Labor Parlamentaria

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales para recaudar recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín N° 6927-05, sesión 42ª, en 29 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , hace veinticinco días ingresó a la Cámara, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para recaudar recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.

En la Corporación, en especial en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se ocuparan muchas horas de discusión, no menos de veinticinco.

Después de escuchar, en primer lugar, las exposiciones de los ministros de Hacienda , del Interior y Secretario General de Gobierno , planteamos con mucha fuerza que de verdad queremos buscar el financiamiento de la reconstrucción. Más aún, fuimos claros y explícitos en que todos, especialmente las grandes empresas, que obtienen utilidades inmensas -me alegro de ello-, debían hacer un aporte extraordinario luego de lo ocurrido el 27 de febrero.

En atención a que represento a localidades cercanas a la “zona cero”, en particular Talcahuano y Dichato, tuve ocasión de escuchar en Coronel, al Presidente de la República , oportunidad en que dio a conocer al país las fuentes de financiamiento de la reconstrucción, y como así mismo, los compromiso que adquirió ante el país como candidato a la Presidencia de la República .

Cuando ingresó el proyecto al Congreso Nacional nos dimos cuenta de que el financiamiento no correspondía a lo que el Presidente había expresado públicamente en Coronel, pues había materias que debían ir abordándose a través de los meses. En tal sentido, escuchamos el anuncio del señor ministro de Hacienda , en cuanto a que el Fisco emitirá bonos en el mercado local hasta por un valor de 3 mil millones de dólares, lo que nos parece acertado.

Esta mañana corresponde examinar una materia que fue rechazada en el Senado.

Como se sabe, se hizo mucho hincapié en que la Concertación, a través de sus diecinueve senadores, y del senador del MAS, Alejandro Navarro , iban a poner muchos obstáculos al financiamiento de la reconstrucción. Nadie, menos los ciento veinte diputados ni los treinta y ocho senadores, tomará esa actitud, pues sería egoísta. Sin embargo, eso no significa apoyar a ultranza materias que no consideramos las más lógicas y legítimas para el bien del país: me refiero al tema del royalty. El senado aprobó el resto del proyecto. En cuanto al royalty, quiero recordar que en un programa de televisión se me dijo que nos habíamos dado una voltereta. ¡Nada más falso que eso!

En 2002, fue la primera vez que se planteó el tema del royalty. La Alianza, que en ese entonces era Oposición, quería que las grandes mineras del cobre aportaran cero peso. Para tal efecto, hicieron presentaciones en el Tribunal Constitucional y plantearon que se necesitaba quórum especial. Todo eso hubo que sortear, pero, finalmente, como corresponde en política, hubo una gran negociación en que ambas partes entregaron algo. Nosotros éramos Gobierno y la Oposición planteó que estaría dispuesta, -igualmente votó en contra en la Sala- a establecer una invariabilidad tributaria hasta 2017. Es cierto que se trata de una ley de la República que en su momento votamos favorablemente y que debe ser respetada; sin embargo, después del 27 de febrero, la situación cambió diametralmente. ¿Quiénes tienen que hacer un gran aporte? Las grandes mineras del cobre. La Escondida, entre 2008 y 2009, tuvo una utilidad neta de más de 5.550 millones de dólares.

En el proyecto que ingresó a la Corporación en primer trámite constitucional se incorpora un royalty voluntario que, en las mejores condiciones, podría recaudar hasta 700 millones, pero con la guinda de la torta, -es bueno que lo sepa la gente que ve el canal de la Cámara- de que se aplicará invariabilidad tributaria hasta 2025, lo que fue reconocido por el ministro de Hacienda . Los economistas se dedican a hacer estudios, papers y se especializan en algunos temas. El grupo de expertos que planteó el precio del cobre a futuro señaló que en los próximos ocho o nueve años su precio no va a bajar de tres dólares y el costo bordeará un dólar. ¡Cómo vamos a hipotecar el país con un posible ingreso voluntario de hasta 700 millones de dólares olvidándonos hasta 2025 del cobre que es un bien no renovable! ¡Es el único país del mundo donde sucede esto! Que quede claro: no estamos en contra de recaudar casi 700 millones dólares.

Los diecinueve diputados democratacristianos vamos a votar a favor de lo que aprobó el Senado; vale decir, rechazar el royalty y solicitar al Ejecutivo que ingrese un proyecto de ley que aborde la materia individualmente. Debemos tratar de igual a igual a las empresas mineras; no le estamos cambiando las reglas del juego a los inversionistas, sino haciendo fuerza para cuidar nuestro recurso más importante: el cobre.

Anuncio que los diecinueve senadores de la Concertación y el senador del MAS, abogarán para que se estudie la presentación de un proyecto de ley que aborde en forma exclusiva el tema relativo al royalty. ¡Cómo es posible que el impuesto al tabaco recaude más que el royalty! Está bien por los fumadores para que mejoren la salud, pero el cobre es parte del sueldo de Chile.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Edwards .

El señor EDWARDS .- Señora Presidenta , quiero hacer un rápido barrido al proyecto, ya que mucha agua ha pasado bajo el puente.

Aprovecho de reconocer que se trata de una excelente iniciativa. El Presidente mostró gran altura de miras en la forma en que ha planteado el financiamiento de la reconstrucción nacional.

También debo reconocer que ha habido ciertos esfuerzos de la Concertación para aprobar algunos temas, pero veo con mucha desazón que rechaza majadera y metódicamente muchas de las potenciales fuentes de financiamiento en temas tan sensibles para la gente como la construcción de hospitales, viviendas, colegios y muchos otros.

Como se ha dicho acá, es acertada la decisión de subir el impuesto a los tabacos no solamente por un tema de salud pública, sino también para recaudar recursos.

Asimismo, es acertada la autorización para integrar a ingresos generales de la nación recursos de la Ley Reservada del Cobre. Incluso, dada la situación extrema que vive el país, también es acertado practicar un alza impositiva transitoria. Es muy importante que sea transitoria porque todos sabemos que lo único que hacen las alzas de impuestos es desincentivar la inversión, y sin inversión malamente vamos a poder salir de la situación de desempleo que crónicamente hemos afrontado en la última década, con porcentajes que han alcanzado los dos dígitos y que hoy es de 9 por ciento.

Señora Presidenta , aparte de recoger fondos para la gente, el proyecto defiende e incentiva a miles de pymes y entrega un claro incentivo a los emprendedores y microemprendedores que quieren crecer. Se trata de una iniciativa con visión de país. Exime del pago de impuesto de primera categoría, hasta 2.500 UF, en caso de reinversión de utilidades, a prácticamente todas las pymes y, además, abarata los créditos a través de la rebaja del impuesto de timbres y estampillas de 1,2 a 0,6 por ciento. Todos sabemos que las pymes necesitan un apoyo y esas medidas van en esa dirección.

Estoy muy contento de que los senadores de la Concertación hayan entendido que debemos darles facilidades a la pymes, pero no puedo no señalar que sigo sin entender cómo se puede apoyar a las pymes en el discurso y luego poner tantas trabas cada vez que uno quiere establecer una medida que las fortalezca. La visión estatista y contraria a la libertad que pregonan muchos personeros de la Concertación no les conviene a las pymes. Ése es uno de los motivos principales que ha generado que, en términos de producto nacional, las pymes sean un aporte más pequeño, conforme pasan los años.

Por otra parte, se discutió que la reconstrucción no puede ser financiada de ninguna manera con una sobretasa de impuesto territorial. Estoy muy contento de que el Gobierno así lo haya entendido y de que hayamos eliminado todo tipo de impuesto que pudiera afectar a los predios agrícolas.

La agricultura está enfrentando su propio terremoto, derivado de los 20 años en que fue completamente dejada a un lado -esto lo siento profundamente en mi corazón- y, obviamente, de un verano con pésimo clima, de un terremoto que destruyó diversos canales de regadío, cortó el suministro de petróleo por varios días y, por qué no decirlo, de la competencia extranjera, razón por la cual, más que impuestos los agricultores necesitan una ayuda. Es hora de que nos hagamos cargo del problema.

La no aprobación del royalty a la minería me sorprende sobremanera. Nadie ha dicho que no se necesiten esos 700 millones de dólares que se podrían recaudar por esa vía. Sin embargo, se rechaza. Entiendo que se reclama por la invariabilidad tributaria que se propone extender por 8 años. Pero no se dice que se trata de un royalty inteligente. ¿A qué me refiero? A que si el precio del cobre sube y las empresas mineras tienen más utilidades, a Chile le va a ir mejor, porque el porcentaje que se les cobrará subirá progresivamente desde 4 por ciento a 9 por ciento; Por el contrario, si a las mineras les va mal, en vez de 4 por ciento pagarán 3,5 por ciento. Esto es muy bueno, porque le da estabilidad a la minería y le permite hacer inversiones y proyectarse a largo plazo, que es lo que necesita el país y es mucho mejor que lo que hoy existe.

Reitero: se está entregando a las mineras solamente 8 años de invariabilidad tributaria, y no varios años más, como propuso la Concertación hace un par de años.

Me resulta incompresible que aquí no sólo se esté negando parte de los recursos de la reconstrucción vía royalty, sino que también la Concertación se oponga, por ejemplo, a la venta de activos prescindibles de la Corfo. Hice un pequeño cálculo. Con las ventas de cuatro de las quince grandes empresas propiedades de la Corfo podríamos recaudar más de 770 millones de dólares. Incluso, la Corfo mantendría su participación, ya sea mayoritaria o minoritaria, en las mismas.

Estaríamos trabajando con las mismas empresas, sin dejar de revisar, por ejemplo, el funcionamiento de las sanitarias, que debe ser el que conviene a nuestra población.

Pero, ¿cuál es el problema? Que la Concertación se opone al royalty y a la venta de activos prescindibles. ¿Por qué? La verdad es que, al respecto, no he visto más que argumentos ideológicos, ya que la venta de dichos activos no afecta en nada el giro de la Corfo, los créditos que se pueden colocar, ni tampoco las líneas de garantía.

Por otra parte, tratamos de invitar al sector privado para que participe en la construcción, por ejemplo, de hospitales. No estamos hablando de la administración de la salud, sino simplemente de la construcción de hospitales. ¿Y qué vemos en la Concertación? Nuevo rechazo.

Entonces, quiero preguntar a la Concertación cómo quieren que se financie la reconstrucción. Lo pregunto porque están rechazando el royalty -700 millones de dólares que no podremos conseguir-; están rechazando la venta de activos prescindibles, que no tienen nada que ver con el giro del Estado ni de la Corfo, y están rechazando la construcción de hospitales y de colegios vía concesiones.

Recuerdo a la Honorable Sala que en el desastre ocurrido en New Orleans en 2005, por cada peso que puso el Estado el sector privado puso 88. Allí hubo gente con visión que entendió que la reconstrucción es una tarea de todos y que se debe permitir acceder a distintas fuentes de financiamiento para colaborar con ella. ¡No vengan a reclamar después que no hay hospitales! ¡Vayan a decirle a la gente que no va a tener camas suficientes porque no están los recursos para construirlos! ¡Vayan a hablar a los hospitales que necesitan esos recursos y llevan años esperándolos! ¡Vayan a las ciudades que no son tan grandes y díganles que se quedarán sin hospital! Me refiero, por ejemplo, a Pitrufquén, a Carahue, a Teodoro Schmidt , por nombrar algunas de las comunas que represento.

La salud en Chile fue un desastre durante los 20 años que gobernó la Concertación. Cuando uno pone los mismos elementos en un plato y tiene el mismo chef, no puede pretender conseguir un plato distinto. Aquí se necesita un cambio en cuanto a la manera de hacer las cosas. Eso es lo que propone el Presidente Sebastián Piñera . ¡De una vez por todas, necesitamos que la Concertación se abra a nuevas vías de financiamiento! Ésta es una materia que no sólo a los chilenos que viven en la Sexta, Séptima y Octava regiones, sino también a los de la Novena Región y a otros compatriotas que han sufrido otras catástrofes naturales, como los habitantes de Chaitén, Tocopilla y quienes sufrieron las inundaciones del río Imperial en Nueva Imperial, Carahue , Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra. En esos lugares hay más de mil familias que todavía esperan una casa. En dos años la Concertación entregó míseros 120 subsidios habitacionales. ¿Y qué pasa con los otros 900? Necesitamos esta plata para construir viviendas y hospitales.

De una vez por todas, debemos relajar los problemas ideológicos sobre esta materia. Si la Concertación se sigue oponiendo a todas las alternativas propuestas para financiar la reconstrucción, invito especialmente a los parlamentarios de la Novena Región a un debate sobre este tema en Carahue para ver qué les dice la gente respecto de su negativa.

Por último, señora Presidenta , reitero mi apoyo al proyecto en su conjunto. Llamo a la Concertación a no negar parte importante de los recursos que se necesitan para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, no por nosotros, sino por la gente que ellos y nosotros representamos.

Asimismo, agradezco al Presidente de la República el hecho de haber enviado un proyecto de ley sobre reconstrucción con tanta altura de miras.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, brillantes son algunos de los discursos que se escuchan en este Hemiciclo.

Creo que hay equívocos en lo que acabo de escuchar. Al respecto, quiero hacer un poco de historia.

El royalty minero fue una negociación a la cual nos llevó la Oposición del Gobierno anterior para aplicar solamente el 4 por ciento de la tasa del impuesto. En el mundo entero la tasa impositiva en esta materia alcanza dos dígitos: Estados Unidos, 25 por ciento; Europa, 35 por ciento; Australia estudia aplicar el 40 por ciento. En suma, no sé de qué estamos hablando.

Quiero construir hospitales y muchas cosas más, pero con el respeto debido y la prudencia que nos merece la gente en nuestra calidad de legisladores y representantes de la ciudadanía.

¡Cuidado con compartir la idea de embargar el país!

Sólo me referiré al punto que estaría en discusión respecto de las modificaciones propuestas por el Senado.

Una parte del proyecto no fue aprobada, rechazo que comparto y que compartí cuando se trató en nuestra Comisión de Hacienda: la modificación del mal llamado royalty minero, que no es otra cosa que un impuesto específico. Ello ha sido el punto de quiebre de la iniciativa, ya que con dicho impuesto se pretende lograr una mayor recaudación sólo por dos años. A cambio de ello se entregan rebajas y la seguridad de que no habrá variabilidad en los tributos para las grandes empresas mineras hasta 2025. Con ello se impide obtener mayores recursos provenientes de la explotación de riquezas no renovables, respecto de las cuales ciertas empresas extranjeras obtienen suculentas ganancias, sin entregar a nuestro país los beneficios que corresponden.

En este punto coincido con lo propuesto por el Senado -no siempre lo hago- y lo voy a aprobar, ya que lo considero necesario y moralmente justo para nuestro país, sobre todo en consideración a que se deben aportar por la explotación de nuestras riquezas no renovables.

Se ha perdido la oportunidad de aplicar un royalty de verdad. Las mismas empresas que invierten en el país y son gravadas con impuesto del 4 por ciento -podrían llegar a pagar un 7 por ciento o un 8 por ciento- invierten en otros países donde pagan más impuestos específicos. Por lo tanto, no se van a ir del país si se les cobra un poco más de impuestos. Por ello, estoy de acuerdo con lo resuelto por el Senado.

Quiero reflexionar sobre lo que señaló un importante economista en el Diario Financiero. El profesional indicó que se está debilitando la soberanía nacional al establecer un gravamen voluntario en el cual quien decide es un privado en una materia que corresponde al Estado. No parece adecuado que sea el propio afectado quien decida si acepta o se exime de hacer un aporte a la reconstrucción del país. ¡Qué curioso! ¡Qué manera más torpe de legislar! No podemos aceptarlo; por eso lo estamos rechazando.

