Labor Parlamentaria

El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización, con urgencia calificada de suma.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley, contenido en el boletín Nº 5083-04, se inició en la sesión 1774°, en 21 de abril de 2010, de la presente legislatura.

El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , quiero hablar de mi experiencia como alcalde. Durante muchos años administre el sistema de educación municipal y, transcurrido casi un cuarto de siglo, debo reconocer que es un modelo en crisis terminal. No hay ningún municipio que no esté viviendo esta situación y, día tras día, la inmensa mayoría debe enfrentar una verdadera odisea para asegurar el pago de remuneraciones, y aún muchos tienen enormes deudas por concepto de cotizaciones previsionales impagas de su personal.

La diversidad de realidades sociales y económicas impone diferentes visiones para un problema en que el Estado debe asumir y recuperar protagonismo en un bien tan esencial para nuestra población, especialmente para la más vulnerable, los jóvenes, que, en definitiva, atiende la educación pública. Efectivamente, debemos asegurar una educación de calidad y que, a través de ella, se promueva la movilidad social que tanto requieren los jóvenes. ¿A qué más puede aspirar la inmensa mayoría de los chilenos que legar a sus hijos la esperanza de un futuro

mejor a través, precisamente, de la educación? ¿Estamos hoy respondiendo a esa aspiración? Evidentemente, no.

Debemos corregir las falencias de fondo. Lamento que siempre estemos maquillando un tema tan esencial para la sociedad chilena. Las familias y sus hijos que atiende el sistema municipal tienen todo el derecho a una educación de calidad, aunque estén en el último rincón o mayor centro urbano del país. El Estado debe asegurar, con docentes idóneos, con planes y programas efectivos, con financiamiento apropiado y con un sistema de administración que dé garantías a la familia, al personal y a los alumnos de que efectivamente los jóvenes van a mejorar sus condiciones. El sistema no puede seguir tal como está.

La presente iniciativa debe ser la apertura de un diálogo permanente para seguir profundizando en la búsqueda de una educación de calidad a la que todos aspiramos. Debemos terminar con la odiosidad de que pocos puedan acceder a la excelencia, mientras la inmensa mayoría de los alumnos debe conformarse, marginarse y, en definitiva, hipotecar el futuro de cada uno de sus hijos.

Desafortunadamente, el proyecto no responde a lo que realmente todos quisiéramos para asegurar a los niños, a los jóvenes, particularmente a los que atiende el sistema municipal, una educación de calidad, con profesores comprometidos, absolutamente involucrados en el proceso, seguros en sus programas y proyectos, y con un personal resguardado por las normas laborales. En definitiva, se necesita un financiamiento que asegure a todos los alumnos -no solamente a algunos- una educación de calidad, para que tengan el futuro que merecen.

He dicho.

El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio.

El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , no voy a disponer de mi tiempo para hablar de la importancia de establecer un sistema que permita mejorar la calidad de la educación, porque está de más hacerlo. Transversalmente, existe la opinión unánime de que ello es un imperativo de la sociedad chilena. El punto es cómo lo hacemos.

Respecto de ello, quiero hacer referencia a algunas normas contenidas en el proyecto en cuestión que dicen relación, fundamentalmente, con la Superintendencia de Educación. La iniciativa la concibe como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, la entiende como una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981. Su objetivo es evaluar y fiscalizar que los sostenedores y los establecimientos educacionales, reconocidos oficialmente por el Estado en los niveles parvulario, básico y medio, cumplan con los estándares establecidos en el sistema educativo. Para estos efectos, el proyecto reconoce a la Superintendencia atribuciones fiscalizadoras generales y específicas en el orden de las auditorías de la gestión financiera y del examen de las rendiciones de cuentas de los sostenedores públicos y privados del sistema educacional. Sin embargo, también la dota, entre otras, de atribuciones interpretativas y sancionadoras de gran importancia.

Incluso, la Superintendencia puede aplicar sanciones que en su grado más severo contemplan la revocación del reconocimiento del establecimiento educacional. Nada se dice en el proyecto respecto del destino de las subvenciones ni del plazo que dura aquella revocación.

Y empieza a surgir un primer problema. Y es que, no obstante la importancia de la Superintendencia -se puede prever por la naturaleza del proyecto-, la iniciativa propone que esté sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos. Pero, además, nos enfrentamos a otra situación muy particular: las decisiones que adopte la Superintendencia sólo son recurribles ante las cortes de apelaciones, las que verán estos procesos en cuenta, por lo que no serán incorporados en la tabla, en que las partes puedan hacer valer sus derechos.

Pero veamos qué ocurre con los tres sistemas educacionales que deberá supervisar esta Superintendencia.

El proyecto otorga atribuciones a la Superintendencia para ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores educacionales que reciben recursos públicos; para fiscalizar su uso, y para exigir la rendición de las cuentas, como se ha dicho.

Y aquí encontramos un primer gran problema.

Las atribuciones que el proyecto de ley reconoce a la Superintendencia en materia de control financiero colisionan gravemente con las propias de la Contraloría General de la República, órgano autónomo al cual nuestra propia Carta Fundamental, en su artículo 98, le confiere, además del control de legalidad de los actos de la Administración, la fiscalización de la inversión de los fondos del Fisco y de las municipalidades, facultades para los efectos de controlar financieramente el uso de los recursos públicos para, a lo menos, verificar la legalidad del gasto.

Esta realidad adquiere connotación todavía más grave si se considera que, además, diversas disposiciones del proyecto confieren a la Superintendencia atribuciones para emitir pronunciamientos jurídicos e instrucciones obligatorias.

Por su parte, en el mismo proyecto, en el artículo 47, letra m), se faculta al superintendente para interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y normas técnicas que rigen las entidades fiscalizadas. Esto va mucho más allá de las propias materias de carácter educacional. Tal atribución para emitir pronunciamientos interpretativos e instrucciones es absoluta, completa e irremediablemente contradictoria con las propias atribuciones de la Contraloría General de la República.

