Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Cristina Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jorge Tarud Daccarett
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO
- Celso Rene Morales Munoz
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Javier Hernandez Hernandez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Alberto Robles Pantoja
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Juan Luis Castro Gonzalez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Manuel Monsalve Benavides
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Marcos Espinosa Monardes
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Perez Arriagada
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- ANÁLISIS DE TRAMITACIÓN Y ESTADO DE PROYECTO CARDONES-POLPAICO (PROYECTO DE RESOLUCIÓN)
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Christian Erwin Urizar Munoz
- INTERVENCIÓN : Cristina Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Andrea Molina Oliva
- Cristina Girardi Lavin
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Christian Erwin Urizar Munoz
- David Sandoval Plaza
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Alejandro Santana Tirachini
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Romilio Gutierrez Pino
- Gustavo Hasbun Selume
- Issa Farid Kort Garriga
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Roberto Leon Ramirez
- Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- Renzo Aldo Trisotti Martinez
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Cristian Campos Jara
- Javier Hernandez Hernandez
- Alberto Robles Pantoja
- Gabriel Silber Romo
- Christian Erwin Urizar Munoz
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Ximena Hernando Perez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Marcos Espinosa Monardes
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Jose Perez Arriagada
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Alberto Robles Pantoja
- Gabriel Silber Romo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Romilio Gutierrez Pino
- Joaquin Jose Lavin Leon
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Arturo Squella Ovalle
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Javier Hernandez Hernandez
- Jose Ramon Barros Montero
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Romilio Gutierrez Pino
- Gustavo Hasbun Selume
- Celso Rene Morales Munoz
- Felipe Ward Edwards
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 363ª
Sesión 14ª, en miércoles 15 de abril de 2015
(Especial, de 19.33 a 21.33 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y señora Pascal Allende, doña Denise.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.- ASISTENCIA6
II.- APERTURA DE LA SESIÓN9
III.- ACTAS9
IV.- CUENTA9
PERMISO CONSTITUCIONAL9
V.- OBJETO DE LA SESIÓN10
ANÁLISIS DE TRAMITACIÓN Y ESTADO DE PROYECTO CARDONES-POLPAICO (PROYECTO DE RESOLUCIÓN)10
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA41
1. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9766-04)41
2. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9913-05)41
3. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, ÁLVAREZ-SALAMANCA, COLOMA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, KORT, MORALES, NORAMBUENA, ULLOA Y URRUTIA, DON IGNACIO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UNA COMPENSACIÓN EN FAVOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ESTOS ÚLTIMOS “. (BOLETÍN N° 9991-03)42
4. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; LEÓN, PILOWSKY, TRISOTTI Y ULLOA, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.948, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA OTORGAR UN ASCENSO PÓSTUMO DE CARÁCTER HONORÍFICO AL PERSONAL DE LAS RAMAS QUE LAS CONFORMAN”. (BOLETÍN N° 9992-02)44
5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, CAMPOS, HERNÁNDEZ, ROBLES, SILBER Y URÍZAR, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARVAJAL, GIRARDI Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, SANCIONANDO EL PORTE E INGRESO DE ARMAS EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO”. (BOLETÍN N° 9993-25)46
6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y CARVAJAL, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; FARCAS, JARPA, MEZA, PÉREZ, DON JOSÉ; RATHGEB, ROBLES Y SILBER, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA EXIGIR A ESTAS ÚLTIMAS LA ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE ZONAS DE RIESGO O DE EVENTUALES CATÁSTROFES EN LAS COMUNAS, CON PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS DE VECINOS”. (BOLETÍN N° 9994-06)47
7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, COLOMA, GAHONA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; LAVÍN, MACAYA, SQUELLA Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.724, ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS DE INCORPORAR EN SUS SITIOS WEB EL LISTADO DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, EN LOS CASOS Y FORMA QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9995-11)49
8. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HERNÁNDEZ, BARROS, BELLOLIO, GAHONA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, MORALES Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS, ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE INCORPORAR INFORMACIÓN VISIBLE, EN LA FORMA QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9996-09)51
9. OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2779-15-CPR.53
10. OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2800-15-INC.54
11. OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2805-15-INA.54
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Notas:
-De la diputada señora Rubilar
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 15 de abril, para dirigirse a Brasil.
-De la diputada señora Girardi
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 22 de mayo de 2015, para dirigirse a Francia.
-Del diputado señor Tarud
quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 22 de abril de 2015, para dirigirse a Francia, Inglaterra y Arabia Saudita .
2. Comunicaciones:
-Del diputado señor Morales
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 16 de abril de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
-De la diputada señora Sepúlveda
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 15 de abril, por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Del
diputado señor Hernández
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 15 de abril, por impedimento grave.
-Del diputado señor Robles
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 15 de abril, y a la sesión ordinaria del día 16 de abril de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo ,
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 16 de abril de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Del diputado señor Castro
por la cual justifica su inasistencia a la sesión especial de hoy, 15 de abril, por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Comunicación del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que los diputados señores Castro y Melo reemplazarán a la diputada señora Cicardini y al diputado señor Monsalve
respectivamente, en la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en Antofagasta.
-De los jefes de bancada de diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Radical Social Demócrata por la cual informan que el diputado señor Espinosa, don Marcos reemplazará al diputado señor Rincón
en la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna Antofagasta.
Certificado médico
-Otorgado al diputado señor Pérez, don José por el cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 15 y 16 de abril de 2015 por impedimento grave.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo-
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Insunza Gregorio de las Heras, Jorge
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Rivas Sánchez, Gaspar
-Rocafull López, Luis
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrieron, además, el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte, y el ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: El diputado señor Issa Kort Garriga.
-Con impedimento grave: El diputado señor Javier Hernández Hernández.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.33 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 6ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 7ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Jorge Tarud , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, ha solicitado autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 22 de abril de 2015, para dirigirse a Francia, Inglaterra y Arabia Saudita .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ANÁLISIS DE TRAMITACIÓN Y ESTADO DE PROYECTO CARDONES-POLPAICO (PROYECTO DE RESOLUCIÓN)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Esta sesión tiene por objeto analizar la tramitación y el estado en que se encuentra el proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2×500 KV Cardones-Polpaico”, llamado comúnmente “Proyecto Cardones-Polpaico”, que busca conectar las subestaciones eléctricas Cardones , al sur de Copiapó, y Polpaico, al norte de la Región Metropolitana.
Para tal efecto se invitó a los ministros de Energía y del Medio Ambiente, y a las ministras de Salud y de Minería. Ambas secretarias de Estado presentaron debidamente sus excusas.
Se encuentran en las tribunas los alcaldes de las comunas de Puchuncaví, señor Hugo Rojas , y de Zapallar, señor Nicolás Cox ; el concejal y la concejala de la comuna de Limache, señor Juan Carlos Pacheco y señora Cynthia Marín , respectivamente, y otros invitados.
Sean todos muy bienvenidos a esta sesión.
En el tiempo previo, que corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, por su intermedio, primero que todo quiero agradecer la presencia en la Sala de los ministros de Energía y del Medio Ambiente, señores Máximo Pacheco y Pablo Badenier , respectivamente. Por supuesto, esperábamos que las ministras de Minería y de Salud -entendemos que las personeras pueden haber tenido problemas para venir- asistieran a esta sesión para formularles algunas consultas relacionadas con la existencia de pertenencias mineras en el trazado del proyecto y los efectos que producirá en la salud de las personas la generación de ondas electromagnéticas en las torres de alta tensión.
Asimismo, deseo saludar a los alcaldes y concejales y a las comunidades presentes en las tribunas, porque la lucha que han librado durante todos estos meses para ser escuchados es lo que hoy nos tiene a todos los diputados, en forma transversal, en esta instancia.
¿Qué nos motivó a pedir esta sesión especial? El largo trabajo que hemos venido realizando con autoridades y ciudadanos de las diversas comunas que se sienten afectados por el proyecto Cardones-Polpaico, lo que en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del miércoles pasado tuvo su punto de inflexión, pues nos vimos obligados a pedir esta sesión especial básicamente porque no pudimos contar con la presencia de la autoridad invitada en esa oportunidad: el ministro de Energía. Tampoco nos acompañaron el subsecretario ni otra autoridad del ministerio. A esa sesión asistieron comunidades de las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, y creímos que merecían tener la posibilidad de conversar directamente con el ministro de Energía o, en su reemplazo, con algún otro personero.
No estamos en contra del desarrollo, que es importantísimo; tampoco de la carretera eléctrica ni de la posibilidad de que se generen mayores puntos de energía y que esta baje su precio, porque esa materia es tremendamente importante. Hoy necesitamos mayor conectividad energética, desarrollar energías verdes que se puedan conectar y que tengan un menor impacto en el medio ambiente, y disminuir el precio de las cuentas por la prestación del servicio en nuestros hogares, asunto no menor y que afecta a muchas regiones. Para muestra, un botón: el norte de Chile. Pero, sin duda alguna, eso tiene un costo.
Aquí queremos generar las instancias de resguardo en la materia a través de la ley vigente, y también en cuanto a lo que esta exige.
¿En qué consiste el proyecto Cardones-Polpaico? Consiste en una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje (500 kv) en doble circuito y las subestaciones que permiten modificar el nivel de tensión necesaria para su interconexión al Sistema Interconectado Central (SIC). El proyecto se ha concebido como una sola línea eléctrica entre las subestaciones Cardones , en las cercanías de Copiapó, y Polpaico , en Santiago (aproximadamente 753 kilómetros de línea de 500 kv), subdividida en tres partes o lotes.
Las torres tienen entre 20 y 32 pisos de altura, es decir, tres veces el Faro de La Serena.
Los diputados Arturo Squella , Sergio Gahona , quien habla y muchos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se hicieron parte de este trabajo y se sumaron a la petición de esta sesión especial, como la diputada señora Cristina Girardi , hemos estudiado este asunto durante muchos meses junto con los alcaldes y las comunidades involucradas.
En marzo de 2014, el proyecto Cardones-Polpaico ingresó a Estudio de Impacto Ambiental, y en mayo, o sea, hace prácticamente un año, comenzó a sonar fuerte en la Región de Valparaíso, fundamentalmente porque son diez las comunas que afecta: La ligua, Papudo , Zapallar , Puchuncaví , Quintero , Quillota , Limache , Villa Alemana, Olmué y Quilpué , varias de las cuales represento.
Lo insólito de esto es que gran parte de los alcaldes de las comunas afectadas -se trata de la mayor autoridad local- dijeron no estar en conocimiento del proyecto. Ellos manifestaron su absoluto desconocimiento sobre el particular. Por tanto, una vez que tuve la información correspondiente, se las envié inmediatamente.
El 14 de julio de 2014 sostuvimos la primera reunión con el ministro del Medio Ambiente, a la que asistieron autoridades de los municipios de Puchuncaví, Limache , Quilpué y Olmué . En dicha oportunidad, el titular de la cartera entendió la postura de los municipios, que buscaban un cambio en el trazado, y comprometió una reunión con Interchile S.A., empresa mandataria del proyecto. Además, nos dejó claro que el mandante era el Ministerio de Energía; por tanto, con esa cartera había que reunirse.
El 29 de julio del mismo año, el jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía realizó la primera reunión con la comunidad y los dirigentes, instancia en la que por primera vez se manifestó el desacuerdo absoluto con el proyecto.
El 29 de septiembre sostuvimos una reunión con el ministro de Energía, quien se comprometió a analizar la propuesta de cambio de trazado de las comunidades.
El 9 de octubre se realizó, en Limache, una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Energía, alcaldes de la región y equipos técnicos municipales, a la que llegó el subsecretario sin entregar respuesta a ninguna de las interrogantes planteadas en la reunión anterior.
A partir de esa reunión, la idea de judicializar el proyecto se ha hecho cada vez más fuerte.
(Aplausos)
El 21 de noviembre se envió una carta al ministro Peñailillo de parte de todas las comunidades afectadas de la región para que se entendiera la importancia que estaba tomando el asunto. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta a esa carta.
El 15 de diciembre sostuvimos reunión con el ministro de Energía, quien se comprometió a formar una mesa técnica, liderada por él mismo, para trabajar los puntos sensibles del proyecto, de manera de cambiar el trazado o, por lo menos, analizar algunas situaciones que pudieran ser modificables. Además, el personero confirmó que el trazado no pasaría por el embalse Los Aromos. En ese entonces fui enfática en señalar, y así lo corroboran los comunicados de prensa de la época, que seríamos cautelosos respecto del anuncio y que estaríamos muy atentos a su cumplimiento.
La verdad es que el tiempo nos ha dado la razón, ya que el 25 de marzo, en el diario El Mercurio, el ministro de Energía sostuvo: “No habrá cambio de trazado”. El asunto es delicado, porque se trató de un compromiso.
El lunes pasado se señaló en El Mercurio de Santiago que no existen posibilidades de modificar el trazado. Pero esta misma semana ese diario sostiene que el ministro se abre a la posibilidad de efectuar cambios en el trazado, lo cual me parece tremendamente positivo, porque es lo que han buscado las comunidades y los alcaldes, quienes en ningún momento han dicho un no definitivo al proyecto.
(Manifestaciones en las tribunas)
Por lo menos en las reuniones en que hemos participado se han planteado cambios de trazado, y se ha expuesto también sobre la no participación ciudadana, la no información y muchos otros detalles que daré a conocer.
El que estemos celebrando la presente sesión especial es consecuencia de la acción constante de parte de las autoridades de no escuchar, o de escuchar, pero no internalizar, no entender lo que la ciudadanía está pidiendo. Tanto es así, que el lunes recién pasado se presentó ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la solicitud de invalidación del proceso de evaluación del proyecto por la falta de información relevante para evaluarlo. Junto con ello, se hizo una denuncia a la Superintendencia del Medio ambiente por posible ejecución de actividades sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Señor Presidente, por su intermedio, les señalo a los ministros que se encuentran en la Sala que las denuncias presentadas el miércoles pasado en la Comisión de Medio Ambiente son graves y que, como autoridades de Estado y, según la información de que dispongo, mandantes del proyecto a través del Ministerio de Energía, deben hacerse cargo y darles respuestas y soluciones concretas a todos quienes se encuentran muy preocupados por la concreción del proyecto que nos convoca.
