Labor Parlamentaria

El señor CORNEJO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o de notario.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Antonio Coloma.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 57ª de la presente legislatura, en 14 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 120ª de la presente legislatura, en 26 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor CORNEJO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor COLOMA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o de notario.

Como se expresa en el informe, la iniciativa, que se inició en moción de las senadoras señoras Allende , doña Isabel ; Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y de los senadores señores Espina, don Alberto , y Harboe, don Felipe , tiene por objeto suprimir en nuestro Código Orgánico de Tribunales las normas que impiden que personas que son sordas, ciegas o mudas puedan desempeñar los cargos de juez o de notario. Ello se enmarca en el propósito global de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico aquellos preceptos legales que pugnen con las reglas y principios que consagran la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, permitiendo la plena inclusión y el ejercicio de sus derechos fundamentales por parte de todos los habitantes de la república, dando cumplimiento de este modo a las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Chile en la materia.

El proyecto despachado por el Senado consta de un artículo único que introduce las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

1. Suprime la prohibición para ser jueces a las personas afectadas por sordera, mudez o ceguera, contemplada en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 256.

2. Suprime la prohibición para ser notarios respecto de las personas afectadas por sordera, ceguera o mudez, establecida en el numeral 2° del artículo 465.

La comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó la idea de legislar, pues considera que en esta iniciativa concurrían las mismas razones que se tuvieron a la vista para la aprobación de los proyectos refundidos que eliminan la prohibición para acceder a la carrera judicial a personas afectadas por sordera, mudez o ceguera (Boletines N°s 6576-07- 01 y 9371-07-1), en el sentido de que se permite adecuar nuestro ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de derechos humanos

Agrega que el origen de la discapacidad no está constituido por las limitaciones individuales de cada persona, sino que se encuentra en el hecho de que la sociedad no prevea los medios adecuados ni asegure que las necesidades de tales personas sean consideradas. La exclusión y segregación que ellas sufren no es consecuencia necesaria de su limitación, sino más bien de la forma en que la sociedad ha dado o ha dejado de dar los espacios para su superación. Es esta la que debe acomodar su estructura, respetando la dignidad de quienes son diferentes.

Menciona que nuestro país ha adherido a lo que se denomina como “modelo de derechos humanos para las personas con discapacidad”. Ello significa que el Estado debe procurar remover las barreras que dificultan la participación de dichas personas y crear las medidas de acción afirmativas necesarias para que la persona pueda tener una participación plena y efectiva en la sociedad, permitiendo el disfrute de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales.

Finalmente, menciona que cincuenta años atrás no existían los avances tecnológicos de hoy, que posibilitan que una persona privada de alguno de sus sentidos pueda desarrollarse en los más diversos ámbitos.

Con la misma votación, el proyecto se aprobó en particular.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira .

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, estamos muy contentos de poder discutir y, ojalá, aprobar hoy el proyecto de ley en estudio, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o de notario.

Con ello, estamos dando otro paso más para tener una sociedad más inclusiva y menos discriminadora, al permitir que en lo sucesivo personas con capacidades especiales, en particular personas ciegas, sordas o mudas, desempeñen los cargos de juez o de notario. Recordemos que hasta la fecha dichas personas no pueden ejercer los referidos cargos por una discriminación arbitraria existente en la ley, en razón de sus capacidades especiales, cuestión que está absolutamente prohibida no solo por la Constitución, sino también por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Así, el artículo 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresamente señala la obligación de los Estados parte -dentro de los cuales se encuentra nuestro paísde asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Este proyecto de ley hace justicia y empieza a dar una señal muy poderosa para que las personas que tienen capacidades especiales no sientan que están marginadas de las posibilidades de actuar con plena normalidad en todas las esferas de la vida.

Estoy segura de que con esta iniciativa, nuestro ordenamiento jurídico experimentará un significativo avance en la eliminación de los preceptos legales que pugnan con las reglas y principios que consagran la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, dando cumplimiento, de manera concreta y muy efectiva, a las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Chile en esta materia.

Finalmente, quiero decir que tan importante como legislar al respecto es el hecho de que la implementación de la norma se lleve a cabo de manera eficaz, porque no hay nada peor que crear expectativas y que, luego, la ley pertinente sea letra muerta. La igualdad y la no discriminación arbitraria no solo tienen que estar establecidas en la ley, sino también en la práctica. Ahí existe un desafío muy importante para las personas con capacidades especiales.

Por todo lo anterior, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en la Tabla de la sesión de hoy se señala que inmediatamente después de la Cuenta, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Corporación, la Sala deberá pronunciarse sobre la reclamación de la conducta de la Mesa.

¿Qué sucede? ¿Por qué no se ha seguido el orden establecido? ¿Nos vamos a pronunciar sobre ese punto?

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Señor diputado, esa presentación se retiró, lo cual fue informado a los jefes de Comités en la reunión de las 9.30 horas.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .

El señor ESPEJO.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy se somete a consideración de esta Sala tiene gran importancia y va en la misma dirección del proyecto de ley que aprobamos en la Cámara a fines de enero, originado en dos mociones refundidas, respecto del cual informó la diputada Marisol Turres .

En efecto, mediante ambas iniciativas estamos poniendo término a una discriminación francamente odiosa, cual es decirles a quienes poseen capacidades diferentes que pueden ser abogados y legisladores y, por lo tanto, dar vida a las leyes, pero que están privados de la posibilidad de aplicarlas al caso particular, que es la tarea de los jueces.

El proyecto permite ponernos en línea con las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, y, además, materializar el esfuerzo de inclusión con el que nuestro país se ha comprometido desde hace varios años, que se ha traducido en la dictación de una gran cantidad de cuerpos legales.

Comparto lo planteado en este proyecto, por lo cual lo voy a votar a favor en general. Sin embargo, con el diputado Rincón, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vamos a proponer que vuelva a dicha instancia, toda vez que lo que hace el Senado, a diferencia de lo sancionado en el proyecto que aprobamos en enero, es referirse a uno de los auxiliares de la administración de justicia: los notarios. Al respecto, consideramos que es posible buscar una concordancia o sistematicidad que permita evaluar en qué medida los otros auxiliares de la administración de justicia pueden verse afectados por esta inhabilidad, de manera de tener un proyecto que incorpore a todos quienes hoy son víctimas de esta discriminación odiosa en las tareas auxiliares de la administración de justicia.

En consecuencia, reitero mi voto a favor de la iniciativa, pero vamos a solicitar a la Sala que vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para asegurar que finalmente aprobaremos un proyecto que cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar igualdad ante la ley e inclusión, que es lo que está detrás del espíritu de cada una de las mociones que se han presentado en esta materia.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, las intervenciones anteriores dan fuerza y vigor a la moción que estamos tratando, cuya discusión, en gran medida, podríamos obviar o abreviar.

Este es un proyecto especial y de toda justicia, que nos lleva a pensar, en forma seria y potente, en el país en vías de desarrollo que somos. No hay más que ver nuestra Carta Fundamental, que prohíbe todo tipo de actos que importen algún tipo de discriminación arbitraria, lo cual se consigna en el número 2° de su artículo 19. Ello me da la tranquilidad para aprobar esta iniciativa.

Por otro lado, concuerdo con la opinión del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que el proyecto debe volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Creo que las discriminaciones que existen en este país, no solo en este caso, deben quedar atrás. Mientras mejor hagamos los proyectos, en mejor situación quedarán el país y sus legisladores.

En consecuencia, anuncio mi aprobación a lo que acaba de proponer el diputado Espejo y a esta iniciativa, originada en moción, que, reitero, ha sido fundamental para entender las discriminaciones que en muchos órdenes de cosas tenemos en nuestro país.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, valoro a las autoras de este proyecto de ley, las senadoras señoras Isabel Allende , Carolina Goic y Adriana Muñoz , las cuales, sin duda, han puesto en el tapete, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la discusión sobre una tremenda injusticia.

Debo cumplir varios compromisos relacionados con el motivo de esta discusión.

En primer lugar, ojalá los diputados presentes podamos hablar lento. Se trata de una petición formulada por las personas que están haciendo la traducción en lengua de señas, quienes nos pidieron que utilizáramos un lenguaje más amable y habláramos con mayor lentitud, de modo que, a su vez, ellas puedan desarrollar una buena traducción.

Creo que gran parte del país desconoce que las personas sordas, ciegas o mudas que se desempeñan como abogados -quienes, por cierto, enfrentaron un nivel de exigencia tremendo en la universidad-, hoy no pueden ejercer como juez o notario. Eso es una injusticia. Como conversaba con el diputado Arriagada hace un minuto, esta misma situación se debe repetir en ministerios o instituciones, pero no nos hemos dado cuenta de ello.

Por eso, junto con el diputado Arriagada , en la Comisión de Desarrollo Social de nuestra Corporación vamos a proponer que se revise lo que ocurre en diferentes instituciones. Al respecto, me pregunto si existirá este tipo de complicaciones, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda o en otras instancias.

Asimismo, es necesario rescatar el trabajo realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, donde se analizó en profundidad la legislación sobre la materia. A partir de tal estudio, esperamos incorporar modificaciones que permitan a las personas con capacidades especiales acceder al goce pleno de sus derechos, de manera que también puedan aportar al país su experiencia y capacidad.

Nos alegra mucho la tramitación del proyecto de ley en discusión, originado en moción de las referidas señoras senadoras, así como todas las indicaciones que se puedan incorporar para mejorarlo.

