Labor Parlamentaria

El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre derecho a defensa de los imputados.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Giovanni Calderón.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 7854-07, sesión 72ª, en 17 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 94ª, en 11 de octubre de 2010. Documentos de la Cuenta N°3.

El señor CALDERÓN (de pie).- Señor Presidente , paso a informar el proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de suma para todos sus trámites constitucionales, originado en una moción de los senadores señora Soledad Alvear y señores Alberto Espina , Hernán Larraín , José Antonio Gómez y Patricio Walker .

La iniciativa en discusión tiene por objeto fijar la oportunidad procesal en que debe nombrarse, por parte del Estado, un abogado defensor al imputado que no hubiere efectuado tal nombramiento y fortalecer el respeto del derecho a guardar silencio que asiste al imputado, mediante la aplicación de una fórmula fácilmente entendible por éste acerca de tal derecho y de las consecuencias de renunciar a él.

Al respecto, cabe hacer presente que la Constitución Política de la República fue recientemente reformada por la ley N° 20.516, mediante la cual se agregó al artículo 19, N° 3°, el siguiente inciso: “Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.

Como consecuencia de tal reforma, se generó una discusión en el ámbito académico y judicial respecto de la validez de ciertas actuaciones procesales que se realizan en forma previa a la primera audiencia, sin la presencia de un abogado defensor. A vía de ejemplo, se ha debatido acerca del valor que tendrían ciertas actuaciones de la policía, en atención a lo dispuesto en la citada enmienda constitucional que consagra la irrenunciabilidad del derecho a ser asistido por un abogado defensor.

De acuerdo con lo expuesto por algunos invitados en la Comisión, tal interpretación habría sido invocada por la Defensoría Penal, siendo acogida esta tesis en una sentencia pronunciada por una corte de apelaciones del país.

El proyecto aprobado por el Senado se refiere principalmente a los aspectos que señalaré a continuación.

En primer lugar, aclara que la irrenunciabilidad del derecho a que el Estado le proporcione abogado al imputado comienza en la primera audiencia, sin perjuicio de que el derecho exista desde antes. Para ello, se agrega, a continuación del punto final con que termina el primer inciso del artículo 8° del Código Procesal Penal, una oración para establecer que de conformidad con el párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, el imputado que carezca de un defensor tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por uno proporcionado por el Estado, a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca.

En segundo lugar, se fortalece el respeto del derecho a guardar silencio que asiste al imputado, mediante la aplicación de una fórmula fácilmente entendible por éste acerca de tal derecho y de las consecuencias de renunciar a él, recogiendo el contenido de la llamada “Ley Miranda”, denominación con la que se conoce la doctrina sentada por un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el año 1966, recaído en la causa penal caratulada “Miranda v/s Arizona”.

Para ello, se modifica el artículo 93, que se refiere a los derechos y garantías del imputado, agregando en la letra g) que el imputado, al ser informado de su derecho a guardar silencio en la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, en su caso, se le expresará lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra. De ello se dejará constancia en el registro respectivo.”.

Por último, se suprime la obligación del Ministerio Público de instar a que se nombre un defensor al imputado que no lo hubiere hecho.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia introdujo las siguientes modificaciones al texto aprobado por el Senado:

a) La enmienda que se efectuaba al artículo 8° del Código Procesal Penal, se sustituyó por la siguiente:

“Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de celebrar la primera actuación del procedimiento que requiera de la presencia de dicho imputado.”.

De esta forma, se eliminó una referencia completamente innecesaria a la Constitución Política de la República, porque la misma idea, esto es, que la regulación cumple, se ajusta o concuerda con la Carta Política y podría encabezar muchísimos artículos del Código Procesal Penal y de otros Códigos. La Comisión estimó que declarar que se procede de acuerdo con lo señalado en el párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es reflejo de una técnica legislativa deficiente, porque cualquier cambio en la estructura del articulado de la Carta Fundamental dejaría a la norma sin dicho respaldo.

Por otra parte, el artículo 2° de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, dispone: “La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.”.

Asimismo, el actual artículo 8° del Código Procesal Penal, bajo el epígrafe de “Ámbito de la defensa”, establece: “El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.”.

Por su parte, el artículo 7° reconoce que “se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.”.

En esta misma línea, el artículo 102 del Código Procesal Penal, que se refiere al derecho a designar libremente a un defensor, consigna lo siguiente: “Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.”.

En virtud de las normas expuestas, si la finalidad de la reforma constitucional era otorgar un derecho irrenunciable a la defensa, no tenía sentido establecer que el derecho a la defensa letrada comienza con la citación a la primera audiencia judicial a la que comparezca, como proponía el texto aprobado por el Senado.

De los artículos citados se puede concluir que el imputado, hoy, ya tiene derecho a un abogado desde las más tempranas actuaciones del procedimiento penal y que el juez designará abogado al que careciere de él, lo que debiera verificarse antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado y no desde la primera audiencia judicial a la que comparezca, como se proponía en el texto del Senado.

b) Respecto de las normas que tienen por objeto fortalecer el derecho del imputado a guardar silencio, se modifica la propuesta del Senado en orden a aclarar que el ejercicio de este derecho no le ocasionará consecuencia jurídica alguna en su contra y sólo si renuncia al derecho, lo que manifieste po-dría ser usado en perjuicio suyo.

A juicio de la Comisión, el texto aprobado por el Senado no cumplía claramente la finalidad que al parecer se propuso, esto es, que las personas de menor cultura o capacidad intelectual, sepan cuáles son sus verdaderos derechos. Hay que advertir al imputado no sólo que tiene derecho a guardar silencio, sino que el ejercicio del mismo no le reportará perjuicio y que, en cambio, la renuncia, lo expone a que lo que diga se use en su contra.

c) También se propone mantener la obligación del Ministerio Público de instar a que se nombre un defensor al imputado que no lo hubiere hecho.

Tal obligación no es sino una aplicación del criterio o principio de objetividad, con arreglo al cual el Ministerio Público debe conducir su comportamiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° de su Ley Orgánica Constitucional. Proponer su derogación parece constituir una contradicción en relación con la nueva norma constitucional antes señalada. Si el derecho a ser asistido por un abogado designado por el Estado es irrenunciable, no se divisa la razón por la cual el Ministerio Público, llamado a velar únicamente por la correcta aplicación de la ley, no pueda instar a que el derecho se cumpla.

Por último, la Comisión acordó sugerir la derogación formal del inciso final del artículo 102 del Código Procesal Penal, porque entiende que tal norma, que permite la defensa personal del imputado, ha quedado tácitamente derogada, a la luz de la reciente modificación constitucional que confiere carácter de derecho irrenunciable a la defensa por abogado estatal.

Finalmente, cabe señalar que se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos, 6 a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los diputados señores Cardemil , Eluchans , Cristián Monckeberg , Squella , Walker y quien les habla. Se abstuvieron los diputados señores Burgos y Ceroni .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , sin el ánimo de debatir un tema que ya fue discutido en la Comisión respectiva, en la que no tuve la oportunidad de participar, debo decir que me asusta -por decirlo de alguna manera- leer el epígrafe del proyecto, más aún si pensamos que se trata de una tarea en la que los legisladores han trabajado duramente, sin dejar de mencionar que también es un tema que está en boga entre la ciudadanía: me refiero al fervor y comentario popular sobre la interrogante en relación con la defensa de los imputados propiamente tal.

Después de conversar con el diputado y abogado René Saffirio y el jurista de la bancada del PPD, señor Guillermo Ceroni , me quedó un poco más claro el título del proyecto que, como dije, asusta un poco.

En oportunidades anteriores me he referido a la necesidad de proporcionar un defensor al imputado, en caso de que carezca de los medios para obtenerlo. Al respecto, el proyecto establece que debe proporcionarse uno desde la primera audiencia, en cumplimiento con lo prescrito en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. De no hacerlo -es una de las claves del proyecto-, se corre el riesgo de pedir la nulidad del proceso penal, que fue el tema en que concordamos con el diputado Ceroni .

En este segundo trámite, el Senado introdujo modificaciones que, desde mi punto de vista, reforzarán y adecuarán el proyecto, que divide el artículo en tres numerales. En el primer numeral, se establece una modificación al artículo 8° del Código Procesal Penal en cuanto a la irrenunciabilidad del derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.

El segundo numeral se refiere a una modificación al artículo 93 del Código Procesal Penal, que regula el derecho del imputado a guardar silencio.

La tercera modificación se relaciona con el artículo 102 del Código Procesal Penal, donde se establece la obligación de instar a que se nombre a un defensor, dejando claramente establecido que de la aplicación de este derecho debe hacerse cargo el juez correspondiente.

Al margen del apoyo que concita la iniciativa, los diputados Saffirio y Ceroni se muestran favorablemente inclinados al proyecto original. Por lo mismo, creo que estaría en condiciones de ser aprobado y despachado en este segundo trámite.

He dicho.

El señor WALKER.- Señor Presidente , en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia concurrí con mi voto favorable a la aprobación del proyecto sobre derecho a defensa de los imputados, que tuvo su origen en una moción de la senadora Soledad Alvear y de los senadores señores Alberto Espina , Hernán Larraín , José Antonio Gómez y Patricio Walker, discutida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Como muy bien señaló el diputado informante , señor Giovanni Calderón , el proyecto tiene como principal propósito fijar la oportunidad procesal concreta para designar un abogado defensor al imputado. Les recuerdo que si bien la actual redacción del Código Procesal Penal alude al derecho del imputado de contar con un abogado defensor, conforme lo establece la Constitución Política de la República, se estipula que la oportunidad procesal para la designación del abogado defensor la debe hacer, precisamente, el juez antes de celebrar la primera actuación del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado. Además, se refuerza la idea matriz de que dicha declaración y designación es un derecho irrenunciable para el imputado, entendiendo que, en este caso, el Estado juega un rol subsidiario, y que a falta de designación de un abogado particular, el Estado lo debe proporcionar.