Estamos en presencia de un grupo organizado de la ciudadanía que ha hecho un estudio serio; por tanto, no se oponen por oponerse, sino porque este asunto les afecta. La tarea que el Estado debería realizar, cual es fiscalizar que los proyectos se ajusten a la normativa, la terminan haciendo los ciudadanos, como ocurrió con toda la información que se nos hizo llegar. Y lo que es peor: la autoridad central pasa por encima de la autoridad local y de la ciudadanía. No se ha trabajado como querían los alcaldes.
Entre las denuncias más relevantes se encuentran el incumplimiento de la normativa ambiental, la carencia de información esencial y relevante para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, la falta de participación ciudadana; el hecho de que se habría dado -ello, según las denuncias de los ciudadanos- información falsa, por ejemplo, sobre la ruta F-640, en Lliu Lliu, donde se estarían iniciando los trabajos del camino de acceso al sector de las torres. También se denunció que personas ingresaron a los terrenos en forma engañosa, diciendo que estaban haciendo tesis medioambientales.
Existen cartas firmadas por los presidentes de las juntas de vecinos que niegan lo que se presentó en el Servicio de Evaluación Ambiental como participación ciudadana. Hay quienes señalan que la información ahí presentada es falsa, que a ellos no se les hizo ningún taller.
En el SEA, la empresa señaló que en un día hicieron participación ciudadana en cuatro pueblos. Sin embargo, la presidenta de una junta de vecinos de esos pueblos lo desmiente.
Entonces, nos preguntamos: ¿Quién miente?
Según la comunidad, estaríamos en presencia de un proyecto inconsulto, pues afirman que más que participación ciudadana lo que hay es “expropiación ciudadana”. Incluso más, en denuncias se mencionó que habría dineros de por medio.
A lo anterior se suma que descubrieron que debajo de todo el trazado, desde la Región de Atacama hasta Tiltil, hay pertenencias mineras, muchas de la cuales ya están inscritas para ser explotadas, y que detrás de ellas se encuentran importantes empresas de nuestro país.
Entonces, le consulto al ministro de Energía -lamentablemente, la titular de Minería no se encuentra aquí para preguntarle lo mismo- si desconocía esa información. Asimismo, para tener claridad sobre el particular, le pido que me informe si sabía que en el trazado del proyecto había pertenencias mineras.
Las comunidades afectadas se preguntan a quién le queremos llevar la energía, quiénes son los verdaderos beneficiados con este proyecto. Por eso el gobierno debe ser transparente e interceder por el bien común. En este caso, habría que entregar todos los antecedentes.
Según la información que se nos entregó, el ministro de Energía habría estado conversando comuna por comuna y habría llegado a ciertos acuerdos. Eso es lo que queremos saber hoy, dado que muchos alcaldes dijeron que, tras esas reuniones, no se habría llegado a ninguna posibilidad de cambios en el trazado.
¿En qué marco se podrían hacer dichos cambios si el proyecto se encuentra en proceso de calificación ambiental? Al parecer, el ministro se dio cuenta de que se trata de un trazado bastante insensible en algunos lugares. Por eso, sería interesante que hoy pudiéramos saber si en definitiva habrá o no modificaciones en el trazado, y de ser así, cuándo y dónde se harán.
Me interesa que quede claro, tanto para los ministros presentes como para quienes nos escuchan hoy, que la oposición no se refiere al proyecto.
(Manifestaciones en las tribunas)
Todos entendemos la necesidad que tiene Chile en materia de generación de energía. Asimismo, que la provisión de energía es necesaria. Sin embargo, esto no puede hacerse a costa de la afectación de miles de ciudadanos.
Lo que se ha buscado siempre es el cambio del trazado. En este sentido, los habitantes de La Serena -recibimos a representantes de esa ciudad- también se hicieron escuchar.
Por consiguiente, le pregunto al señor ministro: ¿Analizaron esas propuestas de cambio de trazado? En Tiltil hay gente que también ha hecho proposiciones. ¿Las estudiaron?
Hay cosas que de verdad resultan incomprensibles. Por ejemplo, que en Puchuncaví, en el único sector que quedaba para realizar algún tipo de desarrollo turístico, se plantee instalar torres. Eso es un sinsentido, pues se trata de zonas de sacrificio y enormemente afectadas, pues en ellas se han producido derrames de petróleo de la ENAP, aparte de toda la contaminación que han debido soportar durante tantos años.
Nos preguntamos: ¿Los habitantes de Puchuncaví y Quintero son de segunda, de tercera, de cuarta clase? Aún no tenemos respuesta a ello.
El proyecto tiene muchísimos años de vida útil, y numerosas generaciones se verán afectadas con él. ¿Qué hará el Estado en veinte, treinta o cincuenta años? ¿Indemnizará a las personas afectadas o bastará con asumir que se trata de las futuras zonas de sacrificio, como lo son en la actualidad Quintero y Puchuncaví? No queremos que ese valle se convierta en otra zona de sacrificio.
Queremos que se trabaje en conjunto, que se trasparente el proyecto y que este sea un aporte al país, pero no a costa de todos los chilenos. Aprovechemos la actitud proactiva y constructiva de las comunidades, que proponen alternativas de trazado.
Por lo tanto, ministros Pacheco y Badenier , espero que el mensaje que queremos entregar en esta sesión especial sea claro y que adopten las medidas necesarias para direccionar este proyecto en el sentido correcto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo y agradezco la presencia de los ministros de Energía y del Medio Ambiente en esta sesión especial.
Hoy asistimos nuevamente al análisis de un proyecto que vulnera nuestra débil legislación ambiental y a las comunidades que habitan desde la Región de Atacama hasta la Región Metropolitana, las cuales hoy se ven gravemente afectadas por la superposición de los intereses de la industria de transmisión eléctrica por sobre los derechos de las personas y de las comunidades.
Sin duda, este es el principal megaproyecto interregional de transmisión eléctrica de alto voltaje, el cual pretende atravesar la zona costera de las regiones de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso, para llegar hasta la Metropolitana, con una extensión de más de 700 kilómetros de línea, desde la localidad de Cardones, en la Región de Atacama, pasando por Copiapó, Freirina , Vallenar , hasta Polpaico , al norte de la Región Metropolitana.
El objetivo expresado por este proyecto es “Fortalecer el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC), supliendo una carencia de transmisión eléctrica en la parte norte del Sistema Interconectado Central, debido a la congestión que presentan hoy las líneas de transmisión en dicho sector.”.
¡Qué duda cabe de que estamos ante un escenario en el que Chile necesita una matriz energética mucho más abastecida y que satisfaga la creciente demanda energética del país y así poder abaratar los costos de la energía eléctrica, que afectan los bolsillos de muchos chilenos y chilenas.
Pero esta no es la forma de avanzar hacia un sistema interconectado más robusto e independiente, que tenga una mayor potencia instalada.
Hoy asistimos a esta sesión especial con el claro compromiso y la firme esperanza de defender el derecho de las comunidades, de los alcaldes que se han organizado, de los vecinos que no quieren ver intervenido su entorno por un trazado que pasa por predios agrícolas; que altera nuestra naturaleza, nuestra flora y fauna, con torres que van desde los treinta y cinco a los setenta metros de altura.
¿Es justo para muchos habitantes despertarse y ver torres que invaden gran parte de nuestro territorio?
Queremos que en esto se invoque la Constitución, aun cuando dista mucho del anhelo ciudadano de una Carta Fundamental que interprete a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Pero si hoy nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
Acá se están vulnerando seriamente los derechos establecidos en nuestra Carta Fundamental.
(Aplausos)
Hay que agregar -es mi humilde opinión- que la autoridad tampoco ha guardado el debido respeto por los procesos institucionales ambientales, más aún cuando en la Cena Anual de la Energía se anunció con bombos y platillos el apoyo del gobierno al proyecto, aun cuando se encuentra en la fase de evaluación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental, sin obtener todavía la Resolución de Calificación Ambiental que le permita a la empresa titular operar con total propiedad.
La diputada Andrea Molina hizo mención de los derechos mineros. Yo quiero ser mucho más explícita al respecto. Nos parece al menos sospechoso que el trazado eléctrico tenga muchas pertenencias mineras inscritas a su alrededor y que todas sean de empresas ligadas al Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC SIC), que justamente es el mandante del proyecto.
En consecuencia, se requiere revisar y ser enérgicos ante este tipo de prácticas, porque lo que no puede ocurrir es que, haciendo un uso abusivo de la legislación existente, hoy las empresas tomen posesión a través de pertenencias mineras, pensando en la especulación y en la utilización para otros fines.
Por eso, solicito que los ministros aquí presentes adopten medidas concretas y claras para evitar, de una vez por todas, que el poder y la influencia del dinero pasen por encima de nuestros territorios y de sus comunidades.
(Aplausos)
Le pedimos al gobierno que realice un verdadero ordenamiento territorial para que el ingreso y el emprendimiento de proyectos eléctricos dejen de ser una iniciativa de privados, sin priorización y planificación estatal, con el fin de evitar que una vez más se pase por encima de los derechos de los ciudadanos.
(Aplausos)
Por último, les pedimos a los ministros que nos acompañan que reconozcan que este proyecto tiene vicios de legalidad, que ejerzan las acciones correspondientes y, en consecuencia, se haga exigible un estudio de impacto ambiental con una participación real de las comunidades, pero, sobre todo, con pleno respeto al desarrollo local de cada una de nuestras comunidades intervenidas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, hago uso de la palabra en esta instancia con el fin de abordar la delicada situación que se ha generado con el proyecto de expansión eléctrica Cardones-Polpaico, especialmente en lo que hace referencia a la intervención de dicho proyecto en el territorio de la Región de Coquimbo, que abarca una gran superficie y que afecta a poblados rurales, como Algarrobito, Altovalsol , Santa Elisa , Loreto y El Romero, y a otros pueblos del Elqui.
Quiero poner especial énfasis en las consecuencias que este megaproyecto conllevaría para dichas poblaciones en materias de salud, principalmente en niños y de adultos mayores, como así también en el turismo, el medio ambiente y el bienestar social de las comunidades.
Como es de público conocimiento, la expansión eléctrica Cardones-Polpaico comprende un proyecto interregional.
Repetiré la explicación del proyecto para que a todos les quede claro de qué se trata. Esta expansión eléctrica atraviesa cuatro regiones del país: Atacama , Coquimbo , Valparaíso y Metropolitana, y considera un trayecto original que tiene una extensión aproximada de 700 kilómetros, la cual atraviesa alrededor de veinte comunas e instala estructuras de alta tensión que oscilan entre los cincuenta y ochenta metros de altura, es decir, tres veces el tamaño del faro de La Serena. Cada una de estas completa una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje (500.000 voltios) en doble circuito y las subestaciones que permitirán modificar el nivel de tensión necesario para su conexión al Sistema Interconectado Central (SIC).
Sin duda, los beneficios en materia energética para el país son innegables. No obstante, es nuestra tarea y obligación lograr que esos beneficios puedan expresarse y reflejarse en todo ámbito, sin jamás dejar a un lado a nuestros conciudadanos ni dañar su integridad física o su bienestar.
Tras señalar esto último, señor Presidente, invito al gobierno a escuchar las encarecidas manifestaciones de la ciudadanía y de las comunidades representadas por agrupaciones como el Consejo de Defensa de Pueblos del Elqui (Codepue), que expresan fielmente el sentir y la angustia de miles de pobladores que ven cómo esas intervenciones y sus gigantes torres de alta tensión generarán perjuicios permanentes al sector del turismo, amplia fuente de ingresos para esas localidades, y, más grave aún, los potenciales daños, paulatinos, irreversibles e inevitables que la emisión permanente de radiación electromagnética causará a la salud de las comunidades afectadas.
Es debido principalmente a esto que destacados expertos ya se están pronunciando sobre esta materia, como la Unidad de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, cuyos representantes ya se reunieron con los habitantes del valle de Elqui con la finalidad de advertir sobre los riesgos que generarían esos altos índices de radiación electromagnética, los que, en algunos casos, podrían provocar cáncer, leucemia, tumores infantiles, tumores del sistema nervioso central y linfomas malignos. Además, probablemente también tienen relación con la enfermedad de Hodgkin, cáncer que afecta al tejido linfático concentrado en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado y la médula ósea. Tal como señaló nuestro colega diputado Fernando Meza , ya hay casos comprobados en España, según su propia experiencia.
Como se aprecia, los potenciales perjuicios para la salud de la población y los riesgos debido a la cercanía de esas torres y tendidos eléctricos de alto voltaje con las viviendas de los sectores involucrados nos son advertidos por expertos en el campo de la medicina. Ir en contra de esas advertencias atentaría contra toda ética social y moral.
Por ello, creemos que es tiempo de escuchar a la ciudadanía, más aún cuando esta no se opone a los beneficios energéticos propios del proyecto, sino que lo que pide es la adopción de un nuevo trazado, el cual fue estudiado por las propias comunidades afectadas y por el municipio de La Serena, el que permitirá no alterar ni atentar contra todo lo anteriormente señalado.
También, cabe destacar que el concejo de La Serena, en pleno y en forma unánime, decidió apoyar la protesta de los vecinos del área rural y sumarse a la propuesta de la creación de un nuevo trazado.
(Aplausos)
Como legislador, velo con especial entusiasmo y acojo esa manifestación de la ciudadanía como propia, dado que este proyecto contempla tres tramos.
En lo que respecta a la Región de Coquimbo, en la que se encuentra el distrito que represento, el proyecto la afecta por partida doble, pues contempla el trazado de la línea no solo por zonas de alto impacto turístico, patrimonial y con clara identificación internacional, como el valle del Elqui, lugar que el New York Times declaró, el 19 de enero de este año, como el quinto destino turístico a nivel mundial, prestigio e imagen que no debemos dañar.