Con todo, espero que hoy aprobemos la iniciativa en general para dar una señal sobre lo importante que es para nosotros esta materia. En tal sentido, pido se fije un plazo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -dicha instancia debe conocer una inmensa variedad de iniciativas de ley para que revise y mejore el proyecto en su segundo trámite reglamentario, de manera que a la brevedad se convierta en ley de la república y, de esa manera, se ponga fin a la injusticia descrita.

Por último, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto de ley. He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola.

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, valoro esta iniciativa, originada en moción.

Ciertamente, valoro que discutamos cuestiones de este tipo y que se presenten proyectos como este, que contribuyan al proceso que muchos impulsamos para terminar con diferentes formas de discriminación que afectan a las personas con capacidades especiales. En tal sentido, la supresión de la prohibición contenida en el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, para que personas afectadas por sordera, mudez o ceguera puedan ser jueces, es un paso fundamental para avanzar en dicho camino.

Señor Presidente, deseo recordar que hoy existen leyes, lamentablemente aún vigentes, que establecen otro tipo de discriminaciones que afectan a las personas con capacidades especiales, como la ley publicada en 1987, durante la dictadura, que establece normas sobre “deficientes mentales”. Lo digo así porque considero lamentable que todavía existan leyes vigentes, como la indicada, que se refieran de esa forma respecto de las personas con capacidades especiales. La ley en comento permite que los empleadores determinen si les pagan o no una remuneración a sus trabajadores con capacidades especiales. Este tipo de cosas son absolutamente impresentables e inaceptables.

Por eso, este proyecto de ley, que modifica el Código Orgánico de Tribunales para que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o de notario, es un tremendo avance. La barrera que eliminaremos no se condice con la realidad de personas ciegas, sordas o mudas, ya que estas, gracias a los avances tecnológicos y al conjunto de herramientas que utilizan, perfectamente pueden enfrentar todo tipo de desafíos, desempeñarse en cualquier ámbito laboral y tomar sus decisiones.

Frente a esto, para que la justicia le haga honor al hecho de ser justa, debe ser inclusiva, en su amplio alcance, también respecto de quienes tienen la responsabilidad de impartirla.

Como dije, considero que la normativa vigente es completa y profundamente injusta, pues establece una discriminación arbitraria que solo se entiende debido a que en nuestra legislación perviven normas desactualizadas, añejas y, por lo mismo, inaplicables, entre ellas -vuelvo a destacarla-, la ley que establece normas sobre “deficientes mentales”, la que no permite a esas personas acceder a los mismos derechos laborales de que gozan todos los demás trabajadores del país.

Por eso, quiero destacar que varios diputados presentamos un proyecto de ley para que las personas con capacidades especiales puedan acceder, sin discriminación, a los mismos derechos laborales y en materia de remuneraciones que cualquier trabajador de este país.

Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable a la moción -me parece importante su tramitación-, que ojalá sea aprobada por la Cámara.

Como punto aparte, porque no tiene relación con el tema en discusión, no puedo dejar de opinar sobre la situación con que nos encontramos al llegar, hoy por la mañana, a la Cámara de Diputados. Puede que parezca una cuestión trivial, pero en verdad no lo es si pensamos en hacer de esta Corporación una institución más inclusiva y abierta, y en que se entreguen a nuestros asesores las condiciones adecuadas para que desempeñen sus funciones.

No entiendo -por eso quiero manifestar mi disgusto la medida de cerrar aún más las puertas del pasillo de ingreso a la Cámara de Diputados. Tal decisión dificulta tanto la labor de nuestros asesores como la de los trabajadores de las comunicaciones, quienes cumplen un rol fundamental.

Insisto, la medida es inentendible, por lo cual espero que sea reconsiderada. Se lo planteo a la Mesa, de la cual espero recibir, ojalá, una explicación.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Entiendo que la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana tiene su jefe, quien espero comunique a sus diputados los acuerdos que se han adoptado al respecto.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, no hay duda de que este es un proyecto de ley extremadamente positivo, que no hace sino cumplir con tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, que establece que todas las leyes y reglamentos que impliquen discriminación contra las personas con discapacidad deben ser derogados, y que los estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para quienes adquieran una discapacidad durante el ejercicio de su empleo. En suma, nuestra legislación debe derogar toda norma que atente contra los derechos de las personas con discapacidad.

Desde ese punto de vista, nos alegramos de que Chile cumpla con tratados internacionales ratificados y vigentes, pero lamentamos que el país siempre vaya un tanto atrasado en su aplicación.

La derogación de algunas normas del Código Orgánico de Tribunales que propone el proyecto en estudio responde precisamente al hecho de que nuestra sociedad ha avanzado enormemente en el respeto hacia las personas con discapacidad. Ellas tienen derechos iguales a los de todas las demás personas. Debemos tener en cuenta que en el caso que nos ocupa, se trata de personas que estudiaron en la universidad y obtuvieron el título profesional de abogado, por lo cual se encuentran habilitadas para postular a los cargos de juez o de notario. En efecto, quienes, a pesar de su discapacidad, han logrado obtener el título de abogado, deben tener la posibilidad de postular y, en caso de vencer en dicha postulación, ejercer esos cargos.

A muchos ciudadanos les puede parecer extraño que establezcamos que una persona ciega, sorda o muda pueda ocupar el cargo de juez o de notario. Al respecto, debemos considerar que, gracias al empleo de sus otros sentidos, personas con discapacidad pueden desempeñarse perfectamente en esos cargos.

También hay que considerar que la no discriminación no implica una preferencia, sino que se trata de que las personas con alguna discapacidad estén en igualdad de condiciones con el resto cuando postulen a un cargo.

Reitero, una persona, a pesar de su discapacidad, puede ejercer plenamente el cargo de juez o de notario.

La aprobación de este proyecto de ley, que apunta a la no discriminación, nos dignifica. El único requisito que se establece para desempeñar esos cargos es tener el título de abogado. Las personas a las que se refiere este proyecto demuestran que su condición no les impidió adquirir una profesión que los habilita para postular a esos cargos.

Por las razones expuestas, apoyaré este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .

La señora RUBILAR (doña Karla).-

Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones para las senadoras autoras de este proyecto de ley. Se trata de una gran iniciativa y constituye uno de los intentos legislativos que queríamos lograr.

Me produce mucha satisfacción que en el Senado se haya aprobado esta iniciativa y que hoy se debata en la Cámara de Diputados, lo que, a mi juicio, hace que tenga muchas posibilidades de convertirse prontamente en ley de la república.

Estudios señalan que cerca del 12 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, y de ellos solo el 6 por ciento cursa estudios superiores.

La forma de aumentar la inclusión en estudios superiores de personas con discapacidad fue objeto de análisis de las académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile señoras María Soledad Zuzulich , Consuelo Achiardi , Ana María Hojas y María Rosa Lissi , quienes detectaron dos importantes problemas. En primer lugar, se dieron cuenta de que los recursos eran una limitación importante para acceder a la educación superior. En ese sentido, los recursos que entrega Senadis son insuficientes, por lo que el Ministerio de Educación debe tomar un rol mucho más activo para lograr la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior.

En segundo lugar, constataron que no hay suficientes alumnos, lo cual se debe a que existen muchas dificultades para ingresar a la educación terciaria.

Me quiero detener en este punto. Si hoy eliminamos la inhabilidad para que personas con discapacidad puedan ser notarios o jueces, ello responde al hecho de que algunas de ellas cursaron estudios superiores y obtuvieron su título de abogado. Sin embargo, la realidad indica que el sistema de admisión a las universidades es claramente discriminatorio, y, como muy bien lo señalan las referidas académicas de la Universidad Católica de Chile -varios de nosotros lo hemos dicho durante muchos años-, la PSU no es un mecanismo que permita la inclusión. No existe una PSU en sistema Braille o en mecanismos tecnológicos para que personas con discapacidad puedan postular a las universidades. Tampoco existe una admisión especial que no sea discriminatoria.

Algunas universidades simplemente dicen que no les interesa este tema y ni siquiera se cuestionan tener alumnos con alguna discapacidad. Otras -como señalan las académicas aludidas solo aceptan el ingreso de alumnos ciegos o con discapacidad visual. Otras los aceptan, pero solo en ciertas carreras, como si la discapacidad solo permitiera estudiar -lo hemos dicho desde hace muchos años carreras humanísticas. Para dichas instituciones de educación superior, las personas con discapacidad no pueden estudiar ciencias, lo que es claramente discriminatorio.

Aplaudo este proyecto de ley, que espero podamos mejorar en la Cámara de Diputados, y aprovecho la oportunidad para pedir que el gobierno tome un rol más activo con miras a cambiar el sistema de admisión universitaria. En el marco de la actual discusión de los temas educacionales, el Gobierno, junto con el Consejo de Rectores, debe hacer un esfuerzo por lograr una PSU muchísimo más inclusiva. También es necesario que dicho organismo de coordinación de la labor universitaria tome ciertas decisiones para cambiar el actual sistema de admisión a las universidades.

Celebramos el hecho de que cuando este proyecto se convierta en ley, tendremos notarios y jueces con discapacidad, pero queremos que el día de mañana celebremos que muchísimas otras personas puedan ingresar a diversas áreas en las cuales hoy se les impide el acceso. Esta no es materia de moción parlamentaria, por lo que el Ejecutivo debe realizar esta modificación.

