Labor Parlamentaria

El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Según lo que acaba de acordar la Sala, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Girardi, Chahuán, Larraín Fernández, Letelier y Zaldívar, que modifica el Reglamento del Senado con el objeto de crear la Comisión permanente de Desafíos del Futuro.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.455-09) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- A este proyecto de acuerdo adhirieron, además, los Senadores señoras Allende, Alvear, Pérez San Martín, Rincón y Von Baer y señores Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Patricio Walker.

El objetivo principal del proyecto es crear una comisión legislativa permanente que permita al Senado enfrentar los desafíos del mundo globalizado como espacio privilegiado para escuchar al mundo científico, humanista y técnico en relación con las materias que impactarán a la sociedad chilena en las próximas décadas.

Conforme a lo acordado, corresponde que este proyecto sea votado en general y en particular, por ser de artículo único. Su texto se halla a disposición de los señores Senadores en sus escritorios.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura, con certificado de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7910-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.

Certificado de Comisión:

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El objetivo principal de la iniciativa es resolver los entorpecimientos surgidos en la aplicación de la ley N° 20.434, que han impedido implementar el nuevo modelo de desempeño ambiental y sanitario definido por la legislación para las concesiones acuícolas.

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, García-Huidobro y Sabag.

Debo hacer presente que los numerales 1) y 3) del artículo 1° y el artículo 5° del proyecto son normas que tienen el carácter de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 20 votos favorables.

Asimismo, cabe indicar que la Comisión deja constancia de que tomó nota de algunos reparos de constitucionalidad que se han formulado a la iniciativa y de la necesidad de efectuar correcciones de fondo y forma a algunas de las disposiciones en el segundo informe, y de que el proyecto debe ser considerado, en el segundo informe, por la Comisión de Hacienda.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del certificado entregado por la Comisión antes mencionada.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Quiero recordar - Senador Rossi, usted preside la Comisión de Salud- que inmediatamente terminado el tratamiento de este proyecto vamos a proceder a votar el que quedó pendiente ayer, relativo a la modificación del sistema privado de salud.

En discusión general el proyecto.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , tal como informó el señor Ministro creo que el proyecto va en el camino correcto en cuanto a ordenar las concesiones de acuicultura, con el fin de evitar los efectos indeseados que se produjeron por un crecimiento no planificado ni regulado con relación al ordenamiento territorial: rápida diseminación de enfermedades por cercanía entre concesiones; falta de conocimiento del comportamiento de las corrientes marinas; bajas profundidades, muchas veces en sectores donde se otorgaron concesiones.

Gracias a esta nueva normativa sanitaria, que se pretende incorporar a través de normas reglamentarias, han adquirido relevancia las distancias entre las macrozonas (grupos de barrios) de modo de evitar la diseminación de enfermedades, tal como ha ocurrido a través de la historia, con el grave daño que ha significado para nuestra economía, especialmente en lo que atañe a la acuicultura.

En tal contexto adquiere relevancia crear un instrumento para incentivar la salida de las concesiones que quedan precisamente en los corredores que se están definiendo.

Las disposiciones de ordenamiento de concesiones, estipulan lo siguiente:

En la Décima Región: congelamiento de otorgamiento y trámite de concesiones de salmones por cinco años; denegatoria de las solicitudes de concesiones de salmones pendientes a la fecha de la ley, y relocalización para concesiones antiguas con ubicación que mejore el desempeño ambiental y sanitario.

En la Undécima Región: congelamiento de otorgamiento y trámite de concesiones de salmones por dos años; suspensión de las solicitudes de concesiones de salmones pendientes a la fecha de la ley, y relocalización para concesiones antiguas con ubicación que mejore el desempeño ambiental y sanitario.

En la Región de Magallanes: congelamiento de otorgamiento y trámite de todo tipo de concesiones por un año; suspensión de las solicitudes de concesiones pendientes a la fecha de la ley, y no se facultó para relocalizar concesiones antiguas.

¿Cuáles son los problemas fundamentales que aborda este proyecto de ley?

En Aysén, la ley N° 20.434 solo suspendió el trámite de solicitudes previas y el ingreso de nuevas y dio un plazo de dos años para tramitar las relocalizaciones, vencido el cual, renacen las antiguas solicitudes de salmones.

¿Cuál es la propuesta que hizo el Ejecutivo y que aprobó la Cámara de Diputados? Denegar las solicitudes previas suspendidas, al igual como se hizo en la Región de Los Lagos; aumentar el plazo de dos a cinco años para la relocalización y mantener la suspensión del ingreso de nuevas solicitudes.

En Aysén -también es importante señalarlo- se presentaron justo antes del proceso de relocalización solicitudes de mitílidos y algas en las áreas necesarias para relocalizar, lo que entorpece el proceso.

Sobre este particular, señor Presidente, la propuesta deniega las solicitudes de mitílidos y algas.

Durante el plazo de suspensión de trámite, hubo solicitudes que obtuvieron Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no aprobación del proyecto técnico.

Se propone congelar los sectores de las solicitudes que obtuvieron Resolución de Calificación Ambiental sin otorgarlos para poder asignarlos a las relocalizaciones de quienes salgan de los corredores. Es decir, trasladar a quienes van a quedar en sectores que se necesita despejar para colocarlos en otros lugares, ambientalmente viables, cuando estén fijados,

Por otro lado, la ley N° 20.434 otorgó preferencia para relocalizar a los cultivadores de truchas y salmón Coho. Con la crisis del virus ISA todos produjeron estas especies, por lo que la preferencia perdió su objeto.

Por lo tanto, la idea es eliminar esta preferencia respetándola para relocalizaciones presentadas hasta el 8 de abril de 2011.

Otro problema es que, dado que en Magallanes se iba a hacer la zonificación, no se previó la relocalización de concesiones antiguas, lo que ahora es necesario respecto de aquellas que quedaron en áreas incompatibles.

Se propone extender a la Región de Magallanes la posibilidad de relocalizar.

Por otro lado, se requiere incentivar la salida de concesiones desde los sectores declarados corredores entre las macrozonas.

Se propone establecer que los corredores sean áreas incompatibles con la acuicultura, de modo de generar la preferencia para la relocalización, sin necesidad de esperar la modificación del decreto pertinente.

Por la crisis del virus ISA y los problemas que tuvieron los miticultores y los algueros, hubo un período, entre 2007 y 2011, en que no existió operación normal; y la ley salvó la paralización de operaciones.

Lo importante de la proposición es el cambio de la expresión "paralización" por "inactividad", para que quede claro que el beneficio se otorga a quienes suspendieron las operaciones o no las iniciaron.

De otra parte, la ley creó las concesiones de cultivo experimental, pero no incluyó las actividades de mejora genética.

La propuesta consiste en extender la figura de centros experimentales a la actividad de mejora genética.

La ley estableció también las agrupaciones de concesiones. Sin embargo, quedaron limitadas en su extensión a medidas para centros de engorda de peces.

Este proyecto amplía las posibilidades de aplicación de medidas de coordinación de los programas de marea roja para las agrupaciones de concesiones a otros grupos de especies.

Además, las naves prestadoras de servicios tienen que usar posicionador satelital, pero en caso de falla deben someterse a un procedimiento diverso al de las pesqueras.

Había una situación técnica bastante compleja, y la iniciativa en discusión dispone que, en caso de falla y por razones sanitarias, las naves prestadoras no se devolverán al puerto de origen, sino que deberán culminar su viaje.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.

Dispone de un minuto adicional.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , estoy informando este proyecto porque el Presidente de la Comisión de Pesca se encuentra en Aysén.

Considero muy importante que los señores Senadores conozcan en qué consiste esta propuesta de ley.

Estimo que en dos o tres minutos podré concluir mi intervención, si a Su Señoría le parece.

Señor Presidente, en una emergencia sanitaria deben sacarse los ejemplares enfermos por las vías con menor riesgo de diseminación.

Se propone...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, le pido que ponga orden.

El señor GIRARDI (Presidente).- Les hago presente a las personas que están interrumpiendo desde las tribunas que, si persisten en su actitud, deberé ordenar su desalojo.

Les pido que escuchen con respeto las intervenciones de los diversos señores Senadores.

El señor ROSSI .- ¡No veo gente en las tribunas...!

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Detrás de las graderías hay personas que están silbando.

Puede continuar, Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muchas gracias.

Señor Presidente , las CRUBC deben pronunciarse, pero no siempre lo hacen en plazos razonables.

En tal sentido, se plantea establecer un plazo de seis meses, transcurrido el cual, si no hay contestación, se tendrá por aprobada el área propuesta.

La ley previó la eliminación de los centros de acopio, salvo que se dictara un reglamento, cuya condición es imposible de cumplir.

Por lo tanto, en la proposición se suprime la referencia a la condición de evitar la diseminación de patógenos por "intercambio de aguas en destino" (técnicamente imposible); se fija un nuevo plazo para el reglamento: el 31 de marzo de 2014, y se determinan las condiciones de emplazamiento para los centros de acopio respecto a las agrupaciones.

Las infracciones más graves -este punto es muy importante- tienen asignada una multa muy baja, no persuasiva para el cumplimiento, y algunas infracciones graves no son objeto de sanciones administrativas.

La ley en proyecto perfecciona la sanción asignada a las infracciones más graves y somete a sanción administrativa el incumplimiento del plazo establecido para eliminar o cosechar ejemplares por eventos sanitarios.

Se han constatado otras graves conductas, que deben ser sancionadas en forma más rigurosa.

La iniciativa plantea completar la tipificación de las infracciones sancionadas administrativamente.

En la Cámara de Diputados, tal como lo expresó el Ministro señor Longueira , se eliminó la reclamación judicial de la sanción administrativa.

Debiera reponerse la norma pertinente, porque, para que este proceso pueda funcionar, es fundamental que exista la reclamación, como ocurre en cualquier proceso judicial.

Este proyecto contiene una serie de otras materias relevantes, como la concerniente a la existencia de deudas por concepto de patente única de acuicultura.

Al respecto, la propuesta consiste en condonar las deudas de personas naturales con una concesión de algas y las de organizaciones de algas de hasta 50 hectáreas o divididas por afiliado, hasta una hectárea.

Por otro lado, se plantea que los pequeños acuicultores de algas con una sola concesión queden exentos.

Es importante informar que al resto se le va a otorgar la posibilidad de celebrar convenios de pago de hasta 3 años, con un pie de 5 por ciento de la deuda, por patentes no canceladas.

Usted bien sabe, señor Presidente, que las concesiones caducan cuando no se pagan las patentes. Por lo tanto, se posibilita solucionar el problema en comento, que existe en distintas Regiones.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Señor Senador , ya le di tres minutos adicionales.

Le pido que termine su intervención. Se trata de una cuestión de justicia en la distribución del tiempo.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Termino de inmediato.

Señor Presidente , este proyecto fue acordado por unanimidad en la Comisión de Pesca. Y consideramos fundamental que la Sala lo apruebe cuanto antes, porque debe ser ley de la república antes del 8 de abril próximo. De no ser así, se generará una crisis bastante compleja, sobre todo en la zona de Aysén.

He dicho.

El señor SABAG.- Señor Presidente , el informe del Senador García-Huidobro fue muy completo; prácticamente, constituyó la exposición que hizo el Ejecutivo para fundamentar la ley en proyecto. Así que las palabras de Su Señoría reflejan claramente lo que estamos analizando en esta oportunidad.

La Comisión de Pesca se reunió el lunes recién pasado, a las 16. Se nos pidió que tratáramos inmediatamente la iniciativa, para poder traerla a la Sala hoy. Fue lo que hicimos, dadas las explicaciones del Ejecutivo -lo ratificó el Ministro - en cuanto a que muchas disposiciones vencen el 8 de abril próximo y a que el texto debe volver a la Cámara de Diputados.

Se puso como condición para aprobar la idea de legislar que el Gobierno retirara la "discusión inmediata" y que se nos dieran algunos días para presentar indicaciones. Y, por lo que se expresó acá, el señor Ministro cumplirá en tal sentido.

Siendo así, seguiremos apoyando este proyecto.

Ahora, no todas las personas invitadas a participar en la discusión de esta iniciativa estuvieron de acuerdo. Formularon observaciones -yo diría- bastante importantes, que será necesario examinar cuando tratemos el proyecto en particular.

Señor Presidente, se plantea que esta iniciativa se presenta como una necesidad para efectos de solucionar problemas de implementación de las normas sobre ordenamiento territorial de la ley N° 20.434, entre otras.

El problema de implementación a que se hace referencia consiste -como lo señala el mensaje- en lo siguiente.

En la Región de Aysén quedaba una superficie disponible, pero no se suspendió el ingreso de solicitudes de otro tipo de especies, distintas del salmón.

Al amparo de esa restricción, se presentaron 900 solicitudes para el cultivo de choritos y algas, lo que ha impedido llevar a cabo el proceso de relocalización.

Dichas solicitudes resultan de dudoso interés, sobre todo considerando que la producción de choritos no es recomendable, debido a que estos se ubican en extensas áreas que periódicamente son afectadas por la marea roja.

Es decir, tales solicitudes se prestaron solo para copar el poco espacio que queda -creo que son 36 sitios- para seguir otorgando para el cultivo del salmón, especie a la cual no afecta la marea roja.

Ahora bien, durante el proceso de suspensión se estaban gestando varias solicitudes de concesión. No fueron paralizadas, siguieron su trámite y obtuvieron la resolución de calificación ambiental.

Por lo tanto, quienes consiguieron la autorización ambiental -con el visto bueno del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca- tienen de su lado un derecho de propiedad que no se puede borrar con este proyecto de ley.

Por eso, hay en la iniciativa vicios de inconstitucionalidad, los que, por supuesto, haremos presentes en la discusión particular, durante la cual formularemos las indicaciones del caso.

Por lo tanto, también apruebo la idea de legislar, con el fin de no entorpecer la posibilidad de mejorar la producción de salmón en Chile, que, con la recuperación que ha experimentado en estos pocos meses, ya ha pasado a ser nuestra tercera fuente de exportación y ha generado una gran actividad laboral.

Las normas propuestas, entonces, buscan controlar, regular, para evitar que se repitan enfermedades sanitarias, como el virus ISA, que le causó a nuestro país un enorme daño económico.

Ahora, cuando dicho sector se ha recuperado, esperamos que se rija por normas serias, sólidas, y siga siendo una gran fuente de trabajo y de ingreso de divisas.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , quiero destacar la importancia que este proyecto de ley reviste para el desarrollo de una actividad tan relevante para nuestro país, y especialmente para las Regiones australes, incluida por supuesto la de Aysén, a la cual represento, que hoy está demandando un nuevo trato por parte del Estado.

La crisis del virus ISA en las Regiones de Los Lagos y de Aysén dejó de manifiesto las graves falencias existentes en la legislación acuícola de la época.

La ley Nº 20.434 significó una mejora trascendental con respecto a la precaria normativa anterior.

El proyecto en debate -correctamente, en mi opinión- perfecciona esa regulación y facilita a la autoridad sectorial la continuación de un proceso de reordenamiento territorial que permita el establecimiento de un modelo productivo sustentable.

Sin embargo, aquí se ha planteado que la Comisión de Pesca estimó que existían normas que podrían tener vicios de inconstitucionalidad al establecer la denegación de solicitudes de concesiones de acuicultura que cuentan ya con resolución de calificación ambiental favorable.

De ser así, me parece que debe haber espacio para un análisis más ponderado respecto al contenido de esta iniciativa y para asegurar que no se incluyan disposiciones que puedan violar los preceptos constitucionales.

