Labor Parlamentaria

III. ACTAS

El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 81ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 82ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.

V. OBJETO DE LA SESIÓN

VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro. (boletín N° 7958-05)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley que introduce modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, sobre Compañías de Seguros (en adelante “DFL 251”), que establece un nuevo sistema de supervisión basado en el riesgo de las Compañías de Seguros. Este nuevo sistema conocido internacionalmente como “Supervisión Basada en Riesgos”, tiene por objeto fundamental fomentar el desarrollo de un mercado asegurador sano y estable, fortaleciendo a su vez la protección a los asegurados. El nuevo sistema se centra en la medición integral de los distintos riesgos que enfrentan las aseguradoras y en la evaluación de la calidad de su gestión.

I. FUNDAMENTO Y OBJETIVO DE LA INICIATIVA.

En materia de seguros, Chile presenta una de las industrias más maduras y de mayor penetración en Latinoamérica. En los últimos 25 años, la cantidad de primas pagadas en nuestro país se ha duplicado en relación al PIB, llegando a representar un 3,9% del Producto a Diciembre de 2009 y un 4,1% para Diciembre de 2010. Pero no sólo es una industria creciente, sino que demostró en 2010 que es capaz de enfrentar desafíos importantes sin comprometer la solvencia del sistema, entregando una buena respuesta a sus usuarios, como se evidenció después del terremoto del 27 de febrero de 2010.

La industria aseguradora está conformada actualmente por 58 compañías con operaciones en Chile, y maneja en total activos por aproximadamente US$ 43.000 millones, lo que equivale a cerca de un 23% del Producto. Es un mercado que se caracteriza por la existencia de gran número de actores, una considerable participación extranjera (52% de las compañías) y por mostrar un activo desarrollo e innovación en la oferta de productos de seguros.

Al mismo tiempo, las compañías de seguros de vida juegan un rol fundamental en nuestro sistema de pensiones, al pagar mensualmente pensiones por rentas vitalicias a alrededor de 440.000 jubilados y beneficiarios, lo cual representa más de un 50% del total de las pensiones recibidas por los chilenos el año 2010. También entregan protección a los trabajadores activos a través de otros productos financieros.

El año 2006, la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) decidió avanzar hacia la adopción del sistema de supervisión basada en riesgo (“SBR”), con el objetivo de contar con una supervisión moderna y acorde a las mejores prácticas internacionales, que promueva el desarrollo sano del mercado asegurador y una adecuada protección a los asegurados. El nuevo modelo permite una regulación más flexible que fortalecerá los sistemas de administración de riesgo de las compañías.

Es importante señalar que el presente proyecto de ley constituye la mayor reforma a la industria de seguros en los últimos 30 años, y es la culminación de un largo proceso de reestructuración y liberalización que ha ido de la mano con la maduración del mercado financiero chileno, y el fortalecimiento de sus supervisores.

El modelo SBR se centra en una supervisión basada en principios y no en exhaustivos límites y rígidas reglas, como es el modelo vigente. El sistema actual, no recoge adecuadamente todos los riesgos que enfrentan las distintas aseguradoras, lo que puede llevar a un debilitamiento de su solvencia y a generar distorsiones en su gestión.

En materia de inversiones, por una parte se entrega mayor libertad al directorio y a los principales ejecutivos de las aseguradoras para la administración del portafolio de inversiones de la misma, pero al mismo tiempo los hace responsables de las políticas de control de riesgos que se deben adoptar como contraparte y fortalece la supervisión de la SVS en esta materia.

Este cambio de enfoque permitirá mayor flexibilidad a la inversión de los aproximadamente US$ 43.000 millones que hoy administran las compañías de seguros. Con la reforma que se plantea en este proyecto, se abre espacio para una inversión más eficiente de los recursos, contribuyéndose así a una mayor productividad y eficiencia a nivel agregado, y, por ende, a un mayor crecimiento económico, con el consecuente efecto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Desde otra perspectiva, la reforma implica contar con un mejor manejo de riesgos de las compañías –operacionales, de inversión, de liquidez, de solvencia, etc., lo que impulsará una mejor relación riesgo-retorno en sus carteras de inversión y, por tanto, la posibilidad de ofrecer mayores beneficios a sus asegurados.

La SVS, sobre la base del análisis de la experiencia y recomendaciones internacionales y con el apoyo de una consultoría externa de primer nivel, impulsada por el Banco Mundial a través de el proyecto FIRST, (Reforma y Fortalecimiento del Sector Financiero), ha desarrollado este nuevo modelo de supervisión para el mercado de seguros. Al efecto, se analizaron experiencias de países como Canadá, Australia y la Unión Europea (modelo conocido como “Solvencia II”). Además, se consideraron los principios y estándares internacionales en materia de regulación de seguros de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), proporcionadas con motivo del programa FSAP (Programa de Evaluación del Sector Financiero), llevado a cabo en nuestro país en los años 2004 y 2011. Asimismo, se trata de una reforma altamente recomendada por la OCDE en el contexto del proceso de ingreso de Chile a dicha organización el año 2009. Por último, durante el mes de noviembre de 2010, nuestro país fue visitado por un experto del Banco Mundial, el que informó positivamente el proyecto de ley que se adjunta.

No obstante que la SVS ya se encuentra implementando este nuevo enfoque de supervisión, parte importante del nuevo esquema requiere para su aplicación de las modificaciones legales que se proponen en este proyecto de ley.

Las principales modificaciones son las siguientes:

1. Un nuevo requerimiento de capital basado en los riesgos (CBR).

2. Un sistema de evaluación de la solvencia de las aseguradoras.

3. Un nuevo régimen de inversiones.

4. Otras modificaciones a la Ley de Seguros consistentes con el nuevo enfoque de supervisión.

II. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS.

El presente proyecto está destinado a modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931, sobre Compañías de Seguros.

Las mencionadas modificaciones contemplan fundamentalmente las siguientes áreas o materias:

1. Nuevo requerimiento de capital basado en los riesgos (CBR).

En la actualidad, el requerimiento de capital (patrimonio de riesgo) de las aseguradoras sólo recoge de manera limitada el riesgo de las obligaciones por la venta de seguros de la compañía (riesgo técnico de los seguros) y no considera el riesgo proveniente de los activos, ni el riesgo operacional. El nuevo requerimiento de capital basado en riesgo (CBR) que sustituye al anterior, recogerá de mejor forma el riesgo técnico de seguros y estará directamente relacionado con el nivel de riesgo de las inversiones y de los activos de la aseguradora. De esta manera, a mayor riesgo de los activos y pasivos, mayor será el requerimiento de capital.

El proyecto de ley establece los principios generales y conceptos para la determinación del CBR, dejando la metodología, bases técnicas, procedimientos y otros parámetros, para ser fijados por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda. Lo anterior, porque se ha estimado que los parámetros y la fórmula que en definitiva se use para calcular los riesgos (y consecuentemente el CBR), pueden cambiar en el tiempo, de la mano con los cambios que se producen en los riesgos a los cuales se enfrentan las aseguradoras y la forma de medir y gestionar estos riesgos, debiendo darse flexibilidad a dicha metodología.