Por otra parte, el estímulo es excesivo, pues se establecería un pago transitorio por dos años a cambio de invariabilidad tributaria por ocho años, lapso realmente prolongado.

Además, los antecedentes entregados por el Gobierno y la impaciencia demostrada han impedido hacer un examen detallado, especialmente si se considera la flexibilidad que tienen las compañías mineras para regular el momento en que pueden cancelar sus impuestos, lo cual es particularmente importante cuando la tasa es variable, como ocurriría en el caso de aplicarse esto. Incluso, podría contener elementos recíclicos e introducir inestabilidad en las entradas fiscales. Los economistas de Gobierno y de Oposición concuerdan con ello.

Curiosamente, creo que el Ejecutivo también debe hacerse parte y debe estar pensando en una solución definitiva para un tema tan conflictivo que llama a equívocos y que, a veces, por decir lo menos, nos lleva a discursos considerados no adecuados por el que habla.

Voy a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, pero me hubiera gustado que se rechazarán las modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, porque no es justo que aquellos que tienen hasta cien, doscientas y trescientas casas estén prácticamente estafando al país, pues no contribuyen con tributos y se aprovechan de leyes que no es que estén mal hechas, sino que no se pensaron para personas jurídicas, situación de lo cual se aprovecharon algunas empresas para obtener un beneficio tributario. También hubiera echado abajo eso, pero dicen que hay que contribuir a la reconstrucción del país, aunque sea de mala forma.

Voy a aprobar las modificaciones introducidas al proyecto en la misma forma como lo ha propuesto el Senado.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado don Javier Macaya.

El señor MACAYA.- Señora Presidenta , voy a iniciar mi exposición tratando de poner énfasis en algo que me ha tocado ver como diputado nuevo en este período parlamentario.

He visto con bastante asombro cómo parlamentarios de prácticamente todos los sectores políticos piden más mediaguas, más hospitales, bonos para el 18 de septiembre, bono marzo, más subvención educacional, etcétera. Incluso, ayer vimos cómo algunos proponían, también, la mantención de los beneficios de los camioneros relacionados con el impuesto específico al petróleo diésel; otros pedimos que se mantuviera el bono al maíz, y se piden más recursos para carreteras, escuelas y obras portuarias.

A mi juicio, hay una absoluta inconsecuencia en pedir cosas que pueden ser de toda lógica para nuestros distritos y, al mismo tiempo, rechazar la entrega de recursos para financiar todos estos adelantos. Es fácil pedir, en los discursos, que el Estado se haga cargo de cumplir con sus compromisos; sin embargo, le estamos negando la sal y el agua, es decir, estamos negando que se alleguen recursos que hoy son absolutamente imprescindibles para la reconstrucción de nuestro país.

Por eso, no puedo menos que valorar el proyecto presentado por el Ejecutivo , el que ha sufrido importantes enmiendas; asimismo, valoro también que, a pesar de las amenazas de la Concertación, el Senado haya aprobado casi 90 por ciento del proyecto. Reconozco que se le han introducido modificaciones que son importantes, pero, como parlamentarios de Gobierno esperamos que el proyecto finalmente sea aprobado en su integridad. Creemos que es un proyecto solidario y, en ese sentido -repito- es absolutamente inconsecuente pedir más mediaguas, más subsidios y bonos y, al mismo tiempo, rechazar los recursos para financiar tales materias.

Agradezco a los parlamentarios de la Concertación el hecho de haber aprobado prácticamente en su totalidad los recursos que se entregan a través de esta iniciativa. No obstante, quiero acusar una suerte de inconsecuencia respecto del 20 por ciento que constituyen los 700 millones de dólares que aportaría el royalty minero. Acá se habla de hipotecar el país, de hipotecar los recursos no renovables de la minería. Lo que hay que hacer es volver a poner énfasis en el incentivo que deben tener las empresas mineras para acogerse a un sistema de invariabilidad tributaria. Hoy estamos proponiendo un sistema voluntario que constituye un incentivo para que las empresas se puedan acoger a él. No sé por qué se habla de hipotecar el país cuando ahora se propone una invariabilidad tributaria de ocho años, en circunstancias de que en 2005 se planteó el mismo régimen a doce años plazo y nadie señaló que se estaba hipotecando el país, incluso con porcentajes de impuestos inferiores a los propuestos por la iniciativa. Para mí se trata de una inconsecuencia.

También es importante poner el acento en la necesidad de incentivar al inversionista para que se acoja a un sistema de invariabilidad tributaria. Hoy, el Congreso Nacional puede estar dando muestras absolutamente peligrosas a los inversionistas extranjeros que hoy quieren invertir en nuestro país. Estamos en presencia de un debate que ya se ha alargado bastante y creo que es importante que se zanje luego.

Quiero valorar, también, que el Ejecutivo haya excluido del proyecto la grabación de los predios agrícolas, materia aprobada por el Senado. Concuerdo con lo manifestado por el diputado Edwards , en cuanto a que la actividad agrícola ya está absolutamente dañada. Por eso, la materia contó con un apoyo transversal de todos los parlamentarios que representamos zonas agrícolas.

También quiero resaltar una enmienda referida a las viviendas económicas, relacionada con el DFL N° 2, en cuanto a excluir aquellos que se adquieran por sucesión por causa de muerte. Claramente, estamos en presencia de un hecho no voluntario, como es la muerte de una persona, y poner tal situación en el límite que impone la norma parece algo injusto.

Quiero dar una voz de alerta en tal sentido, ya que no concuerdo con que la norma transitoria relacionada con el DFL N° 2 esté salvando derechos adquiridos. Eso me parece preocupante desde el punto de vista constitucional, por lo que me gustaría un pronunciamiento respecto de la retroactividad de la norma y si se está o no afectando derechos adquiridos. Es un punto sobre el cual tengo reparos.

Quiero reiterar que 700 millones de dólares no es algo menor. El royalty minero tiene que incentivar a los inversionistas; si no les ofrecemos incentivos, no tenemos posibilidad alguna de allegar esos recursos.

Agradezco una vez más al Ejecutivo por remitir un proyecto solidario, pues genera recursos para la reconstrucción. Salvo lo relacionado con el royalty, la Concertación ha demostrado un compromiso que agradezco. A pesar de sus amenazas de que le iba a negar la sal y el agua al Gobierno, hoy sólo tenemos diferencias respecto de un tema que no es menor: 700 millones de dólares. Sin embargo, estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo respecto de esta materia y valoro la disposición que existe para alcanzarlo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta , nos corresponde asumir una posición frente a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en discusión, de las cuales las más importantes son tres: el rechazo de las modificaciones al royalty minero, la reposición de los beneficios del DFL 2 para los propietarios de 200, 300 ó 500 viviendas acogidas a estas franquicias y la reposición de contribuciones adicionales, con exclusión del sector agrícola.

En primer lugar, cabe hacer presente que el Ejecutivo trató mal a la Cámara de Diputados durante el primer trámite constitucional del proyecto, porque forzó el debate al punto de que tuvimos que despacharlo en sólo tres días y trabajando durante muchas horas; en cambio, el Senado lleva varias semanas discutiéndolo. En ese entonces dijimos que había tiempo para tratarlo; pero se nos respondió que había que forzar su discusión. La realidad ha demostrado que la Cámara debe dignificar más su trabajo y exigir que se le den los plazos necesarios.

Además, aquí no se abrió diálogo alguno con la Oposición; sólo se recogieron las críticas de un sector de la UDI y se dialogó con ella. Nuestras visiones y propuestas no fueron discutidas. Por cierto, éste es un mero dato y lo asumimos como tal.

En segundo lugar, quiero señalar que, respecto de este tema, el Gobierno hizo varias trampas mediáticas durante el tratamiento del proyecto. Ojalá que lo que acaba de decir el diputado Macaya haya sido lo que movió a la señora Ena Von Baer , al subsecretario de Minería y a personeros de Hacienda y de Gobierno.

Aquí se ha tratado de convencer a la opinión pública de que la Concertación no quiere financiar la reconstrucción, lo que constituye un engaño; incluso, algunos parlamentarios, como Alejandro Navarro , creyeron en eso. En realidad, lo que busca el proyecto es, por un lado, financiar la reconstrucción -ya aprobamos los recursos necesarios para ello, pero cuestionando un punto que para nosotros es fundamental- y, por otro, financiar el programa de Gobierno, aspecto que no dice la prensa. Todo esto ha mezclado las cosas, lo que ha generado bastante confusión.

La realidad es, también, que formulamos no una, sino varias propuestas alternativas para generar más recursos. Hasta el comentarista de El Mercurio, señor Sebastián Edwards , ha dicho en estos días que lo serio sería haber financiado la reconstrucción con una reforma tributaria sólida y sostenible. Hasta él lo ha dicho.

Durante el debate del proyecto dijimos que había alrededor de 4.000 millones de dólares en franquicias tributarias que se deberían haber reorientado y revisado, a fin de ponerlas en concordancia con las demandas y las necesidades de la reconstrucción. Una de ellas, la rebaja del IVA a la construcción, permitiría reorientar recursos por 450 millones de dólares al año, es decir, 1.800 millones de dólares en cuatro años, suma muy superior a lo que rendiría el royalty y que estaría en la línea de las necesidades de la reconstrucción de las viviendas en todo el país.

Quiero decirle al ministro Larraín que esta forma de relacionarse con la Oposición para nosotros resulta muy irritante y, además, injusta. El monopolio comunicacional es un abuso que puede transformarse en un abuso de poder que, tarde o temprano, se revierte.

En tercer lugar, resulta incomprensible que los senadores de Oposición, es decir, los nuestros, hayan permitido que se volviera a aprobar esta norma que no hace aplicables las nuevas franquicias del DFL 2, que aprobó la Cámara de Diputados. Aquí logramos que quienes tuvieran 200, 300 ó 500 viviendas acogidas a las franquicias de dicho instrumento legal, ahora sólo pudieran acoger un máximo de dos. Es una cuestión elemental de justicia. Sabíamos que había un problema con los contratos y que habría que recurrir al Tribunal Constitucional; lo sabíamos y estábamos absolutamente dispuestos a hacerlo.

Los diputados de la Concertación, más algunos de Renovación Nacional, logramos que las normas del DFL 2 rigieran para todos, terminando con el abuso que significa que unas pocas personas posean una cantidad tan grande de viviendas. Es cierto -debo reconocerlo- que durante los gobiernos de la Concertación esto no se hizo, a pesar de que lo solicitamos muchas veces.

Tal como quedó el proyecto es tremendamente modesto porque, desde el punto de vista de la generación de recursos, significa muy poco. Es posible que signifique algo como operación comunicacional, pero en cuanto generación de recursos no es significativo. Por eso, se debería haber corregido ésta y otras franquicias inadecuadas.

Ahora, debemos decidir si vamos a insistir en lo aprobado por la Cámara. De acuerdo a lo que hemos conversado, depende mucho de la posición que adopten los diputados de Renovación Nacional. Si ellos quieren insistir, podemos hacerlo; de lo contrario, tenemos pocas perspectivas.

En cuarto lugar, como socialistas, vamos a aprobar la decisión del Senado de rechazar el paquete de artículos relacionados con el cobre. Queremos ser muy claros en esto y decir que no es que estemos en contra de modificar las reglas del juego que rigen para el cobre; lo que queremos es que haya un debate sobre la materia de otras características y en otras condiciones.

De lo que se trata aquí es de lograr generar nuevas condiciones, un nuevo trato global para el cobre. Está en juego la forma de tributación, pero también la manera en que el cobre aporte al desarrollo del país, en que se vincula a un plan de desarrollo sustentable, de desalinización del agua, de energía solar, etcétera. Es un conjunto de aspectos que debemos considerar en forma global. Pero, en la medida en que se establecen nuevas reglas del juego hasta 2025, frena toda posibilidad de revisar estas condiciones, incluido el cluster minero.

Como digo, hay que discutirlo más globalmente y, por eso, tal como señaló el diputado José Miguel Ortiz , pensamos que esto debe ser materia de otro proyecto de ley. El argumento que se nos da es que esto le restaría al financiamiento de la reconstrucción 600 millones de dólares en cuatro años. Ya dijimos que había otras fuentes que podrían generar esos recursos; me referí al IVA a la construcción y a un rediseño del mismo.

Por ejemplo, los recursos que genera el 10 por ciento de las utilidades del cobre van a llegar a cerca de 5.000 mil millones de dólares a fines de este año, de acuerdo con lo publicado por la prensa; si restamos 600 millones de dólares y se redestinan otros 600 millones, para los efectos de reparar cuarteles, se podrían obtener perfectamente otros 700 millones. Son 5.000 millones de dólares que están destinados a armamento, a situaciones de guerra; podríamos perfectamente restar más recursos de ese fondo para los efectos de reemplazar los 600 millones de dólares. Resultan demasiado caros 600 millones de dólares a cambio de invariabilidad tributaria hasta el 2025. No voy a repetir los argumentos que dio el diputado Ortiz , en el sentido de que fueron muy distintas las condiciones en que esto se aprobó por primera vez.

Estimados colegas, la discusión de este proyecto ha devenido en una mala experiencia en las relaciones con el Gobierno del Presidente Piñera, por lo menos, para decirlo de una forma más acotada, para los diputados del Partido Socialista. La falta de diálogo y la incapacidad para acoger las propuestas de la Oposición, a nuestro juicio, fueron señales negativas.

Cuando en la Cámara se formularon observaciones al proyecto de ley sobre donaciones, respecto de las cuales se llegó a acuerdo, el proyecto fue despachado por el Senado en forma mucho más rápida. Es una lección que tiene que aprender el Ejecutivo , porque la Cámara también es un lugar adecuado para efectuar ciertos debates. Con todo, es cierto que el Senado no llevó a cabo una discusión muy sólida, y criticamos la manera en que enfocó este proyecto, porque podría haber logrado avanzar en la aprobación de otras fuentes de financiamiento y haber exigido su aprobación.

El senador Letelier , que estuvo aquí hace unos instantes, nos dijo que estaba por la repatriación de capitales, cuestión que no había conversado con nadie. El ingreso al país de capital negro, oscuro o gris es un tema bastante serio. Pero, eso no fue conversado y no forma parte de las proposiciones que hicimos en su momento.

Es importante que el Gobierno entienda que no puede tener la misma actitud durante el debate presupuestario porque, en ese caso, la Oposición tiene un conjunto de condiciones; se debe abrir desde julio, cuando se inicia el proceso presupuestario; debe responder por qué suspendió el complejo asistencial sur, por qué suspendió recursos al hospital Gustavo Fricke , ¿Dónde están los 450 millones de dólares de esos dos complejos? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda los tiene sin recursos reales? ¿Por qué no son transferidos recursos a los municipios? ¿Por qué se han transferido con tanto sesgo político los recursos en la Región Metropolitana?

Por su intermedio, señora Presidenta , quiero preguntar al ministro , por qué el Ministerio de Educación está transfiriendo recursos para reconstrucción a los colegios particulares subvencionados y está entregando insuficientes recursos a los municipios.

En un proyecto que se discutió ayer en la Comisión de Hacienda se dijo que los recursos de la subvención preferencial se destinan para reconstruir colegios. Nos parece inconcebible que, por una parte, destine recursos sin pedir autorización al Parlamento para los colegios particulares, y por otra, disponga de la subvención preferencial y señale que con esos recursos debe mejorar las instalaciones.