Por otra parte, el proyecto en debate contempla la condonación de deudas por concepto de patentes de acuicultura para pequeños productores de algas, acuicultores de subsistencia básica. Y propone también una exención temporal del pago para algunos de ellos.

Empero, creo que eso no es suficiente.

Las protestas observadas recientemente en la Región de Aysén dejan de manifiesto que sus habitantes necesitan de parte del Estado un nuevo trato y de carácter más permanente.

Por su intermedio, señor Presidente , le solicito al Ejecutivo que estudie la posibilidad de liberar de la obligación de pago de patente única de acuicultura a más pescadores artesanales, teniendo en cuenta que es de toda lógica darles un trato diferenciado con respecto a las grandes empresas salmoneras.

De acuerdo al informe financiero de esta iniciativa, los recursos involucrados no son significativos para el Estado, pero sí revisten enorme importancia para los pescadores artesanales, quienes hoy enfrentan una gravísima situación de precariedad.

En consecuencia, estimo que debiéramos permitir un análisis pormenorizado en la Comisión de Pesca, para que, con motivo del segundo informe, elabore disposiciones que le permitan a la Comisión de Hacienda ampliar la exención del pago de patente.

Con esa finalidad, pido que se fije plazo para presentar indicaciones.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 19 de marzo, a las 12.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo el señor Rossi.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, pido que se consigne mi voto afirmativo.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de Su Señoría.

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente , esta iniciativa debe ser informada en el segundo trámite legislativo, además de la Comisión de Pesca, por la de Hacienda.

Sugiero que, dado que la ley en proyecto tiene que estar publicada en el Diario Oficial antes del 8 de abril próximo -estamos bastante encima-, elaboren el segundo informe ambas Comisiones, unidas. Así cumpliríamos los tiempos.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá de la manera indicada.

--Así se acuerda.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Conforme a lo acordado por los Comités y por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam", suscrito en Honolulu, Hawái, Estados Unidos de América, el 11 de noviembre de 2011.

--Los antecedentes sobre el proyecto (8196-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores y Hacienda, unidas (verbal): sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En cuanto a este proyecto de acuerdo, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", los Comités autorizaron para rendir informe verbal en la Sala.

El objetivo principal del Tratado es lograr una mayor apertura comercial entre Chile y la República Socialista de Vietnam.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, unidas, aprobaron el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes.

Cabe destacar que, en opinión de las Comisiones unidas, este proyecto debe aprobarse con quórum calificado -en virtud de lo dispuesto en el Nº 1) del artículo 54 y del inciso segundo del artículo 8º, en relación con el inciso tercero del artículo 66 (todos de la Constitución Política de la República)-, porque el artículo 5.11 del Tratado dispone normas de confidencialidad.

En consecuencia, se requieren para su aprobación 20 votos favorables.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

En discusión general y particular.

El señor GARCÍA .-

Señor Presidente , me es grato informar a esta Honorable Sala que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Vietnam marca un hito en la relación comercial entre ambas naciones.

Con este instrumento internacional se consolida aún más la estrategia de inserción comercial de nuestro país en Asia.

Asimismo, su aprobación permitirá que productos chilenos se beneficien de un mercado de casi 90 millones de habitantes, con un producto interno bruto per cápita de 3 mil 355 dólares.

Vietnam es hoy uno de los principales productores de calzado, textiles y café en el mundo, y en los últimos años se ha constituido en una de las economías más pujantes y dinámicas de Asia.

Una vez que entre en vigencia el acuerdo, podrán ingresar a ese país, con preferencias arancelarias, productos chilenos tales como carne de cerdo, fruta y jugos, entre otros, todos ellos gravados con altos porcentajes por ese concepto en la actualidad. Por el lado vietnamita serán favorecidos productos como calzado, arroz, textiles y café.

Finalmente, cabe destacar que, así como Chile es una excelente plataforma para los países asiáticos y permite que desde aquí puedan llegar con sus exportaciones a otros sitios en América Latina, de la misma manera Vietnam lo es para que las nuestras sean recibidas en otros lugares del sudeste asiático.

Por las razones que he señalado, es del todo recomendable aprobar el Tratado de Libre Comercio en examen, más aún cuando el próximo lunes se inicia una gira oficial del Presidente de la República , también con integrantes del Congreso Nacional, además de representantes del empresariado y de los trabajadores, para consolidar los lazos de amistad, políticos, culturales y asimismo comerciales, por supuesto, con Vietnam.

Gracias.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 29 señores Senadores se pronuncian a favor.

Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Los Honorables señores Cantero, Carlos Larraín y Prokurica dejan constancia de su intención de voto favorable.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Chahuán, Letelier, Rossi, Ruiz-Esquide y el que habla, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema privado de salud, con informe de la Comisión de Salud.

--Los antecedentes sobre el proyecto (7955-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide):

En primer trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.

Informe de Comisión:

Salud: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.

Discusión:

Sesiones 94ª, en 6 de marzo de 2012 (queda pendiente su discusión general); 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión); 1ª, en 13 de marzo de 2012 (se aplaza su votación).

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La iniciativa ya fue discutida en general y la votación quedó aplazada para la presente sesión.

El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , quisiera fundamentar mi pronunciamiento destacando la importancia que reviste nuestro sistema de salud, el cual no está funcionando en forma adecuada, como se ha señalado largamente.

Cabe recordar que el sector público atiende casi al 75 por ciento de las familias, en especial las más vulnerables y las de clase media, y no es objeto, a mi juicio, de la modernización e inversión que se requiere.

Somos el país de la OCDE con el gasto público más bajo en la materia.

Tener un sistema mixto implica que la cancha está pareja, y no lo que ocurre hoy, cuando el sistema público enfrenta problemas de atención y de calidad del servicio, y, por otro lado, el sistema privado es uno de los más onerosos en el mundo y atiende al 25 por ciento de las familias.

Hace una semana conocimos el informe de la Federación Internacional de Planes de Salud, que reveló que la salud privada chilena se incluye entre las cinco más caras a nivel internacional, las que lidera Estados Unidos, seguido de Suiza, Australia, Canadá y la nuestra.

En el ranking realizado por ese organismo privado, Chile se ubica como el segundo país con las tarifas más caras en procedimientos quirúrgicos comunes y prestaciones de alta recurrencia. Por ejemplo, el valor de una apendicetomía ascendió a mil 463 dólares, doblando los precios de Australia y Francia, y el de un día cama a mil 552 dólares, es decir, casi el doble de lo que cobran recintos similares en Suiza o Francia.

Este es el principal abuso que sufren las familias en el sistema de las isapres, que suben los planes desmedidamente y más para las mujeres y la tercera edad. Y aunque un fallo del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, la cuestión aún no se resuelve.

El sentimiento de molestia ciudadana se agudiza cuando se lee el informe de la utilidad obtenida por dichas entidades en 2011, la cual se elevó a 67 mil millones de pesos y significa un crecimiento del 32 por ciento con respecto a 2010.

Como Senadora de una circunscripción de clase media, reitero lo que escucho permanentemente en las conversaciones cuando visito las comunas: se requiere una reforma de las isapres, pero que apunte a aliviar y ayudar a ese sector de la población.

Es importante avanzar para que terminen definitivamente las discriminaciones por edad o sexo; establecer un mecanismo transparente e independiente para justificar y fundamentar los aumentos en los planes de salud; perfeccionar la implementación de las garantías explícitas en salud; progresar en la modificación de las asimetrías de información entre afiliados e isapres.

Creo, señor Presidente, que el proyecto es un primer paso; pero no olvidemos que el país demanda una reforma a la integralidad del sistema mixto de salud, tarea ineludible en el futuro.

He dicho.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto negativo en que el proyecto, esencialmente, contiene disposiciones inconstitucionales, pues respecto de ellas no tenemos iniciativa.

Sin duda, hay que perfeccionar el sistema; pero los parlamentarios juramos respetar la Constitución y la ley, y, desde ese punto de vista, hemos de ser coherentes con la normativa que nos rige.

En la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto que aborda la materia, y me parece lógico que los dos textos se analicen en conjunto.

La que he expuesto es una de las razones fundamentales para mi pronunciamiento.

--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor, 12 en contra y una abstención).

Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Cantero, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron en contra la señora Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Prokurica y Uriarte.

Se abstuvo la señora Pérez (doña Lily).

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Por requerir 20 votos favorables, el número 3 del artículo único del proyecto no resultó aprobado, como tampoco aquellas normas que sean consecuenciales de esa disposición.

El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde determinar un plazo para formular indicaciones.

Consulto sobre el particular al Presidente de la Comisión de Salud, Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Me parecen convenientes unos treinta días.

El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará para tal efecto hasta el 9 de abril.

--Así se acuerda.

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, modificatorio de la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4864-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.

El señor GIRARDI (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El objetivo principal de la iniciativa es enmendar el cuerpo legal citado, que fija normas para la prevención y sanción de las situaciones a que se alude, con el objeto de dar un mayor resguardo a los derechos de quienes concurren a un espectáculo de fútbol profesional y a las personas que pueden verse afectadas.

La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Alvear y señores Espina, Hernán Larraín y Orpis.

El órgano técnico deja constancia de que, durante el análisis del articulado, también tuvo en consideración el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos artículos de la señalada ley N° 19.327, correspondiente a los boletines Nos 5.877-07, 6.055-25, 6.175-25, 6.205-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.251-07, 7.509-07, 7.600-25, 7.603-25, 7.718-25, 7.721-25 y 7.741-25, refundidos.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , el primero de ellos fue iniciado en una moción de los Diputados señores Carlos Montes, Patricio Hales , Manuel Rojas , Carlos Abel Jarpa y Cristián Monckeberg , el entonces Diputado y actual Senador señor Francisco Chahuán , y los entonces Diputados señores Sergio Correa , Gonzalo Duarte , Osvaldo Palma y Roberto Sepúlveda .

Durante la discusión se contó con la presencia y participación del Senador señor Pizarro ; del Diputado señor Matías Walker ; del Ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter , y del encargado del Programa "Plan Estadio Seguro", señor Cristián Barra .

Cabe hacer presente que la iniciativa se analizó en conjunto con otra, como ya se mencionó, que modifica diversos artículos de la ley N° 19.327, referente a la violencia en los estadios. En ese otro proyecto, aprobado también por la Cámara, se refundieron 13 iniciativas, de 51 Diputados en ejercicio y de 2 entonces Diputados y actuales Senadores.

La idea matriz del texto, básicamente, es modificar el cuerpo legal citado con el propósito de dar un mayor resguardo a los derechos de quienes concurren a un espectáculo de fútbol profesional y a las personas que puedan verse afectadas. Todos sabemos del nivel de violencia generado en los últimos años, y la ley vigente no ha sido suficiente para impedir los hechos registrados.

El proyecto introduce una serie de modificaciones -en síntesis, son nueve- que buscan corregir la situación y que son las siguientes:

-Establecer que las autorizaciones que otorgan los Intendentes para acreditar que los estadios reúnen las condiciones de seguridad necesarias tendrán una duración máxima de un año, para poder verificar periódicamente el estado de dichos campos o recintos deportivos.

-Exigir que los organizadores de un espectáculo deportivo nombren a un Jefe de Seguridad, quien tendrá la obligación de implementar las medidas de control que la autoridad indique.

-Requerir una caución en dinero a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional declarados de alto riesgo por la autoridad, para asegurar la reparación de los daños que se puedan ocasionar en bienes públicos o privados como consecuencia de un encuentro deportivo.

-Establecer una definición legal de barra deportiva e imponer una sanción al club que incumpla la obligación de empadronarla.

-Configurar una medida cautelar personal especial consistente en prohibir la asistencia a espectáculos de fútbol profesional al imputado por algún delito que tipifique la ley que sanciona los hechos de violencia en los estadios. Esta medida debe ser solicitada por el fiscal del Ministerio Público a cargo del caso.

-Definir legalmente qué se entiende por "inmediaciones" de un recinto deportivo, con el fin de aclarar algunas dudas generadas en la aplicación práctica de la ley.

-Prohibir al organizador de un espectáculo deportivo la venta de un número mayor de entradas que las permitidas por la autoridad y establecer una sanción contra quien revenda entradas en las inmediaciones del recinto deportivo.

-Permitir que Carabineros de Chile pueda impedir el ingreso a los recintos deportivos de quienes portan objetos que puedan ser utilizados para provocar lesiones o daños, alterar la normalidad del desarrollo del evento o dificultar la fiscalización al interior del recinto deportivo.

-Y hacer aplicables las normas de la ley Nº 20.084, sobre responsabilidad penal de los adolescentes, a los menores que participen en los ilícitos descritos en la Ley de Violencia en los Estadios.

En el debate sostenido en la Comisión previo a la aprobación de esta propuesta de ley se tuvo en vista la importancia creciente de los espectáculos de fútbol profesional en la ciudadanía y, al mismo tiempo, la gran cantidad de hechos delictuosos suscitados en el último tiempo con ocasión de aquellos. Y tales actos en su mayor parte quedan sin sanción.

También se tuvo en cuenta que otros países han pasado por situaciones similares y que, a través de medidas legislativas y policiales adecuadas, han logrado superarlas, permitiendo que sus ligas o campeonatos deportivos se valoricen y generen valor agregado -incluso para sus economías- y, sobre todo, una sana y segura entretención para sus ciudadanos.

Asimismo, cabe agregar que el Gobierno informó en la Comisión acerca de las medidas que contempla el programa Estadio Seguro, recientemente puesto en marcha.

La otra propuesta legislativa refunde 13 proyectos, iniciados en mociones de 53 Diputados, dos de los cuales ahora son Senadores.

Durante su discusión en la Comisión se contó con la participación de las mismas personas ya mencionadas en el caso anterior.

Su objetivo fundamental es modificar la ley Nº 19.327 con el fin de regular las condiciones de seguridad que deben cumplirse en los partidos de fútbol de alto riesgo; configurar la obligación de registro de las donaciones que se realizan a las barras; precisar la responsabilidad de los representantes legales de los clubes de fútbol, y otorgar a la ANFP la posibilidad de querellarse en caso de que se cometan delitos previstos en la referida ley, sin perjuicio de establecer que aquella será subsidiariamente responsable de los daños que se causen con ocasión de los espectáculos de fútbol profesional que organice.

Con ese propósito la iniciativa introduce siete modificaciones. En síntesis, son las siguientes:

-Establecer que los requisitos para determinar las condiciones de seguridad de los recintos deportivos destinados a la realización de espectáculos de fútbol profesional y los elementos que califican de "alto riesgo" a un encuentro de este tipo serán fijados por decreto supremo.

-Requerir la presencia de dos fiscales del Ministerio Público en los eventos de fútbol profesional considerados de alto riesgo o de alta concurrencia.

-Imponer a las organizaciones deportivas de fútbol profesional el deber de registrar e informar toda contribución en dinero que hagan a su barra, y prohibir que la entrega de esos fondos sea efectuada directamente por los representantes legales, miembros del directorio o accionistas de sociedades anónimas deportivas.

-Ampliar la aplicación de los tipos penales que establece la Ley de Violencia en los Estadios a los ilícitos acaecidos con motivo u ocasión de un espectáculo de fútbol amateur.

-Ampliar el ámbito de aplicación de la pena accesoria de prohibición de asistir a espectáculos deportivos para incluir en ella la obligación de permanecer en el recinto que señale el juez durante el desarrollo de los encuentros. Así se impedirá que se burle la norma.

-Fijar responsabilidades pecuniarias civiles y criminales en contra de los representantes legales de clubes deportivos que, a causa de su negligencia, contribuyan o faciliten la comisión de delitos establecidos en la Ley de Violencia en los Estadios, y especificar los casos en que dicha responsabilidad se presume.

