Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios

- De la Comisión de Recursos Naturales, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que “Regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos.”, actualmente en la Comisión de Minería y Energía. boletín N° 7141-08.

- De la Comisión de Educación, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día 04/08/2011 de 11:00 a 12:30 horas, con el fin de recibir en audiencia a distintas organizaciones, que no ha sido posible recibirlos en las sesiones ordinarias.

Respuestas a oficios.

Ministerio de Agricultura:

- Diputado Ascencio, Requiere señalar las razones por las que no se ha cumplido con la obligación de remitir trimestralmente a las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado, la información a que se refiere la Glosa 16, Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Capítulo 03, Partida 13, Ministerio de Agricultura, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011; sin perjuicio de dar debido cumplimiento a la obligación legal, remitiendo la información comprometida. (517 al 3733).

- Diputado Ascencio, Requiere señalar las razones por las que no se ha cumplido con la obligación de remitir trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la información a que se refiere la Glosa 15, Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Capítulo 03, Partida 13, Ministerio de Agricultura, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011; sin perjuicio de dar debido cumplimiento a la obligación legal, remitiendo la información comprometida. (518 al 3732).

Ministerio de Trabajo y Previsión Social:

- Diputado Ascencio, Solicita informar las razones por las que la Subsecreta-ría del Trabajo no ha dado cumplimiento a la obligación de de remitir trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la información señalada en la Glosa 08, Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo), Capítulo 01, Partida 15, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2011; sin perjuicio de dar debido cumplimiento a la obligación legal, remitiendo la información comprometida. (1469 al 3687).

- Diputado Carmona, Legalidad de la exigencia formulada por la Compañía Minera Kinross, en sus faenas “La Coipa” y “Maricunga”, en la Región de Atacama, para que sus trabajadores realicen, a su costo, el curso de Inducción en Seguridad Minera, que dicta la Mutual de Seguridad, como requisito de ingreso. (3006 al 3752).

- Diputado Ojeda, Solicita informe sobre el comportamiento de los funcionarios de la Dirección del Trabajo de Osorno en el marco de las denuncias por prácticas antisindicales interpuestas por trabajadores de La Polar (3053 al 3566).

Ministerio de Planificación y Cooperación:

- Diputado Sandoval, Solicita informar sobre la factibilidad de instalar un Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor en la Región de Aysén. (1796 al 3358).

Consejo de Defensa del Estado:

- Diputada Turres doña Marisol, Solicita informe sobre las acciones judiciales iniciadas, en el marco de la contaminación que afecta al sector del ex Puerto Petrolero, comuna de Puerto Montt, en contra de empresas petroleras (4663 al 3896).

Empresas del Estado:

- Diputado Rincón , Solicita informe sobre el vertimiento de relaves de cobre en el Embalse Colihues, de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme, y si existe resolución medioambiental que ampare esa situación (159 al 3959).

- Diputado Monckeberg don Cristián, Amplía al 1 de enero de 2000 período de información solicitada en Oficio 3856. (160 al 1969).

Intendencias:

- Diputado Carmona, Fiscalización respecto de las actuaciones de la empresa “La Polar”, en la Región de Atacama en atención a que el volumen de reclamos presentados al Servicio Nacional de Consumidor presenta una tasa superior a la del resto de las Regiones del país. (759 al 1808).

Presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre:

- Diputado Monckeberg don Cristián, Forma en que se desglosan las remuneraciones de los altos ejecutivos de la Corporación Nacional de Cobre, desde el 1 de enero de 2010, sin señalar montos específicos; la naturaleza de los bonos; y, en el evento de entregarse bonos por productibilidad o relacionados con resultados o utilidades, su periodicidad y la moneda utilizada para su pago. (160 al 3856).

III. ACTAS

El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 60ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.

-o-

El señor MELERO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión de Educación, Deportes y Recreación sesione simultáneamente con la Sala hoy, con el objeto de que reciba en audiencia a diversas organizaciones?

No hay acuerdo.

El señor MELERO (Presidente).- Muchas gracias, diputado.

Le ruego que solicite a su Comité que haga llegar ese pareo a la Mesa.

-o-

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez para plantear un asunto reglamentario.

El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , pido a la Mesa, en especial a usted, un pronunciamiento de condena categórica sobre la brutal represión de que están siendo víctima nuestros jóvenes en las calles de Santiago.

-Aplausos.

El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Eso no es materia de Reglamento, diputado Jiménez. Debería solicitarlo formalmente

VIII. ANEXO DE SESIÓN

COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.

-Se abrió la sesión a las 13.24 horas.

El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre seguridad e institucionalidad minera. (boletín N° 7848-08)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

El Gobierno tiene especial preocupación por los trabajadores de nuestro país y está en permanente búsqueda para encontrar los mecanismos que mejoren las condiciones laborales y de seguridad en los lugares de trabajo, de forma que la vida y salud estén siempre protegidas y debidamente resguardadas.

Para Chile, la industria minera constituye un sector económico de la más alta importancia, y debido a las especiales características en que se desarrolla dicha actividad, los aspectos de seguridad para los trabajadores en faenas mineras, deben tener una normativa especial de rango legal, así como un ente especializado habilitado legalmente para fiscalizar y sancionar las infracciones a la normativa de seguridad minera.

Este proyecto de ley busca dar un nuevo impulso a la normativa de seguridad minera, de forma que exista una institucionalidad específica dotada de facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias, acordes a los estándares que la legislación actual otorga a los entes que deben velar por el cumplimiento de aspectos técnicos de alta complejidad para un sector determinado.

Lo anterior es del todo necesario para proteger eficazmente la seguridad de las personas que trabajan en la minería, así como de los terceros que pudieran verse afectados.

Si bien la actividad minera se ejecuta, en su gran mayoría, bajo altos estándares de seguridad, creando y desarrollando permanentemente tecnologías y procesos que resguardan la integridad de sus trabajadores, los riesgos inherentes a dicha actividad pueden implicar que una sola infracción se traduzca en un grave accidente.

Por otra parte, el accidente minero ocurrido en la mina San José en agosto del año pasado, y las conclusiones a las que llegaron tanto las Comisiones Asesora Presidencial en Materia de Minería, encabezada por el destacado profesor y abogado don Juan Luis Ossa , como la Comisión Investigadora que se formó en la Cámara de Diputados a causa de dicho accidente, reforzaron la perspectiva del Gobierno en cuanto a la prioridad de las reformas necesarias para el sector minero.

En efecto, un detallado análisis del Informe emitido por dicha Comisión Investigadora sobre las causas que produjeron el accidente, por una parte, y la experiencia única adquirida por las actuales autoridades durante el rescate de los 33 mineros, permitieron al Gobierno detectar la esencia de los problemas que deben superarse urgentemente para evitar que lo sucedido en la mina San José vuelva a ocurrir y para disminuir los niveles de accidentabilidad y fatalidades que presenta la actividad minera en nuestro país.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

Todos los antecedentes mencionados han permitido al Gobierno concluir que es necesario perfeccionar dos ejes fundamentales de la actividad minera: la institucionalidad a cargo de su fiscalización y las normas que regulan la seguridad minera.

1. Institucionalidad actualmente a cargo de la fiscalización de la actividad minera

En la actualidad, el organismo público a cargo de la fiscalización de la seguridad minera es el Servicio Nacional de Geología y Minería, el cual no cuenta con las atribuciones ni especificidad con que la legislación moderna dota a organismos técnicos con funciones similares.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), se creó en 1980, por medio del Decreto Ley N° 3.525, que fusionó al Instituto de Investigaciones Geológicas, que dependía de la Corfo, y al Servicio de Minas del Estado, que dependía del Ministerio de Minería.

Este organismo fue creado con el objeto de otorgar asesoría al Ministerio de Minería en materias geológicas y mineras. En el área minera, específicamente, le corresponde elaborar cartas temáticas básicas, con su respectiva investigación; velar por el cumplimiento de los reglamentos de policía y seguridad, y sancionar a sus infractores; proponer normas sobre seguridad; intervenir en los programas y cursos de capacitación a los trabajadores mineros; fiscalizar el uso de explosivos; efectuar informes dentro del procedimiento de constitución de concesiones mineras; llevar el catastro y la estadística minera, y efectuar estudios remunerados.

Con el transcurso de los años, diversas leyes fueron entregando al Sernageomin otras funciones. Por ejemplo, en materia ambiental corresponde al Sernageomin el análisis de temas ambientales relacionados a la minería, la revisión de planes de cierre de faenas mineras abandonadas y paralizadas, incluyendo la actualización del catastro.

Sin embargo, también tiene atribuciones en materias de geología, cuyos fines son del todo distintos al fin primordial que nos preocupa hoy, cual es la seguridad de los trabajadores de la minería.

Lo anterior es razón más que suficiente para crear un nuevo organismo público, dedicado exclusivamente a velar por la vida y seguridad de las personas que dedican su vida a tan importante labor, como lo es la minería en nuestro país.

En efecto, entre las propuestas contenidas en el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados antes señalado, se mencionan especialmente, la transformación del Servicio a cargo de la fiscalización de las empresas mineras, el Servicio Nacional de Geología y Minería, en una Superintendencia de Minería, así como también que ciertas disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Minera adquieran rango legal.

El Gobierno cree firmemente que la creación de una Superintendencia de Minería, implicará una mejora en la realidad cotidiana que afronta una gran cantidad de chilenos. Ello por cuanto existirá un ente especializado, imparcial, con habilitación legal para dictar normativa especialmente aplicable en estas materias, con una estructura diseñada para cumplir con las metas propuestas, e indicadas en su ley, y que además le permitirá aplicar sanciones disuasivas a quienes incumplan con las reglas necesarias para mantener la seguridad de los trabajadores en la actividad minera.

2. Actual normativa sobre seguridad minera.

Las normas de seguridad minera están actualmente contenidas en el Reglamento de Seguridad Minera, el que establece el marco regulatorio general al cual deben someterse las faenas mineras para proteger la vida e integridad física de las personas y las instalaciones e infraestructura mineras.

Su campo de aplicación comienza en la exploración de yacimientos y llega hasta la refinación de minerales, la disposición de residuos y las actividades de embarque.

Más específicamente, dicho Reglamento señala cuáles son las condiciones de seguridad en las cuales deben operar las faenas mineras, en todos sus aspectos, tratando materias específicas como operaciones de rajo abierto u operaciones subterráneas.

A pesar que dicho Reglamento contempla aspectos de seguridad minera, éste no cuenta con rango legal, lo que debe corregirse, dada la importancia de la materia, así como por el peso que debe tener al momento de impartirse sanciones.

Por ello, el presente proyecto de ley traslada algunas de las normas de dicho Reglamento a este proyecto de ley.

En forma adicional a lo señalado, este Gobierno considera fundamental perfeccionar la regulación hoy contenida en el Reglamento, con el objeto de contemplar sistemas más modernos y eficientes de fiscalización, como por ejemplo: incorporar a expertos técnicos externos, acreditados por la Superintendencia, que apoyen la labor fiscalizadora; sistemas de auditorías especializadas en seguridad minera; establecimiento de mayores incentivos para el cumplimiento de las normas, incluyendo sanciones más rigorosas a quienes las infrinjan; implementación de una categorización de las empresas mineras con el objeto de que pueda conocerse fácilmente el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad minera por parte de cada una de las empresas mineras, entre otras materias.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

1. Nueva Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera.

El presente proyecto de ley propone la dictación de una Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, que incorpore en un solo texto las instituciones públicas que estarán relacionadas con la actividad minera, distintas del Ministerio de Minería.

Así, este proyecto propone la creación de la Superintendencia de Minería, que desarrollará labores que hasta hoy lleva a cabo la Subdirección de Minería de SERNAGEOMIN. Además, se creará el Servicio Geológico de Chile, el que sustituirá las funciones que hoy en día corresponden a la Subdirección Nacional de Geología.

2. Creación de una Superintendencia de Minería.

El proyecto de ley crea la Superintendencia de Minería, organismo que será capaz de llevar a cabo de manera más eficiente las nuevas competencias que se requieren en materia de fiscalización.

La Superintendencia será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Minería.

El objeto de la Superintendencia será, fundamentalmente, velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad minera.

3. Personal y organización de la Superintendencia de Minería

La Superintendencia contará con un Superintendente, nombrado por el Presidente de la República de acuerdo al sistema de la Alta Dirección Pública, que será el jefe superior de la Superintendencia y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El personal de la Superintendencia, a su vez, estará sujeto al Estatuto Administrativo. Si bien corresponderá al Superintendente fijar la organización interna de la Superintendencia, ésta deberá contar al menos con una unidad de fiscalización, una unidad de investigación y otra de sanción, la que se abocará a la investigación de los accidentes de forma de focalizar su acción correctamente.

4. Principales funciones de la Superintendencia de Minería para reforzar la seguridad minera.

Como se señaló anteriormente, el objeto principal de la Superintendencia de Minería será el de velar por la seguridad minera. Ello, para contribuir a la protección de la vida e integridad de las personas que se desempeñan en dicha actividad, así como de los terceros que pudieren verse afectados.

Dicho objetivo se cumplirá fundamentalmente por medio de la dictación de normativa específica que se adapte a las distintas realidades que debe enfrentar la minería, cuyo cumplimiento será obligatorio para los sujetos fiscalizados.