Quiero decir al ministro que se necesita un mayor diálogo con la Cámara de Diputados para el presupuesto, por más que tengan mayoría en la Corporación.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUDOBRO .- Señora Presidenta , en el Senado no se aprobó ninguno de los artículos relativos al impuesto específico a la minería, es decir, se rechazaron los artículos 2°, 3° y 4° del proyecto, que regulaban una nueva tasa impositiva que, en definitiva, corregía un error, porque la tasa que se fijó durante el gobierno de Ricardo Lagos, con la aprobación del Congreso Nacional, fue de un 4 por ciento parejo. Independiente de cómo le esté yendo a la minería, la tasa es fija, y después de algunos años entendimos que eso fue un error, porque lo lógico es que a mayor ganancia y mayor utilidad operacional de las empresas, un mayor aporte impositivo, especialmente en circunstancias como las actuales, en que nuestro país está en etapa de reconstrucción.

La propuesta del Ejecutivo es bastante interesante, en el sentido de que corrige ese error, porque la tasa impositiva va de 4 al 9 por ciento, dependiendo del precio del cobre, lo que significa un cambio que, obviamente, a las empresas no les agrada, porque no les gusta que les cambien las reglas del juego.

Muchas veces no es bueno para la imagen del país estar cambiando las reglas a mitad de camino, pero, por otra parte, estamos en una situación de emergencia y esto es voluntario, por lo que la empresa que no quiera cambiar de régimen impositivo no lo hace.

El proyecto crea un incentivo para que las empresas tengan una mayor invariabilidad tributaria hasta 2025, a cambio de una mayor contribución y cambio de régimen.

Ésa es la manera transparente y sana de proceder, porque nadie va a obligar hoy a las empresas que tienen invariabilidad tributaria a cambiar su régimen; lo que ha ocurrido nos deja en el peor de los escenarios: en vez de contar con la posibilidad de 600, 700 o más millones de dólares, dependiendo del precio del cobre, vamos a quedar en cero.

La Concertación pide que el Gobierno envíe un nuevo proyecto. ¡Pero si las empresas mineras, cuando resuelven hacer una inversión, la hacen a largo plazo!

El precio del cobre hoy se estima en un valor aproximado a dos dólares a largo plazo y hay que ver los proyectos a 15, 20 ó 60 años plazo. Entonces, los inversionistas, según nos han explicado ellos mismos, o los mismos parlamentarios de la Concertación, dicen que alrededor de 45 mil millones o 50 mil millones de dólares pueden llegar al país.

En el gobierno de Lagos se les dio invariabilidad tributaria hasta 2017, es decir, 4 por ciento fijo. Hoy, estamos tratando de mejorar esa cifra para que haya un mayor aporte, para lo cual se fija una tasa variable de acuerdo con la utilidad operacional, lo que va a significar más de 600 ó 700 millones de dólares. A la larga, si las empresas se cambian, van a tener un mayor aporte.

Encuentro lamentable que se rechace el proyecto, porque con eso no obtendremos ni un peso más. Si la Concertación rechaza el royalty, serán las personas que están esperando un subsidio habitacional, y la reconstrucción de los hospitales las principales afectadas por el retraso. Como las cosas no se hacen por milagro, tenemos que saber generar recursos.

La Oposición tendrá que darle explicaciones al país, sobre todo a quienes representan zonas donde la gente está viviendo en campamentos, duramente. A ellos deberán señalarles con qué recursos vamos a contar para levantar sus viviendas.

Quiero que veamos la posibilidad de enviar el proyecto a Comisión Mixta y abramos un nuevo debate. Lo digo porque el Gobierno ha comprometido el 25 por ciento de esos recursos para las regiones, y la mayoría de los diputados representamos a esas zonas que siempre han estado postergadas. Hay un compromiso del Gobierno sobre la materia.

Por otro lado alrededor de 25 por ciento de recursos de lo que malamente se ha utilizado como innovación tecnológica, irá específicamente a las zonas mineras. Ésa es la oferta que hoy nos está haciendo el Gobierno.

Por eso, espero que la Oposición recapacite y veamos el proyecto en Comisión Mixta, dialoguemos y busquemos una salida, no sólo para que se den algunos “gustitos” políticos, porque no es el momento para eso, sino para llamar a la responsabilidad y tener un país que seriamente mire hacia adelante. Las empresas, a medida que ganen más deben aportar más: de lo contrario, hasta 2017 pagarán una tasa fija, harán menor aporte y no se conseguirán los recursos que necesita la reconstrucción.

Por ello, llamo, tal como lo hizo el diputado Macaya , a reestudiar la situación y pedir al Gobierno que abra una mesa de diálogo para conversar y decidir de qué manera tendremos una retribución más justa al esfuerzo que hacen todos los chilenos en materia minera a fin de darle una solución definitiva, lo antes posible, a la gente que está sufriendo las consecuencias del terrible terremoto y maremoto que sacudió al país.

Insisto en pedir a la Oposición que abramos una puerta y entienda que el país nos pertenece a todos, por lo que esperamos que el impuesto específico no sólo sirva para hacer más justicia respecto de la tasa actual, sino también respecto de quienes están esperando esos recursos.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.

El señor CARMONA.- Señora Presidenta , el intercambio de opiniones de esta mañana tiene que ver con que si el país posee recursos y produce riquezas que permitan, con una política de Estado, abordar en forma directa un efectivo plan de reconstrucción de todas las zonas damnificadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.

Las estadísticas públicas, entregadas por las autoridades, indican que Chile produce un nivel de riqueza que permite presumir que cuenta con recursos suficientes para enfrentar este desafío no planificado. Para ello, hay que disponerse a obligar a que quienes tienen una altísima concentración de la riqueza, una cantidad inimaginable de recursos en el plano corporativo individual, deben ser los que aporten más a la reconstrucción del país.

En definitiva, hay que mirar la política de la reconstrucción como una oportunidad para democratizar en algo la concentración de la riqueza, que hace que Chile figure en las estadísticas internacionales como uno de los países con la brecha más amplia entre ricos muy ricos y pobres muy pobres.

Si se aprobara el aumento del impuesto de Primera Categoría a quienes tienen mayores niveles de utilidades, en igualdad de condiciones durante tres años, se enterarían en forma suficiente los recursos que se requieren para la reconstrucción.

Sin embargo, eso no debiera ser motivo para desdeñar un debate que tenga como centro implementar una política de royalty real a las grandes transnacionales del cobre. Ello significa una política que no permita suplantar impuestos a través de este supuesto royalty, que corresponde más bien a un impuesto específico. Eso quiere decir que se debería abrir un debate para determinar cuál es el royalty que aconseja la experiencia internacional en beneficio de cada uno de los países, en este caso de Chile, cuando se trata de explotar un recurso no renovable.

Desde esa perspectiva, algo positivo que se puede rescatar de toda la tragedia provocada por el terremoto y tsunami del 27 de febrero, es que se está plasmando en la conciencia de Chile la idea de que es absolutamente posible abrir debates en todos los planos respecto de un hecho que antes era restrictivo a especialistas. De hecho, la gente no lograba relacionar ni asimilar en cuánto podía cambiar su calidad de vida por el hecho de existir un impuesto como el que hoy se plantea.

Somos partidarios de un royalty del 10 por ciento, que un porcentaje significativo de esté se destine al desarrollo de las regiones mineras y que tengamos un debate especial en la Cámara al respecto. Ahora, se ha hecho posible la discusión; antes, el tema era intocable.

No somos partidarios de usar la presentación de un aumento al royalty, porque, a final de cuentas, equivale a recoger recursos hoy para luego beneficiar a las transnacionales en una cantidad muy superior en relación con lo que verdaderamente podrían aportar.

Si seguimos el juego de esta suerte de manipulación a que se expone la discusión, pues se señala que quienes se nieguen a aprobar el royalty estarían en contra de los damnificados, perfectamente podríamos señalar que quienes promueven el royalty están a favor de las grandes transnacionales y sus intereses económicos, porque, a fin de cuentas, lo que harían es aprovechar la desgracia del país, azotado por una catástrofe, para hacer de ello un nicho de negocios o de negociados, y salir, después, más ricos de lo que entraron, a cambio de una política que, en verdad, Chile puede entrar a considerar con autonomía y con soberanía económica.

Por eso, a nuestro parecer, este debate no puede ser renglón de financiamiento de una política de reconstrucción habiendo tantos otros aspectos. Sí debe ser en beneficio del desarrollo del país, con soberanía económica y protegiendo sus recursos naturales.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.

El señor SILVA .- Señora Presidenta , quiero abordar cinco puntos específicos de este proyecto.

En primer lugar, acerca de las precisiones de la norma respecto del artículo 14 quáter, me habría gustado que no fuese menester que las empresas debieran hacer una declaración para acogerse al sistema, tal como planteaba originalmente el proyecto. Lamento que eso haya sido modificado en el sentido señalado.

Ojalá que el ministro de Hacienda evalúe con el servicio algunas tecnologías que permitan que eso suceda en el futuro. Entiendo que aquí ha habido una restricción de tipo regulatoria que no permitía a las empresas acogerse de manera automática a lo dispuesto en el artículo 14 quáter. Desde un principio, planteamos que esta buena idea tuviera una aplicación generalizada. Sin embargo, este punto no me inquieta, aun cuando lo votaremos favorablemente.

En segundo lugar, nos parecen bien las precisiones sobre la tributación de los excedentes de los depósitos convenidos, pues otorgan certeza jurídica. Por lo tanto, las apoyaremos.

En cuanto a las contribuciones de bienes raíces, quiero manifestar mi discrepancia con lo que fue repuesto, pues había sido rechazado en la Comisión y, por lo tanto, también en la Sala.

Tal como lo expuse en la Comisión y en otras discusiones, las contribuciones, como están definidas, son un impuesto que gravan el patrimonio y, además, han llegado a montos excesivos. En eso tengo mis discrepancias y, tal como lo he planteado en otras oportunidades, no estoy de acuerdo con esa incorporación.

En cuarto lugar, acerca del DFL 2, de 1959, del Ministerio de Hacienda, valoro la posibilidad de que se haya incluido el elemento de la sucesión por causa de muerte. Es de justicia que se haya incorporado. Al respecto, deseo hacerme eco de una amplia discusión que hubo en el Senado sobre esa materia, lo que se tradujo en una votación muy estrecha. Es preciso señalar que se plantearon muchas dudas sobre sus efectos.

Por eso, hago presente que pediré reserva de constitucionalidad sobre ese tema. Me gustaría que se considerara la opción de que la disposición transitoria reincorporada fuera a comisión mixta. Todavía hay tiempo para dialogar y evitar que esto pueda ser sujeto de litigio. En ese sentido, sería recomendable revisar esa materia. Dejo planteada mi inquietud.

Por último, quiero referirme al royalty.

En la bancada de la UDI manifestamos nuestra inquietud en algún momento por este tópico. Se lo hicimos ver a todas las autoridades. No obstante, decidimos apoyarlo con convicción, porque se daban dos elementos: la necesidad de financiamiento y una combinación de voluntariedad con extensión de invariabilidad.

Al respecto, pedimos el cierre del debate y la aprobación del royalty. No queremos que se rechace y quede abierto un manto de dudas sobre lo que pueda suceder más adelante en la regulación tributaria de la industria minera. El país, en su actividad más importante, no merece eso. Requiere cerrar esa discusión que causa incertidumbre en los distintos actores.

Por eso, pedimos rechazar el planteamiento del Senado, remitir el proyecto a comisión mixta y que primen los criterios de financiar la reconstrucción y generar estabilidad en la industria. Debemos terminar con un debate que ha sido complejo y que se ha extendido desde marzo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.

El señor WALKER.- Señora Presidenta , después de saludar a los señores ministros, quiero comenzar mi exposición señalando que lamento la forma en que comunicacionalmente el Gobierno ha querido, de alguna manera, caricaturizar nuestra postura como Oposición frente al proyecto. La actitud de la vocería del Gobierno no se condice con la actitud constructiva que, como Concertación, hemos tenido en el conjunto de la tramitación del proyecto, tal como consta a los señores ministros que se encuentran presentes.

Estuvimos llanos a aprobar la ley de Donaciones, que fue el primer paso que se dio en orden a financiar la reconstrucción del país; no hicimos cuestión de aspectos tributarios que merecían bastantes reparos, como las donaciones para fines específicos; nos centramos en los aspectos institucionales para que las donaciones fueran a los fondos generales de la Nación y pudiera administrarlos usted, señor ministro , por su intermedio, señora Presidenta , de acuerdo con las normas generales.

Como bancada Demócrata Cristiana, fuimos los primeros en plantear la necesidad de integrar los fondos de la Ley Reservada del Cobre para la reconstrucción. De esa manera, se aportaron 300 millones de dólares más al año. En el Senado, también nos allanamos a muchos otros aspectos que inquietaban al Gobierno, particularmente, al artículo 14 quáter, dejando fuera a las pymes de cualquier medida tributaria que las pudiera perjudicar. Asimismo, estuvimos llanos a disminuir el impuesto de timbres y estampillas, aun cuando teníamos legítimas dudas, porque la medida disminuía la recaudación. Hoy, nos centramos en un punto específico: los artículos 64 bis y 64 ter, referidos al impuesto específico a aquellos operadores mineros que produzcan más de cincuenta mil toneladas finas de cobre.

¿Cuál es el aspecto central en esta materia? Pronunciarnos respecto de si estamos de acuerdo en prorrogar la invariabilidad tributaria hasta 2025, con un aumento transitorio del impuesto que, como se ha dicho hasta la saciedad, nos parece realmente escaso.

Por otra parte, invito a los señores diputados a leer el artículo 4° transitorio del proyecto, que se somete a nuestra discusión. Para las empresas que tenían contratos de invariabilidad tributaria antes de 2010 y que se sometan voluntariamente a la nueva ley, regirá una tasa impositiva variable de 3.5, 4 y 9 por ciento, sólo durante los ejercicios 2010 y 2011. Es decir, ni siquiera regirá hasta el término del período primitivo de invariabilidad, porque después se volverá al impuesto de 5 por ciento establecido en la ley N° 20.026. Son aspectos que nos cuesta entender.

El diputado Edwards preguntó cómo se financia la reconstrucción. La respuesta está en el informe financiero enviado por la Dirección de Presupuestos. Sólo por aumentar a 20 por ciento el impuesto de primera categoría -así lo hemos planteado como Concertación- se recaudarían 807 millones de dólares anuales, comparado con los 300 millones de dólares que hasta la saciedad nos ha reiterado el Gobierno. Con todo, el Ejecutivo insiste en que le estaríamos negando ayuda para reconstruir el país.

Por su intermedio, señora Presidenta , quiero proponer al señor ministro de Hacienda que se incremente el impuesto de primera categoría a 20 por ciento, por lo menos durante cuatro años. Así, vamos a financiar la reconstrucción, aumentaremos la subvención educacional como quiere el Presidente e incrementaremos el ingreso per cápita de tres mil pesos que hoy se entrega a los consultorios. Logremos un acuerdo nacional, pero hagámoslo en serio, con una gran reforma tributaria y una gran reforma laboral, como la que se llevó a cabo a comienzos de los 90.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta , como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nadie está por oponerse a la reconstrucción. Creemos que efectivamente el país necesita recursos para ello.

Dicho eso, quiero reiterar lo que dije durante el primer trámite del proyecto: sigo pensando -así se lo he hecho saber al Gobierno- que me parece un error discutir el tema minero en esta oportunidad, en particular el impuesto específico a la minería. Mi impresión es que debemos avanzar en temas más globales relacionados con la minería y discutir argumentos en su conjunto. Sin duda, parte importante de ello dice relación con la tributación que deberán pagar las mineras durante los próximos 15 ó 20 años. Estoy convencido de que pueden hacer un mayor esfuerzo. Es cosa de ver las utilidades que han tenido las empresas mineras, las que alcanzaron una cifra cercana a los 11.200 millones de dólares en 2009, versus 1.262 millones de dólares de Codelco. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa.

