Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

1. Comunicaciones:

- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa la conformación de los distintos comités de la UDI.

2. Oficios:

- De la Comisión Especial de Deportes por el cual solicita el acuerdo de la Sala para constituir Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Deportes, con el objeto de tramitar en conjunto los proyectos referidos a violencia en los estadios.

- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa de la postergación hasta nuevo aviso de las reuniones de las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo, y de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano que se efectuarían los días 14 y 15 de abril, en Buenos Aires, Argentina, en las que participarían la diputada señora Cristina Girardi y el diputado señor Nino Baltolu, respectivamente.

- De la Comisión de Régimen Interno mediante el cual informa que el Segundo Vicepresidente de la Corporación participará en la sesión solemne de inauguración y demás actos protocolares durante la Reunión de la Mesa Directiva de Eurolat, a efectuarse los días 28 y 29 de abril, en Cartagena de Indias, Colombia.

Respuestas a Oficios Cuenta 12ª

Contraloría General de la República:

- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita investigación respecto de la situación de la señora Gloria Ruiz, abogada de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, en cuanto su madre es propietaria de un centro de diálisis, cuyo funcionamiento se encuentra sujeto a la fiscalización de esa repartición, y que ya habría sido objeto de sanciones sanitarias, informando a esta Corporación (20631 al 2129).

Ministerio de Interior:

- Diputado Ascencio, Solicita se remitan, primero, el estudio realizado sobre la calidad del agua, suelo y aire en Chaitén, ex capital de la provincia de Palena, afectada por la erupción del volcán del mismo nombre, luego, un análisis sobre la factibilidad de rehabilitar el servicio de agua potable y electricidad en la zona norte de la ciudad antes señalada, y, finalmente, un informe sobre las medidas que el Gobierno adoptará para la normalización del funcionamiento de la localidad. (7903 al 2017).

Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Diputado González, Antecedentes sobre explosión e incendio de motonave chilena Río Blanco, en Santos, Brasil (4660 al 11068).

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:

- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre la situación de la empresa Acuinova, frente a la existencia de un brote del virus Isa, lo que no habría sido señalado oportunamente por dicha empresa y tampoco por el Servicio Nacional de Pesca (3274 al 2226).

- Proyecto de Acuerdo 203, Desarrollo de mecanismos estatales de financiamiento de la Mipyme. (3278).

Ministerio de Justicia:

- Diputado Venegas don Mario, Solicita informe sobre los motivos que sirvieron de base a la decisión de dejar sin efecto el resultado del concurso público para la provisión de cargos profesionales en la Planta de Funcionarios de Gendarmería de Chile (2354 al 2253).

Ministerio de Defensa Nacional:

- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre la observancia en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 16.752, que fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y, además, señale los recursos que generó la aplicación de esta norma en los años 2009 y 2010, destinados, legalmente, a financiar el costo de la atención médica de los funcionarios de la Dirección. (2524 al 2601).

Ministerio de Agricultura:

- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se apruebe a la brevedad un proyecto de mejoramiento de bocatoma en el valle del Elqui, que beneficiaría a un número importante de comunidades de agua del Valle del Elqui, Región de Coquimbo, informando sobre el particular (230 al 2591).

- Diputada Molina doña Andrea, Solicita la declaración de “zona de emergencia hídrica” a la comuna de Quillota (231 al 2642).

Ministerio de Minería:

- Proyecto de Acuerdo 186, Medidas sobre explotaciones mineras, estandarización de condiciones de higiene y seguridad y cierre de faenas mineras. (249).

Ministerio de Energía:

- Diputado De Urresti , Existencia de normativa especial para instalaciones eléctricas y manejo de combustibles en jardines infantiles. (2682 al 897).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Diputada Nogueira doña Claudia, Solicita se remitan todos los antecedentes relativos a los montos traspasados a la Municipalidad de Recoleta, en los últimos cuatro años, para la ejecución de los proyectos del programa “Quiero Mi Barrio” en los barrios “Marta Colvin”, “Santa Ana” y “Einstein”, a saber, las rendiciones de estos fondos realizadas por el municipio, y los comprobantes contables que las respaldan, la identidad de los responsables de los proyectos, los informes de las inspecciones de obras ejecutadas, la identidad de los contratistas, honorarios pagados, etc. (173 al 2347).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

- Proyecto de Acuerdo 267, Preocupación por la solicitud de Consorcio Radial Iberoamericana Radio Chile para renovar 37 concesiones de radiodifusión sonora. (2023).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

- Diputado De Urresti, Solicita información sobre el proyecto de ampliación de la sede del adulto mayor del consultorio Gil de Castro, Valdivia (277 al 2630).

Ministerio de Planificación y Cooperación:

- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se estudie e informe sobre posibilidad de que beneficiarios de la pensión de invalidez que otorga el Estado puedan acceder a prestaciones médicas que actualmente sólo entregan los operadores privados (736 al 2107).

Ministerio Público:

- Diputado Hasbún, Solicita informar sobre el estado de avance de la investigación causa RUC 1100154826-5, a cargo de la Fiscal señora Claudia Barraza, sin perjuicio de solicitar se disponga la mayor celeridad en el cumplimiento de este cometido. (23 al 979).

Empresas del Estado:

- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita se informe sobre factibilidad de implementar un servicio gratuito de casilla de correo en beneficio de habitantes de localidades más apartadas de los centros urbanos, particularmente en la Región de Coquimbo (5 al 2739).

Vicepresidente Ejecutivo de Codelco:

- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre los proyectos para la producción de uranio en la mina Radomiro Tomic, particularmente respecto sus objetivos, de la cantidad estimada de producción, medidas de resguardo adoptadas, resultados de los procesos químico-metalúrgicos, y fase actual de desarrollo (11 al 2712).

Municipalidad de Maipú:

- Diputado Auth, Solicita informar sobre la situación del cruce entre la Avenida Teniente Cruz y la calle Marta Ossa, en el límite de las comunas de Maipú y Pudahuel, cerrado desde el inicio de las obras de extensión de la Línea 5 del Metro de Santiago, particularmente, acerca de las razones que impiden su reapertura y los planes y plazos para habilitar la intersección. (247 al 2673).

- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita disponer se adopten las medidas necesarias para dotar a la Villa Hernán Díaz Arrieta, ubicada en el sector de Los Bosquinos, en la comuna de Maipú, de acceso y locomoción pública que facilite su conectividad con el camino a Melipilla, sin perjuicio de informar a esta Corporación las gestiones realizadas con el propósito antes señalado. (247 al 2705).

- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita gestionar la reparación del asfalto de la calle del Pasaje Azorín, ubicado entre la Avenida Amado Nervo y el Pasaje Ramón y Cajal, en la comuna de Maipú, sin perjuicio de informar a esta Corporación lo realizado con el propósito antes referido. (247 al 2707).

- Diputada Zalaquett doña Mónica, Solicita disponer, a la brevedad, la reparación de las filtraciones de los ductos de agua en el Pasaje Azorín, ubicado entre la Avenida Amado Nervo y el Pasaje Ramón y Cajal, en la comuna de Maipú, sin perjuicio de informar a esta Corporación lo realizado con el propósito ya señalado. (247 al 2708).

XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

III. ACTAS

El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 6ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 7ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.

VIII. ANEXO DE SESIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES Y DE ANTECEDENTES.

-Se abrió la sesión a las 13.55 horas.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión.

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante su discusión en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Sustitúyense las letras a), b), c) y d) que incorpora el numeral 3 por las siguientes:

“a) Su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio y documento de identidad o, si el constituyente es una persona jurídica, su nombre, domicilio, rol único tributario y el nombre, apellidos y profesión u oficio de su representante legal”;

b) El nombre de la empresa, que contendrá: el nombre y apellidos del constituyente, o una referencia a la principal actividad del giro, o una combinación de esas menciones, si es persona natural, y el nombre, una referencia a la principal actividad del giro o una combinación de ambas menciones, si es persona jurídica. Adicionalmente deberá incluir las palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o la abreviatura “E.I.R.L.”;

Si el nombre de la empresa fuere idéntico o semejante al de otra ya existente, esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario;

c) El capital de la empresa, con la indicación de si se aporta en dinero o en especies y, en este último caso, el valor que les asigna;

d) Las actividades sobre las que deba versar el objeto o giro de la empresa;”.

2) Sustitúyese el numeral 4 por el siguiente:

“Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

i) Intercálese después de la frase “Un extracto de la escritura pública” la siguiente frase “o instrumento privado protocolizado”.

ii) Intercálase, a continuación de la expresión “Diario Oficial” la siguiente frase: “según lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 20.494”;

iii) Reemplázase la última frase a continuación del punto seguido, por la siguiente:

“El extracto deberá contener:

a) El nombre, apellidos y domicilio del constituyente o, si éste es una persona jurídica, su nombre y domicilio;

b) El nombre, domicilio, capital y actividades sobre las que debe versar el objeto o giro de la empresa; y

c) La fecha de la escritura pública o de protocolización del instrumento privado, y la indicación del nombre y domicilio del Notario ante quien se hubiere otorgado la escritura o protocolizado el instrumento”.

3) Sustitúyase el numeral 5 por el siguiente:

Reemplázase el artículo 8° por el siguiente:

“El titular sólo responderá personalmente de las obligaciones de la empresa hasta el monto de su aporte o a la suma que a más de éste se haya obligado.”

4) Sustitúyese el numeral 6 del proyecto de ley por el siguiente:

“Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9°:

i) Reemplázase en el inciso segundo la frase “para el cumplimiento del objeto social” y la coma (,) que la sucede por la conjunción “y”.

ii) Elimínase en el inciso 3° la expresión “o su mandatario debidamente facultado”; reemplázase el texto a continuación de la palabra “podrá” y antes del punto aparte, por la siguiente frase: “otorgar mandatos generales o especiales para actuar en nombre de la empresa y designar uno o más gerentes, mediante escritura pública o instrumento privado cuyas firmas sean autorizadas y protocolizado ante Notario, que se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa. Los mandatarios y gerentes tendrán las facultades que se consignen en el referido documento.”

5) Reemplázase el numeral 7 por el siguiente:

“En el inciso 2° del artículo 10, elimínase la frase “aumentada en un grado”“.

6) Intercálase, a continuación del numeral 7, el siguiente numeral 8.- nuevo, reenumerándose el siguiente:

“8.- Derógase el artículo 12.”.

7) Elimínase el numeral 9.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA , Ministro de Economía , Fomento y Turismo”.

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. (boletín N° 6811-11).

Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de proyecto de ley elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos (boletín N° 7036-11) en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. (boletín N° 5838-07)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje, ingresado a esta Corporación con fecha 25 de abril de 2008, de S.E. la entonces Presidenta de la República .

Cabe hacer presente para una mejor comprensión de la estructura de este informe, que con fecha 28 de octubre de 2009, luego de haberse aprobado en general el proyecto y producto de las intervenciones recibidas y observaciones formuladas, el Ejecutivo de la época procedió a retirar las indicaciones presentadas hasta ese momento e ingresó una indicación sustitutiva total del proyecto, la que fue tratada en sucesivas sesiones hasta el 19 de enero de 2010, con casi la mitad de las modificaciones propuestas para la ley N° 18.216 aprobadas.

Posteriormente, una vez asumido el actual Gobierno, con fecha 23 de agosto de 2010, se ingresó una segunda indicación sustitutiva parcial de la anterior indicación, la que la Comisión, por acuerdo unánime, acogió a tramitación, procediendo, en consecuencia, a rever, conforme lo disponen los artículos 259, inciso segundo, letra b) y 271 del Reglamento de la Corporación, la totalidad de las disposiciones ya despachadas.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de don Carlos Maldonado Curti , Ministro de Justicia ; don Jorge Frei Toledo , Subsecretario de Justicia , doña Mirtha Ulloa González , Jefa de la División Jurídica de ese Ministerio; doña Nelly Salvo Ilabel , Jefa del Departamento de Estudios de esa División , doña Ana María Morales Peillard , Jefa de la División de Defensa Social del mismo Ministerio; don Ignacio Castillo Val , Jefe del Departamento de Adultos del Ministerio , doña María Ester Torres Hidalgo , asesor jurídico del Ministerio y don Andrés Baytelman Aronowsky , Director Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana.

Al producirse el cambio de Gobierno, asistieron a la Comisión don Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia , doña Patricia Pérez Goldberg , Subsecretaría de Justicia, don Osvaldo Valenzuela Contreras ; Jefe de Gabinete de la Subsecretaría , doña Paulina González Vergara , Jefa de la División Jurídica del Ministerio mencionado, don Sebastián Valenzuela Agüero , Jefe de la División de Defensa Social del mismo Ministerio , don Octavio Pino Reyes , Jefe del Departamento de Adultos , doña María Ximena Guzmán Führer , asesora jurídica, doña María Ester Torres Hidalgo , ya mencionada, todos del Ministerio de Justicia, doña Catalina Mertz Kaiser , asesora del Ministerio del Interior, don Ignacio Castillo Val , en su condición de Coordinador del Magister de Derecho Penal de la Universidad de Talca , don José Luis Guzmán Dalbora , profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valparaíso, don Raúl Tavolari Oliveros , profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Valparaíso, doña Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana y don Enrique Aldunate Esquivel , asesor parlamentario.

Para el despacho de esta iniciativa el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de simple para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de treinta días corridos para afinar su tramitación, término que vence el 5 de mayo, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 5 del mes en curso.

I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

La idea central del proyecto tiene por objeto modificar la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad de cumplir los propósitos de reinserción y alternativa a la prisión que dicha ley contempla, sin perjuicio, además, de constituirse en una herramienta real y eficiente de respuesta al fenómeno criminal.

Tal idea, la que de acuerdo al texto definitivamente aprobado, el proyecto concreta mediante diez artículos que introducen las modificaciones correspondientes, es propia de ley al tenor de lo establecido en los artículos 19 número 3, inciso séptimo; 63 números 1, 2, 3, y 20 de la Constitución Política, en relación con el artículo 65 incisos tercero y cuarto número 2° de la misma Carta Fundamental.

Con tales fines y comparando, en términos generales, la primera indicación sustitutiva total presentada por el anterior Ejecutivo con la actual, puede señalarse que:

a) la primera estima las medidas alternativas como penas y en tal sentido las denomina; la segunda las considera como penas sustitutivas.

b) la primera establece una nueva pena alternativa como es la libertad vigilada especial; la segunda sustituye la reclusión nocturna por reclusión parcial, la que admite las modalidades de diurna, nocturna y domiciliaria, y la libertad vigilada especial por libertad vigilada intensiva.

c) la primera amplía la restricción a la facultad de los jueces para la aplicación de las penas alternativas, impidiendo su imposición respecto de los autores de determinados delitos graves consumados, tales como el secuestro, la sustracción de menores, la violación propia e impropia, la violación con homicidio, el parricidio, el homicidio y el robo con violencia.

La segunda: 1° excluye del listado señalado el parricidio y el robo con violencia, respecto de los que establece reglas especiales, pero incluye los delitos sancionados por la ley N° 18.314, que pena las conductas consideradas terroristas; 2° restringe la aplicación de esta facultad a los autores del delito consumado de robo por sorpresa cuando hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos de robo con violencia, robo por sorpresa y robo con fuerza en las cosas, y 3° restringe también la aplicación de esta facultad en el caso del parricidio si el sentenciado hubiere sido condenado anteriormente por los delitos de amenaza, parricidio, homicidio, castración, mutilación, lesiones gravísimas y graves, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.

d) la primera establece que para la imposición de cualquiera de las penas alternativas, en el caso de crímenes o simples delitos contra las personas y contra la propiedad, el juez deberá tener en consideración las condenas por faltas sufridas por el penado.

La segunda no exige esta consideración, pero para los efectos de la exigencia de no haber sido condenado anteriormente por simple delito, da por cumplido este requisito si no se ha incurrido en un ilícito de esa categoría dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo delito.

e) la primera declara improcedente la pena de reclusión nocturna en el caso de que al condenado le hubiere sido impuesta esa misma pena dos veces con anterioridad.

La segunda establece igual limitación respecto de la aplicación de la reclusión parcial, pero tratándose de condenas por simple delito solamente las considera si éstas le han sido impuestas dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo ilícito.

f) la primera permite al juez establecer como mecanismo de control del cumplimiento de las condiciones de la pena de la libertad vigilada especial, aplicada en el caso de los delitos de homicidio y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar o del estupro u otros delitos de connotación sexual, el sistema de monitoreo electrónico.

La segunda permite aplicar esta forma de control para el cumplimiento de las condiciones de las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada intensiva, sea que en este último caso se aplique por los delitos ya señalados o por la imposición del régimen de penas mixtas.

g) la primera entrega la administración del sistema de control electrónico a Gendarmería y establece sanciones al que maliciosamente destruyere o inutilizare el dispositivo que lo conforma.

La segunda coincide con lo anterior, pero, excepcionalmente y atendiendo a la capacidad económica del penado, permite cobrar por su utilización.

Asimismo, ambas propuestas coinciden en :

h) establecer un nuevo procedimiento para la aplicación de esta ley, que consagra normas más estrictas en el caso de incumplimiento y quebrantamiento de las penas.

i) contemplar un mecanismo progresivo para el cumplimiento de las penas, partiendo por la aplicación de una pena que implique un mayor control y, en la medida en que se aprecie una adecuada reinserción del condenado, sustituir la pena por una que signifique una mayor libertad.

j) permitir, dentro del mecanismo señalado, interrumpir el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, previo informe favorable de Gendarmería, por la forma más estricta de la libertad vigilada.

II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1.-. Que los artículos 16, inciso final; 34, inciso quinto, 37 y 39, incorporados a la ley N° 18.216 por el N° 21) el primero; 29), el segundo y 30) los dos siguientes, del artículo 1° del proyecto, tienen rango de ley orgánica constitucional por decir relación con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, conforme lo dispone el artículo 77 de la Constitución Política.

2.- Que los artículos 23 quáter y 23 septies agregados a la ley N° 18.216 por el N° 29 del artículo 1° y los artículos 9° y 10° son de la competencia de la Comisión de Hacienda.

3.- Que el proyecto se aprobó en general por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Quintana y Patricio Walker .

4.- Que se rechazaron las siguientes indicaciones:

A.- La de los Diputados señores Araya , Burgos , Ceroni , Cornejo , Díaz , Harboe , Rincón y Schilling para sustituir el número 2) del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá suspenderse o sustituirse, en su caso, por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes medidas o penas:

a) Remisión condicional de la pena;

b) Reclusión parcial;

c) Libertad vigilada, y

d) Libertad vigilada intensiva.”.

B.- La de los Diputados señores Burgos y Schilling para suprimir en el inciso primero del artículo 23 quinquies, agregado por el N° 29 del artículo 1° del proyecto, las siguientes oraciones: “Sin perjuicio de lo anterior, el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar su uso en este contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Penal.

III. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor Guillermo Ceroni Fuentes .

IV. ANTECEDENTES.

1.- El Mensaje señala que la modernización del sistema de justicia ha sido uno de los principales ejes del Gobierno, en atención a lo cual se ha llevado adelante una gran reforma a la justicia, adecuándola a las necesidades políticas, sociales y culturales del país.

Agrega que en lo que se refiere a la justicia criminal, más específicamente en lo referente a las leyes de ejecución de penas, existe consenso en cuanto a que las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, cumplen un importante rol en lo relativo a la reinserción social de las personas condenadas por delitos, evitando, por su intermedio, la formación de carreras delictivas. A estas medidas corresponde cumplir un doble papel en el sistema nacional de penas, cuales son servir como una real herramienta en el ámbito preventivo especial y constituirse como un arma efectiva para el control del delito.

En atención a lo anterior y en el marco del acuerdo político legislativo en materia de seguridad pública, con el apoyo de todos los sectores políticos, se habría llegado a consenso acerca de la necesidad de reformar la ley N° 18.216, de tal manera que ella cumpla las finalidades de reinserción y alternativa a la prisión y se constituya en una eficaz respuesta a la criminalidad. En tal sentido, las modificaciones que se proponen conservarían el carácter de las penas sustitutivas, entendidas como una oportunidad para un tipo de delincuencia menor, pero incluyendo una serie de medidas orientadas a que las penas alternativas cumplan su finalidad, por la vía de incorporar mecanismos de control que impidan la frustración de sus fines. Las medidas de control que se incorporan buscan que quien haya sido objeto de una pena sustitutiva, cumpla efectiva y satisfactoriamente la sanción impuesta, haciendo de este sistema un modelo de control asimilable a la prisión.

Añade que éste sería un primer paso en un proceso de reforma integral de las medidas alternativas a la privación de libertad, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Paz Ciudadana, agregando que para la elaboración de este proyecto se ha tenido a la vista una iniciativa de los Diputados señores Burgos , Bustos , Ceroni , Duarte , Eluchans , Sabag , Eduardo Saffirio , Silber , Vallespín y Patricio Walker .

Entrando luego al texto que se propone, señala que se incorporan dos nuevas medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad como son la reparación del daño causado y los trabajos en beneficio de la comunidad. La primera de estas medidas busca resarcir a la víctima por los daños causados por el ilícito y la segunda la realización de trabajos no remunerados a favor de la comunidad o de personas en situación de precariedad.

Agrega que, además de las reglas que hacen improcedente la aplicación de medidas alternativas respecto de determinados ilícitos, se establecen limitaciones especiales para la aplicación de la medida de libertad vigilada, la que no podrá tener lugar en el caso de delitos especialmente graves o que tengan alta connotación social como es el caso de la sustracción de menores, robos calificados, violación, abusos sexuales agravados y las formas más lesivas del secuestro.

Se establece también, como una forma de cumplimiento sustitutivo de la medida de reclusión nocturna, un sistema de monitoreo electrónico a distancia por el tiempo y horario en que el condenado debería cumplir con dicha alternativa, es decir, en el que debe permanecer en su domicilio.

Agrega el Mensaje que para el control del cumplimiento de las medidas alternativas, se establece un nuevo procedimiento que contempla normas más estrictas para el caso de incumplimiento y quebrantamiento de las mismas, señalando que con tal finalidad, se fija un plazo de diez días para que el condenado se presente a cumplir las medidas, vencido el cual se inicia un mecanismo para obtener su pronto cumplimiento.; se gradúan los tipos de incumplimiento de que pueden ser objeto las medidas alternativas, distinguiéndose entre incumplimiento leve, simple y severo y entregándose al juez la atribución de disponer, como consecuencia del incumplimiento, las medidas de advertencias coercitivas, intensificación de la medida alternativa en cuestión, reemplazo de dicha medida y, por último, su revocación; se regulan las audiencias para la revisión de los incumplimientos de las obligaciones que imponen las medidas alternativas, facultando al juez para que en caso de inasistencia del condenado, pueda disponer la revocación de la medida y la detención del infractor.

Por último, se contempla someter la contratación de instituciones acreditadas que desarrollen proyectos para la aplicación de la medida de trabajos en beneficio de la comunidad, a los mecanismos de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, régimen sobre el cual Gendarmería ejercerá una función de supervigilancia, coordinación y evaluación de tales proyectos.

2.- La ley N° 18.216 que contempla como medidas alternativas a las penas de privación o restricción de libertad, las de remisión condicional de la pena, de libertad vigilada y de reclusión nocturna, medidas que no podrán aplicarse en el caso de los delitos de violación de un menor de 12 años y en el de violación con homicidio.

El artículo 4° de este cuerpo legal señala los requisitos para la procedencia del beneficio, es decir, a) debe tratarse de una pena privativa o restrictiva de libertad que no exceda de tres años; b) no haber sido condenado el afectado anteriormente por crimen o simple delito; c) que los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidad y móviles determinantes del delito, permitan presumir que no volverá a delinquir, y si las dos circunstancias anteriores hacen innecesario un tratamiento o la ejecución efectiva de la pena.

Las demás disposiciones de esta ley que el proyecto modifica, se tratarán en el capítulo de la discusión en particular de este informe.

3.- El decreto ley N° 2859, del Ministerio de Justicia, de 1979, que fijó la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

V. INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión recibió las opiniones de las siguientes personas:

a) Don Carlos Maldonado Curti , Ministro de Justicia , inició su intervención haciendo hincapié en la necesidad de que las medidas alternativas cumplieran un doble rol, como era el servir como una herramienta eficaz en el ámbito preventivo especial y en el control de la delincuencia.

Recordó al respecto la existencia del acuerdo político legislativo sobre seguridad pública y la necesidad de darle cumplimiento sobre los siguientes puntos: el fortalecimiento de la Sección Medio Libre de Gendarmería de Chile; la configuración de un catálogo de figuras delictivas que hicieran improcedente la medida de la libertad vigilada; la necesidad de perfeccionar las normas que reglan el incumplimiento de la medida de la remisión condicional de la pena; la conveniencia de incorporar nuevas fórmulas que contemplen la reparación de la víctima y la realización de servicios en beneficio de la comunidad, y el establecimiento de un mecanismo de cumplimiento sustitutivo de la medida de reclusión nocturna, mediante la aplicación de un sistema de monitoreo a distancia.

Agregó que los fines que se perseguían con esta legislación eran los de cerrar las franjas de impunidad que se producían con la actual ley, por medio de un procedimiento destinado a sancionar el incumplimiento de las medidas alternativas; diversificar el ámbito de dichas medidas mediante el establecimiento de dos nuevas como eran la reparación del daño causado a la víctima y la realización de servicios en beneficio de la comunidad, y, por último, establecer un procedimiento y un sistema de licitaciones para la ejecución de la nueva medida de servicios en beneficio de la comunidad, de manera de vigilar su funcionamiento en el medio libre, en un ámbito acotado.

Refiriéndose, luego, al contenido del proyecto, señaló que se incorporaban dos nuevas medidas alternativas a las actuales de la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada, como eran la reparación del daño causado a la víctima, medida que si se traducía en la prestación de un servicio no remunerado a esta última, requería su aceptación previa y luego la del condenado, y el trabajo en beneficio de la comunidad o de personas en situación de precariedad, el que como no sería remunerado, requeriría la aceptación del condenado.

Señaló, asimismo, que el proyecto establecía la improcedencia de la aplicación de la medida de la libertad vigilada respecto de personas condenadas por determinados delitos graves y de connotación social como eran las formas más lesivas del secuestro, el robo calificado, la violación y los abusos sexuales agravados. Regulaba, asimismo, la posibilidad de cumplimiento de la medida de reclusión nocturna por un sistema de monitoreo electrónico a distancia por el mismo tiempo y horario impuesto por el tribunal, durante el cual el condenado debería permanecer en su domicilio.

Agregó que se contemplaba también un procedimiento frente al incumplimiento y quebrantamiento de las medidas, con normas más estrictas como la de fijar un plazo máximo de espera de diez días para que el condenado se presentara a cumplir con la medida, vencido el cual Gendarmería deberá informar al tribunal, el que ordenará su detención. Dentro de este procedimiento, se contemplaba una graduación del incumplimiento para los efectos de determinar las consecuencias que ello conlleva: así dicho incumplimiento o quebrantamiento podrá clasificarse de leve, simple o severo pudiendo imponerse al efecto, en el primer caso, las medidas de advertencia coercitiva, es decir, una reprensión enérgica destinada a hacer comprender al condenado la situación y la posibilidad de cambiar la medida por una más gravosa, y la intensificación de las condiciones de la medida.

En el caso de incumplimiento simple o severo, las medidas a tomar pueden ser el reemplazo de la medida alternativa o su revocación.

Señaló, asimismo, que el proyecto contemplaba una regulación de las audiencias destinadas a revisar los incumplimientos de las obligaciones impuestas por las medidas alternativas, facultando al juez para que, en caso de inasistencia del condenado, pudiera disponer la revocación de la medida de que se tratare y su detención.

Señaló, finalmente, en lo tocante al proyecto mismo, que la contratación de instituciones acreditadas que desarrollen proyectos para la aplicación de la medida de trabajo en beneficio de la comunidad, se sometía al régimen de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos, encomendando a Gendarmería de Chile ejercer funciones de supervigilancia, coordinación y evaluación del desarrollo de dichos proyectos.

Por último, refiriéndose a la necesidad de fortalecer la Sección de Medio Libre de Gendarmería de Chile para el cumplimiento de las funciones que el proyecto le entregaba, señaló que ello llevaba asociado una inversión de seis mil millones de pesos que se destinarían a) a la contratación de 217 profesionales, de los cuales 133 serían delegados de libertad vigilada; 30 diagnosticadores; 54 coordinadores de programas de reparación del daño y profesionales del programa laboral; b) a la creación de un fondo por mil cuatrocientos millones de pesos para licitar proyectos de gestión de trabajos comunitarios, y c) para el financiamiento del sistema de monitoreo electrónico como alternativa a la medida de reclusión nocturna.

b) Doña Ana María Morales Peillard , Jefa de la División Social del Ministerio de Justicia partió efectuando una reseña de las actuales medidas que contempla la ley N° 18.216, señalando que la libertad vigilada de adultos consiste en someter al condenado a un régimen de libertad a prueba, tendiente a un tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado de libertad vigilada. Se trataría de un beneficio que puede otorgarse a personas sin antecedentes penales previos, que han delinquido pero que la penalidad aplicable va de dos a cinco años de restricción de libertad. El principal objetivo de esta medida sería disminuir los factores de riesgo de la conducta delictiva e impedir la reincidencia mediante una intervención específica, conocida como “Modelo de Intervención Diferenciada”, la que opera de acuerdo al perfil de necesidades del individuo y el tipo de delito que ha cometido. Sobre la base de este modelo, los delegados trabajan con los penados con un sistema dividido en tres fases: la etapa de diagnóstico, el diseño del plan de intervención y la intervención propiamente tal.

En el caso de la remisión condicional de la pena, señaló que se trataba de un beneficio que podía otorgarse a personas sin antecedentes penales previos, a quienes se sancionaba a penas restrictivas de libertad no superiores a tres años. Añadió que se definía como una medida de discreta observación y control por parte de Gendarmería y que consistía en un control administrativo de las personas acogidas a ella, quienes deberían firmar mensualmente durante un período definido por el tribunal.

Explicó, en seguida, que la reclusión nocturna podía otorgarse a quienes no tuvieran antecedentes penales previos y recibieran una condena que no excediera de tres años y, también, a personas que si tuvieran antecedentes, pero que la suma de la totalidad de las condenas anteriores no excediera de dos años. Agregó que el objetivo de esta medida se orientaba a disuadir a la persona de cometer nuevos delitos, permitiéndole desarrollar sus actividades habituales durante el día, pero debiendo recluirse en un establecimiento de Gendarmería entre las 22.00 horas de cada día y las 06.00 horas del día siguiente, por un tiempo fijado por el tribunal.

Mediante gráficos y con datos vigentes a febrero de 2008, demostró que del total de la población penal de condenados 33.848, es decir, 41%, cumplían bajo el sistema cerrado; 438, es decir, 1%, bajo el sistema semiabierto, y 48.702, es decir, el 58%, bajo el sistema abierto, o, lo que es lo mismo, de acuerdo al sistema de la ley N° 18.216.

/

Explicando el contenido de este gráfico, señaló que el descenso que se notaba de las cifras totales a partir del año 2000, sería producto de la Ley de Indulto con ocasión del Jubileo de ese año, la tendencia al crecimiento de la población recluida y la incorporación de las salidas alternativas al procedimiento penal, como la suspensión condicional del procedimiento, todos los que absorbieron un alto porcentaje de los casos que antes daban lugar a la remisión condicional de la pena. Esta situación se mantenía hasta el segundo semestre del año 2005 en que vuelve a crecer la población de todos los sistemas, en especial las modalidades de la libertad vigilada y de la remisión condicional de la pena.

Refiriéndose en seguida a los porcentajes de penados de acuerdo a la ley N° 18.216, señaló, según datos de 2007, que el mayor porcentaje, 69%, corresponde a casos de remisión condicional de la pena; 21% a casos de libertad vigilada y 10% a casos de reclusión nocturna.

Mediante otro gráfico señaló que la variación porcentual promedio anual entre los años 1987 y 2007, arrojaba un 166% en el caso de la remisión condicional; un 691% en el caso de la reclusión nocturna, y un 1334% en el caso de la libertad vigilada, caso este último en que el crecimiento en los veinte años señalados había sido el mayor.

Efectuó luego una demostración porcentual de los distintos delitos que se cometen, señalando que del total, un 32,8% son contra la propiedad; un 4,5% contra las personas; un 5% sexuales; un 11,1% drogas; un 8,2% económicos; un 8,6% lesiones y otros porcentajes, agregando que los que tienen mayor representación son los contra la propiedad, respecto de los que se aplican comúnmente las medidas alternativas.

Realizó, en seguida, una comparación entre las distintas medidas alternativas en lo que se refiere a las tasas de reincidencia entre los años 1990 y 1993 y 1993 y 1999, resultando que en los casos de remisión condicional, la reincidencia equivalente a un 9,8% en el primer período mencionado, había decrecido a un 6,4% en el segundo; en lo referente a la libertad vigilada había aumentado de 11,4% en el primer período a 16,1% en el segundo, y respecto de la reclusión nocturna, había aumentado de 19,8% en el primer período a un 20,2% en el segundo.

Siempre en el mismo tema de la reincidencia, señaló que un estudio efectuado por Gendarmería publicado en el año 2000, demostraba que del total de personas que cumplían penas alternativas, la tasa de reincidencia alcanzaba a un 20,26% para quienes lo hacían bajo el régimen de la reclusión nocturna; 16,07% para quienes lo hacían bajo el régimen de la libertad vigilada, y 6,42% para los casos de remisión condicional, de lo que se colegía que las modalidades que se cumplen en total libertad, mostraban una tasa de reincidencia menor que la que se cumple en medios cerrados.

/

En cuanto a las solicitudes de aplicación del artículo 28 de la ley N° 18.216 y a las solicitudes de revocación,1 señaló que de acuerdo a antecedentes aportados por Gendarmería -enviados a los jueces de garantía y, por tanto, no lo efectivamente resuelto por éstos- en base a la población promedio existente en 2007, el total de personas promedio sometidas al régimen de la libertad vigilada ascendía a 8772 y, de este total, se presentaron 338 solicitudes de revocación (3,8%) y 78 (0,8%) de aplicación del artículo 28; el total de personas promedio sometidas al régimen de reclusión nocturna ascendía a 4488 personas y respecto de ese total, las solicitudes de revocación fueron 675 (14%) y las de aplicación del artículo 28 fueron 1789 ( 39%). Por último, el total de personas promedio sometidas al régimen de remisión condicional ascendía a 30569, siendo las solicitudes de revocación 899 (2,9%) y las de aplicación del artículo 28 fueron 1390 (4,5%)

^@#@^Región

Población Promedio año 2007

Libertad Vigilada

Remisión Condicional de la Pena

Reclusión Nocturna

Aplicación art. 28

Revocaciones

Aplicación art. 28

Revocaciones

Aplicación art. 28

Revocaciones

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Tarapacá

0

0

24

6

4

2

51

7

122

11

49

3

Antofagasta

5

0

15

1

23

2

51

7

112

11

65

6

Calama

1

0

11

0

14

3

25

0

25

1

30

3

Coquimbo

0

0

6

0

34

10

18

2

66

16

22

1

Valparaíso

10

1

35

3

163

35

61

10

186

24

61

4

O ´Higgins

5

0

26

0

61

9

64

9

130

18

66

4

Maule

0

0

22

1

42

6

67

12

68

12

54

4

Biobío

4

0

47

3

44

10

64

8

81

11

28

3

Araucanía

3

1

34

0

38

4

61

6

34

17

49

1

Los Lagos

5

2

31

1

9

0

18

3

11

0

30

2

Aysén

0

0

3

0

1

1

22

0

20

0

29

0

Magallanes

0

0

6

0

0

0

2

20

6

2

7

0

Metropolitana

38

3

57

6

772

103

249

62

764

41

132

4

Total

71

7

317

21

1205

185

753

146

1625

164

622

35

^@#@^Total General

78

338

1390

899

1789

657

Explicó, luego, que el control de las medidas alternativas corresponde a la Sección de Medio Libre de Gendarmería de Chile, la que cuenta con un total de 32 Centros de Reinserción Social y 12 Establecimientos Especiales para la Reclusión Nocturna, distribuidos a lo largo del país. Su dotación de personal comprende 32 jefes de Centros de Reinserción Social, 19 jefes técnicos, 14 jefes administrativos, 164 delegados de libertad vigilada, 88 profesionales de diagnóstico, 134 administrativos y 18 auxiliares. Añadió que el proyecto a este respecto contempla una inversión de seis mil millones de pesos que significa un aumento, en términos de personal, de 217 profesionales, desglosados en 133 delegados, 30 diagnosticadores y 54 coordinadores de programas de reparación del daño y profesionales del programa laboral.

Por último, señaló como situaciones que justifican el fortalecimiento del sistema, los casos de los condenados que no se presentan a cumplir la medida impuesta, situación en la cual Gendarmería oficia al juez de garantía; los casos de quebrantamiento del cumplimiento de las medidas, los que también son objeto de oficios al juez de garantía, pero que no se reflejan en una oportuna revocación de la medida; los casos en que los jueces de garantía dan por cumplida la medida en virtud del artículo 28, es decir, por el transcurso del tiempo de duración de la misma sin que se la haya revocado, no obstante no haber cumplido con ella el condenado ya sea por no haberse presentado o dejado de cumplirla, y, finalmente, por la ausencia de un órgano jurisdiccional que, de manera real y especializada, controle la aplicación de la medida.

c) Don Andrés Baytelman Aronowsky , Director

Ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, señaló que la Fundación había trabajado bastante tiempo en la idea de diversificar la respuesta del Estado en esta materia, habiéndose entregado al Ministerio, en enero recién pasado, una propuesta de modernización sobre el particular, incluyendo la opinión sobre la relevancia que se le asigna a dicho tema. Señaló que habían muchas razones para fundamentar una diversificación de la respuesta estatal, especialmente si se consideraba que casi un 60% de los condenados en el país cumplían en el medio libre, lo que equivalía a unas cuarenta y seis mil personas, frente a una cantidad bastante menor que cumplía efectivamente.

Señaló que en los últimos dos años se había duplicado la población penal en Chile y, a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma procesal penal, esa población era ahora mayoritariamente de condenados. Sostuvo que la cárcel era necesaria, pero la solución más sustentable a largo plazo, parecía ser más que eso. Indicó que había personas que debían estar encarceladas por ser autoras de delitos graves, pero si se consideraba que violaciones y homicidios no excedían el 1,5% del total de ingresos de causas, parecía lógico pensar en sistemas en que fuera posible obtener menores tasas de reincidencia y a un menor costo que la cárcel. Hacia ese tipo de sistemas se movía la Fundación, agregando que en todos los países en que se había logrado una disminución de la delincuencia, existía una notable dedicación con profesionales, ofertas programáticas y recursos destinados al área.

Hizo presente que en Chile, los recursos destinados a la implementación de la ley N° 18.216, con suerte, alcanzaban al 3% del presupuesto de Gendarmería, pero, hablando con franqueza, no se sabía a ciencia cierta qué funcionaba y qué no. En todo caso, no cualquier medida o cualquier intervención resultaba suficiente para lograr ese resultado, sino que deberían observarse ciertas premisas esenciales para ello: en primer lugar un sistema de diversificación de respuestas que pueda articular distintos intereses en juego no completamente consistentes entre sí; que pueda producir programas y controlarlos en términos que se produzca una menor reincidencia que en el caso de los encarcelados o, al menos, igual pero a menor costo.

Recordó el carácter de escuelas del delito que tienen las cárceles, a lo que se une el hecho de que hoy día es posible predecir los riesgos que facilitan una carrera delictual, explicando que la mitad de los menores detenidos en el país están concentrados en quince comunas, catorce de las cuales están en Santiago, es decir, se conocen los factores de riesgo que generan carreras delictuales. Señaló que el presupuesto para el sector seguridad en el año 2008 fue de novecientos treinta mil millones de pesos, pero no se tiene claro si se está yendo o no a alguna parte. Explicó que en los últimos diez años, de un total de cien iniciativas, sesenta intervenían población y territorio y, al igual que la diversificación de respuestas, el diseño para una verdadera solución debería hacerse cargo de esta problemática.

Se trataba de evitar la reincidencia y de inculcar un conjunto de valores sociales, como también era necesario que los programas de reinserción contemplaran consecuencias reales y rápidas frente a su vulneración, de tal manera de constituir verdaderos incentivos para seguirlos por parte de quienes están afectos a ellos.

También les parecía necesario establecer sistemas de protección a las víctimas, toda vez que parecía más lógico sacar de la casa al marido golpeador que encerrarlo en una cárcel y dejar a la familia sin sustento. Igualmente, les parecía una buena idea la implementación de penas mixtas, es decir, dar a conocer a un menor el ambiente del que se lo está salvando, como sería el caso de imponer una pena de seis meses de presidio efectivo en lugar de tres años o nada.

Consideraban necesaria la realización de estudios serios de costos, de rentabilidad social, de beneficios, diagnósticos de reincidencia, análisis de aplicación de las penas, perfil de los condenados y ofertas programáticas que produjeran efectos positivos. Se trataría de una política pública del Estado que llevara a concluir que no sería necesaria siempre la cárcel porque la sociedad entendería haber otra solución mejor. De ahí que les molestara tanto que para muchos jueces la decisión de aplicar estas alternativas fuera una decisión automática y no una resolución ponderada, que sopesara efectivamente la conveniencia de la medida por la posibilidad de disuadir de volver a delinquir.

En lo que se refería al proyecto mismo, valoraban su instalación, pero creían que no respondía al acuerdo político que le daba origen, que generaría más problemas que los que resolvería por cuanto había muchas franjas de impunidad en la ley N° 18.216 de las que no se hacía cargo. No se contemplaban ofertas de rehabilitación en el caso de la libertad vigilada y se creaban nuevas franjas de impunidad como era el caso de la reparación del daño a la víctima, la que se concebía en términos unilaterales y sin importar si esta última se sintiera efectivamente reparada o no; la sustitución de la reclusión nocturna por la imposición de un brazalete de monitoreo electrónico, la que sería más efectiva aplicándola en los casos de libertad vigilada o de remisión condicional para controlar al maltratador que con sus actos de violencia envía a toda su familia al hospital.

En definitiva, creían que se trataba de la implementación de un sistema muy rígido, que afectaba la necesaria versatilidad que debería contemplar una legislación de esta naturaleza y que sería la expresión de un proyecto apresurado, producto de un acuerdo político.

VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión general.

Durante la discusión acerca de la idea de legislar, la Comisión debatió una serie de observaciones formuladas en el sentido de por qué no hacer aplicable el mecanismo de control del monitoreo electrónico a los autores de delitos con connotación sexual, gran parte de ellos gozando del beneficio de la libertad vigilada; de impedir la concesión del beneficio de la reclusión nocturna a quien tenga más de dos condenas cumplidas bajo tal modalidad, sin importar que la suma de años de tales condenas no exceda de dos años y la conveniencia de analizar aquellos puntos más urgentes de la iniciativa, prescindiendo de otras materias que podrían quedar para un estudio más lato, en atención a que el proyecto pretendía ceñirse a lo que habían sido los términos del acuerdo político de seguridad pública.

Todas estas consideraciones llevaron a la Comisión a considerar el envío por parte del Ejecutivo de una indicación sustitutiva total que contemplara estas observaciones, sin perjuicio de coincidir plenamente con el espíritu que inspiraba el proyecto y que la llevó a aprobar la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Quintana y Patricio Walker .

b) Fundamentos de la indicación sustitutiva de octubre de 2009.

Antes de iniciarse el debate pormenorizado, el Ejecutivo con fecha 13 de octubre de 2008, mediante oficio N° 1337-357, presentó una indicación sustitutiva total a este proyecto sobre la base de un trabajo conjunto con la Fundación Paz Ciudadana, recogiendo además con ello las inquietudes planteadas por los parlamentarios.

Al efecto, los representantes del Ejecutivo explicaron que, en líneas generales, se ampliaba la aplicación de la medida de la libertad vigilada y se fortalecía el control de las condiciones que podían imponerse para su implementación, mediante un sistema de monitoreo electrónico. Entrando, luego, al detalle de las modificaciones, explicaron que las principales decían relación con el cambio de denominación de las medidas alternativas, las que en realidad eran penas para el condenado y no medidas o beneficios. Asimismo, para la aplicación de todas las penas alternativas, el tribunal debería considerar para su imposición la reiteración de condenas por faltas que afectaran al penado.

Agregaron, igualmente, que se ampliaba el catálogo de delitos que hacían improcedente la aplicación de estas penas, incluyendo en él los de secuestro, sustracción de menores, violación, violación con homicidio, parricidio, homicidio y robo calificado, cometidos en calidad de autor y en grado de consumados.

En lo que se refería a la aplicación de la libertad vigilada, que actualmente sólo podía imponerse cuando la pena excedía de dos años pero no pasaba de cinco, se establecían dos posibilidades para su aplicación: a) que la pena impuesta fuera superior a dos años pero no excediera de tres, y b) cuando la pena fuera inferior a dos años pero superior a los quinientos cuarenta días y se tratare de los delitos de microtráfico, conducción en estado de ebriedad causando lesiones, lesiones graves y robo por sorpresa, posibilidad esta última que permitía reducir los delitos a los que se podría aplicar la remisión condicional, la que no exige más que una firma periódica ante la autoridad.

Añadieron que se creaba una nueva clase de libertad vigilada, la que recibía el adjetivo de especial y que se traducía en que el condenado quedaba sometido a un régimen de control, supervisión y tratamiento más intenso y prolongado. Este tipo de penalidad podría imponerse en dos casos: a) si la pena impuesta era superior a tres años pero inferior a cinco, y b) si dicha pena fuere inferior a tres años pero superior a quinientos cuarenta días y se tratare de delitos graves contra las personas, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar o de índole sexual. En este último caso, además, se establecía la posibilidad de controlar su cumplimiento por medio de un brazalete electrónico.

Además, respecto de esta misma pena, se establecía la posibilidad de aplicar otros medios de control como la prohibición de acudir a determinados lugares, de aproximarse a la víctima o de permanecer en el domicilio.

En el caso de la reclusión nocturna, se había optado para su aplicación por considerar la reiteración de las condenas que la habían impuesto y no a una suma de penas anteriores, impidiendo su aplicación en el caso de que el condenado hubiere recibido con anterioridad dos condenas de este tipo, caso en el cual debería cumplir la nueva pena privado de libertad.