El CBR se determinará aplicando factores específicos a los activos, atendiendo a los diferentes riesgos que los pueden afectar (riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, etc.), así como a los pasivos (suscripción, mortalidad, morbilidad, longevidad, etc.). Así, el capital requerido basado en riesgos corresponderá a la suma de las pérdidas esperadas para hacer frente a las disminuciones de activos e incrementos de pasivos.

2. Nuevo Sistema de Evaluación de Solvencia de las Aseguradoras.

El nuevo enfoque de supervisión, permitirá una actuación oportuna y preventiva de la autoridad, de modo de evitar que situaciones de elevado riesgo en una aseguradora se materialicen y perjudiquen tanto a los asegurados como a la estabilidad del sistema asegurador.

En este sentido, la SVS debe tener la facultad y capacidad de evaluar los riesgos que afectan la solvencia de una aseguradora, la calidad de la gestión que hace de dichos riesgos, y de adoptar las medidas correctivas que fuesen necesarias para anticiparse a potenciales insolvencias.

Dado lo anterior, se incorpora en el proyecto de ley:

Un nuevo título que establece un sistema de evaluación de solvencia de las aseguradoras, otorgando categorías de solvencia a cada compañía sobre la base del análisis de sus riesgos, de la calidad de su gestión y de su fortaleza patrimonial. Este esquema es similar al existente en la actualidad para la industria bancaria en nuestro país.

El proyecto de ley establece las categorías de solvencia y los conceptos o criterios necesarios para su evaluación, dejando el procedimiento específico para ser establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma de carácter general, sobre la base de una metodología de matriz de riesgos, cuyo objetivo es establecer un procedimiento común y estructurado para el análisis de los riesgos y su gestión en las compañías.

Los objetivos de supervisión de la SVS y las atribuciones señaladas permitirán actuar, intervenir directamente en forma proactiva y adoptar medidas de mitigación oportunas en casos de situaciones de riesgos excesivos, que pongan en peligro la estabilidad financiera de la aseguradora. Por ejemplo, la SVS podrá requerir ajustes en los sistemas de gestión de riesgos, prohibir nuevas inversiones en determinados activos o instrumentos financieros; restringir o suspender la venta de seguros de un ramo o producto específico, y en situaciones calificadas como de alto riesgo, suspender la administración de la compañía y tomar a su cargo dicha administración.

3. Modificaciones al régimen de inversiones.

El nuevo modelo, al incorporar un requerimiento de capital sensible a los riesgos de las inversiones y un sistema de evaluación de solvencia de las aseguradoras, con énfasis en la calidad de su gestión de riesgos y gobiernos corporativos, permite contar con un régimen de inversiones más flexible y donde las aseguradoras tienen mayor libertad para adoptar sus propias políticas de inversión.

Como ya se señaló, la actual legislación establece una serie de restricciones y límites a las inversiones de las aseguradoras. No obstante, los límites y restricciones establecidos a priori, no capturan adecuadamente los riesgos y generan distorsiones en las decisiones de inversión de los agentes y rigidizan la administración de las carteras de inversión, en un ambiente altamente dinámico como el actual.

La tendencia a nivel internacional en materia de inversiones de las aseguradoras, es regularlas sobre la base de sus riesgos, lo que implica el involucramiento del directorio y de la alta administración de la compañía en las políticas y decisiones de inversión.

El nuevo modelo contempla un análisis de políticas de inversión a nivel individual, debiendo las aseguradoras contar con políticas, modelos y herramientas de gestión de riesgos de las inversiones, adecuadas y coherentes con su perfil de obligaciones con los asegurados.

4. Otras modificaciones.

Otras modificaciones que se introducen a la ley de seguros, consistentes con el nuevo enfoque de supervisión, son las siguientes:

a) Disposiciones que refuerzan los gobiernos corporativos de las aseguradoras, estableciendo mayor responsabilidad del directorio en la definición de las políticas de gestión de riesgos de la compañía y requerimientos adicionales de idoneidad para sus directores y ejecutivos.

b) Se incorpora un registro especial de empresas de auditoría externa para compañías de seguros, de modo que dicha función sea realizada exclusivamente por entidades calificadas para ello.

c) Disposiciones sobre autorización de existencia y traspaso de propiedad accionaria de las compañías de seguros. Se considera necesario en un esquema de supervisión basada en riesgos, aplicar tanto para compañías de seguros de vida como de seguros generales, normas que incorporen exigencias de idoneidad para los accionistas y la administración, presentación de planes de negocio y otros requerimientos usualmente considerados para la operación del negocio asegurador, de acuerdo a las recomendaciones internacionales y buenas prácticas en materia de supervisión.

En resumen, los cambios legales que se proponen en el proyecto de ley que este mensaje adjunta, representan un gran paso en la modernización del sistema de supervisión de la industria aseguradora de nuestro país, que junto con favorecer la protección a los asegurados y el desarrollo del mercado asegurador, permitirán una supervisión acorde a los más altos estándares y recomendaciones internacionales.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente,

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al DFL N°251, de 1931:

1) Modifícase el artículo 1° de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Patrimonio Disponible: la diferencia entre el valor de los activos totales y los pasivos exigibles, deducido lo siguiente:

i) los activos que para efectos de solvencia no constituyan inversión efectiva, es decir, aquellos que no tienen un claro valor de realización o capacidad generadora de ingresos para la sociedad.

ii) los activos que se encuentren afectados por gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, medidas precautorias, condiciones suspensivas o resolutorias, o sean objeto de cualquier acto o contrato que impida su libre enajenación, cesión o transferencia. Se deducirán también aquellos instrumentos cuyo riesgo de no pago estuviere asegurado o reasegurado total o parcialmente en la misma compañía. La Superintendencia, en casos a su juicio calificados, podrá establecer excepciones a esta regla.

iii) las obligaciones o compromisos no reflejados en el balance de la compañía, tales como avales o garantías directas o indirectas otorgadas.

iv) las inversiones en empresas relacionadas que por su naturaleza pudieran ser objeto de una doble contabilización de capital, tales como inversión en acciones u otros instrumentos representativos de capital emitidos por otras aseguradoras, bancos u otras entidades que sean objeto de requerimientos de capital regulatorio e inversiones en acciones propias de la compañía.

v) los préstamos otorgados por la compañía a sus relacionados, a sus accionistas o personas relacionadas a éstos.

Se podrá considerar como parte del patrimonio disponible, bonos subordinados emitidos por la compañía, que cumplan con los requisitos, condiciones y límites que establezca la Superintendencia. Los bonos subordinados serán pagados después de que sean cubiertos los créditos de los valistas. Estos bonos deben ser emitidos a un plazo promedio no inferior a cinco años y no admitirán prepago. No podrán ser adquiridos por sociedades filiales o coligadas de la compañía. Cuando el directorio de la compañía de seguros deba presentar convenio a sus acreedores y éste sea aprobado, los bonos subordinados, que ésta adeude, estén o no vencidos, serán capitalizados por el solo ministerio de la ley, hasta cumplir con las exigencias de capital. Les regirá en lo demás lo dispuesto en la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. En todo caso estos bonos sólo podrán ser computados como patrimonio disponible hasta un máximo de un 20% del patrimonio requerido señalado en el artículo 14.

