Labor Parlamentaria

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Diputados informantes de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Hacienda, son los señores Cristián Letelier y Ernesto Silva, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 7408-07, sesión 121ª, en 4 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor ARAYA ( Presidente en ejercicio).- Rendirá el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas el diputado señor Romilio Gutiérrez.

Tiene la palabra su señoría.

El señor GUTIÉRREZ, don Romilio (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República y con urgencia calificada de suma, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia .

La iniciativa legal en tramitación tiene como objetivo crear el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , en el cual se anotarán las órdenes de detención pendientes de quienes se encuentren prófugos de la justicia.

Según la información otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el número de órdenes de detención vigentes desde el año 2004 supera las trece mil anuales.

Con el objeto de abordar el creciente fenómeno de personas condenadas o imputadas marginadas del sistema, los actores intervinientes han reaccionado buscando soluciones parciales. Así, existen sistemas independientes que buscan registrar información de personas con órdenes de detención pendientes, prófugas del sistema, con el objeto de encontrarlas. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, ya que el

número de personas que se encuentran en esta situación irregular se mantiene alto. Aun más, cuando muchos de ellos han logrado evadir el sistema, burlando la acción de las policías.

En el mensaje se hace presente que el Servicio de Registro Civil e Identificación mantiene, desde el año 2002, un catastro de órdenes de aprehensión. Sin embargo, no es un registro propiamente tal, pues fue creado por medio del decreto supremo N° 64, de 1960, del Ministerio de Justicia, y no por ley, lo que implica que no existe la posibilidad de obtener un certificado que acredite el registro de una persona en él.

Por otra parte, se ha considerado que el acceso se encuentra limitado a las autoridades judiciales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería, lo que impide una persecución penal coordinada y eficiente de los prófugos de la justicia.

Por ende, el mensaje de su excelencia el Presidente de la República pone de manifiesto la evidente necesidad de crear este Registro para una mejor administración de justicia, que deberá redundar en una más eficiente fiscalización y control de las personas que hubieren cometido algún delito y no estuvieren dispuestas a someterse a la acción de la justicia o intentaren evadirla. Asimismo, se intenta impedir que una persona que se encuentre prófuga del sistema, pueda acceder a todas las herramientas que, actualmente, le permiten llevar una vida prácticamente normal.

El mensaje consta de 12 artículos permanentes.

Por el artículo 1° se crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, estableciendo la obligación de anotar ciertas órdenes de detención vigentes, y se especifica los casos que quedan comprendidos dentro del concepto de “prófugos”, el cual básicamente comprende a:

a) Imputados: es decir, quienes han sido declarados rebeldes, y los que han sido sometidos a prisión preventiva o arresto domiciliario y se han fugado, y

b) Condenados: Esto es, a los que se fugaren mientras se encuentren cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad; a los que se les haya revocado alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas, y a quienes se les haya revocado el beneficio de la libertad condicional u otro beneficio penitenciario.

El artículo 2° establece las menciones que contendrá el Registro .

El artículo 3° establece que, al momento de decretarse una orden de detención librada en contra de un imputado o condenado, el tribunal que la dictó deberá comunicarlo al Servicio de Registro Civil e Identificación por cualquier medio idóneo.

El artículo 4° dispone que, recibida la comunicación, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá, inmediatamente, a ingresar la información.

El artículo 5°, inciso primero, establece que cuando la orden de detención librada fuese dejada sin efecto, el tribunal deberá comunicarlo en el mismo acto al Servicio de Registro Civil e Identificación.

El inciso segundo sanciona el incumplimiento de la obligación anterior como grave falta a los deberes del juez.

El artículo 6° indica que, recibida la comunicación referida, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá inmediatamente eliminar tal anotación del Registro .

El inciso segundo establece la posibilidad de requerir personalmente la eliminación de la anotación, acompañando documentos fidedignos que den cuenta del hecho de haberse dejado sin efecto la orden de detención.

Durante el debate, la Comisión acordó fijar un plazo dentro del cual se deberá proceder a la eliminación de la anotación. Asimismo, se intercaló un inciso segundo que sanciona como falta grave el incumplimiento de tal obligación.

El artículo 7° dispone en forma taxativa quiénes tendrán acceso irrestricto al Registro y a la información allí contenida, a saber: Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile. Asimismo, otorgaba acceso restringido a los departamentos de tránsito municipales y a otros organismos públicos definidos por decreto supremo. En este último caso, sólo para los casos previstos en esta ley en tramitación y autorizados en forma escrita por el interesado.

La Comisión aprobó una indicación para agregar entre las instituciones que tendrán acceso al Registro , a la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Respecto a los departamentos de tránsito municipales y a otros organismos públicos que serán definidos por decreto supremo, se estableció que sólo podrán ser informados sobre el hecho de encontrarse una persona determinada incorporada en el Registro y podrán acceder al mismo para el solo efecto del trámite que se realiza. Asimismo, se indicó que estas instituciones deberán establecer los procedimientos que determinarán las personas que tendrán acceso a la información, a fin de garantizar la debida confidencialidad.

El artículo 8° facultaba al Servicio de Registro Civil e Identificaciones para extender un certificado en el que constare si una persona poseía o no anotaciones vigentes en el Registro .

Durante la discusión del proyecto, este artículo fue suprimido.

Además, se aprobó otro que tiene por objeto establecer que se debe proporcionar la información suficiente a los interesados respecto de su incorporación al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , para que puedan regularizar su situación judicial, la que sólo será entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación al interesado o a un mandatario de éste.

El artículo 9° dispone que las municipalidades suspenderán o no renovarán las licencias de conducir a quienes figuren con órdenes de detención pendientes en el Registro .

El artículo 10 prescribe que los organismos públicos que otorguen prestaciones pecuniarias, podrán suspender la entrega cuando el beneficiario sea prófugo de la justicia, salvo las de carácter previsional o de salud. Deja entregada a un decreto supremo la determinación de los organismos públicos facultados y las prestaciones específicas objeto de tal suspensión.

Durante el debate en particular, fue sustituido, permitiendo a los órganos de la Administración del Estado diferir el otorgamiento de prestaciones económicas a quienes figuren con órdenes de detención pendientes en el Registro . Estas prestaciones no podrán ser de carácter previsional o de salud, y tampoco podrán afectar a la familia del prófugo. Además, se consagró que no se pueden afectar derechos adquiridos ni garantías reconocidas en la Constitución Política.

El artículo 11 disponía que los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y Gendarmería de Chile debían implementar sistemas de control de acceso de público que permitieran verificar si quienes ingresan a estos recintos registran órdenes de detención pendientes.

En la Comisión, este artículo fue modificado, estableciendo que los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y Gendarmería de Chile podrán verificar si las personas que ingresan a sus recintos y establecimientos registran o no órdenes de detención pendientes.

El artículo 12 establecía que las disposiciones de esta ley no se aplicarían a las personas sometidas al régimen de responsabilidad penal juvenil establecido en la ley N° 20.084.

La Comisión estimó que esta norma no se ajustaba a la realidad, debido a la proliferación de adolescentes delincuentes, quienes, al ser prófugos, igualmente eluden la sanción y burlan el sistema. Asimismo, se consideró que el nuevo Registro demandará capacidades operativas y técnicas adicionales para implementarlo, así como para su mantención y dotación de personal.

Consecuentemente, el Ejecutivo formuló indicación para sustituirlo por una norma referida al financiamiento que pueda requerir la implementación de la presente ley en tramitación.

El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes, señorita Marcela Sabat y señores Giovanni Calderón , Romilio Gutiérrez y Carlos Montes .

Por otra parte, se hace constar que la iniciativa legal no contiene disposiciones orgánicas constitucionales o normas que requieran quórum calificado, y que los artículos 1° y 12 son de competencia de la Comisión de Hacienda.

En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación de este proyecto de ley en los términos expuestos.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente , honorable Sala, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , cuyo objetivo es facilitar o permitir la detención de quienes se encuentren prófugos de la justicia, estableciendo medidas específicas que obstaculicen la obtención de determinadas prestaciones del Estado por dichas personas.

Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Rodrigo Ubilla , subsecretario del Interior ; Juan Francisco Galli , asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Ricardo Alt , asesor del subsecretario del Interior .

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 6 de julio de 2011, especifica que el proyecto de ley tiene gastos por una vez, y gastos recurrentes en régimen, conforme a ciertos supuestos.

El gasto total para el primer año es de 195 millones de pesos, en tanto que el gasto en régimen asciende a 10 millones y fracción.

Durante el debate habido en la Comisión, el señor Ubilla hizo presente que el Registro que se crea estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, el que deberá anotar las órdenes de detención vigentes, cuando éstas hayan sido libradas por los tribunales de justicia con competencia en lo penal, en los siguientes casos:

-Respecto del imputado que haya sido declarado rebelde.