En lo que se refería a las situaciones de incumplimiento y de quebrantamiento de condena, se establecía un sistema más eficiente para su regulación, se señalaban las medidas de control que tendría el juez al respecto y las herramientas con que contaría la administración para hacer efectivo el cumplimiento, incluida la revocación de la pena alternativa.

Se establecía, asimismo, un sistema progresivo de cumplimiento de las penas, empezando por la aplicación de una penalidad que requiriera un mayor control y, en la medida que se apreciara una adecuada reinserción del condenado, se morigeraría dicho control, permitiendo así un uso más racional de los recursos. Dentro de este mecanismo, se permitía la posibilidad de interrumpir el cumplimiento de una pena privativa de libertad, sustituyéndola por la libertad vigilada especial, siempre que se tratara de personas condenadas a cinco años y un día o menos, sin antecedentes previos, que contaran con un informe favorable de Gendarmería y que hubieren cumplido efectivamente un tercio de su condena, favoreciendo así a personas que actualmente no podrían acceder a medida alternativa alguna. Todo ello en base a la experiencia comparada.

Refiriéndose a las dos medidas adicionales que contemplaba el proyecto original, es decir, los trabajos en beneficio de la comunidad y la reparación del daño, señalaron que se había optado por eliminarlas centrando los esfuerzos en la libertad vigilada, sin perjuicio, además, de que dichas medidas pueden ser impuestas por la vía de las llamadas salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios.

Por último señalaron que el costo ascendía a la suma de $ 6.492.404.000.- destinados principalmente a personal, pues se contemplaba un aumento de 251 delegados de libertad vigilada, lo que dejaba un número total de 435 de tales delegados, lo que arrojaría una relación de un delegado por cada treinta condenados.

c) Fundamentos de la indicación de agosto de 2010.

Poco después de producirse el cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo remitió un conjunto de nuevas indicaciones comprensivas de la indicación sustitutiva total anterior; del texto vigente de la ley N° 18.216; de los Códigos Penal y Procesal Penal; del decreto ley N° 2.859, de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; de la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; de la ley N° 19.856, que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta; del Código de Procedimiento Penal y del presupuesto de Gendarmería.

La citada indicación señala en sus fundamentos que uno de los ejes principales del quehacer del Gobierno, lo constituye el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, agregando que de acuerdo a los índices de temor y encuestas de victimización, la ciudadanía demuestra gran preocupación por el fenómeno de la delincuencia y por la sensación de impunidad imperante. Uno de estos flancos de impunidad lo constituiría la Ley sobre Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, medidas que han sido asumidas por la ciudadanía como beneficios a que pueden aspirar personas que han sido condenadas, sin que deban efectuar un mayor esfuerzo para obtener su reinserción social, y en que tanto quienes deben ejecutar estas medidas como quienes deben supervigilar su cumplimiento, han sido débiles.

Por ello, siendo uno de los objetivos del Gobierno avanzar en la derrota de la delincuencia, se pretende robustecer el sistema de alternativas a la prisión y transformarlo en un mecanismo de sanción eficaz y efectivo en el control de la delincuencia primeriza, orientado a evitar la reincidencia delictual y a dar protección a las víctimas.

Se agrega, en seguida, que las bases de la reingeniería que se propone, serían las siguientes:

1) Cumplimiento de penas inteligentes, es decir, establecer un sistema penitenciario en que la única respuesta no sea la cárcel. Al efecto, se recuerda que en la mayoría de países desarrollados, existen respuestas alternativas a la prisión que en la medida que funcionan bien, son percibidas como reales alternativas de castigo. Se agrega que Chile exhibe uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina, con 51.906 recluidas y una tasa de 303 individuos presos por cada 100.000 habitantes, lo que contrasta con otros países de nuestro continente, incluso de Europa, que no excede de las 150 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes. Por ello se busca sólo recluir a quienes han quebrantado persistentemente el orden social y, a la vez, castigar con energía a quienes se inician en la carrera delictual, pero buscando su resocialización, logrando así un mecanismo inteligente de cumplimiento de penas y un uso eficiente y focalizado de los recursos.

2) Establecimiento de un catálogo de delitos que serán siempre sancionados con cárcel, tal sería el caso de los autores de delitos graves consumados como el secuestro calificado, la sustracción de menores, la violación propia e impropia, violación con homicidio, homicidio simple y calificado y delitos terroristas, los que deberán cumplir su penalidad recluidos sin poder optar al régimen sustitutivo. Igual regla se aplicaría al parricida si tuviera anteriores condenas en el contexto de violencia intrafamiliar.

3) Uso de nuevas tecnologías para el control del cumplimiento de las penas sustitutivas, por cuanto, partiendo de la base que el cumplimiento de una pena en forma distinta que la privación de libertad, no puede ser sinónimo de impunidad, se propone un sistema de control efectivo e intenso de estas penas, utilizando los avances tecnológicos en la materia, por medio de radiofrecuencia y GPS. Estos mecanismos aseguran el real cumplimiento de las penas por cuanto la persona condenada se sabe controlada y que cualquier intento de incumplimiento será detectado y transmitido al tribunal, el que, incluso, podrá revocar la pena sustitutiva.

4) Detección de los incumplimientos y quebrantamientos, es decir, en concordancia con lo señalado en el número anterior, se establecen deberes de supervisión más intensos para los jueces, especialmente tratándose de personas sujetas a tratamientos de drogas y alcohol, regulándose sanciones claras y enérgicas frente a los incumplimientos.

5) El objetivo de las sanciones será evitar la reincidencia delictual, para lo cual se aborda el problema desde dos perspectivas: en primer lugar instando por la reinserción social de los condenados, lo que se materializa por medio del acceso oportuno y efectivo a tratamientos de quienes presenten consumo problemático de drogas y alcohol y con atención crecientemente especializada, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar o sexual. En segundo lugar, intensificando el control de las medidas, de manera tal que el condenado tenga conciencia de dicho control y entienda que los quebrantamientos o la comisión de nuevos delitos, serán advertidos por la autoridad y consecuentemente sancionados.

6) Diversificación de la respuesta penal, por medio de la ampliación del abanico de penas sustitutivas que se adecuen a los perfiles delictuales y criminológicos de los condenados. Para ello se contemplan nuevas penas como la reclusión parcial, que reemplaza a la reclusión nocturna, y la libertad vigilada intensiva. Esta diversificación guardará consonancia con la necesidad de otorgar mayor protección a las víctimas, orientándose especialmente a ello en el caso de la libertad vigilada intensiva, por medio del monitoreo telemático.

7) Gradualidad de su implementación, es decir, en consideración a los costos de implementar un sistema de esta envergadura, se plantea establecer el mecanismo de monitoreo telemático en forma gradual. Para ello se propone prorratear los costos en un plazo de tres años a contar del primer año de vigencia de la ley, asegurando un mínimo de capacidad de monitoreo para cada región del país, el que se irá incrementando paulatinamente hasta alcanzar el monto total que se estima requerirá el sistema funcionando a plenitud.

d) Intervenciones recibidas por la Comisión respecto de la última indicación sustitutiva.

1.- Don Felipe Bulnes Serrano , Ministro de Justicia , efectuó una exposición sobre las consideraciones generales contenidas en la nueva indicación que se hacía a la indicación sustitutiva de octubre de 2009, señalando que se proponía introducir las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216:

1. Reemplazar la noción de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad por la de penas sustitutivas.

En este sentido, explicó que se estima de vital importancia, en lo tocante a la política criminal y carcelaria de nuestro país, instalar un sistema de penas que puedan cumplirse fuera de los recintos penitenciarios y que adquieran un rol protagónico. La tasa de hacinamiento carcelario es extraordinariamente alta por estos días y ubica a Chile en un lugar prominente en un ranking que no debe enorgullecernos. El índice de sobrepoblación penal a nivel nacional alcanza en promedio al 70%, de modo que en un lugar donde caben 100 personas conviven 170. Ello es sin perjuicio de la situación de algunas cárceles donde la tasa de hacinamiento se eleva al 300 ó 400%, siendo emblemático el caso de la ex Penitenciaría, en la que se encuentran recluidas más de 7.500 personas en un espacio que, aparentemente, tendría capacidad para albergar sólo a 2.800 y cuya construcción data de 1845. Esta realidad se replica con matices en las distintas regiones del país, salvo en algunas, donde el avance del sistema de las cárceles concesionadas, aunque lento, ha permitido brindar soluciones más permanentes y dignas.

Comentó que la Comisión había avanzado en esta materia, pues ya existía, en el debate suscitado con anterioridad al ingreso de estas indicaciones, la idea de establecer penas alternativas, en vez de las medidas que actualmente existen, de modo que aquéllas apuntan a perfeccionar ese trabajo, para lo cual, según consta en el informe financiero, se ha obtenido una importante inyección de recursos, ya que el gasto corriente que implica el proyecto, aparte del gasto inicial de instalación, es del orden de $23.000.000.000, que equivale a alrededor de US$ 50.000.000. Con este aporte se ha incrementado sustancialmente el apoyo financiero que había proporcionado el Ejecutivo a la indicación que se tramitó con anterioridad, para cuya implementación se contemplaba un gasto del orden de $7.000.000.000.

Explicó que la mayoría de los recursos comprometidos estará destinada al uso de tecnología electrónica para efectos de configurar una suerte de “cárcel virtual” y al aumento de la cantidad de delegados de libertad vigilada, que se consideran agentes de gran relevancia para el desarrollo de los planes de rehabilitación por parte de los condenados, a fin de asegurar de la mejor forma posible que éstos opten por alejarse del mundo de la delincuencia.

2. Mantener algunas medidas alternativas, que pasarán a denominarse penas sustitutivas e incorporar nuevas figuras que tendrán este carácter.

Entre las medidas existentes, mencionó la remisión condicional y la libertad vigilada e indicó que la novedad está constituida por la reclusión parcial, que incluye a la actual reclusión nocturna y la libertad vigilada intensiva, que involucra un mayor control a través del brazalete electrónico.

3. Establecer una regla general de improcedencia, esto es, determinar aquellos casos, vinculados a la comisión de delitos graves, en los cuales no podrán imponerse penas sustitutivas sino que deberá aplicarse efectivamente una pena privativa de libertad, a fin de evitar la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y de guardar la debida coherencia del sistema de penas.

Expresó que siguiendo el derrotero iniciado por la Comisión en la discusión previa al ingreso de las indicaciones, se establece que no procederán las penas sustitutivas respecto de los autores de los siguientes delitos consumados: secuestro calificado (incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141 del Código Penal); sustracción de menor (artículo 142 del Código Penal), violación (artículo 361 del Código Penal), violación impropia de menor de catorce años (artículo 362 del Código Penal), violación con homicidio (artículo 372 bis del Código Penal), homicidio simple y calificado (artículo 391 del Código Penal) y los delitos terroristas (ley N° 18.314).

No obstante, se configura una excepción a la improcedencia, al disponer que pese a que se trate de un autor de uno de los delitos consumados a que se ha hecho referencia, podrá imponerse una pena sustitutiva, si el juez estima procedente aplicar una eximente incompleta de responsabilidad penal, de conformidad con el artículo 11 Nº 1 del Código Penal, como por ejemplo la legítima defensa incompleta o la privación parcial de razón.

4. Establecer reglas especiales de improcedencia en la imposición de penas sustitutivas.

Se propone que éstas no sean aplicables para los autores de:

a) Robo por sorpresa (inciso segundo del artículo 436 del Código Penal) cuando el sentenciado ha sido condenado anteriormente por alguno de los siguientes delitos contra la propiedad: robo con violencia o intimidación en cualquiera de sus formas (artículos 433 y 436 del Código Penal), robo por sorpresa o robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación (artículo 440 del Código Penal).

Explicitó que, a través de esta medida, se pretende dar una señal en el sentido de que si bien puede parecer adecuado brindar una oportunidad a quien delinque, cuando tras haber operado una suspensión condicional del procedimiento se impone en otro proceso una condena, resulta conveniente exigir el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, dado el impacto que produce el robo con sorpresa en la sensación de temor de la ciudadanía.

b) Parricidio, en caso de que concurran condenas previas por amenazas, lesiones menos graves, graves, mutilaciones, u otros delitos similares, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.

5. Regular, con ciertas modificaciones, la remisión condicional.

Señaló que esta pena consiste en una discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo y procederá en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La pena impuesta no debe superar los tres años de privación de libertad.

b) La persona a quien se impone no debe haber sido condenada por crimen o simple delito. No obstante, tratándose de simples delitos, sólo se considerarán las condenas dictadas dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo ilícito, pues si transcurre un tiempo mayor entre la condena antigua y el nuevo delito, no debería considerarse como reincidente. Esta regla no se aplica a los crímenes debido a la seriedad y gravedad de estas figuras.

c) La existencia de una presunción de no reiteración, a partir de los antecedentes personales, de la conducta anterior y posterior al hecho, de las modalidades de comisión y de los móviles determinantes del delito, lo que supone, por parte del tribunal, efectuar un juicio de mérito para determinar si vale la pena aplicar en el caso concreto la remisión condicional y facilitar su reinserción social al no exigirle que cumpla su pena en la cárcel.

d). La circunstancia de que la concurrencia de los requisitos establecidos en las letras b) y c) hagan innecesario un tratamiento o ejecución efectivos de la pena. En este sentido, es posible que el tribunal considere que la persona no califica para la aplicación de la remisión condicional e imponga otra pena sustitutiva que implique un régimen de control más severo.

Dio a conocer que la remisión condicional que, en síntesis, se aplica a delincuentes primerizos respecto de los cuales se presume que no volverán a delinquir, está concebida con la limitación consistente en su improcedencia en el caso de los delitos de microtráfico o conducción en estado de ebriedad, si la pena es de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años), debiendo imponerse la libertad vigilada. En relación con estas figuras delictivas, aclaró que pese a que la penalidad admitiría la aplicación de la remisión condicional, se opta por un régimen de control más estricto que permita el ingreso a un tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol u otras medidas equivalentes.

La remisión condicional dura como mínimo un año y como máximo, tres, período en el cual se exige al condenado residir en un lugar determinado, someterse al control administrativo de Gendarmería de Chile, y ejercer alguna profesión, oficio, empleo o arte de conformidad con las propuestas que formule esa institución.

6. Establecer la reclusión parcial como pena alternativa.

Consiste en la reclusión del condenado en su domicilio o en establecimientos especiales durante 56 horas semanales. Para estos efectos, se tomó como base la reclusión nocturna actualmente existente, en virtud de la cual las personas beneficiadas con esta medida alternativa, pernoctan en un establecimiento fiscal penitenciario entre las 22:00 y las 06:00 del día siguiente, ampliando la configuración de la pena sustitutiva que se propone, con la incorporación de las siguientes modalidades:

a) Reclusión diurna en el domicilio del condenado (ocho horas diarias continuas, entre las 08:00 y las 22:00 horas).

b) Reclusión nocturna en el domicilio o establecimiento especial entre las 22:00 y las 06:00 horas.

c) Reclusión de fin de semana en el domicilio o establecimiento especial entre las 22:00 horas del viernes y las 06:00 horas del día lunes.

Explicó que las distintas modalidades que se establecen en materia de reclusión parcial obedecen a que, según el delito cometido, conviene que los jueces impongan la pena sustitutiva con cierta flexibilidad, en el entendido que hay medidas que son más idóneas para atender una determinada dificultad que se presente. Así, por ejemplo, en el caso de la persona que roba en las casas comerciales, es preferible aplicar una reclusión diurna y no una reclusión nocturna, pues con esta medida se le priva del espacio temporal donde está propensa a cometer el delito. Una situación similar puede presentarse en el caso de quien maneja en estado de ebriedad recurrentemente los fines de semana, para quien la modalidad más idónea sería la reclusión de fin de semana.

Afirmó que para el Ejecutivo carece de sentido que una persona cumpla la reclusión parcial en un establecimiento penitenciario, pues con ello no se logra un propósito rehabilitador y por ello se insta, siguiendo la tendencia existente en el derecho comparado, a que el juez, a quien corresponde determinar en qué modalidad se aplicará la reclusión parcial, prefiera que ésta se ejecute en el domicilio del condenado, ya sea en su casa habitación o en su lugar de trabajo o en una combinación de ambas, en conjunto con un sistema de monitoreo telemático, previo informe favorable de factibilidad de Gendarmería.

Esta pena procederá en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:

a) La pena impuesta no debe exceder de tres años.

b) El condenado no debe registrar condenas anteriores, y en caso de que haya constancia de ellas, no deben exceder de dos años en total.

c) Debe acreditarse la existencia de antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justifiquen la imposición de esta pena sustitutiva.

d) Debe acreditarse que en los diez años anteriores a la condena, no se registren más de dos reclusiones parciales previas.

Expresó que si bien lo ideal para la aplicación de esta pena sería que el condenado no registrase antecedentes previos, el énfasis que se desea dar al establecimiento de una cárcel virtual que sea más potente que la real, justifica otorgar una cierta flexibilidad, a fin de que los establecimientos penitenciarios sólo sean usados cuando resulte imprescindible. En este sentido, la existencia de antecedentes del modo planteado permitiría presumir la factibilidad del éxito de una pena sustitutiva de reclusión parcial.

7. Regular la libertad vigilada con ciertas modificaciones y establecer la libertad vigilada intensiva como nueva pena sustitutiva.

Dio a conocer que la libertad vigilada consiste en un régimen a prueba que tenderá a la reinserción social del penado a través de un tratamiento individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado.

Por su parte, la libertad vigilada intensiva está configurada como un programa de actividades orientado a la reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de un tratamiento y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales que serán vigiladas y orientadas permanente y rigurosamente por un delegado.

El cumplimiento de estas penas es controlado por un delegado y corresponde al juez aprobar un plan de intervención individual, donde se establezcan las condiciones que deben satisfacerse, como tratamientos, desarrollo de ciertas habilidades, asistencia a encuentros periódicos e intervención psicosocial.

La libertad vigilada procederá si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Si la pena es superior a dos años y no excede de tres.

b) Si la pena es de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años) y se tratare de los delitos de microtráfico y manejo en estado de ebriedad.

c) Si la persona no ha sido condenada por crimen o simple delito.

d) Si el juez adquiere la convicción de que el tratamiento de reinserción será eficaz, basado en los antecedentes sociales, en las características de personalidad, en la conducta anterior y posterior al hecho, en la naturaleza, modalidad y móviles del mismo.

Para estos efectos, el juez puede, antes de dictar sentencia, en la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, relativa a la determinación de la pena, solicitar a Gendarmería, en caso de dudas, antecedentes adicionales para formarse una convicción respecto de la conveniencia o no de imponer esta pena sustitutiva.

A su turno, la libertad vigilada intensiva procederá si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Si la pena es superior a tres años e inferior a cinco.

b) Si la persona está condenada a una pena de 541 días a cinco años por delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar (amenazas, parricidio, homicidio, castración, mutilación, lesiones gravísimas, graves y menos graves) o de ofensas sexuales (violación, violación de menor, estupro, introducción de objetos, abuso sexual, abuso sexual infantil, exposición de material pornográfico a menores, preparación de material pornográfico, facilitación de la prostitución, trata de blancas y obtención de servicios sexuales de menores).

En este caso, el tipo de delitos que se comete justifica someter al condenado a un control intensivo, que no sólo implica la participación de los delegados sino también el uso del brazalete electrónico.

c) Si el condenado no lo ha sido antes por crimen o simple delito.

d) Si el juez ha adquirido una convicción respecto de la eficacia que tendría en el caso concreto un tratamiento de reinserción.

La duración del período de observación que implica la libertad vigilada no debe ser inferior al tiempo de la pena privativa, con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro. En tanto, la libertad vigilada intensiva no puede extenderse por menos de tres años ni superar los seis. En este último caso es posible que el condenado esté sujeto a un período de control de mayor duración que la pena que se le impuso, situación que se producirá sólo cuando las condiciones de rehabilitación así lo exijan.

Tanto en la libertad vigilada como en la libertad vigilada intensiva, los delegados disponen de un plazo de treinta días para proponer al juez un plan de Intervención que debe contener nivelación escolar, capacitación e inserción laboral, intervención especializada y un plan de rehabilitación antidrogas y alcohol, en caso de ser necesario.

El plan de intervención debe incluir servicios y recursos para su ejecución y tener objetivos concretos, pudiendo el juez ordenar la realización de exámenes médicos para su correcta confección, lo que será aplicable sobre todo en caso de dudas de que un condenado presente alguna adicción.

Durante el transcurso de ambas penas sustitutivas y a partir de los antecedentes que recabe el delegado, podrá optarse por ampliar el período de observación por seis meses, a vía ejemplar en caso de que el tratamiento de rehabilitación no haya tenido el éxito esperado; reducirlo al mínimo legal o liberar al condenado de toda supervisión una vez cumplido el período mínimo de observación. En consecuencia, se establece un sistema flexible en el cual el juez y el delegado interactúan y determinan el grado de compromiso del penado con el plan de rehabilitación y la forma en que opera, para efectos de que el juez decida la extensión, reducción o liberación de la pena sustitutiva en virtud de una resolución que será apelable.

Las condiciones comunes a ambos tipos de libertad vigilada son:

a) Residencia en un lugar determinado donde exista disponibilidad de delegados.

b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanente durante el período fijado, que implica obligaciones laborales, educacionales, de morada y de empleo del tiempo libre.

c) Ejercicio de una profesión, empleo, oficio, arte, industria o comercio en la modalidad que determine el delegado.

d) Tratamiento antidrogas o alcohol, si fuere necesario.

A dichas condiciones, se suman otras, que el juez puede imponer en el caso de la libertad vigilada intensiva, como son:

a) Prohibición de acudir a lugares determinados, particularmente aquéllos asociados a la comisión del delito.

b) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que determine el tribunal, especialmente en el contexto de violencia intrafamiliar.

c) Obligación de permanecer en el domicilio u otro lugar durante ocho horas como máximo.

d) Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, educativos, viales, sexuales y anti violencia, según el perfil del delito cometido.

Los delegados, cuya figura existente en la actualidad se pretende potenciar por la vía de profesionalizar su labor, son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, que estarán encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados a penas sustitutivas de libertad vigilada y vigilada intensiva. En el ejercicio de sus funciones, deberán reportar al tribunal los avances de los planes que sean de su cargo, lo que contribuirá a monitorear el funcionamiento de los mismos.

A fin de facilitar la labor de los delegados, cuyo funcionamiento administrativo será determinado a través de un reglamento, se permite la suscripción de convenios entre el Ministerio de Justicia y personas naturales y jurídicas para el cumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada, donde se espera contar, por ejemplo, con la colaboración del Conace en materia de tratamiento de rehabilitación. Por su parte, se contempla que el Ministerio de Justicia otorgue la acreditación de la calidad de delegado de libertad vigilada.

Hizo hincapié en que se aumentará significativamente la cantidad de delegados, a fin de superar la cobertura actual, en virtud de la cual hay un delegado por cada sesenta vigilados, lo que torna en imposible cualquier control, para, en definitiva, poder alcanzar el estándar internacional que contempla la existencia de un delegado por cada treinta personas sujetas a esta pena sustitutiva, situación que, a su vez permitirá, establecer mayores exigencias en relación con el cumplimiento de sus funciones.

8. Incorporar un mecanismo de supervisión tecnológica de las penas o monitoreo telemático, el que puede ser aplicado en los casos en que se impongan las siguientes penas sustitutivas:

a) Reclusión parcial.

Señaló que para estos efectos, deberán instalarse monitores en el domicilio o lugar de trabajo de la persona afecta a una reclusión nocturna. Igualmente, podría establecerse un sistema similar al existente en España para aquellos condenados que cuentan con línea fija, en virtud del cual se les llama por teléfono solicitándoles repetir tres veces una misma frase para determinar, con ayuda de una máquina con registro de voz, si ésta corresponde al sujeto de la pena. En todo caso, aseguró que se tendrá especial cuidado en que la tecnología que se utilizará sea confiable y probada, a fin de garantizar que no tendrá fallas que pongan en riesgo la credibilidad del sistema.

b) Libertad vigilada intensiva.

Manifestó que, a partir de la experiencia de países desarrollados, de México y de Colombia, se pretende incorporar la tobillera o el brazalete electrónico, especialmente para quienes han sido condenados por delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar y por delitos sexuales si la pena impuesta fuere superior a 541 días y no excediere de cinco años. Para su implementación, se requerirá de un informe favorable de factibilidad técnica emitido por Gendarmería de Chile.

Especificó que la selección de figuras delictivas efectuada obedece a que en estos ámbitos ha tenido mayor eficacia la utilización de este dispositivo en el derecho comparado, sin perjuicio de permitir su aplicación en el caso de que la pena impuesta sea superior a tres años y no exceda de cinco, cualquiera sea el delito de que se trate, en la medida en que el juez adquiera la convicción de que en el caso concreto es útil el uso del brazalete, por tratarse de una persona con un compromiso delictual bajo o de que el tribunal pueda disponer su uso en otras circunstancias.

Acotó que, particularmente en el caso de los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, el informe financiero posibilita costear, además del brazalete electrónico del condenado, un dispositivo para la víctima que así lo solicite, consistente en una especie de teléfono móvil más simplificado, que permitirá controlar a la persona sujeta a esta pena sustitutiva y mantener informado al ofendido si aquél ingresó a lugares donde tiene prohibido acudir, como aquéllos que frecuenta la víctima, a fin de garantizar que el condenado no podrá acercarse a esta última.

Advirtió que no es posible asegurar la absoluta disponibilidad de tobilleras o brazaletes electrónicos, toda vez que se desconoce el nivel de demanda que tendrá el dispositivo, pero su implementación se llevará a cabo en la medida de lo posible y, posteriormente, se incrementarán los recursos para asegurar una mayor cobertura. Puntualizó, adicionalmente, que es necesario considerar que puede haber lugares donde no habrá factibilidad técnica para establecer el sistema de monitoreo telemático, dificultad que tendrá que resolverse en su momento.

Precisó que el plazo para la utilización del brazalete o la tobillera no puede ser inferior a seis meses ni superior a dos años y el tribunal que ordene su utilización debe emitir una resolución fundada.

Señaló que los datos obtenidos a través del mecanismo telemático, durante el cumplimiento de la pena, podrán ser utilizados como fuente de información para otras investigaciones, previa orden judicial, lo cual puede beneficiar o perjudicar al condenado, según sea el caso. En efecto, si mientras una persona cumple su condena en libertad, siendo controlada por medio del monitoreo telemático, surgen dudas respecto de su participación en otro delito, se podrá obtener información del dispositivo, a fin de saber si estuvo o no en el lugar donde se cometió. Indicó que, a modo de complemento de la privacidad de desplazamiento, se sancionará severamente a cualquier persona que, sin una orden judicial previa, utilice los datos que arroja el brazalete para conocer el paradero del condenado.

Comentó que en caso de que el penado inutilice o destruya el dispositivo de vigilancia deberá responder penalmente por delito de daños, sin perjuicio de la eventual situación de quebrantamiento que se puede generar y de que se disponga el cumplimiento de la pena con privación de libertad.

Destacó la importancia de esta medida, por cuanto la experiencia comparada da cuenta de intentos de los condenados de romper el brazalete como expresión de malestar por la instalación de este dispositivo de control, razón por la cual es necesario responsabilizarlos por lo que ocurra con este último. En este contexto, además, se obliga al condenado a informar acerca de la inoperancia o desperfecto del dispositivo y, en caso contrario, se establece que el tribunal podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena.

Por otra parte, se contempla la existencia de un arancel que permita determinar la gratuidad o copago del mecanismo de monitoreo, conforme a la situación económica del condenado, pues se estima que algunos brazaletes podrían ser utilizados por personas con medios económicos suficientes para solventar su arriendo.

9. Establecer una regulación sobre el incumplimiento y el quebrantamiento de las penas sustitutivas.

Explicó que, una vez firme la sentencia, el tribunal deberá informar a Gendarmería de Chile, dentro del plazo de cinco días, respecto de la imposición de la pena sustitutiva. En el evento de que, una vez informada la mencionada institución, hayan transcurrido diez días sin que se presentare el condenado, Gendarmería debe informar al tribunal, que citará a una audiencia dentro de los treinta días siguientes y podrá dejar sin efecto la pena sustitutiva.

Se conciben tres tipos de incumplimiento: severo (se infringen las condiciones esenciales de la pena sustitutiva en forma grave y reiterada); simple (se infringen condiciones no esenciales en forma grave y reiterada) y leve (se infringen condiciones no esenciales en forma relevante pero no grave ni reiterada).

Si el juez de garantía determina que el condenado ha incurrido en un incumplimiento leve, reiterado o simple, podrá intensificar las condiciones de la pena o prorrogarla por un lapso de seis meses.

En tanto, si califica el incumplimiento como severo, podrá reemplazar la remisión condicional por la libertad vigilada o la reclusión parcial, o bien intensificar la libertad vigilada o sustituirla por la libertad vigilada intensiva. Si, en concepto del tribunal, no corresponde sustituir la pena, deberá imponer una prórroga no inferior a seis ni superior a doce meses, la que, en el evento de tratarse de la reclusión parcial, no podrá ser inferior a treinta ni superior a sesenta días. Adicionalmente, se otorga al juez la facultad de dejar sin efecto la pena sustitutiva y disponer el cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad original.

Hizo presente que si el penado no comparece a la audiencia citada por el tribunal, se despachará una orden de detención y acotó que el sistema ideado pretende erradicar el esquema actual, que concibe a las medidas alternativas como beneficios, cuyo incumplimiento carece de importancia.

10. Contemplar un sistema de reemplazo de las penas sustitutivas.

Explicó que una vez cumplida la mitad del período de la pena sustitutiva, es posible reducir el nivel de control a que está sometido el condenado. Así, la libertad vigilada intensiva puede ser reemplazada por la libertad vigilada, la que a su vez, puede trocar en remisión condicional. En todo caso, aclaró que si la libertad vigilada que se cumple ha sido en virtud de la sustitución de la libertad vigilada intensiva, sólo puede reemplazarse por la remisión condicional si se ha cumplido más de 2/3 de la pena originalmente impuesta.

11. Incorporar la modalidad de las penas mixtas.

Señaló que en el caso de las personas que fueron condenadas a penas privativas de libertad, se permitirá al tribunal disponer, previo informe favorable de Gendarmería, la sustitución de estas últimas por la libertad vigilada intensiva con control de delegado y brazalete electrónico, si la pena impuesta es de cinco años y un día u otra menor; si al momento de discutir la interrupción de la pena privativa, el penado no registra otra condena por delito o crimen; si ya ha cumplido un tercio de la pena privativa de libertad y si ha tenido un comportamiento sobresaliente, de conformidad al sistema de reinserción social, por su buena conducta.

En estos casos, la solicitud se resolverá en audiencia y el juez debe fijar el período de observación, que comprenderá un plazo no inferior a cuatro años ni superior a seis.

12. Establecer una regla especial para el caso en que el condenado sea un extranjero sin residencia legal en Chile.

Explicó que se pretende abordar un problema que se presenta sobre todo en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, en cuyas poblaciones penitenciarias hay altas tasas de extranjeros. Así, por ejemplo, en la Región de Tarapacá, hay cárceles donde el 40% de los reclusos son extranjeros, fundamentalmente peruanos y bolivianos, y los tratados sobre traslado de condenados, al menos en lo que respecta a Bolivia, no se aplican porque los nacionales de ese país no desean ser llevados a cárceles que están en peores condiciones que las chilenas.

Planteó que como el costo que implica mantener a una persona privada de libertad es bastante alto, se hace necesario adoptar medidas para enfrentar este factor, que contribuye al hacinamiento carcelario. En este sentido, se otorga al juez de garantía la opción de sustituir el cumplimiento efectivo de la pena impuesta por la expulsión del territorio nacional en el caso de condenados a penas inferiores a cinco años de presidio o a reclusión menor en su grado máximo y que no acrediten arraigo familiar o social o, que no desarrollen un trabajo permanente y remunerado. No obstante, a petición del Ministerio Público, el juez puede decidir que el condenado cumpla efectivamente la pena impuesta en un recinto penal nacional. Se dispone, además, que el Ministerio del Interior debe ser citado a la audiencia en que se decida la situación del extranjero, a fin de que se pronuncie sobre la conveniencia o no de sustituir la pena efectiva por la expulsión del territorio nacional.

2.- Don José Luis Guzmán Dalbora , profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, sostuvo que la ley N°18.216 perseguía un doble objetivo:

a) Reducir y, en lo posible, eliminar las penas cortas de privación de la libertad tratándose de personas que delinquen por primera vez o cuyas condenas anteriores lo fueron por delitos de poca gravedad, y

b) Abrir el país hacia formas de tratamiento en libertad del condenado, especialmente con la libertad vigilada.

En las últimas décadas además de los argumentos primitivos contra las penas cortas privativas de libertad, (observaciones de corte utilitario, por su costo económico para el Estado, nulo rendimiento preventivo especial y tremendo efecto corruptor), han aparecido otros, que apuntan al deterioro de la humanidad del preso, quien a consecuencia de su situación pierde el trabajo, interrumpe sus estudios, desampara a su familia, rompe sus relaciones sociales, se infantiliza en el marco de una institución total y conllevará para siempre el estigma de haber estado en prisión.

Afirmó que el elemento decisivo ya no es que sean demasiado cortas las penas para resocializar, porque tampoco se puede ni es lícito pretender enseñar a nadie a vivir en sociedad entre los muros de una prisión, cuanto que resultan demasiado graves para los delitos de poca monta. Se trata, pues, de una elemental aplicación de los principios generales de proporcionalidad e intervención mínima.

De ahí que lo recomendable sea la total renuncia a las penas cortas, de suerte que jamás, ni siquiera en supuestos de reincidencia, el autor de infracciones menores tenga que sufrirlas, sino otras de diversa naturaleza (multa, prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, reprensión judicial, limitación de derechos cívicos, profesionales o de contratación, etc.) o que afecten la libertad más sin fijar continuamente la posición del sujeto en el espacio (arrestos domiciliarios o de fines de semana, reclusión nocturna, libertad controlada o asistida, etc.).

Destacó que la ley N° 18.216 representó un avance en la lucha contra tales penas, pero se quedó a medio camino, porque tampoco se propuso acabar con ellas, sino sólo reemplazarlas en el caso concreto por unos sustitutivos basados en la idea de que los antecedentes del condenado, la naturaleza y modalidades del delito que perpetró y su conducta anterior y posterior a éste, permitan presumir que su hecho fue ocasional, o sea, que no volverá a delinquir (condena de ejecución condicional), o que la mera imposición del sustitutivo lo disuadirá de cometer nuevos delitos (reclusión nocturna) o, en fin, que el tratamiento en libertad es adecuado para readaptarle y resocializarle (libertad vigilada).

Hizo presente que, al cumplirse en 1994, diez años de aplicación de la ley, las estadísticas oficiales revelaron que las tasas de reincidencia en los beneficiados por las medidas eran significativamente bajas, especialmente en el caso de la condena de ejecución condicional.

Añadió que el proyecto de reforma de abril de 2008 se mantiene exactamente en esta senda, sólo que añadiendo dos nuevos sustitutivos, ya propuestos en Europa en 1950, a saber, la reparación del daño y el trabajo en beneficio de la comunidad.

La indicación sustitutiva de octubre de 2009 y la presentada a ésta por el Gobierno el 18 de agosto de 2010, persisten también, pese a las apariencias, en hacer uso de las penas cortas. Se diferencian únicamente en que las sanciones propuestas como reemplazo de aquéllas, siempre en el caso concreto, no en general, se presentan como penas sustitutivas, no como sustitutivos penales, más esto no implica un verdadero progreso respecto de la situación actual.

Manifestó que el proyecto original y sus indicaciones no se hacen realmente cargo del problema de fondo: la crisis de la prisión, cuestión conocida de antiguo y que afecta muy especialmente a las penas cortas y largas de privación de la libertad. Desde el siglo XIX la ciencia penal ha demostrado que la pena corta de pérdida de la libertad es incapaz de intimidar a los delincuentes más avezados, no permite corregir a los susceptibles de enmienda, pues tratarles demandaría mayor tiempo, y es siempre un formidable agente de perversión por el contacto con criminales más endurecidos.

Agregó que la tasa de presos por cada cien mil habitantes en Chile, como reconoce la indicación gubernamental de agosto de 2010, es, en su elevación, sencillamente inaceptable. Comparado con Estados de población y desarrollo cultural semejante, como Argentina o Colombia, el número de presos no se condice con las tasas de criminalidad aparente en el país, que son inferiores a las existentes en casi todos los del continente Iberoamericano.

Para reobrar sobre el sistema penal en delitos de poca y mediana gravedad, o sea, los sancionados con penas de hasta cinco años, habría que convertir las penas sustitutivas planteadas en las indicaciones, como también otras no previstas allí, en penas principales de los delitos respectivos, modificando, pues, el Código Penal y la legislación penal especial. En tal caso, la reforma debiera añadirlas, también, al catálogo del artículo 21 del Código, lo cual requiere un trabajo mucho mayor de ciencia, política y técnica legislativa que el que actualmente se propone al Parlamento.

En relación al articulado del proyecto, efectuó las siguientes observaciones:

1) El artículo 1º excluye un crecido número de delitos de las penas sustitutivas, lo cual carece de sentido, porque, así como en la realidad judicial no existe el delito in abstracto, sino sólo el delito concreto materia de juzgamiento, así también la gravedad de éste depende de la pena concreta que corresponda a su responsable, pena a la que se llega tras el proceso de determinación de la penalidad abstracta. Ese proceso exige considerar una serie de factores (circunstancias, grado de ejecución, calidad de la participación, etc.) que bien pueden reducir aquélla, con el efecto de que lo que parecía uno de los delitos “imperdonables” de la indicación, resulte ser, en el hecho, un delito de menor gravedad.

Particularmente injustificada es la exclusión de los delitos llamados terroristas, dadas las incertidumbres científicas que rodean la noción misma de terrorismo y el hecho de que normalmente los acusados de terrorismo son, o delincuentes comunes que tuvieron la mala idea de emplear medios de cierto poder destructivo, o delincuentes políticos o sociales para los que la cárcel puede ser un mecanismo de glorificación de la causa por la que pugnan.

2) El artículo 7°, que establece que la reclusión diurna ha de cumplirse en el domicilio del condenado, lo deja sin posibilidades de un trabajo formal.

3) El párrafo 3º: sobre normas especiales del personal de las Fuerzas Armadas consagradas en la ley N° 18.216 fue incorporado en esta última por la época en que ésta se gestó, pero hoy resultan inconstitucionales, porque infringen el principio de igualdad ante la ley.

No se ve por qué el estado militar tenga que comportar el cumplimiento de las penas sustitutivas en condiciones distintas o ante autoridades judiciales diversas de las comunes para todos los chilenos.

4) En el artículo 17 bis: no se comprende cómo ni por qué los exámenes sobre consumo de drogas o alcohol puedan ser realizados a través de medios telemáticos, en circunstancias que son exámenes químicos.

5) Título III: La palabra monitoreo no es un término castellano. En nuestro idioma sólo se conoce la palabra monitor, que significa, entre otras acepciones, -aparato que revela la presencia de las radiaciones y da una idea más o menos precisa de su intensidad-. En Chile se redactan leyes en nuestro idioma oficial, no con neologismos de significado camaleónico.

6) Artículo 23 bis: En modo alguno es conveniente ni respetuoso del principio de legalidad de delitos y penas, que tiene jerarquía constitucional, que la factibilidad técnica de la aplicación de medios electrónicos del control de la ejecución de las penas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva dependa de un informe de factibilidad técnica del Servicio de Gendarmería, un órgano meramente administrativo, y tanto menos de la empresa privada a la que se contrate estos servicios, como se desprende ostensiblemente del artículo 23 quáter. Las penas son ordenadas por la ley, no por reglamentos ni instrucciones generales o particulares de los servicios públicos, e impuestas en ejercicio de atribuciones jurisdiccionales, o sea, de funciones públicas.

Llama la atención que nada menos que los requisitos y características técnicas de estos medios telemáticos y los procedimientos para su instalación, administración y retiro, se con-fíen a un reglamento (artículos 23 quáter y octies), pues se pone en juego una parte medular del control de una pena, y puede ser muy grave. Esto debe estar regulado en la ley, no en un reglamento.

7) Artículo 23 quinquies: Mucho mejor orientado parece el artículo 13 B del proyecto de ley de 2008, que dispone: “El sistema a distancia deberá garantizar el respeto a la dignidad, integridad y la vida privada del condenado”. La Indicación no da las mismas garantías normativas, las que, antes bien, pueden ser anuladas en el reglamento, y, muy por el contrario, posibilita que los registros del medio que carga en su cuerpo el condenado puedan ser usados en su contra en caso de ser sospechoso de haber cometido un nuevo delito. Esta es una flagrante infracción del principio nemo tenetur se ipsum accusare.

8) Artículo 23 sexies: Castigar como reo de daños al condenado que inutilizó el aparato es exactamente lo mismo que cobrar a un reo amotinado en la cárcel la frazada que quemó para protestar o acusarle de hurto por el traje que llevaba al momento de fugarse. Si se piensa que él de todas formas se expone a la pena privativa de la libertad originalmente impuesta, porque la sustitutiva le será revocada, incluso a las penas por el quebrantamiento, la añadidura de los daños parece inhumana, amén de insensata.

El inciso segundo grava al condenado con una obligación que jurídicamente no le impone ni puede imponerle sentencia alguna de condena, a saber, que él sea garante del cumplimiento de su propia pena. Esa obligación corresponde al personal de prisiones, no a él, por lo que no le asiste ningún deber de informar al tribunal que el aparato que se le puso está defectuoso.

9) Artículo 23 septies: Los aparatos de control telemáticos deben ser en todo caso gratuitos, porque es el Estado el que debe correr con los gastos de la ejecución de cualesquiera penas, máxime considerando que la de la especie será una fuente de ganancias considerables para las empresas que están a la espera de la aprobación de esta indicación.

10) Artículo 24, inciso segundo: el condenado no sabrá el momento en que Gendarmería reciba el oficio judicial que comunica la imposición de estas penas substitutivas, lo que lo expone al grave efecto de revocación. El plazo debe ser mayor y contarse desde la notificación personal de la sentencia judicial, que le indicará con toda precisión dónde debe él presentarse.

11) Artículo 25, letra a, inciso segundo: Establecer que el tribunal podrá considerar por resolución fundada incumplimientos análogos a los anteriores, constituye una analogía prohibida por la Constitución Política, cuyo artículo 19, número 3, inciso final, consagra el principio de taxatividad o determinación de delitos y penas. También resulta inconstitucional el inciso segundo de la letra c, cuando faculta a un reglamento determinar las “condiciones no esenciales” en el régimen de cumplimiento de estas penas.

Todo lo que concierne al cumplimiento e incumplimiento de cualesquiera penas, principales, alternativas, potestativas o sustitutivas, es en Chile materia exclusiva de ley en sentido estricto.

12) Artículos 31 y 32: Es sumamente riesgoso para el condenado que la resolución que lo cite a una audiencia en que se decidirá la cuestión del incumplimiento de las condiciones pueda notificarse por cédula, y no personalmente. Tanto más grave es que la audiencia pueda llevarse a efecto sin él presente.

13) Artículo 35: no se aprecia el motivo por el que el Ministerio del Interior haya de comparecer a la audiencia en que se resolverá la substitución de la pena privativa de la libertad por la expulsión del extranjero condenado. El Derecho Penal no guarda relación con la política de extranjería del país, y asignarle las funciones respectivas implica desnaturalizar y degradar la independencia y majestad de la jurisdicción. De hecho, el Ministerio de Econo-mía no es llamado a dar su parecer en las causas por delitos económicos, el de Hacienda en los de contrabando, ni el de Salud en los de homicidio o lesiones.

3.- Don Ignacio Castillo Val, coordinador del Magister en Derecho Penal de la Universidad de Talca, hizo presente que en la indicación sustitutiva de octubre de 2009, se eliminó el trabajo en beneficio de la comunidad del listado de medidas alternativas que proponía el proyecto y las indicaciones del actual Ejecutivo no lo reponen. Esta decisión contradice la posición actual respecto del tratamiento de las penas cortas y de las personas que cometen delitos menores, respecto de quienes un tratamiento de reinserción social mediante esta fórmula parece ser una buena alternativa.

Comentó que en una reciente modificación del Código Penal español se incentivó la utilización de esta medida, por cuanto ha demostrado ser un mecanismo adecuado tanto desde el punto de vista de la prevención general como de la especial. Señaló que se ha sostenido que en nuestro país resulta innecesario establecer el trabajo en beneficio de la comunidad como una pena sustitutiva, pues esta figura está contemplada en nuestra legislación como una de las condiciones que el juez puede imponer al decretar la suspensión condicional del procedimiento. No obstante, este razonamiento presenta serios defectos, por cuanto no existe una institución pública coordinada que tenga a su cargo la regulación y promoción de este trabajo comunitario, de modo que la utilización de este mecanismo queda librado al azar o a las buenas prácticas de algunas fiscalías regionales y locales, sin que existan incentivos para establecerlo.

Precisó que, debido a los innumerables asuntos de que debe ocuparse, el Ministerio Público no ha solicitado, en sus demandas presupuestarias, recursos para materializar su funcionamiento y, en consecuencia, el trabajo comunitario tiene escaso control, supervisión y pocas alternativas, de modo que según las estadísticas, es casi inexistente. Agregó que, por lo demás, la suspensión condicional del procedimiento se decreta sin que el imputado reconozca o acepte que ha tenido responsabilidad penal en el hecho que se le atribuye, por lo que los efectos positivos que podría tener el trabajo comunitario en este sentido no se producen. A esta circunstancia se suma el hecho de que si el imputado no cumple con esta condición, en el peor de los casos, deberá ser juzgado en el procedimiento original donde se presume su inocencia.

En relación con el catálogo de delitos respecto de los cuales es improcedente aplicar una pena sustitutiva, precisó que la norma configura esta improcedencia para quienes son autores de las figuras delictivas que menciona en grado consumado. Sin embargo, estas precisiones en materia de autoría y de iter criminis, darán origen a un problema dogmático, por cuanto resultan irrelevantes en algunos delitos contra la propiedad (robo con intimidación y robo con fuerza en las cosas), que se castigan como consumados desde que se encuentran en grado de tentativa (artículo 450 del Código Penal).