Veamos cada uno de los sectores.

En lo que se refiere a los establecimientos de educación que fueron traspasados a las municipalidades, por ejemplo, hay que tener presente que ellos se encuentran integrados en las respectivas municipalidades como dependencias propias del municipio, razón por la cual la Contraloría ejerce en este ámbito una fiscalización jurídica y financiera muy amplia.

¿Qué ocurre respecto de los establecimientos de educación administrados por corporaciones municipales? También estas corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, conforme al mandato contenido en el artículo 136 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Igual criterio debe sostenerse con respecto a los establecimientos particulares que reciben subvenciones estatales.

De igual modo, es necesario destacar que se confiere a la Superintendencia la potestad para instruir procesos de subvenciones en circunstancias de que dicha atribución la posee el Ministerio de Educación.

La imprecisión de que adolece este proyecto también se refleja en que dispone que la Superintendencia realizará los procesos destinados a sancionar las infracciones a la normativa que regula las subvenciones educacionales y que, sin embargo, corresponderá al Ministerio de Educación aplicar la medida que proceda.

Nuevamente se produce una colisión de competencia futura, previsible, que es necesario evitar.

Asimismo, el proyecto señala que corresponderá a la Superintendencia disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales, lo que conlleva una contradicción, ya que ésta iniciativa le otorga la misma facultad al Ministerio de Educación.

El proyecto se refiere a que el superintendente de Educación tendrá la calidad de funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República , en circunstancias de que también dispone que la Superintendencia estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, lo que implica que esta autoridad sólo poseerá la calidad de empleado de exclusiva confianza en lo que respecta a la remoción. Sin embargo, la ley N° 18.575, en su artículo 49, inciso final, establece que son funcionarios de la exclusiva confianza aquellos que se encuentran sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.

En el evento de que esta Sala estimara que los argumentos planteados no son suficientes, he dejado para el final de mi intervención la situación de los trabajadores del Ministerio de Educación, que es, por decir lo menos, muy curiosa.

(Aplausos en las tribunas)

En la letra a) del artículo 104 se faculta al superintendente para declarar la vacancia de un cargo por “Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio …”, lo que no sólo vulnera la carrera funcionaria amparada por el artículo 38 de la Constitución Política, sino que además transgrede expresamente lo prescrito en el artículo 46 de la ley N° 18.575, según el cual el personal de la Administración gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar por las causales que expresamente se indican.

La extrañeza que provoca este proyecto tiene que ver con que el jefe superior del servicio podrá poner término, es decir, hacer cesar en sus funciones a los funcionarios de carrera, cuando sea mala la evaluación que el propio superintendente realice respecto de la unidad que dirige. Haciendo un símil con el proceso penal, eso equivale a decir que cuando no podemos encausar al imputado, podemos privar de libertad a su madre.

(Aplausos en las tribunas).

Aquí se está estableciendo una sanción para aquellos funcionarios que, aunque cumplan sus funciones a cabalidad, pueden ser cesados en sus funciones por mala gestión de la institución, la cual incluso puede deberse al propio superintendente.

Una ley promulgada en estas condiciones sólo está destinada a crear mayor confusión, a generar permanentes conflictos de competencia e instaurar un régimen de personal que es la negación de un conjunto importante de derechos adquiridos por los trabajadores, en este caso del Ministerio de Educación.

(Aplausos en las tribunas).

Éste es un muy mal proyecto. Estoy disponible para hacer cualquier esfuerzo en orden a mejorar la calidad de la educación en Chile, pero de esta forma vamos exactamente por el camino contrario.

Por último, no estoy disponible para facultar al Presidente de la República , a través de un artículo transitorio, para que estas contradicciones sean resueltas mediante la dictación de un decreto con fuerza de ley. No estoy dispuesto a girar un cheque en blanco a favor del Presidente de la República para que supere las dificultades que existen entre este proyecto y la Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

En consecuencia, anuncio mi voto en contra de la iniciativa.

He dicho.

El señor VERDUGO.- Señora Presidenta , después de reflexionar largamente sobre este proyecto, que tuve la oportunidad de analizar en detalle junto con los demás miembros de la Comisión de Educación, he llegado a la conclusión de que es un aporte extraordinariamente importante a la normativa actual del sistema educacional, a pesar de presentar una serie de falencias.

En este sentido, recuerdo a la Sala que aprobamos el proyecto de ley sobre subvención preferencial, la que, lamentablemente, en su implementación hasta ahora no ha dado los resultados esperados, por cuanto no se ha aplicado ni en su letra ni en su espíritu por quienes debieran haberla llevado a cabo y por quienes debieran haber supervisado y fiscalizado su cumplimiento. Es así como en muchas municipalidades existen cuantiosos recursos empozados que no han sido ocupados, aun cuando están destinados a los alumnos más vulnerables, que más ayuda y apoyo necesitan.

También aprobamos la Ley General de Educación, que constituye un avance importante. Recuerdo que en esa oportunidad intervine en la Sala para señalar que con la aprobación de una o varias leyes no vamos a lograr el anhelado objetivo de mejorar la calidad de nuestra educación. Lo recuerdo porque considero que este proyecto es un avance y que lo importante es tener claridad respecto del rol que deben desempeñar los actores que participan en el proceso educativo: profesores, alumnos, padres y apoderados, sostenedores y el Estado.

Si realmente queremos una educación de calidad, debemos preguntarnos si todos los actores están efectivamente cumpliendo el rol que como sociedad les exigimos. También tenemos que preguntarnos si para cumplir ese rol cuentan con los medios necesarios para lograr una educación de mejor calidad como la que aspiramos. ¿Los profesores cuentan con la formación inicial y el perfeccionamiento adecuados? ¿Cuentan con el tiempo suficiente para preparar y evaluar sus clases? ¿Reciben las remuneraciones adecuadas para cumplir el rol que como sociedad les exigimos?