-Respecto del imputado que se fugare, estando sujeto al régimen de prisión preventiva.

-Respecto del condenado que no asista a la audiencia en la que se dicte su sentencia.

-Respecto del condenado que se fugare mientras se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad.

-Respeto del condenado al que se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad.

-Respecto del condenado a una pena privativa de libertad al que se le revocare el beneficio de la libertad condicional.

El proyecto, además, regula el contenido del Registro, el acceso a éste y los mecanismos de control.

En cuanto al acceso a la información contenida en el Registro , el proyecto establece, por una parte, ciertas instituciones que tendrán acceso irrestricto al Registro y a la información contenida en él, y, por otra, ciertas instituciones que sólo tendrán un acceso restringido.

En respuesta a diversas consultas formuladas por los señores diputados, el señor Ubilla señaló que la mantención del Portal de la Reforma Procesal Penal, una vez que se agregue esta nueva ventanilla para poder acceder al Registro de Prófugos , estará a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, se financiará con el presupuesto que se entregue a este organismo.

Manifestó que uno de los antecedentes que se tuvo a la vista para la elaboración del proyecto fue la constatación objetiva de que las bases de datos de los distintos actores del sistema penal no están en línea -tema que ha sido discutido ampliamente- y, por lo tanto, no comparten información. De ahí surge la necesidad de establecer este Registro Nacional de Prófugos .

Al elegir la institución en la cual radicar el nuevo Registro, se optó por el Servicio de Registro Civil e Identificación, porque ha demostrado ser un servicio eficiente, que cuenta con la confianza de todos los actores del sistema y que está equidistante de los órganos relacionados con la persecución penal.

El señor Galli , asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explicó que el acceso a este Registro es restringido porque no existe para las personas la obligación de denunciar o de detener a una persona con una orden de detención vigente; sólo los funcionarios públicos están obligados a denunciar, en caso de delitos flagrantes.

Por otro lado, la información que se tiene respecto de las órdenes de detención pendientes, es entregada sólo a aquellos organismos públicos encargados de detener y de perseguir a las personas que han cometido delitos. La idea no es buscar la autotutela, ya que la obligación de garantizar la seguridad pública es del Estado y no de las personas.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 1° y 12 del proyecto.

En relación con la discusión particular del articulado de la iniciativa, cabe señalar que, puesto en votación ambos artículos, fueron aprobados por cinco votos a favor y uno en contra. Se pronunciaron a favor los diputados Joaquín Godoy , Miodrag Marinovic , José Miguel Ortiz , Carlos Recondo y Ernesto Silva. Votó en contra el diputado Alberto Robles .

Tratado y acordado en sesiones de fecha 6 y 27 de septiembre de 2011, con la asistencia de los diputados señores Joaquín Godoy ( Presidente ), Pepe Auth , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Miodrag Marinovic , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Carlos Recondo , Alberto Robles , Alejandro Santana , Ernesto Silva y Gastón von Mühlenbrock .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , me llama profundamente la atención la participación de un importante grupo de señoras diputadas y señores diputados en la discusión del proyecto en análisis, quienes lo enriquecieron con sus aportes. Así, por ejemplo, el diputado Harboe señaló en la Comisión que “el hecho de que una persona pueda solicitar un certificado para verificar si tiene órdenes de detención se puede prestar para otros objetivos”.

Agregó que “sería probable que esta norma termine, en la práctica -considero de suma importancia este detalle, por eso lo menciono-, por establecer un requisito adicional para las licencias de conducir -algo que no figuraba en el proyecto original, según mi apreciación- y las prestaciones pecuniarias, consistente en contar con un certificado del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia ”.

Ése es el punto de fondo que se desprende de una de las tantas ideas planteadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana por el diputado Felipe Harboe. Me enorgullece escuchar a este jurista cuando hace sus comentarios.

El proyecto es muy beneficioso, especialmente para instituciones públicas como los municipios, pues permitirá conocer a personas que tienen la calidad de prófugos de la justicia en nuestro país, que son muchísimas.

El proyecto especifica los casos comprendidos dentro del concepto de “prófugos”, los cuales tratan básicamente de:

a) Imputados: quienes han sido declarados rebeldes, y los que han sido sometidos a prisión preventiva o arresto domiciliario y se han fugado.

b) Condenados: Es decir, los que se encuentran en el caso del artículo 468 inciso 2° del Código Procesal Penal; los que se fugaren mientras se encuentren cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad; a quienes se les haya revocado alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N° 18.216 -muy conocida-, y a quienes se les haya revocado el beneficio de la libertad condicional u otro beneficio penitenciario”.

Es decir, las personas que se encuentren condenadas por haber cometido algún delito y estén eludiendo la acción de la justicia, enfrentarán una situación compleja.

Considero que podría incorporarse, por ejemplo, la situación de quienes tienen orden de aprehensión por no cumplir el pago de pensiones alimenticias, cuestión tan requerida en nuestras oficinas parlamentarias. Se trata de una situación que muchas veces ni siquiera Carabineros es capaz de hacer cumplir. Si bien en este caso no estamos hablando del ámbito estrictamente penal, los que no cumplen con sus deberes familiares, especialmente respecto de sus hijos menores, muchas veces eluden la acción de la justicia.

Éste es un tema no menor, que también debiera ser parte del proyecto.

En la Comisión de Hacienda no fue mucho lo que había que discutir, porque el presupuesto es adecuado. En su momento a lo mejor el diputado Robles fundamentará su voto en contra del proyecto, el cual me parece bastante acertado.

Finalmente, anuncio que votaré a favor la iniciativa, porque una vez que sea ley de la República, permitirá mejorar el control social de los delincuentes.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente , cuando en la Comisión de Hacienda analizamos el proyecto, hicimos algunos consultas al subsecretario del Interior. En su oportunidad, quise destacar un hecho fundamental: estamos de acuerdo, desde todo punto de vista, con que se cree el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , pero ello no se puede prestar para que exista una persecución implacable contra gente que cometió delitos y que transgredió la ley, o para que la información de los registros llegue a niveles que signifiquen problemas a esas personas y a sus familias.

En la discusión fuimos muy claros sobre la materia. Cuando preguntamos cuál será la institución encargada de la información de esas personas, se respondió que será el Servicio de Registro Civil e Identificación. Consultamos, entonces, a quiénes se les dará a conocer, y se respondió que a las instituciones que se relacionan con el proceso penal, es decir, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Después preguntamos si tendrán acceso a esa información los departamentos de tránsito de las municipalidades del país. Ahí quedó claramente establecido, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que sólo figurará el nombre, pero no el delito cometido, porque eso podría prestar para muchas situaciones, especialmente a nivel de provincias y de comunas.

Además, el asesor que acompañó al subsecretario del Interior fue claro y categórico en que el acceso al Registro será restringido, porque no existe para las personas la obligación de denunciar o de detener a una persona con una orden de detención vigente, sólo los funcionarios públicos en caso de delito flagrante, están obligados a denunciar.

Por otro lado, expresó que la información que se tiene respecto de órdenes de detención pendientes se entregará sólo a los organismos públicos encargados de detener y perseguir a las personas que han cometido delitos. La idea no es buscar la autotutela, ya que la obligación de garantizar la seguridad pública es del Estado y no de las personas.

He querido expresar esto porque ése fue el tenor de los dos artículos cuyo conocimiento encomendó la comisión técnica a la Comisión de Hacienda. Quedó claramente estipulado que estamos en un país democrático, con una Constitución vigente y con una institucionalidad que funciona como corresponde. Eso no puede significar individualizar, perseguir y realizar acciones muy especiales para algunas personas.

Quienes cometen delitos, deben cumplir su pena, y después -es lo que deseamos todos- volver a insertarse en la institucionalidad y hacer uso de todas las posibilidades que se les ofrece. Somos muchos los que no creemos en la discriminación y sí creemos en la igualdad.

En la Comisión, voté favorablemente el proyecto, pero expresé esas inquietudes.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.

El señor GODOY.- Señor Presidente , este proyecto se ve bastante sencillo en el papel, pero, a nuestro juicio, tendrá un impacto superrelevante, porque permitirá entregar una valiosa información a una serie de organismos públicos a la hora de recapturar a gente prófuga.

En ese sentido, hay gran consenso acerca de su importancia y de que el Ejecutivo y las distintas autoridades estén siempre coordinados.

Respecto del informe financiero, vemos que habrá un gasto relativamente considerable durante el primer año. Con posterioridad, la utilización del Registro significará un costo bastante pequeño para el Estado versus sus beneficios.

En la Comisión de Hacienda tuvimos una pequeña diferencia o discusión -lo expresó muy bien el diputado Ortiz - acerca de si esta información debe ser entregada de manera abierta a toda la población o, simplemente, ser dirigida sólo a las personas a las cuales les corresponde tomar alguna acción sobre los prófugos. Finalmente, llegamos al convencimiento de que lo importante es que cuenten con esta información organismos del Estado que tengan alguna incidencia o decisión en esta materia más que buscar que la ciudadanía sea la que persiga, lo que, en algún momento, podría ser peligroso.