Estimó razonable que se permita, en el caso de los delitos mencionados en el catálogo, aplicar una pena sustitutiva si al momento de determinar la pena, el Tribunal estima procedente aplicar el artículo 11 Nº 1 del Código Penal, esto es, una eximente incompleta de responsabilidad penal. No obstante, advirtió que en el inciso final del artículo 1° propuesto en las indicaciones del Ejecutivo , se excluye la posibilidad de imponer una pena sustitutiva a los autores de parricidio, lo que si bien en principio puede parecer adecuado en atención a la gravedad de la pena que conlleva esta figura, resulta criticable en tanto esta improcedencia, que se configura siempre y cuando existan condenas previas por delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, impide que se atribuya a las eximentes incompletas el efecto que propone el proyecto. Sin embargo, no hay razones para que quien comete un parricidio, aunque tenga condenas previas, deba necesariamente cumplir su pena privado de libertad, si concurre en su favor una eximente incompleta.

Por otra parte, sugirió analizar la posibilidad de atribuir a alguna otra circunstancia atenuante, el efecto de permitir la aplicación de la pena sustitutiva respecto del catálogo de delitos del artículo 1° de la indicación, como las de carácter pasional, en que el sujeto, en vindicación de una ofensa propia o de algún familiar, agrede a otro, con lo que se configura una situación similar a la eximente incompleta.

Añadió que no tiene sentido establecer un plazo de diez años para examinar si en dicho período, contado hacia atrás desde la comisión del delito, existen condenas anteriores por simples delitos para efectos de imponer la remisión condicional, la reclusión parcial y la libertad vigilada simple e intensiva. En efecto, el decreto ley N° 409, de 1932, que establece normas relativas a los reos, otorga a los condenados el derecho, después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado. Por su parte, el decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes, permite a las personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración, eliminar dichas anotaciones si han transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes (letra g) del artículo 8°).

Una vez eliminadas estas anotaciones, podría aplicarse una pena sustitutiva. En consecuencia, si la intención del legislador es permitir la imposición de esta última a sujetos que no han vuelto a delinquir, debería seguirse un criterio similar al empleado en los mencionados textos legales, toda vez que en alguna época se consideró prudente que transcurrido el plazo de cinco años sin que la persona vuelva a delinquir puedan eliminar sus antecedentes penales.

Por otra parte, en relación a la reclusión parcial, estimó que merece ciertas observaciones en lo que respecta a la modalidad de reclusión por fin de semana. De acuerdo con las indicaciones presentadas, la reclusión por fin de semana se aplicaría en caso de que la pena impuesta no exceda de tres años. En la legislación comparada las penas de corta duración como ésta, que se cumplen bajo la fórmula de reclusión parcial, han sido un fracaso, por cuanto las tasas de incumplimiento son muy altas (es muy fácil que se produzca un quebrantamiento de la reclusión de fin de semana si ésta debe prolongarse por tres años).

En relación con el monitoreo telemático asociado a la reclusión parcial, sostuvo que no debería utilizarse el sistema de control de GPS, el cual detecta los movimientos del sujeto en cualquier lugar, sino el de radiofrecuencia que, en principio, no debería ocasionar problemas. En este último caso, se utiliza una especie de brazalete y se obliga a la persona a mantenerse en un cierto radio donde existe otro aparato que detecta la frecuencia. Este sistema no permite saber el lugar en que se encuentra el sujeto en un momento determinado, sino más bien advertir si no está dentro del radio en que se le exige permanecer y, por tanto, la afectación a la intimidad es menor que si se utilizase el GPS.

Asimismo, la incorporación del artículo 17 bis, que permite tomar en consideración los antecedentes del proceso para efectos de elaborar los planes de intervención individual en sujetos con consumo problemático de drogas o alcohol, constituye una reiteración de un precepto de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el cual ha ocasionado varios problemas, ya que vulneraría el derecho a la no autoincriminación. Esto es así porque en el marco del proceso se posibilita la indagación del consumo abusivo de las sustancias mencionadas. Si una persona sabe que será interrogada por el Ministerio Público sobre sus adicciones para solicitar una sanción adicional, tendrá menos incentivos para prestar declaración ante dicho organismo. Estimó que sería deseable que los antecedentes que se utilicen para determinar un tratamiento individualizado del sujeto que presenta algún tipo de adicción, se consideren una vez que ha sido condenado.

Añadió que debería considerarse incorporar, en el artículo 17 ter, que establece las condiciones que se deben decretar en caso de imponerse la libertad vigilada intensiva, la prohibición de ejercer ciertos cargos, oficios o profesiones que, eventualmente, podrían propiciar la comisión de delitos por parte del condenado.

Por otra parte, consideró que la posibilidad de cobrar por la utilización del sistema de monitoreo telemático, consagrada en el artículo 23 septies, podría ser una fuente de discriminación.

Manifestó que la regla especial aplicable a los extranjeros, que permite al juez sustituir el cumplimiento de la pena privativa de la libertad por su expulsión del territorio nacional (artículo 35), es la medida más polémica y criticada en la doctrina española, en atención a las consecuencias que lleva aparejada. Uno de los problemas de esta medida radica en que se incorpora una circunstancia ajena al Derecho Penal, como es el tema de la extranjería, que se vincula más bien con el Derecho Administrativo y no con la gravedad del delito que ha cometido el condenado.

Planteó que una de las principales críticas que pueden formularse respecto de la expulsión de extranjeros en las condiciones propuestas, es que el dolor que se inflige a una persona que es colocada en la frontera por el hecho de ser extranjero y haber cometido un delito, parece ser demasiado fuerte y carece de sentido político criminal, toda vez que la expulsión se aplicará tanto al extranjero que se encuentra en Chile como al burrero que transporta droga y para este último constituirá un verdadero premio.

En efecto, si un sujeto ingresa al país con drogas y sabe de antemano que el peor castigo que podrá imponérsele consiste en permanecer un par de meses en prisión preventiva para luego ser expulsado, no habrá ningún aliciente para disminuir el tráfico de estas sustancias, sino más bien podría generarse un incentivo perverso en el sentido de que extranjeros ingresen al país para delinquir, anulándose, entonces, los fines de la pena. En este sentido el Tribunal Supremo español ha señalado que en aquellos delitos que afectan intereses colectivos, como por ejemplo, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes, no debería proceder la expulsión por carecer de efectos prácticos.

Añadió a las anteriores observaciones la circunstancia de que no se indique el plazo durante el cual se prohibirá al extranjero expulsado regresar al país, como ocurre en la legislación española, lo que transforma a esta pena sustitutiva en un extrañamiento con término indefinido que resulta ser a todas luces inconstitucional. Aseguró que esta medida no contribuirá a disminuir el hacinamiento carcelario y que, dado que podrá imponerse para delitos cuya pena no exceda los cinco años, no será aplicable, por ejemplo, al tráfico de drogas, que es uno de los ilícitos que cometen con más frecuencia extranjeros en la zona norte del país.

Por último, de acuerdo con las indicaciones, el monitoreo telemático debe extenderse por un período mínimo de seis meses y máximo, de dos años y, por ende, al no diferenciar la regulación del control telemático respecto de la reclusión parcial y de la libertad vigilada se pueden producir problemas. En efecto, la reclusión parcial puede extenderse por un período de hasta tres años, de modo que habrán casos en que se requerirá aplicar el control telemático por menos de seis meses y por más de dos años, pero la ley no lo permitirá en atención a la restricción de tiempo prevista para el monitoreo, situación que debería ser corregida.

4.- Don Raúl Tavolari Oliveros , profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Valparaíso , formuló las siguientes observaciones a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo:

1) Sería conveniente analizar la posibilidad de reemplazar la denominación de pena sustitutiva, que puede generar ciertas complejidades, por la noción de ejecución sustitutiva.

2) Si bien el legislador tiene la intención de eliminar la idea del beneficio asociado a las medidas alternativas, se desea favorecer a quienes han sido objeto de una condena. Por ende, se conjugan dos intereses: el del Estado, orientado a desalojar las cárceles que no dan abasto y el de la persona en contra de quien se formula una imputación. El Derecho Penal, por su carácter cautelar, integra, de algún modo, el ordenamiento protector de la sociedad y busca el equilibrio y la armonía entre ambos intereses. Dada la importancia de armonizar la idea de despejar las cárceles con el envío de una señal correcta, que no se torne equívoca, debería tenerse en consideración el respeto a la legalidad de la pena y de su ejecución, en cuyo marco es tarea del legislador determinar el límite de la potestad reglamentaria de ejecución para incursionar en este tema. Menester es recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional se ha modificado a través del tiempo, de forma tal que lo que antes era considerado materia de ley, hoy se abre a la potestad reglamentaria, en atención a la convicción de que el legislador es incapaz de abarcar todos los ámbitos en una regulación.

Si bien en lo que respecta al Derecho Penal, es legítimo ser particularmente celoso en lo que concierne a la protección de los derechos, ello no puede traducirse en inhibir la actuación del legislador y del Estado. Por ello, resultará inevitable confiar al reglamento la regulación de algunos temas abordados por las indicaciones.

3) En una primera lectura, la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de la libertad del extranjero por su expulsión del territorio nacional, se configura como un estímulo a la delincuencia, lo que implica un riesgo. No obstante, en una segunda apreciación, es preciso reparar en que la medida afectará al extranjero que no tiene vinculación con nuestro país, pues no tiene familia ni trabajo y se encuentra en Chile sólo para delinquir. La participación del Ministerio del Interior debería ser eliminada por innecesaria. Sin embargo, si uno de los propósitos que se persiguen es mejorar la situación carcelaria, no sería tan mala idea expulsar al extranjero una vez que ha sido condenado, no sin antes determinar respecto de qué delitos será aplicable esta medida, pues si se considerase, por ejemplo, para el delito de tráfico de estupefacientes, se provocará un efecto no deseado pues se incentivará su comisión en nuestro país.

4) Desde la perspectiva del Derecho Procesal, es preocupante la competencia de los órganos, pues en las normas propuestas en las indicaciones se distingue entre el juez y el Tribunal. En el artículo 36 resulta claro que la referencia se formula al Tribunal Oral en lo Penal, pues esta norma dispone que las penas sustitutivas deben imponerse en la sentencia condenatoria, que dicta precisamente dicho Tribunal. No obstante, en el artículo 39 se establece que el conocimiento de las materias previstas en la ley N° 18.216 corresponde a los jueces de garantía y contempla, en el caso de tribunales conformados por más de tres de estos jueces, un procedimiento de distribución de causas.

A su juicio, la imposición de las penas es materia del juez natural, que es el Tribunal Oral en lo Penal y, en ningún caso, del juez de garantía. Advirtió que este problema puede ser obviado si se utiliza el concepto de ejecución sustitutiva de la pena, en lugar de pena sustitutiva. Recordó que el Código Procesal Penal confía los temas relativos a la ejecución al juez de garantía y, desde ese punto de vista, resultaría coherente que éste se encargue de la forma en que se cumple sustitutivamente la pena. Si se optase por hablar de la ejecución sustitutiva de la pena- como ha sugerido-, se justificaría que las resoluciones que se emitan sean apelables ante el tribunal de alzada respectivo (artículo 37), por cuanto en el sistema procesal penal, las decisiones del tribunal del juicio oral no pueden impugnarse por la vía del recurso de apelación, de modo que la referencia en este punto debería efectuarse al juez de garantía.

5) Debería modificarse la forma de enumerar los artículos, siguiendo el modelo del Derecho Comparado, a fin de dejar atrás esta forma artificial de mantener un mismo número de artículo con distintas letras o nombres.

6) En relación con la información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático (artículo 23 quinquies) declaró que sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva, sin perjuicio de lo cual, el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar su uso en este contexto. Esta norma, sin embargo, debe ser corregida, por cuanto no compete a dicho juez tomar este tipo de iniciativas, que involucra decretar una actuación de investigación penal, con lo que se rompe el esquema del sistema procesal penal, sino más bien acoger o rechazar la solicitud que le formule en tal sentido el Ministerio Público.

5.- Doña Javiera Blanco Suárez , Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, señaló que Chile ha presentado una evolución penitenciaria que evidencia un aumento significativo de la población penal, especialmente a partir de la implementación de la reforma procesal penal, como se aprecia en el siguiente gráfico, que representa la evolución de la población penitenciaria entre los años 2000 y 2009:

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Explicó que en el sistema cerrado, la población recluida ha aumentado en un 59% en los últimos nueve años. En su mayor parte está compuesta por condenados. El número de procesados e imputados en el año 2000 corresponde al 43% del total de reclusos, mientras que en el año 2009, corresponde al 24%. Por su parte, entre los años 2000 y 2009, se registra un aumento de los condenados (142%). A principios de la década, el 75% de las personas privadas de libertad eran procesados sin condena.

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Entre los años 2005 y 2009, las medidas alternativas prácticamente se han duplicado. Así, la remisión condicional aumenta en el 86.7%; la libertad vigilada, en el 114.8%, y la reclusión nocturna, en el 80.7%. La mayoría de las personas que cumplen penas en el país lo hacen en el medio libre, o sea, previa obtención de estos beneficios.

Por su parte, la sobrepoblación penitenciaria excede con creces la capacidad de las cárceles y coloca a Chile en el tercer lugar entre los países de América del Sur y en el 34° lugar dentro de los países del mundo, que exhiben este lamentable índice, de acuerdo con el siguiente ranking:

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Explicó que las medidas alternativas, como por ejemplo la reclusión nocturna y la remisión condicional, deberían cumplirse en los centros de reinserción social, de acuerdo con la normativa vigente. Sin embargo, no existen en todas las regiones de nuestro país. De este modo, en algunas de ellas, estas medidas deben cumplirse en los establecimientos penitenciarios, que están destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad, por lo que se produce un contagio criminógeno, que es perjudicial para la rehabilitación de personas a las que se quiso beneficiar con una alternativa al cumplimiento de la pena de encierro. La distribución de la reclusión nocturna por región según el sistema de cumplimiento se exhibe en la siguiente tabla, que es idéntica para el caso de la remisión condicional:

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En cuanto al promedio nacional de penados beneficiados con la remisión condicional de la pena por funcionario, indicó que hay uno por cada 450 penados, en circunstancias que el estándar internacional es de un funcionario por cada 200 condenados a quienes se les aplica la remisión condicional. Hay regiones en que se evidencian problemas graves en la fiscalización que realizan los funcionarios del cumplimiento de las condiciones que se imponen, las que en muchos casos sólo consisten en firmar. Por otra parte, la situación se repite si se analiza la cantidad de personas beneficiadas con la libertad vigilada sujetas a un delegado, como se aprecia en el siguiente gráfico:

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Si bien el estándar adecuado es que exista un delegado por cada 30 personas, el promedio país es de un delegado por cada 67 beneficiados con esta medida, lo que dificulta una fiscalización adecuada.

En lo que respecta a la edad de quienes cumplen su pena bajo libertad vigilada, precisó que el 33% tiene menos de treinta y cinco años. En cuanto al nivel de hacinamiento, la densidad penitenciaria del sistema cerrado por región se expresa en el siguiente gráfico:

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El porcentaje de sobrepoblación penal aumentó de 145.2% en el año 2007 a 160,6% en marzo de 2010, evidenciándose mayores problemas en esta materia en las regiones XV, V, y VIII.

Comentó que a nivel internacional, Estados Unidos, por ejemplo, exhibe índices de sobrepoblación superiores al estándar internacional y es una de las sociedades más represivas, con una tasa de 760 condenados por cada 100.000 habitantes, doblando con creces la chilena (305 por igual número de habitantes). No obstante, presenta un interesante sistema de diferenciación en el cumplimiento de la pena, característico de los países anglosajones, que consiste en separar en forma tajante la institucionalidad del encierro de las medidas que se cumplen en libertad. Así, la administración del sistema de “Probation” está separada del sistema de administración de las cárceles. Existe un amplio catálogo de programas de “probation” en atención a las especiales características de cada condenado (tratamiento de drogas, condenados con VIH, condenados por delitos sexuales, condenados por manejo en estado de ebriedad, servicio comunitario, etc.).

Dentro de este sistema, además, existe un programa de supervisión estándar y uno de supervisión intensiva que se aplica a sujetos que requieren de un control más cercano. Se utiliza el monitoreo electrónico en conjunto con otras condiciones que debe cumplir el penado, en particular en la reclusión domiciliaria.

Por su parte, en España, la tasa de población reclusa es de 153 por cada 100.000 habitantes (79.000 reclusos), los que son clasificados en tres grados según sus características personales, su entorno y la duración de la pena. En cada uno de estos grados se aplican programas individualizados de tratamiento, y se permite al condenado subir o bajar de grado. Varias de las condenas destinadas a cumplirse en prisión, se ejecutan en libertad configurando un sistema similar al semi cerrado de la ley de responsabilidad penal adolescente. En este sentido, posee una amplia oferta programática que es desarrollada por ONGs y entidades colaboradoras públicas o privadas, subvencionadas por el Estado.

Existen varias modalidades de control telemático sin costo para el usuario, como la tecnología GPS, que permite saber la ubicación exacta del sujeto en cualquier momento; la verificación de voz y el monitoreo mediante pulseras vía red telefónica, algunas de las cuales pueden detectar el consumo de alcohol a distancia.

Los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del condenado, sin remuneración y son facilitados por la administración, la cual puede celebrar convenios con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, pudiendo el condenado ofrecer el desarrollo de una actividad.

En Inglaterra, la tasa de reclusos es de 160 por cada 100.000 habitantes, esto es, inferior a la norteamericana y a la chilena. La población carcelaria asciende a 85.000 reclusos, mientras que los sujetos bajo supervisión en el sistema probation son 190.000. El Servicio Nacional de Probation es el órgano encargado de supervisar a los infractores que se encuentren cumpliendo una de las siguientes penas: libertad bajo fianza, monitoreo electrónico, penas en cárceles (evaluación de riesgo, plan de intervención y estrategias de reincorporación al medio libre) y órdenes comunitarias (libertad vigilada). Además realiza informes presentenciales y proporciona apoyo post penitenciario.

El mencionado Servicio Nacional es uno de los departamentos de la Oficina Nacional de Administración Penitenciaria (National Offender Management Service o NOMS), que depende del Ministerio de Justicia, al igual que el Prision Service). Es responsable de 42 áreas de probation distribuidas en 10 regiones. Cada área debe entregar el servicio localmente y encargarse de las asociaciones con los actores claves del sistema de justicia.

Existe una herramienta de evaluación denominada OASys (Offender Assessment Management), que mide la probabilidad de reincidencia del infractor, el riesgo de daño existente por parte del infractor; los factores de riesgo dinámicos que deben ser considerados en el plan de sentencia como objeto de intervención, como por ejemplo la dependencia a las drogas o al alcohol. El OASys se aplica periódicamente para evaluar el progreso del sujeto y el diseño del plan de sentencia.

Por su parte, Suecia tiene una tasa de 79 internos en prisión por cada 100.000 habitantes. Su servicio de probation es uno de los componentes de Servicio Sueco de Prisiones y Probation, dependiente del Ministerio de Justicia.

Dado que los oficiales cumplen con una diversidad de funciones, la organización cuenta con una amplia red de supervisores legos. Se trata de ciudadanos comunes que ayudan a efectuar la supervisión directa de las condiciones a que se encuentran sujetos quienes cumplen penas en libertad manteniendo un contacto cotidiano y cordial. El Estado paga por ello una suma pequeña, por la que no exige exclusividad ni horas de dedicación. Existen 1.000 oficiales profesionales y aproximadamente 4.500 supervisores legos.

En este país, el catálogo de medidas está conformado por la suspensión condicional de la pena con amonestación, la libertad bajo supervisión de un oficial y el cumplimiento de ciertas condiciones, la libertad con requerimiento de tratamiento para el alcohol y droga; la libertad con monitoreo electrónico que procede cuando la pena privativa de libertad es inferior a tres meses, y durante los cuatro meses antes de la liberación automática y condicional. Para efectos del trabajo comunitario, se determinan las necesidades de intervención aplicando instrumentos estandarizados para predecir el riesgo de reincidencia y algunos especializados en ciertos aspectos, como por ejemplo el consumo de droga. El control se realiza por medio de reuniones periódicas con el oficial o el supervisor lego, habitualmente cada dos semanas.

En relación con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo , expresó que entre los múltiples aspectos positivos que presentan se destaca el establecimiento, en el marco de la libertad vigilada, de la condición consistente en el sometimiento a un programa de rehabilitación por consumo de alcohol o droga, el cual integrará el plan de tratamiento individual, habida cuenta de la relación existente entre la droga y el delito. Según las estadísticas del año 2005, efectuadas a partir de los resultados de test de orina practicados en las comisarías de la Región Metropolitana, el 73.3% de los detenidos habría consumido al menos una droga ilícita en las 48 horas previas a la detención. En tanto, el 63.7% de ellos presentó consumo de pasta base y cocaína, observándose un mayor compromiso delictual. Este elemento, al igual que el anterior, será vital para evaluar la aplicación de la nueva normativa.

Comentó que los tribunales de tratamiento de droga, que conforman un programa piloto en 18 juzgados de garantía de cuatro regiones, someten, a personas con bajo compromiso delictual a tratamientos para superar el consumo problemático por un período determinado, en el marco de la figura de la suspensión condicional del procedimiento. La clave del éxito en la mayor parte de estos programas radica en el control periódico que efectúa el juez de garantía al cumplimiento de esta condición. En este contexto, el 62% de los usuarios estima que las audiencias periódicas con el juez ayudan en su recuperación y sólo el 24% de los egresados reincide. En tanto, la reincidencia en la población adulta que no accede a los tribunales de tratamiento de drogas, oscila entre el 50 y el 70%.

Por último, indicó que los principales desafíos que se presentan a partir de estas modificaciones, apuntan a aumentar la oferta programática existente diferenciándola por nivel de complejidad y fomentar la participación de instituciones privadas de buen nivel a lo largo del país; incrementar el número de delegados, captando profesionales de buen nivel, para lo cual debe ponerse énfasis en el perfil y en la capacitación; estimar el impacto en Gendarmería y en el Poder Judicial del eventual aumento de sujetos condenados a estas penas sustitutivas, sobre todo en el caso de las penas mixtas y el número de audiencias necesarias para el cumplimento y control de medidas y condiciones y establecer una nueva institucionalidad para la administración de las medidas que se cumplen en libertad.

d) Discusión en particular.

La Comisión, luego de acordar por unanimidad rever las disposiciones ya despachadas de este proyecto, se abocó al estudio de la última indicación presentada, llegando a los siguientes acuerdos:

Artículo 1°.-

Introduce diversas modificaciones en la ley N° 18.216, todas las que la Comisión acordó tratar separadamente:

Número 1.-

Sustituye el encabezado o título de la ley, el que es del siguiente tenor:

“Establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala.”

La propuesta del Ejecutivo cambia la denominación por la siguiente:

?Establece penas que indica como sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad .?.

Los representantes del Ejecutivo , junto con coincidir con los fundamentos de esta modificación expresados en la primera indicación, la que se limitaba a reemplazar la expresión “medidas” por “penas”, en atención a que tales medidas desde el momento que sustituyen penas privativas o restrictivas de libertad por otras restricciones, tendrían también el carácter de penas y no de medidas o beneficios, pareciendo conveniente así precisarlo, justificaron el nuevo cambio que proponían, en la necesidad de revertir la percepción de la ciudadanía, la que entiende que si una persona es condenada por un delito importante y no cumple su pena en un recinto penitenciario, es porque ha accedido a un beneficio. Lo que se quiere transmitir es que efectivamente el penado está recibiendo un castigo aunque de características diferentes a la privación de libertad.

El Diputado señor Burgos objetó la propuesta argumentando que esta nueva denominación alteraría la naturaleza del sistema, porque si las medidas son consideradas penas, deberían figurar en la escala general del artículo 21 del Código Penal, como, asimismo, el cambio traería consecuencias perniciosas toda vez que al ser consideradas penas sustitutivas, se produciría un incremento sostenido en la cantidad de reincidentes, objeciones que complementó el Diputado señor Harboe señalando que el incremento de la reincidencia que esta nueva denominación ocasionaría, debería traducirse en una disminución del número de condenados a quienes se podrían aplicar estas medidas, con el consecuente aumento de la población penal recluida y un mayor nivel de hacinamiento, efecto inverso al buscado por el proyecto.

Los representantes del Ejecutivo contra argumentaron que en materia de reincidencia la situación no cambiaba en nada con la nueva denominación, toda vez que luego de la llamada ley de agenda corta anti delincuencia, se consideraba reincidente al que hubiera sido condenado, independientemente de si había accedido a una medida alternativa; luego no había razón para temer un aumento de reincidentes, opinión con la que concordó el Diputado señor Calderón .

Por último, los mismos representantes el Ejecutivo precisaron que la reclusión nocturna que, doctrinariamente constituía una sanción penal toda vez que consiste en una privación parcial de libertad, no figuraba en el listado del artículo 21 del Código Penal, como también que el cambio de nombre no era más que una medida meramente simbólica.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, en los términos propuestos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Díaz , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Rincón y Squella .

Número 2.-

Sustituye el artículo 1°, norma que señala que la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá suspenderse por el tribunal que las imponga, al conceder alguno de los beneficios alternativos siguientes: remisión condicional de la pena; reclusión nocturna y libertad vigilada.

Su inciso segundo agrega que no procederá la facultad establecida en el inciso precedente tratándose de los delitos previstos en los artículos 362 (violación impropia) y 372 bis (violación con homicidio) del Código Penal, siempre que en este último caso la víctima fuere menor de 12 años.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por algunas de las siguientes penas:

a) Remisión condicional;

b) Reclusión parcial;

c) Libertad vigilada, y

d) Libertad vigilada intensiva.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; y 391, N° 1 (homicidio calificado), del Código Penal, o de los delitos contemplados en la Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

Asimismo, tampoco el tribunal podrá aplicar las penas señaladas en el inciso primero, a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436 inciso segundo del Código Penal (robo por sorpresa), que hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos contemplados en los artículos 433 ( robo con violencia calificado), 436 ( robo con violencia simple y robo por sorpresa) y 440 (robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación) del mismo código.

Tratándose de los autores del delito consumado contemplado en el artículo 390 (parricidio) del Código Penal, no procederá esta facultad si el sentenciado ha sido condenado anteriormente por alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 391, 395, 396, 397, 398 ó 399 (amenazas, amenazas de un mal que no constituye delito, parricidio, homicidio, castración, mutilación, lesiones graves y lesiones menos graves) del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, debiendo fundamentarse en la sentencia esta última consideración”.

La nueva propuesta difiere de la anterior en que reemplaza el concepto de suspensión de ejecución de la pena, por el de sustitución de la misma; cambia la reclusión nocturna por reclusión parcial y la libertad vigilada especial por libertad vigilada intensiva; hace improcedente la aplicación de la pena sustitutiva respecto del delito consumado de parricidio, únicamente cuando el condenado lo ha sido anteriormente por la comisión de los delitos de amenazas, parricidio, homicidio, castración, mutilaciones y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar y, por último, excluye, asimismo, de la sustitución a los autores del delito consumado de robo por sorpresa que hubieren sido condenados anteriormente por los delitos de robo con violencia calificado, robo con violencia simple, robo por sorpresa y robo con fuerza en la cosas en lugar habitado.

El Diputado señor Burgos señaló que esta indicación, al igual que la anterior, discurría sobre la base de un listado de delitos consumados cuyos autores no podrían ser acreedores a la aplicación de la pena sustitutiva. Creía que incluir en ese listado al robo por sorpresa, dada su constante ocurrencia, podría transformarse en un factor de mayor ingreso a los recintos carcelarios. Le parecía más lógico, en atención a las condiciones de hacinamiento existentes en esos recintos, estudiar la posibilidad de brindarles un cumplimiento alternativo debidamente controlado. Se mostró partidario de no establecer excepciones a la aplicación de las penas alternativas o sustitutivas, dejando, en cambio, como único factor de exclusión, la penalidad aplicable a la figura por la cual se condena.

Asimismo, no consideró adecuado incluir en el listado de delitos excluidos los contemplados en la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas, por cuanto constituiría una mala señal en relación con las recientes modificaciones introducidas a esa normativa, las que tuvieron por objeto adecuar sus disposiciones al desarrollo democrático, sin perjuicio, además, de que la elevada penalidad que su texto impone, haría muy difícil la procedencia de la aplicación de las penas sustitutivas.

El Diputado señor Harboe hizo presente que la exclusión del delito de robo por sorpresa cuando su autor ha sido condenado anteriormente por otro ilícito contra la propiedad, deberá dar lugar a un aumento de la población penal, especialmente por el hecho de que se castiga como consumado desde que se encuentra en grado de tentativa. Creía necesaria una mejor justificación de esta propuesta como también por qué se excluía al parricidio únicamente cuando su autor hubiere sido sancionado anteriormente por ciertos delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar.

El Diputado señor Squella consideró que la exclusión que se hacía en el nuevo inciso tercero respecto del robo por sorpresa, debiera, en realidad, referirse a la figura más grave, vale decir, el robo con intimidación calificado, por cuanto tal como está concebida, constituye, en la práctica, un incentivo para la comisión de un delito más grave, ya que las condenas anteriores no impedirán la sustitución. Lo anterior podría reducir el número de personas impedidas de sustituir la pena privativa de libertad.

El Diputado señor Díaz señaló no estar de acuerdo con las formas en que se abordaba el problema para evitar el aumento de la población penal. Creía que la iniciativa y las indicaciones presentadas durante el año, obedecían más a una forma de satisfacer el imaginario mediático que la comprensión de la realidad, cuando lo lógico sería que se orientaran a la obtención de un uso racional del poder punitivo del Estado, de tal manera que las penas privativas de libertad se apliquen cuando corresponda y como última respuesta. Agregó que le preocupaba en tal sentido, el catálogo de delitos respecto de los cuales se establece la improcedencia de las penas sustitutivas, las que parecían obedecer más al anhelo mediático de seguridad a que se refiriera y no a la conveniencia de elaborar una respuesta acorde a una política criminal propia de una sociedad civilizada y racional. Recordó, al efecto, que Chile era uno de los países con menor tasa de delincuencia en América Latina, pero, a la vez, con una de las mayores poblaciones penales.

El Diputado señor Calderón refutó la idea de que el discurso político anti delincuencia fuera el causante del hacinamiento en los recintos penales, sino que, por lo contrario, el empleo de expresiones tales como mano dura contra la delincuencia, obedecería, más bien, a la intención de establecer un lucha eficaz y eficiente en contra del delito, lo que incluye la política carcelaria. De ninguna manera se pretendería con ello aumentar el número de personas privadas de libertad, algo que nadie persigue tanto desde el punto de vista dogmático como práctico. Las exclusiones que se establecen obedecerían a razones de política criminal propias de un estado de derecho, recordando al efecto que la actual normativa de la ley N° 18.216 resulta bastante más exigente que lo que propone el proyecto para el otorgamiento de las medidas alternativas a la prisión, por lo que no creía que la nueva propuesta pudiera causar un aumento del hacinamiento.

La Diputada señora Turres coincidió con los planteamientos del Diputado señor Calderón , sosteniendo que de acuerdo a los estudios efectuados por la Fundación Paz Ciudadana, se registraba en los últimos años un aumento sostenido de las tasas de delincuencia como consecuencia de la reforma procesal penal. Creía necesaria la idea del Ejecutivo contenida en este proyecto, como una forma de prevenir críticas de la ciudadanía y, especialmente, enten-día que las disposiciones de carácter financiero se orientarían a los gastos relacionados con la contratación de personal para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las penas sustitutivas.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que el proyecto debería tener un efecto positivo en la población penal, ya sea generando un mayor egreso o una disminución de la misma, recordando al efecto que una de las medidas que se proponían era la llamada pena mixta, fundada en lo ilógico de exigir al condenado el cumplimiento de la pena en su totalidad, si se justificaba aplicar una fórmula de término anticipado. Explicaron, asimismo, que el catálogo de delitos que quedaban excluidos de la posibilidad de sustitución, tenía por objeto prevenir posibles críticas que a futuro se hicieran a una legislación como consecuencia de reacciones emocionales frente a una pena sustitutiva aplicada a un delito especialmente grave, en otras palabras, se trataba de evitar la imposición de penas sustitutivas respecto de casos que resultaran especialmente indignantes para la opinión pública, prestigiando con ello este régimen, sin que ello significara para nada aumentar los encarcelamientos en respuesta a las demandas ciudadanas.

Agregaron que constituía, también, un factor de disminución del encarcelamiento el aumento del umbral de la pena privativa de libertad establecida como tope para que la sentencia pueda aplicar la pena sustitutiva de la reclusión parcial, como también que para los efectos de determinar la concurrencia de la reincidencia, no se consideraban las condenas cumplidas diez años antes de la comisión del nuevo delito.

Finalmente, acogiendo gran parte de las observaciones formuladas, propusieron una nueva redacción para esta indicación del siguiente tenor, la que fue suscrita por los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella :

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por algunas de las siguientes penas:

a) Remisión condicional;

b) Reclusión parcial;

c) Libertad vigilada, y

d) Libertad vigilada intensiva.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; 390 y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

Asimismo, tampoco el tribunal podrá aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta nueva propuesta indicando que quedaban fuera del catálogo de exclusión los delitos terroristas, el robo por sorpresa y el homicidio simple y se consideraba solamente el robo con intimidación simple solamente en el caso de reincidencia, todo lo cual aumentaba la posibilidad de la aplicación de las penas sustitutivas.

Por último, ante la propuesta del Diputado señor Burgos , basada en una indicación presentada por él y los Diputados señores Araya , Ceroni , Cornejo , Díaz , Harboe , Rincón y Schilling, la que se dio por reglamentariamente rechazada, para permitir que el juez no sólo pudiera sustituir la pena sino también suspenderla, señalaron que dicha propuesta podría ser aplicable sólo en el caso de la reclusión parcial, la que doctrinariamente sería la única que constituiría pena propiamente tal, pero que parecía más conveniente incluir sólo la idea de sustitución considerando penas todas las alternativas que se proponían; por lo demás ello concordaba con lo ya aprobado respecto del encabezamiento propuesto para este artículo.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación en los términos propuestos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Como consecuencia del debate habido acerca de las demás disposiciones de este proyecto, la Comisión, por unanimidad, acordó reabrirlo, para tratar lo siguiente:

a.- Al discutirse los alcances del artículo 34, que se refiere a la interrupción de la pena privativa de libertad y su reemplazo por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, la mayoría de los Diputados consideró que no estaba lo suficientemente claro que dicho mecanismo no se aplicaba a los delitos excluidos de las penas sustitutivas establecidas en este artículo 1°, razón por la que acordó, por unanimidad, con el asentimiento de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella , intercalar en el inciso segundo, entre las palabras “precedente” y “ de esta ley” las expresiones “ni la del artículo 34”.

b.- Al tratarse el artículo 35, referido a las reglas especiales aplicables a los extranjeros, la Comisión estimó que al establecer la expulsión en reemplazo de la pena privativa de libertad, le daba a esta medida también el carácter de pena sustitutiva y, por ende, debiera figurar igualmente en la enumeración del artículo 1°, razón por la que los Diputados señores Araya , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella , presentaron una indicación para agregar en el inciso primero una letra e) incluyendo la expulsión entre las penas sustitutivas, la que resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans y Squella , dejando constancia el Diputado señor Burgos que, no obstante no estar de acuerdo con esta adición, concurría con su voto por ser este artículo 1° el central del proyecto.

c.- Por último, el Ejecutivo presentó una indicación para sustituir este artículo que, en realidad, solamente se limita a agregar en el inciso primero una nueva letra f) para incluir entre las penas sustitutivas la “prestación de servicios en beneficio de la comunidad” e intercalar un inciso tercero del siguiente tenor:

“Asimismo, no podrá imponerse a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la pena establecida en la letra f) del inciso primero.”.

Los representantes del Ejecutivo fundamentaron esta indicación, señalando que se basaba en la idea de dar un uso racional a la cárcel y de establecer que cuando las penas sustitutivas funcionaran bien, resultaba posible que el encarcelamiento no fuera la única respuesta. Agregaron que en el caso de penas privativas de libertad inferiores a un año, dada su corta duración, el empleo de la cárcel resultaba disfuncional por cuanto no resultaba posible, en tan corto tiempo, que los condenados accedieran a tratamientos que facilitaran su reinserción social, sin perjuicio, además, que las condiciones de hacinamiento imperantes en los centros de reclusión, aumentaban el riesgo del contagio criminógeno.

Agregaron que se trataba de una pena sustitutiva que se aplicaría en subsidio de todas las otras, en otras palabras, se aplicaría en la medida que la pena impuesta no excediera de un año, pero las personas afectadas, de conformidad a las disposiciones de esta ley, no calificaran para la aplicación de cualquiera de las otras penas sustitutivas, debiendo, en consecuencia, cumplir efectivamente la pena privativa de libertad.

Precisaron, por último, que esta penalidad no sería aplicable a los delitos excluidos a que se refería este artículo, como también a los sancionados por la ley N° 20.000.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos (9 votos a favor y 3 abstenciones). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Squella . Se abstuvieron los Diputados señores Harboe , Rincón y Schilling .

El texto de este número quedó como sigue:

2) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por algunas de las siguientes penas:

a) Remisión condicional;

b) Reclusión parcial;

c) Libertad vigilada;

d) Libertad vigilada intensiva;

e) Expulsión, y

f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 34 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; 390 y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

Asimismo, no podrá imponerse a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la pena establecida en la letra f) del inciso primero.

Asimismo, tampoco el tribunal podrá aplicar las penas señaladas en el inciso primero, a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.”.

Número 3.- (Pasó a ser 3 y 4).

El Título I de la ley N° 18.216 y su Párrafo 1°, señalan lo siguiente:

“Título I

De la Remisión Condicional de la Pena y de la Reclusión Nocturna.

Párrafo 1°

De la remisión condicional de la pena.”.

El Ejecutivo propuso una indicación para sustituir la denominación del Título por “ De la Remisión Condicional y de la Reclusión Parcial” y suprimir en el epígrafe del párrafo las palabras “de la pena”.

La indicación que solamente se limita a adecuar la nomenclatura empleada, al carácter de penas sustitutivas que se da a las antiguas medidas alternativas, se aprobó, sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número nuevo.- (Pasó a ser 5).

Modifica el artículo 3°, norma que señala que la remisión condicional de la pena consiste en la suspensión de su cumplimiento y en la discreta observación y asistencia del condenado por la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

El Ejecutivo propuso sustituir las expresiones “suspensión de su cumplimiento y en” por los términos “sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por” y los términos “por la autoridad” por “ ante la autoridad”.

La modificación señalada, que solamente adecua el texto de esta disposición al carácter sustitutivo de la pena, se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 4.- (Pasó a ser 6).

Modifica el artículo 4°, norma que señala las condiciones para la procedencia de la remisión condicional de la pena, señalando que ésta podrá decretarse a) si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia condenatoria, no excede de tres años; b) si el reo no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; c) si los antecedentes del reo, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten presumir que no volverá a delinquir, y d) si las circunstancias indicadas en las letras b) y c) precedentes, hacen innecesario un tratamiento o la ejecución efectiva de la pena.

La propuesta del Ejecutivo:

1° elimina en el encabezamiento de este artículo las palabras “ de la pena” y en la letra a) la expresión “condenatoria”, modificaciones ambas puramente adecuatorias, las que se aprobaron, en votación separada, por unanimidad. Participaron en ambas votaciones los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

2° Sustituye la letra b) por la siguiente:

“Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de simple delito, sólo se considerarán las condenas dictadas dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo ilícito.”.

Respecto de esta parte de la propuesta, los representantes del Ejecutivo explicaron que, a su parecer, carecía de sentido, para los efectos de la reincidencia y en lo que se refiere al otorgamiento de la remisión condicional, considerar la incidencia negativa que tenía la comisión de delitos cometidos mucho tiempo atrás antes del nuevo ilícito, razón por la cual, para evitar esta descalificación permanente, se establecía un plazo de diez años para el caso de los simples delitos en que no se hubiera incurrido en nuevos ilícitos, el que si bien era arbitrario, se vinculaba con el establecido para la prescripción de la acción penal y de la pena.

Agregaron, asimismo, que coincidían con la idea de extender este criterio también respecto de los crímenes, para lo cual acogieron una proposición del Diputado señor Burgos para diferenciar, de acuerdo a los plazos de la prescripción penal, los tiempos aplicables a crímenes y simples delitos.

De acuerdo a lo anterior, esta letra quedó con la siguiente redacción:

“ b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de crímenes y simples delitos, no se considerarán las condenas que se encontraren cumplidas diez o cinco años, respectivamente, antes de la comisión del nuevo ilícito;”.

Se aprobó, sólo con arreglos formales, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

3° Reemplaza en la letra c) la expresión “reo” por “condenado”, la que siendo puramente adecuatoria, se aprobó sin debate por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

4° Propuso agregar un inciso final del siguiente tenor:

“ Con todo, el tribunal no aplicará esta pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado como autor de un delito consumado que tuviere asignada una pena mínima de presidio o reclusión menor en su grado máximo u otra superior, o se tratare de aquellos previstos en el artículo 15 letra b) ( microtráfico, manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol causando lesiones leves, menos graves, graves o la muerte, lesiones graves y robo por sorpresa), debiendo en este caso imponer la libertad vigilada a que se refiere el artículo 14, inciso primero de esta ley, si procediere.”.

La propuesta que, fundamentalmente, difiere del texto de la primera indicación sustitutiva, en que es obligatorio para el juez y no facultativo, imponer la pena sustitutiva de libertad vigilada, en el caso de darse las condiciones señaladas, se aprobó, sin mayor debate, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 5.- ( Pasó a ser 7).

Modifica el artículo 5°, norma que señala las condiciones que deben cumplirse por la persona a la que se ha concedido la remisión condicional de la pena, señalando que al conceder este beneficio, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá las siguientes condiciones que el reo deberá cumplir:

a) Residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el reo. Ésta podrá ser cambiada, en casos especiales, según calificación efectuada por la sección de tratamiento en el medio libre de Gendarmería de Chile;

b) Sujeción al control administrativo y asistencia a la sección correspondiente de Gendarmería de Chile, en la forma que precisará el reglamento. Ésta recabará anualmente al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales;

c) Ejercer, dentro del plazo y bajo las modalidades que determinará la sección de tratamiento en el medio libre de Gendarmería de Chile, una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el reo carece de medios conocidos y honestos de subsistencia y no posee calidad de estudiante, y

d) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia. No obstante el tribunal, en caso de impedimento justificado, podrá prescindir de esta exigencia, sin perjuicio de que persigan estas obligaciones en conformidad a las reglas generales.

La propuesta del Ejecutivo introduce seis modificaciones en este artículo:

1° Por la primera reemplaza la frase inicial del encabezamiento de este artículo “Al conceder este beneficio” por la siguiente: “Al imponer esta sanción”, modificación que busca reforzar la idea que la remisión condicional es una pena sustitutiva y no un beneficio.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

2° Por las segunda, tercera y cuarta suprime en la letra a) las expresiones “la sección de tratamiento en el medio libre de”; en la letra b) sustituye los términos “ a la sección correspondiente de Gendarmería de Chile” por “ ante Gendarmería de Chile”, y en la letra c) suprime las expresiones “ la sección de tratamiento en el medio libre de”, más otras adecuaciones puramente de forma.

Respecto de estas tres modificaciones, los representantes del Ejecutivo explicaron que en virtud de las reformas introducidas al sistema penitenciario en la Ley de Plantas de Gendarmería y en el nuevo reglamento orgánico de ese servicio, se contempla la reestructuración del área técnica, encabezada por la Subdirección Técnica, proceso en el cual deberá determinarse si se mantiene o no la denominación de sección de tratamiento en el medio libre. No siendo necesaria la especificación del departamento de Gendarmería encargado de la aplicación de esta sanción, se prefiere evitar la referencia para el caso que se determine una modificación de la denominación.

No se produjo mayor debate, procediéndose a aprobar, separadamente, las tres modificaciones por unanimidad. Participaron en las votaciones los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

3° Por la quinta suprime la letra d).

El Diputado señor Calderón manifestó dudas acerca de la conveniencia de esta modificación, toda vez que la misma letra faculta al juez para prescindir de esta exigencia en caso de impedimento justificado. La supresión lisa y llana de este requisito permitiría eximirse del pago a aquellos condenados que incluso cuenten con medios económicos.

Los representantes del Ejecutivo justificaron la supresión en que, fundamentalmente, la mayoría de los condenados carece de recursos para enfrentar el pago de estas indemnizaciones y costas, por lo que en la práctica tal exigencia constituye un impedimento para la aplicación de esta pena sustitutiva. Además de lo anterior, la Corte Suprema en las ocasiones en que ha debido pronunciarse sobre los alcances de esta exigencia, ha sostenido que se configuraría una hipótesis de prisión por deudas, circunstancia que justificaría su supresión en cualquier caso. Por lo demás, normalmente los querellantes formulaban sus peticiones indemnizatorias por la vía civil, lo que les permitía obtener el resarcimiento de los perjuicios.

Cerrado el debate, se aprobó la modificación por mayoría de votos ( 9 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Araya .

Finalmente, la Comisión acordó, por unanimidad, sustituir en el encabezamiento de este artículo y en sus letras a) y c) la expresión “reo” por “condenado”, uniformando así la terminología con la empleada en las demás disposiciones del proyecto.

Número nuevo.- (Pasó a ser 8).

Se refiere al artículo 6°, norma que señala que si el beneficiado quebrantare, dentro del período de observación, alguna de las condiciones señaladas en el artículo precedente, la sección de tratamiento en el medio libre pedirá que se revoque la suspensión de la pena, lo que podrá decretar el tribunal, disponiendo el cumplimiento de la pena inicialmente impuesta o su conversión en reclusión nocturna, según fuere aconsejable.

La propuesta del Ejecutivo si bien en un principio, contrariamente a lo que proponía la anterior indicación, no establecía derogación alguna, finalmente resultó complementada por una indicación en tal sentido de los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Se aprobó por unanimidad, con los votos de los patrocinantes y el del Diputado señor Burgos.

Número 6.- (Pasó a ser 9).

Modifica el epígrafe del Párrafo 2°, el que trata “De la reclusión nocturna”.

La propuesta del Ejecutivo sustituye la expresión “nocturna” por “parcial”, coincidiendo con lo ya aprobado en el artículo 1°.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 7.- (pasó a ser 10).

Modifica el artículo 7°, norma que señala que la medida de reclusión nocturna consiste en el encierro en establecimientos especiales, desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente.