Ahora bien, los alumnos también son parte fundamental en este proceso, por lo que cabe preguntarse si tienen el compromiso, el interés y la motivación requeridos para participar en el proceso educativo. La calidad de la educación debe ser considerada una prioridad y una necesidad para ellos.

Respecto de los padres y apoderados, ¿basta con que sean quienes despiertan a los alumnos para que vayan al colegio o deben tener un rol mucho más activo y efectivo en este proceso?

¿Cuál es el rol de los sostenedores? ¿Abrir la puerta del colegio y tocar la campana? ¿O debiéramos exigirles un proyecto educativo que realmente responda a las expectativas de calidad a las que aspiramos?

Por último, el Estado es quien debe financiar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos. La pregunta que debemos hacernos es si el Estado financia lo suficiente para lograr la educación de calidad a la que aspiramos. ¿No nos estamos quejando todos los días de que los recursos de la subvención escolar son insuficientes? En este sentido, existe el compromiso del Gobierno de duplicar en ocho años el monto de esta subvención, pero a lo mejor debiéramos lograrlo mucho antes, porque de lo contrario el Estado no financiará adecuadamente una educación de calidad.

¿Qué pasa con el resto de los actores?

¿El Estado supervisa los aspectos técnicos pedagógicos en los establecimientos educacionales para lograr buenos niveles de calidad? ¿Tiene el Estado la facultad para supervisar a los establecimientos educacionales respecto de cómo se invierten los recursos económicos en función de la calidad que anhelamos?

Mi impresión es que este proyecto constituye un avance extraordinariamente importante, porque otorga al Estado, a través de los servicios públicos descentralizados, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, los medios para cumplir esta labor básica y fundamental. Sin duda, será un gran aporte, pero no vamos a lograr la solución del problema, puesto que para alcanzar el nivel de calidad de la educación a la que aspiramos todos los actores debieran cumplir el rol que les corresponde. El Estado debe aportar lo suyo.

El proyecto presenta algunos defectos que planteé en la Comisión de Educación y que hice ver a los asesores de la ex ministra de Educación , señora Mónica Jiménez , con quienes me reuní para conversar sobre los mismos temas que hoy se están objetando. Debo recordar que se trata de un proyecto que se estudió y se conversó en el Gobierno anterior, que fue aprobado en las distintas comisiones con los votos favorables de los diputados de la Concertación. Es curioso que algunos parlamentarios, que entonces éramos de Oposición, no votáramos a favor en algunos temas muy específicos, pero no por eso dejaremos de reconocer que este proyecto es un aporte importante.

Ahora, con respecto al temor de los funcionarios, que leen o escuchan que se efectúan despidos argumentando necesidades de la empresa, quiero mencionar que hay 3 mil funcionarios del Ministerio de Educación a contrata y mil funcionarios a honorarios. ¿En qué situación se encuentran? Creo que lo que ofrece el proyecto, con estos nuevos servicios que se están creando, implica mucha mayor estabilidad para estos 4 mil funcionarios que hoy están a contrata y a honorarios.

Es fundamental analizar el proyecto en su realidad, porque muchas veces nos dejamos llevar por situaciones que, aparentemente, pueden ser un problema. Aquí influye, por cierto, el criterio en su aplicación. Por eso, este proyecto es un avance. Todavía queda espacio para mejorar algunos aspectos y sé que existe la voluntad del Gobierno para hacerlo.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señora Presidenta , es particularmente grato para este diputado intervenir en el tratamiento y discusión de la modificación a la ley de Educación, toda vez que este fundamental derecho ha estado indisolublemente ligado al quehacer del Partido Radical desde su nacimiento. Y no podía ser de otra manera, pues entre los principios esenciales que sostienen el ideal político del partido destacó el concepto de humanismo, colocando al hombre y a la mujer en el centro de las preocupaciones del Estado y, en consecuencia, actuamos al apego de este ideal: El hombre crea y sus creaciones modifican la sociedad; de ahí que la acción política deba orientarse a obtener el máximo desarrollo de la persona humana.

Asimismo, estimamos que el progreso del hombre está indisolublemente ligado a la educación que reciba y, consecuentemente, el nivel y calidad de la misma es una preocupación constante de todo parlamentario radical y militante en general.

Hoy, se tiene absolutamente claro que la enseñanza y la formación continua desempeñan un papel crítico en el desarrollo económico y social. Esto es así en la mayoría de las economías avanzadas y en aquellas que están experimentando un rápido crecimiento y desarrollo. El capital humano se ha convertido en un motor clave del crecimiento económico, de tal forma que cada vez es más patente su influencia en factores como la salud y la inclusión social. Por esa razón, consideramos fundadamente que no habrá progreso significativo y sustentable en la calidad de vida de los habitantes de este país si no resolvemos bien el problema de la educación chilena.

Ya en 1892, el ilustre político radical y educador chileno don Valentín Letelier sostenía la necesidad de adoptar en Chile un sistema de enseñanza eminentemente social, integral y homogéneo, que cultivara la instrucción de la inteligencia y atendiera a la educación del carácter, la formación del gusto, el desenvolvimiento normal de la vida física y de las aptitudes industriales, como, al mismo tiempo, que estuviera dirigido a extirpar las causas de la anarquía mental y, con ello, educar la democracia para el orden y el progreso. Es decir, en ese tiempo ya se promovía la integralidad en la educación, que en este proyecto no se ve claramente diseñada.

Del mismo modo, el Partido Radical ha sido un pilar que abrió las puertas a la idea del Estado docente. Los educadores y políticos radicales sostenemos que es el Estado quien debe consolidar la validez de una educación democrática, laica y pluralista, como un medio para intentar superar las diferencias sociales, entregando a todos los ciudadanos igualdad de posibilidades en su formación.

Naturalmente, el tiempo ha transcurrido, la dinámica social no se interrumpe, el viejo Estado docente ha dejado de ser y las escuelas normales, que tanto contribuyeron a la idónea formación de nuestros maestros básicos, ya no existen. Eran seleccionadoras de vocaciones pedagógicas tempranamente detectadas y sus métodos se dirigían a formarlas, desarrollarlas y proyectarlas. Las escuelas normales formaban espíritus docentes, más que profesores; entrega educacional, más que un oficio para ganar dinero. Las escuelas normales promovían fuertemente la formación humanista, integrada a la científica y a la artística.