Así, por ejemplo, se traen del Reglamento normas relativas a la obligación de informar sobre los trabajos de explotación o de beneficio de sustancias minerales que realicen las empresas mineras; la obligación de informar los accidentes mineros; la confección, por parte de la Superintendencia, de estadísticas mensuales de accidentes en la actividad minera en general y en las distintas faenas en particular; la obligación de contar con la dirección o asesoría profesional de uno o más ingenieros de minas o metalurgistas en cada faena minera y con expertos en prevención de riesgos; la obligación de contar con reglamentos específicos sobre materias -como el tránsito de equipos y el carguío de materiales-, con un Libro de Seguridad Minera y con planos actualizados de la faena, entre otras.

El proyecto de ley agrega a las normas de seguridad minera ya vigentes, una serie de disposiciones nuevas, tendientes a modernizar y ajustar el sistema al contemplado en países con un sector minero tan avanzado y desarrollado como el nuestro.

Así, por ejemplo:

a. Se distinguen tres etapas de fiscalización: una de pre-fiscalización, que se enfoca en la adopción de medidas preventivas; una fiscalización en terreno o fiscalización propiamente tal; y una etapa de post-fiscalización, en la cual se revisa si la empresa ha adoptado las sugerencias y cumplido con las instrucciones que los fiscalizadores han impartido;

b. Se contempla la posibilidad de la Superintendencia de contar con expertos externos, llamados Expertos Técnicos Mineros, que podrán revisar el cumplimiento de normas técnicas y recomendar medidas de acción, debiendo informar de inmediato a los fiscalizadores en caso de detectar infracciones a la ley. Los expertos técnicos estarán inscritos en un Registro que llevará la misma Superintendencia, para lo cual deberán demostrar el cumplimiento de determinados requisitos profesionales. Contar con estos expertos técnicos permitirá a los fiscalizadores enfocar su actuar en las faenas que presentan mayores problemas;

c. Se obliga a los encargados de actividades peligrosas dentro de las faenas, como los encargados de explosivos, a acreditarse ante la Superintendencia para asegurar que cuenten con los conocimientos mínimos para realizarlas;

d. Se implementan “programas de fiscalización” de la Superintendencia, de forma que su actuar no sólo sea reactivo sino también preventivo;

e. Se establece un sistema de auditorías obligatorias para las empresas en materia de seguridad minera que califique su gestión en este aspecto. Los auditores también deberán estar inscritos en un registro especial que llevará la Superintendencia y demostrar contar con determinados requisitos profesionales y de independencia respecto de la empresa que audita;

f. Se implementa un sistema de categorización de las empresas mineras según el número de infracciones y accidentes que presenten, que permita al público identificarla de inmediato como una empresa cuidadosa y responsable o incumplidora;

g. Se crea un sistema de denuncias ciegas que permita a los trabajadores dar a conocer a las autoridades los problemas que observe en la faena minera, sin temor a ser despedido;

h. Finalmente, cabe destacar la aplicación de sanciones al que compre o comercialice minerales cuyo origen sea una faena minera que no cuente con las aprobaciones requeridas por la ley ya que ello es una de las formas más eficientes para asegurar que las empresas regularicen sus actividades.

Éstas, entre otras medidas, harán más eficaz el actuar de las autoridades y más segura las actividades mineras, en general.

5. Del Servicio Geológico de Chile

Sernageomin actualmente cuenta con dos Subdirecciones Nacionales: la Subdirección Nacional de Minería y la Subdirección Nacional de Geología. La primera desaparece ya que se crea la Superintendencia de Minería, y la segunda se transforma en el Servicio Geológico de Chile.

Al Servicio Geológico de Chile corresponderá efectuar investigaciones geológicas en el territorio nacional, desarrollar planes geológicos; elaborar estadísticas de recursos y reservas minerales, estudiar riesgos geológicos, y, en general, servir de asesor técnico especializado del Gobierno en materia geológica. Este servicio mantendrá, fundamentalmente, las funciones que hoy en día competen a la correspondiente Subdirección.

El Servicio estará a cargo de un Director Nacional nombrado por el Presidente de la República de conformidad al sistema de alta dirección pública.

6. Protección del personal de las respectivas entidades públicas.

El personal que actualmente ejerce funciones en el Sernageomin será transferido a la Superintendencia de Minería o al Servicio Geológico de Chile, según corresponda, de forma de garantizar que continuará desempeñándose en éstos, sin solución de continuidad.

El personal que, por su parte, desempeñe funciones actualmente en Cochilco, será transferido a la Superintendencia de Minería o al Ministerio de Minería, según corresponda, en las mismas condiciones.

En mérito a lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo Primero. Apruébase el siguiente texto de la Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera.

TÍTULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DE MINERÍA

PÁRRAFO 1º

DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 1º.- La Superintendencia. Créase la Superintendencia de Minería, como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Minería.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, y se desconcentrará territorialmente de conformidad a lo que establezca el Superintendente , quien podrá establecer oficinas en otras ciudades del país.

Artículo 2º.- Normativa. La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del Decreto Ley Nº 3.551, de 1981, estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882, y estará sometida al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

Artículo 3º.- Referencias. Cada vez que las disposiciones de esta ley se refieran a la Superintendencia o al Superintendente , debe entenderse que aluden a la Superintendencia de Minería y al Jefe Superior de dicho servicio, respectivamente.

Artículo 4°.-Alcance. Para efectos de la presente ley, se entenderá que se encuentran comprendidas dentro de la actividad minera, las siguientes:

1) Exploración y prospección de yacimientos minerales, incluidos los depósitos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, así como también labores relacionadas con el desarrollo de proyectos mineros;

2) Explotación, extracción y transporte de minerales, estériles, productos y subproductos dentro del área donde se desarrollen las actividades mineras;

3) Procesos de obtención, concentración y refinación de sustancias minerales y sus subproductos;

4) Disposición de estériles, desechos y residuos provenientes de las actividades mineras;

5) Embarque en tierra de sustancias minerales y sus productos, y

6) Apertura y desarrollo de túneles, excavaciones, construcciones y otras obras civiles que se realicen por y para la industria minera y que tengan estrecha relación con las actividades indicadas en los números anteriores.

Artículo 5°.-Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

1) Faena Minera. Conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la actividad minera, tales como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, refinerías, maestranzas, talleres, casas de fuerza, campamentos, bodegas, lugares de acopios, pilas de lixiviación, depósitos de residuos masivos mineros, depósitos de relaves, de estériles, ripios de lixiviación y, en general, la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura que existen respecto a una mina o establecimiento de beneficio para asegurar el funcionamiento de las operaciones mineras.

No se considerarán faenas mineras, las refinerías de petróleo, las industrias metalúrgicas no extractivas, las fabricas de vidrio, cemento, ladrillos, cerámica o similares, ni aquellas expresamente excluidas por el Código de Minería.

2) Exploración. Conjunto de acciones y trabajos que permiten identificar, mediante la aplicación de una o más técnicas de reconocimiento geológico, zonas de características favorables para la presencia de acumulaciones de minerales y yacimientos.

3) Prospección. Conjunto de obras y acciones que se desarrollan con posterioridad a la exploración, sirven a la caracterización requerida por el respectivo proyecto de desarrollo minero y tienen como finalidad establecer los planes mineros en los cuales se basa la explotación programada de un yacimiento.

4) Operación Minera. Exploración, construcción, desarrollo, producción, beneficio y cierre de faenas mineras.

5) Obras Civiles. Trabajos desarrollados tanto para los estudios preliminares como para la construcción misma de una faena minera.

6) Empresa Minera. Persona natural o jurídica que, por cuenta propia o en representación de otra, ejecuta las acciones, faenas y trabajos de la actividad minera respecto de una concesión minera determinada.

Artículo 6º.- Objeto. La Superintendencia tendrá por objeto principal velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en la actividad minera, sin perjuicio de las atribuciones que la legislación confiera a otros organismos fiscalizadores en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en esta ley, serán igualmente aplicables a los sujetos fiscalizados aquellas normas de seguridad y salud contenidas en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 7º.- Funciones y atribuciones. La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa relativa a seguridad minera e imponer sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad a lo dispuesto en esta ley. En el ejercicio de esta función podrá interpretar administrativamente dicha normativa;

2. Dictar las circulares, instrucciones, normas de carácter general, resoluciones y demás norma que sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley. La Superintendencia, antes de la dictación de las mismas, deberá dar a conocer la versión borrador de la misma, publicándola en su página web, y establecer mecanismos para recibir las observaciones que se formulen a su respecto. Estará eximida de este procedimiento cuando se trate de normativa de organización interna y cuando, por resolución fundada, considere que no es necesario u oportuno.

3. Absolver las consultas y peticiones, e investigar las denuncias o reclamos en materias de su competencia, que se formulen de conformidad a esta ley, el reglamento y las circulares e instrucciones que dicte la Superintendencia;

4. Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos públicos sectoriales que ejerzan otras atribuciones de fiscalización en relación a la actividad minera, las informaciones y datos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente ley;

5. Fijar mediante norma de carácter general las normas y procedimientos para la presentación de la información que los sujetos fiscalizados están obligados a entregar de conformidad a lo establecido en esta ley;

6. Investigar los accidentes mineros y aplicar las sanciones correspondientes;

7. Ordenar la ejecución de medidas preventivas de accidentes mineros, y verificar su realización de conformidad a la ley;

8. Confeccionar y mantener un catastro con las estadísticas de accidentes mineros;

9. Fomentar el desarrollo de programas de capacitación y de difusión de buenas prácticas en materias de seguridad minera;

10. Efectuar las evaluaciones, fiscalizaciones y demás actividades relacionadas con el Plan de Cierre de Faenas Mineras, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente;

11. Fiscalizar la idoneidad del personal que manipula explosivos en faenas mineras y de los encargados de trabajos específicos al interior de las mismas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 17.798, sobre control de armas, y en las demás normas legales y reglamentarias;

12. Fiscalizar, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias el abastecimiento, distribución, almacenamiento y utilización de los explosivos destinados a las actividades mineras, y fiscalizar el almacenamiento, transporte y utilización de explosivos, combustibles y otras sustancias peligrosas en las faenas mineras;

13. Informar a los Tribunales de Justicia acerca de los aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura de las concesiones de explotación y respecto de las solicitudes de sentencia constitutiva de las concesiones de exploración. Para el ejercicio de esta función podrá interpretar administrativamente la normativa correspondiente;

14. Constituir y mantener actualizado el Catastro Nacional y el Registro Nacional de Concesiones Mineras , de acuerdo a lo establecido en el artículo 241 del Código de Minería. Ambos tendrán carácter público, velando la Superintendencia por facilitar el acceso a ellos. Para el cumplimiento de esta función, los Conservadores de Minas deberán remitir mensualmente a la Superintendencia la información correspondiente;

15. Informar las solicitudes de patente minera especial que presenten pequeños mineros o artesanales, y las solicitudes de rebaja de patente minera;

16. Elaborar la propuesta para el nombramiento de los Peritos Mensuradores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Minería;

17. Cumplir con las funciones que le asigna el ordenamiento jurídico en la aprobación del proyecto de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves;

18. Fiscalizar la disposición de estériles, desechos y residuos, y la apertura y desarrollo de túneles, excavaciones, construcciones y obras civiles, que se realicen por y para la actividad minera y que tengan estrecha relación con ella, en materias relativas a la seguridad minera;

19. Otorgar asistencia técnica en materia de seguridad minera a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Dirección del Trabajo;

20. Proporcionar la asistencia técnica y la colaboración que fueran necesarias en la investigación de infracciones a la legislación minera cuando le sean requeridas por los organismos públicos competentes o en virtud de convenios de cooperación celebrados con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales;

21. Celebrar convenios con otros organismos del Estado, instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para el cumplimiento de sus funciones;

22. Contratar de terceros, sean públicos o privados, la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluida la inspección técnica de las faenas mineras;

23. Elaborar y difundir información estadística y de interés relativa a la actividad minera en Chile;

24. Proponer al Ministerio de Minería la dictación de normas legales o reglamentarias que considere necesarias para el mejoramiento de la actividad minera, y

25. Las demás que le confieran las leyes.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades de fiscalización que disposiciones legales otorguen a otros organismos públicos cuya competencia alcance a las faenas mineras.

Artículo 8º.- Criterios técnicos. Los organismos públicos que tengan facultades de fiscalización cuya competencia alcance aspectos que incidan directamente en la seguridad minera, deberán adoptar los criterios técnicos que establezca la Superintendencia en dicha materia. En caso de estimarlo necesario, los mencionados organismos públicos podrán solicitarle a la Superintendencia profundizar respecto de los criterios técnicos que se tuvieron en cuenta para emitir su pronunciamiento.

PÁRRAFO 2º

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 9º.- Superintendente. Un funcionario con el título de Superintendente de Minería será el jefe superior de la Superintendencia y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Superintendente de Minería será nombrado por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.882.

El Superintendente tiene la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a su calidad de Jefe Superior del Servicio .