Por eso, invito a los colegas a aprobar este proyecto, porque su aporte, una vez que se convierta en ley de la República, será sustancial.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente , este proyecto de ley busca ordenar, a través de un registro, materias de tipo penal. El Registro que se crea servirá para guardar información de las personas que, tras haber sido juzgadas por tribunales, son consideradas prófugas de la justicia.

El planteamiento que formulé en la Comisión de Hacienda tiene que ver no tanto con el objeto de este Registro, sino más bien con su utilización. Recordemos que no estamos hablando de personas que están siendo sometidas a la justicia; tampoco de las que han sido declaradas culpables de algún delito; tampoco de las que han cumplido su deber con la sociedad, pagando las condenas dictaminadas por la justicia. Estamos hablando de un registro de personas que se han fugado y no están dispuestas a responder ante la sociedad por distintos problemas.

El proyecto especifica los casos comprendidos dentro del concepto de “prófugos” de la justicia; establece cómo deben ser incorporadas las personas a este Registro y retiradas del mismo. Asimismo, la responsabilidad que le cabrá al que las incorpore y al que las saque del Registro .

Por ello, dado que se crea un Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , me llama la atención y me parece poco racional que sólo se permita consultarlo a algunas instituciones, en particular a las relacionadas con la justicia. Esto es, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Reitero, se trata de un registro de personas prófugas de la justicia, es decir, procesadas por ella, pero que se arrancaron, por lo cual tienen una deuda con la sociedad.

Puede ocurrir, por ejemplo, que esa persona requiera sacar licencia de conducir. No sé con qué criterio podrá hacerlo, pues es prófuga de la justicia.

Lo lógico es que mediante ese tipo de certificado, el Estado y la sociedad determinen que se trata de una persona prófuga y, por lo tanto, se le niegue el permiso de conducir o se le retenga la licencia para que cumpla su deber con el Estado. El proyecto habla de personas condenadas y que se fugaron mientras se encontraban cumpliendo una pena privativa de libertad, como es el caso de quienes últimamente han asaltado algunos bancos. Si una de ellas fuera a una municipalidad a sacar su licencia de conducir, ¿no sería lógico que ésta informara que ahí se encuentra una persona fugada?

El Registro debería ser consultado con responsabilidad, pero en términos públicos, porque se confeccionará con recursos públicos; por lo tanto, sus fines deben ser públicos para cautelar que los prófugos de la justicia cumplan su deber con la sociedad. De no ser así, ¿para qué vamos a crear dicho registro?

En la Comisión de Hacienda planteé este tema al Ejecutivo . Éste respondió que el Registro será de carácter restringido, sólo para las instituciones que mencioné. Se crea un registro administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con muchas formalidades para consultas de este tipo. Sin embargo, a mi juicio, no sería necesario hacerlo por ley para que tuvieran acceso a él la policía de Investigaciones y Carabineros. Incluso más, estas instituciones deberían tener su propio registro.

En suma, soy de opinión de que la información que contendrá el Registro debería ser más pública y ofrecer mayores posibilidades, sobre todo porque se trata de personas que tienen una responsabilidad bastante mayor con la sociedad.

Por eso, en la Comisión de Hacienda voté en contra del proyecto, porque es demasiado restrictivo en relación con el uso que se quiere dar al Registro.

He dicho.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente , este proyecto, de larga tramitación en la Cámara de Diputados, será de suma importancia práctica para lograr el objetivo que se busca, esto es, que las personas que figuren en alguna de las circunstancias consideradas en él que estén vulnerando la acción de la justicia, puedan ser recapturadas.

El proyecto establece la creación del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , al cual tendrán acceso las instituciones encargadas de la seguridad pública.

A su vez, establece quiénes estarán incorporados en el Registro . Expresamente, se señala que sólo serán incorporados a él, primero, los imputados declarados rebeldes, vale decir, las personas que, durante el desarrollo del proceso judicial criminal, han sido citadas por la justicia y, de una u otra forma, han evitado la acción judicial.

Segundo, los imputados que se hayan fugado estando sujetos a prisión preventiva o a privación de libertad.

Tercero, los condenados que se encuentren en el caso del inciso segundo del artículo 468 del Código Procesal Penal.

Cuarto, los condenados que se hubiesen fugado mientras estaban cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Es decir, el proyecto también considera prófugos -como corresponde- a las personas que estando condenadas a una pena privativa de libertad, se fugaren durante el desarrollo de dicha condena.

Quinto, al condenado a quien se le revocare alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad previstas en la ley N° 18.216. Es decir, estamos hablando de la persona que ha sido condenada por un delito y beneficiada por alguna de las medidas alternativas no privativas de libertad, pero que, por alguna circunstancia contemplada en dicha ley, se le han revocado tales medidas alternativas y no se ha presentado a cumplir la pena privativa de libertad tal como lo ordena el tribunal.

Sexto, a quienes han sido condenados a una pena privativa de libertad, pero que gozan, no de una medida alternativa, sino de un beneficio poscondena de libertad condicional; se trata de un beneficio administrativo que otorga Gendarmería de Chile. En este caso, se trata de una persona condenada a una pena privativa de libertad, pero que, por reunir los requisitos contemplados en las normas vigentes, obtuvo el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, por alguna de las razones contempladas en la ley, se le revoca este beneficio y no se presenta ante los tribunales.

En consecuencia, me parece adecuado el ámbito de aplicación de este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , pues se pone en las hipótesis de aquellas personas que, estando condenadas, han vulnerado la acción de la justicia, y también en la de aquellas que no estando condenadas, sino en el desarrollo de un proceso, se les ha imputado un delito, pero vulneran las órdenes judiciales. Esto viene a reforzar el rol de los tribunales de justicia y de las órdenes judiciales.

El artículo 2° señala el contenido que tendrá este Registro, que no es menor. Si bien parece de toda lógica que éste contenga el nombre completo de la persona en contra de quien se libre la orden de detención respectiva, la identificación del tribunal y el nombre del juez o jueces que la decreten, la identificación de la causa, la fecha en que se libró la orden de detención, es muy importante. Me explico: a través de una indicación que se presentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, suscrita por casi todos sus miembros, se incorporó el señalamiento del delito o de los delitos por los cuales hubiere sido condenada la persona y la extensión de la condena, en los casos señalados en los números 3), 4), 5) y 6) del artículo 1°.

La relevancia de esta indicación dice relación con lo siguiente: los integrantes de la Comisión hemos considerado necesario que en este Registro Nacional de Prófugos de la Justicia quede contemplado el delito por el cual la respectiva persona ha sido encargada u objeto de una orden de detención, para los efectos de advertir a las policías sobre la peligrosidad del delincuente y adoptar las medidas preventivas frente a un eventual control de identificación. Así se evitarán situaciones como la ocurrida, por ejemplo, en el caso del señor Nolli , que, como sus señorías recordarán, costó la vida a dos detectives que realizaban un control aparentemente rutinario, porque no conocían la alta peligrosidad de la persona a la cual estaban controlando.

Por lo tanto, la incorporación de esta nueva información a la orden de detención es importante y apunta en la dirección correcta, pues, de alguna forma, protegerá a las policías en el desarrollo de su labor de captura, no como ocurrió en este caso.

Luego se establece toda una regulación relativa al momento en que se debe librar la orden de detención y la forma de comunicarla. Para ello, se establece un procedimiento bastante interesante, en virtud del cual -como lo estipula el artículo 3°- se establece que el tribunal que dicte la orden de detención, deberá comunicarlo por cualquier medio idóneo al Servicio de Registro Civil e Identificación.

En el artículo 4° se establece que una vez recibida la orden de parte de los tribunales, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá inmediatamente a ingresar la información en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia . La calificación de “inmediatamente” no fue casual ni antojadiza de parte de la Comisión. Se estableció tras haber escuchado al representante del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien señaló que no tendría impedimento técnico ni tecnológico alguno para incorporarla de manera inmediata, a fin de que el Registro obtenga a la brevedad la actualización necesaria para el buen cumplimiento de las órdenes judiciales.

El artículo 5° establece una garantía a favor de los ciudadanos, en el sentido de que cuando un tribunal decida dejar sin efecto una orden de detención, deberá comunicarlo en el mismo acto al Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Por qué cuando se libra una orden de detención no se establece esta calificación, pero sí cuando se deja sin efecto? Obviamente, porque la orden de detención faculta a las policías para privar de un derecho fundamental, cual es la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Por eso, pusimos esta condición, de manera que cuando se deje sin efecto una orden, el tribunal respectivo deberá comunicarlo en el mismo acto al Servicio de Registro Civil e Identificación. Es más, el inciso segundo de la misma norma establece que su retraso constituirá una grave falta a los deberes del juez que dejó sin efecto la respectiva orden de detención. Ello, en atención a la importancia de otorgar rapidez al acto de dejar sin efecto una orden de detención y su comunicación, de manera de no afectar derechos fundamentales.