Ahora bien, si observamos lo que la minería ha sido en su conjunto, por ejemplo, en los últimos veinte años, podremos ver que desde el retorno a la democracia en 1990, Codelco contaba con prácticamente el 70 por ciento del stock minero y las compañías mineras privadas sólo con el 30 por ciento. En cambio ahora, después de veinte años, las cifras se han invertido: Codelco sólo alcanza una participación cercana al 30 por ciento del mercado versus 70 por ciento de las grandes compañías mineras.

Por lo tanto, en esa línea, esperaría que el mal llamado royalty, porque estamos hablando de un impuesto específico a la minería, sea retirado del proyecto, a fin de que podamos discutir temas mineros en su globalidad. La idea es debatir otros temas que también guardan relación directa con la tributación que deberán pagar algunas mineras, como, por ejemplo, en los temas medioambientales, en cuanto a derechos de agua o a cierre de las faenas mineras. Esos temas aún no han sido abordados. Si bien es cierto que no son materias propias del proyecto, debieran tratarse en su globalidad.

Asimismo, soy de los que cree que el país no puede renunciar a su soberanía. Por eso, debe comenzar a cobrar los impuestos que correspondan a las compañías mineras. Cuando uno mira los resultados tributarios o los impuestos que pagan esas compañías, es imposible no preguntarse cómo se explica que paguen 4.100 millones de dólares con 70 por ciento de participación en el mercado, versus los 1.851 millones de dólares aportados por Codelco, cuya participación en el mercado minero se reduce al 30 por ciento. Entonces, obviamente, existe una inequidad que es necesario corregir.

Tampoco creo o tengo una convicción ideológica respecto de que hay que negarse a la invariabilidad tributaria. Sí creo que fue buena durante veinte años para permitir el desarrollo de la industria minera en nuestro país. Quizá, lo que hoy conviene discutir es una nueva invariabilidad, pero mirando la realidad del Chile Bicentenario y lo que queremos financiar.

Por último, el proyecto que hoy se propone va a comprometer los recursos fiscales y la posibilidad de que podamos discutir estos temas durante los próximos tres gobiernos, los que pueden tener lineamientos absolutamente distintos del actual. Por lo tanto -no hemos sido escuchados por el Gobierno, en el sentido de retirar la iniciativa- se hace necesario esperar un poco para discutir tranquilamente el tema.

Repito, estoy consciente de que se necesitan los recursos para la reconstrucción, y nadie se puede negar a ello. Perfectamente, podemos tomarnos uno, tres o seis meses para discutir los temas tributarios mineros, entre ellos si es positivo que exista royalty. Sabemos que hoy no existe; lo que sí hay es un impuesto específico a la actividad minera.

Por otra parte, me preocupa el destino de esos fondos. En las zonas productoras seguimos sufriendo las consecuencias y externalidades negativas del negocio minero y financiando grandes obras de expansión en la Región Metropolitana y en otras zonas del país.

Mientras no exista una destinación de recursos a las regiones, no voy a votar a favor del proyecto. Las zonas productoras deben recibir, al menos, una parte de lo que se produce para paliar en algo los efectos negativos.

Sin ir más lejos, el fin de semana se publicó un reportaje en El Mercurio de Santiago , titulado: “De qué mueren los chilenos”. Antofagasta representa la zona con la tasa más alta de mortalidad por cáncer; la segunda causa de muerte es por accidentes del trabajo. Esta mortalidad, según me han comentado algunos entendidos en la materia, se relaciona con los temas medioambientales, con las externalidades negativas que generan las compañías mineras y los problemas vinculados con el agua.

Hemos dicho que las regiones productoras deben recibir parte de esos recursos que permitan, de alguna manera, paliar esos problemas. Incluso, Antofagasta aspira a ser la capital minera de Chile y del mundo. Si uno se da una vuelta por las calles de Calama o de Tocopilla se podrá dar cuenta que aún hay vías sin pavimentar, porque, entre otras cosas, falta mucha inversión en infraestructura pública.

El mismo reportaje de El Mercurio daba cuenta de que la Segunda Región, es la zona con menor ingreso per cápita en salud. Se trata de una situación impresentable.

Termino diciendo que esperamos que el Gobierno se abra a tener una discusión seria, responsable, a fin de sentar las bases para dar un gran salto en el desarrollo minero del país durante los próximos veinte años. De eso depende nuestro futuro como nación.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.

El señor VERDUGO.- Señora Presidenta, voy a intervenir como representante de una de las zonas más afectadas por el cataclismo del 27 de febrero.

Al parecer, la discusión que se ha dado hasta ahora en la Sala ha perdido un poco el eje y ha puesto el tema del royalty como esencial, olvidando que lo más importante respecto de esta discusión son las personas afectadas por el cataclismo.

En mi ciudad, hay que construir más de 3 mil viviendas y reparar otras 5 mil. Además, se debe construir una cantidad importante de liceos y escuelas y reconstruir la escuela Abate Molina , el liceo Marta Donoso Espejo , el liceo comercial, las escuelas concentradas y la escuela básica.

Una cantidad importante de alumnos sufre las consecuencias del terremoto, pero nosotros estamos discutiendo cómo resolver el tema del impuesto a la minería, en circunstancias de que es necesario aprobar los recursos que se requieren para resolver los problemas de las personas que están sufriendo.

Se dice que esto es un chantaje político. ¡Por favor! Quienes estamos compartiendo el dolor y la angustia de miles de personas todos los fines de semana, comprendemos la urgencia y la necesidad de sacar adelante cuanto antes la mayor cantidad de recursos para resolver los problemas que las afectan.

Tal vez mis palabras sean más emocionales que racionales, pero cuando se vive esta experiencia, ello no puede ser de otra manera. Por ello, en atención a la frialdad que noto en las intervenciones, pienso que las personas afectadas han pasado a un segundo plano desgraciadamente en muy corto tiempo.

Después del terremoto, fuimos testigos de actos heroicos y de generosidad enormes de personas comunes y corrientes que estuvieron dispuestas a colaborar y contribuir a resolver los problemas urgentes que vivían otras personas. ¡Qué diferencia con lo que estamos viendo aquí! ¡Cómo es posible, dada la responsabilidad que tenemos, y que el pueblo nos ha entregado, no tener esa misma generosidad y no ser capaces de acometer esos mismos actos de grandeza que las personas comunes y corrientes nos enseñaron después de ocurrido el terremoto!

Señora Presidenta, reitero que estamos perdiendo el eje de la discusión y olvidando, desgraciadamente, a las personas que sufren. Por ello, pido acto de generosidad y de grandeza para ese pueblo sufriente que decimos defender y representar.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.

El señor AUTH.- Señora Presidenta , se han dicho muchas cosas. Además, nos dicen que esto no se trata de un chantaje. Conversemos, entonces, en serio. De lo que se trata es de allegar los recursos suficientes para enfrentar la tarea imprescindible de la reconstrucción.

Es obvio que no hay una sola manera, ni un solo mecanismo, ni un solo camino, para allegar dichos recursos. El diputado José Manuel Edwards dijo que las alzas de impuestos desincentivan la inversión y el empleo. Bueno, estamos aprobando un alza de impuestos, lamentablemente sólo provisoria, pero ya vendrán tiempos mejores. Con todo, estoy seguro de que no van a desincentivar la inversión ni el empleo.

Se dice que hemos sido muy reticentes a apoyar a las pymes, porque votamos en contra de las exenciones a la ley de timbres y estampillas. En verdad, lo hicimos y lo reiteraremos por la inadecuada focalización de esa misma exención; sin embargo, finalmente, vamos a concurrir a aprobarla, porque estamos de acuerdo con la urgencia.

Pero, nos topamos con el obstáculo principal: 600 a 700 millones de dólares generados por el incremento del royalty, asociado al rendimiento de la minería privada. Como consecuencia del establecimiento del royalty en 2005 se ha recaudado, desde su aplicación hasta ahora, 650 millones de dólares al año en promedio. Eso significó que estableciéramos, por presión de algunos protagonistas de esta Cámara, una invariabilidad tributaria de doce años, pero que permitió pasar de cero a cinco por ciento de tributación, lo que ha representado -repito- 650 millones de dólares de recaudación anual desde 2006 a 2010. Es decir, han ingresado a arcas fiscales más de 3 mil millones de dólares por esa vía. Lo que se está planteando hoy es que por 600 ó 700 millones de dólares prolonguemos hasta 2025 toda discusión posible respecto de tributos a la minería.

Hay consenso en la Cámara y en toda la sociedad chilena respecto de la desproporción entre la rentabilidad de la inversión privada en la minería y los recursos que ésta deja en el país. En efecto, no creo que haya nadie aquí en la Cámara que piense que la proporción entre el aporte de quienes han invertido para el desarrollo -en buena hora lo hayan hecho- y la proporción de los recursos con que se queda el país, que es dueño del subsuelo a partir del cual se generan dichos recursos, es la adecuada.

Creo que no hay dos opiniones: la minería privada es el futuro de Chile -esta frase seguramente la suscribiría cualquiera- y debe aportar más de lo que lo hace hoy.

Estoy seguro de que a Laurence, nuestro ministro -le haría bien un nombre más familiar para incrementar su nivel de conocimientos-, esté de acuerdo conmigo en que, en el futuro, la minería privada deberá aportar más a las regiones y al desarrollo.

En consecuencia, pensamos en que esos 600 a 700 millones de dólares son perfectamente recaudables por otras vías. Algunas de ellas han sido planteadas formalmente al ministro de Hacienda . Una de ellas fue planteada por el senador socialista señor Juan Pablo Letelier , que consiste en incentivar la repatriación de capitales del exterior, lo que podría recaudar en el corto plazo mil o mil quinientos millones de dólares. Significaría, además, que los recursos, por la vía de la recaudación tributaria, se incrementarían de manera permanente en el futuro. Es decir, se cumplirían los dos requisitos: allegar recursos frescos para la reconstrucción e incrementar recursos fiscales permanentes.

En atención a que existen otras alternativas, suscribo entusiastamente la decisión que tomó el Senado, en el sentido de rechazar la proposición de incrementar el royalty asociado a los buenos precios del cobre, agregando ocho años de invariabilidad tributaria. Me parece -como lo ha dicho la mayoría en este Hemiciclo- que la discusión respecto de los recursos que debe dejar en Chile la minería privada requiere de más extensión y, sobre todo, de más profundidad.

He dicho.

El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señora Presidenta , esta discusión, indudablemente, requiere de un tratamiento bastante más exhaustivo y a nosotros nos hubiera gustado disponer de más tiempo, también, para promover una serie de indicaciones al proyecto. Lamentablemente, no tuvimos la oportunidad de hacerlo por lo escaso del tiempo que se entregó para su análisis, discusión, aprobación o rechazo en la instancia correspondiente.

En 2004, el Presidente de la Sonami , señor Alfredo Ovalle , dijo, textualmente, lo siguiente: “Creemos firmemente que se debe perseverar en la fórmula que ha permitido un crecimiento espectacular de la minería en los últimos años; es decir, con reglas claras y permanentes, sin distorsiones ni discriminaciones respecto de otros sectores económicos, reafirmando un claro derecho de propiedad sobre las concesiones mineras y respetando el derecho del empresario para manejar su inversión.”

Señor Presidente , cuántas veces hemos escuchado frases como la del ex presidente de la Sonami ; cuántas veces hemos escuchado que cambiar las reglas del juego afectaría la credibilidad del país ante los empresarios extranjeros que hoy desarrollan proyectos y realizan grandes inversiones; cuántas veces nos han dicho que un royalty tendría un impacto negativo en la competitividad de Chile; en cuántas oportunidades las grandes empresas privadas han hecho perseverar su opinión frente a la discusión de un posible royalty a la minería. En suma, ¿por qué si son más los que abogamos por un royalty de verdad, genuino, legítimo, a la minería, todavía no lo hemos podido implementar ni aplicar en el país?

Éstas son algunas de las consideraciones y preguntas que deben tener presentes todos los parlamentarios cuando votemos la modificación que propone el Ejecutivo al impuesto específico a la minería, con el fin de tener más recursos que permitan financiar la reconstrucción.

Es cierto -como majaderamente se ha señalado profusamente por distintos medios de comunicación- que se allegarían 600 millones de dólares para permitir financiar parte de la reconstrucción, el 7 por ciento, para ser más rigurosos. Sin embargo, para recaudar este monto nos piden que aprobemos una nueva invariabilidad tributaria hasta 2025. Esto significa que no se podrá discutir, tratar ni adoptar ninguna reforma que afecte económicamente a las grandes empresas de la minería hasta quince años más. Por quince años, perderemos nuestro legítimo derecho soberano de discutir un royalty verdadero. Nuevamente, nos amarran para someternos a las reglas que ponen las grandes empresas mineras.

Ante esta situación, los diputados de la bancada del Partido Radical nos oponemos terminantemente. Como, en su minuto, lo señaló el ex senador Lavandero , es la hora de devolver a Chile lo que es de Chile; es la hora de aplicar un royalty verdadero y reconocer que, a pesar del sistema de concesiones, implementado durante el gobierno militar, el Estado sigue siendo el dueño de los yacimientos. Los inversionistas son dueños de lo que extraen, pero no de los minerales que están en la tierra. ¿Qué queremos decir con un royalty verdadero? En palabras simples, el royalty es el cobro que hace el Estado por la sola extracción del mineral y no por las utilidades sobre las ventas, que es lo que se hace actualmente. Con un royalty de 15 por ciento, como lo tienen la mayoría de los países mineros, el Estado podría recaudar entre 3.600 y 5 mil millones de dólares, mucho más que los 600 millones que el Gobierno pretende recaudar con este proyecto de ley.

En otras palabras, son ustedes los que impiden que el Estado recaude más dinero, no sólo para financiar la reconstrucción, sino también para mejorar la calidad de nuestra educación y de nuestro sistema de salud.

Con un royalty verdadero estaríamos recaudando, al menos, 3 mil millones de dólares más de lo que se pretende con este proyecto.

Si todo el mundo minero aplica una tasa de 15 por ciento, seguir el mismo camino no sería un cataclismo ni la debacle de la minería chilena. Es más, si 25 por ciento de ese royalty quedara en las regiones mineras para inversión, cerca de 900 millones de dólares permitirían generar otros encadenamientos productivos, es decir, potenciar los clúster mineros y diversificar la actividad económica de los distritos mineros.

El objetivo es asumir una conducta proactiva y definir para el futuro una verdadera política minera, de manera de evitar lo que ocurrió en la primera mitad del siglo pasado con la industria del salitre.

En suma, si la Cámara de Diputados insiste en aplicar el impuesto específico que propone el mensaje, estaríamos reconociendo nuevamente que el cobre no le pertenece al Estado chileno y que por 15 años se estaría privando de recibir cerca de 3 mil millones de dólares adicionales, para financiar otras reconstrucciones, como la calidad de la educación y el sistema de salud.

He dicho.

El señora URRUTIA .- Señor Presidente , llevo tres periodos como diputado y jamás se me cruzó por la mente que la Coalición por el Cambio iba a proponer subir impuestos y que la Concertación trataría de evitar ese aumento. Jamás pensé que algo así fuere posible. Sin embargo, está ocurriendo. ¡Qué curioso, por decir lo menos! Como curioso es que ninguno de los diputados de la Concertación que hasta ahora han intervenido, salvo el diputado Ortiz , que lo hizo al principio, es de la zona terremoteada, ni tampoco de la zona del maremoto. ¡Ninguno! Sólo han intervenido diputados de otras zonas. ¿Por qué no intervienen los diputados de las zonas terremoteadas? ¿Por qué no intervienen los diputados de las localidades costeras que fueron afectadas por el maremoto?