La Superintendencia, por norma de carácter general, establecerá los criterios específicos para la determinación del patrimonio disponible de las compañías.

Cada vez que en esta ley se haga referencia al patrimonio de la compañía, se entenderá el patrimonio disponible definido en esta letra.”.

b) Elimínase la letra f).

2) Introdúcese dentro del Título Preliminar un nuevo artículo 2°:

“Artículo 2°.- La supervisión de la Superintendencia sobre las compañías de seguros, los auxiliares del comercio de seguros y demás personas que esta ley le encomiende, tiene por objeto el adecuado desarrollo del comercio de los seguros, la solvencia, la apropiada gestión de riesgos de quienes intervengan en él y la protección de los asegurados, beneficiarios y otros legítimos interesados.”.

3) Modifícase el artículo 3° de la siguiente forma:

a) Intercálase en la letra b), a continuación de la palabra “desarrollo”, la expresión “, gestión de sus riesgos”.

b) Introdúcese la siguiente nueva letra h):

“h) Mantener un registro de aquellas empresas de auditoría externa que pueden auditar compañías de seguros y reaseguros y establecer mediante norma de carácter general los requisitos de conocimientos y experiencia que deberán reunir.”.

c) Reemplázase en la letra k) la expresión “sobre el calce de sus activos y pasivos, en lo referente al plazo, reajustabilidad y tipo de moneda en que éstos se encuentran;” por “respecto de sus operaciones;”.

d) Introdúcese la siguiente nueva letra n):

“n) Impartir a las compañías instrucciones tendientes a corregir las deficiencias que observare en la gestión de sus riesgos.”.

4) Modifícase el artículo 4° de la siguiente forma:

a) Intercálase el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser el inciso tercero:

“Ninguna persona natural o jurídica que no se encuentre autorizada conforme a las disposiciones de esta ley para asegurar riesgos a base de primas podrá arrogarse la calidad de compañía de seguros. Tampoco podrá poner en su local u oficina física o virtual, o en cualquier otro medio, expresiones que indiquen que se trata de una Aseguradora, ni podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o de cualquier otro documento físico o electrónico, que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedican dichas personas son los de una compañía de seguros. Les estará asimismo prohibido efectuar propaganda por prensa u otro medio de publicidad o comunicación en que se haga uso de tales expresiones. La infracción a lo anterior se castigará en la forma establecida en el artículo 48, sin perjuicio de la obligación de cambiar el nombre o dejar de utilizar dicha expresión.”.

b) Reemplázase en el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto, la frase “segundo y tercero” por “tercero y cuarto”.

5) Introdúcese un nuevo artículo 14 del siguiente tenor:

“Artículo 14.- Las compañías deberán contar en todo momento con un patrimonio superior al mayor entre el patrimonio mínimo establecido en los artículos 7 ó 16, según sea el caso; aquel que permita mantener la relación de endeudamiento indicada en el artículo 15 y el Capital Basado en Riesgo, que se define a continuación.

El Capital Basado en Riesgo (CBR) corresponde al monto que es necesario para cubrir potenciales pérdidas de la compañía, asociadas a los siguientes tipos de riesgos:

1.- Riesgo Técnico de los Seguros, que incorpora riesgos propios de la actividad aseguradora tales como:

a. Riesgo de Tarificación y Suscripción, el cual se genera por errores en la determinación de la prima apropiada a los riesgos asegurados, producto de una inadecuada estimación de los costos e ingresos asociados al seguro, y por problemas en el proceso de evaluación y aceptación de los riesgos.

b. Riesgo de Insuficiencia de las Reservas Técnicas, que corresponde al riesgo que las reservas técnicas constituidas por las aseguradoras no sean suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la venta de seguros. Este riesgo se genera fundamentalmente por la incertidumbre en la estimación de los flujos de pago asociados al seguro.

c. Riesgo de Mortalidad, Longevidad y Morbilidad, presente en los seguros personales que cubren el fallecimiento, la sobrevivencia, como en el caso de las rentas vitalicias y las enfermedades o accidentes que afecten a los asegurados.

2.- Riesgo de los activos, que considera los riesgos asociados a la cartera de inversiones y a las políticas de administración de activos y pasivos, tales como:

a. Riesgo de crédito, que corresponde al riesgo de incumplimiento de los deudores y contrapartes de la compañía y el riesgo de pérdida de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito de estos últimos, derivado de las transacciones de la aseguradora con emisores de instrumentos financieros, deudores de créditos, asegurados, reasegurados e intermediarios, entre otros.

b. Riesgo de Mercado, que corresponde al riesgo de pérdidas para la aseguradora producto de los movimientos en el nivel o la volatilidad de los valores de mercado de sus inversiones. La exposición a este riesgo se deriva de los movimientos de las variables financieras, tales como precios de las acciones, tasas de interés, tipos de cambio o precios de los bienes inmuebles. También incluye la exposición de los instrumentos derivados a los movimientos en el precio del instrumento subyacente.

c. Riesgo de liquidez, que corresponde a aquél derivado de la incapacidad de la aseguradora para obtener los fondos necesarios para cubrir el flujo de pago de sus obligaciones, sin incurrir en pérdidas significativas.

d. Riesgo de reinversión, que corresponde a aquél generado en seguros de renta vitalicia u otros similares, emitidos a una tasa fija garantizada y donde el plazo del vencimiento de los activos que los respaldan es menor al plazo de vencimiento de estas obligaciones, lo que produce la necesidad de reinvertir los flujos de activos futuros a una tasa de interés incierta. El riesgo se genera por la posibilidad de que existan escenarios futuros con tasas de interés menores a las tasas que se encuentran comprometidas en sus obligaciones.

3.- Riesgo Operacional, entendido como el riesgo de pérdidas que provengan de una falta de adecuación o fallas en los sistemas y procedimientos operacionales y de administración de la compañía. Incluye riesgos asociados a los sistemas tecnológicos.

El CBR corresponderá a la suma de las pérdidas esperadas, asociadas a los riesgos señalados precedentemente, estimadas para un período de un año. La estimación de las pérdidas esperadas se efectuará sobre la base de una metodología estándar, que considerará, entre otros aspectos:

1. La determinación de factores de riesgo a aplicar sobre las diferentes partidas del balance o estados de resultados o sobre montos asegurados u otras variables técnicas.

2. La utilización de información histórica relativa a las variables de riesgo relevantes, proveniente del mercado asegurador nacional, bolsas de valores nacionales y extranjeras y otras fuentes de información.

3. Los mecanismos de reducción o mitigación de riesgos, tales como coberturas con instrumentos derivados y reaseguro. La estimación de las pérdidas esperadas considerará la exposición al riesgo neta de la compañía.

4. La diversificación o concentración de los riesgos.

La metodología estándar para la determinación del CBR y sus factores de riesgo, bases técnicas, procedimientos y otros parámetros para su cálculo, serán fijados mediante Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, previo requerimiento contenido en Resolución de la Superintendencia. Dicha Resolución contendrá una propuesta relativa a la metodología y los antecedentes técnicos relevantes que le sirven de base. En todo caso, con al menos 180 días de anterioridad a la emisión de la referida Resolución, la Superintendencia publicará la metodología propuesta y su fundamentación técnica para conocimiento público. La fundamentación técnica deberá incluir al menos los criterios para la definición de la metodología de cálculo del CBR, considerando las características particulares de la industria aseguradora chilena y el detalle de la determinación de los factores de riesgos, incluyendo, cuando corresponda, la información histórica utilizada, los niveles de confianza en la estimación, la experiencia y recomendaciones internacionales y los otros criterios técnicos tenidos en consideración.

