los medicamentos vencidos, no son tratados adecuadamente. Por otra parte, una lista acotada de productos de consumo masivo representa un gran porcentaje de la generación de estos residuos potencialmente valorizables y/o peligrosos.

Para enfrentar la complejidad de este problema, en el año 2005 el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente aprobó la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, elaborada por un Comité Técnico, con representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esta política tenía como objetivo “lograr que el manejo de residuos sólidos se realice con el mínimo riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, propiciando una visión integral de los residuos, que asegure un desarrollo sustentable y eficiente del sector”.

Prosigue el mensaje, señalando que uno de los aspectos relevantes que incorpora esta política es la necesidad de contar con una gestión integral de residuos que abarque todas las etapas de un producto, desde que es elaborado hasta su eliminación. Debe tenerse presente que cuando se habla de gestión de residuos, el primer objetivo es evitar la generación; si esta no es posible de evitar, se debe procurar su minimización; si esto no es posible, entonces se debe recién evaluar su potencial disposición final. Este principio de jerarquía en la gestión de residuos, reconocido en gran parte de los países desarrollados, ha probado su efectividad en el tiempo.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Evaluación de Desempeño Ambiental del país del año 2005, estableció una serie de recomendaciones para fomentar la valorización de residuos en Chile, tales como: “Profundizar la aplicación de los principios el que contamina paga y el usuario paga mediante cargos apro-

piados sobre el manejo de residuos” y “evaluar las posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos como cargos por residuos peligrosos, entre otros”.

Los instrumentos económicos que propone la OCDE usan las fuerzas del mercado como impulsoras del cumplimiento de las metas ambientales. Este tipo de mecanismos permite entonces internalizar, en el momento mismo del acto de consumo, la externalidad asociada al producto demandado. Entre los instrumentos económicos más utilizados para el control de externalidades se reconocen instrumentos de precio y de cantidad. En el contexto internacional, más de 45 países utilizan instrumentos de cantidad para promocionar la valorización de residuos a través del mecanismo conocido como Responsabilidad Extendida al Productor (REP). La REP corresponde a un régimen especial de gestión de residuosconforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de productos que comercialicen en el país definidos como prioritarios.

Agrega el mensaje que el envío de este proyecto de ley es un compromiso que asumió el gobierno en su Programa, el que fue reafirmado en la Cuenta Pública del 21 de mayo de

2011. Junto con lo anterior, destaca el gran consenso político que existe por parte de los diputados y senadores sobre la necesidad de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de esta naturaleza, lo cual queda reflejado en dos mociones parlamentarias.

La primera, corresponde alBoletín N° 8450-12presentada por los diputados señores Eugenio Bauer , Romilio Gutiérrez , Gustavo Hasbún , Javier Hernández , Iván Moreira , Leopoldo Pérez, Manuel Rojas , David Sandoval , Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock , y en la el cual se propone incorporar un nuevo artículo 47 bis en la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estableciendo que los productores deberán evitar la propagación de los residuos que se generen con ocasión del desarrollo de su actividad económica debiendo adoptar todas las medidas necesarias para que se efectúe con el menor impacto medio ambiental posible.

La segunda, está contenida en el Boletín N° 8854-12, presentada por las senadoras señoras Isabel Allende y Soledad Alvear , y los senadores señores Guido Girardi y Alejandro Navarro , y en la cual se establece que el generador de un residuo será siempre responsable subsidiariamente de los efectos y perjuicios que éste genere hasta su completa disposición o eliminación.

Asimismo, se menciona el Proyecto de Acuerdo N° 620, de 9 de mayo de 2012, por el cual se solicita a S.E. el Presidente de la República que “indique cuáles son las factibilidades técnicas, administrativas y presupuestarias para hacer el envío inmediato del proyecto de la Ley General de Residuos que contempla dentro de sus principios significativos la Responsabilidad Extendida del Productor”.

En este contexto, el mensaje resalta la constante preocupación que ha tenido sobre esta materia la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, (actualmente Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales) la que en reiteradas ocasiones ha insistido en la importancia de enviar un proyecto de ley de esta naturaleza.

De esta manera el envío de este proyecto de ley no viene sólo a honrar un compromiso asumido por el Gobierno, sino que también se hace cargo de una solicitud expresa manifestada por el Poder Legislativo en cuanto a la necesidad de introducir una regulación de esta naturaleza. Asimismo, se está dando cumplimiento a una de las recomendaciones hechas por la OCDE.

También, se hace presente que para la elaboración de esta iniciativa se realizaron numerosas reuniones con los diferentes actores del sector regulado por este proyecto de ley, con el objeto de recoger sus inquietudes y establecer una regulación que haga viable su implementación en función a las realidades de los mercados que está regulando. De esta forma, no solo hay un consenso político en cuanto a la necesidad de introducir la REP, sino que también existe un consenso en el sector productivo en que es imperioso introducir sistemas de gestión que permitan hacerse cargo de sus productos una vez que éstos se transforman en residuos.

Finalmente, se destaca que en la elaboración de este proyecto de ley el Gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, ha realizado una ardua tarea interdisciplinaria y de coordinación con otros ministerios y organismos públicos, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, proceso que culminó con la presentaciónde la iniciativa legal al Consejo Consultivo del Ministerio del Ambiente para su opinión, recibiendo un amplio respaldo de sus consejeros, y sometido al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el que se pronunció favorablemente, por unanimidad, con el proyecto, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 71 letra f) de la ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que este proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo tanto del sector público como de la sociedad civil.

d) Objetivos del proyecto de ley.

El presente proyecto de ley tiene por objetivo incorporar la valorización de los residuos como un elemento primordial en la gestión de los residuos sólidos e introducir en la regulación existente en la materia, un instrumento económico que busca generar mecanismos que permitan aumentar los niveles de reciclaje de los residuos que actualmente se disponen en rellenos sanitarios o son depositados en vertederos ilegales.

De esta forma, la iniciativa legal en tramitación establece algunos instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos, destacando entre ellos la REP, -Responsabilidad Extendida del Productor, la que se traduce en que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir metas de reciclaje establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente. La REP, según lo expresa el mensaje, “implica que los productores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obligaciones tales como registrarse, organizar y financiar la gestión de residuo, cumplir metas de recolección y valorización a través de alguno de los sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados”.

En definitiva, la REP persigue dos objetivos principales:

i) Promover el diseño de productos que procuren el aumento de su vida útil y potencial de valorización y,

ii) Incentivar la reutilización y valorización de productos al final de su vida útil.

Ello permite internalizar las externalidades ambientales propias de los residuos (contaminación suelo y aguas, olores, emisiones, vectores), disminuir la disposición final de residuos, con ello aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, y formalizar el mercado de reciclaje existente en el país.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley consta de 37 artículos permanentes y dos transitorios, agrupados en ocho títulos, en los que se regulan las siguientes materias.

1.- Disposiciones generales: El Título I, artículos 1° a 3°, inclusive,establece el objeto de la ley, enuncia principios y define conceptos necesarios para la adecuada interpretación

2.- De la gestión de residuos: El Título II, artículos 4° a 7°, inclusive, crea dos instrumentos de gestión de residuos que podrán ser desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente:

a) la certificación, rotulación y etiquetado de productos, y b) los sistemas de depósito y reembolso.

Además, explicita las obligaciones de generadores, gestores, importadores y exportadores de residuos.

Por consiguiente, los títulos I y II, establecen un marco general para la gestión de residuos en el país, sin que esta iniciativa legal altere la legislación sanitaria ni municipal existente en materia de residuos, sino que la reconoce y construye sobre ella.

3.- De la Responsabilidad Extendida del Productor: El Título III, artículos 8° a 25, inclusive, contenidos en tres párrafos, el primero: disposiciones generales, el segundo: metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas, y el tercero: sistemas de gestión. Por este título se introduce la Responsabilidad Extendida del Productor REP, abarcando las siguientes materias:

a) Definición: La REP es definida como un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que se comercialicen en el país.

b) Aplicación a productos prioritarios: La REP se aplica a productos determinados, los que son identificados de manera taxativa en el presente proyecto de ley. Se trata de nueve productos priorizados en base a criterios de volumen, peligrosidad, potencial de valorización y experiencia comparada. La determinación de las metas específicas de recolección y valorización y obligaciones asociadas a cada producto se efectuará mediante un decreto supremo, previa tramitación de un procedimiento administrativo que involucra la participación de todos los actores implicados.

c) Metas de recolección y valorización y otras obligaciones: La principal obligación de los productores consiste en cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos, así como con otras obligaciones asociadas, tales como; etiquetado, información, estrategias de comunicación y sensibilización y medidas de prevención en la generación de residuos.

d) Sistemas de gestión: El mecanismo a través del cual los productores deben cumplir con sus obligaciones de REP es el llamado sistema de gestión. Se permite que los productores obligados actúen de manera individual o colectiva, celebrando convenios con municipalidades, recicladores de base y otros gestores, según lo estimen conveniente. En caso de optar por un sistema colectivo de gestión, la persona jurídica que los productores creen al efecto deberá respetar diversos requisitos cuyo fin es garantizar que se cumpla el objeto de la ley y evitar conductas que atenten contra la libre competencia. En este mismo título se establece que los productores sólo podrán enajenar productos prioritarios sometidos a un sistema de gestión y en caso de incumplimiento va aparejada una sanción.

4.- Mecanismos de apoyo a la REP: El Título IV, artículos 26 a 31, inclusive, contempla mecanismos de apoyo, entre ellos la educación ambiental en el manejo de residuos y la cooperación e involucramiento de las municipalidades.

5.- Sistema de información: El título V, artículo 32, establece un sistema de registro, que utiliza la plataforma del existente Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) y contiene información sobre los productores obligados, los gestores de residuos autorizados y los sistemas integrados de gestión; el cumplimiento de metas de recolección y valorización; las relaciones contractuales entre los productores o los sistemas integrados de gestión. El registro también incorpora los resultados de la gestión de residuos.

6.- Régimen de fiscalización y sanciones: El título VI, artículos 33 a 36 inclusive, establece el régimen de fiscalización, infracciones y sanciones de la REP, la que estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.

7.- Modificación a otros cuerpos normativos: El título VII, artículo 37, modifica la ley N° 19.300, agregando un párrafo 6 bis, por el cual se regula la certificación, rotulación y etiquetado respecto de tecnologías, procesos, bienes y servicios o actividades que cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país.

8.- Normas transitorias: El título VIII, contempla dos normas transitorias. Por la primera se establece que los recicladores de base se podrán registrar durante los dos primeros años de vigencia de la ley sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 29 de la ley.Por la segunda se dispone la forma en que se deberá informar mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y obligaciones asociadas a cada producto prioritario.

Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

El proyecto de ley establece el marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor.

Asimismo, modifica la ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, incorporando un párrafo 6° bis.

IV. ANALÍSIS Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) DISCUSIÓN GENERAL.

1. Exministro del Medio Ambiente (s), don Ricardo Irarrázaval2.

Señaló que este proyecto de ley es la concreción de diversas iniciativas legales anheladas y sobre la cual existían varias mociones. Para contextualizar políticamente el proyecto, hizo alusión a la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2005) y el cambio de paradigma que se ha producido hacia aumentar la valorización (reciclaje) y disminuir la disposición final de residuos. Asimismo, se logró consenso y apoyo transversal a la idea de legislar sobre la responsabilidad extendida del productor (REP), lo que está en consonancia con elcompromiso de Chile ante la OCDE.

En cuanto al contexto ambiental, explicó que el siguiente cuadro contiene antecedentes sobre la generación de algunos residuos y el nivel de reciclaje.

Agregó que también se consideró el contexto internacional, que demostró que la REP es el instrumento de gestión ambiental más exitoso y como tal es utilizado en la Unión Europea, Estados Unidos de América y en países como Colombia y Brasil.

Sobre el contenido del proyecto señaló que:

i) reconoce la legislación sanitaria existente en materia de gestión de residuos;

ii) establece nuevas competencias al Ministerio para la gestión de residuos: certificación, rotulación y etiquetado, y sistema de depósito y reembolso;

iii) habilita al Ministerio para reglamentar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y cumplir así con Convenio de Basilea, y

(iv) crea la Responsabilidad Extendida del Productor, REP.

Sin embargo, aclaró, que el proyecto de ley sólo se aplica a ciertos productos calificados como prioritarios, que no regula los rellenos sanitarios ni establece impuestos o cargas tributarias a las personas.

Explicó que la REP es un instrumento de gestión de residuos, que obliga a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que colocan en el mercado. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá las metas de recolección y valorización a los productores. Por su parte, los productores se podrán agrupar para organizar y financiar el cumplimiento de las metas a través de “sistemas de gestión”, y, por último la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizará y sancionará.

Aclaró que para esta iniciativa legal, se entenderá por productores a los fabricantes e importadores que introduzcan por primera vez un producto prioritario en el mercado nacional. Asimismo, hizo presente que se prevé la situación particular de los envases y embalajes, en donde el productor es el que envasa o embala y no el productor del envase o embalaje.

Agregó que los productos prioritarios que establece el proyecto, a los cuales se aplicará la

REP, son:

a) Aceites lubricantes.

b) Aparatos eléctricos y electrónicos. c) Diarios, periódicos y revista.

d) Envases y embalajes. e) Medicamentos.

f) Neumáticos.

g) Pilas y baterías. h) Plaguicidas.

i) Vehículos.

Cada uno de estos productos es un mercado totalmente distinto, y por eso se requiere llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada uno y luego fijar las metas respectivas.

Los criterios utilizados para seleccionar estos productos, se ven reflejados en la siguiente tabla:

En cuanto a las obligaciones de los productores, indicó que estas serían, las siguientes: (i) registrarse;

(ii) organizar y financiar la recolección y tratamiento de residuos a través de un sistema de gestión;

(iii) cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos, así como con otras obligaciones asociadas; y

(iv) asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados.

El funcionamiento general de la ley: se puede apreciar en el siguiente esquema:

Las metas de recolección y valorización se fijarán a través de un decreto supremo, mediante un procedimiento análogo al de elaboración de normas ambientales, lo que implica un análisis de impacto económico y social, consulta a organismos públicos y privados, consulta pública, pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y posibilidad de reclamo ante el Tribunal Ambiental.

Sobre las obligaciones asociadas a los productores, expresó que estas abarcarán: (i) etiquetado;

(ii) información a distribuidores, gestores y consumidores, incluyendo la desagregación del costo de gestión de los residuos en la boleta o factura -este costo deberá mantenerse en toda la cadena de comercialización-;

(iii) diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización; y

(iv) diseño e implementación de medidas de prevención en la generación de residuos.

En cuanto a los sistemas de gestión, explicó que cada productor puede cumplir sus obligaciones a través de un sistema individual de gestión o un sistema colectivo de gestión. Cada sistema de gestión deberá ser autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Los sistemas colectivos de gestión tendrán las siguientes restricciones para evitar distorsiones de mercado:

a) creación de persona jurídica sin fines de lucro.

b) estatutos deben garantizar la libertad de incorporación y equidad de participación de productores.

c) licitación abierta para contratar a gestores.

d) informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Los siguientes esquemas grafican el funcionamiento de los respectivos sistemas de gestión:

Sistemas Individuales de Gestión

Sistemas Colectivos de Gestión

Persona Jurídica que no distribuya utilidades, con estatutos que eviten “bloqueo”, conforme a criterios del TDLC

Sobre los mecanismos de apoyo, expresó que estos abarcan: educación ambiental, apoyo de las municipalidades, establecimiento de un fondo para el reciclaje, regulación de los recicladores de base, establecimiento de obligaciones de distribuidores y comercializadores, establecimiento de obligaciones de consumidores.

Explicó que los municipios podrán celebrar convenios con sistemas de gestión, procurarán destinar suficientes áreas bajo su administración para la instalación y/u operación de instalaciones de almacenamiento, y si es necesario, deben incorporar en sus ordenanzas la obligación de recolectar los residuos de manera separada.

Respecto de los recicladores de base, señaló que se les reconoce como gestores para la REP, tienen la obligación de registrarse para participar en REP y deberán certificarse en el marco del sistema nacional de certificación de competencias laborales.

En cuanto al Fondo para Reciclaje, se establece que el Ministerio contará con un fondo concursable destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar la valorización, que sean ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas. Precisó que un reglamento establecerá los requisitos para su asignación.

Finalmente, expresó que el proyecto también aborda las obligaciones de distribuidores y comercializadores de productos prioritarios y la facultad de la Superintendencia de fiscalizar y sancionar.

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Seguidamente, los diputados realizaron consultas y comentarios, destacando, todos, la presentación del proyecto de ley, en el cual se reconoce además la labor realizada por los parlamentarios en la promoción de este tema.

Uno de los puntos que fue consultado por varios diputados, entre ellos los señores Sandoval y Morales, fue acerca del rol de los municipios y de los potenciales que costos que les podría acarrear esta ley, pues se señaló que generalmente se les otorgan nuevas atribuciones sin asignarles recursos adicionales, y el manejo de residuos domiciliarios ya es una de las principales fuentes de gasto para las municipalidades.

A este respecto, el exministro de Medio Ambiente, subrogante, señaló que conscientes de las diversas realidades de los municipalidades, es que se ha establecido el fondo concursable al cual estos pueden postular. También hizo presente que se posibilita que los sistemas de gestión firmen convenios con los municipios.

El diputado Sandoval también sugirió que se incorporará la noción de REP en la ley

19.300, a lo cual señor ex Ministro manifestó que se estudiará esa posibilidad, pues permitiría adecuar la normativa medioambiental.

El diputado Pérez Lahsen señaló que es importante apuntar a la separación de residuos domiciliarios en el origen y eso implica un cambio cultural que requerirá mucha educación en estos temas. La necesidad de incorporar la noción de reciclaje en la educación también fue compartida por la diputada Molina .

El exdiputado De Urresti consultó porque no se había abordado este tema antes. El exministro (s), señor Irarrázaval , explicó que no se abordó este tema en la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente, porque originalmente se vinculaba este tema al derecho a la salud, pero hoy se ve como un asunto transversal que incide con el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y con el derecho a la salud.

Consultado también por los costos involucrados, expresó que los sistemas de gestión son los principales instrumentos para promover la distinción de residuos en el origen. Sin embargo, reconoció que hay un costo que las empresas podrían trasladar a los productos y de ahí que surge el desafío de mantener dicho costo lo más bajo posible. La iniciativa de establecer sistemas colectivos de gestión responde a esa preocupación, en tanto estos sistemas podrían aprovechar economías de escala. Explicó que se hicieron proyecciones y ellos calculan que los precios no deberían aumentar más del 1 o 2%. También se establecieron restricciones para asegurar la libre competencia con el objeto de evitar alzas injustificadas en los precios.

Por último, el diputado Vallespín preguntó por los escombros, dado que estos residuos no se consideraron en los productos prioritarios. También consideró que se deberían haber incorporado otros incentivos al reciclaje además del Fondo, tales como premios, reconocimientos, fondos de innovación, etc. Asimismo, indicó que las multas establecidas en el proyecto podrían ser mayores. Respecto al Fondo, indicó que se podría incorporar una norma para establecer que los recursos generados a partir de las multas establecidas en esta ley ingresen al fondo.Además, estimó que los principales criterios de asignación de recursos del fondo deberían estar establecidos por ley y no en reglamento.

El exministro de Medio Ambiente, subrogante, expresó que aún es necesario recopilar información sobre algunos productos, y que a medida que se cuente con mayor información se podrá extender la ley y precisar los objetivos del fondo. Señaló, además, que hay otras sanciones además de las multas y otros incentivos además del fondo, pero es posible revisar estas normas para ir perfeccionándolas.

2.- Movimiento de Recicladores de Base, don Exequiel Estay .

Además, de entregar y señalar diversas consideraciones sobre el reciclaje en general, hizo presente las siguientes observaciones al proyecto de ley:

a) Definiciones, artículo 3°.

i. Crítica: Según señaló, hay algunas definiciones en la ley que no son lo suficientemente claras y no recogen lo establecido en la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En este sentido, observó el concepto de “recicladores de base”, pues limita esta actividad a recolectar y vender, pasando por alto la labor de clasificación que llevan a cabo.

También criticó la definición de “valorización”, ya que excluye la valorización energética, lo que implica eludir los problemas de la incineración.

ii. Recomendación. Considerar definiciones de la Política de Gestión Integral de Residuos

Sólidos y revisar coherencia con las definiciones del proyecto de ley. b) Productos prioritarios, artículo 9°.

i. Crítica: Falta especificación en la definición de algunos productos prioritarios. Indicó que el listado de estos productos en la ley incluye productos peligrosos, domiciliarios e inertes, sin diferenciar entre los mismos. Ejemplificó con la mención a “Diarios, periódicos y revistas”, señalando que no todas las revistas son reciclables, que no es lo mismo “diario” que “periódico” y que es necesario especificar estos detalles. Asimismo la mención a “vehículos”, la estimó demasiado amplia, pues incluiría productos peligrosos sin diferenciarlos de otros que no lo son, sin detallar, además, cuál será la prioridad.

ii. Recomendación: Redefinir y detallar de mejor manera los productos prioritarios. c) Inclusión v/s marginalización de recicladores de base.

A este respecto, señaló que si bien el proyecto de ley incluye a los recicladores de bases dentro de las definiciones, el mecanismo establecido en la iniciativa, para ser gestor autorizado y parte de los sistemas de gestión descritos, los marginaría. Indicó que esto resulta en una preocupación para ellos, ya que como recicladores de base, para ser gestor, se encontrarían compitiendo de igual a igual con las grandes empresas.

Puntualizando, criticó los siguientes aspectos que redundan en la marginalización de los recicladores de base:

c.1) Principios, artículo 2°.

i. Crítica: La ley no tiene en sus principios regentes el concepto de inclusión, que permitiría que los recicladores de bases se situasen en igualdad de condiciones con las grandes empresas para ser gestores autorizados.

ii. Recomendación: Introducir el concepto de inclusión dentro de los principios de la ley para permitir la participación de los recicladores de base dentro de los mecanismos de gestión descritos en la iniciativa.

c.2) Elaboración de reglamentos, artículo 4°.

i. Crítica: El proyecto de ley establece que el Ministerio de Medio Ambiente, luego de redactar los reglamentos sobre prevención y valorización de los residuos, consultará a organismos públicos competentes y privados; sin considerar a los recicladores como contrapartes dentro del proceso de toma de decisiones.

ii. Recomendación: Para que los reglamentos cuenten con la aprobación de todos los sectores, se deberían introducir a los recicladores de bases, o al menos sus representantes, dentro de los organismos consultivos de las regulaciones en materia de residuos. Ya que si los recicladores no son citados, sólo tendrían la oportunidad de participar como cualquier ciudadano en la Consulta Pública del reglamento, desconociendo la participación histórica en el proceso de elaboración de esta iniciativa legal.

c.3) Obligaciones de los gestores, artículo 6°.

i. Crítica: Los requisitos estipulados en el proyecto de ley respecto a las obligaciones de los gestores, no permite que los recicladores puedan participar como gestores autorizados, ya que no tienen las capacidades para cumplir la normativa. El periodo que contemplará la ley, dos años, para la formalización es insuficiente, conociendo la realidad de los recicladores.

ii. Recomendación: Necesidad de diferenciar a los recicladores de otros gestores y establecer requisitos acordes a sus capacidades. De esta manera, el proyecto de ley logrará establecer la inclusión de sectores más vulnerables en materia de residuos.

c.4) Convenios con gestores, artículo 19.

i. Crítica: Recicladores no cuentan con todas las herramientas necesarias para tener un espacio real en estos convenios.

ii. Recomendación: Establecer salvedades en las licitaciones para recicladores, con el fin de que estos puedan competir con otros gestores en igualdad de condiciones.

c.5) Enajenación de productos prioritarios, artículo 25.

i. Crítica: El proyecto de ley establece que “Los productores e importadores sólo podrán enajenar los productos prioritarios señalados en el artículo 9° que estén sometidos a un sistema de gestión y respecto de los cuales se encuentren vigentes las metas y obligaciones asociadas establecidas en los respectivos decretos supremos”.

Los recicladores de bases no podrán realizar su trabajo, ya que la ley no permitiría que los productos prioritarios fuesen recolectados si no se participa dentro de un sistema de gestión. Por lo tanto, si los recicladores continúan con sus tareas estarían incurriendo en una falta gravísima, cuyas sanciones son: multas entre siete mil y diez mil unidades tributarias anuales; prohibición de vender el producto prioritario mientras se mantenga la infracción; revocación de la autorización al sistema de gestión, entre otros.

El señor Estay finalizó su presentación haciendo alusión a la positiva experiencia de Brasil en cuanto a inclusión de recicladores de base, y llamó a mirar estos ejemplos para replicarlos en Chile.

3.- Movimiento de Recicladores de Base, doña Denisse Morán .

Señaló que es importante que se consideren los intereses y preocupaciones de los recicladores en este tema, pues son ellos quienes ayudan a las grandes empresas y liberan de material los rellenos sanitarios y vertederos. En definitiva, llamó a un mayor reconocimiento de la labor que realizan.

4.- Movimiento de Recicladores de Base, doña Karina Madariaga .

Coincidió con lo señalado y añadió que es necesario extender una visión del reciclaje en la ciudad. Enfatizó que es fundamental promover la separación de residuos en origen y confirmo que el rol de los municipios en esta tarea es crucial.

5.- Gerente General de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA), doña Mariela Formas .

Informó que las cifras actuales sobre generación y reciclaje de residuos sólidos domiciliarios llegan a las 16,9 millones de toneladas, de las cuales 10,4 millones corresponden a residuos industriales, y 6,5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. De los residuos domiciliarios el 6,2 por ciento corresponde a plásticos y el 12,5 por ciento es reciclado.

Destacó que las cifras de reciclaje solo se logran en base al esfuerzo de la industria y casi sin la colaboración de los usuarios.

Luego, describió el mercado del plástico, señalando que la industria en general y ASIPLA en particular, apoya el reciclaje en todos los eslabones de la cadena de residuos, y que ese mismo interés los llevó a formar parte del Comité Pro Reciclaje del Empresariado (CPRE).

En cuanto a la actual estructura de la cadena de residuos, la describió a través del siguiente esquema:

Esta cadena demuestra que los municipios tienen un rol clave que cumplir, pues gestionan el 90% de los residuos. De ahí que resulta necesario incorporarlos y establecer que deben abrir sus puertas, ya sea permitiendo la recolección o vendiendo sus residuos para el reciclaje, de forma supervisada por una superintendencia u otra agencia de control. Dado que las municipalidades tienen prácticamente un monopolio sobre los residuos, señaló que resulta necesario regular la licitación de recolección y asegurar una libre competencia en la gestión de residuos valorizados. Además, indicó que deben otorgarse incentivos al consumidor, pues en las circunstancias actuales donde la recolección es gratis no hay ningún incentivo a reciclar.

Puntualizó que la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es una gran herramienta para promover el reciclaje, pero por si sola no será capaz de incentivarlo, pues se requiere la participación de todos los actores de la cadena.

Destacó que en la experiencia internacional, se utilizan instrumentos complementarios a la

REP, tales como:

(i) incentivos al reciclaje para el ciudadano como “Pay as you throw”; (ii) obligatoriedad de participación de los municipios;

(iii) “Clearing House”, (superintendencia) como regulador tarifario y de licitaciones; y

(iv) restricción de entrada a los vertederos.

Para graficar que el reciclaje es tarea de todos, utilizó la metáfora de una mesa con cuatro

“patas”, cada una con sus tareas:

a) Municipios/Estado:

Deben permitir la operación de un sistema integrado de gestión a costo socialmente eficiente y revisar contratos de licitación de recolección de basura.

Agente regulador –superintendenciadebe abordar la regulación tarifaria y de los procesos licitatorios del municipio.

b) Sector privado:

Debe asumir el costo de la recolección selectiva.

Participar en el sistema integrado de gestión.

Generar y aprovechar la capacidad instalada para reciclaje.

Participación en consejo consultivo y en la construcción de línea base. c) Recicladores:

Fomento a capacidad técnica

Formalización recicladores de base d) Ciudadanos:

Cambio de hábitos

Incentivos y obligaciones

Por último, recalcó que las principales materias que aconseja incorporar al proyecto de ley son:

(i) formación del consejo consultivo;

(ii) establecer incentivos a los ciudadanos;

(iii) regular la participación de los municipios; y

(iv) establecer una superintendencia como ente regulatorio.

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Tanto los diputados como los invitados presentes, coincidieron en valorar la presentación de esta iniciativa legal ya que ello posibilitará la discusión del tema de reciclaje. Sin embargo, se estimó que hay materias que es necesario estudiar con mayor detención.

En este sentido, la diputada Molina consultó si esto se podría traducir en el aumento de los precios de los productos prioritarios, para así traspasar de la industria al consumidor los costos del reciclaje.

Don Fernando Proto , Director de ASIPLA, señaló que esto se relaciona con la valorización del reciclaje y explicó que si la separación de residuos logra hacerse en el origen, el mecanismo es barato y puede incluso generar materia prima más barata.

También se destacó por la diputada Molina y el entonces diputado Accorsi , los posibles incentivos que se podrían establecer a los ciudadanos.

A este respecto, el señor Proto señaló que en otros países como EE.UU es obligatorio separar la basura, de lo contrario esta no es retirada. Doña Mariela Formas, aludió también al ejemplo de un municipio cercano a La Ligua en donde se limitó la cantidad de basura a retirar y se cobrará por el exceso.

Consultada por el diputado Teillier por la organización de los recicladores de base, doña Denisse Morán , explicó que esta agrupación incluye a cooperativas y están trabajando para ir formando nuevas cooperativas que agrupen a los recicladores de base de distintos sectores.

El diputado Vallespín consultó por el nivel de participación de los distintos actores en el proceso de formación de este proyecto, ante lo cual don Exequiel Estay aclaró que ellos participaron con el Ejecutivo en una Mesa de Trabajo, entregaron antecedentes y señalaron sus observaciones, pero esperaban que estas fueran recogidas de mejor forma en el proyecto.

Don Julio Compagnon , Presidente de ASIPLA, señaló que ellos también participaron en el proceso, pero que no todas sus observaciones se recogieron, por lo que deseaban enfatizar en aquellas que a su juicio son indispensables para que este proyecto funcione.

La exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente, doña Ingrid Henríquez , aclaró que el artículo 4° del proyecto menciona otros instrumentos de apoyo al reciclaje, por lo que este no sería un proyecto solo para la REP. Respecto a la participación de la ciudadanía, aclaró que se aplican todos los mecanismos contemplados en la normativa medioambiental general, incluyendo comités operativos y técnicos, consejos consultivos ampliados, procesos de participación pública, etc., por lo que no se excluirá a nadie en la elaboración de metas.

