Labor Parlamentaria

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Alejandro Santana.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 7440-05, sesión 126ª, en 13 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 20ª, en 3 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor SANTANA.- Señor Presidente , antes de dar inicio a mi informe, en nombre de la bancada de Renovación Nacional expreso nuestros saludos y deseos de éxito en su gestión al nuevo diputado señor Joel Rosales Guzmán .

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, don Felipe Larraín , ministro de Hacienda ; la señora Rosanna Costa , directora de Presupuestos ; don Augusto Iglesias , subsecretario de Previsión Social ; don Pablo Correa , coordinador de Mercados de Capitales de la Subsecretaría de Hacienda ; don Juan Alberto Rojas , subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos; don Fernando Coloma , superintendente de Valores y Seguros; la señora Solange Berstein , superintendenta de Pensiones, y don Juan Antonio Peribonio , director nacional del Servicio del Consumidor .

Objetivos del proyecto.

En materia de seguros, introduce un importante perfeccionamiento de los seguros asociados a créditos hipotecarios, propiciando mayor transparencia y competencia en este mercado. Además, perfecciona la institucionalidad para ajustarla a los compromisos internacionales adoptados por Chile en el marco de la OCDE.

Adicionalmente, amplía la gama de inversiones de las compañías de seguros, favoreciendo una composición más eficiente del portafolio de inversiones de éstas y generando más opciones de financiamiento para personas y empresas.

Asimismo, aborda la asimetría tributaria que podría generarse en los productos de ahorro previsional voluntario asociados a seguros de vida.

En materia previsional, el proyecto mejora los atractivos del ahorro previsional voluntario. Para ello, introduce cambios en materia institucional y tributaria y elimina ciertos arbitrajes de la ley que generan doble tributación.

Adicionalmente, propone cambios al régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones, que flexibilizan la regulación vigente.

Aspectos relevantes del proyecto.

En relación con la contratación de seguros asociados a créditos hipotecarios, se sostiene en el mensaje que las personas que acceden a un crédito hipotecario están obligadas a contratar seguros de incendio, destinados a proteger el bien raíz dado en garantía del crédito y seguros de desgravamen, que cubren el pago de la deuda en caso de fallecimiento del deudor.

Asimismo, la práctica del mercado financiero ha llevado a la contratación de coberturas de riesgo adicionales, que no siendo obligatorias, protegen la garantía del crédito o la fuente de pago, y por esa vía a la institución crediticia. Ejemplo de estos seguros son las coberturas de terremoto y salida de mar e invalidez del deudor.

Por razones de orden práctico y económico, son las entidades que otorgan los créditos hipotecarios las que generalmente efectúan la contratación de los seguros por cuenta y cargo de sus clientes. Esto se materializa usualmente a través de un mandato que la persona otorga a la entidad crediticia. De esta forma, la gran mayoría de estos seguros son contratados a través de la entidad crediticia y su prima es pagada conjuntamente con los dividendos del crédito.

En el proceso de contratación de estos seguros por parte de las entidades crediticias se han observado situaciones, sobre todo con posterioridad al terremoto y maremoto de febrero de 2010, que justifican modificar la Ley de Seguros para regular esta materia, toda vez que no son evidentes en el caso de seguros asociados a otro tipo de créditos.

Las entidades crediticias usualmente contratan los seguros asociados a los créditos hipotecarios utilizando pólizas colectivas, que agrupan a todos los clientes de estos créditos o grupos importantes de ellos. Esto les permite efectuar una negociación de la prima o precio del seguro con las aseguradoras para una gran masa de asegurados, lo que les otorga un fuerte poder de negociación y la capacidad de obtener tarifas más bajas, en comparación con aquellas a las cuales podría acceder una persona negociando en forma individual con la compañía de seguros.

Si bien lo anterior debiera representar un beneficio para los asegurados deudores de la entidad crediticia, en la práctica este beneficio no está siendo traspasado a ellos, debido a la existencia de comisiones que se pactan en los seguros colectivos a favor de la entidad crediticia y del corredor de seguros, usualmente relacionado a dicha entidad. De acuerdo con las cifras informadas por las aseguradoras, estas comisiones alcanzan, en conjunto, niveles del orden de 30 a 50 por ciento del total de la prima pagada por el asegurado deudor del crédito.

Esas comisiones son elevadas respecto de eventuales gastos operacionales que pudiera tener la entidad crediticia, por la recaudación de la prima u otros conceptos similares utilizados para justificar el cobro, y respecto de las comisiones de intermediación que los corredores de seguros usualmente perciben en este tipo de operaciones.

Adicionalmente, en los casos donde existe una aseguradora relacionada con la entidad crediticia, se observa una fuerte concentración de la colocación de estos seguros en esa compañía; esto es, la entidad crediticia contrata, en su gran mayoría, los seguros con su aseguradora relacionada. Si a eso se suma la existencia de un corredor de seguros relacionado, al final se llega a una situación donde aseguradora, corredor y entidad crediticia son empresas del mismo grupo y donde se dificulta, además, obtener información precisa respecto de la descomposición del precio que están cargando estas entidades crediticias por los seguros asociados a créditos hipotecarios. Ante estas situaciones, se argumenta en el mensaje que resulta imprescindible procurar que la contratación se realice en condiciones de mercado y en términos tales que a los asegurados se les traspasen los costos reales de los seguros involucrados.

En conformidad con lo expuesto, el proyecto regula la contratación de los seguros asociados a créditos hipotecarios para personas naturales, aplicándola a todo tipo de créditos hipotecarios otorgados a personas naturales por bancos, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables y cajas de compensación de asignación familiar y cooperativas.

Adicionalmente, se establece la posibilidad de incorporar a la regulación los créditos hipotecarios otorgados a personas jurídicas, que presenten características similares a las operaciones de personas naturales. De este modo, se busca beneficiar también a las sociedades de profesionales y empresas de menor tamaño que contraten créditos hipotecarios.

En consecuencia, las entidades crediticias deberán contratar los seguros asociados a los créditos hipotecarios por medio de licitación pública -que incluya la comisión del corredor de seguros, si corresponde-, que se asignará al oferente que presente el menor precio, salvo que su directorio, pública y fundadamente, acuerde algo distinto en el mejor interés de los deudores.

No podrán estipularse comisiones o pagos en favor de la entidad crediticia asociadas a estos seguros. Además, cualquier devolución de primas por experiencia favorable u otro concepto, deberá ser reembolsada al asegurado deudor del crédito.

El proceso de licitación será regulado por una norma conjunta de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Se mantiene el derecho de los deudores a contratar individualmente su seguro con una aseguradora de su elección.

Las disposiciones del proyecto se aplicarán a los nuevos contratos de seguros que se suscriban o a los contratos que se renueven, a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de la ley.

En relación con el Sistema de Pensiones, el proyecto de ley propone modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en las siguientes materias:

Para incentivar el ahorro previsional voluntario se sugieren las siguientes medidas:

Permitir la apertura de cuentas de ahorro voluntario en cualquier AFP y no exclusivamente en aquella donde se encuentra la cuenta de capitalización individual, como ocurre actualmente.

Permitir retiros de cuenta de ahorro voluntario, seleccionando el afiliado el régimen tributario. Si posee depósitos sujetos al régimen tributario general o al establecido en el 57 bis de la Ley de la Renta, podrá seleccionar de cuál de ellos efectúa los retiros.

Evitar doble tributación del ahorro previsional voluntario individual y colectivo, conocidos como APV y APVC, y de la cuenta de ahorro voluntario, CAV, que no gozaron del beneficio tributario por superar el máximo establecido en la ley. Se propone que el capital de tales depósitos, si se destinan a pensión, queden exentos del impuesto a que se refiere el artículo 43 de la ley de la Renta al momento de ser retirados.

Se transfieren al régimen de inversión los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que pueden mantener los fondos de pensiones, requiriendo un informe previo del Banco Central de Chile.

Se proponen modificaciones a la ley N° 19.728, que establece el seguro obligatorio de cesantía, en lo relativo a las inversiones.

Se transfieren al régimen de inversión de los fondos de cesantía los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que pueden mantener los fondos de cesantía, estableciendo que requerirán de un informe previo del Banco Central de Chile.

El proyecto de ley también incluye cambios a la ley sobre Impuesto a la Renta, con el objeto de que los retiros desde la cuenta de ahorro voluntario no sean doblemente sujetos a tributación, en la parte que ya se gravaron, cuando se destinen a incrementar la pensión. Asimismo, se modifica el inciso segundo del artículo 42 bis para evitar que los depósitos de ahorro previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias y el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, queden sujetos a doble tributación al momento de su retiro.

En relación con los antecedentes presupuestarios y financieros, el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 10 de enero de 2011, señala: “son las modificaciones a los sistemas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) Individual y Colectivo y de Ahorro Voluntario del decreto ley N° 3.500, de 1980, las que impactan sobre la Ley de Impuesto a la Renta y a partir de ello potencialmente al Fisco. En efecto, en esta última materia el proyecto propone, por una parte, evitar la doble tributación que podría producirse sobre las cuentas de ahorro mencionadas. Por otra, propone que los trabajadores independientes tengan un tratamiento tributario semejante al de los contribuyentes del impuesto de segunda categoría.

En el primer caso, los cotizantes de Ahorro Voluntario, APV y APVC, que aporten por sobre el máximo fijado en la ley para efectos de descuento tributario, podrán rebajar de impuestos a la renta, al momento del retiro, aquellos impuestos pagados por los excesos de ahorro sobre dicho límite legal.

En el segundo, se da a los contribuyentes la posibilidad de deducir sus cotizaciones, según se dispone en el proyecto, de sus ingresos, reduciéndose al mismo tiempo el monto de gasto máximo para producir renta. Adicionalmente, las modificaciones propuestas a la ley de Impuesto a la Renta también incluyen, como tercer aspecto con efecto fiscal, el que los herederos de fallecidos titulares de seguros de vida autorizados como planes de APV administrados por compañías de seguros, paguen impuestos a la renta, en las condiciones establecidas en el proyecto, una vez que los recursos sean entregados a los beneficiarios. En consecuencia, podría haber un efecto negativo en el futuro derivado del primer cambio, en el segundo existe neutralidad y por el tercero se podrían recibir más recursos en el futuro.

Consecuencia de lo anterior, se estima que el proyecto no tiene impacto fiscal relevante respecto de los gastos y de los ingresos, para el año 2011, y para los años siguientes, si los hubiere, estos efectos serán incorporados en las leyes de presupuestos respectivas.

Con todo, los cambios al régimen de inversiones contenidas entre las modificaciones al D.F.L. N° 251 pueden generar modificaciones a los pasivos contingentes del Fisco. La razón es que las compañías de seguro y rentas vitalicias tienen garantía estatal en caso de verificarse su quiebra, y modificar los límites puede provocar aumentos o disminuciones en el nivel de riesgo ante una eventual quiebra y, por lo tanto, de pagos del Fisco. En caso de que este nivel de riesgo se viera alterado, ello será informado en los Informes de Pasivos Contingentes que anualmente emite y difunde la Dirección de Presupuestos.”.

En relación con la discusión general, en el debate de la Comisión expusieron los representantes del Ejecutivo , enfatizando que el proyecto moderniza y fomenta el sistema financiero, modificando normas referentes a la industria de seguros y pensiones, específicamente materias que dicen relación con el incentivo del ahorro previsional voluntario y algunos cambios al régimen de inversiones.