-Hacer aplicables las normas de la ley Nº 20.084, que establece la responsabilidad penal de los adolescentes, a menores que participen en hechos tipificados por la Ley Nº 19.327, del mismo modo ya señalado respecto del otro proyecto.

-Facultar a la ANFP para presentar querellas criminales por delitos tipificados en la Ley de Violencia en los Estadios.

-Establecer que dicha Asociación será subsidiariamente responsable de los daños causados a la propiedad pública o privada con ocasión de espectáculos de fútbol organizados por ella.

Durante la discusión en la Comisión se escuchó al Diputado señor Matías Walker , quien detalló las principales características de esta iniciativa y los objetivos reseñados.

Señor Presidente, estos proyectos revisten enorme importancia, por los antecedentes que ya referí.

Estamos frente a una situación que afecta gravemente los espectáculos de concurrencia masiva. En tal escenario, no podemos permanecer indiferentes.

La gran cantidad de iniciativas en la materia, presentadas por Diputados pertenecientes a diferentes sectores políticos, refleja nuestra preocupación sobre el tema. Pienso que el Senado hace bien en analizar todas las propuestas en forma conjunta.

Esperamos que estos proyectos se sancionen adecuadamente, una vez que la Comisión despache en particular las indicaciones que se incorporen o intenten incorporar en su texto, para los efectos de asegurar que los espectáculos deportivos sean realmente una fiesta ciudadana, donde la familia chilena pueda reunirse a disfrutar de un evento deportivo competitivo y del más alto nivel. Anhelo que nos llene de orgullo la forma en que se desarrolla en nuestro país el comportamiento social en espectáculos masivos.

Por todo lo anterior, la Comisión aprobó unánimemente la idea de legislar y pide a la Sala otorgar el mismo apoyo, para luego abrir un plazo de indicaciones, las que en la discusión particular permitirán corregir y perfeccionar el articulado.

He dicho.

El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a los autores de estas mociones, un número muy importante de Diputados. Dos de ellos se hallan presentes en la Sala y han liderado la defensa de los proyectos. Me refiero al señor Matías Walker , a quien felicito porque lo he visto batallando ardua y duramente por sacar adelante esta materia; y al señor Celso Morales , Presidente de la Comisión Especial de Deportes de la Cámara Baja, porque también ha demostrado preocupación e interés en este asunto.

En segundo término, deseo hacerme cargo de una crítica que se ha hecho durante muchos años a la Ley sobre Violencia en los Estadios, sin perjuicio de manifestar mi absoluto acuerdo con la necesidad de perfeccionar sus normas.

Dicho texto legal, cuyas normas rigen hoy en nuestro país, fue promulgado el año 1994, durante el Gobierno -según recuerdo- del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , actual Senador.

Destaco que la iniciativa que le dio origen surgió de una moción -agradezco al Ejecutivo de la época por haberla patrocinado- de los entonces Diputados señores Jorge Pizarro , hoy Senador, y Andrés Chadwick , actual Ministro . Me correspondió participar en la discusión pertinente, donde formamos un excelente equipo con el Gobierno de turno en pos de sacar adelante una muy buena legislación. Y lo recalco: "una muy buena legislación".

En esta materia, cuando leo informaciones en los medios de prensa, siento que se peca de ignorancia en cuanto a lo que dice y no dice la ley.

La que nos rige es una buena ley. El problema es que no ha existido voluntad política para aplicarla como corresponde.

En ella se establece, entre otras cosas, que, para que funcione un estadio, se requerirá autorización del intendente respectivo que acredite que este reúne las condiciones de seguridad necesarias; que, con ocasión de un partido de alto riesgo, Carabineros tiene que hacer un informe y los organizadores cumplir un conjunto de medidas para garantizar que el público podrá concurrir con tranquilidad al recinto deportivo.

Además, dispone normas respecto de la instalación de la totalidad de las medidas de seguridad para prevenir hechos de violencia en los estadios; la sanción a sus autores; el empadronamiento de las barras; la responsabilidad de los dirigentes, entre otras materias.

La verdad es que, por regla general, ninguna de esas normas se ha cumplido. Ante ello, nada más fácil que echarle la culpa a la ley, total esta no se puede defender por sí misma. Lo más cómodo es señalar: "La legislación es la culpable".

Yo quiero decir que eso no es verdad.

Cuando la ley se ha aplicado adecuadamente y con voluntad política, ha tenido pleno éxito.

Y voy a dar un ejemplo.

El Ministro Sergio Muñoz , integrante de la Corte Suprema, aplicó la Ley de Violencia en los Estadios el 30 de agosto del 2003 a propósito de un escándalo gigantesco acontecido tras un partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Dicho magistrado -es un gran Ministro ; por eso se halla en el Máximo Tribunal- condenó a 41 personas a 600 días de presidio y, en algunos casos, con remisión de la pena y prohibición de asistir a los estadios.

Yo les aseguro que nadie ha vigilado que esto último se cumpla. Pero sí puedo decirles que, cuando hubo un juez que quiso aplicar la legislación, pese a todas las dificultades de ese momento, la aplicó. Y la prueba de su efectividad fue que pasaron varios meses antes de que se volvieran a producir hechos de violencia en los estadios.

Señalo lo anterior porque es muy fácil decir que en los tribunales ubicados cerca de los recintos deportivos no hay causas relativas a la Ley de Violencia en los Estadios.

¡Otra ignorancia infinita! Lo digo con todas sus letras. Porque cuando el delito es mayor que simples lesiones o atentados contra la propiedad, como homicidio o robos violentos, el juicio se tipifica de una manera distinta. Ello, por cuanto la propia ley consigna que en tales casos no se está frente a un delito de violencia en los estadios, sino ante un homicidio o un robo con violencia.

Pero en Chile tenemos una mala costumbre: cada vez que se demuestra que no hay capacidad para hacer cumplir una ley que nosotros mismos dictamos, simplemente le echamos la culpa a la legislación. ¡Y vamos haciendo nuevas leyes y subiendo las penas! Y la gente se arma expectativas que no son reales.

Por lo tanto, yo voy a defender el referido cuerpo legal.

Si este se hubiese aplicado como corresponde (suspendiendo partidos de fútbol; instalando las cámaras de televisión; empadronando las barras; vigilando su actuar; requiriendo la acreditación de los barristas), la delincuencia en los estadios habría disminuido considerablemente.

Tanto es así que ahora, por obra y magia del Espíritu Santo, cada vez que se aplican bien las normas, disminuye la violencia en los estadios. Aprovecho de felicitar al Jefe del Plan Estadio Seguro , don Cristián Barra , quien ha efectuado una notable labor, al igual que el Ministro Hinzpeter , con la colaboración de todos, incluidas las policías.

Por consiguiente, en este aspecto no debemos limitarnos solo a señalar que necesitamos una buena legislación. Podemos contar con la mejor del mundo. Lo importante es hacerla cumplir. Y debo expresar que, en el pasado, la ley se aplicó muy poco y mal, pues muchas veces no hubo coraje político -de parte de todos- para decir: "Vamos a hacer respetar la ley".

Ahora bien, creo que los cambios introducidos mediante indicaciones por los parlamentarios mejoran el texto vigente. No lo discuto. Obviamente, después de 18 años, este requiere perfeccionamientos, entre otras cosas, para obligar a que se cumpla.

A continuación, destacaré algunas materias en forma muy breve, en razón del tiempo.

En primer lugar, me referiré a las disposiciones relativas a la suspensión y revocación de la autorización para que un estadio pueda funcionar. Hoy día se otorga un permiso permanente. Se va a establecer que podrá suspenderse la operación de un estadio cuando no cumpla los requisitos pertinentes, y revocarle el permiso si finalmente no reúne las condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Hay también normas que dicen relación con exigencias específicas para partidos de alto riesgo, como las siguientes: designación de un jefe de seguridad y contratación de guardias -porque el Estado de Chile gasta miles de millones de pesos en carabineros para resguardar espectáculos privados, distrayéndolos de sus funciones de protección ciudadana en otros lugares-; instalación y utilización de recursos tecnológicos, fundamentales dentro y fuera de los estadios; control de los accesos a los recintos, y diversas disposiciones de prevención.

Todas esas medidas están bien hechas y bien orientadas -en el debate en particular los señores Senadores podrán conocerlas- y permitirán un mayor control de lo que ocurre dentro de los estadios.

En ese sentido, cabe destacar especialmente las normas que se refieren a la responsabilidad de los dirigentes del fútbol, asunto que es necesario resolver. Y a ello apunta el proyecto del Diputado Matías Walker. Ese es el gran debate que ha armado.

Si un dirigente del fútbol actúa en forma negligente e inexcusable y no adopta las medidas para impedir que en un partido existan actos de violencia, ¿no pasa nada con él? La pregunta es legítima: ¿no tiene ninguna responsabilidad en los hechos? ¡Por supuesto que la tiene! ¡Él es, en parte, dueño del espectáculo! ¿Alguien pretende que reemplace a la policía, se vista de verde, se ponga una gorra y salga con un palo? ¡No! Pero debe adoptar los resguardos del caso. Porque no se puede estar del lado de la hinchada y del público, que quiere ir tranquilo al estadio, y, simultáneamente, hacer la vista gorda y no implementar las medidas de seguridad que los espectáculos deportivos requieren, como sucede en todos los países del mundo, sean gobernados por la Izquierda o por la Derecha.

Además, señor Presidente, se plantea una norma muy importante que dice relación con la transparencia de los recursos y aportes que se entregan a las barras.

Recuerdo que en el año 1994 un grupo de parlamentarios le regalamos, pública y abiertamente, un bombo a la barra de la Universidad de Chile. Ello se hizo en un acto público.

Hoy día, si el dirigente de algún club u otra persona quiere entregarle un aporte a la barra de un equipo o pasarle plata, ese acto debe ser transparente. Porque es indudable que dentro de las barras se halla enquistado un conjunto de delincuentes, quienes, más que ir a hinchar por su equipo, van a amedrentar, a asustar, a atemorizar y a cometer todo tipo de tropelías y desmanes que impiden que la gente decente asista a los estadios.

Por lo tanto, en esta cuestión no se puede proceder con un doble estándar: criticar a los autores de los actos de violencia y, simultáneamente, entregarles recursos en forma indiscriminada a las barras o a quienes en ellas causan desmanes y provocan violencia. Se tiene que legislar sobre el punto de manera adecuada.

Se proponen, asimismo, dos cambios adicionales, que son importantes.

En primer lugar, se tipifican las faltas.

Actualmente, no se sancionan con claridad. ¿Qué ocurre cuando alguien interrumpe, sin autorización, un partido de fútbol? ¿Qué ocurre cuando un hincha ingresa con productos inflamables o bengalas y los tira a la cancha impidiendo que se juegue un partido? ¿Qué ocurre cuando una persona entra al recinto en estado de ebriedad y genera desorden y comete desmanes?

En ningún país del mundo -vuelvo a decir: gobernado por la Izquierda o por la Derecha- que ha tenido éxito en lograr que los estadios sean lugares a los cuales va toda la gente de modo tranquilo se permiten tales conductas. Y uno puede ver por televisión que en España o en Inglaterra concurren familias completas a tales recintos. Ello es posible porque realmente se controlaron los hechos de violencia. Se aplican medidas de prevención, de educación, pero también de represión y de sanción a quienes creen que asistir a los estadios es la oportunidad para cometer todo tipo de desmanes y actos violentos.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor ESPINA.- Pido un par de minutos, para terminar de informar la iniciativa, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Bien.

El señor ESPINA.- Otro aspecto muy relevante se refiere a las medidas cautelares.

Al final, una de las mayores sanciones para quien cometa faltas o infracciones muy menores es que se le prohíba entrar al estadio, debiendo presentarse a un lugar determinado dos horas antes del partido hasta dos horas después.

Señor Presidente , las enmiendas referidas, que naturalmente son más complejas de lo que explicité, y las que los señores Senadores deseen proponer nos permitirán contar con una mejor ley. Reitero: la que rige es una buena legislación, pero con el tiempo debe perfeccionarse.

Lo que será clave, sin duda, es la voluntad política de hacer cumplir la ley. En el Congreso podremos dictar cuantas normativas queramos en este ámbito, pero, si no nos preocupamos de que se apliquen sus preceptos y de que se respeten las reglas del juego, estaremos engañando a la gente.

Y quienes deben velar por su cumplimiento son las autoridades que la legislación establece: el Gobierno, en algunos casos; los dirigentes de los clubes, cuando sea pertinente -no hay que estigmatizarlos porque muchos de ellos han desarrollado una brillante labor; por tanto, no corresponde hacer disparos a la bandada, aunque otros han hecho mal su gestión, como en toda actividad humana-; las policías; los fiscales; los jueces; la comunidad.

Pongo énfasis en esto porque uno de los pocos espectáculos en Chile a los que la gente acude masivamente, con su familia, y que constituye una verdadera distracción es el fútbol. Este deporte posee una gran virtud: atraviesa barreras políticas y condiciones sociales.

Cuando un equipo convierte un gol, quienes tenemos pasión por ese deporte lo gritamos, y en ese momento no nos preocupa de si quien se halla al lado de nosotros es socialista, de Derecha, blanco, negro, rubio, mapuche, no mapuche. Esa fiesta del fútbol, esa fiesta popular, esa posibilidad de celebrar juntos constituye una fuerza que permite a los países generar afecto, unidad. Por tanto, debemos cuidar esos espectáculos.

Por lo expuesto, con mucho agrado anuncio nuestro voto a favor de los proyectos. Y vuelvo a felicitar a sus autores. Van a contar con nuestro apoyo total.

Espero que logremos despachar esto a la brevedad, porque para muchos la única distracción del fin de semana es ir al estadio con la familia y la camiseta del club puesta, y poder abrazarse con los hijos al gritar un gol. Eso llena el alma y da alegría a muchos ciudadanos, que merecen que les demos la protección adecuada.

Por eso, los Senadores de Renovación Nacional aprobaremos estas iniciativas.

He dicho.

El señor ORPIS.- Señor Presidente , tal como señaló el Senador Espina, no basta la legislación; debe existir también la voluntad de cumplirla.

Creo que ambos proyectos avanzan en una tónica distinta de la mirada que se tiene hoy día respecto al tema de la violencia en los estadios.

A mi juicio, en el informe ha quedado muy bien reflejado, como lo demostraré a continuación.

Estimo que, hoy día, se tiene la perspectiva de que quien debe controlar la violencia en los estadios es la fuerza pública, lo cual me parece equivocado.

Países desarrollados, como España e Inglaterra, han enfrentado este problema. La liga española de fútbol debe ser su principal producto de exportación, así como la liga inglesa. Pero, ¿dónde está el foco de ambas ligas? No necesariamente en la fuerza pública, sino en los responsables del espectáculo.

Señalo lo anterior, señor Presidente , porque ese problema tiene tremendas aristas.

En la propia Comisión se señaló, según el informe -lo doy a conocer para dimensionar el problema-, que un partido de alto riesgo en Santiago significa desviar de sus funciones habituales a mil 200 carabineros, los cuales dejan de cumplir sus labores en otros sectores.

¿Qué dice la experiencia comparada, según el informe, con un enfoque radicalmente distinto que se va incorporando en estos proyectos de ley?

Por ejemplo, en España e Inglaterra se exige que los clubes dispongan de personal propio para el control y la ubicación de los barristas; se imponen multas a las entidades deportivas incapaces de supervigilar a quienes causan desmanes en un estadio; la fuerza pública actúa eventualmente en el caso de que los guardias privados enfrenten una situación al interior del recinto deportivo que no pueden controlar. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en Chile, en el ámbito comparado se establece que cada vez que se recurre a la fuerza pública, el club responsable deberá ser sancionado con una fuerte multa por no poder controlar los hechos por sus propios medios.