Compro el discurso que acaba de dar el diputado Verdugo . Le salió del alma, le salió del corazón, porque él vive el sufrimiento diario de su gente, allá en la comuna de Talca, tal como sufren en Parral y en la provincia de Cauquenes.

Por eso, mejor que nadie entendemos el alza de impuestos, nos guste o no. Les aseguro que en la Alianza, a nadie le gusta subir los impuestos, pero no queda otra alternativa. Es la única posibilidad que tenemos para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y maremoto. Por eso extraña que la Concertación, adalid de la subida de impuestos, se oponga al aumento. Esto no tiene sentido. Algo le está ocurriendo; algo anda mal. Es el mundo al revés.

Pienso que detrás de esa actitud se esconde una mezquindad gigantesca, la que se refleja en los discursos. Ninguno de los diputados que representan las zonas afectadas por el terremoto y maremoto han sido capaz de intervenir en esta Sala. ¡Ninguno! ¡Qué les ocurre! ¡Qué cosa más curiosa es la que ocurre en esta Sala!

Por lo menos, si tienen tantas palabras para discursear en esta Cámara, dense una vueltecita por la zona terremoteada, conversen con la gente y dense cuenta de la cantidad de recursos que se necesitan.

Me pregunto qué quieren. A lo mejor, transformar las zonas del terremoto y maremoto en una nueva Tocopilla . Tal vez, eso es lo que quieren hacer. El terremoto en Tocopilla ocurrió en 2005. Llevan años reconstruyendo y la ciudad sigue igual. Es para no creerlo. Con toda sinceridad les digo que cuesta entender lo que están haciendo.

Pienso que sólo quieren aportillar el proyecto, porque es del actual Gobierno, y harán lo mismo con los futuros proyectos, sin importarles si son buenos o malos. Bastará que venga del Gobierno para aportillarlos. Me doy cuenta de que esta será la conducta durante los próximos cuatro años. Les da exactamente lo mismo la gente, sólo les interesa aportillar al Gobierno. Eso es lo que están haciendo hoy. Es lamentable, pero no cabe duda que la ciudadanía los castigará el día de mañana.

Agradezco al Gobierno por no haber afectado los predios agrícolas con el alza de las contribuciones. La agricultura viene de capa caída. La Concertación fue insensible con la agricultura durante muchos años, pero la vamos a arreglar de una vez por todas con los ministros Galilea y Larraín . Repito, desde los gobiernos de la Concertación que la agricultura viene de capa caída. Por eso, habría sido un castigo enorme afectarla con un impuesto adicional.

Por último, señalo a los caballeros de en frente -también a las señoras y a la señorita que tienen la posibilidad de recapacitar; el proyecto se vota a las 12.45 horas- que ayuden a la gente indefensa, a esa gente que necesita con urgencia una vivienda, hospitales y escuelas. Es la gente del terremoto, que es necesario ayudar y a la que ustedes le están negando la sal y el agua.

He dicho.

El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , el diputado señor Urrutia hace una fervorosa intervención y después de retira de la Sala. Desafía a los diputados de la Concertación que somos de las zonas terremoteadas a intervenir en la Sala, pero se retira. Al diputado Urrutia le pido respeto, por el Congreso y por su propia bancada, y que escuche lo que tenemos que decir los diputados de la Concertación que pertenecemos a las zonas que fueron devastadas por el terremoto.

Pertenezco, a mucho honor, a una zona que ha sido epicentro de los desastres del terremoto. Represento al distrito de Talca que tiene, en su centro histórico, casi la mitad de sus propiedades derrumbadas, esto es más de 5 mil casas en el suelo. De acuerdo con los informes oficiales, es la ciudad que tiene más familias afectadas como consecuencia de ese desastre natural. En nombre de todos ellos, quiero decir que Chile, efectivamente, necesita cuantiosos recursos permanentes para hacer frente a una reconstrucción que va a demorar años en llevarse adelante.

Sin embargo, señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al señor Urrutia , que todavía no vuelve a la Sala, a pesar de los emplazamientos “valientes” que hizo hace sólo unos segundos, que es demagógico plantear en un proyecto de ley subir, por un año y medio, un impuesto permanente a las grandes empresas y, en el mismo artículo, entregar una disminución o exención tributaria permanente, para siempre, a las medianas empresas que hasta ahora siempre han tributado.

Es demagógico proponer un aumento del impuesto territorial por un año y medio y, simultáneamente, una rebaja permanente del impuesto de timbres y estampillas, disminuyendo, indefinidamente, por esa vía, los ingresos del fisco.

Es demagógico y populista presentar un alza del royalty por un año y medio y entregar invariabilidad tributaria hasta 2025 a las empresas que tienen en el norte del país principalmente, aunque no exclusivamente, grandes socavones y que se llevan las riquezas del país, sin que nosotros podamos discutir en serio un royalty, como lo ha propuesto la Concertación y la Alianza, al menos de un 10 por ciento sobre el valor neto de las exportaciones de dicho mineral. Otros países han fijado, en promedio, tributos entre 15 y 20 por ciento. En cambio, nosotros estamos entregando invariabilidad tributaria hasta 2025.

Entonces, aquí tenemos -se lo digo a la gente de las zonas afectadas por el terremoto- demagogia y populismo. Porque eso es lo que ha hecho el señor Urrutia : demagogia y populismo. Suben un año y medio algunos impuestos para entregar exenciones tributarias, o beneficios tributarios de invariabilidad en este tema, para siempre hasta 2025, para que este Congreso no pueda volver a discutirlos hasta entonces. ¿Qué pasa si el cobre sube su precio? ¿Cuánto le vamos a cobrar de royalty efectivamente a las empresas? Porque además se ha dicho una segunda mentira: no es royalty lo que estamos aquí cobrando.

No tengo ninguna duda de que, al menos, en esta materia, la Oposición, de manera responsable y seria, mirando a los ojos a los ciudadanos de todo el país, particularmente a los de Talca, Constitución, Talcahuano, Curicó y muchas otras ciudades, va a votar en contra de entregarle esta enorme granjería, este enorme beneficio tributario de invariabilidad de impuestos o royalty hasta 2025 a estas grandes mineras.

Ayer, el mismo diputado señor Urrutia habló del salario mínimo y se opuso tenazmente a que subiera, y habló de los empresarios agrícolas. ¡Él es un empresario agrícola! No tiene nada de malo que lo sea, pero él debe pagar el salario mínimo. Al menos, debió inhibirse en esa discusión, como debería inhibirse de la discusión sobre los tributos de otras grandes empresas, cuando la idea es que tengamos acá una contribución decisiva.

Si el señor Piñera y los parlamentarios de la Alianza, que hoy se emocionan con las personas afectadas por el terremoto, efectivamente quisieran recaudar más recursos, ¿sabe lo que deberían haber hecho? Aumentar de 17 al 20 por ciento el impuesto de primera categoría, no por un año y medio, sino de manera permanente. ¿Sabe lo que habría pasado? Que aún con el 20 por ciento, Chile habría quedado, en América Latina y en el mundo, como el país con menor tasa de impuesto de primera categoría o a las utilidades de las empresas. ¿Sabe lo que hizo el señor Piñera ? La aplicó sólo por un año y medio. ¡Eso es demagogia, eso es populismo!

A quienes hacen discursos acerca de cómo es posible que no estemos a favor del aumento impuesto a las grandes empresas los invitamos a consensuar un acuerdo que busque mantener en 20 por ciento el impuesto de primera categoría; mantener en el tiempo el aumento del impuesto territorial; terminar de inmediato con la invariabilidad tributaria y estudiar un royalty en serio de 10 por ciento sobre las utilidades. Si queremos impuestos, hablemos en serio alguna vez. ¡Basta de demagogia, basta de populismo!

He dicho.

El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , cuando uno debe votar una iniciativa de esta naturaleza, en forma responsable y con conocimiento de toda la información, el mínimo signo de humildad es ver cómo se ha hecho esto en otras ocasiones y en otros países.

No es la primera vez que en Chile se aprueba una tasa de royalty. No es la primera vez que en Chile y en esta Sala se habla de invariabilidad. Hace menos de cinco años -probablemente casi el 80 por ciento de los parlamentarios que hoy van a votar estaban en esta Sala- tuvimos que pronunciarnos exactamente sobre lo mismo y se aprobó, tanto en la Cámara como en el Senado, una invariabilidad tributaria idéntica a la que hoy estamos votando, por 12 años.

Hoy, esta Sala debe pronunciarse, como ya lo hizo en esa ocasión, por una invariabilidad de sólo 8 años. Eso no tendría nada nuevo. Lo distinto es que el 2005, gobernados por la Concertación, tuvimos que aceptar que a las mismas grandes mineras explotadoras, con todos los adjetivos que aquí se han vertido, se les aplicará una tasa fija de apenas un 4 por ciento a cambio de entregar una invariabilidad de 12 años. Reitero, 12 años de invariabilidad a cambio de una tasa fija de 4 por ciento.

Hoy, debemos votar una invariabilidad de 8 años a cambio de una tasa cuyo techo es de 9 por ciento, es decir, más del doble de la que el Gobierno de la Concertación nos presentó aquí, y con una productividad cercana al 6,5 por ciento.

Francamente, cuesta encontrar argumentos para haber cambiado tanto de opinión. Aquí se han dado todo tipo de argumentos y, muchas veces, como no se encuentran, se deben inventar. El diputado Espinosa del Partido Radical dijo que en otros países, el royalty que se cobra es de 15 por ciento. No hay un solo país en el mundo que tenga un royalty de esa magnitud.

Con esta nueva tabla que nos propone el Ejecutivo, Chile ocupará el primer o segundo lugar de los royalties más altos. En tasas efectivas, sumando todos los impuestos que finalmente paga una empresa, casi iguala a Australia, que tiene las tasas más altas en momentos de alta productividad.

Aquí y en el Senado hemos escuchado sólo alabanzas para esta tasa escalonada que nos presenta el Ejecutivo . ¡Nadie la critica!; pero se dice que es mucha la invariabilidad. Reitero, ¿cómo va a ser mucha la invariabilidad si ellos mismos, cuando tuvieron que negociar con las empresas productoras, tuvieron que entregar más invariabilidad por bastante menos tasa? Entonces, llamo a actuar con un grado mayor de responsabilidad.

Si finalmente hay una crítica tenaz a lo que se está proponiendo, lo primero que uno espera es que haya, simultáneamente, vergüenza de lo que hicieron hace 5 años. Ahora, cuando alguien realmente reconoce que se obtuvo muy poca tasa por tanta invariabilidad, lo que debe hacer es remediar cuanto antes el daño causado, porque 12 años de invariabilidad por apenas 4 por ciento de impuestos es, sencillamente, a la luz de lo que hoy consiguió el actual Gobierno, insignificante. Entonces, pido que se diga: “señor, nos equivocamos en el Gobierno anterior, por lo que vamos a cooperar para arreglar esto”. Sin embargo, hoy nos proponen todo lo contrario: un proyecto aparte, una iniciativa distinta, discutirla en otro momento, pero, entremedio, hay que recaudar y tener liquidez para financiar la reconstrucción.

Quiero hacer un breve comentario respecto de dos aspectos adicionales del proyecto.

Valoro la iniciativa del Gobierno de atreverse a poner fin al abuso de las franquicias tributarias del decreto con fuerza de ley Nº 2. Sin embargo, quiero hacer tres observaciones que, ojala, se consideren en la Comisión Mixta.

En primer lugar, conceptualmente, no me parece correcto que hoy este proyecto distinga entre las transferencias que se producen a título de sucesión por causa de muerte, permitiéndoles que sigan gozando del beneficio, de aquellas que se hacen por compraventa o transferencia. ¡No existe ninguna diferencia conceptual! Una, es a título oneroso y, otra, es gratuita. El código no distingue entre una y otra. No veo por qué tenemos que mantener ese beneficio a aquellas propiedades DFL 2 aún cuando se adquieran a título gratuito por sucesión por causa de muerte. A mi juicio, no hay una sola razón para haber mantenido ese beneficio. Personalmente, lo habría eliminado de la A a la Z.

En segundo lugar, se establece una norma transitoria que señala que se mantiene ese beneficio para todos aquellos contratos de promesa y leasing que se celebren con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Hay que tener mucho cuidado con ello. Lo digo porque ni el contrato de promesa ni el contrato de leasing tienen fecha para ser el contrato prometido, pues perfectamente en los próximos meses podríamos ver una carrera para celebrar contratos de promesa que ni siquiera estén protocolizados bajo escritura pública por el sólo hecho de mantener congelados los beneficios de los decretos con fuerza de ley. Tengo la impresión de que es un error dejar esa “manga ancha”.

Por último, perdimos la oportunidad de haber analizado en serio la forma de limitar esos decretos con fuerza de ley. No es lo mismo tener dos propiedades en el sector oriente de nuestra capital, cuyo valor podría ascender a 300 ó 400 millones de pesos -y siguen siendo DFL 2-, que tener dos propiedades en el sector más popular de Santiago. El límite que establece el Gobierno es de dos propiedades, en circunstancias de que debió haber sido por el valor de éstas.

Finalmente, a la sobretasa de las contribuciones se aplica una excepción a los adultos mayores. No me opongo a ello, pero muchos parlamentarios presentes tendremos que explicar por qué se exime a un adulto mayor del sector alto de nuestra sociedad a pagar esa sobretasa que, sin duda, le significa un esfuerzo económico mayor, en circunstancias de que seguimos manteniendo la obligación de pagar la tasa a muchas personas de clase media que les cuesta mucho más pagar. Lamentablemente, se produce esta distorsión de la cual quería dejar constancia en este debate.

He dicho.

El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.

El señor HALES.- Señor Presidente , me parece que han elegido mal camino desde el punto de vista político aquellos partidarios de Gobierno que han tomado la decisión de dividirnos entre patriotas y antipatriotas. No me voy a referir a los discursos de caricatura que he escuchado hoy; por ejemplo: “a los de la Concertación les da lo mismo lo que le pasa a la gente que está afectada por el terremoto”. Sólo puedo decir que canalladas de este estilo deberían ser censuradas por la Mesa, porque no tienen derecho de atribuirnos intenciones opuestas a nuestros propios deberes y que están sancionadas, incluso, en el Reglamento.

Aquí hay estilo político. Esta discusión debió haberse dado con altura de miras. A lo mejor, les falta leer más a Aristóteles y entender que la virtud es actuar con justa razón o, quizás, haber estudiado a los clásicos y haber comprendido lo que significa el sentido de la grandeza; haber pensado que nos acercamos al Bicentenario y que en vez de estar discutiendo feriados más o feriados menos era mejor reflexionar en que Chile tiene desigualdades de tal magnitud que ésta era una oportunidad histórica para resolver los problemas del terremoto, otorgar recursos y modificar la absurda tasa impositiva de 17 por ciento con que tributan las empresas. Les hemos propuesto subirla 2 ó 3 puntos, pero para siempre. ¡Ése hubiera sido un debate con grandeza y altura de miras, levantando la mirada hacia el porvenir, hacia Chile, hacia adelante y pensando de verdad en la Patria que está viviendo un momento histórico!

El terremoto no sólo nos enseña desde el punto de vista técnico, sino desde el tributario y nos hace pensar a fondo. Sin embargo, viene la mezquindad, se da un “pichintún”, un par de añitos. Con ello, se expresa el profundo conflicto de intereses que subyace a esta materia.