En los próximos meses esperamos celebrar este cambio de fondo, que debe ser acompañado de la creación de la subsecretaría de la discapacidad, que entendemos es una de las motivaciones de este gobierno.

Esa es la preocupación que tiene Amplitud respecto de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, este proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, versa sobre una materia que ya fue discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, a través de un proyecto, originado en moción, cuyo autor es el diputado Sergio Espejo , del cual soy uno de sus coautores, junto con los diputados René Saffirio y Ricardo Rincón , entre otros.

Esa moción deroga las prohibiciones e inhabilidades contempladas en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, referidas a la sordera, a la mudez y a la ceguera, toda vez que está absolutamente demostrado que ninguna de esas discapacidades constituye un impedimento para ejercer la profesión de abogado. De hecho, hay muchos abogados que ejercen su profesión a pesar de encontrarse afectados por alguna de esas discapacidades, por lo que pueden cumplir el rol de jueces o de notarios, en este último caso, gracias a la modificación propuesta en el proyecto en estudio al numeral 2° del artículo 465 del Código Orgánico de Tribunales.

En mi opinión, sería importante tener un solo proyecto de ley en esta materia. Sé que ambos están en trámites constitucionales distintos, por lo que no se puede pedir que se refunda el proyecto en discusión con el aprobado por la Cámara de Diputados. Quizá sería bueno explorar la posibilidad de que el Ejecutivo presente una indicación sustitutiva a alguno de ellos, que acoja el contenido de las dos mociones.

Por ello, pido que el proyecto vuelva a la comisión a fin de que analicemos más bien un procedimiento que permita resolver lo antes señalado, pues en cuanto al fondo estamos todos de acuerdo con que deben suprimirse las inhabilidades referidas para ser juez o notario. Tanto es así que en su momento –reitero la Cámara ya legisló y se pronunció sobre la materia. Espero que hoy nuevamente -ojalá por unanimidad eliminemos dichas causales o, al menos, aprobemos la idea de legislar, de modo que el proyecto regrese a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que discutamos –insisto un procedimiento que nos permita resguardar la autoría de los diputados que presentamos una iniciativa sobre la misma materia.

El objetivo del proyecto tiene que ver con la dignidad, no solo con la inclusión. Quien ha hecho un tremendo esfuerzo para llegar a la universidad a pesar de sufrir alguna de las discapacidades mencionadas, las cuales generan dificultades, pero no impedimentos, tiene el mérito no solo de haber ingresado a la universidad, sino también de haber estudiado Derecho en profundidad, con responsabilidad, y de haberse titulado de abogado. Cuando ese profesional es discriminado y no puede optar a un cargo para el cual tiene vocación, como el de juez, o no puede ser ministro de fe porque tampoco puede ser notario, no solo se ve afectada la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, sino también algo mucho más profundo, más íntimo, pero que para nosotros, los humanistas, es mucho más importante: la dignidad de la persona.

El proyecto se orienta en un sentido absolutamente correcto. Soy partidario de que aprobemos la idea de legislar, a fin de que la iniciativa sea enviada nuevamente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, antes de que sea votada en particular, de modo de resolver la manera de resguardar la dignidad de los parlamentarios que suscribimos una moción, ya aprobada por la Cámara de Diputados, cuyo fondo versa sobre la misma materia.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito a las autoras y autores del proyecto y celebro la rapidez con que se está tramitando. En pocos meses está finalizando su segundo trámite constitucional, y está muy cerca de ser aprobado y de convertirse en ley. Ello refleja la comprensión transversal de que las normas que la iniciativa suprime y deroga corresponden a una concepción anticuada que discrimina a las personas con capacidades diferentes.

Lo que busca el proyecto es resguardar el principio de igualdad ante la ley, eliminando los preceptos que impiden a personas con capacidades diferentes acceder a la magistratura. Además, es concordante con los tratados internacionales en esta materia, los que reconocen la dignidad de las personas con discapacidad y promueven el goce pleno de sus libertades.

Para empujar la legislación fue necesario que nos enfrentáramos como nunca a la dura realidad de quienes sufren discriminación arbitraria, y que conociéramos casos emblemáticos de distinta índole. Lo positivo es que ello ha servido para visibilizar la diversidad de nuestro país y para generar mayor conciencia respecto de las acciones y situaciones que constituyen un acto discriminatorio. Además, ha permitido instaurar una agenda legislativa pro inclusión, que solo se inició con la ley antidiscriminación o Ley Zamudio , y que continúa con proyectos como el que discutimos.

La iniciativa no soluciona todos los problemas, pero, sin duda, constituye un tremendo paso en la eliminación de las trabas que impiden una mayor inclusión en nuestra sociedad.

Debemos avanzar hacia una institucionalidad que permita la inclusión de personas con capacidades diferentes, lo que requerirá repensar la función misma de las instituciones.

La profundización de la democracia no pasa solo por reformas políticas para fomentar la participación o aumentar la competitividad; también se requieren políticas públicas que promuevan la inclusión de todas las personas en el proceso político y social. Proyectos como este reivindican la labor que cumplimos como legisladores, en términos de corregir situaciones injustas. Pero aún queda mucho por avanzar y, como bien plantearon otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, tenemos tareas pendientes en materia de inclusión escolar en todos los niveles. Por lo tanto, como la presente iniciativa constituye un primer paso, es importante que sigamos avanzando como sociedad.

He dicho.

El señor CARMONA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas .

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, resulta muy satisfactorio discutir un proyecto de ley de la naturaleza y de las características del que hoy tenemos en la Tabla. Felicito a sus autores, porque viene a llenar un vacío muy significativo que ha sido parte del debate durante los últimos años en nuestro país.

Como bien dijeron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la democracia y la inclusión son características de una sociedad moderna. Sin embargo, no basta con crear las condiciones para que ambas sean una realidad; también se requiere eliminar las distintas barreras que existen para que diversos grupos puedan ejercer su acción de manera natural. Para ello, se requiere que el Estado facilite su inclusión y les proporcione igualdad de oportunidades.

Es así como las distintas leyes promovidas en el Parlamento que han apuntado a la inclusión y a considerar la diversidad, por cierto, constituyen elementos significativos que hoy son parte del paisaje de nuestro país.

No obstante, la propia Ley Zamudio , o una ley que tipifique el delito de incitación al odio racial y religioso, no contribuyen a que distintos grupos, que por diferentes motivos no están en igualdad de condiciones para incorporarse a la sociedad o para ejercer diferentes cargos o realizar diversas actividades, sean incluidos y sean parte, de una manera no solo presencial, sino también protagónica, del destino de nuestra patria.

Por ello, la señal que estamos dando al modificar el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas con capacidades diferentes puedan ser nombradas en cargos de juez o de notario es importante no solo para el grupo específico de personas que se verá beneficiado, lo que, por cierto, es significativo, sino también para que en otros ámbitos tengamos un Estado proactivo y un Parlamento con escucha activa, es decir, que no solo sea capaz de mirar, sino también de interpretar lo que la sociedad nos pide.

Anuncio que apoyaremos con mucha fuerza esta iniciativa e impulsaremos que otros proyectos tan importantes como este sean tratados y discutidos a la brevedad. Particularmente, quiero hacer notar la importancia del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, que obviamente vendrá a complementar una serie de iniciativas orientadas a la inclusión, al respeto a la diversidad y al fortalecimiento del sistema democrático.

Por lo expuesto, anuncio que votaremos a favor el proyecto, a fin de generar las condiciones necesarias para debatir los temas de las minorías, de la diversidad y de la inclusión.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, ¿qué problema puede existir en que un abogado, con algún porcentaje de discapacidad que afecte sus sentidos del habla, del oído o de la vista, pero que cumpla con todos los requisitos intelectuales y que, por supuesto, supere las pruebas selectivas, pueda ser magistrado en nuestro país?

¿Por qué prohibimos, como país, el desarrollo de talentos y carreras profesionales a algunos chilenos por el solo hecho de poseer estos mal llamados “impedimentos”?

¿No son las capacidades individuales, las competencias, las habilidades y el espíritu de superación los que deberían valorarse y prevalecer?

Otras sociedades, por cierto, más sensibles que la nuestra al mérito de las personas que a las dificultades que enfrentan, hace muchos años dictaron normas que fomentan la inclusión social. De hecho, en 1750, John Fielding , se convirtió en el primer juez ciego de Inglaterra. Ello, incluso, ocurrió setenta años antes de que Chile tuviera vida independiente. La historia recuerda que aquel juez era capaz de reconocer a cientos de ladrones con tan solo escuchar su voz.

Más cerca de nuestras fronteras, en Perú, desde 2009, y en Brasil, desde 2010, existen jueces no videntes que dictan sentencias todos los días.

En consecuencia, el proyecto de ley que estamos discutiendo es de la mayor relevancia pues elimina impedimentos legales absolutamente obsoletos y excluyentes, que no permiten a cientos de chilenos que padecen de las limitaciones señaladas siquiera soñar con ejercer la función de juez o de notario.

La norma que eliminaremos no tenía ni tiene ningún sentido, porque, además, en la sociedad del conocimiento y la tecnología, con los avances habidos en adaptabilidad para discapacitados, existen numerosas implementos, software y asistentes judiciales que permiten que las discapacidades sean completamente superadas.