Como parte de la ciudadanía de la Región de Coquimbo, solicito a la empresa titular del proyecto y al gobierno, en forma encarecida, que se lleve a cabo el reordenamiento de esa carretera eléctrica, con la finalidad de resguardar los intereses de los chilenos que habitan en la Región de Coquimbo, especialmente los del valle del Elqui, así como de otras hermosas localidades, las que verán mermado su interés turístico e identidad cultural por esta mega obra.
La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile, que en la actualidad ocupa el segundo lugar en materia de crecimiento urbano, debido a su gran calidad de vida, no quiere perder ese sitial, en especial en momentos difíciles de empleo e inversión, problemas que se verían amplificados por este proyecto.
Como autoridades, debemos estar atentos y ser receptivos a las inquietudes de nuestros conciudadanos. Para tal efecto, debemos fiscalizar, requerir información y asegurarnos de que las medidas de mitigación, reparación y compensación para con el medio ambiente y las comunidades se cumplan de manera efectiva, para lo cual el proyecto Cardones-Polpaico debe constituirse en una oportunidad para el desarrollo, no en un foco de conflicto y arbitrariedad que en nada aporta a nuestro país.
(Aplausos)
Para finalizar, quiero señalar que las comunidades del valle del Elqui y sus autoridades quieren dialogar en torno a la solución clara y fecunda de esta controversia, con el objeto de que Chile y sus ciudadanos convivan armónicamente entre su legítima aspiración de crecimiento y desarrollo, y el respeto de su entorno natural, cultural, patrimonial y de salud.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Christian Urízar .
El señor URÍZAR.-
Señor Presidente, junto con saludar a los alcaldes, concejales y dirigentes de organizaciones medioambientales que se encuentran presentes en las tribunas, quiero señalar que el proyecto Cardones-Polpaico ha generado gran inquietud desde hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo la gran cantidad de reuniones que se llevaron a cabo en las comunas de Quilpué, Puchuncaví , Zapallar , Olmué y Limache , entre otras, con el objeto de tratar el problema.
En relación con los problemas que ha generado este proyecto, el 15 de mayo de 2014 oficié al ministro de Energía y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre el estado de la participación ciudadana en este proyecto. El 6 de junio de 2014, el ministro de Energía, señor Máximo Pacheco , me respondió para informar que ese proceso culminaba el 10 de junio, lo cual había sido informado a través de un aviso radial transmitido a través de varias radioemisoras del país, antecedentes que también estaban a disposición de municipios y organizaciones ciudadanas, a fin de que estas pudieran informarse del proyecto.
Por su parte, el 15 de julio de 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental me informó que se había desarrollado un conjunto de actividades de participación ciudadana, como talleres y puerta a puerta, entre otros, los que estuvieron radicados especialmente en las zonas del trazado de la carretera eléctrica. El informe que recibí da cuenta de veintiocho actividades, desarrolladas en diez comunas de la Región de Valparaíso. En este punto quiero detenerme, con la finalidad de plantear algunas consideraciones.
Según lo señalado en el informe, el 14 de mayo de 2014 se llevaron a cabo siete actividades en la comuna de Puchuncaví: en condominio Campomar , Las Melosillas , La Estancilla , El Rincón, San Antonio , Potrerillos. He conversado con alcaldes y concejales respecto de esas actividades, quienes me informaron que no se habían dado cuenta de que se hubiera llevado a cabo ninguna de ellas en la comuna. ¿Alguien piensa que eso puede ser posible?
Situación similar pasó en Ovalle, el 24 de abril de 2014, en donde se habrían efectuado otras ocho actividades. ¿Cómo no se iban a enterar los ciudadanos y los alcaldes de aquello? ¿O acaso ese día jugó la selección chilena? ¿Qué pasó, entonces? Alguien aquí está diciendo algo que no se ajusta a la realidad. Esas actividades simplemente no se realizaron. No existió participación ciudadana. Por eso los vecinos no se enteraron.
Además, quiero decir que se realizó una declaración conjunta el 20 de septiembre de 2014, en la que nos reunimos más de ciento cincuenta personas, entre ellas, alcaldes y concejales. Se la llamó “Declaración de Catapilco”. En la ocasión, nos reunimos con distintas autoridades de las comunas involucradas con la obra, en la que dimos cuenta de la complicada situación que estaban viviendo sus habitantes debido al trazado. Al ministro de Energía se le planteó que de no aclararse la situación, había que judicializar algunos casos. ¿Qué pasó? Que hasta la fecha algunos municipios han tenido que judicializar estas situaciones, y lo han tenido que hacer porque no han visto atendidas sus demandas.
Por otra parte, muchas veces he planteado que el trazado de la obra no puede pasar por el embalse Los Aromos, puesto que, como se pudo comprobar luego de los grandes incendios ocurridos en Valparaíso, es un lugar en el que los aviones cisterna se abastecen de agua para combatir los incendios. Si se ejecutan las obras, el embalse Los Aromos quedará como un arpa, puesto que será cruzado por torres de alta tensión.
¿Qué dijo el ministro Máximo Pacheco en algún momento? Que se revisaría el trazado por Limache o por el embalse Los Aromos . En noviembre del año pasado nos dio esa buena noticia, pero hasta hoy no hay claridad al respecto.
Lo que está sucediendo en este caso es muy confuso. En su momento, el alcalde de Limache manifestó su alegría por el compromiso asumido por parte del ministro de Energía, en términos de que las torres no pasarían por la comuna de Limache.
(Manifestaciones en las tribunas)
Sin embargo, eso no ha sucedido, razón por la que se ha decido judicializar el caso.
(Aplausos en las tribunas)
Hace algunos días, me llegó copia de una carta dirigida al ministro Pacheco de parte de la empresa Interchile, en la cual, entre otras cosas, se señala que la empresa está dispuesta a cambiar el trazado que compromete el embalse Los Aromos, pero no a incluir la adenda, debido a los levantamientos de información ambiental que deben realizarse para oficializar ese cambio. ¿Qué significa eso? Que la empresa Interchile está dispuesta a cambiar el trazado, pero no a cumplir con la legislación medioambiental vigente. En otras palabras, no está dispuesta a pasar por el sistema de ChileCompra.
En consecuencia, hay problemas en relación con este proyecto, los que deben ser aclarados antes de seguir adelante.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ruego a las personas que están en las tribunas mantener el orden y guardar silencio.
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, quiero agradecer a la diputada señora Andrea Molina y al diputado señor Sergio Gahona por haber planteado esta materia en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, agradezco muy profundamente a la comunidad, la que llevó a cabo un trabajo minucioso, exhaustivo y muy responsable respecto de este proyecto.
(Aplausos)
En la sesión respectiva llevada a cabo en esa comisión nos formularon algunos planteamientos, dieron a conocer denuncias, con antecedentes, y nos mostraron algo que me llamó profundamente la atención, aunque a estas alturas eso no me debiera ocurrir, porque lo que está pasando en este caso se está convirtiendo en una práctica normal en el proceso de evaluación de impacto ambiental: la totalidad de las empresas mineras estaban ubicadas justo debajo de las torres. Es decir, es un proyecto -así quedó demostrado por los antecedentes que nos expusieron- hecho a la medida de las empresas. Está diseñado para que ellas abran la puerta y recojan el beneficio.
Además, la comunidad expuso todos los conflictos de intereses que se generan, el nivel de relación entre las empresas y quien presenta el proyecto, y todos los que serán beneficiados por el mismo.
En los últimos años, Chile ha desarrollado una suerte de “promiscuidad”. El Estado, según establece la Constitución, “... está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,...”. Sin embargo, por el contrario, hoy el Estado está al servicio de las empresas.
(Aplausos)
Lo que los vecinos y la comunidad denunciaron en esa ocasión también se planteó en la Comisión Investigadora de Hidroaysén, la cual integré. En dicha instancia había claridad de que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se preocupaba de si el proyecto afectaba o no a las comunidades, al medio ambiente, pues su interés era que el proyecto se aprobara sí o sí, y que finalmente sirviera a los intereses de la empresa.
(Aplausos)
Suscribí y solicité, junto con la diputada Andrea Molina y a otros diputados, que se realizara la presente sesión especial y que, además, se creara una comisión investigadora, porque, por lo menos en lo personal, esta situación me da vergüenza. Me da vergüenza que una práctica que hemos criticado y expuesto reiteradamente se siga realizando de manera absolutamente normal e impune.
¡Nadie paga los costos! Se vulnera y se prostituye la institucionalidad, sin ninguna consecuencia.
(Aplausos)
La comunidad y los vecinos denunciaron no solo que el trazado está hecho a medida, sino que también existen obras que se iniciaron, pese a que el proceso de evaluación no ha concluido. Sin embargo, nadie hace nada ante ello. En Chile, la empresa y el poder económico actúan como dueños del país, y absolutamente todas las instituciones están a su servicio. Si seguimos en esta línea, iremos a la debacle.
Reitero, es vergonzoso como una y otra vez surgen las denuncias de la comunidad respecto de un sistema que permanentemente se vende, se sobrevende y, además, finge demencia. Es decir, la autoridad sabe que esto está ocurriendo y recibe información al respecto; sin embargo, a pesar de que la propia institucionalidad solicita a las empresas antecedentes adicionales y que aclaren las observaciones, y de que estas no responden o entregan información falsa, el proceso de evaluación continua -jamás se interrumpe- y, generalmente, concluye con su aprobación.
Por lo tanto, los diputados que participamos en la pasada sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitamos que se anule el proceso y que se haga lo que corresponde, esto es, que se invalide todo lo que se ha hecho hasta ahora y que, por una vez, hagamos las cosas en serio en este país.
Si decimos que las instituciones deben funcionar, que funcionen de verdad, es decir, con transparencia, sin servir a las empresas y respondiendo al objetivo para el cual fueron diseñadas y creadas por el Parlamento. De lo contrario, todos seremos cómplices. Si no terminamos con esos procesos, todos seremos cómplices.
Por último, quiero dar a conocer una información que se publicó hoy en la prensa, relativa al llamado que realizó la Presidenta de la República a modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a hacer una revisión profunda del mismo. ¡Pido que no solo se lleve a cabo esa revisión profunda, sino que también se hagan las cosas como se debe!
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a las autoridades presentes, los ministros de Energía y del Medio Ambiente, y a las personas que hoy nos acompañan en las tribunas, que vienen de las comunas de Puchuncaví, Zapallar , Limache , La Serena, Olmué y de la zona de Elqui.
En la bancada de Renovación Nacional no hay parlamentarios que representen a las zonas afectadas. En particular, represento otro distrito, pero sí puedo sostener que la situación se repite en distintos lugares del país.
Represento al distrito N° 48, de la Región de La Araucanía, el cual comprende las comunas de Angol, Collipulli , Ercilla , Los Sauces , Lumaco , Purén , Renaico , Traiguén , y puedo afirmar que en ella este tipo de proyectos en matería de energía se está repitiendo. ¿Qué se repite? Que finalmente, señores ministros, por intermedio del señor Presidente, la ley no se cumple. No se consulta a la gente; o se asegura que se consultó, pero, en realidad, ello no se hizo o se realizó en una forma inadecuada.
Lo anterior provoca malestar, frustración y que, finalmente, los ciudadanos sientan que se favorece a unos pocos y no se cumple con lo que la ley exige e impone.
Por su intermedio, señor Presidente, solicito a los señores ministros que hagan cumplir la ley, que defiendan a la gente, a las personas que son afectadas por este tipo de proyectos, a las cuales no se les consulta.
En esta materia hay muchas autoridades que han sido pasadas a llevar, que no han sido consideradas. Hace algunos días, concurrieron a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales varias autoridades, quienes señalaron, con frustración, que habían sido pasadas a llevar. Supuestamente, se realizaron consultas simultáneas en varios lugares, lo cual físicamente es imposible.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, reitero el llamado a los ministros a que hagan cumplir la ley, para que se consulte a la gente y para que estos proyectos, que a ojos de ustedes son beneficiosos, también lo sean para las personas, a quienes, como la ley exige, no se les debe soslayar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .- Señor Presidente, quiero sumarme a las intervenciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra y reiterar el saludo a las comunidades afectadas.
Efectivamente, se ha hecho un trabajo importante, serio y responsable, pues las mismas comunidades afectadas han debido organizarse para poner los puntos sobre la mesa, apoyadas en información y antecedentes relevantes. Ello ha determinado la pertinencia de la presente sesión especial y de realizar una discusión de fondo.
De más está precisar los detalles del proyecto, pues ya se ha mencionado lo relativo a la carretera eléctrica.
A propósito de dicho problema, me interesa volver a formular, por su intermedio, señor Presidente, la misma pregunta que surge siempre respecto de los conflictos medioambientales en nuestro país.
Se han realizado varias sesiones especiales para abordar distintos conflictos medioambientales, por ejemplo, el derrame de petróleo, que significó el sacrificio de un área importante del norte del país y que también en su momento afectó a la zona de Puchuncaví. La pregunta siempre es la misma: ¿Hasta cuándo vamos a mantener una idea errada de desarrollo? Es lamentable que esta idea errada de desarrollo aún perdure. La observamos en nuestro modelo de desarrollo. La idea que funda nuestro modelo de desarrollo es errada, pues seguimos creyendo que lo más importante es cumplir con las metas de crecimiento económico a costa de lo que sea.
(Aplausos)
Hoy, por distintas razones, la lógica, la política de resguardo de los derechos de las personas, de su salud y de protección de la vida y del medio ambiente -por lo demás, se encuentra refrendada por nuestra Constitución- no se condice con nuestra institucionalidad, con nuestro quehacer político, con nuestro comportamiento y, muchas veces, incluso con la voluntad política de nuestras autoridades. Nuevamente, tenemos aquí un problema de fondo.