El artículo 6° establece lo mismo respecto del Servicio de Registro Civil e Identificación. Una vez recibida del tribunal la comunicación que deje sin efecto la orden de detención, el Servicio procederá, dentro de las doce horas siguientes, a eliminar en forma definitiva la respectiva anotación. Ahora bien, si por alguna razón el funcionario de este Servicio demora más de ese plazo o el ciudadano afectado puede comprobar que el Servicio tenía la información con anterioridad y no lo sacó del Registro , ese ciudadano podrá demandar y ejercer la responsabilidad del funcionario respectivo. En definitiva, con esto salvaguardamos la rapidez que se requiere en este caso para eliminar del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia la respectiva anotación, puesto que, como veremos más adelante, el solo hecho de estar incorporado en el Registro tiene consecuencias, no sólo para la libertad ambulatoria, sino también para determinados accesos a prestaciones económicas de parte del Estado.

¿Quiénes pueden acceder a esto? No es un tema menor. Se estableció un conjunto de personas de diferentes instituciones. En suma, esto quedó circunscrito principalmente a las instituciones que participan en el proceso. Lo más importante es evitar el mal uso o el uso extensivo de estos antecedentes.

Desde ya, quiero manifestar que respecto del artículo 8° siempre he tenido observaciones. Originalmente, el texto presentado por el Gobierno consideraba que se podía otorgar un certificado de no estar inscrito o inmerso en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , lo que, en el fondo, sería un nuevo Dicom. Ahora se exigiría un nuevo requisito para acceder al trabajo: no estar incorporado en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia , cosa que, obviamente, dejamos sin efecto.

Otro aspecto importante dice relación con los beneficios que se pueden coartar. ¿Cuáles son los efectos del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia ? Primero, suspensión de licencias de conducir; segundo, diferir ciertas prestaciones económicas.

Señor Presidente , tengo dudas respecto de la constitucionalidad de la posibilidad de limitar ciertas prestaciones económicas. Entiendo que el sentido del proyecto es evitar que personas prófugas de la justicia se beneficien con recursos del Estado. Parecería de toda lógica si esto se circunscribiera a fondos de la Corfo, del Indap o de otros organismos, pero en ningún caso a beneficios a favor de la familia de los condenados o imputados, porque ello sería afectar un derecho de terceros, lo que obviamente no está en el espíritu del proyecto.

Por lo tanto, concurriré con mi voto favorable al proyecto, no obstante mi observación respecto del artículo 8º.

He dicho.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora SABAT.- Señor Presidente , la seguridad pública se ha transformado en una de las inquietudes más importantes para los chilenos en las últimas décadas. Y no es raro que así sea. La delincuencia es un flagelo que agrede nuestras seguridades más básicas. Impide a nuestros hijos ir o volver tranquilos del colegio, a nuestras madres salir confiadas a trabajar, a nuestros comerciantes abrir seguros sus negocios, a nuestros jóvenes estudiar y entretenerse sin temor.

Consciente de lo anterior, el Presidente Sebastián Piñera junto al Ministro del Inte-rior elaboraron el plan de seguridad pública “Chile Seguro”, que contempla cinco áreas centrales que permiten abordar el problema en toda su magnitud. Así, debemos prevenir el surgimiento de carreras delictivas, proteger a nuestras comunidades, sancionar a quienes cometen delitos, proteger a las víctimas y rehabilitar y reinsertar en la sociedad a quienes cumplen sus penas.

Soy una convencida de la importancia y preponderancia que tiene la prevención por sobre otras áreas de combate a la delincuencia. Sin embargo, una vez que se ha atentado contra bienes jurídicos que merecen de nuestra protección, no nos cabe sino reaccionar frente a ello. En este sentido, se hace imprescindible una persecución penal efectiva, que dé señales tanto al ciudadano que delinque como al que no de las consecuencias negativas de su actuar apartado de la legalidad.

Sancionar a quienes cometen delitos es básico para reducir la victimización en el corto y mediano plazo y terminar con la sensación de impunidad. Por ello, es que en general las medidas de seguridad publica buscan mejorar el control de quienes están sujetos a medidas cautelares o cumplen penas alternativas, y castigar a quienes cometen delitos menores en forma reiterada. Apuntan también a reducir el archivo de causas no resueltas y a facilitar y hacer más eficaz el trabajo investigativo de las policías.

Un proceso penal moderno y eficaz supone asegurar que quienes sean objeto de una persecución criminal, comparezcan oportunamente a la totalidad de las actuaciones en que sean requeridos. Por otra parte, el sistema penal se ve socavado en la medida que personas condenadas no dan efectivo cumplimiento a las sanciones que les son impuestas.

En sintonía con lo anterior, el proyecto sometido a nuestra votación intenta poner fin a las altas tasas de rebeldías y quebrantamientos, que contribuyen a incrementar la sensación de inseguridad e impunidad, comprometiendo de alguna forma el debido respeto a la ley y la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema judicial.

Más aún, muchos de quienes se encuentran en situación de rebeldes o quebrantadores de la justicia penal, han logrado evadir el sistema, burlando la acción de las policías en circunstancias tan insólitas como visitas a Gendarmería de Chile u otros servicios públicos, sin que la calidad de prófugo de estas personas haya sido detectada.

Con esta iniciativa el Gobierno no sólo busca fortalecer la adecuada fiscalización y control de quienes se encuentran en rebeldía o han quebrantado sus condenas, sino también a dar debida cuenta de quienes están en dichas situaciones.

Ahora, si bien hoy hay mecanismos parciales disponibles para identificar a quienes presentan órdenes de detención pendientes, estos han resultado ser relativamente inútiles frente a la gran cantidad de sujetos que tienen órdenes vigentes, los que promedian 14.000 al año.

Confirmo una vez más mi apoyo incondicional a la agenda de seguridad pública del Gobierno, asumiendo a cabalidad la responsabilidad que como presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas me cabe en ello.

Anuncio desde ya el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional e invito a todos los colegas a pronunciarse en favor de la iniciativa, con lo cual estamos ofreciendo las condiciones más seguras para el país.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.

Hago presente a la Sala que el articulado del proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Zalaquett Said Mónica.

-Votó por la negativa el diputado señor Gutiérrez Gálvez Hugo.

-Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular, con excepción de los artículos 7° y 10°, respecto de los cuales se ha pedido votación separada.

En votación el artículo 7°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 14 abstenciones.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación el artículo 10°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume ^Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia, suscrito en Yokohama, el 13 de noviembre de 2010.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Iván Moreira.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 7830-10, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 75ª, en 30 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MOREIRA (de pie).-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana , me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia, suscrito en Yokohama, el 13 de noviembre de 2010.

Este proyecto se encuentra sometido a consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional y, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República, y como lo señala el propio mensaje que lo acompaña, tiene por objeto profundizar la estrategia de posicionar a Chile dentro del mercado de una de las regiones más importantes y emergentes del mundo, como es el sudeste asiático.

Según lo señala el mensaje, con el objetivo de lograr una mayor apertura económica, por más de dos décadas Chile ha enfocado su política comercial en la negociación y firma de acuerdos de libre comercio.

Esto ha llevado a Chile a concretar acuerdos comerciales con países que tienen más del 87 por ciento del PIB mundial, convirtiéndose en un ejemplo de inserción internacional en un mundo cada vez más globalizado.

Afirma que durante la última década, Chile ha enfocado su inserción en la región del Asia, firmando acuerdos con Corea del Sur (2003), China (2005), P4 (Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (2005), India (2006), Japón (2007) y Australia (2008).

Agrega que en la actualidad la mirada se ha centrado en la región del sudeste asiático, constituida principalmente por economías emergentes que han demostrado poseer un gran potencial de crecimiento.

En efecto, expresa, los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) han desarrollado un plan conjunto de apertura comercial, conformando una zona de libre comercio, la cual representa un mercado de casi 600 millones de personas. La interacción de estas economías ha permitido elevar considerablemente sus volúmenes de comercio, generando un amplio interés de otros países por estrechar vínculos comerciales. Chile no ha sido la excepción. Sin embargo, el camino de la asociación con Asean fue descartado por el propio bloque, lo que llevó a Chile a iniciar una estrategia bilateral de negociaciones comerciales con Vietnam y Malasia, incluyendo estudios de factibilidad para un Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia e Indonesia.

Señala el Ejecutivo que, como se sabe, la Asean fue establecida en agosto de 1967, y Malasia es miembro fundador del bloque junto con Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia. A través de Asean, Malasia ha podido concretar acuerdos comerciales con Corea del Sur, India , Japón , Australia, Nueva Zelanda y China . Asimismo, es una de las economías fundadoras del proceso Apec.