En consecuencia, el proyecto se inscribe en la persistente voluntad que tiene Chile de avanzar de forma decidida en entregar mayores niveles de igualdad de oportunidades a todas y todos, independientemente de sus características físicas, raciales, origen social, orientación sexual y otras.

La moción presentada por un grupo de senadores y senadoras -entre quienes se encuentra la actual Presidenta del Senado señora Isabel Allende apunta en el sentido correcto y, al igual que las mociones aprobadas en la Cámara de Diputados, se pone a tono con los compromisos que como país hemos asumido ante las Naciones Unidas para eliminar las barreras que limitan la vida de las personas con capacidades diferentes.

Afortunadamente, en el Senado -espero que así también ocurra en la Cámara comprendieron que esta situación injusta debe cambiar a la brevedad.

Corresponde a la concepción más antigua del derecho y de la sociedad el que sean solo el mérito, el esfuerzo y la superación los verdaderos límites y barreras que cada persona deba superar en la vida. Como sociedad debemos comprender que son los talentos los que hay que impulsar y los que deben prevalecer. En consecuencia, no debemos limitarlos a priori con prohibiciones legales que a esta altura de la historia resultan absurdas.

Ese es el mensaje que nos dio Darío Alfaro , joven no vidente, estudiante de derecho de la Universidad de Chile, que soñaba con ser juez y que decidió luchar por la igualdad de oportunidades frente a lo que él denominó como “ley discriminatoria y un verdadero balde de agua fría para todas las minorías”.

Estoy con la lucha de Darío Alfaro y con la de miles de jóvenes chilenos que tienen alguna dolencia o capacidad diferente. Son minoría, pero no ponen límites a sus sueños y esfuerzos. Por el contrario, confían en que las leyes chilenas los apoyen y no les coloquen trabas o impedimentos.

Por eso, votaré a favor el proyecto en general, tal como lo hará mi bancada y como espero que lo hagan mayoritariamente todos mis colegas en este Hemiciclo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, por fin la voz de las personas con capacidades especiales llega al Parlamento.

Recuerdo que al ser diputado por el distrito 42, que consta de quince comunas, me tocó gestionar la implementación de doce o trece sedes para personas con capacidades especiales.

En la comuna de Machalí tengo un amigo abogado no vidente: Fabián. Esta intervención la hago en su honor.

Las personas con capacidades especiales muchas veces nos dan lecciones de vida, pues en ocasiones por nada nos arruinamos, nos achacamos y nos complicamos. Recuerdo que, en su momento, en el distrito 42 y, en la actualidad, en el distrito 33, conocí personas lindísimas, que nos decían: “¡No nos digan pobrecitos!” Ellos quieren ejercer su derecho a participar, como el resto de los ciudadanos, en las distintas instancias de la sociedad.

Por eso este proyecto es importante, pues muchas personas con capacidades especiales tienen las competencias y las condiciones intelectuales y profesionales para ejercer un cargo como el de juez o de notario. La sociedad tiene una deuda pendiente con el mundo de las personas con capacidades especiales, o de los discapacitados, como otros les llaman. Felizmente, hemos mejorado el trato para con ellos.

Como diputado del distrito 33 y del Partido por la Democracia, anuncio que respaldaremos la iniciativa. Esto debe ser el comienzo para saldar la deuda que tenemos con este mundo. Me parece super importante esta moción de las senadoras Allende , doña Isabel ; Goic, doña Carolina , y Muñoz , doña Adriana , y de los senadores Espina, don Alberto , y Harboe, don Felipe , pues significa un avance en la línea en que he argumentado.

Reitero nuestro respaldo a la iniciativa y espero que la Cámara de Diputados la apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones la diputada señora Jenny Álvarez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 110ª de la presente legislatura, en 6 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora ÁLVAREZ, doña Jenny (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, de origen en una moción de los senadores señores Guido Girardi , Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro , remitido a esta Corporación por el honorable Senado el 22 de julio de 2014, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de “simple”.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 305 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

1. Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: el artículo transitorio.

2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. La comisión compartió el criterio del Senado en cuanto a calificar como normas de rango orgánico constitucional los incisos cuarto y quinto del artículo 192 bis, incorporados por el artículo único del proyecto, por incidir en funciones y atribuciones de las municipalidades.

3. Artículos suprimidos, modificados o nuevos introducidos: no hay.

4. La iniciativa no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda.

5. Indicación rechazada. La Comisión rechazó la indicación presentada en la Sala al artículo único del proyecto, suscrita por los diputados señores Sergio Aguiló Melo , Claudio Arriagada Macaya , Fuad Chahin Valenzuela, Iván Fuentes Castillo, René Manuel García García, Hugo Gutiérrez Gálvez , Sergio Ojeda Uribe , Roberto Poblete Zapata , Jorge Rathgeb Schifferli , René Saffirio Espinoza y Patricio Vallespín López , y de la señora Maya Fernández Allende , para reemplazar el inciso cuarto del artículo 192 bis, por uno del siguiente tenor:

“Con multa de 2 a 5 unidades tributarias mensuales a quien realice el depósito o el traslado conduciendo vehículos motorizados, sin ser propietario. Adicionalmente, se podrá sancionar con la suspensión de la licencia de conductor e inhabilidad para obtenerla hasta por 90 días.”.

Votaron por el rechazo de la indicación la diputada señora Clemira Pacheco y los diputados señores Fernando Meza (Presidente), Iván Norambuena , Leopoldo Pérez y Jorge Sabag . Se abstuvo de votar el diputado señor René Manuel García .

La Comisión estimó que los rangos de multa y de suspensión de licencia susceptibles de aplicar al conductor no dueño, esto es de 2 a 50 unidades tributarias mensuales y de hasta 2 años de suspensión de licencia, son los correctos y mantienen la justa correspondencia con las otras sanciones que considera el proyecto, según se trate del que encarga o ejecuta el acto de tipo infraccional o derechamente delincuencial.

Se indicó que, en la situación que se analiza, bajar el rango de la multa susceptible de aplicar a 5 unidades tributarias y 90 días el plazo de suspensión de licencia, en ambos casos como máximo, no era el apropiado para desincentivar la comisión de este tipo de acciones que tanto mal le provoca a las distintas ciudades de nuestro país -principalmente a las grandes urbes-, no solo desde el punto de vista turístico, sino, también, y lo que es más grave, desde el punto de vista sanitario y ambiental. Se agregó que se han creado verdaderas mafias que, con mayor desenfado que antes, lucran con este tipo ilícito de negocio.

Por último, cabe recordar, que la idea matriz o fundamental del proyecto es desincentivar el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, en vehículos a tracción animal, motorizados o no motorizados, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público, mediante la aplicación de penas pecuniarias, privativas de libertad y accesorias.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que es la comisión técnica en la que se debatió y votó esta iniciativa, y aunque no pude participar en la sesión en que se aprobó el proyecto, invito a todas y todos los colegas a votarlo a favor.

Cabe recordar que ya analizamos esta iniciativa en la Sala, pero debido a que en aquella ocasión se presentó una indicación, fue necesario devolverla a la comisión técnica. En dicha instancia, tal como señaló la diputada Jenny Álvarez en su calidad de informante, la inmensa mayoría de los integrantes estimó que la indicación debía ser rechazada, porque las sanciones que contenía el proyecto, tanto las pecuniarias como las de tipo administrativa, eran consistentes con la idea de servir de freno a prácticas que, ciertamente, atentan contra una vida adecuada y contra la comunidad toda.

Creo que todos hemos sido testigos alguna vez de la existencia de vertederos clandestinos en nuestras ciudades y de cómo se botan basuras, escombros y desechos en cualquier lugar no autorizado. Eso no solo afea el ingreso a las ciudades, que es donde habitualmente ocurren estos hechos -basta con dar una pequeña mirada para darse cuenta de lo que sucede en la periferia de nuestras ciudades, donde se ven numerosos lugares con basura y escombros-, sino que además provoca un daño medioambiental importantísimo, ya que no se hace distinción respecto del tipo de desechos que se depositan.

Esta intención de ir avanzando poco a poco en nuestra legislación para terminar con las bolsas plásticas, por ejemplo, tiene un propósito y un objetivo que se vincula con esa situación, toda vez que se trata de elementos que no se degradan rápidamente, sino que requieren cientos de años para ello. Lo mismo ocurre con las botellas pláticas y con otros desechos que afectan gravemente nuestro medio ambiente y nuestro entorno.

El proyecto mantiene el nivel de las multas en un rango bastante alto, de 2 a 100 unidades tributarias mensuales, y establece que será la autoridad competente la que deberá establecer cuál es, en definitiva, el nivel de la sanción que se aplicará, dentro de ese rango, conforme al mérito de los hechos que se hayan estudiado y acreditado.

También se establecen otras diferencias. El diputado Arriagada nos ayudó mucho en esta materia en su momento, pues nos hizo ver que no es lo mismo mandar a botar basura, residuos o desechos, que trasladar y disponer de los mismos; es decir, ejecutar lo que el otro ordenó. Y no es lo mismo oficiar de chofer que ser el propietario del vehículo que transporta los desechos.

En todo caso, todos esos elementos quedaron debidamente consignados en el texto aprobado por la comisión.

Por otro lado, se invita o más bien se impone a los municipios la obligación de dictar una ordenanza que regule las autorizaciones para el traslado, transporte y depósito de desechos de distinta naturaleza.