Quiero insistir en este punto, porque lo hemos señalado ante los ministros del Medio Ambiente y de Energía, en la Comisión de Medio Ambiente y en otras oportunidades.
Al respecto, quiero referirme a un colega geógrafo de bastante importancia a nivel mundial, David Harvey -uno de los geógrafos más respetados del mundo-, quien ha desarrollado una teoría que tiene como base el denominado materialismo histórico-geográfico, considerado como un método de análisis social que pone especial énfasis en los modos de acumulación desigual del capital.
Lo que hay aquí es un país que tiene un modelo de desarrollo reproductor de las desigualdades, relacionadas estas con la acumulación desigual del capital, lo que conlleva la destrucción de los espacios -territorios- que hacen posible esa acumulación desigual y su expresión en distintas formas de organización espacial, principalmente territoriales, geográficas, que es lo que vivimos en todas las áreas y comunidades sometidas a este tipo de conflictos. Se trata de un modelo de desarrollo que tiene como principal motor la empresa privada, en algunos casos las empresas estatales, las trasnacionales y la minería, y que se reproduce en función de esos intereses. Sin embargo, la institucionalidad que tenemos para resguardar los derechos y la salud de las personas, establecidos en nuestra Constitución, no logra anteponerse a esa presión y a esa determinación de los intereses de capital que tienen esas empresas.
Todos los proyectos energéticos tienen como objetivo base, en general, sustentar el desarrollo de la gran minería. Claramente existe una necesidad energética para el consumo doméstico, pero el porcentaje de ese consumo es menor en relación con lo que demanda la gran minería, actividad que además genera un daño ambiental profundamente brutal que afecta la vida de las personas, el desarrollo de las generaciones y la salud de nuestros niños.
En consecuencia, hay una situación que es grave y que no se soluciona simplemente con discursos, como los que nosotros damos porque tenemos bastante claro lo que está ocurriendo, sino con acciones concretas, las cuales deben orientarse en el camino de robustecer nuestra institucionalidad medioambiental. No puede ser que el Ministerio del Medio Ambiente pese lo mismo, o menos, que el Ministerio de Energía o que el Ministerio de Minería. El Ministerio del Medio Ambiente debería estar por sobre esos dos ministerios, toda vez que cuenta con una visión global.
(Aplausos)
Asimismo, la institucionalidad medioambiental, a propósito de lo aquí expresado, debe reconocer la importancia de la participación ciudadana con carácter más vinculante, toda vez que hasta el momento lo que se ha hecho son cuestiones muy testimoniales, son meras instancias consultivas, en las que se hacen observaciones y cuyos procedimientos son bastante cuestionables. En efecto, vemos que comunidades directamente afectadas opinan porque se contaminan las aguas, se instalan torres de alta tensión o se desarrollan proyectos mineros; sin embargo, al final del día no pasa nada con esa opinión.
(Aplausos)
En consecuencia, quiero saludar la creación de la comisión asesora que revisará el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque es una necesidad que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no habrá un nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental si seguimos permitiendo que los estudios sean elaborados por los mismos titulares de las empresas.
(Aplausos)
De ser así, como ellos tienen los recursos, financiarán estudios que en general los beneficien. Por ello, finalmente se aprueban, se otorgan permisos y se emiten resoluciones de calificación ambiental favorables respecto de proyectos que sabemos que están contaminando y que están generando impactos nocivos en la salud de las personas y en el medio ambiente.
Para finalizar, informo que suscribí el proyecto de resolución presentado por la diputada Cristina Girardi , cuyo objetivo es solicitar que el proyecto en cuestión sea suspendido y sometido a una nueva revisión.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Arturo Squella .
El señor SQUELLA.-
Señor Presidente, junto con saludar a los ministros y agradecer su presencia, quiero sumar a la lista de destacadas personas que nos acompañan en las tribunas a alcaldes muy preocupados de la defensa del medio ambiente y de los intereses particularmente de los vecinos de la provincia de Marga-Marga. Me refiero al alcalde de Limache, señor Daniel Morales , y a la alcaldesa de Olmué, señora Macarena Santelices .
(Aplausos)
También nos acompaña el concejal de Villa Alemana Alejandro Gazmuri , quien ha desarrollado una labor importantísima en la defensa de los intereses, no solo de quienes vivimos en la provincia de Marga Marga, sino en general en la Región de Valparaíso. Tal como han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, la situación que abordamos va más allá de nuestra región.
Señor Presidente, por su intermedio deseo decir al ministro de Energía lo siguiente: es muy probable que usted, señor ministro, será la única persona presente en la Sala que hablará a favor del proyecto Cardones-Polpaico.
(Aplausos)
Lo señalo, incluso, sin perjuicio de que el ministro del Medio Ambiente también haga uso de la palabra, pues no se podría entender que este ministro respalde un proyecto que afecta tan sustantivamente el medio ambiente.
(Aplausos)
Suscribo, en términos generales, todo lo que se ha dicho por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, particularmente por quien ha liderado la defensa de los intereses de la Región de Valparaíso. Estoy hablando de la diputada Andrea Molina , en quien veo a una persona verdaderamente comprometida con el trabajo, no solo en función de los ciudadanos que conviven con nosotros, sino también de las nuevas generaciones, de quienes en el futuro también tienen el derecho a gozar del medio ambiente. Eso siempre hay que destacarlo.
Estamos ante un proyecto que atraviesa veinte comunas, comprendidas en diez provincias y en tres regiones; que se inició luego de un llamado a licitación en 2012, que fue adjudicada a Interchile S.A., empresa de capitales colombianos que presentó el estudio de impacto ambiental en marzo de 2014, el que actualmente se encuentra en estudio por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. La empresa está a la espera de la resolución de calificación ambiental que, al parecer, no es más que un mero trámite, pues simplemente se abrió un espacio para que las personas participaran, de modo de hacer un check y señalar, de alguna manera, que las comunidades participaron.
(Aplausos)
Si revisamos las más de 2.500 observaciones hechas a este escuálido y lamentable estudio de impacto ambiental presentado para un importante proyecto, uno se da cuenta de que existen observaciones profundas, particularmente aquellas que dicen relación con la salud. Lamento profundamente que la ministra de Salud no se haya hecho parte de esta importante discusión.
Los señores ministros y La Moneda deben entender lo siguiente: a partir de hoy, le apareció un nuevo frente al proyecto Cardones-Polpaico. No nos confundamos: lo que estamos haciendo en esta sesión no es simplemente un recuento de las dificultades administrativas que tiene el proyecto en el proceso para lograr la resolución de calificación ambiental. Hoy partió un proceso distinto, un proceso político. Con esta sesión especial y con las acciones que vengan a futuro, nosotros, como representantes soberanos del pueblo y de la ciudadanía, particularmente de los vecinos afectados, estamos cuestionando la decisión política que hay detrás de respaldar un proyecto emplazado a través de tres regiones.
He tenido la oportunidad de revisar las bases de licitación y no me cabe en la cabeza, ni entiendo cómo no se hace ni una sola mención al trazado que ocupará este importante proyecto, desde el sector de Cardones hasta Polpaico , en la Región Metropolitana. No se hace más mención de su emplazamiento en el territorio que solo indicar dónde se encuentran las subestaciones.
¡Cómo va a ser entendible para quien revise el mapa del trazado que plantea el proyecto de la empresa Interchile, que se haga un recorrido total y absolutamente fuera de la lógica! Para cualquier persona que entiende o que simplemente aplica el sentido común, lo lógico, desde el punto de vista de generar un menor impacto medioambiental, sería que esta carretera acompañara a trazados donde ya existe un impacto ambiental y donde ya se han implementado medidas de mitigación, que, de alguna manera, podrían ser complementadas por la empresa.
Lo planteo de una manera distinta, respetuosamente a modo de pregunta, porque es evidente que el ministro presente no tuvo participación en esto, toda vez que esta situación nació en 2012 con la redacción de las bases de licitación. No obstante, de aquí en adelante debe cambiar la manera de enfrentar las licitaciones mediante las cuales el Estado llama a participar a los particulares para que se hagan cargo de proyectos de esta envergadura. No puede quedar únicamente al arbitrio económico la decisión sobre cómo y dónde se afectarán las localidades, porque las consecuencias son las que hoy tenemos: gran cantidad de sectores poblados, particularmente en las comunas que me corresponde representar, por donde atravesarán las tremendas torres que alcanzan los 72 metros de altura, con todas las implicancias que ello tiene en materia de turismo, de salud y de tantas otras áreas, a las que muy bien ha hecho referencia la diputada Andrea molina . Esto tiene que cambiar.
Es absurdo pensar, por ejemplo, que si se llama a una licitación para la construcción de una nueva línea del Metro, en la Región Metropolitana o en la Región de Valparaíso, quede al arbitrio de la empresa que participa la decisión de por dónde pasará dicha línea. ¡Eso no puede ser!
Si el Estado entrega esa responsabilidad a particulares, tiene que resguardar el derecho de los demás. En este caso hay una confrontación de bienes jurídicos.
Parte importante de la nueva institucionalidad que Chile tiene para hacerse cargo de los proyectos de gran envergadura tiene que ver con resguardar los derechos de las personas. Nunca debemos disociar la protección del medio ambiente y el respeto por las personas. La institucionalidad no está pensada únicamente para la protección de la flora y fauna, sino también, y principalmente, de las generaciones de nuevos ciudadanos, que tienen el mismo derecho que nosotros de gozar de esas bondades. Debemos entender eso.
Para sorpresa de algunos, hago propias las palabras de la diputada Vallejo cuando puso en cuestionamiento el modelo de desarrollo que tiene únicamente como meta o señal de éxito del crecimiento económico. Desde la bancada totalmente contraria, precisamente creo eso. Si queremos medir el desarrollo del país, en ningún caso los índices que utilicemos pueden estar dados únicamente por el crecimiento económico. El crecimiento económico debe estar en función del bienestar de las personas, para que se puedan desarrollar, tal como alguien lo leyó de la Constitución.
(Aplausos)
Para que las comunidades se puedan desarrollar, evidentemente la institucionalidad debe establecer las normas necesarias para resguardar la protección del medio ambiente, pensando en las personas del mañana.
Existen temas planteados que generan una tremenda incongruencia. Por una parte, el Estado está promoviendo obras de gran envergadura, desde el punto de vista de los recursos económicos involucrados -por lo demás, muy necesarias-, como la ampliación del embalse Los Aromos, para multiplicar por dos su capacidad para almacenar y embalsar agua en nuestra región, y, por otra, tenemos un proyecto de carretera energética que obstaculiza el desarrollo de dicho embalse. Eso es inentendible si está respaldado y fomentado por el propio Estado.
Las distintas administraciones no se pueden echar la culpa unas a otras. El Estado debe hacerse cargo de lo que verdaderamente está promoviendo.
Francamente, creo que lo que se ha estado cultivando en el último tiempo -a pesar de la tozudez del gobierno sobre revisar el trazado- es una oposición a la totalidad del proyecto. Eso se tiene que entender.
(Aplausos)
Aquí hay personas que entendemos las necesidades energéticas. Pero con esa tozudez y perseverancia de no tocarle una coma al proyecto y, más aún, de acelerar los procedimientos, dejando de manifiesto que los mecanismos y la institucionalidad simplemente están para hacerle un check, se está logrando cultivar una gran oposición al proyecto. Si quieren resolver este tema desde el Ministerio de Energía y desde La Moneda, que ha estado detrás del impulso a este proyecto, creo que están a tiempo. Pero el tiempo se está acabando.
Hoy estamos en sede política. La situación administrativa va a correr por cuenta propia. El eventual futuro judicial tiene también su propia cuerda. Pero la sede política tiene algo que decir. Los que representamos a los vecinos y a las comunidades afectadas tenemos muy claro que se está atropellando un bien jurídico que, a juicio de muchos, es tanto o más importante que el que pretende promover este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Lemus .
El señor LEMUS.-
Señor Presidente, me parece que hay que precisar algunas cosas y pedir a los ministros, que están muy atentos a esta sesión, que reciban nuestras opiniones, de modo que se genere algún planteamiento. La idea es que esta sesión sirva.
Primero -insisto-, es necesario precisar algunas cosas. El 16 de enero de 2013 se originó y resolvió la licitación; pero hay otras fechas que también son interesantes.
El estudio de impacto ambiental se presentó en enero de 2014. El 21 de febrero de ese año, este estudio fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero ocurrió que el 6 de marzo fue admitido nuevamente a tramitación. Es decir, en forma muy rápida, ese organismo tomó una decisión sobre un estudio que venía mal hecho y mal estructurado. En efecto, por eso había sido rechazado.
El proyecto tiene un problema desde el inicio, y este gobierno debe hacerse cargo de esas falencias.
(Aplausos)
En verdad, este proyecto está cumpliendo un récord de observaciones de la comunidad y de los servicios: ¡Más de 1.500 observaciones!
En su momento hubo dos ministros símbolo que tuvieron razones muy importantes para rechazar el proyecto HidroAysén, que tenía más de 2.500 observaciones y que era un tema nacional e, incluso, internacional. Fue rechazado por inconsistencias y por presentarse estudios mal hechos.
Creo que en el caso del proyecto Cardones-Polpaico se cumplen las mismas condiciones.
Ha estado en el tapete de la discusión que hay que cambiar los trazados del proyecto; pero si la institucionalidad medioambiental no lo permite, se tendrá que rechazar y aplicar la inadmisibilidad al estudio. No hay otra alternativa. Lo digo seriamente, entendiendo que tenemos un problema efectivo con el tema de la energía.
Soy Presidente de la Comisión de Minería y Energía. Pareciera contradictorio lo que estoy diciendo; sin embargo, en la Sala hay diputados miembros de esa comisión que estamos interesados en que se resuelva el problema. Pero resolvámoslo bien.