Pongo la discusión desde la política, desde la tarea para la cual me eligieron, por lo que el debate correcto era haber pensado en favor de la Patria y haber dicho que, efectivamente, esto tenía un sentido para la coyuntura, pera también para mirar hacia el futuro, pero -reitero- hay un profundo conflicto de intereses. Nadie los acusa de que se roben los ceniceros en los ministerios. Lo que hacen es esto. Aquí, se expresa un conflicto de intereses cuando dicen: “no, esto no me los toquen, no agreguen más impuestos. Si quieren, rasgúñenlos un par de años para hacer pantalla frente a la ciudadanía respecto de la discusión tributaria. ¡De eso se trata!” ¡Canallas, pues vienen a decir aquí que nosotros estamos en contra de financiar cuando se trata de ayudar a la gente con la reconstrucción! Lean lo que, etimológicamente, señala el diccionario respecto de la palabra canalla. ¡Eso quiere decir! ¡Exactamente lo que están haciendo aquí, esto es descalificarnos y colocando en un tono de discusión que sólo exalta pasiones para debatir, pero que me llevan a calificarlos en su justo lugar!

Señor Presidente , estamos discutiendo con una Derecha que, frente a la primera oportunidad de acceder al poder, muestra arrogancia oligárquica. ¡No aristócrata! Lo más parecido a lo aristócrata que podría haber son los que siguen a Orélie Antoine de Toumens en alguna parte. En este caso, son sólo oligarcas de grupos de poder.

Lean a Sofía Correa Sutil, cuando les hace entender que, de verdad, han jugado con las riendas del poder permanentemente. Hoy, que tienen el rebenque en la mano, se sienten con la autoridad de descalificarnos completamente.

Hemos debatido ideas y nos tratan de antipatriotas. Hemos dicho que no nos gusta la propuesta que hacen de royalty, porque, por lo demás, ni siquiera es royalty. ¡Si de royalty no tiene ni siquiera las concepciones más básicas! Así lo indica la documentación, la legislación comparada y los estudios sobre la materia, de la cual no soy especialista. Sin embargo, estudié esos antecedentes para abordar en serio el proyecto, pero aquí no se pueden entregar ideas. Si usted entrega ideas o propuestas distintas, entonces, es antipatriota, está contra la reconstrucción y no quiere ayudar a la gente. ¡Eso se llama canallada!

¿Qué dicen los especialistas del royalty? “En Chile no existe un Royalty, en los términos de las definiciones aceptadas, sino un Impuesto Específico a la Actividad Minera.”

Más adelante agregan: “El Royalty no eleva la carga tributaria total de la empresa minera, ni de su dueño, socio, accionistas o titular, porque una vez pagado, es sólo un gasto más, necesario para producir la renta, y que como tal, se rebaja de la base imponible sobre la que se aplica el Impuesto a la Renta de Primera Categoría de la empresa.”

Señora Presidenta , cuando queremos enfrentar eso, cuando queremos colocar ese debate en la mesa, la derecha nos califica de contrarios a la reconstrucción, o señala, como indicaba otro discurso de caricatura vertido en la Sala, que estamos negando la sal y el agua a la gente. ¡Todo lo contrario! Lo que decimos a esa derecha oligárquica y al Gobierno del Presidente Piñera es que nos tomamos tan en serio la reconstrucción, con tanta convicción, con tanta firmeza, con tanta más seriedad que ustedes, que le pedimos que aumenten el impuesto específico a la minería de manera permanente y no por dos años, con el objeto de que se dé más recursos a las ciudadanía. No queremos que digan a las empresas mineras que no se les tocarán sus intereses hasta 2025.

Reitero, planteamos un debate de ideas y no de violencia, un debate de lo concreto y no de abstracción; un debate de grandeza, en momentos en que Chile cumple doscientos años de independencia, para darle un poquito más de independencia financiera y económica a las grades masas que han sido tremendamente afectadas.

Distingo claramente que a los ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia les escucho otro lenguaje y no los veo sumados a ese discurso de canallas que nos califica como antipatria. El ministro de Hacienda da argumentos, entiende nuestras ideas y discrepa con nosotros, y está en su derecho; pero eso es otra cosa. Aprecio que tenga un discurso de estatura para el debate. Pero el ministro de Minería ha estado al borde de decirnos que estamos en contra de la reconstrucción; no lo ha hecho todavía, pero me temo que todas las vocerías públicas del Gobierno del Presidente Piñera apuntan a descalificarnos y a acusarnos de antipatriotas. He escuchado los discursos de este fin de semana y he leído las declaraciones de prensa y las entrevistas que señalan que los parlamentarios opositores al Gobierno del Presidente Piñera que nos neguemos a aprobar el royalty y la carga tributaria que propone el Gobierno estaríamos actuando en contra de la reconstrucción.

¡No, señora Presidenta ! Estamos de acuerdo con la modificación del Senado que suprime el artículo 3° y rechazamos el royalty que propone el Gobierno. Lo hacemos porque somos patriotas, porque estamos convencidos de que así ayudaremos a la reconstrucción y porque ésa es la manera de entregar algo en el Bicentenario.

Esperaba que esos señores de la Derecha, que han tenido las riendas permanentes del poder, como dice Sofía Correa, con la prensa, los diarios, la banca, las empresas, la influencia de los poderes fácticos en todos los sectores y que ahora tienen el poder político, la banda presidencial, la bandera de Chile y la obligación y responsabilidad de actuar en nombre de todos, dirían que, incluso, lo que nosotros hicimos en relación con el royalty era malo e insuficiente.

El diputado Nicolás Monckeberg manifestó que debíamos tener autocrítica. Yo y muchos de nosotros la tenemos. Efectivamente, lo hecho al respecto es muy insuficiente. Por ejemplo, si observamos el porcentaje del IVA en los ingresos del gobierno central, podremos comprobar que representó el 48,5 por ciento, mientras que el impuesto específico a la minería significó menos del 1 por ciento, pues alcanzó al 0,7 por ciento. Sobre esto queremos debatir.

Pero cuando se entregan las ideas y las propuestas en serio, entonces viene la descalificación, la patria o la antipatria. Escuché ese lenguaje durante diecisiete años; no quiero volverlo a oír, menos en esta Sala del debate y de la serenidad para discutir ideas. Las amenazas contenidas en los discursos vulgares y canallas sólo exaltarán toda nuestra pasión.

Por eso aprobaremos la modificación del Senado y rechazaremos la propuesta de royalty que hace el Gobierno, para buscar mejor financiamiento para la reconstrucción.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señora Presidenta , después de escuchar al diputado Hales , no queda más que decir a los señores de la Izquierda que ese mismo ánimo debieron tener cuando aprobaron el Transantiago, que hoy nos hace gastar miles de millones de dólares en subsidio para financiar esa política desastrosa.

Hoy el país nos llama a ser solidarios. Tenemos que asumir la responsabilidad de resolver los problemas que han señalado los discursos de los parlamentarios que representan las zonas afectadas por el desastre. El diputado Urrutia recordó que el gobierno de la Concertación no fue capaz de solucionar los problemas de la gente después de tres años de producido el terremoto que afectó a Tocopilla.

Hoy necesitamos voluntad política para enfrentar la reconstrucción como corresponde.

Sin embargo, hay un tema que no puedo dejar de mencionar como representante de una región que se verá afectada por el cobro del famoso royalty o impuesto a la minería. Quiero que quede establecido en la discusión y en el espíritu de la ley lo que se me ha informado en pasillos, cual es que el 25 por ciento que se recaude por concepto de royalty o impuesto a la minería retorne a las regiones que producen esa riqueza. Me parece que una medida de esta naturaleza va por la senda correcta, por el camino que hemos trazado.

Al respecto, debo señalar que en Australia se discute un royalty más alto que el que hoy existe, por lo que considero que debemos dejar en claro que este impuesto no sólo beneficiará al fondo de reconstrucción, sino que también a las regiones productivas, con el objeto de dar tranquilidad a ese sector.

Me hubiese gustado que todos los sectores económicos y productivos del país hubieran aportado a ese fondo, como el de los alcoholes. En el caso del cigarrillo, por ejemplo, varios parlamentarios hemos propuesto que, luego de que su aporte concluya para el fondo de reconstrucción, no se rebaje dicho impuesto, sino que el 2 por ciento se destine a la actividad deportiva.

Hoy queremos sumar nuestra voluntad política y la fuerza de nuestro voto para decir a esas personas que tendrán nuestro apoyo y que, en la medida en que hagamos las cosas bien, no será necesario financiar desastres como el Transantiago, que la Concertación no dejó.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate.

Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.

De conformidad al artículo 150 del Reglamento de la Corporación, no se agregarán votos luego de terminada la votación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 59 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Informo a la Sala que de acuerdo al artículo 154 del Reglamento de esta Cámara: “Si resulta empate, se repetirá la votación, y si ésta da de nuevo el mismo resultado, quedará para la sesión siguiente. Si en ella vuelve a producirse empate, se dará la proposición por desechada.”.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En consecuencia, se repetirá la votación.

En votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 59 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- La votación se repetirá, sin debate, en la sesión de mañana. Si se vuelve a producir empate, se considerarán rechazadas las modificaciones del Senado y el proyecto se enviará a Comisión Mixta.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En virtud del acuerdo adoptado por los jefes de los Comités parlamentarios, corresponde tratar, sobre Tabla y con urgencia de discusión inmediata, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.

Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Deportes y Recreación y de Hacienda son los señores Germán Verdugo y Nicolás Monckeberg, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 6968-04, sesión 31ª, en 2 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, sesión 40ª, en 16 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 44ª, en 30 de junio de 2010. Documentos de la cuenta N° 6.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Sí, señor diputado .

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación.

El señor VERDUGO (de pie).- Señora Presidenta , paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.

Esta iniciativa legal tuvo su origen en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

Para el despacho de la iniciativa, el Primer Mandatario calificó la urgencia como de discusión inmediata para todos los trámites constitucionales, por lo que la Cámara dispone del plazo de tres días para el despacho del proyecto, plazo que vence el 2 de julio del 2010, por haberse dado cuenta de la urgencia ayer en la Sala.

La idea matriz o central del proyecto se orienta a establecer normas o regímenes de excepción aplicables a los establecimientos educacionales ubicados en las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero del 2010, relativos a la reliquidación de la subvención y a su mecanismo de cálculo; a la posibilidad de que aquellos establecimientos educacionales adscritos al régimen de jornada escolar completa diurna puedan impetrarla no obstante no cumplir con todos los requisitos para percibirla, y a la utilización de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), para la reparación y construcción de infraestructura educacional dañada, como así también para la adquisición de equipamiento y mobiliario.

En cuanto a las normas de quórum especial, cabe señalar que el proyecto no las contempla.

El proyecto, en su totalidad, requirió ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Además, no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.

Participaron en la discusión de la iniciativa en la Comisión el señor Fernando Rojas Ochagavía , subsecretario de Educación ; el señor Raúl Figueroa Salas , jefe de la División Jurídica de dicha Secretaría de Estado , y la señora María Trinidad Valdés , abogada de la misma.

La Comisión de Educación, Deportes y Recreación, que compartió los fundamentos y objetivos generales tenidos en consideración por el Ejecutivo para legislar en el sentido propuesto y luego de escuchar las explicaciones de las autoridades antes señalada, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señora Hoffmann , doña María José , y señores Aguiló , Bobadilla , Gutiérrez , Hasbún , Kast , Monsalve , Rivas , Silber , Venegas y Verdugo.

En los antecedentes del mensaje que dio inicio a este proyecto, el Jefe de Estado hace presente que en la zona afectada por la catástrofe del pasado 27 de febrero, correspondiente a las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana, vive el 75 por ciento de los chilenos.

Añade que, al asumir el Gobierno, cerca de 1 millón 250 mil niños no podían iniciar su año escolar y que, debido a ello, en pocos días tuvo que implementar un plan de acción que permitió que, desde el 26 de abril, todos los niños y jóvenes de la zona afectada por dicha catástrofe pudieran comenzar a asistir a clases, cumpliendo así su primera meta. Sin embargo, se requiere ahora normalizar otros ámbitos del funcionamiento del sistema escolar.

En este período, advierte, se detectó que el régimen regular de financiamiento de la educación, basado en la asistencia media promedio de los alumnos, resultó difícil de exigir. En virtud de ello, sostiene que se requieren formas excepcionales para compensar las inasistencias, evitando que la institucionalidad vigente profundice los perjuicios sufridos por los sostenedores de establecimientos educacionales como consecuencia de la catástrofe.

Asimismo, señala que es necesario flexibilizar el cumplimiento de ciertos requisitos que la ley impone a los establecimientos educacionales incorporados al régimen de jornada escolar completa diurna para impetrar la subvención, permitiendo así la continuidad del servicio educativo sin afectar su financiamiento, considerando que han debido ajustar sus horarios para seguir operando dadas las restricciones y daños de la infraestructura educacional.

Por otra parte, teniendo presente las evidentes carencias en infraestructura a consecuencia de la catástrofe, considera pertinente facultar a los establecimientos educacionales afectados para destinar los recursos provenientes de la subvención escolar preferencial a fines distintos a los taxativamente establecidos en la ley.

Por su parte, el subsecretario de Educación , durante la discusión del proyecto en la Comisión, precisó que los tres artículos del mismo buscan hacerse cargo de los efectos de la catástrofe que ha afectado al país desde el punto de vista de la subvención educacional, permitiendo que los establecimientos sigan recibiendo aquella que venían percibiendo desde antes del terremoto y puedan seguir sustentando sus costos operativos pese a las circunstancias en que actualmente se encuentran.

En cuanto al alcance de sus disposiciones, explicó que su primer artículo busca que el proceso de reliquidación de la subvención base, que debe tener lugar a mediados de cada año y que consiste en volver a calcular el promedio de asistencia registrado por los alumnos en los primeros meses del mismo para efectuar el pago de aquélla, no lleve a una disminución de los recursos que normalmente percibían las escuelas, producto de no haber podido reiniciar las clases en el mes de marzo. Precisó que esto ha sido solicitado por los propios alcaldes, quienes han visto disminuir drásticamente la asistencia promedio y ven con preocupación la eventual imposibilidad de financiar sus costos fijos.

Añadió que el artículo 2º busca hacerse cargo de la circunstancia de que muchos establecimientos no pueden hoy operar con jornada escolar completa por haber perdido parte de su infraestructura. Entendiendo que esto es un caso de fuerza mayor, lo que se persigue es que, durante un tiempo acotado, aquellos establecimientos que han debido funcionar en doble jornada o albergar a otra escuela en sus sedes puedan seguir recibiendo la subvención correspondiente a la Jornada Escolar Completa (JEC), aunque no cumplan con todos los requisitos necesarios para impetrarla, de modo de afectar lo menos posible sus procesos educativos.

Señaló, por último, que el tercer artículo busca también hacerse cargo de una petición concreta de los alcaldes, que tienen muchos establecimientos dañados a raíz del terremoto, ya sea en su infraestructura física, equipamiento y demás elementos que requieren para operar normalmente, y que alegan no poder utilizar los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial para reparar esos daños o recuperar el equipamiento perdido, debido a las restricciones que la ley les impone.