Aprobamos y apoyamos esta moción surgida en el Senado porque nos parece razonable a todos aquellos que queremos ver a nuestras ciudades libres, limpias, ordenadas y decentes.

Antes de terminar, quiero reconocer la labor que realizan los municipios en esta materia. Hablo por las municipalidades de Angol, Traiguén , Collipulli , Los Sauces y Cunco , como me recuerda el diputado René Manuel García , porque forman parte del distrito que represento y me consta que en todos ellos se hacen grandes esfuerzos para mantener limpias las ciudades. Pero esos esfuerzos, que involucran cuantiosos recursos y el trabajo de mucha gente, resultan infructuosos a causa de quienes incurren en las conductas que se busca sancionar a través de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque las personas que transgreden la ley, amparadas en la inexistencia de un cuerpo legal que sancione esas prácticas, terminan ensuciando una y otra vez nuestras ciudades y atentando gravemente contra el medio ambiente.

Por esas razones, votaré a favor este proyecto de ley e invito a las y los distinguidos colegas a que hagan exactamente lo mismo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, espero que en esta oportunidad sí aprobemos este proyecto de ley, que tratamos por segunda vez en la Sala, de modo que se transforme pronto en ley de la república, en beneficio del medio ambiente de nuestro país.

Con las modificaciones que se incorporan a la Ley de Tránsito se podrán aplicar multas de entre 2 y 100 unidades tributarias mensuales, entre otros a los propietarios de los vehículos que se utilicen para transportar, trasladar y depositar los desechos en lugares no autorizados, a menos que acrediten que aquellos les fueron tomados sin su conocimiento o sin su autorización. Esta disposición me provoca gran inquietud, porque no veo cómo se podrá probar que el propietario del vehículo no tenía conocimiento de ello. Una persona podría decir que no sabía que le ocuparon el vehículo en circunstancias de que sí sabía, y nadie podrá probar lo contrario, porque sería la palabra de uno contra la del que acusa. El proyecto no señala en ninguna parte cómo probar esa situación. Ese punto me queda como interrogante.

Por otra parte, me parece bien diferenciar las multas que se aplican a quienes son propietarios del vehículo y a quienes no lo son, o las que se aplican al mandante y al ejecutante. También me parece adecuada la diferenciación de las multas según si el vehículo es motorizado o no y, entre estos, si se trata de vehículos a tracción animal o a tracción manual, pues en sectores rurales como los que represento es habitual ver, por ejemplo, bicicletas o triciclos que transportan materiales para botarlos en lugares no autorizados.

Ojalá funcione bien esta iniciativa, pero es claro que para ello se requiere que las municipalidades cumplan adecuadamente sus responsabilidades, en especial la de dictar las ordenanzas que regulen el transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo.

Durante varios años hemos participado en diversas campañas realizadas en las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Melipilla , Talagante, incluso en las zonas rurales, para educar a la gente en estas materias y enseñarle a proteger su entorno, porque la mayoría de las veces es en esos sectores donde se abandonan las basuras. Muchas veces, los desechos son sacados desde centros urbanos y trasladados a vertederos clandestinos ubicados en las zonas rurales. Incluso se paga para que se tiren los desechos o residuos en las quebradas adyacentes a los campos.

El costo que significa para los municipios limpiar todos esos vertederos clandestinos es incalculable; sin embargo, vuelven a aparecer.

Hace unos diez días se publicó un informe sobre la cantidad de vertederos clandestinos y otros lugares no autorizados que se utilizan para depositar residuos. Solo en la Región Metropolitana hay más de cinco mil. Si esa realidad la extrapolamos al resto de las regiones, comprobaremos que terminamos siendo un país basurero, con vertederos en todo el territorio.

Si vamos por una carretera -no en una autopista y miramos hacia los costados, podremos darnos cuenta de esa realidad, por la gran cantidad de veces que veremos vertederos en diferentes lugares. Esa situación nos lleva a que debamos no solo elaborar leyes sancionatorias como la que discutimos, que establece multas de elevadas cantidades, sino también a realizar una campaña ciudadana con los vecinos, en cada una de las comunas, para que a través de las juntas de vecinos se hagan responsables de que en sus zonas no surjan nuevos vertederos clandestinos. En mi opinión, faltó incorporar aquello en el proyecto. Se debería involucrar a los vecinos, a través del municipio, mediante el establecimiento de sanciones, como multas que no sean muy altas, para que asuman una corresponsabilidad en esta materia. Ocurre que muchas personas se hacen las tontas y se desentienden cuando en el terreno de al lado se vierten diferentes desechos y productos; incluso, ese terreno les sirve a esas personas para botar sus propios desechos.

Ojalá más adelante tengamos la capacidad de implementar una política, una campaña o una propuesta para complementar las medidas que establece el proyecto, a fin de que no tengamos más vertederos clandestinos.

Otro asunto que me preocupa es que existen vertederos reconocidos por los propietarios del terreno en que se emplazan. Dichos propietarios no solo autorizan que se depositen elementos perjudiciales para la salud pública, como baterías, neumáticos y otros productos, sin consideración a que el terreno en que se vierten es aledaño a ciudades o está cercano a sectores rurales, sino que también cobran por el referido depósito. Sin embargo, esas personas no advierten que tales desechos contaminan las aguas subterráneas en las zonas rurales, lo que el día de mañana afectará gravemente la mantención del medio ambiente y las producciones agrícolas. Un claro ejemplo de aquello se produce en el sector de Cerrillos, de la comuna de Curacaví, donde los proyectos de agua potable rural están teniendo problemas porque las aguas subterráneas que se extraen para el consumo en las viviendas están contaminadas debido a que los pozos se ubican cerca de vertederos. Por ello es muy importante hacer un análisis de la calidad de las aguas que se extraen de pozos cercanos a depósitos de basura. Y no me refiero solo a los vertederos clandestinos, sino también a los autorizados.

Esa situación no ha sido tratada en el proyecto. Solo se ha abordado lo relativo al establecimiento de multas para quienes transporten basuras hacia vertederos clandestinos, pero no las consecuencias que produce en nuestras zonas la contaminación de las aguas subterráneas debido a la presencia de vertederos.

Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor el proyecto. No obstante, hago presente que como diputados nos queda la deuda de estudiar, desde el punto de vista medioambiental, todas las materias asociadas a la existencia de vertederos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, concuerdo absolutamente con la idea de establecer un mecanismo más eficiente para solucionar el depósito de basuras y residuos en lugares no autorizados, en función de una realidad patente en nuestro país, sobre todo en comunas de cierta ruralidad.

Sin embargo, no se puede dejar de considerar una serie de otros aspectos directamente relacionados.

De acuerdo con la ley orgánica constitucional de Municipalidades, estas tienen como función privativa el servicio del aseo y el ornato; no obstante, enfrentan la falta de ingresos para hacer frente al problema. Por ello, hoy nos vemos enfrentados a la cruel realidad de que los residuos sólidos municipales aún se depositan en instalaciones que no cumplen con la reglamentación vigente y la mayor parte del tiempo son realizadas por personas naturales no autorizadas y en lugares no habilitados.

Por otra parte, es importante hacer hincapié en la extrema urgencia de que las entidades correspondientes de la Administración del Estado se pronuncien sobre la aprobación de un proyecto de ley general de residuos -aún no conocemos su texto final-, en el cual se contemple un financiamiento especial destinado a entregar mayores recursos a los municipios para que lleven a cabo esa gestión.

No basta con prohibir y multar una vez más al ciudadano, sino que es necesario que el Estado, como principal responsable, entregue los mecanismos para que los municipios puedan hacer frente a la realidad actual y financiar mecanismos de retiro y disposición eficientes. Esos mecanismos solo los encontraremos mediante la entrega de mayores recursos por parte del Estado, como principal responsable en la materia, como asimismo dotando a los municipios de más fórmulas de autofinanciamiento para esa gestión. Asimismo, se debe contar con un sistema que subsidie a la población de escasos recursos, que representa a la mayoría y que se encuentra exenta del pago de derechos.

También es necesario recalcar que el contenido y las medidas de sanción que establece el proyecto, como las penas de multas, la suspensión de la licencia de conducir o la inhabilidad para obtenerla, y el retiro de vehículos, se deben coordinar y sistematizar de forma coherente con las medidas sancionatorias que ya existen en el Título X del Código Sanitario que, dicho sea de paso, todavía no se ha actualizado y que contempla sanciones desfasadas de la realidad, así como menciones a organismos ya derogados.

En cuanto a las sanciones penales por el depósito de residuos tóxicos y peligrosos, estas ya se encuentran contempladas en cuerpos legales especiales, como el decreto N° 148, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, y el decreto N° 189, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios.

Por lo tanto, se debe propiciar que las autoridades competentes ejerzan sus funciones fiscalizadoras al respecto, además de respaldar las medidas contempladas en el presente proyecto.

Sin embargo, quiero hacer una observación en un aspecto en el que es preciso tener especial cuidado. Se debe analizar muy bien y precisar el texto del proyecto, por cuanto en su redacción se alude en mayor medida a quien transporte o traslade desechos, en lugar de enfatizar respecto de quien los deposite, ya que eso se traduciría en multas o sanciones a quienes transporten sin siquiera conocer el destino final, lo que raya en ilegalidad y arbitrariedad en el ejercicio de las actividades económicas que requieren y obligan el transporte de desperdicios, porque el hecho ilícito se produce al depositar y no con la mera acción de trasladar o transportar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas .

El señor FARCAS.-

Señor Presidente, este proyecto, que vuelve por segunda vez a la Sala, tiene especial importancia para la vida de las personas, ya que los municipios del país deben contar con las herramientas y los resguardos necesarios para que la ley se cumpla.

La propuesta que hoy se nos hace en segundo trámite constitucional contribuirá, mediante las sanciones que establece, a que el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos disminuya de manera sustantiva. Con ello también contribuiremos a la inmensa labor que realizan los municipios de todo el país, que lamentablemente aun es insuficiente. Particularmente lo es en el sector norponiente de Santiago, donde, por desgracia, se reciben muchos desechos que, en forma clandestina, son transportados durante la noche y depositados en medio de las calles. Esas desafortunadas, ilegales e inaceptables acciones provocan que los vecinos del sector deban hacer frente a diversas dificultades relacionadas con la salud.

Por eso apoyaremos este proyecto. Como dijeron los diputados y diputadas que han hecho uso de la palabra, constituye un paso necesario, pero no suficiente, en el sentido de que tendremos que perfeccionar y entregar otras herramientas a los municipios y también a aquellos que deben hacerse cargo de esta materia.

Lamentablemente, a lo largo del país, han proliferado los basurales clandestinos, que ensucian y dan una señal negativa ante el esfuerzo que las familias hacen para mantener el cuidado y el orden en los distintos barrios de nuestras ciudades.

Es muy importante que las sanciones que establece el proyecto sean aplicadas, que las comuniquemos oportunamente y que los encargados de sancionar lo hagan cada vez con mayor rigor y firmeza. Estas disposiciones tienen la finalidad de proteger a las personas y a nuestros niños y niñas de una serie de factores negativos asociados a los micro basurales, que no solo ensucian y generan disconformidad y desazón, sino que, además, son el potencial generador de problemas en la salud pública, especialmente en el sector norponiente de Santiago.

Si bien es cierto que el proyecto es un avance, debemos seguir trabajando en otras iniciativas complementarias, para que en la misma lógica contribuyamos a solucionar este problema tan importante para las comunas de nuestro país.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, me alegra retomar este proyecto, sobre todo por el hecho de que establece, con herramientas claras y directas, sanciones para aquellos que llevan basura de un lugar a otro, la mayoría de las veces de forma y a zonas clandestinas.

Me sumo a las palabras de la diputada Denise Pascal , quien tiene mucha razón en los planteamientos que ha hecho. Hay muchos sitios eriazos y zonas abandonadas que se utilizan como vertederos clandestinos, pero se hace la vista gorda para no sancionar a los dueños de esos lugares. En definitiva, se hace un negocio en el que lo más limpio es la basura. Esa situación no puede seguir ocurriendo. Se han identificado varios de esos lugares y se están haciendo reconversiones; pero falta mucho por hacer, ya que se trata de territorios grandes.

Sin embargo, ¿qué pasa con los pequeños basurales que existen en diferentes lugares, no solo en la Región Metropolitana? Tanto en el norte como en el sur encontramos pequeños vertederos en la orilla de las carreteras, en donde las restricciones no son las mismas que al interior de las ciudades. Por ejemplo, la exigencia de que deban cerrarse esos terrenos no es la misma que se da al interior de la ciudad. Esa situación queda fuera del proyecto de ley.

Si bien es fundamental apoyar esta iniciativa, deberíamos trabajar en aquellos aspectos que generaron dudas en algunos diputados y que no fueron considerados en el proyecto, con una mirada más profunda. Debemos generar de alguna manera que el Estado y el gobierno dispongan los recursos económicos necesarios para educar a la población en esta materia. Sin recursos económicos eso no se logra, menos aún si son las municipalidades las que deben hacerse responsables de disponer personal para fiscalizar, sancionar y verificar que situaciones como las señaladas no se produzcan.

Por eso, es importante que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tengan a bien votar y aprobar con celeridad el proyecto de ley de fomento al reciclaje. Por nuestra parte, hemos tratado de aprobarlo cuanto antes, de modo que llegue al Senado y se convierta pronto en ley, a fin de que contemos, definitivamente, con una ley de reciclaje en Chile que nos permita tener más herramientas en materia medioambiental.

Sin duda alguna, nuestra bancada apoyará este proyecto de ley. Quedamos con bastantes inquietudes respecto de la situación de aquellos vertederos clandestinos “más pequeños”, de la aplicación de ciertas multas y de la implementación de programas de educación en esta materia.

Invito a las señoras diputadas y a los señores diputados a sentarnos con posterioridad a esta votación, si así les parece, para que sigamos trabajando.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, quiero aclarar que este proyecto de ley sanciona exclusivamente el transporte y la disposición de desechos en aquellos lugares que, mayoritariamente, son bienes nacionales de uso público. Entiéndase, en zonas urbanas, bandejones, veredas, etcétera; o en las zonas de expansión urbana o rural, lechos de ríos, quebradas o caminos rurales.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Transporte, sanitarias y los representantes de los municipios que concurrieron a la comisión, existe un vacío legal. Si bien hay normas que regulan y tipifican los vertederos de acuerdo con el tipo de residuo, dependiendo de si son desechos domiciliarios, industriales, de infraestructura o excedentes de la construcción, desgraciadamente hay inescrupulosos que generan grandes negocios utilizando bienes nacionales de uso público para verter, sin ninguna autorización, todo tipo de desechos.

Como mencionó la diputada informante, se presentó una indicación, la cual fue rechazada porque es difícil distinguir entre el que manda u ordena el traslado de los desechos, el dueño del vehículo y quien lo conduce. En efecto, el rango de la multa de entre 2 y 50 unidades tributarias mensuales se estableció precisamente para que los jueces de policía local puedan discriminar y hacer las salvedades en el caso de las responsabilidades de aquellos que, eventualmente, comentan delitos sancionados en el proyecto de ley, de connotación penal.

Es decir, la iniciativa busca establecer sanciones respecto del transporte y la disposición de desechos, no así respecto de los lugares en donde se depositen.

El proyecto contribuye en aquella área en la que las municipalidades no tienen potestad, cual es la de cobrar el costo de la limpieza a quien incurra en el ilícito. En efecto, son los gobiernos locales, los municipios, los que deben asumir el costo de limpiar permanentemente las ciudades, los caminos y las quebradas de las comunas rurales por razones sanitarias y ambientales.

Por lo expuesto, anuncio que concurriré con mi voto favorable a este proyecto. Ojalá, podamos despacharlo para que se convierta en ley, toda vez que ya fue aprobado por el Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en la edición de ayer del diario El Mercurio se señaló que existen 67 vertederos ilegales y más de 700 micro basurales.

Más allá de la normativa, de las leyes y de que, incluso, existan letreros en distintas partes del país que señalan la prohibición de depositar basura y que se multará al infractor con tres unidades tributarias mensuales, cabe hacer presente lo siguiente. Este proyecto de ley se refiere solo al transporte ilegal de desechos, de basura; pero existe un tema que señalo cada vez que debo fundamentar mi voto en distintos proyectos de ley. Me refiero a la tremenda deuda cultural y educacional que tenemos respecto de la población. En ese sentido, quiero solicitar a la ministra Ximena Rincón , presente en la Sala, que estudie la posibilidad de que el gobierno invierta recursos para efectuar una campaña de difusión de esta materia. No bastan solo las normas. La gente en la calle pregunta: “Para qué sirve hacer estas leyes, si ya existe una norma”. El argumento que se da como respuesta en este caso en particular es que actualmente no se sanciona al que transporta los desechos y los lleva a los micro basurales o vertederos.

Por ello, me sumo a lo señalado por el diputado Leopoldo Pérez , que también integra la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con quien discutimos este proyecto: hay que poner énfasis en la educación, en el aspecto cultural y en realizar grandes campañas de difusión sobre esta realidad.

Vivo en la comuna de Rengo, Sexta Región, donde no solo existen problemas por el arsénico, los herbicidas y los pesticidas, sino también por la enorme contaminación generada por los microbasurales. Con mucha pena, vemos que caminos hermosos en las afueras de los pueblos están prácticamente convertidos en microbasurales.

Por esa razón, este proyecto cobra tremenda importancia y es muy bueno que legislemos sobre el particular. Pero no basta con establecer sanciones duras; debemos educar, difundir e invertir recursos para crear conciencia.

Tenemos una televisión absolutamente irresponsable en nuestro país, que jamás invierte un minuto en cosas como esta que son de interés social y nacional. En consecuencia, si no lo hacen los medios de comunicación masivos, porque no les interesa, porque desean tener un pueblo adormecido, confundido, preocupado de la parafernalia y las telenovelas, el Estado debe invertir en grandes campañas para crear conciencia.

Este problema ocurre a nivel nacional, no solo en Rengo, Machalí o Rancagua , y nos retrata desde el punto de vista educacional y cultural.

El proyecto es muy importante, pues se refiere estrictamente al transporte de desechos, lo que tiene mucha relación con la labor de los municipios.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete .

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, el medio ambiente es, sin duda, la base del bienestar ciudadano; intentar obviarlo puede conducir a desastres realmente importantes.

Vemos a diario que miles de personas luchan, trabajan y enarbolan las banderas del cuidado medioambiental no solo por tener una ética que intenta contribuir decididamente al progreso social y a una mejor calidad de vida, sino porque hoy el cuidado del planeta está en el centro de las preocupaciones ciudadanas.