El tema de la oportunidad procesal es muy importante, porque sabemos que en nuestro nuevo proceso penal -esto es muy importante que la gente lo entienda- no existe el recurso de apelación. Ello se debe a que quien finalmente juzga es un tribunal oral en lo penal, cuando el procedimiento sigue su curso y no se ha dado lugar a una salida alternativa o se ha dictado sobreseimiento. En esos casos, cuando el tribunal colegiado emite su sentencia, al no haber una segunda instancia o un recurso de apelación, sólo cabe el recurso de nulidad. En cambio, en el actual proceso penal, muchos recursos de nulidad se han originado precisamente en el hecho de que no estaba clara la oportunidad procesal en la cual al imputado debía designársele el abogado defensor por parte del Estado, lo que queda zanjado con la modificación propuesta por la Corporación, que señala que la designación debe efectuarse antes de verificarse la primera actuación del procedimiento, que la mayoría de las veces tiene lugar en la audiencia de control de detención. De ahí que es muy importante que en el proyecto se establezca claramente la reiteración del principio del derecho del imputado a guardar silencio y, al mismo tiempo, la consecuencia de no hacerlo. De esta forma, estamos estableciendo, de manera más clara, cuál es la oportunidad procesal en la cual debe designarse el abogado defensor al imputado. Esto es importante, porque con ello vamos a evitar vicios en el proceso que puedan dar paso a recursos de nulidad.

Precisamente, en estos días, con ocasión de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, hemos debatido lo que ocurre con la otra parte del proceso. Esto es, con los fiscales. Siempre hay que recordar que tienen que investigar, con igual celo, no solamente las circunstancias que inculpan al imputado, sino que, también, las circunstancias que atenúan o lo absuelven de responsabilidad.

De ahí que es muy importante -no está de más reiterarlo como una forma de darle plenitud al perfeccionamiento de nuestro sistema procesal penal- aquello en que hemos insistido tantas veces y en forma unánime al interior de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado: me refiero a pedir al Ejecutivo apoyo al plan de fortalecimiento del Ministerio Público, un plan de fortalecimiento de los fiscales. En un principio, cuando partió la reforma procesal penal, cada fiscal, en promedio, debía investigar alrededor de mil causas al año. Ese promedio hoy llega a alrededor de 2.300 causas al año, lo que redunda, como lo hemos visto, en un colapso del sistema judicial y en un aumento de las cifras de delincuencia. Ayer, precisamente, recibimos las últimas cifras. En el último trimestre, los delitos más graves, los delitos de más alta connotación social, han aumentado en más de diez puntos. Por su parte, los delitos de asalto y robo con intimidación en las personas se incrementaron en un 18 por ciento. Eso revela un vacío, una falta de perfeccionamiento de nuestro sistema procesal penal, que tiene que ver con el aumento del número de fiscales. De esa manera, nuestra justicia dará una respuesta más expedita a las demandas de la ciudadanía por una persecución penal que, cumpliendo con todas las garantías del debido proceso -es lo que persigue el proyecto en comento-, también otorgue una respuesta oportuna a las víctimas de la delincuencia.

En tal sentido -y con esto término-, no está de más reiterar que una de las promesas del actual Presidente de la República durante su campaña fue la de otorgar una defensa jurídica oportuna a las víctimas de la delincuencia. Al respecto, hemos avanzado muy poco, porque el Ministerio Público no tiene como función defender a las víctimas de la delincuencia, sino que el privilegio, el monopolio de la persecución penal. Además, tiene que investigar las circunstancias que atenúen la responsabilidad penal y, al mismo tiempo, las que agravan la responsabilidad penal del imputado.

Pero, ¿qué pasa con la víctima del delito que no tiene un abogado letrado, o no tiene la capacidad económica de contar con un abogado letrado que lo represente en el juicio, un abogado querellante que, por ejemplo, se pueda oponer en la oportunidad procesal que corresponda a la facultad del Ministerio Público de no perseverar en la investigación o derechamente de no seguir adelante con el procedimiento por la saturación que hoy enfrentan los fiscales en sus investigaciones?

Vamos a apoyar el proyecto de ley, originado en moción de los senadores ya señalados, porque queremos perfeccionar el actual sistema procesal penal. Sin embargo, queremos insistir en que todas estas modificaciones no van a ser efectivas si al mismo tiempo no fortalecemos la defensoría letrada a que tienen derecho las víctimas de los delitos que no cuentan con los recursos para tener un abogado particular.

He dicho.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , en forma breve, quiero recordar que la Constitución Política, en su artículo 19, Nº 3º, establece que “Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.”.

Se trata, entonces, de dar concreción, letra, a través de la norma procesal penal respectiva, a esta disposición constitucional situada en la cúspide de la categoría de las leyes.

El actual artículo 8º del Código Procesal Penal, que trata de hacer carne esta norma, señala que el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

Al respecto, ha habido dudas prácticas, bastante delicadas, en establecer cuál es la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

Lo que empezó a pasar es que algunos jueces de garantía, que tomaban muy en serio su rol, establecieron que ciertas detenciones eran nulas, porque no había habido un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Esta situación produjo que varios senadores enviaran esta moción, la que llegó aprobada en primer trámite desde el Senado.

En la columna central del texto comparado podrán apreciar lo que resolvió el Senado, esto es que de conformidad con el párrafo cuarto, numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el imputado que no nombrare un defensor tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por uno proporcionado por el Estado a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca. La frase “a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca” es confusa. ¿Cómo puede haber un acto judicial que suceda a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que el imputado comparezca?

Labor de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que recibió a destacados penalistas y procesalistas, fue redactar la norma que se propone a consideración de la Sala y que estimamos mucho más clara. Señala: “Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno.”. Con eso, estamos cumpliendo con la norma establecida en el párrafo cuarto, Nº 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Acto seguido, concreta cuando se debe hacer esta gestión: “La designación del abogado la efectuará el juez antes de celebrar la primera actuación del procedimiento que requiera de la presencia de dicho imputado.”.

Ahí nace, a la vía del derecho, la obligación del Estado y el derecho del imputado: antes de la primera actuación del procedimiento que requiera de la presencia de dicho imputado.

Por lo tanto, le damos un momento exacto, un momento cierto a esta obligación para evitar interpretaciones judiciales. Y quedará perfectamente claro cuándo es válida y cuándo es nula la actuación judicial anterior y posterior.

La segunda modificación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia figura en la página siguiente del texto comparado, donde legislamos sobre el silencio. Creo que, al respecto, dimos con una redacción más chilena, más adecuada a la práctica de los tribunales, a la práctica policial, la cual señala lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, según el caso, deberá señalársele lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; con todo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”.”.

El texto aprobado por la Comisión recoge adecuadamente una norma que es propia de un país que cuida las garantías de las personas que son encausadas o sometidas a los primeros procedimientos conducentes a su imputación o formalización.

Creemos que la iniciativa quedó mejor con esa modificación. Si la Sala la aprueba, será despachada al Senado, en tercer trámite constitucional. Estimamos que la Cámara Alta se convencerá de que nuestra redacción es mejor y la votará favorablemente. De lo contrario, las discrepancias deberán ser analizadas en Comisión Mixta, que es el procedimiento que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional establece para resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional.

En consecuencia, junto con anunciar que votaremos favorablemente el proyecto, pedimos a las distintas bancadas que hagan lo propio.

He dicho.

El señor LEÓN.- Señor Presidente , sé que los parlamentarios generalmente nos quejamos de que las mociones no son incluidas en las tablas de tramitación de proyectos, debido a que las urgencias las maneja el Ejecutivo , pero encuentro particularmente inoportuno que estemos discutiendo esta iniciativa después de que hemos conocido cómo han aumentado los índices de delincuencia en el país, debido a que la política implementada por el Gobierno sobre la materia ha fracasado, situación que, incluso, es reconocida hoy en el editorial de El Mercurio. Su tramitación se está llevando a cabo después de la extensa discusión que hubo respecto de si se aumentaban o no los recursos para la Fiscalía, para el Ministerio Público, situación a la que aquí se refirió el diputado señor Walker . Sin embargo, ¿por qué el Gobierno aún no ha dado cumplimiento a la obligación de proteger y dar garantías a la ciudadanía de contar con un abogado nombrado por el Estado para proteger a las víctimas?

Hay que recordar que cuando se modificó el sistema procesal penal se señaló que la Fiscalía podría cumplir ese rol, pero después de diez años nos hemos dado cuenta de que eso no ha sido posible. Entonces, la promesa de campaña en tal sentido era acertada, porque como sociedad debemos cubrir ese espacio. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo se están dando más garantías a los imputados que a las víctimas.

Me habría gustado que el representante del Ejecutivo hubiese estado presente para señalarnos si están contemplados los recursos para el mayor trabajo que tendrá la Defensoría Penal Pública. Hoy los fiscales están colapsados, pero por el solo ministerio de la ley el Estado deberá nombrar a un defensor para los imputados que no hubieren efectuado tal nombramiento. ¿Se cuenta con los defensores y con los recursos para aumentar las plantas de las defensorías en el país? Tengo dudas al respecto. No obstante, como no está presente el Gobierno, no puedo plantear esa pregunta.

Por eso, se deben considerar otros aspectos en favor de la defensa de las víctimas, por ejemplo, cómo fortalecer al país en el combate contra la delincuencia y de qué forma se puede avanzar en la línea de la prevención de los delitos, junto con los respectivos progresos en el ámbito de la represión.

Repito, me parece bastante inoportuno que hoy estemos discutiendo este proyecto, razón por la que me abstendré al momento de la votación.

He dicho.

El señor CERONI.- Señor Presidente , en verdad, no iba a hacer uso de la palabra, pero la intervención del diputado señor León me motiva a hacerlo.

Evidentemente, comparto lo señalado por él en cuanto a que la preocupación fundamental del Estado debe ser el combate contra la delincuencia, situación que nos preocupa a todos.

Ayer, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recibió al Presidente de la Corte Suprema , al Fiscal Nacional del Ministerio Público , al ministro de Justicia y al ministro del Interior , ocasión en la que se nos informó sobre la tendencia que se observa en el plano de la delincuencia, así como de lo que se está haciendo y lo que se debe llevar a cabo.

No hay duda de que tenemos mucho más que hacer. Tal como lo señaló el presidente de la Corte Suprema , necesitamos más policías, más jueces de garantía y fortalecer las fiscalías. En definitiva, se requiere de mayores recursos para fortalecer las instituciones que nos ayudan a combatir la delincuencia.