En este caso, como en otros, creo que vamos a tener dificultades por el lado de la institucionalidad, pero también por el de los recursos judiciales que se presenten. Hay experiencias en este sentido. Por ejemplo, está el caso de lo ocurrido en la localidad de Caimanes, que parecía insignificante. Sin embargo, de un momento a otro los tribunales acogieron los recursos interpuestos por la comunidad.
Por un lado, hoy estamos con un problema grandote, también de carácter ambiental, pero, por otro, se aplicó justicia en favor de comunidades que, en cierta manera, fueron atropelladas.
Por ello, si queremos hacer bien las cosas, hagámoslo rápidamente.
Con todo, insisto en que, en este caso, estamos realmente en un problema. Si la situación se judicializa, tendremos un proyecto interrumpido. Sé que el gobierno está interesado en que el proyecto salga rápido. Hagámoslo; dejemos que la empresa nuevamente presente un estudio de impacto ambiental que cumpla con las exigencias necesarias mínimas para que el proyecto se pueda ejecutar en forma correcta, y para que cambien los puntos de conflicto, por cuanto efectivamente los hay.
(Aplausos)
Es cierto que el proyecto puede salir más caro; evidentemente va a salir más caro, pero es necesario hacerlo.
Cabe señalar que el proyecto también tiene aspectos interesantes, que vamos a considerar, como el de permitir contar con una carretera que interconectará los sistemas y que tecnológicamente posibilitará que otro tipo de energías, alternativas, puedan incorporarse a la red. En consecuencia, no es un mal proyecto desde ese punto de vista, pero tiene observaciones relevantes que debemos resolver.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, al que se le ha adicionado el del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala y a las delegaciones de las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, presentes en las tribunas, particularmente a la de La Serena, encabezada por el concejal Carlos Thenoux .
Señor Presidente, cuando un proyecto parece ser bueno para el país, pero no para su gente, indudablemente no es un buen proyecto.
(Aplausos)
Y cuando este mismo es inconsulto, queda deslegitimado desde su origen, sobre todo en un país como Chile, que busca empoderar a su sociedad y convertirla en una que trabaje por los derechos de las personas y por que estos sean respetados.
Al instalarse cualquier proyecto en Chile, se debe partir por el reconocimiento de los derechos de aquellos que se sienten afectados por él. De lo contrario, se produce una vulneración sustantiva de derechos. Resguardar aquello dice relación directa con la filosofía del gobierno. De manera que el proyecto, a estas alturas, no necesita corrección, sino su retiro.
(Aplausos)
Junto con eso, se requiere establecer cambios profundos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si queremos vivir en un país que se desarrolle sustentablemente, es necesario hacer esas modificaciones, pues la comunidad está cansada de ser burlada por entidades que han presentado impactantes proyectos de tensión y contención de los efectos ambientales, pero que posteriormente no se cumplen. Ello provoca que principalmente las comunidades emplazadas cerca de los referidos proyectos, día tras día, vivan un verdadero vía crucis.
En esta sesión se han dado ejemplos de casos ocurridos en la Región de Coquimbo, que conozco, pues las comunas del distrito que represento pertenecen a la provincia de Elqui. En ella hay empresas mineras que han elaborado verdaderos capítulos ejemplares en los estudios de impacto ambiental que han presentado; sin embargo, posteriormente han sometido a comunidades completas, íntegras, al padecimiento de los efectos del incumplimiento de dichos estudios, que no reflejaron de manera efectiva la realidad ni un compromiso verdadero con el medio ambiente.
Por lo tanto, por lo que hemos escuchado y visto, queremos manifestar al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que a estas alturas el proyecto ya no tiene ninguna posibilidad de concreción. Es más, como lo han hecho otros colegas, solicito que sea retirado, para su reingreso en mejores condiciones.
(Aplausos)
No solo hay que considerar los aspectos técnicos y los efectos que el proyecto podría provocar, sino también una cuestión que, a mi juicio, este gobierno debe valorar soberanamente: la participación, lo cual implica respeto, y el respeto no es otra cosa que reconocer dignidad a todos los chilenos.
Es mi palabra.
He dicho.
-Aplausos
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a los señores ministros y a la comunidad que nos acompaña en las tribunas.
Mientras seguimos esperando que se promulgue el reglamento que dé vida al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, el 16 de enero de 2013 la administración del Presidente Sebastián Piñera , libre de ordenamientos territoriales que lo ataran, procedió a adjudicar los derechos de explotación y ejecución de las obras del proyecto Plan de Expansión Cardones-Polpaico. Este proyecto constituye una nueva cicatriz que se pretende infligir a nuestro territorio, con la gravedad de que el trazado propuesto pretende arrasar con el corredor biológico de La Dormida-Peñuelas, amenaza la forma de vida de una de las últimas comunidades diaguitas de la Cuarta Región y amenaza todos los valles ubicados desde Limache al norte.
Pese a ello, en los estertores de la administración del Presidente Piñera, el 6 de marzo de 2014, a horas de terminar ese gobierno, el Servicio de Evaluación Ambiental, el mismo que un par de semanas antes había declarado inadmisible el mismo estudio de impacto ambiental de la empresa, cambió radicalmente su posición y dio curso al proyecto, cuyas graves y reiteradas omisiones y faltas han movilizado a las comunidades, desde Santiago hasta Atacama .
Por citar un ejemplo, en lo que va de su tramitación ambiental se han recibido más de 1.500 observaciones, amenazando el triste récord que al respecto ostenta el fenecido proyecto HidroAysén.
Las observaciones presentadas dos veces al estudio de impacto ambiental denuncian:
a) Que los antecedentes de línea de base y los antecedentes de medidas de mitigación y compensación son insuficientes, inexactos e inapropiados, y no tienen el peso que la ley exige;
b) Que el proceso de participación ciudadana realizado, la calificación de las observaciones por la comunidad y las respuestas entregadas a ellas no cumplen con los estándares mínimos exigidos por la ley;
c) Que la valorización de determinados componentes del medio ambiente y el impacto que genera el proyecto se realiza de manera arbitraria, remitiéndose casi exclusivamente a lo social y económico, omitiendo derechamente la referencia a lo ambiental;
d) Que se interpreta de manera arbitraria el valor de determinados pactos internacionales que, si bien no han sido ratificados por Chile, no han sido denunciados por el Estado.
En este particular caso, el titular afirma que en Chile no tienen valor alguno las convenciones de la Unesco relativas a declaraciones de sitios como reservas de la biosfera o patrimonio de la humanidad.
No obstante lo anterior, el SEA ha decidido, no una, sino dos veces, seguir con la tramitación del EIA, en circunstancias de que Interchile, en ninguna de dichas oportunidades, como un pésimo alumno, se ha dignado a contestar lo que se le preguntaba.
En términos simples, la adenda presentada por la empresa no resuelve o no contesta de manera suficiente las observaciones formuladas, manteniéndose los defectos de forma y fondo del EIA.
En este contexto, he propuesto, junto con otros diputados y diputadas, un proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados acuerda que el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico”, adolece de falta de información grave e incluye datos incorrectos que no permiten la evaluación del proyecto conforme a la legislación vigente.
En suma, solicito que el señor director del Servicio de Evaluación Ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 53 de la ley N° 19.880, proceda a invalidar los actos administrativos denominados “Icsara 1” y/o, de ser necesario, “Icsara 2”, y ordene retrotraer este proceso de evaluación ambiental al estado de ingresar un Estudio de Impacto Ambiental conforme a la ley.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señora Presidenta, en primer lugar, valoro el hecho de que hoy tengamos esta sesión especial para tratar un tema tan trascendental e importante para las comunidades del interior de la Región de Valparaíso.
Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los representantes de los movimientos sociales que han defendido ardientemente y con mucha fuerza el medio ambiente en nuestra región, y que han denunciado la depredación que va a significar la construcción de esas torres de alta tensión. Asimismo, felicito en forma especial a los catorce alcaldes que se han coordinado para defender nuestra región, que vive una situación ambiental cada vez más insostenible.
El proyecto no reúne las condiciones mínimas que requiere una iniciativa ambientalmente sustentable. El estudio de impacto ambiental que presentó la empresa no respeta los tratados internacionales ratificados por Chile en cuanto a zona prioritaria de conservación de la biodiversidad.
(Aplausos)
El proyecto es claramente atentatorio contra una de las más importantes regiones del planeta, que constituye una reserva mundial de la biosfera, una reserva mundial ambiental que se verá profundamente afectada y que forma parte de las doscientas ecorregiones de mayor importancia para la conservación a nivel mundial.
El Estudio de Impacto Ambiental presentado no considera las especies del reino vegetal de la Región de Valparaíso, ya que solo describe 217 de las 611 especies que existen en el sector.
El proyecto describe tan solo 91 especies de la fauna de origen autóctono que anida en la región, en circunstancias de que en la zona de La Campana y de Peñuelas hay más de 236 especies que debieron haber sido descritas. La ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ha sido profundamente vulnerada por este proyecto.
Por ello, quiero aprovechar la presencia de los ministros del Medio Ambiente y de Energía para solicitar aquello que los alcaldes han dialogado con ellos, en el sentido de que el proyecto cambie su trazado en la Región de Valparaíso, para que no afecte el medio ambiente de la manera en que hoy lo está haciendo.
(Manifestaciones en las tribunas)
Sé que muchos quieren que el proyecto no pase por la región, pero lo importante es, según me han relatado los alcaldes, que los puntos de acuerdo a los que se ha llegado no han sido respetados y la mesa de diálogo que se estableció no ha llegado a los resultados esperados.
Por lo tanto, como Cámara de Diputados, debemos exigir que se realice una profunda modificación en la implementación del proyecto y que se respeten las normas ambientales de acuerdo al sistema legal que hoy nos rige, para que no nos encontremos nuevamente con un proyecto que viola profundamente el sistema ambiental chileno.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el ministro de Energía.
El señor PACHECO (ministro de Energía).-
Señora Presidenta, agradezco la invitación que se me hiciera llegar para participar de esta sesión de la Cámara de Diputados y la oportunidad de tratar el tema que nos convoca.
Lamentablemente, la semana pasada no pude asistir a la reunión que celebró la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Humanos, a la cual se me citó con un par de días de anticipación, porque, como expliqué personalmente al Presidente de la Comisión, a esa misma hora tenía agendada una reunión en La Moneda con su excelencia la Presidenta de la República, en la que debía tratar temas relacionados con mi cartera.
En primer lugar, quiero señalar que este proyecto nació legalmente en 2011. Tengo en mi poder el decreto exento N° 115 -documento de 21 páginas-, de fecha 2 de mayo de 2011, que fija el plan de expansión del sistema de transmisión troncal. El proyecto está firmado por el entonces ministro de Energía, don Laurence Golborne Riveros . Fue licitado en 2012, a través de un proceso que convocó a cinco empresas internacionales, a través del decreto supremo N° 109, de fecha 6 de noviembre de 2012, y fue adjudicado a la empresa ISA. El documento lleva la firma del entonces ministro de Energía señor Jorge Bunster Betteley .
Por lo tanto, el proyecto nació y fue licitado durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y se enmarca dentro del proceso de expansión del sistema de transmisión troncal que, como se ha señalado, abarca proyectos de características similares a lo largo del país. Cabe señalar que su trazado fue definido por la empresa antes de ser adjudicado, y el mandante no es el Ministerio de Energía, sino el sistema eléctrico chileno, representado por el CDEC-SIC. Por lo tanto, el Ministerio de Energía, que encabezo, no tiene facultades para incidir en el diseño del trazado o retirarlo.
La expansión del sistema de transmisión troncal es fundamental, y este es un proyecto estratégico para el país, que nos permitirá detener las alzas en los precios de las cuentas de la luz.
(Manifestaciones en las tribunas)
Digámoslo con todas sus letras: Chile es el país que tiene las cuentas de la energía eléctrica más elevadas de América Latina. Durante el gobierno del Presidente Piñera, las cuentas subieron en 20 por ciento, sin considerar otro 10 por ciento que dejaron escondido en el cajón de mi escritorio. Cuando asumí, en mi escritorio encontré un decreto firmado por mi antecesor, que no había sido enviado a la Contraloría General de la República para que se tramitara. Es decir, las cuentas de la luz durante el gobierno de Sebastián Piñera habrían subido 30 por ciento.
(Manifestaciones en las tribunas)
El Parlamento aprobó mayoritariamente una ley para que Chile contemplara energías renovables no convencionales en su matriz energética. La meta como país y como ministerio es tener 20 por ciento de nuestra generación eléctrica con energías renovables no convencionales en 2025. La forma de lograr esa meta es a través de la construcción de centrales y plantas, principalmente eólicas y solares, estas últimas en el Norte Grande. El país se podrá beneficiar de esas plantas de generación solo si consigue transmitir esa electricidad desde donde se genera hasta donde se consume. Por lo tanto, este proyecto otorgará más seguridad al suministro eléctrico y ayudará a enfrentar los cuellos de botella que se producen.
Quiero responder algunas de las inquietudes que se han planteado durante la discusión.
Soy un defensor de la importancia estratégica de este proyecto. Esa es mi responsabilidad. Se ha mencionado que, tal vez, soy uno de los pocos que va a defender el proyecto, pero esto me sucede en todos los lugares de Chile que visito. La gente reconoce que este proyecto es muy importante, pero no lo quiere cerca de donde vive.
(Manifestaciones en las tribunas)
Esa forma de pensar le hace un enorme daño a nuestra convivencia social. El país necesita y merece que detrás de cada una de nuestras decisiones se proteja el bien común.
El proyecto representa una inversión de más de 1.000 millones de dólares y actualmente se encuentra en tramitación ambiental, a la cual se referirá mi colega ministro del Medio Ambiente.
El proyecto contempla cinco etapas: proceder con el suministro y estudio que determina las especificaciones de detalle, etapa que se cumplió el 16 de enero de 2014; la obtención de la RCA y la presentación de la solicitud de concesión definitiva, que aún está en proceso; la prueba de los equipos; la construcción, y, finalmente, el inicio de la operación, que está considerado para enero de 2018.