Se afirmó que, junto con el proyecto de tributación de derivados y las indicaciones a la moción de contrato de seguros, ésta es la tercera iniciativa legal de la agenda de mercado de capitales, la cual introduce una serie de perfeccionamientos a este mercado, con el objetivo de fomentar la competencia y modernizar el sistema financiero. Estos perfeccionamientos permitirán el acceso al mercado financiero a muchas más personas y en mejores condiciones.

El señor Felipe Larraín hizo hincapié en que si se estima que hay 1 millón 600 mil cuentas de ahorro voluntario y 900 mil APV, y se considera, además, que detrás de dichos contribuyentes hay familias, en promedio de cuatro personas, se puede estimar que las modificaciones contenidas en este proyecto afectan a alrededor de 8 millones de personas, es decir, a casi la mitad de nuestro país. De este modo, se concluye que no es efectivo que este proyecto beneficie exclusivamente a los más ricos o al quintil superior. En efecto, los instrumentos de APV y la llamada “Cuenta 2” son los mecanismos más populares a través de los cuales la clase media ahorra en Chile.

Respecto del proceso de licitación, el señor ministro precisó que el número 7 del nuevo artículo 40 establece que las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, de forma conjunta, dictarán una normativa que regulará el proceso de licitación y las condiciones mínimas que contemplarán las bases de licitación. A propósito de lo anterior, el ministro aclaró que el proyecto no prohíbe que sea el mismo banco quien otorgue, a la vez, el seguro, mientras cuente con las mejores condiciones.

En relación con ciertas dudas referidas al pago de los seguros y a la carga de la prueba en caso de siniestro, el ministro afirmó que aquéllas son parte de la discusión de un proyecto que modifica la ley de Seguros, actualmente en tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Respecto de la discusión particular, los siguientes artículos que no fueron objeto de indicaciones fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes: el artículo 1°, numerales 1), 2), 3), 4), 5) y 6); el artículo 2°, numerales 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) y 14); el artículo 3°; el artículo 4°, numeral 3); el artículo 1° transitorio y el artículo 4° transitorio.

El Ejecutivo presentó indicaciones al numeral 7) del artículo 1° del proyecto, siendo aprobadas por mayoría de votos.

El Ejecutivo presentó indicaciones a los numerales 2) y 3) del artículo 2° del proyecto, que fueron aprobadas por mayoría.

Las indicaciones del Ejecutivo a los numerales 1), 2), 4) y 5) del artículo 4° fueron aprobadas por unanimidad.

El Ejecutivo presentó indicación para introducir un artículo 5° que modifica la ley N° 18.045 de Mercado de Valores, sobre la presencia bursátil de los valores, la que fue aprobada por unanimidad.

El Ejecutivo presentó, además, indicaciones a los artículos 2°, 3° y 5° transitorios del proyecto, las que fueron aprobadas por mayoría de votos.

Es cuanto corresponde informar a esta Sala.

He dicho.

El señor BURGOS.- Señor Presidente , según lo conversado con los diputados señores Montes, Ortiz y Lorenzini en la sesión de ayer, es una buena noticia fomentar la competencia del sistema financiero, de la que ciertamente adolece, en lo referido al costo del precio del dinero, o sea, la tasas de interés. Probablemente, todavía hay un espacio muy grande para avanzar en términos de la competencia. Pero se debe reconocer que se trata de un proyecto que va en la dirección correcta, particularmente en algunas cuestiones que muchos de nosotros veníamos insistiendo desde hace bastante tiempo, como, por ejemplo, una mayor competencia en el tema de los seguros de desgravamen vinculados con los créditos hipotecarios. Durante años insistimos, vía oficio, en la necesidad de abrir ese mercado, por lo oscuro y lo complejo que era desde el punto de vista del impacto del costo del seguro de desgravamen dentro del crédito hipotecario. Es una buena noticia que lo abramos. También es una buena noticia que las personas que tengan la posibilidad de hacer ahorros voluntarios en el sistema previsional puedan elegir la AFP que les da mayores utilidades y no se vean amarradas con aquella en la cual tienen el seguro obligatorio.

No obstante lo anterior, me quiero detener en el artículo relativo a la presencia bursátil, que forma parte de una indicación presentada por el Ejecutivo.

La presencia bursátil, cuyo nombre no tiene por qué decir demasiado cuando uno no se involucra muy profundamente en estos temas, tiene un efecto tributario importantísimo en las transacciones comerciales en Chile, particularmente en las que se realizan en la Bolsa. Cabe recordar que las dos últimas más grandes transacciones de acciones en bolsa en Chile se vinculan con la empresa LAN Chile. Hace un año y medio se vendió el paquete de acciones que en esa época pertenecía a quien hoy es el Presidente de la República , quien al hacerlo cumplió un compromiso de campaña. Pero ustedes recordarán que una parte importante de ese paquete no fue una venta de dichas acciones, sino de Axxion, poseedora de títulos de dicha empresa. Posteriormente, hace dos o tres meses, ustedes habrán visto en la prensa que los actuales controladores de LAN Chile hicieron una figura jurídica -legal, por cierto- mediante la cual una serie de sociedades que eran poseedoras del control vendieron acciones a otra nueva sociedad no de LAN, sino a la sociedad llamada Costa Verde. Esas dos sociedades que nombro en este caso específico -Axxion y Costa Verde-, cuyo único capital son las acciones de LAN Chile, hicieron ventas en Bolsa. Sin embargo, producidas esas ventas, no se pagó el impuesto adicional del 17 por ciento, porque ambos títulos tenían presencia bursátil, lo que quiere decir que cuando se vende un título, tal acción inhibe al Estado, de acuerdo con la ley de la Renta, a cobrar el impuesto a la ganancia de capital del 17 por ciento. En consecuencia, la presencia bursátil busca incentivar el negocio o la transacción de una acción que sea competitiva en la Bolsa. Hasta hoy, la presencia bursátil es una determinación esencialmente emanada de la autoridad administrativa, llevada adelante a través de resoluciones generales que pueden ser cambiadas, por sí y ante sí, por dicha autoridad. En otras palabras, la profundidad de la presencia bursátil, los montos que se deban transar y los períodos pueden ser cambiados por la autoridad administrativa.

El proyecto original no contenía normas sobre aquello. La verdad es que las contiene a partir de una moción presentada por algunos diputados el año pasado, entre los cuales estaban José Miguel Ortiz , Matías Walker, Carlos Montes , Pepe Auth , Pablo Lorenzini y quien habla, cuyo objeto era modificar la ley N° 18.045 y establecer los requisitos de la presencia bursátil, sacando a la autoridad administrativa de la determinación de aquella, atendidos los efectos jurídicos y económicos que produce esa institución.

Debo reconocer que tuvimos reuniones con el Ejecutivo , instruidos sin duda por el ministro Larraín ; con el superintendente de Valores y Seguros y el asesor del Ministerio, señor Pablo Correa , quienes recogieron nuestra moción, la analizaron y determinaron no patrocinarla, pero sí recoger parte importante de ella en la indicación que comento, que surgió en la discusión del proyecto y no en el texto original. Ese hecho no está reconocido en el informe y no tendría por qué serlo. Pero, para los que creemos haber colaborado, es una buena oportunidad para reconocer eso o reconocernos el relativo mérito de haber colaborado en una disposición de esa naturaleza.

En cuanto a la indicación del Ejecutivo , recomiendo aprobarla, porque es un avance importante respecto de lo que ocurre actualmente. Como establece el informe, según lo señalado por el señor Correa , con la indicación del nuevo artículo 5° se cumple el doble objetivo de definir en la ley el concepto de presencia bursátil -importante y bueno- y dejar establecido un criterio mínimo. En verdad, se establece un criterio mínimo y se recogen algunos porcentajes y períodos importantes.

No obstante, queda pendiente que dicho artículo permite una mejoría desde el punto de vista del funcionamiento del mercado y todavía tenemos espacios legislativos procesales para hacerlo. No quiero retrasar el trámite del proyecto en esta instancia, pues es importante.

De nuestra moción no se recogió un punto que, a mi juicio, es relevante, cual es que todos los cocientes resultantes de toda la operación que está definida en la ley con criterios mínimos tenga, como mínimo -valga la redundancia-, que los valores de la acción que se pretende de presencia bursátil se encuentren en poder de accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10 por ciento del total y que no estén relacionados con los controladores. La presencia bursátil es compleja cuando se trata de acciones controladas, como ocurrió en los ejemplos que di; sin embargo, hay muchos otros, como cuando una sola mano tiene el 98 ó 99 por ciento. Me parece que lo que los economistas llaman free fraud se complejiza. En ese sentido, deberíamos buscar una limitación y, como señalé, hay instancias procesales para hacerlo. Creo que eso no perjudica y no amarra al mercado, porque si el mercado de los controladores quiere seguir siendo dueño del 99 por ciento, cuestión que es legítima, podrán hacerlo y nada se los impide, pero no pidan beneficios tributarios para justificar abrirse a la bolsa cuando se posee ese control de una empresa.

Creo que avanzamos en forma importante en esta norma en especial, pero considero que hay un espacio para conversar la posibilidad de poner estos requisitos, que fue lo único que no se recogió de nuestra moción.

Es cuanto quería manifestar sobre el proyecto, señor Presidente.

He dicho.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo una vez más a nuestro ministro , que es un invitado constante en nuestro Congreso Nacional, especialmente en la Cámara de Diputados, y su aporte siempre es muy valorado.

Aunque fui partícipe de la idea planteada por el diputado Burgos , también tengo tranquilidad en este aspecto, ya que no voté el artículo 5°; pero para la de quienes participan de la idea planteada por el diputado Burgos , también tengo que decir que, a pesar de la modificación, tampoco fui parte de la votación a favor.

También quiero entregar mi apoyo al diputado informante, don Alejandro Santana, ya que no obstante ser un tema muy complejo, él supo explicarlo claramente a quienes estamos interesados en el mercado de capitales. En consecuencia, a pesar de que era quizás uno de los primeros grandes proyectos que relataba, el diputado Santana lo hizo bien.

Lo que estamos analizando son obligaciones establecidas entre países. Hace alrededor de siete años que estudiamos el mercado de capitales. Estamos discutiendo las “obligaciones”, porque Chile es un país serio y que va camino al desarrollo. Si no fuera así no estaríamos en esta discusión “obligada”, porque se trata de disposiciones que cumplen con los compromisos adoptados por nuestro país para pertenecer a la OCDE.

Como dije, el informe que hoy escuchamos es consecuencia de un debate de largos años. El perfeccionamiento de este sistema de seguros, de créditos, de ahorros tiene que ser modificado diariamente y puesto al día respecto del avance que estamos logrando.

Señor Presidente , el proyecto cumple con la finalidad de perfeccionar el mercado de capitales, fortalece la regulación del sistema de seguros, fomenta la competencia del sistema financiero y también lo moderniza. Por ello se logró la unanimidad de la Comisión de Hacienda, la que debe reunirse prácticamente tres veces a la semana, porque, al igual que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia necesita trabajar más en estos proyectos que tienen más de setenta páginas, en los que no sólo figuran las normas involucradas, sino que también las opiniones de las personas que participaron en las reuniones de dicha comisión.

Seguramente, este proyecto no será el último que aborde esta materia, ya que la vida moderna nos está exigiendo mirar constantemente el mercado y sus regulaciones, a fin de salvaguardar la transparencia y la seguridad de las personas e instituciones que eventualmente pueden verse afectados por los sucesos que allí ocurren.