Estamos convencidos de que no podremos abordar una modernización y una educación de calidad sin la necesaria participación y mejoramiento del profesorado, tanto en lo que se refiere a la formación pedagógica como a la remuneración y estatus social del profesor. El Partido Radical estima que la formación pedagógica debiera ser enfocada con criterios modernos y más solidarios, con un rol activo del Estado, porque una tarea prioritaria en el campo educacional es devolver al maestro su rol de líder en la sala de clases y ciudadano de categoría en la sociedad.

En esa misma línea, el Partido Radical ha estado bregando permanentemente por una educación de calidad y con equidad. Por esa razón, rechazamos las reformas o modificaciones legales que no se condicen con ese objetivo o que dejan truncas las esperanzas de un niño de nuestra patria al que le correspondió nacer y vivir en un apartado rincón de nuestra bella nación, donde la escuela a la que asiste no posee la infraestructura que se requiere y el esfuerzo de sus profesores no basta para que este niño aprenda en la medida necesaria y que, más que ello, permitan que se pierda el deseo y la necesidad de aprender, por intuir que en esas condiciones sus oportunidades en este mundo están seriamente comprometidas o reducidas en extremo.

En el Partido Radical existe el convencimiento de que una educación de calidad es aquella que responde con eficiencia a una visión sistémica, donde la integralidad del desarrollo del niño o de la niña está puesta en el centro del quehacer educacional. De ese modo, es perentorio que el Ministerio de Educación cree las condiciones para implementar, apoyar, monitorear, evaluar y reorientar el cumplimiento del currículo oficial por parte de los actores involucrados en procesos formativos. Y esto sólo lo podrá hacer cuando se revierta la atomización a que fue expuesto el sistema al municipalizar la gestión educativa, por lo que es imperativa la desmunicipalización de la educación, creando servicios educacionales regionalmente descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Ahora bien, resulta curioso, al menos, el hecho de que nos encontremos debatiendo desde hace años modificaciones legales en materias educativas y, en la práctica, no hayamos sentado un criterio uniforme, claro y específico relativo a la calificación que la educación merece como país. Cuando llega la hora de abordar temas educacionales, solemos referirnos a la educación como un derecho, pero en Chile coexisten calificaciones diversas de lo que significa e implica educar. Es así que nos encontramos con que la educación es un derecho, un negocio o un privilegio, dependiendo de la posición del observador y de los intereses en juego.

A mayor abundamiento y como ejemplo de lo antedicho, no se consideró el derecho a la educación, consagrado en el Nº 10° del artículo 19 de la Carta Fundamental, entre las garantías susceptibles de ser objeto de un recurso de protección, circunstancia que, en la práctica, deja en la indefensión absoluta a todas aquellas personas que, teniendo habilidades, ímpetus y deseos de recibir educación, no pueden acceder a ella por diversos motivos.

A su vez, y de modo casi injustificado, la libertad de enseñanza que se asegura como garantía constitucional en la Constitución de Pinochet en el Nº 11° del mismo artículo 19 sí es susceptible de ser restablecida mediante un recurso de protección para el evento de que sea conculcada, singularidad que se traduce en una cobertura incompleta y coartada del derecho a la educación y que repercute, en definitiva, en un perjuicio para la ciudadanía toda, pues en la práctica esta omisión permite que la educación sea un negocio y, por tanto, un privilegio cuyo acceso está vedado para millones que, simplemente y como fuera dicho, no tienen cómo ejercer este supuesto derecho que el ordenamiento jurídico consagra, en teoría, transversalmente.

Se hace evidente, entonces, la necesidad de equidad que necesariamente debemos volver a establecer en nuestro sistema educativo. Este principio de equidad debe ser considerado como elemento pilar para facilitar la educación de todos los segmentos sociales de la comunidad nacional, cualquiera sea el nivel socioeconómico del estudiante. El Estado tiene el deber de ofrecer a sus ciudadanos centros educacionales de calidad, a fin de que la excelencia académica iguale o supere los mejores signos de competencia de otros estamentos educativos del medio. Esta necesidad de calidad educativa debe ir asociada indisolublemente al aseguramiento del acceso a la educación de todos los chilenos.

El reciente ingreso de Chile a la OCDE ofrece una serie exhaustiva, comparativa y actualizada de indicadores sobre el funcionamiento de los sistemas de enseñanza: con datos relativos al rendimiento de los alumnos en matemáticas, sobre la distribución de ingresos según el grado de educación, sobre logros no económicos de la enseñanza, con comparaciones sobre la participación de la población activa en la enseñanza y formación continuas, con un análisis del tiempo de aprendizaje extraescolar, sobre la influencia del tipo de centro (público o privado) en el rendimiento escolar, con información acerca de si los centros de educación secundaria hacen diferencias entre alumnos a la hora de organizar la enseñanza y sobre el impacto que dicha medida tiene en su rendimiento. Muy poco de esto se ve en el proyecto que estamos discutiendo.

En esta misma línea, en diciembre del 2009, se emitió un primer informe sobre la educación en Chile y las conclusiones son francamente preocupantes. Por tanto, la brecha de calidad entre colegios públicos y privados, la dificultad de acceso a la educación universitaria por parte de aquellos que carecen de recursos para costearla y la deficiente preparación y capacitación de los docentes deberán ser corregidas a la brevedad o, sencillamente, nuestras expectativas de desarrollo seguirán siendo eso: sólo expectativas de desarrollo y mantenimiento de los niveles de pobreza.

Entonces, con estos antecedentes, ya no basta con que la Constitución y las leyes recen extensos y poéticos párrafos referidos a los derechos a los que supuestamente tienen acceso todos los chilenos. Los “pingüinos” ya nos lo dijeron y nuestros niños nos exigirán que todo lo contemplado en el papel sea reflejado en la realidad.