El proyecto se adjudicó a la empresa Interconexión Eléctrica S.A., que es la mayor empresa de transmisión del Estado de Colombia, uno de cuyos propietarios es la municipalidad de Medellín. Es una empresa que tiene una larga experiencia en este tipo de proyectos en Latinoamérica y también importantes proyectos en Chile.
En el proceso de licitación y adjudicación participaron cinco empresas, y a través del proceso que he descrito se estableció que, de los cinco proyectos presentados, el mejor era el antes mencionado, tanto por la empresa como por la propuesta y el precio. Es así como la licitación se adjudicó el 6 de noviembre de 2012.
En el proceso de calificación ambiental, al que se referirá el ministro Badenier , se recibió una primera ronda de observaciones, en la que se registraron más de 1.700 observaciones de participación ciudadana. La empresa tiene plazo hasta el 12 de junio para presentar la adenda número 2.
Sin perjuicio de lo anterior, el ministerio que dirijo ha llevado a cabo un diálogo con los alcaldes, comuna por comuna, torre por torre, para identificar los puntos más sensibles del proyecto e incorporarlos en el diálogo con la empresa.
El primer acercamiento con las comunidades por parte del Ministerio de Energía se produjo en julio del año pasado. Se han realizado varios talleres con las comunidades; se han realizado reuniones con los alcaldes y con los parlamentarios. En octubre se llevaron a cabo mesas de trabajo con los alcaldes; en diciembre realicé reuniones individuales con los alcaldes de Puchuncaví, Limache , Quilpué , Zapallar , Papudo , La Ligua, Quillota , Villa Alemana, La Serena, Quintero y Olmué , pues tomé la responsabilidad de liderar este proyecto en forma personal. En enero de este año sostuve reuniones con todos ellos, en forma conjunta.
A modo de resumen, quiero hacer las siguientes reflexiones.
En primer lugar, este es un proyecto estratégico, no solo para el sector de la energía, sino también para todo el país. Es un proyecto de larga maduración, que nos va a ayudar a tener energía en forma más segura y limpia y a frenar las alzas en las cuentas de la luz.
Se realizó una licitación internacional, competitiva y transparente, que se adjudicó a una empresa conocida, con experiencia, que ha llegado a Chile para respetar nuestra institucionalidad.
Considero que el Estado de Chile puede y debe ser respetado en sus procesos. No podemos tratar con desprecio y desconfianza al Estado, al que le hemos encargado cuidar nuestro bien común.
El Ministerio de Energía tiene el compromiso, y así lo hemos demostrado en estos años de gestión, de desarrollar una política energética con legitimidad social. Por ello, continuaremos con nuestro esfuerzo de mantener una comunicación abierta, directa y de buena fe con los alcaldes y con los líderes de las comunidades.
Todavía hay mucho que hacer; el proceso continúa y estamos aquí, como ministerio, de buena fe, porque necesitamos construir una relación de confianza, no solo con el Congreso Nacional, sino también con las comunidades.
Muchas gracias.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el ministro del Medio Ambiente.
El señor BADENIER (ministro del Medio Ambiente).-
Señora Presidenta, saludo a los diputados y diputadas, así como a los alcaldes que se encuentran en las tribunas.
Agradezco la invitación, dado que esta es una oportunidad para explicar los procesos propios de la evaluación ambiental de proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Estamos discutiendo un proyecto de Interchile S.A., titular que presenta este sistema de transmisión y subestaciones eléctricas al SEIA de manera obligatoria.
Después de escuchar algunas intervenciones, da la impresión de que los titulares de proyectos pueden hacer y deshacer sus proyectos sin las debidas consideraciones ambientales, que el Ministerio del Medio Ambiente debe resguardar.
Este proyecto, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 6 de marzo, obviamente es aprobado en términos de si cumple o no la legislación ambiental y si se hace cargo de los impactos ambientales que genera, a través del diseño de medidas de mitigación, de reparación y de compensación.
Pido a los señores diputados que no lleguen a conclusiones antes de tiempo, pues parece que estamos discutiendo respecto de un proyecto que ya tiene Resolución de Calificación Ambiental y que el sistema ya evaluó.
Al respecto, les informo que este proyecto se encuentra en el día 89 de su tramitación ambiental. Recién se presentó el Icsara N° 1 y la adenda N° 1 del titular para hacerse cargo de todas y cada una de las observaciones presentadas por más de una treintena de servicios públicos.
Como Ministerio del Medio Ambiente, como servicio de evaluación de impacto ambiental, es nuestra obligación evaluar ambientalmente los proyectos, que podrán gustarnos o no, podrán ser controvertidos, complejos o presentar impactos, pero nuestro deber como servicio público con competencias ambientales es evaluar proyectos.
Que alguien diga, justifique y fundamente si los distintos ministerios o servicios públicos que han participado en la evaluación no han presentado las observaciones que corresponde hacer a un proyecto en evaluación ambiental. Hay más de treinta servicios públicos involucrados en la evaluación, que han presentado observaciones al proyecto en evaluación, porque es su deber. Reitero: que alguien fundamente si hay algún servicio público que no está haciendo su pega. El Estado y el ministerio hacen su trabajo y cumplen el deber de evaluar ambientalmente los proyectos, aunque sean complejos, nos gusten o no.
Respecto del proceso de participación ciudadana, este proyecto ha tenido un normal proceso, tal como se ha presentado al SEIA.
(Manifestaciones en las tribunas)
Sí, este proyecto ha tenido un normal proceso de participación ciudadana en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Hay más de 51 actividades presenciales de participación ciudadana. Como dijo el diputado Urízar , hay procesos individuales, de puerta a puerta, y una serie de talleres que se realizan con las municipalidades. Prueba de ello es que hay más de 1.640 observaciones emanadas de los procesos de participación ciudadana.
Si no se hubiesen hecho buenos procesos de participación ciudadana, ¿de dónde saldrían estas más de 1.640 observaciones?
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Pido a los asistentes a las tribunas guardar silencio.
Puede continuar, señor ministro.
El señor BADENIER (ministro del Medio Ambiente).-
Se han recibido más de 526 documentos del proceso de participación ciudadana. Si no hubiésemos llevado a cabo los procesos de participación ciudadana, ¿de dónde provendrían estos más de 500 documentos y las más de 1.640 observaciones?
En el marco del proceso de participación ciudadana, en la actualidad se desarrolla normalmente un proceso de consulta en la comunidad indígena diaguita Chipasse Ta Tatara , en el marco normativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el marco de los procesos de consulta indígena que hoy nos rigen y que, repito, es nuestro deber, como servicio de evaluación ambiental, llevarlos a cabo de manera correcta.
En este marco, los municipios tuvieron y siguen teniendo una legítima y fructífera participación, propia del SEIA. En el expediente público, que cualquiera puede revisar, constan observaciones de los municipios de Copiapó, Freirina , Vallenar , Canela , Los Vilos , La Ligua, Limache , Olmué , Papudo , Puchuncaví , Quilpué , Villa Alemana, Zapallar y Til Til. Hubo un conjunto de municipios que no se pronunciaron en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como Coquimbo, La Higuera, La Serena, Ovalle , Quillota y Quintero . Cada uno de los alcaldes y municipios deberá responder por su participación en este proceso. Nuestro deber es poner en conocimiento de cada uno de estos gobiernos comunales el expediente de evaluación y recibir sus observaciones.
Pueden revisar las observaciones presentadas por los municipios que he detallado. Incluso, pueden seguir presentando observaciones en el normal trámite de un proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pido nuevamente que no se llegue a conclusiones apresuradas, pues el proyecto se encuentra en trámite, y el 12 de junio vence el plazo para que el titular, Interchile S.A., responda este conjunto de observaciones, muchas de ellas de los municipios y de los procesos de participación ciudadana. Es ahí donde las preguntas y observaciones de los servicios públicos, de los municipios y de la ciudadanía deben ser respondidas por el propio titular, y nuestro deber, como Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es continuar con este proceso de calificación ambiental.
Si hay proyectos que no cumplen con la normativa ambiental o que no se hacen cargo de sus impactos ambientales mediante la proposición de medidas de mitigación, de reparación y de compensación ambiental, no nos va a temblar la mano para rechazarlos. Si los proyectos cumplen con la normativa ambiental y se hacen cargo de sus impactos ambientales, serán aprobados, porque son proyectos que requieren de una calificación ambiental favorable.
En el expediente público, que cualquiera puede revisar, están documentados los procesos de participación ciudadana y las observaciones ciudadanas. Esperamos que el 12 de junio se presente la adenda correspondiente por parte del titular, que dé respuesta a todas y cada una de las observaciones planteadas por los distintos servicios públicos que participan en el proceso de evaluación ambiental, porque son servicios que están haciendo su pega.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de resolución que se ha presentado.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 335, de las diputadas señoras Andrea Molina , Cristina Girardi ; los diputados señores Daniel Melo , Christian Urízar , David Sandoval , Jorge Rathgeb , Alejandro Santana , Leopoldo Pérez ; la diputada señora Jenny Álvarez y el diputado señor Osvaldo Urrutia , que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Que el estudio de impacto ambiental del proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico” adolece de falta de información grave e incluye datos incorrectos que no permiten la evaluación del proyecto conforme a la legislación vigente.
La Cámara de Diputados considera que, al no existir una información clara del proyecto en sí mismo, es decir, el área en que se emplazará, la línea de base y los efectos, tampoco es posible proponer o entregar medidas claras de mitigación, compensación y reparación, lo que claramente no cumple con el objetivo principal del SEIA, cual es la prevención en el daño al medio ambiente y la salud y vida de la población.
La Cámara de Diputados considera que los hechos denunciados, por su entidad y gravedad, constituyen una flagrante vulneración y omisión de imperativos legales que deben soportar y cumplir las partes en un procedimiento de evaluación ambiental y, además, que implican un grave atentado tanto al principio de buena fe como al principio precautorio que priman, informan y reglan el procedimiento ante el Sistema de Evaluación Ambiental, sancionado por la ley N° 19.300.
En consecuencia, solicita al señor director del Servicio de Evaluación Ambiental que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 53 de la ley N° 19.880, proceda a invalidar los actos administrativos denominados Icsara 1 y/o, de ser necesario, Icsara 2, y ordene que se retrotraiga este proceso de evaluación ambiental al estado de ingresarse un estudio de impacto ambiental conforme a la ley.
Además, solicita que se vuelva a constituir una mesa técnico, político y social que busque diseñar un trazado viable y acorde a la misión de desarrollo regional que debe tener el país.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto de resolución.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Berger Fett Bernardo ; Browne Urrejola Pedro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cicardini Milla Daniella ; Espinoza Sandoval Fidel ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Gahona Salazar Sergio ; González Torres Rodrigo ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Melo Contreras Daniel ; Molina Oliva Andrea ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Rocafull López Luis ; Sabag Villalobos Jorge ; Saldívar Auger Raúl ; Sandoval Plaza David ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Trisotti Martínez Renzo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Walker Prieto Matías .
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.33 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, ALVAREZ-SALAMANCA , COLOMA ; GUTIÉRREZ , DON ROMILIO ; HASBÚN , KORT, MORALES, NORAMBUENA , ULLOA Y URRUTIA, DON IGNACIO , QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UNA COMPENSACIÓN EN FAVOR DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS POR LA SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE ESTOS ÚLTIMOS “. (BOLETÍN N° 9991-03)
I.- IDEAS GENERALES
En nuestro país desde ya varios años se ha venido germinando una conciencia en relación del respeto irrestricto de los derechos de las personas, fenómeno clásicamente vinculado a las relaciones entre los particulares, los ciudadanos y las autoridades; pero tan importante como lo anterior lo constituyen las relaciones que si bien se dan entre particulares, ambas partes se encuentran en una evidente desproporción, prevaleciendo la que tiene mejor posición de negociación por sobre la otra, limitando, y a veces, cercenando, su autonomía de la voluntad.
Sin lugar a dudas, esta disparidad fáctica entre los contratantes no puede ser resuelta por nuestra legislación civil, quien siempre ve a los ciudadanos como iguales, sin embargo a lo anterior, no es menos cierto que en la misma legislación se han incluido elementos que miran a la consagración de una paridad o al menos de una mayor conmutatividad en las relaciones jurídicas, tal es el caso por ejemplo, de la creación de ciertas categorías contractuales como el contrato dirigido, que precisamente velan por la protección de los derechos de la parte más débil en la relación contractual.
Por otra parte nuestra Constitución Política, también consagra en su estatuto de garantías constitucionales una serie de derechos y su correspondiente mecanismo de protección frente a actos ilegales o arbitrarios proferidos por la administración o también por particulares que trasgredan las referidas garantías. En este sentido el establecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, como su variante financiera, han abierto al alero de la ley sobre protección al consumidor caminos de resguardo institucional en torno a velar el cumplimiento de la legislación, como asimismo asesorar a los consumidores frente a eventuales abusos de las instituciones oferentes de los bienes y servicios.
De tal forma que nos encontramos ante una institucionalidad jurídica protectora de los derechos de las personas, existe, por tanto, un espíritu en nuestro Derecho en torno a esta protección que mira a otorgarles a los ciudadanos el máximo nivel de protección de sus derechos y garantías constitucionales y legales.
De acuerdo a lo anterior, uno de los ámbitos más requeridos por los consumidores en las diversas transacciones comerciales es las información que entregan las compañías, quienes a menudo es deficiente, situación que por cierto genera un caldo de cultivo para la comisión de cobros indebidos y abusos indeseados en el mundo comercial.
II.- CONSIDERANDO
1.- Que, en la actualidad los cobros por servicios básicos tales como luz, agua, gas, teléfono o internet, son susceptibles de experimentar suspensiones de manera injustificada, es perfectamente posible, desde un punto de vista jurídico, que las empresas no cobren proporcionalmente los días en que los referidos servicios no estuvieron operativos, toda vez que no se ajustan a las estipulaciones contractuales y porque esta situación se aparta de toda lógica.