Al respecto, recojo las palabras del diputado informante , quien señaló que 8 millones de personas serán beneficiadas o perjudicadas con esta legislación. La seguridad que ellos van a tener con el proyecto es un avance en una materia tan sensible como son los seguros y los ahorros previsionales de nuestros ciudadanos y ciudadanas, los que tienen que ser revisados constantemente. Por ejemplo, en materia de seguros, se busca adecuar nuestra normativa a los parámetros existentes en los países agrupados en la OCDE, organismo al cual Chile ingresó recientemente, a fin de permitir la operación en algunos tipos de seguros a compañías pertenecientes a países con quienes Chile no tiene tratado internacional que lo establezca expresamente. Por lo tanto, el avance es realmente notorio. Además, se busca ampliar la gama de inversiones de las compañías de seguros, facilitando un portafolio de inversiones más eficiente y generando más opciones de financiamiento para personas y empresas.

Por otra parte, en materia previsional, que es a lo que me quiero referir más in extenso, ya que es una materia que se vuelve más interesante con el paso de los años por lo que significa para el futuro de las personas, se mejoran los atractivos del ahorro previsional voluntario. Al mismo tiempo, se proponen cambios al régimen de inversiones de los fondos de pensiones que flexibilizan la regulación vigente.

En ese sentido, el proyecto sugiere medidas para incentivar el ahorro previsional voluntario como:

a) Permitir la apertura de cuentas de ahorro voluntario en cualquier AFP y no exclusivamente en aquella donde se encuentra la cuenta de capitalización individual;

b) Permitir retiros de la cuenta de ahorro voluntario, seleccionando el afiliado el régimen tributario;

c) Evitar doble tributación del ahorro previsional voluntario individual y colectivo, y de la cuenta de ahorro voluntario (CAV) que no gozan del beneficio tributario por superar el máximo establecido en la ley. En este caso, se propone que el capital de tales depósitos, si se destinan a pensión, queden exentos del impuesto a que se refiere el artículo 43 de la ley de la Renta.

Los beneficiados con estas modificaciones serán las personas que gozarán de la tranquilidad que les dará su previsión.

Además, se elimina la doble tributación de la cuenta de ahorro voluntario, ya que actualmente no existe beneficio tributario al realizarse los depósitos ni tampoco cuando los recursos se destinan a pensión.

Quizás aquí faltó un poquito de más claridad en el relato del diputado informante , pero resulta evidente la materia al leer el informe.

Además, en relación con la ley sobre Impuesto a la Renta, se evita que los retiros desde la cuenta de ahorro voluntario sean doblemente sujetos a tributación, en la parte que ya se gravaron, cuando se destinen a incrementar la pensión. Las cotizaciones voluntarias y el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, quedan sujetos a doble tributación al momento de su retiro. Algo que es muy importante es que los trabajadores independientes, mientras no se encuentren legalmente obligados a efectuar cotizaciones previsionales, tendrán la posibilidad de rebajar de sus ingresos brutos el monto de las cotizaciones que realicen de forma voluntaria, con lo que se les da un tratamiento similar al caso de los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría.

Si tuviera que señalar la importancia de lo que acabo de comentar, diría que es de suma.

Por último, se busca eliminar una asimetría tributaria existente en los productos de ahorro previsional voluntario, vinculada a seguros de vida con ahorro. Para tal efecto, establece que en el caso de muerte del titular, el capital asegurado por el seguro de vida será recibido por sus beneficiarios como indemnización libre de impuestos. Pero, ojo, algo que fue discutido y de lo cual no alcanzó como antecedente para llegar a un artículo, es que el ahorro realizado, a través de dicho instrumento, como su rentabilidad, están afectos a impuestos. Debió haber sido considerado, a lo mejor, a través de los montos; debió haberse permitido que a menor monto no se paguen impuestos. Me parece que se realizó una discusión liviana, pues podría haber sido trascendente en un proyecto de tanta importancia.

Sin duda, con siete años o más de estudio, el proyecto será aprobado en forma unánime, salvo que haya una indicación pertinente que apunte al tema que acabo de mencionar.

He dicho.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente , el proyecto, entre uno de sus acápites señala -el ministro de Hacienda , por supuesto que participó en él junto con sus asesores, quienes lo hicieron muy bien- que se flexibiliza el régimen de inversión de los fondos de pensiones llamados AFP; para otros, incrementa su rentabilidad.

Con su venia, señor Presidente , me dirijo al señor ministro por algo que no hemos logrado desde los años 90, desde los gobiernos de la Concertación. Como se dice que en este Gobierno las cosas se hacen, espero que tenga acogida.

Durante el transcurso de la sesión, presentamos una indicación junto con los diputados señores Godoy , Robles , Jaramillo , Auth y Von Mühlenbrock . Obviamente, el Presidente de la Comisión la declaró inadmisible y, por lo tanto, acudimos al señor ministro . Mejoramos muchas cosas, pero el proyecto incrementa la rentabilidad de las AFP. Sin embargo, no quiero que se aumente la rentabilidad de las AFP, sino la de sus afiliados.

Usted, señor Presidente , como hombre versado en los temas, seguramente tendrá alguna inversión en fondos mutuos o en alguna sociedad de inversiones; o en forma directa habrá comprado un Colo Colo , como el diputado Hasbún . Y cuando las sociedades pagan dividendos también pagan impuestos, que por los años 80, cuando se creó el sistema de fondos de pensiones, alcanzaban a 10 por ciento; luego a 17 y hoy, por la reconstrucción nacional, a 19 ó 20 por ciento. Pero cuando llega fin de año la sociedad le dice: “le mando el dividendo, pero con el impuesto pagado a su cuenta”. Por lo tanto, cuando usted, señor Presidente , hace su declaración de impuestos -no me cabe duda de que la hizo hace un par de días y bien- dedujo el impuesto pagado a cuenta, tal como el señor ministro . Pero ahí ya es un global complementario de tope, por tanto, dedujo la parte que había pagado de las acciones de la Católica a los cruzados, que dicen que están muy bien; han subido las acciones, pero no tanto, por lo que tomó el crédito. Bien, pero resulta que los chilenos que están en las AFP no tienen derecho a este beneficio. Es una discriminación arbitraria.

Cuando el diputado Ortiz se jubile podría haber obtenido un 5, 6, 7 ó 10 por ciento más de su renta. Los cálculos dicen que podría haber sido hasta un 15 por ciento más, si se le hubieran devuelto los impuestos que las AFP invirtieron en empresas. Ganaron dividendos; vuelven los dividendos. Por supuesto que eso engrosa la cuota que es de todos los chilenos, pero el crédito por el impuesto pagado no lo usa la AFP en beneficio del afiliado ni lo imputa para aumentar su cuota.

La Comisión Marcel, que tanto les gusta armarlas a los gobiernos, se cree que allá está el Parlamento y no aquí y nos traen cuestiones de las comisiones como si no supieran que aquí votamos y le ponen el nombre de quien las dirige. Pues bien, esa instancia claramente recomendó corregir la situación. Los estudios dicen que el crédito no recuperado para los afiliados de las AFP alcanza a 900 millones de dólares. Si no se devuelve esa plata al afiliado y la AFP la invierte, los afiliados dejamos de ganar, ni más ni menos, más intereses, 1.800 millones de dólares. Eso es doblemente injusto, pues el 75 por ciento de los trabajadores no tributa, pero tienen derecho a devolución de las platas que las AFP, con sus dineros, ganaron en las sociedades que invirtieron. Si no tributan como cualquier chileno, que devuelvan los dineros que cualquier empresa pagó de más. Por último, si no lo devuelve a los afiliados, que lo deje en los fondos para que tengan una renta al pensionarse de 10 ó 15 por ciento más alta cuando corresponda.

Personas como el señor Presidente y el propio señor ministro , quienes sí tributan, pagan dos veces: por un lado, el impuesto a la renta -y los fondos aquí quedan libres-, pero cuando se pensionen -por supuesto, la de un ministro o la de un Presidente de la Cámara no es la misma que la de cualquiera- serán altas y van a volver a pagar impuestos, porque van a estar sobre el mínimo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Aquí hay una doble tributación, sin lógica, discriminatoria e inconstitucional. Lo hemos planteando hace mucho tiempo, pero no nos han hecho caso los ministros anteriores. Obviamente, el director del Servicios de Impuestos Internos correspondiente dice que eso es un tema de gobierno, del Ejecutivo.

Presentamos una indicación transversal, junto con el Presidente de la Comisión de Hacienda , y diputados de Gobierno, Joaquín Godoy y Von Mühlenbrock , este último ex Presidente de la Comisión de Hacienda . No es un tema de Gobierno-Oposición, sino de justicia para millones de pensionados de las AFP. Claramente, no tenemos capacidad legislativa, pues se trata de un tema tributario. Entiendo que se haya rechazado nuestra indicación, pero también que se debe corregir. Queremos tener una respuesta del Ejecutivo , a través de su ministro de Hacienda , en el sentido de si se va a estudiar o no la materia. Que diga sí o no. Sé que eso cuesta al fisco 150 ó 180 millones de dólares al año por concepto de ingresos tributarios, pero no son del Ejecutivo , ni del Estado ni del Gobierno, sino de los afiliados de las AFP. Es plata de ellos. No puede un gobierno de turno lucrar con la plata de los afiliados. Simplemente, por ley, se les expropió. Esto se hizo por el año 1981, mediante el decreto N° 3.500, que lo hemos ido actualizando. En aquel entonces, con la crisis ad portas, había un 10 por ciento de rentabilidad. Nadie menciona esto. Está bien, pero ya han pasado los años; desde el 90 estamos en democracia. Lo hemos conversado con todos los ministros, con todos los gobiernos. Oídos sordos. Y “¡topón pa’ dentro!” Así como el fondo del petróleo se fue “pa’ dentro”, lo mismo sucederá con los 180 millones de dólares anuales que recaudan las AFP, que son de todos los afiliados de este país, sobre todo de los que no lograrán rentas suficientes para su jubilación y va a haber que darles la pensión asistencial o la complementaria. “Topón pa’ dentro.” No tiene sentido.

Estamos hablando de platas que debieran quedar allí y tener los mismos beneficios que tienen las personas individuales, las empresas, que recuperan el impuesto de primera categoría cuando distribuyen sus utilidades.

No encuentro la explicación a esto. La verdad es que uno se confunde, señor Presidente, porque éstos son temas que interesan a la gente. No es mucha plata para el Fisco.

¿Por qué incluimos este tema en el presente proyecto? Porque, y vuelvo a leer el informe: “El proyecto flexibiliza el régimen de inversión de los Fondos de Pensiones…” -muy bien- “…con el objetivo de incrementar…” -muy bien- “…su rentabilidad.”. Entiendo que aquí no se trata de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Porque conozco a este ministro , no creo ni nunca lo he sentido, ni cuando era académico ni ahora, que esté buscando mayor rentabilidad para los fondos de pensiones. Ello, a diferencia del presidente del Banco Central , quien dice una cosa en las reuniones y luego dice otra, como sucedió ayer. Pero él se va, y entiendo entonces que tenga que buscar nuevos horizontes. Pero al ministro todavía le quedan tres años, con la venia del Presidente de la República , y espero que él se comprometa a estudiar la situación.

Las cifras están, desde el punto de vista objetivo. Y que no quepa duda que un proyecto de esta naturaleza tendrá las adecuaciones, las restricciones y los resguardos que haya que hacerle para que las AFP no nos baipaseen. Pero no se puede volver a la teoría del casino, como fue en el circo: “Topón pa’ dentro”. Interesante, pero aquí estamos perdiendo todos los chilenos. No es justo que el Fisco se nutra de la plata de los chilenos y del 80 por ciento de los fondos de pensiones, que ni siquiera alcanzan para una pensión digna.