El Decreto Supremo antes señalado y sus modificaciones, entrará en vigencia 180 días después de sus respectivas publicaciones.

Las compañías no podrán efectuar disminuciones de capital o distribución de dividendos si con ello dejan de cumplir los requerimientos patrimoniales y de solvencia establecidos en esta ley. Esta disposición predominará sobre cualquier otra establecida a este respecto.”.

6) Introdúcese un nuevo artículo 14 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 14 bis.- La Superintendencia podrá autorizar a una aseguradora, por resolución fundada, la utilización de modelos internos que reemplacen, total o parcialmente, la metodología estándar de determinación del CBR. Los modelos internos deberán basarse en un análisis estadístico que permita determinar pérdidas esperadas asociadas a los diferentes riesgos, para un período de proyección determinado, con un cierto nivel de confianza en la estimación. Un Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda establecerá los requisitos mínimos y el procedimiento de aprobación de los modelos internos.

El Decreto Supremo antes señalado y sus modificaciones, entrarán en vigencia 180 días después de sus publicaciones respectivas.”.

7) Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- El límite máximo de endeudamiento total en relación al patrimonio de las compañías será fijado en el Decreto Supremo señalado en el inciso 4° del artículo 14. En todo caso, el límite que se fije no podrá ser inferior a 4 veces ni superior a 6 veces tratándose de compañías del primer grupo, ni inferior a 15 veces ni superior a 25 veces, para las compañías del segundo grupo. Para las compañías de uno u otro grupo, el total de las deudas contraídas con terceros, que no generen reservas técnicas de seguros, en ningún caso podrá exceder de una vez el patrimonio.

El mencionado decreto establecerá las bases técnicas para la medición del endeudamiento en las aseguradoras, para efectos de la aplicación de estos límites, considerando entre otros aspectos los criterios generales respecto de la valorización de los activos y pasivos en las compañías y los requisitos mínimos a los cuales deberán sujetarse las cesiones de reaseguro, para efectos de ser deducidas del cálculo de las reservas técnicas en la determinación del endeudamiento.”.

8) Sustitúyese en el inciso tercero de la letra a) del artículo 16, la expresión “endeudamiento e inversión de reservas técnicas y de patrimonio en cada grupo”, por “endeudamiento, inversión y solvencia que sean aplicables a cada grupo”.

9) Suprímense los incisos segundo y tercero del artículo 17.

10) Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20.- Las entidades aseguradoras y reaseguradoras establecidas en el país, para cumplir con las obligaciones provenientes de la contratación de los seguros y reaseguros, deberán constituir reservas técnicas, de acuerdo a los principios actuariales, metodologías, procedimientos, tablas de mortalidad, tasas de interés y otros parámetros técnicos que, por norma de carácter general, establezca la Superintendencia. Tratándose de seguros de rentas vitalicias contemplados en el DL N° 3.500, de 1980, las tablas de mortalidad para el cálculo de las reservas técnicas serán fijadas por la Superintendencia conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones. La modificación o reemplazo de las normas antes señaladas, deberá comunicarse a las compañías con 180 días de anticipación, a lo menos.

La Superintendencia determinará los diferentes tipos de reservas técnicas y sus características, a que se refiere el inciso anterior.”.

11) Agrégase en el inciso quinto del artículo 20 bis, después de “clasificaciones obtenidas.”, la siguiente oración: “Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia indicadas en el artículo 55 de esta ley.”.

12) Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Las compañías deberán mantener en todo momento, inversiones acordes a su nivel y perfil de pasivos, que le permitan cumplir con sus obligaciones y con los requerimientos patrimoniales y de endeudamiento establecidos en esta ley. Será responsabilidad del directorio de la compañía definir la política de inversiones de la aseguradora y adoptar las medidas que garanticen su cumplimiento.

Las políticas de inversión se establecerán considerando aspectos tales como riesgo de las inversiones, calce de activos y pasivos, concentración y diversificación, utilización de productos derivados para cobertura de riesgos financieros, límites a las transacciones con empresas relacionadas y normas de custodia de los valores y títulos.”.

13) Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- Las compañías podrán otorgar contratos de mutuo o préstamo de dinero a personas naturales o jurídicas, que consten en instrumentos que tengan mérito ejecutivo. Asimismo podrán adquirir dichos contratos siempre que éstos hayan sido otorgados por otras compañías, por bancos u otras entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o por Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Los préstamos de que trata este artículo no podrán ser concedidos directa o indirectamente a personas relacionadas a la compañía.

La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, los límites, plazos y requisitos que las compañías deberán cumplir al otorgar estos préstamos y la forma en que se deberán constituir las provisiones y castigos asociados al riesgo de crédito correspondiente. En todo caso, el límite máximo de inversión que establezca la Superintendencia no deberá superar un 5% del total de activos de la compañía, deducidos aquéllos señalados en el inciso primero de la letra c) del artículo 1. A los préstamos señalados en este artículo, les será aplicable lo establecido en el artículo 31, número 4, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824, de 1974.”.

14) Reemplázase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23.- En el Decreto Supremo señalado en el inciso 4° del artículo 14, y siguiendo el mismo procedimiento de consulta y emisión allí señalado, se podrán establecer límites de inversión aplicables a las compañías de seguros, a objeto de restringir la inversión en activos de alto riesgo o evitar la concentración en determinados tipos de activos o emisores.

En todo caso, las inversiones de las compañías estarán sujetas a los siguientes límites máximos de inversión por grupo empresarial:

1.- 15% en instrumentos emitidos o garantizados por entidades de un mismo grupo empresarial.

2.- 7,5% en instrumentos emitidos o garantizados por empresas del mismo grupo empresarial de la aseguradora, incluyendo contratos de leasing y arriendo de bienes raíces que las compañías suscriban con sus personas relacionadas.

Los límites se aplicarán sobre el total de activos de la compañía, deducidos aquéllos señalados en el inciso primero de la letra c) del artículo 1.

Tratándose de inversiones efectuadas fuera del país, la adquisición de las divisas necesarias para realizar las inversiones y su remesa al exterior, así como el retorno y la liquidación de los capitales y ganancias y su conversión a moneda nacional o extranjera, se sujetarán a las normas que al efecto establezca el Banco Central, de acuerdo a las facultades que le confiere su Ley Orgánica.”.

15) Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:

“Artículo 24.- Si una compañía presentase un exceso de inversión respecto de los límites establecidos en el artículo 23, o los señalados en el Decreto Supremo al que se refiere el mencionado artículo, originado por causas no imputables a la compañía, tendrá un plazo de seis meses para eliminar dicho exceso. Transcurrido dicho plazo el exceso deberá ser rebajado de los activos para efectos de la determinación del patrimonio disponible.