La propuesta del Ejecutivo reemplaza este artículo por el siguiente:

“La pena de reclusión parcial consiste en el encierro en domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante 56 horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana, conforme los siguientes criterios:

i) La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de 8 horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las 8 y las 22 horas.

ii) La reclusión nocturna consistirá en el encierro en el domicilio o en establecimientos especiales, entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente.

iii) La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio o en establecimientos especiales, entre las 22 horas del día viernes y las 6 horas del día lunes siguiente.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como mecanismo de control de la misma, el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la presente ley.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.”.

Ante la objeción formulada por el Diputado señor Burgos en el sentido que no parecía acertado sujetar la aplicación del monitoreo telemático a un informe de factibilidad favorable de Gendarmería de Chile, por cuanto ello podría significar dejar la decisión acerca de la aplicación de esta pena sustitutiva a una autoridad administrativa, los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la necesidad de este informe de factibilidad, surgía como consecuencia de la existencia de lugares en que no resulta posible contar con la suficiente cobertura que permita garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. Precisaron que la decisión acerca de la aplicación de esta pena correspondería siempre al tribunal, pero se quiere contar antes con un informe técnico de factibilidad acerca de su aplicación en lugares aislados.

Los mismos representantes del Ejecutivo expusieron que la implementación del monitoreo sería de carácter gradual, de tal manera que en sus inicios, deberá ser suplido por otros mecanismo tales como contactos por vía telefónica, realizándose tres llamadas con preguntas específicas que permitirán comprobar la identidad del penado. Aclararon que la factibilidad técnica para la aplicación del sistema de monitoreo, no constituía una condición sine qua non para la aplicación de la reclusión parcial en el domicilio del condenado, de tal manera que ésta podría llevarse a cabo, incluso, por medio del control de Carabineros. Coincidieron, no obstante, con la conveniencia de rectificar la redacción propuesta por cuanto ésta daba a entender que el cumplimiento de esta pena sustitutiva en el domicilio del condenado, solamente podría verificarse mediante el sistema del monitoreo, debiendo, en caso contrario, cumplirse en un establecimiento penitenciario.

Ante una nueva objeción del Diputado señor Araya , quien cuestionó que se entendiera como domicilio del condenado la residencia regular de éste para fines habitacionales, por cuanto en el caso de delitos relacionados con violencia intrafamiliar en que se haya dispuesto la prohibición de acercarse a la víctima, disponer el cumplimiento en el domicilio sería un contrasentido, razón que lo llevaba a proponer una definición más amplia de lo que debe entenderse por domicilio, los representantes del Ejecutivo señalaron que en tales casos lo normal era disponer medidas cautelares que impedían el acercamiento a la víctima, por lo que no se dispondría el cumplimiento de la reclusión parcial en el mismo inmueble. En todo caso, coincidían con la conveniencia de ampliar el concepto de domicilio, el que podría comprender también el lugar de trabajo.

Ante una última objeción planteada por el Diputado señor Burgos , quien consideró un contrasentido que el sistema del monitoreo se aplicara solamente a la pena sustitutiva de la reclusión parcial, siendo que ésta sancionaba delitos de menor gravedad que los que son susceptibles de la pena de la libertad vigilada simple, señalaron que el sistema del monitoreo no obedecía a criterios de gravedad del delito sino al tipo de control que se deseaba ejercer. Precisaron que en el caso de la pena sustitutiva de la libertad vigilada simple, no se contemplaba la aplicación de este sistema, por cuanto no interesaba mantener al condenado en un lugar determinado, sino más bien someterlo a una terapia de rehabilitación y a programas determinados. En cambio, en el caso de la libertad vigilada intensiva, sí existía especial preocupación por el control del penado y, por ello, se permitía la aplicación del sistema telemático.

Como una forma de solucionar el problema de la imposibilidad de aplicar el mecanismo de control telemático, los representantes del Ejecutivo propusieron agregar al final del inciso segundo, sustituyendo el punto aparte por un punto seguido, lo siguiente. “En tal caso, se podrán decretar otros mecanismos de control, en la forma que determine el tribunal.”.

Al respecto, explicaron que por esta vía resultaba posible enfrentar el problema de la falta de cobertura para el uso de dispositivos telemáticos, pudiendo recurrirse, por ejemplo, a rondas de Carabineros. Agregaron que por este medio podría obviarse el reparo de discriminación que se había hecho durante el debate, puesto que estas nuevas herramientas que se ofrecían al juez, las que tendrían carácter excepcional, permitirían evitar que quienes fueren sancionados en lugares fuera de cobertura, tuvieran que cumplir necesariamente la pena en un establecimiento penitenciario.

El Diputado señor Harboe se mostró aprensivo con la solución propuesta, toda vez que como había sido normal en la práctica, las medidas adoptadas para evitar la utilización de Carabineros en actividades distintas a las que les son propias, contemplándolas solamente como excepcionales, terminaban deviniendo en la regla general, preocupación que compartió el Diputado señor Burgos , señalando que la fórmula propuesta debería contemplársela como excepcionalísima, procediendo sólo en la medida en que la dotación correspondiente lo permitiera, sin afectar el cumplimiento de sus funciones propias.

El Diputado señor Cristián Monckeberg creyó necesario se explicitaran en la ley los mecanismos alternativos puesto que éstos quedarían al arbitrio del juez y, en consecuencia, serían de difícil fiscalización. Criticó, asimismo, que la única condición para decretar dichos mecanismos alternativos dependiera de un informe de factibilidad de Gendarmería, institución que podría aducir cualquier argumento para prescindir de la aplicación del monitoreo, afectando especialmente a sectores apartados, sobre todo rurales, lo cual iría en contra de los fines de la reforma penitenciaria.

El Diputado señor Ceroni señaló creer indispensable dotar al juez de nuevas herramientas, puesto que el simple informe negativo de Gendarmería lo dejaría sin posibilidad de recurrir a otros medios que no fuera la reclusión, razón por la que apoyaba la propuesta del Ejecutivo. Similar predicamento sustentó la Diputada señora Turres, señalando que en zonas aisladas en que ni siquiera llega la electricidad, el único medio lo constituyen las rondas de Carabineros, función que no los distraería de su actividad propia porque en tales lugares la actividad delictual es menor.

El Diputado señor Calderón apoyó asimismo la propuesta del Ejecutivo porque si el juez, ponderando los antecedentes, considera que el penado puede cumplir la reclusión parcial bajo el mecanismo del monitoreo, el que no resulta aplicable por razones de carácter técnico que pueden relacionarse o no con la cobertura eléctrica, la falta de medios alternativos para suplir esa falencia, significaría que alguien con un bajo compromiso delictual que puede cumplir en libertad, tendría que hacerlo recluido.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que la factibilidad técnica de la aplicación del monitoreo no sólo se relacionaba con la falta de electricidad sino también con el alcance de la tecnología GPS, cuya señal puede no encontrarse disponible en algunos lugares. Señalaron que exigir el cumplimiento de la pena recluido, sólo como consecuencia de la carencia de tecnología, significaría establecer una situación asimétrica en perjuicio de quienes viven en lugares con ese problema, agregando que preferían no especificar los mecanismos alternativos de control, concibiéndolos solamente en forma amplia, para dejar mayor libertad al juez y precaver la posible utilización futura de nuevos medios tecnológicos.

Finalmente, el Diputado señor Eluchans , recogiendo las distintas observaciones formuladas, presentó una indicación para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasaría a ser seguido, lo siguiente: “ En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.”.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el número, por mayoría de votos (8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Squella . En contra lo hicieron los Diputados señores Harboe y Schilling . Se abstuvieron los Diputados señores Burgos y Cornejo .

Número 8.- (pasó ser 11).

Modifica el artículo 8°, norma que señala las condiciones para la aplicación de la pena de la reclusión nocturna, señalando que ésta podrá disponerse: a) si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia condenatoria no excede de tres años; b) si el reo no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito o lo ha sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no exceda de dos años o a más de una, siempre que en total no excedan de dicho límite, y c) si los antecedentes personales del reo, su conducta anterior y posterior al hecho punible y a la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten presumir que la medida de reclusión nocturna lo disuadirá de cometer nuevos delitos.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Artículo 8°.- La reclusión parcial podrá disponerse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia no excede de tres años;

b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo ha sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no exceda de dos años, o a más de una, siempre que en total no excedan de dicho límite. Tratándose de simples delitos sólo se considerarán las condenas dictadas dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo ilícito. Sin perjuicio de lo anterior, cuando al condenado, en el período indicado precedentemente, le hubieren sido impuestas anteriormente dos reclusiones parciales no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

c) Si existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permiten presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos delitos.”.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que para guardar concordancia con lo acordado respecto de la pena sustitutiva de la remisión condicional, debería agregarse una modificación similar a la establecida en la nueva letra b) que se propone para el artículo 4°, diferenciando entre simple delito y crimen para los efectos de determinar el plazo dentro del cual no se considerará al condenado como reincidente.

Conforme a lo anterior, la Comisión acordó sustituir la letra b) por la siguiente:

“ b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo ha sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no exceda de dos años, o a más de una, siempre que en total no excedan de dicho límite. Tratándose de crímenes y simples delitos no se considerarán las condenas que se encontraren cumplidas diez o cinco años, respectivamente, antes de la comisión del nuevo ilícito. Sin perjuicio de lo anterior, cuando al condenado, en el período comprendido dentro de los diez o cinco años anteriores a la comisión del nuevo ilícito, le hubieren sido impuestas anteriormente dos reclusiones parciales no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y “.

Cerrado el debate, se aprobó la propuesta con la modificación señalada, sólo con adecuaciones de concordancia y redacción, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 9.- (Pasó a ser 12)

Modifica el artículo 9°, texto que señala que para los efectos de la conversión de la pena inicialmente impuesta, se computará una noche por cada día de privación o restricción de libertad.

La propuesta del Ejecutivo reemplaza en este artículo los términos “computará una noche” por los siguientes “computarán 8 horas continuas de reclusión parcial”.

No se produjo debate, aprobándose la proposición por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Números 10 y 11.- (Pasaron a ser 13).

Suprime los artículos 10, 10 bis, 11 y 12.

Estos artículos disponen lo siguiente:

El artículo 10 se refiere a los casos de embarazo y puerperio coincidentes con los períodos indicados en el artículo 195 del Código del Trabajo, de enfermedad, de invalidez o de la ocurrencia de circunstancias extraordinarias que impidieren el cumplimiento de la reclusión nocturna o la transformaren en extremadamente grave, el tribunal, a petición de parte y exclusivamente por el tiempo que durare el impedimento, podrá suspender el cumplimiento de la reclusión nocturna o bien decretar alguna de las siguientes medidas sustitutivas: a) arresto domiciliario nocturno y b) prohibición de salir de la comuna en la que resida el condenado o del ámbito territorial que fije el tribunal, el cual podrá autorizar la salida temporal en caso de enfermedad o muerte del cónyuge o hijos u otros parientes por consanguinidad.

Igualmente, tratándose de condenados con más de 70 años de edad, el tribunal, a petición del condenado y por el tiempo que restare para el cumplimiento de la reclusión nocturna, podrá decretar alguna de las medidas mencionadas en las dos letras anteriores.

Las medidas a que se refiere este artículo no podrán decretarse sin previa acreditación de los impedimentos o circunstancias por el Servicio Médico Legal o el Servicio de Registro Civil e Identificación, en su caso.

El tribunal no podrá denegar la solicitud del condenado o decretar una medida distinta de la solicitada, sino por resolución fundada.

El artículo 10 bis señala que el cumplimiento de las medidas mencionadas en las letras a) y b) del artículo precedente, será controlado en la forma que determine el tribunal.

El artículo 11 señala que en caso de quebrantamiento grave o reiterado y sin causa justificada de la medida de reclusión nocturna, el tribunal, de oficio o a petición de Gendarmería de Chile, procederá a revocarla, disponiendo la ejecución de la pena privativa o restrictiva de libertad por el lapso no cumplido.

El artículo 12 señala que los condenados a reclusión nocturna deberán satisfacer la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia, de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 5°.

La propuesta del Ejecutivo propone derogar estos cuatro artículos.

Se aprobó sin debate, por unanimidad con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número nuevo.- (Pasó a ser 14).

El Ejecutivo , sobre la base de la fundamentación ya comentada al tratar la última modificación al artículo 1° de la ley N° 18.216, a que hace referencia el número 2) del artículo 1° de este proyecto, presentó una indicación para intercalar en este Título, un nuevo Párrafo 3°, pasando el actual a ser 4°, del siguiente tenor:

“Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.”.

El referido párrafo consta de cuatro artículos, todos los que la Comisión acordó tratar separadamente:

1.- Artículo 10.-

Dispone lo siguiente:

“La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para tal fin con organismos públicos y privados.

Gendarmería de Chile y sus delegados, y los organismos públicos y privados que en virtud de los convenios a que se refiere el inciso anterior, intervengan en la ejecución de esta sanción, deberán velar porque no se atente contra la dignidad del penado en la ejecución de estos servicios.”.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por mayoría de votos (10 votos a favor y 2 abstenciones). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvieron los Diputados señores Harboe y Rincón.

2.- Artículo 11.-

Dispone lo siguiente:

“La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad podrá decretarse por el juez si la pena originalmente impuesta fuere igual o inferior a un año de privación de libertad.

Para decretar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el juez deberá exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° letra c) de esta ley. Junto con lo anterior, deberá constatar la voluntad del condenado de someterse a esta pena e informarle acerca de las consecuencias de su quebrantamiento; de estas circunstancias dejará registro en la resolución que decrete la pena.

Esta pena sólo procederá en subsidio del resto de las penas sustitutivas y por una sola vez.”.

A sugerencia del Diputado señor Araya , la Comisión acordó sustituir la expresión “quebrantamiento” por “incumplimiento”, aprobándose el artículo, sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .

3.- Artículo 12.-

Señala lo siguiente:

“La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se determinará en su duración considerando cuarenta horas de trabajo comunitario por cada treinta días de privación de libertad. Si la pena originalmente impuesta fuere superior a treinta días de privación de libertad, corresponderá hacer el cálculo proporcional para determinar el número exacto de horas por las que se extenderá la sanción. En todo caso, la pena impuesta no podrá extenderse por más de ocho horas diarias.

Si el condenado aportare antecedentes serios que permitan sostener que trabaja y/o estudia regularmente, el juez deberá compatibilizar las reglas anteriores con el régimen de estudio o trabajo que ocupe al condenado.”.

Ante la consulta del Diputado señor Araya acerca de la proporción establecida al fijar la equivalencia de 40 horas de trabajo comunitario por 30 días de privación de libertad, los representantes del Ejecutivo explicaron que ello obedecía a la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de la penalidad con los fines de reinserción del condenado, por cuanto si se hubieran fijado períodos iguales, el penado al verse imposibilitado de trabajar o estudiar, terminaría por abandonar los trabajos comunitarios con el consiguiente riesgo de revocación de la pena sustitutiva. Ante una nueva consulta del Diputado señor Burgos acerca de que los antecedentes hechos valer por el condenado para acreditar que trabaja o estudia, debieran aportarse antes del inicio del cumplimiento de la pena, como también que debieran tomarse resguardos para que los trabajos en beneficio de la comunidad no se limiten solamente al pintado de muros u otros de similar naturaleza, señalaron que se trataba de una materia que se relacionaba con la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, en consecuencia, los antecedentes deberían ser aportados con la antelación necesaria para que el juez pudiera valorarlos en la sentencia, como también que en conjunto con las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia, se estudiaban una serie de ideas para diversificar la oferta de trabajos a realizar, de tal manera que la persona no sintiera que tal labor no era más que una pérdida de tiempo.

El Diputado señor Ceroni creía debería privilegiarse la reinserción del condenado, por lo que pensaba que los antecedentes a que se ha hecho referencia, deberían valorarse igualmente si fueran aportados cuando el condenado ya se encontrare cumpliendo con los trabajos comunitarios.

Ante la duda del Diputado señor Cristián Monckeberg , en cuanto a que la obligación que se impone al juez en el inciso segundo, de compatibilizar las reglas de equivalencia mencionadas con el régimen de estudio o trabajo que pueda tener el condenado, podría entenderse que por tener este último dicho régimen significaría eximirse de la pena impuesta, y la necesidad hecha presente por el Diputado señor Squella , de que los antecedentes que aportara el condenado fueran serios, de tal manera de evitar la subjetividad en la decisión, los representantes del Ejecutivo expresaron que el empleo de la locución “compatibilizar” sólo tenía por objeto que el juez considerara cierta flexibilidad en el cumplimiento de la pena, como también que para dar una mayor objetividad a la valoración de los antecedentes que se aportaran, sugerían reemplazar la expresión “serios” por “suficientes”.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo, en el entendido señalado y sin otro cambio que sustituir en el inciso segundo la expresión “serios” por “suficientes”, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .

4.- Artículo 12 bis.-

Dispone lo siguiente:

“ En caso de decretarse la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y en la medida que la resolución que la decrete se encuentre firme y ejecutoriada, el condenado dispondrá de cinco días para presentarse en dependencias de Gendarmería de Chile con el objeto de imponerse acerca de las modalidades del cumplimiento de la pena.

El delegado de Gendarmería de Chile responsable de gestionar el cumplimiento informará al tribunal que dictó la sentencia, quien a su vez notificará al Ministerio Público y al defensor, el tipo de servicio, el lugar donde deba realizarse y el calendario de su ejecución, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada.”

Ante las objeciones planteadas por el Diputado señor Rincón acerca de lo excesivamente prolongados de los plazos que se establecen, los representantes del Ejecutivo adujeron que en estos casos se justificaba cierta holgura en los términos por la necesidad de que el delegado generara el trabajo que deberá realizar el condenado.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo, en los mismos términos, por mayoría de votos. (10 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Rincón.

Número 12.- (Pasó a ser 15).

Modifica el artículo 13, primera norma del Párrafo 3° (pasaría a ser 4°), que trata de las disposiciones especiales, señala que si alguna de las medidas establecidas en este Título se impusiere al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile mientras estén en servicio, se observarán las normas siguientes:

a) En el caso de aplicarse la remisión condicional de la pena, el control administrativo y la asistencia del sujeto se ejercerá por el juez institucional respectivo, quien podrá delegar tal facultad en la autoridad que estime conveniente y que corresponda a la institución a que pertenece el beneficiado, como asimismo, solicitar se revoque la suspensión de la pena, en caso de incumplimiento.

b) En el caso de aplicarse la medida de reclusión nocturna, ésta se cumplirá en la unidad militar o policial a que pertenece el beneficiado, y

c) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas en la sentencia, en los términos señalados en la letra d) del artículo 5°.

Se entenderá que concurren las condiciones señaladas en las letras a) y c) del artículo 5°, por el solo hecho de permanecer el beneficiado en servicio.

Si el beneficiado deja de pertenecer a la institución durante la época de cumplimiento de alguna de las medidas establecidas en este título, el tiempo de sujeción a la vigilancia del juez institucional o de permanencia en reclusión nocturna en la unidad militar o policial correspondiente, se computará como período sometido a la vigilancia de la sección de tratamiento en el medio libre de Gendarmería de Chile o como tiempo cumplido en un establecimiento penal, según el caso. Este tiempo le será computable, además, para los efectos previstos en el artículo 2°, letra d), del decreto ley N° 409, de 1932. El lapso que reste se cumplirá de acuerdo con las normas generales.

La propuesta del Ejecutivo:

a) sustituye las expresiones “medidas”, “beneficiado” y “nocturna” por “penas”; “condenado” y “parcial” respectivamente.

b) Elimina en la letra a), a continuación de la palabra “condicional”, la expresión “de la pena”; sustituye la expresión “suspensión” por “sustitución” y reemplaza el punto y coma (;) por una “y”.

c) Reemplaza en su letra b) la frase “la medida de reclusión nocturna” por la siguiente “la pena de reclusión parcial en establecimientos especiales” y sustituye la “y” por un punto aparte.

d) Suprime la letra c)

e) Elimina en el inciso final las expresiones “la sección de tratamiento en el medio libre de “.

No se produjo debate, aprobándose todas estas modificaciones, salvo la letra c), por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

La letra c) se aprobó por mayoría de votos ( 8 votos a favor y 1 abstención). Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Harboe .

Número 13.- (Pasó a ser 16).

Modifica la denominación del Título II, que trata “De la Libertad Vigilada”.

La propuesta del Ejecutivo agrega después de la palabra “Vigilada”, las expresiones “y la Libertad Vigilada Intensiva”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 14.- (Pasó a ser 17).

Modifica el epígrafe del Párrafo 1° que trata “De los requisitos y condiciones”.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este epígrafe por el siguiente:

“De la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva.”.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 15.- (Pasó a ser 18).

Sustituye el artículo 14, norma que señala que la libertad vigilada consiste en someter al reo a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su tratamiento intensivo e individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Artículo 14.- La libertad vigilada consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de un tratamiento individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

La libertad vigilada intensiva consiste en la aplicación de un programa de actividades orientado a la reinserción social del condenado, en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de un tratamiento y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales que serán vigiladas y orientadas permanente y rigurosamente por un delegado.

El control del delegado, en ambas penas, se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria a encuentros periódicos previamente fijados con el delegado y a programas de intervención psicosocial. Tratándose de la libertad vigilada intensiva, el tribunal deberá considerar especialmente la periodicidad e intensidad en la aplicación del plan de intervención individual.

Cada vez que en esta ley se hiciere referencia a la libertad vigilada, se entenderá que se alude tanto a la libertad vigilada, como a la libertad vigilada intensiva, según resulte del contexto de la disposición en que se utilice.”.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 16.- (Pasó a ser 19).

Modifica el artículo 15, texto que señala que la libertad vigilada podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia condenatoria es superior a dos años y no excede de cinco;

b) Si el reo no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y

c) Si los informes sobre antecedentes sociales y características de personalidad del reo, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permiten concluir que un tratamiento en libertad aparece eficaz y necesario, en el caso específico, para una efectiva readaptación y resocialización del beneficiado. Si dichos informes no hubieren sido incorporados al juicio oral, los intervinientes podrán acompañarlos en la oportunidad prevista en el artículo 345 del Código Procesal Penal. Estos informes serán evacuados por el organismo técnico que determine el reglamento.

La indicación del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Artículo 15.- La Libertad Vigilada podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad impuesta en la sentencia es superior a dos y no excede de tres años, o

b) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que se imponga fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de tres años, y se tratare de algunos de los delitos contemplados en el artículo 4° de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o en los incisos segundo y tercero del artículo 196 del DFL N° 1, de 27 de diciembre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito.

En ambos casos deberán cumplirse además las siguientes condiciones:

i).- Que el penado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de simple delito, sólo se considerarán las condenas dictadas dentro de los diez años anteriores a la comisión del nuevo ilícito, y

ii).- Que los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitan concluir que un tratamiento de conformidad al artículo 16 de esta ley, aparece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social. Dichos antecedentes deberán ser aportados por los intervinientes antes de la dictación de la sentencia o en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Excepcionalmente, si éstos no fueren aportados en dicha instancia, podrá el juez solicitar informe a Gendarmería de Chile, pudiendo suspender la determinación de la pena dentro del plazo previsto en el artículo 344 del Código Procesal Penal.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron su propuesta señalando que en el caso de los delitos mencionados en la letra b) de este artículo, es decir, microtráfico y manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves, graves o muerte, en razón de la baja penalidad que tienen, podría aplicarse a su respecto la pena sustitutiva de remisión condicional, por lo que se decidió impedir esa posibilidad imponiendo expresamente la libertad vigilada ya que esta última, a diferencia de la primera, supone el cumplimiento de un plan de intervención y de terapias de rehabilitación. Asimismo, señalaron que no se había compartido el criterio sustentado en la indicación sustitutiva original , en cuanto a aplicar esta pena de libertad vigilada a los autores de los delitos de lesiones graves simples y de robo por sorpresa, por cuanto en el primer caso, se estimaba que lo que correspondía era la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y, en el segundo, dada su baja peligrosidad, no se justificaría, sin perjuicio, además, que a su respecto podría tener lugar la suspensión condicional del procedimiento, lo que daría lugar a una situación poco coherente, por cuanto, por un lado, se estaría brindando esta posibilidad y, por el otro, se aplicaría un régimen de control más estricto.

El Diputado señor Burgos formuló, por razones de una mejor comprensión, una observación formal, en el sentido de especificar en el inciso segundo que los casos que cita corresponden a las letras a) y b) del inciso primero.

Por último, la Comisión estimó que respecto de la primera exigencia que se hace en el inciso segundo para la aplicación de la pena de libertad vigilada, debería también, al igual como se acordó en el artículo 4° para la remisión condicional y en el artículo 8° para la reclusión parcial, hacerse el distingo entre crimen y simple delito para los efectos de considerar la reincidencia.

De acuerdo a lo anterior, se reemplazó el texto señalado por el siguiente:

“i).- Que el penado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Tratándose de crímenes y simples delitos, no se considerarán las condenas que se encontraren cumplidas diez o cinco años, respectivamente, antes de la comisión del nuevo ilícito, y”.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo con las modificaciones señaladas, sin perjuicio de correcciones de forma, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 17.- (Pasó a ser 20).

La propuesta del Ejecutivo agrega el siguiente artículo 15 bis:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia es superior a tres años y no excede de cinco años, o

b) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que se imponga fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere los cinco años, y se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 391, 395, 396, 397,398 ó 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar y aquellos contemplados en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 bis y 367 ter del mismo Código.

En ambos casos deberán cumplirse, además, las condiciones indicadas en los numerales i) y ii) del inciso segundo del artículo anterior.”.

[Los ilícitos mencionados en la letra b) son los siguientes: amenazas (296 y 297), parricidio (390), homicidio simple y calificado (391), castración (395), mutilación (396), lesiones graves (397 y 398), lesiones menos graves (399), violación (361), violación impropia (362), estupro (363 y 365 bis), abuso sexual (366 y 366 bis); exposición de menores a actos de significación sexual (366 quáter), producción de material pornográfico (366 quinquies), promoción o facilitación de la prostitución (367 y 367 bis) y obtención de servicios sexuales de menores (367 ter).]

Los representantes del Ejecutivo explicaron que aún cuando en la letra b) de esta disposición, se hacía referencia a penalidades inferiores al mínimo de tres años de privación o restricción de libertad que establece la letra a) para hacer procedente la aplicación de la libertad vigilada intensiva, ello era así en atención a las características de los delitos de que se trataba, las que justificaban una intervención especial.

La Comisión, al igual que en el caso del artículo anterior, estimó conveniente, en aras a una mejor comprensión, especificar en el inciso segundo que los casos que cita corresponden a las letras i) y ii) del inciso segundo del artículo anterior.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo con la modificación señalada y correcciones formales, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 18.- (Pasó a ser 21).

Modifica el artículo 16, disposición que señala que al conceder este beneficio (libertad vigilada), el tribunal establecerá un plazo de tratamiento y observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de tres años y un máximo de seis.

Su inciso segundo agrega que el delegado de libertad vigilada podrá proponer al juez, por una sola vez, la prórroga del período de observación y tratamiento fijado, hasta por seis meses, siempre que el total del plazo no exceda del máximo indicado en el inciso anterior.

Su inciso tercero añade que, asimismo, el delegado podrá proponer la reducción del plazo, siempre que éste no sea inferior al mínimo señalado en el inciso primero, o que se egrese al reo del sistema, cuando éste haya cumplido el período mínimo de observación.

Su inciso cuarto agrega que la prórroga del plazo, su reducción, y el egreso del condenado, se propondrán en un informe fundado que se someterá a la consideración del juez de garantía. Su resolución podrá ser apelada para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La propuesta del Ejecutivo introduce las siguientes modificaciones en este artículo:

Por la primera sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de tratamiento y observación que, en el caso de la libertad vigilada no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro; y, respecto de la libertad vigilada intensiva, no inferior a tres años ni superior a seis.”.

El Diputado señor Burgos objetó este inciso por cuanto la duración de la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva, podría prolongarse por más tiempo que la condena que impone la sentencia. En efecto, la libertad vigilada, que procede por un plazo no mayor a cinco años, en su variante intensiva, de acuerdo a este mismo inciso, puede prolongarse hasta por seis años, lo que podría considerarse inconstitucional, opinión con la que coincidió el Diputado señor Schilling , quien, incluso, hizo reserva de constitucionalidad acerca de esta disposición.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la aplicación de una pena sustitutiva operaba como una suerte de conmutación, por lo que parecía perfectamente plausible proponer al condenado el reemplazo de una pena privativa de libertad a cumplir en un establecimiento penitenciario, por un régimen de control en el medio libre, aunque la duración de este último pudiera sobrepasar la duración de la pena establecida en la sentencia.

Argumentaron, asimismo, que al aplicar una pena sustitutiva, el énfasis no recaía en la gravedad de la pena propiamente tal, sino en la importancia de poder ejercer un control sobre el condenado que posibilite su rehabilitación y reinserción social , lo que justificaría su extensión por mayor tiempo que el establecido en la sentencia.

El Diputado señor Eluchans apoyó la propuesta del Ejecutivo , porque parecía del todo evidente que resultaba mucho más beneficioso para el condenado, cumplir la penalidad por un mayor tiempo en el medio libre, que tener que hacerlo en un establecimiento penitenciario por un plazo más reducido.

Cerrado el debate, se aprobó la propuesta por mayoría de votos ( 6 votos a favor y 2 en contra). Votaron a favor los Diputados señores Araya , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella . En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos y Schilling .

Por la segunda intercala los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando los actuales a ser quinto, sexto y séptimo, respectivamente.

“El delegado que haya sido designado para el control de estas penas, deberá proponer al juez de garantía, en un plazo máximo de treinta días, un plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a su reinserción social, tales como la nivelación escolar, participación en actividades de capacitación o inserción laboral, de intervención especializada de acuerdo al perfil del condenado, así como su derivación a programas de tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol, si correspondiere. El plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial y deberán indicarse con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Asimismo, el juez, a propuesta del respectivo delegado, podrá ordenar que el condenado sea sometido a los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza que aparezcan necesarios para efectos de la elaboración del plan de intervención individual.

Una vez aprobado judicialmente el plan, el delegado informará al juez acerca de su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.”.

No se produjo debate, aprobándose esta parte de la indicación por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Por la tercera modifica el actual inciso segundo para: a) anteponer las siguientes expresiones “ Fuera del caso señalado en la letra b) del artículo 26”, sustituyendo la mayúscula de la palabra “El” que sigue, por minúscula, y b) reemplazar la palabra “anterior” por las siguientes “ primero, dependiendo de la pena impuesta.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad con los votos de los Diputados señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Por la cuarta modifica el actual inciso tercero para agregar al final, después de la palabra “observación”, sustituyendo el punto aparte por una coma, lo siguiente “dependiendo de la pena impuesta.”.

La Comisión acordó, además, sustituir la palabra “reo” por “condenado”.

No se produjo debate, aprobándose la indicación por unanimidad, con los votos de los Diputados señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Por la quinta sustituye en el actual inciso cuarto las palabras “Su resolución” por las siguientes “La resolución que se dicte”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 19.- (Pasó a ser 22).

Modifica el artículo 17, disposición que establece que el tribunal al conceder el beneficio (libertad vigilada) impondrá las siguientes condiciones al reo:

a) Residencia en un lugar determinado la que podrá ser propuesta por el reo, pero que, en todo caso, deberá corresponder a una ciudad en que preste funciones un delegado de libertad vigilada. La residencia podrá ser cambiada en casos especiales calificados por el tribunal y previo informe del delegado respectivo;

b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el término del período fijado, debiendo el reo cumplir todas las normas de conducta e instrucciones que aquel imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para un eficaz tratamiento en libertad;

c) Ejercer, dentro del plazo y bajo las modalidades que determine el delegado de libertad vigilada, una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el reo carece de medios conocidos y honestos de subsistencia y no posee calidad de estudiante;

d) Satisfacción de la indemnización civil, costas y multas impuestas por la sentencia, de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 5°, y

e) Reparación, si procediere, en proporción racional, de los daños causados por el delito. En el evento de que el condenado no la haya efectuado con anterioridad a la dictación del fallo, el tribunal hará en él, para este solo efecto, una regulación prudencial sobre el particular. En tal caso, concederá para el pago un término que no excederá del plazo de observación y determinará, si ello fuere aconsejable, su cancelación por cuotas, que fijará en número y monto al igual que las modalidades de reajustes e intereses. El ofendido conservará, con todo, su derecho al cobro de los daños en conformidad a las normas generales, imputándose a la indemnización que proceda lo que el reo haya pagado de acuerdo con la norma anterior.

Asimismo, durante el período de libertad vigilada, el juez podrá ordenar que el beneficiado sea sometido a los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza que aparezcan necesarios.

La propuesta del Ejecutivo introduce las siguientes modificaciones:

Por la primera sustituye el encabezamiento por el siguiente:

“El sentenciado que fuere condenado a libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, quedará sujeto a las siguientes condiciones:”.

Por la segunda suprime en la letra b) la expresión “en libertad” y sustituye el punto y coma (;) que las sigue, por una coma (,) y la letra “y).

Por la tercera sustituye en la letra c) el punto y coma (;) con que termina, por un punto aparte.

Por la cuarta suprime las letras d) y e) y el inciso final.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la supresión de la letra e), que se refiere a la reparación del daño causado, obedecía a que en la práctica no tenía aplicación alguna.

La Comisión junto con aprobar por unanimidad las modificaciones propuestas, acordó también sustituir en las letras a), b) y c), las expresiones “ reo” por “condenado”.

Se aprobaron la indicación y las modificaciones propuestas por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 20.- (Pasó a ser 23)

La propuesta del Ejecutivo intercala los siguientes artículos 17 bis y 17 ter, los que fueron tratados separadamente por la Comisión:

“Artículo 17 bis.- Junto con la imposición de las condiciones establecidas en el artículo anterior, si de los antecedentes del proceso u otros se desprendiera que el condenado presenta un consumo problemático de drogas o alcohol, el tribunal podrá imponer la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.

El tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas en condenados, deberá enmarcarse dentro del Plan de Intervención Individual aprobado judicialmente, y podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento. La internación podrá ser decretada por un plazo máximo de treinta días, prorrogables previa autorización judicial.

Asimismo, se deberá dejar constancia en el Plan de Intervención Individual, de la obligación del condenado de someterse periódicamente a exámenes que permitan controlar el consumo de las sustancias referidas. Estos exámenes también podrán realizarse a través de monitoreo telemático, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de esta ley.

En estos casos, el juez deberá efectuar un control periódico del cumplimiento de esta condición, debiendo citar a audiencias de seguimiento a lo menos una vez al mes, durante todo el período que dure el tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que mediante esta disposición, se pretendía aprovechar la experiencia adquirida por los tribunales en el tratamiento de drogas, las que demostraban que el 75% de las personas sometidas a programas de rehabilitación no volvían a delinquir, razón por la cual se exigía un control periódico mensual. Agregaron que en los juzgados de garantía, un juez especializado se encarga de la realización de este tipo de audiencias en el marco de la suspensión condicional del procedimiento, modelo que se desea desarrollar en la aplicación de esta ley. Asimismo, señalaron que se establecía la posibilidad de realizar los exámenes por vía del monitoreo telemático, toda vez que en los Estados Unidos existía la tecnología que por medio del brazalete y a través de la transpiración de quien lo porta, resultaba posible detectar el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas.

No se produjo mayor debate, aprobándose la propuesta por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Artículo 17 ter.- En caso de imponerse la libertad vigilada intensiva deberán decretarse, además, una o más de las siguientes condiciones:

A )Prohibición de acudir a determinados lugares;

b) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a sus familiares u otras personas que determine el tribunal, o de comunicarse con ellos;

c) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que determine el juez, durante un lapso máximo de ocho horas diarias, las que deberán ser continuas, y

d) Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares.”.

Los representantes del Ejecutivo , ante la consulta del Diputado señor Calderón en el sentido de que la primera prohibición que establece este artículo pudiera acotarse a determinado horario, es decir, no ser absoluta, señalaron que la propuesta, al no establecer limitaciones de ningún tipo, permitía flexibilizar esta prohibición y aplicarla en forma absoluta o parcial.

Asimismo, ante la inquietud manifestada por el Diputado señor Burgos , en torno a la conveniencia que las condiciones que se agregan por este artículo a la imposición de la libertad vigilada intensiva, se mantengan durante todo el tiempo de la condena, pareciéndole prudente facultar al juez para evaluar cada cierto tiempo su mantención, hicieron presente que no sólo debía el magistrado efectuar un control trimestral del cumplimiento de las condiciones asociadas a esta pena sino que se le facultaba para que, de acuerdo al comportamiento del condenado, pudiera sustituir la libertad vigilada intensiva por la libertad vigilada simple, lo que implicaba necesariamente suprimir las condiciones aparejadas a la primera.

Ante la sugerencia del Diputado señor Eluchans de hacer facultativo para el juez la imposición de estas condiciones y no obligatoria, sostuvieron que si bien se concebía la revisión de la imposición de tales condiciones durante el curso del cumplimiento de la pena, en la forma que ya se había señalado, no se deseaba que dicha imposición fuera una facultad, sino que, por el contrario, se quería que siempre se impusiera al menos una de ellas al inicio de la ejecución de la pena sustitutiva.

Por último, ante la consulta del Diputado señor Cardemil , en cuanto a incluir en la letra d), expresamente, la sumisión a tratamientos contra la adicción a las drogas o al alcohol y la del Diputado señor Burgos , en cuanto a distinguir entre dos formas de aplicar esta pena sustitutiva, la primera con la imposición de las condiciones y la inclusión del monitoreo telemático y la segunda sólo con este último elemento antes de sustituir la pena por la libertad vigilada simple, lo que además daría mayor flexibilidad al juez para decidir, señalaron que, respecto a la primera interrogante, el ostensible incremento de la cantidad de delegados de libertad vigilada, a quienes se encomienda buscar la mejor oferta en materia de rehabilitación, permitirá, con el fundamental aporte de CONACE, cumplir con esa finalidad y, en lo tocante a la segunda, explicaron que el monitoreo telemático tenía por finalidad, precisamente, controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas, de tal manera que al suprimirse tales condiciones, ya no sería necesaria su mantención.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo en los mismos términos expuestos, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Eluchans , Harboe y Schilling .

Número 21.- (Pasó a ser 24).

Modifica el artículo 18, norma que señala que los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios pertinentes a salud, educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares, deberán considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad vigilada formulen para el adecuado tratamiento de las personas sometidas a su orientación y vigilancia.

La propuesta del Ejecutivo antepone un primer inciso a este artículo del siguiente tenor:

“El Estado a través de los organismos pertinentes y en base a la oferta intersectorial existente, promoverá y fortalecerá especialmente, la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad vigilada y a la de libertad vigilada intensiva, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo, el delegado deberá apoyar y articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente, en las áreas de salud mental, educación, empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera.”.

El Diputado señor Harboe consideró improcedente que la obligación que se impone al Estado en materia de formación educacional, capacitación y colocación laboral en favor de los condenados a una de estas penas sustitutivas, se condicionara a la existencia de la oferta intersectorial existente, toda vez que debería ser precisamente la necesidad de satisfacer esta obligación la que debería constituir el fundamento para el aumento de dicha oferta, opinión que lo llevó, conjuntamente con los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Eluchans , Cristián Monckeberg y Schilling a presentar una indicación para suprimir las expresiones “ y en base a la oferta intersectorial existente”.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Schilling .

Número 22.- (Pasó a ser 25).

Sustituye el artículo 19, disposición que señala que el quebrantamiento de alguna de las condiciones impuestas por el tribunal o la desobediencia grave o reiterada y sin causa justa a las normas de conducta impartidas por el delegado, facultarán al tribunal, sobre la base de la información que éste le proporcione en conformidad con el artículo 23, para revocar el beneficio, en resolución que exprese circunstanciadamente sus fundamentos.

Su inciso segundo agrega que en tal caso, el tribunal dispondrá el cumplimiento de las penas inicialmente impuestas o su conversión, si procediere, en reclusión nocturna.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Si el condenado fuere sorprendido infringiendo las condiciones impuestas en virtud de las letras a), b) y c) del artículo 17 ter, las policías podrán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 129 del Código Procesal Penal,” (detención en casos de flagrancia) “poniendo el condenado a disposición del tribunal, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la presente ley.”.

Ante la consulta efectuada por el Diputado señor Calderón acerca de cuáles serían las consecuencias del incumplimiento por parte del sentenciado, de las condiciones impuestas en la letra d) del artículo 17 ter, es decir, el cumplimiento de programas formativos, los representantes del Ejecutivo explicaron que esa materia se encontraba reglada en el nuevo Título IV, en el que se distinguía entre incumplimiento y quebrantamiento, y respecto del primero, se hacía un nuevo distingo entre incumplimiento severo, simple o leve.

Agregaron que las consecuencias de decretar el incumplimiento o el quebrantamiento eran distintas, por cuanto en el primer caso se permitía intensificar las condiciones asociadas a la pena sustitutiva o prorrogar el plazo de duración de esta última y, en el del quebrantamiento, se cambiaba la pena sustitutiva por otra o, simplemente, se la revocaba para proceder al cumplimiento efectivo de la pena restrictiva o privativa de libertad.

Ante las dudas expresadas por el Diputado señor Araya por la forma en que se determinará que se ha generado una situación de flagrancia en caso de incumplimiento de las condiciones descritas en las letras a), b) y c) del artículo 17 ter, que, en el caso de no funcionar correctamente el sistema, podría significar la práctica de detenciones ilegales, los representantes del Ejecutivo explicaron que se había seguido el modelo contenido en el artículo 129 del Código Procesal Penal, el que faculta a las policías para detener a una persona sujeta a una medida cautelar que incumple, lo que puede llevarse a cabo dentro de las doce horas siguientes al incumplimiento. En este caso, una vez impuestas las condiciones señaladas, deberá oficiarse a la comisaría más cercana al lugar al que tiene prohibición de acercarse el condenado, para que Carabineros controle el cumplimiento en la misma forma que lo hace tratándose de medidas cautelares. Agregaron que resultaba fundamental que el mecanismo de monitoreo telemático detectara la infracción a las condiciones impuestas, para que Carabineros, una vez que Gendarmería les comunique el incumplimiento por medio de la correspondiente orden administrativa, procedan a detener a la brevedad al condenado siguiendo un procedimiento expedito. Añadieron que si para llevar a cabo este procedimiento debiera requerirse una resolución judicial, no se cumpliría con la finalidad de entregar una protección efectiva a las víctimas. Si bien, en caso de dudas, podría Carabineros recurrir al fiscal del Ministerio Público para que éste obtuviera la correspondiente orden judicial, lo esencial era no complicar el procedimiento para llevar a cabo la detención.

El Diputado señor Araya advirtió que entre el incumplimiento de las condiciones asociadas a una pena sustitutiva y la violación de una medida cautelar había diferencias sustanciales, por lo que creía que la circunstancia de que una orden administrativa de Gendarmería fuera el único antecedente para proceder a la detención del incumplidor, arriesgaba que se considerara ilegítimo el procedimiento de detención.

El Diputado señor Harboe señaló que estimaba preocupante que Gendarmería, por medio de una orden administrativa, facultara a Carabineros para practicar la detención. Lo lógico sería que se limitara a notificar la infracción, como también, para evitar dudas interpretativas, la referencia al artículo 129 debería hacerse únicamente a su inciso cuarto, opinión que secundó el Diputado señor Burgos , quien criticó la facultad que se daba a Carabineros para detener al infractor, siendo que, en realidad, deberían estar obligados a ello.

El Diputado señor Calderón consideró más apropiado, en lugar de hacer una remisión al artículo 129 del Código Procesal Penal, reproducir en esta nueva disposición los incisos cuarto y quinto de ese artículo, adecuando su redacción al incumplimiento de las condiciones asociadas a la libertad vigilada intensiva, evitando la posible interpretación de que se desea regular una hipótesis de flagrancia en estos casos, y precisando que las policías estarán obligadas, no facultadas, a practicar la detención.

Acogiendo en el fondo las observaciones formuladas, y a propuesta del Ejecutivo , los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Díaz , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella presentaron una indicación para suprimir el artículo en análisis e intercalar en el inciso cuarto del artículo 129 del Código Procesal Penal, entre las expresiones “impuesto” y la frase “ al que violare la condición”, los términos “al que fuere sorprendido infringiendo las condiciones impuestas en virtud de las letras a), b) y c) del artículo 17 ter de la ley N° 18.216,”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta nueva propuesta, señalando que con ello se asimilaba este caso al resto de las situaciones de detención en condición de flagrancia previstas en el citado artículo 129, lo cual obligaba a las policías a detener por disposición de la ley misma, sin perjuicio de poder actuar en virtud de antecedentes proporcionados por Gendarmería, tal como sucedía en los casos de fuga de personas detenidas.

Ante una última duda del Diputado señor Burgos en cuanto a que no parecía procedente reglar un detención por flagrancia respecto de una conducta que no fuera delito, señalaron que la actual normativa permitía este tipo de detención respecto de quien infringía una de las condiciones impuestas al suspenderse condicionalmente el procedimiento, por lo que la asimilación a la flagrancia no tendría más objeto que detener al infractor para ponerlo a disposición del tribunal.

La Comisión, sin mayor debate, acogió la propuesta por unanimidad, suprimiéndose, en consecuencia, el artículo 19 y quedando la proposición como letra a) del artículo 3° de este proyecto. Participaron en la votación los mismos Diputados patrocinantes de la indicación.

Número 23.- (Pasó a ser 26).

Modifica el artículo 20, norma que señala que los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados que hubieren obtenido este beneficio, a fin de evitar su reincidencia, protegerlos y lograr su readaptación e integración a la sociedad.

Su inciso segundo agrega que la habilitación para ejercer las funciones de delegado de libertad vigilada será otorgada por el Ministerio de Justicia, a quienes acrediten idoneidad moral y conocimiento, en la forma que determine el reglamento.

La propuesta del Ejecutivo sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados a quienes se hubiese impuesto esta pena, a fin de evitar su reincidencia y lograr su reinserción e integración a la sociedad.”.

Asimismo, reemplaza en el inciso segundo las expresiones “moral y conocimiento” por la siguiente “y preparación”.

Se aprobó sin debate por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 24.- (Pasó a ser 27).