Por ello, este proyecto sobre creación de estamentos educacionales distintos, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, no servirán de nada si se hace desintegradamente, si no se coloca sistémicamente al Ministerio de Educación a la cabeza de la reforma y al Estado como garante de eficiencia y eficacia en la consecución de las metas educacionales del país.

He dicho.

El señor LOBOS.- Señora Presidenta , hace algún tiempo, me tocó participar accidentalmente en la discusión de este proyecto, cuando tuve que reemplazar al diputado Bobadilla en un par de sesiones y, en verdad, me pareció de suyo interesante analizar la gestación de una institucionalidad que, por fin, se hiciera cargo del problema educacional.

Considero que, muchas veces, se aleja del centro de la discusión el verdadero sujeto, porque la educación es un servicio esencial para el progreso del país, para lograr conseguir la verdadera equidad, aquella que se consigue con talento, con educación, creando experticias en diversos ámbitos que permiten al individuo desarrollarse por sus propios medios. En realidad, es la única manera de superar algunas barreras que se imponen, desgraciadamente, en este tipo de sociedad en que vivimos. Lo único de lo cual ningún individuo puede ser despojado es su educación y sus creencias.

Por eso, me duele que en dos ámbitos tan sensibles, como la educación y, por cierto, la salud, exista siempre un debate con un sesgo ideológico y sobre reivindicaciones gremiales, muchas veces mal entendidas, cuando de lo primero que debemos preocuparnos es de ver cómo vamos a lograr desarrollar un sistema -todos tenemos esto en el corazón- en el cual todos sus actores se sientan integrados y valiosos en esta maquinaria que tiene que propender a un único fin: hacer grande a nuestro país. Para ello, necesitamos que nuestros docentes, en primer lugar, sean bien pagados, y que a los paradocentes se les respete la carrera funcionaria. Necesitamos que los sostenedores se ciñan a la ley, y que las corporaciones edilicias den cabal cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con la administración. Finalmente, necesitamos que el Estado cumpla con su rol de financiamiento subsidiario y normativo.

Si bien este proyecto tiene muchas virtudes y defectos, y contiene ámbitos buenos y malos, como toda obra humana, es perfectible. Además, es el resultado de un acuerdo que no fuimos nosotros quienes llamamos a lograrlo. Digámoslo claramente: fue una foto con los brazos en alto, en La Moneda, donde la entonces Presidenta Bachelet llamó a unificar los sentimientos transversales de nuestros corazones, orientados a mejorar nuestra educación que, como todos sabemos, tocó fondo. Hoy, tenemos una educación que a nadie le gusta, porque a nadie satisface la forma en que está produciendo lo que se supone que debe producir: estudiantes capacitados para desarrollarse y desenvolverse en forma ascendente en su camino hacia el conocimiento.

Entonces, anuncio que vamos a cumplir con la palabra empeñada, porque creo que la situación no ha variado. Considero que debemos aprobar este proyecto porque, por lo menos, si bien no soluciona todos los problemas de la educación, nos entrega un par de herramientas que pueden resultar interesante analizar.

La primera es la Agencia de Calidad, destinada a analizar qué le estamos entregando a nuestros educandos y de qué manera lo estamos haciendo. Lo digo porque la educación es el alimento de la mente; gracias a ella serán hombres y mujeres libres. ¿Lo estamos entregando en forma adecuada? ¿De que manera la evaluamos? Por lo menos, tendremos una institucionalidad, a partir de la cual podremos hacer tal evaluación.

Después está la Superintendencia de Educación, institución bastante parecida a la que existe en el ámbito de la salud, que se hará cargo de la otra “patita”, es decir, de fiscalizar la forma en que se está gastando la plata que aportamos todos porque, al final, los recursos no los pone el Estado, sino todos los chilenos y chilenas a través de los impuestos. Ésa es la plata que estamos gastando en educación, y queremos que se gaste bien. Aquí hay, pues, una herramienta para lograrlo. ¿Hay temas olvidados? Por cierto que los hay. Muchas discusiones no se realizaron, y nos quedamos sólo con lo que podíamos consensuar. Pero, como digo, quedan otras materias que tendrán que ser analizadas en un futuro lo más cercano posible, para que empecemos a gestar lo que todos deseamos para la educación de nuestros hijos.

Por supuesto, el proyecto tiene falencias, como, por ejemplo, el desarrollo de indicadores educativos. Asimismo, me hago cargo de que aquí hay deficiencias en los procedimientos de control. Pero creo que este proyecto puede servirnos como una primera piedra para construir un nuevo paradigma de educación de calidad que nos satisfaga a todos, sin complejos y sin pecados.

Muchas veces, los chilenos pecamos en algunas cosas; por ejemplo, tenemos un miedo crónico a ser evaluados, así como también nos cuesta evaluar a otras personas; igualmente tenemos un miedo crónico a acreditarnos y a saber si estamos haciendo bien las cosas.

Sin ser un defensor fanático de este proyecto, anuncio mi voto favorable, porque considero que puede ser la primera piedra para que, algún día, empecemos a avanzar hacia donde todos queremos llegar: a una educación digna y equitativa.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta , hoy estamos discutiendo un proyecto sobre un sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación parvularia, básica y media que considera una agencia y una superintendencia.

Yo no estuve de acuerdo con la Ley General de Educación, pero reconozco que la opción de crear un sistema regulador es uno de sus pocos aspectos valiosos. Según lo que dicen el Banco Mundial, la OCDE y el Consejo Asesor Presidencial, Chile tiene, quizás, el modelo educativo más de mercado del mundo.

Este proyecto reconoce que la dinámica autorregulada del mercado no funciona con eficiencia ni con equidad, y lo que busca es introducir un conjunto de mecanismos de regulación, evaluación y sanciones que son provistos por una autoridad pública. La ilusión de que los sistemas mejoran por la fuerza destructiva de la competencia no es más que eso: una ilusión. En educación, llevamos 30 años con más recursos, con Simce, con una competencia relacionada con la preferencia de los padres, etcétera. Sin embargo, todo esto no ha significado una mejor calidad educativa.