La segunda herramienta de la legislación comparada, que ha de ser tremendamente eficaz en la materia, son los recursos tecnológicos para evitar la violencia. De esa manera, se logra controlar la identidad de las personas que ingresan a los espectáculos deportivos, de modo que se puedan identificar, evitando la entrada de los impedidos de hacerlo. O sea, se vigilan de manera precisa los aforos en los estadios mediante la contabilización de las personas que ingresan a ellos.

¿Qué quiero señalar con esta reflexión que planteo? Que, en mi opinión, debemos cambiar el eje de la discusión sobre violencia en los estadios: los responsables tienen que ser los dueños del espectáculo.

Y creo que el gran mérito de este proyecto es avanzar en esa dirección. ¿Por qué señalo esto, señor Presidente ? Porque dentro de las disposiciones propuestas, se señala que debe haber un jefe de seguridad, particularmente en los partidos de alto riesgo, el cual tiene que ser de cargo del club responsable del espectáculo.

Además, se exigirán herramientas tecnológicas y la debida caución. Al dueño del espectáculo se le hará responsable a partir de la dictación de la ley correspondiente, incorporándose otras disposiciones más bien de carácter penal. Pero el foco donde deberíamos apuntar con esta modificación a la ley vigente, es que la fuerza pública ha de actuar solo de manera excepcional. Asimismo, se tiene que indemnizar a la fuerza pública cuando le corresponda intervenir, porque desvía su atención normal.

Estoy seguro de que, si colocamos el foco en lo que verdaderamente tienen que controlar dentro del recinto deportivo quienes son responsables del espectáculo, irá cambiando el eje, porque vamos a controlar las barras, los ingresos y la tecnología.

Señor Presidente , si uno hace un balance de los dos proyectos, se percata de que el gran aporte que hacen consiste, precisamente, en cambiar el eje y colocarlo donde corresponde. Porque, por último, los dueños de los clubes deben evitar la violencia en los estadios y dar un espectáculo adecuado. Si no lo hacen, tienen que responder las entidades deportivas o quien organiza los partidos que, en definitiva, es la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , adhiero a las felicitaciones a los Diputados señores Walker y Morales por haber llevado adelante esta iniciativa, refundir todas las mociones presentadas y abordar, una vez más, el tema de la violencia en los estadios.

Según se ha señalado -especialmente por el Senador señor Espina-, la ley vigente se promulgó en octubre de 1994, como consecuencia de que en un estadio hubo un acto de violencia, incendio de las bancas, etcétera.

Junto a los Honorables señores Espina y Pizarro y el entonces Senador señor Chadwick nos reunimos en La Moneda para trabajar junto al Director de Deportes de la época, Julio Riutort. Se hizo una labor que permitió la promulgación de la primera ley que, en mi opinión, como se ha dicho aquí, ha sido una normativa bien hecha e importante, con resultados muy positivos las veces que ha sido aplicada.

El problema central es que al entrar en vigencia esa legislación, no existía la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual se promulgó el 2005, después de haber sido estudiada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, con la asesoría del señor Julio Riutort .

De esa forma se creó el marco jurídico adecuado para contribuir a la profesionalización de la gestión deportiva en el país, en la creencia que con ello el fenómeno de las barras bravas y de la violencia sería riesgoso para esa profesionalización y, también -por qué no decirlo-, una dificultad para el negocio.

Durante estos años de vigencia de la ley y de la incorporación de este nuevo marco jurídico, no ha habido un cambio en la responsabilidad de esas sociedades anónimas deportivas.

Por lo tanto, reitero que me sumo al apoyo dado a esta iniciativa. Considero que parte central de ella -como señalaba el Senador señor Orpis- consiste en cambiar el eje en la discusión.

Por lo anterior, considero fundamental lo que se señala en el proyecto: avanzar en materia de transparencia respecto a los aportes que los clubes hacen a sus barras. De modo que todo aporte directo o indirecto debe ser declarado y hecho público, junto con prohibir el financiamiento oculto, como sucede actualmente.

Por otro lado, existiendo ya obligaciones legales para las instituciones en materia de control de ingreso a los espectáculos deportivos, ahora se propone aumentar las sanciones para los representantes de los clubes deportivos que, por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de tales obligaciones, contribuyan o faciliten la comisión de delitos.

En tercer lugar, se hace efectiva la responsabilidad. Se establece una presunción legal de negligencia o descuido culpable cuando se efectúe apoyo financiero a personas que hayan estado involucradas en hechos de violencia. Es decir, cuando con sus actos propios vulneren la letra y el espíritu de la ley de violencia en los estadios.

En cuarto término, se propone la responsabilidad solidaria de los clubes y, subsidiariamente, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Sabemos que los partidos son el giro principal de un negocio en donde los dueños de los clubes se benefician de una actividad que produce externalidades negativas para los vecinos y el patrimonio público, respecto de las cuales no solo han omitido hacerse cargo, sino que no han hecho nada por evitarlas.

Como señalaba muy bien el Senador señor Orpis , todos vemos los partidos de fútbol de España e Italia, y no vemos a policías dentro de los estadios. No se desplazan mil o 2 mil efectivos. La fuerza policial controla el exterior del recinto; pero la seguridad depende de los clubes.

Hace poco tiempo estuve en un derby entre Barcelona y Real Madrid . Cuando un jugador iba a servir un córner, le tiraron una botella de plástico, lo que implicó que al club le cerraran el estadio por un mes. Y todos sabemos lo que eso significa: los ingresos de cada domingo representan uno o dos millones de dólares. O sea, la entidad deportiva correspondiente dejó de percibir a lo menos entre 8 y 10 millones de esa moneda.

En Chile los clubes no son responsables de lo que suceda en los estadios. Por lo tanto, estimo que el cambio propuesto es muy importante. Como decía el Honorable señor Orpis, el eje principal vuelve a los clubes.

Este es un negocio. Baste señalar que el Canal del Fútbol está valorizado en más de 500 millones de dólares, en circunstancias de que el Canal 13 se vendió hace poco tiempo en menos de 100 millones de la moneda norteamericana. ¡Ese es el volumen de la plata que se mueve! ¿Cuántos millones de dólares se recaudan cada domingo?

Por lo tanto, de una vez por todas, debe destacarse que las personas y las sociedades anónimas que intervienen en el fútbol -que es una actividad social y familiar, pues sabemos lo que el fútbol significa- no se hacen responsables de esta situación, continúan financiando a las barras bravas y siguen entregando boletos para que ingresen a tales recintos deportivos personas que han sido condenadas por delitos de violencia en los estadios, lo cual, en definitiva, tiene un costo inmenso para el país.

El costo para Carabineros de Chile no se ha dimensionado en su real envergadura; es un volumen de plata gigantesco. Cada vez que un partido se clasifica como de alto riesgo, son miles de millones de pesos que botamos a la calle pero que los clubes reciben a través de la venta de entradas, de la publicidad y de los ingresos que perciben por las trasmisiones del Canal del Fútbol.

En resumen, me sumo muy gustoso a esta importante modificación que se propone al cuerpo legal que promulgamos en 1994 y que también se introduzcan correcciones a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, promulgada el 2005, con el objeto de que, en definitiva, termine la violencia en los estadios, la cual ha ido in crescendo y que significa que muchos miles de personas, especialmente las familias, no concurran a tales recintos deportivos.

En consecuencia, reitero mis felicitaciones a los Diputados que han impulsado la iniciativa, cuyo objetivo apunta a que las sociedades anónimas deportivas se hagan responsables de estos espectáculos, de los cuales reciben cuantiosos ingresos.

Voto a favor, señor Presidente.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente , alguna vez escuché señalar a un fanático del fútbol que la discusión sobre la Ley de Violencia en los Estadios solo la pueden sostener quienes asisten permanentemente a tales campos deportivos, ya que solo ellos conocen y entienden muy bien de qué se trata el fútbol.

Reconozco que en estos últimos años no asisto al estadio con la frecuencia con que lo hacía anteriormente. Y una de las razones por las que no lo hago es la inseguridad que hay actualmente en los estadios para presenciar un espectáculo tan hermoso como es un partido de fútbol.

Y eso duele, señor Presidente . Duele porque, detrás de ello, subyace la privación -como ya se expresó en la Sala- que aqueja a numerosas familias privadas de la posibilidad de una pasión de multitudes y que genera tanta satisfacción en muchos chilenos.

Por ello me alegra tanto el hecho de poder analizar en esta ocasión las modificaciones legales necesarias para que tengamos una adecuada Ley de Violencia en los Estadios.

Entre los aspectos relevantes de los dos proyectos que nos hallamos discutiendo, cabe señalar los siguientes:

-Implementar herramientas tecnológicas tales como cámaras de seguridad y detectores de metales en la cantidad y calidad que determine la intendencia regional respectiva.

-Coordinar con los medios de comunicación previamente acreditados la indumentaria y las credenciales necesarias que usarán sus profesionales para acceder a los partidos sin inconvenientes.

-Facultar a los intendentes regionales para pedir y exigir la rendición de una caución (2 mil unidades de fomento).

-Actualizar a los clubes deportivos ante las intendencias regionales para gestionar el padrón oficial de sus barras.

-Sancionar la reventa de entradas y la sobreoferta de ellas, lo cual -como hemos visto en algunas ocasiones- genera en las afueras de los estadios hechos de violencia extremadamente complejos.

Por otra parte, además de la iniciativa presentada por el Diputado señor Walker , que también discutimos en esta ocasión, hay otra. Felicito a sus autores, pero en especial al mencionado parlamentario, porque él nos acompañó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado cuando analizamos y aprobamos ambos proyectos. La segunda moción avanza en la dirección correcta en materia de transparencia respecto de los aportes tanto directos como indirectos que reciben los clubes deportivos.

Ello me parece fundamental.

El hecho de que se aumenten las sanciones para los representantes de los clubes deportivos que, por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de dichas obligaciones, contribuyan o faciliten la comisión de delitos y faltas que vemos en los estadios resulta sumamente adecuado.

A fin de hacer efectiva esa responsabilidad, se establece una presunción simplemente legal de negligencia o descuido culpable cuando se apoye financieramente a personas que hayan estado involucradas en hechos de violencia.

En la Comisión se dio a conocer, por ejemplo, un hecho gravísimo: una persona que había agredido a otra recibió, con posterioridad, del club de fútbol al cual pertenecía el pago de una boleta a honorarios.

Señor Presidente , se hace indispensable la existencia de una responsabilidad de los clubes deportivos y, subsidiariamente, de la ANFP, a efectos de que volvamos a tener la posibilidad de concurrir a los estadios y que la opinión pública internacional -en el exterior también se ven nuestros partidos de fútbol-, pueda apreciar que somos un país civilizado que no ampara delincuentes.

En consecuencia, me parece imprescindible que la iniciativa legal que terminó en la Ley de Violencia en los Estadios sea hoy día complementada con estas modificaciones, a fin de que podamos hacer realidad el sueño de ver nuevamente en los estadios a familias completas - niños, abuelos con sus nietos-, transformando los días sábados y domingos en una verdadera fiesta, lo que no ocurre en la actualidad, ya que la ida a dichos recintos se convierte, más bien, en una aventura que no se sabe cómo termina.

Por lo tanto, junto con votar favorablemente ambos proyectos, aprovecho de solicitar desde ya -dado que nos hallamos en la votación de uno de ellos- que el resultado se extienda a la segunda iniciativa -que figura con el número 9 en la tabla de la presente sesión-, para los efectos de dar cumplimiento al acuerdo que adoptó la Sala en el sentido de analizar conjuntamente ambas modificaciones legales.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, doy excusas por haberme ausentado de la Sala -debía atender otras materias- y no escuchar las intervenciones de mis colegas en forma completa.

Solicité la palabra para formular un planteamiento similar al que acaba de explicar la Senadora señora Alvear , en el sentido de que este proyecto debe ser analizado en conjunto y ligado con el signado en el número 9 de la tabla, iniciado en una moción de varios Diputados, particularmente del señor Walker , quien nos acompaña esta tarde.

Lo de la violencia en los estadios se ha analizado reiteradamente desde que creamos la primera ley sobre el particular, que fue muy discutida y que apuntaba a conseguir, fundamentalmente, mayor responsabilidad -por así decirlo- de los actores que participan en el espectáculo profesional del fútbol, cuya orgánica, por la forma como se halla estructurada la actividad y por el objetivo y la organización que tiene, requiere una legislación, normas y estatutos propios, los cuales obedecen también a la reglamentación internacional reconocida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y, por lo tanto, necesita un tratamiento especializado.

En esa línea, obviamente siempre buscamos reducir las situaciones de violencia que se generan antes, durante y después de los partidos tanto en los estadios como también en sus inmediaciones, además de los efectos sociales que ellas acarrean.

Fue complejo y muy difícil en esa primera etapa del debate lograr un texto relativamente eficiente y eficaz para controlar la violencia en dichos lugares.

Los mayores problemas los tuvimos con los propios dueños del espectáculo, que son la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y los clubes deportivos. Y por una razón muy sencilla: porque la relación que existía -y que en muchos casos existe todavía- con lo que se llaman las "barras bravas", o con los hinchas o socios, era importante. En efecto, la gente que más participaba en este tipo de espectáculos y que lo hacía de manera más apasionada, lo que los llevaba a cometer hechos de violencia, encontraba la concomitancia, o el financiamiento, o el respaldo, o el amparo de los propios dirigentes de los clubes a los cuales pertenecía.

Y lo que era una idea primitiva valiosa, de lograr que las hinchadas del fútbol fueran cada día más populares y más masivas, se transformó en un arma de doble filo, porque, en la práctica, esos grupos fueron adueñándose o apropiándose, en términos físicos, del espectáculo en las canchas y, de algún modo, también fueron controlando, o manipulando, o condicionando a los dirigentes de los clubes.

El problema mayor es que los dirigentes no aceptaban ningún tipo de responsabilidad, ni económica, ni social, ni civil, por los efectos que generaban tales conductas.

De una u otra forma, nosotros pensamos que esta relación incestuosa -por decirlo así- o mala iba a sufrir modificaciones o se iba a ir corrigiendo cuando aprobáramos en el Congreso la iniciativa sobre sociedades anónimas deportivas. Esta ley ha conseguido, en un porcentaje bastante alto, ordenar a las instituciones deportivas, mejorar la gestión de los clubes, establecer un sistema de gestión de estos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la organización, completamente distinto. Y por una razón muy simple: porque, al ser sociedades anónimas, al tener propietarios, cambia enteramente el modo en que los directivos son elegidos, y también, en una buena parte, se modifica el objetivo, por cuanto los clubes se transforman en organizaciones más que deportivas, fundamentalmente en aspectos económicos.

Eso, a la larga, produjo dos efectos.

El primero es que las hinchadas, los socios propiamente tales, ya no ejercieron la influencia decisiva que tenían antes sobre los dirigentes, porque eran los que votaban y los que elegían a las directivas y, por lo mismo, los dirigentes quedaban condicionados a ellos.

Y el segundo es que, al responsabilizarse de la gestión, al menos desde el punto de vista económico, se consiguió que los clubes y la ANFP se preocuparan de que el espectáculo fuera mejor organizado, estuviera garantizado, generara ingresos, de manera que la actividad pudiera financiarse y, lógicamente, obtener utilidades.