Hace presente que Malasia es una pujante economía del sudeste asiático que a inicios de los años 80 comenzó a imitar los modelos económicos de sus vecinos Hong Kong , Singapur, Corea del Sur y Taipéi chino, los denominados “tigres asiáticos”. Esto generó un fuerte crecimiento de su producto interno, el cual entre 1980 y 1990 creció a tasas por sobre el 7 por ciento anual. En 2009 su PIB per cápita alcanzó 14.700 dólares, y su población, los 26 millones de habitantes. En la actualidad, Malasia es uno de los principales productores de componentes informáticos, además de ser uno de los principales centros bancarios y financieros del mundo islámico.

Agrega el mensaje una serie de otras consideraciones que hacen altamente beneficioso para el país la suscripción de este Acuerdo de Libre Comercio que, en aras del tiempo, omitiré, puesto que mis honorables colegas tienen en su pupitre electrónico el informe que contiene un detallado análisis del mismo.

El acuerdo, que se encuentra estructurado en un Preámbulo, 14 Capítulos y 8 Anexos, regula sólo el comercio de mercancías y sus disciplinas asociadas. Ha sido refrendado por vuestra Comisión y consta en el informe a que he hecho mención.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor subsecretario de Relaciones Exteriores, don Fernando Schmidt Ariztía ; del señor Jorge Bunster Batteley , director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; del señor Rodrigo Contreras Álvarez , director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon , y del señor Hugo Bairlein Hermida , gerente de comercio exterior de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa .

El señor subsecretario de Relaciones Exteriores , además de refrendar los fundamentos del mensaje que le da origen, explicó que este proyecto es parte de un objetivo estratégico que tiene por finalidad posicionar a Chile dentro del mercado de una de las regiones más importantes y emergentes del mundo, como es el sudeste asiático.

Asimismo, afirmó que éste es el primer acuerdo bilateral entre Chile y el sudeste Asiático, pero se están llevando a cabo negociaciones con Vietnam, Tailandia e Indonesia.

Hizo presente que las negociaciones comerciales se iniciaron el 4 de junio de 2007 y que finalizaron el 13 de mayo de 2010, tras diez rondas de negociaciones. El 13 de noviembre de 2010, en el marco de la reunión de líderes de la APEC, en Japón, se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de Malasia.

Expresó que el tratado es un acuerdo comprensivo, que incluye materias de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, salvaguardias, cooperación, transparencia y solución de controversias. Además, el acuerdo incluye una cláusula evolutiva, para negociar servicios e inversiones en un plazo no superior a dos años desde su entrada en vigencia.

Agregó que una vez entrado en vigencia el acuerdo podrán ingresar a Malasia, libre de arancel, productos chilenos como carne bovina, pescados, frutas frescas, leche en polvo, yogurt, quesos y quesillos. De igual forma, podrán ingresar a Chile, libres de arancel, productos provenientes de Malasia, bienes tales como computadores, celulares, automóviles, grabadores de DVD y tinta para impresoras.

Destacó que Malasia, en materia comercial, sólo cuenta con cinco acuerdos vigentes, con seis países, y tres acuerdos concluidos, en espera de ratificación.

Realzó el dinamismo del comercio de Malasia y las oportunidades que se presentan, en atención a que existen 2.347 productos que Chile exporta al mundo, pero no a Malasia, y que, a su vez, esa nación importa desde el mundo, pero no de Chile, lo cual representa el 73 por ciento de las importaciones de Malasia.

A modo de conclusión, el subsecretario de Relaciones Exteriores señaló que la aprobación del presente proyecto de acuerdo implica la reducción de las barreras de entrada, lo que genera oportunidades comerciales para ambos países.

Asimismo, puso de relieve que el tratado se ampliará en un plazo no superior a dos años, a raíz de lo cual se incluirán servicios e inversiones, lo que profundizará los lazos culturales, científicos, turísticos y económicos entre Chile y Malasia .

Por su parte, el representante de la Sofofa, junto con resaltar el beneplácito con que los exportadores chilenos celebran el acuerdo comercial, señaló que el tratado garantizará, aún más, el floreciente comercio que ya existe con Malasia, puesto que el acuerdo es equilibrado y favorece las exportaciones nacionales, principalmente los productos lácteos y la agroindustria, razón por la que manifestó que su organización aboga por una pronta aprobación del proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo de libre comercio entra ambos países.

Las señoras diputadas y los señores diputados presentes expresaron, en forma unánime, su decisión favorable a la aprobación del proyecto aprobatorio del acuerdo, porque viene a ratificar el objetivo estratégico del país, que tiene por finalidad posicionar a Chile en los mercados mundiales, muy especialmente, en los mercados de una de las regiones más importantes y emergentes del mundo comercial: el Sudeste Asiático.

Por las razones señaladas, el proyecto de acuerdo en informe fue aprobado por 7 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Por último, hago presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Sin embargo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, debido a que, eventualmente, pueden tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de Malasia.

Asistieron a la Comisión, durante el análisis del proyecto, los señores Jorge Bunster , director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores ( Direcon ), Patricio Balmaceda , asesor del director general, y la señora Paulina Nazal , jefa del departamento del Acceso al Mercado de la Direcon.

En el mensaje se hace presente que Chile, por más de dos décadas, ha enfocado su política comercial en la negociación y firma de acuerdos de libre comercio. Eso lo ha llevado a concretar acuerdos comerciales con países que tienen más del 87 por ciento del PIB mundial, convirtiéndose en un ejemplo de inserción internacional en un mundo cada vez más globalizado.

Durante la última década, Chile ha enfocado su inserción en la región de Asia, para lo cual ha firmado acuerdos con Corea del Sur, en 2003; China , en 2005; Nueva Zelanda , Singapur y Brunei Darussalam , en 2005; India , en 2006; Japón , en 2007, y Australia, en 2008, constituida, principalmente, por economías emergentes que han demostrado poseer un gran potencial de crecimiento.

El camino de la asociación con Asean fue descartado por el propio bloque, lo que llevó a Chile a iniciar una estrategia bilateral de negociaciones comerciales con Vietnam y Malasia, la que incluyó estudios de factibilidad para un acuerdo de libre comercio con Tailandia e Indonesia.

Malasia es una pujante economía del Sudeste Asiático. En 2009 tenía un PIB per cápita de 14.700 dólares y su población era de 26 millones de habitantes. En la actualidad, Malasia es uno de los principales productores de componentes informáticos, además de ser uno de los más importantes centros bancarios y financieros del mundo islámico.

Características del acuerdo.

El acuerdo objeto de este informe consta de un Preámbulo, 14 Capítulos y 8 Anexos. Regula sólo el comercio de mercancías y sus disciplinas asociadas, sin perjuicio de las disposiciones institucionales y legales. El acuerdo está concebido como la primera etapa de un proceso que deberá ampliarse al comercio de servicios, inversiones y servicios financieros, para lo cual las partes deben iniciar negociaciones dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor.

Se trata de un acuerdo de cobertura amplia, en el cual, prácticamente, todos los productos tendrán acceso preferencial a los mercados de las Partes desde el momento de su entrada en vigor.

Como resultado de las negociaciones, Malasia concedió a Chile la eliminación del 89,6 por ciento de sus productos en categoría inmediata, lo que significa que éstos podrán ingresar libres de aranceles desde el primer día de vigencia del Acuerdo. El 4 por ciento de los productos quedó con una desgravación a tres años; el 5,1 por ciento, con una desgravación a cinco años, y sólo cuatro ítems con cuota, dejando en excepciones el 1,3 por ciento.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 28 de junio de 2011, señala que el proyecto de Acuerdo reduce los ingresos fiscales asociados al arancel aduanero e IVA de importaciones, registrados como impuestos en el Presupuesto del Tesoro Público.

En 2010, fueron importados desde Malasia bienes y servicios por un monto total de US$ 126.131 miles, dato que se utiliza para la medición del impacto financiero en los cinco primeros años de aplicación del Acuerdo, suponiendo un escenario sin variación en ese valor.

La cuantificación de los menores ingresos fiscales se realiza comparando la recaudación del arancel aduanero e IVA para cada categoría de productos, definida ésta según el calendario de desgravación de ambos escenarios: con o sin Acuerdo.

Suponiendo que el Acuerdo entrara en vigor en julio de 2011 -lo cual no sucedió-, los menores ingresos fiscales en el presente año por aranceles e IVA de importaciones, durante los seis meses de aplicación, habrían totalizado US$ 4.099 miles, equivalentes a un costo anual de US$ 8.198 miles, efecto que no se encuentra incluido en el presupuesto de 2011.