El proyecto apunta en la dirección correcta, porque el combate de la delincuencia tiene que ver con lograr hacer justicia como corresponde. La única forma de hacerlo es que los imputados tengan defensa. No podemos pensar que debido a que estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución Política, en el sentido de que los imputados deben contar con un defensor, eso pueda significar que, en el fondo, no estamos combatiendo la delincuencia. Al contrario, pues gracias a la labor de investigación de un defensor a lo mejor se puede establecer, con claridad, la inocencia de un imputado en la comisión de determinado delito. Es evidente que para establecer justicia debe haber un equilibrio entre quien acusa, quien investiga y quien es imputado por un posible delito.

Por lo tanto, lo que propone el proyecto permitirá llevar las cosas de manera tal que, finalmente, la justicia funcione en forma adecuada. Para eso, los imputados deben recibir defensa en forma oportuna, y el que debe brindarla es el Estado, puesto que debe garantizar, tal como lo establece la Constitución Política, una defensa adecuada, con el objeto de que si una persona es responsable de un delito, se aplique la pena objetiva.

En consecuencia, la iniciativa apunta en la dirección correcta, en aras de que se haga justicia en el combate contra la delincuencia.

He dicho.

La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , cuando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia abordamos el proyecto hubo gran discusión en cuanto a si era o no necesario aclarar el sentido exacto que perseguían sus disposiciones. En definitiva, lo que pretendimos fue arrojar claridad en ese sentido, atendidas las distintas interpretaciones que se estaban dando por parte de la Defensoría Penal Pública. Además, temimos que, de alguna manera, fuera a retrasarse el inicio de las investigaciones por distintas acciones que persiguieran anular lo realizado en la investigación por parte del Ministerio Público, si es que, desde el primer interrogatorio, el imputado no tiene un abogado a su lado.

No obstante ello quiero aprovechar esta oportunidad para hacer hincapié en el origen de esta norma, cual es garantizar que toda persona que no pueda procurarse por sí misma la representación de un abogado para efectos de defender sus derechos en un proceso penal, el Estado pueda proporcionárselo.

Sin duda, el origen de la delincuencia no reside en que el imputado o la víctima tengan derecho o no a defensa, lo que me parece de toda justicia. Es importante recalcar al ministro de Justicia la necesidad de modernizar en el país el sistema de asistencia jurídica, específicamente la Corporación de Asistencia Judicial, sin perjuicio de que las causales de la delincuencia sean diversas, particularmente de tipo social.

Al respecto, es importante también que la gente sienta que también tiene derechos. Una, continuamente, escucha por radio la frustración de las personas víctimas de delitos. Muchos de los que estamos en esta Sala -o nuestras familias o hijos- hemos sido víctimas de delitos, y para la gente es desesperante no conocer cómo se desarrolla una investigación, un proceso, y, más frustrante aún, no contar con alguien que represente sus derechos.

Por lo tanto, en esta oportunidad, junto con anunciar el voto a favor de nuestra bancada, deseo señalar que así como considero justo que un imputado tenga derecho a defensa, también es necesario que las víctimas de delitos cuenten con alguien que represente sus derechos. De esa forma vamos a ayudar a que no se sientan en la indefensión cuando sean víctimas de un delito, tal como sucede en la actualidad.

He dicho.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , compartiendo la línea de argumentación de la diputada Turres , destaco la importancia de este proyecto desde el punto de vista de las garantías que el Estado da a las personas, en cuanto a que van a ser debidamente enjuiciadas ante la presunta comisión de un delito.

El poder del Estado en el combate contra la delincuencia es enorme y las personas tienen derechos y garantías fundamentales frente a ese poder. Pero, como decía la diputada Turres -lo que, reitero, comparto-, el Estado de Chile y, particularmente, este poder legislativo, tiene una gran deuda con las víctimas de los delitos. Hoy, una víctima de un delito no cuenta con un representante en el proceso penal, porque el Ministerio Público no cumple ese rol, el cual está subordinado a lo que se llama el “principio de objetividad”, que significa que debe investigar con igual celo tanto las circunstancias que establecen la responsabilidad penal de una persona en un delito, como aquellas que la eximen de esa responsabilidad penal. Es decir, no puede representar los intereses de solo una de las partes.

Los intereses de las víctimas de delitos en un juicio penal difieren con mucho de los intereses del Estado en la persecución y castigo de dichos delitos. Una víctima siempre va a querer la aplicación de la pena más grave; siempre va a apuntar a que se aplique el máximo rigor de la ley a quien ha atentado contra sus derechos. En cambio, el ministerio público, en representación del Estado, sólo va a tener como objetivo la persecución del delito de una manera objetiva y equilibrada, de acuerdo con los requerimientos de seguridad pública y de justicia que son impuestos por su propia ley orgánica.

En Chile tenemos una gran deuda con las víctimas y deberíamos crear un sistema de defensoría de éstas. Los autores de la reforma procesal penal se oponen tajante y categóricamente a esta posibilidad, sosteniendo que ello no existe en ninguna legislación y que sería resquebrajar los pilares de la reforma procesal penal, dilatando, probablemente, los juicios, como consecuencia de la acción de los abogados querellantes. Eso no es cierto; no es real. En países como España, por ejemplo, la figura del querellante sigue existiendo; en Alemania, hoy, se debate la necesidad de que las víctimas tengan una representación distinta.

En esta materia, como decía, tenemos una gran deuda y hay que corregirla y enfrentarla. Ayer, en la Comisión de Constitución, el presidente de la Corte Suprema , el ministro del Interior y el fiscal nacional reconocieron las debilidades de la legislación en materia de orden público. Todos los actores, agentes intervinientes en la conservación del orden público y en el combate de la delincuencia, sostuvieron que la legislación era débil. Por consiguiente, éste es un problema urgente que tenemos que enfrentar.

Hoy, miércoles, las redes sociales están plagadas de comentarios sobre la delincuencia producto de los últimos acontecimientos de que hemos sido testigos. Si nosotros, como Poder Legislativo, no tomamos en cuenta este tema oportunamente, sin duda, se nos puede escapar de las manos.

He dicho.

El señor SCHILLING.- Señor Presidente , no iba a intervenir en la discusión de este proyecto, pero no puedo dejar de hacer referencia a los dichos del colega que me antecedió en el uso de la palabra y a los de otros colegas que aparecen en la prensa a raíz de la sesión que se efectuó ayer en la Cámara de Diputados, en Santiago, con la presencia del presidente de la Corte Suprema , del fiscal nacional y de los ministros del Interior y de Justicia .

Señor Presidente , me alegré mucho de que se realizara esa reunión, porque la ejecutoria de este gobierno pone cada vez más en riesgo a las instituciones básicas de la República. La verdadera razón de la reunión de ayer fue la controversia suscitada por la intervención del ministro de Justicia , en el sentido de que, en el futuro, las proposiciones de ascensos en los tribunales las iba a hacer el Presidente de la República , teniendo a la vista los fallos de los jueces en materias de orden público. Ésa es “la verdad de la milanesa” y no una pretendida preocupación por el aumento general de la delincuencia, como se dice aquí en abstracto.

Es más, fui invitado por el presidente de la Comisión , señor Cardemil , y acepté con todo gusto, porque él puso las cosas en términos de que se estaban creando conflictos innecesarios, provocando problemas en el funcionamiento del Estado y en las relaciones del Gobierno con los otros poderes. Él quería intervenir a fin de subsanar esa situación. Y, como de defender la República se trata, acepté gustoso, cosa que también hizo mi colega Marcelo Díaz .

Sin embargo, lo que escuchamos en esa reunión, señor Presidente , es bien distinto de lo que se dice acá. Es cierto que el ministro Hinzpeter dijo que los delitos de orden público tipificados en el artículo 269 del Código Penal son ambiguos y cuesta asirlos

por parte de los tribunales para dictar sentencia, lo que anima la presentación de su dichoso proyecto que, malhadadamente, vamos a tener que examinar en esta Cámara.

Posteriormente, intervino el presidente de la Corte Suprema , quien, como consecuencia del debate del delito de saqueo, puso como ejemplo lo que había ocurrido en Concepción a raíz del terremoto y dijo que la justicia había actuado con dureza, y que había encarcelado a médicos, a ingenieros, a profesionales, a todo aquel que fue sorprendido con objetos robados. Y añadió que eso se pudo hacer porque se contaba con los elementos de prueba.

Entonces, el problema, señor Presidente, no radica en lo que señalan los diputados y diputadas de las bancadas de enfrente, esto es que los delitos están insuficientemente tipificados, sino en la ineficiencia policial para aportar a la justicia las pruebas que corresponden.

No abundaré más sobre el particular, porque, seguramente, ésta va a ser una discusión larga en el Congreso. Nuestra “Oposición de Derecha” tiene que ser un poco más correcta a la hora de asistir a los mismos actos y escuchar los mismos dichos que escuchamos todos, y no manipular a la opinión pública a través del uso interesado de los medios de comunicación de masas y de la Sala de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor MELERO ( Presidente ).- En votación en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, calificado con suma urgencia, iniciado en moción, sobre derecho a defensa de los imputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo Sergio; García García René Manuel; Goic Boroevic Carolina; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Díaz Nicolás; Rincón González Ricardo; Silber Romo Gabriel.

El señor MELERO (Presidente).- Debido a que el proyecto fue calificado con suma urgencia, no procede segundo informe y debe votarse en particular en esta sesión.

Hago presente a la Sala que no se pidió división de la votación antes del cierre del debate.

En votación particular el proyecto, con las adiciones y enmiendas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Aprobado

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo Sergio; Goic Boroevic Carolina; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Rincón González Ricardo; Silber Romo Gabriel.

El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.

El señor MELERO ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre autorización para el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y representaciones consulares, suscrito en Managua, Nicaragua, el 22 de febrero de 2011.

Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Andrea Molina.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 7987-10, sesión 93ª, 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentario e Integración Latinoamericana, sesión 99ª, en 19 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8.

La señora MOLINA , doña Andrea (de pie).-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre autorización para el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y representaciones consulares, suscrito en Managua, Nicaragua, el 22 de febrero de 2011, que se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15°, y 54, N° 1), de la Constitución Política de la República.

Según señala el mensaje, este instrumento reconoce los vínculos de amistad entre ambos países, y recoge, además, el interés de ambas Partes de permitir, sobre la base de un tratamiento recíproco, el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes a cargo del personal de las misiones diplomáticas y representaciones consulares. Con ello, agrega, se facilita la vida familiar de dichos funcionarios y se establece un marco jurídico que mejora sus condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre las sociedades de Chile y de Nicaragua.