Si el exceso de inversión es imputable a la compañía, dicho exceso se rebajará de los activos en forma inmediata para la determinación del patrimonio disponible.

Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que por dicho incumplimiento la Superintendencia pudiere aplicar.”.

16) Elimínase el artículo 24 bis.

17) Reemplázase el artículo 25 por el siguiente:

“Artículo 25.- Las compañías deberán llevar un registro, en el cual se anotarán los títulos, documentos y otros activos que mantiene, sujetándose a los requisitos que para este efecto señale la Superintendencia.

La Superintendencia estará facultada para dictar, si lo estima procedente para la protección de los intereses de los asegurados, normas de custodia de los títulos y valores.”.

18) Reemplázase el artículo 37 por el siguiente:

“Artículo 37.- Los interesados en la constitución de una entidad aseguradora o reaseguradora, para obtener la autorización prevista en el artículo 126 de la ley Nº 18.046, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la identidad de todos los accionistas constituyentes;

b) Informar la identidad de los accionistas que posean una participación igual o superior al 10% del capital o tengan la capacidad de elegir a lo menos un miembro del directorio;

c) Contar individualmente con un patrimonio neto consolidado equivalente a su participación en la inversión proyectada y, cuando se reduzca a una cifra inferior, informar oportunamente de este hecho;

d) Los accionistas indicados en la letra a) anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. No haber incurrido en conductas graves o reiteradas que puedan poner en riesgo la estabilidad de la entidad aseguradora que se proponen constituir o la seguridad de sus asegurados.

2. No haber tomado parte en actuaciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, contrarios a las leyes, las normas o las sanas prácticas bancarias, del mercado de seguros, financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero.

3. No encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

i) Que se trate de un fallido no rehabilitado o que tenga prohibición o incapacidad de comerciar;

ii) Que en los últimos quince años, contados desde la fecha de solicitud de la autorización, haya sido director, gerente, ejecutivo principal o accionista mayoritario directamente o a través de terceros, de una entidad bancaria, de una compañía de seguros o de una administradora de fondos de pensiones que haya sido declarada en liquidación forzosa o quiebra, según corresponda, o sometida a administración provisional, respecto de la cual el Fisco o el Banco Central de Chile hayan incurrido en considerables pérdidas. No se considerará para estos efectos la participación de una persona por un plazo inferior a un año;

iii) Que registre protestos de documentos no aclarados en los últimos cinco años en número o cantidad considerable;

iv) Que haya sido condenado o se encuentre bajo acusación formulada en su contra por cualquiera de los siguientes delitos:

(1) contra la propiedad o contra la fe pública;

(2) contra la probidad administrativa, contra la seguridad nacional, delitos tributarios, aduaneros, y los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos;

(3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, decreto ley N° 3.500, de 1980, ley N° 18.092, ley N° 18.840, decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, ley N° 4.702, ley N° 5.687, ley N° 18.175, ley N° 18.690, ley N° 4.097, ley N° 18.112, las leyes sobre Prenda, y en esta ley;

v) Que haya sido condenado a pena aflictiva o de inhabilitación para desempeñar cargos u oficios públicos; y

vi) Que se le haya aplicado, directamente o a través de personas jurídicas, cualquiera de las siguientes medidas, siempre que los plazos de reclamación hubieren vencido o los recursos interpuestos en contra de ellas hubiesen sido rechazados por sentencia ejecutoriada:

(1) que se haya declarado su liquidación forzosa o se hayan sometido sus actividades comerciales a administración provisional, o

(2) que se le haya cancelado su autorización de operación o existencia, o su inscripción en cualquier registro requerido para operar o para realizar oferta pública de valores, por infracción legal.

4. No haber sido sancionado por la Superintendencia con la revocación de su inscripción en alguno de los registros que ésta lleva en virtud de esta ley o de otras leyes. En el caso que correspondan a personas que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual forma a la señalada precedentemente o con la revocación de su autorización de existencia, deberán haber salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley o acreditar no haber tenido participación en los hechos que motivaron la sanción.

e) Presentar un proyecto descriptivo que contenga al menos la siguiente información:

1. Administración de la sociedad;

2. Plan de negocios de la sociedad, incluyendo balance proyectado, al menos por 5 años;

3. Sistemas de control interno y administración de riesgos;

4. Operaciones a realizar con relacionados;

5. Controles para evitar los conflictos de intereses.

Siendo un accionista constituyente una persona jurídica, los requisitos establecidos en este artículo se considerarán además respecto de sus socios o accionistas siempre que posean una participación igual o superior al 10% del capital, y de sus controladores.

La Superintendencia verificará el cumplimiento de estos requisitos, para lo cual podrá solicitar que se le proporcionen los antecedentes que señale; y en caso de negar dicha autorización, deberá justificarlo por resolución fundada.

Los accionistas de la letra b) anterior deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos en la letra d), precedente. En caso de acreditarse debidamente lo contrario, el accionista no podrá ejercer el derecho a voto por sus acciones.”.

19) Elíminase el artículo 37 bis.

20) Modifícase el artículo 38 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: “Por exigirlo el interés nacional, una vez autorizada la existencia de la entidad aseguradora, ésta deberá informar a la Superintendencia todo cambio de control o de propiedad accionaria que involucre que un accionista pase a tener la calidad de accionista de los mencionados en la letra b) del artículo 37, y el nuevo controlador o accionista deberá acreditar los requisitos indicados en la letra d) de dicho artículo. Antes de acreditarse ante la Superintendencia los requisitos indicados, el accionista no podrá ejercer el derecho a voto por dichas acciones.”

b) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Si el adquirente pasa a ser controlador de la compañía, deberá presentar además, el proyecto a que se refiere la letra e) del artículo anterior”.

21) Modifícase el artículo 39 bis, de la siguiente forma:

a) Elimínanse los incisos primero, segundo, cuarto y quinto.

b) Reemplázase en el inciso tercero que ha pasado a ser primero, la expresión “No obstante, en” por “En” y antes del punto seguido elimínase la expresión “adicionales al señalado en el inciso primero”.

c) Reemplázase en el inciso sexto que ha pasado a ser segundo, la expresión “inciso anterior” por “inciso final del artículo 126 de la Ley N° 18.046”.

22) Reemplázase el artículo 44 bis por el siguiente:

“Artículo 44 bis.- Las personas que participen en las actividades regidas por esta ley como directores, gerentes, administradores, apoderados o representantes legales de una entidad aseguradora, reaseguradora, corredora de seguros, liquidadora de siniestros o agente administrador de mutuos hipotecarios, o ejerzan la actividad de corredor de seguros o de liquidador de siniestros, deberán cumplir los requisitos establecidos en la letra d) del artículo 37. Las entidades deberán verificar su cumplimiento e informar a la Superintendencia oportunamente el incumplimiento de tales requisitos.

Será responsabilidad del directorio de las entidades, velar porque los ejecutivos principales de la compañía, tengan las calificaciones profesionales y la experiencia necesaria para llevar a cabo adecuadamente su función.”.

23) Reemplázase en el primer inciso del artículo 46, la expresión “segundo” por “tercero”.

24) Elimínase el Párrafo Cuarto del Título I.