Modifica el artículo 22, el que dispone que un reglamento establecerá las normas relativas a la organización del sistema de libertad vigilada. El Ministerio de Justicia impartirá las normas técnicas que sean necesarias a este respecto y evaluará, periódicamente, su cumplimiento y los resultados del sistema.

La propuesta del Ejecutivo intercala entre las palabras “libertad vigilada” y el punto que las sigue, lo siguiente: “incluyendo los programas, las características y aspectos particulares que deberá tener la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Schilling y Squella .

Número 25.- (Pasó a ser 28).

Sustituye el artículo 23, disposición que establece que los delegados de libertad vigilada deberán informar al respectivo tribunal, al menos semestralmente, sobre el comportamiento de las personas sometidas a su vigilancia y orientación. Emitirán, además, los informes que los tribunales les soliciten sobre esta materia cada vez que ellos fueren recabados y pondrán oportunamente en conocimiento del tribunal todo quebrantamiento grave o reiterado de las condiciones de la libertad vigilada.

La propuesta del Ejecutivo sustituye este artículo por el siguiente:

“Artículo 23.- Los delegados de libertad vigilada deberán informar al respectivo tribunal, al menos semestralmente, sobre el comportamiento de las personas sometidas a su vigilancia y orientación. Emitirán, además, los informes que los tribunales les soliciten sobre esta materia cada vez que ellos fueren requeridos.

Lo mismo les será aplicable a los delegados de libertad vigilada intensiva quienes deberán informar al respectivo tribunal, al menos trimestralmente.

El tribunal deberá, en todo caso, citar a lo menos semestralmente a una audiencia de revisión de la libertad vigilada y a lo menos trimestralmente, en el caso de la libertad vigilada intensiva.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición, señalando que se había optado por eliminar la actual obligación que pesa sobre los delegados de libertad vigilada, de informar al tribunal todo quebrantamiento grave o reiterado de las condiciones de dicha pena, por cuanto en el nuevo Título IV que se incorpora al proyecto, se establece que corresponde a Gendarmería comunicar al tribunal, cualquier incumplimiento leve, reiterado o simple de las condiciones impuestas en la ejecución de todas las penas sustitutivas y no solamente de la libertad vigilada. Agregaron que se había preferido asignar esta función a Gendarmería y no a los delegados, no obstante ser éstos funcionarios de esa institución, a fin de permitir, también, que la información pueda ser proporcionada por quien esté a cargo de la unidad de monitoreo telemático. Lo que se deseaba era que los delegados asumieran la responsabilidad de efectuar un seguimiento del cumplimiento de la pena por parte del condenado, a fin de poder efectuar una suerte de pronóstico respecto de la conveniencia de reducir las condiciones a las que está sujeto el penado, o bien, de sustituir la pena por otra.

Ante la prevención del Diputado señor Harboe , en el sentido de hacer presente que trasladar la responsabilidad de informar a Gendarmería como institución y no a los delegados como funcionarios de la misma, significaba que en caso de incumplimiento de estos últimos de su obligación de informar a la institución, y, en consecuencia, impedir que la primera cumpliera con el mandato de informar al tribunal, haría recaer la responsabilidad en ella y no en el responsable individual, señalaron que los delegados eran funcionarios a contrata y respondían administrativamente en caso de incumplimiento de sus funciones.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Schilling y Squella .

Número 26.- (Pasó a ser 29).

La propuesta del Ejecutivo intercala un nuevo Título III que trata del Monitoreo Telemático, el que cuenta con un total de siete artículos, todos los que se trataron separadamente por la Comisión.

1) Artículo 23 bis.-

Dispone lo siguiente:

“Se entenderá por monitoreo telemático, toda supervisión por medios tecnológicos de las penas impuestas por la presente ley.

Dicho control podrá ser utilizado para la supervisión de las penas de reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva, ya sea que esta última se imponga de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 bis de la presente ley, o bien, según el régimen de pena mixta, previsto en el artículo 34 de esta misma ley.

Tratándose de la pena de libertad vigilada especial aplicada en virtud del citado artículo 15 bis, el monitoreo sólo se utilizará para el control de los delitos establecidos en la letra b) de este artículo, atendidas las circunstancias de comisión del delito y especialmente las necesidades de protección de la víctima. En este último caso, si se estimare necesario que la víctima porte un dispositivo de control para su cumplimiento, ésta deberá prestar su consentimiento en forma previa.

A fin de resolver acerca de la imposición de esta medida de control, el tribunal deberá considerar la factibilidad técnica informada por Gendarmería de Chile para cada caso particular. Este informe deberá aportarse antes de la dictación de la sentencia o en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, debiendo previamente el tribunal oficiar a la institución para tales efectos. Asimismo, a objeto que el tribunal pueda determinar la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, la factibilidad técnica deberá ser indicada en el informe a que se refiere el inciso primero de dicho artículo.

Este mecanismo se aplicará por un plazo no inferior a seis meses ni superior a dos años, debiendo evaluarse periódicamente por Gendarmería de Chile y a solicitud del condenado, la conveniencia de la mantención de esta medida, lo que será informado oportunamente al juez, quien citará a audiencia a fin de resolver acerca de la mantención o cesación de la misma.

En los casos de interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, el control a través de este monitoreo tendrá igual plazo de observación que aquél fijado para la libertad vigilada intensiva, de conformidad al artículo 34, inciso segundo de la presente ley.”.

Ante la observación formulada por el Diputado señor Cornejo , en cuanto a que la evaluación acerca de la conveniencia de mantener el monitoreo telemático que debe realizar Gendarmería, exigirá siempre la solicitud expresa del condenado, los representantes del Ejecutivo se avinieron a modificar la redacción propuesta para el inciso quinto, señalando que la iniciativa para la práctica de dicha evaluación debe provenir tanto de Gendarmería como del condenado y que la institución debe estar siempre en condición de dar su opinión respecto de la solicitud de quien está sujeto al monitoreo. Por tanto, la norma debería expresar que Gendarmería evaluará periódicamente este mecanismo y que el condenado puede solicitar una audiencia al tribunal para determinar la conveniencia de su mantención.

Finalmente, el Diputado señor Harboe sugirió sustituir en el inciso tercero la frase “este artículo” a fin de evitar que la referencia que esa norma hace sea a sí misma y no al artículo 15 bis que es lo que corresponde.

De acuerdo a lo anterior, el texto propuesto para el inciso quinto de este artículo quedó como sigue:

“Este mecanismo se aplicará por un plazo no inferior a seis meses ni superior a dos años, debiendo evaluarse periódicamente por Gendarmería de Chile. Se evaluará, asimismo, a solicitud del condenado, la conveniencia de la mantención de esta medida, lo que será informado oportunamente al juez, quien citará a audiencia a fin de resolver acerca de la mantención o cesación de la misma.”.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo conjuntamente con las modificaciones y sin perjuicio de salvar algunos errores de texto, por mayoría de votos ( 7 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cornejo Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Rincón.

2) Artículo 23 ter.-

Establece que:

“Toda orden de aplicación del mecanismo de monitoreo contemplado en el artículo anterior, deberá ser expedida por escrito por el tribunal, debiendo contener dicha orden los siguientes datos:

a) Identificación del proceso;

b) Identificación del condenado;

c) La fecha de inicio y de término de la aplicación del mecanismo de control, y

d) Todos aquellos datos que el tribunal estimare importantes para su correcta aplicación.”.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cornejo Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .

3) Artículo 23 quáter.-

Señala que:

“La administración del dispositivo estará a cargo de Gendarmería de Chile, la que podrá contratar servicios externos para estos efectos.

Los requisitos y características técnicas del sistema de monitoreo telemático, así como los procedimientos para su instalación, administración y retiro, serán regulados en el reglamento a que alude el artículo 23 octies.”.

Ante la opinión del Diputado señor Araya , acerca de la conveniencia de precisar los alcances de la facultad para contratar servicios externos que se entrega a Gendarmería para los efectos de la administración del dispositivo, los representantes del Ejecutivo explicaron que el control y la responsabilidad por el funcionamiento del sistema estaría siempre a cargo de una institución estatal, en este caso Gendarmería, pero se dejaba abierta la posibilidad de que el servicio fuera proveído por empresas externas. En todo caso, siempre en las salas de monitoreo en que se desempeñen los operadores de la empresa, habrá un oficial de la institución.

El Diputado señor Cornejo planteó la conveniencia de explicitar en la norma la responsabilidad de Gendarmería en la administración del dispositivo, como también la forma en que se contratarán los servicios externos, que deberá ser mediante licitación pública. Asimismo, recordó que en los sistemas de televigilancia de los municipios, instalados en los cuarteles de Carabineros, el monitoreo es efectuado por operadores de las empresas privadas, bajo la supervisión de un funcionario de la institución.

Ante una nueva observación del Diputado señor Araya , en el sentido de que debería contemplarse la posibilidad de sancionar al operador privado que no cumpla con la obligación de utilizar adecuadamente el sistema de monitoreo o que no informe acerca del incumplimiento de las condiciones aparejadas a una pena sustitutiva, por el riesgo de corrupción que puede existir, los representantes del Ejecutivo señalaron que los sistemas de monitoreo cuentan con registros automáticos que permiten detectar las infracciones que pudieren producirse en el manejo de los equipos, por ello y con el objeto de evitar los costos de capacitación, se prefiere encomendar la función operativa a una entidad privada, pero bajo la supervisión de Gendarmería. Sobre este mismo tema, explicaron que el incentivo para el correcto uso del dispositivo, está representado por la responsabilidad que se asigna al funcionario de Gendarmería encargado de la supervisión, toda vez que a él será imputable toda irregularidad que se produzca. Precisaron que en el diseño del sistema, no se contempla la instalación de cámaras de vigilancia, sino dispositivos electrónicos que informan, por medio de las señales que emiten, acerca del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas. Por último, señalaron que en las bases del llamado a licitación para proveer el servicio, se exigirán garantías para evitar la manipulación incorrecta por parte de los operadores.

El Diputado señor Calderón , concordando con lo señalado por el Diputado señor Araya acerca de la posible mala utilización del sistema por parte de los operadores, señaló que en tal caso deberían aplicarse las reglas generales de complicidad y encubrimiento, toda vez que el quebrantamiento de condena es un delito, cuestión que los representantes del Ejecutivo acordaron estudiar mediante el análisis de un nuevo tipo penal o la asimilación a alguna figura ya existente.

Finalmente, el Ejecutivo, recogiendo las observaciones formuladas, presentó una indicación para sustituir el inciso primero de este artículo por el siguiente:

“La responsabilidad de la administración del dispositivo será de cargo de Gendarmería de Chile, la que podrá contratar servicios externos para estos efectos, de conformidad a la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.”.

Al respecto, los representantes del Ejecutivo explicaron que esta indicación tenía por objeto precisar que, sin perjuicio de la facultad de Gendarmería de contratar privados para la operación del dispositivo, la responsabilidad final recaía en la institución, como también que el procedimiento para la contratación de operadores, debería ajustarse a la normativa de la ley mencionada.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

4) Artículo 23 quinquies.-

Establece que:

“La información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar su uso en este contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

El que, conociendo en razón de su cargo la información a que alude el inciso anterior, la revelare indebidamente, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y a una multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales.”.

El Diputado señor Burgos objetó que se permita al juez de garantía autorizar el uso de la información obtenida por medio del monitoreo, en una nueva investigación penal. A su juicio, el fiscal que lleva una investigación y sospecha de la participación de una persona condenada a una pena sustitutiva, cuenta con los medios para recabar la información que lo conduzca a una conclusión, sin necesidad de recurrir a este mecanismo, el que resulta cuestionable para la finalidad de imputar nuevos ilícitos, puesto que constituiría una prueba inculpatoria preconstituida que podría afectar las garantías del imputado.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la autorización a que se refiere el artículo, obedece a la conveniencia de permitir el uso de datos almacenados, en el esclarecimiento de la participación de una persona, sujeta a una pena sustitutiva, en un nuevo ilícito, cuestión que irá ya sea en su favor o en su contra. Se trataría de una información valiosa que debería entregarse bajo ciertos resguardos. Recordaron al efecto que el uso del dispositivo será de utilidad especialmente en los casos de personas condenadas por delitos sexuales o en el de ilícitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, por lo que, en tal sentido, el brazalete electrónico podría servir de disuasivo, ya que no es posible asegurar que una persona sujeta a una pena sustitutiva, no vuelva a delinquir. Aceptaron que pueda argumentarse que esta medida atenta contra la privacidad de las personas, pero creían que no había justificación para no recurrir a la información certera proporcionada por este dispositivo y que permitiría constituir un elemento probatorio. Precisaron, en todo caso, que el sistema no tenía por objeto sentar una presunción de culpabilidad respecto del condenado, sino que constituía una forma de supervisión y acreditación que, como ya señalaron, podrá beneficiarlo o perjudicarlo, según el caso. Hicieron presente, por último, que la libertad vigilada intensiva se aplica respecto de delitos que revisten la mayor peligrosidad y que, pudiendo evitarse que se incurra en un nuevo delito mediante la aplicación de la pena privativa de libertad, se optaba por imponer esta sanción sustitutiva, por lo que parecía de toda lógica poder contar con algún elemento inhibitorio que se asemeje a la reclusión.

Como efecto de este debate, los Diputados señores Burgos y Schilling presentaron una indicación para suprimir en el inciso primero de este artículo todo lo que sigue a continuación del punto seguido, la que fue rechazada por mayoría de votos. ( 2 votos a favor y 8 en contra). Votaron a favor los Diputados señores Burgos y Schilling . En contra lo hicieron los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Rincón.

Finalmente, el Diputado señor Harboe sugirió agregar a este artículo un inciso tercero que obligue a destruir la información obtenida por medio del monitoreo telemático, una vez cumplida la pena sustitutiva, a fin de evitar la subsistencia de registros de la información obtenida, como asimismo, establecer una sanción para el caso de incumplimiento de tal obligación, cuestión que acogieron los representantes del Ejecutivo, quedando de presentar una indicación al respecto.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo en los términos propuestos por mayoría de votos (8 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Rincón. En contra lo hizo el Diputado señor Schilling . Se abstuvo el Diputado señor Burgos .

Posteriormente, a proposición del Ejecutivo , se reabrió el debate con el objeto de tratar, conforme a lo acordado, la indicación que se comprometiera a presentar, la que tuvo por objeto intercalar un inciso segundo en este artículo del siguiente tenor:

“Cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema, en la forma que determine el reglamento al que se refiere el artículo 23 octies.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los alcances de este nuevo inciso, señalando que lo que se deseaba era incorporar un mecanismo similar al empleado para el registro de interceptaciones telefónicas, que establezca la destrucción de los antecedentes obtenidos por medio del monitoreo una vez que éste cese o se de cumplimiento a la pena sustitutiva.

El Diputado señor Ceroni fue partidario de establecer un plazo luego del término de la utilización del sistema, para proceder a la destrucción de la información acumulada y no inutilizarla de inmediato, por la utilidad que podría prestar en otra investigación, opinión que apoyó la Diputada señora Turres, señalando que durante el cumplimiento de la pena sustitutiva, el imputado podría cometer otro delito, para lo que la información obtenida por medio del monitoreo, podría servir para acreditar el lugar en que se encontraba al momento de la comisión de los hechos.

El Diputado señor Burgos sostuvo que no había razón valedera para que las personas que cumplan condena sujetas al mecanismo del monitoreo, no se encuentren en condiciones de igualdad con el resto de los chilenos y deban, por ese solo hecho, aceptar que se indaguen los antecedentes que devinieron en la condena una vez que ésta se encuentre cumplida, parecer con el que coincidió el Diputado señor Araya , partidario de la destrucción inmediata una vez terminada la utilización del monitoreo, de tal manera que ni el Ministerio Público ni el condenado al que pueda imputarse un nuevo delito, puedan valerse de esa información como antecedente, agregando que mantener los datos recopilados podría prestarse a abusos.

Finalmente la Comisión, entendiendo que la información emanada del dispositivo electrónico solamente podrá utilizarse en otra investigación hasta antes del cumplimiento de la pena, acordó por unanimidad, intercalar en el nuevo inciso propuesto por el Ejecutivo , entre la palabra “telemático” y la coma (,) que la sigue, las expresiones “ y se encuentre cumplida la pena”.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, con la corrección señalada y el artículo por mayoría de votos (10 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Rincón.

5) Artículo 23 sexies.-

Señala que:

“El sujeto afecto al sistema de control de monitoreo que, maliciosamente, arrancare, destruyere, hiciere desaparecer o, en general, inutilizare de cualquier forma el dispositivo, responderá penalmente por el delito de daños, de conformidad a lo establecido en los artículos 484 y siguientes del Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 y 31 de esta ley.

Asimismo, si por cualquier circunstancia el dispositivo de monitoreo quedare inutilizado o sufriera un desperfecto, pudiendo advertirlo el condenado, éste deberá informarlo a la brevedad a Gendarmería de Chile. En caso de no hacerlo, el tribunal podrá otorgar mérito suficiente a dicha omisión para dejar sin efecto la sustitución de la pena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que de acuerdo a la experiencia sacada del derecho comparado, existiría por parte de quien está obligado a portar el dispositivo electrónico, una marcada tendencia a destruirlo o inutilizarlo, todo lo cual hacía necesario el establecimiento de sanciones para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema. Asimismo, en el caso de descuido o negligencia del condenado ante los desperfectos del dispositivo, aunque no sean de su autoría, sin avisar de ello a Gendarmería, podrá dar lugar a consecuencias gravosas en su contra, como también será de su responsabilidad mantener la carga de la batería.

Ante las afirmaciones de los Diputados señores Rincón y Harboe , en el sentido de que la empresa que se adjudique la licitación para proveer el brazalete, debiera asumir su responsabilidad por los desperfectos, mal funcionamiento o administración del sistema, como también que en las mismas bases de la licitación y en el posterior contrato, debiera estipularse la responsabilidad por el funcionamiento inadecuado del servicio, estableciéndose en tal caso una multa, señalaron que se había licitado un estudio, pronto a culminar, para evaluar las experiencias en el empleo de este sistema en otros países, de tal manera de incorporar en las bases, en el posterior contrato y en el reglamento, los mecanismos necesarios para asegurar un buen servicio de parte del proveedor.

Ante una última objeción formulada por el Diputado señor Cornejo , en cuanto a que le parecía un tanto desproporcionado responsabilizar al condenado por los desperfectos del mecanismo, siendo que en muchos casos no le será factible apreciar su ocurrencia en razón de su nivel cultural o educacional, como tampoco que no se consideraba la responsabilidad de la institución en la detección de tales fallas, las que deberían también, de no hacerse presente al tribunal, acarrear consecuencias para la institución, señalaron, en primer lugar, que la información que debiera entregar el condenado sería bastante básica, por lo que la detección de fallas no debiera ocasionar dificultades para su denuncia; en segundo lugar, que debería partirse de la base que Gendarmería no obrará en contra del funcionamiento del sistema y, por último, que estas materias debieran ser abordadas en un reglamento.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo en los mismos términos, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Rincón y Schilling .

6) Artículo 23 septies.-

Establece lo siguiente:

“La instalación, mantención y utilización de los dispositivos de control telemático de que trata esta ley, serán siempre gratuitas para los sujetos afectos al sistema de monitoreo telemático.

Excepcionalmente, se podrá cobrar, total o parcialmente, por la utilización del dispositivo de control telemático a los sujetos afectos al sistema de monitoreo que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos, se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad al reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.

Siempre que procediere el cobro por la utilización del sistema de monitoreo telemático, se deberá informar al condenado de dicha circunstancia en forma previa a la instalación del correspondiente dispositivo.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la finalidad de esta norma era permitir el cobro por el uso del dispositivo de control telemático, únicamente a las personas que estuvieran en situación de pagarlo, sin que ello signifique impedir el acceso al sistema al que carezca de recursos. Señalaron que les parecía lógico que quienes tuvieran medios, pagaran por el uso del dispositivo, especialmente si se considera que con ello se evitarían el cumplimiento recluidos en una cárcel.

Por último, recordaron que la implementación del sistema era costosa y que su valor final dependerá de la cantidad de personas que queden afectas a él.

No se produjo mayor debate, aprobándose el artículo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Rincón y Schilling .

7) Artículo 23 octies.-

Señala lo siguiente:

“Las normas referidas al mecanismo de control de monitoreo telemático contenidas en este párrafo, se aplicarán en conformidad a un reglamento especialmente dictado al efecto, el que será suscrito por los Ministerios de Justicia y Hacienda; y se sujetarán, en cuanto a su vigencia, a la fecha de publicación del mismo.”.

Los representantes del Ejecutivo justificaron la participación del Ministro de Hacienda en este reglamento, en atención al costo que supone la implementación del sistema de monitoreo telemático.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos por mayoría de votos. (9 votos a favor y 1 abstención). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Rincón. Se abstuvo el Diputado señor Schilling .

No obstante, reabierto posteriormente el debate, producto de algunas observaciones formuladas en el sentido de que esta disposición entraría en colisión con la norma general de vigencia como ley de este proyecto, incluida en el artículo 8°, el que supedita tal vigencia a las adecuaciones que se introduzcan en el decreto N° 1.120, reglamentario de la ley N° 18.216, como consecuencia de las modificaciones que se introducen por este proyecto, a sugerencia de los representantes del Ejecutivo , los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Schilling presentaron una indicación para suprimir las expresiones finales de este artículo que señalan “ ; y se sujetarán, en cuanto a su vigencia, a la fecha de publicación del mismo”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los alcances de esta modificación señalando que la entrada en vigencia del proyecto quedaría sujeta a la fecha de publicación de las modificaciones que se introdujeran en el decreto N° 1.120, pero respecto de la aplicación del monitoreo telemático en lo que se refiere al control del cumplimiento de la pena de libertad vigilada intensiva como consecuencia de los delitos previstos en el artículo 15 bis, letra b) y en los casos de aplicación de la pena mixta a que se refiere el artículo 34, la vigencia de las normas pertinentes se postergaría uno y dos años, respectivamente, luego de la publicación señalada.

Cerrado nuevamente el debate, se aprobó la indicación, por unanimidad, con los votos de sus patrocinantes.

Número 27.- (Quedó incluido como 29).

La propuesta del Ejecutivo intercala un nuevo Título IV, que trata del Incumplimiento y Quebrantamiento, el que comprende nueve artículos, todos los que la Comisión acordó tratar separadamente:

1) Artículo 24.-

Establece lo siguiente:

“El tribunal, dentro de los cinco días siguientes contados desde que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia, deberá informar a Gendarmería respecto de la imposición de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley.

Si transcurrido el plazo de diez días contados desde la recepción en Gendarmería de Chile del oficio señalado en el inciso anterior, el condenado no se presentare a cumplirla, dicho organismo informará al tribunal de tal situación. El juez citará a una audiencia al condenado, la que deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes contados desde la referida comunicación. En esta audiencia, el tribunal podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena. En caso de incomparecencia del condenado, el juez procederá a ordenar su detención.”.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la presentación del condenado ante Gendarmería para el cumplimiento de la pena sustitutiva, constituía una condición esencial cuya infracción daba lugar a un incumplimiento severo de condiciones, conforme la descripción que hace al efecto el artículo 25, letra a). Ante la observación del Diputado señor Harboe acerca de que el condenado debería presentarse ante Gendarmería inmediatamente de notificado de la sentencia, explicaron que esa presentación sólo puede imponerse obligatoriamente una vez que Gendarmería ha tomado conocimiento de la aplicación de la pena, por cuanto en caso contrario se crearía un problema de carácter administrativo para esa institución.

Ante una nueva observación del Diputado , en el sentido de que el plazo total de cuarenta y cinco días que transcurren entre la fecha en que el condenado debe presentarse a cumplir la pena sustitutiva y aquella en que debe dictarse orden de detención en su contra por su falta de comparecencia, resultaba excesivo y daba tiempo al afectado para buscar alguna forma de eludir el cumplimiento de la pena, por ejemplo, ocultándose en algún lugar del territorio, estuvieron de acuerdo en ello y propiciaron la indicación que al efecto presentaron los Diputados señores Araya , Cornejo , Harboe , Rincón y Schilling para sustituir los plazos de cinco, diez y treinta días por 48 horas, 5 días y 15 días, respectivamente.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cornejo , Harboe , Rincón y Schilling .

2) Artículo 25.-

Dispone lo siguiente:

“Para determinar las consecuencias que se impondrán en caso de incumplimiento de las condiciones o del régimen impuesto durante la ejecución de las penas sustitutivas de que trata esta ley, el tribunal deberá considerar la gravedad del mismo, de acuerdo a las siguientes categorías:

a) Incumplimiento severo de condiciones. Es aquél que se produce cuando el condenado incumple condiciones esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en forma grave o reiterada, sin contar con una justificación razonable para ello.

Se considerará incumplimiento de las condiciones esenciales, la no presentación injustificada para el cumplimiento de la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada y libertad vigilada intensiva dentro de los plazos establecidos en el inciso final del artículo anterior; la inasistencia injustificada por más de dos veces al control administrativo de la remisión condicional, de la reclusión parcial en establecimientos especiales o a una reunión acordada con el delegado; y el alejamiento por más de dos veces a más de 100 metros del lugar prefijado para el cumplimiento de la reclusión parcial domiciliaria. Fuera de estos casos, el tribunal podrá considerar por resolución fundada incumplimientos análogos a los anteriores como incumplimiento de las condiciones esenciales.

b) Incumplimiento simple de condiciones. Es aquel que se produce cuando el condenado incumple alguna de las condiciones no esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en forma grave o reiterada, sin contar con una justificación razonable para ello.

Se entenderán por condiciones no esenciales, aquéllas cuyo incumplimiento no afecte la ejecución de la pena sustitutiva, y se configura, a modo referencial, en los siguientes casos: retardo en más de dos horas en el cumplimiento de los horarios establecidos para la ejecución de la reclusión parcial o en su presentación ante el delegado de libertad vigilada.

c) Incumplimiento leve de condiciones. Es aquél que se produce cuando el condenado incumple injustificadamente alguna de las condiciones no esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en alguna forma relevante aún cuando ésta no sea ni grave ni reiterada.

El reglamento determinará cuáles se entenderán como condiciones no esenciales en el régimen de cumplimiento de cada una de las penas alternativas.”.

Ante las dudas manifestadas por el Diputado señor Ceroni , en cuanto a la facultad que se entrega en el párrafo o inciso segundo de la letra a) al juez, para calificar por resolución fundada, incumplimientos análogos a los que señala la norma, como infracciones de las condiciones esenciales, lo que permitiría decisiones discrecionales y la prevención del Diputado señor Araya , acerca de que el incumplimiento de condiciones esenciales podría dar lugar a un quebrantamiento de condena, lo que haría conveniente una mejor delimitación entre ambos conceptos, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la propuesta precisaba con más detalle que la primera indicación sustitutiva el concepto de incumplimiento de condiciones esenciales y que la facultad que se otorgaba al juez para calificar por resolución fundada incumplimientos análogos, obedecía a la imposibilidad de que la ley determinara todos los casos de incumplimiento que podrían producirse, en razón de lo cual se recurría al criterio judicial, como también que los incumplimientos de condiciones no daban lugar al quebrantamiento de la condena, puesto que, de acuerdo con el espíritu de la iniciativa, se daba al condenado la posibilidad de justificar el incumplimiento a fin de evitar la revocación de la pena sustitutiva.

Si bien en un principio la Comisión aprobó por unanimidad y en los mismos términos esta norma, una posterior observación de los Diputados señores Burgos y Calderón , quienes objetaron el inciso final por considerar que infringía el principio de legalidad al dejar al reglamento la determinación de qué debía entenderse por condiciones no esenciales, objeción que los representantes del Ejecutivo contestaron señalando que se había optado por remitirse al reglamento en atención a que las condiciones estaban asociadas al uso de la tecnología, la que podía cambiar muy rápidamente y exigía por tanto, una mayor flexibilidad. No obstante, concordaron con la observación y sugirieron la supresión de dicho inciso como también el párrafo o inciso segundo de la letra b) por cuanto al estar conceptualizados en la letra a) los incumplimientos de condiciones esenciales y definidos en el primer párrafo de la misma letra b) los incumplimientos no esenciales, dicho segundo párrafo carecía de justificación y solamente podría inducir a confusiones.

Igualmente, ante la observación que se formulara acerca de lo señalado en el párrafo o inciso segundo de la letra a) de este artículo, en cuanto considera incumplimiento severo de las condiciones impuestas en la respectiva pena sustitutiva, la circunstancia injustificada de no presentarse para el cumplimiento de la penalidad, “dentro de los plazos establecidos en el inciso final del artículo anterior”, siendo que el mencionado inciso hace referencia a dos plazos: el primero para presentarse ante Gendarmería una vez transcurridos cinco días desde la recepción del oficio que comunica a esa institución la aplicación de la pena sustitutiva y, el segundo, para presentarse a la audiencia que dentro de los quince días a contar de esa misma recepción, cite el juez, se acordó precisar que la referencia debía efectuarse sólo al primero de los plazos mencionados.

La Comisión acogió la nueva propuesta y, valiéndose de una indicación presentada por los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Díaz , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella para concretar dichas supresiones e incluir la precisión señalada, procedió a aprobar la indicación y el artículo, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Díaz , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella .

3) Artículo 26.-

Señala lo siguiente:

“En caso de incumplimiento leve reiterado o simple de las condiciones impuestas en el régimen de ejecución de la pena sustitutiva, Gendarmería de Chile deberá comunicar dicha situación al tribunal, el que citará al condenado a una audiencia, a fin de determinar si se ha configurado efectivamente el respectivo incumplimiento. En caso de acreditarse éste, atendiendo a las circunstancias del caso, el tribunal podrá imponer alguna de las siguientes consecuencias:

a) Intensificación de las condiciones de la pena sustitutiva. Consistirá en imponer mayores controles para el cumplimiento, según sea el caso, de la pena respectiva.

b) La prórroga de la pena sustitutiva que actualmente se encontrare cumpliendo, hasta por un tiempo máximo de seis meses. Respecto de la pena de reclusión parcial, la prórroga no podrá ser superior a treinta días.”.

Ante la observación del Diputado señor Araya en el sentido de que el incumplimiento que se describe, sería, en realidad, un quebrantamiento de condena al que se asigna una sanción especial, como sería el caso de la letra b) que permite extender la duración de la pena sustitutiva, los representantes del Ejecutivo, si bien concordaron con que podría estimarse este incumplimiento en el sentido indicado por el Diputado , señalaron que se había optado por recurrir al establecimiento de incentivos para el cumplimiento de las penas sustitutivas, otorgándose a los condenados toda las facilidades para mantener dichas penas, evitando su revocación y el consecuente cumplimiento efectivo en condiciones de encierro, para lo cual se intensificaban las condiciones para su aplicación o se prorrogaba su duración. Agregaron que consideraban suficiente incentivo el hecho de que el condenado supiera que su incumplimiento lo obligaría a cumplir íntegramente la pena privativa de libertad inicialmente impuesta, salvo el caso de la reclusión parcial, que permite abonar el tiempo de ejecución de dicha pena. Se quería con esto mejorar la apreciación pública de estas penas, evitando la sensación de impunidad existente acerca de las medidas alternativas como consecuencia de la falta de control.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo por unanimidad, en iguales términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

4) Artículo 27.-

Dispone lo siguiente.

“En caso de incumplimiento severo de las condiciones impuestas, Gendarmería de Chile comunicará dicha circunstancia al tribunal, el que deberá citar a audiencia al condenado con el objeto de determinar si efectivamente se ha configurado el incumplimiento y procede la aplicación de alguna de las consecuencias establecidas en los artículos 28 y 29.”.

No se produjo debate, aprobándose la disposición por unanimidad, en iguales términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

5) Artículo 28.-

Señala que:

“En los casos señalados en el artículo 27, la pena de remisión condicional podrá ser sustituida por la pena de libertad vigilada o por reclusión parcial.

Si el incumplimiento se refiere a la pena de libertad vigilada, el tribunal podrá optar por la intensificación de la pena sustitutiva o bien sustituirla por la libertad vigilada intensiva.

En casos en que, a juicio del tribunal, no pareciere necesario sustituir la pena, deberá imponer una prórroga no inferior a seis meses ni superior a doce meses. En el caso de la reclusión parcial, esta prórroga no podrá ser inferior a treinta días ni superior a sesenta días.”.

No dio lugar a debate, aprobándose, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

6) Artículo 29.-

Señala que:

“La decisión del tribunal de dejar sin efecto la pena sustitutiva, sujetará al condenado al cumplimiento del total de la pena inicialmente impuesta.

En caso que se deje sin efecto la pena de reclusión parcial, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva.

Tendrán aplicación, en su caso, las reglas de conversión del artículo 9° de la presente ley.”.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

7) Artículo 30.-

Establece que:

“Las penas sustitutivas reguladas en esta ley siempre se considerarán quebrantadas por el sólo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme.”.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por mayoría de votos. (9 votos a favor y 1 abstención) Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Burgos , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella . Se abstuvo el Diputado señor Araya .

8) Artículo 31.-

Señala que:

“Recibida por el tribunal la comunicación de un incumplimiento de condiciones, deberá citar al condenado a una audiencia que se celebrará dentro del plazo de treinta días, en la que se discutirá si efectivamente se produjo un incumplimiento de condiciones o, en su caso, un quebrantamiento. Dicha resolución se notificará por cédula al condenado.

El condenado tendrá derecho a asistir a la audiencia con un abogado defensor de su confianza y, si no dispone de uno, el Estado deberá designarle un defensor penal público.

Las audiencias se regirán conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en lo que fuere pertinente. En todo caso, si fuere necesario presentar prueba para acreditar algún hecho, no regirán las reglas sobre presentación de prueba en el juicio oral, debiendo procederse desformalizadamente.”.

Respecto de esta disposición y ante la prevención de que el plazo establecido para comparecer parecía muy extenso, los representantes del Ejecutivo concordaron con la conveniencia de abreviar el término para que el condenado se presentara ante el tribunal a explicar las razones del incumplimiento, planteando que éste podría ser de diez o quince días, habida consideración que la citación debería notificarse por cédula. Recordaron, al efecto, que el plazo que se había establecido en el artículo 24 para que el condenado compareciera a la audiencia a que se le citara por no haberse presentado a cumplir la pena sustitutiva, se había reducido de treinta a quince días, criterio que podría repetirse en esta oportunidad.

Asimismo, el Diputado señor Burgos hizo presente que carecía de objeto señalar en el inciso segundo que el abogado que asistiera al condenado fuera “defensor de su confianza”, porque, lógicamente, no podría ser de otro modo.

La Comisión acogió ambas proposiciones y procedió a aprobar el artículo con las modificaciones señaladas, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

9) Artículo 32.-

Dispone lo siguiente:

“Si válidamente notificado, el condenado no compareciere a la audiencia señalada en el artículo precedente, tal circunstancia no impedirá la realización de la misma.

El tribunal, en caso de decretarse la revocación de la pena sustitutiva, ordenará la detención del condenado una vez ejecutoriada la resolución.

Si con posterioridad surgieren nuevos antecedentes que justificaren el incumplimiento de la pena sustitutiva, el tribunal podrá dejar sin efecto la resolución que decretó la revocación, descontándose el tiempo intermedio.”.

Ante una consulta del Diputado señor Harboe acerca de si el condenado a quien se ha revocado la pena sustitutiva, disponiéndose su detención, debería quedar inscrito en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia que se ha dispuesto establecer, los representantes del Ejecutivo respondieron afirmativamente, señalando que en dicho Registro deberán anotarse las órdenes de detención vigentes libradas en los casos que el proyecto establece, una de las cuales se refiere a las ocasionadas por la revocación de las penas sustitutivas.

El artículo en sí, no dio lugar a mayor debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

INDICACIÓN DEL EJECUTIVO PARA AGREGAR TRES NUEVOS

ARTÍCULOS EN ESTE TÍTULO IV.

Conforme a lo ya señalado al analizar las modificaciones introducidas por el número 2) del artículo 1° del proyecto al artículo 1° de la ley N° 18.216, el Ejecutivo , según se explicó en la letra c) de ese número, presentó una indicación para agregar una nueva pena sustitutiva consistente en la “prestación de servicios en beneficio de la comunidad”, aplicable únicamente en la medida que la pena impuesta no excediera de un año, pero en que las personas afectadas, de conformidad a las disposiciones de esta ley, no calificaran para la aplicación de cualquiera de las otras penas sustitutivas. En todo caso, se trataría de una pena de carácter subsidiario por cuanto se recurriría a ella en la medida que ninguna de las otras penas sustitutivas pudiera aplicarse.

10) Artículo 32 bis.-

Dispone lo siguiente:

“En caso de incumplimiento de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado deberá informar al tribunal que haya impuesto la sanción.

El tribunal citará a una audiencia para resolver la mantención o la revocación de la pena.”.

No se produjo debate, aprobándose el artículo, sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .

11) Artículo 32 ter.-

Establece que:

“El juez podrá revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad, cuando expresamente el condenado:

a) Se ausentare del trabajo en beneficio de la comunidad durante al menos dos jornadas laborales. Si el penado faltare al trabajo por causa justificada, no se entenderá dicha ausencia como abandono de la actividad.

b) Su rendimiento en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo.

c) Se opusiere o incumpliere de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable del centro de trabajo.

d) Cuando expresamente el condenado solicitare su revocación.”.

El Diputado señor Schilling , refiriéndose a las causales de revocación signadas con las letras b) y c), señaló que ambas resultaban de difícil demostración, además de que respecto de la última, la oposición o resistencia del penado podría ser el resultado de instrucciones poco acertadas, caso en el cual no debería ser reprochable su comportamiento.

El Diputado señor Ceroni estimó que la exigencia planteada en la letra b) podría prestarse a arbitrariedades, circunstancia que lo llevó a plantear se establezca que el responsable del centro de trabajo deberá solamente alertar cuando el condenado se aparte del plan de trabajo, de tal manera de tener un referente objetivo que permita apreciar el incumplimiento, disminuyendo así la discrecionalidad.

El Diputado señor Burgos estimó que la principal causal de revocación debiera ser la que figura como letra d), causal que debiera encabezar el artículo y ser obligatoria para el juez, siendo facultativa las demás causales.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que las hipótesis mencionadas en las letras b) y c) siempre se entenderán vinculadas al plan de trabajo que se haya establecido, por lo que antes de aplicarse la pena, deberá efectuarse una entrevista inicial con el condenado para conocer sus circunstancias y fijar en base a ellas el tipo de tareas que deberá efectuar.

Recordaron que en razón del aumento de delegados que se contempla, la relación será de uno por cada cuarenta y cinco penados, lo que debiera permitir una relación estrecha del delegado con las ofertas de trabajo y visar y controlar los planes de trabajo, los que no estarán determinados exclusivamente por el responsable del lugar en que éstos se realizan. Para los efectos de que se revoque la pena no bastará un mero incumplimiento sino que deberá tratarse de una baja sensible con respecto al mínimo exigible. Insistieron que quien observará el desempeño del condenado será el encargado del centro de trabajo, el que a su vez reportará al delegado, quien contrastará la labor realizada con el plan de trabajo y, en su caso, alertará sobre el incumplimiento.

Finalmente, concordaron con la propuesta del Diputado señor Burgos y acogiendo algunas de las observaciones formuladas, establecer, en forma separada para las causales señaladas en las letras a), b) y c), la exigencia que el juez podrá disponer la revocación, previo informe del delegado.

De acuerdo a lo anterior, este artículo quedó como sigue:

“El juez deberá revocar la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, cuando expresamente el condenado solicitare su revocación.

Adicionalmente, podrá revocarla previo informe del delegado, cuando el condenado se encontrare en alguna de las siguientes situaciones:

a) Se ausentare del trabajo en beneficio de la comunidad que estuviere realizando, durante al menos dos jornadas laborales. Si el penado faltare al trabajo por causa justificada, no se entenderá dicha ausencia como abandono de la actividad.

b) Su rendimiento en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo.

c) Se opusiere o incumpliere en forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable del centro de trabajo.”.

Se aprobó por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

12) Artículo 32 quáter.-

Señala que:

“Habiéndose decretado la revocación de la pena de prestación de servicios a favor de la comunidad, se abonará al tiempo de reclusión un día por cada 8 horas efectivamente trabajadas en beneficio de la comunidad.

Si el tribunal no revocare la pena de servicios en beneficio de la comunidad, podrá ordenar que el cumplimiento de la misma se ejecute en un lugar distinto al que originalmente se encontraba desarrollándolo; en este último caso y para efectos del cómputo de la pena, se considerará el período efectivamente trabajado con anterioridad en los términos del inciso anterior.”.

No se produjo debate, aprobándoselo sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Número 28.- (quedó incluido como 29).

La propuesta del Ejecutivo intercala un nuevo Título V, que trata “Del reemplazo de la Pena Sustitutiva, las Penas Mixtas y de la Regla Especial Aplicable a los Extranjeros.”.

A sugerencia del Diputado señor Burgos , inspirada en la posible connotación discriminatoria que podría desprenderse de la denominación de este Título, la Comisión acordó, por unanimidad, sustituirla por la siguiente:

“Del Reemplazo de la Pena Sustitutiva y las Penas Mixtas.”.

El párrafo 1° de este Título trata “Del reemplazo de la pena sustitutiva”, el que consta de un sólo artículo del siguiente tenor:

Artículo 33.-

Señala lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley, una vez cumplida la mitad del período de observación de la pena sustitutiva respectiva, y previo informe favorable de Gendarmería de Chile, el tribunal de oficio o a petición de parte podrá reemplazar la pena conforme lo siguiente:

a) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada intensiva, podrá sustituirla por la libertad vigilada.

b) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada, podrá sustituirla por la remisión condicional.

Cuando a un penado se le hubiere sustituido la libertad vigilada intensiva por la libertad vigilada, sólo podrá reemplazarse esta última por remisión condicional, si se cumplen los requisitos del inciso primero y el condenado ha cumplido más de dos tercios de la pena originalmente impuesta.

En caso de que el tribunal se pronuncie rechazando el reemplazo de la pena sustitutiva, aquélla no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.”.

No dio lugar a mayor debate aprobándose el artículo en los mismos términos, conjuntamente con la nueva denominación del Título, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Rincón , Schilling y Squella .

El párrafo 2° de este Título trata “De las penas mixtas” y, comprende, asimismo, un solo artículo del siguiente tenor:

Artículo 34.-

Dispone que:

“El tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por el régimen de la libertad vigilada intensiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la pena impuesta al condenado fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior;

b) Que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, el penado no registre otra condena por crimen o simple delito.

c) Que el penado, con posterioridad a que la sentencia hubiese quedado ejecutoriada, hubiera cumplido un tercio de la pena privativa de libertad, de manera efectiva, y

d) Que el condenado observe un comportamiento sobresaliente de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la ley N° 19.856, que “Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.

Para estos efectos, el tribunal citará a audiencia a los intervinientes en la que examinará los antecedentes, particularmente aquéllos relativos a la factibilidad técnica de su aplicación, oirá a los presentes y resolverá.

En caso de concederse la interrupción de la pena privativa de libertad, el tribunal deberá fijar el plazo de observación de la libertad vigilada intensiva, el que no podrá ser inferior a cuatro años ni superior a seis años y las condiciones que deberá cumplir el condenado conforme lo prescrito en los artículos 17, 17 bis y 17 ter de la presente ley.

En caso de que el tribunal se pronuncie rechazando el otorgamiento de la interrupción de la pena regulada en este artículo, aquélla no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.

La resolución que se pronuncie sobre la interrupción de la pena privativa de libertad, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Si el penado cumpliere satisfactoriamente la pena de libertad vigilada intensiva, el tribunal lo reconocerá en una resolución fundada remitiendo el saldo de la pena privativa de libertad interrumpida y teniéndola por cumplida con el mérito de esta resolución.

Los condenados que fueren beneficiados con la interrupción de la pena privativa de libertad no podrán acceder al reemplazo de la pena sustitutiva a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron el contenido de esta disposición, señalando que la pena mixta había sido concebida para quienes cumplen una pena privativa de libertad y no califican para una pena sustitutiva, pero que en razón a su excelente comportamiento durante su estadía en la cárcel, permitía se les impusiera el régimen de la libertad vigilada intensiva por el tiempo restante de la condena. En todo caso, el mecanismo solamente resultaba procedente si la pena privativa de libertad fuere de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y no excediere de cinco años y un día u otra penalidad menor y se cumplieren, además, los restantes requisitos que se establecen.

Ante la inquietud del Diputado señor Ceroni , en el sentido que este mecanismo permitiría favorecer a una persona condenada por un homicidio simple a una penalidad que no excediera de cinco años y un día, o inferior a ella, la que cumpliendo solamente un tercio de la pena según lo exige la norma, es decir, casi dos años, podría sustituir la privación de libertad por la libertad vigilada, lo que no guardaría relación con la gravedad del delito y no sería bien visto por los familiares de las víctimas, hicieron presente que ese mismo condenado, al cumplir la mitad de su pena, podría acceder al beneficio de la libertad condicional. Por ello estimaban que en tal perspectiva, la imposición del régimen de libertad vigilada intensiva, constituiría una etapa de preparación para el total egreso del sistema penitenciario.

Ante nuevas inquietudes formuladas por los Diputados señores Araya y Harboe , precisaron que para la procedencia de este mecanismo se exigía el cumplimiento efectivo por parte del condenado de un tercio del total de la pena, resaltando, además, que su aplicación era facultativa para el tribunal y no obligatoria, lo que permitiría un uso prudencial del mismo, por lo que, en el caso expuesto por el Diputado señor Ceroni , es decir, el del autor de un homicidio simple, se daría lugar a la sustitución de la pena privativa, en la medida que el tribunal determinara que el condenado no tiene compromiso delictual. Creían que la conveniencia de resolver sobre estas materias llevaría a la larga al establecimiento de tribunales de ejecución de penas.

Ante nuevas objeciones acerca de los alcances de esta disposición, que no dejaba del todo claro que no sería aplicable a los delitos que el artículo 1° excluía, y que llevaron al Diputado señor Eluchans a proponer se especificara en ese artículo que ninguna de las disposiciones de esta ley sería aplicable a los delitos excluidos, y al Diputado señor Squella que se señalara que la facultad de reemplazar la pena privativa que se entregaba al tribunal era de naturaleza excepcional y no podría alcanzar al penado que tuviera pendiente una acusación por crimen o simple delito, señalaron que la exclusión que se establecía en el artículo 1° era de carácter general, por lo que no podría aplicarse esta norma a los delitos excluidos, no obstante lo cual, con el objeto de precisar mejor esto último, propusieron agregar en el inciso segundo del artículo 1°, una frase para establecer que esta facultad no será procedente respecto de los autores de los delitos consumados que se señalan en esa norma.