Este impacto se acrecienta progresivamente con las etapas de reducción de la tasa arancelaria hasta alcanzar los US$ 9.006 miles en régimen, en 2015.

Por último, cabe destacar que el proyecto no implica gastos para el fisco.

En el debate de la Comisión, el señor Jorge Bunster actualizó algunos datos sobre el intercambio entre ambos países, expresando que en 2010, Chile exportó 206 millones de dólares e importó 130 millones de dólares; por lo tanto, quedó un balance positivo. Este año, entre enero y mayo, las exportaciones se incrementaron en 6 por ciento y las importaciones en 26 por ciento.

Dijo que, como es usual en la oferta exportadora chilena, las exportaciones hacia Malasia se concentran en el sector minero, ya que el 56 por ciento corresponde a cobre. Recalcó que las oportunidades que ofrece el Acuerdo para las exportaciones no mineras, que el año pasado alcanzaron a 30 millones de dólares, se acrecentarán en la medida en que Chile lo adopte.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del Acuerdo por la incidencia financiera para el Estado y por el alcance de sus normas sobre la economía del país.

Teniendo presentes los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo propuesto por la Comisión técnica, el que fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Joaquín Godoy , Pablo Lorenzini , Javier Macaya , Miodrag Marinovic , José Miguel Ortiz , Alberto Robles, Alejandro Santana , Ernesto Silva y Gastón Von Mühlenbrock .

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.

El señor GODOY.-

Señor Presidente, hemos escuchado el informe muy clarificador del diputado Moreira y, después, un buen informe del diputado Robles.

Lo primero es hacer un poco de historia.

Todos podemos compartir el hecho de que para Chile ha sido muy importante la generación de todos estos tratados y acuerdos comerciales de libre comercio con el resto del mundo. Sin ir más lejos, hace treinta o cuarenta años, dependíamos única y exclusivamente del cobre y, hoy, tenemos una matriz productiva muy diversificada. Chile es un país que, mediante la fórmula de abrir sus fronteras, de abrirse al mundo, hoy goza de una estabilidad económica muy relevante. Por lo tanto, en este camino, Chile ha tomado muy buenas decisiones.

Respecto de este Acuerdo, en particular, debo decir que abre muchas posibilidades. Como bien decía el diputado Robles , nuestra balanza comercial es positiva, lo que significa que lo que Chile está exportando a Malasia es más de lo que se importa desde ese país. Y lo que es más relevante aún son las posibilidades -las planteó muy bien el diputado Moreira - de exportar a Malasia más de mil doscientos productos que, en la actualidad, Chile exporta y que Malasia importa, pero no de Chile. Cuando se rompen las barreras arancelarias, finalmente, se logra que los precios bajen. Así las cosas, vamos a poder entrar con precios más competitivos a un mercado tan atractivo como el de Malasia.

Los representantes de la Cancillería nos explicaron en la Comisión de Hacienda que el acuerdo no sólo nos permitiría tener una relación comercial más fluida y más relevante con Malasia, sino también, como señalaron los diputados informantes, generar una estrategia en el siguiente sentido.

Como no tenemos la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Chile ha utilizado como estrategia suscribir acuerdos bilaterales con países que sí forman parte de esa asociación. La idea es ir pavimentando el camino para llegar al gran mercado asiático, de mucha relevancia por el flujo de recursos que puede representar para Chile. Hoy, China ha pasado a ser parte fundamental de nuestras exportaciones. Por lo tanto, Asia es un mercado muy importante al cual queremos acceder.

Por lo expuesto, invito a los diputados a aprobar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Malasia, ya que es muy relevante para el país y nos permite seguir yendo por el buen camino.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, sólo para formular una consulta a los diputados informantes del proyecto de acuerdo.

El diputado que habla no estuvo presente durante algunos minutos en la Comisión de Hacienda, precisamente en el momento en que se trató este proyecto de acuerdo. Ello significa que se trató en escasos minutos. Debo hacer notar aquello porque nunca dejo de estar presente en esa Comisión que integro. El informe consigna que no estuve presente en la votación del proyecto de acuerdo, pero, como señalé, se debió a que este fue escasamente tratado en minutos. Eso hay que decirlo.

Me preocupa lo que en el informe de la Comisión de Hacienda se señala respecto de los arbitrajes. Durante la discusión del proyecto de acuerdo, la señora Paulina Nazal , jefa del Departamento de Acceso al Mercado del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que el mecanismo de solución de las controversias aplicables a este tratado tiene tres etapas: consulta, remisión del asunto al Comité y arbitraje. Por su intermedio, señor Presidente , sería interesante que los diputados informantes atendieran mi consulta, para que su aclaración quede consignada en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

La señora Nazal hizo presente que Chile nunca ha llegado a la etapa del arbitraje. Sin embargo, es necesario aclarar que sí ha llegado a esa etapa. Quienes representamos a la zona sur hemos visto que en relación con las exportaciones e importaciones de trigo, carne y productos lácteos hemos tenido dificultades con nuestros vecinos argentinos, con quienes hemos suscrito acuerdos de libre comercio.

Por lo tanto, señalar que Chile nunca ha llegado a una tercera etapa de arbitraje es un error que figura en el informe de la Comisión de Hacienda. Pido que los diputados informantes lo aclaren, de modo que no llame a equívocos.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , en la medida en que les corresponda intervenir, los diputados informantes podrán hacer la aclaración.

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente , en relación con lo que señaló el diputado Jaramillo , efectivamente en el tratado con el Mercosur hemos tenido una serie de controversias, principalmente con Argentina, que nos han llevado en dos o tres oportunidades a distintos paneles en relación con las bandas de precios del trigo y de la harina. De manera que, efectivamente, ha habido problemas. El Mercosur no fue un buen tratado comercial; todos lo tenemos claro a estas alturas, después de que se firmó en 1995. Creo que no hay autoridad o persona alguna que no tenga claro que ese tratado fue un verdadero desastre.

Pero no todos los tratados han sido desastres. El que suscribimos con Malasia es un buen tratado. Cuando hay turbulencias económicas muy fuertes, como las que están ocurriendo hoy, principalmente en Europa y en Estados Unidos, es de vital importancia tener otros mercados para exportar nuestros productos.

Todavía estamos afectados por la crisis económica de 2008, que llevó a los productos de exportación chilenos a un tercio de su valor. La recuperación ha sido muy lenta. Junto con ello, el dólar ha tenido un precio bajo. Es cierto que en los últimos días ese precio ha subido, lo que en algo ayuda a paliar la diferencia de precios que se produjo con esa crisis económica; pero hoy estamos cayendo en una nueva crisis económica, que lo más probable es que lleve otra vez a los productos agrícolas a precios muy bajos.

La mayoría de nuestras exportaciones agrícolas va destinada a Estados Unidos y a la Unión Europea. Cuando esos países sufren problemas económicos, dejan de consumir principalmente la fruta, pues no está dentro de sus principales necesidades. Eso provoca que los precios bajen fuertemente. Por eso es importante suscribir tratados de libre comercio con otros países, sobre todo con los de Asia, de manera de tener otro lugar donde encaminar nuestras exportaciones.

En la medida en que el acuerdo de libre comercio con Malasia se apruebe lo antes posible, tendremos otra entrada para exportar nuestros productos, principalmente frutícolas y lácteos, lo cual es muy necesario para el desarrollo de la agricultura.

Chile ha firmado tratados de libre comercio con algunos países asiáticos. Con otros está en la etapa de conversaciones. Ojalá que la concreción de esos tratados se agilice, a fin de tener más alternativas de mercado. Si dirigimos todas nuestras exportaciones sólo a los dos mercados señalados, que son muy importantes, pero que entran en crisis económicas, lo que ocurre al final es que debemos seguir vendiéndoles, pero a precios muy bajos, lo que perjudica a la industria nacional. Tener la oportunidad de enviar nuestros productos a otros mercados tal vez nos permita mantener los precios en el nivel actual. En materia de exportación de productos agrícolas no podemos seguir soportando más crisis internacionales. La crisis que ahora supuestamente está iniciándose, no sabemos cuándo va a terminar. Lo más probable es que si se prolonga en el tiempo, como ocurrió con la de 2008, traerá serias consecuencias a nuestro comercio agrícola.

Por eso, me alegro de que hoy se someta a votación el tratado de libre comercio de Malasia. Anuncio que lo votaré a favor, al igual que mi bancada, y seguramente así lo hará toda la Sala.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.

El señor BAUER.-

Señor Presidente , este es un proyecto de acuerdo que aprueba un acuerdo de libre comercio de mercaderías y sus servicios asociados con Malasia. El objetivo es que, con posterioridad, el acuerdo se amplíe al comercio de servicios, inversiones y servicios financieros. Para ello, las partes deben iniciar negociaciones dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor.

De acuerdo con el mensaje, se trata de un acuerdo de cobertura amplia en el cual prácticamente todos los productos tendrán un acceso preferencial a los mercados de las Partes desde el momento de su entrada en vigor.