25) En el Título II, introdúcense las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el encabezado del título por el siguiente:

“Título II, DE LA CLASIFICACION DE SOLVENCIA.”

b) Incorpórase el siguiente artículo 52 nuevo:

“Artículo 52.- La Superintendencia evaluará la solvencia de las compañías de seguros y reaseguros en base a la fortaleza patrimonial y al análisis de sus riesgos. Esta evaluación se efectuará trimestralmente para la fortaleza patrimonial de las aseguradoras y periódicamente en lo referido al análisis de riesgos de las mismas, y al menos una vez al año, sin perjuicio de las actualizaciones que haga la Superintendencia cuando se produzcan cambios en las situaciones que motivaron las evaluaciones anteriores. Esta clasificación se realizará conforme a lo establecido en este Título y al procedimiento que defina la Superintendencia por norma de carácter general. El resultado de la evaluación será notificado, será fundado y tendrá el carácter de reservado, y tanto la Superintendencia como las compañías de seguros no podrán difundirlo públicamente. También serán reservados, aquellos antecedentes en los que se base la evaluación y no sean públicos.

Las compañías de seguros se clasificarán en una de las siguientes categorías de acuerdo a su nivel de solvencia:

Categoría I: Incluye a las compañías de nivel de solvencia fuerte, que se encuentren clasificadas en nivel A de fortaleza patrimonial y nivel A de riesgo.

Categoría II: Incluye a las compañías de nivel de solvencia adecuado, que se encuentren clasificadas en Nivel A de fortaleza patrimonial y en nivel B de riesgo, o nivel B de fortaleza patrimonial y nivel A de riesgo.

Categoría III: Incluye a las compañías de nivel de solvencia vulnerable, que se encuentren clasificadas en nivel B de fortaleza patrimonial y en nivel B de riesgo, o en nivel C de riesgo y nivel A de fortaleza patrimonial.

Categoría IV: Incluye a las compañías de nivel de solvencia débil, que se encuentren clasificadas en nivel B de fortaleza patrimonial y nivel C de riesgo, o en nivel D de riesgo y nivel A de fortaleza patrimonial.

Categoría V: Incluye a las compañías que presentan alto riesgo de insolvencia, que se encuentren clasificadas en nivel C de fortaleza patrimonial cualquiera sea su nivel de riesgo, o en nivel D de riesgo y nivel B de fortaleza patrimonial.”.

c) Elimínase el artículo 53.

d) Reemplázase el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- Para los efectos de lo señalado en el artículo 52, las compañías de seguros se clasificarán según su fortaleza patrimonial en los siguientes niveles:

Nivel A: Incluye a las compañías cuyo cuociente entre patrimonio disponible y el patrimonio requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 14 sea mayor o igual que 1,5.

Nivel B: Incluye a las compañías cuyo cuociente entre patrimonio disponible y el patrimonio requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 14 sea mayor o igual que 1,0 y menor que 1,5.

Nivel C: Incluye a las compañías cuyo cuociente entre patrimonio disponible y el patrimonio requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 14 sea menor que 1,0, esto es compañías que se encuentran en situación de déficit de patrimonio requerido.

Para los efectos de lo señalado en el artículo 52, las compañías de seguros se clasificarán según su riesgo en los siguientes niveles:

Nivel A: Incluye a las compañías que presentan un nivel de riesgo bajo.

Nivel B: Incluye a las compañías que presentan un nivel de riesgo moderado, que reflejen un nivel medio de exposición al riesgo o ciertas debilidades en sus sistemas de gestión, que aún cuando le permiten mantener su situación de solvencia, ésta podría verse deteriorada ante condiciones adversas en su negocio o en la economía.

Nivel C: Incluye a las compañías que presentan un nivel de riesgo medio alto, que reflejan un nivel medio alto de exposición al riesgo o debilidades importantes en sus sistemas de gestión, que ante condiciones adversas en su negocio o en la economía, puede verse comprometida seriamente su situación de solvencia.

Nivel D: Incluye a las compañías que presentan un alto nivel de riesgo, que reflejan un alto nivel de exposición al riesgo o serias debilidades en sus sistemas de gestión, que comprometen su solvencia.

La clasificación en los niveles de riesgo A a D señalados, la realizará la Superintendencia sobre la base de una metodología de matriz de riesgos, cuyo objetivo es establecer un procedimiento común y estructurado para el análisis de los riesgos y su gestión en las compañías. La matriz de riesgos considera un análisis separado de los principales aspectos que definen la situación de riesgo de una aseguradora: el Riesgo Inherente que enfrenta en sus principales actividades y negocios, la Gestión y Control que realiza de estos riesgos, y su capacidad para generar ingresos u obtener capital. Sobre la base de la combinación de estos tres factores, se determinará el nivel de riesgo de cada compañía de seguros.

Los riesgos inherentes se evaluarán teniendo en cuenta la estructura de activos y pasivos, el tamaño y perfil de los principales negocios de la aseguradora y otros factores que influyan en el nivel de exposición al riesgo de la compañía. La evaluación del riesgo inherente se efectuará sin considerar la mitigación de éstos a través de las funciones de gestión de riesgos de la compañía.

La calidad de la gestión de riesgos de la compañía se evaluará considerando, entre otros aspectos, la fortaleza de su sistema de gestión de riesgo y su gobierno corporativo, el conocimiento y experiencia de la administración de la compañía y la eficacia de las funciones de Control Interno y Cumplimiento. Esta evaluación se efectuará teniendo en cuenta principios y buenas prácticas de gestión usualmente aplicados y recomendados para entidades aseguradoras.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, establecerá la metodología y los procedimientos específicos para la evaluación de los riesgos en las compañías, considerando los factores señalados precedentemente. La mencionada norma deberá tratar en igual forma a las aseguradoras ante situaciones de naturaleza equivalente, y deberá ser puesta a disposición del público al menos con 90 días de anticipación de su dictación.

Es responsabilidad del Directorio de las compañías, establecer adecuadas políticas y procedimientos para el control y gestión de los riesgos, que permitan el normal desarrollo de sus negocios, y adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento. Entre otras, el Directorio deberá considerar políticas generales de administración de inversiones, utilización de productos derivados, administración de riesgos técnicos, financieros y operacionales.

Será responsabilidad del directorio velar porque la gestión técnica de la compañía, en materias tales como tarificación y suscripción de riesgos, diseño de productos, contratación de reaseguro y cálculo de reservas técnicas, se efectúe de acuerdo a sanas prácticas actuariales y que el actuario o profesional a cargo del desarrollo de estas funciones en la compañía, tenga la adecuada calificación, experiencia, recursos e independencia suficientes para llevar a cabo su labor.

El Directorio deberá informar, con la periodicidad y en la forma que establezca la Superintendencia, y al menos en notas a los estados financieros anuales, las políticas definidas y un análisis del grado de cumplimiento de éstas.”.

e) Incorpórase el siguiente artículo 55:

“Artículo 55.- La Superintendencia, podrá aplicar a las compañías, de acuerdo a su categoría de solvencia, una o más de las siguientes medidas:

1. Manifestar las deficiencias que observare en la gestión de la compañía y requerir a ésta la presentación e implementación de planes de acción que le permitan corregirlas y mitigar los riesgos detectados.