La protección del medio ambiente constituye la defensa de un bien jurídico indispensable para la civilización. Sin él, no hay especie humana ni cultura alguna que sea posible ni viable. Cuidarlo es un aspecto superlativo de nuestra organización social, y los representantes de las comunidades organizadas, como esta Cámara, debemos impulsar, de forma sustentable en el tiempo, leyes que vayan actualizando y aumentando los cuidados que debemos prodigarle.

A estas alturas de las circunstancias climáticas y medioambientales, no podemos escatimar esfuerzos para ayudar a la preservación del entorno, de la biodiversidad, del cuidado de todo tipo de especies y, por sobre todo, de los ecosistemas al interior del mundo urbano.

Por ello, creo que este proyecto de ley suma protecciones por la vía de incorporar diversas modificaciones a la ley de tránsito, especialmente en el tratamiento y transporte de los desechos hacia vertederos no autorizados, una de las conductas más contaminantes que tenemos como sociedad y que, de paso, revela la falta de cuidado y de educación de la que adolecemos, que debemos comenzar a cambiar.

Por eso, sancionar con cuantiosas multas al que encargue o realice, mediante vehículos o por simple tracción animal, el transporte o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales es un acierto muy importante de este Hemiciclo. Pensamos que esta norma va en la dirección correcta, porque ensuciar con residuos tóxicos lugares donde habitan seres humanos, generalmente vulnerables, es una crueldad manifiesta y un ilícito sanitario que debe ser castigado duramente.

Lo mismo pensamos de la norma que castiga a los reincidentes de las conductas descritas anteriormente con el doble de la multa establecida, a lo que se suma la suspensión de la licencia de conducir por un mínimo de seis meses y hasta por dos años.

Otro aspecto de importancia viene dado por las competencias que se otorgan a las municipalidades para retirar los vehículos y especies que fueran manejados por los infractores y depositar los desechos en los rellenos sanitarios autorizados. El infractor, sea el propietario del vehículo o el que encargue o realice esa tarea, debe pagar la multa correspondiente y los costos asociados al traslado y disposición de la basura, desechos o residuos en que incurra la municipalidad. No podía ser de otra manera.

Lo mismo puede decirse del nuevo artículo 192 quáter que se agrega a la ley de tránsito, que señala que cualquier persona que sorprenda o detecte las conductas de traslado de desechos podrá poner en conocimiento de este hecho a las municipalidades, a Carabineros de Chile o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los antecedentes al Ministerio Público o a los tribunales.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que este proyecto de ley se encamina por buenos pasos, porque, sin duda, sancionar ese tipo de conductas no solo es necesario, sino también justo, y además es imprescindible para la formación cívica medioambiental que nuestro país merece y que nuestras nuevas generaciones están recibiendo a través de los programas curriculares en los colegios.

No queda más que invitar a la aprobación de esta iniciativa.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, sin duda este problema es muy grave y es urgente sacar adelante el proyecto de ley.

Sin embargo, quiero insistir con un tema que no fue resuelto en la comisión, a pesar de que junto a otros diputados formulamos una indicación, que dice relación con una norma establecida en el artículo 192 bis, que sanciona a los conductores de los vehículos.

Creo que esa situación presenta dos problemas: primero, establece una responsabilidad penal objetiva; es decir, ni siquiera se exige que el conductor esté en conocimiento, actúe a sabiendas de que traslada los desechos a un vertedero clandestino. No se incorpora un concepto de esa naturaleza, sino que solo por el hecho de ir conduciendo el vehículo va a tener una sanción penal. Por lo tanto, es una norma de derecho penal con responsabilidad penal objetiva.

Me parece que esa situación es un absurdo; además, esa persona tiene casi nula capacidad de resistirse a la instrucción del propietario del vehículo de conducirlo al lugar del vertedero.

En el inciso anterior, cuando se refiere al propietario del vehículo, el mismo proyecto establece una excusa exculpatoria. Si puede acreditar que el vehículo fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización, ni expresa ni tácita, entonces, no se le sanciona; pero al conductor de ese mismo vehículo no se le permite ninguna excusa exculpatoria.

Por lo tanto, el dueño del vehículo puede decir que lo tomaron sin su permiso, pero el conductor no puede señalar que el dueño del vehículo le dio esa orden y tuvo que cumplirla.

¡No puede! No tiene ninguna excusa y arriesga una multa de 2 a 50 unidades tributarias mensuales; es decir, para los niveles de ingresos de un conductor es una cifra altísima. Además, se le vulnera la garantía constitucional del derecho al trabajo, porque a ese conductor, un profesional de la conducción, se le sanciona con la suspensión de la licencia de conducir e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años. Es decir, para que tenga responsabilidad penal ni siquiera se debe establecer que sabía dónde trasladaba los residuos. Además, no tiene cómo excusarse, tiene una sanción pecuniaria altísima y puede sufrir suspensión o inhabilidad de la licencia de conducir hasta por dos años. ¿A quién? ¡Al más débil, al único que no puede resistirse a cumplir la orden de su empleador!

Entonces, este buen proyecto de ley mantiene un problema gravísimo que debemos corregir. Por eso, solicité votación separada, porque ya no podemos enviar el proyecto a comisión. Además, pediré reserva de constitucionalidad porque, a mi juicio, establece una responsabilidad penal objetiva del conductor y vulnera la garantía constitucional del derecho al trabajo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, apoyaré este proyecto que analizamos en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. En esta instancia se rechazó la única indicación para establecer una sanción de 2 a 5 unidades tributarias mensuales a quien realice el depósito o traslado, conduciendo vehículos motorizados sin ser propietario. Adicionalmente, se podrá sancionar con la suspensión de la licencia de conductor e inhabilidad para obtenerla hasta por 90 días.

Entonces, se mantiene la propuesta de sancionar con presidio, con la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla, el retiro del vehículo y multas de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. También se estipula sancionar al que opere los vertederos, aumentando la sanción en uno o dos grados cuando los desechos sean tóxicos, peligrosos, infecciosos o inflamables. Como agravantes se propone que los imputados protagonicen actos de agresión, obstrucción o entorpecimiento a las tareas de fiscalización, además de dar un plazo de un año a las municipalidades para que dicten una ordenanza que regule las autorizaciones.

Es conveniente apuntar a la situación de los sitios eriazos existentes en la mayoría de las ciudades, ya que su permanencia facilita la creación de vertederos clandestinos y, aunque existe la obligación de los propietarios para cerrarlos, ello no siempre ocurre o los cierres no son los adecuados.

Este tipo de iniciativas, que están inspiradas en propósitos muy loables y ampliamente compartidos, revelan la necesidad de reordenar la institucionalidad de los gobiernos locales, especialmente en las grandes ciudades que están integradas por más de una comuna y que requieren una mejor coordinación para resolver las necesidades de la población, actuando con una visión global en la que se puedan asignar, con un sentido de mayor justicia, las responsabilidades y derechos de cada unidad territorial.

Finalmente, esta ley no resuelve completamente el problema. Necesitamos otorgar más facultades a las intendencias y gobernaciones para fiscalizar los vertederos clandestinos y prevenir este tipo de situaciones que atentan contra el medio ambiente, sobre todo en los sectores rurales, en los que se aprecia cómo botan basura en los caminos, lo que ciertamente empeora el paisaje y la imagen que tiene el mundo rural para el turismo.

También necesitamos más facultades de los municipios y recursos para solucionar el problema de los vertederos. Muchas municipalidades deben enviar la basura a lugares muy alejados, donde existen vertederos que cumplen con las condiciones legales, pero eso resulta muy oneroso para los municipios que no cuentan con recursos para disponer la basura. Por ejemplo, en el caso de la comuna de Cabrero, donde se cerraron los vertederos, se debe enviar la basura a Mulchén, que se encuentra a varios kilómetros de distancia, pero sin que se entreguen recursos a los municipios para que puedan enfrentar esas situaciones.

De manera que el tema que tocamos es solo la punta del iceberg, pero está pendiente avanzar en entregar más recursos a los municipios para que también puedan solucionar el problema de los vertederos ilegales en forma asociativa.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, escuché con mucha atención -como siempre el debate de mis colegas, y quiero corregir dos elementos. Una cuestión es tratar que los vertederos clandestinos no sigan funcionando y no continúen recibiendo desechos, pero otra distinta se refiere a las multas que se aplicarán a los choferes, materia que quiero aclarar al diputado Fuad Chahin y a los demás diputados que se refirieron al tema.

Esta materia también generó un extenso debate cuando se discutió la ley de tránsito. Muchas veces se discutió que, cuando un bus o cualquier vehículo de transporte de pasajeros circulaba con los neumáticos malos, sin luces o con cualquier problema, ese parte siempre debía cursarse al dueño del vehículo, porque el chofer no se puede oponer -como bien se ha señalado en la Sala a la voluntad del empleador ni decirle que no va a hacer su tarea, porque simplemente perderá su trabajo.

En consecuencia, aquí se puede aplicar el mismo principio: no cursar el parte al chofer, sino que la responsabilidad sea del dueño del vehículo, siempre que sepa que su vehículo es utilizado para trasladar desechos. Por lo tanto, se puede aplicar la norma en el mismo sentido. Entonces, si tenemos un poco de paciencia y nos comprometemos para que esto se vote a primera hora de mañana, podemos hacer la corrección necesaria y aludir al artículo correspondiente. De lo contrario, la norma no va a quedar como queremos, para que la ley sirva de verdad.