El problema es que se nos plantea un mal sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Éste es un mal proyecto. Quiero aclarar que la propuesta específica no fue producto de ningún acuerdo político. La responsabilidad del Congreso Nacional es hacer las cosas lo mejor posible. Pero esta iniciativa no resuelve bien el problema. Le solicitamos al ministro Lavín -lamentablemente, no está presente- y al Gobierno que nos permitieran discutirla y mejorarla.

En muchos países del mundo, cada vez que se instala un nuevo gobierno y un nuevo parlamento, los proyectos vuelven a fojas cero. En este caso, teníamos un proyecto muy avanzado, y le dijimos al Gobierno que queríamos saber qué pensaban, qué querían hacer y que discutiéramos en ese contexto. Nos preocupa el problema de la educación pública porque no vemos que esté presente en el discurso oficial; por el contrario, observamos muchas actitudes contrarias a la educación pública. Por ejemplo, existe una propuesta de concesionar colegios. Nos preocupa mucho entregar su gestión a privados; nos preocupa que se haya retenido el ajuste curricular y, después, que se hayan detenido los programas. Hoy, los colegios no tienen programas porque se detuvieron. Nos preocupan los despidos y no precisamente de políticos.

(Aplausos en las tribunas).

Echaron, incluso, a funcionarios del departamento de infraestructura del Ministerio, a ingenieros. Ahora se dice que el ministro quiere constituir una comisión para pensar, aunque antes se rieron mucho de las comisiones. En resumen, no sabemos qué piensan.

Por eso pedimos que retiraran la urgencia del proyecto, porque queremos legislar bien sobre la materia, ya que no es adecuado aprobar un mal sistema; hay que discutirlo.

Decimos que es un mal sistema de aseguramiento de la calidad de la educación por cuatro razones principales.

Primero, porque contiene un mal concepto de educación y de calidad de la educación; segundo, porque se establece un confuso y ambiguo papel del Ministerio de Educación; tercero, porque las normas laborales atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores, y cuarto, porque es una institucionalidad muy débil.

El concepto de calidad de la educación da para un gran debate. Vinieron los principales expertos sobre la materia: Abelardo Castro , Juan Eduardo García-Huidobro , Juan Casassus . Todos nos dijeron que los conceptos de educación y de calidad de la educación tienen serios problemas, porque son reducidos a ciertas pruebas estandarizadas de lenguaje y de matemáticas, y pretende establecer la clasificación de los colegios.

Al respecto, les pregunto: ¿qué diputado tendría a sus hijos en un colegio cuyo objetivo sea obtener básicamente resultados en matemáticas y lenguaje con pruebas psicométricas? Además, ¿qué dirían si ese colegio quedara clasificado de tal o cual manera?

Los niños constituyen una realidad más compleja. Hay que articular lo cognitivo y lo no cognitivo. Los niños necesitan desarrollo humano, desarrollo como seres humanos, donde el lenguaje y las matemáticas son muy importantes, pero constituyen sólo una parte de la formación de los seres humanos. Hay un concepto inadecuado de educación y de calidad de la educación. El enfoque tecnocrático ha reducido la educación de una manera muy inapropiada.

Resulta insólita esta visión estrecha de la educación y de la calidad de la educación.

El artículo 2° del proyecto, que constituye el concepto fundamental de aseguramiento de la calidad de la educación, el corazón del proyecto, no profundiza en las razones del actual estado. Sólo se quiere medir. Tampoco se refiere al apoyo que necesitan los colegios para funcionar mejor y en el artículo 4° separa curiosamente los resultados del proceso.

La estructura del proyecto tiene problemas, y utiliza todo lo relativo a los profesores sólo para elementos indicativos de desempeño; la organización, el clima del colegio, la situación valórica y el ánimo que hay ahí es algo paralelo.

La iniciativa tampoco asume la diversidad de colegios, la situación que está viviendo la educación pública, ni busca corregir desigualdades.

Internacionalmente, se ha demostrado que la calidad de la educación no sólo mejora por fijar estándares o accountabilities; eso no sirve si no se opera sobre la base del sistema, si no se apoya a los colegios y a lo que ocurre en sus aulas.

La intervención del diputado Sandoval me ahorra muchas palabras. Él dijo que hay crisis, porque lo que está ocurriendo en los colegios es serio, y el proyecto no apunta a mejorar la base del sistema.

¿Por qué repiten y desertan tantos niños? Tenemos una marea de deserción en este momento. No nos hagamos los lesos; algo serio está ocurriendo con la educación.

Si el proyecto se aprueba tal como está, el resultado será que la Agencia de Calidad va a decir que los colegios públicos son malos y que debemos cerrarlos. No va a movilizar toda nuestra capacidad para responder a lo que Chile necesita.

Primera observación para señalar que el proyecto no es bueno: su mal concepto de educación y de calidad de la educación.

Segunda razón: el papel del Ministerio de Educación se reduce a algo muy confuso. Pido a los señores diputados que estudien el artículo 112 del proyecto, que modifica la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación.

El papel del Ministerio se reduce mucho. Se supone que en todos los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación en el mundo el Ministerio es el articulador. Pero aquí ni siquiera se contempla un sistema de apoyo serio desde el Ministerio; todo lo deja subordinado a facultades especiales del Presidente de la República.

El sistema de apoyo pedagógico es la clave de todo sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación.

Resulta ridículo que el artículo 11 del proyecto no permita a la Agencia de Calidad entrar a los colegios; sólo puede hacerlo si los colegios particulares lo piden.

Lo mismo ocurre con la letra f) del artículo 47. Es decir, el concepto del rol del ministerio en su conjunto es muy limitado. No es el articulador del sistema.