2. Solicitar la opinión o informe de auditores externos, actuarios u otros especialistas, acerca de las materias que indique. El costo será de cargo de la aseguradora.

3. Prohibir nuevas inversiones en determinados activos o instrumentos financieros o la realización de operaciones financieras específicas.

4. Restringir o suspender la venta de seguros de un ramo o producto específico, o de todos ellos, o la adquisición de una cartera de seguros, por un período máximo de seis meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.

5. Suspender la administración de la compañía y tomar a su cargo dicha administración, por un período máximo de seis meses, renovable por una vez por el mismo período, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44. Para tales efectos, el Superintendente o la persona que éste designe estará dotado de las facultades que las leyes confieren a los directores y gerentes de sociedades anónimas, además de las propias, pudiendo enajenar o adquirir bienes, contratar o cancelar seguros y reaseguros, transferir carteras y ceder negocios, citar a junta extraordinaria de accionistas para proponer la capitalización de la compañía y, en general, podrá tomar cualquier medida que procure la solución de los problemas existentes.

Las medidas indicadas en los numerales 3 y 4, se adoptarán por resolución fundada y sólo tratándose de compañías que presenten categoría de solvencia IV o V. La medida indicada en el numeral 5 se adoptará por resolución fundada y sólo tratándose de compañías que presenten categoría de solvencia V. No obstante lo anterior, ante la ocurrencia de un hecho grave que haga temer por la estabilidad económica de la aseguradora, la Superintendencia podrá adoptar, por resolución fundada, una o más de las medidas señaladas en los numerales 1 al 5 precedentes. Se podrán considerar como hechos graves que hagan temer fundadamente por la estabilidad económica de la compañía, entre otros, los siguientes:

a. La insolvencia o quiebra del controlador de la compañía o de alguna entidad relacionada a ésta.

b. La aplicación de medidas de intervención al controlador u otra entidad relacionada a la compañía, tales como la suspensión de la administración u otras similares, adoptada por parte del organismo fiscalizador correspondiente, ya sea nacional o extranjero.

c. La realización de transacciones con empresas o personas relacionadas, no autorizadas explícitamente por el directorio de la aseguradora y que representen más del 10% del patrimonio de la compañía.

d. El conocimiento por parte de la Superintendencia de antecedentes fundados de irregularidades o fraudes que, por su magnitud, pudieran afectar la solvencia de la aseguradora.

e. El incumplimiento reiterado de las instrucciones de la Superintendencia y en especial el no cumplimiento de alguna de las medidas señaladas en este artículo.

La interposición del recurso de ilegalidad previsto en el artículo 46 del Decreto Ley N° 3.538, no suspenderá los efectos de la medida reclamada.”.

f) Reemplázase en el artículo 56 la frase “hayan respaldado reservas técnicas o patrimonio de riesgo con” por “mantengan”.

26) Modifícase el artículo 65, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “los artículos 7º o 16, según sea el caso” por la expresión “el artículo 14”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Cuando el patrimonio de una compañía se reduzca bajo el mínimo antes señalado, ésta presentará a la Superintendencia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la constatación de este hecho, una explicación pormenorizada de las razones de su ocurrencia y, en un plazo de 10 días hábiles contado desde la misma fecha, para conocimiento y aprobación de la Superintendencia, un plan de ajuste que permita lograr el pleno cumplimiento de las normas transgredidas. Esta aprobación se entenderá otorgada si el plan no fuere objetado por la Superintendencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación.”.

27) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 66, la oración “Si la disminución del patrimonio bajo el mínimo legal” por la siguiente: “Si la Superintendencia rechaza el plan de ajuste o la disminución del patrimonio bajo el mínimo establecido en el artículo 14.”.

28) Agrégase en el artículo 67 el siguiente inciso tercero: “La Superintendencia podrá prorrogar por resolución fundada, los plazos de 40 y 80 días hábiles señalados en este artículo y en el artículo anterior, por un máximo de 40 días adicionales.”.

29) Elimínanse los Párrafos 2° y 3°, incluyendo los artículos 68, 69, 70, 71, 72 y 73.

30) Reemplázase el artículo 73 bis, por el siguiente:

“Artículo 73 bis.- En caso que la compañía presente déficit de patrimonio superior al 40%, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, la Superintendencia podrá, por resolución fundada y sin sujeción a los plazos previstos en este Título, adoptar una o más de las medidas establecidas en los artículos precedentes o aplicar las sanciones y medidas señaladas en los artículos 44 y 55, respectivamente.”

31) Agrégase en el artículo 82 el siguiente inciso final:

“Tratándose de contratos de seguros que contemplen servicios de custodia y de administración de inversiones, los valores que la compañía mantenga por cuenta de sus asegurados no formarán parte de la masa y serán devueltos por el síndico, a quien acredite ser titular de ellos. Lo mismo se aplicará a los fondos ahorrados en seguros autorizados como planes de ahorro previsional voluntario y planes de ahorro previsional voluntario colectivo.”.

32) Sustitúyese en la letra d) del inciso tercero del artículo 88, la expresión “las letras a), b) y c) del artículo 44 bis” por la expresión “la letra d) del artículo 37”.

33) Reemplázase el inciso tercero del artículo 90, por el siguiente:

“Se podrán otorgar mutuos hasta por el 80% del valor de tasación del inmueble dado en garantía hipotecaria, salvo en cuanto existan seguros que garanticen el pago de la cantidad que exceda dicho porcentaje y que cumplan las condiciones que determine la Superintendencia.”.

34) Sustitúyese en el artículo 92, la expresión “respaldar reservas técnicas y patrimonio de riesgo con” por la expresión “para adquirir”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio: Esta ley entrará en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación.

Artículo segundo transitorio: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, las modificaciones contenidas en los números 1), 5), 7), 8), 10), 12) al 17), letras c) y f) del número 25), números 26) al 30), números 33) y 34), entrarán en vigencia conjuntamente con el Decreto Supremo mencionado en el nuevo artículo 14 del DFL N° 251, de 1931. Este Decreto Supremo deberá ser promulgado y publicado dentro de un plazo no menor a 24 meses ni mayor de 48 meses, contados desde la fecha de publicación de esta ley y entrará en vigencia el primer día del décimo tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio: Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el nuevo artículo 54 y mientras no entren en vigencia las modificaciones señaladas en el artículo segundo transitorio, se entenderá por patrimonio disponible el patrimonio neto definido en la letra c) del actual artículo 1° del DFL 251 de 1931 y por patrimonio requerido el patrimonio de riesgo definido en el actual artículo 1° letra f) del DFL 251 de 1931.

Artículo cuarto transitorio: La modificación contenida en el número 6) entrará en vigencia conjuntamente con el Decreto Supremo mencionado en el nuevo artículo 14 bis, del DFL N° 251, de 1931. Este Decreto Supremo deberá ser promulgado y publicado dentro de un plazo no menor a 36 meses ni mayor a 48 meses contados desde la fecha de publicación de esta ley y entrará en vigencia el primer día del décimo tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo quinto transitorio: Las compañías que a la fecha de entrada en vigencia del artículo segundo transitorio de esta ley, tuviesen un patrimonio disponible inferior al exigido en el nuevo artículo 14, como consecuencia de su aplicación, deberán superar el déficit en un plazo máximo de 12 meses. Vencido el plazo anterior se aplicará lo dispuesto en el Título IV, del DFL N° 251, de 1931. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que durante la vigencia de los 12 meses antes indicados aumente el déficit, la Superintendencia podrá aplicar inmediatamente lo dispuesto en el Título IV, del DFL N °251, de 1931.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda .”