Adicionalmente, el Acuerdo establece la posibilidad de mejorar las condiciones de acceso en el futuro. Respecto de las restricciones al comercio, las Partes se comprometieron a no adoptar ni mantener prohibición alguna para exportar o importar cualquier producto cubierto por el Acuerdo, ni imponer cargos o impuestos distintos a los estrictamente relacionados con las transacciones comerciales, que impliquen protección indirecta a la producción doméstica, o para incrementar las recaudaciones fiscales.

Algunas cifras.

A principios de la década, el intercambio comercial alcanzaba a 130 mil millones de dólares. Al primer semestre de 2010, superó la barrera de los 160 mil millones de dólares. Aumentó principalmente la exportación de hierro y cobre.

Las exportaciones chilenas a Malasia se concentran en dos productos: cobre y minerales de hierro, representando 68 por ciento del total exportado a ese mercado en 2009. Cabe resaltar los importantes envíos de uvas y celulosa al mercado de Malasia, los cuales se han mantenido en los últimos años.

Importaciones desde Malasia .

De las importaciones chilenas desde Malasia durante 2010, se destacan los aparatos de sistemas de sonido; guantes, mitones y manoplas de caucho vulcanizado; piezas de computadores; muebles de madera; grasas y aceites vegetales; equipos computacionales, como notebooks y piezas de computadores, entre otros.

Como resultado de las negociaciones, Malasia concedió a Chile la eliminación de 89,6 por ciento de sus productos en catego-ría inmediata, lo que significa que éstos podrán ingresar libres de aranceles desde el primer día de vigencia del Acuerdo.

Entre los productos chilenos que obtuvieron acceso inmediato libre de aranceles están: pescados, en todas sus formas; concentrados lácteos; quesos; paltas; frutas (uva, manzanas, kiwis, etcétera); aceites de oliva y de pescado, entre otros.

Dentro de los productos excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo están los productos en banda de precio; arroz; vino; polímeros neumáticos usados y armas.

En cuanto a la desgravación arancelaria que Chile otorgó a Malasia, 90 por ciento de los productos tendrá acceso inmediato, libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Acuerdo.

Por eso, y porque creemos que será bueno para Chile, votaremos favorablemente el Acuerdo.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , los tratados de libre comercio que ha suscrito Chile nos han permitido reinsertarnos en el mundo comercial. Falta ahora evaluar si han sido provechosos para el país. Para este efecto, hay que hacerles un seguimiento. Por eso, en la Tabla de hoy figura el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Congreso Nacional para crear la Comisión Mixta Permanente de Relaciones Exteriores, muy similar en su accionar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Esta instancia legislativa nos permitirá realizar un seguimiento de los tratados vigentes, evaluar si han sido ventajosos para el país, pero también nos permitirá conocer con anticipación las negociaciones, especialmente las implicancias y efectos de los acuerdos para la legislación interna, pero todo sin inmiscuirnos en las atribuciones del Ejecutivo ,. No resulta lógico que el Poder Legislativo , depositario de la soberanía popular, se limite sólo a aprobar o rechazar los tratados sin tener injerencia alguna en su discusión.

Entrando en materia, nuestras exportaciones, tras la crisis económica mundial de 2009, tuvieron un impulso positivo. Y aquí hago un paréntesis.

Se habla de que en el mundo se avecina una crisis o una nueva crisis. Algunos dicen que es la misma crisis. Otros economistas, cuando se refieren a una de las principales economías del mundo, sostienen que la de Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, es la misma crisis, que ese país nunca ha dejado de estar crisis, quizás se ha estabilizado, pero que sigue estando en crisis. Obviamente que Chile no está inmune a ella. Por muy preparados que estemos y por muchos resguardos que tengamos, no estamos ajenos al escenario que se avecina, cuyas dimensiones desconocemos.

Respecto del proyecto de acuerdo en debate, este tratado es muy importante, porque favorece a los exportadores agrícolas, sector que pasado por situaciones muy difíciles, aunque en estos días ha tenido un alivio con el alza del dólar. Tal es así, que una vez que el Acuerdo entre en vigencia ingresarán a Malasia, libres de arancel, productos como carne bovina, pescados, frutas frescas, leche en polvo, yogur, quesos y quesillos. De igual forma, ingresaran a Chile, libres de arancel, algunos productos de Malasia, tales como computadores, celulares, automóviles, grabadores de DVD y tinta para impresora.

Un tratado de esa naturaleza, a todas luces es beneficioso para la economía chilena. Pero lo más beneficioso es que Chile, a través de estos tratados de libre comercio, está penetrando las economías del mundo, y la del sudeste asiático es un mercado importantísimo. Por ello se explican todos los esfuerzos para ingresar a la región. Tal es así que estamos en negociaciones con Vietnam, Tailandia e Indonesia, porque oportunidades como ésta no se pueden desaprovechar. Nuestro desafío, como un país que ha tenido una notable apertura comercial en todo el mundo, es insertarnos en la economía del sudeste asiático. Empezamos con Malasia. Estoy seguro de que seguiremos con Vietnam, con Tailandia y con otros países asiáticos.

Por eso, valoramos este tratado y no me cabe la menor duda de que, por lo que representa, será aprobado por unanimidad.

He dicho.

El señor JARAMILLO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente , hace un rato hice una consulta a los diputados informantes y aun no hay respuesta.

Una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con el mecanismo de solución de controversias, hizo una aseveración durante la tramitación del proyecto. Dijo que Chile nunca ha llegado a la tercera etapa del arbitraje. Esta afirmación no puede figurar en la historia fidedigna de una ley, porque eso no es cierto.

Los diputados informantes deben interiorizarse de lo que informan. Tienen que recabar antecedentes para satisfacer las aprensiones que surgen durante el debate, porque podríamos estar equivocados en nuestras apreciaciones.

Señor Presidente , usted dirige la sesión, por lo que tiene que hacer notar que he hecho una consulta que no ha sido respondida, y queda la sensación de que estamos aprobando lo dicho por un alto funcionario del Ejecutivo, cual es que Chile nunca ha llegado a la etapa del arbitraje. Puedo estar equivocado, pero quiero que me respondan quienes están a cargo de los informes.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Diputado Jaramillo , después de que usted hizo la pregunta, la Mesa pidió a los diputados informantes de las respectivas comisiones que interviniesen después de que dieran respuesta a su pregunta, haciendo la salvedad de que quien dijo lo que usted señala es un funcionario de Gobierno y no un parlamentario.

Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Por intermedio del señor Presidente, me siento encantado de contestar la pregunta del honorable diputado señor Jaramillo, un acucioso y gran legislador, pero me parece necesario leer la letra chica para no equivocarse, sobre todo en estas materias.

Como bien señaló el señor Presidente , entendí que quien tenía que contestar esta pregunta era el diputado informante de la Comisión de Hacienda , pero no tengo ningún problema en responder, por intermedio del señor Presidente , la pregunta del diputado señor Jaramillo .

Usted, señor diputado, tiene la razón; pero debe comprender que el Secretario de la Comisión tiene que reflejar en forma fidedigna en el acta lo dicho por las autoridades y por las personas que van a informar estos proyectos.

Lamento que en esa oportunidad se haya hecho esa aseveración, que no se hizo en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Reitero, usted tiene la razón, ya que su planteamiento es correcto, porque Chile ha recurrido una o dos veces al arbitraje en relación con tratados de libre comercio. Obviamente, le pediré al Secretario de la Comisión que le haga llegar de inmediato esa información, con el objeto de corregir esta situación.

Lo que no se puede corregir son las palabras de una autoridad, ya que las actas deben reflejar fielmente las expresiones de quienes intervienen, tengan o no la razón.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de acuerdo en los siguientes términos:

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-

Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia, suscrito en Yokohama, el 13 de noviembre de 2010.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-

Despachado el proyecto de acuerdo.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que elimina el estado civil de separado judicialmente.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Ricardo Rincón.

Antecedentes:

-Moción, boletín N° 7870-07, sesión 71ª, en 16 de agosto 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 85ª, en 27 de septiembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor RINCÓN (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Corporación, procedo a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que elimina el estado civil de separado judicialmente, originado en una moción del diputado que habla y copatrocinado por los diputados señores Jorge Burgos Varela , Alberto Cardemil Herrera , Eduardo Cerda García , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Gabriel Silber Romo y Arturo Squella Ovalle .

Dada la sencillez de la iniciativa, la comisión acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el inciso segundo del artículo 211 del Reglamento de la Corporación.

La idea central del proyecto tiene por objeto suprimir el estado civil de separado judicialmente, para lo cual se modifica el artículo 305 del Código Civil, introduciendo la correspondiente corrección.

Tal idea, que el proyecto concreta mediante un artículo único, es propia de ley, al tenor de lo establecido en el artículo 63, números 2) y 3), de la Carta Fundamental.