Ya se ha hablado de la situación de los funcionarios. En la Agencia, la Superintendencia e, incluso, el Ministerio esto queda a la decisión arbitraria del Presidente de la República, de los decretos con fuerzas de ley del Ministerio y de las jefaturas.

Ésas son facultades propias del Congreso. La senadora Olga Feliú siempre dijo que el Congreso no podía transferirlas. Aquí hay un mal enfoque de la modernización de las relaciones laborales.

Quisiéramos que los que trabajan en puestos directivos del Ministerio fueran a hacer clases a las escuelas, partiendo por el ministro, siguiendo con el subsecretario y los seremis.

(Aplausos en las tribunas).

Lo hemos dicho durante este Gobierno y lo dijimos en el anterior: si queremos que exista vinculación en la dinámica real de las escuelas, nuestras autoridades deben ir a las escuelas.

Hay que pagar más y exigir más, y eso es lo que ha ocurrido en otros sistemas, que se modernizan pagando más y exigiendo más, con control de resultados.

A mi juicio, dentro del ministerio hay personas que no trabajan bien –lo sabemos-, pero debemos contar con un sistema y con una organización que permita mejorar los resultados.

Hoy, todo el proyecto está montado en el riesgo del despido, lo cual es muy primitivo como forma de entender la modernización.

En cuarto lugar, el proyecto es malo porque es muy pequeñito; mucho ruido y pocas nueces para un ministerio de 4,4 millones de millones de pesos, con 11.700 colegios, con tres millones 600 mil alumnos. ¿Saben lo que significa la Agencia? Dos mil 200 millones de pesos al año. ¡Nada! ¿Y la Superintendencia? Catorce mil millones de pesos al año. ¡Nada! ¡Cómo va a jugar un rol significativo! Se supone que la Agencia va cada dos años a los colegios. Aquí hay algo mal hecho. Se aumentaron 5 mil millones porque se trasladó el costo del Simce. En consecuencia, no hay consistencia.

Se nos dice que esto va a ir a la ley de Presupuestos, pero ya sabemos lo que eso significa.

Es un mal sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación.

Abelardo Castro señaló que de aprobarse el proyecto, estaremos legitimando lo que por años hemos hecho y al parecer queremos seguir haciendo: clasificar colegios sin que esto tenga un sentido de mejoramiento de calidad real, sin que los resultados hayan sido analizados para encontrar las causas más profundas de la desigualdad en el rendimiento educacional, teniendo como resultado una estratificación social odiosa, contraria al sentido de unificación del país, porque la educación debe tener un sentido más profundo del bien común.

El proyecto no es nacional, porque no se puede entrar a los colegios particulares; no asegura calidad, no corrige desigualdades, no permite el fortalecimiento de la educación pública. Es todo lo contrario. Si se aprueba tal como está, afectará seriamente a la educación pública y nosotros seremos responsables por ello.

Estoy en contra del proyecto. Creo que debe volver a Comisión, para rediscutirse y mejorarse sustantivamente.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva.

El señor SILVA .- Señora Presidenta , a diferencia de lo que planteó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, veo a la educación y al proyecto con mucho optimismo.

Los niños no pueden esperar, los padres no pueden esperar, los profesores -algunos de ellos nos acompañan desde las tribunas- no pueden esperar. Como profesor quiero decir que debemos avanzar.

Anuncio mi voto favorable al proyecto, porque constituye un avance importante, aun cuando no sea perfecto.

Este proyecto nos permite avanzar hacia la calidad de la educación, por lo que debemos dar pasos relevantes para despacharlo pronto y permitir que se avance de forma concreta en la mejora de la educación de nuestros niños y en la tarea que cumplen en conjunto padres y apoderados.

Hay cinco aspectos que me parece importante destacar: primero, el proyecto es parte de un conjunto de normas que crean una institucionalidad que fortalece la educación. Debemos recordar que hace un tiempo se aprobó la Ley General de Educación, que redifinió el rol del ministerio, creando el Consejo Nacional de Educación. Ahora estamos discutiendo el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, para posteriormente discutir otros proyectos que establecerán también el rol de la educación pública y otros aspectos que deben ser debatidos en la Cámara de Diputados.

Un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación requiere crear instituciones y fortalecer y explicitar sus roles.

En segundo lugar, el proyecto es específico en definir roles, funciones e incentivos.

Antes no existía un responsable de promover claramente la calidad. Hoy, no hay una manera concreta de asignar responsabilidades para medir la calidad. No tenemos una claridad de roles en la institucionalidad actual para supervigilar y asegurar que los colegios utilicen adecuadamente los recursos y orienten sus esfuerzos para conducirlos a buenos resultados, que podamos entender de manera acotada, en la métrica de lenguaje o matemática, o amplia, como planteó el diputado Montes , con la incorporación de otros elementos, como los recogidos en este proyecto de ley, aun cuando no figuran en el artículo que mencionó.

Tercero. No pretendamos que las leyes por sí solas resuelvan el problema de la calidad de la educación. El rol de los alumnos, profesores y apoderados para sacar adelante la educación es irreemplazable, cualquiera sean las leyes que existan. Debemos avanzar no sólo en mejorar la institucionalidad -lo estamos haciendo-, sino, también, en profundizar con mayor fuerza el rol que nos corresponde a cada uno. En ese sentido, es importante seguir avanzando en materia de derechos y deberes de los alumnos, en particular, implementar con éxito lo definido al respecto en la ley General de Educación en relación con todos los integrantes de la comunidad escolar.

Cuarto. La iniciativa debe entenderse como un paso más en el avance por mejorar la calidad de la educación, porque esto no termina acá. Es cierto que el proyecto crea una agencia y una superintendencia, pero si no se implementan en forma adecuada no avanzaremos en este ámbito. En ese aspecto, veo con optimismo lo que el Ministerio de Educación puede llevar a cabo.