Sé que aquí no puedo presentar una indicación, pues también me la van a rechazar. Por lo tanto, no la voy a presentar. Sin embargo, existe un asunto que podemos discutir, que va en beneficio de todos los chilenos. Estamos abiertos como Parlamento a ello.

Así, espero la disertación del ministro de Hacienda y lo felicito por este proyecto, que es un avance en materia de seguros, como señaló el diputado Burgos . No será una iniciativa completa, pero reitero que es un avance, una disposición.

Por último, señalo que aprobamos el proyecto por unanimidad en la Comisión. Pero nos queda algo pendiente, que no es para la AFP, sino para los chilenos: 1.600 millones de dólares están en la historia del Fisco, cuando debieran estar en los bolsillos de los que se van a pensionar los próximos años.

He dicho.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , sólo quiero evaluar y juzgar el proyecto desde la perspectiva del ciudadano común y corriente.

A veces uno siente que las iniciativas en materia financiera tienen un gran impacto para el gran inversionista o el gran sujeto de crédito. Sin embargo, el presente proyecto tiene un impacto fundamental en personas comunes y corrientes que hacen uso limitado de los instrumentos financieros.

Quiero partir destacando la forma realista, concreta con que el ministro de Hacienda y el Gobierno fueron tramitando el proyecto, especialmente a través de ciertas indicaciones. Me referiré sólo a dos, para terminar haciendo un par de comentarios y propuestas.

La indicación que faculta a la Superintendencia de Valores y Seguros, en conjunto con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para establecer las coberturas mínimas de los seguros es de un tremendo impacto, que se debe destacar.

Después del terremoto, vimos en el reportaje de Televisión Nacional, referido al Banco del Estado , casos increíbles de personas que habían perdido sus casas y que nunca antes se les advirtió, o ello probablemente se hizo en la letra chica, que sus propiedades estaban subcubiertas, que el seguro solamente cubriría el valor de la deuda y no toda la propiedad. También había casos de propiedades sobrecubiertas, pues los seguros protegían contra maremotos inmuebles ubicados en pleno centro de Santiago.

Es decir, hubo una completa falta de información, que se tradujo en arbitrariedades escandalosas después del último terremoto.

La reacción del Gobierno y del Ministerio de Hacienda es tremendamente oportuna. No es aislada, porque al establecer mediante este proyecto las facultades para homogeneizar el tipo y las condiciones de los seguros, se está dando un paso muy importante en beneficio del pequeño deudor de un crédito hipotecario.

No obstante, ello también va de la mano de una situación que vimos la semana pasada y que aprovecho de destacar.

El reglamento del Ministerio de Hacienda que establece condiciones de crédito universal también es de una significancia digna de destacar, pues se tiende a que a la hora de optar por un crédito los usuarios tengan cierto estándar para comparar y no se vean expuestos a que entre una institución y otra exista un mundo de diferencia, lo que favorecería una mala decisión.

La normativa dictada por el Gobierno sobre las condiciones de los créditos a los efectos de conseguir un producto estándar comparable favorece ciento por ciento al consumidor. Se trata de iniciativas gubernamentales que van a la vena de la protección del ciudadano común y corriente, del consumidor de estos productos financieros, y, por tanto, se deben destacar.

En segundo término, luego de la aprobación del proyecto que nos ocupa no podemos cerrar la página, porque nos queda un tema pendiente, que es quizás de más largo aliento y no tiene sólo que ver con la licitación de seguros hipotecarios, sino también con una regulación general.

Hoy, los sectores más vulnerables son los que más créditos de las casas comerciales están recibiendo, y no puede ser que dejemos eso a su arbitrio y nos crucemos de brazos. El hecho de que hasta la fecha no tengamos un regulador único para las operaciones crediticias de las casas comerciales, nos amarra de manos respecto de todas las distorsiones que muy bien estamos regulando y corrigiendo en la banca, pues en relación a ellas no podemos hacer lo mismo.

Alguien preguntó por qué no emular esta gran idea de la licitación de las carteras de seguros de los bancos para el caso de las casas comerciales. La respuesta es una sola: porque no tendríamos cómo operarlo en la práctica, pues las casas comerciales no tienen un regulador único.

Y existen muchas otras arbitrariedades, distorsiones, o como se les quiera llamar, que quisiéramos corregir respecto de las casas comerciales, y no podemos hacerlo por la falta del regulador único.

Se mencionó al Banco Central. Esta entidad dicta normas, pero no supervisa cómo éstas se aplican en las casas comerciales.

Por tanto, por su intermedio, señor Presidente , le señalo al señor ministro que creo que aquí tenemos una materia pendiente y que ojalá podamos abordarla en el futuro, ya que es ahí donde hoy se concentra la mayor cantidad de créditos de las personas más vulnerables, que requieren más protección.

Por último, haré una propuesta para el debate que sigue de este proyecto.

Estamos regulando finalmente a través de las licitaciones de carteras de los seguros de créditos hipotecarios. Se trata de seguros que muchas veces se extienden en el tiempo: 20 años. En el camino, las condiciones económicas y las tasas hipotecarias podrían cambiar y un cliente podría querer cambiarse de banco. Según como se halla redactada la ley, ese cliente, al cambiarse de banco, porque, por ejemplo, le ofrecen una mejor tasa, puede llevarse su seguro al banco contrario. Él lo puede pedir; sin embargo, la compañía de seguros podría negarse a acompañar ese crédito. Y podría negarse, por ejemplo, porque en el tiempo intermedio ella participó en otra licitación con el banco de la competencia y obtuvo un mejor precio.

Pienso que es perfectamente posible adecuar la norma. Lo he consultado con algunos especialistas. Me parece que si un usuario decide cambiarse de banco y continuar el crédito debería tener todas las garantías de poder llevarse el seguro que ya obtuvo originalmente, sobre todo si por razones ya sea de tasa o de confiabilidad o de riesgo quiere llevárselo al crédito que repacte en el banco vecino.

Eso ayuda mucho más a la competencia y promueve la posibilidad de que una buena licitación, un buen seguro, pueda acompañar al usuario a la hora de negociar una mejor tasa.

He dicho.

El señor MONTES.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto muy complejo y requiere conocimientos muy específicos y técnicos para ver todas las implicancias que esto tiene. Por ello, los miembros de la Comisión de Hacienda hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para comprender todas estas implicancias, pero está claro que no hay ningún miembro que tenga conocimientos específicos sobre todos los aspectos y recovecos de este mercado y tampoco el Congreso Nacional cuenta con asesorías como para verlo en su justa dimensión. Esto obliga a colegislar de una manera compleja, porque tenemos que consultar al Ejecutivo y a sus asesores sobre diferentes temas. Ellos dan su visión y entregan la información que la respalda. Los parlamentarios tendemos a confiar en los antecedentes que nos entregan, pero en más de una ocasión la vida nos ha demostrado que el Ejecutivo no tenía razón y en otras sí. Esto no lo digo respecto del actual Ejecutivo , sino que también sobre los anteriores.

El problema de fondo en que estamos y creo que nos une a todos los parlamentarios, es que constatamos que el sector financiero ha adquirido un papel muy importante en la economía, por un lado, para moverla y, por otro, para concentrar la riqueza.

Estos proyectos los analizamos bajo la perspectiva de contener las utilidades anormales, es decir, las sobreutilidades del sector financiero. Eso es lo que nos preocupa: evitar estas utilidades anormales, estas sobreutilidades, sin que por eso dejen de entregar su potencial de mover la economía y de ayudar a que se generen inversiones y distintos procesos económicos.

En la sesión de ayer, sobre los costos de los créditos de consumo, en definitiva, se evaluó lo mismo. No se encuentran todavía medidas apropiadas y suficientemente al hueso para evitar que haya cobros tan altos sobre los créditos de consumo a las personas.

El mercado financiero, por sí solo, tiende a favorecer a las entidades financieras. Hay una fuerza distinta, una inequidad, una dificultad para que haya mayor equilibrio. Entonces, favorece a las entidades financieras en perjuicio de las personas y las empresas. Por eso, surge la preocupación de todos en el Congreso Nacional de regular esto, lo que no sólo ocurre acá, sino que es la tendencia en el mundo. El sector financiero se escapó con utilidades muy altas en desmedro del sector real de la economía y muchas veces de las personas. Han concentrado mucho, por lo que empiezan a surgir distintas alternativas para regular al sector financiero para que esto no ocurra.

En Chile, el Ejecutivo ha insistido en algo que venía del gobierno anterior, que es mejorar las condiciones y calificar el riesgo sobre la base de consolidar las deudas, por lo menos, para ver en qué situación se encuentran las cosas.

Entre los parlamentarios ha surgido algo tremendamente revolucionario, que es terminar con el anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses, cosa que es bastante compleja de lograr, porque se requieren muchas mayorías; otros han dicho que hay que contener el interés máximo. El diputado Arenas ha presentado una indicación, que comparto, por medio de la cual se establece que cualquier crédito tiene que ser transparente. O sea, si a una persona le cobran por un crédito determinados porcentajes de interés, de comisión y de otros gastos agregados, la suma de esos gastos agregados debe ser estimada de tal forma de modo de saber cuál va a ser el pago real adicional. Comparto y he suscrito esa indicación, porque creo que la transparencia es clave y, además, me informó el diputado Arenas , en la legislación española eso está operando hace mucho tiempo.

En Chile, tenemos el gran problema de que las personas de menos ingresos son las que más piden créditos de consumo. Se trata de la generación que recién está empezando a moverse en el mercado del crédito. Las asimetrías de información y de poder son tremendas y los cobros por cada cosa son muy altos.

Quiero destacar un punto de este proyecto que creo que está en una línea apropiada y es clave. La iniciativa constata una situación que para mí al menos fue una sorpresa, que me asaltó durante el debate en la Comisión: me refiero al enorme costo de los seguros por efectos de las comisiones de las instituciones intermediarias. Es un costo enorme. Solamente el BancoEstado cobraba 50 por ciento de comisión como operador intermediario, porcentaje que es altísimo; había otros que llegaban a 70 por ciento. La verdad es que esto es algo que en algún momento lo teníamos que enfrentar.

Se dice que esto va a bajar todos los créditos, pero es un punto que permite a los bancos y a otras instituciones financieras acumular utilidades importantes. En su momento, cuando el Serviu otorgaba créditos, el Ministerio de la Vivienda cobraba seguros. Por ese concepto cobraba 3.000 millones de pesos y pagaba en seguros 200 millones de pesos al año. O sea, tenía 2.800 millones de pesos de utilidad, a pesar de que había muchas personas que no pagaban los créditos. Actualmente, no otorga créditos, sólo arrastra los otorgados. Son sobreutilidades muy fuertes que era necesario enfrentar. Creo que esto está en buena línea.

Lo que nos propone el Ejecutivo es licitar bajo ciertas reglas para bajar estos costos; por lo tanto, se supone que las condiciones van a ser mejores y va a ver más competitividad. Además, estandariza y hace más transparente las condiciones de los seguros. Con el terremoto, mucha gente descubrió que el seguro que tenía no era sobre la propiedad, sino sobre el crédito. La empresa que les dio el crédito tomó el seguro, el cliente lo pagó, pero no sobre la propiedad, sino para asegurar el pago del crédito. Eso ocurre con todos los bancos, incluyendo el BancoEstado.

El diputado Nicolás Monckeberg dijo algo que comparto, en cuanto a que este problema no es sólo del sistema bancario, sino que tenemos un problema también con las casas comerciales. Para los que no saben, hay seguros de 500 pesos, de 800 pesos y de 1.000 pesos, en ciertas operaciones con las casas comerciales y hay muchos créditos con esos seguros que nadie ni siquiera mira. Nos informaron que la mayor parte de la gente ni siquiera cobra lo que le corresponde por el seguro, porque nunca sabe que lo tiene. Existe un problema serio con las casas comerciales respecto de esta situación. Pero esto no está incluido en el proyecto.