Informe Financiero

Proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo

para las compañías de seguro

Mensaje N° 076-359

I Antecedentes.

A través de una modificación de la ley de seguros (DFL N° 251, de 1931), se está modernizando el sistema de supervisión y regulación de la industria aseguradora nacional, estableciéndose cambios profundos a los requerimientos de capital, régimen de inversiones y enfoque de supervisión que la Superintendencia de Valores y Seguros realiza a estas entidades, pasando desde un esquema basado en el cumplimiento de normas, a uno basado en el análisis de los riesgos a los que se ven expuestas las aseguradoras y la calidad de la gestión de estos riesgos que éstas entidades realizan.

El nuevo sistema impone a la Superintendencia de Valores y Seguros la obligación de identificar y monitorear los riesgos a los que está expuesta la aseguradora, fijar los requerimientos de solvencia basados en dicho perfil de riesgos y realizar una supervisión de alto nivel técnico, capaz de evaluar la calidad de la gestión y los sistemas de gobierno corporativo de las compañías.

Vale la pena destacar que es dable esperar que, con los cambios propuestos, se reduzca la exposición fiscal que existe frente a eventuales quiebras de Compañías de Seguros. Esta exposición deriva del hecho que, en el caso de las rentas vitalicias, el Estado garantiza el 100% del monto de la pensión mínima en caso de cesación de pagos o de quiebra de una Compañía de Seguros. Asimismo, respecto de aquellas rentas vitalicias superiores a la pensión mínima, dicha garantía cubre el 75% del exceso por sobre la pensión mínima, con un tope mensual de 45 unidades de fomento.

Para la implementación y operación efectiva de este nuevo enfoque de supervisión, la Superintendencia de Valores y Seguros ha estimado que requiere un aumento de los profesionales que desempeñan labores de regulación y supervisión de la industria aseguradora. En particular, se requiere reforzar las Divisiones de Supervisión y Regulación de la Intendencia de Seguros.

-División de Supervisión se enfoca principalmente en la supervisión del esquema Supervisión Basada en Riesgo y además le corresponde supervisar los Requerimientos Mínimos de Solvencia del modelo de Supervisión Basada en Riesgo . El proyecto de ley establece, en su artículo 52, que la Superintendencia de Valores y Seguros deberá actualizar trimestralmente el control del requerimiento de capital, cuya tarea demandará una dedicación importante a los analistas de la División; en el mismo artículo establece que la Superintendencia de Valores y Seguros deberá actualizar la evaluación de riesgo de las compañías de seguros al menos una vez al año, dicha evaluación requiere un mayor análisis de las compañías, de sus negocios, de sus productos, de su programa de reaseguros, de su gobierno corporativo, de su sistema de control interno, de su gestión operacional, de su gestión de riesgos en general, todo lo cual requiere que se destinen mayores recursos a la supervisión de las aseguradoras; además el Proyecto crea un nuevo Registro de Auditores Externos especializado en Compañías de Seguros. Considerando lo anterior, se ha estimado necesaria la incorporación de siete profesionales para esta División: cinco para las Unidades de Supervisión y dos para el Departamento de Riesgo, esto implica un incremento de 27% en la dotación de analistas, lo que se justifica en la mayor complejidad y extensión de la supervisión bajo el nuevo esquema de Supervisión Basada en Riesgo, que implica una evaluación completa de los riesgos de cada empresa de seguro y de sus requerimientos de solvencia.

-División de Regulación se enfoca principalmente en los Requerimientos Mínimos de Solvencia del modelo de Supervisión Basada en Riesgo . El Proyecto de Ley establece el desarrollo y actualización permanente de los modelos cuantitativos y cualitativos para los requerimientos de capital de las aseguradoras y modelos de valorización de activos, sobre la base de los cuales se establecerán los nuevos requerimientos de solvencia y se aplicarán las metodologías de evaluación de riesgos en las aseguradoras. Considerando lo anterior, se ha estimado necesaria la incorporación tres profesionales para esta División: dos actuarios matemáticos con experiencia en seguros para el Departamento de Actuariado y un analista senior con experiencia en el mercado financiero. Esto implica un incremento de 23% en la dotación de analistas, lo que se justifica en la necesidad de desarrollar una regulación más compleja para establecer los nuevos requerimientos de solvencia aplicables a las compañías y la revisar los modelos propios de valoración y capital que presenten las compañías.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

Dado lo anterior, el Proyecto de Ley obligará a fortalecer la Superintendencia de Valores y Seguros reforzando las Divisiones de Supervisión y Regulación de la Intendencia de Seguros, proyectándose un mayor costo anual de M$ 546.872, de los cuales M$ 346.457 son de carácter permanente, asociados principalmente a remuneraciones permanentes y M$ 200.415 son gastos por una vez asociados a infraestructura para operación.

Respecto del gasto en personal, se acompaña cuadro con detalle:

Descripción cargo

^@#@^N°

Mensual (M$)

Año (M$)

Profesional G° 6

1

3.260

39.120

Profesional G° 7

3

3.098

111.528

Profesional G° 8

1

2.860

34.320

Fiscalizador G° 10

5

2.335

140.100

Totales

10

11.553

325.068

A continuación se muestra el gasto total por subtítulo desde su implementación (primer año) al año en régimen.

Resumen Gasto por Subtítulo

M$

^@#@^1° año

Año en régimen

Subtítulo 21

325.068

325.068

Subtítulo 22

67.186

15.227

Subtítulo 29

154.618

6.162

Total costos anuales

546.872

346.457

(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.

2. Oficio del Tribunal Constitucional.

?Santiago, 13 de septiembre de 2011.

Oficio N° 6.608

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Remito a V.E. copia de la resolución dictada por eta Magistratura con fecha 12 de septiembre de 2011, en el proceso Rol N° 1.952-10-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 7281-2010, sobre recurso de apelación de la sentencia definitiva dictada por el Juez Tributario en el proceso de reclamación tributaria, interpuesto ante la Corte de Apelaciones (Secretaría Civil), a los efectos que

indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON PATRICIO MELERO ABAROA

VALPARAÍSO”.

3. Oficio del Tribunal Constitucional.

?Santiago, 13 de septiembre de 2011.

Oficio N° 6.611

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Tengo a bien remitir a V.E. resolución de 12 de septiembre en curso, dictada por este Tribunal en los autos Rol N° 1951-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 53, inciso 3° y 5°, parte última, del Código Tributario contenido en el Decreto Ley N° 830 de 1974 y sus modificaciones, en autos Rol N° 4885-2010 sobre apelación de sentencia definitiva dictada por el Juez Tributario ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a los efectos que ella indica.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO , Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN , Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

AVENIDA PEDRO MONTT S/N

VALPARAÍSO

PRESENTE.”