Artículo 10.- Atribuciones del Superintendente. Correspon- derá especialmente al Superintendente:

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia, y ejercer respecto de su personal las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio ;

2. Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento de la Superintendencia;

3. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la Superintendencia y adoptar las medidas necesarias para asegurar su eficiente funcionamiento;

4. Establecer oficinas en otras ciudades del país cuando el buen funcionamiento de la Superintendencia así lo exija y existan las disponibilidades presupuestarias;

5. Designar a los funcionarios que participarán en el proceso de evaluación y seguimiento de los proyectos y actividades que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental;

6. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Superintendencia;

7. Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia;

8. Facultar a funcionarios de su dependencia para absolver posiciones ante los tribunales correspondientes;

9. Nombrar y remover al personal de la Superintendencia en conformidad a la normativa legal;

10. Rendir cuenta anualmente de su gestión, a lo menos mediante la publicación de una memoria y balance institucional, con el objeto de permitir a las personas efectuar una evaluación continua y permanente de los avances y resultados alcanzados por la Superintendencia;

11. Aplicar las sanciones que señala la presente ley, y

12. En general, ejercer todas las atribuciones que ésta u otras leyes le confieran a él o a la Superintendencia.

Artículo 11.- Inhabilidades. Sin perjuicio de las inhabilidades que establezcan otras leyes, serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente , Intendente y de Jefe de Unidad , las personas que estén relacionadas, en los términos indicados en el artículo 100 de la Ley Nº 18.045, con entidades sometidas a la fiscalización de la Superintendencia.

Artículo 12.- Organización Interna. De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Superintendente , con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna de la Superintendencia y determinará las denominaciones y tareas que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

En todo caso, dicha organización deberá contemplar, a lo menos:

a) Una Unidad de Fiscalización, que estará encargada de desarrollar las actividades de tal naturaleza respecto de toda faena minera. En caso que los fiscalizadores de esta unidad constaten que una empresa minera ha incurrido en conductas que pudieren constituir infracciones gravísimas o graves, deberán poner los respectivos antecedentes en conocimiento de la Unidad de Investigación a la brevedad posible;

b) Una Unidad de Investigación que se concentrará exclusivamente en investigar las infracciones en que puedan haber incurrido las empresas mineras. Su informe de investigación será remitido a la Unidad Sancionatoria.

c) Una Unidad Sancionatoria que se concentrará exclusivamente en proponer al Superintendente las sanciones que correspondan a partir de las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación.

Artículo 13.- Delegación. A las oficinas que establezca el Superintendente en otras ciudades del país, en conformidad a lo dispuesto en el número 4 del artículo 10 de esta ley, les corresponderá ejercer, dentro del territorio de su competencia, las funciones y atribuciones que les sean delegadas por el Superintendente .

PÁRRAFO 3º

DEL PERSONAL

Artículo 14.- Régimen Jurídico. El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por las de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente .

Artículo 15.- Deber de Reserva. El Superintendente , el personal de la Superintendencia, así como las personas que le presten servicios de cualquier naturaleza y bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley Nº 18.834, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

Artículo 16.- Causales de cesación en el cargo. Sin perjuicio de las causales previstas en la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación en el cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

1) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II Nivel Jerárquico de la Superintendencia , a más tardar en el mes de Diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución, en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este número. Un reglamento fijará los procedimientos que se adoptarán, y la forma y oportunidad en que serán recepcionadas la información y los antecedentes requeridos al efecto, y

2) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el número 1) de este artículo, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 17.- Dedicación Exclusiva. El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos, deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos contemplados en el artículo 8º de la Ley Nº 19.863.

Artículo 18.- Remuneraciones del Personal. El sistema de remuneraciones del personal de planta y a contrata de la Superintendencia de Minería corresponderá al de las instituciones fiscalizadoras, en los términos establecidos en el título I del decreto ley N° 3.551, de 1981, y sus modificaciones, incluyendo las bonificaciones y asignaciones dispuestas en los artículos 8, 9, 12 y 13 de la ley N° 20.212; en el artículo 17 de la ley N° 18.091 sustituido por el artículo décimo de la ley N° 19.301, y en el artículo 5° de la ley N° 19.528, otorgándose en la forma que señalan dichas leyes.

PÁRRAFO 4º

DEL PATRIMONIO

Artículo 19.- Patrimonio. El patrimonio de la Superintendencia estará formado por:

1) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales;

2) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le asignen, transfieran o adquiera, a cualquier título, y los frutos de tales bienes;

3) Con las donaciones que se le hagan, las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

4) El producto de la venta de bienes o servicios que realice, como asimismo de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y

5) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades.

TÍTULO II

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD MINERA

PÁRRAFO 1º

SEGURIDAD MINERA

Artículo 20.- Objetivo. La Superintendencia velará por la seguridad minera para contribuir a la protección de la vida e integridad de las personas que se desempeñan en dicha actividad, así como de los terceros que pudieren verse afectados.

Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta a las atribuciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que corresponden a otros organismos con facultades de fiscalización.

PÁRRAFO 2º

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Artículo 21.- Obligación de informar antecedentes relevantes. Las empresas mineras que se encuentren realizando trabajos de explotación o de beneficio de sustancias minerales deberán entregar a la Superintendencia, semestralmente, los antecedentes relevantes sobre sus actividades mineras.

Para estos efectos, se entenderá que son antecedentes relevantes:

a. Las estadísticas de producción minera y metalúrgica necesarias para determinar aspectos relativos a la seguridad minera;

b. Los informes sobre depósitos de residuos masivos mineros;

c. La estadística mensual de accidentes, y

d. Aquellos que sean necesarios, desde una perspectiva técnica, para efectos de la seguridad minera, y que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.

La Superintendencia deberá, asimismo, determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere este artículo, debiendo contemplar un plazo razonable para que ella sea proporcionada por los respectivos obligados.

En caso que dichos antecedentes se encuentren en poder de otros organismos públicos, la Superintendencia procurará establecer los mecanismos para acceder a ellos.

La información señalada en las letras a), b) y d) de este artículo, será considerada información de carácter comercial o económico para las empresas, a menos que señalen expresamente lo contrario.

Artículo 22.- Obligación de informar accidentes mineros. Las empresas mineras deberán informar a la Superintendencia, tan pronto le sea posible, los accidentes mineros que ocurran en sus faenas, a consecuencia de los cuales se produzca alguno de los resultados señalados en el Nº 1 del artículo 48 y en el Nº 1 del artículo 49, ambos de esta ley, debiendo informar, además, a los organismos con facultades de fiscalización en materias de seguridad y salud en el trabajo.

En el caso de accidentes que hayan generado consecuencias para la salud de uno o más trabajadores, la institución de salud que hubiere recibido al accidentado deberá remitir a la Superintendencia, tan pronto sea posible, una copia del informe que hubiere emitido, el que será considerado información sensible o de carácter personal para todos los efectos legales.

Los organismos administradores de la Ley Nº 16.744 y las entidades que fiscalicen las normas de seguridad y salud en los lugares de trabajo entregarán mensualmente a la Superintendencia, de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento, la información relacionada con seguridad minera de la que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 23.- Información específica sobre accidentes mineros. Las empresas mineras deberán informar específicamente a la Superintendencia cada accidente que ocurra en sus faenas, a consecuencia del cual alguno de los trabajadores afectados deba ausentarse al menos un día de sus labores, sin perjuicio de las denuncias que deban realizarse de los accidentes del trabajo ante los organismos administradores de la Ley Nº 16.744.

El plazo para informar será de 24 horas, contado desde la ocurrencia del respectivo accidente, y la información deberá remitirse siguiendo el procedimiento que establezca al efecto la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Artículo 24.- Confección de estadísticas. La Superintendencia deberá confeccionar estadísticas mensuales de accidentes en la actividad minera en general, y en las distintas faenas en particular.

Para efectos de lo señalado en el inciso precedente, la Superintendencia determinará, mediante una norma de carácter general, las categorías de faenas mineras, según el número de trabajadores que laboran en ellas, las toneladas de material bruto extraído, la región en la que se ubican, y los demás criterios que resulten técnicamente relevantes.

La Superintendencia deberá establecer un sistema de información pública de las estadísticas de accidentes que confeccione en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 25.- Obligación de informar sobre la adopción de medidas correctivas. Las empresas mineras deberán remitir a la Superintendencia, en conformidad al procedimiento establecido por norma de carácter general, informes técnicos referidos al estado de avance de las medidas correctivas, ordenadas por los fiscalizadores de la Superintendencia o recomendadas por los Expertos Técnicos Mineros a que hace referencia el artículo 38 que se hayan consignado en el Libro de Seguridad Minera y ratificadas por un fiscalizador. El Reglamento regulará la forma y contenido de dichos informes, así como los medios a través de los cuales deberán ser remitidos a la Superintendencia.

El primero de los señalados informes deberá enviarse dentro de los 30 días contados desde la consignación de la medida o de su ratificación, en conformidad a lo señalado en el inciso anterior. Los demás, deberán remitirse cada 30 días hasta la total ejecución de las medidas.

Los informes a que se refieren los incisos precedentes deberán ser enviados, asimismo, al Instituto de Seguridad Laboral o a las Mutuales de Empleadores a las que se encuentren adheridas las entidades empleadoras, según corresponda, y a la Inspección del Trabajo respectiva.

PÁRRAFO 3°

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD MINERA

Artículo 26.- Profesionales Responsables de los Proyectos Mineros. Cada faena minera deberá contar con la dirección o asesoría profesional de uno o más ingenieros de minas o metalurgistas, quienes serán responsables de la correcta elaboración, presentación y desarrollo de los proyectos mineros sometidos a la aprobación de la Superintendencia.

El número de Profesionales Responsables que deberán existir en cada faena minera se determinará de conformidad a los criterios técnicos que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general, en atención al número de trabajadores de la faena, el volumen de producción, el nivel de reservas, y otros aspectos geológicos y mineros de similar importancia a los antes indicados.

Artículo 27.- Encargados con competencias específicas. Los encargados de los explosivos, la electrificación, la fortificación, los combustibles y las instalaciones que utilicen fuentes radioactivas u otras sustancias peligrosas en la faena minera, deberán contar con conocimientos específicos en la respectiva materia, los que serán determinados por la Superintendencia mediante norma de carácter general, considerando el tonelaje de extracción, el número de trabajadores empleados, el tipo de faena minera, y otros criterios de similar relevancia técnica.

El reglamento podrá establecer un sistema de acreditación de dichas competencias.

Artículo 28.- Estatutos Internos de Operaciones en Faenas Mineras. Las empresas mineras estarán obligadas a incluir dentro del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad el tratamiento de las siguientes materias:

1. Tránsito de equipos, vehículos y personas;

2. Carguío y transporte de material;

3. Fortificación;

4. Perforación y tronadura;

5. Emergencias;

6. Uso, almacenamiento y transporte, al interior de la faena minera, de explosivos, combustibles y demás sustancias peligrosas;

7. Operación del método de explotación aprobado, y

8. Operaciones criticas de acuerdo a la evaluación de riesgos que haga la empresa.

El tratamiento de las materias señaladas deberá contemplar, al menos, los aspectos que la Superintendencia indique mediante norma de carácter general, dentro de los cuales se incluirán la delimitación de zonas peligrosas, los sistemas de seguridad de las instalaciones, la iluminación, los elementos de protección del personal y los procedimientos de emergencia y de evacuación.

Los Reglamento Internos deberán ser depositados en la Superintendencia, y si en ellos no se diere cumplimiento a lo señalado en este artículo, serán aplicables las sanciones contempladas en el artículo 63 de esta ley, sin perjuicio de las demás obligaciones o sanciones que corresponda en virtud del cumplimiento de otras normas.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo será sancionado por la Superintendencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley.

Artículo 29.- Prevención de consumo de alcohol y drogas estupefacientes. La Superintendencia velará por que en cada empresa minera exista una política de prevención de consumo de alcohol y del uso indebido de sustancias o drogas estupefacientes. Para cumplir dicho objetivo, la Superintendencia actuará en coordinación con los organismos públicos que tengan competencia en la materia.

Artículo 30.- Libro de Seguridad Minera. En cada faena minera habrá un Libro de Seguridad Minera, el que será llevado siempre por escrito y, adicionalmente, en caso que la empresa minera lo estime conveniente, por medios electrónicos.

En el Libro de Seguridad Minera se consignarán las actuaciones de fiscalización que se realicen en terreno, y las medidas correctivas ordenadas por el fiscalizador de la Superintendencia o recomendadas por los Expertos Técnicos Mineros.

Artículo 31.- Planos de la Faena Minera. Las empresas mineras deberán contar con planos actualizados de la faena minera, los que deberán incluir, a lo menos, la siguiente información:

1) Ubicación geográfica de la faena minera, con sus respectivas coordenadas, curvas de nivel, deslindes de pertenencias e indicación de las faenas vecinas o colindantes;

2) Ubicación de las distintas instalaciones de servicios y de apoyo, y de las vías fluviales, y características geográficas de la zona;

3) Plano general de la explotación de la mina con indicaciones de avances, accesos, instalaciones de servicios y de emergencia, y

4) Disposición de los circuitos eléctricos, sistemas de ventilación y salidas de emergencia, tratándose de minas subterráneas.

Los planos se dibujaran a una escala adecuada a la magnitud de la faena minera, en conformidad a las reglas que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

La orientación se hará según el norte U.T.M., con la indicación de la declinación local en cada año.

PÁRRAFO 4°

DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD MINERA

Artículo 32.- Permisos previos. La Superintendencia autorizará, basada en consideraciones técnicas que digan relación con la seguridad minera y tomando especialmente en cuenta el riesgo de accidentes mineros, la operación de los proyectos de explotación minera, las modificaciones significativas que éstos experimenten y los planes de cierre de las faenas mineras.