Sobre el listado de productos prioritarios, señaló que estos serán detallados posteriormente en la normativa complementaria a la ley, y sobre la definición de “recicladores de base”, explicó que el concepto de recolección ya incluye el de clasificación y separación.

Por su parte, la abogada del Ministerio de Medio Ambiente, doña Lorna Püschel , agregó que este proyecto de ley no modifica la legislación sanitaria ni municipal en materia de residuos, de ahí que no altere el alto nivel de exención de cobros por recolección de residuos. Respecto al rol de los municipios, coincidió en que es muy relevante, pero advirtió que será variable dependiendo de los productos de los que se trate.

6.- Presidente de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER), don Francisco Diharasarri .

Señaló que la Asociación reúne a las principales empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas refrescantes: gaseosas; aguas; jugos y néctares; bebidas para deportistas y bebidas a base de té.

Respecto a la ley de residuos, señaló que para que la REP funcione es fundamental alinear los incentivos de:

(i) municipios; (ii)ciudadanos;

(iii) recicladores de base; (iv) gobierno; y

(v) sector privado.

Respecto a los municipios, señaló que el fondo de reciclaje propuesto en la ley es un incentivo insuficiente para incentivar la participación de las municipalidades en la REP. A su juicio, las municipalidades deben permitir, sin que lleve asociado un costo, la operación de los sistemas de gestión. De lo contrario, si se oponen entonces sus residuos no deberían ser parte de las metas. Además, indicó que se debe compatibilizar la entrada en vigencia de la REP con la duración de los actuales contratos de los municipios con los rellenos sanitarios.

Tratándose de los ciudadanos, indicó que su participación es fundamental para lograr la recolección separada domiciliaria. En función de esto, opinó que se debería generar un fondo para financiar la educación; capacitación y participación de ciudadanos en la REP.

Asimismo, consideró que es conveniente crear un fondo para contribuir a financiar la formalización de los recicladores de base, y poder de ese modo promover la educación; capacitación técnica y participación de los mismos.

En cuanto al Gobierno, propuso:

a) la creación de una superintendencia que regule las licitaciones de los municipios;

b) la participación de un Consejo Consultivo para el establecimiento de las metas;

c) diferenciar entre beneficios sociales y privados de la REP, lo que justificaría la creación de un fondo para educación ciudadana y fomento de formalización de recicladores de base, y

d) generar incentivos para inversión en plantas de reciclaje.

Por último, tratándose del sector privado señaló que existe un compromiso con la REP y los objetivos del proyecto de ley, lo que se refleja en la participación de ANBER en el Comité Pro Reciclaje del Empresariado (CPRE). Indicó además, que el sector privado forma parte esencial en el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, SIG, pero que para que este sector pueda cumplir sus compromisos se requiere que tengan libre acceso a territorios municipales, participación en consejo consultivo y puedan contribuir con información relativa al reciclaje.

Consultado por el diputado Vallespín del alcance del compromiso del sector privado con la REP, aclaró que dicho compromiso se traduce tanto en aportar toda la información técnica que sea necesaria para el establecimiento de metas en sede de un eventual Consejo Consultivo, como también en el apoyo a los SIG, es decir, en su direccionamiento, administración y financiamiento.

7.- Gerente General de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER), don

Jaime Gatica .

Expresó que el principal problema del proyecto es el relativo al rol de los municipios, ya que estas entidades tienen el monopolio en el manejo de residuos y no hay suficientes incentivos para que participen de la REP. Señaló que entiende el deseo de legislar sin intervenir en la legislación municipal y sanitaria, pero recalcó que eso se traduce en la ausencia de incentivos para las municipalidades, siendo insuficiente en este sentido el fondo previsto por la ley.

8.- Gerente General del Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), doña Mariana Soto Urzúa .

Informó que CENEM es una corporación privada, técnica y sin fines de lucro, creada el año 1991, que trabaja para agregar valor y por el futuro de la industria de envases y embalajes de Chile. Recalcó que CENEM ha demostrado su apoyo al reciclaje participando en diversos eventos y actividades en este ámbito.

Agregó que el reciclaje es un “tema país”, y que presenta externalidades positivas. Informó a la Comisión que actualmente la empresa privada ha desarrollado mercados para el reciclaje, pero necesita nuevos socios para crear nuevas cadenas de reciclaje.

Explicó que estas cadenas operan de la siguiente forma:

Por lo tanto, para construir nuevas cadenas de reciclaje resulta necesario actuar en los tres niveles: ciudadanos, Municipios y empresas privadas:

En cuanto a los factores críticos y las respectivas recomendaciones para cada actor que interviene en la cadena, señaló que a su juicio son los siguientes:

Actor Factores críticos Propuesta

Ciudadanos Educación

Incentivos Plan de educación alciudadano, con derechosy deberes. Campañas de Información.

Municipios Potestad única del municipio A los municipios, con recursos

sobre residuos domiciliarios. Presupuesto y capacidades técnicas para estructurar e instalar planes de reciclaje. para capacidad técnica – profesional: Presupuestos descentralizados.

Empresa Privada Falta de instrumentos de fomento dirigidas a la industria del reciclaje. (capacidad, tecnología, investigación y desarrollo) Instrumentos de fomento para la industria del reciclaje (Corfo) y para recicladores (Sercotec). Fomento especial regiones.

Además, propusieron incluir en la ley un Consejo Consultivo, como espacio públicoprivado de participación ciudadana, que tenga como objetivo facilitar la participación organizada y responsable de diferentes agentes a través del intercambio participativo de ideas. Tanto su composición como sus funciones específicas deberían quedar establecidas en la ley.

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A continuación, los diputados hicieron sus consultas y comentarios, destacando el entonces diputado Accorsi que sería útil instaurar algún link de información en los propios envases e incorporar el tema de reciclaje en el marketing de las empresas.

El rol de los municipios fue abordado por varios diputados. Así es como el diputado Vallespín consultó por experiencias en algunos de ellos o ejemplos de alianzas exitosas, el diputado Teillier , por su parte, coincidió en que el rol de los municipios es fundamental, pero advirtió que la realidad de cada uno de ellos puede ser muy disímil.

La directora de CENEM, doña Lucía Martínez , enfatizó en las externalidades positivas del reciclaje y en la necesidad de una mayor capacidad instalada para extender estos procesos. En cuanto a la información al usuario, señaló que varios socios de CENEM llevan a cabo campañas de información y ponen a disposición sitios web como www.rutadelreciclado.com. Sin embargo, es necesario extender estas iniciativas. En cuanto a experiencias con Municipios, indicó que existe alianzas con diversos municipios, tales como: Quinta Normal, Recoleta , La Granja, Concepción, Los Andes. Por último, indicó que la industria también ha trabajado para mejorar la “reciclabilidad” de los envases.

El presidente de CENEM y gerente general de Innoprint, don Alberto Calderón Salinas , añadió que esta discusión también es relevante para el sector agrícola, pues los alimentos se exportan en envases de alto estándar desarrollados por esta industria.

Por último, don Rodrigo Benítez , exsubsecretario de Medio Ambiente, señaló que creen posible trabajar y mejorar esta ley, recogiendo parte de los comentarios aquí señalados y planteados también por otros actores. Respecto a la mención a un Consejo Consultivo, señaló que a esta ley se le aplicaría el resto de la normativa medioambiental que ya prevé la participación de consejos, pero igualmente indicó que estudiarán el tema para evaluar si se requiere incorporar nuevas disposiciones en ese sentido.

9. Alcaldesa de Peñalolén, doña Carolina Leitao .

Destacó la labor de municipio en materia de residuos ya que es este el que tiene la responsabilidad legal y la función privativa sobre la adecuada gestión de los residuos en recolección, transporte y disposición, según lo dispone el Código Sanitario y en la ley N° 18.695, orgánica de Municipalidades.

En particular, sostuvo que en Peñalolén han adscrito a un modelo inclusivo de reciclaje en el cual el municipio coordina y articula a los actores locales del programa de reciclaje recicladores, comunidad, empresas productoras y empresas recicladoras-, coordina y define rutas de recolección de reciclaje en los barrios, realiza actividades de sensibilización y educación ambiental en la comunidad y fomenta alianzas público-privadas para promover el reciclaje.

Graficó este modelo con el siguiente esquema:

Sin embargo, la Alcaldesa también reconoció que aún se recicla una parte menor del total de residuos generados y que es más barato el manejo tradicional de los residuos que el reciclaje, pero recalcó que la diferencia la asume el medio ambiente.

Luego se refirió a los distintos modelos de reciclaje y sus principales características:

Destacó que en el caso de la comuna de Peñalolén, el modelo inclusivo ha sido exitoso por que ha logrado:

(i) estructura institucional con la capacidad técnica y competente;

(ii) coordinación territorial en toda la cadena de reciclaje y con todos actores involucrados; (iii) gestión relevante en la participación, sensibilización y educación de la comunidad;

iv) integración y capacitación de los recicladores, para establecer un mecanismo de retiro a domicilio y de bajo costo;

(v) disposición a priorizar recursos para financiamiento y a realizar alianzas estratégicas colegios y empresas para la instalación de Puntos Limpios);

(vi) apoyo en la gestión de la comercialización de los residuos, y

(vii) voluntad política de priorizar la temática ambiental y la recuperación de residuos valorizables.

Respecto al proyecto de ley, destacó que su espíritu y principios generales se alinean con la visión del municipio que dirige. No obstante, indicó que esta ley sea eficiente requiere:

1. Recursos para fortalecer la gestión y competencias técnicas de los municipios.

2. Visión territorial en la articulación de los actores en la gestión de los residuos.

3. Asegurar la inclusión del canal más barato de recolección diferenciada de residuos: los recicladores que podrían quedar fuera del modelo por las exigencias que fija la ley.

4. Vínculo con la comunidad para promover una cultura de reciclaje.

Concluyó señalando que el modelo de reciclaje en Peñalolén ha sido exitoso debido a que ha incluido a todos los actores involucrados en la cadena de reciclaje, articulándolos con una mirada territorial desde el gobierno local.

Sin embargo, manifestó que les preocupa esta ley, pues no ven cómo se compatibiliza el rol exclusivo de la municipalidad con la incorporación de nuevos actores; podría incidir en

las tarifas de aseo y en la gestión municipal; no consideran que los municipios estén suficientemente incorporados en la ley; no se asegura la inclusión de los recicladores debido a que establece altos estándares de exigencia para competir con el resto de los gestores, lo que podría dejarlos fuera de la REP; y por lo tanto, estiman que podría limitar la implementación de programas de reciclaje debido a que se limita y desincentiva la labor de los recicladores.

10. Alcalde la Municipalidad de la Ligua y representante de la Asociación Chilena de

Municipalidades, don Rodrigo Sánchez .

Señaló que es necesario tener presente que existen municipios en que el 70% de los habitantes de la comuna no paga derechos de aseo, por lo que estima que no están los recursos que permitan asegurar el funcionamiento de la ley.

A su juicio, es necesaria una mirada más integral del manejo de residuos. En este sentido, mencionó la posibilidad de incorporar nuevas técnicas como la biodigestión y la gasificación por plasma. Hizo presente que han buscado recursos para llevar adelante proyectos de este tipo y hoy tienen algunos proyectos pilotos de biodigestión en La Ligua, Pucón y Cabo de Hornos y de gasificación por plasma en La Ligua llevada adelante con una empresa brasileña. Destacó que aproximadamente un tercio del presupuesto municipal en La Ligua se gasta en aseo y alumbrado público, por lo que explorar estas nuevas fuentes de energía podría resolver ambas necesidades.

En definitiva, señaló que, a su juicio, los municipios pueden tener un rol más activo y no limitarse a la mera gestión de residuos, pero para lograr eso se requieren mayores recursos.

11. Director de Gestión Ambiental de Municipalidad de La Pintana, don Manuel Valencia . Hizo presente, las siguientes observaciones al proyecto de ley:

1.- Consideró que este proyecto de ley debió haber sido una ley general de residuos, sin embargo, devino en una iniciativa legal sobre responsabilidad extendida del productor (REP), y producto de este cambio contiene ciertas imprecisiones y confusiones, por ejemplo, en el listado de productos prioritarios no existe ninguno que pueda compostarse, a pesar de figurar el compost como método de reciclaje.

2. Respecto a la competencia de los municipios, destacó que esta es una ley de quórum simple, sin embargo estaría contradiciendo la ley orgánica constitucional de Municipalidades respecto a las funciones privativas de las municiálidades en cuanto a aseo comunal.

3. Sobre el financiamiento señaló que la REP debería manifestarse como un costo adicional para el productor, pero con esta ley finalmente pagará el consumidor y será este quien financie los sistemas de gestión. Añadió que si se quisiera financiar un sistema de gestión de residuos podrían eliminarse las exenciones a las tarifas de aseo o aplicar tasas impositivas a productores.

4. Por último, criticó que no exista un reconocimiento a las buenas prácticas de ciertos municipios, la ley no los considera como gestores locales y no reconoce su experiencia en el tema, por el contrario, bajo este modelo se les hará competir con gestores privados.

12. Abogados de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Marcelo Segura y don

Malik Mograby .

El, primero, recordó que los residuos son de dominio de los municipios y que por lo tanto los procesos de comercialización de los mismos deberían ser función de ellos. A su juicio, los municipios deberían poder ser gestores, incluyendo también a empresas formadas por las municipalidades, como EMERES, quien ya tiene iniciativas de reciclaje.

El segundo expresó que el Fondo que establece este proyecto de ley debería ser no concursable para estimular la inclusión de los municipios. Además, reforzó la idea de que los

residuos serían de dominio de las municipalidades y que así lo confirmaría el Dictamen de la

Contraloría General de la República Nº 15.606 del año 2005.

13. Exsubsecretario subrogante de Medio Ambiente, don Leonel Sierralta .

Aclaró que esta iniciativa legal propone establecer una ley marco de reciclaje y no una que aborde todo lo relacionado con residuos. Explicó que esta ley se enfoca solo en los residuos prioritarios que señala, pues de lo contrario habría sido necesario modificar la ley orgánica constitucional de Municipalidades, la ley de Renta y otras.

En cuanto a los recicladores de base, reconoció que estos son fundamentales pero aclaró que la certificación que ley prevé es precisamente con el propósito de incluirlos en el sistema. Explicó que primero se llevará a cabo un registro de recicladores de base y luego, en el plazo de dos años, una certificación, para darles la posibilidad de que participen en licitaciones. Agregó que en el plazo de dos años, se trabajará para capacitarlos y asegurar que la mayoría de ellos logren certificarse.

Asimismo, valoró las iniciativas mencionadas que recaen sobre productos orgánicos, pero aclaró que dichos residuos orgánicos no son objeto de esta ley.

En cuanto al traspaso de costos hacia los consumidores, reconoció que efectivamente estos asumirán parte de los costos, pero señaló que si el sistema funciona el costo será bajo. Indicó que la alternativa de los impuestos ha generado costos mucho más altos en la experiencia internacional. Además, aclaró que no son los fabricantes quienes son objeto de REP, sino los productores , por ejemplo, no afecta a quien fabrica botellas, sino a quien produce las bebidas.

Por otra parte, coincidió en el rol fundamental que tienen los municipios, pero señaló que esta ley va más allá de los residuos domiciliarios, de ahí que se incluyan también a otros actores. Insistió además en que la ley no interviene en las funciones de las municipalidades, sino que busca integrarlos en el manejo del reciclaje de los residuos domiciliarios.

14.- Logística y Adquisiciones RECIPET, señores Peter y Paul Mc Rostie .

Don Peter Mc Rostie , expuso sobre los productos elaborados, en tu totalidad, con material reciclado para reafirmar que el reciclaje es una alternativa real y que puede ser llevada a cabo de forma sustentable. Se expuso asimismo un video en donde se presenta a RECIPET y se hizo presentes que es una de las primeras empresas de envases plásticos en fabricar clamshells para frutas con 100% de PET3 reciclado y que es pionera junto con Walmart en la creación de envases sustentables de baja huella de carbono para alimentos.

Posteriormente, se refirió a la evolución histórica del PET Virgen vs Reciclado en

USD/ton:

3El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles, PET, por su sigla en inglés.

Asimismo, expuso la posible evolución del PET Virgen vs Reciclado en USD/ton:

Don Paul Mc Rostie , por su parte, precisó los costos de reciclar una tonelada de PET transparente, para enfatizar que el 24% de costos asociados a merma y separación podría reducirse. Algunos cambios que reducirían los costos del reciclaje serían: cambiar las etiquetas termo-contraíbles de PET por etiquetas de polipropileno, PP; evitar el uso de ácido polilácticoo PLA para botellas; evitar el uso de aditivos que degradan el PET; evitar botellas y etiquetas de PVC, etc.

Por último, en cuanto a la iniciativa legal en tramitación, realizó las siguientes observaciones:

1. Es necesario invertir en un buen diagnóstico, adaptar las mejores prácticas y fijar metas y estrategias;

2. Hay que enfatizar en la necesidad de educación;

3. Hay que realizar un proceso gradual en pruebas pilotos, y

4. En los envases, es necesario, asegurarse que incorporen el concepto de “Eco-diseño” y sean reciclables en la práctica.

La exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, doña Ingrid Henríquez , aclaró que el proyecto no aborda directamente el ecodiseño o ecoetiquetado, al cual se hizo referencia. Sin embargo, señaló que por vía reglamentaria podría reconocerse una labor de certificación en este sentido.

La abogada del Ministerio de Medio Ambiente señorita Lorna Püschel , añadió que uno de los productos prioritarios en el proyecto son precisamente los envases y embalajes, por lo tanto los productores estarán interesados en adquirir productos reciclados en este rubro.

15. Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos (ARNEC)

a) Don Dario Andreani , Presidente.

Proporcionó información acerca de la Asociación y su labor en pro de la reutilización de los neumáticos de camión, lo cual implica renovar la vida útil de este producto.

b) Don Eduardo Acosta , Secretario.

Entregó cifras de este mercado, destacando que la relación entre neumáticos nuevos y recauchados sigue siendo de tan solo 1 a 0.47. Esto significa, que de aumentarse la tasa de neumáticos recauchados (hasta alcanzar una cifra de 1:1) podrían disminuirse los neumáticos fuera de uso en 165 mil unidades.

Continuó explicando en qué consiste el proceso de recauchaje, expresando que es un proceso industrial que permite la reutilización de los neumáticos, con el consecuente beneficio medioambiental y económico que ello significa.

En cuanto a los beneficios medioambientales, señaló que el recauchaje de neumáticos disminuye sustancialmente la generación de neumáticos fuera de uso, reduciendo los procesos de disposición final. Además, implica una menor utilización de petróleo respecto de la producción de un neumático nuevo, por lo que también colabora significativamente a la disminución de la huella de carbono.

Respecto a los beneficios económicos manifestó que la utilización de neumáticos renovados genera reducciones de costos importantes para las empresas y disminuirían las importaciones de neumáticos nuevos.

En relación al proyecto en trámite, enfatizó que ellos recaudan la propiedad del cliente, por lo que no participan directamente de la disposición final, pero disminuyen esa cantidad de residuos. Para graficar su rol en una eventual ley de REP, mostró el siguiente gráfico que los ubica en su relación con los clientes o usuarios:

Además, puntualizó que en la actualidad la industria del recauchaje desempeña labores de recolector de basura, ya que los transportistas condicionan la entrega de neumáticos aptos para el recauchaje a la disposición “final” de éstos, desentendiéndose del problema. Finalizó mencionando que la industria del neumático requiere especificaciones y regulaciones, y que un marco normativo podría promover la actividad del recauchaje, permitiendo ubicarla en el sistema de reciclaje como un eslabón previo en contacto con el cliente o usuario.

16.- Cámara de la Industria del Neumático en Chile (CINC), don Iván Villar .

Dio a conocer algunas características del producto del neumático y algunas cifras de la industria nacional. Graficó la vida útil del neumático con el siguiente esquema:

Explicó que una vez que el neumático pasa a disposición final se transforma en un residuo que se caracteriza por su gran volumen, difícil manipulación, de carácter masivo y de distribución muy dispersa. Es por ello, que destacó que la gestión de residuos asociada al neumático acarrea tanto beneficios económicos como ambientales.

En cuanto a los modelos posibles de gestión, señaló que existe el modelo de Impuesto Estatal y el de libre mercado o de empresas privadas, ubicándose la REP en el punto intermedio entre estos extremos y creando una cadena de valor:

A continuación mostró la situación internacional y mencionó los distintos países que han adscrito a uno u otro sistema, destacando que la mayoría de los países de la OCDE han optado por un sistema de REP, en tanto ofrece el beneficio de impulsar los siguientes ocho principios:

Señaló que mientras mayor competencia exista en estos mercados de gestión de residuos, irá disminuyendo el costo del ecovalor. Además, distinguió el concepto de reutilización -que a su juicio tiene mayor jerarquía pues implica la posibilidad de volver a usar el producto en el mismo mercadodel de reciclaje, que genera valor para nuevo mercado. El neumático puedo reutilizarse (recauchaje) y reciclarse (neumáticos fuera de uso o NFU) para productos como mezcla de asfalto, caucho, muros de contención, obras civiles, combustible alternativo, pistas deportivas, etc.

17.- Ingeniero, don Jorge Peralta .

Aclaró que el proyecto no trata la recolección diferenciada de los residuos urbanos, consideró que si lo hiciera sería posible tratar también los residuos orgánicos, inorgánicos y/o peligrosos.

Enfatizó que es necesario invertir fuertemente recursos del Estado para:

i) educar a la ciudadanía;

ii) promover el uso y aplicaciones de aquello reciclado, y

iii) promover el emprendimiento en el reciclaje, sea cual fuere.

Además mencionó la necesidad de involucrar a otros ministerios o entes del Estado relacionados para poder instalar estos temas como “tema país”.

Luego, precisó las fortalezas del proyecto en torno a los neumáticos fuera de uso (NFU), señalando que estos son un residuo extremadamente contaminante (ocupan grandes extensiones de terreno, contaminan las napas subterráneas, son foco de infecciones, constituyen un peligro de incendio, etc.), por lo que consideró un gran acierto que el proyecto los considere, pues se convertirá en una herramienta invaluable como incentivo a la eliminación sustentable de este enorme pasivo ambiental. A su juicio, esta ley por si misma incentivará y/o motivará a eliminar los NFU de manera sustentable. Entregó algunas cifras del reciclaje actual neumáticos para enfatizar que se requieren sistemas de gestión integrados que logren fortalecer la cadena de valorización

Para concluir, señaló que el proyecto de ley está bien enfocado, ya que mira a cada gremio individualmente en su propio mérito y legisla en función de ellos mismos. Volvió a enfa-

tizar en que resultará necesario transformar esto en un “tema país” y definir con claridad el alcance del principio “quien contamina paga”. A partir de ahí, indicó que se debe especificar los sistemas integrados de gestión para cada gremio. Señaló que es importante que exista un ente sin fines de lucro que los norme y los regule, que vele por el buen desempeño, la estabilidad y los beneficios de todos sus integrantes, así como los del país.

Doña Ingrid Henríquez , exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, comentó acerca de las presentaciones expuestas: (i) que la REP logrará incentivar el ecodiseño; (ii) la ley establece la prioridad de manejar los neumáticos fuera de uso; y (iii) sobre la consulta acerca de la cobertura de las metas, señaló que es parte del desafío lograr que se gestionen los residuos a lo largo de todo el país.

18. Gerente General de la Empresa Metropolitana de Disposición y Tratamiento de Basura ( Emeres), don Jaime Cataldo Uribe .

Expresó que Emeres, es una empresa que reúne a 21 municipios y que maneja los residuos de aproximadamente 3.5 millones de habitantes. Además, señaló que la empresa históricamente ha trabajado rellenos sanitarios, pero que actualmente solo mantiene algunos de estos contratos y se han enfocado en el tratamiento de residuos y el reciclaje.

Indicó que hoy en día están estudiando cuatro proyectos:

1.- una planta integral de separación y valorización de residuos reciclables;

2.- una planta de tratamiento y valorización de residuos voluminosos;

3.- un proyecto de metalización seca de residuos vegetales, y

4.- un proyecto de valorización energética de residuos.

En relación con el proyecto de ley en tramitación, valoró la iniciativa e indicó que coincide con los objetivos de Emeres, ya que está en línea con la valorización. Sin embargo, insistió en que es necesario impulsar la separación en origen como política pública. Por su parte, ellos pueden comprometerse como municipios a colaborar con la recolección segregada, y con ello lograrán además la fidelización de los usuarios.

Señaló que están de acuerdo con la suscripción de convenios por parte de las municipalidades, para que los centros de acopio sean coherentes con el sistema impuesto por la ley.

No obstante, observó los siguientes aspectos del proyecto de ley:

1.- es necesario que se haga una vinculación formal de los recicladores de base, ya que es importante que ellos se formalicen mediante cooperativas u otras formas de organización;

2.- es necesario que se modifiquen las ordenanzas municipales para asegurar la recolección segregada y la separación en origen;

3.-la ley 20.527 sobre Asociaciones Municipales debe ser tenida en cuenta, ya que es esencial para poder participar de este proyecto, y

4.- los fondos que están previstos en la ley no deberían ser concursables, sino que deberían asignarse en base a convenios con las Municipalidades.

Consultado sobre la posibilidad de que existan otros gestores además de los municipios, precisó que estos últimos estarán interesados en algunos productos prioritarios (embalajes, vidrio, papel, cartón), pero no necesariamente en todos.

También señaló que es necesario asumir que esto implicará cierto costo para la ciudadanía, de ahí que sea fundamental separar en origen y debatir también en torno al financiamiento de la recolección. A su juicio, salvo excepciones, los derechos de aseo deberían cobrarse, pero actualmente hay quienes no pagan esos derechos y resulta más costoso que los derechos mismos perseguir su cobro judicial. Indicó que una posible medida, sería establecer el derecho de aseo por comuna y considerar rebajas para quienes participen del reciclado.

19. Presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. (ANIR), don

Roberto Izquierdo .

Expresó que la Asociación que preside reúne a un grupo de industrias que procesan productos reciclados, incluyendo plástico, papeles, cartón, neumáticos, petróleo y aceites pesados, latas, baterías, etc.

Señaló que la industria del reciclaje se inició hace ya 60 años, y que en algunos productos se recicla bastante, por ejemplo, papel y cartón, pero que no sucede lo mismo en otros productos, por lo que están muy interesados en este proyecto de ley.

Coincidió con lo expresado por EMERES, particularmente en cuanto a la importancia de la separación en origen y de la recolección segregada, materias que a su juicio requerirían de ordenanzas municipales especiales. Señaló que la actual recolección domiciliaria de residuos atenta contra el reciclado, ya que dificulta la separación al comprimirse todos los residuos y contaminarse aquellos que podrían ser reciclados.

También señaló que es necesario el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión, materia que debe ser cuidadosamente analizada para prevenir que se produzcan atentados contra la libre competencia. En este sentido, hizo alusión al caso de España en donde hubo problemas tratándose del sistema integrado de gestión de neumáticos. Es por esto que consideró que sería conveniente escuchar la Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en estas materias.

Agregó que también es importante ser muy cuidadoso con las definiciones, por ejemplo, para identificar claramente quien es el productor, ya que hay productos en donde interviene múltiples actores.

20. Socia Directora de Poliambiente S.A., doña Lorena Torres .

Señaló que esta es una empresa de reciclaje de neumáticos, que con apenas tres años de vida ya manejan 6.500 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU), lo que representa el

22% del mercado. Indicó los usos que se dan a los NFU, mencionando la valorización energética y el producto que se utiliza en relleno de canchas, asfalto, etc.

Expresó que el reciclaje de NFU podría fomentarse con incentivos y subsidios por parte del Estado, como por ejemplo, disponiendo que se utilicen estos productos en la construcción de carreteras, como aislante en las viviendas sociales, etc. De lo contrario, la empresa de reciclaje de NFU no podrá seguir creciendo.

Asimismo indicó, que deberían incorporarse al proyecto los denominados OTR (off the road), que son los neumáticos gigantes de la minería. En cuanto a los sistemas integrados de gestión, coincidió en que debe promoverse la competitividad, para evitar la monopolización de algún punto de generación, como sucedió en España.

Consultada por la capacidad de la empresa de reciclar neumáticos provenientes de regiones, señaló que la planta recibe principalmente NFU provenientes de la región metropolitana, porque desde regiones el costo de transporte hace inviable el reciclaje.

Respecto al reciclaje llevado a cabo por las empresas mineras, señaló que Codelco tiene una planta recicladora en Chuquicamata, pero que la mayor parte de las empresas mineras no hacen nada en este ámbito, ya que no existen incentivos para ello.

Finalmente, hizo uso de la palabra doña Ingrid Henríquez , exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, quien agradeció los ofrecimientos de colaboración por parte de EMERES y reiteró las disposiciones del Ministerio para exponer sobre el rol de los Municipios en este proyecto. También celebró iniciativas privadas como las de ANIR, en tanto podrán ayudar en la implementación de esta ley y a la posterior elevación de las metas de reciclaje.

En cuanto a la separación en origen y la recolección segregada, señaló que es competencia de las municipios y que esta ley no interviene en la ley orgánica de Municipalidades ni en la Ley de Rentas Municipales, por lo que tampoco podrían alterar la normativa sobre derechos de aseo.

Respecto a la preocupación por la libre competencia de los sistemas integrados de gestión, indicó que el proyectó consideró la experiencia internacional, incluyendo la española, por lo que se previeron resguardos, por ejemplo, al establecerse que los estatutos de los sistemas integrados de gestión deben pasar por la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La ley también ha contemplado quién debe ser el productor obligado en caso de que intervengan múltiples actores, señalando que el obligado será el dueño de la marca.

21. Gerente de Olidata Chile, doña Sandra Olguín .

Informó que Olidata es una empresa chilena que se dedica a la fabricación de computadores, rubro en el cual se producen muchos desechos electrónicos. Ellos consultaron como manejar esos desechos y advirtieron que iban a parar a los vertederos. Desde ese momento es que han estado trabajando y anhelando una normativa sobre REP, que considere la legislación comparada y establezca responsabilidades compartidas.

Sobre el proyecto, señaló que le parece una gran iniciativa, y que responde a un anhelo de la industria, manifestó que lo principal es definir qué se considera residuo electrónico y se consideren los mismos en su particularidad. Además, consideró que es necesario partir cuanto antes con esta ley e ir revisando posteriormente la normativa en función de una evaluación permanente.