Constancias reglamentarias.

Ninguna de las disposiciones del proyecto requiere de quórum especial de aprobación.

No contiene disposiciones de la competencia de la Comisión de Hacienda.

Se aprobó la idea de legislar por unanimidad de los diputados presentes, que el informe señala en detalle.

No hubo artículos o indicaciones rechazados.

Los fundamentos del proyecto, que están claramente explicados en la respectiva moción, se basan en que las personas pueden ser naturales o jurídicas y que la condición de persona lleva aparejada una serie de atributos propios de la personalidad, que pueden definirse como aquellos “elementos necesarios vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos.” De acuerdo con don Arturo Alessandri Rodríguez , esos atributos son el nombre, el domicilio, la capacidad de goce, el estado civil, la nacionalidad y el patrimonio, siendo el cuarto de los nombrados privativo de las personas naturales.

El artículo 304 del Código Civil define al estado civil como “la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”.

Sobre la base de ésta y de otras definiciones que se señalan como ejemplo, se expresa que el estado civil, como atributo de la personalidad, se caracteriza por ser uno e indivisible, a diferencia de otros atributos de la personalidad, como el domicilio, en que puede haber pluralidad de domicilios. Además, por ser permanente, no se pierde mientras no se adquiera otro.

El artículo 305 del Código Civil señala las formas o medios para acreditar el estado civil, indicando que el de casado, separado judicialmente, divorciado o viudo y de padre, madre o hijo se acreditará frente a terceros y se probará por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte y de nacimiento o bautismo.

Al respecto, los autores de la moción recuerdan que el estado civil de separado judicialmente fue introducido en el Código Civil por la ley N° 19.947, que establece la nueva ley de Matrimonio Civil, agregando que dicho estado civil sería un efecto de la separación judicial de los cónyuges, la que implica la cesación de los deberes de fidelidad y cohabitación entre ellos, pero manteniendo todos los demás derechos y obligaciones propios del estado de casados, salvo aquellos que sean incompatibles con la vida de separados.

Como consecuencia de lo anterior, el estado de separado judicialmente no habilita para contraer matrimonio con otra persona, porque el estado matrimonial se mantiene.

Ése es el principal, el determinante. Prueba de ello es que si existe resolución judicial para establecer la separación judicial, muerto uno de los cónyuges, el otro es cónyuge sobreviviente.

De aquí, entonces, que se concluya que quien posee el estado civil de separado judicialmente, mantiene, asimismo, el estado de casado, lo que está en contradicción con la característica única e indivisible de todo estado civil en la medida que nazca de un mismo hecho.

Por lo anterior, los mocionantes y la comisión sostenemos que proviniendo los estados de separado judicialmente y de casado de un hecho voluntario vinculado al matrimonio, la existencia del primero atentaría contra la naturaleza y características propias del estado civil como atributo de la personalidad.

En otras palabras, el estado civil de separado judicialmente, supondría la existencia de un estado previo, como es el de casado, lo que sería contrario a derecho y justificaría su supresión.

El artículo 305 del Código Civil dispone en su inciso primero que el estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado, o viudo, y de padre, madre o hijo, se acreditará frente a terceros de la forma ya señalada.

Su inciso segundo agrega que el estado civil de padre, madre o hijo se acreditará o probará también por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación.

El proyecto en análisis fue incluido en la Tabla de Fácil Despacho por las razones señaladas.

Se expresó además que, tiempo atrás, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se había debatido este mismo tema, cuando conoció de un proyecto de ley elaborado por la Comisión de Familia sobre la base de varios textos refundidos que modificaban las normas sobre el matrimonio, contenidas en la ley de Matrimonio Civil, en la ley de Registro Civil y en los Códigos Civil, Penal y Tributario, iniciativa actualmente pendiente desde hace bastante tiempo en el Senado, debido a la recarga que tiene la respectiva Comisión de Constitución de esa honorable Corporación. En esa ocasión, ya se había aprobado en la Comisión la supresión del estado civil de separado judicialmente, por la contradicción que dicho estado implica con el de casado y por la definición que determina al estado civil como único e indivisible, a diferencia de otros atributos de la personalidad.

Por lo tanto, para no esperar la lata tramitación de ese complejo refundido de proyectos de ley, con el objeto de corregir y enmendar este error jurídico que, lamentablemente, aún subsiste en nuestra legislación, en uno de los cuerpos más importantes de nuestra legislación, como es el Código Civil, es que los diputados mocionantes, muchos de ellos integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y otros no integrantes, abogados de esta Corporación, hemos decidido presentar este proyecto de ley para los efectos de efectuar la corrección señalada.

Finalmente, se planteó, a sugerencia del diputado señor Squella , modificar, también en el mismo sentido, el artículo 6° transitorio de la ley N° 19.947, disposición incluida, igualmente, en las modificaciones propuestas por el proyecto pendiente en el Senado, lo que también fue acogido por la Comisión.

El proyecto de ley consta de dos artículos. El artículo 1°, elimina, en el artículo 305 del Código Civil, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, la expresión “separado judicialmente,”.

En el artículo 2°, a proposición del diputado señor Squella , se suprime, en el artículo 6° transitorio de la ley N° 19.947, que establece la nueva ley de Matrimonio Civil, la oración “tendrán el estado civil de separados, y”. Así, se hacen concordantes los dos textos legales sobre la materia.

El proyecto de ley fue acordado y despachado en sesión del 14 de septiembre del presente año, con la asistencia del señor diputado señor Alberto Cardemil Herrera , Presidente ; los diputados señores Jorge Burgos Varela , Gioovanni Calderón Bassi , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Felipe Harboe Bascuñán , Cristián Monckeberg Bruner , Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle , siendo aprobado por la unanimidad de sus miembros.

Por último, la Comisión recomienda a la Sala su aprobación.

He dicho.

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, fui convidado por el diputado Rincón para presentar este proyecto de ley.

Estoy totalmente de acuerdo con el informe, pues lo voté favorablemente. Es un proyecto sencillo, pero importante. Precisa una cuestión jurídica que es manifiestamente equivocada.

Sin embargo, quiero hacer una precisión.

El informe de la Comisión señala que la idea central del proyecto es suprimir el estado civil de separado judicialmente. Eso es incorrecto. El estado civil de separado judicialmente no existe.

El artículo 305 del Código Civil reconoce la existencia de los estados civiles de casado, separado judicialmente, divorciado, viudo, padre, madre o hijo. Ahora, se puede entender que la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, establece el estado civil de separado judicialmente, pero partiendo de un error. El fundamento para suprimir la mención que se hace en el artículo 305 del Código Civil no apunta a que queramos suprimir un estado civil. El estado civil de separado judicialmente -repito- no existe. En consecuencia, el artículo 305 del Código Civil contiene una mención equivocada y, por lo tanto, está muy bien suprimirla. Distinto es -como digo- la referencia a la ley de Matrimonio Civil, donde ahí se suprime la oración “tendrán el estado civil de separados, y”. Mi intervención no va al fondo del asunto, pero sí a precisar por qué se está haciendo esta corrección, que estimo una contribución.

Felicito y celebro la iniciativa del diputado Rincón y agradezco públicamente que me haya invitado a ser proponente de esta moción.

He dicho.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente , agradezco a todos los patrocinantes y mocionantes del proyecto de ley en discusión, en especial al diputado Squella , por su aporte realizado en la Comisión. En verdad, varios profesores de derecho civil nos habían hecho notar la materia que constituye el fondo de esta moción, esto es cómo conciliar dos estados civiles contradictorios. Eso es imposible. Los cónyuges, a pesar de estar casados, pueden estar separados de cuerpo y puede haber una resolución judicial que así lo determine, es decir, la prevalencia de un mérito jurídico que determine la separación física entre los cónyuges. Pero esa separación física puede terminar e, incluso, haber una reconciliación. Es decir, el vínculo matrimonial puede continuar por muchos años o dar lugar, de hecho, a un divorcio. En ese momento, se altera lo que es el verdadero, único, indivisible estado civil de casado. Eso es lo que debe salvaguardarse.

Por eso, este error jurídico lo hemos reparado con la colaboración de todos, y la Comisión, con la debida diligencia de nuestro Presidente , el diputado señor Cardemil , le ha dado la pronta tramitación que merece para traerlo a la Sala y despacharlo hoy, amén -digámoslo- de los proyectos anteriores tratados en la Comisión, en que varios diputados, como la diputada María Antonieta Saa , de la Comisión de Familia, se habían sumado a esta posibilidad y también habían advertido el error.

Espero que la Cámara de Diputados lo apruebe hoy y lo despache prontamente al Senado, para que tenga una tramitación expedita.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que elimina el estado civil de separado judicialmente.

Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvieron los diputados señores:

^Latorre Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag.

El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.

Despachado el proyecto.