El Acuerdo consta de un preámbulo, que consigna el motivo por el cual las Partes decidieron suscribirlo, y de ocho artículos, en los que se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, cuya descripción omitiré por estar contenidos en el informe que los colegas tienen en su poder en el pupitre electrónico.

Durante el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del ministro de Relaciones Exteriores, don Alfredo Moreno Charme , quien, además de refrendar los fundamentos del mensaje que le da origen, explicó que este Acuerdo, fundamentalmente, tiene por objeto permitir, sobre la base de un tratamiento recíproco, el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes a cargo del personal de las misiones diplomáticas y representaciones consulares. Con ello, agregó, se facilita la vida familiar de dichos funcionarios y se establece un marco jurídico que mejora sus condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre las sociedades de Chile y de Nicaragua.

Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Acuerdo, reconociendo la importancia de este instrumento para los familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de ambos países, ya que establece un marco jurídico que permite mejorar las condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre nuestras sociedades.

La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por 11 votos a favor; no hubo votos en contra ni abstenciones. Dieron su aprobación las diputadas señoras Andrea Molina y Mónica Zalaquett , y los diputados señores Eugenio Bauer , Eduardo Cerda , Roberto Delmastro , Marcelo Díaz, José Manuel Edwards, Iván Moreira , René Saffirio , Jorge Tarud y Guillermo Teillier .

El proyecto de acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad antes señalada, acordó recomendar a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre ambas naciones, cuyo artículo único consta en el informe referido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MELERO ( Presidente ).-

Corresponde votar el proyecto que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre autorización para el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y representaciones consulares, suscrito en Managua, Nicaragua, el 22 de febrero de 2011.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votó por la negativa el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.

El señor MELERO (Presidente).-

Despachado el proyecto.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública.

Varios diputados se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Hacienda, boletín N° 7822-05, fue rendido en la sesión 97ª, de la presente legislatura, en 18 de octubre de 2011.

El señor CAMPOS.- Señor Presidente , el proyecto tiene como objetivos fundamentales, entre otros, mejorar la conformación de nóminas de los candidatos que participan en el proceso de selección de Alta Dirección Pública, perfeccionar los comités de selección, precisar el carácter confidencial del proceso de selección, modificar el procedimiento de reclamo y mejorar las indemnizaciones por despido y renuncias.

En la Comisión de Hacienda, la iniciativa fue aprobada con una contundente votación, salvo un voto en contra y una abstención.

Es efectivo que se requiere con urgencia mejorar la Alta Dirección Pública. ¿Por qué es tan importante? Para hacer primar los intereses de las políticas públicas, colocando a las personas idóneas en los cargos directivos, de modo de impedir el tráfico de influencias de un sector o que un nuevo gobierno instale, a través de este mecanismo, a personas que tal vez no tienen la experiencia ni la competencia para dichos cargos.

Cabe recordar que a las pocas semanas de asumir actual Gobierno, se solicitó la renuncia a todos los directores regionales del Fosis, que habían sido elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Es necesario velar por una política pública de calidad, tener una política de Estado en esta materia, objetivar para actuar de manera clara y contundente a fin de que lleguen a los cargos directivos los mejores, mediante procesos claros y transparentes, y comisiones que apunten a privilegiar no a un sector, sino, por el contrario, el bien del país.

Por lo tanto, no voy a otorgar mi voto a favor, porque las modificaciones que mediante este proyecto se hacen al Sistema de Alta Dirección Pública no garantizan el cumplimiento de los requisitos enunciados. En ello coincido con la apreciación que el diputado Marinovic expresó en la Comisión de Hacienda.

Me parece que el debate quedó corto. Las políticas públicas deben estar administradas por gente competente. Para eso tenemos que hacer un perfeccionamiento a la ley sobre Sistema de Alta Dirección Pública pensando en la gente, particularmente en quienes tienen menos, en quienes realmente necesitan que los mejores gestionadores de políticas públicas encabecen los servicios públicos, ya que no puede seguir ocurriendo lo que sucede cuando asume un gobierno, el cual finalmente privilegia el color político por sobre quienes necesitan subsidios. Se requiere, por qué no decirlo, la garantía de una política pública que permita que esos beneficios lleguen a la gente, particularmente a los que tienen menos.

El proyecto no garantiza lo anterior, ya que, como dije, se va a seguir privilegiando el color político por sobre los intereses del país.

Por lo tanto, señor Presidente , no concurriré con mi voto favorable, porque la discusión que se realizó, si bien es cierto fue extensa, llegó a un resultado que no me satisface.

He dicho.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no sé cuál es el objeto de la Alta Dirección Pública. Recuerdo que hace tres, cuatro o cinco años se hizo un llamado a concurso de Alta Dirección Pública en Puerto Montt. El senador Ignacio Kuschel fue a una notaría quince días antes de que se conocieran los resultados para entregar un sobre que contenía los seis nombres de las personas que él estimaba que serían elegidas para esos cargos. Los hechos le dieron la razón, ya que acertó el nombre de todos los elegidos.

Señor Presidente , hace poco vimos en un diario que el 35 por ciento de los militantes de la Concertación trabajan en el servicio público. En consecuencia, la Alta Dirección Pública no tiene ninguna razón de ser, porque no cumple los objetivos para los que fue creada.

Por otra parte, considero que los mandos medios y los jefes de servicios deben ser de confianza de quien ejerce el cargo de Presidente de la República . No tengo ningún problema para que creen concursos o hagan lo que quieran para contratar a las personas que ocupen los cargos más bajos; pero, reitero, no me vengan a decir que la Alta Dirección Pública es la panacea para determinar quiénes ocuparán los cargos.

Señor Presidente , hablemos las cosas como son. Por extraña coincidencia, en los veinte años en que gobernó la Concertación nunca una persona de centroderecha ganó un concurso de la Alta Dirección Pública. Entonces, no me vengan a hablar de transparencia. La gente que está viendo este debate en la televisión debe estar muerta de la risa, sobre todo los que ganaron los concursos, porque saben cómo lo lograron.

Por lo tanto, no se justifica discutir el proyecto, señor Presidente , porque no conduce a nada. Si se quiere transparencia, lo que tiene que hacer la gente que está en el servicio público es hacer su pega. Indudablemente, esas personas tienen que ser las más capaces.

Un colega de la Concertación me dijo uno de estos días: “Su Presidente prometió gobernar con los mejores”. Claro, pero la pregunta que uno debe hacerse es, ¿con los mejores de la Alianza o de la Concertación? La Concertación trabajó siempre con los mejores de su lado, porque era gobierno. Estamos absolutamente de acuerdo en que la coalición que gana el gobierno tiene derecho a elegir a las personas que quiere que ocupen determinados cargos. En Temuco, por ejemplo, quedan treinta y cinco o treinta y siete jefes de servicio que vienen del gobierno pasado, quienes están trabajando y no son objeto de persecuciones. Eso lo saben los diputados Saffirio , Becker y todos los parlamentarios de la zona. Entonces, no veo cuál es el problema tan grave.

Señor Presidente , reitero, si queremos dar transparencia al servicio público, los jefes de departamento tienen que ser de confianza de quien está gobernando, porque eso les da más peso. Además, no puede ser que participen en reuniones en que se traten asuntos delicados para después contarlos a todo el mundo. Creo que no corresponde.

Señor Presidente , se habla de trasparencia, pero se sabe que a las organizaciones no gubernamentales (ONG) se les exige, como mínimo, cinco años de experiencia para postular a los llamados a concurso. Nunca pudimos tener una ONG en los gobiernos de la Concertación. En consecuencia, todos los concursos los ganan las ONG de la Concertación, a lo que nunca hemos puesto trabas, porque creemos y confiamos en que harán su labor en forma correcta y dentro de los márgenes que permite la ley.

Señor Presidente , llegará el momento en que los países se regirán por la capacidad que tiene la gente y no por sus colores políticos.

Por intermedio del señor Presidente , pido a la Concertación que siga actuando de la misma manera en que lo está haciendo hoy; le pido que no cambie ni un ápice, que no apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos que se propone y que siga alegando, porque tenemos la esperanza de que bajará al 10 por ciento de respaldo en las encuestas.

Señor Presidente , muchos políticos creen que cuando se gritan y pelean unos con otros, la gente los va a aplaudir, pero la verdad es que está castigando a todos por igual. Quienes somos de la Alianza debiéramos estar muy contentos por tener un 29 por ciento de respaldo, lo que nos permite doblar el apoyo de la Concertación; pero, ¿qué ganamos si el país sigue con el problema de los estudiantes, de la delincuencia y con miles de complicaciones?

Cuando discutimos estos proyectos, creo que llega la hora de decir las cosas como son y de trabajar por el bien del país. Veremos qué pasa más adelante, porque si seguimos actuando de esta manera, lo más probable, señor Presidente , es que, en poco tiempo más, comeremos plátanos fritos en vez de empanadas para las Fiestas Patrias, porque Chile se convertirá en un país bananero.

Entonces, señor Presidente , dejémonos de discutir sobre la Alta Dirección Pública y de todas esas cuestiones, ya que, al final, todos sabemos cómo se hacen las cosas, quiénes son los head hunters que buscan a la gente para ocupar los cargos, cómo se postula, quiénes son las personas que eligen a quien debe ocupar un cargo, que esconden los currículos de quienes no les son agradables y que meten en el trabajo a quienes quieren. Entonces, considero que la poca transparencia parte en la selección de los currículos.

Entonces, no me vengan a decir que ésta es la solución para que la mejor gente trabaje en la administración pública.

Considero que los gobiernos tienen el derecho de elegir a las personas que trabajarán como jefes de departamento. Como siempre lo he dicho, estoy absolutamente de acuerdo en elegir mediante votación popular a todas las autoridades regionales: al gobernador, a los cores y todos los demás; pero no al intendente, por una razón muy simple: es el representante del Presidente de la República en una determinada región. A mi juicio, el Presidente de la República , sea del color que sea, tiene derecho a elegir a sus representantes en las diferentes regiones.