Si la Sala da la unanimidad, podemos presentar esa indicación -creo que el diputado Fuad Chahin ya sabe cuál es el artículo y la votamos al inicio de la sesión de mañana. Creo que esa alternativa es mejor que aprobar una ley que no favorecerá a las personas.

Respecto de las multas, es indudable que ellas se deben aplicar al que manda a botar la basura, por una razón muy simple: esos desechos tienen dueño, porque alguien los generó y mandó a transportar.

Permítanme enviar un recado.

Coincido con la diputada Denise Pascal respecto de un tema que me preocupa mucho, sobre todo si pretendemos hacer de Chile un país turístico. Debemos comenzar con la educación básica, para que los niños tengan conciencia de lo inconveniente que es votar basura en los caminos.

En la Región de La Araucanía, por novedad, transité por un camino que se construyó entre Ñancul y Pitrufquén , al sur del río Toltén, donde existe un mirador maravilloso; sin embargo, a los pies de ese mirador, debe haber aproximadamente tres toneladas de basura, de botellas plásticas, papeles, etcétera. Es decir, un lugar turístico, que se hizo con mucho esfuerzo y que costó bastantes millones de pesos, para que la gente tenga un lugar de esparcimiento para mirar el volcán y el río, está convertido en un desastre.

Por lo tanto, no importa que aprobemos una ley si las personas no tienen conciencia. Creo que la mejor ley es la conciencia y entregar educación a nuestros niños, para que desde muy pequeños sepan lo que es la ecología y la protección del medio ambiente.

Hace unos días coincidí con otro diputado en Pucón, y comentamos las medidas sobre las bolsas para todo el país. Le señalé que en Pucón eso ya se había hecho y que existía un convenio con los supermercados. Ojalá se copie esa medida, porque constituye un gran avance.

Realmente, creo que una de las buenas labores de la municipalidad -y no tiene por qué hacerlo es recoger la basura de los caminos.

Aprobaré este proyecto de ley, pero solicito formalmente el compromiso del diputado Fuad Chahin respecto de la indicación aludida, para que se vote mañana a primera hora como primer punto y sin discusión. De esa manera resolveríamos las aprensiones que tienen todos los diputados respecto de las multas que se podrían aplicar a los choferes.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, solo quiero señalar que renovamos la indicación que presentamos en la comisión, de manera que se votará la indicación renovada, que fue rechazada en la comisión, lo que resolvería el problema planteado.

Pido que los colegas nos apoyen en la votación.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, lo que acaba de señalar el diputado Fuad Chahin viene a solucionar, en parte, la discusión que se ha desarrollado en la Sala. Al respecto, anuncio que estamos disponibles para ello, de manera que hago un llamado a los demás parlamentarios para que aprueben la iniciativa.

Hoy Chile no puede ufanarse de ser un país libre de contaminación y de que no tenemos problemas respecto de la disposición de basura en distintos lugares. Por ejemplo, todos observamos que las carreteras están llenas de basura, porque se consideran como vertederos. Además, hay personas inescrupulosas que se dedican al transporte de desechos, que dejan en caminos, en lugares abandonados y en sitios eriazos, lo que contamina todas las zonas aledañas.

En las comunas que represento: Angol , Renaico , Collipulli , Ercilla , Lumaco , Traiguén , Los Sauces , Purén y sus respectivos sectores rurales es penoso lo que ocurre con la basura. La gente de los sectores rurales sufre por el actuar de personas inescrupulosas que dejan basura en esos lugares, lo que afecta la calidad de las aguas, de la alimentación de los animales y la calidad de vida de quienes viven en esos sectores.

Por lo tanto, en representación de las comunas de tales características, apoyo esta iniciativa, con las indicaciones y correcciones señaladas, para que resulte un buen proyecto de ley y la sanción por transporte de desechos a vertederos clandestinos y lugares no apropiados sea un realidad en beneficio de nuestro país, en especial de la Región de La Araucanía y la provincia de Malleco, a la que represento.

He dicho.

En votación la indicación renovada de los diputados señores Aguiló , Arriagada , Chahin , Fuentes, García , Gutiérrez, don Hugo ; Ojeda , Poblete , Rathgeb , Saffirio , Vallespín y señora Maya Fernández , para reemplazar el párrafo segundo, que pasa a ser tercero, del inciso primero del artículo 192 bis, que agrega, por uno del siguiente tenor:

“Con multa de 2 a 5 unidades tributarias mensuales a quien realice el depósito o el traslado conduciendo vehículos motorizados, sin ser propietario. Adicionalmente, se podrá sancionar con la suspensión de la licencia de conductor e inhabilidad para obtenerla hasta por 90 días.”.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007, sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de Cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas, del Grupo Mundial del Comercio de Vino, suscrito en Bruselas, Bélgica , el 22 de marzo de 2013.

Diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es la señora Loreto Carvajal .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 86ª de la presente legislatura, en 4 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora CARVAJAL, doña Loreto (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe (Boletín Nº 9419-10), que fuera remitido a la comisión para su análisis y posterior informe.

La idea matriz o fundamental del proyecto es, como su nombre lo indica, aprobar el Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino de 2007, sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos para la Tolerancia del Alcohol, Años de Cosecha, Variedad y Regiones Vinícolas, del Grupo Mundial del Comercio del Vino, suscrito en Bruselas, Bélgica , el 22 de marzo de 2013.

Durante la discusión de este proyecto de acuerdo, la Comisión de Agricultura contó con la colaboración de don Carlos Furche , ministro de Agricultura, y de doña Claudia Carbonell, directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

En términos generales, el señor ministro de Agricultura señaló que este protocolo fue una iniciativa de los denominados países productores de vino del nuevo mundo y apunta a facilitar su comercio, lo que a Chile le convendría por su importante actividad en la exportación de vinos.

Doña Claudia Carbonell contextualizó que estos países productores de vino del nuevo mundo lograron un primer acuerdo relativo al contenido mínimo del etiquetado del vino. Posteriormente, este acuerdo sería ampliado para dar lugar al protocolo en estudio, que consiste en un reconocimiento mutuo en materia de tolerancia respecto de lo señalado en el etiquetado y ciertas características del vino.

Explicó que, en virtud del protocolo, se establece que se tolerará una diferencia de hasta un grado de alcohol respecto de lo señalado en el etiquetado.

Además, se requiere al menos el 75 por ciento de coincidencia en cuanto a la variedad del vino señalada en la etiqueta. Asimismo, se requiere una coincidencia de, al menos, 75 por ciento en cuanto a la región de origen del vino y de 85 por ciento de coincidencia en cuanto al año de cosecha del vino.

Consultada por los diputados presentes, la señora Carbonell aclaró que este tratado no alterará el etiquetado nacional interno ni se perjudicará la competencia interna del sector.

Asimismo, hizo presente que en estos protocolos participan todos los actores del sector, por lo que son acuerdos que cuentan con la aprobación de todos los productores de vino.

En definitiva, luego del debate desarrollado en el seno de la comisión, la unanimidad de las diputadas y diputados presentes, señoras Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda , señores Iván Flores, Christian Urízar y quien habla, llegamos a la convicción de las ventajas que ofrecería para el país y para el sector vitivinícola en particular la adhesión a este tratado.

Es por ello que solicito a esta honorable Sala la aprobación de este proyecto de acuerdo en los términos en que lo hiciera la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, tal como señaló la diputada informante de la Comisión de Agricultura, este es un tratado que propone, a partir de los países productores de vino del nuevo mundo, un sistema de etiquetado común y uniforme que reglamenta el etiquetado de los vinos, en este caso de Chile, que son muchos y que van a los distintos mercados internacionales.

Por lo tanto, a partir de la iniciativa de los productores, de quienes reciben estos vinos y los distintos gobiernos, este tratado debe ser ratificado, lo que significa un paso importante de homogeneización de las condiciones respecto del etiquetado de aquellos vinos que Chile produce y exporta al exterior.

En razón de lo anterior, tal como lo hizo la diputada informante, hago un llamado a aprobar este protocolo, que si bien ya ha sido aprobado por Chile en distintas instancias, debe ser ratificado por el Congreso Nacional.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, con este Protocolo del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino, Chile da un paso importante, puesto que nuestro país es el cuarto productor de vino del mundo, después de España, Italia y Francia, ya que el año pasado desplazó a Australia. Verdaderamente, es un orgullo para nuestro país constatar que nuestro principal embajador en el exterior es el vino.

En 2012, tuve la oportunidad de participar en el encuentro de la APEC, en Rusia, y compartir mesa con los cancilleres de China, Vietnam y otros países.

Cuando me preguntaron de dónde era, les respondí que de Chile. Pues bien, lo único que conocían de Chile era su vino. De modo que este protocolo internacional va a promover nuestros vinos, cuyas exportaciones, desde 1990 a la fecha, han subido de 300 millones de dólares a más de 2.000 millones de dólares.

Además, se promueve la marca o el sello de nuestro país como productor de vinos, pues no solamente exportan las grandes viñas, sino también los pequeños productores, quienes contribuyen a dar a conocer el nombre de Chile.

Por lo tanto, me parece oportuno y necesario que Chile adhiera al protocolo sobre requisitos para el etiquetado del vino.

¡Viva el vino chileno!

He dicho.