La idea es flexibilizar el uso de estos recursos por un tiempo acotado para que los sostenedores puedan efectuar las mejoras que las escuelas requieran, ya que no tiene mucho sentido seguir destinando la SEP a desarrollar planes de mejoramiento educativo si los establecimientos están en ruinas. Esto no significa afirmar que los procesos educativos sean menos importantes que la infraestructura, acotó, sino que ellos deben desarrollarse en un entorno educativo adecuado. Además, será el seremi de Educación respectivo el que deberá autorizar el uso de tales recursos para fines diversos de los originales, en la medida en que los establecimientos realmente los necesiten para normalizar el servicio educativo, como señala expresamente el texto de la iniciativa.

Es todo cuanto tengo que informar.

He dicho.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás (de pie).- Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda, informó el proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.

El propósito de la iniciativa consiste en establecer regímenes de excepción para los establecimientos educacionales pertenecientes a las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero, relativos a la reliquidación de la subvención y a su mecanismo de cálculo; a la posibilidad de que aquellos adscritos al régimen de jornada escolar completa diurna puedan impetrarla no obstante no cumplir con todos los requisitos para percibirla, y a la utilización de recursos de la Subvención Escolar Preferencial para la reparación y construcción de infraestructura.

Respecto del artículo 1°, el informe financiero señala que, en situaciones normales, -esto es, sin terremoto-, el presupuesto destinado a subvenciones escolares debe proveer el financiamiento para el pago mensual de las subvenciones considerando para su cálculo la asistencia media promedio registrada por curso en los tres meses precedentes. La forma excepcional propuesta en este proyecto no altera el concepto básico de asistencia de los alumnos en clases y, por tanto, se estima que no representará un mayor gasto por sobre el presupuesto vigente de subvenciones.

El artículo 2° faculta al Ministerio de Educación para autorizar a que determinados establecimientos educacionales que funcionaban en jornada escolar completa y que, como consecuencia del terremoto, estén imposibilitados de seguir haciéndolo, funcionen en otros establecimientos en doble y, excepcionalmente, en triple jornada, pero que se les pague la subvención mensual como si operaran en jornada escolar completa.

El artículo 3° faculta al Ministerio de Educación para que los sostenedores cuyos establecimientos son beneficiarios de la Subvención Escolar Preferencial puedan utilizar estos recursos para la reparación y construcción de infraestructura dañada por el terremoto y para la adquisición de equipamiento y mobiliario. Ello no significa, por tanto, mayor gasto fiscal, sino que permite una modificación del uso de los mismos recursos. En resumen, las normas de excepción -sobre las cuales, hoy, esta Cámara debe pronunciarse- no significan un mayor gasto fiscal. Así lo establece el informe financiero.

En el debate en la Comisión de Hacienda, el ministro de Educación hizo presente que la aprobación del proyecto es fundamental para hacer frente a las particulares condiciones de inicio del presente año escolar en las zonas afectadas por el terremoto, por cuanto los establecimientos educacionales han visto disminuida su subvención producto del terremoto y de la inasistencia de los alumnos.

Durante el debate, se expusieron ciertos puntos discordantes. El diputado Montes consideró inadecuado lo señalado en el informe financiero de la Dirección de Presupuestos en cuanto a que no habría mayor gasto fiscal por la aplicación del proyecto. Efectivamente, precisó que habría un ahorro y, por lo tanto, recursos comprometidos que deben ser establecidos en dicho informe.

Los diputados Jaramillo y Robles coincidieron con esa opinión.

Asimismo, el subsecretario de Educación , señor Fernando Rojas , señaló que el artículo 3° se incorpora en el proyecto por requerimiento de los propios alcaldes, los cuales manifestaron la necesidad de contar con recursos con celeridad y flexibilidad para permitir que establecimientos educacionales con cierto estándar de daño puedan reparar su infraestructura, sin la cual no se podría aspirar a entregar una educación de calidad.

En el mismo debate, el diputado señor Auth afirmó que está completamente de acuerdo con los artículos 1° y 2° y estableció ciertas diferencias con el artículo 3°, concordando con las inquietudes planteadas por los señores diputados anteriormente señalados.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe hacer notar lo siguiente:

El artículo 1° se sometió a votación y se aprobó por 9 votos a favor y 4 abstenciones.

El artículo 2° se aprobó por 10 votos a favor y 3 abstenciones.

El artículo 3° fue objeto de dos indicaciones parlamentarias: una de los diputados señores Macaya , Silva y de quien habla, en el sentido de modificar la expresión “construcción” por “reconstrucción”. Dicha indicación fue rechazada por 6 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.

A su vez, se rechazó también la indicación presentada por los diputados Jaramillo , Lorenzini y José Miguel Ortiz , que proponía eliminar la referencia al año 2011 del artículo 3°.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ROBLES.- Señora Presidenta , entendemos que el Ejecutivo haya enviado este proyecto relacionado con el daño que tuvieron las instituciones educacionales de las regiones comprometidas, principalmente por el terremoto. Desde ese punto de vista, nos parece absolutamente lícito y lógico que se regule la forma en que el Estado entrega los recursos educacionales, particularmente la subvención fiscal que perciben los distintos establecimientos por asistencia.

Es lógico también que en la gran mayoría de los colegios e instituciones que sufrieron daños por el terremoto, la asistencia haya sido afectada y que el Ministerio de Educación los tenga catastrados. Por lo tanto, de acuerdo con el proyecto de ley, este beneficio, por resolución exenta del Ministerio, solamente se entregará a aquellos establecimientos que efectivamente comprueben que la subvención no la están percibiendo por efectos de la catástrofe y no por otras razones.

Y dado que este proyecto afecta a las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío, del Maule y de O´Higgins, y que, de una u otra forma, afecta a más del 80 por ciento de las escuelas y de los educandos del país, entendemos la preocupación del Ministerio en este sentido; y entendemos que tanto en el artículo 1° como en el artículo 2° hay cierta lógica en la propuesta en cuanto a poner una salvaguardia, en el sentido de que el Ministerio de Educación se va a hacer responsable respecto de a quiénes entregará la subvención; que no será a todos los colegios de las distintas regiones. En Santiago, por ejemplo, hay una cantidad muy importante de colegios y liceos cuya infraestructura no ha sido afectada por el terremoto ni tampoco los niños que están concurriendo a sus recintos.

Dicho eso, concentro mi discurso en el artículo 3°, porque me parece de la máxima gravedad que las platas de la subvención escolar preferencial, que están destinadas a la educación de los niños más vulnerables, que tienen graves problemas de aprendizaje y que se encuentran entre los más vulnerables, vayan a terminar ahora en obras de infraestructura, que van al patrimonio de los municipios o de los sostenedores. Por eso, desde ya planteo cuestión de constitucionalidad.

Me parece que el Estado no puede entregar recursos de todos los chilenos, que están dirigidos a la educación de niños más vulnerables, a los sostenedores, sobre todo a los privados. Me llama mucho la atención y me parece absolutamente imprudente que se entreguen recursos a privados que lucran con la educación.

Digámoslo con toda claridad: si el artículo beneficiara sólo a los municipios, la mirada sería distinta, porque uno tiende a pensar que son parte del Estado. Sin embargo, no solo los beneficia a ellos. Es más, para los municipios debiéramos tener una ley clara, tranparente, que les entregara todos los recursos que requieren para reconstruir y mejorar los establecimientos necesarios, para que vuelvan a dar una atención educacional normal. Tal es así que al Ministerio le aprobaremos todos los recursos que estime pertinentes para regularizar la situación de los municipios. Lo haremos de todas maneras; pero utilizar los recursos que van a la educación de los más pobres, de los más vulnerables, para, tal como lo establece el artículo 3°, cambiar el destino educacional de los recursos para destinarlos a la reparación y construcción de infraestructura y para la adquisición de equipamiento y mobiliario, u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo, nos parece absolutamente inadecuado.

No sé qué va a decir el Ministerio de Educación a los 36 alumnos prioritarios del colegio particular Los Araucanos, de la comuna de Talcahuano, de propiedad de don Carlos Leonardo Varela, cuando se enteren de que los recursos no se destinarán a su educación, sino al patrimonio del señor Varela , dueño del establecimiento educacional. Esto no lo entiendo.

Por eso, votaremos en contra el artículo 3° del proyecto, amén de hacer presente la cuestión de constitucionalidad de la disposición.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señora Presidenta , convengamos en que el proyecto en debate apunta a resolver un problema específico y concreto como consecuencia del terremoto, que afectó gravemente el funcionamiento del sistema educativo. Es decir, los establecimientos educacionales quedaron con serias dificultades para reiniciar las clases. Por su parte, muchos sostenedores, ante el temor de la comunidad, se tomaron un tiempo prudente para iniciar las actividades académicas, cuestión que redundó en problemas en la base de cálculo de la subvención para su pago, toda vez que el mecanismo que se utiliza considera la asistencia efectiva de alumnos a clases.

El proyecto también apunta a resolver un problema de larga data, cual es el déficit que enfrentan muchos sistemas educativos, sobre todo los municipales, donde las subvenciones que perciben por la asistencia promedio mensual no financian los costos de operación del sistema.

Si no aprobamos estas normas, sobre todo el artículo 1°, la situación tenderá a agravarse.

Por eso, ayudar a los sostenedores a resolver los graves problemas ocasionados por el terremoto, con efectos sobre el pago de la subvención, es la medida que debemos adoptar a la brevedad.

Respecto de la reliquidación de la subvención para todos los establecimientos que funcionan entre las regiones de Valparaíso y de La Araucanía, el proyecto recoge las particularidades de cada caso. Al respecto, la asistencia promedio registrada entre marzo y mayo será recalculada, y la subvención será reliquidada. La norma en cuestión sólo rige por el 2010.

Los establecimientos incorporados al régimen de jornada escolar completa que por problemas de infraestructura, sean propios o porque funcionan en otros colegios, recibirán la subvención como si estuvieran funcionando a jornada escolar completa. Esta norma de excepción regirá para los años 2010 y 2011.

La idea es garantizar el funcionamiento de los establecimientos educacionales; que los recursos que se entreguen a los sostenedores se inviertan en recursos humanos y materiales para desarrollar el proyecto educativo, de manera de garantizar la normalización y continuidad del servicio educativo.

Respecto del artículo 3°, si bien la Subvención Escolar Preferencial está orientada a la formación y educación de los alumnos provenientes de familias más vulnerables, cuestión que todos compartimos y abogamos por que los recursos se sigan invirtiendo en forma focalizada y que se cumplan los compromisos de gestión de estos establecimientos para mejorar los resultados, se trata de una norma de excepción, que tendrá vigencia por los años 2010 y 2011 y sólo para los establecimientos educacionales, no para el sistema. Si un sostenedor tiene 20 establecimientos, no lo podrá aplicar en todos, toda vez que no puede distraer la subvención preferencial de un establecimiento en otro. El espíritu y la norma determinan que la excepción es para aquel colegio que no puede cumplir con sus compromisos de mejorar la gestión y el aprendizaje de los alumnos.

Es cierto que en años normales no esta-ríamos discutiendo esta norma, pero el reciente terremoto afectó considerablemente los establecimientos educacionales y la prioridad es recuperar la capacidad operativa de estos establecimientos lo antes posible.

Nosotros aprobaremos el proyecto de ley, dejando expresa constancia de que el artículo 3° es una norma de excepción.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.

El señor VENEGAS.- Señora Presidenta , estamos ante una clara demostración de que cuando un proyecto no nos merece dudas ni reparos, lo apoyamos con absoluta generosidad.

En la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, de la que formo parte, señalé que los artículos 1° y 2° eran prácticamente indiscutidos, porque el Gobierno, el Ejecutivo , se hacía cargo de un problema que afectó a los establecimientos educacionales de nuestras regiones que incide en la asistencia promedio y, por tanto, en el monto de los recursos que reciben esos establecimientos. Más allá de la discusión permanente de si el sistema de financiamiento, basado en la asistencia promedio, es el más adecuado, toda vez que los costos normalmente son fijos y van siempre al alza, mientras que los ingresos normalmente son variables y van más bien a la baja, ni siquiera creo que haya que argumentar mucho en favor del artículo 1°, porque el nuevo sistema de cálculo favorece y resuelve el problema que se había provocado, especialmente a los municipios.

El artículo 2°, que permite no exigir los requisitos que se contemplan para los establecimientos con régimen de jornada escolar completa, se explica por sí mismo, toda vez que muchos colegios simplemente no pueden cumplir con la jornada escolar completa y si les quitamos los recursos, les ahondamos los problemas.

Entonces, el inconveniente principal radica en el artículo 3°. No obstante que lo voté a favor en la Comisión de Educación, porque tenía como antecedente fundamental que el conjunto de los alcaldes de mi región, de todos los partidos, fue a conversar con el señor ministro , en una reunión que se sostuvo en La Moneda y en la que participó mi colega Fuad Chahín y otros diputados de la región, para solicitar precisamente eso. Como a la hora de legislar uno debe tener en cuenta lo que le indican sus realidades, recordé que los había acompañado y que ése era el planteamiento. Pero el problema es que se pone en entredicho el hecho de que se use la SEP, que tiene un propósito bien definido en la ley, para ese fin.

Nos hubiera gustado que la solución hubiera sido que se allegaran más recursos extraordinarios a esos establecimientos para resolver sus problemas. Pero, como eso no ha ocurrido y no se puede cumplir el propósito que está contenido en la ley SEP, que es desarrollar acciones innovadoras en materia psicopedagógica, que mejoren los aprendizajes, corresponde aprobar estas normas de excepción. Además, esto es provisorio, sólo por el 2010 y el 2011, y para los establecimientos que demuestren que fueron afectados por el terremoto y que están dentro de la zona de catástrofe, de acuerdo con el decreto supremo N° 150.

El artículo 3° -es importante que lo vean- establece que los establecimientos que tengan convenio -no cualquier establecimiento- y que se beneficien de SEP podrán darle, eventualmente, otro destino a los recursos, lo que me parece razonable cuando se trata de normalizar el servicio educativo.

Por esa razón voté favorable este proyecto, en sus tres artículos, en la Comisión y así lo haré, para ser coherente, en esta Sala.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.

El señor MONSALVE.- Señora Presidenta , primero quiero señalar que mi bancada va a votar a favor de este proyecto en general. Además, en particular, va a votar favorablemente los artículos 1° y 2°, pero votará en contra el artículo 3°. Desde ya pedimos votación separada para este artículo.

Señora Presidenta , por su intermedio, quiero decirle al ministro de Educación que entiendo que el proyecto pretende hacerse cargo de la realidad generada a partir del terremoto, pero el artículo 3° se enmarca dentro de una lógica bastante perversa, pues busca autorizar la utilización de los recursos destinados a los niños prioritarios, los más vulnerables de Chile, para mejorar la calidad de su educación, durante el 2010 y el 2011, en la reparación y construcción de establecimientos.

¿Por qué digo que se enmarca dentro de una lógica perversa de reconstrucción? En primer lugar, en la Región del Biobío se recortaron 20 mil millones de pesos al presupuesto regional. Después, no se transfirieron recursos a los municipios, por lo que debieron enfrentar la emergencia con sus propios recursos y, por lo tanto, en los hechos, se produjo un recorte en el presupuesto de los municipios de la Región del Biobío. Ahora, se pretende a hacer un recorte a los recursos destinados a los niños prioritarios, a los más vulnerables, de nuestra región.

Por lo demás, este recorte muestra una incoherencia, porque el ministro de Educación , que ha estado presente la última semana en esta Cámara, ha mantenido un discurso que no tiene nada que ver con el artículo 3°. Ha dicho que el objetivo central es mejorar la calidad de la educación; ha dicho que, para mejorarla, una de sus iniciativas es aumentar el monto de las subvenciones; ha justificado los despidos de los funcionarios del sector educación, diciendo que esos recursos los va a destinar a la subvención, y hoy nos presenta un proyecto que permite utilizar los recursos de la Subvención Escolar Preferencial destinados a los niños, en infraestructura, en reparación y en equipamiento.