22. Gerente de Recycla Chile, don Fernando Nilo .

Informó que su empresa está enfocada en la basura electrónica. En Chile se generan más de 20 toneladas al año de estos desechos y solo se recicla el 5%, el resto termina en vertederos. Explicó que el modelo que ellos desarrollan tiene un enfoque medioambiental, social y económico. Luego detalló el proceso que sigue el reciclaje de “e-waste”, precisando que estos residuos tienen sus particularidades.

Sobre el proyecto de ley en tramitación, señaló que comparten sus principios, en particular el que establece “el que contamina paga”; la necesidad de establecer una jerarquía en el manejo de residuos, de forma tal de propender a la prevención, reducir-reusar-reciclar y por último, eliminar; y el principio de la “responsabilidad de la cuna a la tumba”.

No obstante, indicó que el proyecto de leyaún puede perfeccionarse, señalando en este sentido la necesidad de fortalecer la noción del rol subsidiario del Estado, tanto en lo que respecta a fomento a la infraestructura, beneficios tributarios; líneas blandas y/o créditos Corfo . También se refirió a la necesidad de fomentar –tanto por actores públicos como privadosla educación en estos temas; señaló que le preocupa el rol de los municipios, porque si bien deben ser un actor, no deberían ser el controlador del sistema; mencionó la necesidad de fortalecer el retiro segregado de la basura, especialmente en aquellas municipalidades que ya cuentan con los recursos para ello. A su juicio debería establecerse una obligación en este sentido, que podría ser diferenciadadependiendo del municipio y escalonada en el tiempo.

23. Gerente General de Triciclos, don Gonzalo Muñoz .

Indicó que desde la perspectiva de Triciclos, los residuos son una oportunidad para perfeccionar los procesos y diseños de consumo. En su caso, informó que han instalado una infraestructura, una gestión permanente y han promovido un modelo de ciudadanía responsable. Dio cuenta de cuál ha sido la historia de este proyecto y explicó que han hecho alianzas con diversas empresas, Municipios y fundaciones, precisando que también cuentan con presencia en regiones.

Señaló que actualmente están desarrollando un plan piloto de REP con Walmart, empresa que licitó e incorporó a 5 multinacionales de sus proveedores en el proyecto. Sodimac fue otra de las empresas que también incorporó a sus proveedores., asimismo, expuso sobre el positivo impacto que tuvo en los consumidores y la gestión para incentivar a los consumidores a participar de estos sistemas.

Explicó que ellos primero desarrollaron sistemas individuales de gestión, pero que luego lo extendieron a sistemas colectivos, que es precisamente uno de los objetivos de este proyecto de ley. A su juicio, este modelo ha sido muy exitoso y ha generado un muy alto impacto. Es por ello que consideró que este proyecto de ley sería un tremendo avance, pues le daría un marco regulatorio que facilitaría el trabajo de quienes actualmente se desempeñan en este ámbito.

En cuanto a aspectos por avanzar, señaló que en base a su experiencia los productos más problemáticos son los plásticos, pues hay demasiados tipos de este material y los productos no están debidamente rotulados, por lo que facilitaría la labor de reciclaje que existiera una obligación de rotulación.

24. Director Ejecutivo de Casa de la Paz, don Pablo Valenzuela .

Señaló que el acento se debe poner en la articulación de actores para lograr un modelo de reciclaje inclusivo. En este sentido, desde Casa de la Paz está desarrollando un modelo inclusivo que abarca a recicladores de base, gobierno y el sector privado. Esta iniciativa se instaló en 4 comunas de la Región Metropolitana y busca:

(a) formalizar a los recicladores de base,

(b) lograr una gestión inclusiva de los residuos por parte de los Municipios y

(c) fomentar la cadena de valor para las empresas.

Reconoció que un gran desafío es lograr un cambio cultural en el tema del reciclaje, y en ese sentido consideró que este proyecto de ley puede aportar. No obstante, cree que se puede mejorar, pues el proyecto pone el foco en la REP, sin poner suficiente énfasis en los municipios y en la comunidad. Respecto de las municipalidades, destaco que es el órgano más cercano a la gente y que además tienen la función privativa de aseo y ornato, sin embargo, el proyecto no establece con claridad su rol. En cuanto a la comunidad, consideró que no existen incentivos claros y –añadióque se requiere mayor promoción de la educación en temas de reciclaje, probablemente otorgando un rol en este sentido al Ministerio de Educación.

También expresó que es necesario incluir en la ley el principio de “inclusión”. A su juicio, el proyecto de ley no asegura la inclusión de los recicladores de base. Es necesario incorporar la posibilidad de que sean persona jurídica, asegurar que cuenten con suficiente apoyo técnico, promover la capacitación con fondos y tiempo suficiente y establecer condiciones especiales para ellos en las licitaciones.

En cuanto al fondo de reciclaje previsto en la ley, señaló que este no necesariamente será capaz de promover proyectos de largo plazo.

En definitiva, manifestó que valoran que se discutan iniciativas que quieren fomentar el reciclaje, sin embargo, temen que el intento por incompleto no sea exitoso. Indicó que dudan si un solo instrumento económico va a solucionar o complejizar el problema, ya que a su juicio se necesita una mirada más integral que:

a) otorgue el protagonismo y claridad que merecen y requieren las municipalidades; b) establezca en la comunidad un rol más claro y capacidades para llevarlo a cabo; c) constituya a la educación en un pilar;

d) aplique la inclusividad, dando mayores garantías a los recicladores de base, y

e) propenda a una mayor articulación entre municipalidades y los distintos actores, por lo que podría pensarse en incluir una instancia representativa, colegiada y consultiva.

25. Vicepresidente de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente

(AEPA), don Hernán Durán .

Se refirió, en primer término, al marco global de esta ley, señalando que:

a) Este proyecto no es una Ley marco para la gestión de residuos: indicó que aún está pendiente resolver una serie de contradicciones de la actual normativa de residuos, y que este proyecto solo aborda la REP.

b) No se orienta a la mayor fracción de residuos: la mayor cantidad de residuos corresponden a residuos orgánicos, esta ley en cambio solo aborda aproximadamente el 10% de los residuos.

c) Contradicción con aplicación del principio del que contamina paga: señaló que se trata de manera diferente a consumidores ciudadanos e industriales, en tanto, el consumidor no paga por la gestión del residuo y esta ley no resuelve esta situación.

d) Foco no es ambiental, es comercial: a su juicio, este enfoque podría tener consecuencias a la hora de resolver eventuales conflictos en la aplicación de esta normativa.

e) No están incluidos los principios: precautorio, de proximidad y menor costo de disposición, sustentabilidad ambiental, reducción en la fuente, de la mejor tecnología disponible y de mejores prácticas ambientales.

Aclaró que están de acuerdo con algunos de los principios que menciona la ley, pero otros le parecen redundantes y ajenos al ámbito de los residuos, como el principio de gradualidad y el de libre competencia. Precisó que en cuanto a principios, consideran adecuado el enfoque de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

En cuanto a los productos prioritarios, señaló que no son claras las razones para haber escogido esos nueve productos. Respecto del sistema de gestión, criticó que no se considere al actor que elimina los residuos y que no se mencione qué figura jurídica deberán tener dichos sistemas de gestión.

Seguidamente, identificó los principales ejes del proyecto, indicando las propuestas que le merecían:

EJES DEL PROYECTO PROPUESTAS

Responsabilidades

Generador como responsable de sus residuos.

Revisar coherencia con el objeto del proyecto de ley REP, estipulando que la responsabilidad del manejo de residuos recae en los productores (artículo 2°, letra a y g).

Éxito ambiental del proyecto requiere clarificar responsabilidades de otros actores, principalmente municipios y ciudadanía.

Definiciones de productor de producto prioritario, comercializador y distribuidor son semejantes y complejas. Simplificar definición, incorporando a comercializador y distribuidor, dada sus responsabilidades similares (artículo 3°, letra b y n).

Municipalidades

Obligación municipal de recolección selectiva financiada por REP. Sin embargo, no existe obligatoriedad en su colaboración a la REP.

Incorporar responsabilidad de los municipios de recolectar residuos de manera separada, financiada por el sistema REP (artículo 27).

Potenciar labor de educación de la población a nivel municipal.

Consumidores

Consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario en un punto de recolección establecido por el sistema de gestión (artículo 31).

Implementar, puntos de entrega o rutas de recolección de productos prioritarios, considerando recolección en origen. De acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de recolección maximiza los niveles de cumplimiento de las metas de reciclaje.

Propender a la implantación gradual del principio “el que contamina paga”, para todos los residuos domiciliarios, ya que a nivel industrial este principio ya está internalizado.

Sistemas de Gestión (SIG)

Se prevén SIG, (sistemas integrados de gestión) individuales y colectivos (artículos 16 y 18) y sólo se ahonda en las obligaciones de éstos últimos (artículo 17).

Exigir obligaciones de transparencia y control tanto para sistemas colectivos e individuales (artículos 17 y 18), incluyendo la libre competencia (artículo 2°, letra d). La experiencia internacional muestra que costos de gestión se reducen al incrementar competencia entre SIG.

Gestores

Se define al gestor como una persona natural o jurídica (artículo3°,letra f))

Se hace referencia a gestores autorizados

Procurar que todos los gestores cumplan regulación (laboral, sanitaria, tributaria y medio ambiental, entre otras) y que cumplan con estándares de calidad mínima en su gestión.

Definir diferencias entre gestores autori-

(artículo 8°, letra d) y a gestores registrados

(artículo 18s letra b y 19). zados y registrados.

Metas de recolección y valorización

Las metas y otras obligaciones asociadas serán revisadas al menos cada cinco años (artículo 15).

Disminuir plazos de revisión de metas. Se propone revisiones anuales en un comienzo.

Aclarar cumplimiento geográfico de metas, estableciendo objetivos equivalentes en todas las regiones.

Otras consideraciones El proyecto de ley puede ser objeto de mayor revisión en temas como: regulación de instalaciones para manejo de residuos, considerando tanto peligrosos como no peligrosos, previsión de plazos para creación de reglamentos específicos, incorporación de definiciones a través del contrato, racionalidad y actores sujetos a multas y sanciones. También recomendó generar una mesa de discusión que incorpore a actores

En definitiva, señaló que es necesario apuntar a un gestión de residuos basada en la obligación de los municipios de implementar recolección selectiva financiada por la REP, promover consumidores con mayor conciencia y participación, definir metas de valorización claras y factibles, pero desafiantes, asegurar transparencia, control y libre competencia, formalizar al sector informal de gestión de residuos y aumentar las exigencias ambientales en manejo de residuos.

26. Fundación Avina, doña Anna Romanelli .

Expuso la experiencia brasileña en el tema de gestión de residuos. Explicó que la política nacional de gestión de residuos sólidos cambió de enfoque y estableció la responsabilidad compartida. También, se refirió a la política nacional, destacando el establecimiento de una mesa de trabajo en conjunto con todos los actores, las políticas de educación llevadas adelante para promover el tema del reciclaje, etc. Informando que, finalmente, en el año 2010 se generó la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos (PNRS) y se estableció un Comité para garantizar el cumplimiento de la ley.

Explicó que participaron de esta iniciativa todos los actores claves del sistema: el gobierno, el movimiento nacional de recicladores, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Informó que el objetivo de esta política fue lograr la gestión integrada y el manejo ambiental adecuado de los residuos sólidos, para lo cual se asumió el principio que reconoce el residuo sólido como reutilizable y reciclable; como bien económico y de valor social, generador de trabajo y renta y promotor de la ciudadanía. Bajo este prisma, la PNRS instituyó los siguientes cambios significativos en el patrón de gestión y destinación:

a) La responsabilidad extendida de los productores: se establece la “logística reversa”, o sea, los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes tienen que asumir los costos de la recolección, clasificación, reciclaje de los residuos secos.

b) Contratación por el sector productivo de las cooperativas y asociaciones de recicladores para ejecutar el servicio

c) Permite la creación de fondos municipales con los recursos del sector productivo para financiar la estructuración y funcionamiento del sistema de recuperación de residuos secos.

d) Hay incentivos federales para gobiernos municipales que promuevan condiciones de trabajo para la integración de los recicladores: hangar, equipamientos tales como prensas, balanza, estera, etc.

Luego expuso cómo se incluyó a los recicladores en el contenido de la ley, precisando que estos fueron considerados tanto en los principios, como en los instrumentos que estableció la ley. Explicó también el principio de responsabilidad compartida y de “lógica reversa”, en virtud del cual se cubre tanto a productos comercializados en envases plásticos, metálicos o vidrio, como a otros productos y envases, considerando en primer lugar el grado y la extensión del impacto a la salud pública y al medio ambiente de dichos residuos, y luego su viabilidad técnica y económica.

Por último, evaluó los impactos de una ley como esta, comparando el antes y el después con el siguiente cuadro:

Finalmente, doña Ingrid Henríquez , exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, reconoció que a ley no resuelve todos los problemas de gestión de residuos, sin embargo, señaló que constituye un gran avance como instrumento de gestión ambiental. En cuanto a los residuos orgánicos, explicó que si bien estos no están considerados en esta iniciativa, existen otras políticas del Ministerio que los abarcan. Indicó que esta ley se concentra en los productos prioritarios en razón de los diversos criterios señalados en el mensaje, tales como masividad de los mismos, peligrosidad, experiencia en su manejo, etc.

Agradeció la visión de la experiencia brasileña y añadió que para la creación de este proyecto se consideraron diversas experiencias comparadas, incluyendo la de Alemania, Colombia y España. En función de estas experiencias se incluyó la posibilidad de que los sistemas de gestión fuesen individuales o colectivos, se incluyeron resguardos a al libre competencia, etc.

Respecto a los principios, indicó que es posible revisarlos para precisar algunos o eventualmente incorporar otros. En cuanto a incentivos en la ley, mencionó el Fondo de Reciclaje y destacó también que habrá un Consejo para el establecimiento de las metas de modo tal de asegurar la debida participación de la sociedad. Se prevé que dichas metas sean revisadas “a lo menos” cada 5 años, pero podría ser revisadas en menor tiempo si así se requiere. Además, se destacó que en materia de inclusión se está trabajando en conjunto con los recicladores de base para elaborar posibles indicaciones que mejoren el proyecto en este aspecto.

27. Exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, doña Ingrid Henríquez . En su oportunidad, manifestó que desde el Ministerio han seguido con mucho interés la

tramitación de este proyecto de ley y que han trabajado para recoger las diversas observaciones y presentar las respectivas indicaciones que las resuelvan.

Seguidamente, expresó que si bien son muchos los actores involucrados en el manejo de residuos, la responsabilidad principal debe recaer en el productor, de ahí que graficara esta cuestión señalando que no se trata de una “mesa de varias patas”, sino de una “carpa sostenida principalmente por el productor”.

En cuanto a las observaciones recogidas por el Ministerio, las resumió en la siguiente tabla:

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A continuación explicó que la indicación del Poder Ejecutivo se hará cargo de cada una de estas observaciones del siguiente modo:

a) Principios: se incorporarán los siguientes: (i) De inclusión (de recicladores de base);

(ii) Manejo ambientalmente racional de los residuos (nomenclatura moderna del principio de sustentabilidad ambiental); y

(iii) Precautorio.

Además, señaló que se incorporarán los conceptos de mejores prácticas ambientales y de mejores técnicas disponibles; y se modificará el objeto de la ley para precisar que esta persigue “reducir la generación de residuos y fomentar su reciclaje y otros tipos de valorización, a fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas”.

b) Municipalidades: se dispondrá que los sistemas de gestión autorizados podrán utilizar bienes nacionales de uso público para instalación y operación de instalaciones de almacenamiento, para lo cual deben solicitar permiso municipal. Además podrán incorporar en sus ordenanzas municipales, cuando así lo estimen necesario, la obligación de entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos.

c) Recicladores de base: Se acoge gran parte de los cambios propuestos por los propios recicladores de base, entre ellos: se modifica su definición, se incluye el criterio de participación de recicladores de base en fondo para el reciclaje, se establece la gratuidad de bases para participar en licitaciones abiertas y se amplía el plazo de transitoriedad para certificación de competencias de 2 a 5 años.

d) Productores: Se explicita la creación de un comité operativo ampliado para la fijación de las metas, con inclusión de productores, gestores, etc. adicionalmente, se establece el permiso para utilizar bienes nacionales de uso público.

e) Gestores: No se incorporan normas de ecodiseño, en tanto se estimó que el productor obligado por REP va a exigir mejoras y cambios en diseño de productos para facilitar su valorización. Sin embargo, sí se exigirán las mejores prácticas ambientales y mejores técnicas disponibles

f) Consumidores: Dado que se requiere un cambio cultural paulatino y frente a la imposibilidad de fiscalización, no se establecen sanciones. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente tiene deber de educación ambiental en materia de residuos y los sistemas de gestión deberán diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización. Asimismo, los sistemas de gestión pueden celebrar convenios con municipalidades y los costos por gestión de residuos deberán informarse al consumidor.

28.- Presidente del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (MNRCH), don Exequiel Estay .

Destacó que los recicladores han participado como actores relevantes en el proceso de tramitación de este proyecto de ley, ya que los afecta directamente e incluso podría llegar a excluirlos de su actividad.

Hizo constar que presentaron varias observaciones al Ministerio de Medio Ambiente y que solo algunas de estas fueron acogidas, por lo que llamó a los diputados a incluir las propuestas de los recicladores no consideradas por el, vía indicaciones parlamentarias.

Luego enumeró aquellas observaciones que fueron acogidas por el gobierno, mencionando las siguientes:

i) Incorporación del principio de inclusión (artículo 2°). ii) Modificación a la definición de gestor (artículo 3º).

iii) En los convenios con gestores (artículo 19º) se acoge la solicitud sobre gratuidad de las bases de licitación para los recicladores de base.

iv) En el fondo para el reciclaje (artículo 28º) se introducen dentro de los reglamentos del concurso, los criterios para la participación de los recicladores.

v) En el artículo 1° transitorio se aumenta el plazo a cinco años para que los recicladores se registren sin contar con la certificación requerida en el artículo 29.

vi) Se modifica el inciso segundo del artículo 1° transitorio para incluir la creación de un proyecto de competencias laborales destinado a los recicladores.

En cuanto a propuestas acogidas parcialmente, mencionó la definición de recicladores de base del artículo 2º, explicandoque la propuesta del Ejecutivo introduce a las cooperativas dentro de los recicladores de base, pero no introduce todos los elementos que se encuentran dentro del proceso de reciclaje y que son parte de la tarea de los recicladores.

29. Directora Ejecutiva de Chile Sustentable, doña Sara Larraín .

Se refirió a las propuestas que no fueron acogidas por los representantes del Ejecutivo, enumerando las siguientes:

i) Diversas definiciones propuestas por los representantes de los Recicladores al artículo

3º, incluyendo las de recicladores de base, reciclaje, recolección, reutilización y valorización. ii) Obligación de los gestores (artículo 6º): no se acogió la propuesta de poner de manera diferenciada los requisitos para las autorizaciones de recicladores y las empresas, destacando

la elaboración de un proyecto de certificación para los primeros.

iii) Respecto a los productos prioritarios (artículo 9º), debido a que el manejo de residuos es diferenciado dependiendo de si es peligroso o no, se solicitó al Ejecutivo clasificar los productos según sean o no peligrosos.

En función de estos argumentos, el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile propuso las siguientes indicaciones:

1. Reemplazar el texto de la letra o) del artículo 2º del proyecto de ley, por el siguiente:

“o) Recicladores de Base: Personas naturales o jurídicas, que, de forma dependiente o independiente, se dedican a las actividades de recolección diferenciada en origen, gestión de centros de acopio, separación y comercialización de residuos no peligrosos. Estos podrán participar en los sistemas de gestión, establecidos en la presente ley como gestores autorizados.”.

2. Reemplazar el texto de la letra p) del artículo 2º del proyecto de ley, por el siguiente:

“p) Reciclaje Acciones de valorización mediante las cuales los residuos son transformados en nuevos productos, incluyendo el co-procesamiento y compostaje, y excluyendo la valorización energética.”.

3. Reemplazar el texto de la letra q) del artículo 2º del proyecto de ley, por el siguiente:

“q) Recolección: Operación consistente en recoger residuos desde su origen para transpórtalos hacia una instalación de almacenamiento, acondicionamiento, transferencia y disposición final. La recolección de residuos separados en origen se denomina diferenciada o selectiva.”.

4. Reemplazar el texto de la letra s) del artículo 2º del proyecto de ley, por el siguiente:

“s) Reutilización: Acción consistente en el re uso de un material o productopreviamente utilizado como insumo en el proceso productivo que le dio origen.”.

5. Reemplazar el texto de la letra w) del artículo 2º del proyecto de ley, por el siguiente: “w) Valorización: Acciones cuyo objeto es recuperarresiduos o alguno de sus componentes, con la finalidad de reincorporarlos a procesos productivos y/o generar nuevos materiales, productos o energía.”.

6. Introducir en el artículo 6º del proyecto de ley, un nuevo inciso segundo, pasando el actual al tercero, que establezca:

“En el caso de los recicladores de base, el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales, establecerá un programa tendiente a proveerlos de las competencias técnicas y laborales necesarias para obtener las autorizaciones y gestionar los residuos de acuerdo a la normativa vigente”.

7. Reemplazar en el artículo 9º del proyecto de ley, por el siguiente:

“Artículo 9.- Productos prioritarios. Estarán sometidos al régimen de la responsabilidad extendida del productor los siguientes productos prioritarios:

RESIDUOS NO PELIGROSOS

a) Diarios, periódicos y revistas;

b) Envases y embalajes;

RESIDUOS PELIGROSOS

c) Medicamentos;

d) Pilas y baterías;

e) Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas o ampolletas;

f) Neumáticos;

g) Aceites lubricantes h) Vehículos

i) Plaguicidas caducados.”.

8.- En el artículo 1° transitorio, incluir un programa de financiamiento para poder ayudar a los recicladores de base a registrarse y certificarse en el plazo requerido por la ley.

28. Ministro de Medio Ambiente, don Pablo Badenier4 .

Estimo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno anterior era una buena iniciativa legal y que cree que se debe continuar con su tramitación, no obstante que tienen algunas observaciones.

En cuanto a los antecedentes generales de este proyecto, el Ministro destacó que ya el año

2010 se había presentado al Consejo Consultivo una propuesta más general sobre residuos, de la cual se recogieron algunos conceptos. Indicó que sería conveniente volver a la idea de una ley general sobre residuos y no limitarla solo a la REP.

Respecto a la iniciativa legal en tramitación, reafirmó que el Ministerio comparte varios de sus objetivos e hizo un repaso del contenido del proyecto y de las características de la REP que se propone instaurar.

Seguidamente, señaló que no obstante compartir los objetivos del proyecto, existen ciertas observaciones que se traducirán en indicaciones. Estas indicaciones buscarán:

a) reforzar el objetivo medioambiental del proyecto;

b) introducir metas de recolección a nivel regional;

c) regular en un decreto supremo el proceso para establecer las metas, incluyendo consultas previas, etcétera;

d) reforzar las funciones municipales;

e) establecer obligaciones para los consumidores, aunque sin establecer sanciones;

4Sesión 2ª, celebrada en miércoles 2 de abril de 2014.

f) establecer un Comité Operativo de los Productores, y

g) redefinir el concepto de recicladores de base; entre otras.

Por último, enfatizó el enfoque medioambiental que desean establecer las nuevas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, señalando que es necesario incluir tópicos de una ley general de residuos y abordar la recolección diferenciada como un instrumento de mayor jerarquía, no solo limitada a los productos prioritarios, a pesar de coincidir en la conveniencia de partir con un listado, pero con miras a no cerrarlo en forma definitiva.

También destacó la herramienta de rotulación, certificación y etiquetado, mencionó la posibilidad de incluir ciertos productos especiales, tales como aquellos de gran volumen u otros. Asimismo, aludió a la necesidad de incluir a autoridades de otros organismos en el cuerpo colegiado que prevé el proyecto, como por ejemplo, autoridades del Ministerio de Economía, Salud, u otros.

En cuanto a las evaluaciones señaló que en un principio estas deben realizarse en un plazo menor al de dos años y finalizó señalando que el fondo de reciclaje debería incluir aportes provenientes de los productores y que la acción de los recicladores de base no debe limitarse necesariamente a los residuos no peligrosos.

En definitiva, REP constituye un instrumento de gestión de residuos, cuyas características son las siguientes:

-. Obliga a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que colocan en el mercado.

-. El Ministerio de Medio Ambiente establece metas de recolección y metas de valorización a los productores, a través de procedimientos análogo a normas.

-. Los productores de pueden agrupar para organizar y financiar el cumplimiento de las metas a través de “sistemas de gestión”.

La Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza y sanciona. Votación en general del proyecto5.

Los diputados presenten valoraron la disposición del Ministerio para considerar las diversas observaciones que se han planteado ante la Comisión, durante el estudio en general de la iniciativa legal, y si bien, señalaron que el proyecto aún es perfectible, acordaron proceder a la votación en general lo que, a juicio, de los señores parlamentarios constituiríauna buena señal para lograr que el proyecto de ley continuara su tramitación en el siguiente Periodo Legislativo.

Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Andrea Molina y señores Celso Morales , Leopoldo Pérez , David Sandoval , Guillermo Teillier y Patricio Vallespín y de los entonces diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso De Urresti .

b) DISCUSIÓN PARTICULAR.

Durante esta instancia legislativa, se contó con la participación y colaboración del Ministro don Pablo Badenier , del Jefe de la División Jurídica, don Jorge Cash ; de la Jefa de División de Recursos Naturales, Residuos y Evaluación de Riesgos, doña Maritza Rojas ; del jefe

5Sesión 147ª, celebrada en miércoles 15 de enero de 2014.

de la Sección de Residuos, don Joost Miejer , de los abogados asesores Lorna Puschel y David Bortnick , todos del Ministerio de Medio Ambiente.

-o-

Se hace presente, que en el curso de la discusión particular se acordó, por la unanimidad de los diputados presentes, que se dejara constancia en el informe de este proyecto de ley de las indicaciones retiradas.

-o-

“Que establece marco para la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor”

Se presentó una indicación de las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , al epígrafe título del proyecto de ley, para reemplazar la conjunción “y” por una coma (,) y agregar después de la palabra “productor”, la frase “y fomento al reciclaje”.

El señor Ministro señaló que no tenía inconvenientes con esta modificación.

Sometido a votación, el epígrafe y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Rathgeb , Sandoval y Urizar .

-o-

Se hace constar que todos los epígrafes de los títulos y párrafos del proyectos de ley, fueron aprobados, por asentimiento unánime de los integrantes de la Comisión.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°, objeto.

La presente ley tiene por objeto general establecer un marco jurídico para la gestión de residuos y, en particular, instaurar la responsabilidad extendida del productor, todo ello con la finalidad de incentivar la prevención en la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, protegiendo así la salud humana y el medio ambiente.

Se formularon las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar la prevención en la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.”.

Sobre este punto, se debatió sobre la razón por la cual el Ejecutivo habría excluido la anterior referencia a “establecer un marco jurídico para la gestión de residuos”, frente a lo cual el Ministro señaló que como marco jurídico esta ley es algo estrecha, por lo que prefirieron acotar su objeto.

No obstante, los diputados presentes objetaron la alusión a “incentivar la prevención”, por considerar que no era lo suficientemente enfático, como asimismo consideraron que era necesario incorporar la referencia a “instaurar la responsabilidad extendida del productor”.

En virtud de estas consideraciones se presentó la siguiente indicación:

2.- De las diputadas señoras Molina y Vallejo y de los diputados señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín , para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, a fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.”

Puesta en votación, la indicación, signada con el número 2, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín . En razón de esta aprobación, la indicación signada con el N° 1 se da por rechazada reglamentariamente.

Artículo 2°, principios.

Letra a).

Los principios que inspiran la presente ley son los siguientes:

El que contamina paga: El generador de un residuo es responsable de hacerse cargo del mismo y de internalizar y pagar los costos asociados a su manejo.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para reemplazarla, por la siguiente:

“a) El que contamina paga: El generador de un residuo es responsable de hacerse cargo del mismo, así como de internalizar los costos y las externalidades negativas asociados a su manejo.”.

2.- Del diputado Sandoval para sustituir en la letra a) del artículo 2, la expresión “generador” por “productor”.

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar, en la letra a) la siguiente expresión final: “y disposición”.

Los diputados presentes hicieron ver su preocupación por la configuración de este principio, en tanto tal y como quedaría redactado según la indicación del Ejecutivo, sería el consumidor el responsable de hacerse cargo del residuo (generador), en circunstancias que la ley busca responsabilizar al productor.

Asimismo, los diputados Chávez y Rathgeb señalaron que la redacción de este principio podría sugerir que mientras se pague es legítimo contaminar, lo que no se condice con el espíritu de la ley.

Puestas en votación, las indicaciones, números 1, 2 y 3, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra b).

Gradualismo: Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y social, entre otros.

Se presentó una indicación por parte de los diputados Chávez y Vallespín para agregar, entre las palabras “social,” y “entre otros”, la frase siguiente: “situación geográfica”.

Sin mayor debate, puesta en votación, la letra b), y la indicación fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra nueva, que pasaría a ser c).

Se formularon las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para intercalar la siguiente letra c) nueva, pasando la actual letra c) a ser letra d), y cambiando las demás su orden correlativo:

“c) Inclusión: Conjunto de mecanismos e instrumentos de capacitación, financiación y formalización orientados a posibilitar la integración plena de los recicladores de base en la gestión de los residuos, incluidos los sistemas de gestión en el marco de la responsabilidad extendida del productor.”

2.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para agregar, después de la palabra “financiación” una coma (,) y la palabra “infraestructura”.

Puesta en votación, la indicación número 1, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Sometida a votación la indicación N° 2, fue rechazada por siete votos en contra (7 de 10) de los diputados señores Chávez , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín ; y tres abstenciones (3 de 10) de las diputadas Molina y Vallejo y del diputado Melo .

Letra c) que pasaría a ser d).

Jerarquía en el manejo de residuos: Orden de preferencia de manejo, que considera como primera alternativa la prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes y la valorización energética de los residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación.

Se presentó una indicación por parte de los diputados Chávez y Vallespín , para agregar la siguiente frase final: “, acorde al desarrollo de instrumentos legales, reglamentarios y económicos pertinentes”.

Sin mayor debate, puesta en votación la letra c, que pasaría a ser d), y la indicación fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra d) que pasaría a ser e).

Libre competencia: El funcionamiento de los sistemas colectivos de gestión en ningún caso podrá atentar contra la libre competencia.

Sin mayor debate, puesta en votación, la letra d), que pasaría ser e), fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra e) que pasaría a ser f).

Participativo: La opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.

Las diputadas Molina y Vallejo ; y diputados Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín , formularon indicación para reemplazarla, por la siguiente: “f) Participativo: La educación, opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo

de valorización.”