2.- Que, sin embargo a lo anterior y a pesar de lo razonable del planteamiento, las empresas oferentes de tales servicios a fin de mes cobran efectivamente un monto completo, como si el servicio prestado nunca hubiera experimentado fallas, en circunstancias que el servicio si estuvo paralizado. Bajo estas situaciones los consumidores poseen pocas alternativas para pagar lo que en derecho correspondería, conformándose con pagar la suma completa y evitar problemas ulteriores, hecho que sin lugar a dudas no pueden ser aceptados.
3.- Que, así las cosas, nos encontramos ante un elemento inconcebible en el mundo de hoy, cual es el tener que pagar montos sin una justificación de ninguna especie, siendo los primeros perjudicados los consumidores, que esperan de sus contrapartes el servicio ofrecido en condiciones adecuadas a las cláusulas contractuales pactadas.
4.- Que, la compensación por los días en que el servicio no estuvo operativo implica un acto de justicia por parte de las empresas operadoras de servicios básicos, siendo necesaria una regulación legal expresa que aminore los abusos que genera esta situación.
III.- CONTENIDO DEL PROYECTO
De acuerdo a las consideraciones esgrimidas en el cuerpo de este proyecto, la iniciativa legislativa consiste en obligar a las empresas oferentes de servicios básicos, tales como luz, gas, teléfono, internet, entre otros, a compensar a los usuarios económicamente los días en que el servicio estuvo suspendido, sin una causa justificada.
Este derecho de todas formas, debe ser reclamado por el usuario, a la misma compañía, quien verificado los antecedentes procederá a la rebaja prudencial de la tarifa.
IV.- PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 3° quater en la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, de la siguiente forma:
“Respecto de servicios tales como teléfono, cable, internet, agua o luz, el usuario tendrá derecho a reclamar compensaciones económicas por la suspensión del servicio inimputable a este, evento en el cual la empresa oferente deberá proceder a la rebaja proporcional del monto mensual cobrado por tales servicios”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO ; LEÓN, PILOWSKY , TRISOTTI Y ULLOA , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA TURRES , QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.948, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA OTORGAR UN ASCENSO PÓSTUMO DE CARÁCTER HONORÍFICO AL PERSONAL DE LAS RAMAS QUE LAS CONFORMAN”. (BOLETÍN N° 9992-02)
“La Constitución Política de la República establece en su artículo 101 que “Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.”
Casi en los mismos términos, el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas dispone que “Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, constituyen los cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.
La consecución de los fines anteriores es permanente y descansa en un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material y en el cumplimiento del juramento de servicio a la patria y defensa de sus valores fundamentales.”
Los conceptos citados previamente reflejan la importancia que para el país constituyen nuestras Fuerzas Armadas, tanto desde su perspectiva institucional, como por la noble actividad que su personal desarrolla en el cumplimiento del deber, llegando en ocasiones a sacrificar su vida por la patria si es que fuere necesario.
En razón de lo anterior, es importante que el Estado otorgue un reconocimiento extraordinario al personal que realice acciones de demostrado heroísmo, o que, lamentablemente fallezca en el cumplimiento del deber. Es por ello, que otorgar un ascenso extraordinario como reconocimiento, sujeto a las circunstancias descritas anteriormente, es una importante forma de hacer justicia con el personal de las Fuerzas Armadas, debido a que actualmente la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros en su artículo 29 faculta al General Director para conferir el mencionado reconocimiento a oficiales y suboficiales de esa institución.
En efecto, esta norma establece que “El General Director podrá disponer ascensos extraordinarios del personal de Nombramiento Institucional para premiar acciones de excepcional abnegación o como reconocimiento póstumo. En los casos de fallecimiento de personal del grado de Suboficial de Carabineros, y de aquellos cuyo deceso ocurra con ocasión de un procedimiento estrictamente policial en que participe en cumplimiento de su deber, podrá ordenarse su promoción póstuma hasta el grado de Suboficial Mayor de Carabineros.
Tratándose de Oficiales de Carabineros, esta promoción extraordinaria podrá disponerse como reconocimiento póstumo, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio respectivo, a proposición del General Director, al grado inmediatamente superior al del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
En caso de que un Oficial resulte muerto o invalidado con ocasión de un procedimiento estrictamente policial en el que haya participado en el cumplimiento de su deber, el ascenso extraordinario podrá disponerse hasta en dos grados inmediatamente superiores al grado del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
El ascenso extraordinario de los Oficiales conforme a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto sólo se podrá cursar hasta el grado de General de Carabineros.”
No obstante lo señalado en la norma citada previamente, no se encuentra dentro de las iniciativas legislativas que los diputados podemos promover, aquellas que requieran financiamiento con recursos públicos, es por ello, que este proyecto de ley viene únicamente a establecer un reconocimiento honorifico de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que califiquen para ser ascendidos de manera extraordinaria, quedando a la voluntad legislativa del Ejecutivo, el establecimiento de las prestaciones pecuniarias que implica el respectivo ascenso de grado.
En mérito de lo anterior, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese el siguiente artículo 32 bis de la ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas:
“Artículo 32 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Junta de Selección podrá recomendar ascensos extraordinarios del personal para premiar acciones de excepcional abnegación o como reconocimiento póstumo, los cuales únicamente tendrán un carácter honorífico.
En los casos de fallecimiento de personal del grado de Suboficial, y de aquellos cuyo deceso ocurra con ocasión de una acción en que participe en cumplimiento de su deber, podrá ordenarse su promoción póstuma hasta el grado de Suboficial Mayor.
Tratándose de Oficiales, esta promoción extraordinaria podrá disponerse como reconocimiento póstumo, al grado inmediatamente superior al del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
En caso de que un Oficial resulte muerto o invalidado con ocasión de una acción en la que haya participado en el cumplimiento de su deber, el ascenso extraordinario podrá disponerse hasta en dos grados inmediatamente superiores al grado del empleo que se encontraba sirviendo el causante.
El ascenso extraordinario de los Oficiales conforme a lo dispuesto en los incisos anteriores sólo se podrá cursar hasta el grado de General o Contraalmirante.
El personal que no hubiere podido ascender por encontrarse sometido a proceso a sumario administrativo, recobrará todos sus derechos cuando una sentencia a firme lo absuelva o sobresea definitivamente o cuando la resolución final del sumario administrativo anule la sanción o imponga otra que no le impida ascender. En tal caso, al disponerse la promoción recuperará, para todos los efectos legales y reglamentarios, el tiempo que habría servido en su nuevo grado a no mediar la causal de impedimento.”
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, CAMPOS, HERNÁNDEZ , ROBLES, SILBER Y URÍZAR , Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARVAJAL, GIRARDI Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, SANCIONANDO EL PORTE E INGRESO DE ARMAS EN LUGARES DE ACCESO PÚBLICO”. (BOLETÍN N° 9993-25)
Fundamentos:
“1.- Nuestra sociedad avanza muy rápidamente en diversos aspectos relevantes que poseen una gran trascendencia en la vida de nuestros ciudadanos. El poder adquisitivo ha aumentado en nuestras familias, lo que repercute en nuevas costumbres que ahora visualizamos de manera normal, pero que hace dos décadas atrás no eran habituales de manera masiva entre las personas.
2.- El poder adquisitivo en alza de nuestros ciudadanos da lugar al esparcimiento y al gasto en entretención. Cada vez son más los sectores de nuestra sociedad que concurren a pubs, restoranes, discotecas, bares, cines, etc. Es más, el público que concurre a dichos lugares es cada vez más joven. Dichos hábitos enmarcados dentro de un ámbito razonable de normalidad, representan una costumbre sana y necesaria en estos días, tomando en cuenta las altas exigencias de trabajo y estudio al cual nos sometemos.
3.- Sin embargo, muchas veces los excesos a los cuales se someten algunas personas generan problemas sociales que afectan el bien común, alterando el orden social en nuestras ciudades a lo largo del país. El consumo excesivo de alcohol en bares y discotecas muchas veces desemboca en riñas, peleas y comportamientos indeseados. Lo anterior se agrava enormemente si damos cuenta del alto número de personas portando armas de forma ilegal y que hacen ingreso a dichos recintos.
4.- En lo que va de este año 2015, hemos sido testigos de hechos lamentables ocurridos en lugares de esparcimiento cometidos por personas que portan de manera ilegal armas de fuego. Así, por ejemplo, podemos referirnos al caso de la Discoteca “Mi Refugio”, en la comuna de Quinta Norma, donde en febrero pasado una mujer perdió la vida a causa de una balacera ocurrida dentro de dicho recinto. Otro caso lo podemos encontrar en la tristemente célebre discoteca “Costa Varúa”, en la comuna de La Florida, donde sujetos armados que se encontraban dentro del recinto provocaron una balacera a la salida del mismo. Dicho incidente provocó un muerto y un herido. Similares ejemplos los podemos encontrar en la discoteca “Luxor” de La Florida, “Excalibur” de Puente Alto, y en locales nocturnos de Conchalí, Recoleta , Santiago Centro , Maipú y otras ciudades de Chile.
5.- Dichos incidentes, generalmente, son provocados por sujetos integrantes de bandas delictuales organizadas, narcotraficantes y delincuentes comunes, los cuales concurren a dichos recintos con intensiones de divertirse pero manteniendo en su actuar motivaciones de baja moral. Por tanto, es necesario que se proteja al ciudadano común que se divierte sin buscar problemas y que muchas veces resulta siendo una víctima inocente en hechos de sangre. El presente proyecto busca aumentar las penas para quienes porten de manera ilegal armas señaladas dentro del artículo 2 letra b) y 3 incisos primero segundo y tercero, cuando éstos hagan ingreso a un lugar de libre acceso al público destinados al esparcimiento y entretención. Es decir, se especifica el lugar y la conducta punible. Además se aumentan las penas en relación al simple porte ilegal de armas toda vez que consideramos muy reprochable el hecho de someter a un alto riego a un alto grupo de personas que concurren a divertirse de manera segura y despreocupada.
6.- Es labor de todos generar ambientes seguros de esparcimiento, abstraídos de cualquier manifestación violenta y alejada de toda posibilidad de resultar personas heridas o fallecidas, a causa de la indebida e ilegal manipulación de armas de fuego. Por ello, será también deber de los bares, discotecas y otros, incluir un método que detecte dichas armas en el ingreso al recinto. Así, con un control a priori, se podrá detectar a tiempo a sujetos indeseados que perturben el orden y seguridad de los asistentes.
Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único:
Agréguese a la ley 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto nº 400 del Ministerio de Defensa, el siguiente artículo 14 E:
Artículo 14E: “Los que hicieren ingreso a lugares de libre acceso al público, tales como discotecas, bares, pubs, teatros, y conciertos entre otros, portando alguna de las armas señaladas en el artículo 2 letra b) y artículo 3° incisos primero, segundo y tercero, serán sancionados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 9 inciso primero y 14 inciso primero de esta ley.
Las personas responsables de los lugares mencionados en el inciso anterior, deberán implementar, al ingreso de éstos, métodos detectores que alerten el porte de las armas aquí señaladas. De lo contrario, sancionada con una multa administrativa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y CARVAJAL , Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; FARCAS , JARPA , MEZA; PÉREZ , DON JOSÉ ; RATHGEB , ROBLES Y SILBER , QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA EXIGIR A ESTAS ÚLTIMAS LA ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE ZONAS DE RIESGO O DE EVENTUALES CATÁSTROFES EN LAS COMUNAS, CON PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS DE VECINOS”. (BOLETÍN N° 9994-06)
Antecedentes Generales:
1.- Chile es a Nivel mundial uno de los países más proclives a recibir embates de la naturaleza, los más de 10 Terremotos ocurridos durante el Siglo XX y los últimos ocurridos en esta década, siendo uno de los más devastadores el del año 2010 que dejo un saldo de 521 muertos así lo demuestran. Las explosiones volcánicas, el Alud ocurrido durante el mes de Marzo del año 2015 en el norte de nuestro país y los graves incendios forestales que ocurren año a año exige que seamos un país preparado para enfrentar de forma coordinada estas emergencias, sin embargo, es necesario que esta preparación se anteponga a la ocurrencia de alguna emergencia.
2.- Incendios de grandes magnitudes como el ocurrido el 11 de Abril del año 2014 en Valparaíso, siniestro que se convertiría en uno de los incendios urbanos más grandes en la historia de nuestro país al arrasar con más de dos mil novecientas viviendas y dejar más de 12.500 damnificados, grafican la inmensidad de las tragedias que ocurren a menudo en nuestro país. Otro ejemplo es un de similares características al de abril de 2014 y ocurrió en la misma ciudad el día 14 de Febrero del 2013. Este mega incendio, dejó como saldo 105 viviendas afectadas y 1200 damnificados, daños materiales y humanos que pueden ser prevenidos si logramos generar un trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades, para detectar con anticipación los focos de riesgos en las distintas comunas de nuestro país.
3.- En el año 1994 se celebró en Yokohama, Japón , la conferencia Mundial denominada: “Por un mundo más seguro en el Siglo XXI”. Dicha conferencia reunió a más de dos mil participantes de 149 Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas y otros socios del Decenio internacional para la reducción de los desastres naturales, proclamación realizada por la ONU que en 1990 fijo planes de trabajo entre las diversas naciones, sobre todo aquellas que se encontraban en vías de Desarrollo para prevenir los desastres naturales.
En dicha Conferencia se reconoce que existe el conocimiento, la tecnología y las experiencias acumuladas, para reducir tanto la vulnerabilidad de los desastres como los riesgos, vigilando y monitoreando las amenazas.
4.- Según lo proclamado por la Organización de Naciones Unidas en el Decenio internacional para la reducción de desastres naturales, todos los países para el año 2000 deberían incluir en sus planes de desarrollo sostenible las tres metas principales del Decenio, que son: 1.- Exhaustivas evaluaciones nacionales de los riesgos ocasionados por amenazas naturales y la vulnerabilidad 2.- planes de mitigación, prevención a mediano y largo plazo, a nivel nacional y/o local, incluyendo preparativos y campañas de concientización comunitaria y 3.- Acceso a sistemas de alarma mundiales, regionales, nacionales y locales, además de una amplia difusión a la población de los avisos de alerta.