Este ámbito es el que encara el proyecto del Diputado Matías Walker en términos de establecer una mayor responsabilidad de los dirigentes en el funcionamiento de las barras y de señalar que todas aquellas instituciones que, de una u otra forma, sean responsables de lo que suceda en los espectáculos deportivos y que además tengan una relación directa con las barras organizadas -a las que les hacen aportes, financian y sustentan-, deberán transparentar esa relación de modo que ella realmente esté en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública. ¿Por qué? Porque, cuando eso se produce, claramente se logra un sentido de responsabilidad, no solo moral o ético, por el financiamiento que entregan, sino que también se pueden definir responsabilidades que después permitan aplicar sanciones para cuando ocurran hechos de violencia.

Además, me parece que la responsabilidad de los clubes o de los dirigentes debe ser solidaria, desde el punto de vista económico, cuando se cometen hechos de violencia que generan daño, perjudican el patrimonio, provocan desórdenes o significan un costo para el conjunto de la sociedad. Porque lo curioso -y entiendo que esto ya lo han dicho otros colegas- es que la seguridad de estos espectáculos públicos -por los cuales se cobra- es financiada fundamentalmente por el Estado, a través del papel que juegan las fuerzas policiales, las intendencias, tal como establece la propia ley. Y lo lógico y natural sería que toda esta parte del espectáculo fuera íntegramente garantizada y financiada por sus organizadores y dueños, que son la Asociación Nacional de Fútbol y cada uno de los clubes que participan.

Es aquí donde se produce la discrepancia y la diferencia, pero creo que el proyecto del Diputado Matías Walker encara bien esta materia, porque establece esa responsabilidad y, junto con ella, las sanciones que permitirían ir terminando con este flagelo.

Hay una serie de otros elementos que no voy a alcanzar a analizar en esta intervención, pero que me parece fundamental abordar también en este debate. Claramente, si con la ley vigente hubiera habido una acción más eficaz de las fuerzas policiales en hacer las denuncias; de los tribunales, en acogerlas y establecer las sanciones respectivas, y después, en el control de su cumplimiento por los infractores, es indudable que se habría logrado un resultado mucho mejor.

Sin embargo, ha habido, diría yo, criterios distintos en la forma de aplicar la legislación, tanto por los tribunales y fiscales, que son los que deberían llevar adelante estas causas, como, por supuesto, por los jueces, que, las más de las veces, a quienes eran detenidos y llevados ante ellos producto de la ley de violencia en los estadios no les aplicaban esta normativa, sino una infracción por consumo de alcohol, por problemas de droga, por riña, por enfrentamiento o pelea, por desorden público u otra circunstancia parecida. Y eso, en la práctica, no significaba sanción alguna y generaba este círculo vicioso consistente en que los autores de hechos de violencia, a pesar de ser detenidos o denunciados responsablemente, salían en libertad, con la posibilidad cierta de seguir participando en espectáculos deportivos.

Me parece que lo que se ha estado planteando, tanto en el proyecto presentado por el Gobierno -las ideas impulsadas por el Ministro del Interior - como en la moción parlamentaria que ha estado analizando la Comisión, debe llevarnos a aprovechar esta oportunidad y hacer ver, de una vez por todas, que la legislación especial debe ser aplicada por los tribunales de manera preferente, entendiendo que se desarrolla en recintos donde se está efectuando todo un espectáculo deportivo profesional que persigue fines de lucro, que exige un financiamiento, que arroja utilidades, que genera una pasión y un movimiento social importantes, pero que tiene toda la obligación de ser controlado. Y quienes manejan estos espectáculos deben asumir su responsabilidad por los hechos de violencia que se produzcan.

Para terminar, señor Presidente , anuncio que voy a votar a favor del proyecto en general. Entiendo que se suma a la otra iniciativa y que en la Comisión que preside la Senadora Alvear se van a ver en conjunto de aquí en adelante. Y me parece bien, además, que el Gobierno acoja mociones parlamentarias en esta materia, las asuma como propias y efectúe un reconocimiento a sus autores.

Se ha hablado mucho en este tema, respecto del cual es necesario legislar. No siempre hemos tenido los acuerdos que hoy día se pueden producir, de tal forma que mientras más rápido lo hagamos de manera clara y categórica, tanto mejor para el desarrollo del espectáculo profesional del fútbol.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , recuerdo haber participado en diversos foros con el entonces Diputado Espina en torno a la efectividad de la ley en comento. Este es un debate que arrastramos desde esa época, de cuando éramos miembros de la Cámara Baja.

Estaba leyendo mis borradores del año 2000, con un conjunto de propuestas que insistentemente intentamos llevar adelante, con el Ejecutivo de la época, para modificar la normativa, sin éxito alguno.

El 2007 ingresamos un nuevo proyecto, que busca, desde el punto de vista de la prevención, que la Asociación Nacional de Fútbol pueda querellarse por los ilícitos que se cometan con ocasión de espectáculos futbolísticos, dentro o fuera de los recintos deportivos, entregándole mayores instrumentos para ello.

En esto ha habido mucha creatividad, crítica y también inmovilidad. Se habla y se critica harto, pero en realidad se ha innovado muy poco.

He leído con atención el proyecto y he repasado mis iniciativas legales, tanto la del 2000 como la del 2004. Hay, por cierto, una similitud en el 90 por ciento. Pero existe un 10 por ciento que yo quisiera rescatar, porque me gustaría contribuir a mejorar el proyecto del Diputado Matías Walker , que me parece muy bien, con un conjunto de elementos que considero vitales a la hora de decidir.

En especial, señor Presidente , creo que se debe cambiar el nombre a la ley y también el énfasis. Esta normativa lo que hace es generar una sensación de que solo en el fútbol se realizan espectáculos de alto riesgo y se cometen actos de violencia. Yo recuerdo un torneo de tenis donde hubo silletazos y, asimismo, eventos musicales donde se produjeron fuertes enfrentamientos.

El tema es: ¿vamos a salvaguardar la seguridad ciudadana solo en el fútbol, por ser un espectáculo masivo -en el que, por lo demás, algunas veces hay tantos carabineros como barristas-, o vamos a contar con una legislación que la salvaguarde en todos los eventos masivos, sean musicales, deportivos de cualquier índole, políticos?

Yo, señor Presidente , me quedo con el nombre con que titulamos nuestra iniciativa: "Proyecto de ley para la prevención y la seguridad en espectáculos masivos". A mi juicio, ese es el sentido correcto, porque estigmatizar al fútbol es un error.

El Senador Orpis planteó el tema de los costos. No sé hasta cuándo les vamos a seguir financiando los espectáculos a la Coca-Cola, a Colo Colo , a la Chile, a la Católica o a los cantantes internacionales que vienen al país y no pagan impuestos. ¿Hasta cuándo vamos a disponer de mil millones para esos efectos, que es el costo que ello genera?

Aquí tengo oficios de los años 1996, 1997, 1998. Cada vez que la Coca-Cola anuncia que va a traer a alguien, yo empiezo a sacar el cálculo de cuánto nos va a costar eso, qué cantidad de policías vamos a desviar de la seguridad ciudadana y cuánto tendrá que desembolsar el Estado para darle seguridad al evento, que además persigue fines de lucro.

Esa es una discusión que habría que desarrollar.

¿Puede el Estado poner a disposición la fuerza pública tratándose de espectáculos con fines de lucro en recintos cerrados, por ejemplo, o los organizadores deben contratar guardias privados, como ocurre en los Estados Unidos, en Europa, donde la seguridad pública se aplica afuera de los recintos y no al interior de ellos?

Pregunto esto porque, en definitiva, los carabineros que se distraen los necesitamos para la verdadera seguridad ciudadana. De manera que los responsables del evento tienen que contratar guardias para poder mantener el orden y contar con normas para resguardarlo.

Señor Presidente, estimo que en esta materia hay que incorporar ciertos elementos si queremos devolverle la majestad al fútbol.

Yo asisto generalmente con mis hijos a presenciar los partidos del Colo, donde a veces la sensación de temor es carne viva. A mi juicio, se hace necesario incorporar el alcotest.

Está bien: prohibimos el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los recintos deportivos. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando uno iba al Estadio Nacional y se tomaba una cerveza, una Pilsener en botella de vidrio. Hoy día no se puede vender alcohol ahí. Pero la verdad es que el tema no es que se prohíba vender alcohol, sino si la persona lleva alcohol puesto encima. Porque alguien que va a ver un espectáculo de fútbol debe ir a gozar de él, tiene que estar en todos sus cabales.

En consecuencia, considero que es preciso incorporar la prohibición de ingreso a dichos recintos a quien esté en manifiesto estado etílico o en estado de ebriedad, o haya consumido bebidas alcohólicas. Para ello debe someterse al alcotest. El que va "copeteado" al estadio no entra. Porque algunos se "copetean" afuera para disfrutarlo adentro.

Por lo tanto, el alcotest tiene que estar considerado como una medida de seguridad. Lo importante es que no se pueda ingresar al estadio o a los recintos donde se presentan espectáculos masivos después de haber consumido alcohol.

Yo todavía estoy con la idea de generar una ley para eventos masivos y no una normativa que solo sea para el fútbol, porque lo estigmatiza.

Creo que el alcotest -repito- es un mecanismo que debe considerarse.

En segundo lugar, nos entrevistamos con muchas compañías aseguradoras que hicieron cálculos sobre cuánto costaba securitizar la entrada, a cuánto se quería apostar. Y los ejecutivos de esas compañías me dijeron: "Eso depende de si se trata de un espectáculo de 10 mil u 80 mil participantes. Si es de 80 mil, es manejable, porque la securitización se la cargamos a la entrada, por si una persona se cae de la gradería, le impacta un pedazo de estructura desprendida del estadio o es pisoteada por otras". Lo importante es que los asistentes estén protegidos, como ocurre con los pasajeros del transporte público.

¡Securitización! ¿Con cargo a qué? Con cargo al boleto, a la entrada, no con cargo al Estado.

¡Securitización!

¿Por qué el Estado tiene que pagar los costos producidos por un mal diseño en la salida de los estadios o por una mala infraestructura de dichos recintos?

Los asistentes tienen que estar protegidos para el caso de que se produzcan accidentes, pues -reitero- se trata espectáculos que generan utilidades, donde hay lucro privado. Por tanto, es necesario securitizar las entradas para que la gente pueda ir a los espectáculos en forma segura y sepa que, si ocurre un accidente, alguien va a responder, que no sea su propio seguro de salud, ni la isapre -esta no lo hará-, ni el Fonasa, que no le alcanzará a cubrir los daños causados.

Por eso, creo que puede existir una securitización adosada a la entrada -que habrá que conservar-, para dar mayor certeza en lo que respecta a la seguridad de la integridad física de quienes asistan a un espectáculo.

En el proyecto mencionado nosotros proponíamos la creación de un comité de espectáculos masivos, a fin de que el asunto no quedara solamente en manos de las intendencias y de Carabineros de Chile; un órgano mucho más amplio, que incluyera también a la ONEMI, a Bomberos y al alcalde de la comuna respectiva, porque los líos no se producen en Santiago, sino en Ñuñoa o al lado del Monumental. Los daños son para los vecinos y, por consiguiente, el concejo municipal deberá tener a su encargado de seguridad coordinando igualmente el evento, por cuanto, al final del día, quien responde por los daños son los municipios y sus alcaldes.

En consecuencia, en ese comité de seguridad de espectáculos masivos debiera estar integrado el municipio y, también, organizaciones ciudadanas que podrían colaborar con una visión más amplia a la hora de tomar medidas.

Por todo lo anterior, señor Presidente, considero que el proyecto en debate es oportuno y que sus normas van en la línea correcta, pese a que la responsabilidad de los clubes queda un tanto diluida.

En su momento, apoyamos la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Y, más allá de lo bien o lo mal que le está yendo a Colo Colo con el cambio de propiedad -más mal que bien-, está claro que tendrá que haber una mayor responsabilidad.

Y se va a producir el siguiente debate.

Se define lo que es "barra". Nosotros dijimos que había que precisar tal concepto -el Senador Espina lo recuerda muy bien-, porque la ley era bastante rara: sancionaba a quienes estaban empadronados y no a los que no lo estaban. ¿Qué ocurrió? ¡Nadie se empadronó! La verdad es que había que ser estúpido para meterse a una barra para quedar identificado y ser objeto de sanción.

Por lo tanto, me parece que debe revisarse la definición de "barra", en particular para dilucidar lo siguiente.

¿Entregan o no entrada a los barristas los clubes de más alta convocatoria? Les entregan, y con eso financian a las barras.

¿Debe haber responsabilidad directa contractual y, también, administrativa y penal para quienes regalan entradas a las barras? Claro que sí.

¿Tienen que estar asegurados los clubes ante eventuales accidentes? Yo creo que sí. En ese sentido, considero que la vigilancia de la conducta de las barras no necesariamente debe recaer en la policía y en los organizadores, sino en el club respectivo. Y para ello se requiere una acción más definida en los estatutos y en la responsabilidad con que los clubes asumen el comportamiento de sus hinchas.

Tuve la oportunidad de trabajar, en los tiempos en que la situación fue muy dura, con "Los de Abajo" y "La Garra Blanca". Eran verdaderos centros de formación social. Algunos trataban a sus miembros de delincuentes. La verdad es que la mayoría de ellos eran jóvenes provenientes de sectores muy vulnerables, que requerían mucho apoyo y que encontraban allí un ámbito de acción colectiva. Entonces, los presidentes de los clubes se dividieron entre los que les proporcionaban capacitación y quienes les entregaban entradas. Pero, claramente, representaban una forma de expresión popular, de manifestación deportiva de un sector de la juventud.

Yo creo que ahí se necesita un trabajo de prevención. Y eso también es responsabilidad del Estado, no porque sean barristas del Colo o de la Chile, sino porque se trata de agrupaciones juveniles que se organizan para un determinado fin y cuyos integrantes requieren apoyo. Pero eso, con reglas claras, transparentes, para poder lograr lo que todos deseamos.

Si el fútbol se financia, se pueden contratar buenos jugadores y tener mayor seguridad en los estadios.

A mí, señor Presidente , me gustaría contar con el informe de la Intendencia. No sé si el Ejecutivo lo tiene...

El señor GIRARDI ( Presidente ).-

Ya terminó su tiempo, señor Senador.

Le voy a dar un minuto más.

El señor NAVARRO.-

Ese informe revelaba que el 70 por ciento de los estadios de Chile deberían estar cerrados por no cumplir las reglas mínimas de seguridad: no tienen vías de salida, no cuentan con certificación de vigencia de no fatiga de los materiales; en definitiva, exhiben un conjunto de falencias que los hacen inhábiles.

Pero ahí está el Estado. Si los clubes de fútbol son públicos, el Estado tendrá que invertir mucho, porque eso facilita las cosas. ¡No hay seguridad en un recinto inseguro!

En resumen, aquí no se trata solo de establecer normas represivas, de poner más carabineros, de fijar penas más altas, porque esa represión ya falló. Es preciso hacer prevención, mejorar la infraestructura de los recintos, para que haya mayor seguridad. Solo así la gente volverá a los estadios, el fútbol se financiará, será maravilloso, y todos podremos ir nuevamente a ellos a sufrir, a perder o a ganar. Ojalá que sea a esto último.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

¡Nueva Constitución ahora!

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, este proyecto de ley, del cual soy coautor, lo presentamos junto con otros nueve parlamentarios el 25 de enero de 2007 y se halla refundido con otras iniciativas de la Cámara de Diputados. Vale decir, hace más de cinco años, tal como se señala en su fundamentación, se habían advertido las falencias que presentaba la aplicación práctica de la denominada "Ley de Violencia en los Estadios", de 1994, y que era necesario corregir. El texto de la moción, que recibió algunas indicaciones, lo aprobamos el 30 de agosto de 2007.