En verdad, no entiendo esa coherencia, en virtud de que su principal compromiso tiende a aumentar el monto de la subvención.

En segundo lugar, todos sabemos que los resultados educativos tienen que ver con el capital social y cultural de los niños. El 60 por ciento de los resultados de aprendizaje tiene que ver con el capital cultural y, por lo tanto, con el nivel socioeconómico.

Señora Presidenta , por su intermedio, quiero preguntarle al ministro por los niños que eran vulnerables y prioritarios antes del 27 de febrero en la zona que yo represento, en Lota y en la provincia de Arauco. ¿En qué condiciones se encuentran hoy día? En la comuna de Lota, hay 1.600 familias que están viviendo en mediaguas, que están sin luz y sin agua potable. En esas condiciones están viviendo los niños que antes del 27 de febrero ya eran vulnerables. Ahora están en condiciones de vida mucho peores y dramáticas. A esos niños, nuevamente, el Gobierno, a través de esta iniciativa, quiere quitarles un derecho que se habían ganado por una ley que este Congreso aprobó en forma unánime, cual es el derecho a tener una subvención preferente para mejorar su calidad de educación.

En tercer lugar, mucho se ha debatido y dicho respecto de los últimos resultados del Simce y de la necesidad de enfrentar el desafío de mejorarlo. Al analizar sus resultados, se constata que los establecimientos educacionales que hoy reciben la Subvención Escolar Preferencial han mostrado mejorías notorias, las que tienen directa relación con la mayor cantidad de recursos que se invierten en el proceso de aprendizaje. Quitarla vuelve a dañar la tarea de mejorar los objetivos de aprendizaje de los niños vulnerables que se educan en esos establecimientos.

Por lo tanto, nosotros entendemos que la lógica de la reconstrucción, particularmente en los sectores vulnerables, debe hacerse con más recursos y no con menos recursos. Hoy se están utilizando recursos de áreas importantes del desarrollo nacional en la reconstrucción.

En verdad, eso no tiene mucha coherencia con lo que se está haciendo en el sector privado. Tengo en mis manos un oficio del subsecretario de Educación , enviado al Senado, y en el punto 4 dice que el 1 de junio se publicó, en el portal institucional del Ministerio de Educación en internet, el listado de los establecimientos adjudicatarios de los recursos del plan de mejoramiento de instalaciones escolares para establecimientos del sector particular sin fines de lucro. O sea, el Ministerio está dispuesto a destinar recursos a los establecimientos del sector particular, pero a los del sector público, del sector municipal, no se le destinan recursos. Deben sacar los recursos de la SEP para la reparación y la reconstrucción de infraestructura. Eso nos parece inaceptable.

Vamos a votar en contra del artículo 3° y reiteramos nuestra petición de votación separada de esa disposición.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.- Señora Presidenta , había intentado renunciar a la opción de hablar, pero veo que hay mucho interés en intervenir por parte de los colegas y no quiero ser menos.

Este proyecto tiene un solo objetivo y en los tres artículos que contiene así queda establecido: generar las condiciones para que los establecimientos educacionales de la zona afectada por el terremoto recuperen el normal funcionamiento lo antes posible.

En este sentido, el Ministerio de Educación, y particularmente nuestro ministro, ha tenido un acierto en tratar de establecer normas que flexibilizan la entrega de la subvención a los establecimientos afectados por el terremoto.

En particular, quiero dejar claramente establecido respecto del artículo 3°, que es el que mayor controversia ha generado, que los propios alcaldes de nuestro país han pedido expresamente hacer uso de esos recursos para tratar de generar condiciones que permitan entregar educación de calidad a nuestros alumnos.

Los recursos destinados a la Subvención Escolar Preferencial tienen como objetivo -así está establecido en la norma- generar las condiciones para que nuestros niños más vulnerables tengan posibilidades de acceder a una educación de calidad. Esta subvención opera cuando los establecimientos educacionales están, por decirlo de alguna forma, en pie: existen las salas de clases, los comedores, los servicios higiénicos y las condiciones físicas para que los alumnos más vulnerables puedan asistir a clases. Después del terremoto, en muchas comunas, esos establecimientos no existen.

Por lo tanto, si este proyecto se aprueba tal cual está, esos recursos se destinarán a generar condiciones, en los establecimientos afectados por el terremoto, para que nuestros alumnos puedan tener un lugar digno donde asistir a clases.

Reitero que el artículo 3º nace de una petición expresa de los alcaldes, quienes solicitan que estos recursos se destinen a la reconstrucción de escuelas. Es una norma temporal y no permanente. Ahora, podría compartir las objeciones de algunos colegas si esta norma fuera permanente, pero aquí se establece claramente que el secretario regional ministerial de Educación tendrá que pronunciarse respecto de la utilización de estos recursos por cada establecimiento en forma particular, por lo que no se están entregando estos recursos en forma discrecional a los sostenedores.

En consecuencia, invito a los colegas a aprobar tal cual está redactado el proyecto en discusión, para que los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, -algo solicitado por los alcaldes- sean destinados temporalmente a reconstruir las salas de clases, de manera que nuestros niños puedan estudiar en mejores condiciones que las actuales.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.

El señor SILBER.- Señora Presidenta , en términos generales, la Democracia Cristina va a respaldar el proyecto, salvo el artículo 3º -en ese sentido, ya esbozó el contrapunto el diputado señor Mario Venegas -, pero quiero señalar lo siguiente.

En primer lugar, pedimos votación separada respecto de ese artículo.

En segundo término, vamos a hacer reserva de constitucionalidad del artículo 3º, por cuanto no distingue sobre el destino de las inversiones. Recordemos que se va a financiar la reparación de bienes públicos, de carácter municipal, pero también pueden ser bienes arrendados a terceros, en el caso de sostenedores de carácter particular subvencionado, quienes verán incrementado sustantivamente su patrimonio por esta habilitación de carácter legal dado que, incluso, el artículo no discrimina con mayor precisión cuál será la naturaleza de las obras y la inversión.

Creemos que ésta es una de las normas más atentatorias contra la agenda pro calidad que puede existir.

Ayer, hablábamos de semáforos y de medidas. Sin embargo, ahora estamos diciendo a los alumnos que viven en mediaguas o en carpas, cuyos colegios ha sido dañados por el terremoto, que los dineros destinados, quizás, a comprar computadores, a habilitar de mejor manera las aulas y a los apoyos técnicos especiales, van a ser destinados a comprar lo que el Estado debió compensar por la vía regular.

A esos niños que hay que compensar de manera prioritaria, dada la vulnerabilidad en que se encuentran -hay que tener en cuenta de que ha aumentado sustantivamente la vulnerabilidad de aquellas familias que han sufrido los efectos del terremoto-, el Ministerio de Educación les dice: la plata que iba a compensar ese déficit será destinada a reparación y construcción de infraestructura que el Gobierno debió haber asumido como propias.

Sin duda, entendemos lo que dicen los alcaldes, pero, en este caso, son el jamón del sándwich, porque, obviamente, la necesidad tiene cara de hereje y nuestros alcaldes quieren reponer, a la brevedad posible, los establecimientos educacionales. Ahora, si les rebajamos el FIE que anteriormente era de 50 millones de pesos, a 30 millones de pesos por establecimiento, estamos haciendo todo lo contrario, porque estamos restando plata para las reparaciones.

En el gobierno anterior, que tantas veces fue criticado, se estableció un fondo de 100 millones de dólares destinados a la infraestructura, equipamiento y reparación de establecimientos.

Quiero recordar las palabras de un distinguido senador de la UDI, quien dijo que había plata para pagar los gastos de cuatro o más terremotos. Sin embargo, estamos viendo cómo se saca la plata a los jóvenes y a los niños que justamente van a terminar pagando y asumiendo los costos que dicen relación con la reconstrucción.

Estamos castigando a los más débiles. Ésta es una norma atentatoria contra la calidad. Esos jóvenes igualmente tendrán que rendir las pruebas Simce , Timms , Pisa y de otro tipo, de carácter estandarizas, justamente, ayer se dijo que debíamos subirlas de manera ostensible. Por supuesto que debe ser así, pero ahora estamos castigando dos veces a esos niños.

Anuncio que votaremos favorablemente los artículos 1º y 2º, mientras que en el 3º hacemos reserva de constitucionalidad, puesto que tenemos serios reparos sobre cómo está diseñado -incluso, iremos al Tribunal Constitucional-, por lo que lo rechazaremos por lo inequitativo e injusto, puesto que constituye un doble castigo hacia quienes han sufrido tanto.

He dicho.

El señor KAST.- Señora Presidenta , advierto un grado de confusión no menor en algunos parlamentarios, pues estamos frente al terremoto más grande que ha sacudido a nuestro país.

Al ocurrir esta catástrofe, cientos de establecimientos educacionales fueron destruidos. ¿Qué sucedió en las zonas más afectadas, donde están los niños objeto del debate de este proyecto? Los alumnos vulnerables de los establecimientos destruidos se trasladaron a otros establecimientos y los que funcionaban en una sola jornada completa tuvieron que acomodarla para recibir a niños en jornada de mañana y en jornada de tarde, de colegios distintos. Hoy no están funcionando las escuelas donde asistían los niños que recibían la subvención especial para alumnos vulnerables. Por lo tanto, para recibir una educación de calidad, esos niños tendrán que volver a establecimientos en que los profesores puedan hacer clases en condiciones normales. Para obtener una educación de calidad, los niños deben tener un entorno y un ambiente adecuados para enseñarles bien, lo que hoy no está ocurriendo.

Lo que establece el artículo 3º es que aquellos establecimientos que habían firmado un convenio -como bien decía el diputado señor Mario Venegas -, donde asisten los niños más vulnerables, puedan ser objeto de aporte de recursos adicionales. Esto, además, es algo solicitado por los mismos alcaldes de las zonas afectadas, porque hoy los recursos SEP no se están aplicando como debiera, puesto que los niños no están en establecimientos normales. Son recursos inmediatos, frescos y automáticos que los alcaldes recibirán para poder reparar las escuelas en que estos niños vulnerables estaban estudiando.

Señora Presidenta , por su intermedio, quiero preguntar al diputado señor Robles qué hubiese pasado si Vallenar se hubiese visto afectado por un terremoto de 8.8 grados. ¿Qué habría pedido el alcalde en una situación como ésa? Habría pedido que le asignaran mayores recursos, los cuales hoy no están siendo bien utilizados, porque la infraestructura donde están siendo atendidos los niños, en las escuelas que los absorbieron, no reúne las condiciones necesarias para hacerlo.

Además, hay que aclarar que ésta es una norma absolutamente extraordinaria por lo que queda del 2010 y por el 2011, con resolución fundada, y solamente para aquellos establecimientos que hayan firmado el convenio extraordinario para la atención de niños vulnerables.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta , entendemos que es importante tomar estas medidas de excepción en materia de subvenciones con respecto a los establecimientos que se encuentran en las zonas de catástrofe.

Hay medidas obvias con las que estamos absolutamente de acuerdo, como la determinación de la subvención de junio, el recálculo de la asistencia, etcétera. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo, como PPD, es en el artículo 3º, que cambia el uso de los recursos de la SEP para reparación y construcción de infraestructura y para la adquisición de equipamiento y mobiliario, es decir, para solucionar los problemas que dejó el terremoto.

No queremos que se cambie el destino de los dineros de la SEP, porque consideramos que se deben destinar siempre a la calidad de la educación, independiente de las crisis que se produzcan. Además, el Gobierno dispone de los recursos para destinarlos a ese uso, por lo que no es necesario que se ocupen los de la SEP, ya que se necesitan más que nunca para asegurar, en conjunto con la reconstrucción, algunos estándares de calidad de la educación en los colegios de la amplia zona de catástrofe, que incluye desde la Quinta hasta la Octava Región.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de ese artículo, porque no estamos de acuerdo con cambiar el destino de esos recursos.

Por intermedio de la señora Presidenta, pido al ministro Lavín que luche para que alzar o establecer nuevos impuestos, ya que existen otros medios para reconstruir las escuelas.

Reitero que no queremos que se cambie la naturaleza de la ley SEP, aunque sea en esta situación de catástrofe.

He dicho.

El señor MONTES.- Señora Presidenta , quiero hacer ver la gravedad que implica aprobar el artículo 3°. Espero que no se apruebe aquí. Si sucede lo contrario, ojalá se rechace en el Senado.

Dicha norma cambia el destino de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, o sea, de los dineros destinados a planes de mejoramiento educacional. Aquí está la gran diferencia con la operación semáforo, -a propósito de lo que dijo ayer el diputado Verdugo , -porque se clasifica a colegios para ayudarlos a salir adelante con planes de mejoramiento educacionales, lo que se financia con los recursos de la SEP.

La norma dice que esa plata para planes de mejoramiento educacional se podrá destinar a la reconstrucción de salas de clases durante los años escolares 2010 y 2011. No obstante, eso no es efectivo, ya que también podrá abarcar los años 2008 y 2009, porque muchos municipios tienen empozada esa plata de la SEP. En consecuencia, se trata de cuatro años.

Ahora bien, ¿dónde el proyecto establece la facultad que permite reformular los convenios firmados entre el ministerio y los sostenedores?

Además, uno se pregunta: ¿y si el subsecretario se equivoca y autoriza el uso de esos recursos para otro objetivo en un colegio que no corresponde, particular o municipal? ¿Qué sanción se aplicará al subsecretario si eso ocurriera?

La norma no resuelve estas preguntas, porque su redacción es totalmente ambigua. Incluso, no tiene ninguna norma para controlar la ejecución de ese cambio.

Por lo tanto, lo lógico es entregar recursos frescos para ese objetivo. Si hay problemas de infraestructura en algunos colegios, ¿por qué se va a quitar la subvención a los niños que tienen más necesidades? Se nos responde que no hay dinero. Sin embargo, tengo aquí la lista de todos los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido a los cuales ya se les han pasado recursos, los que no tienen nada que ver con la Subvención Escolar Preferencial. ¿Por qué no se siguen destinando esos mismos recursos u otros en lugar de sacarlos de los planes de mejoramiento educacional? Lo dispuesto en el artículo 3° no tiene presentación.

El diputado Venegas y otros parlamentarios manifiestan que esto fue pedido por los alcaldes. ¡Pero a los alcaldes no les queda alternativa! Si no tienen otra forma de financiar el mejoramiento de la infraestructura, no les queda más que pedir recursos de cualquier parte, aunque eso atente contra el desarrollo de los planes de mejoramiento y los convenios que están firmados.

Creo que es bien importante que tengamos presente esto y que votemos en conciencia el proyecto, ya que no es una norma de excepción así no más. Lo excepcional era la subvención preferencial para los alumnos que, por distintas razones, tenían dificultades o no lograban los niveles educacionales requeridos.

Esto es lo más serio que se está tratando de hacer. En algunas comunas funcionan bien los planes de mejoramiento educacional, mientras que otras no tienen buenos resultados. En consecuencia, ataquemos el problema en las comunas en que no están funcionando bien, porque, en general, los alcaldes que piden estos recursos son los mismos que no han llevado adelante los planes de mejoramiento, por lo que no han cumplido con la ley, ya que tienen empozados esos recursos.

Lamento que el informe financiero del proyecto señale que esto no tiene impacto fiscal, en circunstancias de que todos sabemos que eso no es así.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular, con excepción del artículo 3°, respecto del cual se pidió votación separada.

En votación el artículo 3°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Despachado el proyecto a segundo trámite constitucional en el Senado.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.