El diputado Chávez explicó que era necesario añadir la mención a la educación, pues este es un paso previo para que la comunidad pueda opinar e involucrarse.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra nueva, que pasaría a ser g).

El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar la siguiente letra g), cambiando las demás su orden correlativo:

“g) Precautorio: La falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias para disminuir el riesgo de daños para el medio ambiente derivado del manejo de residuos.”

El Ministro señaló que este principio es fundamental en la legislación ambiental, considerando que se trata de un área de conocimiento que aún es limitado.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra nueva.

Las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y el diputado Melo , formularon indicación, para agregar la siguiente letra g), nueva:

“g) ciclo de vida: Etapas e impactos que posee un producto desde su generación, valorización y/o disposición final.”.

Los autores de la indicación presentes, reconocieron que era más acertada la definición que el Ejecutivo propone agregar en el artículo 3°. No obstante, que los autores presentes manifestaron la intención de retirar la indicación ello no fue posible de materializar por no encontrarse todos presentes.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra f) que pasaría a ser h).

Preventivo: Conjunto de acciones o medidas que se reflejan en cambios en los hábitos en el uso de insumos y materias primas utilizadas en procesos productivos, diseño o en modificaciones en dichos procesos, así como en el consumo, destinadas a evitar la generación de residuos, la reducción en cantidad o la peligrosidad de los mismos.

Sin mayor debate, puesta en votación la letra f) que, pasaría ser h), fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra g) que pasa a ser i).

Responsabilidad de la cuna a la tumba: El generador de residuos es responsable del manejo de los residuos, desde su generación hasta su valorización y/o eliminación, en conformidad a la ley.

La diputada Molina y los diputados Chávez , Sandoval y Vallespín , formularon indicación para reemplazar la palabra “generador” por “productor”.

Durante el debate se señaló que en este caso se da el mismo problema que el analizado en la letra a), es decir, es necesario responsabilizar al productor y no el consumidor (generador).

Puesta en votación, la letra con la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letra h) que pasa a ser j)

Transparencia y publicidad: La gestión de residuos se efectuará con transparencia, de manera que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia.

Sin mayor debate puesta en votación, letra aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Letras nuevas.

El diputado Sandoval presentó una indicación para incorporar las siguientes letras, nuevas: “Proximidad y suficiencia: El generador de un residuo deberá preferir aquella planta más

cercana al lugar de almacenamiento”

El Ministro hizo ver que no necesariamente la planta más cercana será la más eficiente, por lo que esta disposición podría obligar al generador de forma indebida.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra (4 de 10) de los señoresChávez, Melo , Urizar y Vallespín ; tres votos a favor (3 de 10) de los señores Morales, Rathgeb y Sandoval ; y tres abstenciones (3 de 10) de las señores Molina y Vallejo y del señor Pérez Lahsen .

“Principio de autosuficiencia y soberanía nacional: Se deberán eliminar y/o valorizar los residuos que se generan dentro del territorio nacional no admitiéndose su importación, salvo en el caso que no se generen en nuestro país y sean indispensables para el desarrollo de una actividad económica.

l) Principio de confidencialidad mercantil: Los sistemas de gestión deberán resguardar la confidencialidad de toda la información que administren.

m) Universalidad del Servicio: Se garantiza a todo productor la recogida de sus residuos dentro del territorio nacional.

n) Universalidad de la Recogida:” La recogida de residuos será selectiva, universal y gratuita.”.

Después de intercambiar opiniones el señor Sandoval retira la indicación.

Letra nueva que pasaría a ser k).

El diputado Sandoval presentó una indicación para incorporar la siguiente letra k), nueva: “k) Trazabilidad: Conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que per-

miten conocer las cantidades, ubicación y trayectoria de un residuo o lote de residuos a lo largo de la cadena de gestión.”

Sin mayor debate, puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 3°, definiciones.

Letra a).

Almacenamiento: Acumulación de residuos en un lugar específico por un tiempo determinado, previo a su valorización y/o eliminación.

Se presentó una indicación por parte de las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para reemplazar en la letra a), la palabra “eliminación” por el término “disposición final”.

El Ministro señaló que la eliminación es un concepto más amplio que disposición final, es decir, el término “eliminación” incluye la disposición final en vertederos pero también abarca otros tipos de eliminación.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por ocho votos en contra (8 de 10) de los diputados Chávez , Godoy , León , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y dos abstenciones (2 de 10) de la diputada Molina y el diputado Melo .

Sometida a votación, la letra a) fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Molina y señores Chávez , Godoy , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra nueva, que pasaría a ser b)

El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar la siguiente letra b), pasando la actual letra b) a ser letra c), y cambiando las demás su orden correlativo:

“b) Ciclo de vida de un producto: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema productivo, desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos naturales, hasta su eliminación como residuo.”

El Ministro señaló que esta definición otorga un mayor contenido ambiental al proyecto, puesto que el análisis y la evaluación del ciclo de vida de u sistema productivo permite conocery evaluar los impacto ambientales de un producto antes y después del final de su vida útil, y permite prevenir la generación de residuos y mejorar las oportunidades para su valoración.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Molina y señores Chávez , Godoy , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letras b) y c) que pasarían a ser c) y d), respectivamente.

b) Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto prioritario al consumidor.

c) Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto prioritario antes de su venta al consumidor.

Sin mayor debate, puestas en votación, las letras b) y c), que pasarían a ser c) y d), respectivamente, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Molina y señores Chávez , Godoy , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra nueva, que pasaría a ser e).

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar la siguiente letra e):

“e) Ecodiseño: Integración de aspectos ambientales en el diseño del producto con el fin de disminuir las externalidades ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida.”

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para intercalar, entre la palabra “producto” y la expresión “con el fin”, la frase “, envase, embalaje, etiquetado u otros,”.

3.- De la diputada Molina para intercalar la siguiente letra e):

“e) Ecodiseño: incorporación sistemática de aspectos de diseño tendientes a minimizar el uso de insumos y/o favorecer la recuperabilidad de los residuos asociados a un producto, a objeto de reducir su eventual impacto negativo en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.”.

La diputada Molina señaló que la definición que propone agregar es más precisa, no obstante que ambas van en la misma dirección.

El Ministro por su parte, señaló que lo importante es asegurar que este concepto no quede fuera de la ley, pues recoge una preocupación de los recicladores de que el diseño de los productos favorezca su reciclaje y/o reutilización.

Agregó que este concepto se aplica tanto al producto como al proceso de elaboración. Si bien constituye un término relativamente nuevo, es reconocido internacionalmente y se relacionada directamente con la prevención de la generación de residuos.

El diputado Vallespín señaló que podría precisarse qué deberá entenderse por “sistemáticamente” y “recuperabilidad”. El diputado Sandoval coincidió en que el aspecto sistemático podría ser problemático.

Los diputados Godoy , Morales y León consideraron que la definición del Ejecutivo es más acertada, precisamente por ser más amplia, y evitar así restricciones indeseadas. El diputado Vallespín coincidió en que la definición del Ejecutivo es más amplia y no se limita a los insumos. Sin embargo, agregó que añadiría a la noción de “producto” la de “envase, embalaje, etiquetado”.

Atendido el debate, la diputada Molina retiró la indicación número 3.

Puesta en votación, la indicación signada con el número 1.- fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Molina y señores Chávez , Godoy , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Sometida a votación la indicación número 2, fue aprobada por seis votos a favor (6 de

10), de la diputada Molina y de los diputados Chávez , León , Melo , Rathgeb y Vallespín ; y cuatro votos en contra (4 de 10), de los diputados Godoy , Morales , Pérez Lahsen y Sandoval .

Letra d) que pasaría a ser f).

Eliminación: Todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o destruir un residuo en instalaciones autorizadas.

Sin mayor debate, puesta en votación, la letra fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra e) que pasaría a ser g).

Generador: poseedor de un producto que lo desecha o tiene la intención u obligación de desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.

Se presentó una indicación por parte de los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar, la frase “poseedor de un producto” por: “consumidor final poseedor de un producto prioritario”.

El Ministro señaló que no están de acuerdo con esta indicación porque limita esta definición al ámbito de los productos prioritarios. El diputado Vallespín por su parte, estima que este añadido podría cubrir tanto al consumidor final, como al poseedor de un producto, frente a lo cual el Ministro aclaró que poseedor incluye tanto al consumidor final o todo aquel que tenga el producto.

Los autores deciden retirar la indicación.

Puesta en votación, la letra fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra f) que pasaría a ser h).

Gestor: Persona natural o jurídica que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos y que se encuentra autorizada en conformidad a la normativa vigente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar, entre las expresiones “natural o jurídica” y “que realiza”

la frase, “pública o privada,”.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para intercalar, entre la palabra “autorizada” y la preposición “en”, la expresión “y registrada.

El Ministro aclaró que si el gestor está autorizado, estará debidamente registrado según lo dispone la ley.

Puesta en votación, la letra y la indicación número 1 fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Sometida a votación, la indicación signada con el N° 2), fue aprobada por siete votos a favor (7 de 9), de la diputada Molina y de los diputados Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb y Vallespín ; y dos votos en contra (2 de 9), los diputados Godoy y Sandoval .

Letra g) que pasaría a ser i).

Gestión: Operaciones de manejo y otras acciones de política, de planificación, normativas, administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, de seguimiento y fiscalización, referidas a residuos.

Sin mayor debate, puesta en votación, la letra fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra h) que pasaría a ser j).

Instalación de almacenamiento: Lugar o instalación de recepción y acumulación selectiva de residuos, debidamente autorizado, previo a su envío hacia una instalación de valorización o eliminación.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín , para reemplazar en la letra h), su epígrafe “Instalación de Almacenamiento”, por lo siguiente: “Espacio de Almacenamiento”.

El diputado Vallespín explicó que el objetivo de esta indicación era mejorar la redacción de la definición. Sin embargo, se determinó que era preferible mantener el epígrafe y ajustar la definición. En función de esto, los autores deciden retirar esta indicación.

2.- De la diputada Molina y de los diputados Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín , para reemplazar la palabra “instalación” por “establecimiento”.

Puestas en votación, la letra y la indicación N°2, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra nueva.

Las diputadas Girardi y Vallejo y el diputado Melo , presentan una indicación para agregar la siguiente letra nueva:

“Espacios de almacenamiento transitorio: Lugar o instalación de recepción y acumulación selectiva de residuos de operación de los recicladores de base.”

El Diputado Melo explicó que esta definición favorece la inclusión de los recicladores de base. Sin embargo, el Ministro señaló que el almacenamiento siempre es transitorio y que no resulta necesario añadir explícitamente a los recicladores de base. Además, señaló que ya está aprobada la definición de almacenamiento.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por ocho votos en contra (8 de 9) de la diputada Molina y de los diputados Chávez , Godoy , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y la abstención (1 de 8) del diputado Melo .

Letra i) que pasaría a ser k).

Manejo: Todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento.

Sin mayor debate, puesta en votación, la letra fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra nueva, que pasaría a ser l).

El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar la siguiente letra, nueva, que pasaría a ser l):

“l) Manejo ambientalmente racional: La adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los residuos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud de las personas contra los efectos perjudiciales que pueden derivarse de tales residuos.”

A su vez, los diputados Chávez y Vallespín presentaron una indicación para reemplazar en la letra l) nueva, la palabra “racional”, por palabra “sustentable”.

El Ministro explicó que se entiende por manejo ambientalmente racional de los residuos la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que estos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud de las personas contra los efectos perjudiciales que pueden se pueden derivar de los residuos.

Agregó que este concepto fue recogido de la Convención de Basilea, y que puede haber algún manejo de residuos que no sea sustentable pero que sí sea racional dadas las tecnologías disponibles. En atención a estas explicaciones, los autores deciden retirar esta indicación.

Puesta en votación la indicación (del Ejecutivo) fue aprobada por ocho votos a favor (8 de

9) por parte de la diputada Molina y señores Chávez , Godoy , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y un voto en contra (1 de 8) del diputado Melo .

Letra nueva, que pasaría a ser m).

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar la siguiente letra, nueva, que pasaría a ser m):

“m) Mejores prácticas ambientales: La aplicación de la combinación más adecuada de medidas y estrategias de control ambiental.”

Puesta en votación, la letra nueva fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

2.- Los diputados Chávez y Vallespín , formularon indicación para reemplazar la palabra

“adecuada”, por la expresión “exigente y pertinente”.

El diputado Vallespín señaló que, a su juicio,la terminología “adecuada” es muy vaga. Sin embargo, el Ministro explicó que no está de acuerdo con establecer las medidas más exigentes, ya que las mismas deben ajustarse a nuestro nivel de desarrollo.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por cinco votos a favor (5 de 9), de los diputados Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb y Vallespín ; y cuatro votos en contra (4 de

9), de la diputada Molina y los diputados Godoy , Morales y Sandoval .

Letra nueva, que pasaría a ser n).

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar la siguiente letra nueva, que pasaría a ser n):

“n) Mejores técnicas disponibles: La etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de los procesos, instalaciones o métodos de operación, que indican la idoneidad técnica, social y económica de una medida particular para limitar los impactos en el medio ambiente y la salud de las personas.”

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar la frase “indican la idoneidad”, por “expresan la pertinencia”.

3.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para agregar, a continuación de la palabra “impactos” la palabra “negativos”.

El Ministro manifestó su acuerdo con las indicaciones parlamentarias, destacando, además, que esta indicación recoge una propuesta presentada durante la discusión.

Puestas en votación, las tres indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letras j), k), l) y m) que pasarían a ser ñ), o), p) y q), respectivamente.

j) Ministerio: Ministerio del Medio Ambiente.

k) Preparación para la reutilización: Acción de revisión, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos desechados se acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

l) Pretratamiento: Operaciones físicas preparatorias o previas a la valorización o eliminación, tales como separación, desembalaje, corte, trituración, compactación, mezclado, lavado, empaque, entre otros, destinadas a reducir su volumen, facilitar su manipulación o potenciar su valorización.

m) Producto prioritario: Sustancia u objeto que una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor, en conformidad a la presente ley.

Sin mayor debate, puestas en votación, las letras fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra n) que pasaría a ser r).

Productor de un producto prioritario o productor: Persona que, independiente de la técnica de comercialización,

(i) enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional;

(ii) enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor; o

(iii) importa un producto prioritario para su propio uso profesional;

En el caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y/o embalado.

El decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario precisará el concepto de productor, según corresponda. En dicha determinación deberá considerarse siempre la condición de pequeña y mediana empresa.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Sandoval para sustituir en la letra n), que pasaría a ser r), letra i), por la siguiente:

“i) realiza la primera puesta en el mercado de un producto prioritario o lo enajena”.

El abogado David Bortnick explicó que la indicación amplía el alcance de la definición de “productor”, e incluiría, por ejemplo, a aquellos que han importado un producto aun sin tener permiso para venderlo. Es por eso que el Ejecutivo, en la redacción propuesta, hace alusión a la enajenación. Además, añadió que sería necesario aclarar qué debe entenderse por mercado nacional, porque de lo contrario se generaría incertidumbre. Frente a estas aclaraciones, el diputado Sandoval retira la indicación.

2.- Del Ejecutivo para reemplazar el inciso tercero de la actual letra n), que ha pasado a ser letra r), por el siguiente:

“El decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario determinará los productores a los que les será aplicable la responsabilidad extendida del productor, previa consideración de su condición de pequeña o mediana empresa.”.

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en el nuevo inciso tercero de la actual letra n), indicación del Ejecutivo, entre palabras “prioritario,” y “determinará”, la frase “, sobre la base de criterios y antecedentes fundados,”.

El Ministro compartió la conveniencia de aprobar la indicación.

Puesta en votación, la letra con las indicaciones números 2 y 3,fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , Godoy , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra o) que pasaría a ser s)

Reciclador de base: Gestor que consiste en una persona natural dedicada a la recolección selectiva y eventualmente a la gestión de instalaciones de almacenamiento de residuos reciclables para su comercialización.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazarla, por la siguiente:

“s) Reciclador de base: Persona natural o cooperativa que se dedica a la recolección selectiva, gestión de instalaciones de almacenamiento, pre-tratamiento y comercialización de residuos.”.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la indicación del Ejecutivo, a continuación de las palabras “de base:”, lo siguiente “Gestor de residuos, ya sea”.

3.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para reemplazar la palabra “cooperativa” por “jurídica”; y agregar, a continuación de la palabra “almacenamiento”, la palabra “procesamiento”.

4.- Del diputado Sandoval para agregar, en la letra o), que pasaría a ser s), a continuación de la expresión “natural” la siguiente expresión: “o jurídica”

El Ministro explicó que los recicladores de base son reconocidos en la REP, como actores relevantes en la gestión de residuos y se incentiva su formalización y capacitación. Añadió que una definición acotada permitirá que los beneficios que otorga la ley se dirijan efectivamente a recicladores de base y no a otro tipo de gestores, razón por la cual se excluye la posibilidad de que sean persona jurídica, pero se reconoce que puedan constituirse como cooperativas.

Los diputados presentes debatieron en torno a la conveniencia de aceptar que puedan constituirse como personas jurídicas, señalando la diputada Molina que los propios recicladores de base han solicitado la posibilidad de que puedan ser personas jurídicas. El diputado Chávez por su parte señaló que es necesario buscar la redacción que otorgue las mayores posibilidades a los recicladores de base. El diputado Pérez Lahsen consideró necesario posibilitar el reconocimiento de eventuales empresas familiares de recicladores de base.

Por otro lado, el diputado Melo consultó si las actividades que se mencionan en esta definición deben ser desarrolladas copulativamente, porque de lo contrario también se requeriría ajustar ese aspecto de la definición.

El Subsecretario (S) del Ministerio señaló que el Ejecutivo analizó las dudas y proposiciones de los señores diputados, por lo que sugiere una nueva definición de “Reciclador de base”.

Esta propuesta reconoce dos tipos de recicladores de base: (i) aquellos que utilizan un método artesanal; y

(ii) aquellos que utilicen un método semi-industrial.

De ese modo, se excluyen grandes empresas. En cuanto a la posibilidad de que sean personas jurídicas, el requisito es que sean integradas únicamente por recicladores de base.

En razón de lo anterior, las indicaciones signadas con los números 2 y 4, son retiradas por sus autores.

El diputado León consultó si no sería más conveniente utilizar la expresión “exclusiva y habitual” en esta nueva definición. El diputado Morales señaló que la nueva propuesta del Ejecutivo recoge en gran medida todas las indicaciones presentadas, salvo aquella que incluye el término “procesamiento”.

El señor Bortnick , abogado del Ministerio, señaló que se utilizó la expresión “directo y habitual” para asegurar que los recicladores de base se dediquen como giro principal a la recolección y esta actividad no se haga a través de terceras personas. Sin embargo, no exigiría exclusividad, ya que esto podría perjudicar indebidamente a los recicladores de base. En cuanto a añadir la actividad de “procesamiento”, doña Lorna Puschel , abogada del Ministerio, señaló que esta actividad no está definida en la ley, mientras que sí lo está el “pretratamiento”, que incluye todas las actividades que realizan los recicladores de base.

En atención al debate desarrollado, se presentó la siguiente indicación:

5.- De las diputadas Molina y Vallejo y de los diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín , para reemplazar la actual letra o) que ha pasado a ser s), por la siguiente:

“s) Reciclador de base: Persona natural, que mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica en forma directa y habitual, a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o asimilables y a la gestión de instalaciones de almacenamiento de tales residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán también como recicladores de base las personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por personas naturales registradas como recicladores de base, en conformidad al artículo 33.”.

Puesta en votación, la indicación número 5 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo ; y diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín .

Las indicaciones 1 y 3, fueron rechazadas, la número 1, por la unanimidad de los diputados presentes y número 3, por cinco votos en contra (5 de 9), de los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín ; y cuatro abstenciones (4 de 9), de las diputadas Molina y Vallejo; y de los diputados Melo y Morales.

Letras p) y q) que pasarían a ser t) y u), respectivamente

t) Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo distinto del que lo generó, incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.

u) Recolección: Operación consistente en recoger residuos, incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de transportarlos a una instalación de almacenamiento, una instalación de valorización o de eliminación, según corresponda. La recolección de residuos separados en origen se denomina diferenciada o selectiva.

Sin mayor debate, puestas en votación, las letras fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo ; y diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín .

Letra r) que pasaría a ser v)

Residuo: Sustancia u objeto que su poseedor desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Por parte de los diputados Chávez y Vallespín , para agregar, después de la palabra

“poseedor,” las palabras “o generador”

Doña Lorna Puschel , abogada del Ministerio, explicó que los términos “generador” o “poseedor que desecha” a la luz de las definiciones de la ley, son sinónimos.

En razón de que el término “generador” es el que está definido en la ley, el diputado Pérez

Lahsen señaló que sería mejor utilizar ese vocablo.

2.- Las diputadas Molina y Vallejo ; y los diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen y Sandoval , formularon indicación para reemplazar la palabra “poseedor” por “generador”.

Puestas en votación, la letra y la indicación número 2.- fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo ; señores Chávez , León, Melo , Morales , Pérez Lahsen y Sandoval .

La indicación N° 1 fue rechazada por la misma votación anterior. Letra s) que pasaría a ser w)

Reutilización: Acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados se utilizan de nuevo, sin transformación previa, con la misma finalidad para la que fueron producidos.

Se presentó una indicación por parte del Ejecutivo, para eliminar la expresión “, sin transformación previa”.

El diputado Sandoval consultó porqué se exige que el producto tenga la misma finalidad para lo que fueron producidos.

La señora Maritza Rojas , aclaró que cuando se dan otras finalidades se trata de reciclaje, no de reutilización.

Por su parte, uno de los representantes del Ministerio explicó que este concepto forma parte de toda legislación internacional de residuos y que existe consenso en que es necesario incorporarlo a la regulación sobre gestión de residuos.

Puestas en votación, la letra y la indicación fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina ; y señores Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín .

Letra t) que pasaría a ser x)

Sistema de gestión: Mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor, a través de la implementación de un plan de gestión.

Sin mayor debate, sometida a votación la letra fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), diputadas Molina y Vallejo ; y diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín .

Letra u), v) y w) que pasarían a ser y), z) y aa), respectivamente.

u) Superintendencia: Superintendencia del Medio Ambiente.

v) Tratamiento: Operaciones de valorización y eliminación de residuos.

w) Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética.

El diputado Vallespín consultó porqué en la definición de tratamiento se alude solo a valorización y eliminación. La Jefa de la Oficina de Residuos y Riesgo Ambiental del Ministerio, señora Maritza Rojas , aclaró que el término eliminación comprende varias técnicas, pero que el Decreto Supremo N° 1486 sobre la materia detalla qué se entiende por eliminación.

6Decreto supremo 148. De 2003, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos

Peligrosos.

Puestas en votación, las letras fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (9), diputada Molina ; y diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Letra x) que pasaría a ser bb).

x) Valorización energética: Empleo de un residuo como combustible en un proceso productivo.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para remplazarla, por la siguiente:

“bb) Valorización energética: Empleo de un residuo con la finalidad de generar energía.”.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en la letra x) (que pasaría a ser bb) después de la palabra “residuo” la palabra “orgánico”; y anteponer antes del punto final, la frase siguiente “para generar solo energía renovable no convencional”.

El diputado Vallespín consideró que la indicación del Ejecutivo constituye una mejora de esta definición, mientras que la indicación N° 2 restringe demasiado este concepto. La señora Maritza Rojas coincidió con esta apreciación, asimismo, explicó que se aplica cuando no es posible efectuar otro tipo de valorización.

Puesta en votación, la indicación número 1 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), diputada Molina ; y diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Puesta en votación, la indicación N° 2, fue rechazada por ocho votos en contra (8 de 9), de la diputada Molina ; y de los diputados Chávez , León , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y una abstención (1 de 9) por parte del diputado Melo .

TÍTULO II

DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 4°, de la prevención y valorización.

El Ministerio, considerando el principio de gradualismo, podrá establecer a través de un decreto supremo los siguientes instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización:

a) Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos; y b) Sistemas de depósito y reembolso.

Uno o más reglamentos establecerán el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan los instrumentos anteriores, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:

(i) Un análisis general del impacto económico y social;

(ii) Una consulta a organismos públicos competentes y privados; (iii) Una etapa de consulta pública.

La propuesta de decreto supremo que regule alguno de los instrumentos señalados en los literales a) y b) anteriores deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300. Tal decreto será reclamable en los términos de lo dispuesto en el artículo 14.

La Superintendencia será competente para fiscalizar el cumplimiento de dichos instrumentos y de imponer sanciones, en conformidad a su ley orgánica.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Sandoval para agregar, en el artículo 4°, el siguiente inciso primero, pasando el actual primero a ser segundo:

“Artículo 4°.- De la prevención y valorización. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines evitando su eliminación en todos los casos posibles.”.

El diputado Sandoval señaló que este nuevo inciso introduce una necesaria introducción conceptual a este artículo.

Doña Lorna Puschel , abogada de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, señaló que el Ejecutivo comparte el sentido de esta indicación, en tanto expresión del principio jerárquico. Sin embargo, señaló que está redactada de forma muy drástica y podría generar malentendidos respecto de las obligaciones que genera este artículo.

No obstante, el diputado Sandoval replicó que el término “potencialmente” hace que el inciso no sea tan absoluto. El diputado Vallespín , por su parte, indicó que estos objetivos declarativos pueden quedar resguardados en el Reglamento.

La señorita Puschel sugirió una nueva redacción para esta indicación, la que, a su juicio, mantiene de la indicación en discusión.

En función de este debate, el diputado Sandoval retiró la indicación número 1.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar en el inciso primero la palabra

“podrá” por “deberá”.

En opinión de la Secretaría de la Comisión, esta indicación podría ser inadmisible por determinar las funciones o atribuciones del Ministerio de conformidad a lo establecido en el artículo 65, número 2 de la Constitución Política. No obstante, la Presidenta accidental de la Comisión declaró admisible la indicación en tanto consideróregula una facultad con que la ya cuenta el Presidente de la República y que la ejercerá a través del Ministerio del Medio Ambiente.

El señor Bortnick , abogado del Ministerio, señaló que es conveniente mantener esto como facultad y no como una obligación, ya que no en toda circunstancia es posible utilizar estos instrumentos. En este sentido, la discrecionalidad resulta necesaria para determinar en qué casos utilizar algunos de estos instrumentos. Es decir, en caso de redactarse de forma imperativa, obligaría a dictar un Reglamento, por ejemplo, de ecodiseño, aunque este instrumento no aplique a todo residuo.

El diputado León , señaló que a su juicio debería redactarse este articulado de forma imperativa, ya que si no se corre el riesgo de quedar en letra muerta. El diputado Vallespín añadió que ya existe un principio de gradualismo, por lo que efectivamente sería una buena señal aprobar esta disposición en términos imperativos.

La indicación es retirada por sus autores.

3.- De las diputadas Molina y Vallejo y de los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín , para sustituir el encabezado del inciso primero, por lo siguiente:

“Artículo 4°.- De la prevención y valorización. Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a tal fin evitando su eliminación.

Para tal efecto, el Ministerio, considerando el principio de gradualismo, deberá, cuando sea pertinente, establecer a través de un decreto supremo los siguientes instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización:”.

4.- Del Ejecutivo para intercalar la siguiente letra a), nueva

“a) Ecodiseño;”.

5.- Del Ejecutivo para eliminar en la actual letra a), que ha pasado a ser b), la conjunción

“y” ubicada a continuación del punto y coma, (;).

6.- Del diputado Sandoval para agregar las siguientes letras b) y c), pasando la actual letra b) a ser d):

“b) Elaboración y entrega de planes empresariales de prevención” “c) Confección de metas de recolección y valorización”

Se explicó que estas materias son abordadas por la presente ley en disposiciones posteriores, en función de lo cual, el diputado Sandoval retiró la indicación.

7.- Del Ejecutivo y de la diputada Molina para agregar la siguiente letra d): “d) Separación en origen y recolección selectiva de residuos.”.

Puestas en votación, las indicaciones números 3, 4, 5 y 7, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8), diputadas Molina y Vallejo y los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

8.- De la diputada Molina para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Uno o más reglamentos establecerán el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan los instrumentos anteriores, el que deberá estar publicado doscientos cuarenta días después de que la ley entre en vigencia, y deberá contener a lo menos las siguientes etapas:”

La indicación fue retirada.

9.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el numeral (ii) después de la palabra “privados” la frase “, incluyendo a los recicladores de base y sus organizaciones”.

Don David Bortnick , señaló que según la definición de recicladores de base, se incluye a las organizaciones, y los recicladores de base ya están debidamente incluidos en las indicaciones del Ejecutivo.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (9), diputadas Molina y Vallejo y los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

10.- Del Ejecutivo para agregar en el inciso segundo, numeral (ii), entre la palabra “privados” y el punto y coma (;), la siguiente frase: “, incluyendo a los recicladores de base”.

11.- Del Ejecutivo para suprimir, en el inciso tercero la expresión “a) y b)”.

12.- Del diputado Sandoval para sustituir en el inciso tercero la frase “los literales a) y b)

por: “los literales a) y d)”

La indicación fue retirada por su autor.

Puestos en votación, las indicaciones 10 y 11, y el artículo fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), diputadas Molina y Vallejo y los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 5°, obligaciones de los generadores de residuos.

Todo generador de residuos deberá entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo con la normativa vigente, salvo que proceda a manejarlos por sí mismo en conformidad al artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá igualmente cumplir con la normativa vigente.

En el caso de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, éstos deberán ser entregados a la municipalidad correspondiente o a un gestor autorizado para su manejo.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar el inciso primero, por el siguiente: “Artículo 5°.- Obligaciones de los generadores de residuos. Todo generador de residuos

de producto prioritario deberá entregarlos a un gestor debidamente autorizado por el sistema de gestión correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente. En caso que el generador proceda por sí mismo a manejar sus residuos, deberá hacerlo en conformidad al artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá igualmente cumplir con la normativa vigente”.

El diputado Vallespín explicó que esta indicación añade el término “debidamente autorizado por el sistema de gestión correspondiente” para aclarar de ese modo el rol que tendrá el sistema de gestión.

Doña Lorna Puschel , señaló que esto sería correcto tratándose de productos prioritarios, pero este artículo aun regula los instrumentos generales, y añadió que el sistema de gestión no autoriza a los gestores.

En función de estas aclaraciones, la indicación fue retirada por sus autores.

2.- Del Ejecutivo, para agregar, en su inciso segundo, entre la palabra “manejo” y el punto final (.), que le sigue, la siguiente frase: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32”.