Por eso, agradezco al Gobierno que, comprendiendo la importancia de introducir estas modificaciones a la referida normativa, le haya fijado "suma urgencia", ya que los hechos de violencia en diversos recintos deportivos del país se han incrementado peligrosamente y, tal como manifestaron varios exponentes que acudieron al debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se hace necesario recoger las experiencias que en este aspecto han incorporado diversas legislaciones de otras naciones, como asimismo las valiosas recomendaciones que durante su tratamiento en la Cámara de Diputados recogimos de Carabineros de Chile.

Señor Presidente , estimados colegas, la asistencia a un espectáculo deportivo debe constituir un sano espacio de recreación y esparcimiento, tan necesario para el desarrollo de los seres humanos como personas, pero en caso alguno puede transformarse en escenario de batallas campales causadas por el fanatismo y descontrol de los miembros de las llamadas "barras bravas", con los resultados que constantemente debemos presenciar o que nos informan los medios de comunicación.

Por ejemplo, hace unas semanas se realizó un espectáculo deportivo. En él participaron los jugadores históricos de Colo-Colo que se enfrentaron a los de Everton. El motivo fue absolutamente solidario, porque se quería llevar ayuda a los damnificados del incendio ocurrido en Viña del Mar. Pero el evento terminó en una pelea campal. Nosotros estábamos en la cancha y temimos por la seguridad de las personas, ya que no solo existía la posibilidad de que resultaran con daños y lesiones graves, sino, incluso, de que algunas perdieran la vida.

Por eso se hace necesario regular estas materias, porque, de alguna manera, la violencia se ha llevado a la cancha de fútbol, a los espectáculos deportivos cuando, en definitiva, debieran ser lugares de esparcimiento.

No resulta aceptable que a los partidos de fútbol, calificados de alto riesgo, se deban destinar tantos efectivos policiales (más de mil en los estadios grandes), que por ese solo hecho le brindan un ambiente de tensión a un espectáculo que debe ser una justa deportiva inspirada en el fair play. Estos eventos, además, van en desmedro de la seguridad pública del resto de quienes viven en la respectiva ciudad o comuna donde se ubica el recinto al sufrir la merma de policías encargados de su resguardo, sin considerar los múltiples perjuicios que se causan a las personas que residen en las cercanías de los campos deportivos que ven dañadas sus viviendas y sus vehículos.

Adicionalmente, quiero señalar que esta materia ha preocupado de manera transversal a algunos parlamentarios, entre ellos a los Senadores Jorge Pizarro y Alberto Espina. Por su parte, en la Cámara Baja se ha sumado a los proyectos de ley que presentamos en su oportunidad, el Diputado Matías Walker. Por tanto, esta es una materia que transversalmente se ha ido promoviendo.

Esta iniciativa resuelve algunos temas de fondo.

Primero, los organizadores de los espectáculos de fútbol profesional deberán contar con un jefe de seguridad. Este es un aspecto relevante porque dicha persona deberá acreditarse ante Carabineros de Chile.

En segundo lugar resuelve un asunto que no estaba claro en la ley original del año 94, al establecer qué se entiende por "inmediaciones" del estadio. Al efecto, se establece una distancia de mil metros perimetrales al sector del estadio para efectos de configurar los delitos o las faltas que se cometieren en el lugar.

Se establece, asimismo, que tratándose de espectáculos de fútbol profesional deberá rendirse una caución equivalente a 2 mil unidades de fomento para asegurar la reparación de los daños que se causen a los bienes públicos y privados, con ocasión de un espectáculo deportivo.

También se instituye el empadronamiento de las barras, un tema por el cual tanto se ha luchado y que finalmente va a quedar a buen resguardo. Ese padrón de barras deberá acreditarse o renovarse año tras año.

Finalmente, se instaura y se sanciona por primera vez en forma drástica la reventa de boletos.

Este es un punto relevante porque además se establece una multa que va entre 4 a 20 unidades tributarias mensuales para aquellas personas que revendan entradas y se define la sanción para el acto de reventa de boletos en espectáculos deportivos.

Una cuestión que también reviste importancia es que, inspirados en la experiencia internacional, se recoge como pena accesoria a las sanciones fijadas en esta ley en proyecto, la prohibición de asistir a espectáculos deportivos a quienes cometieren determinados delitos en los recintos o en sus inmediaciones.

En Gran Bretaña, por ejemplo, son particularmente duros a este respecto. De hecho, cuando se juegan los partidos en determinadas ciudades las personas tienen que concurrir a las estaciones de policía para registrar sus datos.

La iniciativa en comento no establece esa modalidad, pero sí la prohibición de asistir en determinados casos.

Por lo tanto, lo que estamos transfiriendo acá es la responsabilidad de la seguridad pública.

La seguridad pública no puede quedar circunscrita a Carabineros de Chile, que además hace un tremendo esfuerzo. Hoy día esta Institución no solo tiene que cumplir una función trascendental respecto de los espectáculos deportivos, sino también en los eventos culturales, en espectáculos de alta convocatoria. Por consiguiente, se establece la obligación de que los clubes deportivos tengan un jefe de seguridad y que se hagan cargo del registro de las barras bravas.

Quiero felicitar al Gobierno por ponerle urgencia a esta iniciativa; a los parlamentarios por todos los proyectos formulados sobre la materia. Hay muchas y variadas iniciativas, algunas fueron presentadas por el Senador Alejandro Navarro cuando integró la Cámara Baja. Un reconocimiento, nuevamente, al Diputado Matías Walker , a los Senadores Espina y Pizarro , y a tantos otros que a lo mejor omito en este momento.

En definitiva, esto demuestra un trabajo colectivo para sacar adelante una ley absolutamente necesaria y urgente.

He dicho.

El señor COLOMA.- Señor Presidente , quiero valorar aquellas cosas que en el Senado generalmente no se hacen con fuerza ni con espíritu, como corresponde. Porque no cabe duda de que, más allá de los muchos proyectos que tendemos a resolver en beneficio de la igualdad de oportunidades o del futuro del país, desde el punto de vista de los grandes conceptos, la materia en debate aparece para algunos como que no reviste tanta relevancia; no obstante, tiene una profunda importancia para la vida de muchas familias a lo largo del país y se vincula al desarrollo de los espectáculos. Y con relación a esta materia, en las últimas décadas se ha ido generando, no solo en Chile, sino también en el resto del mundo, una suerte de temor cada vez mayor que es preciso abordar.

Y digo lo anterior, porque hoy día estamos viendo estos proyectos en gran medida, a mi juicio, gracias al esfuerzo hecho por la Cámara de Diputados en esta línea. Creo que es bueno y sano plantearlo.

En particular -me ha tocado ser parte de algunas de las consultas-, deseo destacar lo realizado por el Diputado señor Celso Morales , en su calidad de Presidente de la Comisión Especial de Deportes , en cuanto a hacer un esfuerzo adicional. Porque si se cumple simplemente con reglas y normas respecto de asuntos que por lo general no concitan urgencia, salvo cuando en un espectáculo se genera todo tipo de problemas, la situación tiende a irse debilitando en el tiempo.

Por lo tanto, la perseverancia, la imaginación, la convocatoria ayudan a que ahora nos encontremos intentando resolver un tema que se arrastra desde hace tiempo. Y uno así lo puede deducir por los proyectos presentados. El Diputado señor Matías Walker ha hecho también un esfuerzo muy importante que apunta exactamente en la misma línea.

Es bueno señalarlo.

Por lo general, cuando hay dos Cámaras se formulan críticas soterradas de una contra otra. Por eso es importante reconocer el trabajo realizado por la Comisión Especial de Deportes, presidida por el Diputado señor Celso Morales . Yo lo valoro y creo que es un activo respecto del tema.

En particular, quiero destacar muy someramente algunos elementos de la nueva legislación, porque no se trata de un solo proyecto, sino de varios que se unen para tratar de mejorar la seguridad en este tipo de espectáculos.

Primero -ya se ha señalado, pero quiero repetirlo en forma sucinta-, se traslada la responsabilidad a los organizadores. Y esto se hace a través de elementos tecnológicos y de cauciones.

Me parece que ahí radica la esencia de lo que puede ser un antes y un después en esta materia. Ello no será fácil lograrlo. Pero tengo la convicción de que sin una norma de esta índole no existirá nunca un después, sino que más bien viviremos el antes de forma permanente.

Creo que lo anterior por lo menos da esperanzas de que se entienda que resulta fundamental establecer este tipo de acciones, que van en directa relación con la naturaleza del problema. Es decir, si quien organiza el espectáculo al final no responde, obviamente se generará el efecto perverso de que al no haber exigencia legal todos puedan lavarse las manos. Y aquí no necesitamos Pilatos, sino personas que actúen con responsabilidad.

Una segunda línea que me parece potente como señal pública, que es novedosa, es la incorporación de dos fiscales cuando se realicen partidos de alto riesgo. Creo que llegó el momento de que asumamos esta responsabilidad en el acontecer diario, en términos de no actuar solo a consecuencia de la comisión de delitos, sino también de generar los mecanismos que permitan anticiparse a las conductas delictivas, y los fiscales puedan formarse un juicio personal acerca de las situaciones que ocurren en un momento determinado.

Estas son, a mi entender, un conjunto de iniciativas novedosas, que son exigentes, pero apuntan en el sentido correcto. El hecho de saber, además, que están presentes fiscales en esa clase de espectáculos obviamente puede inhibir algún tipo de conducta no deseada.

Una tercera señal potente, que no he oído nombrar anteriormente, por eso me atrevo a señalarla, es la incorporación de determinados partidos de fútbol amateur en esta legislación. Porque quienes representamos zonas rurales sabemos que esos partidos suelen ser no solamente más masivos que los del fútbol profesional, sino que a veces presentan un grado de convocatoria que genera necesidades de seguridad indispensables, en el sentido de que el intendente pueda tener la facultad de declararlos de alto riesgo a fin de que se gatillen responsabilidades que hoy día no existen. Porque, si el fútbol profesional exhibe carencias en su normativa, el amateur prácticamente carece de esta última.

Entonces, pienso que es muy relevante contar ahora con disposiciones de esa índole.

Por último, quiero destacar las atribuciones que se dan a Carabineros, que al final es el gran garante, respecto de controles de identidad o de lo que uno podría llamar "acciones de prevención" y no solamente de sanción. El prevenir en estas materias es más importante que sancionar.

Por eso, señor Presidente -entiendo que la aprobación de este proyecto será unánime, lo cual le dará mucho más fuerza-, felicito a la Cámara de Diputados por lo que realizó y espero que exista un después en estos espectáculos, que deben estar siempre llamados a convocar, a unir, a ser familiares, y no a ilustrar permanentemente las páginas rojas. Es bueno que los actos deportivos empiecen a aparecer cada vez más en las páginas blancas.

He dicho.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente , leí hace unos días un artículo en Internet en que se recordaba aquellos años bellos cuando los papás iban a los estadios con la familia, con tranquilidad, con cocaví, incluso -como lo planteaba recién el Senador Navarro-, y nadie temía que lo agredieran, le robaran, lo asaltaran, o lo acuchillaran, como ocurre hoy día.

En la actualidad, la realidad es muy distinta.

Muchas veces el aficionado se halla expuesto a que le roben, a que lo asalten, a que lo agredan en los estadios, y eso hace que las familias vean la violencia como el peor cáncer del deporte chileno. Esta poco a poco ha ido alejando a aquellas de los recintos deportivos y generando una situación difícil de aceptar. A quienes alguna vez hemos asistido a ellos nos cuesta decidir ir con un niño, con un menor, porque realmente el riesgo es enorme. ¡Y para qué hablar de los vehículos! ¡De la gente que vive alrededor de los estadios! Es algo francamente insoportable.

Me alegra que nuevamente un grupo de parlamentarios, entre ellos los Senadores Espina, Chahuán , Patricio Walker , Pizarro y los Diputados que aquí nos han acompañado, hagan un nuevo esfuerzo. Se hizo uno en 1994, pero creo que la situación no varió mucho. Sin embargo, sinceramente, señor Presidente , no tengo tanta esperanza de que vaya a haber un cambio tan radical con este proyecto de ley.

Felicito a los autores de la iniciativa, porque efectúa un cambio en el eje muy potente -como lo planteaba el Senador Orpis-, en cuanto a establecer que quienes organicen un espectáculo con fines de lucro de alguna manera se hagan responsables por él.

Por eso, quiero hacer una reflexión sobre este tema.

En primer lugar, en 2005, con el Senador Naranjo le presentamos al Ejecutivo un proyecto acerca de esta materia, y por eso formulo un llamado a mi Gobierno a tomar una decisión en orden a que la seguridad en los actos públicos, no solamente en los estadios, debe ser financiada por quienes los organizan.

No es dable, señor Presidente , que se presente un artista extranjero o que se organice un partido de fútbol y se tenga que enviar a estos espectáculos 1.100 carabineros, además de los caballos, de los vehículos, y de una serie de elementos.

En la Región de Atacama hay un número poco superior a 600 carabineros. Cada vez que se realiza un partido, un tercio de estos se destina al estadio. Y no solo quiero hacer presente el costo que eso significa, sino también el subsidio que las familias más modestas que viven en sectores difíciles de la población chilena deben entregar con relación a quienes llevan a cabo un espectáculo con fines de lucro. Porque ellas tienen que enfrentar a los delincuentes a cara descubierta.

Eso ocurre hoy día, señor Presidente . Cada vez que se juega un partido de fútbol de alto riesgo concurre ese número de carabineros y los gastos son enormes. Tengo en mi poder los costos del año 2007, que alcanzan aproximadamente a 2.500 millones de pesos. Francamente, el Estado de Chile invierte una cantidad enorme de recursos en financiar la seguridad de estos actos.

Por lo tanto, quiero hacer un llamado a mi Gobierno para que legislemos con urgencia y determinemos, ya sea patrocinar algunos proyectos del Senador que habla o enviar uno nuevo, a fin de establecer que quienes organicen un espectáculo con fines de lucro deban pagar por la seguridad, ya sea en el caso del fútbol, de la música o de otros espectáculos, respecto a los cuales generalmente las familias más modestas subsidian a las personas que, con legitimidad, ganan dineros por su realización. No es bueno que se produzca este subsidio.

Reitero mis felicitaciones a los autores de esta iniciativa. Ojalá tengamos un mejor resultado que en el pasado. Porque la violencia, como dije al inicio de mi intervención, es el cáncer de los espectáculos públicos y del deporte, los cuales recordamos con tanto cariño.

El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que el proyecto del Diputado Matías Walker y de varios otros parlamentarios ha concitado gran apoyo. Prueba de ello es que casi todos los colegas se han referido a este tema, dándole su respaldo; y, por supuesto, mi intervención va en el mismo sentido.

Quiero valorar, también, la presencia del Diputado señor Celso Morales , que está haciéndole seguimiento a la iniciativa hasta su última instancia.

Son 14 los proyectos sobre esta materia que corresponde tratar en esta oportunidad. Porque en el número 9 de la tabla figuran trece textos refundidos, y ahora estamos viendo el del Diputado Matías Walker.

Naturalmente, hace 16 años, cuando se dictó la Ley de Violencia en los Estadios, quedamos muy conformes, ya que al fin se iba a poner poner orden en los espectáculos deportivos, que siempre se consideraban eventos casi familiares, pues a ellos concurría toda la familia (esposas, hijos, en fin) y prácticamente constituían un día de fiesta.

Sin embargo, últimamente provoca temor ir a los estadios.

Es necesario, pues, colocarle coto a la situación existente. Porque lo que ocurre en las grandes ciudades, como Santiago, se va imitando y transmitiendo a las Regiones, donde la gente dice: "Si lo hacen en la Capital, por qué no acá".