Asimismo, siempre que la aplicación de nuevas tecnologías modifique significativamente los métodos de explotación, dichas modificaciones deberán ser sometidas a la aprobación de la Superintendencia para efectos de seguridad minera.

La Superintendencia se pronunciará dentro de los 60 días siguientes a la presentación de los antecedentes que hicieren los interesados.

La correspondiente resolución aprobatoria contendrá los elementos esenciales de los proyectos aprobados, en concordancia con las exigencias y disposiciones que, para cada tipo de faena, establezca el Reglamento.

Artículo 33.- Inicio de la operación. Una vez aprobado el método de explotación y el plan de cierre de faenas mineras, la respectiva empresa minera comunicará por escrito a la Superintendencia, con no menos de quince días de anticipación, la fecha de inicio de las operaciones.

PÁRRAFO 5º

DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Artículo 34.- Programa de Fiscalización. La Superintendencia establecerá un Programa General Indicativo de Fiscalización de las faenas mineras del territorio nacional. El programa se fijará en el mes de Octubre de cada año para ser desarrollado en el año calendario siguiente.

El programa se determinará a partir de la cantidad de faenas existentes en las distintas áreas geográficas, considerando su distribución por región, provincia y comuna. En él se priorizarán las faenas mineras que, de acuerdo a criterios técnicos, presenten complejidades, altos porcentajes de operaciones críticas o incumplimientos regulatorios, y aquellas respecto de las cuales existan antecedentes que puedan causar alarma pública.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, las faenas mineras en que se incurra en infracciones gravísimas o en las que se produzcan accidentes a consecuencia de los cuales se generen los resultados señalados en el Nº 1 del artículo 48 y en el Nº 1 del artículo 49, ambos de esta ley, serán objeto de fiscalización prioritaria.

La Superintendencia podrá siempre ordenar fiscalizaciones aleatorias.

Artículo 35.- Valor Probatorio de las Fiscalizaciones. Los atestados de los funcionarios de la Superintendencia designados como fiscalizadores, referidos a hechos que hayan constatado en el ejercicio de sus funciones y que consten en las actas de fiscalización respectivas, constituirán una presunción cuya fuerza probatoria se apreciará de conformidad a las reglas de la sana crítica.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, se entenderá que los atestados suscritos por dos fiscalizadores de la Superintendencia que se hayan constituido en la respectiva faena minera, han sido emitidos por un ministro de fe.

Artículo 36.- Etapas de Fiscalización. La fiscalización comprenderá las siguientes etapas:

1) Etapa de Pre - Fiscalización. Corresponde a la revisión documental de las autorizaciones otorgadas, de los antecedentes relevantes, tales como las observaciones consignadas en el Libro de Seguridad Minera, de los actos de comunicación relativos a la faena, de los reglamentos, estatutos y procedimientos de trabajo, de las políticas de seguridad de la empresa, y de los programas de salud y seguridad;

2) Etapa de Fiscalización en terreno. Comprende las siguientes fases:

a) Reunión con la máxima autoridad de la faena para indicar los lugares que serán inspeccionados y designación de los encargados de dichas actuaciones;

b) Inspección de los elementos consignados en las aprobaciones de la faena y las demás ordenadas por la ley y sus reglamentos, y

c) Consignación en el acta de fiscalización, de la cual se dejará copia íntegra, en el Libro de Seguridad Minera, de las órdenes y recomendaciones, con indicación de las observaciones y acciones a cumplir, los plazos para cumplirlas y los responsables.

Asimismo, si durante la fiscalización en terreno el fiscalizador se percatare de un peligro grave e inminente para la seguridad dentro de la faena minera, podrá por la vía más expedita solicitar que el Superintendente determine el cierre total o parcial de la faena como medida preventiva, indicando expresamente el plazo o la condición que pondrá fin a dicho cierre.

3) Etapa de Post-Fiscalización. Corresponde a la verificación del cumplimiento de las órdenes y recomendaciones efectuadas en la etapa anterior.

Cada proceso de fiscalización deberá considerar como antecedentes iniciales los resultados de la etapa de Post - Fiscalización del proceso anterior.

Artículo 37.- Ejecución del Programa de Fiscalización. La Superintendencia ejecutará el Programa de Fiscalización a través de sus propios fiscalizadores, quienes podrán acceder a las faenas mineras en cualquier tiempo.

Artículo 38.- Los Expertos Técnicos Mineros. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Superintendente podrá encomendar la supervisión de los aspectos técnicos referidos a la seguridad minera de los proyectos, a técnicos acreditados en conformidad a esta ley, que se denominarán Expertos Técnicos Mineros.

El Superintendente designará anualmente, a uno o más de estos Expertos Técnicos Mineros para que concurran periódicamente a una determinada faena minera, de acuerdo al Programa de Fiscalización de la Superintendencia y con el objeto de comprobar el cumplimiento de las reglas establecidas por la presente ley y las normas dictadas conforme a ella, en materias de seguridad minera.

El Informe que elaborare el Experto Técnico Minero constituirá un elemento de juicio en los procesos de fiscalización, de investigación y sancionatorio.

Los Expertos Técnicos Mineros podrán recomendar la adopción de medidas correctivas, las que se consignarán en el Libro de Seguridad Minera en forma clara y precisa. Dichas medidas sólo podrán referirse a aspectos técnicos relativos a la seguridad minera. La empresa deberá dar cuenta a la Superintendencia, para efectos de lo dispuesto en el número 3) del artículo 36 de esta ley, sobre la forma en que se han cumplido esas medidas.

El Experto Técnico Minero que detecte antecedentes de la existencia de un peligro inminente para la integridad y seguridad de las personas en una faena minera, deberá ponerlos en conocimiento de la Superintendencia a la brevedad, para que ésta resuelva, en un plazo de 24 horas contado desde la comunicación, sobre las medidas provisorias para dicha faena. Asimismo, deberá remitir una copia de la referida comunicación a los organismos con facultades de fiscalización en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 39.- Auditoría Externa de Seguridad Minera. Las empresas mineras que efectuaren explotación o beneficio de minerales superior a 10.000 toneladas mensuales de producción bruta deberán contratar, a su costa, cada tres años, una auditoría externa de gestión de seguridad, efectuada por una Empresa de Auditoría Externa de Seguridad Minera, inscrita en el registro que al efecto llevará la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

PÁRRAFO 6º

DE LOS EFECTOS DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 40.- Publicidad de los resultados de la fiscalización. En el mes de Diciembre de cada año, la Superintendencia dará a conocer, por medios digitales, las estadísticas relativas a los actos de fiscalización, las medidas correctivas y los demás antecedentes relevantes correspondientes al respectivo período anual que señale el Reglamento.

La información referida en el inciso precedente deberá ser enviada, asimismo, a los organismos públicos con facultades de fiscalización en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 41.- Categorización. Anualmente, y a partir de los resultados objetivos de los procesos de fiscalización y de las Auditorías Externas de Seguridad Minera, la Superintendencia ubicará a las distintas empresas mineras en la categoría que les corresponda para efectos de seguridad minera, de conformidad a lo establecido en este párrafo.

El listado correspondiente será publicado en el mes de enero de cada año y se mantendrá inalterado por todo el transcurso del mismo, a menos que una empresa minera solicite su re-categorización de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de esta ley.

Además, la Superintendencia ordenará la colocación de los sellos correspondientes, de conformidad a lo señalado en el artículo siguiente, en un lugar visible al público a la entrada de la faena minera de que se trate.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, la Superintendencia podrá modificar la categorización de aquella empresa minera en la que ocurra un accidente como consecuencia del cual se produzca alguno de los resultados señalados en el Nº 1 del artículo 48 de esta ley.

Artículo 42.- Categorías. La Superintendencia ubicará a las empresas mineras en una de las siguientes categorías de conformidad a su comportamiento en relación a la seguridad minera:

a) Excelente. Se identificará con un sello de color azul;

b) Bueno. Se identificará con un sello de color verde;

c) Suficiente. Se identificará con un sello de color amarillo, y

d) Condicional. Se identificará con un sello de color rojo.

Los factores que considerará la Superintendencia para proceder a la ubicación referida en el inciso precedente serán los siguientes:

1) La tasa de accidentes con tiempo perdido calculada en relación al número de accidentes que generen incapacidad sobre cada millón de horas trabajadas en la respectiva faena minera;

1. El número de accidentes graves y gravísimos que se produzcan en el año calendario respectivo;

2. El número de sanciones aplicadas a la faena minera, según tipo de sanción;

3. El incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas y los casos de reincidencias, y

4. El cumplimiento de la obligación de informar en tiempo y forma.

La ponderación de los factores indicados en el inciso precedente será determinada por el Reglamento.

Artículo 43.- Programa de Medidas Correctivas y Plan de Regularización. Sin perjuicio de la multa que fuere procedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, las empresas mineras que se encuentren en Categoría Condicional, deberán acogerse al Programa de Medidas Correctivas determinado por la Superintendencia, el cual deberá ser implementado en los plazos y forma que ésta indique. En caso de incumplimiento, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones contempladas en el artículo 63 de la presente ley.

Una vez cumplido el Programa de Medidas Correctivas antes señalado, la empresa minera acordará con la Superintendencia un Plan de Regularización que contemplará todas las medidas correctivas necesarias para mejorar su categorización. Dicho Plan será evaluado en los plazos y forma que establezca la Superintendencia, la que, una vez cumplido, resolverá sobre la nueva categorización de la empresa minera.

Artículo 44.- Solicitud de Re-Categorización. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, las empresas mineras que adoptaren medidas específicas tendientes a mejorar la categoría en que se encuentran ubicadas para efectos de la seguridad minera, podrán solicitar, hasta dos veces por año calendario, que la Superintendencia revise la categorización vigente. El rechazo de esta solicitud deberá hacerse mediante resolución fundada.

Artículo 45.- Auto-Evaluación. Toda empresa minera deberá, empleando al efecto los medios que establezca la Superintendencia en coordinación con la Superintendencia de Seguridad Social en una norma de carácter general, realizar una autoevaluación de su comportamiento en materia de seguridad minera. La periodicidad de dicha auto-evaluación será determinada por la Superintendencia mediante una norma de carácter general.

El resultado de la auto-evaluación indicada en el inciso precedente deberá ser dado a conocer por la respectiva empresa dentro de los plazos que señale la Superintendencia en una norma de carácter general. El incumplimiento de esta obligación será considerado infracción grave y sancionado con multa por la Superintendencia, de conformidad a lo que se establece en el artículo 63 de esta ley.

Artículo 46.- Auto-Denuncia. Quedará exento de multa el infractor que concurra a las oficinas de la Superintendencia y denuncie, por primera vez, estar cometiendo cualquiera de las infracciones establecidas en la presente ley.

En caso que un infractor ya hubiese empleado este mecanismo, su utilización por segunda o tercera vez se traducirá en una rebaja de hasta un 75% y de hasta un 50% de la multa, respectivamente.

La exención y las rebajas señaladas en los incisos precedentes sólo procederán cuando el respectivo infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen la infracción, y haya cesado en la ejecución de los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar sus efectos negativos.

El infractor deberá presentar, asimismo, dentro de los 10 días siguientes a la interposición de la auto-denuncia, un programa de cumplimiento de medidas correctivas, el que estará sujeto a la aprobación de la Superintendencia de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de esta ley.

No habrá lugar a lo establecido en los incisos precedentes si la Superintendencia hubiese iniciado formalmente una investigación respecto de los mismos hechos, con anterioridad a la interposición de la auto-denuncia.

Artículo 47.- Concurso de sanciones. Cuando por unos mismos hechos se le pudieren aplicar, de conformidad a la legislación vigente, varias sanciones al infractor, sólo se aplicará la más grave de ellas.

PÁRRAFO 7º

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 48.- Infracciones Gravísimas. Para efectos de esta ley constituyen infracciones gravísimas, los hechos, actos u omisiones que:

1) Contravengan la normativa de seguridad minera y, como consecuencia de lo anterior, se produzcan accidentes mineros que causen la muerte, o alguna de las lesiones previstas en el Nº 1 del artículo 397 del Código Penal, o una explosión en una operación minera, sin importar en este último caso, si se han producido o no lesiones;

2) Contravengan grave o reiteradamente las resoluciones aprobatorias del funcionamiento de una faena minera, o los estatutos de operación de la misma;

3) Constituyan reincidencia o reiteración de infracciones graves.

Artículo 49.- Infracciones Graves. Para efectos de esta ley constituyen infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que:

1) Contravengan la normativa de seguridad minera y , como consecuencia de lo anterior, se produzcan accidente mineros que causen alguna de las lesiones previstas en el Nº 2 del artículo 397 del Código Penal, o un incendio que produzca la evacuación de personas o genere daño significativo a las estructuras de la faena minera o a su equipamiento, o una inundación, golpe o caída de materiales o equipos que produzcan lesiones a personas o evacuación de un área significativa de la faena minera, o un accidente que produzca daño grave en las instalaciones de las faenas mineras;

2) Contravengan la normativa de seguridad minera y representen un peligro grave e inminente para la salud o seguridad de las personas;

3) Contravengan las resoluciones de la Superintendencia que recaigan sobre aspectos relevantes en materias de seguridad minera;

1. Representen el incumplimiento de los procedimientos de emergencia;

2. Nieguen el ingreso de los fiscalizadores de la Superintendencia a una faena minera;

6) Representen la omisión falsedad o entrega maliciosamente incompleta, de información relevante para el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, y

7) Constituyan reincidencia o reiteración de infracciones menos graves, dentro del mismo año calendario.