Además, hay otro punto que ha planteado el diputado Ernesto Silva y que también comparto en profundidad. Él ha dicho que las condiciones de esto no pueden quedar sujetas solamente a la autoridad, porque podría no estar bien regulado, sino que tienen que estar más normadas en la ley. Todos esperamos que de una vez por todas se aplique lo que, en su momento sostuvo la Comisión de Inverlink y que el ministro de Hacienda ha planteado, en cuanto a crear un sistema de comisión para el conjunto del sistema y, a su vez, que cada superintendencia no tenga una autoridad uninominal, sino que tenga una comisión que le permita legislar con un criterio más ponderado y equilibrado y no con la visión especial que cada autoridad aporta. Por ahora, hay muchas facultades que quedan a discreción de la autoridad. Comparto lo que ha dicho el diputado Silva , en cuanto a que, mientras no se produzca ese cambio, debe haber más imperativos normativos sobre estos aspectos.

Valoro el proyecto en los aspectos que he señalado y, hasta donde logro visualizar, creo que el resto de los aspectos son positivos y de racionalidad del sistema.

Además, quiero respaldar lo señalado por el diputado Jorge Burgos -lo he acompañado en eso- respecto del concepto de presencia bursátil. La indicación del Ejecutivo también dejaba la materia en manos de la autoridad. Posteriormente, insistimos en nuestra indicación y el Ejecutivo la acogió en parte. La verdad es que va a quedar en parte regulado por la ley y en parte también por la autoridad. La experiencia de lo ocurrido con la venta de acciones de LAN es algo que no puede volver a repetirse, ya que le representaron 50 millones de dólares de utilidad o por lo menos de no pago a una autoridad nacional, lo que ocurrió producto de una interpretación en el borde del concepto de presencia bursátil.

Voy a dar mi apoyo en general a este proyecto y espero que para el futuro los parlamentarios creemos un dispositivo en materia financiera que nos permita estar al tanto de toda la innovación que está teniendo el mercado financiero a nivel internacional, de forma de ver todas las implicancias de cada uno de los movimientos, porque a veces uno ve el 80 por ciento, el 20 por ciento ó el 50 por ciento del problema, pero cuesta verlo en su conjunto, dada la complejidad técnica y todas las derivaciones que tiene. Pero, en general, creo que el proyecto está en una buena línea y estoy por respaldarlo.

He dicho.

El señor SILVA .- Señor Presidente , hace dos semanas, después de debatir el proyecto sobre televisión digital, en Incidentes, planteé lo negativo y malo que había sido el proceso de formación de ese proyecto.

En cambio, el proyecto que estamos discutiendo hoy es, a mi juicio, un muy buen ejemplo de la forma en que debe construirse un buen proyecto de ley. Antes de entrar al contenido de la iniciativa y para que los colegas lo sepan, quiero explicar por qué digo esto.

En primer lugar, en este proyecto se identifican dos focos de problemas que me parecen prioritarios.

Primer foco: algunas dificultades relevantes que están afectando a los ciudadanos, relacionadas con los costos de los seguros y las comisiones que están asociados a los créditos hipotecarios. Estoy hablando de muchas familias, de más de un millón de personas.

Segundo foco: es necesario hacer algo para ir promoviendo mayores beneficios para el ahorro destinado a las pensiones. Precisamente, sobre la base de este foco, el Ejecutivo envió un proyecto que ya habían planteado antes algunos diputados y que considero de gran valor. Los diputados Nicolás Monckeberg y Carlos Montes manifestaron que, normalmente, los proyectos sobre materias financieras están orientados a las grandes instituciones. En cambio, éste tiene la particularidad de beneficiar a las personas, lo que es un aporte positivo.

En segundo lugar, quiero hacer un comentario sobre la tramitación del proyecto en la Comisión de Hacienda. El diputado Montes insinuó algo: la brutal asimetría que existe entre la información que recibe el Ejecutivo , el Congreso Nacional y los distintos actores que intervienen en el mercado financiero. Esto significa que debemos tomar decisiones de ley, muchas veces, con muy poca información. En este caso, se destinó un tiempo adecuado para debatir esta iniciativa que es muy compleja. Me atrevo a afirmar que ninguno de los diputados presentes en la Sala dominan en detalle todos y cada uno de los aspectos contenidos en este proyecto porque, desde nuestra perspectiva, pusimos énfasis en aquellos que requerían mayor prioridad.

Quiero valorar dos elementos especiales relacionados con la forma en que se tramitó el proyecto.

El primero es que escuchamos exposiciones muy buenas de los invitados que participaron en la Comisión y apreciamos muy buena disposición de los mismos para entregar la información requerida. En lo que a mí respecta, lo había presenciado en muy pocas oportunidades. Esto significó que las primeras impresiones que teníamos respecto de ciertas situaciones cambiaron, en virtud de los antecedentes que recibimos. Por lo menos, es lo que me ocurrió a mí respecto de la necesidad de licitar. En este sentido, hoy soy un convencido de que es uno de los aspectos más positivos del proyecto. Al principio tenía dudas, pero al conocer los antecedentes entregados en la Comisión creo que se trata de un gran aporte.

El segundo elemento es que el Ejecutivo escuchó, se dio cuenta de muchas cosas que aquí han planteado los diputados Burgos , Montes y otros colegas. Me imagino que el ministro también va a intervenir en esta línea. Este proyecto mejoró durante el debate y, en ello, el trabajo parlamentario fue positivo. Por eso, tenemos un informe contundente, que contiene las exposiciones efectuadas en la Comisión y un comparado de las modificaciones que se introducen a la legislación vigente.

Debo aclarar sí que, de todas las modificaciones que plantea el Ejecutivo, a mi juicio, en una de ellas incurre en un error. Espero que mi inquietud sea recogida durante la tramitación posterior de la iniciativa, en caso de que no sea considerada en esta oportunidad.

Ahora, quiero ir al fondo del proyecto. Me voy a referir a dos puntos centrales: los seguros y el ahorro.

Respecto de los seguros, el problema principal radica en que el ciudadano corriente que solicita un crédito hipotecario termina el trámite sin conocer en detalle el monto del seguro, de la comisión y de lo que cobra el banco. Es algo que había que resolver, aunque fue muy difícil. Para lograrlo hay distintos caminos, y el Ejecutivo siguió uno: a partir de ahora, los seguros se licitarán, lo que mejorará la competencia.

En cuanto a los cobros, éstos se ordenan. Para que lo sepan quienes nos escuchan y los diputados que van a votar el proyecto, actualmente, en un crédito hipotecario está incluido el dividendo de la deuda, el costo de la corredora de seguros, la prima del seguro y la comisión de cobranza. Lo que hace el proyecto es establecer que los cobros que realiza el banco estén incluidos en el monto del dividendo. Es un cambio muy importante que las personas van a valorar, y que está establecido en los numerales 4) y 5) del número 7), que incorpora un artículo 40 nuevo.

Creo que es un aporte y felicito al Gobierno porque se ha avanzado en esta materia y porque en la Comisión sus representantes nos convencieron, con buenos argumentos, de que esto, como lo dijo el diputado Nicolás Monckeberg, beneficia a las personas y genera más competencia.

¿Cómo se van a hacer las licitaciones, que es algo que también se pueden preguntar las personas? Se van a adjudicar de acuerdo a su valor. No queremos que se produzcan las situaciones que ocurren en otros casos en que se considera cincuenta por ciento el precio y cincuenta por ciento criterios tales como buena calidad del servicio o experiencia previa. Lo que queremos es que, si se va a licitar y a competir, sea por precio porque, de lo contrario, como todos lo sabemos, en licitaciones efectuadas en el sector público y privado, ha existido cierto grado de discrecionalidad.

Tuvimos una discusión a fondo con el Ejecutivo para determinar en qué casos se podían hacer excepciones para licitar sobre la base del precio. Entonces, llegamos a la conclusión -aquí modificamos el texto original, que quedó muy bien redactado- de que sólo el directorio de la institución que otorga el crédito hipotecario puede cambiar la empresa aseguradora que se adjudica la licitación, cuando haya un hecho sobreviniente; es decir, que ocurra con posterioridad y que afecte la solvencia. Como digo, con este cambio, el proyecto quedó mejor redactado, fruto del trabajo que realizamos en la Comisión y de la discusión que llevamos a cabo con el Ejecutivo .

Durante la discusión del proyecto, el Ejecutivo se dio cuenta de que no tenía facultades para definir las coberturas de los seguros, y el diputado Montes así lo planteó. Por mi parte, también quiero decirlo derechamente: existe tensión entre flexibilidad, que se requiere para avanzar en materia de regulación de los seguros, y la posibilidad de aplicar discrecionalidad. Esto porque cuando el inciso final del artículo 40 señala que la Superintendencia de Valores y Seguros establecerá, como norma general, las condiciones y las coberturas mínimas que deberán contemplar los seguros asociados a los créditos hipotecarios a que se refiere este artículo, pueden pasar dos cosas: primero, que todos estemos muy contentos de que la Superintendencia se haga cargo de regular las condiciones mínimas, y, segundo, que debido a una decisión equivocada ésta ponga condiciones mínimas de tal nivel, que todos los deudores hipotecarios chilenos terminen pagando dividendos más altos porque les han subido los estándares de los seguros contratados. No soy partidario de esto, porque hay un riesgo. Por eso, a pesar de tratarse de un proyecto excelente, he pedido votación separada para este punto específico.

He querido hacerlo presente a la Sala, a fin de que los colegas reflexionen sobre la materia y de que se siga revisando durante la tramitación del proyecto. Es un aporte que la Superintendencia establezca cierto marco; pero, es un riesgo que esto pueda conducir a la discrecionalidad y que, si no me equivoco, un millón 200 mil chilenos que tienen créditos hipotecarios terminen pagando, por una decisión equivocada de la autoridad, un dividendo más alto.

Además, cuando revisamos con el Ejecutivo los criterios utilizados para incluir los seguros en los créditos hipotecarios, sólo había un criterio rector: la solvencia, no la protección del deudor. Por eso, invito al Ejecutivo a que si cree que es otro el criterio que se debe aplicar -me parecería bien resguardar los intereses del deudor-, lo revisemos y lo incluyamos en el proyecto de ley.

¿Qué respuesta se nos ha dado hasta ahora? Que estemos tranquilos porque se crearán las comisiones de supervisión financiera; pero, el Congreso tiene que elaborar muy bien ese proyecto y sacarlo adelante, ojalá, muy pronto. Pero, en el intermedio, no soy partidario de que exista el margen de discrecionalidad que contempla el proyecto, no obstante los beneficios y la atención que pueda involucrar.

Termino lo relacionado con los seguros, felicitando al Ejecutivo por este beneficio que implicará precios más bajos y un gran avance.

En relación con el ahorro voluntario, como lo dijo muy bien el diputado informante , se trata de evitar la doble tributación, que se paguen dos veces los aportes en APV -aporte previsional voluntario- y APVC -aporte previsional voluntario colectivo- y la cuenta 2, cuando ésta esté destinada a obtener una pensión.

Bien por el Ejecutivo , porque así como vamos, si no tomamos conciencia de que hay que ahorrar para tener una pensión y de que lo pueda hacer la clase media, no sólo las personas de mayores ingresos, dentro de treinta años, vamos a tener un gran problema.

Termino diciendo que éste es un muy buen proyecto y debemos valorar que respecto de los seguros produce más competencia, mejores precios y mayor información, lo que es muy valioso.