Por lo tanto, señor Presidente , estimo que el proyecto no conduce a nada, porque se le seguirá doblando la nariz a la ley; vamos a tener un proyecto fantástico sobre transparencia en la Alta Dirección Pública, pero vamos a seguir con los mismos vicios, por lo que considero que no vamos a lograr mucho al respecto.

Señor Presidente , me gustaría que hablara más adelante el diputado Godoy para que nos dijera cómo arreglar el proyecto, con el objeto de que lleguemos a un consenso que sea lo mejor para la Alta Dirección Pública y para el país.

He dicho.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente , me he entretenido escuchando al diputado García .

Está bien cuando las cosas se reconocen; uno tiene que agradecer esa sinceridad. Si el Gobierno dijo que iba a gobernar con los mejores, pero las encuestas señalan que no es así, el hecho de que el diputado García lo reconozca es un índice de seriedad en política. Creo que eso es bueno.

También sería bueno aprovechar que estamos discutiendo un proyecto sobre Alta Dirección Pública, para plantear lo siguiente: dado que nuestro querido diputado García dijo que esto no funciona, ¿por qué no disolvemos el Parlamento? En democracia, cuando las cosas no funcionan, se disuelven. Si alguien tiene dudas, disolvamos el Parlamento, elijamos los parlamentarios de nuevo, como corresponde, sin los amarres del sistema binominal, y así, quizás, sería el Parlamento de los mejores.

No obstante, no es el tema del día. Además, entiendo que el intendente de la región a uno de cuyos distritos representa mi amigo García , milita en Renovación Nacional, al igual que nuestro colega tantas veces nombrado. Entonces, obviamente, dicho diputado defiende que los intendentes sean nominados a dedo. ¡Ninguna autoridad debe nombrarse a dedo, señor Presidente ! Todos deben ser elegidos por la soberanía popular; que la gente elija a los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales y a todas las autoridades que corresponda, sin importar de qué lado es el gobierno de turno.

Respecto de la iniciativa en discusión, a la fecha se han constatado 126 inobservancias, de un total de 1.100 gestiones informadas relativas a la preparación de los procesos de selección de la Alta Dirección Pública. El 94 por ciento de las infracciones corresponde a la no comunicación oportuna de las vacantes, de las propuestas de perfil de selección y de los nombramientos respecto de las nóminas remitidas por el sistema. De dicho porcentaje, 40 por ciento corresponde al Ministerio de Salud y 27 por ciento al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En suma, más del 50 por ciento de las infracciones se concentran en esos dos ministerios.

Repito: 126 inobservancias. No sé si esto es del gobierno de los mejores o del de los peores, si es de los gobiernos de la Concertación o de este, pero lo dice la Dirección Nacional de Servicio Civil, en un reporte de gestión de hace algunas semanas, de acuerdo al cumplimiento del instructivo de 2 de noviembre de 2010, de Sebastián Piñera , Presidente de todos los chilenos, pero especialmente del diputado García . Reitero: 126 inobservancias. Lo dicen ellos: no funciona.

¿Qué dice el director general del Consejo para la Transparencia, señor Raúl Ferrada ? Con esta iniciativa se reducirían los estándares de transparencia vigentes. En opinión de esa Corporación -el Consejo para la Transparencia-, lejos de afectar el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, contribuye a legitimarlo y promueve un desempeño que no está acorde con la transparencia.

En otro de sus acápites -esto es muy importante- señala que la mayoría del Consejo ha declarado que, tratándose del informe de un postulante seleccionado en un concurso y cuya identidad es conocida por la comunidad, el informe psicolaboral debe ser divulgado, incluyéndose la evaluación psicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión final, manteniéndose sólo la reserva de las referencias dadas por terceros.

Es evidente que un cargo de Alta Dirección Pública es de interés público. Se trata de funciones que interesan a toda la comunidad y que, además, se pagan con fondos públicos. Lo dicen quienes están en el tema. Lo que hace este proyecto de ley es seguir protegiendo el secreto por diez años. Estamos hablando de altos cargos públicos en que se gana -que no se asusten quienes están en las tribunas- de dos millones y medio de pesos hacia arriba, es decir, como los diputados, los senadores, los subsecretarios, etcétera.

Señor Presidente , se trata de quienes ganan cifras elevadas en cargos de Alta Dirección Pública, y todo es secreto, todo se hace con sigilo, no se puede conocer quién los respaldó, quién les dio referencias. ¡Ah, porque en ese caso pueden aparecer diputados, ministros, senadores, qué sé yo! Al menos, los parlamentarios tenemos que hacer una declaración pública de patrimonio e intereses; eso está en la página web, se hace por ley. Sin embargo, en el caso de 800 cargos privilegiados, seleccionados mediante el Sistema de “Alta Dirección Pública”, todo queda en sigilo, nadie puede saber por qué perdió.

Si bien el proyecto constituye un avance, se necesita una ley larga. Nos estamos acostumbrando a las leyes cortas; algunos prefieren estas cortas; otros, los huasos del Maule, preferimos las cosas más largas. Demoremos un poco más, pero hagamos una ley de verdad. Esto es un parche, porque no se solucionan las dudas existentes en relación con la selección de estos ochocientos, novecientos o mil cargos. Aquí no hay transparencia. Se dice que se hará un reglamento clarito, pero lo elaborarán, entre cuatro paredes, los mismos técnicos designados por el Sistema de Alta Dirección Pública. Así no funciona.

Sin embargo, debo reconocer que en este proyecto sí hubo disposición del Ejecutivo -cuestión que normalmente no ocurre- para conversar estos temas. Los parlamentarios hicimos varias sugerencias. En ese sentido, agradezco que se haya acogido una indicación mía para incorporar al Servicio de Alta Dirección Pública a más instituciones: el Comité de Inversiones Extranjeras, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Juventud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Pero, ¿por qué no incorporar al Sename, a la Corfo, a la Casa de Moneda, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras? A lo mejor, el caso La Polar no habría sido lo que fue si los respectivos cargos hubiesen sido llenados en un ambiente no político ni relacionado directamente con los gobiernos de turno. ¿Por qué no incluir al director del Servicio de Impuestos Internos ? Ahí se ponen a temblar muchísimos. ¡Esa autoridad no, pues debe estar a la mano!

Me parece que si se quiere avanzar en serio hacia una reforma, se debe apuntar hacia todos los servicios que, de una u otra manera, tienen que hacer su trabajo independientemente del gobierno de turno. En eso nos hemos quedado dormidos.

No me voy a referir a las disposiciones transitorias, porque son complicadas. Se va a nominar, pero quien esté en forma provisoria por meses y meses, también podrá postular. Si se revisa el listado de concursos, se advierte que todos los que ocupan cargos en forma provisional, después son elegidos.

Señor Presidente , por su intermedio le digo al diputado Saffirio que no se le ocurra postular el día de mañana a alguno de estos cargos. A su señoría lo elige la ciudadanía, con más o menos votos, pero en forma transparente.

En suma, este sistema mejora un poquito -por eso, voy a votar a favor-, pero no es lo que queremos. En ese sentido, comparto lo expresado por el diputado García : debe existir un Sistema de Alta Dirección Pública de verdad, que actúe con independencia respecto del gobierno de turno.

Hay gente que tiene que cumplir sus funciones; pero debe ser gente preparada y que postule en forma abierta y transparente, sin secretos. Quien se lo gana, se lo gana, y es bueno que todos sepan por qué. Si tiene la nariz larga, mala suerte; si tiene ojos azules, pero es capaz, mala suerte. Pero también debe haber acceso para las mujeres y los jóvenes. Debe existir concurso abierto y no influencias ni secretismos.

Me parece que hemos perdido una gran oportunidad de tener una ley de verdad. Los parches no me gustan; como lo vemos en la Comisión Especia Mixta de Presupuestos, los parches no son buenos consejeros. Uno se la tiene que jugar, con estudio y decisión, pues para eso está el Parlamento: para tramitar iniciativas que se convierten en leyes profundas, que afecten a la ciudadanía en términos reales.

Este proyecto de ley es un avance -por eso lo vamos a votar favorablemente-, pero no es lo que esperábamos. Necesitamos un proyecto, como dijo el ministro de Hacienda , de verdad y serio, pero no para mañana. Hoy, todo se fija para mañana. Es bonito, entretenido, pero al final la gente se pregunta: ¿En qué trabajan el Ejecutivo y los diputados y senadores? Haciendo parches. A veces, uno se aburre de hacer parches. Ojalá que alguna vez zurzamos algo más que un parche.

He dicho.

El señor GODOY.- Señor Presidente , antes de entrar en materia, voy a hacer un poco de memoria sobre la razón por la cual se presentó a tramitación esta iniciativa.

En verdad, el Sistema de Alta Dirección Pública, como muy bien dijo el diputado García , fue totalmente vulnerado. Fue un buen sistema que pretendía poner en los organismos del Estado gente idónea; es decir, elegida no por una concepción política, sino por su capacidad.

Lamentablemente, eso terminó en una máquina que, al final, lo único que hizo fue blanquear decisiones políticas. Eso pasó durante mucho tiempo en los gobiernos de la Concertación. Una forma de llevarlo a cabo era perpetuar en los cargos a quienes los ocupaban en forma transitoria.

¿Qué ocurrió? El gobierno del Presidente Piñera no esperó la ley, sino que dictó un instructivo para impedir que esas situaciones siguieran ocurriendo. Este proyecto es reflejo de dicho instructivo.

El diputado García manifestó que Chile se transformará en un país bananero. Bueno, lo que estamos haciendo con la presente iniciativa es todo lo contrario: impidiendo que eso ocurra. En efecto, el proyecto apunta a tener gente de calidad en cargos importantes trabajando para la ciudadanía.

Con este proyecto se evitará que personas del color político del gobierno de turno asuman transitoriamente -por el período completo del gobierno- cargos mediante este sistema; pero, además, se considera algo que tendrá mucha mayor influencia: el Consejo de Alta Dirección Pública, cuyo mérito es no hallarse conformado única y exclusivamente por personas del actual gobierno, ya que su composición es transversal, pues incluye gente de todas las tendencias políticas, lo que asegura que no exista un manejo con el dedo de una materia tan importante, como es el nombramiento de personas para servir cargos públicos de la relevancia de los que nos ocupan.