Artículo 50.- Infracciones Menos Graves. Son infracciones menos graves todos aquellos hechos, actos u omisiones que contravengan la normativa vigente en materia de seguridad minera y no estén incluidos en los dos artículos anteriores.

Artículo 51.- Incumplimiento de medida ordenada por fiscalizador. El incumplimiento por parte de la empresa minera de una medida ordenada por el fiscalizador de conformidad a lo dispuesto en esta ley, constituirá una infracción grave o menos grave, según la magnitud del riesgo que dicho incumplimiento genere.

PÁRRAFO 8º

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Artículo 52.- Inicio del procedimiento. El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por:

1) El aviso que diere la respectiva empresa minera de la ocurrencia en sus faenas de un accidente;

2) La denuncia que formule cualquier persona ante las autoridades de la Superintendencia;

3) La denuncia formulada empleando el mecanismo contemplado en el artículo 60 de esta ley, y

4) De oficio, cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna de las infracciones señaladas en esta ley.

Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o mediante apoderado en conformidad al artículo 22 de la Ley Nº 19.880. Asimismo, ellas deberán contener una descripción de los hechos específicos que se estiman constitutivos de la infracción que se denuncia, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio en la medida que, a juicio de la Superintendencia, ella esté revestida de seriedad y tenga mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor o el archivo de la denuncia por resolución fundada, notificando de ello al denunciante. La resolución que ordene el archivo de la denuncia, podrá impugnarse de conformidad a lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes de esta ley.

Artículo 53.- Adopción de medidas provisionales. Iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, su instructor podrá solicitar fundadamente al Superintendente , y con el único fin de evitar riesgos graves para la seguridad minera, la adopción, en carácter de provisional, de una o más medidas correctivas de aquellas mencionadas en el artículo 63 de esta ley.

Las medidas que se decreten en conformidad a lo indicado en el inciso precedente, serán esencialmente temporales y su duración no excederá de 30 días. Su renovación deberá ser solicitada fundadamente por el instructor al Superintendente quien, si accede a ello, deberá hacerlo por resolución fundada.

Artículo 54.- Instructor del procedimiento. La instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio se realizará por un funcionario de la Unidad de Investigación de la Superintendencia que recibirá el nombre de Instructor. El Instructor será designado por el Superintendente , dictará resoluciones en su nombre, y no podrá delegar sus funciones y atribuciones.

Artículo 55.- Desarrollo de la instrucción del procedimiento. La instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio comenzará con la notificación al presunto infractor de una formulación precisa de cargos por parte del Instructor, confiriéndole un plazo de 10 días para formular sus descargos. Dicha notificación se hará, personalmente o por cédula.

La formulación de cargos contendrá una descripción precisa y clara de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, de la norma, circular, instrucción o resolución eventualmente infringida, de la disposición legal que contempla la respectiva infracción y de las sanciones que la ley le asigna.

Salvo el caso de la notificación de la formulación de cargos señalado en el inciso primero de este artículo, las demás resoluciones podrán ser notificadas personalmente, por cédula, por carta certificada al domicilio que las partes hayan señalado en su respectiva presentación, o por medios electrónicos, cuando así lo hayan solicitado expresamente. En este caso, se dejará debida constancia de haberse practicado la notificación en la forma solicitada.

En el caso de las notificaciones por carta certificada, se entenderá perfeccionada transcurridos tres días desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de Correos de Chile.

El Superintendente podrá encomendar la notificación personal y por cédula a funcionarios de la Superintendencia, quienes, para estos efectos, tendrán el carácter de ministros de fe.

En todo lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley Nº 19.880.

Artículo 56.- Diligencias probatorias. Recibidos los descargos del presunto infractor o transcurrido el plazo otorgado para ello, el Instructor podrá ordenar, a costa de la Superintendencia, la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes. También podrá ordenar la recepción de los demás medios probatorios que procedan.

En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, se las rechazará mediante resolución fundada.

El término probatorio será de ocho días. Podrá ser ampliado mediante resolución fundada, pero en caso alguno podrá exceder de 15 días.

En el caso de rendirse prueba testimonial, el Instructor podrá fijar, mediante resolución fundada, un número máximo de testigos por punto de prueba. En la audiencia testimonial las partes podrán formular preguntas de credibilidad, interrogar y contrainterrogar directamente a los testigos, y podrán solicitar al instructor la objeción de determinadas preguntas. En todo caso, el Instructor tendrá en dicha audiencia la facultad de formular, por sí mismo, preguntas de credibilidad a los testigos, de interrogarlos y contrainterrogarlos. El testimonio será dado bajo juramento o promesa de decir verdad ante el Instructor.

En caso de recibirse prueba confesional, el Instructor ordenará acompañar pliego de posiciones en sobre cerrado al menos un día hábil con anterioridad a la audiencia. El Instructor abrirá el sobre en la audiencia y leerá las posiciones. El Instructor y las partes podrán pedir que el declarante aclare sus dichos. Si el citado a declarar no comparece o si, compareciendo, se niega a responder o da respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el pliego de posiciones.

Para los efectos de las pruebas testimonial y confesional señaladas en los incisos precedentes, el Instructor tendrá carácter de ministro de fe.

Artículo 57.- Medios de prueba. Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 58.- Dictamen del Instructor. Concluidas las diligencias señaladas en los artículos precedentes, el Instructor emitirá, dentro de cinco días, un dictamen que deberá contener la individualización del o de los presuntos infractores, la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, y la proposición a la Unidad Sancionatoria de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución, en caso que la considerase procedente.

Artículo 59.- Propuesta de la Unidad Sancionatoria. Emitido el dictamen, el Instructor elevará los antecedentes a la Unidad Sancionatoria, la que propondrá al Superintendente , dentro de 10 días, las sanciones o absoluciones que a su juicio correspondan. El Superintendente resolverá en el plazo de 15 días, dictando al efecto una resolución fundada.

No obstante lo indicado en los artículos precedentes, tanto el Superintendente como la Unidad Sancionatoria, podrán ordenar al Instructor la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos, y dando audiencia al presunto infractor.

Ninguna persona podrá ser sancionada por hechos distintos de aquellos contemplados en la formulación de cargos.

Artículo 60.- Denuncia ciega. Cualquier trabajador o contratista podrá denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de las normas sobre seguridad en una faena minera, que amenace de forma grave e inminente a las personas que se desempeñan en ella. La individualización de quien efectuare la denuncia tendrá el carácter de información secreta o reservada para los efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 20.285.

El respectivo expediente administrativo de investigación se iniciará con los antecedentes proporcionados por el denunciante, sin la indicación de su identidad, la que será mantenida en reserva por el Superintendente .

La Superintendencia resolverá sobre el mérito de la denuncia y adoptará las acciones que estime procedentes.

A quien efectuare una denuncia en los términos establecidos en este artículo, de mala fe y con el propósito de lesionar la reputación de la empresa minera denunciada, se le aplicará una multa de entre 50 y 500 Unidades Tributarias Mensuales. En caso que la denuncia ciega hubiere sido efectuada, además, con el objeto de obtener un beneficio para sí o para terceros, la multa se podrá elevar hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

PÁRRAFO 10º

DE LOS APREMIOS Y SANCIONES

Artículo 61.- Apremios. Respecto de la infracción señalada en el número 5 del artículo 49, la Superintendencia podrá aplicar las sanciones establecidas en los números 1), 2) y 3) del artículo 63 de esta ley.

Si luego de la aplicación de al menos dos sanciones por la infracción señalada en el inciso anterior, la empresa minera impidiera u obstaculizare nuevamente el ejercicio de las funciones de fiscalización, la Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria arresto de hasta por 15 días renovables, a fin de obtener el cumplimiento y ejecución de dichas funciones en la forma descrita por la presente ley.

Procederá igualmente este apremio en contra de las personas que, habiendo sido citadas bajo apercibimiento por la Superintendencia, sin causa justificada no concurran a declarar, y respecto de los Conservadores que no dieren oportuno cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Nº 15 del artículo 7º de esta ley y en el artículo 106 del Código de Minería.

El tribunal competente para conocer de estos apremios, a requerimiento de la Superintendencia, será el del domicilio del infractor.

En caso que fuera estrictamente necesario para los efectos de resguardar la vida e integridad física de las personas, en cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia podrá solicitar directamente al Juez de Garantía que corresponda, el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 62.- Declaraciones falsas. Las personas que rindan declaraciones falsas ante la Superintendencia incurrirán en las penas que establece el artículo 210 del Código Penal.

Artículo 63.- Sanciones. De acuerdo a lo establecido en esta ley, la Superintendencia podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones:

1) Amonestación;

2) Censura por escrito;

3) Multa a beneficio fiscal de hasta 10.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 48 a 50 de esta ley, las infracciones gravísimas se sancionarán con multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Mensuales, las infracciones graves con multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, y las infracciones menos graves, con multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

En todo caso, la reiteración de un mismo tipo de infracción, entre las cuales no medie un período superior a 12 meses, permitirá elevar hasta el doble los límites señalados en este numeral;

4) Ordenar el cierre temporal del todo o parte de una faena minera, en caso de infracciones gravísimas o graves por un plazo máximo de 30 días, prorrogable hasta dos veces por el mismo período por resolución fundada. La Superintendencia podrá poner sellos de forma de hacer efectiva esta sanción.

Para la calificación de las infracciones se estará a lo dispuesto en los artículos 48 a 50 de esta ley.

El monto específico de la multa a que se refiere el número 3), se determinará apreciando fundadamente la gravedad y las consecuencias del hecho, el número de personas que fueron puestas en riesgo y si el infractor hubiere cometido otras infracciones de cualquier naturaleza en los últimos veinticuatro meses. Esta última circunstancia no se tomará en consideración en aquellos casos en que la reiteración haya determinado por sí sola el aumento del monto de la multa básica.

Para los efectos de lo establecido en el numeral 4) del presente artículo, la Superintendencia podrá interponer sellos.

Si decretado el cierre temporal de la faena, de acuerdo a lo dispuesto en el número 4) de este artículo, se realizaren actividades productivas en la faena minera, quien estuviere a cargo de dichas actividades será castigado con multas de hasta 3.000 Unidades Tributarias Mensuales si la hubiere motivado una infracción grave, o de hasta 6.000 Unidades Tributarias Mensuales, si la hubiere motivado una infracción gravísima.

Artículo 64.- Clausura de la Faena. Sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo anterior, la Superintendencia podrá ordenar la clausura de la faena minera en caso que ella presente deficiencias de seguridad que pongan en riesgo grave la vida, la salud o la integridad física de las personas, siempre que se le hubiere impuesto al menos por una vez, por infracción gravísimas, la sanción de cierre total o parcial, y que ésta se encuentre firme o ejecutoriada. Dicha clausura se materializará mediante la interposición de sellos.

Para poder optar a la reapertura de la Faena, la empresa minera deberá someterse a un Programa de Medidas Correctivas y un Plan de Regularización, determinado por la Superintendencia, en el cual se establecerán, con claridad y precisión los requisitos y etapas en las que podrá reanudarse total o parcialmente la actividad dentro de la faena minera clausurada.

Artículo 65.- Determinación y pago de las multas. El monto de las multas aplicables de conformidad a esta ley será fijado por el Superintendente y deberá ser enterado en las oficinas de la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde que quede firme o ejecutoriada la resolución de la Superintendencia que las fije, ingresándose los comprobantes respectivos en sus oficinas dentro de quinto día de efectuado el pago.

Artículo 66.- Retardo en el pago de las multas. El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia, en conformidad a la ley, devengará los intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 67.- Prescripción. Transcurridos tres años de cometida una infracción determinada, sin que la Superintendencia haya impuesto alguna de las sanciones contempladas en el artículo 63 de esta ley, se entenderá, para todos los efectos, que éstas han prescrito. Esta prescripción se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Las sanciones administrativas aplicadas de conformidad a esta ley, prescribirán a los tres años desde la fecha en que se certifique que la respectiva resolución sancionatoria ha quedado firme y ejecutoriada.

Esta prescripción se suspenderá por la notificación del respectivo procedimiento de ejecución o de la formulación de cargos por incumplimiento, según la naturaleza de la sanción aplicada.

Artículo 68.- Agravante. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53 de esta ley, el incumplimiento de una medida ordenada por el fiscalizador o la negativa a cumplir las medidas correctivas recomendadas por los Expertos Técnicos Mineros de conformidad a lo dispuesto en esta ley, y en caso de ser procedente la aplicación de sanciones, será un antecedente que deberá tomarse en cuenta para efectos de aumentar la sanción que correspondería aplicar.

Artículo 69.- Comercialización de material extraído sin autorización. Quien participare en la compra o cualquier otra forma de comercialización de minerales cuyo origen sea una faena minera que no cuente con el sello que, de acuerdo a lo establecido en el reglamento, certifique las aprobaciones requeridas por la legislación vigente, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y la multa correspondiente a una infracción grave de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de esta ley.

Para aquel de los partícipes señalados en el inciso precedente que denunciare los hechos a la Superintendencia, se estimará un antecedente que deberá tomarse en cuenta para efectos de atenuar la sanción específica que correspondería aplicar.