En segundo lugar, fomenta el ahorro previsional destinado al futuro.

En tercer lugar, por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro que tengamos cuidado con la discrecionalidad que podamos incluir en el proyecto, y le pido que eso se revise en las etapas posteriores de tramitación del proyecto.

He dicho.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente , analizamos el proyecto que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, en primer trámite constitucional. Tal como dijimos, se conoce como el MKB 3.

La modernización del sistema financiero se inició en 2005, y su propósito fue perfeccionar el mercado de capitales, ser transparentes y hacer posible algo que es vital en nuestra patria, cual es ayudar y dar opción a los accionistas minoritarios de las empresas. Así se inició este proceso, que dio lugar a una serie de hechos, como información privilegiada y grupos económicos que se pusieron de acuerdo. Nos encontramos con la sorpresa de reclamos muy serios y formales, a través de agrupaciones y asociaciones que se formaron, que señalaban que prácticamente los accionistas minoritarios no tenían ninguna voz ante los directorios ni participaban de las decisiones importantes de las empresas en las cuales habían invertido.

Además de esos efectos, es bueno reconocer que la macroeconomía, desde 1990, se ha llevado con mucha seriedad y responsabilidad en nuestro país y en ella todos los actores cumplieron su rol.

Recuerdo muy bien que en 1990, siendo ya diputado de la República , Renovación Nacional dio su aprobación a una reforma tributaria que hizo posible entender y comprender que después de casi 17 años de régimen militar había que cambiar, y especialmente preocuparnos de las personas más vulnerables; incrementar el gasto social, eliminar la discriminación, establecer igualdad de derechos, permitir que la educación universitaria estuviera al alcance de todos, porque en 1990, sólo tres de diez familias podían enviar a sus hijos a estudiar a la universidad o acceder a la educación superior.

En los últimos años, gracias a todas las leyes publicadas -porque en eso hay que ser claro-, este país se ha desarrollado. Estoy convencido de que el interés por el bien común, el servicio público, está presente en el 99,9 por ciento de quienes nos dedicamos a esta noble actividad que es la política, y tratamos de legislar en función de lo mejor para nuestro país y para el bien común de la población.

El proyecto avanza en la dirección correcta de modificar el mercado de los seguros.

Al respecto, señala que las entidades crediticias deberán contratar los seguros asociados a los créditos hipotecarios, pero por licitación pública, cuestión que actualmente no figura en ninguna ley. Por eso el proyecto apunta a modificar varios cuerpos legales.

Asimismo, la iniciativa dispone que estos seguros deberán asignarse al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros. Excepcionalmente, el directorio de la entidad crediticia, pública y fundadamente, podrá acordar algo distinto en el mejor interés de los deudores.

Este tema fue bastante discutido en la Comisión de Hacienda, porque de repente las excepciones pueden constituir injusticias y eso no está en el espíritu del legislador, que busca claridad en la licitación de los seguros.

Al final, se plantearon algunos casos especiales.

El proyecto dispone que sólo podrán participar en la licitación compañías de seguros con clasificación de riesgo de al menos A. Es bueno que se sepa, para la historia fidedigna de la ley, que en la actualidad deben ser diecinueve las empresas que no tienen problemas en participar de la forma descrita; es decir, habrá competencia y existirá la posibilidad de que, efectivamente, disminuya el costo de los seguros.

Prosigue el proyecto señalando que no podrán estipularse comisiones o pagos en favor de la entidad crediticia asociados a estos seguros.

Además, cualquier devolución de primas, por experiencia favorable u otro concepto, deberá ser reembolsado al asegurado deudor del crédito.

El proyecto ingresó a la Corporación el 1 de marzo de este año, y hoy, 4 de mayo, ya lo estamos discutiendo en primer trámite constitucional, lo que evidencia un trabajo acucioso, serio y responsable de la Comisión de Hacienda, en la que escuchamos a todos los actores que solicitaron tener presencia en la Comisión.

Es fundamental señalar que el proceso de licitación será regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en conjunto, es decir, los dos superintendentes tendrán la obligación y la responsabilidad de que no haya dudas sobre la claridad de la licitación.

Se mantiene el derecho de los deudores de contratar individualmente su seguro con una aseguradora de su elección.

Asimismo, las disposiciones del proyecto se aplicarán a los nuevos contratos de seguros y a los que se renueven.

He explicitado lo anterior porque estoy convencido de que esto es lo más importante del proyecto en análisis. Ha habido muchas cláusulas leoninas en las pólizas de seguro que las empresas imponen en una relación asimétrica con los ciudadanos y consumidores.

Ayer, en esta misma Sala, analizamos el problema de las tasas de interés de los bancos. Hoy, damos un paso importante sobre el mercado de seguros, que tenía muy altos costos para los usuarios, cuestión que se notó claramente -lo digo como diputado de Concepción , Chiguayante y San Pedro de la Paz- después del terremoto de 27 de febrero de 2010.

Junto con el diputado Rincón , al mes de asumir el actual período legislativo, planteamos al ministro que la lentitud en el pago de los seguros era brutal. Los seguros tienen la posibilidad de liquidarse en un plazo de 90 días después de ocurrido un siniestro, pero muchas compañías solicitaron un plazo adicional de 90 días.

Debo reconocer que ustedes actuaron: hablaron con los respectivos superintendentes, con la asociación gremial de seguros y apuraron el trámite. Es importante dar a conocer esto, porque en caso contrario, el descrédito de los seguros pudo haber sido muy grande. En ese contexto, hay una frase que plantearon muchos de los que sufrieron daños: las compañías de seguros son muy buenas para cobrar, pero muy malas para pagar.

Debo reconocer que después de esas gestiones que realizamos, se apuró el tranco. Es obvio que no se pueden pagar todos, debido a los procesos judiciales, como sucede con los edificios emblemáticos de la ciudad de Concepción. No se les puede pagar hasta que no esté solucionado el proceso judicial.

Por eso, en la Comisión de Hacienda respaldamos este proyecto, que da más transparencia y competitividad. Ésas son las claves para un mercado de capitales moderno: estimular la competencia de los operadores, castigar su colusión o los monopolios encubiertos y, en paralelo, fomentar más transparencia hacia los usuarios y respetar a todas las personas.

Voy a entregar una sola cifra. Hay más de 1 millón 300 mil créditos hipotecarios en el país, todos cerrados con la banca. A partir de ahora, habrá una baja, y este proyecto de ley les servirá en ese sentido.

Por lo tanto, la Democracia Cristiana lo votará favorablemente en general y en particular.

He dicho.

El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , este proyecto, muy discutido en la Comisión de Hacienda, es tremendamente importante en lo concerniente a la modernización y a la competencia del sistema financiero. En sí, es bastante complejo y tiene muchas aristas. Pero, en resumen, hay modificaciones bastante relevantes en materia de seguros, de pensiones y de tributos.

Por ejemplo, en cuanto a seguros, la legislación actual permite el rechazo de una solicitud para abrir una compañía de seguros por el solo hecho de que la Superintendencia de Valores y Seguros no se pronuncie dentro de un determinado plazo. En este sentido, no había una obligación. El proyecto avanza en la solución de esa deficiencia, disponiendo que el rechazo de una solicitud debe hacerse por escrito y de manera fundada.

Por otro lado, aumenta el límite para invertir directamente en bienes raíces, tanto habitacionales como no habitacionales, y permite inversiones en bienes raíces habitacionales para respaldar la reserva técnica y el patrimonio de riesgo, que es un 5 por ciento, e incrementa el límite de participación individual de las aseguradoras en créditos sindicados. El resultado es una composición más eficiente de los portafolios de inversión de las aseguradoras y más opciones de financiamiento para las personas y las empresas.

Actualmente, las entidades crediticias, como bancos, cooperativas, administradoras de mutuos y cajas de compensación contratan seguros asociados a los créditos hipotecarios que otorgan, los que son pagados por los deudores en forma conjunta con las cuotas del préstamo.

Con el objeto de aumentar la competencia en beneficio del consumidor, el proyecto obliga a las entidades crediticias a contratar los seguros por medio de una licitación pública. De esta manera, los seguros serán adjudicados al oferente que presente el menor precio y el proveedor del seguro no podrá hacer pagos a favor de la entidad crediticia asociados a la contratación de estos seguros.

En materia de modificaciones al sistema de pensiones, el proyecto pretende fomentar el ahorro previsional voluntario, introduciendo cambios en materia institucional y tributaria. Plantea medidas para evitar la doble tributación de los depósitos de APV y APV Colectivo y en las Cuentas de Ahorro Voluntario o Cuenta 2 cuando se destinan a la pensión. Asimismo, se flexibiliza la cuenta de Ahorro Voluntario al permitir la apertura de estas cuentas en cualquiera AFP y no exclusivamente en aquella donde se encuentre la cuenta de capitalización individual.

Permite retiros de la Cuenta de Ahorro Voluntario, seleccionando el régimen de tributación. De esa manera, en el caso de que el ahorrante tenga depósitos sujetos al régimen tributario general y al establecido en el artículo 57 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, se le permite seleccionar de cuál de ellos efectúa los retiros.

El proyecto busca fortalecer el ahorro de más de 1,6 millones de afiliados, que tienen una Cuenta de Ahorro Voluntario y de los 900 mil que tienen una cuenta de APV.

Estos incentivos van más allá de lo puramente tributario, pues disminuye costos y mejora las alternativas.

En cuanto al perfeccionamiento de la inversión de los fondos de pensiones, la iniciativa flexibiliza el régimen de inversión de dichos fondos, con el objeto de incrementar su rentabilidad, sin descuidar el buen resguardo de los mismos.

Respecto del Seguro Obligatorio de Cesantía, en el proyecto se proponen diversas modificaciones en el ámbito de inversiones, tales como transferir al Régimen de Inversión la definición de los límites máximos de inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, que puedan mantener los fondos de cesantía, estableciendo que requerirán un informe previo del Banco Central.

También se flexibiliza la aplicación del límite que agrupa a las inversiones de mayor riesgo relativo.

Asimismo, se preceptúa un sistema de incentivo que premia o castiga a la sociedad administradora con un aumento o disminución de la comisión cobrada en cada mes, si la rentabilidad real del Fondo de Cesantía o del Fondo de Cesantía Solidario es superior o inferior a la rentabilidad real de la respectiva cartera referencial establecida en el régimen de inversión.

La iniciativa también abarca modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta, en el sentido de que se busca que los retiros desde la Cuenta de Ahorro Voluntario no sean doblemente sujetos a tributación, en la parte que ya se gravaron, cuando se destinen a incrementar la pensión. De igual modo, se quiere evitar que los depósitos de ahorro previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias y el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los ahorros del trabajador queden sujetos a una doble tributación al momento de su retiro.

Además, propone, al igual como ocurre en el caso de los contribuyentes del impuesto único de segunda categoría, y mientras no se encuentren legalmente obligados a efectuar cotizaciones previsionales, a partir de enero de 2012, que se otorgue a los trabajadores independientes la posibilidad de rebajar de sus ingresos brutos el monto de estas cotizaciones que realicen en forma voluntaria.

También busca eliminar una asimetría tributaria existente en los productos de ahorro previsional voluntario (APV) vinculados a seguros de vida con ahorro, que se produce en el caso de muerte del titular del plan.

En la actualidad, en el caso de muerte del titular, el capital asegurado por el seguro de vida es recibido por los beneficiarios del fallecido como una indemnización libre de impuestos.

En este ámbito, el proyecto propone modificar dicha situación, disponiendo que quedarán afectos a impuestos el ahorro realizado a través de dicho instrumento, así como su rentabilidad.