Por otra parte, no podemos pensar que lo que hacemos funciona en un laboratorio; esto se desarrolla en el mundo real. Cuando una persona del sector privado que ha hecho bien su trabajo, postula a algún cargo que se provee mediante el Sistema de la Alta Dirección Pública, es lógico que su nombre no sea revelado en la primera instancia. Es lo que todos entendemos y queremos proteger. Si alguien aspira a cambiarse de trabajo, es lógico e importante velar por que su jefe no sepa que está postulando a otro cargo, porque, de lo contrario, es evidente que una vez que ello se sepa, prescindirá de sus servicios.

Entonces, lo único que hace esta iniciativa es mantener en secreto las postulaciones de las personas que no resulten seleccionadas; pero respecto de quienes conformen la terna elegida, se revelarán todos los antecedentes. Ello resulta evidente, porque, respecto del test psicológico, se debe conocer el juicio de la persona que ocupará determinado cargo, ya que todos entendemos que si ella no se encuentra preparada psicológicamente, no tiene ningún sentido entregarle dicha obligación.

Por lo tanto, ahí debe haber total transparencia. Eso busca el proyecto. Entonces, no me parece adecuado sembrar este manto de duda en cuanto a que no existe transparencia total y que estas cosas se hacen con secretismo. Al revés, creo que la iniciativa logrará lo que queríamos en una primera instancia e impedirá que se siga haciendo lo que, por política, se realizó durante mucho tiempo en los gobiernos de la Concertación. Porque, al final, esto no tiene que ver con Izquierda o Derecha , sino con algo mucho más profundo e importante: que los chilenos reciban un buen servicio de quienes trabajan en el sector público. Ése es nuestro deber. Tenemos que velar por eso.

Claro, es muy fácil sentarse acá y decir para la gradería que falta esto, que aquí o que acá.

Este es un gran avance, porque se impedirá que sigan ocurriendo las malas prácticas del pasado.

Ahora, comparto con el diputado Lorenzini que debe existir una ley larga en esta materia. Pero ¿qué tenemos que hacer en el Congreso Nacional: esperar a solucionar el problema completo o ir avanzando? Por supuesto que en la vida debemos ir avanzando en la medida de lo posible, y es lo hace este proyecto. Ahora, existe el compromiso del Gobierno en el sentido de avanzar mucho más allá. ¿Qué significa eso? Poder evaluar a las personas que hoy trabajan seleccionadas por el Sistema de Alta Dirección Pública, cuestión que manifestamos todos en la Comisión de Hacienda. Todos expresamos que ésta era “la patita” que faltaba. Sin embargo, nos explicaron con un buen razonamiento que eso es harina de otro costal.

Por consiguiente, pido a la Sala que vayamos avanzando en los aspectos positivos, que impidan hacer proselitismo en esta materia, porque al final del día ello se traducirá en un mejor servicio para la ciudadanía. Para eso estamos aquí.

Raya para la suma, este proyecto mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, porque contarán con mejores funcionarios públicos, sin importar, como decían algunos aquí, de qué color tienen los ojos o a qué partido político pertenecen. Lo único que importará es que realmente trabajarán de buena manera para las personas.

He dicho.

El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , el 23 de junio de 2003, se dictó la ley Nº 19.882, que introdujo una reforma a la administración civil del Estado a través de la instauración del Sistema de Alta Dirección Pública.

Dicha normativa tuvo, entre otros propósitos, potenciar la calidad e idoneidad técnica del referido personal, sobre la confianza política.

Para ello, se disminuyó el personal de exclusiva confianza, se creó la Alta Dirección Pública y se estableció un premio anual por excelencia institucional. Se buscó, también, hacer más transparente la toma de decisiones vinculadas a la carrera funcionaria. El tercer objetivo fue incrementar la participación, de modo que los comités de selección pudieran tener representantes del personal y que los programas de gestión fueran consultados e informados a los funcionarios.

La Alta Dirección Pública es un sistema de reclutamiento y gestión para los jefes de servicio y para el segundo nivel jerárquico de dichos órganos. La selección es efectuada por un órgano externo y plural, que asegura la idoneidad, la integridad y capacidad de éstos. La gestión se materializa en convenios de desempeño, estabilidad por tres años y el pago de una asignación especial.

El Sistema de Alta Dirección Pública se constituyó en un mecanismo competitivo, abierto y de amplia difusión de selección de profesionales para asumir las jefaturas o las subdirecciones de los servicios.

Por lo tanto, este proyecto representa un importante avance en la modernización del sistema que actualmente provee a las instituciones de Gobierno de los equipos humanos capaces de optimizar la gestión pública y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Algunas de las principales reformas incluidas en este proyecto son: mayor celeridad en los procesos de selección, determinando plazos máximos de respuesta de las autoridades; limitación a las atribuciones de los directivos provisionales y transitorios, mejoramiento de la gestión de candidatos, mantención de un alto grado de reserva de la información sobre los candidatos y sus postulaciones, creación de un monto mínimo para las indemnizaciones a que podrán estar afectos los directivos seleccionados por la Alta Dirección Pública y realización de concursos para los cargos directivos de tercer nivel jerárquico de la Administración Pública.

Este proyecto de ley corta -así se le ha denominado- es fruto también de la labor -es importante destacarlo y reconocerlo- de nuestros colegas de la Comisión de Hacienda, que trabajaron con muchas ganas durante ocho sesiones. Además, por mayoría de sus integrantes, la Comisión aprobó esta iniciativa.

Si bien no todo el mundo queda contento y tranquilo con esta iniciativa de ley corta, es importante destacar que no debe extrañar que, como se señaló, por lo general, la mayoría de los concursantes finalmente son adherentes al gobierno de turno o tienen una mayor simpatía por él, porque, de una u otra forma, quienes postulan saben que lo están haciendo bajo un gobierno determinado, y tienen el legítimo derecho de poder postular y sentirse parte de ese régimen. No obstante, he podido ser parte y testigo de que en varias oportunidades los seleccionados no han tenido militancia política y no necesariamente han simpatizado con el gobierno de turno. Eso es parte de la democracia.

En la Comisión de Hacienda, este proyecto contó con el acuerdo de diputados de Gobierno y de Oposición; además, el Ejecutivo recogió en forma mayoritaria las indicaciones que introdujeron los diputados de la Concertación para perfeccionar el proyecto.

Existe consenso respecto del proyecto, cuyo objetivo es mejorar, optimizar y generar una mayor transparencia en la designación de las jefaturas de ciertos cargos públicos.

En consecuencia, voy a votar favorablemente el proyecto, porque va en la línea correcta de mejorar el proceso de selección de quienes ocupan las altas jefaturas de los servicios públicos y de otras áreas de los órganos del Estado.

He dicho.

El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , desde que asumí estas funciones, me he encontrado con dos conceptos que me han llamado profundamente la atención: los de ley corta y de ley larga. Curiosamente, todavía no me ha tocado participar en la discusión y votación, a favor o en contra, de una iniciativa de ley larga. Es decir, hemos instaurado una suerte de cultura del parche. Cuando nos dedicamos a parchar, esas “soluciones” generalmente concluyen sin resolver las cosas, estableciendo procesos y mecanismos cada vez más complejos y muchas veces ininteligibles para el ciudadano común e incluso para quienes los aprobamos, y que, además, permiten que se abra una puerta para la arbitrariedad a través del uso de subterfugios o resquicios que concluyen, en el caso particular del proyecto que estamos discutiendo, en que quien tiene que hacer la nominación, termine resolviendo según su parecer.

Quiero poner énfasis en que ninguna ley -ni la ley que se encuentra en tramitación, que es corta, ni la anterior y, probablemente, tampoco una futura ley larga- va a garantizar que se respeten y se logre el objetivo y el sentido de la ley en cuanto a que los seleccionados sean las personas que reúnan las condiciones para el ejercicio de una determinada función en el aparato del Estado. Ello, porque en nuestro país hay una suerte de cultura en cuanto a que el acceso a la titularidad del Poder Ejecutivo transforma al Estado en una suerte de botín de guerra, que se traduce en que los cargos más importantes del Estado son repartidos entre los partidos o las coaliciones, cualquiera que sea, como una forma de retribución a los compromisos electorales previos. Así funciona el sistema y así ha funcionado desde los orígenes de la República. Entonces, no nos creamos el cuento de que, de aprobarse un proyecto de ley como el que está en discusión, innovaremos en lo sustantivo de aquello que deseamos buscar.

Por último, no quiero dejar pasar algunas afirmaciones hechas por el diputado René Manuel García . Es cierto que en la Región de La Araucanía hay 35 directores de servicios que no han sido removidos, pero lo que él no señaló es que no han podido ser removidos porque las exigencias que se imponen a las personas que quieren acceder a esos cargos superan con creces las posibilidades de la legislación desde el punto de vista de la naturaleza de la función y de sus remuneraciones.

Lo que tampoco dijo el colega René Manuel García es que es un secreto a voces que, en la Región de La Araucanía, el 31 de diciembre próximo serán removidos los 35 directores regionales de servicios que todavía siguen ejerciendo sus funciones.

De tal manera que, respecto de este proyecto en particular -aplicando de alguna forma el criterio señalado por el diputado Roberto León -, voy a optar por abstenerme, porque creo que es la única manera que tenemos para entrar a discutir los temas de fondo que tienen que ver con el Sistema de Alta Dirección Pública.

En lo personal, en el ejercicio de este período legislativo desearía tener la oportunidad de participar, a lo menos, en un debate respecto de una ley larga. Creo que el Ejecutivo tiene una tremenda responsabilidad en lograr que avancemos en este tema para entregar soluciones concretas y no generar la apariencia de que estamos resolviendo algo cuando, en realidad, lo que estamos haciendo es entorpecer más los procesos, complejizar más los sistemas y hacerlos más inaccesibles para los ciudadanos.

He dicho.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , coincido en varios aspectos con lo señalado por el diputado Saffirio -no obstante que el colega vote a veces con la Alianza-, en lo que respecta a la discusión jurídica del perfeccionamiento de la ley. Creo que eso hace la diferencia.

El solo enunciado en el proyecto de ley de que se establecerán reformas menores, denota que no estamos abordando la importancia de modificar la ley vigente.