El reglamento establecerá los criterios según los cuales se entregarán los sellos de certificación, los que deberán contemplar, entre otros, la existencia de algún título habilitante para la extracción de mineral y, la aprobación del método de explotación. Asimismo, establecerá la tramitación específica para la obtención de dicho sello de certificación ante la Superintendencia.

Artículo 70.- Informe Técnico. El Superintendente , a requerimiento de la autoridad competente, emitirá el informe técnico de que trata el artículo 8 de la presente ley, el que deberá ser considerado al momento de resolver sobre la reanudación de una faena minera o parte de ella cuando la misma haya sido paralizada a consecuencia de un accidente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 16.744.

PÁRRAFO 11º

DE LOS REGISTROS

Artículo 71.- Registro Público de Expertos Técnicos Mineros . Los Expertos Técnicos Mineros deberán estar inscritos en el Registro Público que a tal efecto llevará la Superintendencia.

La persona que desee inscribirse en el Registro de Expertos Técnicos Mineros deberá:

1. Contar con título profesional relacionado con las ciencias vinculadas a la industria minera, tales como ingeniería en minas, ingeniería de ejecución en minas o geología, y

2. Acreditar experiencia en el área por al menos un año.

Artículo 72.- Registro Público de Auditores Externos de Seguridad Minera . La Superintendencia deberá mantener un Registro Público de Auditores Externos de Seguridad Minera , en el cual deberá inscribir a todos aquellos que así lo soliciten y que cumplan con los siguientes requisitos:

1) Contar con un título profesional calificado para estos efectos, el que será determinado por la Superintendencia mediante norma de carácter general, de una carrera universitaria o técnica de duración no inferior a 8 semestres, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional reconocida por el Estado y, asimismo, con más de 3 años de experiencia en materias relacionadas con la actividad minera.

En caso de estar constituido como persona jurídica, deberá indicar la o las personas naturales facultadas para efectuar la correspondiente auditoría externa de seguridad minera, las que deberán contar con los requisitos antes indicados, y

2) Acompañar en la solicitud copia de las normas de procedimiento, control y análisis de auditoría; las normas de confidencialidad; el manejo de la información privilegiada o reservada, la solución de conflictos de intereses, y la forma de garantizar la independencia de sus informes. En caso de estar constituido como persona jurídica, deberá entregar copia del reglamento interno de la persona jurídica que establezca las normas y procedimientos indicados.

En los demás aspectos relativos a las Empresas de Auditoría Externa de Seguridad Minera se aplicarán, en lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley, las normas contenidas en los artículos 239 a 249 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores.

Artículo 73.- Inhabilidad. No podrán actuar como Expertos Técnicos Mineros ni como Auditores Externos de Seguridad Minera respecto de una determinada empresa quienes carezcan de independencia de juicio respecto de la misma, en los términos establecidos en la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, para las Empresas de Auditoría Externa.

Los Expertos Técnicos Mineros y los Auditores Mineros que ejerzan sus funciones con negligencia manifiesta o dolosamente, serán eliminados del Registro y no podrán reinscribirse en él, sino transcurrido el plazo de 5 años, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que fueren procedentes.

Artículo 74.- Sanciones. Tratándose de Expertos Técnicos Mineros, Auditores Externos y otras personas nombradas o autorizadas por la Superintendencia para ejercer determinadas funciones o actuaciones en virtud de lo establecido en la presente ley, que incurrieren en faltas graves al debido cumplimiento de sus deberes, les podrán ser aplicadas las siguientes sanciones en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 52 y siquientes en lo que le fuere aplicable:

1) Suspensión de su cargo hasta por un año, y

2) Revocación de su autorización o nombramiento.

PÁRRAFO 12º

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 75.- Expertos en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera. Para tener la calidad de Experto en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera se requerirá aprobar un curso dictado al efecto por la Superintendencia.

Los Expertos en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera se clasificarán en las siguientes categorías:

1) Categoría A. Corresponderá a quienes tengan el título profesional de Ingeniero Civil, Constructor Civil , Ingeniero en Ejecución en Minas o Geólogo y acrediten al menos 3 años de experiencia profesional en operaciones de la industria minera o de hidrocarburos;

2) Categoría B. Corresponderá a quienes tengan uno de los títulos profesionales indicados en el numeral anterior, o el título de técnico en prevención de riesgos, y acrediten un año de experiencia profesional en operaciones de la industria minera o de hidrocarburos, y

3) Categoría C. Corresponderá a quienes hayan aprobado el curso correspondiente dictado por la Superintendencia de acuerdo a lo señalado en el inciso primero de este artículo.

La Superintendencia determinará, mediante norma de carácter general, el curso específico que deberá aprobar cada Experto en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera, según cada categoría.

Artículo 76.- Obligación de contar con un Experto en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera. Aquellas faenas mineras que cuenten con más de 100 trabajadores, o cuya producción sea superior a 10.000 toneladas mensuales de extracción o beneficio, deberán contar con un Experto en Prevención de Riesgos en la Actividad Minera.

Artículo 77.- De la capacitación minera. La Superintendencia fomentará la existencia de cursos periódicos de capacitación en prevención de riesgos en la actividad minera, incluyendo materias como fortificaciones, riesgos eléctricos, explosivos y las demás que se consideren necesarias. Para ello, la Superintendencia podrá encargar a terceros, vía licitación, la dictación de tales cursos, asociarse con terceros al objeto o dictarlos directamente.

La Superintendencia podrá determinar que trabajadores que se desempeñen en faenas mineras deben asistir a los cursos de inducción referidos en el inciso anterior, en cuyo caso, dichos cursos serán gratuitos.

TÍTULO III

“DE LA IMPUGNACIÓN Y LOS RECURSOS”

Artículo 78.- Recurso de Reposición. En contra de las resoluciones o instrucciones que dicte el Superintendente podrá deducirse recurso de reposición ante esa misma autoridad, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la respectiva resolución o instrucción.

La Superintendencia deberá pronunciarse sobre el recurso en el plazo de cinco días hábiles contados desde su interposición.

Artículo 79.- Recurso de Reclamación. En contra de la resolución que deniegue la reposición señalada en el artículo precedente, el afectado podrá deducir recurso de reclamación, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente, la que deberá pronunciarse en cuenta sobre la admisibilidad del reclamo y si éste ha sido interpuesto dentro del término legal. Admitida la reclamación, la Corte dará traslado por quince días hábiles a la Superintendencia.

Evacuado el traslado, la Corte ordenará traer los autos en relación, agregándose la causa en forma extraordinaria a la tabla del día siguiente, previo sorteo de Sala cuando corresponda. Si el tribunal no decretare medidas para mejor resolver, dictará sentencia dentro del plazo de treinta días, y si las ordenare, en el plazo de diez días de evacuadas ellas.

Artículo 80.- Resoluciones de la Superintendencia. Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo.

La notificación de la interposición del recurso indicado en el artículo 79 no suspende los efectos de lo ordenado por la Superintendencia, sin perjuicio de la facultad del tribunal para decretar una orden de no innovar. Las resoluciones que apliquen multa, cancelen o denieguen el registro de una Institución, solo deberán cumplirse una vez ejecutoriada la resolución respectiva.

La Superintendencia estará exenta de la obligación de efectuar consignaciones judiciales.”.

Artículo Segundo. Apruébase el siguiente texto de la Ley del Servicio Geológico de Chile.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. El Servicio. Créase el Servicio Geológico de Chile, en adelante “El Servicio”, como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Minería.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, y se desconcentrará territorialmente de conformidad a lo que establezca su Director Nacional, quien podrá establecer oficinas en una o más de las regiones del país, según lo estime conveniente a las necesidades del Servicio.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882 y estará sometido al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

Artículo 2º. Objeto del Servicio. El Servicio Geológico de Chile tendrá por objeto principal la realización de las siguientes tareas:

1) Efectuar investigación geológica en el territorio nacional;

2) Desarrollar planes geológicos;

3) Elaborar estadísticas de recursos y reservas minerales;

4) Estudiar riesgos geológicos;

5) Efectuar análisis científicos y técnicos en el ámbito de su competencia, y

6) Servir de asesor técnico especializado del Gobierno en materia geológica.

TÍTULO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 3º. Funciones y atribuciones del Servicio. Corresponderán al Servicio Geológico de Chile las siguientes funciones y atribuciones:

1. Elaborar la Carta Geológica de Chile y las Cartas Temáticas Básicas, tales como Tectónica, Metalogénica y otras, de acuerdo a las políticas fijadas por la autoridad competente, atendidos los recursos económicos y la tecnología disponible, y efectuando para ello la investigación geológica que sea necesaria;

2. Generar, mantener y difundir información geológica sobre la existencia, desarrollo y conservación de los recursos minerales del país;

3. Confeccionar, actualizar y publicar el inventario de las reservas minerales nacionales;

4. Recopilar los datos geológicos disponibles de uso general y mantener actualizado un Archivo Geológico Nacional;

5. Requerir de los sujetos que obtengan información geológica relevante y de los organismos públicos que ejerzan atribuciones de fiscalización en relación a la actividad geológica, las informaciones, datos y antecedentes que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente ley;

6. Realizar, coordinar e incentivar el desarrollo de estudios e investigaciones geológicas para los procesos de planificación de uso del suelo, y para las acciones de prevención de riesgos geológicos, tales como inundaciones, remociones en masa, sismos y erupciones volcánicas;

7. Mantener y difundir información sobre los factores geológicos que condicionan el almacenamiento, escurrimiento y conservación de las aguas, vapores y gases subterráneos a lo largo del territorio nacional;

8. Desarrollar el Programa de Red Nacional de Vigilancia Volcánica, a través de la generación y divulgación de información sobre volcanes activos, y del monitoreo instrumental de los mismos.

9. Mantener y actualizar el catastro de fuentes termales del país;

10. Realizar, por si o a través de terceros, análisis científicos o técnicos en materias geológicas;

11. Emitir informes técnicos para colaborar con el Ministerio de Energía en el proceso de otorgamiento de las concesiones de energía geotérmica de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.657;

12. Dar asistencia técnica a los órganos públicos que lo requieran en casos de emergencias derivadas de riesgos geológicos;

13. Asesorar a las autoridades competentes en la formulación de políticas públicas y proponer la dictación de normas jurídicas o técnicas en el ámbito geológico.

14. Celebrar convenios de asistencia técnica y efectuar estudios, investigaciones y ase-sorías en materias de su competencia, y

15. Las demás facultades que otras leyes le confieran.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN INTERNA

Artículo 4º. Director Nacional. El Director Nacional del Servicio será el jefe superior del mismo y tendrá su representación legal. Su designación corresponderá al Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.882.

Artículo 5º. Atribuciones del Director Nacional . Corresponderá especialmente al Director Nacional del Servicio:

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio;

2. Establecer la organización interna del Servicio para el logro de los objetivos planteados para el mismo;

3. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Servicio;

4. Establecer oficinas regionales con el objetivo de cumplir los fines del Servicio;

5. Aprobar el Programa Anual de Trabajo del Servicio y publicar su contenido.

6. Proponer anualmente, a través del Ministerio de Minería, el presupuesto del Servicio;

7. Designar, contratar al personal del Servicio y asignarle sus funciones. Asimismo, podrá contratar profesionales, técnicos o expertos, a honorarios, cuando las necesidades del Servicio así lo requieran;

8. Ejecutar toda clase de actos y convenciones que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Servicio;

9. Convenir con el Ministerio de Minería, la Superintendencia de Minería y los demás órganos de la Administración del Estado, la transferencia de información y antecedentes que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

10. En general, dictar las resoluciones y ejercer facultades legales necesarias para su adecuado funcionamiento.

Artículo 6º. Memoria. El primer trimestre de cada año, el Director Nacional presentará una Memoria y Cuenta Anual de las actividades desarrolladas por el Servicio el año calendario anterior. Ella contendrá la comparación del Programa Anual de Trabajo indicado en el número 5 del artículo precedente y los resultados efectivamente obtenidos en el período. La Memoria deberá ser publicada por los medios que determine el Director Nacional y aseguren su circulación a nivel nacional.

Artículo 7º. Personal. El personal del Servicio se regulará por las normas de esta ley y por las de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El personal a contrata del Servicio podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Director Nacional.

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Director Nacional, con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna del Servicio y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Las remuneraciones del Servicio Geológico de Chile se fijarán de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 9° del decreto ley N° 1.953, de 1977.

Artículo 8º. Obligación de reserva. Los funcionarios del Servicio y las personas que le presten servicios de cualquier naturaleza y bajo cualquier modalidad de contratación, deberán guardar reserva de los documentos y antecedentes de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos. La infracción de esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones administrativas que sean procedentes.

Artículo 9. Patrimonio. El patrimonio del Servicio Geológico de Chile estará constituido por:

1) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos;

2) Los recursos que otras leyes generales o especiales le otorguen;

3) Los bienes raíces y muebles, corporales o incorporales, que se le asignen, transfieran o adquiera, a cualquier título, y los frutos de tales bienes;

4) Los aportes que reciba en virtud de programas cooperación internacional;

5) Con las donaciones que se le hagan, las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

6) El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución del Director Nacional, y

7) El producto de la venta de bienes o servicios que realice, como asimismo de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.”.