Por último, la Comisión acordó precisar en la letra b) del inciso primero, que se refiere al requisito para la procedencia del reemplazo de la pena privativa de libertad, consistente en que el penado no registre otra condena por crimen o simple delito, que tal exigencia es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 bis, es decir, que no se considerarán las condenas cumplidas diez o cinco años antes de la comisión del nuevo delito, como también que la factibilidad técnica a que hace referencia el inciso segundo, se refiere a la aplicación del sistema del monitoreo telemático.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo, con las modificaciones señaladas, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Rincón , Schilling y Squella .

El párrafo 3° de este Título trata “De la regla especial aplicable a los extranjeros” y, asimismo, consta de un solo artículo.

Artículo 35.-

Señala que:

“ Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez podrá sustituir el cumplimiento de la pena privativa de libertad por su expulsión del territorio nacional, salvo que el condenado acredite tener arraigo familiar o social, o que desarrolle permanentemente un trabajo remunerado, pudiendo solicitarse informe a Gendarmería de Chile, para efectos de la sustitución de la pena privativa de la libertad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y siguientes. Asimismo, previa solicitud del Ministerio Público, el juez podrá ordenar el cumplimiento de la pena privativa de libertad, si la naturaleza del delito o las circunstancias de comisión lo justificaren.

A esta audiencia deberá ser citado el Ministerio del Interior, a objeto que se pronuncie sobre la conveniencia de la sustitución de la pena privativa de la libertad por la expulsión del territorio nacional. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta medida, debiendo mantenerse bajo la custodia de Gendarmería de Chile en el tiempo que medie entre la dictación de la sentencia condenatoria y la expulsión definitiva del territorio de la República .”.

El Diputado señor Araya criticó el carácter prácticamente automático de la facultad que se concede al juez para sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión, por cuanto lo razonable sería exigir un tiempo mínimo de reclusión en los establecimientos penales del país antes de imponerla. Agregó que el mecanismo propuesto podría considerarse como un incentivo para delinquir puesto que no se recibiría castigo alguno, lo que resultaría especialmente preocupante en el caso del tráfico de estupefacientes, delito frecuente en la zona norte del país.

Los Diputados señores Burgos y Harboe se mostraron partidarios de pedir la opinión de especialistas en Derecho Constitucional sobre esta materia, argumentando el primero que la implantación de esta medida en el caso de condenados provenientes de países que no la contemplan, podría afectar la buena marcha de las relaciones internacionales, especialmente con los países vecinos, agregando el segundo que debería pedirse, además, la opinión del Ministerio Público dada la gran cantidad de reclusos extranjeros existentes en el país. Añadió, asimismo, en lo que respecta a la idea de que la expulsión podría constituir un incentivo para delinquir, que en algunos de los países en que se contemplaba tal procedimiento y se la establecía como pena sustitutiva, se le adosaba una prohibición de ingreso al país, con agravamiento de la pena original en caso de quebrantamiento.

El asesor parlamentario señor Aldunate , refiriéndose a la aplicación de esta medida en la ley española, sostuvo que ella había sido blanco de serias críticas por carecer de fundamentos político criminales y de carácter preventivo como medida de seguridad, basándose únicamente en la nacionalidad de la persona como elemento diferenciador en el trato, lo que afectaba su dignidad.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la población penal de origen extranjero existente en el país, especialmente peruanos, bolivianos, colombianos y paraguayos, ascendía en los establecimientos de la zona norte, al 40% del total de los recluidos, por lo que atendido el costo de mantención y las condiciones de hacinamiento, llevaban a plantearse si el problema que representan debe ser asumido por el país o los Estados de donde provienen. Señalaron que los tratados existentes sobre la materia con Bolivia y el aún pendiente de ratificación con Perú, exigían el consentimiento del penado para el traslado al país de origen, exigencia que impedía tal traslado porque normalmente estas personas estaban arraigadas en el país, o esperaban estarlo, o, simplemente, no deseaban el traslado por cuanto las condiciones carcelarias en sus países serían peores que las chilenas.

Admitieron que la expulsión inmediata podría tener efectos incentivadores porque, en la práctica, el delincuente no recibiría sanción, pero no debería olvidarse que se trataba de una medida facultativa y no obligatoria para el juez y que debería someterse a la opinión del Ministerio del Interior, quien debería pronunciarse acerca de la conveniencia de la aplicación de la medida.

En lo que tocaba a la referencia que se había hecho al derecho español, resaltaron que la diferencia entre esa normativa y la propuesta en el proyecto, era que la primera no consideraba para nada las circunstancias de arraigo familiar, social y laboral del penado que, en cambio, sí contemplaba la iniciativa, añadiendo que no visualizaban problemas de derechos humanos en la expulsión, toda vez que se trataba de una medida racional, proporcional y razonable en cuanto daba un trato diferenciado a un grupo generalizado de personas, sujetas a determinadas particularidades.

Por último, señalaron que les parecía plausible establecer un límite a la duración de la expulsión, de tal manera de no considerar a ésta como definitiva o perpetua, permitiendo el reingreso luego de diez años de decretada la medida.

De acuerdo a lo anterior, propusieron intercalar dos nuevos incisos a este artículo, los que quedarían como segundo y tercero, del siguiente tenor.

“El extranjero no podrá regresar al país en un plazo de diez años, contados desde la fecha de su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.

El extranjero que ingresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, será devuelto por la autoridad gubernativa, perdiéndose el tiempo transcurrido y empezando a computarse nuevamente el plazo de prohibición de entrada al país, en su totalidad.”.

Estos dos nuevos incisos fueron objeto de reparos por el Diputado señor Araya , quien observó que expulsar al extranjero que reingresa al país dentro del plazo de la prohibición, incentivaría a delinquir, especialmente tratándose de las bandas de narcotraficantes. Insistió en que lo lógico sería exigir el cumplimiento de parte de la pena antes de expulsar y, en el caso de reingreso antes de tiempo, debería sancionarse con el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Asimismo, sostuvo que la expulsión no debería proceder automáticamente por el simple hecho de cumplimiento del requisito de la cuantía de la penalidad y la falta de residencia legal, sino que debería efectuarse una vez celebrada la audiencia a que debe citarse al Ministerio del Interior y recibir su parecer acerca de la sustitución.

El Diputado señor Calderón fue partidario de eliminar la facultad que se concede al juez para ordenar el cumplimiento de la pena privativa de libertad si la naturaleza del delito o las circunstancias de su comisión, así lo justificaren, porque el ejercicio de tal facultad podría considerarse contrario al principio de legalidad. Asimismo, consideraba que la diferencia de trato aplicable a los chilenos en el artículo 34, en relación con el que se propone para los extranjeros en este artículo, atentaría no sólo contra el principio de legalidad sino también contra la garantía de la igualdad ante la ley, al consagrar diferencias arbitrarias entre unos y otros. Creía que lo lógico era aplicar en este artículo los mismos criterios considerados respecto de los nacionales en el artículo 34.

Finalmente, el Diputado señor Eluchans estimó que los incisos que se proponía intercalar, con las correcciones sugeridas, deberían quedar como finales de este artículo puesto que así se mantendría la secuencia lógica entre lo que dispone el primero y la audiencia a que se refiere el segundo, como también al hecho de que los nuevos incisos se refieren a situaciones que se presentan con posterioridad a la decisión de expulsión.

Se hizo presente, asimismo, que de acuerdo a este artículo, la expulsión aparecía como una pena sustitutiva de la privativa de libertad, por lo que parecía lógico incluirla en la enumeración que hace el artículo 1°, observación que fue acogida por la Comisión.

Acogiendo todas estas observaciones, los Diputados señores Araya , Calderón , Cardemil , Ceroni , Harboe , Eluchans , Cristián Monckeberg y Squella presentaron una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

“Artículo 35.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá, una vez cumplida un tercio de la pena privativa de libertad, sustituir el cumplimiento de dicha pena por su expulsión del territorio nacional, salvo que el condenado acredite tener arraigo familiar o social, o que desarrolle permanentemente un trabajo remunerado, pudiendo solicitarse informe a Gendarmería de Chile.

A la audiencia que tenga por objeto resolver acerca de la posible sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, deberá ser citado el Ministerio del Interior, a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado, para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta medida, debiendo mantenerse el condenado en el intertanto, bajo la custodia de Gendarmería de Chile.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión, no podrá regresar al país en un plazo de diez años, contados desde la fecha de la sustitución de la pena.

En caso que el condenado ingresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la indicación recogía las distintas observaciones formuladas, debiendo destacarse que la audiencia a que se citaba para resolver sobre la expulsión, podía ser convocada por el juez de oficio como a petición de parte, que para practicar la expulsión se exigía que el condenado cumpliera al menos un tercio de la pena privativa de libertad, se eliminaba la referencia al Ministerio Público y se establecía un plazo dentro del cual el extranjero expulsado no podría regresar al país.

El Diputado señor Araya manifestó su conformidad con la nueva propuesta, pero recordó que las audiencias sólo pueden ser solicitadas por el juez o las partes, y éstas son el Ministerio Público y la Defensoría, circunstancia que convenía precisar por cuanto el condenado sería un extranjero sin residencia legal y, por lo mismo, podría ser expulsado una vez cumplida la pena. Asimismo, señaló que con la redacción propuesta, el Ministerio del Interior, por no ser parte, no podría solicitar se convocara a la audiencia para la sustitución de la pena.

Finalmente, los Diputados señores Burgos y Díaz anunciaron su voto contrario a la indicación, por estimar que el tema de la expulsión requería un debate más acabado y con más antecedentes.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos. (8 votos a favor y 2 en contra). Votaron a favor los Diputados señora Turres y señores Araya , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Squella . En contra lo hicieron los Diputados señores Burgos y Díaz.

Número nuevo (Pasó a ser 30)

El párrafo 4° de este Título trata de las disposiciones generales y consta de un total de cinco artículos.

La Comisión, antes de entrar al análisis del articulado de este párrafo, consideró, por unanimidad, dado que trata cuestiones que son de aplicación general para todo el proyecto, más apropiado darle el carácter de Título, tal como lo hace la ley vigente en su Título III, el que, en consecuencia, en conformidad con las modificaciones ya aprobadas, pasaría a ser VI.

Así se acordó.

Artículo 36.-

Señala lo siguiente:

“El tribunal que imponga, de oficio o a petición de parte, alguna de las penas sustitutivas previstas en esta ley, deberá así ordenarlo en la respectiva sentencia condenatoria, expresando los fundamentos en que se apoya y los antecedentes que han dado base a su convicción.

Si el tribunal negare la solicitud para conceder algunas de las penas sustitutivas establecidas en esta ley, deberá exponer los fundamentos de su decisión en la sentencia.”.

Respecto de este artículo no se produjo mayor debate, pero como consecuencia de una propuesta del Ejecutivo para agregar un artículo 19 bis, que recogiera la inquietud manifestada por los parlamentarios en el sentido de que, tratándose de delitos de acción privada o de acción pública previa instancia particular, debería antes de aplicarse la pena sustitutiva, cualquiera ella fuese, escucharse a la víctimas o a su representante, los Diputados señores Araya , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella ante la observación que se efectuara en el sentido de que la propuesta tenía un carácter general, aplicable a todas las penas sustitutivas y no solamente a la libertad vigilada, por lo que no parecía procedente introducirla como artículo 19 bis, ubicado en el Título II que trata de la Libertad Vigilada y de la Libertad Vigilada Intensiva, presentaron una indicación para agregar como inciso tercero del artículo 36 en análisis, lo siguiente:

“Tratándose de delitos de acción privada o de acción penal pública previa instancia particular, el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal deberá citar a la víctima o a quien la represente, para debatir sobre la procedencia de aplicar cualquiera de las penas sustitutivas contenidas en esta ley.”.

Respecto de esta indicación, la Comisión estimó que debería hacerse referencia a la audiencia que señala el artículo 343 del Código Procesal Penal, ya que en ella corresponde que el tribunal se pronuncie sobre la absolución o condena del imputado.

En consecuencia, este inciso quedó como sigue:

“Tratándose de delitos de acción privada o de acción penal pública previa instancia particular, el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal deberá citar a la víctima o a quien la represente, a la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, para debatir sobre la procedencia de aplicar cualquiera de las penas sustitutivas contenidas en esta ley.”.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Artículo 37.-

Dispone lo siguiente:

“La decisión acerca de la concesión, denegación, revocación, reemplazo y prórroga de las penas sustitutivas que establece esta ley será apelable ante el tribunal de alzada respectivo.”.

No se produjo debate, aprobándose el artículo por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

Artículo 38.-

Señala lo siguiente:

“La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley, a quienes no hayan sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé esta ley por personas que no hayan sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la respectiva eliminación.

Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, a Gendarmería de Chile y a los que se requieran para su agregación a un proceso criminal.”.

Respecto de este artículo, el Diputado señor Harboe señaló que la finalidad de esta norma era evitar una especie de persecución permanente en contra de quien ha sido condenado por un crimen o simple delito, por medio de la revisión de sus antecedentes, práctica que dificultaba la reinserción social. No obstante estar de acuerdo con la disposición, creía necesario adoptar las medidas que correspondieran para compatibilizarla con la práctica adoptada por la Corte Suprema, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de publicar en su página web todas las causas que se han incoado en contra de una persona, todo lo cual hacía ilusorias las finalidades perseguidas por esta disposición, por cuanto fácilmente podía accederse a sus antecedentes, lo que, además, constituía una práctica contraria a las disposiciones de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que la práctica señalada por el Diputado señor Harboe era una cuestión que podría subsanarse por la vía administrativa, toda vez que no sería más que un problema de falta de coordinación entre la Corporación Administrativa y el Servicio de Registro Civil, de tal manera que cada vez que este último eliminara un antecedente prontuarial, debería la primera verificar si el nombre de la persona prontuariada aparece como condenada en su página web., y, en consecuencia, omitir su nombre.

Ante la observación formulada por el Diputado señor Cornejo , en el sentido de que en determinados certificados de antecedentes que se solicitan para fines particulares como para el ingreso a la Administración Pública, se incluyen los antecedentes prontuariales a que se ha hecho referencia , los mismos representantes del Ejecutivo señalaron que los alcances que tenía la eliminación de estos antecedentes para todos los efectos legales, equivalía a que la persona beneficiada no había delinquido y por lo tanto no tendría impedimento para incorporarse a la Administración Pública. Agregaron que el artículo 29 de la ley vigente contemplaba una norma similar, pero la diferencia con lo que se proponía residía en la obligación que se imponía al tribunal, de oficiar al Servicio de Registro Civil para que borrara los antecedentes, por cuanto, actualmente, como los tribunales no notifican al Servicio, la disposición resulta inoperante.

Por último, ante la observación del Diputado señor Harboe , en el sentido de que en el proyecto sobre seguridad privada, en actual tramitación, se contemplaba establecer para quienes quisieren trabajar en ese ámbito, los mismos requisitos que para ingresar a las Fuerzas Armadas, en consecuencia, sin la omisión de que aquí se trata, pudiendo, por tanto, una división especial del Ministerio del Interior, autorizar o rechazar la contratación de personal en función de los antecedentes, por lo que creía conveniente agregar en el inciso tercero los certificados para ingresar a empresas de seguridad privada, recordaron que, actualmente, el Ministerio Público estaba facultado para requerir del Servicio de Registro Civil un certificado con todas las anotaciones de una persona, para los efectos de determinar la reincidencia.

Finalmente, la Comisión acordó por unanimidad, especificar en el texto de los incisos primero y segundo que para los efectos de determinar que una persona no ha sido condenada anteriormente por crimen o simple delito, no se considerarían las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo con las correcciones señaladas, por unanimidad, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 39.-

Establece que:

“En aquellos tribunales de garantía integrados por más de tres jueces, el Comité de Jueces, a propuesta del Juez Presidente , deberá considerar en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la designación de jueces especializados para el conocimiento de las materias previstas en esta ley.”.

No se produjo debate, aprobándose el artículo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 40.-

Señala que:

“Las disposiciones contenidas en esta ley, no serán aplicables a aquellos adolescentes que hayan sido condenados de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.084, que “Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición señalando que la ley N° 20.084 se había concebido como una legislación especial para adolescentes, que también contempla rebajas de penas en que los controles se efectúan mediante los planes de intervención individual. El sistema de monitoreo, por ejemplo, no sería un sistema conveniente para ellos en atención a la etapa de desarrollo en que se encuentran. En otras palabras, dicha ley constituiría un sistema penal autónomo para adolescentes, por lo que si alguna de las disposiciones de la ley N° 18.216 se estimara que convendría hacérselas aplicable, debería incluírsela en la normativa especial y no planteársela como coexistente entre ambos sistemas, más aún si originalmente se determinó desvincularlos completamente

No su produjo mayor debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 2°.-

Introduce una modificación en el artículo 39 bis del Código Penal, norma que señala que:

“La pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este Código, produce:

1° La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones que tenga el condenado.

2° La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones mencionados antes de transcurrido el tiempo de la condena de inhabilitación, contado desde que se hubiere dado cumplimiento a la pena principal, obtenido libertad condicional en la misma, o iniciada la ejecución de alguno de los beneficios de la ley N° 18.216, como alternativa a la pena principal.

La pena de inhabilitación de que trata este artículo tiene una extensión de tres años y un día a diez años y es divisible en la misma forma que las penas de inhabilitación absoluta y especial temporales.”.

La modificación sustituye las expresiones destacadas del número 2° del inciso primero, por las siguientes “ alguna de las penas de la ley N° 18.216, como sustitutiva”.

La modificación que no es más que una adaptación a los nuevos términos aprobados por este proyecto para la ley N° 18.216, se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 3°.-

Modifica el Código Procesal Penal en los siguientes términos:

a.- En el inciso cuarto del artículo 140, el que señala que “ Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley.”

La modificación sustituye las expresiones destacadas por las siguientes: “cumpliendo alguna de las penas sustitutivas a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley.”.

b.- En los incisos primero del artículo 348; tercero del artículo 412 y letra e) del artículo 413, los que señalan respectivamente, lo siguiente:

“Artículo 348, inciso primero.- Sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.”.

“Artículo 412, inciso tercero.- En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere.”.

“Artículo 413.- Contenido de la sentencia en el procedimiento abreviado.- La sentencia dictada en el procedimiento abreviado contendrá:

e) La resolución que condenare o absolviere al acusado. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley;”.

La modificación sustituye las expresiones destacadas por las siguientes “ penas sustitutivas”.

c.- En el artículo 398, inciso primero, el que señala que:

“Artículo 398, inciso primero.- Suspensión de la imposición de condena por falta. Cuando resulte mérito para condenar por la falta imputada, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de pena al imputado, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses. En tal caso, no procederá acumular esta suspensión con alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216.

La modificación reemplaza las expresiones destacadas por las siguientes: “alguna de las penas sustitutivas contempladas”.

Las propuestas no dieron lugar a debate alguno, aprobándoselas en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Indicación aditiva a este artículo.

Como ya se señaló al tratar el número 22 ( pasó a ser 25) del artículo 1° de este proyecto, a propuesta del Ejecutivo , los Diputados señores Araya , Burgos , Calderón , Ceroni , Díaz , Eluchans , Harboe , Cristián Monckeberg y Squella presentaron una indicación para suprimir el artículo 19 a que se refería ese número e introducir, en cambio, una modificación en el inciso cuarto del artículo 129 del Código Procesal Penal, intercalando entre las expresiones “impuesto” y la frase “ al que violare la condición”, los términos “al que fuere sorprendido infringiendo las condiciones impuestas en virtud de las letras a), b) y c) del artículo 17 ter de la ley N° 18.216,”.

Lo anterior tuvo por objeto asimilar la sanción a los casos de incumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada intensiva, a las situaciones de detención en condición de flagrancia previstas en este artículo 129, obligando a las policías a detener por disposición de la ley misma, sin perjuicio de poder actuar en virtud de antecedentes proporcionados por Gendarmería

Como ya se señaló en su oportunidad, la indicación se aprobó por unanimidad, con los votos de sus autores.

Artículo 4°.-

Introduce tres modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Por la primera agrega una nueva letra, que pasó a ser j) en el artículo 3°, norma que enumera las funciones que corresponden a Gendarmería, añadiendo la siguiente:

“j) Administrar el dispositivo de monitoreo telemático, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216 y el reglamento respectivo.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos, con los votos de los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Por las segunda y tercera modifica el artículo 8°, norma que señala las funciones que cumple la Subdirección Técnica.

La letra c) de este artículo señala que le corresponderá “Ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que gocen de medidas alternativas a la reclusión.

La letra f), a su vez, señala que le corresponde “Generar y mantener bases de datos estadísticos de la población privada de libertad y sujeta a una de las medidas establecidas en la ley N° 18.216, relativas a sus características socioeconómicas, el quebrantamiento de la pena, la reincidencia luego del cumplimiento de la condena, y todas aquellas que establezcan otras leyes y reglamentos.”.

La modificación sustituye las expresiones destacadas por las siguientes: “cumplan penas sustitutivas” y “penas sustitutivas”, respectivamente.

Se aprobaron sin debate, en los mismos términos, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 5°.-

Modifica el artículo 62 de la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

La citada norma señala que “No se aplicará ninguna de las medidas alternativas contempladas en la ley N° 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en esta ley o en la ley N° 19.366, en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido, o no, efectivamente la condena, a menos que le sea reconocida la circunstancia atenuante establecida en el artículo 22.”.

La modificación sustituye las expresiones destacadas por las siguientes: “penas sustitutivas”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 6°.-

Modifica el inciso primero del artículo 16 de la ley N° 19.856, que “Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta.”.

El mencionado primer inciso se refiere a los condenados en reclusión nocturna, señalando que “la reducción de condena de que tratan los artículos 2° y 3° de la presente ley, favorecerá también a los condenados que cumplieren pena bajo reclusión nocturna.”.

La modificación sustituye la expresión destacada por la palabra “ parcial”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 7°.-

Introduce dos modificaciones en el Código de Procedimiento Penal.

Por la primera sustituye en el inciso segundo del artículo 305 bis, el que señala que “Producen también arraigo de pleno derecho las sentencias condenatorias que impongan penas privativas o restrictivas de libertad que deban cumplirse en el país mientras no se ejecuten o extingan y aun en los casos en que el condenado se encuentre en libertad condicional o esté suspendida la ejecución de la pena en virtud de alguno de los beneficios establecidos en la ley N° 18.216.”.

La modificación sustituye la frase destacada por la siguiente “ alguna de las penas sustitutivas establecidas”.

Por la segunda reemplaza en el inciso tercero del artículo 363, el que dispone que “ Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el juez deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el haber actuado en grupo o pandilla.”.

La modificación reemplaza las expresiones destacadas por las siguientes “cumpliendo alguna de las penas sustitutivas contempladas”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Harboe , Schilling y Squella .

Artículo 8°.-

Señala la entrada en vigencia de las normas de este proyecto, disponiendo que “Las normas contenidas en esta ley se sujetarán, en cuanto a su vigencia, a las adecuaciones que en virtud de la misma deban ser incorporada en el Decreto N° 1.120, de 1984, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento de esta ley.”.

Respecto de este artículo, los representantes del Ejecutivo señalaron que por recomendación de diversos organismo técnicos que colaboran con el Ministerio de Justicia en la implementación del sistema del brazalete electrónico, se había decidido iniciar este mecanismo de control para los delitos que el proyecto lo establece, en forma gradual.

De acuerdo a lo anterior, se proponía aplicar el mecanismo en primer lugar, para los agresores sexuales y autores de actos de violencia intrafamiliar condenados con las penas más elevadas, es decir, superiores a cuatro años y que no excedan de cinco. Por tanto, quienes fueren condenados por estos conceptos a penas que van desde los quinientos cuarenta y un días a cuatro años, accederían en un comienzo al régimen de la libertad vigilada intensiva, sin el uso del brazalete.

Transcurrido un año desde la publicación de las adecuaciones que deban hacerse al decreto N° 1.120, en virtud de las disposiciones de este proyecto, se aplicaría este mecanismo de control a todos quienes se encontraran en las hipótesis previstas en la letra b) del artículo 15 bis.

Por último, el sistema previsto en el artículo 34, que establece la llamada pena mixta, que permite interrumpir la pena privativa de libertad por el régimen de la libertad vigilada intensiva, entraría en vigencia dos años después de la citada publicación. Precisaron que estos últimos casos eran los que se referían a los infractores más peligrosos dentro de aquellos a quienes se podía aplicar esta pena sustitutiva, razón por la cual se postergaba por más tiempo su entrada en régimen a fin de tener al momento en que el mecanismo les sea aplicable, la mayor claridad respecto a su funcionamiento.

En base a lo anterior, los Diputados señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Schilling presentaron una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

“Las normas de esta ley entrarán en vigencia a contar de la publicación en el Diario Oficial de las adecuaciones que, en virtud de ésta, deban ser incorporadas en el Decreto N° 1.120, del Ministerio de Justicia. No obstante lo cual las siguientes penas entrarán en vigencia, gradualmente, de la forma en que se indica:

a.- La pena de libertad vigilada intensiva, contemplada en el artículo 15 bis, regirá desde el momento señalado en el inciso anterior. Sin embargo, sólo procederá su control mediante monitoreo telemático, en la forma prevista en el artículo 23 bis, inciso tercero, respecto de aquellos sujetos a quienes se les hubiere sustituido la pena privativa de libertad impuesta, cuya duración sea superior a cuatro años y no exceda de cinco. Lo anterior no obstará a que la pena de libertad vigilada intensiva se imponga igualmente a los demás condenados, en los casos señalados en la letra b) del mencionado artículo 15 bis.

b.- El control mediante monitoreo telemático de la pena de libertad vigilada intensiva, contemplado en el artículo 23 bis, inciso tercero, entrará a regir, respecto de la totalidad de los casos del artículo 15 bis, letra b), transcurrido un año desde la publicación de las adecuaciones a las que alude el inciso primero.

c.- La pena mixta, prevista en el artículo 34, entrará en vigencia transcurridos dos años desde la mencionada publicación.”

Se aprobó la indicación, sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad, con los votos de sus patrocinantes.

Artículo 9°.-

Se refiere al financiamiento, señalando que “ El mayor gasto que demande la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto de Gendarmería de Chile y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años sucesivos, se financiará con los recursos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg y Schilling .

Artículo 10°.-

Aumenta en 479 cargos la glosa 01, letra a) del Programa 02 del Presupuesto de Gendarmería de Chile.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que para los efectos de implementar adecuadamente esta iniciativa, se asignaba un presupuesto de veinticinco mil millones de pesos para financiar la tecnología, el monitoreo, el personal que lo tendrá a su cargo, el aumento de los delegados de libertad vigilada y su capacitación a fin de alcanzar una relación de uno por cada treinta personas supervisadas.

Posteriormente, al incluirse entre las penas sustitutivas la de servicios en beneficio de la comunidad, lo que implicaba una mayor cantidad de personal, el Ejecutivo presentó una indicación para elevar la cantidad de cargos a aumentar de 479 a 585.

No se produjo mayor debate, aprobándose la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Turres y señores Araya , Burgos , Calderón , Cardemil , Ceroni , Eluchans , Cristián Monckeberg , Schilling y Squella .

-o-

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.216, que establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala:

1) Sustitúyese el encabezado de la ley por el siguiente: “ Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.”.

2) Sustitúyese el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por algunas de las siguientes penas:

a) Remisión condicional;

b) Reclusión parcial;

c) Libertad vigilada;

d) Libertad vigilada intensiva;

e) Expulsión, y

f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 34 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 362; 372 bis; 390 y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.

Asimismo, no podrá imponerse a los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la pena establecida en la letra f) del inciso primero.

Asimismo, tampoco el tribunal podrá aplicar las penas señaladas en el inciso primero, a los autores del delito consumado previsto en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código.”.

3) Sustitúyese la denominación del Título I por la siguiente:

“De la Remisión Condicional y de la Reclusión Parcial.”.

4) Elimínase en el epígrafe del Párrafo 1° la expresión “de la pena.”.

5) Reemplázase el artículo 3° por el siguiente:

“La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.”.

6) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 4°:

a) Elimínase en el encabezado la expresión “ de la pena”.

b) Suprímese en la letra a) la expresión “condenatoria”.

c) Sustitúyese la letra b) por la siguiente:

“b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.”.

d) Reemplázase en la letra c) la expresión “ reo” por “ condenado”.

e) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Con todo, el tribunal no aplicará esta pena sustitutiva si el sentenciado fuere condenado como autor de un delito consumado que tuviere asignada una pena mínima de presidio o reclusión menor en su grado máximo u otra superior, o se tratare de aquéllos previstos en el artículo 15, letra b), debiendo en este caso imponer la libertad vigilada a que se refiere el artículo 14, inciso primero de esta ley, si procediere.”.

7) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el encabezado y en las letras a) y c) la expresión “ reo” por “condenado”.

b)Sustitúyese en el encabezamiento la frase “Al conceder este beneficio” por la siguiente “ Al imponer esta sanción”.

c) Suprímense en su letra a) las expresiones “la sección de tratamiento en el medio libre de”.

d) Sustitúyense en la letra b) los términos “ a la sección correspondiente de Gendarmería de Chile”, por las siguientes: “ante Gendarmería de Chile” y reemplázase el punto y coma (;) con que termina esta letra por una coma(,) seguida de una “y”.

e) Suprímese en la letra c) la frase “ la sección de tratamiento en el medio libre de” y sustitúyese la “ y” con que termina, por un punto aparte (.).

f) Elimínase la letra d).

8) Derógase el artículo 6°.

9) Sustitúyese en el epígrafe del Párrafo 2° del Título I, la expresión “nocturna” por “parcial”.

10) Reemplázase el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°.- La pena de reclusión parcial consiste en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana, conforme los siguientes criterios:

1) La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas.

2) La reclusión nocturna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

3)La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de esta ley. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

11) Sustitúyese el artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8°.- La reclusión parcial podrá disponerse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia no excede de tres años;

b) Si el penado no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo ha sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no exceda de dos años, o a más de una, siempre que en total no excedan de dicho límite. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito. No obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva, y

c) Si existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permiten presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.”.

12) Reemplázanse en el artículo 9° las expresiones “computará una noche” por las siguientes: “computarán ocho horas continuas de reclusión parcial”.

13) Deróganse los artículos 10, 10 bis, 11 y 12.

14) Intercálase el siguiente Párrafo 3°, pasando el actual a ser Párrafo 4°.

Párrafo 3°.

Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.

Artículo 10.- La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.

El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para tal fin con organismos públicos y privados.

Gendarmería de Chile y sus delegados, y los organismos públicos y privados que en virtud de los convenios a que se refiere el inciso anterior, intervengan en la ejecución de esta sanción, deberán velar porque no se atente contra la dignidad del penado en la ejecución de estos servicios.

Artículo 11.- La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad podrá decretarse por el juez si la pena originalmente impuesta fuere igual o inferior a un año de privación de libertad.

Para decretar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el juez deberá exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° letra c) de esta ley. Junto con lo anterior, deberá constatar la voluntad del condenado de someterse a esta pena e informarle acerca de las consecuencias de su incumplimiento. De estas circunstancias dejará registro en la resolución que decrete la pena.

Esta pena sólo procederá en subsidio del resto de las penas sustitutivas y por una sola vez.

Artículo 12.- La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se determinará en su duración considerando cuarenta horas de trabajo comunitario por cada treinta días de privación de libertad. Si la pena originalmente impuesta fuere superior a treinta días de privación de libertad, corresponderá hacer el cálculo proporcional para determinar el número exacto de horas por las que se extenderá la sanción. En todo caso, la pena impuesta no podrá extenderse por más de ocho horas diarias.

Si el condenado aportare antecedentes suficientes que permitan sostener que trabaja y/o estudia regularmente, el juez deberá compatibilizar las reglas anteriores con el régimen de estudio o trabajo que ocupe al condenado.

Artículo 12 bis.- En caso de decretarse la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y en la medida que la resolución que la decrete se encuentre firme y ejecutoriada, el condenado dispondrá de cinco días para presentarse en dependencias de Gendarmería de Chile con el objeto de imponerse acerca de las modalidades del cumplimiento de la pena.

El delegado de Gendarmería de Chile responsable de gestionar el cumplimiento, informará al tribunal que dictó la sentencia, quien a su vez notificará al Ministerio Público y al defensor, el tipo de servicio, el lugar donde deba realizarse y el calendario de su ejecución, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada.

15) Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13.- Si alguna de las penas establecidas en este Título se impusiere al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile mientras estén en servicio, se observarán las normas siguientes:

a) en el caso de aplicarse la remisión condicional, el control administrativo y la asistencia del sujeto se ejercerá por el juez institucional respectivo, quien podrá delegar tal facultad en la autoridad que estime conveniente y que corresponda a la institución a que pertenece el condenado, como asimismo, solicitar se revoque la sustitución de la pena, en caso de incumplimiento, y

b) en el caso de aplicarse la pena de reclusión parcial en establecimientos especiales, ésta se cumplirá en la unidad militar o policial a que pertenece el condenado.

Se entenderá que concurren las condiciones señaladas en las letras a) y c) del artículo 5°, por el solo hecho de permanecer el condenado en servicio.

Si el condenado deja de pertenecer a la institución durante la época de cumplimiento de alguna de las penas establecidas en este Título, el tiempo de sujeción a la vigilancia del juez institucional o de permanencia en reclusión parcial en la unidad militar o policial correspondiente, se computará como período sometido a la vigilancia de Gendarmería de Chile o como tiempo cumplido en un establecimiento penal, según el caso. Este tiempo le será computable, además, para los efectos previstos en el artículo 2°, letra d), del decreto ley N° 409, de 1932. El lapso que reste se cumplirá de acuerdo con las normas generales.”.

16) Sustitúyese la denominación del Título II por la siguiente:

?De la Libertad Vigilada y la Libertad Vigilada Intensiva.?.

17) Reemplázase el epígrafe del Párrafo 1° por el siguiente:

“De la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva.”.

18) Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- La libertad vigilada consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de un tratamiento individualizado, bajo la vigilancia y orientación permanentes de un delegado.

La libertad vigilada intensiva consiste en la aplicación de un programa de actividades orientado a la reinserción social del condenado, en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de un tratamiento y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales que serán vigiladas y orientadas permanente y rigurosamente por un delegado.

El control del delegado, en ambas penas, se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria a encuentros periódicos previamente fijados con el delegado y a programas de intervención psicosocial. Tratándose de la libertad vigilada intensiva, el tribunal deberá considerar especialmente la periodicidad e intensidad en la aplicación del plan de intervención individual.

Cada vez que en esta ley se hiciere referencia a la libertad vigilada, se entenderá que se alude tanto a la libertad vigilada, como a la libertad vigilada intensiva, según resulte del contexto de la disposición en que se utilice.”.

19) Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- La libertad vigilada podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad impuesta en la sentencia es superior a dos y no excede de tres años, o

b) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que se imponga fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de tres años, y se tratare de algunos de los delitos contemplados en el artículo 4° de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o en los incisos segundo y tercero del artículo 196 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 27 de diciembre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

En los casos previstos en las dos letras citadas, deberán cumplirse además las siguientes condiciones:

1.- Que el penado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito, y

2.- Que los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitan concluir que un tratamiento de conformidad al artículo 16 de esta ley, aparece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social. Dichos antecedentes deberán ser aportados por los intervinientes antes de la dictación de la sentencia o en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Excepcionalmente, si éstos no fueren aportados en dicha instancia, podrá el juez solicitar informe a Gendarmería de Chile, pudiendo suspender la determinación de la pena dentro del plazo previsto en el artículo 344 del Código Procesal Penal.”.

20) Agrégase el siguiente artículo 15 bis:

“Artículo 15 bis.- La libertad vigilada intensiva podrá decretarse:

a) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que imponga la sentencia es superior a tres años y no excede de cinco años, o

b) Si la pena privativa o restrictiva de libertad que se imponga fuere superior a quinientos cuarenta días y no excediere de cinco años, y se tratare de alguno de los delitos establecidos en los artículos 296, 297, 390, 391, 395, 396, 397, 398 ó 399 del Código Penal, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar y aquellos contemplados en los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 bis y 367 ter del mismo Código.

En los casos previstos en las dos letras citadas, deberán cumplirse además las condiciones indicadas en los números 1.- y 2.- del inciso segundo del artículo anterior.”.

21) Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16.- Al imponer la pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, el tribunal establecerá un plazo de tratamiento y observación que, en el caso de la libertad vigilada no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro; y, respecto de la libertad vigilada intensiva, no inferior a tres años ni superior a seis.

El delegado que haya sido designado para el control de estas penas, deberá proponer al juez de garantía, en un plazo máximo de treinta días, un plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, participación en actividades de capacitación o inserción laboral, de intervención especializada de acuerdo a su perfil, así como su derivación a programas de tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol, si correspondiere. El plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial y deberán indicarse con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Asimismo, el juez, a propuesta del respectivo delegado, podrá ordenar que el condenado sea sometido a los exámenes médicos, psicológicos o de otra naturaleza que aparezcan necesarios para efectos de la elaboración del plan de intervención individual.

Una vez aprobado judicialmente el plan, el delegado informará al juez acerca de su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.

Fuera del caso señalado en la letra b) del artículo 26, el delegado de libertad vigilada podrá proponer al juez, por una sola vez, la prórroga del período de observación y tratamiento fijado, hasta por seis meses, siempre que el total del plazo no exceda del máximo indicado en el inciso primero, dependiendo de la pena impuesta.

Asimismo, el delegado podrá proponer la reducción del plazo, siempre que éste no sea inferior al mínimo señalado en el inciso primero, o que se egrese al condenado del sistema, cuando éste haya cumplido el período mínimo de observación, dependiendo de la pena impuesta.

La prórroga del plazo, su reducción, y el egreso del condenado, se propondrán en un informe fundado que se someterá a la consideración del juez de garantía. La resolución que se dicte podrá ser apelada para ante la Corte de Apelaciones respectiva.”.

22) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 17:

a) Sustitúyese el encabezamiento por el siguiente:

“El sentenciado que fuere condenado a libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, quedará sujeto a las siguientes condiciones:”

b) Reemplázanse en las letras a), b) y c) las palabras “reo” por “condenado”.

c) Suprímense en la letra b) los términos “ en libertad” y reemplázase el punto y coma (;) que los sigue por una coma (,) y la letra “y”.

d) Sustitúyese en la letra c) el punto y coma (;) por un punto final (.).

e) Suprímense las letras d) y e) y el inciso final.

23) Agréganse los siguientes artículos 17 bis y 17 ter:

“Artículo 17 bis.- Junto con la imposición de las condiciones establecidas en el artículo anterior, si de los antecedentes del proceso u otros se desprendiera que el condenado presenta un consumo problemático de drogas o alcohol, el tribunal podrá imponer la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias.

El tratamiento de los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas en condenados, deberá enmarcarse dentro del Plan de Intervención Individual aprobado judicialmente, y podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento. La internación podrá ser decretada por un plazo máximo de treinta días, prorrogables previa autorización judicial.

Asimismo, se deberá dejar constancia en el Plan de Intervención Individual, de la obligación del condenado de someterse periódicamente a exámenes que permitan controlar el consumo de las sustancias referidas. Estos exámenes también podrán realizarse a través de monitoreo telemático, de conformidad a lo dispuesto en el Título III de esta ley.

En estos casos, el juez deberá efectuar un control periódico del cumplimiento de esta condición, debiendo citar a audiencias de seguimiento a lo menos una vez al mes, durante todo el período que dure el tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.”.

Artículo 17 ter.- En caso de imponerse la libertad vigilada intensiva deberán decretarse, además, una o más de las siguientes condiciones:

a) Prohibición de acudir a determinados lugares;

b) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a sus familiares u otras personas que determine el tribunal, o de comunicarse con ellos;

c) Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que determine el juez, durante un lapso máximo de ocho horas diarias, las que deberán ser continuas, y

d) Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares.”.

24) Antepónese el siguiente inciso primero en el artículo 18, pasando el actual a ser segundo:

“El Estado, a través de los organismos pertinentes, promoverá y fortalecerá especialmente la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados a la pena sustitutiva de libertad vigilada y a la de libertad vigilada intensiva, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo, el delegado deberá apoyar y articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente, en las áreas de salud mental, educación, empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera.”.

25) Derógase el artículo 19.

26) Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- Los delegados de libertad vigilada son funcionarios dependientes de Gendarmería de Chile, encargados de vigilar, controlar, orientar y asistir a los condenados a quienes se hubiese impuesto esta pena, a fin de evitar su reincidencia y lograr su reinserción e integración a la sociedad.

La habilitación para ejercer las funciones de delegados de libertad vigilada será otorgada por el Ministerio de Justicia a quienes acrediten idoneidad y preparación, en la forma que determine el reglamento.”.

27) Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- Un reglamento establecerá las normas relativas a la organización del sistema de libertad vigilada, incluyendo los programas, las características y aspectos particulares que deberá tener la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva. El Ministerio de Justicia impartirá las normas técnicas que sean necesarias a este respecto y evaluará, periódicamente, su cumplimiento y los resultados del sistema.”.

28) Sustitúyese el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- Los delegados de libertad vigilada deberán informar al respectivo tribunal, al menos semestralmente, sobre el comportamiento de las personas sometidas a su vigilancia y orientación. Emitirán, además, los informes que los tribunales les soliciten sobre esta materia cada vez que ellos fueren requeridos.

Lo mismo les será aplicable a los delegados de libertad vigilada intensiva quienes deberán informar al respectivo tribunal, al menos trimestralmente.

El tribunal deberá, en todo caso, citar a lo menos semestralmente a una audiencia de revisión de la libertad vigilada y a lo menos trimestralmente, en el caso de la libertad vigilada intensiva.”.

29) Intercálanse los siguientes Títulos III, IV y V:

“TÍTULO III

Del Monitoreo Telemático

Artículo 23 bis.- Se entenderá por monitoreo telemático, toda supervisión por medios tecnológicos de las penas impuestas por esta ley.

Dicho control podrá ser utilizado para la supervisión de las penas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva, ya sea que esta última se imponga de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 bis de esta ley, o bien, según el régimen de pena mixta, previsto en el artículo 34 de esta misma ley.

Tratándose de la pena de libertad vigilada intensiva aplicada en virtud del citado artículo 15 bis, el monitoreo sólo se utilizará para el control de los delitos establecidos en la letra b) de dicho artículo, atendidas las circunstancias de comisión del delito y especialmente las necesidades de protección de la víctima. En este último caso, si se estimare necesario que la víctima porte un dispositivo de control para su cumplimiento, ésta deberá prestar su consentimiento en forma previa.

A fin de resolver acerca de la imposición de esta medida de control, el tribunal deberá considerar la factibilidad técnica informada por Gendarmería de Chile para cada caso particular. Este informe deberá aportarse antes de la dictación de la sentencia o en la oportunidad prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, debiendo previamente el tribunal oficiar a la institución para tales efectos. Asimismo, a objeto que el tribunal pueda determinar la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, la factibilidad técnica deberá ser indicada en el informe a que se refiere el inciso primero de dicho artículo.

Este mecanismo se aplicará por un plazo no inferior a seis meses ni superior a dos años, debiendo evaluarse periódicamente por Gendarmería de Chile. Se evaluará, asimismo, a solicitud del condenado, la conveniencia de la mantención de esta medida, lo que será informado oportunamente al juez, quien citará a audiencia a fin de resolver acerca de la mantención o cesación de la misma.

En los casos de interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, el control por medio de este monitoreo tendrá igual plazo de observación que aquél fijado para la libertad vigilada intensiva, de conformidad al artículo 34, inciso tercero de esta ley.

Artículo 23 ter.- Toda orden de aplicación del mecanismo de monitoreo contemplado en el artículo anterior, deberá ser expedida por escrito por el tribunal, debiendo contener dicha orden los siguientes datos:

a) Identificación del proceso;

b) Identificación del condenado;

c) La fecha de inicio y de término de la aplicación del mecanismo de control, y

d) Todos aquellos datos que el tribunal estimare importantes para su correcta aplicación.

Artículo 23 quáter.- La responsabilidad de la administración del dispositivo será de cargo de Gendarmería de Chile, la que podrá contratar servicios externos para estos efectos, de conformidad a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Los requisitos y características técnicas del sistema de monitoreo telemático, así como los procedimientos para su instalación, administración y retiro, serán regulados en el reglamento a que alude el artículo 23 octies.

Artículo 23 quinquies.- La información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, el juez de garantía que conozca de una investigación penal en la cual se sospeche la participación del condenado, podrá autorizar su uso en este contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

Cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático y se encuentre cumplida la condena, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema, en la forma que determine el reglamento al que se refiere el artículo 23 octies.

El que, conociendo en razón de su cargo la información a que alude el inciso anterior, la revelare indebidamente, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y a una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

Artículo 23 sexies.- El sujeto afecto al sistema de control de monitoreo que, maliciosamente, arrancare, destruyere, hiciere desaparecer o, en general, inutilizare de cualquier forma el dispositivo, responderá penalmente por el delito de daños, de conformidad a lo establecido en los artículos 484 y siguientes del Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28 y 31 de esta ley.

Asimismo, si por cualquier circunstancia el dispositivo de monitoreo quedare inutilizado o sufriera un desperfecto, pudiendo advertirlo el condenado, éste deberá informarlo a la brevedad a Gendarmería de Chile. En caso de no hacerlo, el tribunal podrá otorgar mérito suficiente a dicha omisión para dejar sin efecto la sustitución de la pena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley.

Artículo 23 septies.- La instalación, mantención y utilización de los dispositivos de control telemático de que trata esta ley, serán siempre gratuitas para los sujetos afectos al sistema de monitoreo telemático.

Excepcionalmente, se podrá cobrar, total o parcialmente, por la utilización del dispositivo de control telemático a los sujetos afectos al sistema de monitoreo que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos, se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependa, en conformidad al reglamento al que hace referencia el artículo siguiente.

Siempre que procediere el cobro por la utilización del sistema de monitoreo telemático, se deberá informar al condenado de dicha circunstancia en forma previa a la instalación del correspondiente dispositivo.

Artículo 23 octies.- Las normas referidas al mecanismo de control de monitoreo telemático contenidas en este Título, se aplicarán en conformidad a un reglamento especialmente dictado al efecto, el que será suscrito por los Ministerios de Justicia y Hacienda.