Por eso, me parece que las propuestas contenidas en este proyecto de ley, que aprobaremos en general -ciertamente, puede mejorarse en la Comisión-, apuntan en el sentido correcto de buscar mayor transparencia en los clubes que efectúan aportes a las barras; de llevar un control real de los barristas, y de que se responsabilice también a las instituciones deportivas y a las asociaciones que las cobijan, las cuales son causantes indirectas de todas las fechorías que se cometen y que la ciudadanía observa.

Ahora bien, la gente en sus casas, tranquila, dice: "No sé si pedir que ganen o que pierdan". Y tiene razón. Porque si ganan, los hinchas salen a celebrar y, ampliando la violencia que han ejercido en los estadios, destruyen todo lo que encuentran en su camino. Y si pierden, salen enojados y actúan exactamente igual.

¡A esas cosas debemos ponerles término!

La gente que vive en los alrededores de los recintos deportivos dice: "Mi propiedad antes tenía valor; hoy día no vale nada, por estar cerca de un estadio".

El deporte es algo bueno, sano, que todos fomentamos. Y afirmamos siempre: "¡Lo que se gasta en deporte reditúa 10 veces más! ¡Invirtamos plata en deporte para sacar a la juventud de los vicios; para guiarla por el buen camino, por la vida sana!".

Sin embargo, nos encontramos con este problema, que también ha llegado a las comunas pequeñas.

Quiero contarles que, días atrás, en una de ellas un árbitro expulsó a un jugador, quien, al retirarse de la cancha, agredió violentamente al lineman. Por cierto, la policía lo tomó preso. Y, al sacarlo del campo de juego, se le fue encima una turba.

Yo quedé asombrado por la forma como atacaban a los carabineros: ¡con palos, con piedras!

¡Ningún respeto a la autoridad, a la ley que nosotros aprobamos y a la cual la policía uniformada da eficacia!

¿Por qué ocurre aquello en comunas chicas?

Repito: cuando van a jugar equipos importantes a Concepción o a cualquier otra ciudad grande, la gente tiene temor.

Las barras de Colo Colo y de Universidad de Chile, cuando pasan a los servicentros, por ejemplo, ¡lo destruyen todo! ¡Nadie paga!

¿Qué sucede con esas hordas? ¿Son deportistas, barristas o delincuentes que se desplazan a lo largo del país?

Por eso, tenemos que legislar y poner más dura la mano. Debemos defender el deporte. Porque muchas veces, por no existir normativas claras ni respaldo enérgico a la policía, que le da eficacia a la ley, permanentemente se pasa por encima del ordenamiento jurídico.

Voy a aprobar en general el proyecto. Efectuaremos aportes para mejorarlo y para procurar que el deporte vuelva a ser la luz de esperanza y alegría que todos los fines de semana iluminaba a los chilenos a lo largo del país.

--Se aprueban en general los proyectos signados en la tabla de esta sesión con los números 3 y 9 (32 votos favorables).

Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García Ruminot, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Lagos, Hernán Larraín, Carlos Larraín, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Queda aprobada la idea de legislar en torno a las iniciativas correspondientes al boletín número 4.864, la primera, y a los boletines números 5.877-07, 6.205-25, 7.251-07, 7.509-07, 7.718-25, 7.600-25, 7.721-25, 6.055-25, 6.175-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.603-25 y 7.741-25, refundidos, la segunda.

Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- En virtud de lo se acaba de resolver, corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Nacional de Educación, por un período de seis años, a la señora María Francisca Dussaillant Lehman y al señor José Weinstein Cayuela, y por uno de tres años, a los señores Pedro Montt Leiva y Pedro Rosso Rosso, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

--Los antecedentes sobre el oficio (S 1446-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.

Informe de Comisión:

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- A la sesión en que la Comisión de Educación analizó esta proposición concurrieron, especialmente invitados, el señor Ministro de Educación , la señora María Francisca Dussaillant y los señores Pedro Montt y Pedro Pablo Rosso.

El referido órgano técnico, con los votos favorables de los Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana e Ignacio Walker y la abstención del Honorable señor Navarro, informa que en esta designación se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico vigente y, consecuencialmente, le recomienda a la Sala dar su acuerdo para los nombramientos propuestos.

Cabe tener presente que el acuerdo de la Cámara Alta para designar a los consejeros sugeridos debe prestarse en una sola votación por dos tercios de los Senadores presentes.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- En discusión la solicitud del Presidente de la República .

Ofrezco la palabra.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el Consejo Nacional de Educación se transforma, en momentos en que el debate sobre la enseñanza en Chile cobra primera prioridad, en un actor altamente significativo.

Yo dudé en dar la unanimidad para discutir este asunto ahora; pero entiendo que los procesos deben continuar aun cuando uno no los comparta.

El referido Consejo va a determinar la revisión del currículum para las educaciones parvularia, básica y media, y también, cuándo una universidad privada debe cerrar por no prestar los servicios de enseñanza a que se comprometió. Es decir, será un órgano rector de la educación, y en particular, de su calidad.

Eso fue lo que buscamos cuando discutimos el proyecto sobre calidad de la educación.

Ahora bien, en cuanto a la composición del Consejo Nacional de Educación, el Presidente de la República , aparte los dos miembros que nombra directamente, le propone al Senado la designación de cuatro, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad.

En la Comisión de Educación señalé que, conociendo la idoneidad académica y profesional de las cuatro personas sugeridas por el Primer Mandatario , mi observación no decía relación con ese aspecto -los currículums están a la vista-, sino con la interrogante acerca de si los nombres planteados representan la pluralidad y la diversidad de visiones existente en Chile en materia de educación. Y nos encontramos con que esa diversidad no se halla incluida. Entonces, el Consejo Nacional de Educación va a quedar conformado con exponentes de una visión parcial, sesgada, que no considera a todos los sectores, a aquellos que se expresaron masivamente en la calle durante el año 2011.

Si esta propuesta presidencial se sometiera a la aprobación ciudadana, sería rechazada. Porque, más allá de la idoneidad de esos profesionales o del conocimiento personal sobre cada uno de ellos -al menos, yo lo tengo en los casos de Weinstein y Montt-, no califican.

El progresismo no está en la proposición que se nos formuló. Lo representativo del cambio generado en las calles, con una gran movilización social, con un costo enorme para los "pingüinos", para los universitarios, no se expresa en ella.

Consulté con algunos Senadores si la propuesta se había concordado con la Concertación. Y me dijeron: "Sí. Es probable que haya habido un acuerdo con el Presidente respecto a los cuatro nombres".

Porque no es casualidad que haya dos del mundo conservador y dos -entre comillas- del centro. Porque -yo diría- no hay nadie de la Izquierda, del denominado "progresismo".

¡El mundo de la Izquierda no está!

Pero no hablo de la Izquierda militante, sino más bien del mundo ciudadano.

Yo habría querido una voz que representara el sentir profundo de la ciudadanía, que discrepara de los nombramientos.

Porque del llamado "progresismo" tenemos a dos ex Subsecretarios de Educación, quienes, a la hora del debate, estuvieron en el "acuerdo de las manitos alzadas". Por lo menos Montt, quien no solo estuvo, sino que además es el padre de la criatura. ¡Hasta lágrimas derramó...!

Señor Presidente , el Consejo Nacional de Educación está llamado a cumplir funciones altísimas. Entonces, debemos cuidarlo.

Yo voy a votar en contra de la proposición del Presidente de la República porque carece de la diversidad necesaria para darles a todos los ciudadanos garantías de que este preciado bien de la educación contendrá todas las visiones de país sobre los cambios y la calidad que requiere, en torno de lo cual discutimos durante un año muy intenso, con manifestaciones masivas en las calles.

Siento que esta proposición suena como una bofetada al movimiento estudiantil y constituye un mecanismo más de exclusión. Se ponen los nombres acordados por las mayorías del Parlamento, pero con un claro sesgo de omisión ciudadana.

Reitero, señor Presidente , que no hay en mis palabras una crítica personal a ninguno de los profesionales sugeridos. Escuché con atención las exposiciones que -salvo José Weinstein , quien se excusó de asistir a la sesión pertinente- hicieron en la Comisión de Educación.

A José Weinstein lo conozco y le tengo un profundo aprecio; sé de sus ideas. Pero el progresismo que él encarna no me representa; no es lo que estaba en las calles demandando cambios durante los movimientos sociales, durante las manifestaciones estudiantiles.

Una sutileza y una visión acertada habrían abierto espacio para que el Gobierno planteara una integración que diera voz a quienes estuvieron en las calles, a aquellos que quieren un cambio profundo y revolucionario en nuestra educación.

No digo que vaya a ser así, porque no tenemos mayoría. Y sin mayoría no existe posibilidad de cambio.

Porque la democracia es el juego de mayorías y minorías. Pero estas últimas tienen derecho a expresarse.

Ahora bien: las minorías, que más bien se transformaron en mayorías durante las movilizaciones del 2011, no están representadas en las personas propuestas.

Creo que eso debilita el concepto del Consejo Nacional de Educación y le hace un flaco favor al debate amplio y democrático que debe haber en torno a la enseñanza.

Si existiera la posibilidad de que dichos nombres fueran revisados, no por un cuestionamiento personal sino por el cuestionamiento a la falta de diversidad y pluralismo, yo los reexaminaría. Pero como no va a haber consenso a este respecto y existe en esta materia un acuerdo político entre el Gobierno y la Concertación, solo me queda expresar esta opinión, oponerme con mi voto y manifestar mi deseo de que en lo sucesivo, cuando haya que tomar decisiones sobre asuntos como el que nos ocupa esta tarde, el Ejecutivo dialogue con todos los partidos políticos representados en el Senado, en forma de por lo menos tener una visión más amplia, más diversa, intentando con ello recoger lo que piensa la gente.

Todos somos representantes de la ciudadanía; nadie puede arrogarse exclusividad a este respecto. Y ella se expresó por sí sola, como vanguardia, sin conducción política partidista. Por tanto, merecía ser escuchada a la hora de estos nombramientos.

Anuncio mi voto en contra, con los alcances que señalé.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , la propuesta del Ejecutivo que conocemos hoy día y que fue analizada por nuestra Comisión de Educación es extraordinariamente valiosa, por la calidad de los nombres que plantea y, precisamente, por la pluralidad que se refleja en ella.

En primer lugar, quiero decir que la posibilidad de analizar ahora la solicitud presidencial fue conversada ayer por los Comités. De manera que la unanimidad de la Sala en tal sentido viene acompañada por la solicitud de aquellos, lo que permite cumplir el trámite requerido para incorporar un punto nuevo a la tabla.

En cuanto a la propuesta misma, quizás sería bueno recordar que el Ejecutivo no la hizo a su real saber y entender, en una simple conversa con un grupo de partidos políticos. No ocurrió así.

Por consiguiente, sería bueno que, antes de enjuiciar esta proposición, se tuviera en cuenta que el decreto N° 70, de 2010, que aprueba el Reglamento para la designación de integrantes del Consejo Nacional de Educación, conforme a la legislación, establece que las propuestas del Presidente de la República en la materia deben emanar de las ternas que al respecto le prepara el Consejo de Alta Dirección Pública, el cual efectúa convocatorias o llamados a participar para la conformación de ellas. De modo que aquí ha habido un proceso previo, que el Ejecutivo siguió antes de efectuar su presentación.

El Consejo de Alta Dirección Pública realizó ese proceso. Y, producto de ello, le presentó al Ejecutivo cuatro ternas para que fuera posible elegir a académicos o profesionales de reconocido prestigio que permitirían, con la aprobación de dos tercios del Senado, integrar la entidad.

Y, por cierto, el Ejecutivo hizo la selección de los cuatro nombres teniendo a la vista los criterios de los distintos sectores, para poder llegar a una propuesta equilibrada, que hiciera justicia y adquiriese sentido de acuerdo con la composición de nuestra Corporación. Por eso, las personas propuestas son extraordinariamente competentes.

En efecto, la señora María Francisca Dussaillant es ingeniera civil de industrias con Diploma en Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts en Educación de la Universidad de Carolina del Norte y Doctora en Economía de la casa de estudios donde se formó. Su experiencia en materias educacionales es también muy vasta: ha sido investigadora del Centro de Estudios Públicos, asesora del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social y consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reuniendo una enorme experiencia y aptitud para el cargo.

A su vez, Pedro Montt , profesor de Química y Ciencias Naturales, tiene estudios de MPhil-Management en la Universidad de Lincoln, en el Reino Unido, y estuvo vinculado con la educación durante los veinte años de Gobierno de la Concertación, siendo realmente una persona de mucho conocimiento y capacidad que ha contribuido a desarrollarla desde su propia perspectiva.

Pedro Pablo Rosso , por su parte, es médico cirujano, especialista en pediatría, y, junto con ello, exhibe una larga y muy importante trayectoria en la organización y conducción académica de la Universidad Católica, primero como Decano de la Facultad de Medicina y luego como Rector durante diez años. Ha sido miembro de consejos asesores, habiendo apoyado trabajos tanto del Gobierno de la Presidenta Bachelet como de otras instancias. Por lo tanto, se halla especialmente calificado para integrar un organismo de esta naturaleza.

Y, por último, José Weinstein , sociólogo y Doctor en Sociología en Lovaina, presenta también un importante vínculo con la educación, inicialmente en la Fundación Andes. Luego fue Subsecretario del Ministerio del ramo en el período del Presidente Lagos y, al final de esa Administración, Ministro de la Cultura , en el comienzo de la Cartera. En la actualidad es gerente del área de Educación de la Fundación Chile.

La verdad es que resulta difícil cuestionar la propuesta del Ejecutivo, que me parece que debiera ser respaldada por unanimidad, incluso por quienes abrigan algunas dudas, razonables y justificadas, al echar de menos a otras personas. Siempre van a faltar algunas, pero lo que no se puede objetar es la presentación de estos nombres.

He dicho.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me parece bien que el asunto se discuta hoy, porque el nuevo Consejo, cuatro de cuyos miembros tienen que ser ratificados por el Senado, como bien se ha dicho, va a dejar en el camino a otro que, en mi opinión, presentaba una marca de ilegitimidad.

El organismo debió haberse constituido hace ya mucho tiempo, en verdad, cuando surgió la Ley General de Educación. Lamentablemente, ese cuerpo legal no fue muy claro en los plazos, y, por lo tanto, el asunto se fue postergando indefinidamente.

Creo que si hay algo de lo cual todos hemos sido testigos es justamente del tipo de decisiones que la entidad ha ido adoptando.

Primero fue lo de los textos escolares -el año pasado- que reciben todos los niños en los distintos establecimientos educacionales, de diferente naturaleza, que iban con publicidad comercial. Entiendo que algunos textos también se pasaron hoy día con el mismo formato. No sé qué ocurrió ahí. Estos son aspectos por los cuales tiene que velar, por cierto, el Consejo Nacional de Educación.

Luego fue el cambio de la palabra "dictadura" por "régimen militar", lo que dio lugar a una de las explicaciones más singulares que cabe imaginar de parte justamente del Consejo, donde recordemos que un representante de la CNI integraba la composición antigua. Y una de las que se dieron es que no habían leído bien las propuestas de la unidad respectiva del Ministerio de Educación.

Algunos señores Senadores se ríen, pero había un representante de la CNI -repito- en el organismo todavía vigente, cuya conformación será reemplazada, en parte, por las cuatro personas respecto de las cuales estamos dando acuerdo, a lo cual me sumaré.

Además de las razones expuestas por mi Honorable colega Larraín , creo que los candidatos son de extraordinaria calidad. Alguien me decía que tres de los cuatro son de la Universidad Católica y el otro de la Universidad de Chile. Creo que es un punto no menor.