Sin mayor debate, puesto en votación el artículo y la indicación número 2, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), diputadas Molina y Vallejo y los diputados León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 6°, obligaciones de los gestores de residuos.

Todo gestor deberá contar con la o las autorizaciones correspondientes y manejar los residuos de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, todo gestor deberá declarar, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, al menos, la naturaleza, volumen o cantidad, costos, origen, tratamiento y destino de los residuos, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento a que se refiere el artículo 70 letra p) de la ley N° 19.300.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar el inciso primero, por el siguiente: “Artículo 6°, Obligaciones de los gestores de residuos. Todo gestor deberá manejar los

residuos de manera ambientalmente sustentable, aplicando las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, en conformidad a la normativa vigente, y contar con la o las autorizaciones correspondientes.”

El diputado Vallespín señaló que dado que en las definiciones del proyecto se aprobó el término “racional”, retira esta indicación con el objeto de mantener la coherencia conceptual del proyecto.

Consultado por la diputada Vallejo, don David Bortnick , recordó que el término “racional” es el que se utiliza en la Convención de Basilea sobre residuos peligrosos, y ejemplificó que un tratamiento “sustentable” de un residuo podría implicar la obligación de hacer la disposición final de un residuo peligroso, mientras que el manejo “racional” puede justificar su traslado para su tratamiento en lugares en donde efectivamente exista la capacidad de hacer dicha disposición final.

2.- Del Ejecutivo para modificar el inciso primero del artículo 6° de la siguiente forma:

a) Intercalar, entre las expresiones “deberá” y “contar” la frase: “manejar los residuos de manera ambientalmente racional, aplicando las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, en conformidad a la normativa vigente, y”.

b) Suprimir la oración final “y manejar los residuos de conformidad con la normativa vigente”.

Sin mayor debate, se puso en votación las indicaciones signadas con el número 2, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (7), diputadas Molina y Vallejo y los diputados León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín .

3.- De los diputados Chávez y Vallespín , para reemplazar en el inciso segundo, la palabra

“costos”, por la frase “tarifa del servicio”.

El diputado Vallespín explicó que los costos pueden corresponder a información estratégica de la empresa, por lo que la información que debe ser conocida es la “tarifa”. La señorita Puschel , señaló que el Ejecutivo considera que es importante conocer los costos, ya que se trata de información útil para efectos de regular estas materias en el futuro, como por ejemplo, para dictar los decretos respectivos. Añadió que actualmente el RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) solicita información relativa a costos.

El diputado Pérez Lahsen señaló que el concepto de tarifa puede incluir la información de los costos, por lo que no concuerda con la explicación del Ejecutivo.

Los autores retiran la indicación signada con el número 3 y presentan una nueva, del siguiente tenor:

4.- De los diputados Chávez y Vallespín , para agregar en el inciso segundo, después de la palabra “costos”, la frase “tarifa del servicio”.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (6), diputadas Molina y Vallejo y los diputados Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Consecuentemente, el artículo fue aprobado por unanimidad.

Artículo 7°, obligaciones de los importadores y exportadores de residuos.

Los importadores y exportadores de residuos se regirán por lo dispuesto en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y por las demás normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

Mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y firmado además por el Ministro de Salud, se establecerán los requisitos, exigencias y procedimiento para la importación y/o exportación de residuos hacia o desde el territorio nacional, el que deberá incluir la regulación de las garantías asociadas.

En caso que la autoridad correspondiente advierta que un importador o exportador no cuenta con la autorización correspondiente, y que por las condiciones de transporte y el tipo de residuo pueda preverse un riesgo inminente de daño a la salud de las personas o al medio ambiente, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los mismos, a costa del infractor.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar al inciso segundo, después de la palabra “procedimiento” la frase “que establezca la transparencia informativa”.

Sin mayor debate, puesta en votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra (4 de 7), por parte de la diputada Molina y los diputados Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín ; un voto a favor( 1 de 7) por parte de la diputada Vallejo ; y dos abstenciones (2 de

7) por parte de los diputados Chávez y Urizar .

2.- Del diputado Sandoval al inciso tercero:

a) para sustituir la frase “y que por las condiciones” por la siguiente: “o que por las condiciones”; y

b) para reemplazar la frase “el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los mismos, a costa del infractor”, por la siguiente: “procederá a ordenar la clausura de los establecimientos y la aplicación de las multas pertinentes oen caso de residuos peligrosos la adopción de las medidas necesarias para su adecuado manejo a costa del importador o exportador”.

El diputado Sandoval explicó que la primera mención responde a una corrección de redacción del inciso. En cuanto a lo segundo, señaló que si se advierte que hay una infracción, la reacción debe ser más drástica y por eso añadió la obligación de clausurar y la aplicación de las multas pertinentes.

El señor Bortnick , indicó que respecto de la redacción, el cambio propuesto es relevante, ya que los requisitos pasan de ser copulativos a ser alternativos. En cuanto al segundo cambio propuesto, explicó que el infractor no necesariamente está vinculado a un establecimiento, por ejemplo en el caso de transporte de residuos, por lo que no considera conveniente vincular las medidas a un establecimiento, sino remitir a las medidas que prevén los respectivos cuerpos normativos, ya sea legislación sanitaria u otra. No obstante, el Ejecutivo presentó una propuesta recogiendo las inquietudes del diputado en el sentido de que baste la infracción para tomar las medidas pertinentes.

En función de este debate, y aclarando que la clausura es una de esas medidas a tomar en caso de infracciones bajo un eventual sumario sanitario, el diputado Sandoval retira esta indicación.

Se aclaró de todas formas, que el proceso sancionatorio establecido en esta ley no prevé la clausura, por lo que sería conveniente añadir esta medida.

3.- De la diputada Molina y de los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín para reemplazar los actuales incisos segundo y tercero, por los siguientes:

“Mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio y firmado además por el Ministro de Salud, se establecerán los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización de importación y/o exportación de residuos hacia o desde el territorio nacional, el que deberá incluir la regulación de las garantías asociadas.

En caso que la autoridad correspondiente advierta que un importador o exportador no cuenta con la autorización señalada en el inciso precedente, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los residuos, a costa del infractor.”.

En función del debate realizado, puesta en votación laindicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (7), diputada Molina y diputados León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

4.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar el siguiente inciso cuarto:

“No obstante lo anterior, se prohíbe importar o exportar residuos tóxicos que amenacen la salud de las personas o de los ecosistemas.”

El señor Bortnick señaló que Chile no tiene la capacidad de asumir el tratamiento de todos los residuos peligrosos, de ahí la necesidad de trasladarlos y así se prevé en la Convención de Basilea.

Puesta en votación, esta indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (7), diputada Molina y diputados León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

5.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar el siguiente inciso final del artículo: “Asimismo, aquellos importadores, considerados como productores de productos priorita-

rios, estarán sujetos al cumplimiento de esta ley.”.

La señorita Puschel , señaló que a juicio del Ejecutivo esta aclaración resulta innecesaria y en caso de llevarse a cabo, sería mejor hacerlo al regularse la REP y no en un artículo de aplicación general.

En función de estos argumentos, los autores deciden retirar la indicación.

Puesto en votación, el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los diputados presentes

(7), señora Molina y señores León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Párrafo 1°. Disposiciones generales

Artículo 8°, responsabilidad extendida del productor.

La responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país.

Los productores de productos prioritarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Registrarse en el registro establecido en el artículo 32;

b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional y su tratamiento, a través de alguno de los sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3° del presente título;

c) Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y condiciones establecidos en el respectivo decreto supremo;

d) Asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Sandoval para sustituir en el inciso primero, la frase “organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país” por la siguiente: “organización, financiamiento y correcta gestión de residuos de los productos prioritarios que se comercialicen en el país”.

El diputado Sandoval explicó que debe añadirse a la organización y financiamiento, la

“correcta gestión de residuos”.

El abogado del Ministerio, señor Bortnick , aclaró que la intención de esta indicación puede ser recogida en la nueva letra d) de este articulado en donde se alude a la “gestión autorizada”.

El diputado Sandoval retira la indicación.

2.- Del diputado Chávez y Vallespín , al inciso primero, para:

a) Agregar, entre las palabras “productores” y “son responsables”, la frase siguiente: “de productos prioritarios”.

b) Reemplazar el artículo “los”“ por el vocablo “sus” y eliminar la frase “prioritarios que comercialicen en el país”.

El Ejecutivo señaló estar de acuerdo con la letra a), pero consideró que es mejor la redacción original por lo que no era partidario de aprobar la letra b).

La indicación signada con la letra b) es retirada.

3.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra a) del inciso segundo, el número “32” por

“33”.

Efectuadas las votaciones correspondientes, el inciso primero y la indicación número 2, la letra a), así como la indicación número 3, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), diputada Molina y diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín .

4.- Del diputado Sandoval para sustituir en la letra b), la frase “en todo el territorio nacional y su tratamiento” por la siguiente: “en todo el territorio nacional para su correcto almacenamiento, transporte y tratamiento”

Atendido que el Ejecutivo sugirió una redacción alternativa de esta letra, que incorpora el transporte y almacenamiento, el diputado retira esta indicación.

5. De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la letra b) del inciso segundo, entre las palabras “recolección” y “de”, la palabra “selectiva”. Agregar también al final de este mismo inciso, la frase siguiente “, en conformidad a las metas establecidas para cada producto prioritario”.

La abogada del Ministerio, señorita Puschel , aclaró que bajo esta ley, la recolección “selectiva” es la recolección en origen, es decir “puerta a puerta”. Sin embargo, hay otros métodos para acceder a los residuos, como por ejemplo, los denominados puntos limpios, de ahí que consideren inconveniente limitar la recolección a la “selectiva”. Don David Bortnick añadió que hay productos prioritarios en donde la recolección puerta a puerta no es la más indicada.

Hecha esta aclaración, los diputados deciden retirar esta indicación.

6.- De las diputadas Molina y Vallejo , y de los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín para reemplazar la letra b), por la siguiente:

“b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad a la ley, a través de alguno de los sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3° del presente título. La presente obligación será exigible con la entrada en vigencia de los respectivos decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas;”

7.- De las diputadas Molina y Vallejo , y de los diputados Chávez , León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín para reemplazar la letra d) del artículo 8° por la siguiente:

“d) Asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice por gestores autorizados y registrados”.

8.- De los mismos señores diputados, para agregar en la letra d) del inciso segundo, al final del texto las palabras “y registrados”.

9.- Del diputado Sandoval para agregar en la letra d), a continuación de la expresión “autorizados”, la frase “y conforme a las jerarquías de gestión determinadas por la autoridad”.

El diputado decide retirar la indicación.

Efectuadas las votaciones correspondientes, las indicaciones números 6, 7 y 8, así como la letra c), fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo , y señores Chávez , León , Pérez Lahsen , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 9°, productos prioritarios.

Estarán sometidos al régimen de la responsabilidad extendida del productor los siguientes productos prioritarios:

a) Aceites lubricantes;

b) Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas o ampolletas;

c) Diarios, periódicos y revistas;

d) Envases y embalajes;

e) Medicamentos;

f) Neumáticos;

g) Pilas y baterías;

h) Plaguicidas caducados;

i) Vehículos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 9°.- Productos prioritarios. Mediante un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente se establecerán los productos sometidos a responsabilidad extendida del productor. Para tal efecto, se deberá considerar la efectividad del instrumento de gestión del respectivo residuo, su volumen, peligrosidad y/o potencial de valorización del mismo.

El decreto supremo considerará, a lo menos, los siguientes productos prioritarios:

a) Aceites lubricantes;

b) Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas y ampolletas;

c) Diarios, periódicos y revistas;

d) Envases y embalajes;

e) Medicamentos caducados;

f) Neumáticos;

g) Pilas y Baterías;

h) Plaguicidas caducados;

i) Vehículos.

La dictación del decreto referido se regirá por lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley.”.

2.- De la diputada Molina y de los diputados León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 9°.- Productos prioritarios. El reglamento referido en el artículo 12 establecerá los productos sometidos a responsabilidad extendida del productor. Para tal efecto, se deberá considerar la efectividad del instrumento para la gestión del residuo, su volumen, peligrosidad y/o potencial de valorización del mismo.

Dicho reglamento considerará, a lo menos, los siguientes productos prioritarios:

a) Aceites lubricantes;

b) Aparatos eléctricos y electrónicos;

c) Diarios, periódicos y revistas;

d) Envases y embalajes;

e) Medicamentos;

f) Neumáticos;

g) Pilas y baterías;

h) Plaguicidas;

i) Vehículos.

Todo Ministerio podrá proponer al Ministerio del Medio Ambiente la incorporación de un nuevo producto prioritario al reglamento. El Ministerio del Medio Ambiente evaluará dicha solicitud en consideración a los criterios señalados en el inciso primero.”

Según se explicó, esta propuesta recoge las inquietudes de los diputados planteadas en la sesión anterior, esto es, cómo incorporar nuevos productos e incorporar algunos ajustes técnicos al listado actual.

3.- Del diputado Sandoval , para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “No obstante lo anterior, se podrán incorporar nuevos productos a la categoría de prioritarios.”.

Efectuadas las votaciones, la indicción número 2, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb y Vallespín .

Las indicaciones números 1 y 3, se dieron por rechazadas por unanimidad de los mismos diputados presentes en la votación anterior.

Párrafo 2°

Metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas

Artículo 10, metas de recolección y valorización.

Las metas de recolección y valorización de los residuos de productos prioritarios a que se refiere el artículo 9 serán establecidas mediante decretos supremos dictados por el Ministerio.

El establecimiento de tales metas se efectuará en relación a cantidad y cobertura, considerando las distinciones necesarias dentro de cada producto, los plazos y condiciones para el cumplimiento, y aplicando los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo de residuos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, al inciso primero, para introducir las siguientes modificaciones:

a). Sustituir el artículo “Las” por la frase “Tanto las”.

b). Sustituir la conjunción “y” por la expresión “como de”. c). Eliminar la frase “a que se refiere el artículo 9”.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el inciso primero, entre la palabra “supremos” y la palabra “dictados” la frase”específicos para recolección o para valorización”.

3.- Del Ejecutivo para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

“El establecimiento de tales metas se efectuará en relación a la cantidad de productos prioritarios introducidos en el mercado nacional por cada productor, aplicando los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo de residuos, considerando las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales como criterio para tal efecto. Las metas podrán considerar diferencias según cobertura geográfica, composición material o características del producto y condiciones para el cumplimiento, entre otros.”

La diputada Molina consultó a qué se refiere con “cobertura geográfica”, frente a lo cual, la señorita Lorna Puschel aclaró que efectivamente cuando la REP está instalada en el país, deberá cubrir todo el territorio nacional. Sin embargo, es necesario establecer este criterio para establecer eventuales diferencias y para poder aplicar exigencias gradualmente más altas. Los demás criterios responden a principios ya aprobados.

El diputado Vallespín aclaró que además se están incorporando criterios que los propios diputados han ido incorporando. En cuanto al criterio geográfico, coincidió en que es posible considerarlo para aplicar estándares más altos en determinados lugares.

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones signadas con los números 1 y 3, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb y Vallespín , y por la misma votación se rechazó la indicación número 2.

Artículo 11, obligaciones asociadas.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de metas, los decretos supremos indicados en el artículo anterior podrán exigir el cumplimiento y desarrollar las siguientes obligaciones:

a) De etiquetado;

b) De información a distribuidores o comercializadores, gestores y consumidores, incluyendo la desagregación del costo de gestión de los residuos en la boleta o factura. Este costo deberá mantenerse en toda la cadena de comercialización;

c) De diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización;

d) De diseño e implementación de medidas de prevención en la generación de residuos. Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazar, en el inciso primero, la frase “podrán exigir el cumplimiento y desarrollar” porla expresión “deberán regular”.

2.- Del diputado Sandoval para sustituir en la letra b), la frase “b) De información a distribuidores o comercializadores, gestores y consumidores”, por la siguiente: “b) De información a distribuidores, comercializadores, generadores, gestores y consumidores;”

A juicio de la diputada Molina este cambio sería redundante. La señorita Puschel explicó que “generador” y “consumidor final” coinciden en este ámbito. La indicación es retirada por su autor.

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar en la letra b), la frase “del costo” por la frase “de la tarifa” y en la misma letra cambiar luego del punto seguido “Este costo” por “y “Esta tarifa”.

La abogada de Ministerio de Medio Ambiente, Lorna Puschel explicó que en este caso la tarifa coincide con el costo; el primer término asume la perspectiva del consumidor y el segundo, el punto de vista del productor.

4.- Del diputado Sandoval para agregar al final de la letra b), la frase: “hasta el consumidor final”.

La indicación fue retirada por su autor.

5.- Del Ejecutivo para agregar las siguientes letras, nuevas:

“e) De entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos.

f) De limitaciones en la presencia de sustancias peligrosas en los productos. g) De exigencias de ecodiseño.

h) De diseño y operación de instalaciones de almacenamiento.”.

La diputada Molina coincidió con la necesidad de añadir estas obligaciones.

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones signadas con los números 1 y 5, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín . Por la misma votación y por los mismos diputados se rechazó la indicación número 3.

Con posterioridad, se aprobó por unanimidad de los diputados presentes reabrir el debate sobre este artículo con el objeto de incorporar la siguiente indicación:

6.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar, la siguiente letra nueva:

“i) Establecimiento de roles y responsabilidades específicas de los diferentes actores involucrados en el cumplimiento de las metas”.

El diputado Vallespín explicó que muchas veces estas iniciativas fracasan por no explicitar las obligaciones y responsabilidades de los diferentes actores, de ahí la necesidad de esta indicación.

La abogada del Ministerio, aclaró que el artículo 12 regula el procedimiento para dictar los decretos, por lo que cree que no corresponde en esta disposición regular esta materia. Por otra parte, señaló que esta ley ya establece las obligaciones de cada actor, pero en caso de establecer una norma de este tipo debería contemplarse en el artículo 11.

Después de intercambiar opiniones, así se acordó.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 12, procedimiento para el establecimiento de metas y otras obligaciones asociadas.

Un reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas por producto prioritario, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:

a) Un análisis general del impacto económico y social;

b) Una consulta a organismos públicos competentes y privados;

c) Una etapa de consulta pública.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la diputada Molina para remplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 12.- Procedimiento para el establecimiento de metas y otras obligaciones asociadas Un reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas por producto prioritario, el que deberá estar publicado doscientos cuarenta días después de que la ley entre en vigencia, y deberá contener a lo menos las siguientes etapas:”

La indicación fue retirada por su autora.

2.- Del Ejecutivo para intercalar en la letra b), entre la palabra “privados”, y el punto y coma (;) el siguiente párrafo: “, quienes conformarán un comité operativo ampliado que el Ministerio creará, de conformidad al artículo 70 letra x) de la Ley N° 19.300. Dicho comité se constituirá por representantes de los ministerios, así como por personas naturales y jurídicas ajenas a la Administración del Estado que representen a los productores, los gestores de residuos, las asociaciones de consumidores, los recicladores de base, la academia, las organizaciones no gubernamentales, entre otros”.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el inciso primero, entre la palabra “supremos” y la palabra “dictados” la frase”específicos para recolección o para valorización”.

4.- Del Ejecutivo para agregar a la letra c) la siguiente oración final: “, la que incluirá la opinión del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente”.

La abogada del Ministerio señorita Puschel explicó que esta indicación adecua el procedimiento a las etapas actualmente vigente en el Ministerio de Medio Ambiente.

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones números fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín; con excepción de la número 3 que fue rechazada por la misma votación.

Artículo 13, pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

La propuesta de decreto supremo que establezca metas y otras obligaciones asociadas deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300.

Sin debate, puesto en votación, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 14, recurso de reclamación.

Los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas serán reclamables ante el Tribunal Ambiental respectivo, por cualquier persona que considere que no se ajustan a esta ley y a la cual causen perjuicio. El plazo para interponer el reclamo será de treinta días, contado desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial. Los recursos serán conocidos por el tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás.

La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno los efectos del acto impugnado.

El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en el inciso primero la palabra inicial “Los”, por la siguiente frase: “Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los”.

Sin debate, puesto en votación el artículo y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 15, de la revisión de las metas y otras obligaciones asociadas.

Las metas de recolección y valorización de residuos de los productos prioritarios, así como las demás obligaciones asociadas, deberán ser revisadas al menos cada 5 años, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para sustituir la expresión “5 años” por “3 años”. El señor Bortnick , abogado del Ministerio,explicó que a lo largo de la ley se establece un plazo sistémico de 5 años, por ejemplo en el artículo 21, para los permisos municipales. Añadió que el Ejecutivo considera que 5 años es un tiempo razonable para establecer este sistema y otorga la estabilidad y certeza necesaria para los actores intervinientes en esta actividad económica. El diputado Vallespín consideró que es posible establecer un plazo de 3 años, y además criticó que se establezca este plazo señalando “al menos cada 5 años”.

La abogada señorita Puschel explicó que hoy día todas las normas ambientales se revisan cada 5 años y que se trata de un plazo máximo, por lo que podría realizarse en un plazo menor. Adicionalmente, recordó que el procedimiento de revisión de normas toma al menos un año y medio, por lo que un plazo de 3 años exigiría comenzar la revisión solo al año y medio de implementación.

El diputado Pérez Lahsen propuso eliminar la referencia a la expresión “al menos”. La diputada Molina coincidió en que debería ser como máximo cada 5 años.

Don Joost Meijer , Coordinador del Área de Residuos del Ministerio, explicó que el plazo de 5 años otorga la estabilidad necesaria como para hacer las inversiones que resulten necesarias por parte de los actores de esta ley.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cinco votos en contra (5 de 8) de los diputados Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Urizar ; dos votos a favor (2 de 8) de los diputados León y Vallespín ; y una abstención (1 de 8) de la diputada Molina .

2.- De la diputada Molina y los diputados Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Urizar para eliminar la frase “al menos cada cinco años” y reemplazarla por la expresión “como máximo cada cinco años”.

Puesto en votación, el artículo y la indicación fueron aprobados por siete votos a favor (7 de 8), de la diputada Molina y los diputados León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Urizar ; y una abstención (1 de 8) del diputado Vallespín .

Párrafo 3°. De los sistemas de gestión

Artículo 16, sistemas de gestión.

Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor podrán cumplirse a través de un sistema individual o de un sistema colectivo de gestión para cada producto prioritario, según se trate de un único o varios productores.

Los productores acogidos a un sistema colectivo de gestión no podrán invocar dicha circunstancia para eximirse o disminuir su responsabilidad. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, cada productor responderá en proporción a las metas que le apliquen.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en el inciso segundo, entre la palabra “responsabilidad” y el punto seguido, la frase “respecto del mismo”.

EL Ejecutivo señaló que considera que esta indicación aclara la redacción del artículo.

2.- Del diputado Sandoval para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo: “Todo productor deberá adherirse a un Sistema de Gestión en un plazo máximo de un año”.

La diputada Molina consultó a partir de cuándo se contaría el plazo, frente a lo cual el diputado Sandoval aclaró que sería desde la publicación de esta ley. La señorita Lorna Puschel recordó que este plazo ya fue aclarado en el artículo 8°. En consideración de estos argumentos, el diputado decidió retirar esta indicación.

Sometido a votación, el artículo y la indicación número 1 fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Artículo 17, sistemas colectivos de gestión.

Los productores que deseen cumplir con sus obligaciones de manera colectiva, deberán hacerlo mediante la constitución o incorporación a una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados, la que será responsable ante la autoridad. Dicha persona jurídica tendrá como fin exclusivo la gestión de los residuos de los productos prioritarios, y en ningún caso se entenderá como organización de interés público para los efectos de la ley N° 20.500.

Asimismo, ella deberá estar integrada exclusivamente por productores, salvo que el respectivo decreto supremo permita la integración de distribuidores u otros actores relevantes.

Sin perjuicio de la normativa aplicable a la persona jurídica que se constituya, los estatutos deberán garantizar la incorporación de todo productor del respectivo producto prioritario, en función de criterios objetivos, y la participación equitativa de productores, que aseguren acceso a la información, así como el respeto a la libre competencia. Los estatutos podrán igualmente establecer una remuneración para el o los directores de la persona jurídica que se constituya.

Los productores deberán financiar los costos en que incurra la referida persona jurídica en el cumplimiento de su función, en base a criterios objetivos, tales como la cantidad de productos comercializados en el país y la composición o diseño de tales productos, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario.

En caso que la persona jurídica se extinga, los bienes de la misma pasarán a otro sistema colectivo de gestión, o bien a los productores asociados, según se establezca en los estatutos.

Se presentó una indicación de los diputado Chávez y Vallespín para agregar en el inciso primero, antes del punto seguido (.) y luego de la palabra “autoridad”, la siguiente frase “de forma solidaria con los productores que la integran”.

El diputado Vallespín señaló que le parece muy importante incorporar esto para evitar actitudes que vayan en contra de la operación del sistema, ya que la solidaridad garantizaría un mayor compromiso con el funcionamiento del sistema de gestión.

El señor Bortnick aclaró que desde que un productor integra un sistema de gestión, es el sistema el que debe responder, aunque este podrá repetir contra el productor en caso de que corresponda. A su juicio, no debe incluirse la solidaridad, ya que debe estimularse la integración de los sistemas de gestión y bajo .un sistema de solidaridad no existe tal estímulo. Añadió que en caso de que el sistema de gestión no tuviera capacidad de responder ante una multa –en cuyo caso la solidaridad si sería un mecanismo de asegurar el pagola ley ha previsto que el sistema otorgue garantías, tales como fianza, reguladas en el artículo 18.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por siete votos en contra (7 de 8) por parte de la señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Urizar ; y una abstención (1 de 8) por parte del diputado Vallespín .

Sometido a votación, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la votación anterior.

Artículo 18, obligaciones de los sistemas de gestión.

Todo sistema de gestión deberá:

a) Constituir fianza, seguro u otra garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8 letra c), según lo establecido en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario;

b) Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados y municipalidades, en los términos establecidos en los artículos 19 y 20;

c) Informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas, en los términos establecidos en el respectivo decreto supremo. Dicho informe deberá ser certificado por un auditor externo y contener, al menos, la cantidad de productos prioritarios comercializados en el país el período inmediatamente anterior; una descripción de las actividades realizadas; el costo de la gestión de residuos, en el caso de un sistema individual, y la tarifa correspondiente al costo de la gestión de residuos y su fórmula de cálculo, en el caso de un sistema colectivo; y el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, así como de las obligaciones asociadas, si corresponde.

d) Proporcionar al Ministerio toda información adicional que le sea requerida por éste, referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazar la letra a), por la siguiente:

“a) Constituir fianza, seguro u otra garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 8° letra c), según lo dispuesto en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas a cada producto prioritario.”

2.- De la diputada Molina reemplazar la letra b), por la siguiente:

“b) Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados, municipalidades y/o asociaciones municipales con personalidad jurídica en los términos establecidos en los artículos

20 y 21.”

3.- Del Ejecutivo, para intercalar, en la letra b), entre la palabra “municipalidades” y la coma (,), que le sigue, la siguiente frase: “y/o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica”.

4.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la letra b), luego de la palabra

“municipalidades” la frase “y Asociaciones de Municipalidades”.

5.- Del Ejecutivo, para reemplazar en la letra b) la expresión “artículos 19 y 20” por “artículos 20 y 21”.

Durante el debate sobre estas indicaciones, doña Lorna Puschel aclaró que hay asociaciones de municipalidades sin personalidad jurídica, por lo que es importante hacer esta distinción y así lo sugirió Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE.

El diputado Sandoval señaló por su parte, que los Municipios pueden asociarse de acuerdo a la ley y por lo tanto, habiendo reconocimiento legal de esta figura no entiende porque habría de hacerse esta aclaración. El diputado Melo señaló que las asociaciones de municipalidades de hecho están actualmente regularizando su situación para obtener personalidad jurídica.

6.- Del diputado Sandoval para sustituir en la letra c) la frase “productos prioritarios comercializados,” por la siguiente: “productos prioritarios puestos en el mercado de reposición”. La indicación fue retirada por su autor.

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones números 1 y 2, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín .

Por la misma votación, se rechazaron las indicaciones números 3, 4 y 5.

Artículo nuevo que pasaría a ser 19, permiso municipal para la utilización de bienes nacionales de uso público.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar el siguiente artículo 19, nuevo, pasando el actual artículo

19 a ser artículo 20, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 19.- Permiso municipal para la utilización de bienes nacionales de uso público. Sin perjuicio de la celebración de un convenio de acuerdo al artículo 21, los sistemas de gestión autorizados podrán solicitar a la municipalidad respectiva un permiso no precario para utilizar veredas, plazas, parques y otros bienes nacionales de uso público para el establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento.

Los antecedentes para solicitar el permiso, los derechos aplicables y las condiciones de operación serán establecidos mediante ordenanza municipal.

La municipalidad resolverá fundadamente sobre la solicitud presentada y sólo podrá rechazar, suspender o dejar sin efecto un permiso si se comprueba que su ejercicio perjudica el uso principal de los bienes o no se ajusta a lo dispuesto en los respectivos decretos supremos, ordenanzas municipales e instrumentos de planificación territorial.

El plazo del permiso no podrá ser inferior a cinco años.”.

El señor Bortnick señaló que es fundamental incorporar esta disposición para dar facilidades a los sistemas de gestión. Si no se regula, el sistema de gestión podría hacer una solicitud a los respectivos municipios, pero actualmente dicho permiso sería precario, es decir, podría revocarse en cualquier momento sin señalar motivo alguno. Por razones de certeza, es necesario que este permiso no tenga carácter de precario y para ello se estimó que era necesario regular este permiso especial. No obstante, indicó que se prevén razones para rechazar o dejar sin efecto el permiso y se mantienen las facultades del Municipio en cuanto a la resolución de la solicitud y tarifa correspondiente.

Dando respuesta a una consulta de la diputada Molina sobre la intervención de otras instancias administrativas, como el Ministerio de Salud, señaló que este permiso no exime de cualquier otra autorización que se requiera, entre ellos, los permisos sanitarios. Es por eso que se mantiene la facultad de revocar el permiso si se hace mal uso del mismo.

El diputado Vallespín consideró que esta indicación es necesaria para dar viabilidad a esta ley. En cuanto al inciso final, señaló que el diputado Chávez hizo el comentario de que el plazo de cinco años es un plazo muy extenso, por lo que sugería que inicialmente se otorgaran permisos por un año y luego se renovaran por tres años.

El diputado Sandoval señaló que en este tema el rol de las municipalidades es fundamental, y se requerirá un debido acompañamiento de los Municipios para dar cumplimiento a estas nuevas tareas.