En términos generales, el proyecto avanza en la línea correcta de fomentar una mayor competitividad en los agentes financieros al promover, a través de estas distintas modificaciones, una movilidad mayor de los agentes del mercado, como también una competencia y modernización de nuestro sistema financiero.

He dicho.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , creo que el proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Hacienda -no pertenezco a ella-, es bastante interesante, por cuanto contempla objetivos que a todos nos motivan, como es modernizar y fomentar la competencia del sistema financiero.

Sin embargo, quiero plantear dos puntos. Uno de ellos -tema que he conversado largamente con los diputados Rincón y Latorre- tiene que ver justamente con la cobertura de los seguros. Nos parece bien que esto signifique, probablemente, contratar en mejores condiciones de precio los seguros, mediante licitación. Efectivamente, hoy existe un abuso o cobros a precios altísimos en los seguros de incendios, de gravamen o de siniestros, que se usan para cubrir los inmuebles o deudas de créditos hipotecarios. De alguna forma, esos aspectos se abordan de buena manera en el proyecto. Es decir, se busca mejor competencia, mejor transparencia, más información, etcétera.

No obstante, hay un punto que no queda bien resuelto, que tiene que ver precisamente con la cobertura de los seguros. El artículo 40 señala: “Los bancos, cooperativas, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, cajas de compensación de asignación familiar y cualquier otra entidad que tenga dentro de su giro otorgar créditos hipotecarios, en adelante entidades crediticias, que en virtud de operaciones hipotecarias con personas naturales deban contratar seguros por cuenta y cargo de sus clientes, con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o el pago de la deuda frente a determinados eventos que afecten al deudor, deberán cumplir con lo siguiente:”.

Es decir, se da la alternativa de que los seguros puedan cobrar el bien -es decir, el inmueble, la propiedad- o el pago. Por lo tanto, continúa existiendo en la ley la opción de que los bancos aseguren sólo el monto de la deuda. Por lo tanto, perfectamente se puede volver a repetir la situación que se vivió el año pasado, a raíz del terremoto del 27 de febrero, en la cual muchos deudores hipotecarios perdieron sus casas y departamentos, pero como estaban confiados de que tenían contratado un seguro, cuando llegó el momento de cobrarlo les dijeron: usted sólo tiene asegurado el crédito, no le debe nada al banco, porque éste se pagó de la deuda, pero usted no tiene casa y queda en la calle. Por lo tanto, aquí está latente un tema social muy importante.

Cuando en un país los ciudadanos toman decisiones, a veces libremente, otras inducidas, cortoplacistas, y les dicen que en tal o cual lugar pueden contratar un seguro que es un poco más barato y, por lo tanto, la cuota a pagar será mucho más baja, no necesariamente les están dando toda la información para que efectivamente sepa qué es lo que realmente va a cubrir ese seguro. ¿Cubre la deuda y la propiedad o sólo la deuda? La idea es que de aquí en adelante se informe al cliente como corresponde.

Ahora bien, aprovechando la presencia del señor ministro , creo que esto no debiese quedar en las bases de licitación de la Superintendencia de Valores y Seguros o en el ámbito reglamentario, sino que debiéramos garantizar por ley que la cobertura del seguro sea para pagar la deuda y el bien dado en garantía hipotecaria.

Como ahora no podemos presentar indicaciones, debido a que el proyecto fue calificado de suma urgencia, vamos a trabajar para que en el Senado podamos conseguir el patrocinio de una indicación que nos permita resolver el problema, pues se trata de un asunto social importante.

Cuando una persona toma la decisión de contratar un seguro y sólo se fija en la cuota que debe pagar y no en que esa cobertura cubra también su vivienda, se está generando una irresponsabilidad importante. Al menos en los seguros licitados debe estar contemplada esta cobertura. Además, se permite al consumidor el derecho de contratar en forma individual el seguro que estime más conveniente; es decir, tiene la alternativa de optar por los seguros licitados en las condiciones establecidas o por negociar individualmente un seguro distinto. Por lo tanto, siempre tendrá el derecho de opción. Ahora, no lo podemos obligar a que contrate un seguro con cobertura sobre el bien inmueble, pero al menos en aquellos seguros licitados, debiéramos garantizar esa cobertura.

Por ello, quiero solicitar al señor ministro que se abra a la posibilidad de incorporar esa norma.

Por las razones expuestas, y para discutir de mejor manera el tema en el Senado, anuncio que votaré en contra del artículo 40 y sus numerales.

Asimismo, pido votación separada de todos los numerales del artículo 40, que, repito, votaré en contra, justamente para tener un debate como corresponde en el Senado, porque no se está dando una solución a un problema, que no es económico, sino social, que quedó de manifiesto con ocasión del terremoto que sufrió nuestro país el año pasado.

El segundo punto al que me referiré tiene relación con otra idea del proyecto: mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, tema muy significativo.

Hoy, en Chile, las AFP tienen más de 100 mil millones de dólares. Por cierto, debemos estar preocupados de mejorar su rentabilidad, porque los cotizantes, que trabajan y ahorran durante toda su vida para obtener una jubilación, se alegran cuando las empresas en que están invertidas sus acciones obtienen buenos resultados, pero, cuando éstos son adversos, los únicos perjudicados son los trabajadores y no los ejecutivos de dichas empresas. Por lo tanto, el riesgo es del trabajador que cotiza, sin mencionar el hecho de que recibirán pensiones miserables.

Justamente ayer, con motivo de la sesión especial que celebró la Cámara acerca de los créditos de consumo, mostré una lámina que representaba el flujo del dinero, en que parte del sueldo de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores, de los cotizantes, era depositado en su AFP para su futura jubilación, y esos fondos se prestan a los bancos mediante emisión de bonos de estos últimos, a una tasa de 6 por ciento anual -una bajísima rentabilidad-, y después los bancos se lo prestan a esos mismos trabajadores, mediante créditos de consumo, tarjetas de crédito o líneas de crédito, con un recargo de hasta 45 por ciento. Es decir, los trabajadores le prestan a los bancos a 6 por ciento de interés y éstos, a su vez, les prestan a los trabajadores a 45 por ciento.

Si realmente queremos mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones, debemos incorporar en el proyecto la posibilidad de que los trabajadores puedan prestarse una parte -por ejemplo, un 5 por ciento- de sus ahorros previsionales, con reglas claras, límites de edad, a un interés superior al 6 por ciento, es decir, autocobrándose más de lo que le cobran a los bancos con nuestros ahorros y, por supuesto, a una tasa inferior a la que les pagamos a los bancos, que puede ser superior al 45 por ciento.

¿Qué garantizamos con ello? Condiciones de créditos más justas para las personas y mayor rentabilidad de los fondos de pensiones. Se cumplirían dos objetivos con una norma de esta naturaleza, como la que hoy existe en otras economías, que miramos mucho, pero de las cuales copiamos sólo una parte y no las que van en beneficio de los trabajadores. Como dije ayer, en Singapur existe esa posibilidad.

¿Por qué no debatimos en serio el tema? Así podríamos incorporar una norma que mejora la rentabilidad de los fondos de pensiones y la posibilidad de que los trabajadores, los cotizantes chilenos puedan obtener una mejor jubilación y, por otra parte, si están en el sector activo, puedan acceder a créditos en condiciones más favorables y no como el sistema que tenemos hoy, en que los que realmente ganan son las instituciones financieras y los que pierden son los trabajadores.

Ojalá que el ministro se abra a debatir el tema, a fin de que podamos incorporarlo en este proyecto en el Senado y así dar un paso creativo y audaz que, por lo demás, fue lo que prometió este Gobierno cuando habló de una nueva forma de gobernar. Sin embargo, hemos visto poca creatividad y escasa innovación en aspectos tan importantes como éstos. Podríamos hablar de un proyecto que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero y que, a la vez, protege adecuadamente a los consumidores y garantiza herramientas más eficaces para mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones.

He dicho.

El señor ARENAS.- Señor Presidente , sin duda, son muchos los aspectos del proyecto que se podrían mencionar, pero la intervención del diputado Ernesto Silva me ahorró gran parte de lo que quería decir, porque hizo una exposición con conocimientos, muy completa y detallada. Por lo tanto, suscribo totalmente sus palabras.

Sólo quiero agregar algo a esa brillante intervención, que dice relación con una indicación que presenté con los diputados Carlos Montes y Fuad Chahín , que para ser votada requiere la unanimidad de la Sala.

Por lo tanto, en consideración a que la indicación fue firmada por representantes de todos los sectores políticos, de Derecha, Centro e Izquierda, pido a los parlamentarios que den la unanimidad.

¿En qué consiste? En 2006, presenté un proyecto de ley que dispone la Tasa Anual Equivalente (TAE), para obligar a los bancos a que cuando informen una tasa de interés no se refieran sólo a la que establece al interés propiamente tal, sino que esa tasa refleje también todos los costos finales que deberá pagar el consumidor del crédito. Cuando dicen que un crédito de consumo tiene una tasa de 3,5 y otro banco dice que la tasa es de 3,2, puede suceder que contratar crédito con una tasa de 3,2 resulte más caro que el de 3,5. En tal caso, se ha entregado una información engañosa. ¿Por qué? Porque aunque están cobrando menos intereses, están logrando ganancias a través de las comisiones, seguros, gastos de administración, gastos de notaría, etcétera. Entonces, en ese caso se ha entregado una información incompleta sobre el costo final del crédito. Y ese mecanismo se utiliza en otros países, en que se exige una especie de TAE que comprenda todos los costos finales, sin importar si se trata de costos de administración, de seguros, notarial, etcétera. No importa. Todo lo que el consumidor va a pagar extra por sobre el capital solicitado debe estar a la vista. Eso permite la tasa anual equivalente, nombre que hemos copiado, porque aquí no se ha inventado nada, de la legislación española, la cual establece la obligación de establecer una TAE en materia de créditos de consumo y otra TAE en materia de créditos hipotecarios. ¿Y qué permite la TAE? Comparar realmente entre un banco y otro, sobre la base de una sola cifra: la TAE.

Además, cuando no se menciona la TAE, ocurre que muchos créditos de consumo, en la práctica, superan la tasa máxima convencional. Ya hemos visto que las tasas de interés, por ejemplo de las tarjetas de créditos, están en el límite de la tasa máxima convencional. Pero si se le agregan los costos asociados, de administración, seguros, etcétera, nos podemos dar cuenta de que, al final, el deudor paga más que la tasa máxima convencional. Por lo tanto, ésa también es una forma de burlar la ley.

¿Qué queremos con la indicación presentada para establecer una tasa anual equivalente? Que haya transparencia; que la gente sepa cuánto va a pagar en definitiva. Esto no modifica ningún sistema de operaciones de crédito, sino que obliga a ser más transparentes.

Como le dije al principio, en 2006 presentamos un proyecto de ley sobre esta materia. Se aprobó en la Comisión de Economía. Lo aprobamos en la Sala de la Cámara -hecho muy importante- y pasó a la Comisión de Economía del Senado el 2009. Ha pasado más de un año y no hay noticias de que se haya movido un papel de ese proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. En definitiva, estas iniciativas sólo funcionan cuando el Gobierno se compromete.

Estamos atacando un hecho esencial de una industria muy potente, como es la banca. Por lo tanto, estos proyectos avanzan sólo si el Gobierno o el Ministerio de Hacienda le ponen su sello y compromiso. Por esa razón presentamos la indicación. Me dirán que ya existe el proyecto de ley. Pero esa iniciativa no va a avanzar si no va dentro de un carro que ande rápido, y ese carro es el proyecto que estamos discutiendo, porque el Gobierno está jugado con él, ya que lo califica con suma urgencia, para que se transforme pronto en ley, lo que me parece positivo porque, como dijo en forma brillante el diputado Ernesto Silva , es un gran proyecto.