Artículo Tercero. Agréganse al artículo 5º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 302, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Disposiciones Orgánicas y Reglamentarias del Ministerio de Minería, los literales siguientes:

“j. Pronunciarse acerca del traspaso o la constitución de derechos a favor de terceros en concesiones mineras de la Corporación Chilena del Cobre, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 19.137.

k. Elaborar un informe referido a la gestión financiera de la Corporación Nacional del Cobre o en las empresas mineras del cobre en que ésta tenga participación, debiendo remitir una copia del mismo al Ministro de Hacienda . Para ello, el Ministerio deberá realizar, por sí o a través de terceros, auditorías financieras a dichas empresas. Se entenderá que el informe contiene información de carácter comercial o económico para dichas empresas, a menos que señalen expresamente lo contrario.

l. Requerir de la Corporación Nacional del Cobre o en las empresas mineras del cobre en que ésta tenga participación, la información que considere indispensable para realizar la evaluación a que se refiere el numeral precedente, fijando un plazo para la entrega de la misma.”.

Artículo Cuarto. La Superintendencia de Minería , en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le confieren, será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Servicio Nacional de Geología y Minería, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al Servicio Nacional de Geología y Minería se entenderán efectuadas a la Superintendencia de Minería.

El Servicio Geológico de Chile, en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le confieren, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Geología y Minería, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al Servicio Nacional de Geología y Minería se entenderán efectuadas al Servicio Geológico de Chile.

El Ministerio de Minería será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal de Comisión Chilena del Cobre, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas, a la Comisión Chilena del Cobre se entenderán efectuadas al Ministerio de Minería.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Minería, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda , las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta del personal de la Superintendencia de Minería. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Servicio Nacional de Geología y Minería y proveniente de la Comisión Chilena del Cobre. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios que son titulares de cargos de planta de las referidas instituciones. La planta que se fije podrá consultar una o más Intendencias.

2) Fijar la planta de personal del Servicio Geológico de Chile. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Servicio Nacional de Geología y Minería.

En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Servicio Nacional de Geología.

3) Disponer el traspaso, sin solución de continuidad, y en la misma calidad jurídica, de funcionarios de planta y a contrata desde el Servicio Nacional de Geología y Minería y de la Comisión Chilena del Cobre a la Superintendencia de Minería y al Servicio Geológico de Chile. Del mismo modo, se podrá traspasar personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, desde la Comisión Chilena del Cobre a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Minería de Minería, transfiriéndose asimismo los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) El traspaso del personal titular de planta y a contrata, se efectuará en el mismo nivel o categoría de remuneraciones que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado, nivel o categoría cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado.

En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica. En cambio, la individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ” por intermedio del Ministerio de Minería. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

5) En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como, las contempladas en el artículo 5º de la Ley Nº 19.528 y del artículo 17 de la Ley Nº 18.091, cuando corresponda, el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la Ley Nº 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 18.834. Además, establecerá las normas de encasillamiento del personal en las plantas que fije. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de las nuevas plantas, que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado conforme a los numerales 3) y 4) precedente, una vez que estos funcionarios dejen de ocupar dicho cargo por cualquier causal.

6) El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de la Superintendencia de Minería y del Servicio Geológico de Chile, las cuales no estarán afectas a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del Estatuto Administrativo, respecto de los empleos a contrata incluidos en estas dotaciones. Con todo, sólo podrá incrementar hasta en 24 cargos, la suma de las dotaciones máxima de personal de las instituciones antes señaladas no podrá exceder a la suma de las dotaciones máximas de personal del Ministerio de Minería y las instituciones y servicios dependientes o relacionados con éste, que se contemplen en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año en que se ejerza la facultad.

7) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento;

b) No podrá significar cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa;

c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento;

8) El Presidente de la República determinará la fecha de iniciación de actividades de la Superintendencia de Minería y del Servicio Geológico de Chile. Además, determinará la fecha de supresión de la Comisión Chilena del Cobre y del Servicio Nacional de Geología y Minería.

9) El Presidente de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Servicio Nacional de Geología y Minería y de la Comisión Chilena del Cobre a la Superintendencia de Minería o al Servicio Geológico de Chile, en su caso.

Artículo Segundo.- Los altos directivos públicos del Servicio Nacional de Geología y Minería y de la Comisión Chilena del Cobre que estuvieren ejerciendo un cargo en dichas instituciones y que sean traspasados a la Superintendencia de Minería o al Servicio Geológico de Chile, en su caso, continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.

Artículo Tercero.- El Presidente de la República , por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Minería y del Servicio Geológico de Chile, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo Cuarto.- A partir de la fecha de publicación de la presente ley, el Presidente de la República podrá nombrar, transitoria y provisionalmente, conforme a lo dispuesto en el Título VI de la Ley Nº 19.882, al Superintendente de Minería , quien asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública. En tanto no inicie sus actividades dicha Superintendencia, la remuneración del Superintendente será el equivalente a la que corresponda al cargo Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, ésta se financiará con cargo al presupuesto correspondiente al presupuesto del Ministerio de Minería y/o de sus servicios dependientes o relacionados.

Artículo Quinto.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de la presente ley durante el año 2011, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Minería y de sus servicios dependientes y/o relacionados.

Artículo Sexto.- La disposición contenida en el artículo 69 de la Ley General de Minería cuyo texto se establece mediante el Artículo Primero de esta ley, comenzará a regir dos años después de la publicación de la misma en el Diario Oficial.

Artículo Séptimo.- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación de la presente ley, deberá dictarse el Nuevo Reglamento sobre Seguridad Minera. Durante dicho período se mantendrá vigente el Reglamento de Seguridad Minera contenido en el Decreto Supremo N° 132 de 2002, en todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley.

Artículo Octavo.- Los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la supresión del Servicio Nacional de Geología y Minería, seguirán tramitándose conforme a las normas de dichos procedimientos.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO , Ministro de Hacienda (S); TEODORO RIBERA NEUMANN , Ministro de Justicia ; EVELYN MATTHEI FORNET , Ministra del Trabajo ; JAIME MAÑALICH MUXI , Ministro de Salud ; HERNÁN DE SOLMINIHAC TAMPIER , Ministro de Minería .”

Informe Financiero

Proyecto de Ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera

Mensaje N° 134-359

I. Antecedentes.

A través del presente proyecto de ley se perfeccionan dos ejes fundamentales de la actividad minera: la institucionalidad a cargo de la fiscalización de la actividad, y las normas que regulan la seguridad minera. Para ello, se propone la dictación de una Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, que incorpora en un solo texto las instituciones públicas que estarán relacionadas con la actividad minera, distintas del Ministerio de Minería.

II. Ejes del Proyecto de Ley Institucionalidad

Se propone la creación de la Superintendencia de Minería, que absorberá a la Subdirección Nacional de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y se crea el Servicio Geológico de Chile, que sustituirá las funciones que hoy en día corresponden a la Subdirección Nacional de Geología del Sernageomin.

La Superintendencia será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Minería. Los funcionarlos de la Superintendencia estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). Su función fundamental será velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad minera. El proyecto establece que los organismos sectoriales que tengan facultades de fiscalización deberán respetar los criterios técnicos que establezca la Superintendencia en materias de seguridad minera. Por otra parte, corresponderá a esta Superintendencia autorizar, basada en consideraciones técnicas que digan relación con la seguridad minera y tomando especialmente en cuenta el riesgo de accidentes mineros, la operación de los proyectos de explotación minera, las modificaciones significativas que éstos experimenten y los planes de cierre de las faenas mineras.

Un Superintendente, nombrado por el Presidente de la República , de acuerdo al SADP, será el jefe superior de la Superintendencia y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Respecto de su estructura, la Superintendencia deberá contar al menos con una unidad de fiscalización, runa, unidad de investigación y, una unidad sancionatoria.

Al Servicio Geológico de Chile corresponderá efectuar investigaciones geológicas en el territorio nacional; desarrollar planes geológicos; elaborar estadísticas de recursos y reservas minerales; estudiar riesgos geológicos; y, en general, asesorar a las autoridades competentes en la formulación de políticas públicas en el ámbito geológico. Este servicio mantendrá, fundamentalmente, las funciones que hoy en día competen a la correspondiente Subdirección Nacional de Minería del Sernageomin. El Servicio estará a cargo de un Director Nacional nombrado por el Presidente de la República de conformidad al SADP.

Respecto del personal, se establece que aquel que actualmente ejerce funciones en el Sernageomin será traspasado a la Superintendencia de Minería o al Servicio Geológico de Chile, según corresponda, de forma de garantizar que continuará desempeñándose en éstos, sin solución de continuidad. El personal que, por su parte, desempeñe funciones actualmente en Cochilco, podrá ser traspasado a la Superintendencia de Minería o al Ministerio de Minería.

Seguridad Minera

El título II del proyecto de ley contiene una serie de normas que regulan la fiscalización y control de la Seguridad Minera, estableciéndose a las empresas mineras la obligación de informar los accidentes mineros, entre otros. También, se exige que cada faena minera cuente con la dirección o asesoría profesional quienes serán responsables de la correcta elaboración, presentación y desarrollo de los proyectos mineros sometidos a la aprobación de la Superintendencia. Asimismo, se establece que cada faena minera cuente con un libro de seguridad minera. En material de fiscalización se distinguen tres etapas: una de pre-fiscalización, que se enfoca en la adopción de medidas preventivas; una fiscalización en terreno o fiscalización propiamente tal; y una etapa de post-fiscalización, en la cual se revisa si la empresa ha. adoptado las sugerencias y cumplido con las instrucciones que los fiscalizadores han impartido. Se contempla la posibilidad de la Superintendencia de contar con expertos externos. Además, se implementa un sistema de categorización de las empresas mineras según el número de infracciones y accidentes que presenten.

El proyecto de ley agrega a las normas de seguridad minera ya vigentes, una serie de estipulaciones nuevas, tendientes a modernizar y ajustar el sistema al contemplado en países con un sector minero más avanzado y desarrollado.

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

Considerando que esta nueva institucionalidad se crea en base a los actuales Servicios existentes en el Ministerio de Minería, se estima que solo deberá reforzarse a la nueva Superintendencia en aspectos relacionados con la fiscalización y seguridad minera. En este sentido se debe señalar que en la Ley de Presupuestos 2011 se creó un Programa específico que incorporó 51 nuevos fiscalizadores, a los 31 que ya ejercían estas funciones en Sernageomin. La presente iniciativa agregará otros 24 cupos adicionales con un costo estimado de $ 700.000 miles.

El presente año, este mayor gasto se financiará con reasignaciones del presupuesto vigente del Ministerio de Minería, y en lo que faltare con suplementos provenientes de la Partida Tesoro Público. En los años siguientes dicho gasto se contemplará en los presupuestos regulares de la Partida.

(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:

7814-13P

Prorroga la cotización extraordinaria para el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de los dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Secretario General de la Presidencia .”

3. Oficio de S.E: el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:

7830-10

Aprueba el acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y Malasia, suscrito en Yokohama, el 13 de noviembre de 2010.

Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que para los efectos de lo dispues-

to en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE , Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

4. Oficio del H. Senado.

“Valparaíso, 3 de agosto de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las observaciones formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en el mismo registro, correspondiente al Boletín Nº 6.242-21.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.593, de 21 de julio de 2011.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN , Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA , Secretario General del Senado .”

5. Certificado de la Comisión de Hacienda.

“Valparaíso, 3 de agosto de 2011.

El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:

Que el proyecto de ley, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578 (Boletín Nº 7.814-13), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado en esta Comisión, en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Diputados señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Marinovic, don Miodrag ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .

Durante el debate del proyecto, la Comision contó con la colaboración de la Superintendenta de Seguridad Social, señora María José Zaldivar , acompañada por el Jefe del Subdepartamento Actuarial de la Superintendencia , señor Emilio Torres ; el Asesor de la misma, señor Pedro Contador , y el Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río .

En este trámite reglamentario, se planteó la necesidad de proceder a una reforma definitiva del sistema de financiamiento de los beneficios extraordinarios otorgados a los pensionados de la ley Nº 16.744 que le dé estabilidad al mismo, para no tener que prorrogar cada cierto tiempo la vigencia de la cotización extraordinaria creada al efecto por la ley Nº 19.578. Sin perjuicio de ello, se estimó conveniente acoger la proposición del Ejecutivo para posibilitar que las mutualidades de empleadores logren superar el déficit que actualmente presentan los fondos de contingencia que deben formar con la referida cotización y dar tiempo así al debate de las modificaciones permanentes que se requieran.

Con todo, para que el vencimiento de la prórroga que el proyecto establece y la eventual revisión del sistema no coincidan con las actividades electorales que previsiblemente se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año 2013, se acordó con el Ejecutivo extender el plazo de vigencia de la aludida cotización extraordinaria hasta el 31 de diciembre de dicho año, comprometiéndose la Superintendenta de Seguridad Social a gestionar la presentación en Sala de la indicación correspondiente por parte de S.E. el Presidente de la República , la cual se dio por aprobada desde ya, ad referéndum.

Sometido a votación el artículo único del proyecto aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Auth, don Pepe ; Godoy, don Joaquín ( Presidente ); Jaramillo, don Enrique ; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto , y Silva, don Ernesto .

La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor MONTES, don CARLOS .

Se adjunta al presente certificado el informe financiero de la Dirección de Presupuestos de fecha 19 de julio de 2011, según el cual la aplicación de esta iniciativa no tiene costo fiscal adicional.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”

Informe financiero

Proyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,

y modifica la ley N° 19.578.