La nueva legislación, que estableció que un conjunto de altos cargos en los órganos del Estado pasarían a ser concursables a través del Sistema de Alta Dirección Pública, obedeció a un elemento de consenso existente en el país en cuanto a que los cargos de determinadas jefaturas y direcciones deben estar sometidos a un riguroso proceso de selección, al que se postula desde distintos orígenes y procedencias, y a un sistema de evaluación independiente. A la vez, se establecía la posibilidad de tener una permanencia -se hablaba de un plazo de tres años- en estos cargos de Alta Dirección Pública, a fin de entregar una línea de continuidad al servicio, de manera que no quedara sujeto al cambio del gobierno, nacional o regional, que generaba las correspondientes modificaciones.

En el anterior período legislativo, pedí apurar y ampliar la convocatoria, a fin de tener más servicios cuyas autoridades fueran seleccionadas a través del Sistema de Alta Dirección Pública, y que las que estaban designadas se sometieran a una evaluación por dicho Sistema. Por lo tanto, no comparto la opinión que han señalado algunos legisladores, en cuanto a que prácticamente todos los cargos estaban predeterminados. Reconozco que se aceptó a mucha gente que pertenecía a la coalición de gobierno; pero también hay que reconocer que a través de este sistema, importantes profesionales independientes se integraron a la Administración Pública. Se trata de gente que creyó en el sistema, se sometió a él y salió adelante.

Desgraciadamente, eso fue eliminado de manera uniforme por la nueva administración. Ejemplo de ello es lo que ocurrió con los directores regionales del Fosis, a todos los cuales, a pesar de haber concursado a través del Sistema de Alta Dirección Pública, a los dos meses se les pidió a la renuncia. Eso es horadar, socavar la institucionalidad de un sistema que nos hemos dado entre todos.

Me parece equívoco que este proyecto establezca reformas menores. Como diputado , no estoy disponible para este tipo de reformas. O tenemos un Sistema de Alta Dirección Pública, o no lo tenemos; o hacemos efectivamente una selección, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, de quienes deben encabezar las jefaturas de los órganos del Estado en las distintas regiones y servicios nacionales, o no lo hacemos. Quiero señalar un elemento que aquí no se ha discutido; por lo menos, no lo he escuchado en el debate en la Sala. ¿Cuánto cuesta cada proceso de selección? Millones de pesos, porque hay consultoras y psicólogos externos, que muchas veces viajan a las regiones a tomar los exámenes. Cada proceso de llamado a concurso de Alta Dirección Pública involucra importantes recursos del Estado.

Me habría gustado que hubiera estado aquí algún representante del Presidente de la República para consultárselo, porque no es posible -como diputado , no estoy disponible para ello- que haya que desembolsar esas sumas de dinero para someter a evaluación y a concursos a muchos profesionales, que haya que integrar ternas para determinar el ganador del cargo, para que, después, el director, el ministro o la autoridad política, por un problema de confianza, le pida la renuncia. Entonces, no lo hagamos y tengamos, derechamente, cargos de designación política, tal como ocurre en cualquier administración.

Estas reformas menores, de parche, no sirven para avanzar por el camino correcto; simplemente, vamos a seguir teniendo una parodia de Alta Dirección Pública, con un importante nivel de gasto para el erario. Por lo tanto, no tendremos directores o funcionarios seleccionados, con una estabilidad de tres años y con la confianza en el proceso de selección. Así no dejarán de existir sospechas sobre la pertenencia a uno u otro bando; tampoco dejará de producirse la situación de que quien llegue al gobierno o asuma una jefatura, simplemente pueda pedir el cambio de todos los funcionarios.

Para que quede constancia de mi posición, insisto en que fue impresentable lo que ocurrió el año pasado con la dirección del Fosis, cuando se pidió la renuncia a los 13 ó 14 directores regionales. Esto termina generando una sombra de dudas, deslegitimando el sistema y ahuyentando a los profesionales que creen estar haciendo un aporte a la Administración Pública. Hoy, con este tipo de reformas menores, de parche, no se van a someter a los concursos de Alta Dirección Pública.

Por eso, anuncio mi voto en contra a este proyecto. Lamento que no esté presente algún representante del Ejecutivo para que nos explique las situaciones señaladas. Si el Ejecutivo ve esta sesión, aunque sea a través del Canal de Televisión de la Cámara de Diputados, sería bueno que nos informara a cuánto asciende el costo que le han significado al Estado estas convocatorias a concurso y cuánto cuestan los concursos que, muchas veces, son declarados desiertos o en los que simplemente, el profesional que gana uno de ellos permanece un par de meses en su cargo.

He dicho.

El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , como lo señaló el colega Saffirio , con quien concuerdo absolutamente, este proyecto es altamente cuestionable, porque es un ejemplo más de la forma en que estamos legislando, es decir, mediante leyes cortas, que buscan avances, el mal menor, que proponen fórmulas para ir saliendo del paso, sin abordar en forma definitiva y a fondo los problemas que más afectan a nuestra sociedad.

Los chilenos y los funcionarios públicos están molestos. Se ha señalado aquí que, al parecer, en nuestro país hay una serie de direcciones de servicios y muchos cargos públicos que constituyen un botín para quien gana las elecciones presidenciales.

A mi juicio, debiéramos haber abordado esta materia con mayor cautela, con una ley de largo plazo, que dé solución al problema, con respeto por nuestros funcionarios públicos.

Tal como lo expresé en la Comisión de Hacienda, donde voté en contra del proyecto, la Alta Dirección Pública tiene por objetivo, precisamente, establecer una fórmula que nos permita decirles a nuestros trabajadores públicos que, cada cuatro años, no va a llegar un jefe, designado por pertenecer a uno u otro partido político, sino una persona con la capacidad, la especialidad y los conocimientos técnicos que garanticen que nuestra función pública será debidamente abordada.

Para mí, este proyecto, al mantener la reserva y, como se ha expresado aquí, el secreto del procedimiento administrativo, da una solución cosmética a un problema de fondo. Por lo tanto, no respeta la esencia de un sistema público sano, como es la carrera funcionaria, que permita a las personas ascender por méritos y llegar a los cargos más altos. Ésa es la fórmula correcta.

Quiero leer lo que manifestó la representante de la ANEF, durante el debate de este proyecto en la Comisión de Hacienda: “No obstante, a través de un acuerdo político en el que no participaron los trabajadores -así suele ocurrir con los acuerdos políticos-, se introdujo en la referida ley el Sistema de ADP, planteándose como una solución al cuoteo político en la Administración Pública y a una crisis que ésta vivía el año 2003.”.

Claramente, después de todo este tiempo, nos hemos dado cuenta -tal como ocurrió con el Gobierno, debido a lo cual envió este proyecto de ley- de que el Sistema de Alta Dirección Pública es una solución cosmética, un maquillaje, para algo que no está funcionando y que esta iniciativa pretende solucionar en el fondo. Al respecto, todos hemos coincidido en que será una ley corta sin una solución de largo plazo.

Aquí se ha hablado de proceso y de evaluación; de llevar a cabo un buen proceso, de hacer un buen concurso, con las mejores bases y una buena evaluación. Entonces, si la evaluación y el concurso son buenos, si todo el proceso de Alta Dirección Pública fue bien realizado, ¿por qué se mantiene la facultad de declarar desierto el proceso de contratación de un funcionario público que ha sido sometido a una buena evaluación y que tiene los conocimientos y los requisitos que señala la ley? Eso es dejar la puerta abierta para que los políticos que administran algunas de estas instancias puedan decir que no, que esa persona no les conviene, que mejor se declare desierto el concurso y que se llame a otro, para ver si puede entrar alguien afín a sus ideas.

Como dije, en la Comisión de Hacienda, fui el único diputado que votó en contra de este proyecto -el diputado Lorenzini se abstuvo-; pero, no porque no esté de acuerdo con un adecuado proceso, que sea técnico, que respete la carrera funcionaria; en definitiva, que permita el ingreso a la Administración Pública de los más capaces, sino porque considero que, tal como está planteado, no apunta a una solución de fondo, con la cual estoy de acuerdo.

Quiero leer lo que dice el informe de la Comisión de Hacienda y que todos los colegas tienen en su poder.

“El diputado señor Marinovic fundamentó su voto negativo en que el proyecto no garantiza que el país tenga en adelante un sistema de selección de personas, independientes de los gobiernos de turno, que sean realmente capaces de gestionar los asuntos públicos. Cree necesario dotar de autonomía a los organismos y objetivizar los procesos, porque cuando hay bases claras y transparentes, se evita el tráfico de influencias y no se necesita declarar desiertos los concursos.”.

Ése es el tema de fondo. Este es un proyecto de ley corta; seguimos trabajando para el día a día, no dar solución a los problemas de fondo.

Por eso, respecto de esta materia, no obstante estar de acuerdo con el diagnóstico y con la necesidad de buscar una solución al problema, considero que no es correcto el mecanismo planteado, razón por la cual, como dije, voy a votar en contra de este proyecto, por respeto a todos los trabajadores del sector público.

He dicho.

El señor VENEGAS.- Señor Presidente , para quienes hemos sido funcionarios públicos y, en algún momento de nuestras vidas, dirigentes gremiales, pensamos que el espíritu de la ley N° 19.882, de 2003, llamada de Alta Dirección Pública, no era otro que establecer un mecanismo legal y definitivo que institucionalizara en el servicio público la meritocracia; es decir, el mérito, la oposición de antecedentes, el esfuerzo de cada uno por perfeccionarse, por trabajar para tener una calificación que le permita cumplir con eficacia y eficiencia un rol dentro de la Administración Pública.

Después de conocer la experiencia, uno se queda con una profunda decepción, porque digámoslo con certeza, ayer y hoy, el principio fundante no se ha respetado, porque como decía el diputado Saffirio , con quien estoy plenamente de acuerdo, se entiende al Estado y a los servicios públicos como botín de guerra de aquel que circunstancialmente llega al poder.

Eso es lo que se suponía que la ley y los miles de funcionarios públicos a lo largo del país querían que no ocurriera; que no existiera el padrino de turno, el diputado aquel que tiene más capacidad de llegar y que se jacta de que sacó un seremi o un ex senador; no, pues. Si seguimos con ese concepto, es evidente que tendremos niveles de inoperancia e ineficiencia como los que hemos observado en los últimos tiempos.