Quiero agregarle a ese carro esta norma que es fundamental, porque es la única forma viable de que la TAE exista. Ahora, la indicación no está completa. Le faltan ciertos antecedentes importantes, como, por ejemplo, algunas atribuciones que habría que dar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para fijar la fórmula final de las TAE. Como parlamentarios, en las indicaciones no podemos dar atribuciones a entidades de Gobierno. Por eso, quizás, no es completa esta indicación. Pero tiene el valor de poner ese tema en discusión en este proyecto.

La iniciativa está en primer trámite constitucional. Por lo tanto, todavía disponemos de mucho tiempo para discutir el tema. El Gobierno puede hacerse cargo de la necesidad urgente que plantea la Cámara de Diputados y establecer una indicación propia más completa que la que estamos presentando. Ese es el valor que veo en esta indicación.

Pido la unanimidad para votar la indicación, aprobarla e incorporarla. El diputado Rincón me manifiesta su total apoyo, como también la diputada Cristina Girardi y el diputados Mario Venegas , gran representante de Angol. Con el diputado Lorenzini nunca se sabe, …

(Manifestaciones en la Sala).

…pero lo más probable es que apoye. Por eso, reitero, pido el apoyo de todos mis colegas a la indicación presentada.

He dicho.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente, frente a lo que tenemos, sin duda, el proyecto representa un avance.

Varios parlamentarios -entre otros, el diputado José Miguel Ortiz- planteamos el tema de los seguros al ministro de Hacienda cuando discutimos el primer proyecto de reconstrucción enviado por el Ejecutivo. Al respecto, hicimos conferencias y comunicados de prensa, abordamos el tema en Incidentes y otros parlamentarios también lo refrendaron. Pocas veces se siente que tal cantidad de actividad legislativa colectiva da frutos.

Quiero ser sincero: el ministro recogió el guante y abordó el tema, lo cual es positivo. Pero seamos claros. Este problema existe porque se permitió que la banca en Chile participara en un negocio que en la mayor parte de los países es de giro único, los seguros, y ya hace doce años, cuando se discutió la modificación a la ley general de bancos, en 1996 ó 1997, se plantearon los inconvenientes y las consecuencias que ello podría generar en Chile. Lamentablemente, las hemos visto: las ventas atadas, los abusos en los seguros, etcétera. La asimetría que genera que los bancos participen en este mercado es lo que ahora trata de corregir el Ejecutivo , pero no nos consta que vaya a lograrlo.

Voy a destacar algunas de las asimetrías existentes. Hoy, en Chile, el deudor no tiene póliza, no obstante que el seguro está asociado a un crédito y, por lo tanto, a una obligación con un banco, pero no tiene seguro; lo contrata el banco. El deudor no recibe el certificado de cobertura que exige la normativa vigente. El deudor, por lo tanto, no conoce la cobertura de los seguros contratados por cuenta suya y que paga con su patrimonio. Tampoco conoce el monto asegurado, el deducible o las exclusiones. En suma, como consecuencia, muchas veces el asegurado no cobra el siniestro. El siniestro lo cobra y lo tramita el banco. La indemnización la cobra el banco. El monto asegurado rige por el total a favor del banco. Ya se ha repetido suficientemente. Los bancos contratan por la deuda. Obviamente, exigen una garantía superior a la deuda, pero no protegen la garantía, sino la deuda. Esto lleva a que el deudor no reciba la diferencia entre el valor del bien siniestrado y el saldo insoluto de su deuda, pese a la amortización de ésta a lo largo del tiempo, cuestión de la cual sí se preocupan los corredores no bancarios de dejar claramente estipulado en las pólizas.

Cuando algunos hacen apología del derecho de propiedad debieran preocuparse del derecho de propiedad del dinero, del que paga -no del que está en el Dicom- un seguro y amortiza el crédito, pero cuando viene el siniestro, “si te he visto, no me acuerdo”. El banco llega a cobrar de prima hasta el doble de lo que el cliente pagaría con un corredor tradicional. Esto lo sabe muy bien el ministro de Hacienda , porque se jugó por tratar de regular el tema, en parte. De hecho, hay casos anteriores al terremoto en el cual el costo de la póliza contratada por el banco era de 25,5 unidades de fomento al año; pero si ésta hubiera sido contratada por el cliente, a través de su corredor, la misma póliza sólo le habría costado 6,35 UF.

En muchas ocasiones, la propiedad está mal asegurada. El deudor no tiene control sobre la póliza; no sabe cuánto corresponde a comisiones, a costos de administración y a costos de cobranza. ¡Miren tamaña aberración! En caso de que el deudor sea una empresa y tome seguros para otros y para sí misma, no puede descontar el IVA asociado al seguro.

Las pólizas incluyen cláusulas de beneficio para el banco más que para el deudor asegurado.

Según la ley, el corredor debe asesorar al contratante y al asegurado por toda la vigencia de la póliza y, en especial, ante la ocurrencia de un siniestro. Eso no ocurre aquí, porque el banco las hace todas: pide mandato irrevocable sin obligación de rendir cuenta -algo señalé ayer al respecto-; asimismo, es el proponente, el intermediario, el asegurador, porque opera con compañías relacionadas; también es el asegurado, porque vela sólo por su deuda y no por la garantía que exige y, además, es el liquidador y el beneficiario.

¡Ésa es la consecuencia de la brillante ocurrencia de este país de permitir que la banca participe de un negocio que debiera ser de giro único, como son los seguros, con gente especializada e independiente! Aquí la integración vertical es tremenda. El banco lo hace todo para beneficio propio; no para beneficio del cliente, al que le exige garantías, pero éstas no se cuidan ni se respetan.

El proyecto empieza a mejorar un poco esta situación, y eso es lo positivo. Estoy muy consciente de que en 1997 gobernaba la Concertación, pero fue el Poder Legislativo el que aprobó esto. ¡Qué bueno que ahora, un gobierno de Derecha, a lo menos, trate de regular -lo digo así de claro y abierto- este problema, que, en todo caso, viene con distorsiones!

No obstante que la licitación se lleva a cabo para obtener un mejor precio -para eso es la licitación de los seguros-, se podrá adoptar una decisión totalmente distinta, porque, fundadamente, podrá asignarse a un costo mayor, no obstante que la licitación hubiere permitido un costo menor.

Por eso, algunos parlamentarios estamos pidiendo votación separada del artículo 40, porque en esa norma se permite esa posibilidad. ¿De qué licitación me hablan? ¿Para que por un acuerdo de directorio se permita adjudicar a un oferente más caro? La Comisión de Hacienda trató de arreglar este punto con una frase que involucra la solvencia de la compañía aseguradora, pero son todos criterios subjetivos que, en definitiva, quedan de cargo del directorio del banco. ¡Pero si para ser aseguradora hay que ser solvente y se debe cumplir una serie de requisitos, cuestión que sabemos muy bien los abogados!

Entonces, esto sería letra muerta y un chiste si se permite que los bancos, en forma unilateral, decidan contratar a un precio mayor. Y no puede ser que no haya obligatoriedad de información de lo contratado a los clientes. Eso tampoco lo garantiza el proyecto.

La solución definitiva debiera ser que los bancos no puedan actuar en un mercado que requiere especialización, independencia, donde se acompañe al cliente permanentemente, sobre todo cuando ocurra un siniestro, lo que, por cierto, los corredores bancarios no garantizan ni les preocupa. ¡Ésa es la solución real; no este proyecto de ley!

Por supuesto, reconozco -y se lo agradezco hidalgamente al ministro de Hacienda - que este proyecto de ley mejore lo que existe en la legislación actual. Entre lo que hay, que es pésimo, que nunca debió permitirse en el país, cual es la posibilidad de que los bancos se metieran en el negocio de los seguros, liquidando una serie de aseguradoras y corredoras pequeñas que estaban en un mercado competitivo al existir sólo ellas, por cierto que este proyecto de ley mejora un poco eso y da ciertas garantías, razón por la cual lo vamos a aprobar.

Pero no podemos callar las deficiencias que se observan, como la posibilidad de que se termine otorgando la licitación a un oferente mayor o que no exista la obligación de informar en detalle sobre cada uno de los componentes del contrato de seguro, porque es un elemento fundamental de la contratación de seguros en el país.

Por tanto, esperamos que en el Senado se sigan haciendo las correcciones, a fin de perfeccionar la iniciativa, y ahí estaremos con los diputados Lorenzini o Chahín o con nuestra amiga Alejandra Sepúlveda , a quien también le preocupan estos temas, para que esta legislación se corrija y se perfeccione.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate.

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje y con suma urgencia, que moderniza y fomenta la competencia en el sistema financiero, con la salvedad de las siguiente disposiciones, que requieren quórum reforzado de votación: los numerales 3), 4) y 5) del artículo 1°, y el numeral 10) del artículo 2°, que tratan materias propias de quórum calificado; la letra e) del numeral 8) del artículo 2° y el numeral 3) del artículo 3°, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto elipe; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Díaz Díaz Marcelo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- En votación general los numerales 3), 4) y 5) del artículo 1° y el numeral 10) del artículo 2°, de rango de quórum calificado, por incidir en limitaciones para la adquisición del dominio, de acuerdo con lo dispuesto en el N° 23° del artículo 19 de la Constitución Política, y para cuya aprobación se requiere el voto favorable de la mayoría de las diputadas y diputados en ejercicio, esto es, 61 votos.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Espinoza Sandoval Fidel; Gutiérrez Gálvez Hugo; Monsalve Benavides Manuel; Pacheco Rivas Clemira.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- En votación general la letra e) del numeral 8) del artículo 2° y el numeral 3) del artículo 3°, propios de rango orgánico constitucional por incidir en materias de facultad y atribuciones del Banco Central, según el artículo 108 de la Constitución Política, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de las 4/7 partes de los diputados en ejercicio, esto es, 69 votos.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- En votación particular el texto del proyecto, contenido en las páginas 35 a 46 del informe de la Comisión de Hacienda, con excepción de las disposiciones que requieren quórum especial de votación y con la salvedad, también, del artículo 40 que se incorpora al D.F.L. Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, contenido en el número 7) del artículo 1° del proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- En votación particular los numerales 3), 4) y 5) del artículo 1° y el numeral 10) del artículo 2°, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 61 diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- En votación particular la letra e) del numeral 8) del artículo 2° y el numeral 3) del artículo 3°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en particular el artículo 40, nuevo, que mediante el número 7) del artículo 1° del proyecto se incorpora en el D.F.L. Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, que figura en las páginas 13 a 17 del comparado, con la salvedad de las letras a) y b) del numeral 7) y del inciso final del artículo 40, respecto de los cuales se pidió división de la votación y que serán votados posteriormente, en caso de que el artículo 40 resulte aprobado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvo el diputado señor Araya Guerrero Pedro.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Finalmente, recabo el asentimiento unánime de la Sala para admitir a votación la indicación aditiva de los diputados señores Gonzalo Arenas, Fuad Chahín, Carlos Montes, René Manuel García y Pablo Lorenzi, para agregar un nuevo artículo en el proyecto, mediante el cual se incorpora en el Título VIII de la ley General de Bancos, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, un artículo 69 bis, nuevo, referido a la tasa anual equivalente.

La indicación está publicada en el pupitre electrónico de las señoras diputadas y de los señores diputados.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Aprobado y despachado el proyecto.