El señor NAVARRO .- Hay más universidades.

El señor QUINTANA.- Me parece importante considerar también estos factores. Porque aquí no se trata solo -y tengo una diferencia al respecto con el Senador señor Navarro - del pluralismo político: es el político, el social, el cultural.

Ello guarda mucha relación con el debate que estamos sosteniendo con los integrantes de las Comisiones de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones a raíz del proyecto sobre la televisión digital. Estimo que estos órganos presentan mucha similitud, porque son los encargados de velar por la expresión de la diversidad. Y eso no es monotemático, ni monocolor, ni una sociedad en blanco y negro, ni de la Concertación y la Alianza. A mi juicio, el Honorable señor Navarro tiene razón en esa parte: dicho aspecto no está bien expresado.

Pero la decisión no es fácil, primero, porque los currículums son bastante nutridos, como aquí se ha dicho, y porque, además, el Presidente de la República también enfrenta ciertas restricciones para los nombramientos. Creo que es bueno que nos vayamos acostumbrando a ese sistema si queremos lograr efectivamente una representación real en este tipo de casos.

Y después sobrevino otra polémica en relación con el Consejo, de la cual tal vez pocos se enteraron -preguntamos anoche sobre el particular, en medio de la discusión y con motivo de la presentación hecha por los cuatro candidatos-, que tiene que ver con la eliminación del pensamiento crítico en los textos escolares; con aspectos que deben incluirse en la transversalidad del currículo, en cuarto año básico, en sexto año básico; con los derechos sociales y políticos; con los derechos sociales y culturales; con los derechos de los pueblos indígenas. Son materias completamente suprimidas. Es decir, un equipo, dentro del Ministerio, le está corriendo tijera a las cosas en las cuales ellos no creen y estiman que no deben conocerlas los niños.

Entonces, juzgo que este es un debate de la mayor importancia, señor Presidente.

Y tanto María Francisca Dussaillant como José Weinstein , Pedro Pablo Rosso y Pedro Montt , no solo por su formación profesional, sino también por su experiencia de vida y por el aporte que han hecho en los distintos ámbitos de la educación, universitaria y general, son personas que van a poner atención.

Fui especialmente enfático en señalar que este es un organismo autónomo. Lo dice la Ley General de Educación en su artículo 85. Con los nuevos integrantes, por lo tanto, el equipo de currículos del Ministerio de Educación no va a poder seguir haciendo lo que quiere.

En consecuencia, espero que tengamos un buen Consejo, que nunca más aparezcan consejeros con problemas, al parecer, de comprensión lectora -porque los anteriores declararon no entender bien lo que leían-, y que se considere, en definitiva, todo lo que nuestros jóvenes necesitan saber.

El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Se ha agotado su tiempo, Su Señoría. Puede concluir.

El señor QUINTANA.- Termino simplemente expresando que me parece que los nombres propuestos son idóneos y que esa es la opinión mayoritaria de la Comisión de Educación, la cual presidí y a la cual renuncié ayer.

Por lo tanto, doy mi voto a favor para las designaciones.

He dicho.

La señora ALLENDE.- Seré muy breve, señor Presidente .

Anuncio mi pronunciamiento positivo, pues creo que tenemos que cumplir ciertos compromisos y acuerdos a los que hemos llegado.

Solo deseo consignar que coincido en que nos hace falta, a veces, una mayor diversidad. Y se requiere una revisión muy cuidadosa a la hora de designar a los integrantes de un Consejo que esperamos que cumplan tareas delicadas en adelante.

Pienso que lo vivido bochornosamente por nuestro país, como lo recordó el Honorable señor Quintana , al reemplazarse la palabra "dictadura" por "régimen militar" refleja exactamente, no solo la falta de diversidad, sino también la incapacidad de comprender que fue la primera, en efecto, la que rigió en Chile. Cuando se quieren cambiar los nombres, comenzar a alterar la historia y enseñarles otras cosas a los niños, es harto grave.

En nuestra sociedad nos estamos acostumbrando a que pasen cosas muy dolorosas, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra memoria y con lo que ha ocurrido, y ojalá que aprendamos las lecciones, pero es algo que no parece importar mucho. La verdad es que adolecemos de una especie de indiferencia en cuanto a lo que puede suceder, ¡y sucede!

El flamante Ministro de Educación entregó unas muy malas explicaciones -y quien explica se complica- que mejor se hubiera ahorrado, porque ello habría sido bastante más conveniente en su estreno como titular de la Cartera.

Espero que el Consejo Nacional de Educación cumpla con su rol, proceda con altura de mira, refleje una mayor diversidad, sea capaz de velar por la calidad y los currículums, y que no tengamos que arrepentirnos de que no ejerza su función y no sea capaz de comprender lo que se propone. Por lo tanto, haremos una apuesta por esos objetivos.

Confío también en que se revisarán los avisos comerciales en los textos escolares, situación que, francamente, no resiste análisis.

Y estimo deseable, ahora que va a ser remplazado el ex General Ewing, que nunca más tengamos que pasar por el otro bochorno de que un miembro del Consejo Nacional de Educación haya sido en algún momento, si no un integrante directo de la CNI, al menos alguien muy cercano.

Francamente, veinte años después de la recuperación de la democracia no existe una justificación para aceptar un hecho de ese tipo. Lo califico de "bochorno", porque quiero ser más sutil; pero es algo que resulta inaceptable sobre la base del costo de dicho tránsito.

Así que espero, señor Presidente , que el Consejo asumirá con más responsabilidad, con más capacidad y diversidad, y con más mirada de futuro las delicadas funciones que le corresponden.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , solo quiero ratificar la idea subyacente en la propuesta de que se ha buscado a la gente más competente; de que se ha procurado también un equilibrio entre las distintas visiones.

Por supuesto, ha sido formulada de acuerdo con los cauces administrativos institucionales. Y en eso quisiera detenerme, porque parte de la crítica deriva de que los nombres que nos ocupan han salido precisamente de un proceso de esa índole. En realidad, esa es una fuente insólita de reparo, porque si alguna entidad en el país tiene que custodiar las realidades institucionales derivadas de nuestra Carta Fundamental es precisamente el Senado.

Se observó aquí que ninguna de las cuatro personas había desfilado con ocasión de hechos tan celebrados por algunos y que otros consideramos luctuosos. Efectivamente, creo que ninguna ha usado -¿cómo se llama?- un capuchón, porque todas andan con la cabeza despejada por la vida haciendo propuestas inteligentes sobre la educación.

A mi juicio, el señor Weinstein no puede ser declarado un reaccionario. No me parece que sea un admirador de Chávez, pero creo que forma parte de la familia progresista. Ignoraba que existían estas divisiones dentro de ella. Las peleas familiares son muy dolorosas...

Entonces, comprendo que haya alguna reticencia por parte de un señor Senador.

Por mi parte, haría confianza en que los candidatos van a hacer una contribución al proceso educativo. Tienen títulos, merecimientos, una preparación académica abundantísima. Un Honorable colega leyó anteriormente los currículums vitae de todos ellos y son verdaderamente muy nutridos.

Termino diciendo solo que parece sensato apostar por estos nombres precisamente porque se generan en una fuente institucional. Se ha llegado a ellos utilizando los resortes contemplados en el decreto Nº 70, de 2010, del Ministerio de Educación, ya citado. Proceden de ternas. Es una selección inteligente de personas aptas para estos cargos.

Por lo tanto, creo que hacemos bien en votar a favor de la propuesta del Ejecutivo , y todos debiéramos celebrar con mucho entusiasmo el que un sistema institucional funcione bien y llegue a una conclusión, no solo plausible, sino también muy constructiva.

Al mismo tiempo, lamento que se apueste tanto por la influencia de la calle en la constitución de entes con un rol técnico. Es decir, se requiere defender lo que tenemos de bueno.

De ese modo quiero fundamentar mi voto.

¡Patagonia, sin el Senador señor Navarro , estaría mucho mejor, y con la Constitución vigente!

Muchas gracias.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente , desde el punto de vista político, solidarizo con el Senador señor Navarro . Efectivamente, estimo que la realidad política y cultural del país, para cualquier observador mínimamente objetivo, indica que un actor no va a estar en el Consejo Nacional de Educación. Y, desde el punto de vista democrático, cualquier persona sensata debiera llegar a la conclusión de que sería importante que concurriese.

El Senador señor Navarro lo dijo con sus palabras. Por mi parte, lo digo con las mías.

No creo que sea buena la exclusión. En el año 2011 -me parece que la realidad política lo demuestra claramente- surgió un sector que se hizo escuchar, que tiene relevancia, que resulta significativo, que fue recibido en el Congreso. Sus representantes fueron dignos expositores de un punto de vista que aquí tuvo que ser conocido con respeto.

Entiendo, incluso, que el canal del Senado -las cifras permiten comprobarlo- nunca fue tan visto como cuando Giorgio Jackson expuso acá el punto de vista de los estudiantes que desfilaban exigiendo una educación superior pública y de calidad.

En consecuencia, me resulta muy molesta la manera en que se pretende desconocer o en que se "chacrea" -perdone la palabra, señor Presidente , pero no puedo encontrar otra en el calor de la improvisación- la representación de sectores ciudadanos significativos y que en Chile, no solo son necesarios, sino que además le hacen bien.

Porque no me cabe ninguna duda de que un país con una juventud indiferente, con un estudiantado apático, tiene menos posibilidad de enfrentar su futuro que con un estudiantado activo e interesado en lo que tradicionalmente se ha llamado "cosa pública".

Será mejor la democracia para Chile después del año pasado, y, por cierto, ello obedecerá a la contribución, muy valiosa, que hicieron los estudiantes al volcarse masivamente a demandar lo que consideraban una reivindicación justa.

Lamento profundamente que el señor Presidente de la República no tenga la capacidad de comprender algo que, para quienes sostenemos un punto de vista distinto, nos parece elemental. Se apuesta claramente a una mirada conservadora y de exclusión.

Pero quiero ser muy sincero: estimo que la situación actual es peor. ¿Y por qué? Porque un grupo anónimo, que actúa claramente en la sombra, le está causando un daño aún más grave a Chile al proceder, por ejemplo, a la vergonzosa resolución de excluir de los textos de estudio el término "dictadura", para remplazarlo por la expresión "régimen militar", en la enseñanza de los alumnos.

Y por eso, paradójicamente, voy a votar a favor de la propuesta, porque me interesa que el Consejo esté completo y pueda entrar a funcionar, y que no vuelvan a ocurrir hechos tan deplorables como la pretensión de esconder la realidad histórica de nuestro país en los años recientes y tan repugnantes por significar un intento de distorsión de la educación histórica de la nueva generación.

Porque, independientemente de que pueda no estar contento con lo que las cuatro personas propuestas significan como conjunto y de que sustente diferencias de opinión con ellas, espero que tengan la dignidad y la entereza de representar la opinión del país, la que, a lo menos en lo relativo a la historia reciente, debiese ser veraz, y de entregar a los estudiantes de Chile la información que les corresponde recibir para que lleguen a ser útiles a la patria en el futuro.

Señor Presidente, me doy cuenta de que algunos Senadores se retiran de la Sala porque no les interesa recordar cuestiones tan controversiales del pasado reciente.

En Chile existió una dictadura. Yo puedo decirlo con propiedad, porque los dirigentes de la Juventud Socialista con los que compartí y trabajé durante mis primeros años en política son todos detenidos desaparecidos por la acción sangrienta de esa dictadura. Por tanto, sé perfectamente de lo que estoy hablando.

Creo que no hay nada peor para el país que intentar ocultar ese pasado.

El gran novelista británico de origen birmano, George Orwell , en su novela 1984, de manera genial, tuvo la capacidad de comprender cómo los regímenes totalitarios tratan de modificar la memoria histórica de las personas con la pretensión de ocultar el carácter totalitario de ellos.

Cuando hace unos meses en nuestro país ocurrió el episodio en comento, llegué a pensar que Orwell fue un genio, aunque, lamentablemente, hasta ahora la humanidad no ha sabido reconocer tal genialidad. A través de la obra literaria que él construyó para denunciar el régimen totalitario de Stalin y el de Hitler, se anticipó casi en un siglo a lo que en nuestra sociedad se intentó hacer ahora respecto del pasado reciente: distorsionar por completo los acontecimientos históricos.

Entonces, espero que las personas propuestas al menos tengan la dignidad de entregar a los niños de Chile un currículo como corresponde.

Por eso voto a favor, señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , a diferencia de lo que opina el Senador Escalona, creemos que el Primer Mandatario ha hecho una gran designación para el Consejo Nacional de Educación.

Es una propuesta equilibrada desde los puntos de vista político y social. Además, es técnicamente impecable. Sin lugar a dudas, esas cuatro personas aportarán al buen funcionamiento del Consejo.

Al contrario de lo que piensa mi colega, los nombres planteados reflejan la mirada que el país necesita: una mirada diversa; una mirada técnica; una mirada preparada; una mirada con experiencia.

Indudablemente, con miembros como María Francisca Dussaillant , Pedro Pablo Rosso , José Weinstein y Pedro Montt -destaco la buena propuesta que hizo el Ministerio de estos dos últimos postulantes: ambos fueron Subsecretarios de Educación en Gobiernos de la Concertación-, se busca generar ecuanimidad en un Consejo que es eminentemente técnico. Y, además, refleja la diversidad del país.

El Gobierno del Presidente Piñera se ha hecho eco de la situación a la que aludió el Senador Escalona . Lo realizado y lo que se seguirá construyendo en educación pública, en educación superior, en educación preescolar constituyen un ícono, una verdadera revolución. Y me atrevo a incluir también en este apelativo la inversión, la decisión y la disposición del Ejecutivo de tener una educación para todos.

En ese sentido, quiero destacar algunas materias.

Acá se ha expresado que las movilizaciones del año pasado cambiaron la educación. ¡Sí, la cambiaron! Y fue precisamente mi Gobierno, el del Presidente Piñera , el que, escuchando esas manifestaciones, logró los consensos políticos para los efectos de alcanzar un apoyo sustantivo en la Partida de Educación.

Se incrementó a 60 por ciento la cobertura en educación preescolar para los menores más vulnerables; se creó un fondo para fortalecer la educación pública; se aumentaron las becas para la educación superior de 140 mil -eso nos dejaron las Administraciones anteriores- a cerca de 270 mil, con la meta de llegar al final del actual Gobierno con una cifra cercana a 400 mil.

¡Eso es hacer gestión de verdad por la educación!

Respecto a la reconstrucción de la historia, por algo el Presidente Piñera tuvo la ecuanimidad de designar para este Consejo a cuatro personas técnicamente muy calificadas, que representan sectores diversos, con lo cual se resguarda la pluralidad política.

Me parece excelente -insisto- el que se haya propuesto a dos ex Subsecretarios de los Gobiernos de la Concertación, quienes en su momento hicieron la pega y conocen los problemas de la educación.

Estoy seguro de que José Weinstein y Pedro Montt efectuarán una labor muy relevante en el Consejo. De igual modo, nadie podría desconocer los pergaminos técnicos y académicos de Pedro Pablo Rosso y de María Francisca Dussaillant .

En consecuencia, respaldo la decisión del Presidente de la República . Creo que es una designación ecuánime, que busca mejorar la calidad de la educación y, también, establecer un principio de pluralidad en el Consejo Nacional de Educación.

He dicho.

--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para designar a María Francisca Dussaillant Lehmann, Pedro Pablo Rosso Rosso, José Weinstein Cayuela y Pedro Montt Leiva miembros del Consejo Nacional de Educación (18 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se cumple con el quórum legal exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa el señor Navarro.