A juicio del diputado León , el penúltimo inciso prácticamente obliga a los municipios a otorgar estos permisos, lo que no le parece pertinente, ya que cada uno de ellos se tiene realidades locales muy diferentes.

El señor Bortnick señaló que el inciso penúltimo resulta fundamental en esta disposición, ya que los sistemas de gestión van a necesitar contar con bienes nacionales de uso público para gestionar los residuos. Esta decisión debe ser fundada, pero no puede rechazarse la solicitud sin motivos, pues de lo contrario se va a obstaculizar el funcionamiento de la ley. No se trata de obligar a otorgar los permisos, pero sí a fundar los motivos de rechazo y de fundar eventuales revocaciones del mismo. En cuanto al plazo de 5 años, es importante que se mantenga ya que el plan de gestión de los sistemas de gestión también tiene esa misma duración.

El diputado Pérez Lahsen señaló que esta disposición probablemente afectará en mayor medida a municipios vulnerables, por lo que es importante mantener las facultades de estos para evaluar el otorgamiento de estos permisos. Es probable que ellos recaerán sobre zonas de alta concurrencia, tales como plazas y otras. También se necesita regular quien estará a cargo de la limpieza de estos puntos. El diputado Sandoval coincidió en que se afectarán espacios de la comunidad y habrá costos asociados para los Municipios, sin que se contemplen recursos para los mismos.

La señorita Puschel señaló que el Ministerio tiene actualmente facultades de asesoría ambiental a los municipios, por lo que se trabaja con estos en capacitación y asesoría. Respecto a financiamiento, explicó que este permiso debería generar ingresos para los municipios, y el costo de instalación y operación de estos puntos debe ser de cargo de los productores. Asimismo, recordó que parte de las obligaciones asociadas de los productores se refieren al diseño y operación de estos espacios.

El diputado Vallespín reconoció que este permiso da viabilidad al sistema, pero a su vez señaló que debe resguardarse la autonomía de las municipalidades.

2.- De la diputada Molina para intercalar un nuevo artículo 19, pasando el actual a ser artículo 20, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 19: Permiso municipal para la utilización de bienes nacionales de uso público. Los sistemas de gestión autorizados podrán utilizar veredas, plazas, parques y otros bienes nacionales de uso público bajo la administración de las municipalidades para el establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento.

Para tal efecto deberán solicitar un permiso a la municipalidad respectiva, indicando la ubicación y las características de la instalación de almacenamiento.

La Municipalidad resolverá fundadamente sobre la solicitud presentada y cobrará a los sistemas de gestión por la utilización de estos bienes nacionales de uso público.

La Municipalidad sólo podrá rechazar, suspender o dejar sin efecto un permiso si se comprueba que su ejercicio perjudica el uso principal de los bienes o no se ajusta a lo dispuesto en los respectivos decretos supremos.

El plazo del permiso no podrá ser inferior a cinco años.”. La indicación fue retirada por su autora.

3.- De la diputada Molina y los diputados León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urizar y Vallespín para reemplazar, el inciso tercero, por el siguiente:

“La municipalidad resolverá fundadamente sobre la solicitud presentada si se comprueba que su ejercicio no perjudica el uso principal de los bienes y se ajusta a lo dispuesto en los respectivos decretos supremos, ordenanzas municipales e instrumentos de planificación territorial.”.

Puestas en votación, las indicaciones N° 1 y 3 fueron aprobadas por cinco votos a favor (5 de 8) de la diputada Molina y de los diputados León , Melo , Urizar y Vallespín ; y tres abstenciones (3 de 8) de los diputados Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval .

4.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en el nuevo artículo 19 en su inciso primero, al final del mismo, la siguiente frase “o de recepción temporal de material segregado”.

El diputado Vallespín explicó que esta indicación busca evitar que estos materiales queden permanentemente en estos espacios. Don David Bortnick , recordó que el termino almacenamiento incluye la recepción temporal.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por cuatro votos a favor (4 de 7) por parte de la diputada Molina y los diputados León, Melo y Vallespín ; y tres abstenciones (3 de 7) por parte de los diputados Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval .

5.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para intercalar un inciso tercero nuevo en el artículo 19 nuevo, con el siguiente texto:

“El municipio de acuerdo a su derecho de administración, cobrara a los sistemas de gestión por la utilización de estos bienes nacionales de uso público. Estarán exentos de ello los recicladores de base, los que tendrán prioridad en la utilización temporal de dichos bienes”.

A juicio de la Secretaría esta indicación resultaría inadmisible en función del artículo 65° inciso tercero de la Constitución. El diputado Melo explicó que esta indicación perseguía evitar barreras de entrada a los recicladores de base y dar ejecución al principio de inclusión, sin embargo, en atención a los argumentos esgrimidos, ladeclara inadmisible.

Artículo 19, que pasaría a ser 20, convenios con gestores.

Los sistemas de gestión sólo podrán contratar con gestores registrados.

Para tal efecto, los sistemas colectivos de gestión deberán realizar una licitación abierta, esto es, un procedimiento concursal, mediante el cual el respectivo sistema de gestión realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio de manejo de residuos.

Los sistemas colectivos de gestión deberán contar con un informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare que en dichas bases no existen reglas que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, debiendo ajustarse las licitaciones a los términos que establezca el citado informe.

Los sistemas de gestión podrán solicitar al Ministerio que se les exceptúe de realizar una licitación abierta por razones fundadas, entre ellas, la ausencia o inadmisibilidad de interesados en una licitación abierta; casos de emergencia, urgencia o imprevisto; y circunstancias o características del convenio que así lo requieran.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del diputado Chávez y Vallespín para agregar en el inciso primero antes de “registrados”, la frase “autorizados y”.

2.- Del Ejecutivo para agregar en el inciso segundo la siguiente oración final: “Las bases de licitación deberán ser entregadas de manera gratuita a los recicladores de base que manifiesten interés en participar en tal licitación.”.

3.- De la diputada Vallejo y el diputado Melo , para agregar la siguiente frase al final del inciso segundo. “Se exceptuara de la licitación a aquellos sistemas colectivos que realicen convenios con recicladores de base”.

4.- Del Ejecutivo, para agregar el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser inciso cuarto, y así sucesivamente:

“Los servicios de recolección y tratamiento deberán ser licitados por separado. En el caso de la recolección, los contratos deberán tener una duración máxima de cinco años.”.

El diputado León señaló que cinco años implicaría pasar de un periodo alcaldicio y eso podría complicar estas licitaciones. Doña Lorna Puschel aclaró que este artículo no implica a los municipios, sino a productores y gestores.

5.- Del Ejecutivo, para agregar, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, entre la palabra “requieran” y el punto final (.), que le sigue, la expresión “, y cuando se trate de la contratación de recicladores de base”.

La diputada Molina consultó qué sucede ante licitaciones desiertas, el señor Bortnick aclaró que estas son las mismas hipótesis que se prevén en las compras públicas. En este caso, si la licitación es declarada desierta, puede realizarse nuevamente o el sistema de gestión deberá acudir al Ministerio para que se autorice una contratación directa, y puntualizó que los términos del contrato serán los mismos previstos en la licitación.

El diputado Pérez Lahsen consultó por aquella excepción que se refiere a “circunstancias o características del convenio”, y el señor Bortnick señaló que se refiere a casos en que por razones tecnológicas o de disponibilidad solo existe un gestor.

6.- De la diputada Molina y los diputados León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín para reemplazar en el inciso cuarto la palabra “podrán”, por la frase “deberán, cuando así lo requieran,”.

7.- Del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso quinto nuevo:

“Lo establecido en los incisos anteriores no aplicará respecto de aquellos gestores que sean municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica. En dicho caso se regirán por lo dispuesto en el artículo siguiente.”.

Sometido a votación, el artículo y las indicaciones números 1, 2, 4, 5, 6 y 7, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes (7), s0eñora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

La indicación N° 3 fue rechazada por seis votos en contra (6 de 7) de la señora Molina y señores León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y una abstención (1 de 7) del diputado Melo .

Artículo 20, que pasaría a ser 21, convenios con municipalidades.

Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con las municipalidades, destinados al establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento de residuos de productos prioritarios.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la diputada Molina para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 20: Convenios con municipalidades.Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con lasmunicipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, destinadosa la separación en origen, a la recolección segregada, al establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento de residuos de productos prioritarios, o la ejecución de otras acciones para el cumplimiento de esta ley.

Las municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica que sean gestores tendrán un régimen especial cuando contraten con gestores registrados para lo cual contarán con un fondo especial, el cual deberá ser establecido año a año a través de la ley de Presupuesto.”.

La indicación fue retirada.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar entre las palabras

“gestión” y “podrán” la frase “y los recicladores de base”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por tres votos en contra (3 de 7) por parte de los diputados Pérez Lahsen , Rathgeb y Sandoval ; tres abstenciones (3 de 7) por parte de la diputada Molina y los diputados León y Vallespín ; y un voto a favor (1 de 7) por parte del diputado Melo .

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar la expresión “destinados al”, por la frase “destinados a facilitar la implementación de la presente ley en sus comunas”.

4.- Del Ejecutivo para modificarlo de la siguiente manera:

a) Intercalar entre la palabra “municipalidades” y la coma (,) que antecede a la expresión

“destinados” la frase “o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica”.

b) Reemplazar la palabra “al” que está a continuación de la palabra “destinados” por la expresión “a la recolección, al”.

c) Agregar la siguiente oración final, después de la palabra “prioritarios”, o a la ejecución de otras acciones para el cumplimiento de esta ley”.

Después de intercambiar opiniones se concordó en la redacción de la siguiente indicación:

5.- De la diputada Molina y los diputados León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín para reemplazar el artículo 20 que pasa a ser 21, por el siguiente:

“Artículo 21.- Convenios con municipalidades. Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con las municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, destinados a la separación en origen, a la recolección selectiva, al establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento de residuos de productos prioritarios, o a la ejecución de otras acciones que faciliten la implementación de la presente ley en sus comunas.”.

Puesta en votación la indicación N° 5 fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Por la misma votación se dieron por rechazadas las indicaciones N° 3 y 4.

Artículo 21, que pasa a ser 22, autorización de los sistemas de gestión.

Los sistemas de gestión deberán ser autorizados por el Ministerio, para lo cual se deberá presentar un plan de gestión que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) La identificación del o los productores, de su o sus representantes e información de contacto;

b) La identificación de la persona jurídica, copia de sus estatutos e identificación de los asociados, en el caso de un sistema colectivo de gestión;

c) Las reglas y procedimientos, en el caso de un sistema colectivo de gestión, para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema, que garanticen el respeto a las normas para la defensa de la libre competencia;

d) La estimación anual de los productos prioritarios a ser comercializados en el país, promedio de su vida útil y estimación de los residuos a generar en igual período;

e) La estrategia para lograr el cumplimiento de las metas y demás obligaciones asociadas en todo el territorio nacional, incluyendo las instalaciones de almacenamiento;

f) El mecanismo de financiamiento de las operaciones de gestión y copia de la garantía constituida, si corresponde;

g) Los procedimientos de licitación, en el caso de un sistema colectivo de gestión;

h) Los mecanismos de seguimiento y control de funcionamiento de los servicios contratados para el manejo de residuos;

i) Los procedimientos para la recolección y entrega de información al Ministerio;

j) Los sistemas de verificación de cumplimiento del plan, a través de auditorías externas que serán realizadas periódicamente por terceros idóneos debidamente certificados por la Superintendencia, de acuerdo a su ley orgánica. Existirá incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de auditoría y la gestión de residuos.

Dicho plan tendrá por objeto dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley y tendrá una vigencia de 5 años.

Para garantizar el cumplimiento de las normas de defensa de la libre competencia a que se refiere la letra c) de este artículo, será necesario que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emita un informe que declare que en las reglas y procedimientos para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema colectivo de gestión no existen hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia.

El reglamento establecerá el procedimiento, los requisitos y criterios para la autorización de los sistemas de gestión.

Los sistemas que sean autorizados serán incorporados por el Ministerio en el registro a que se refiere el artículo 32.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en la letra g)

luego de la palabra “gestión”, la frase “o los contratos con recicladores de base”.

La abogada del Ministerio señorita Puschel explicó que los recicladores de base son un tipo especial de gestor, por lo que pueden funcionar vía contrato directo o vía licitación. En cuanto a la indicación, señaló que no comparten este añadido ya que los contratos son posteriores al plan de gestión que regula este artículo. Aún más, don David Bortnick señaló que añadir esto desincentivaría contratar con recicladores de base.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por seis votos en contra (6 de 7) de la diputada Molina y de los diputados León , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y una abstención (1 de 7) del diputado Melo .

Sometido a votación, el inciso primero fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Molina y señores León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

2.- De los diputados Chávez y Vallespín parareemplazar en el inciso segundo “5 años”

por “3 años”.

Sobre esta indicación, el diputado Vallespín consideró que sería preferible establecer un plazo menor que permitiera ir evaluando y ajustando estos planes. El Ejecutivo señaló que es más armónico mantener un plazo de cinco años, que es el plazo de los permisos y otros.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra (4 de 6) de la diputada Molina y de los diputados Pérez Lahsen , Rathgeb y Sandoval ; un voto a favor (1 de

6) del diputado Vallespín ; y una abstención (1 de 6) del diputado Melo .

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en el inciso cuarto la siguiente frase final; “, así como los requisitos de idoneidad de los auditores externos”.

4.- Del Ejecutivo para reemplazar en su inciso final la expresión “artículo 32” por “artículo 33”.

Puesto en votación, sin mayor debate, el inciso y la indicación, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Molina y señores Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

En definitiva, los incisos segundo a quinto y las indicaciones números 3 y 4, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Molina y señores Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Artículo 22 que pasa a ser 23, renovación de la autorización.

La solicitud de renovación de la autorización del sistema de gestión deberá presentarse ante al Ministerio con al menos seis meses de antelación al vencimiento del respectivo plan de gestión. En lo demás se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior.

Sin mayor debate, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes

(6) en la votación anterior.

Artículo 23 que pasaría a ser 24, actualización del plan de gestión.

Toda modificación al plan de gestión deberá ser inmediatamente informada al Ministerio. Las modificaciones significativas que recaigan sobre los contenidos referidos en las letras

b), c), e), f) y g) del artículo 21 requerirán además de la autorización del Ministerio, en los términos establecidos en el reglamento.

Se presentó una indicación del Ejecutivo para reemplazar en su inciso segundo la expresión “artículo 21” por “artículo 22”.

Puestos en votación, el artículo y la indicación, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (6) en la votación anterior.

Artículo 24 que pasaría a ser 25, interpretación administrativa.

El Ministerio estará facultado para interpretar administrativamente las disposiciones de los decretos supremos de cada producto prioritario.

Sin mayor debate, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes

(6) en la votación anterior.

Artículo 25 que pasa a ser 26, enajenación de productos prioritarios sometidos a un sistema de gestión.

Los productores e importadores sólo podrán enajenar los productos prioritarios señalados

en el artículo 9° que estén sometidos a un sistema de gestión y respecto de los cuales se encuentren vigentes las metas y obligaciones asociadas establecidas en los respectivos decretos supremos.

El Ejecutivo presentó indicación para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 26.- Prohibición de enajenación de productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión. Se prohíbe la enajenación de productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión y respecto de los cuales se encuentran vigentes las metas y obligaciones asociadas establecidas en los respectivos decretos supremos.”

La abogada Puschel señaló que la indicación busca fortalecer la disposición y aclarar que se prohíbe la enajenación del producto prioritario si no hay un sistema de gestión, sin limitarlo a productores e importadores.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (6), señora Molina y señores Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

TÍTULO IV

MECANISMOS DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

Artículo 26 que pasa a ser 27, educación ambiental.

El Ministerio diseñará e implementará programas de educación ambiental destinados a transmitir conocimientos y crear conciencia en la comunidad sobre la gestión ambientalmente racional de los residuos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar, la palabra “racional” por sustentable”.

La señorita Puschel señaló que la indicación sigue la línea de otras que ya han sido rechazadas, por lo que por razones de consistencia sugieren mantener el término “racional”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por cuatro votos en contra (4 de 8) de los señores Godoy , Melo , Pérez Lahsen y Rathgeb ; tres votos a favor (3 de 8) de los señores Chávez, León y Vallespín ; y una abstención (1 de 8) del señor Sandoval .

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar después de la palabra “residuos” la frase “con participación de los recicladores de base”.

El diputado Melo señaló que esta indicación persigue aumentar la participación de los recicladores de base. No obstante, don David Bortnick señaló que los recicladores de base no se dedican particularmente a esto, por lo que podría recargarlos más que beneficiarlos.

El diputado Vallespín recordó que en el principio participativo se hacía alusión a la educación. Tal vez podrían integrarse en este artículo a los recicladores de base.

La abogada del Ministerio señorita Puschel señaló que no consideran deseable incorporar a los recicladores de base en un artículo que se dirige al Ministerio.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por cinco votos en contra (5 de 8) por parte de los señores Chávez , Godoy , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín ; y tres votos a favor (3 de 8) por parte de los señores León, Melo y Rathgeb .

Puesto en votación, el artículo fue aprobado por siete votos a favor (7 de 10) de la señora Molina y de los señores Chávez , Godoy , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín ; y tres votos en contra (3 de 10), de la señora Vallejo y de los señores León y Melo .

Artículo 27 que pasaría a ser 28, municipalidades.

A fin de colaborar con el adecuado cumplimiento del objeto de la presente ley, las municipalidades:

a) Podrán celebrar convenios con sistemas de gestión;

b) Procurarán destinar suficientes áreas bajo su administración para la instalación y/u operación de instalaciones de almacenamiento, a través de la celebración de convenios con los sistemas de gestión;

c) Incorporarán en sus ordenanzas municipales, cuando así lo estimen necesario, la obligación de recolectar los residuos de manera separada.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalar en la letra a) entre las palabras “Podrán” y “celebrar” la siguiente expresión “, de manera individual o asociada,”.

El diputado Sandoval consultó si la expresión “individual o asociada” hace alusión a la Asociación de Municipios y reiteró que es preocupante que no se prevean recursos para los mismos.

El señor Bortnick , abogado del Ministerio, aclaró que cada municipio será libre de decidir si celebra convenios, y efectivamente se incorpora esta indicación para permitir que las Asociaciones celebren convenios si estos les facilitan su gestión.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Godoy , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb y Sandoval .

2De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar después de la palabra”gestión” el término “y/ocon recicladores de base”.

Dado que la siguiente indicación regula esta misma materia, puesta en votación la indicación fue rechazada por cinco votos en contra (5 de 8) de los señores Chávez , Godoy , Pérez Lahsen , Rathgeb y Sandoval ; un voto a favor (1 de 8) de la señora Molina ; y dos abstenciones (2 de 8) de la señora Vallejo y del señor Melo .

3.- Del Ejecutivo para intercalar la siguiente letra b), nueva, pasando la actual letra b) a ser letra c), y cambiando las demás su orden correlativo:

“b) Podrán celebrar convenios con recicladores de base;”.

El diputado Chávez consultó si esto incluirá asociaciones de recicladores base. La señorita

Puschel aclaró que la definición de “recicladores de base” incluye a las asociaciones de per-

sonas naturales que se desempeñan como recicladores de base. Dando respuesta a una consulta de la diputada Molina sobre los el tipo de convenios podrían celebrar señaló que es la propia municipalidad quien debe determinar qué convenios podrían resultar convenientes, esta disposición solo refuerza esta facultad, pero no es una obligación para los Municipios.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por ocho votos a favor (8 de 9), de las señoras Molina y Vallejo y de los señores Chávez , Godoy , Melo , Pérez Lahsen , Sandoval y Vallespín ; y una abstención (1 de 9) del señor Rathgeb .

4.- Del Ejecutivo para reemplazar la letra b), que ha pasado a ser c) por la siguiente:

“c) Se pronunciarán fundadamente sobre las solicitudes de permisos para el establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento en los bienes nacionales de uso público bajo su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, y en conformidad a lo señalado en el artículo 65 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si correspondiere;”.

El señor Bortnick aclaró que esta indicación es el correlativo de cambios ya aprobados. Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presen-

tes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Godoy , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

5.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la nueva letra b), que ha pasado a ser c), entre las palabras “solicitudes de” y “permisos”, la siguiente frase “los sistemas de gestión respecto a”.

Sin mayor debate, puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Godoy , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

6.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra c), que ha pasado a ser d), la frase “recolectar los residuos de manera separada” por “separar los residuos en origen”.

El diputado Sandoval señaló que la redacción de esta disposición es demasiado vaga, al señalar que es facultad de los municipios incorporar en las ordenanzas la recolección de residuos en origen “cuando así lo estimen pertinente”, ya que esta es una materia que resulta fundamental para el éxito de la REP. Enfatizó además que a lo largo del país, los municipios son los principales actores en cuanto a residuos, ya que no en todas las comunas existen los recicladores de base ni una cultura de reciclaje.

La señorita Puschel , señaló que esta letra explicita que las ordenanzas podrán incorporar la separación en origen. La indicación corrige el destinatario de la obligación, obligando a los consumidores a separar residuos. En cuanto a la redacción, señalo que efectivamente la norma debe respetar la autonomía municipal y considerar las diversas realidades de las municipalidades a lo largo del país. Además recordó que actualmente hay una exención de los derechos de aseo en muchos hogares, por lo que sería un cambio demasiado abrupto pasar de exención a una obligación de separar residuos. De todas formas, señaló que en la ley hay suficientes incentivos para ir adoptando este camino. El señor Bortnick añadió que es preferible una redacción facultativa, porque no todos tendrán la capacidad para asumir la separación.

El diputado Chávez coincidió en la apreciación del diputado Sandoval . En este sentido, propuso comenzar la letra con “podrán” y eliminar “cuando así lo estimen pertinente”, que es un término más claro pero que mantiene la autonomía municipal. El diputado Vallespín coincidió con estas reflexiones.

El diputado Rathgeb señaló que igualmente debería contemplarse la obligación de recolección separada para que el sistema funcione. A su juicio, ambos términos deberían ser in-

cluidos. Consultada por los diputados en porqué no se incorpora la recolección separada, la señorita Puschel aclaró que efectivamente es necesario que haya recolección separada, pero respecto de las ordenanzas municipales los obligados son los vecinos. Por lo tanto, la recolección separada debe abordarse en otros instrumentos. En el caso de esta ley, son los productores los que tendrán la obligación de llevar a cabo esta recolección separada vía sistemas de gestión.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

7.- De las diputadas Molina y Vallejo y de los diputados Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín para reemplazar la letra c), que ha pasado a ser d), por la siguiente:

“c) Podrán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los residuos en origen y fomentar el reciclaje”.

Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

8.- De los diputados Chávez y Vallespín , para agregar al final de la letra c), que ha pasado a ser d) la siguiente frase “y fomentar el reciclaje”.

Dada la aprobación de la indicación anterior, se dio por rechazada esta indicación por la unanimidad de los diputados presentes (8), en la votación anterior.

9.- De la diputada Molina para incorporar las siguientes letras d), e) y f):

“d) Procurarán potenciar la educación ambiental de la población sobre la gestión sustentable de los residuos, para lo cual podrán contar con recursos del Fondo para el reciclaje.

e) Podrán diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización

f) Podrán diseñar e implementar medidas de prevención en la generación de residuos”.

Se hizo presente que la letra d) sería inadmisible por contravenir el artículo 65° inciso 3° de la Constitución. De todas formas, la diputada Molina señaló que es fundamental promover la educación ambiental y que ojala se destinarán fondos con este fin, pero en función de los requisitos constitucionales decide retirar de la indicación para agregar una letra d) y presentar la siguiente nueva indicación:

Puesta en votación las restantes letras de la indicación, en forma separada, se registraron las siguientes votaciones:

La letra e) fue aprobada por seis votos a favor (6 de 7) de las señoras Molina y Vallejo y de los señores Chávez , Melo , Rathgeb y Vallespín ; y una abstención (1 de 6) del diputado Sandoval .

La letra f) fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (7), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

10.- De la diputada Molina y de los diputados Chávez , Melo y Vallespín para incorporar la siguiente letra d):

“d) Promoverán la educación ambiental de la población sobre la gestión sustentable de los residuos”.

La abogada del Ministerio señorita Puschel señaló que el Ejecutivo no comparte estas indicaciones en tanto este artículo apunta específicamente a las Municipalidades, y las disposiciones contenidas en estas letras no siempre dicen relación con obligaciones destinadas a estos organismos.

Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (7), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

En definitiva, el artículo con las indicaciones fue aprobado por mayoría de votos.

Artículo 28 que pasa a ser 29, del fondo para el reciclaje.

El Ministerio contará con un fondo concursable destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para a prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, que sean ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas, y cuyo patrimonio estará integrado por:

a) Los recursos que el Estado reciba por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y de toda contribución o impuesto;

c) Las transferencias que conforme a su presupuesto realicen los gobiernos regionales;

d) Los recursos que para este objeto puedan consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;

e) Los recursos que le asignen otras leyes; y

f) En general, cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.

Para la ejecución del fondo se podrán celebrar convenios con otras entidades públicas. Los recursos que se transfieran a tal efecto no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores.

El reglamento establecerá el procedimiento y los criterios para la asignación de los recursos que considere el fondo.

El reglamento deberá contener, a lo menos, las siguientes materias:

a) Bases y procedimiento de postulación;

b) Evaluación y selección de los proyectos, programas, estudios y acciones;

c) Derechos y obligaciones de los proponentes seleccionados;

d) Entrega de los recursos y procedimientos de control.”. Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazar, en el inciso primero, la frase “concursable destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para a” por la siguiente “destinado a financiar estudios para la gestión de residuos, así como para financiar, previo concurso, proyectos, programas y acciones para”.

La señorita Puschel explicó que esta indicación elimina el carácter concursable de los estudios, en tanto estima que resulta necesario que el Ministerio pueda contar con todos los antecedentes para la mejor aplicación de esta ley.

A juicio del diputado Vallespín , las demás acciones también podrían haberse llevado a cabo sin concurso en caso de que existan méritos suficientes. La abogada del Ministerio, señorita Puschel , explicó que la concursabilidad en las demás acciones garantiza que exista una Municipalidad interesada.

Puesto en votación, el artículo y la indicación, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Vallejo y señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

2.- Del Ejecutivo, para agregar las siguientes letras e) y f) nuevas: “e) Criterios que incentiven la inclusión de los recicladores de base;

f) Criterios que permitan priorizar la asignación de recursos a municipalidades que, por razones de localización o disponibilidad presupuestaria, requieren apoyo para participar activamente de los objetivos de la presente ley, o bien que han celebrado convenios con sistemas de gestión.”.

Sin mayor debate, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Vallejo y señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

3.- De la diputada Molina para incorporar el siguiente inciso final nuevo:

“Este fondo contemplará una línea de financiamiento especial destinada a las Municipalidades”.

Esta indicación fue retirada por la diputada. Consecuentemente, el artículo fue aprobado por uananimidad.

Artículo 29 que pasa a ser 30, recicladores de base.

Los recicladores de base registrados en conformidad al artículo 32 podrán participar de la gestión de residuos para el cumplimiento de las metas.

Para registrarse, deberán estar debidamente certificados en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267.

Se presentó una indicación del Ejecutivo para reemplazar en su inciso primero la expresión “artículo 32” por “artículo 33”.

Puesto en votación, el artículo y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (7), señora Vallejo y señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Artículo 30 que pasa ser 31, de las obligaciones de los distribuidores y comercializadores.

Todo distribuidor o comercializador de productos prioritarios cuyas instalaciones tengan una

superficie suficiente, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, deberá aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice de parte de los consumidores. La obligación de aceptar la entrega no podrá supeditarse a la venta de un nuevo producto.

Las instalaciones de almacenamiento destinadas a tal efecto no requerirán de una autorización sanitaria adicional a la del mismo establecimiento.

Los distribuidores o comercializadores estarán obligados a entregar a título gratuito a los gestores contratados por el respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos recibidos de los consumidores.

Respecto del alcance de esta disposición y consultada por la diputada Vallejo en particular por la expresión “sin costo” en el inciso primero, la señorita Puschel aclaró que quien no debe asumir costos por la entrega de los residuos es el consumidor, cuando acuda a entregar un producto a un distribuidor o comercializador.

A lo largo del debate, se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputado Chávez y Vallespín para reemplazar en el inciso tercero, la palabra

“consumidores” por “generadores”.

El diputado Vallespín explico que el término “generador” abarca consumidores y empresas que generen residuos.

La señorita Puschel señaló que en el contexto de la REP se utiliza el término “consumidor” y así se ha utilizado previamente en la ley. Adicionalmente, señaló que desde el Ejecutivo les pareció más claro aludir al consumidor, para explicitar el rol de la comunidad. El diputado Chávez replicó que le parece más completo aludir a “generador”, que es un concepto definido en la ley, no así el término “consumidor”.

El señor Meijer , señaló que referirse a “generadores” puede crear la confusión de abarcar a generadores de todo producto y es importante aclarar que se apunta a los consumidores de los productos prioritarios. El diputado Sandoval consideró que el término consumidor es más fácilmente comprensible para los ciudadanos, por lo que señaló que prefiere la redacción original del artículo.

2.- De los diputados Chávez , Melo y Vallespín para reemplazar en el inciso tercero, la frase final “todos aquellos residuos recibidos de los consumidores.”, por la siguiente: “todos aquellos residuos recibidos de los generadores de un producto prioritario.”.

Puesta en votación la indicación N°2 fue aprobada por cinco votos a favor (5 de 8) por parte de la diputada Vallejo y los diputados Chávez , Melo , Urízar y Vallespín ; y tres votos en contra (3 de 8) por parte de los diputados Pérez Lahsen , Rathgeb y Sandoval .

Por la misma votación se da por rechazada la indicación signada con número 1.

Articulo nuevo.

El diputado Sandoval formuló indicación, para agregar el siguiente artículo 31, que pasaría a ser 32:

“Artículo 31: El Ministerio entregará una certificación o sello verde a todos los productores que cumplan con la normativa ambiental aplicable”.

El diputado Sandoval explicó que esta disposición busca entregar un sello para identificar a las empresas involucradas con esta normativa. La Secretaría de la Comisión planteó que esta indicación resultaría inadmisible a la luz de lo dispuesto por el artículo 65 N° 2 de la Constitución.