5.- Según lo anteriormente expuesto, Chile ha avanzado enormemente en estas materias, sin embargo, quedan aún temas pendientes que deben ser subsanados, dentro de esto se encuentra la participación ciudadana en materia de prevención de emergencias.
Según los datos aportados por el instituto nacional de estadísticas durante el año 2012 se produjeron en la Región del Biobío 3316 damnificados producto de los temporales que afectaron a dicha zona, así también en Valparaíso el año 2014 fueron 97 los damnificados, así también hubo una víctima fatal. Estas estadísticas nos sirven para justificar el trabajo que debe realizarse entre las comunidades y los municipios con la finalidad de prevenir esta cantidad de damnificados.
6.- El impacto de los desastres naturales representa un atraso en el desarrollo y una carga demasiado grande para los países, es por esto que el objetivo de este proyecto es agregar a la ley 18.695, en su párrafo segundo, específicamente en su artículo tercero,”de las Funciones y atribuciones de las municipalidades”, en su letra I, la obligación de elaborar anualmente, en conjunto a las juntas de vecinos, informes que permitan vislumbrar zonas de riesgo, como así también zonas de posible riesgo a futuro. El trabajo mancomunado entre los Vecinos y las municipalidades debe ser a su vez remitido a los organismos de Emergencia para que tomen conocimiento de lo expuesto, como así también remitido al organismo gubernamental competente que hoy en día es la ONEMI.
Sin embargo es necesario que este trabajo sea sociabilizado y sensibilizado con la población, con la finalidad de ir generando una cultura de Emergencias en nuestro País y con ello una población preparada y capacitada para enfrentarlas.
Por lo anteriormente señalado, los Honorables Diputados firmantes de este documento presentan el siguiente:
Proyecto de ley
Proyecto de Ley que modifica la ley 18.695 para incluir la participación ciudadana por medio de las juntas de vecinos, en materia de evaluación de peligros en lugares de posibles riesgos o catástrofes de la comuna.
En el artículo 4°, la letra I de la ley 18.695 se cambia el punto final por una coma y se agrega el siguiente texto:
“, Debiendo Elaborar con participación activa de las juntas de Vecinos informes anuales sobre zonas de riesgo en la comuna y lugares de posibles catástrofes, debiendo remitir dicho informe a los organismos de emergencia de la comuna, como así también a la institución gubernamental competente en estos temas”
Quedando como sigue:
Artículo 4º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:
i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, Debiendo elaborar con participación activa de las juntas de Vecinos informes anuales sobre zonas de riesgo en la comuna y lugares de posibles catástrofes, debiendo remitir dicho informe a los organismos de emergencia de la comuna, como así también a la institución gubernamental competente en estos temas”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, COLOMA, GAHONA ; GUTIÉRREZ , DON ROMILIO ; LAVÍN , MACAYA , SQUELLA Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.724, ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS DE INCORPORAR EN SUS SITIOS WEB EL LISTADO DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, EN LOS CASOS Y FORMA QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9995-11)
I.- IDEAS GENERALES.
El desarrollo de la tecnología ha experimentado un proceso de aceleración notable que ha modificado las lógicas del comportamiento de las personas, variando con ello la forma de vida de las mismas, a través de mecanismos que sin lugar a dudas no tienen punto de retorno. Es así como estas tecnologías se han ido consolidado con el paso del tiempo, entre otras razones por la masificación de herramientas como internet, lo que ha significado una verdadera revolución en materia de acceso a la información, lo que ha generado un empoderamiento social sin antecedentes.
Bajo este prisma, en la sociedad actual se privilegian elementos o valores tales como la eficiencia en el manejo de los recursos y la productividad laboral, para lo cual los gobiernos y parlamentos han debido orientar sus políticas públicas y normativas destinadas a incentivar estos conceptos en materias tan importantes como el Derecho Laboral. En efecto, particularmente en este aspecto, se han promovido normativas vinculadas al límite de jornadas laborales, descansos y un mecanismo más efectivo de fiscalización para el cumplimiento efectivo de la norma.
Lo anteriormente indicado no obedece sino a los factores que están primando en nuestra sociedad, como es otorgarles a las personas más condiciones de comodidad en su vida diaria.
Es así como Internet, constituye una herramienta eficiente para alcanzar estos anhelos socialmente deseables posibilitando maximizar el tiempo para los ciudadanos. Bajo este punto de vista Internet entrega a los consumidores un conjunto de herramientas que facilitan el acceso a la información promoviendo la celeridad en la circulación de bienes y servicios. En lo referente a este punto hacemos referencia a los múltiples beneficios de los llamados shopbots o robot de precios.
En efecto la disminución del tiempo en el proceso de compra y la necesaria comparación de precios a través de la red, pueden ser materializadas por las llamadas “web comparadoras de precios” utilizada generalmente por usuarios de internet a nivel global.
En el ámbito internacional son múltiples los ejemplos de páginas comparadoras de precios que facilitan la elección de consumo y generan operaciones más eficientes para los consumidores de diversas zonas del mundo.
En nuestro país por su parte se han desarrollado progresivamente una serie de servicios dispersos en la web de comparación de precios, establecidos y distribuidos según productos y servicios ofrecidos, incluso se encuentran vigentes páginas oficiales de comparación para productos específicos, cuyo precios son más sensibles para la población como es el caso de los combustibles.
Con todo, y pese a la existencia de un soporte tecnológico consolidado en nuestro país como Internet, en Chile todavía no existe una regulación lo suficientemente garantizadora en materia de protección de los intereses de los consumidores en lo referente al desarrollo de un sistema computacional de acceso a la información en materia de precios y su análisis comparado.
II.- CONSIDERANDO.
1.- De esta forma la necesidad de contar con la publicación de estos datos, claramente sensibles para la población, es manifiesta. Lo anterior se encuentra enmarcado dentro de una mayor preocupación y conciencia a nivel nacional acerca de contar con elementos que permitan a las personas acceder, a mecanismos legales que promuevan una baja en los precios de los medicamentos.
2.- Es así como en la actualidad, adquiere la idea anterior, mayor relevancia si consideramos que en Chile la venta minorista de productos farmacéuticos se encuentra fuertemente concentrada en tres cadenas de farmacias, representando en su conjunto a más del 90% de las ventas a nivel nacional.
3.- Bajo este orden de ideas, si bien es cierto a nivel regulatorio se verificaron avances con la entrada en vigencia de la Ley 20.724, que exige que cada local de expendio de medicamentos debe contar con una lista de precios accesible al público en soporte papel o electrónico, pudiendo publicarse en el sitio web del establecimiento. Al tratarse normativamente dicha publicación electrónica una facultad del establecimiento, el efecto de facilitar la comparación de productos se torna a ratos ilusorio sin sustento práctico.
III.- CONTENIDO DEL PROYECTO
De lo anteriormente indicado la presente iniciativa promueve las siguientes cargas legales:
a) Obligación de contar con una página web de libre y continuo acceso al público.
b) Obligación de informar en dicha página el precio y stock de todos los medicamentos que ofrezcan.
c) Obligación de individualizar tales medicamentos por su nombre de fantasía y su equivalente, denominación del compuesto químico, el código SKU asignado, le laboratorio elaborador de la sustancia, su precio, ofertas, descuentos y beneficios asociados al mismo, cantidad por envase, su solución y número de registro en el Instituto de Salud Pública.
d) Obligación de indicar su stock y disponibilidad en cada local de venta.
e) Obligación de actualizar dicha información periódicamente dentro de un plazo desde la modificación del precio y
f) Obligación de dotar a dicha página de un buscador que permita consultar el precio y stock de un medicamento determinado por región, comuna y localidad.
El presente proyecto consagra estas obligaciones a las cadenas farmacéuticas que cuenten con a lo menos con cinco locales de venta. Lo anterior como una forma de evitar afectar a las micro o medianas empresas cuyas cargas legales indicadas, importan costos difíciles de afrontar.
Finalmente la presente moción modifica el Código Sanitario, particularmente en lo relativo a las anteriores modificaciones que experimentó en virtud de la ley 20.724 que establece precisamente que cada local de expendio de medicamentos deba contar con una lista de precios accesible al público en soporte papel o electrónicamente.
IV.- PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso tercero y un nuevo inciso cuarto, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser quinto y sexto respectivamente en el artículo 3° de la ley 20.724 de la forma que a continuación se expresa:
Inciso tercero: “Las cadenas farmacéuticas, entendiendo por estas, aquellas que directamente o por medio de franquicias exploten más de cinco farmacias y/o almacenes farmacéuticos, deberán disponer de un sistema en línea de libre y continuo acceso para la población en donde se informará el precio de venta y stock de todos los medicamentos susceptibles de consumo humano, detallando además las normas de contenido obligatorio”.
Inciso cuarto: “Asimismo se obliga a las cadenas farmacéuticas indicadas en el inciso precedente, a dotar al sistema de un buscador que permita consultar el precio y stock de los medicamentos determinados a nivel regional, comunal y vecinal”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HERNÁNDEZ, BARROS, BELLOLIO, GAHONA ; GUTIÉRREZ , DON ROMILIO ; HASBÚN , MORALES Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA LA LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS, ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE INCORPORAR INFORMACIÓN VISIBLE, EN LA FORMA QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9996-09)
I.- IDEAS GENERALES.
Toda obra calificada por la autoridad competente como de interés público constituye un avance desde el punto de vista social, económico e incluso cultural, toda vez que a partir de su consagración posibilita un cambio sustantivo en las condiciones de vida de las personas, modificando de un modo relevante sus costumbres y en general sus vidas como sujetos sociales. Tales cambios siempre deben ser considerados como positivos en la medida que generen en la sociedad la satisfacción de diversas necesidades comunes.
En efecto, la construcción de un puente, túnel, carretera, líneas férreas, generan en la sociedad grandes expectativas de progreso tanto material como social, produciendo en sus promotores un gran reconocimiento social.
Desde una perspectiva histórica, las obras públicas siempre constituyeron foco de preocupación de las autoridades gubernamentales y locales, representaron el ideal de un gobierno ilustrado y bajo esa premisa la construcción de edificaciones de interés público- desde siempre- ha sido un elemento inmerso en la agenda pública.
Por otra parte desde el punto de vista de su estructura jurídico-institucional, el sistema de construcción de obras públicas en Chile pasó de ser una gestión directa del Estado a una gestión público-privada a través de nuestro actual sistema de concesión. Bajo esta perspectiva por medio de este sistema el Estado de Chile encarga a un particular, quien a través de un contrato de concesión se hace cargo de la construcción, mantenimiento y administración de una obra determinada; de acuerdo al reseñado sistema la finalidad es otorgarle a estas construcciones mayores niveles de eficiencia, calidad y estabilidad en el tiempo, para que las personas puedan gozar de sus beneficios en mayores espacios de tiempo.
Que, a partir de su especial interés, los diputados firmantes de la presente moción estamos contestes en el hecho que el conocimiento de los plazos de comienzo, finalización y los montos involucrados en la obra, son asuntos de interés general por parte de la población, de tal suerte que indefiniciones en esta materia acarrearía desconfianzas a nivel de la opinión pública y junto con ello incertidumbre acerca de los reales efectos de la obra.
II.- CONSIDERANDO.
1.- Que el desarrollo económico y social que ha experimentado nuestro país, hace que miles de chilenos sean demandantes de mayores exigencias en su diario vivir, particularmente en lo que respecta al acceso a la información, como un bien público que promueve claramente mayores espacios de transparencia y legitimidad en el accionar público de nuestro país.
2.- Es por lo anterior que pensamos que en materia de ejecución de obras de tanta relevancia para la ciudadanía se requiere contar con todos y cada uno de los mecanismos de transparencia necesarios para que estos proyectos puedan ser conocidos por los ciudadanos tanto en sus aspectos estructurales como en sus ámbitos administrativos y financieros.
3.- De esta manera que la presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto introducir mayores niveles de transparencia en este ámbito y con ello entregarle a los ciudadanos la mayor información posible de un proyecto en que precisamente serán los directos beneficiarios.
III.- CONTENIDO DEL PROYECTO
De acuerdo a lo indicado la moción que en esta oportunidad sometemos a tramitación de esta Corporación tiene como contenido establecer un sistema de información claro y preciso a la ciudadanía, consistente en establecer de un modo visible ciertos aspectos que requieren un conocimiento general de la obra que se está realizando. Dichos aspectos están constituidos por el comienzo de las obras, el plazo de finalización de las mismas y el monto de la inversión.
Tales elementos deben estar inmersos en obras calificadas por la autoridad como de interés público y en ese sentido pensamos que la normativa que proponemos es sensata, toda vez que nos encontramos ante obras que implicarán cambios significativos en la calidad de vida de millones de chilenos, razón por la cual una mayor información respecto de ella es del todo necesaria.
Es por ello que se pretende con este proyecto incorporar en la ley de concesiones una exigencia para las empresas concesionarias de obras públicas, estos es indicar con precisión el comienzo y plazo de ejecución de una obra calificada por la autoridad como de interés público, como asimismo los montos destinados a su materialización.
Si bien es cierto, la referida exigencia puede ser conocida por las personas, no es menos cierto que su información en múltiples oportunidades no forma parte del conocimiento general de las personas, razón por la cual la inclusión de esta información en carteles visibles en el lugar de la obra, implicará que transeúntes se puedan percatar de estos pormenores sin mayor trámite
IV.- PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese un nuevo número 6° en el artículo 22 del D.F.L. 164 de 1991 sobre Concesiones de Obras Públicas, de la siguiente manera:
“La empresa concesionaria, asimismo, deberá indicar mediante avisos visibles, la fecha de comienzo y plazo de término de la obra, como también los montos invertidos en su ejecución”.