TÍTULO IV

Del incumplimiento y Quebrantamiento.

Artículo 24.- El tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia, deberá informar a Gendarmería respecto de la imposición de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley.

Si transcurrido el plazo de cinco días contados desde la recepción en Gendarmería de Chile del oficio señalado en el inciso anterior, el condenado no se presentare a cumplirla, dicho organismo informará al tribunal de tal situación. El juez citará a una audiencia al condenado, la que deberá llevarse a cabo dentro de los quince días siguientes contados desde la referida comunicación. En esta audiencia, el tribunal podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena. En caso de incomparecencia del condenado, el juez procederá a ordenar su detención.

Artículo 25.- Para determinar las consecuencias que se impondrán en caso de incumplimiento de las condiciones o del régimen impuesto durante la ejecución de las penas sustitutivas de que trata esta ley, el tribunal deberá considerar la gravedad del mismo, de acuerdo a las siguientes categorías:

a) Incumplimiento severo de condiciones. Es aquél que se produce cuando el condenado incumple condiciones esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en forma grave o reiterada, sin contar con una justificación razonable para ello.

Se considerará incumplimiento de las condiciones esenciales, la no presentación injustificada para el cumplimiento de la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada y libertad vigilada intensiva dentro del primero de los plazos establecidos en el inciso final del artículo anterior; la inasistencia injustificada por más de dos veces al control administrativo de la remisión condicional, de la reclusión parcial en establecimientos especiales o a una reunión acordada con el delegado; y el alejamiento por más de dos veces a más de cien metros del lugar prefijado para el cumplimiento de la reclusión parcial domiciliaria. Fuera de estos casos, el tribunal podrá considerar por resolución fundada incumplimientos análogos a los anteriores como incumplimiento de las condiciones esenciales.

b) Incumplimiento simple de condiciones. Es aquel que se produce cuando el condenado incumple alguna de las condiciones no esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en forma grave o reiterada, sin contar con una justificación razonable para ello.

c) Incumplimiento leve de condiciones. Es aquél que se produce cuando el condenado incumple injustificadamente alguna de las condiciones no esenciales del régimen de ejecución de la pena sustitutiva en alguna forma relevante aun cuando ésta no sea ni grave ni reiterada.

Artículo 26.- En caso de incumplimiento leve reiterado o simple de las condiciones impuestas en el régimen de ejecución de la pena sustitutiva, Gendarmería de Chile deberá comunicar dicha situación al tribunal, el que citará al condenado a una audiencia, a fin de determinar si se ha configurado efectivamente el respectivo incumplimiento. En caso de acreditarse éste, atendiendo a las circunstancias del caso, el tribunal podrá imponer alguna de las siguientes consecuencias:

a) Intensificación de las condiciones de la pena sustitutiva. Consistirá en imponer mayores controles para el cumplimiento, según sea el caso, de la pena respectiva.

b) La prórroga de la pena sustitutiva que actualmente se encontrare cumpliendo, hasta por un tiempo máximo de seis meses. Respecto de la pena de reclusión parcial, la prórroga no podrá ser superior a treinta días.

Artículo 27.- En caso de incumplimiento severo de las condiciones impuestas, Gendarmería de Chile comunicará dicha circunstancia al tribunal, el que deberá citar a audiencia al condenado con el objeto de determinar si efectivamente se ha configurado el incumplimiento y procede la aplicación de alguna de las consecuencias establecidas en los artículos 28 y 29.

Artículo 28.- En los casos señalados en el artículo 27, la pena de remisión condicional podrá ser sustituida por la pena de libertad vigilada o por reclusión parcial.

Si el incumplimiento se refiere a la pena de libertad vigilada, el tribunal podrá optar por la intensificación de la pena sustitutiva o bien sustituirla por la libertad vigilada intensiva.

En casos en que, a juicio del tribunal, no pareciere necesario sustituir la pena, deberá imponer una prórroga no inferior a seis meses ni superior a doce meses. En el caso de la reclusión parcial, esta prórroga no podrá ser inferior a treinta días ni superior a sesenta días.

Artículo 29.- La decisión del tribunal de dejar sin efecto la pena sustitutiva, sujetará al condenado al cumplimiento del total de la pena inicialmente impuesta.

En caso que se deje sin efecto la pena de reclusión parcial, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva.

Tendrán aplicación, en su caso, las reglas de conversión del artículo 9° de esta ley.

Artículo 30.- Las penas sustitutivas reguladas en esta ley siempre se considerarán quebrantadas por el sólo ministerio de la ley y darán lugar a su revocación, si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme.

Artículo 31.- Recibida por el tribunal la comunicación de un incumplimiento de condiciones, deberá citar al condenado a una audiencia que se celebrará dentro del plazo de quince días, en la que se discutirá si efectivamente se produjo un incumplimiento de condiciones o, en su caso, un quebrantamiento. Dicha resolución se notificará por cédula al condenado.

El condenado tendrá derecho a asistir a la audiencia con un abogado y, si no dispone de uno, el Estado deberá designarle un defensor penal público.

Las audiencias se regirán conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en lo que fuere pertinente. En todo caso, si fuere necesario presentar prueba para acreditar algún hecho, no regirán las reglas sobre presentación de prueba en el juicio oral, debiendo procederse desformalizadamente.

Artículo 32.- Si válidamente notificado, el condenado no compareciere a la audiencia señalada en el artículo precedente, tal circunstancia no impedirá la realización de la misma.

El tribunal, en caso de decretarse la revocación de la pena sustitutiva, ordenará la detención del condenado una vez ejecutoriada la resolución.

Si con posterioridad surgieren nuevos antecedentes que justificaren el incumplimiento de la pena sustitutiva, el tribunal podrá dejar sin efecto la resolución que decretó la revocación, descontándose el tiempo intermedio.

Artículo 32 bis.- En caso de incumplimiento de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado deberá informar al tribunal que haya impuesto la sanción.

El tribunal citará a una audiencia para resolver sobre la mantención o la revocación de la pena.

Artículo 32 ter.- El juez deberá revocar la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, cuando expresamente el condenado solicitare su revocación.

Adicionalmente, podrá revocarla previo informe del delegado, cuando el condenado se encontrare en alguna de las siguientes situaciones:

a) Se ausentare del trabajo en beneficio de la comunidad que estuviere realizando, durante al menos dos jornadas laborales. Si el penado faltare al trabajo por causa justificada, no se entenderá dicha ausencia como abandono de la actividad.

b) Su rendimiento en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo.

c) Se opusiere o incumpliere en forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable del centro de trabajo.

Artículo 32 quáter.- Habiéndose decretado la revocación de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se abonará al tiempo de reclusión un día por cada ocho horas efectivamente trabajadas.

Si el tribunal no revocare la pena, podrá ordenar que su cumplimiento se ejecute en un lugar distinto a aquel en que originalmente se desarrollaba; en este último caso y para efectos del cómputo de la pena, se considerará el período efectivamente trabajado con anterioridad, en los términos del inciso anterior.

TÍTULO V.

Del reemplazo de la Pena Sustitutiva y las Penas Mixtas

Párrafo 1°

Del reemplazo de la pena sustitutiva.

Artículo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de esta ley, una vez cumplida la mitad del período de observación de la pena sustitutiva respectiva, y previo informe favorable de Gendarmería de Chile, el tribunal de oficio o a petición de parte podrá reemplazar la pena conforme lo siguiente:

a) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada intensiva, podrá sustituirla por la libertad vigilada.

b) En caso que la pena sustitutiva que se encontrare cumpliendo el condenado fuere la libertad vigilada, podrá sustituirla por la remisión condicional.

Cuando a un penado se le hubiere sustituido la libertad vigilada intensiva por la libertad vigilada, sólo podrá reemplazarse esta última por remisión condicional, si se cumplen los requisitos del inciso primero y el condenado ha cumplido más de dos tercios de la pena originalmente impuesta.

En caso que el tribunal se pronuncie rechazando el reemplazo de la pena sustitutiva, aquélla no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.

Párrafo 2°.

De las penas mixtas

Artículo 34.- El tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por el régimen de la libertad vigilada intensiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la pena impuesta al condenado fuere de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, u otra pena inferior;

b) Que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad, el penado no registre otra condena por crimen o simple delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 bis.

c) Que el penado, con posterioridad a que la sentencia hubiese quedado ejecutoriada, hubiera cumplido un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva, y

d) Que el condenado observe un comportamiento sobresaliente de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la ley N° 19.856, que “Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.”.

Para estos efectos, el tribunal citará a audiencia a los intervinientes en la que examinará los antecedentes, particularmente aquéllos relativos a la factibilidad técnica de la aplicación del monitoreo telemático, oirá a los presentes y resolverá.

En caso de concederse la interrupción de la pena privativa de libertad, el tribunal deberá fijar el plazo de observación de la libertad vigilada intensiva, el que no podrá ser inferior a cuatro años ni superior a seis años y las condiciones que deberá cumplir el condenado conforme a lo prescrito en los artículos 17, 17 bis y 17 ter de esta ley.

En caso que el tribunal se pronuncie rechazando el otorgamiento de la interrupción de la pena regulada en este artículo, aquélla no podrá discutirse nuevamente sino hasta transcurridos seis meses desde de su denegación.

La resolución que se pronuncie sobre la interrupción de la pena privativa de libertad, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Si el penado cumpliere satisfactoriamente la pena de libertad vigilada intensiva, el tribunal lo reconocerá en una resolución fundada remitiendo el saldo de la pena privativa de libertad interrumpida y teniéndola por cumplida con el mérito de esta resolución.

Los condenados que fueren beneficiados con la interrupción de la pena privativa de libertad, no podrán acceder al reemplazo de la pena sustitutiva a que se refiere el artículo 33 de esta ley.

Párrafo 3°.

De la regla especial aplicable a los extranjeros.

Artículo 35.- Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá, una vez cumplida un tercio de la pena privativa de libertad, sustituir el cumplimiento de dicha pena por su expulsión del territorio nacional, salvo que el condenado acredite tener arraigo familiar o social, o que desarrolle permanentemente un trabajo remunerado, pudiendo solicitarse informe a Gendarmería de Chile.

A la audiencia que tenga por objeto resolver acerca de la posible sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, deberá ser citado el Ministerio del Interior, a fin de ser oído. Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de Extranjería del Ministerio mencionado, para efectos de que lleve a cabo la implementación de esta medida, debiendo mantenerse el condenado en el intertanto, bajo la custodia de Gendarmería de Chile.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión, no podrá regresar al país en un plazo de diez años, contados desde la fecha de la sustitución de la pena.

En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplir el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta.

30) Sustitúyese el Título III, que ha pasado a ser VI, por el siguiente:

TÍTULO VI

Disposiciones generales.

Artículo 36.- El tribunal que imponga, de oficio o a petición de parte, alguna de las penas sustitutivas previstas en esta ley, deberá así ordenarlo en la respectiva sentencia condenatoria, expresando los fundamentos en que se apoya y los antecedentes que han dado base a su convicción.

Si el tribunal negare la solicitud para conceder algunas de las penas sustitutivas establecidas en esta ley, deberá exponer los fundamentos de su decisión en la sentencia.

Tratándose de delitos de acción privada o de acción penal pública previa instancia particular, el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal deberá citar a la víctima o a quien la represente, a la audiencia a que se refiere el artículo 343 del Código Procesal Penal, para debatir sobre la procedencia de aplicar cualquiera de las penas sustitutivas contenidas en esta ley.

Artículo 37.- La decisión acerca de la concesión, denegación, revocación, reemplazo y prórroga de las penas sustitutivas que establece esta ley será apelable ante el tribunal de alzada respectivo.

Artículo 38.- La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley, a quienes no hayan sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1.- del inciso segundo del artículo 15 o en el inciso segundo del artículo 15 bis, tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé esta ley por personas que no hayan sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso anterior, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la respectiva eliminación.

Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, a Gendarmería de Chile y a los que se requieran para su agregación a un proceso criminal.

Artículo 39.- En aquellos tribunales de garantía integrados por más de tres jueces, el Comité de Jueces, a propuesta del Juez Presidente , deberá considerar en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la designación de jueces especializados para el conocimiento de las materias previstas en esta ley.

Artículo 40.- Las disposiciones contenidas en esta ley, no serán aplicables a aquellos adolescentes que hayan sido condenados de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.084, que “Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal”.

Artículo 2°.- Sustitúyense en el número 2° del artículo 39 bis del Código Penal, las expresiones “alguno de los beneficios de la ley N° 18.216, como alternativa” por las siguientes: “alguna de las penas de la ley N° 18.216, como sustitutiva”.

Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

a) Intercálase en el inciso cuarto del artículo 129, entre la expresión “impuesto” y la frase “ y al que violare la condición”, la siguiente oración: “ al que fuere sorprendido infringiendo las condiciones impuestas en virtud de las letras a), b) y c) del artículo 17 ter de la ley N° 18.216”.

b) Reemplázase en el artículo 140, inciso cuarto, la oración “gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas alternativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley” por lo siguiente: “cumpliendo alguna de las penas sustitutivas a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley”.

c) Sustitúyense en los artículos 348, inciso primero; 412, inciso tercero, y 413, letra e), la expresión “medidas alternativas” por “ penas sustitutivas”.

d) Reemplázase en el artículo 398, inciso primero, la frase “alguno de los beneficios contemplados” por “alguna de las penas sustitutivas contempladas”.

e) Sustitúyese en el artículo 468, inciso tercero, la expresión “medida alternativa” por “pena sustitutiva”.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fijó la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile:

a) Modifícase el artículo 3° en los siguientes términos:

1.- Sustitúyese en la letra g) la coma (,) con que termina por un punto y coma (;) y suprímese la letra “y”.

2.- Sustitúyese en la letra h) el punto final (.) por una coma (,) y agrégase a continuación una letra “y”.

3.- Agrégase la siguiente letra j):

“j) Administrar el dispositivo de monitoreo telemático, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.216 y el reglamento respectivo.”.

b) Modifícase el artículo 8° en el siguiente sentido:

1.- Sustitúyese en la letra c) la oración “gocen de medidas alternativas” por lo siguiente: “cumplan penas sustitutivas”.

2.- Reemplázase en la letra f) la palabra “medidas” por la expresión “penas sustitutivas”.

Artículo 5°.- Sustitúyese en el artículo 62 de la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la expresión “medidas alternativas” por “penas sustitutivas”.

Artículo 6°.- Reemplázase en el artículo 16, inciso primero, de la ley N° 19.856, que “Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta”, la palabra “nocturna” por “parcial”.

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Penal:

a) Sustitúyese en el artículo 305 bis C, inciso segundo, la frase “alguno de los beneficios establecidos” por la siguiente: “alguna de las penas sustitutivas establecidas”.

b) Reemplázase en el artículo 363, inciso tercero, la oración “gozando de alguno de los beneficios contemplados” por lo siguiente: “cumpliendo alguna de las penas sustitutivas contempladas”.

Artículo 8°.- Las normas de esta ley entrarán en vigencia a contar de la publicación en el Diario Oficial de las adecuaciones que, en virtud de ésta, deban ser incorporadas en el decreto N° 1.120, del Ministerio de Justicia, de 1984. No obstante lo cual las siguientes penas entrarán en vigencia, gradualmente, de la forma en que se indica:

a.- La pena de libertad vigilada intensiva, contemplada en el artículo 15 bis, regirá desde el momento señalado en el encabezamiento. Sin embargo, sólo procederá su control mediante monitoreo telemático, en la forma prevista en el artículo 23 bis, inciso tercero, respecto de aquellos sujetos a quienes se les hubiere sustituido la pena privativa de libertad impuesta, cuya duración sea superior a cuatro años y no exceda de cinco. Lo anterior no obstará a que la pena de libertad vigilada intensiva se imponga igualmente a los demás condenados, en los casos señalados en la letra b) del mencionado artículo 15 bis.

b.- El control mediante monitoreo telemático de la pena de libertad vigilada intensiva, contemplado en el artículo 23 bis, inciso tercero, entrará a regir, respecto de la totalidad de los casos del artículo 15 bis, letra b), transcurrido un año desde la publicación de las adecuaciones a las que alude el encabezamiento de este artículo.

c.- La pena mixta, prevista en el artículo 34, entrará en vigencia transcurridos dos años desde la mencionada publicación.

Artículo 9°.- El mayor gasto que demande la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto de Gendarmería de Chile y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años sucesivos se financiará con los recursos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector público.

Artículo 10°.- Auméntase en 585 cargos la glosa 01, letra a) del Programa 02 del Presupuesto de Gendarmería de Chile.

-o-

Sala de la Comisión, a 5 de abril de 2011.

Acordado en sesiones de fechas 4 y 11 de junio y 8 de julio de 2008; 12, 13 y 19 de enero; 7 de abril; 7 y 14 de septiembre; 6 y 14 de diciembre de 2010; 4 y 18 de enero y 8,15,16 y 22 de marzo y 5 de abril de 2011, con la asistencia de los siguientes Diputados :

En el período 2006 - 2010 el señor Edmundo Eluchans Urenda y la señora Laura Soto González (Presidentes), señoras María Antonieta Saa Díaz y Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero , Gonzalo Arenas Hödar , Jorge Burgos Varela , Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz , Jaime Quintana Leal , Eduardo Saffirio Suárez y Patricio Walker Prieto .

En reemplazo de los Diputados señores Gonzalo Arenas Hödar y Marcelo Díaz Díaz asistieron los Diputados señora Claudia Nogueira Fernández y señor Marcelo Schilling Rodríguez .

Asistieron también a las sesiones los Diputados señores Maximiano Errázuriz Eguiguren , Álvaro Escobar Rufatt y Alfonso de Urresti Longton .

En el período 2010 - 2014 los señores Pedro Araya Guerrero y Alberto Cardemil Herrera (Presidentes), señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos Varela , Giovanni Calderón Bassi , Guillermo Ceroni Fuentes , Aldo Cornejo González , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle .

En reemplazo del Diputado señor Marcelo Díaz Díaz asistió el Diputado señor Marcelo Schilling Rodríguez .

Asistió también a una sesión el Diputado señor Iván Norambuena Farías .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.

5. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acerca del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, ley general de Telecomunicaciones. (boletín N° 7502-15)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República , por el que se modifica la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en cumplimiento del mandato entregado por acuerdo de la Sala de la Corporación.

-o-

Para analizar dicha iniciativa, la Comisión contó con la colaboración del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma y de los asesores, señora Carolina Tagle y señor Andrés Rodríguez .

-o-

-Cabe hacer presente que el proyecto no contiene normas que deban aprobarse con un quórum especial.

-El proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, tal como lo establece la Comisión de Ciencias y Tecnología.

-La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, aprobó el texto propuesto por la Comisión de Ciencias y Tecnología, sin modificaciones.

-o-

I. ANTECEDENTES.

1) Origen.

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones procede a analizar este proyecto de ley, de acuerdo a lo dispuesto por la Corporación, en la sesión de fecha 02 de marzo de 2011, por el que se le encomienda que emita un informe complementario al primer informe despachado por la Comisión de Ciencias y Tecnología.

2) Estructura del proyecto aprobado por la Comisión de Ciencias y Tecnología.

El texto propuesto por la Comisión de Ciencias y Tecnología, está constituido por un artículo único, por el que se modifica el artículo 28° A, del título IV de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. El señalado artículo se refiere al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por el que se promueve un aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.

II. OPINIONES ENTREGADAS POR LAS AUTORIDADES Y PERSONAS INVITADAS POR LA COMISIÓN.

El Subsecretario de Telecomunicaciones señor Jorge Atton , señaló que el objeto del proyecto es darle al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones un carácter indefinido, lo que permitiría proyectar a mayor plazo y de forma sistemática la acción del Estado en el fomento de las telecomunicaciones, ya que por ahora, dicho fondo se debe renovar cada diez años, mediante la incorporación de una glosa en las respectivas leyes de Presupuesto de la Nación.

Al respecto afirmó que con el Fondo se subsidió a la telefonía fija, incrementando con ello la calidad de vida de los chilenos que viven en zonas rurales y extremas. Sin embargo, el siguiente desafío es poder lograr un masivo acceso a internet, a través del Programa Banda Ancha para todos, para darle conectividad a los segmentos D y E de la población, los que sólo llegan al 10 por ciento de penetración en sus hogares, por lo tanto, con este sistema de conectividad se favorece la igualdad de oportunidades.

Explicó que con el Fondo también se ha logrado extender la telefonía celular a muchos sectores desabastecidos, logrando cubrir con este sistema a la casi totalidad del país.

Por otra parte, destacó que actualmente se subsidia sólo a la demanda, no a la oferta, ya que los equipos y el acceso a señales internacionales de internet todavía son muy costosos, y además, es necesario educar a la población en el uso de las diferentes herramientas digitales. En relación con este tema, planteó que la Subsecretaría está completando un estudio sobre el subsidio a la demanda, lo que espera poder hacerlo a fines del año 2012, a través de un nuevo proyecto de ley.

-Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth , García-Huidobro , Hasbún ; Hernández , Norambuena ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma .

Se designó Diputado Informante al señor Joaquín Tuma Zedán .

Sala de la Comisión, a 05 de abril de 2011.

Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta de fecha 05 de abril de 2011, con la asistencia de los Diputados Hasbún, don Gustavo ( Presidente ); Auth, don Pepe ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hernández, don Javier ; Latorre, don Juan Carlos ; Meza, don Fernando ; Norambuena, don Iván ; Pacheco , doña Clemira ; Pérez, don Leopoldo , y Tuma, don Joaquín .

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario de la Comisión ”.

6. Informe de la Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural del país y proponer iniciativas para su protección.

“Honorable Cámara:

La Comisión Especial de Patrimonio Histórico y Cultural pasa a informar acerca de la Investigación que le fue encomendada, en virtud de un proyecto de acuerdo aprobado en Sesión 20°, celebrada el 5 de Mayo de 2010.

I. ACUERDO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

La H. Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Acuerdo solicitado por 59 Señores Diputados para crear una Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural y proponer iniciativas para su protección, que verifique el cumplimiento de la normativa vigente, recabe información, recibiendo para tales efectos a las personas e instituciones especiales que puedan ilustrar los estudios y debates y remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes a corregir los aspectos que se requieran. Esta Comisión deberá rendir su Informe en un plazo de seis meses, a partir de su constitución y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

II. CONSTITUCIÓN Y COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.

Por Oficio N° 8705, de fecha 5 de mayo de 2010, el Secretario General (A) de la H. Cámara de Diputados comunica que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento de la Corporación, ésta ha prestado su aprobación a la petición de 59 señores Diputados, quienes han solicitado la creación de esta Comisión Especial.

Mediante Oficio N° 8770, de fecha 2 de Junio de 2010, el Secretario General (A) de la Cámara de Diputados, comunica que esta Comisión estará integrada por los siguientes señores y señoras Diputadas: Mario Bertolino Rendic ; Giovanni Calderón Bassi ; Alberto Cardemil Herrera ; Aldo Cornejo González ; Marcelo Díaz Díaz ; Marcos Espinoza Monardes ; Felipe Harboe Bascuñán ; René Saffirio Espinoza ; Felipe Salaberry Soto ; Gonzalo Uriarte Herrera , y, las diputadas, señoras Andrea Molina Oliva ; Adriana Muñoz D´Albora ; y señora Claudia Nogueira Fernández .

La Comisión Especial pasó a constituirse con fecha 4 de Agosto de 2010, eligiendo, por unanimidad, como su Presidente , al H. Diputado señor Felipe Harboe Bascuñán y, con autorización de la Corporación, fijó la celebración de sus sesiones para los días miércoles, de 10:45 a 11:45 horas.

Para dar cumplimiento a lo encomendado por la H. Corporación, la Comisión abordó su tarea sobre la base de un plan de trabajo propuesto por los Diputados miembros de ella. En virtud del mismo, durante su funcionamiento citó y escuchó a personeros, tanto del ámbito público como del privado, quienes la ilustraron sobre la situación del Patrimonio Histórico, su estado actual, con motivo del terremoto de fecha 27 de febrero pasado y las posibles soluciones que se pueden barajar para su recuperación y conservación.

Fue así que la Comisión acordó el siguiente procedimiento:

-Invitar a exponer a las personas que puedan aportar su experiencia para el trabajo de la comisión.

-Solicitar a los organismos competentes la información necesaria para su trabajo.

-Enviar los oficios que la Comisión estime conveniente para requerir la información atingente al estudio que se le ha encomendado.

III. LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.

1. SESIONES REALIZADAS.

En cumplimiento con la labor encomendada por la H. Cámara, la Comisión realizó 17 Sesiones, en el período transcurrido entre el 04 de agosto y el 16 de marzo de 2011.

Del mismo modo, la Comisión se constituyo en visita inspectiva en la ciudad de la Serena con motivo de conocer la situación actual de nuestros valores históricos y recoger las diversas inquietudes de las distintas organizaciones que postulan por la conservación y reparación de edificios y monumentos que son parte importante de nuestra historia como país.

Asimismo, contó con la participación de representantes de las siguientes instituciones y organizaciones:

-Señor Sergio Contreras , Vicepresidente del Colegio Ingenieros y Presidente de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción .

-Señor Enzio Mosciatti , Presidente del Comité de Patrimonio arquitectónico y Ambiental.

-Señor Patricio Gross, Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.

-Señor César Otárola , Representante del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental.

-Señor Oscar Acuña , Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y Director Subrogante de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, acompañado de la arquitecto, señora Marcela Silva y la Periodista, señora Marcela Torrejón . Quienes dejaron a disposición de la Comisión la presentación digital de su exposición (**).

-Señora Rosario Carvajal , Presidenta de la Asociación Chilena de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales, acompañada de los siguientes delegados: Sra. Josefa Errázuriz , Sra. Gladys Vargas , Sr. Cristián González , Sr. César Otárola , Sr. Gastón Valenzuela , Sr. José Osorio , Sr. Vladimir Huichacura , y Sra. Claudia Manzur . Quienes dejaron a disposición de la Comisión la presentación electrónica de su exposición, como parte integrante de este informe

-Además, contó con la participación del Señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Luciano Cruz-Coke Carvallo .

-Señor Raúl Zaldivar Auge, Alcalde de la Municipalidad de la Serena .

-Señor Pablo Argandoña , Gobernador de Elqui .

-Señora Adriana Peñafiel , Directora Regional de SERNATUR . (IV Región)

-Señor Jorge Hurtado Torrejón , Concejal de la Municipalidad de La Serena .

-Señora Sonia Neyra , Presidenta de la Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas de la región de Coquimbo.

-Señor Ángel Durán , Director del Museo Arqueológico de La Serena .

-Señor Wilson Núñez , Alcalde (s) de Andacollo.

-Señora Alejandra Vio, Directora de Arquitectura , IV Región.

-Señor Raúl Vergara, Presidente del Colegio de Ingenieros de La Serena.

-Señor Rodrigo Irribarren , Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales de la región de Coquimbo .

-Señor Juan Zúñiga , Asociación de Barrios Patrimoniales, encargado regional de la Unidad de Patrimonio Cultural del Servicio de Salud de Coquimbo.

2. DOCUMENTOS SOLICITADOS.

a. Oficio N° 06/2010, con fecha 6 de agosto de 2010, de la Comisión por el cual solicita a la Directora de la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional, señora María Soledad Ferreiro Serrano , se sirva realizar un levantamiento y posterior informe de la actual normativa nacional e internacional respecto de la protección de Monumentos Nacionales como de Zonas Históricas e indique el posicionamiento de nuestro país en el ámbito internacional.

b. Oficio N° 09/2010, de fecha 12 de agosto de 2010, dirigido a la Presidenta de la Comisión de Cultura y de las Arte, señora Ximena Vidal Lázaro , a fin de que se sirva indicar las materias que actualmente están siendo objeto de estudio por esa Comisión, a fin de evitar la superposición de materias y temas relacionados.

c. Oficio N° 11/2011, de fecha 13 de enero de 2011, dirigido a la Presidenta de la Asociación de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales, señora Sonia Neyra Rojas , a fin de que se sirva remitir a esta Comisión Especial listado de declaratorias pendientes y suscritas por Chile, relativas al Patrimonio Histórico y Cultural del país.

3. DOCUMENTOS RECIBIDOS.

1. Documento remitido por la Biblioteca del Congreso Nacional que contiene información parcial respecto del Patrimonio Cultural Inmueble afectado por el Terremoto de febrero de 2010, el cual se adjunta en Anexo de este Informe.

2. Oficio N°70, de fecha 18 de agosto de 2010, del Director (S) de la Biblioteca Nacional, por el cual acusa recibo de solicitud de esta Comisión para que se elabore un Informe de la actual normativa nacional e internacional de la Protección del Patrimonio Histórico Inmueble como, asimismo, el posicionamiento relativo de nuestro país en el ámbito internacional.

3. Carta de fecha 9 de Noviembre de 2010, enviada por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la cual informa que el Consejo se encuentra en proceso de formulación de la nueva política cultural nacional, que regirá para el período 2011-2016, el que establecerá los principales ejes ligados al desarrollo cultural y artístico del país y anuncia una jornada que se llevará a efecto el día 30 de noviembre y en la que participarán agentes culturales calificados de la administración pública, de organizaciones sin fines de lucro, de la academia, instituciones privadas, representantes de distintos sectores artísticos y medios de comunicación, con la finalidad de generar una dinámica de interacción positiva y constructiva en representación de sus distintos campos culturales, con miras a la formulación de políticas públicas de nuestro sector.

4. Oficio N°4019, de fecha 16 de agosto de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales , por el que envía “Propuesta de Modificación de la Ley N°17.288” y un ejemplar de publicación “Nuestro Patrimonio Hoy”. Documentos incluidos en anexo al final de este informe.

5. Carta DSL/77, de fecha 18 de agosto de 2010, de la Jefa del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto a la que remite el documento “Categorías de Patrimonio Cultural Inmueble e Incentivos para su Conservación”. El cual se incluye en el anexo de este informe.

6. Documento de fecha 15 de septiembre de 2010, del Programa Conjunto PNUD-UE para combatir la descertificación, enviado por don Antonio Astudillo , Asesor Valle de Quilimarí , por el que solicita al Ministro de Educación la declaración como Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico de nueve (9) inmuebles, de la región de Coquimbo, correspondiente a cuatro (4) túneles, denominados: Las Palmas, Recto, Curvo y Las Astas; tres (3) puentes de piedra, denominados: La Laja , La Recta y Chico; y dos (2) puentes metálicos, denominados: El Ojo y Tilama , respectivamente, ubicados en las Comunidades de Tilama y Quelón, comuna de Ovalle, Provincia del Choapa , Región de Coquimbo. Éste se incluye en anexo de este informe.

7. Oficio N° 264, de fecha 18 de enero de 2011, suscrito por la Secretaria Ejecutiva (S) del Consejo de Monumentos Nacionales, señora Yolanda Valenzuela Montecinos , donde informa sobre la iniciativa del “Sistema Vial Andino - Qhapaq Ñan” que en quechua significa “Camino Principal” y es una expresión que se utiliza para refererirse a la extensa red vial que posibilitó la expansión del Tawantinsuyu o Estado Inca, hacia los territorios que actualmente corresponden a las naciones andinas de Colombia, Ecuador , Bolivia, Perú , Argentina y Chile. Comprende una extensión de 6.000 klm en dirección norte sur y más de 33.000 klm de infraestructura incorporada.

Sostiene que a pesar de contar con la aprobación favorable de iniciativas de inversión para el 2011 por parte de Mideplan, no les ha sido posible conseguir el financiamiento a través de la Subdere, para la generación e implementación del Plan de manejo y del Plan de capacitación: los que permitirían la formalización de instancias-unidas de gestión y declaratorias de protección. Esta negativa de financiamiento, implica poner un alto a los compromisos internacionales asumidos y ratificados el 4 de diciembre de 2010, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, en Mar del Plata, Argentina, en la cual S.E. Presidente de la República Sebastián Piñera y los otros cinco mandatarios; reiteran el apoyo al proyecto de integración cultural y de desarrollo del Sistema Vial Andino o Qhapaq Ñan a través de su nominación a la Lista del Patrimonio Mundial .

.8. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 19 de enero de 2011, que trata de la “Protección del patrimonio cultural inmueble a nivel comparado”. Se agrega documento como anexo al presente informe.

9. Documento dejado a la Comisión, con fecha 19 de enero de 2011, por el arquitecto señor Christian de Groote que contiene las recomendaciones del “Comité Técnico” para el mantenimiento y mejora del Parque Forestal en Santiago. Se agrega documento como anexo al presente informe.

IV. MARCO REGULATORIO.

1. Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales.

2. Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial.

3. Ley N° 18.985, que aprueba texto sobre donaciones particulares con fines culturales.

4. Decreto Ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.

5. D.F. L. N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

V. LEGISLACION COMPARADA.

Institucionalidad a cargo de su protección y conservación.

Chile.

En Chile la legislación nacional reconoce bienes que forman parte del patrimonio histórico arquitectónico en el ámbito nacional1 y en el ámbito local. Los primeros se declaran por decreto de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales2 y quedan bajo la tuición y protección del Consejo de Monumentos Nacionales, mientras que los segundos se señalan en los planes reguladores comunales, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcción3. Para estos últimos la legislación no establece una institucionalidad especial que esté a cargo de su protección y/o conservación.4

La institucionalidad a cargo de velar por el patrimonio histórico inmueble del ámbito nacional -Monumentos Históricos y Zonas Típicas- es el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico de carácter centralizado dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos -Dibam5- que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Educación.

Entre sus atribuciones está el pronunciarse sobre la declaratoria de los monumentos y conformar el registro de los mismos, elaborar proyectos o normas de restauración, reparación, y conservación de los Monumentos Nacionales y autorizar los trabajos de conservación reparación o restauración de estos, y proponer al Gobierno los reglamentos necesarios para dar cumplimiento a la ley.

La Dibam también cuenta con una unidad -el Centro Nacional de Conservación y Restauración-, que presta servicios especializados en investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural del país, y su quehacer está dirigido especialmente a instituciones.

Por su parte, corresponde al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes6 -CNCA- la misión de “contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación”7, y en este marco, le corresponde establecer vínculos de coordinación y cooperación con otras reparticiones públicas, y asegurar en coordinación con el Ministerio de Educación, que los contenidos culturales se vean plasmados en los programas formales de educación8. El CNCA cuenta con un programa especial de patrimonio cultural, mas éste concentra sus esfuerzos en el patrimonio de carácter inmaterial.

Además, se encuentra institucionalidad que cumple tareas temporales relacionadas con gestión y protección del patrimonio, tales como la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en tanto gestionan y administran un Programa de Puesta en valor del patrimonio regional, financiado a través de un crédito otorgado por el BID.

Colombia.

En Colombia, La Ley N° 1.185 de 2008 define un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los Bienes de Interés Cultural (BIC), distinguiendo entre aquellos que son del ámbito nacional, y los del departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras.

Además, la constitución colombiana señala algunos distritos históricos y culturales especiales que gozan de un régimen y carácter particular.9

La institucionalidad a cargo de la protección y conservación de los bienes históricos inmuebles se concentra en el Ministerio de Cultura, creado también el 2008.10 Éste cuenta con una Dirección de Patrimonio, encargada de implementar planes, programas y proyectos a través de cuatro líneas de acción: (1) conocimiento y valoración, (2) formación y divulgación, (3) conservación, salvaguardia protección, recuperación y sostenibilidad, y (4) fortalecimiento institucional.

A nivel local, los municipios, distritos, y departamentos tienen funciones y competencias análogas a las que tiene el Ministerio de Cultura sobre los bienes del ámbito nacional, pero en relación al patrimonio cultural del ámbito local.11

Adscrito al Ministerio de Cultura se encuentra además el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, órgano colegiado encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación.12 Éste también encuentra su expresión en el ámbito territorial, particularmente en los Consejos Departamentales de Patrimonio Cultural y los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural, cumpliendo funciones análogas al primero, pero en sus respectivos ámbitos territoriales y en relación a los bienes de interés cultural del ámbito local.

Destaca también la Fundación para la Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco Central de Colombia, que tiene por objeto fomentar, patrocinar y ejecutar programas de restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles considerados como monumentos artísticos, históricos y arquitectónicos de la Nación, pudiendo suscribir convenios o contratos con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas y celebrar contratos de compraventa para adquirir o enajenar los bienes de su patrimonio.

-Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.

El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural -SNPCN-, tiene por objeto “contribuir a la valoración, preservación, salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, divulgación y apropiación social del patrimonio cultural,(…) bajo los principios de descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía” . Con él se busca promover la apropiación social del patrimonio cultural, para lo cual propende a implementar programas y proyectos formativos y procesos de información a nivel nacional y regional, que incentiven la participación activa de las comunidades, instituciones, entes territoriales, colectividades y agentes culturales.

Está constituido por “el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planificación, financiación, formación, e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales de acuerdo a los principios de descentralización, diversidad, participación y autonomía”.13

Un ejemplo de la coordinación y aplicación del sistema nacional es el documento “Lineamientos de política para la recuperación de los centros históricos de Colombia”14 con participación del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En él se establecen lineamientos conceptuales, institucionales y operativos, para la articulación de las distintas entidades del gobierno nacional y territorial para fortalecer la preservación y el aprovechamiento de los Centros históricos, así como la gestión de recursos y la vinculación del sector privado a dichos procesos, e incluye además un plan de acción y de financiamiento.

Perú.

En Perú, y de acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural15 de la Nación, el patrimonio cultural inmueble se inscribe en un solo Registro Nacional.16

El julio de 2010 se crea el Ministerio de la Cultura de Perú, y el Instituto Nacional de la Cultura -institucionalidad que tenía a cargo el patrimonio cultural-, pasa a convertirse en estructura del mismo.17

En este marco, el Ministerio de la Cultura queda como el organismo rector en materia de cultura y de patrimonio cultural del Perú, y con competencia exclusiva para formular, evaluar y fiscalizar las políticas nacionales en ese ámbito, y para coordinar la implementación de la política nacional de su competencia con los demás sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.18

En lo que respecta al patrimonio histórico inmueble, destacan en su interior las siguientes instancias:

Dirección de Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano: Se encarga de su identificación, registro y estudio, así como de su preservación, conservación, puesta en valor y uso social.

Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico: Coordina, tanto a nivel institucional como interinstitucional, las acciones de protección, defensa, recuperación y repatriación del patrimonio cultural de la Nación, así como promover la formación de valores y el cambio de actitudes en la sociedad civil a favor de la protección y defensa del mismo. Todo ello, orientado además a las políticas, programas, y planes de desarrollo local, regional y nacional.

Oficina de Coordinación Regional: Coordina las Direcciones Regionales de Cultura para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A nivel regional, las Direcciones Regionales de Cultura que hasta antes de la creación del Ministerio de Cultura tenían la tarea de promover el estudio, mantenimiento y desarrollo de las diversas manifestaciones culturales vigentes, ahora les corresponde también la defensa y conservación del patrimonio histórico y arqueológico.

Por su parte, los Gobiernos Regionales pasan a compartir con el Ministerio para dictar normas y lineamientos técnicos para la protección, defensa, conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural, como también en la promoción, desarrollo de mecanismos, estrategias y programas en coordinación con los gobiernos locales, y éstos últimos pasan a compartir competencias con el Ministerio en prestar apoyo técnico y coordinar las acciones para la defensa, conservación, promoción, difusión y puesta en valor de los monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

^@#@ ^México .

En México se declara y protege el patrimonio cultural inmueble a nivel nacional, y a nivel de Estados. Los primeros deben ser inscritos en un registro nacional,19 mientras que los Estados se encargan de declarar y proteger aquel que se encuentra en sus territorios y que no está protegido por la Ley Federal.20

En México la institucionalidad a cargo de la protección y conservación del patrimonio histórico se encuentra tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ambos dependientes de la Secretaría de Educación, que reúne al sector de educación y al de cultura.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH):

-Tiene a su cargo la investigación, vigilancia, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural.21 Realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, mas sus tareas se llevan a cabo por medio de siete coordinaciones nacionales y 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República.22

-Tiene un área avocada específicamente al patrimonio edificado de la nación - la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos - y dentro de ésta existe una Unidad Técnica del programa de Emergencia de Sismos que coadyuva a la Coordinación en los procesos emergentes, acciones preventivas y la consecución de las acciones de rehabilitación y reconstrucción de los monumentos históricos afectados por los sismos.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Concalcuta).

-Cuenta con una Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural que se encarga de coordinar una serie de programas con líneas de acción específicas para la protección y preservación del patrimonio.23 Ésta se replica en cada Estado, y, siguiendo el ejemplo del de Veracruz de la Llave, se advierte que los gobiernos respectivos cuentan con facultades en cuanto a las acciones de identificación, registro, investigación, restauración, protección, fomento, uso, mejoramiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural del Estado.24

España.

En España, los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deben inventariarse o ser declarados de interés cultural, y de esta forma pueden pasar a gozar de la tutela de la ley,25 y éstos se registran e inventarían a nivel nacional, y también a nivel de cada Comunidad Autónoma.

La institucionalidad encargada de la protección y conservación del patrimonio cultural inmueble de España a nivel nacional se concentra en el Ministerio de Cultura. Éste dirige, gestiona y coordina la actuación de los siguientes órganos:

Dirección General de Bellas Artes y Archivos: Tiene a su cargo el Registro General de Bienes de Interés Cultural y lo hace a través de la Subdirección General de Patrimonio Histórico,26 la que se encarga de aplicar el régimen legal del patrimonio cultural y coordinar la actuación de los órganos con competencias en patrimonio cultural.

Instituto del Patrimonio Cultural de España: Encargado de la restauración, investigación, documentación, formación y asesoría en la conservación del Patrimonio Histórico.

Consejo del Patrimonio Histórico: Facilita la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información con las Comunidades Autónomas. Está constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del Estado.

Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español: Órgano consultivo colegiado responsable de la adquisición de bienes y de realizar las valoraciones necesarias a éstos para la aplicación de las medidas de fomento de dicho patrimonio.

Además, se establecen otras instituciones consultivas de la Administración del Estado para la protección del Patrimonio Cultural Histórico, entre ellas las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Cada Comunidad Autónoma tiene además sus propios organismos competentes para la ejecución en materia de protección de Patrimonio Histórico Español.

Asimismo, éstas tienden a establecer la “cooperación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua, entregando además a los municipios respectivos donde se hallaren los inmuebles, su colaboración activa, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos.27

Francia.

El Código del Patrimonio francés distingue dos niveles de protección de los monumentos históricos, sitios y espacios protegidos; aquellos que son de interés público, cuya declaratoria se otorga a través del Ministerio de la Cultura, y aquellos que se declaran bajo una protección “deseable”, correspondiendo en estos casos a las prefecturas regionales inscribirlos en un registro especial provisorio.

También existen zonas de protección especial, tales como ciudades históricas, centros antiguos marcados por una larga historia urbana o tejidos urbanos excepcionales.28

En Francia el principal órgano responsable del patrimonio cultural inmueble es el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación. Su Dirección General del Patrimonio (direction générale des patrimoines) está a cargo de la protección del patrimonio, de las autorizaciones de intervención y de la definición de los espacios protegidos.

Además define, coordina y evalúa la política del Estado en la materia, elabora los textos legislativos y reglamentarios, se encarga de encontrar los fondos y el personal necesario para implementar las acciones programadas.

Por su parte, la ley de la descentralización de 2004 transfirió una parte de las responsabilidades en asuntos de patrimonio a las regiones, en particular la conducta de estudios de inventario general.

Cada región francesa dispone de una dirección regional de los asuntos culturales, que representan un servicio desconcentrado dependiente del Ministerio de la Cultura. Éstas implementan a nivel regional/departamental las prioridades definidas por el ministerio, y al mismo tiempo, actúan como asesores y expertos.

Además el Código de Patrimonio señala dos instituciones de importancia, relacionadas con el patrimonio cultural:

Centro de Monumentos Nacionales: Es el órgano que tiene por misión mantener, conservar y restaurar los monumentos nacionales así como sus colecciones, de favorecer el conocimiento y la visita del público, cuando ésta es compatible con su conservación y su utilización.

Fundación del Patrimonio: Contribuye a la preservación del patrimonio cultural inmueble que no está afecto a las medidas de protección previstas en el Código del patrimonio a través de su conocimiento, conservación y desarrollo. Ayuda a las personas públicas o privadas, para la adquisición, el mantenimiento, la gestión y la presentación al público de estos bienes.

Incentivos para la protección del patrimonio cultural.

Chile.

La ley Monumentos Nacionales obliga a los propietarios a realizar tareas requeridas para la mantención del inmueble o sitio, sin embargo, no establece disposiciones relativas a incentivos especiales o mecanismos de financiamiento para realizar tales trabajos.

Se encuentran algunos incentivos y fondos en otros cuerpos normativos, y programas, los que son señalados a continuación:

Incentivos públicos.

-Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) cuenta con una línea de financiamiento destinada a proyectos de conservación, recuperación y difusión de bienes protegidos por la ley de Monumentos Nacionales.29

-Programas de puesta en valor del patrimonio financiados con préstamos BID.

El Programa de Puesta en valor del Patrimonio, ejecutado por la subdere a través de los Gobiernos regionales y con el apoyo técnico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo “proteger y recuperar edificaciones, conjuntos urbanos o sitios declarados Monumento Nacional, que generen beneficios socio-económicos que contribuyan al desarrollo de los territorios”.

El Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) surge en el año 2006 para intervenir de manera integral en el territorio urbano considerado área patrimonial de Valparaíso. Su monto total es de $ 74.000.000.

-Programa Fondo de la Reconstrucción del Patrimonio Material del CNCA.

Se trata de un fondo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 900 millones de pesos, para impulsar la reconstrucción de al menos 9 edificios inmuebles patrimoniales en las regiones afectadas por el terremoto del 27 de febrero. El CNCA aportará el 50% del costo total del proyecto de reconstrucción con un tope máximo de 100 millones de pesos en cada uno de las propuestas.30

Incentivos tributarios.

-La Ley de Impuesto Territorial31 exime a los Monumentos Históricos de este tributo, siempre y cuando no tengan fines comerciales.

-La Ley de donaciones culturales32 establece el beneficio de rebajar como un crédito tributario una determinada parte de los montos donados a las instituciones que se indican en dicha ley, y entre éstas se menciona el Consejo de Monumentos Nacionales.