El Ministro señaló que la disposición que se agrega por artículo 37 en la ley N° 19.300, artículo 48 ter, otorga al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de entregar sellos, rótulos, etc., por lo que el contenido de esta disposición ya estaría recogido en el proyecto. El diputado Vallespín señaló que entiende el espíritu del artículo propuesto, pero no concuerda en que se certifique el mero cumplimiento de la normativa, ya que es una obligación de los productores, hacerlo, pero si se podría entregar algún tipo de reconocimiento o diferenciación a quienes, por ejemplo, se adelanten al cumplimiento de las metas.

A la luz de las explicaciones del Ejecutivo, el diputado retira esta indicación.

Artículo 31 que pasaría a ser 32, de las obligaciones de los consumidores.

Todo consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario en un punto de recolección establecido por el respectivo sistema de gestión.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar, la palabra “consumidores” por

“generadores”.

La abogada del Ministerio señorita Puschel recordó que se ha discutido previamente este cambio de nomenclatura, debate en el cual el Ejecutivo considera que debería mantenerse el término “consumidor” cuando se trata de los instrumentos REP, en particular si el artículo se titula “obligaciones de los consumidores”. Señaló además que por razones de coherencia con

otros artículos debería mantenerse la palabra “consumidor”. El Ministro añadió que se requiere mantener esta nomenclatura para distinguirlo del artículo 5°, “obligaciones de los generadores”.

Los autores de la moción señalaron que tratándose de este artículo recogen la argumentación del Ejecutivo, por lo que retiran la indicación, pero insistieron que en otras disposiciones es atingente hablar de “generador”.

2.- Del Ejecutivo para reemplazar la expresión “en un punto de recolección establecido por el” por el vocablo “al”.

La señorita Puschel explicó que se busca no limitar la obligación de entrega a un punto de recolección y ampliar los medios para llegar a un sistema de gestión.

3.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar, la siguiente frase final “, bajo las condiciones básicas establecidas por éstos e informadasa todos los involucrados”.

El Ejecutivo señaló su conformidad con esta indicación y el diputado Vallespín señaló que complementa la anterior indicación.

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones números 2 y 3 fueron fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

4.- Del Ejecutivo, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberá, en su respectiva Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, comprometerse a celebrar un convenio con uno o más sistemas de gestión para la entrega de los residuos de productos prioritarios que genere 'en su operación. Dicho compromiso deberá establecerse en la respectiva resolución de calificación ambiental.”

El Ministro señaló que esta indicación busca incorporar a esta ley los proyectos o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes (8), señora Molina y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

5.- De la diputada Molina incorporar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos: “Además, estará obligado a respetar la separación de origen o recolección selectiva en los

casos en que se utilicen dichos instrumentos.

El consumidor que no cumpla con la obligación anterior podrá ser multado hasta con 0,5

UF a beneficio municipal.”

En consideración a las indicaciones previamente aprobadas, la diputada decidió retirar la indicación.

6.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Los reglamentos respectivos establecerán las obligaciones pertinentes para los proyectos que no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.”.

El diputado Chávez explicó que sería importante regular también aquellos proyectos que no ingresen al SEIA. El Ministro, por su parte, replicó que los proyectos que no ingresan al SEIA pueden ser decenas de miles, por lo que es muy difícil abarcarlos. Añadió que la regulación a los titulares de proyectos en el SEIA es excepcional, en tanto no son productores sino más bien consumidores, pero se puede hacer. No así con los proyectos que no ingresan al SEIA.

El diputado Vallespín expresó que esta indicación busca incorporar a aquellos titulares de proyectos, que pueden no ingresar al SEIA, pero sí generar productos prioritarios. El Ministro explicó que los proyectos no ingresan al SEIA en función de los productos prioritarios que generan, pero que de todos modos los de gran envergadura ingresan al sistema. Para mayor claridad, señaló que por ejemplo, un taller mecánico que no ingresa al SEIA, pero sí genera residuos (neumáticos), tendrá las obligaciones propias de un consumidor respecto de esta ley.

Los autores de la indicación señalaron que podría redactarse este inciso como “podrán establecer las obligaciones”, para de forma facultativa poder regular a estos consumidores cuando así se requiera. El diputado Pérez coincidió en que podría ser útil establecer regulaciones para estos casos. El diputado León consideró que debería mantenerse la redacción original de la indicación.

El señor Bortnick señaló que no resulta necesario establecer regulaciones adicionales a través de reglamentos para estos casos, ya que son supuestos que quedaran sujetos al normal funcionamiento de la REP. Por otra parte, indicó que si se trata de regulaciones generales, la facultad de reglamentar residuos corresponde al Ministerio de Salud.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por ocho votos a favor (8 de 10) de la señora Molina y de los señores Chávez , León , Melo , Pérez Lahsen , Rathgeb , Urízar y Vallespín ; y dos votos en contra (2 de 10) de los señores Morales y Sandoval .

TÍTULO V

SISTEMA DE INFORMACION

Artículo 32 que pasaría a ser 33, registro.

El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a que se refiere el artículo 70 letra p) de la Ley N° 19.300, contendrá información sobre:

a) Los productores de productos prioritarios;

b) Los sistemas de gestión autorizados;

c) Los distribuidores o comercializadores de productos prioritarios, cuando corresponda;

d) Los gestores autorizados;

e) El cumplimiento de metas de recolección y valorización;

f) Toda otra información que establezca el respectivo reglamento.

El reglamento respectivo establecerá el contenido y funcionamiento de dicho registro.

El Ministerio estará facultado para cobrar un arancel por la inscripción en el registro. Los ingresos percibidos por este concepto serán destinados al funcionamiento de tal registro.

El Ministerio procurará que la información contenida en el registro sea difundida en un lenguaje inteligible a través de su sitio electrónico.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, al inciso segundo, para intercalar entre la palabra “registro” y el punto aparte (.), que le sigue, la siguiente frase: “, el que deberá asegurar la confidencialidad comercial e industrial”.

Sometido a votación, el inciso primero y segundo y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (10), señora Molina y señores Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval , Urízar y Vallespín .

2.- Del Ejecutivo, para agregar en su inciso tercero, primera oración, entre la palabra “registro” y el punto seguido (.), que le sigue, la siguiente frase: “, con excepción de los recicladores de base”.

El diputado León consultó si existe un cálculo sobre el monto de estos aranceles, ya que esta disposición establece que estos ingresos deberán destinarse exclusivamente al funcionamiento del registro. El Ministro señaló que no existe dicho cálculo, pero que el espíritu de la indicación es exceptuar a los recicladores de base de dicho cobro.

Sometido a votación, el inciso tercero y la indicación fue aprobado por seis votos a favor (6 de 10), de los señores Chávez , Melo , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín ; un voto en contra (1 de 10) del diputado León ; y tres abstenciones (3 de 10) de la señora Molina y de los señores Morales y Rathgeb .

3.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , al inciso tercero, para agregar después de la palabra “registro” la frase “Quedan exento del pago de inscripción en el registro los recicladores de base”.

Se declara inadmisible esta indicación por incidir en la administración financiera del Estado, a la luz de lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución.

Sometido a votación, el inciso final del artículo, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes (10) en la votación anterior.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 33 que pasaría a ser 34, fiscalización y seguimiento.

Fiscalización y seguimiento. Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones cuyas infracciones se establecen el artículo siguiente. Para tal efecto se regirá, en lo que corresponda, por lo dispuesto en el Título II de su ley orgánica.

Cuando el Ministerio cuente con antecedentes que permitan presumir una infracción, deberá remitir los mismos a la Superintendencia y solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio.

Con el fin de verificar los hechos investigados, la Superintendencia podrá requerir información a gestores de residuos, a sistemas de gestión, a distribuidores o comercializadores, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

El diputado Vallespín consultó si se prevén nuevos recursos para que la Superintendencia cumpla con estas nuevas funciones. Sobre este punto, el Ministro indicó que debe ser la Superintendencia la encargada de hacer este seguimiento. Si bien reconoció que este organismo tiene capacidades limitadas, en el presupuesto 2015 tuvo un crecimiento importante y se ha comprometido la apertura de oficinas regionales.

El diputado Sandoval consideró que se debería establecer expresamente entre los organismos mencionados en el artículo a las Municipalidades, ya que estas son actores fundamentales para el funcionamiento de esta ley. El diputado León coincidió con esta visión, ya que la Superintendencia no tendrá la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de esta ley a lo largo de todo el país. El diputado Morales hizo ver que no todas las Municipalidades tienen los recursos y/o la capacidad técnica para estas fiscalizaciones.

En función de este debate, se presentó la siguiente indicación: de la diputada Molina y los diputados Chávez , Melo , Pérez Lahsen y Sandoval para intercalar entre las frases “Servicio de Impuestos Internos,” y “entre otros”, la palabra municipios”.

Puesto en votación, el artículo y la indicación fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Artículo 34 que pasaría a ser 35, infracciones. Infracciones. Constituirán infracciones gravísimas:

a) El no registrarse en el registro establecido en el artículo 32;

b) El no contar con un sistema de gestión autorizado;

c) El celebrar convenios con gestores en contravención a lo dispuesto en el artículo 19;

d) El no cumplir con las metas de recolección y valorización;

e) El incorporar información falsa en la información proporcionada al Ministerio;

f) El no informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y obligaciones asociadas, en los términos precisados en el respectivo decreto supremo;

g) El enajenar productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión. Constituirán infracciones graves:

a) El no declarar información conforme al artículo 6;

b) El no cumplir con lo dispuesto en el artículo 7;

c) El entregar residuos de productos prioritarios a gestores no autorizados, ya sea para su transporte o tratamiento;

d) El no cumplir con las obligaciones asociadas establecidas en el respectivo decreto supremo;

e) El no cumplir con el requerimiento de información efectuado por la Superintendencia;

f) El no renovar la autorización del sistema de gestión;

g) El efectuar cambios al plan de gestión sin previa autorización, en conformidad al artículo 23.

Constituirán infracciones leves:

a) El no constituir fianza, seguro u otra garantía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 letra a);

b) El no proporcionar al Ministerio la información adicional requerida;

c) El no informar las modificaciones al plan de gestión;

d) El negarse a aceptar residuos y entregarlos al sistema de gestión de manera gratuita, según lo establecido en el artículo 30.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para modificar el inciso primero del artículo de la siguiente manera:

a) Reemplázase en la letra a), la expresión “artículo 32” por “artículo 33”. b) Reemplázase en la letra c), la expresión “artículo 19” por “artículo 20”.

2.- Al inciso segundo letra c):

a) De los diputados Chávez y Vallespín para intercalar, entre la palabra “autorizados” y la coma (,) la siguiente frase “o no registrados”.

b) Del Ejecutivo para intercalar, entre la expresión “para su” y la palabra “transporte”, lo siguiente: “recolección,”.

3.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra g) del inciso segundo, la expresión “artículo

23” por “artículo 24”.

4.- De los diputados Chávez y Vallespín para trasladar, la letra a) del inciso tercero “infracciones leves”, al inciso segundo “infracciones graves”.

El diputado Vallespín consideró que la fianza, seguro o garantía es un mecanismo de resguardo importante en esta ley, por lo que, a su juicio, debería ser infracción grave no constituirlo.

La abogada del Ministerio señorita Puschel señaló que comparten esta apreciación, sin embargo, hizo el alcance de que no se trataría de no constituir esta fianza, en tanto es un requisito constituirla para establecer un sistema de gestión, sino de que posteriormente no se cuente con estas garantías. En función de estas apreciaciones se presenta una nueva indicación y se retira la indicación signada con el número 4.

5.- De la diputada Molina y de los diputados Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín , para modificar el artículo 34 que ha pasado a ser 35, del siguiente modo:

i) En el inciso segundo agregar la siguiente letra a), nueva,pasando la actual a ser letra b)

y así sucesivamente:

“a) No contar con la fianza, seguro u otra garantía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 letra a);”

ii) Eliminar en el inciso tercero la letra a), pasando la actual letra b) a ser a) y así sucesivamente.

6.- Del Ejecutivo al inciso tercero:

a) Para reemplazar en la letra d) del inciso tercero, la expresión “artículo 30” por “artículo

31”.

b) Para agregar, la siguiente letra d):

“d) El no cumplir con la obligación de informar establecida en el artículo segundo transitorio de la presente ley.”

Puesto en votación, el artículo y las indicaciones fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (9), señora Molina y señores Chávez , León , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Rathgeb , Sandoval y Vallespín .

Artículo 35 que pasaría a ser 36, sanciones.

Sanciones. Las infracciones gravísimas darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Multa de siete mil a diez mil unidades tributarias anuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente;

b) Prohibición de vender el producto prioritario mientras se mantenga la infracción;

c) Revocación de la autorización al sistema de gestión;

d) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

La multa por la infracción gravísima de la letra d) del artículo anterior se aplicará por cada unidad por sobre la meta incumplida y ascenderá a un monto de 2 a 10 veces de los costos de la gestión de los residuos, estimado por la Superintendencia en base a la información disponible.

Las infracciones graves darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Multa de tres mil una a siete mil unidades tributarias anuales;

b) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

Las infracciones leves darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Amonestación;

b) Multa de una a tres mil unidades tributarias anuales;

c) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

La Superintendencia aplicará una o más de las sanciones anteriores en conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título III de su ley orgánica.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la letra c), después de la palabra

“revocación”, la palabra “definitiva”.

Los autores deciden retirar esta indicación.

Puesto en debate el inciso primero del artículo, el diputado León consultó si las multas señaladas en la letra a) se aplican conjuntamente con aquella establecida en el inciso siguiente. El Ministro aclaró que el sentido del artículo es aplicar la multa del inciso primero, considerando el alcance que establece el inciso siguiente respecto del caso de la letra d) del artículo anterior

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en el inciso segundo, entre la palabra “unidad” y “por”, la frase “de producto prioritario”.

La abogada del Ministerio de Medio Ambiente, señorita Puschel , explicó que el sentido de la palabra “unidad” en este inciso tiene un sentido amplio, de modo de abarcar toneladas, kilogramos, etc., dependiendo del producto prioritario. Consideró que agregar “producto prioritario” podría generar una interpretación más restrictiva. Dada esta explicación, el diputado Vallespín sugirió utilizar la expresión “unidad de medida”.

En función del debate, se retira esta indicación y se presenta la siguiente nueva indicación:

3.- De las diputadas Molina y Vallejo y los diputados Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín para agregar en el inciso segundo, entre la palabra “unidad” y “por”, la frase “de medida, según lo que establezca el decreto”.

Puesto en votación, el artículo y la indicación número 3 fueron aprobados en forma unánime por los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín .

Artículo 36 que pasaría a ser 37, recursos.

Establece que en contra de la resolución de la Superintendencia que aplique una sanción, procederán los recursos a que se refiere el Párrafo 4° del Título III de su ley orgánica.

Sin mayor debate, fue aprobado en forma unánime por os diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín .

TÍTULO VII

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS.

Artículo 37 que pasaría a ser 38, modificaciones a ley N° 19.300,sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

a) Agrega el siguiente párrafo 6 bis, a continuación del artículo 48 bis:

“Párrafo 6 bis

De la certificación, rotulación y etiquetado

Artículo 48 ter.- Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que sean voluntariamente solicitados

y cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, de acuerdo a los requisitos que establezca el reglamento.

Asimismo, el reglamento deberá determinar el procedimiento al cual se sujetará el otorgamiento de los certificados, rótulos y etiquetas. El Ministerio podrá encomendar a entidades técnicas la verificación del cumplimiento de los requisitos que señale el reglamento. La acreditación, autorización y control de dichas entidades se regirá por lo dispuesto en el reglamento a que hace referencia el artículo 3 letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

La Superintendencia del Medio Ambiente será la encargada defiscalizar el debido cumplimiento de las disposiciones de que trata este artículo.

La infracción de esta normativa será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, encontrándose ésta facultada, además, para revocar el certificado, rótulo o etiqueta como sanción. Sin perjuicio de lo anterior, la falsificación o utilización maliciosa de los certificados, rótulos o etiquetas será sancionada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código Penal.”.

El diputado Vallespín consultó porqué se añade una certificación no obligatoria, ante lo cual doña Lorna Puschel aclaró que la certificación en el ámbito dela REP sí es obligatoria, pero añaden este instrumento en otros ámbitos como incentivo.

Puesta en votación, esta letra fue aprobada en forma unánime por los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín .

b) Introdúcese, en el artículo 70, la siguiente letra t bis):

“t bis) Otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, en conformidad a la ley.”.

Puesta en votación, la letra b) fue aprobada en forma unánime por los mismos diputados presentes (9), en la votación anterior.

Artículo nuevo

Los diputados Melo y Urizar , formularon indicación para agregarel siguiente artículo 38: “Artículo 38. Modificaciones a la Ley sobre copropiedad inmobiliaria. Agrégase en el

título III el siguiente artículo 38 bis:

“Artículo 38 bis. Los copropietarios, arrendatarios u ocupantes delas unidades que componen el condominio están obligados afacilitar la separación de los residuos desechados desde el interior de sus unidades, de conformidad a los productos priorizados de conformidad de la ley.

Para tales efectos se dispondrá la entrega del residuo de un producto prioritario en un punto de recolección establecido por el respectivo sistema de gestión.”.

El Ministro del Medio Ambiente valoró el espíritu de la indicación, pero advirtió que podría generar una diferencia injustificada respecto de vecinos que no están en condominios. Lo ideal sería que esto se prevea en las respectivas ordenanzas municipales.

El diputado Vallespín señaló que sería conveniente incorporar una obligación en el diseño de nuevas edificaciones, para considerar la construcción de receptáculos diferenciados, y así incentivar el reciclaje. El diputado Melo añadió que ese es precisamente el objetivo de la indicación. El diputado Urízar se unió al llamado a incorporar esto en las respectivas ordenanzas municipales. El Ministro de Medio Ambiente se comprometió a incorporar este elemento en el siguiente trámite legislativo.

En atención al debate se retira esta indicación.

TÍTULO VIII NORMAS TRANSITORIAS

Artículo primero, Certificación de recicladores de base.

Dispone que durante los primeros dos años de vigencia de la presente ley, los recicladores de base podrán registrarse sin contar con la certificación referida en el artículo 29. Transcurrido dicho plazo, y no habiendo acreditado tal requisito ante el Ministerio, caducará su inscripción.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar, en el artículo primero transitorio, la palabra “dos” por la palabra “tres”.

2.- Del Ejecutivo, al artículo primero, para reemplazar las expresiones “dos años” por

“cinco años”, y “artículo 29” por “artículo 30”.

El diputado Morales consultó porque se busca ampliar el plazo de certificación, cuando lo ideal es que los recicladores estén certificados cuanto antes. El diputado Vallespín consideró que tres años es un plazo razonable, entre las dos propuestas del Ejecutivo de dos y cinco años.

El Ministro indicó que de acuerdo a la experiencia de los propios recicladores de base se consideró que se podría necesitar un mayor plazo para la certificación, razón por la cual el Ejecutivo amplió el plazo de dos a cinco años. El diputado Vallespín aclaró que a su juicio, reducir el plazo para la certificación es a favor de los recicladores, ya que mientras antes estén los actores certificados mejor funcionará el sistema.

Puesta en votación, el inciso primero y la indicación signada con el número 1, fueron aprobados por seis votos a favor (6 de 9) de la diputada Vallejo y los diputados Chávez , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín ; y tres abstenciones (3 de 6), de la diputada Molina y los diputados Melo y Morales.

Laindicación signada con el número 2, se da por rechazada reglamentariamente.

3.- Del Ejecutivo, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El Ministerio del Medio Ambiente impulsará la creación de un proyecto de competencias laborales destinado a que los recicladores de base adquieran las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para gestionar los residuos de acuerdo a la normativa vigente y permitirles obtener la certificación exigida en el artículo 30.”.

4.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo para agregar en el nuevo inciso final, indicación del Ejecutivo, después de la palabra “vigente” la frase “y permitirles obtener la certificación exigida en el artículo 29”.

Puesta en votación, la indicación N° 3 fue aprobada en forma unánime por los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín .

La indicación N° 4 se da por rechazada por la unanimidad de los diputados presentes en la votación anterior, en consideración a que ella estaba contemplada en la indicación del Ejecutivo.

Artículo segundo, obligación de informar.

Mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, los productores deberán informar anualmente al Ministerio, a través del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, lo siguiente:

a) Cantidad de productos priorizados comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior;

b) Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas en igual período, y su costo;

c) Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en dicho lapso;

d) Indicación de si la gestión para las actividades de recolección y valorización es individual o colectiva.

Dicha información deberá ser entregada por primera vez en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la presente ley.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso final la expresión “tres meses” por “dieciocho meses”.

La señorita Puschel señaló que luego de reuniones con la SOFOFA y otros actores, les fue demostrado que en el plazo de tres meses era muy difícil tener sistematizada y entregada la información. Informó que dichos actores solicitaron 24 meses de plazo, pero dados los antecedentes entregados, el Ejecutivo consideró que el plazo de 18 meses era razonable.

El diputado Vallespín expresó que si este plazo regía solo para los productores se debería establecer un tiempo determinado que los presioné un poco más a cumplir con estas obligaciones.

En función de este debate se concordó en la siguiente indicación:

2.- De las diputadas Molina y Vallejo y los diputados Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín para reemplazar en el inciso final la expresión “tres meses” por “doce meses”.

Puesto en votación, el artículo y la indicación N° 2 fueron aprobadoa en forma unánime por los diputados presentes (9), señoras Molina y Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín .

La indicación N° 1 se da por rechazada con la misma votación. Artículo nuevo, que pasaría ser tercero.

El Ejecutivo, formuló indicación para incorporar el siguiente artículo tercero transitorio: “Artículo tercero.- Plazo para dictar reglamentos. Los reglamentos referidos en el artículo

4 inciso segundo y en el artículo 12 inciso primero, deberán evacuarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley.”.

La diputada Molina consultó porque no se fijó un plazo para la dictación de decretos que fijarán las metas. La señorita Puschel explicó que dichos decretos probablemente tomarán más tiempo, pero que un primer paso es establecer este plazo para los reglamentos que fijan el procedimiento para la dictación de dichos decretos.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por ocho votos a favor (8 de 9) por parte de la señora Vallejo y señores Chávez , Melo , Morales , Pérez Lahsen , Sandoval , Urízar y Vallespín y una abstención (1 de 9) de la señora Molina .

-o-

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

a) Artículos rechazados. No hay.

b) Indicaciones rechazadas.

Se ha rechazado las siguientes indicaciones:

Artículo 1°.

Del Ejecutivo, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar la prevención en la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.”.

Artículo 2°.

Letra nueva, que pasaría a ser c).

2.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para agregar, después de la palabra “financiación” una coma (,) y la palabra “infraestructura”.

Letra nueva.

De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , formularon indicación, para agregar la siguiente letra g), nueva:

“g) ciclo de vida: Etapas e impactos que posee un producto desde su generación, valorización y/o disposición final.”.

Letra nueva

Deldiputado Sandoval , para incorporar la siguiente letra i), nueva:

“i) Proximidad y suficiencia: El generador de un residuo deberá preferir aquella planta más cercana al lugar de almacenamiento”

Artículo 3°. Letra a)

De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para reemplazar en la

letra a), la palabra “eliminación” por el término “disposición final”.

Letra nueva.

De las diputadas Girardi y Vallejo y el diputado Melo , presentan una indicación para agregar la siguiente letra i), nueva:

“i) Espacios de almacenamiento transitorio: Lugar o instalación de recepción y acumulación selectiva de residuos de operación de los recicladores de base.”

Letra o, que pasaría ser s)

1.- Del Ejecutivo para reemplazarla, por la siguiente:

“s) Reciclador de base: Persona natural o cooperativa que se dedica a la recolección selectiva, gestión de instalaciones de almacenamiento, pre-tratamiento y comercialización de residuos.”.

2.- De las diputadas Girardi , Molina y Vallejo y del diputado Melo , para reemplazar la palabra “cooperativa” por “jurídica”; y agregar, a continuación de la palabra “almacenamiento”, la palabra “procesamiento”.

Letra r), que pasaría a ser v)

De los diputados Chávez y Vallespín , para agregar, después de la palabra “poseedor,”

las palabras “o generador”

Letra x) que pasaría ser bb)

De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en la letra x) (que pasaría a ser bb) después de la palabra “residuo” la palabra “orgánico”; y anteponer antes del punto final, la frase siguiente “para generar solo energía renovable no convencional”.

Artículo 4°.

De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el numeral (ii) después de la palabra “privados” la frase “, incluyendo a los recicladores de base y sus organizaciones”.

Artículo 7°.

1.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar al inciso segundo, después de la palabra “procedimiento” la frase “que establezca la transparencia informativa”.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar el siguiente inciso cuarto:

“No obstante lo anterior, se prohíbe importar o exportar residuos tóxicos que amenacen la salud de las personas o de los ecosistemas.”

Artículo 9°.

1.- Del Ejecutivo para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 9°.- Productos prioritarios. Mediante un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente se establecerán los productos sometidos a responsabilidad extendida del productor. Para tal efecto, se deberá considerar la efectividad del instrumento de gestión del respectivo residuo, su volumen, peligrosidad y/o potencial de valorización del mismo.

El decreto supremo considerará, a lo menos, los siguientes productos prioritarios:

a) Aceites lubricantes;

b) Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas y ampolletas;

c) Diarios, periódicos y revistas;

d) Envases y embalajes;

e) Medicamentos caducados;

f) Neumáticos;

g) Pilas y Baterías;

h) Plaguicidas caducados;

i) Vehículos.

La dictación del decreto referido se regirá por lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley.”.

2.- Del diputado Sandoval , para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “No obstante lo anterior, se podrán incorporar nuevos productos a la categoría de prioritarios.”.

Artículo 10.

De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el inciso primero, entre la palabra “supremos” y la palabra “dictados” la frase”específicos para recolección o para valorización”.

Artículo 12.

De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en el inciso primero, entre la palabra “supremos” y la palabra “dictados” la frase”específicos para recolección o para valorización”.

Artículo 15.

De los diputados Chávez y Vallespín para sustituir la expresión “5 años” por “3 años”.

Artículo 17.

De los diputado Chávez y Vallespín para agregar en el inciso primero, antes del punto seguido (.) y luego de la palabra “autoridad”, la siguiente frase “de forma solidaria con los productores que la integran”.

Artículo 18.

1.- Del Ejecutivo, para intercalar, en la letra b), entre la palabra “municipalidades” y la coma (,), que le sigue, la siguiente frase: “y/o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica”.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para agregar en la letra b), luego de la palabra

“municipalidades” la frase “y Asociaciones de Municipalidades”.

3Del Ejecutivo, para reemplazar en la letra b) la expresión “artículos 19 y 20” por “artículos 20 y 21”.

Artículo 19, que pasaría a ser 20.

De la diputada Vallejo y del diputado Melo , para agregar la siguiente frase al final del inciso segundo. “Se exceptuara de la licitación a aquellos sistemas colectivos que realicen convenios con recicladores de base”.

Artículo 20 que pasaría a ser 21.

1.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar entre las palabras

“gestión” y “podrán” la frase “y los recicladores de base”.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar la expresión “destinados al”, por la frase “destinados a facilitar la implementación de la presente ley en sus comunas”.

3.- Del Ejecutivo para modificarlo de la siguiente manera:

a) Intercalar entre la palabra “municipalidades” y la coma (,) que antecede a la expresión

“destinados” la frase “o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica”.

b) Reemplazar la palabra “al” que está a continuación de la palabra “destinados” por la expresión “a la recolección, al”.

c) Agregar la siguiente oración final, después de la palabra “prioritarios”, o a la ejecución de otras acciones para el cumplimiento de esta ley”.

Artículo 21, quepasaría a ser 22.

1.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar en la letra g)

luego de la palabra “gestión”, la frase “o los contratos con recicladores de base”.

2.- De los diputados Chávez y Vallespín parareemplazar en el inciso segundo “5 años”

por “3 años”.

Artículo 26 que pasaría a ser 27.

1.- De los diputados Chávez y Vallespín para reemplazar, la palabra “racional” por sustentable”.

2.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar después de la palabra “residuos” la frase “con participación de los recicladores de base”.

Artículo 27 que pasaría a ser 28.

1De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para agregar después de la palabra”gestión” el término “y/ocon recicladores de base”.

2.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra c), que ha pasado a ser d), la frase “recolectar los residuos de manera separada” por “separar los residuos en origen”.

3.- De los diputados Chávez y Vallespín , para agregar al final de la letra c), que ha pasado a ser d) la siguiente frase “y fomentar el reciclaje”.

Artículo 30 que pasaría a ser 31.

De los diputado Chávez y Vallespín para reemplazar en el inciso tercero, la palabra

“consumidores” por “generadores”.

Artículo primero transitorio.

Del Ejecutivo, al artículo primero, para reemplazar las expresiones “dos años” por “cinco años”, y “artículo 29” por “artículo 30”.

Artículo segundo transitorio.

Del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso final la expresión “tres meses” por “dieciocho meses”.

c) Indicaciones inadmisibles.

Artículo nuevo, que pasaría a ser 19.

De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , para intercalar un inciso tercero nuevo en el artículo 19 nuevo, con el siguiente texto:

“El municipio de acuerdo a su derecho de administración, cobrara a los sistemas de gestión por la utilización de estos bienes nacionales de uso público. Estarán exentos de ello los recicladores de base, los que tendrán prioridad en la utilización temporal de dichos bienes”.

Artículo 32, que pasaría ser 33.

.- De las diputadas Girardi y Vallejo y del diputado Melo , al inciso tercero, para agregar después de la palabra “registro” la frase “Quedan exento del pago de inscripción en el registro los recicladores de base”.

-o-

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recomienda aprobar elsiguiente

PROYECTO DE LEY

Que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, a fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

Artículo 2°.- Principios. Los principios que inspiran la presente ley son los siguientes:

a) El que contamina paga: El productor de un residuo es responsable de hacerse cargo del mismo, así como de internalizar los costos y las externalidades negativas asociados a su manejo y disposición.

b) Gradualismo: Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y social, situación geográfica, entre otros.

c) Inclusión: Conjunto de mecanismos e instrumentos de capacitación, financiación y formalización orientados a posibilitar la integración plena de los recicladores de base en la gestión de los residuos, incluidos los sistemas de gestión en el marco de la responsabilidad extendida del productor.”

d) Jerarquía en el manejo de residuos: Orden de preferencia de manejo, que considera como primera alternativa la prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes y la valorización energética de los residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación, acorde al desarrollo de instrumentos legales, reglamentarios y económicos pertinentes.

e) Libre competencia: El funcionamiento de los sistemas colectivos de gestión en ningún caso podrá atentar contra la libre competencia.

f) Participativo: La educación, opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.”

g) Precautorio: La falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias para disminuir el riesgo de daños para el medio ambiente derivado del manejo de residuos.

h) Preventivo: Conjunto de acciones o medidas que se reflejan en cambios en los hábitos en el uso de insumos y materias primas utilizadas en procesos productivos, diseño o en modificaciones en dichos procesos, así como en el consumo, destinadas a evitar la generación de residuos, la reducción en cantidad o la peligrosidad de los mismos.

i) Responsabilidad de la cuna a la tumba: El productor de residuos es responsable del manejo de los residuos, desde su generación hasta su valorización y/o eliminación, en conformidad a la ley.

j) Transparencia y publicidad: La gestión de residuos se efectuará con transparencia, de manera que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia.

k) Trazabilidad: Conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer las cantidades, ubicación y trayectoria de un residuo o lote de residuos a lo largo de la cadena de gestión.