¿Qué raro, no? Gente capaz, con experiencia, con mucho aprendizaje, ¡pum, pa’fuera!, solo porque se supone que tenía ideas distintas.

Leí con preocupación en El Mostrador que hay un estudio de universidades de Chile y Andrés Bello , que estableció el nivel de militancia o adscripción política de los funcionarios públicos.

Esas universidades, ¿no tendrán en qué gastar el tiempo y los recursos en forma más productiva? Porque eso va en el sentido absolutamente contrario a lo que estamos debatiendo. Es más, hay unos cuantos que defienden una iniciativa que se supone que va a abordar la discriminación, en cualquier circunstancia. ¿No es acaso una discriminación, en cualquier circunstancia, que a una persona se le vete por pensar de una manera determinada en el ámbito político? ¿En qué quedamos?

Proyecto de ley corta; proyecto de ley larga. ¿Qué es eso? Simplemente, como decía el diputado Saffirio , una manera encubierta de decir que en realidad no estamos tratando el fondo del problema, sino que lanzando luces de bengala, enviando señales que comunicacionalmente pueden verse bien, pero no abordan el tema de fondo.

Al comienzo de este Gobierno, ¿a cuántos funcionarios que habían ganado concursos por el Sistema de Alta dirección Pública, simplemente los echaron, sin expresión de causa? ¡Los echaron y quieren seguir echando a más gente!

En mi región, los medios hacen frecuentes anuncios en torno a que todo aquel que huela a DC o a Concertación, se va a ir, sin tomar en consideración su capacidad técnica.

Entonces, no hay voluntad de respetar el espíritu de la ley de 2003, a la que concurrieron todos los sectores, porque, ¡ojo!, no pueden decir “esto lo hicieron ustedes”; no, en es momento también colaboraron aquellos que estaban en la Oposición.

Pido coherencia. En su momento dijeron que esto se había transformado en un clientelismo político, en prácticas inapropiadas, en proselitismo, etcétera, y plantearon que iba a cambiar; eso fue lo que ofrecieron al país, y lo que probablemente les hizo ganar la elección, fue una nueva forma de gobernar, y entre lo que prometió estuvo, precisamente, poner fin a esas prácticas, que se iba a gobernar con los mejores.

El candidato, en ese momento, llegó a decir que estaba dispuesto, incluso, a gobernar con gente que estaba en el gobierno anterior, o sea, de la Concertación, siempre que fuera capaz.

¿Qué dice la realidad? Tienen los mismos vicios.

Ustedes son peores, porque a su gobierno ha llegado gente ineficiente, inoperante y se están llevando a cabo no solo exactamente las mismas prácticas, sino que, además, otras peores.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Coherencia, dicen ustedes. Perfecto, pero, entonces, no digan que con esto se resuelven las cosas ni que el Gobierno pretende mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública, porque, en la práctica, eso es una falsedad.

Mientras existan personas como el diputado René Manuel García , que hace gárgaras con eso, mañana va a haber uno del lado nuestro haciendo gárgaras para perseguir a los que él ponga. Precisamente eso es lo que no quiero.

Por eso hablo con tanta vehemencia y con tanta pasión al respecto, porque debería haber respeto por la meritocracia. ¿Qué tiene que ver la política? Si un hombre es bueno, si es capaz; si la mujer es buena trabajadora y eficiente, defendámoslos; pero como eso no está garantizado en el proyecto, anuncio, con toda fuerza, que lo voy a rechazar, aunque pierda una vez más, porque quiero coherencia y no que sigamos dando señales que, a fin de cuentas, no conducen a ninguna parte. Iniciativas como esta, son parches. Una vez más, un proyectito. Otro proyectito más. En definitiva, eso contribuye al descrédito de este Poder del Estado , que lo ganamos todos los días cuando aceptamos cosas como la que se proponen.

En mi zona dicen: “No me obliguen a comulgar con ruedas de carreta”. Yo no voy a comulgar esta vez. Por eso voy a votar en contra.

He dicho.

-Aplausos.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente , se cifraron excesivas expectativas en el Servicio Civil y en el Sistema de Alta Dirección Pública, porque se apostó a que los concursos iban a generar un proceso de selección técnico-profesional del mayor nivel, y por esa vía se podía garantizar que los mejores de los mejores, en las distintas áreas, iban a estar en la conducción o en las respectivas jefaturas de la Administración del Estado.

Eso que suena bello en las palabras, en la práctica es muy difícil de concretar; porque es no entender que la carrera funcionaria, de una u otra forma, tiene su espacio en la Administración Pública, y así ha sido desde siempre, no solo con el Estatuto Administrativo, sino que con todas las normas que con posterioridad y complementariamente se han ido dictando.

Por eso existen los funcionarios de planta y los ascensos; los concursos para proveer cargos, la titularidad del cargo, con todo lo que significa jurídicamente, etcétera.

Digo esto porque al nivel que llegamos establecimos un pacto en que hasta las direcciones de los máximos servicios del Estado se decidían por concurso público, que, entre otras cosas, se privatizaba, porque, seamos claros, quienes terminan haciendo el concurso son empresas privadas y no precisamente el Sistema de Alta Dirección Pública.

Entonces, a uno le cuesta entender cómo hasta las máximas jerarquías de un servicio deben concursarse por esta vía.

Hay algunos que legítimamente plantean que eso es lo mejor; yo tengo serios reparos, porque si eso fuera lo mejor, uno podría decir: “¡Bueno, pero por qué no llamamos a concurso para cargos de ministros de Estado !”. Alguien podría responder que no, porque esos son los cargos mediante los cuales se van fijando las políticas de gobierno. Exactamente. Pero no sólo los ministros de Estado , los intendentes y gobernadores van fijando las políticas del gobierno, que tiene el mandato legítimo de gobernar.

La cuestión es hasta qué nivel los cargos en la Administración del Estado deben ser concursables. En mi opinión, es una locura pretender que lo sean hasta las jefaturas máximas de los servicios, debido a que éstas, junto a los ministros, intendentes y gobernadores, van fijando las políticas de un gobernante -elegido para conducir el país durante un período determinado- cuestión que se limita y coarta con esa concursabilidad extrema. Distintas son las jefaturas intermedias. Lo que hoy existe en Chile abarca todos los niveles jerárquicos, hasta el más alto.

He querido intervenir para llamar la atención sobre este punto, porque, derechamente, no me parece. Y no me parece respecto del gobierno que sea, porque si creemos en la soberanía popular, en el mandato del pueblo y en que la gente válidamente se ha manifestado en las urnas en forma libre, secreta y soberana, luego de debates y confrontación de ideas entre proyectos políticos legítimos en una nación civilizada, en la que las cabezas se cuentan en función de su voto y no se cortan, ese gobierno ganó legítimamente. Por lo tanto, tiene derecho a imprimir un sello en políticas públicas determinadas, para lo cual requiere no solo los ministros, intendentes y gobernadores, sino que, también, las máximas jefaturas de los servicios.

En caso contrario, perfectamente podría ocurrir el absurdo de que un jefe de servicio, elegido por concurso público, cuya realización estuvo a cargo de una empresa privada, contradijera o pusiera en entredicho una política pública determinada, señalada por el ministro respectivo.

Es cierto que la ley considera salvaguardas que, al final, se traducen en la posibilidad de que el Ejecutivo de turno haga cesar en sus funciones a ese jefe de servicio. En el fondo, eso significa que no cuenta con su confianza. A la larga, se pone en jaque y cuestiona todo el sistema. En definitiva, por las vías de hecho, eso es lo que ha pasado.

Para algunos, es fácil argumentar que ha habido un sesgo político. Sin embargo, en los hechos, quienes llegaron al gobierno -en el futuro también pasará por la contingencia político-electoral- necesitan contar con gente de confianza para imprimir un sello a su gestión. Por lo tanto, este sistema no está funcionando.

El Estado, nuestra nación, debe garantizar una carrera funcionaria con los gobiernos de turno; otorgar la posibilidad de horizontalidad y no sólo de verticalidad en la administración pública. Es decir, la posibilidad de hacer carrera funcionaria no sólo en el servicio en que está la persona, sino en todos los servicios de la administración del Estado.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor RINCÓN.- Señor Presidente , lo que estoy señalando, ya fue mencionado por otros parlamentarios, con distinta vehemencia y pasión. En la génesis, en el acuerdo original de la norma hubo un déficit y hoy nos está pasando la cuenta. Porque se pretendió confundir la carrera funcionaria en la Administración Pública con las jefaturas esenciales para imprimir un sello y una política pública determinada de quien ganó una elección. Debemos corregir aquello.

Además, esto le genera costos al Estado, porque cada vez que hay que realizar concursos, se externaliza el proceso de reclutamiento. Hay que llamar a las empresas privadas que están en un listado y encomendárselo. Ellas seleccionan y proponen ternas o quinas para los distintos cargos.

Hoy, se ha roto el pacto, el acuerdo, el consenso alcanzado en torno al Sistema de Alta Dirección Pública. No creo que haya ocurrido por mala leche de los que llegaron, como alguien podría decir, sino porque tenía una falla en su origen, porque se pretendió proveer los cargos de las jefaturas máximas de los servicios, mediante concursos que, además, se externalizan. Eso no puede ser, es no entender lo que es la carrera funcionaria.

Mientras tanto, tenemos miles de funcionarios que han prestados servicios a honorarios por largo tiempo sin darles una solución previsional, ni estabilidad. No obstante irse validando por años, se pretendió aplicar este sistema a las jefaturas. Ello no da respuesta a una carrera funcionaria integral, a un Estado moderno ni a un consenso real en el país. Repito, el acuerdo sobre el Sistema de Alta Dirección Pública se rompió debido a una falla en su génesis.

Frente a eso, el proyecto me parece insuficiente. Sólo parcha en una muy pequeña medida las deficiencias de un sistema que está roto y que tenía una falla de origen.

En general, los pequeños parches son buenos, pero en un sistema con fallas en su génesis no son suficientes para dar respuesta a un Estado moderno, que debe generar un nuevo acuerdo en el país, representativo de todos y no sólo de quienes tienen expresión política parlamentaria.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública, con excepción de las disposiciones que tienen carácter de ley orgánica constitucional o de quórum calificado, las cuales se votarán en forma separada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cristi Marfil María Angélica; Lorenzini Basso Pablo; Walker Prieto Matías.