Mensaje N° 095-359

I. Antecedentes.

El proyecto de ley que se presenta tiene por objetivo, en primer lugar, prorrogar la vigencia de la cotización extraordinaria establecida en el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578 y, en segundo lugar, establecer un mecanismo para determinar el límite del Fondo de Contingencia establecido en el texto legal previamente indicado.

En relación con el primer objetivo se debe señalar que la mantención de esta cotización extraordinaria resulta ser indispensable para que el Fondo de Contingencia alcance un monto al menos similar al de los pasivos que está llamado a financiar. De no prorrogarse la cotización extraordinaria, el saldo de los Fondos de Contingencia sería insuficiente para atender el futuro pago de las pensiones y beneficios otorgados a los pensionados del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Respecto del segundo objetivo y de manera concordante con lo señalado anteriormente, en el sentido de contar con recursos equilibrados con los pasivos a financiar, resulta conveniente que la exigencia vigente de destinar recursos al Fondo de Contingencia hasta que se complete una suma equivalente al 80% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior, se aumente a un 100% de ese gasto, añadiendo además la restricción que en ningún caso el Fondo de Contingencia puede ser inferior al monto del año anterior.

II. Efecto del proyecto sobre el presupuesto final.

La aplicación de este proyecto de ley no tiene costo fiscal adicional

(Fdo.): GUILLERMO PATTILLO ÁLVAREZ , Director de Presupuestos (S)”.

6. Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el proyecto de ley relativo al uso del pabellón patrio. (boletines Nos 7095-06, 7195-06 y 7273-06). (Refundidos) (S)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar los proyectos de ley refundidos individualizados en el epígrafe, en segundo trámite constitucional, correspondientes a los Boletines también señalados, originados en sendas mociones patrocinadas por el H. Senador Longueira, la primera de ellas, y por los H. Senadores Bianchi y Chahuán, la segunda. El último Boletín indicado corresponde a un Mensaje de S.E. el Presidente de la República .

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, este informe constará de los capítulos que pasan a desarrollarse.

I. MINUTA DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Cabe hacer presente que la fusión de los tres proyectos en referencia fue acordado por la Sala del Senado, conforme a lo preceptuado en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Se debe hacer mención al hecho que también se encontraba pendiente en dicha rama del Parlamento otra moción, de similar alcance que las señaladas fusionadas iniciativas, patrocinada por los Diputados del período anterior señores Ward, don Felipe ; Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Bauer, don Eugenio ; García-Huidobro, don Alejandro ; Hernández, don Javier ; Paya, don Darío ; Sepúlveda, don Roberto ; Ulloa, don Jorge y Urrutia, don Ignacio ; (Boletín N° 5110-06), que ya había cumplido su primer trámite constitucional en esta Cámara, pero que no pudo ser refundido con los mencionados proyectos por encontrarse en distinto estado de tramitación, conforme lo exige, al efecto, el referido artículo 17 A.

El propósito de tales iniciativas no es otro que el de modificar la normativa vigente relativa al uso o izamiento de la Bandera Nacional, posibilitando su uso ciudadano en cualquier época del año, objetivo que es recogido por el texto presidencial.

Así, este último preceptúa que se autoriza el uso o izamiento de la Bandera reconociéndola como uno de los emblemas nacionales, según lo dispone el artículo 2° de nuestra Carta Fundamental, junto con el Escudo de Armas de la República y el Himno Nacional. Señala, además, que la forma o características del Pabellón Nacional son las contenidas en la ley N° 2.597, sobre colores y proporciones de la Bandera Nacional, de la Banda Presidencial y de la Escarapela o Cucarda.

Hace presente, además, que la Bandera Nacional podrá usarse o izarse en los edificios y residencias particulares en cualquier época del año, manteniendo siempre el debido respeto que a todo emblema patrio se debe y observando las disposiciones sobre su uso. Ello, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se trate de efemérides patrias o haya un motivo justificado, y que corresponda hacerlo en todo el país, lo que será dispuesto por decreto supremo.

Asimismo, dispone que el infractor será sancionado con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales, las que se harán efectivas en conformidad al procedimiento establecido en la Ley Nº 18.287; sin perjuicio de las sanciones penales que resulten aplicables en caso de ultraje, delito tipificado en la Ley de Seguridad Interior del Estado y en el Código de Justicia Militar.

En tal virtud, expresa, se hace necesaria una nueva regulación para el uso e izamiento de la Bandera Nacional.

II. RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO

El texto propuesto por la Cámara de origen consta de siete artículos.

Artículo 1°.- Invocando lo preceptuado en el artículo 2° de la Carta Fundamental, señala que la Bandera Nacional constituye uno de nuestros emblemas nacionales, cuya forma y características las estatuye la ley N° 2.597.

Artículo 2°.- Autoriza a que pueda usarse o izarse en cualquier época, sin más, velando siempre por el respeto que se le debe y observando las normas relativas a su uso correcto. Ello, sin perjuicio que deba hacerse obligatoriamente tratándose de efemérides patrias u otro motivo que lo justifique dispuesto por el reglamento; agregando, que el uso del pabellón por parte de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública se regirá por el ordenamiento que les es propio.

Artículo 3°.- Dispone que en los actos oficiales, las banderas o pabellones regionales debieran usarse o izarse en forma conjunta con la Bandera Nacional o Pabellón Patrio. Tratándose de otro tipo de actos, éllos se regirán por lo que disponga el reglamento.

Artículo 4°.- Entrega a Carabineros de Chile la fiscalización de la normativa vigente en la materia.

Artículo 5°.- La Ley sobre Seguridad del Estado, en la letra b) de su artículo 6°, consulta como delito el ultraje público de la bandera, el escudo, el nombre de la patria o el himno nacional. La norma que se propone, no obstante lo señalado, castiga con presidio menor en grado mínimo a medio el mal uso o uso indebido del Pabellón Patrio efectuado con el ánimo de causar escarnio.

Artículo 6°.- Deroga el artículo 80 del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior.

Artículo 7°.- Introduce dos modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional:

Consulta la facultad del gobernador de ?velar? por el buen uso de la Bandera Nacional establecido en este proyecto de ley y permitir el uso de pabellones extranjeros en los casos que autorice la ley.

Incorpora como nueva atribución del gobierno regional la de aprobar las banderas, los escudos e himnos regionales, conforme lo determine el reglamento respectivo.

III. SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL Y ACUERDOS ADOPTADOS.-

Para abordar el conocimiento del proyecto en cuestión, la Comisión contó con la colaboración del señor Ministro de Defensa Nacional quien señaló que, el proyecto, que compila diversas iniciativas legales en la materia, fue objeto, durante su primer trámite constitucional ante el Senado, de una serie de indicaciones para perfeccionarlo. Señaló que, en la actualidad, existe un desfase entre la normativa vigente y la práctica o la realidad, de forma que la normativa en la materia ha caído prácticamente en desuso; esta normativa prohíbe, en amplios términos, el uso de los emblemas patrios, en particular de la bandera o pabellón, y por otra parte hace obligatorio su uso en fechas determinadas o efemérides; sin embargo, la ciudadanía realiza un empleo más libre de la bandera e himno nacional, el que, de ser sancionado en conformidad a la normativa vigente, acarrearía situaciones absurdas como, por ejemplo, la de impedir o bien sancionar el izamiento de la bandera en eventos deportivos.

El proyecto presentado, aseguró, busca volver las cosas a un “orden natural”, autorizando ampliamente y sin requisitos previos el uso voluntario de los emblemas en cualquier fecha o época del año, manteniendo únicamente como fechas obligatorias las de 21 de mayo y de 18 y 19 de septiembre; únicamente, precisó, se impone la condición de que el empleo de los emblemas, se realice con el debido respeto.

Destacó que en lo que el proyecto innova es en el reconocimiento de las banderas, escudos e himnos regionales, que hasta la fecha carecen de una consagración legal; considerando su uso en conformidad a un reglamento que se dictará el efecto.

Concluyó el Ministro señor Allamand , señalando que se trata de un proyecto muy simple, que contó con amplia aprobación en su trámite ante el Senado, e instó a los integrantes de la Comisión a aprobarlo en los mismos términos propuestos.

IV. ARTÍCULOS QUE EL SENADO CALIFICÓ COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO Y LA DE AQUÉLLOS QUE LA COMISIÓN OTORGUE IGUAL CARÁCTER.

En la primera de las situaciones indicadas fue aprobada la letra j), propuesta en la letra b) del N° 2 del artículo 7° de la iniciativa, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, criterio que es compartido por esta Comisión.

V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No existen disposiciones que deben cumplir este trámite.

VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

No hay.

VII. MENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR.

La Comisión no introdujo modificación alguna al texto aprobado por el Senado.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

De conformidad a lo señalado en el presente informe, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización prestó su aprobación, por unanimidad, tanto a la idea de legislar sobre la materia, como a cada uno de los artículos que integran la iniciativa, con los votos de los señores Becker, don Germán ( Presidente ); Browne, don Pedro ; Campos, don Cristián ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Ojeda, don Sergio ; Rosales, don Joel ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe viene en proponer a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo 1º.- La Bandera Nacional o Pabellón Patrio es un emblema nacional cuya forma y características están contenidas en la ley N° 2.597 sobre colores y proporciones de la Bandera Nacional, de la Banda Presidencial y de la Escarapela o Cucarda.

Artículo 2°.- La Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten su uso o izamiento.

Con todo, su uso o izamiento será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento.

El uso del Pabellón Patrio por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública se ajustará a las normas reglamentarias que rigen a dichas instituciones.

Artículo 3°.- En los actos oficiales las banderas o pabellones regionales deberán usarse o izarse conjuntamente con la Bandera Nacional o Pabellón Patrio. En los demás actos, las banderas o pabellones regionales se usarán o izarán en la forma que determine el reglamento.

Artículo 4°.- Carabineros de Chile fiscalizará el cumplimiento de las normas que regulan el uso o izamiento del Pabellón Patrio.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del artículo 6° del decreto supremo N° 890, del Ministerio del Interior, de 1975, que fijó el texto actualizado y refundido de la ley N° 12.927, sobre seguridad del Estado, el mal uso o uso indebido del Pabellón Patrio hecho con el propósito de causar escarnio, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 80 del decreto con fuerza de ley N° 22, del Ministerio de Hacienda, de 1959, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República y deroga la Ley de Régimen Interior de 22 de diciembre de 1885.

Artículo 7°.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese la letra f) del artículo 4° por la siguiente:

?f) Velar por el buen uso de la Bandera Nacional establecido en la ley sobre uso o izamiento de la Bandera Nacional y en su reglamento, y permitir el uso de pabellones extranjeros en los casos que autorice la ley;?.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 20:

a) Sustitúyese en la letra h) la expresión “, e” por un punto y coma (;), y reemplázase en la letra i) el punto final por la expresión “, y”.

b) Agrégase la siguiente letra j):

“j) Aprobar las banderas, escudos e himnos regionales, en conformidad con el reglamento que señala el artículo 2° de la ley sobre uso o izamiento de la Bandera Nacional.”.”.

Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión de 2 de agosto de 2011, con la asistencia de los señores Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ( Presidente ); Browne, don Pedro ; Campos, don Cristián ; Farías, don Ramón ; Hoffmann , doña María José ; Lemus, don Luis ; Ojeda, don Sergio ; Rosales, don Joel ; Schilling, don Marcelo , y Ward, don Felipe .

Sala de la Comisión, a 3 de agosto de 2011.

(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión .”

18. Oficio del Tribunal Constitucional.

? Santiago , 26 de julio de 2011.

Oficio N° 5.353

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Tengo a bien remitir a V.E. copia de la resolución dictada por eta Magistratura con fecha 25 de julio de 2011, en el proceso Rol N° 2.030-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso 5° del artículo 38 de la Ley 18.933, en los autos Rol N° 5506-2011, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica S.A., a los efectos que ella indica. Asimismo se adjunta copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON PATRICIO MELERO ABAROA

VALPARAÍSO.”

19. Oficio del Tribunal Constitucional.

? Santiago , 26 de julio de 2011.

Oficio N° 6.347

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura, con fecha 25 de julio de 2011, en el proceso Rol N° 1.991-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso final del artículo 41 del DFL N° 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas, en causa Rol N° 34.594-2009 sobre juicio de hacienda, caratulado “Fisco de Chile con Metrogas S.A., en actual tramitación en el 7° Juzgado Civil de Santiago , a los efectos que ella indica. Asimismo se adjunta copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.

Saluda atentamente a V.E.

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON PATRICIO MELERO ABAROA”.

20. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

? Santiago , 26 de julio de 2011.

Oficio N° 6.352

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 25 de julio de 2011, en el proceso Rol N° 1.993-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre cobro de pesos en juicio de hacienda caratulada “Fisco con Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.”, de que conoce actualmente la Corte Suprema bajo el Rol de ingreso N° 286-2011, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON PATRICIO MELERO ABAROA

VALPARAÍSO.”

21. Oficio del Tribunal Constitucional.

? Santiago , 26 de julio de 2011.

Oficio N° 6.357

Remite resolución.

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 25 de julio de 2011, en el proceso Rol N° 2.018-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 553-2011, sobre acumulación de infracciones a la ley seguidos ante el Juzgado de Policía Local de María Pinto . Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.

Dios guarde a V.E:

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.

A S.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON PATRICIO MELERO ABAROA

VALPARAÍSO.”