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Almacenamiento: Acumulación de residuos en un lugar específico por un tiempo determinado, previo a su valorización y/o eliminación.

b) Ciclo de vida de un producto: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema productivo, desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos naturales, hasta su eliminación como residuo.

c) Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto prioritario al consumidor.

d) Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto prioritario antes de su venta al consumidor.

e) Ecodiseño: Integración de aspectos ambientales en el diseño del producto, envase, embalaje, etiquetado u otros, con el fin de disminuir las externalidades ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida.

f) Eliminación: Todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o destruir un residuo en instalaciones autorizadas.

g) Generador: poseedor de un producto que lo desecha o tiene la intención u obligación de desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.

h) Gestor: Persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos y que se encuentra autorizada y registrada en conformidad a la normativa vigente.

i) Gestión: Operaciones de manejo y otras acciones de política, de planificación, normativas, administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, de seguimiento y fiscalización, referidas a residuos.

j) Instalación de almacenamiento: Lugar o establecimiento de recepción y acumulación selectiva de residuos, debidamente autorizado, previo a su envío hacia una instalación de valorización o eliminación.

k) Manejo: Todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento.

l) Manejo ambientalmente racional: La adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los residuos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud de las personas contra los efectos perjudiciales que pueden derivarse de tales residuos.

m) Mejores prácticas ambientales: La aplicación de la combinación más exigente y pertinente de medidas y estrategias de control ambiental.”

n) Mejores técnicas disponibles: La etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de los procesos, instalaciones o métodos de operación, que expresan la pertinencia técnica, social y económica de una medida particular para limitar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas.

ñ) Ministerio: Ministerio del Medio Ambiente.

o) Preparación para la reutilización: Acción de revisión, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos desechados se acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

p) Pretratamiento: Operaciones físicas preparatorias o previas a la valorización o eliminación, tales como separación, desembalaje, corte, trituración, compactación, mezclado, lavado, empaque, entre otros, destinadas a reducir su volumen, facilitar su manipulación o potenciar su valorización.

q) Producto prioritario: Sustancia u objeto que una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor, en conformidad a la presente ley.

r) Productor de un producto prioritario o productor: Persona que, independiente de la técnica de comercialización,

(i) enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional;

(ii) enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor; o

(iii) importa un producto prioritario para su propio uso profesional.

En el caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y/o embalado.

El decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario sobre la base de criterios y antecedentes fundados determinará los productores a los que les será aplicable la responsabilidad extendida del productor, previa consideración de su condición de pequeña o mediana empresa.

s) Reciclador de base: Persona natural, que mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica en forma directa y habitual, a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o asimilables y a la gestión de instalaciones de almacenamiento de tales residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán también como recicladores de base las personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por personas naturales registradas como recicladores de base, en conformidad al artículo 33.

t) Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo distinto del que lo generó, incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.

u) Recolección: Operación consistente en recoger residuos, incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de transportarlos a una instalación de almacenamiento, una instalación de valorización o de eliminación, según corresponda. La recolección de residuos separados en origen se denomina diferenciada o selectiva.

v) Residuo: Sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente.

w) Reutilización: Acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados se utilizan de nuevo, con la misma finalidad para la que fueron producidos.

x) Sistema de gestión: Mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor, a través de la implementación de un plan de gestión.

y) Superintendencia: Superintendencia del Medio Ambiente.

z) Tratamiento: Operaciones de valorización y eliminación de residuos.

aa) Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética.

bb) Valorización energética: Empleo de un residuo con la finalidad de generar energía. Artículo 4°. De la prevención y valorización. Todo residuo potencialmente valorizable

deberá ser destinado a tal fin evitando su eliminación.

Para tal efecto, el Ministerio, considerando el principio de gradualismo, deberá, cuando sea pertinente, establecer a través de un decreto supremo los siguientes instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización.

a) Ecodiseño;

b) Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos;

c) Sistemas de depósito y reembolso; y

d) Separación en origen y recolección selectiva de residuos.

Uno o más reglamentos establecerán el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan los instrumentos anteriores, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:

(i) Un análisis general del impacto económico y social;

(ii) Una consulta a organismos públicos competentes y privados”, incluyendo a los recicladores de base;

(iii) Una etapa de consulta pública.

La propuesta de decreto supremo que regule alguno de los instrumentos señalados en los literales anteriores deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300. Tal decreto será reclamable en los términos de lo dispuesto en el artículo 14.

La Superintendencia será competente para fiscalizar el cumplimiento de dichos instrumentos y de imponer sanciones, en conformidad a su ley orgánica.

Artículo 5°. Obligaciones de los generadores de residuos. Todo generador de residuos deberá entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo con la normativa vigente, salvo que proceda a manejarlos por sí mismo en conformidad al artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá igualmente cumplir con la normativa vigente.

En el caso de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, éstos deberán ser entregados a la municipalidad correspondiente o a un gestor autorizado para su manejo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.

Artículo 6°. Obligaciones de los gestores de residuos. Todo gestor deberá manejar los residuos de manera ambientalmente racional, aplicando las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, en conformidad a la normativa vigente, y contar con la o las autorizaciones correspondientes.

Asimismo, todo gestor deberá declarar, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, al menos, la naturaleza, volumen o cantidad, costos, tarifa del servicio, origen, tratamiento y destino de los residuos, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento a que se refiere el artículo 70 letra p) de la ley N° 19.300.

Artículo 7°. Obligaciones de los importadores y exportadores de residuos. Los importadores y exportadores de residuos se regirán por lo dispuesto en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y por las demás normas legales y reglamentarias que regulen la materia.

Mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio y firmado además por el Ministro de Salud, se establecerán los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización de importación y/o exportación de residuos hacia o desde el territorio nacional, el que deberá incluir la regulación de las garantías asociadas.

En caso que la autoridad correspondiente advierta que un importador o exportador no cuenta con la autorización señalada en el inciso precedente, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los residuos, a costa del infractor.

Párrafo 1°. Disposiciones generales

Artículo 8°. Responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país.

Los productores de productos prioritarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Registrarse en el registro establecido en el artículo 33;

b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad a la ley, a través de alguno de los sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3° de este título. La presente obligación será exigible con la entrada en vigencia de los respectivos decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas;

c) Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y condiciones establecidos en el respectivo decreto supremo;

d) Asegurar que la gestión de los residuos de los productos prioritarios se realice por gestores autorizados y registrados.

Artículo 9°.- Productos Prioritarios. El reglamento referido en el artículo 12 establecerá los productos sometidos a responsabilidad extendida del productor. Para tal efecto, se deberá considerar la efectividad del instrumento para la gestión del residuo, su volumen, peligrosidad y/o potencial de valorización del mismo.

Dicho reglamento considerará, a lo menos, los siguientes productos prioritarios:

a) Aceites lubricantes;

b) Aparatos eléctricos y electrónicos;

c) Diarios, periódicos y revistas;

d) Envases y embalajes;

e) Medicamentos;

f) Neumáticos;

g) Pilas y baterías;

h) Plaguicidas;

i) Vehículos.

Los ministerios podrán proponer al ministerio del Medio Ambiente la incorporación de un nuevo producto prioritario al reglamento. El Ministerio del Medio Ambiente evaluará dicha solicitud en consideración a los criterios señalados en el inciso primero.

Párrafo 2°

Metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas.

Artículo 10. Metas de recolección y valorización. Tanto las metas de recolección como de valorización de los residuos de productos prioritarios serán establecidas mediante decretos supremos dictados por el Ministerio.

El establecimiento de tales metas se efectuará en relación a la cantidad de productos prioritarios introducidos en el mercado nacional por cada productor, aplicando los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo de residuos, considerando las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales como criterio para tal efecto. Las metas podrán considerar diferencias según cobertura geográfica, composición material o características del producto y condiciones para el cumplimiento, entre otros.

Artículo 11. Obligaciones asociadas. Con el fin de asegurar el cumplimiento de metas, los decretos supremos indicados en el artículo anterior deberán regular las siguientes obligaciones:

a) De etiquetado;

b) De información a distribuidores o comercializadores, gestores y consumidores, incluyendo la desagregación del costo de gestión de los residuos en la boleta o factura. Este costo deberá mantenerse en toda la cadena de comercialización;

c) De diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización;

d) De diseño e implementación de medidas de prevención en la generación de residuos;

e) De entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos;

f) De limitaciones en la presencia de sustancias peligrosas en los productos;

g) De exigencias de ecodiseño;

h) De diseño y operación de instalaciones de almacenamiento;

i) Establecimiento de roles y responsabilidades específicas de los diferentes actores involucrados en el cumplimiento de las metas.

Artículo 12. Procedimiento para el establecimiento de metas y otras obligaciones asociadas. Un reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas por producto prioritario, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:

a) Un análisis general del impacto económico y social;

b) Una consulta a organismos públicos competentes y privados, quienes conformarán un comité operativo ampliado que el Ministerio creará, de conformidad al artículo 70 letra x) de la Ley N° 19.300. Dicho comité se constituirá por representantes de los ministerios, así como por personas naturales y jurídicas ajenas a la Administración del Estado que representen a los productores, los gestores de residuos, las asociaciones de consumidores, los recicladores de base, la academia, las organizaciones no gubernamentales, entre otros;

c) Una etapa de consulta pública, la que incluirá la opinión del Consejo Consultivo del

Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 13. Pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La propuesta de decreto supremo que establezca metas y otras obligaciones asociadas deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300.

Artículo 14. Recurso de reclamación. Sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas serán reclamables ante el Tribunal Ambiental respectivo, por cualquier persona que considere que no se ajustan a esta ley y a la cual causen perjuicio. El plazo para interponer el reclamo será

de treinta días, contado desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial. Los recursos serán conocidos por el tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás.

La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno los efectos del acto impugnado. Artículo 15. De la revisión de las metas y otras obligaciones asociadas. Las metas de reco-

lección y valorización de residuos de los productos prioritarios, así como las demás obligaciones asociadas, deberán ser revisadas como máximo cada cinco años, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento.

Párrafo 3°. De los sistemas de gestión

Artículo 16. Sistemas de gestión. Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor podrán cumplirse a través de un sistema individual o de un sistema colectivo de gestión para cada producto prioritario, según se trate de un único o varios productores.

Los productores acogidos a un sistema colectivo de gestión no podrán invocar dicha circunstancia para eximirse o disminuir su responsabilidad respecto del mismo. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, cada productor responderá en proporción a las metas que le apliquen.

Artículo 17. Sistemas colectivos de gestión. Los productores que deseen cumplir con sus obligaciones de manera colectiva, deberán hacerlo mediante la constitución o incorporación a una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados, la que será responsable ante la autoridad. Dicha persona jurídica tendrá como fin exclusivo la gestión de los residuos de los productos prioritarios, y en ningún caso se entenderá como organización de interés público para los efectos de la ley N° 20.500.

Asimismo, ella deberá estar integrada exclusivamente por productores, salvo que el respectivo decreto supremo permita la integración de distribuidores u otros actores relevantes.

Sin perjuicio de la normativa aplicable a la persona jurídica que se constituya, los estatutos deberán garantizar la incorporación de todo productor del respectivo producto prioritario, en función de criterios objetivos, y la participación equitativa de productores, que aseguren acceso a la información, así como el respeto a la libre competencia. Los estatutos podrán igualmente establecer una remuneración para el o los directores de la persona jurídica que se constituya.

Los productores deberán financiar los costos en que incurra la referida persona jurídica en el cumplimiento de su función, en base a criterios objetivos, tales como la cantidad de productos comercializados en el país y la composición o diseño de tales productos, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario.

En caso que la persona jurídica se extinga, los bienes de la misma pasarán a otro sistema colectivo de gestión, o bien a los productores asociados, según se establezca en los estatutos.

Artículo 18. Obligaciones de los sistemas de gestión. Todo sistema de gestión deberá:

a) Constituir fianza, seguro u otra garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 8° letra c), según lo dispuesto en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas a cada producto prioritario;

b) Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados, municipalidades y/o asociaciones municipales con personalidad jurídica en los términos establecidos en los artículos

20 y 21;

c) Informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas, en los términos establecidos en el respectivo decreto supremo. Dicho informe deberá ser certificado por un auditor externo y contener, al menos, la cantidad de productos prioritarios comercializados en el país el período inmediatamente anterior; una descripción de las actividades realizadas; el costo de la gestión de residuos, en el caso de un sistema individual, y la tarifa correspondiente al costo de la gestión de residuos y su fórmula de cálculo, en el caso de un sistema colectivo; y el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, así como de las obligaciones asociadas, si corresponde.

d) Proporcionar al Ministerio toda información adicional que le sea requerida por éste, referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor.

Artículo 19. Permiso municipal para la utilización de bienes nacionales de uso público. Sin perjuicio de la celebración de un convenio de acuerdo al artículo 21, los sistemas de gestión autorizados podrán solicitar a la municipalidad respectiva un permiso no precario para utilizar veredas, plazas, parques y otros bienes nacionales de uso público para el establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento o de recepción temporal de material segregado.

Los antecedentes para solicitar el permiso, los derechos aplicables y las condiciones de operación serán establecidos mediante ordenanza municipal.

La municipalidad resolverá fundadamente sobre la solicitud presentada si se comprueba que su ejercicio no perjudica el uso principal de los bienes y se ajusta a lo dispuesto en los respectivos decretos supremos, ordenanzas municipales e instrumentos de planificación territorial.

El plazo del permiso no podrá ser inferior a cinco años.

Artículo 20. Convenios con gestores. Los sistemas de gestión sólo podrán contratar con gestores autorizados y registrados.

Para tal efecto, los sistemas colectivos de gestión deberán realizar una licitación abierta, esto es, un procedimiento concursal, mediante el cual el respectivo sistema de gestión realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio de manejo de residuos. Las bases de licitación deberán ser entregadas de manera gratuita a los recicladores de base que manifiesten interés en participar en tal licitación.

Los servicios de recolección y tratamiento deberán ser licitados por separado. En el caso de la recolección, los contratos deberán tener una duración máxima de cinco años.

Los sistemas colectivos de gestión deberán contar con un informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare que en dichas bases no existen reglas que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, debiendo ajustarse las licitaciones a los términos que establezca el citado informe.

Los sistemas de gestión deberán, cuando así lo requieran, solicitar al Ministerio que se les exceptúe de realizar una licitación abierta por razones fundadas, entre ellas, la ausencia o inadmisibilidad de interesados en una licitación abierta; casos de emergencia, urgencia o imprevisto; circunstancias o características del convenio que así lo requieran; y cuando se trate de la contratación de recicladores de base.

Lo establecido en los incisos anteriores no aplicará respecto de aquellos gestores que sean municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica. En dicho caso se regirán por lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 21. Convenios con municipalidades. Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con las municipalidades o asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, destinados a la separación en origen, a la recolección selectiva, al establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento de residuos de productos prioritarios, o a la ejecución de otras acciones que faciliten la implementación de la presente ley en sus comunas.

Artículo 22. Autorización de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión deberán ser autorizados por el Ministerio, para lo cual se deberá presentar un plan de gestión que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) La identificación del o los productores, de su o sus representantes e información de contacto;

b) La identificación de la persona jurídica, copia de sus estatutos e identificación de los asociados, en el caso de un sistema colectivo de gestión;

c) Las reglas y procedimientos, en el caso de un sistema colectivo de gestión, para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema, que garanticen el respeto a las normas para la defensa de la libre competencia;

d) La estimación anual de los productos prioritarios a ser comercializados en el país, promedio de su vida útil y estimación de los residuos a generar en igual período;

e) La estrategia para lograr el cumplimiento de las metas y demás obligaciones asociadas en todo el territorio nacional, incluyendo las instalaciones de almacenamiento;

f) El mecanismo de financiamiento de las operaciones de gestión y copia de la garantía constituida, si corresponde;

g) Los procedimientos de licitación, en el caso de un sistema colectivo de gestión;

h) Los mecanismos de seguimiento y control de funcionamiento de los servicios contratados para el manejo de residuos;

i) Los procedimientos para la recolección y entrega de información al Ministerio;

j) Los sistemas de verificación de cumplimiento del plan, a través de auditorías externas que serán realizadas periódicamente por terceros idóneos debidamente certificados por la Superintendencia, de acuerdo a su ley orgánica. Existirá incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de auditoría y la gestión de residuos.

Dicho plan tendrá por objeto dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley y tendrá una vigencia de 5 años.

Para garantizar el cumplimiento de las normas de defensa de la libre competencia a que se refiere la letra c) de este artículo, será necesario que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emita un informe que declare que en las reglas y procedimientos para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema colectivo de gestión no existen hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia.

El reglamento establecerá el procedimiento, los requisitos y criterios para la autorización de los sistemas de gestión, así como los requisitos de idoneidad de los auditores externos

Los sistemas que sean autorizados serán incorporados por el Ministerio en el registro a que se refiere el artículo 33.

Artículo 23. Renovación de la autorización. La solicitud de renovación de la autorización del sistema de gestión deberá presentarse ante al Ministerio con al menos seis meses de antelación al vencimiento del respectivo plan de gestión. En lo demás se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 24. Actualización del plan de gestión. Toda modificación al plan de gestión deberá ser inmediatamente informada al Ministerio.

Las modificaciones significativas que recaigan sobre los contenidos referidos en las letras b), c), e), f) y g) del artículo 22 requerirán además de la autorización del Ministerio, en los términos establecidos en el reglamento.

Artículo 25. Interpretación administrativa. El Ministerio estará facultado para interpretar administrativamente las disposiciones de los decretos supremos de cada producto prioritario.

Artículo 26.- Prohibición de enajenación de productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión. Se prohíbe la enajenación de productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión y respecto de los cuales se encuentran vigentes las metas y obligaciones asociadas establecidas en los respectivos decretos supremos.

TÍTULO IV

MECANISMOS DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

Artículo 27.- Educación ambiental. El Ministerio diseñará e implementará programas de educación ambiental destinados a transmitir conocimientos y crear conciencia en la comunidad sobre la gestión ambientalmente racional de los residuos.

Artículo 28.- Municipalidades. A fin de colaborar con el adecuado cumplimiento del objeto de la presente ley, las municipalidades:

a) Podrán, de manera individual o asociada, celebrar convenios con sistemas de gestión;

b) Podrán celebrar convenios con recicladores de base;

c) Se pronunciarán fundadamente sobre las solicitudes de los sistemas de gestión respecto a permisos para el establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento en los bienes nacionales de uso público bajo su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, y en conformidad a lo señalado en el artículo 65 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, si correspondiere;

d) Podrán incorporar en sus ordenanzas municipales la obligación de separar los residuos en origen y fomentar el reciclaje;

e) Promoverán la educación ambiental de la población sobre la gestión sustentable de los residuos;

f) Podrán diseñar e implementar estrategias de comunicación y sensibilización; y

g) Podrán diseñar e implementar medidas de prevención en la generación de residuos. Artículo 29.- Del fondo para el reciclaje. El Ministerio contará con un fondo destinado a

financiar estudios para la gestión de residuos, así como para financiar, previo concurso, proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, que sean ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas, y cuyo patrimonio estará integrado por:

a) Los recursos que el Estado reciba por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y de toda contribución o impuesto;

c) Las transferencias que conforme a su presupuesto realicen los gobiernos regionales;

d) Los recursos que para este objeto puedan consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;

e) Los recursos que le asignen otras leyes; y

f) En general, cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.

Para la ejecución del fondo se podrán celebrar convenios con otras entidades públicas. Los recursos que se transfieran a tal efecto no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores.

El reglamento establecerá el procedimiento y los criterios para la asignación de los recursos que considere el fondo.

El reglamento deberá contener, a lo menos, las siguientes materias:

a) Bases y procedimiento de postulación;

b) Evaluación y selección de los proyectos, programas, estudios y acciones;

c) Derechos y obligaciones de los proponentes seleccionados;

d) Entrega de los recursos y procedimientos de control.

e) Criterios que incentiven la inclusión de los recicladores de base;

f) Criterios que permitan priorizar la asignación de recursos a municipalidades que, por razones de localización o disponibilidad presupuestaria, requieren apoyo para participar activamente de los objetivos de la presente ley, o bien que han celebrado convenios con sistemas de gestión.

Artículo 30.- Recicladores de base. Los recicladores de base registrados en conformidad al artículo 33 podrán participar de la gestión de residuos para el cumplimiento de las metas.

Para registrarse, deberán estar debidamente certificados en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267.

Artículo 31.- De las obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Todo distribuidor o comercializador de productos prioritarios cuyas instalaciones tengan una superficie suficiente, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, deberá aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice de parte de los consumidores. La obligación de aceptar la entrega no podrá supeditarse a la venta de un nuevo producto.

Las instalaciones de almacenamiento destinadas a tal efecto no requerirán de una autorización sanitaria adicional a la del mismo establecimiento.

Los distribuidores o comercializadores estarán obligados a entregar a título gratuito a los gestores contratados por el respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos recibidos de los generadores de un producto prioritario.

Artículo 32.- De las obligaciones de los consumidores. Todo consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario al respectivo sistema de gestión, bajo las condiciones básicas establecidas por éstos e informadas a todos los involucrados.

El titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberá, en su respectiva Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, comprometerse a celebrar un convenio con uno o más sistemas de gestión para la entrega de los residuos de productos prioritarios que genere 'en su operación. Dicho compromiso deberá establecerse en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Los reglamentos respectivos establecerán las obligaciones pertinentes para los proyectos que no ingresan al SEIA.

TÍTULO V

SISTEMA DE INFORMACION

Artículo 33.- Registro. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a que se refiere el artículo 70 letra p) de la Ley N° 19.300, contendrá información sobre:

a) Los productores de productos prioritarios;

b) Los sistemas de gestión autorizados;

c) Los distribuidores o comercializadores de productos prioritarios, cuando corresponda;

d) Los gestores autorizados;

e) El cumplimiento de metas de recolección y valorización;

f) Toda otra información que establezca el respectivo reglamento.

El reglamento respectivo establecerá el contenido y funcionamiento de dicho registro, el que deberá asegurar la confidencialidad comercial e industrial.

El Ministerio estará facultado para cobrar un arancel por la inscripción en el registro, con excepción de los recicladores de base. Los ingresos percibidos por este concepto serán destinados al funcionamiento de tal registro.

El Ministerio procurará que la información contenida en el registro sea difundida en un lenguaje inteligible a través de su sitio electrónico.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 34.- Fiscalización y seguimiento. Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones cuyas infracciones se establecen el artículo siguiente. Para tal efecto se regirá, en lo que corresponda, por lo dispuesto en el Título II de su ley orgánica.

Cuando el Ministerio cuente con antecedentes que permitan presumir una infracción, deberá remitir los mismos a la Superintendencia y solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio.

Con el fin de verificar los hechos investigados, la Superintendencia podrá requerir información a gestores de residuos, a sistemas de gestión, a distribuidores o comercializadores, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, a Municipios, entre otros.

Artículo 35.- Infracciones. Constituirán infracciones gravísimas:

a) El no inscribirse en el registro establecido en el artículo 33;

b) El no contar con un sistema de gestión autorizado;

c) El celebrar convenios con gestores en contravención a lo dispuesto en el artículo 20;

d) El no cumplir con las metas de recolección y valorización;

e) El incorporar información falsa en la información proporcionada al Ministerio;

f) El no informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y obligaciones asociadas, en los términos precisados en el respectivo decreto supremo;

g) El enajenar productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión. Constituirán infracciones graves:

a) No contar con la fianza, seguro u otra garantía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 letra a);

b) El no declarar información conforme al artículo 6;

c) El no cumplir con lo dispuesto en el artículo 7;

d) El entregar residuos de productos prioritarios a gestores no autorizados o no registrados, ya sea para su recolección, transporte o tratamiento;

e) El no cumplir con las obligaciones asociadas establecidas en el respectivo decreto supremo;

f) El no cumplir con el requerimiento de información efectuado por la Superintendencia;

g) El no renovar la autorización del sistema de gestión;

h) El efectuar cambios al plan de gestión sin previa autorización, en conformidad al artículo 24.

Constituirán infracciones leves:

a) El no proporcionar al Ministerio la información adicional requerida;

b) El no informar las modificaciones al plan de gestión;

c) El negarse a aceptar residuos y entregarlos al sistema de gestión de manera gratuita, según lo establecido en el artículo 31.

d) El no cumplir con la obligación de informar establecida en el artículo segundo transitorio de la presente ley.

Artículo 36.- Sanciones. Las infracciones gravísimas darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Multa de siete mil a diez mil unidades tributarias anuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente;

b) Prohibición de vender el producto prioritario mientras se mantenga la infracción;

c) Revocación de la autorización al sistema de gestión;

d) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

La multa por la infracción gravísima de la letra d) del artículo anterior se aplicará por cada unidad de medida, según lo que establezca el decreto, por sobre la meta incumplida y ascenderá a un monto de 2 a 10 veces de los costos de la gestión de los residuos, estimado por la Superintendencia en base a la información disponible.

Las infracciones graves darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Multa de tres mil una a siete mil unidades tributarias anuales;

b) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

Las infracciones leves darán lugar a las siguientes sanciones:

a) Amonestación;

b) Multa de una a tres mil unidades tributarias anuales;

c) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.

La Superintendencia aplicará una o más de las sanciones anteriores en conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título III de su ley orgánica.

Artículo 37.- Recursos. En contra de la resolución de la Superintendencia que aplique una sanción, procederán los recursos a que se refiere el Párrafo 4° del Título III de su ley orgánica.

TÍTULO VII

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS.

Artículo 38.- Modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Modifícase la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente párrafo 6 bis, a continuación del artículo 48 bis:

“Párrafo 6 bis

De la certificación, rotulación y etiquetado

Artículo 48 ter.- Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, de acuerdo a los requisitos que establezca el reglamento.

Asimismo, el reglamento deberá determinar el procedimiento al cual se sujetará el otorgamiento de los certificados, rótulos y etiquetas. El Ministerio podrá encomendar a entidades técnicas la verificación del cumplimiento de los requisitos que señale el reglamento. La acreditación, autorización y control de dichas entidades se regirá por lo dispuesto en el reglamento a que hace referencia el artículo 3 letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

La Superintendencia del Medio Ambiente será la encargada defiscalizar el debido cumplimiento de las disposiciones de que trata este artículo.

La infracción de esta normativa será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, encontrándose ésta facultada, además, para revocar el certificado, rótulo o etiqueta como sanción. Sin perjuicio de lo anterior, la falsificación o utilización maliciosa de los certificados, rótulos o etiquetas será sancionada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código Penal.”.

b) Introdúcese la siguiente letra t bis) al artículo 70:

“t bis) Otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, en conformidad a la ley.”.

TÍTULO VIII NORMAS TRANSITORIAS

Artículo primero.- Certificación de recicladores de base. Durante los primeros tres años de vigencia de la presente ley, los recicladores de base podrán registrarse sin contar con la certificación referida en el artículo 29. Transcurrido dicho plazo, y no habiendo acreditado tal requisito ante el Ministerio, caducará su inscripción.

El Ministerio del Medio Ambiente impulsará la creación de un proyecto de competencias laborales destinado a que los recicladores de base adquieran las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para gestionar los residuos de acuerdo a la normativa vigente y permitirles obtener la certificación exigida en el artículo 30.

Artículo segundo.- Obligación de informar. Mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, los productores deberán informar anualmente al Ministerio, a través del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, lo siguiente:

a) Cantidad de productos priorizados comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior;

b) Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas en igual período, y su costo;

c) Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en dicho lapso;

d) Indicación de si la gestión para las actividades de recolección y valorización es individual o colectiva.

Dicha información deberá ser entregada por primera vez en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de la presente ley.

Artículo tercero.- Plazo para dictar reglamentos. Los reglamentos referidos en el artículo 4 inciso segundo y en el artículo 12 inciso primero, deberán evacuarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley.

-o-

Se designó Diputado Informante al señor Daniel Melo Contreras .

-o-

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones que se indican. Durante el Período Legislativo 2010-2014, se celebraron las siguientes sesiones: 11 de

septiembre, 2 y 9 de octubre, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre de 2013; 8 y 15 de enero de 2014, con la asistencia de las diputadas señoras Andrea Molina Oliva , (presidenta), Marisol Turres Figueroa , y de los diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Alfonso De Urresti Longton ; Javier Hernández Hernández ; Roberto León Ramírez ; Rosauro Martínez Labbe ; Fernando Meza Moncada ; Celso Morales Muñoz ; Leopoldo Pérez Lahsen ; David Sandoval Plaza ; Guillermo Teillier del Valle ; Patricio Vallespín López .

Asistió, además, el señor Germán Verdugo Soto , reemplazando aldon Leopoldo Pérez Lahsen .

Concurrieron también la diputada señora Clemira Pacheco Rivas , y los diputados señores

Orlando Vargas Pizarro ; Jorge Sabag Villalobos y Alberto Robles Pantoja .

En el actual Período Legislativo, se han celebrado las sesiones que se indican y con la asistencia que se señala:

Sesiones de fecha 2 de abril; 22 de octubre; 5 y 26 de noviembre; 10, 15 y, 17 de diciembre de 2014, 7 y 14 de enero de 2015, con la asistencia de las diputadas señoras Andrea Molina Oliva y Camila Vallejo Dowling , y de los diputados señores Marcelo Chavez Velásquez ; Joaquín Godoy Ibañez ; Rodriigo González Torres ; Roberto León Ramírez ; Daniel Melo Contreras , (presidente); Celso Morales Muñoz ; Leopoldo Pérez Lahsen ; Jorge Rathgeb Schifferli ; Christian Urizar Muñoz ; David Sandoval Plaza , y Patricio Vallespín López .

Asistieron, además, la diputada señora Marcela Hernando Pérez , y el diputado señor Diego Paulsen Kehr , en reemplazo del señor Jorge Ratgeb Schifferli .

Sala de la Comisión, a 14 de enero de 2015.

(Fdo.): MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS, Abogada Secretaria de la Comisión.”