A los donatarios se les exime de Impuesto a las Donaciones, y a los donantes se les concede un crédito tributario directamente aplicable contra el Impuesto a la Renta, del 50% del valor de la donación, con límite del 2% de la base imponible del año o 14.000 Unidades Tributarios Mensuales (UTM).

Colombia.

a. Incentivos públicos.

El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establece estímulos especiales y promociona la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Según el Departamento Nacional de Planeación, las principales fuentes de financiación del sector cultura (en general) en el país son:

-Recursos de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación . Su asignación se realiza de acuerdo con los proyectos presentados por el Ministerio de Cultura, que hayan sido inscritos previamente en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN del Departamento Nacional de Planeación y que cuenten con la respectiva viabilidad.

-Recursos de Propósito General del Sistema General de Participaciones, establecido en la Ley 715 de 2001. Del total de los recursos de Propósito General se destina el 3% a la cultura.

-Recursos generados por la Estampilla Procultura: Las asambleas departamentales y consejos municipales tienen la facultad para crear la estampilla Procultura. Estos recursos son administrados por el respectivo ente territorial al que le corresponda el fomento y estímulo de la cultura, con destino a proyectos acorde con los planes nacionales y locales de cultura.

-Recursos propios de los Entes Territoriales.

-Recursos provenientes del 1% de los 4 puntos adicionados al IVA a la telefonía móvil. Estos recursos son girados a través del Ministerio de Cultura a los departamentos y al Distrito Capital, con el fin de que sean invertidos, a través de convenios con los municipios, en proyectos que prioricen la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural de cada región. El Ministerio de Cultura, junto con los entes de control y sin perjuicio de los principios de descentralización y autonomía, realiza el seguimiento y da orientación a los entes territoriales para el uso y ejecución de estos recursos.

La Fundación para la Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco Central de Colombia fomenta, patrocina y ejecuta programas de restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles considerados como monumentos artísticos, históricos y arquitectónicos de la Nación.

b. Incentivos tributarios.

Los propietarios de bienes muebles e inmuebles declarados como de interés cultural, o los terceros que hayan solicitado y obtenido dicha declaratoria, pueden deducir la totalidad de los gastos en que incurran para la elaboración de los Planes Especiales de Protección, y para el mantenimiento y conservación de estos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.

Según el Estatuto Tributario colombiano,34 los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable a ciertas entidades específicas, así como a las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, y otros. El valor a deducir por este concepto, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la donación.

^@#@ ^México .

a. Incentivos públicos.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuenta con una Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural que coordina programas con líneas de acción específicas para la protección y preservación del patrimonio: el Fondo de restauración de monumentos y bienes artísticos, Programa de Conservación de monumentos muebles e inmuebles de propiedad federal en entidades federativas, Programa Nacional de Catedrales , Programa de atención a comunidades, entre otros.

Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tendría un presupuesto para el 2011 de dos mil 612 millones 573 mil 596 pesos mexicanos, de los cuales el 67% (esto es mil 751 millones), se destinan a la incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación.

Además, cada entidad federativa y el Gobierno de la Ciudad de México asignan sus propios presupuestos, adicionales a los de la Federación, destinados al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y a los programas educativos locales.

b. Incentivos tributarios.

La Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, señala que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de la ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen técnico que expida en instituto competente, de conformidad con el reglamento. Los Institutos promoverán ante los Gobiernos de los Estados la conveniencia de que se exima del impuesto predial, a los bienes inmuebles declarados monumentos, que no se exploten con fines de lucro.

Perú.

a) Incentivos públicos.

Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, los recursos económicos para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación provienen de: a) Las asignaciones del Tesoro Público; b) Los recursos directamente recaudados por los organismos competentes; c) Las donaciones y legados, y d) Los provenientes de la Cooperación Internacional.35

El total asignado al sector cultura para 2011 es de 373 millones 679 mil 451 soles peruanos,36 que comprende los pliegos del Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú.

También se entrega en concesión para la prestación de Servicios Turísticos, ciertos inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, para permitir de este modo la inversión privada que permita la recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los mismos.37

b) Incentivos tributarios.

La Ley del Impuesto a la Renta peruana permite a las empresas descontar hasta el 10% de lo que pagan al Estado por Impuesto a la Renta (IR) para destinarlo al financiamiento de actividades con fines culturales, científicos, artísticos o educativos.

Asimismo, según la Ley Nº 28.296 general del patrimonio cultural de la nación, las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de bienes culturales muebles e inmuebles gozan de los siguientes beneficios tributarios:

-No están gravados con el Impuesto Predial los predios declarados monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura.

-No están gravadas con el Impuesto de Alcabala las transferencias a título gratuito u oneroso de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que efectúe el Gobierno Central, Regional y las Municipalidades, a favor del Instituto Nacional de Cultura, Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación.

-Asimismo, la ley dispone que las donaciones que efectúen las personas naturales o jurídicas, para conservar, restaurar y valorizar los bienes culturales a favor del Sector Público Nacional y entidades sin fines de lucro serán deducibles como gasto.

Actualmente, se encuentra en tramitación un proyecto de ley que regula y promueve el mecenazgo cultural y los incentivos fiscales para su promoción. El proyecto de ley dispone que, por el monto invertido en cultura, el donante puede deducirlo como gasto para el pago del impuesto a la renta. Los proyectos que se pueden financiar a través del mecenazgo deberán consistir, entre otros, en la conservación, restauración y promoción del patrimonio histórico, pudiendo ser beneficiarios las entidades públicas o privadas sin fines de lucro, que presenten un proyecto cultural al Instituto Nacional de Cultura. Hay dos tipos de incentivo, los del “benefactor” (100% deducción), y los del “patrocinador” (50% deducción).38

España.

a. Incentivos públicos.

La ley del Patrimonio Cultural Histórico de España estipula un conjunto de medidas fiscales en su Título VIII, las que se describen a continuación.

-El gobierno debe disponer de medidas necesarias para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación, en bienes declarados de interés cultural, tengan preferente acceso al crédito oficial.

-1% cultural: en el presupuesto de cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado, debe incluirse una partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Existe una Comisión Interministerial para la coordinación del 1%.39

Por último, cabe señalar que para el 2011, las iniciativas relacionadas con la administración, conservación, restauración y protección de Patrimonio Histórico, corresponden al 17, 1% del total del presupuesto general destinado a cultura.40

b. Incentivos tributarios.

-Los bienes inmuebles declarados de interés cultural, se exceptúan del pago de impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

-Las personas contribuyentes del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas tienen derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20% de las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural. Esta deducción no puede exceder el 30% de la base imponible. Lo anterior también aplica para las donaciones puras que se hagan a bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español en favor del Estado y demás Entes Públicos, o en favor de los establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública por los Órganos competentes del Estado.

-Los sujetos pasivos de impuesto sobre Sociedades tienen derecho a deducir un porcentaje de las sumas que destinen a la adquisición, conservación, reparación restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, según reglamento. La cuantía de la deducción no puede exceder el 30% de la base imponible.

-El pago de las deudas Tributarias puede efectuarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, según reglamento.

Mecenazgo.

La Ley N° 49/200241 tiene el objetivo de fomentar las iniciativas de mecenazgo y promover la participación de la sociedad civil en la defensa del patrimonio histórico y artístico de dos formas: incrementado los incentivos fiscales al mecenazgo así como mejorando la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos. La Ley define los donativos, donaciones y aportaciones reconocidos como mecenazgo y las entidades (sin fines de lucro) en el favor de las cuales se pueden realizar. Además, los artículos 25 a 27 de la Ley señalan otras formas de mecenazgo: Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, gastos en actividades de interés general y programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Las normas de la ley sobre el mecenazgo se complementan por disposiciones del derecho fiscal, otorgando beneficios fiscales específicos para inversiones, gastos y donaciones en relación con el patrimonio cultural español.

Francia.

a. Incentivos públicos.

Los montos asignados de parte del Estado a la conservación del patrimonio reconocido y clasificado provienen del presupuesto del Ministerio de la Cultura.

El Estado financia sobre todo los trabajos de restauración y de mantenimiento, como también la elaboración de planes para zonas especiales. Este financiamiento puede alcanzar hasta un 40% de los gastos. Los departamentos (regiones) y la Unión Europea complementan esta ayuda financiera.

Por su parte, a través de la Fundación del Patrimonio se ayuda a personas públicas o privadas en la adquisición, el mantenimiento, la gestión y la presentación al público del patrimonio cultural inmueble que no está afecto a las medidas de protección previstas en el Código del Patrimonio.

b. Incentivos tributarios

El Estado francés concede ventajas fiscales bajo tres condiciones:

-el monumento histórico debe pertenecer a una persona física (y no a una sociedad, salvo en casos especiales)

-el monumento histórico no se debe poner en copropiedad

-el propietario tiene que comprometerse a conservar el monumento histórico al menos durante 15 años

Se permite la deducción de ciertos gastos de los ingresos totales (es decir de la base imponible). En caso de trabajos de reparación o de mantenimiento ejecutados por el Estado como administrador, los gastos restantes de parte del propietario son deducibles en un 100%. Respecto de otros gastos relacionados con el monumento, se permite la deducción total si el monumento está abierto al público.42 Si no, se permite una deducción de un 50%. Asimismo, se permiten deducciones respecto del IVA (por ejemplo, las entradas vendidas gozan de una exoneración total de IVA).

En caso de herencia o de donación de un monumento, el Estado renuncia al derecho de percibir impuestos de mutación,43 si los beneficiarios se comprometen por su parte a respetar ciertas condiciones (como apertura al público, exposición de muebles, etc.).

Para las zonas especiales, también se pueden hacer valer deducciones fiscales. Los propietarios de viviendas que arriendan sus espacios durante al menos 6 años tienen el derecho de deducir ciertos gastos de manutención.

Mecenazgo.

La Ley Nº 2003-709 del 1º de agosto 2003 relativo al mecenazgo, dispone que las empresas que realizan donaciones a las asociaciones y a las fundaciones de utilidad pública pueden deducir el equivalente al 60% de su aportación, y en el caso de los particulares, los donantes pueden beneficiarse de una reducción de impuestos igual al 66% del valor de sus donaciones. Al mismo tiempo, se creó “La Mission du Mécénat” como organismo dependiente de la Subdirección de Desarrollo de la Economía Cultura del Ministerio de la Cultura y la Comunicación. La misión tiene entre sus objetivos “coordinar y profesionalizar la acción de dicho Ministerio y de los actores culturales en materia de mecenazgo, desarrollar y potenciar los “círculos de mecenas y donantes”, (…) influir en mejoras en la legislación del mecenazgo y en general potenciar y favorecer la cultura del mecenazgo”. Además, la ley simplifica la creación y el funcionamiento de las fundaciones culturales y las favorece fiscalmente.

CONCLUSIONES.

Representatividad nacional y local del patrimonio cultural arquitectónico e institucionalidad a cargo de su protección.

-La mayoría de los países reconocen y protegen bienes culturales inmuebles a nivel nacional y a nivel local, salvo en el caso de Perú, donde sólo se encontró su registro a nivel nacional.

Solo Chile reconoce y señala ambas categorías en distintos cuerpos normativos y solo establece medidas concretas de protección, incentivos y un órgano particular a cargo de su tutela en el caso de bienes del ámbito nacional. Los demás países reconocen a ambas catego-rías en una misma norma, señalando asimismo la institucionalidad a cargo en cada caso, y quedando todas afectas a los incentivos para su conservación.

Institucionalidad.

En el caso de Chile y México, la protección del patrimonio cultural histórico depende del sector educación, del que depende a su vez el sector cultura. El resto de los países cuentan con un Ministerio de Cultura responsable de todo lo relativo a la protección del patrimonio cultural, advirtiéndose su reciente creación en el caso de Colombia (2008) y Perú (2010).

Aquellos países que concentran la tarea de protección del patrimonio cultural en el Ministerio de Cultura, cuentan también con instancias de coordinación para la implementación de la política nacional con los demás sectores, gobiernos regionales y locales, y demás actores involucrados.

Solo en el caso de Chile el órgano encargado de velar por el patrimonio cultural inmueble reconocido en la ley tiene carácter concentrado (no tiene sede en regiones), y no cuenta con recursos para apoyar las acciones de conservación y restauración de los bienes.

Asimismo, solo en el caso de Chile, y en menor medida en México, la institucionalidad con competencias en la materia se encuentra dispersa.

En todos los países estudiados, a excepción de Chile, las leyes sobre protección del patrimonio cultural reconocen cierto grado de autonomía a los gobiernos regionales y locales, o al menos se señalan funciones y competencias claras en la protección y conservación del patrimonio cultural de su respectivo ámbito territorial.

Incentivos para la conservación.

Todos los países revisados destinan una parte de su presupuesto a la conservación del patrimonio cultural. En el caso de Chile, la ley señala para este objetivo solo una de las líneas de los fondos regionales concursables de cultura, Fondart y los otros fondos detectados corresponden a prestamos BID, o a acciones de emergencia producto del sismo de 2010.

Algunos países ponen a disposición otras formas de incentivos directos fondos o bienes aportados por el estado. Se trata por ejemplo de acceso facilitado a créditos de construcción (España), de recursos provenientes de un aumento de IVA en el campo de la telefonía móvil (Colombia), o de la obligación de destinar en los contratos de obras pública al menos un 1 % a trabajos de conservación del patrimonio histórico (España), o a partir de subsidios directos del Estado para los propietarios privados de monumentos históricos en necesidad de restauración (Francia).

En el campo de los incentivos tributarios, se encuentran los siguientes dos modelos:

-Beneficios para los dueños del bien: Se trata de derechos a deducción de gastos de mantenimiento de la base imponible del impuesto sobre la renta, y de la exención de ciertos impuestos.

-Beneficios para aportantes terceros: las donaciones e inversiones dan derecho a deducción (total o parcial) de la base imponible del impuesto sobre la renta.

El mecenazgo cultural es un tema de importancia para la mayoría de los países revisados. España y Francia por ejemplo disponen de un sistema avanzado de incentivos para el mecenazgo cultural. Francia creó una “misión del mecenazgo”, la que coordina y profesionaliza la acción de los actores culturales en materia de mecenazgo. En Perú, se encuentra actualmente en tramitación un proyecto de ley que regula y promueve el mecenazgo cultural.

VI. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

1. Don Sergio Contreras, Vicepresidente Colegio Ingenieros y Presidente de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción:

Durante su intervención destacó que: “El adobe desde el punto de vista estructural, es un material que no tiene la certeza de su comportamiento mecánico y especialmente ante los sismos. No es posible predecir su comportamiento y nos deja en situación de riesgo.

Existe la necesidad de realizar reestructuraciones en los edificios patrimoniales. Para esto es necesario tener conocimientos específicos no tradicionales. Además faltan normas que precisen la responsabilidad ante estas reestructuraciones. Hoy no hay profesionales que quieran intervenir ni trabajar en esto porque no existe una norma que les delimite su responsabilidad. Las construcciones en tierra no tienen normas que las regulen.

Hoy las normas sobre construcción anti sísmicas proscriben los materiales que no estén normados, dejando afuera al adobe. No se puede aprobar una construcción que esté hecha con materiales no normados.”

2. Don Ezio Mosciatti. Presidente Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental.

“En Chile no están dadas las condiciones de tener una política de patrimonio. Hoy día lo que vemos es que se responde a contingencias, pero no a una política.

Es fundamental generar una legislación donde se incorporen nuevas concepciones sobre patrimonio; donde se establezcan jerarquías, porque hoy día todos los monumentos históricos son iguales. Eso es absurdo y no resiste análisis.

Hoy no hay consenso en qué se entiende por patrimonio. Eso no está claro. Sin esta base no es posible avanzar en forma significativa.

Esta el patrimonio natural, arqueológico, particular, pero el grueso está en la preservación la diversidad de nuestras identidades. En este sentido hay distintos niveles de patrimonio. Se podría hacer un mapa de patrimonio.

El patrimonio no es lo que dictamina el Estado de Chile, sino lo que identifica al Estado de Chile.

Como se recoge dicha identidad y se plasma en una legislación y en una institucionalidad que sea coherente y complementaria. Sin duda que habrá funciones que le corresponde al Estado, a un ministerio, a las municipalidades y también a las pequeñas comunidades en distintas escalas y jerarquías.

Se requiere también un plan de contingencias frente a calamidades. Chile es un país de terremotos.”

3. Sr. Patricio Gross . Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile .

Concepto de Patrimonio .

“Lo primero es definir qué se entiende por Patrimonio. Hay una tendencia que circunscribe el Patrimonio sólo a los bienes protegidos por el Estado y esa ha sido la visión tradicional. Sin embargo hoy podemos decir que Patrimonio es todo aquello que la gente o la sociedad reconocen y le da significado. Aquello que la represente de alguna manera. Por tanto es un concepto mucho más amplio que no está circunscrito sólo a aquello que está protegido por ley. De hecho las obras protegidas por ley son una mínima parte de lo que es patrimonio.

Otra cosa importante es que patrimonio no abarca sólo las cosas construidas, sino que también existe la intangibilidad e inmaterialidad del patrimonio como son los bailes típicos.

Otro aspecto relevante es que el patrimonio es dinámico, cambiante, es patrimonio vivo.

Áreas del Patrimonio. Existen tres áreas del patrimonio, saber:

-El patrimonio natural

-El patrimonio cultural (construido), y

-El patrimonio humano.

Estas tres áreas están estrechamente relacionadas

Que ha pasado en Chile? En este aspecto es necesario destacar dos hechos: el primero es la declaratoria de los sitios patrimonio de la humanidad, como fue en el año 2003 Valparaíso. Esto, de alguna forma, hizo que la gente tomara conciencia de la importancia del patrimonio.

Propuestas.

I.- Reformulación Legislativa.

Se propone, derechamente, la creación de un Ministerio de la Cultura, con dos áreas que podrán ser subsecretarías después:

-El área de conservación del patrimonio cultural, y

-El Área de creación cultural.

La propuesta no contempla la desaparición del Consejo Nacional de la Cultura, sino que más bien se convierta en un Consejo Consultivo Nacional, de modo de garantizar los medios de participación ciudadana.

Entonces se crearía un Ministerio que tendría un Consejo Nacional de la Cultura, como existe en USA.

Dentro de esta institucionalidad debería estar el Consejo de Monumentos Nacionales relacionándose con el Ministerio de la Cultura.

Otra propuesta, dentro de esta misma línea, es la creación de Corporaciones. El esquema sería el siguiente: la creación de un Ministerio de la Cultura, con sus Direcciones Generales y que los ejecutores sean las Corporaciones. Estas Corporaciones son organismos independientes, autónomos, descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que ejecutan lo planificado por el Ministerio. Habrá entonces una Corporación del Patrimonio Cultural, de las Artes Escénicas, del Libro, y esto daría un enorme dinamismo, pues la Corporación recibe donaciones, hace convenios, contratos, arman negocios y, en términos generales, se maneja como una empresa. Este es un modelo muy moderno y que es de concertación pública-privada.

II. La incorporación del Patrimonio Intangible, que no está en nuestra legislación;

III. La coordinación de las competencias.

Aquí está el hecho de la multiplicidad y duplicidad de instituciones, como son, la Dirección de Arquitectura del MOP, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Departamento de Patrimonio del Minvu, hay patrimonio en el Ministerio de Defensa, Salud también la tiene, etc. Esto muestra que hay una falta de coordinación evidente en este tema, que esperamos sea modificado por esta nueva institucionalidad del patrimonio.

IV. La Modificación de la Ley 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales que es del año 1970 y que tiene su antecedente en una ley del año 1925;

Esta ley establece que se puede conservar, pero no autoriza para impedir una demolición y eso es lo más atentatorio contra la conservación, pero esto no está en la ley.

V.- El reconocimiento del Patrimonio Privado como acreedor de franquicias y actuaciones.

La ley de donaciones excluye al patrimonio privado. Esto no es posible. Hoy día un privado que invierte en su patrimonio, que es patrimonio nacional, no pueda descontar impuestos.

¿Qué pasa con el adobe?

Hay que distinguir entre viviendas nuevas y usadas. Respecto de las nuevas nos oponemos al adobe porque no tiene un comportamiento asegurado como otros materiales. La albañilería se mantiene mejor que el adobe por ejemplo.

Respecto de la reconstrucción de edificios patrimoniales, es distinto. No se puede echar abajo todas nuestras construcciones patrimoniales por estar edificadas con el adobe. Existen reforzamientos al adobe que lo hacen más dúctil, para que no colapse. Eso se puede trabajar o recuperar dentro de ciertos materiales y técnicas. Perú tiene mucha investigación al respecto.

No todo lo que es inhabitable es demolible. Puede que no se pueda habitar, pero se puede recuperar, restaurar. En el mismo sentido, no es lo mismo desarmar que demoler.”

4. Don César Otárola , representante del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental.

“El adobe después del terremoto se ha criminalizado completamente. El adobe es un sistema constructivo. El adobe no es malo. Lo que ocurre es que los terremotos son acumulativos y también la falta de mantención de las viviendas es un factor importante. El adobe tiene la gracia que acusa cualquier problema, pero éste se tapa con estuco lo que impide que el adobe haga su labor.

Hay transformaciones a las viviendas que hacen que el adobe pierda sus propiedades. La construcción criolla es la madera y la tierra. Se ha perdido la tradición en la construcción tradicional.

Reconstrucción de fachadas. Falsos históricos.

Habría que evitarlo a toda costa. Caemos en el falso histórico, en el fachadismo, cuando lo que queremos es recuperar una forma de vida. Ese es el verdadero sentido del patrimonio.”.

5. Don Oscar Acuña , Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y Director Subrogante de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, acompañado de la arquitecto, señora Marcela Silva y la Periodista, señora Marcela Torrejón .

Dejaron a disposición de la Comisión una presentación digital de su exposición, Modificación de Ley 17.288 y ejemplar de publicación “Nuestro Patrimonio Hoy”, el cual contiene una nómina detallada y fotos del Patrimonio dañado en las regiones que se indican:

-Región de Valparaíso:

1. Iglesia y Convento de San Francisco de Curimón.

2. Casa de don Domingo Faustino Sarmiento .

3. Iglesia y Convento de San Francisco del Barón .

4. Palacio y Parque Vergara.

-Región Metropolitana de Santiago:

1. Iglesia San Pedro .

2. Iglesia Nuestra Señora de La Divina Providencia.

3. Iglesia de San Isidro Labrador .

4. Basílica del Salvador .

5. Basílica de Los Sacramentinos.

6. Mausoleo Claudio Vicuña .

7. Casa Esquina ex Fundo Rangue.

8. Casona de la Hacienda Alhué.

-Región del Libertador General Bernardo O’Higgins:

1. Iglesia de La Merced.

2. Casa de don Calixto Rodríguez .

3. Casa del Pilar de Piedra .

4. Casa Patronal de ex Fundo El Puente .

5. Edificio de la Gobernación Provincial de Cachapoal.

6. Casa Hodgkinson de Graneros.

7. Estación de Ferrocarriles de San Francisco de Mostazal.

8. Iglesia de Guacarhue.

9. Pueblo de Zúñiga.

10. Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

11. Casa Parroquial Nuestra Señora de la Merced.

12. Parroquia San Nicodemo de Coinco.

13. Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Codegua.

14. Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

15. Iglesia de San Francisco.

16. Liceo Neandro Schilling .

17. Hacienda San José del Carmen de El Huique.

18. Estación de Ferrocarriles de Placilla.

19. Casona Agustín Echeñique .

20. Centro Histórico de la Ciudad de Lolol.

-Región del Maule:

1. Iglesia de San Francisco de Curicó.

2. Escuela Presidente José Manuel Balmaceda .

3. Santuario Nuestra Señora del Rosario de Lora.

4. Aduana de Los Queñes.

5. Casa de la Independencia.

6. Ex Casa Patronal de Huilquilemu.

7. Iglesia de la Comunidad Apóstol Pedro.

8. Mercado Central Municipal de Talca .

9. Edificio de la Intendencia de la Región del Maule.

10. Capilla de Huenchullami.

11. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Curepto.

12. Santuario Inmaculada Concepción de Corinto.

13. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Gualleco.

14. Capilla Nuestra Señora del Carmen de Batuco.

15. Parroquia San Ignacio de Empedrado.

16. Ramal Ferroviario Talca-Constitución.

17. Parroquia Corazón de María de Linares.

18. Templo Parroquial Niño Jesús de Villa Alegre.

19. Iglesia de Nirivilo.

20. Parroquia San Luis Gonzaga de Sauzal.

-Región del Bio Bío:

1. Capilla del Hospital San Juan de Dios de Chillán.

2. Murales de la Escuela México.

3. Casa donde nació Violeta Parra .

4. Casa cuna de Arturo Prat.

5. Casco Histórico del Pueblo de Cobquecura.

6. Casas Patronales y Parque Fundo Hualpén.

7. Teatro del Liceo Enrique Molina .

8. Planta Hidroeléctrica de Chivilingo.

9. Mina Chiflón del Diablo .

10. Parque Isidora Cousiño.

11. Capilla del Hospital San Sebastián de Los Ángeles.

12. Fuerte de Nacimiento.

6. Doña Rosario Carvajal, Presidenta de la Asociación Chilena de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales.

Asiste acompañada de los siguientes delegados: Josefa Errázuriz , Gladys Vargas , Cristián González , César Otárola , Gastón Valenzuela , José Osorio , Vladimir Huichacura , y Claudia Manzur . Dejaron a disposición de la Comisión presentación electrónica de esta exposición, además, de una guía de Zonas Típicas de Chile.

7. Don Raúl Saldivar , Alcalde de La Serena .

Expone y señala como importantes los incentivos a la conservación a nuestro Patrimonio Histórico. Sugiere revisar las franquicias tributarias de inmuebles en manos de particulares, como también, considerar proyectos privados en hotelerías y la recuperación de dichos inmuebles. Además sostuvo crear un fondo para obras patrimoniales. Revisar la Ley de Urbanismo y Construcciones en lo que dice relación con zonas típicas. Revisar la Ley de Transporte. Financiar equipos de gestión. Contar con un cuerpo especializado de arquitectos. Enfatiza que esas sugerencias son muy necesarias y que es conveniente establecer normas para proteger nuestro patrimonio. Su presentación se adjunta a este informe.

8. Señora Sonia Neyra , Presidenta de la Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas de la región de Coquimbo.

Dejó a la Comisión presentación digital de su presentación, la que se adjunta al final del presente informe como Anexo 9.

9. Señor Ángel Durán , Director del Museo Arqueológico .

Destacó la importancia que las Comisiones del Congreso se hagan presente en el lugar donde existen monumentos y lugares históricos de interés patrimonial.

Vuestra Comisión, luego de conocer y analizar el material recopilado en su investigación, junto a la colaboración de la Biblioteca del Congreso Nacional, arribó a las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES FINALES.

Antecedentes y consideraciones generales.

1.- Evolución del concepto actual de patrimonio histórico cultural.

El patrimonio histórico cultural comprende todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, heredadas de generación en generación, y que se constituyen en factores que identifican y diferencian al país o la región donde se emplaza. En este sentido, el patrimonio es producto de un proceso histórico, dinámico, y es una categoría que se va conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones, que llevan a obtener una concepción determinada de los que es patrimonio, y del uso que se le da.

Se distingue entre patrimonio histórico cultural mueble e inmueble, siendo estos últimos obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico).

Se entiende por “patrimonio histórico arquitectónico” el conjunto de bienes edificados, heredados del pasado, a los que cada sociedad reconoce un valor cultural.

2.- El reconocimiento e identificación del patrimonio histórico arquitectónico en Chile: Legislación antigua y anacrónica que no responde a la noción actual de patrimonio cultural.

La legislación nacional reconoce 4 categorías de inmuebles con valor patrimonial histórico arquitectónico. La Ley de Monumentos Nacionales (Decreto Ley No 651 de 1925, y Ley N° 17.288 de 1970) establece las categorías de Monumento Histórico y Zona Típica, las que se declaran vía decreto, se encuentran bajo la tuición y protección del Consejo de Monumentos Nacionales. Al año 2009 existían 696 Monumentos Históricos y 103 Zonas Típicas protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales a lo largo del territorio nacional.

La Ley General de Urbanismo y Construcción en su artículo N° 60 reconoce a Inmuebles de Conservación Histórica y Zonas de Conservación Histórica, los que se señalan en los planes reguladores comunales. Las modificaciones a algunas de estas categorías deben ser autorizadas por la Secretaria Ministerial de la región respectiva.

Se constata la ausencia de reconocimiento para otras categorías patrimoniales existentes en el país, que permitan su protección y cuidado.

3.- Proceso de deterioro y destrucción del patrimonio cultural histórico.

Se advierte un proceso creciente de deterioro y destrucción del patrimonio cultural, especialmente el de tipo arquitectónico debido a la falta de mantención y cuidado de los bienes; a intervenciones inadecuadas de los propietarios y terceros, quienes no cuentan con directrices claras ni una orientación profesional al respecto; a la ausencia de normas e incentivos para la protección y conservación de los inmuebles y zonas patrimoniales señalados en los planes reguladores, y en definitiva, a la inexistencia de una Política de Estado que propicie las condiciones adecuadas para su conservación.

La respuesta que hubo frente a los daños causados por el sismo de febrero de 2010, donde se destruyeron y demolieron una gran cantidad de edificios y zonas con valor patrimonial, es una demostración de la falta de conciencia del valor que este patrimonio significa para la sociedad en su conjunto.

La ocurrencia de estos hechos, además de minar de manera considerable nuestro patrimonio cultural edificado, deja en evidencia la ausencia de una cultura de protección y cuidado de uno de los elementos que construyen nuestra identidad nacional, que es valorado actualmente como una herramienta de desarrollo fundamental de los pueblos y comunidades.

VIII. CONCLUSIONES FINALES.

1.- Necesidad de establecer una Política Nacional sobre el Patrimonio, que permita definir los criterios que se aplicaran, a quiénes y con qué instrumentos se velara por su reconocimiento, conservación y difusión.

Se plantea la necesidad de contar con una Política Nacional sobre Patrimonio, que cree el marco de acción en que se desenvolverán las acciones y decisiones que involucren el patrimonio nacional, de manera de generar un marco conceptual que sustente las decisiones; y homologue y valide sus preceptos a nivel nacional.

Lo anterior sin perjuicio de la necesidad de incorporar en este instrumento consideraciones que permitan las decisiones locales y los procesos de participación ciudadana.

Al respecto vuestra Comisión propone:

i. La creación de una política nacional patrimonial, que consagre la obligación del Estado y la sociedad toda de conservar y mantener el patrimonio cultural histórico nacional.

ii. Esta política debiera tener como pilar la protección y gestión sustentable del patrimonio, y el desarrollo de su potencial como agente de promoción y enriquecimiento social, material y espiritual.

iii. Debe además contemplar mecanismos de participación de todos aquellos actores involucrados en la protección, conservación y gestión del patrimonio cultural, incorporando y rescatando especialmente las propuestas, necesidades y puntos de vista de las personas y colectividades organizadas de las zonas amparadas por la protección patrimonial.

2.- Necesidad de modificar la legislación vigente, incorporando la concepción actual de patrimonio cultural.

El concepto de patrimonio corresponde a un concepto subjetivo que manifiesta la evolución de la sociedad que lo sustenta. Hacia la década de los noventa el concepto de patrimonio se habría consolidado no sólo como “lo heredado del pasado”, sino también como un recurso social e identitario para ser usado como herramienta de desarrollo,44 y las posturas más recientes relevan además su condición de realidad viviente, y su fuerte imbricación con las comunidades que lo ocupan y habitan cotidianamente.

Actualmente reconocemos el valor de categorías patrimoniales que no se encuentran reflejadas en nuestra legislación. Este es el caso de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales que data de 1970 -pero responde al mismo esquema de la legislación original del área dictada en 1925- y en ella prevalece una noción de patrimonio de carácter monumental sin consideración al entorno arquitectónico y social en que se emplaza. En conclusión, nuestra actual legislación es antigua y anacrónica, y no responde a la noción actual de patrimonio cultural.

En este sentido vuestra Comisión propone:

i. La incorporación de categorías de reconocimiento de las obras que recojan los aspectos sociales y culturales, tanto de artistas como de creadores sin distinción, que reflejen la memoria de una sociedad, acorde a como lo han definido instituciones como Unesco: “el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.”45

ii. La construcción de un sistema de protección que permita su cuidado, mantención y también permita el uso colectivo y su gestión por parte de aquellas personas y grupos que lo habitan y lo ocupan, asignándole los valores que le confieren su condición de patrimonio.

3.- Necesidad de establecer categorías de protección que permitan preservar tanto las obras como sus entornos físicos y culturales en los cuales cobran sentido.

La gran mayoría de los inmuebles con valor patrimonial no están reconocidos en las categorías de patrimonio cultural que establece la Ley de Monumentos Nacionales, sino que a través de los Planes Reguladores Comunales (PRC). Las categorías posibles son inmuebles de conservación patrimonial o zonas de conservación patrimonial, de acuerdo al artículo N° 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

La experiencia internacional da cuenta de la necesidad de que los sistemas de reconocimiento no sólo consideren al edificio singular sino también de su entorno físico para incorporar los aspectos inmateriales o intangibles asociados a los usos del edificio, y que dicen relación con las personas - colectividades que lo “acompañan” (oficios relacionados, entorno del edificio para que éste mantenga sus valores, etc.).

Por otra parte, en las declaratorias a las distintas categorías, no se incluye una fase posterior de gestión que resguarde la permanencia de las condiciones que los valoran.

Si bien la planificación urbana reconoce zonas e inmuebles de carácter patrimonial, no se establece una mirada integral sobre él, que comprenda no solo su reconocimiento sino formas de intervención que posibiliten su cuidado y también su incorporación como activos de una ciudad.

Desde esta perspectiva vuestra Comisión propone:

i. Ampliar la clasificación de categorías patrimoniales ya existentes, incluyendo entorno, conjunto, aspectos inmateriales e inmuebles que deben estar protegidos. Incorporar elementos intangibles, como por ejemplo la cultura de determinados espacios públicos o técnicas artesanales, etc.

ii. Proteger aspectos del paisaje cultural, que constituyen parte importante de la valorización de una en particular, incorporando conceptos como las zonas de amortiguación o áreas de influencia,46 que permiten mediar entre las obras y otros tipos de intervenciones urbanas en sus inmediaciones.

iii. Incorporar en los Instrumentos de Planificación Territorial ordenanzas que fijen los parámetros de preservación en donde se cumplan los lineamientos de reconocimiento, cuidado y protección que fije la política nacional respectiva.

4.- Necesidad de crear una nueva institucionalidad patrimonial, con expresión territorial, financiamiento, y a cargo de implementar la política nacional patrimonial.

La institucionalidad actual que cuenta con competencias sobre el patrimonio cultural arquitectónico se encuentra dispersa y compartimentada, y se advierten distintos criterios de acción para un mismo inmueble patrimonial por parte de los distintos servicios públicos que cuentan con departamentos o unidades relacionadas con el patrimonio cultural en su ámbito arquitectónico, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos -Dibam- y las Direcciones de Obras Municipales -DOM-. Asimismo, hay una ausencia de criterios y lineamientos de carácter nacional.

El principal órgano encargado de velar por el patrimonio cultural reconocido en la Ley -el Consejo de Monumentos Nacionales- no cuenta con las facultades y competencias necesarias para cumplir con su cometido; además su carácter concentrado (no tiene expresión en regiones), impide que exista una adecuada fiscalización y protección efectiva del patrimonio, y tampoco cuenta con recursos para apoyar las acciones de conservación y restauración que requieren los bienes que han sido reconocidos y declarados.

La Ley tampoco reconoce a los gobiernos regionales y locales, funciones y competencias claras en la protección y conservación del patrimonio cultural de su respectivo ámbito territorial, a excepción de la categoría de Monumento Público.

Por tanto, vuestra Comisión propone:

i. La creación de un Ministerio de la Cultura, que cuente con una Subsecretaría de Protección Patrimonial, y que tenga competencia exclusiva para coordinar la implementación de la política nacional de su competencia con los demás sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como para evaluar y fiscalizar su aplicación en las distintas instancias.

ii. Esta nueva institucionalidad debiera contar con expresión territorial, y con glosas presupuestarias necesarias para cumplir los objetivos y lineamientos trazados por la política nacional patrimonial.

iii. Asimismo, debiera encargarse de implementar planes, programas y proyectos a través de al menos cuatro líneas de acción: (1) investigación, conocimiento y valoración, (2) formación y divulgación, (3) conservación, salvaguardia protección, recuperación y sostenibilidad, (4) fortalecimiento institucional.

iv. Se sugiere la creación de un órgano colegiado, con participación de expertos y de representantes de las comunidades organizadas de las zonas amparadas por la protección patrimonial, que pueda asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. Este órgano debiera contar también con expresión en el ámbito territorial.

v. Se propone otorgar a las regiones -ya sea a nivel de los gobiernos regionales o de las Secretarías de Patrimonio Cultura- mayores facultades en cuanto a las acciones de identificación, registro, investigación, restauración, protección, fomento, uso, mejoramiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural en sus respectivos territorios.

vi. Asimismo, que a los gobiernos locales se les asigne funciones y competencias claras en la protección y conservación del patrimonio cultural arquitectónico de su respectivo ámbito territorial, especialmente en el ámbito de la fiscalización.

vii. Por último, que establezca y mantenga un registro nacional que resguarde los antecedentes de las obras que han sido reconocidas bajo las diferentes categorías de patrimonio cultural histórico.

5.- Necesidad de establecer un sistema de financiamiento y de incentivos y sanciones para estimular la protección del patrimonio cultural histórico y fomentar su conservación, restauración, y puesta en valor.

La protección del patrimonio histórico cultural se establece en la Constitución Política de la República, que asigna al Estado la misión de estimular la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Tanto el cumplimiento de esta tarea como la implementación de todas las medidas previamente propuestas requieren de recursos económicos y de un adecuado financiamiento, los que debieran obtenerse no sólo a partir de los recursos del Estado, sino de otras fuentes de financiamiento. Lo anterior, en el entendido que junto al Estado, corresponde a la sociedad toda, la responsabilidad de proteger, cuidar y conservar el patrimonio cultural histórico.

La principal norma que reconoce y protege al patrimonio cultural histórico a través de su declaratoria como Monumento Nacional es la Ley N° 17.288, que establece el deber de los propietarios de realizar tareas requeridas para la mantención del inmueble o sitio, sin embargo, no establece incentivos especiales o mecanismos de financiamiento para realizar tales trabajos.

Además, se encuentran en otros cuerpos legales beneficios e incentivos para la protección y conservación del patrimonio histórico arquitectónico, tales como la Ley de Impuesto Territorial, que exime a los monumentos históricos de este tributo, siempre y cuando no tengan fines comerciales, por lo que la mantención del inmueble no puede provenir de una explotación lucrativa, sino solo del financiamiento privado de sus propietarios. También la ley de donaciones con fines culturales, que establece beneficios tributarios a personas naturales o jurídicas, que realicen donaciones al Consejo de Monumentos Nacionales, los cuales deben ser destinados únicamente a la conservación, mantención, reparación, restauración y reconstrucción de Monumentos Nacionales en bienes nacionales de uso público, y bienes de propiedad fiscal o pública.

En base a lo anterior, se concluye que los fondos y beneficios tributarios existentes son insuficientes para incentivar, posibilitar o facilitar la protección y conservación del patrimonio arquitectónico.

Finalmente, vuestra Comisión propone las siguientes:

IX. PROPOSICIONES.

i. Establecer un sistema de incentivos y de fondos o bienes aportados por el Estado, que considere tanto fondos presupuestarios destinados a la cultura, y en particular al patrimonio cultural, como también recursos de otras fuentes (por ejemplo recursos provenientes de un aumento de IVA en algún campo, o de los impuestos territoriales o permisos de edificación, o el establecimiento de ventajas indirectas tales como créditos subvencionados por el Estado).

ii. Establecer un sistema de sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones de conservación y/o restauración del patrimonio, con mecanismos de fiscalización adecuados, distinguiendo las multas y sanciones de acuerdo al daño patrimonial causado, y al tipo de infractor (persona natural y jurídica).

iii. Crear un sistema de incentivos tributarios, para quienes efectúen desembolsos, además de donaciones, relacionados con la adquisición, reparación o mantención de bienes inmuebles que constituyan parte del patrimonio arquitectónico, ya sea que se trate de contribuyentes de Impuesto a la Renta de Primera Categoría (impuesto a las utilidades), Impuesto Único de Segunda Categoría (impuesto a las rentas del trabajo), Impuesto Global Complementario (impuesto personal sobre la totalidad de las rentas), Impuesto Adicional (impuesto a los no residentes no domiciliados en Chile), e Impuesto al Valor Agregado .

A continuación se describe genéricamente una propuesta que contempla un sistema de incentivos tributarios:

1.- Beneficio tributario en relación al Impuesto a la Renta.

En todos estos casos, el beneficio tributario debiera ser un crédito aplicable contra el Impuesto a la Renta, con un límite por sobre el cual el exceso de desembolso pueda ser aplicado como gasto contra la base imponible del impuesto, en el caso del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, de la siguiente manera:

-Derecho a un crédito equivalente al 50% de los desembolsos, en contra del Impuesto de Primera Categoría o Global Complementario, según el caso;

-Recursos restantes: constituirían un gasto necesario para producir la renta afecta al impuesto de primera categoría.

-Crédito sólo podría ser deducido si el desembolso se encuentra incluida en la base de los respectivos impuestos correspondientes a las rentas del año en que se efectuó materialmente el desembolso.

-Límite del beneficio: en ningún caso el crédito por el total de los desembolsos de un contribuyente podría exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de la renta imponible del Impuesto Global Complementario, ni de 14.000 Unidades Tributarias Mensuales al año, ni del límite global absoluto de la ley N° 19.885, de 4,5% de la renta líquida imponible.

-Se deben mantener las exenciones del trámite de Insinuación Judicial para el caso de las donaciones, y del Impuesto que grava a las herencias y donaciones.

2.- Contribuyentes beneficiados tributariamente:

-Contribuyentes que declaren sus rentas efectivas, según contabilidad completa, y tributen de acuerdo con las normas del Impuesto de Primera Categoría.

-Contribuyentes de Impuesto Único de Segunda Categoría.

-Contribuyentes de Impuesto Global Complementario.

-Contribuyentes de Impuesto Adicional.

En caso de aportes estatales, estos deben ser transparentes, y con fondos propios, no con fondos de particulares, provenientes de empresas en que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades, tengan una participación o interés superior al 50 por ciento del capital.

3.- Exención de IVA.

Debiera eximirse de IVA la adquisición de bienes y servicios destinados exclusivamente a la reconstrucción y mantención de inmuebles que formen parte del patrimonio arquitectónico. Ello sería fiscalizable mediante la emisión de facturas exentas, por los vendedores y/o prestadores de servicios, una vez que les sea exhibido el certificado correspondiente (emitido por el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo) por el comprador o contratante, según sea el caso.

En caso de tratarse de compras o servicios contratados por quienes no sean contribuyentes de IVA, el IVA soportado en la adquisición de bienes o servicios (IVA crédito Fiscal) podría ser considerado como un crédito contra el Impuesto a la renta.

4.- Impuesto Territorial.

Debe ampliarse el beneficio de exención de Impuesto Territorial a los monumentos históricos, incluyendo otras categorías de inmuebles que formen parte del patrimonio arquitectónico, y a la vez deben permitirse los fines comerciales en dichos inmuebles, para posibilitar financiamientos distintos de los privados, aportados por los propietarios.

5.- Mecenazgo.

Se estima conveniente replicar el sistema de fondo implementado por la Ley N° 19.885, sobre Donaciones con Fines Sociales, que establece un Fondo Mixto de Apoyo Social, que debe conformarse con al menos el 33% que los donantes realicen para los fines que la misma ley señala. Bajo este sistema, son beneficiados tributariamente, de mayor manera, las donaciones efectuadas al fondo, y de menor manera, las donaciones efectuadas directamente al organismo o institución beneficiaria. Así, en el caso que se propone, podría beneficiarse de mayor forma a quien done al fondo, especialmente creado para este efecto, y de menor medida quien done directamente al propietario del inmuebles que forme parte del patrimonio arquitectónico.

6.- Apertura a la comunidad y gratuidad y cobro de entradas.

Sobre el destino de los inmuebles susceptibles de acogerse a estos beneficios, se estima que de la misma manera que establece la Ley N° 18.985 (Ley Valdes), sus propietarios o administradores deberán ofrecer visitas gratuitas y abiertas al público en general, reguladas reglamentariamente por la autoridad competente.

No obstante, y al igual como se establece en la Ley N° 18.985, se podrá aprobar proyectos en que se autorice la presentación de espectáculos y exposiciones cuyo ingreso sea pagado, siempre que, en estos casos, el proyecto considere la presentación de, a lo menos, igual número de veces del mismo espectáculo, con un cobro por ingreso rebajado o gratuito. Para este efecto, el valor de ingreso al espectáculo deberá fijarse deduciendo proporcionalmente del precio aquella parte del costo del espectáculo que se hubiere financiado con donaciones efectuadas al amparo de la ley, debiendo imputarse el total de las donaciones que financian al proyecto que considere la presentación de estos espectáculos, exclusivamente al costo de aquellos espectáculos con entrada rebajada o gratuita, en la forma que al efecto fije el Servicio de Impuestos Internos.

7.- Fiscalización de los beneficios tributarios propuestos.

Se estima que el cumplimiento de sus requisitos es actualmente verificable mediante los medios de fiscalización vigentes en el Código Tributario, especificando los certificados necesarios a emitir por las autoridades correspondientes.

Puestas en votación las conclusiones, fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes señores Marcelo Diaz , Andrea Molina , Adriana Muñoz y Leopoldo Pérez .

X. DIPUTADO INFORMANTE .

Por la unanimidad de los Diputados presentes se acordó designar Diputado Informante al señor Felipe Harboe Bascuñán .

Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de fechas 4 y 11 de agosto; 3 y 17 de noviembre, 15 de diciembre de 2010, 5 y 12 de enero; 2 y 16 de marzo y 6 de abril de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Mario Bertolino , Alberto Cardemil , Aldo Cornejo , Marcelo Diaz , Marcos Espinoza , Felipe Harboe ( Presidente ), Andrea Molina , Adriana Muñoz , Claudia Nogueira , Leopoldo Pérez , Rene Saffirio , y el ex Diputado señor Gonzalo Uriarte .

Sala de Comisiones a 06 de abril de 2011.

(Fdo.): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA , Secretario Accidental de la Comisión ”.