Después de veinte años, no se ha mejorado la calidad de la educación, como debiera haber sucedido, a pesar de los recursos que se han inyectado. Hoy, es tiempo de avanzar. Hay una oportunidad nueva y debiéramos aprovecharla. Las materias en que se debe progresar son la dinámica de gestión de los establecimientos, la preparación y desarrollo de una digna y responsable carrera docente en todas sus dimensiones y el buen uso y control de los recursos.

Quinto. Con este proyecto, originado en mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet, estamos honrando un acuerdo político. La Coalición por el Cambio, el gobierno anterior y los parlamentarios discutimos la materia y nos comprometimos a dar pasos que permitan una mayor calidad en la educación.

Queremos apoyar el acuerdo alcanzado y pedir a la Cámara que tome parte en este mecanismo a fin de sacarlo adelante. Es tiempo de honrar los acuerdos.

Por otra parte, deseo destacar dos aspectos fundamentales que abren un camino muy relevante en el logro de mejores criterios para asegurar calidad en el ámbito que nos convoca. En primer lugar, la iniciativa establece mejores fórmulas de información. Los padres y apoderados tienen derecho a saber más, a conversar con los profesores y directores y a informarse de los avances de sus establecimientos.

En eso reconozco un gran progreso, por cuanto se aplican los incentivos correctos y se informa a la comunidad. Ojalá pudiéramos avanzar más y de modo sistemático en ese sentido, porque es tiempo de que los padres estén más involucrados y colaboren con los profesores y alumnos.

En segundo lugar, los integrantes del Consejo, uno de los órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, en concreto de la Agencia y de la Secretaría Ejecutiva, son elegidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Este sistema ha formado parte de la discusión pública en los últimos días. Sin embargo, deseo reivindicarlo como uno de los grandes avances para reconocer el mérito.

El proyecto no es perfecto, pero es bueno. En su implementación, existen tareas relevantes para hacerlo efectivo y eficiente. Es el tiempo de honrar y de cumplir un acuerdo político, en el sentido de sacar adelante esta iniciativa que va en beneficio directo de la calidad de la educación.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Para referirse a un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.- Señora Presidenta , en el momento que su señoría lo estime pertinente, pero antes de la votación, solicito que efectúe la recalificación del quórum de votación de los artículos primero, tercero y undécimo transitorios, que erróneamente, a nuestro juicio, fueron calificados como de quórum de ley orgánica constitucional en la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, en circunstancias de que trata de materias de ley simple o común.

La petición se fundamenta en lo preceptuado por los números 2° y 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República, que señalan que los servicios públicos y sus potestades son materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Dichas materias, conforme lo consigna el N° 14 del artículo 63 de la Carta Fundamental, son de ley común o simple, pues cuando ésta menciona la ley sin calificativos se refiere a ley simple. En caso contrario, menciona expresamente el quórum requerido.

En efecto, para ahondar más en la materia, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando la Constitución emplea simplemente la expresión ley, debe entenderse que se refiere a ley común. (Sentencia del Tribunal Constitucional , rol 260, de 13 de octubre de 1997).

Asimismo, solicitamos la reconsideración del quórum en virtud de lo que preceptúa el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que entrega a una ley orgánica constitucional los principios básicos de la Administración Pública, y no su desarrollo específico.

Por último, a fin de que la Mesa tome en consideración esta petición, quiero recordar que hay varios precedentes en materia de delegación de facultades al Presidente de la República , en virtud de decretos con fuerza de ley en otros cuerpos legales, como ocurrió con la ley N° 20.059, sobre modernización y rediseño funcional del Ministerio de Educación, mediante cuyo artículo 1° se dictó el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2005. También está el precedente de la ley N° 20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, fija la planta del Ministerio y legisla sobre otras materias de esa misma repartición.

Para terminar, hago presente que en el evento de estimar que los referidos artículos son de rango orgánico constitucional, puede ocurrir que dichas normas puedan ser recalificadas por el correspondiente control de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, ya que el artículo 64 de la Carta Fundamental señala expresamente que la autorización para dictar disposiciones con fuerza de ley no podrá comprender, entre otras, materias que sean objeto de leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, dichas disposiciones son, a nuestro juicio, manifiestamente de rango de ley simple.

He dicho.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta , fui elegido diputado por un distrito de la Región de Tarapacá, en donde el 30 por ciento de la educación está en manos de las municipalidades y el 70 por ciento restante en privadas. En 1998 había 29 mil alumnos en la educación pública; hoy, sólo hay 12 mil. Se prevé que para 2015, prácticamente, no habrá alumnos en la educación municipalizada. Se trata de una región en donde, por ejemplo, un usuario Zofri , hindú o paquistaní, deja a un lado sus negocios para instalar colegios, porque son más lucrativos que la venta de automóviles.

Efectivamente, la calidad de la educación en Chile es deplorable. Luego de utilizar durante 29 años un modelo educativo de mercado, desconcentrado y de provisión mixta, los resultados son elocuentes y casi trágicos: la educación pública está en el suelo y en bancarrota.

En 1981, cuando se inicia la municipalización, la matrícula nacional en escuelas municipalizadas era equivalente al 80 por ciento. En cambio, en 2009, sólo el 48 por ciento de los estudiantes del país estudiaba en el sistema público. Por otra parte, los municipios logran sostener sus estructuras educativas sólo gracias a la inyección de recursos destinados a otros fines, dado que la subvención por asistencia diaria no les alcanza para financiarse. Además, el nivel de resultados de aprendizaje en los últimos diez años se encuentra estancado y no muestra avances significativos.

La discusión sobre la calidad del aprendizaje es artificial, pues se centra sólo en comparaciones internas, dado que cuando participamos en pruebas internacionales nuestro país ocupa los peores lugares. Todo el sistema educativo, público y privado, presenta una baja calidad de aprendizaje. El estado de situación de la educación nos indica que la calidad educativa en nuestro país no depende de las condiciones de gestión de cada escuela. La razón fundamental es estructural y depende del modelo educativo que impera en nuestro país.

El proyecto en debate no es de aseguramiento de la calidad de la educación. No garantiza la calidad porque no atiende las causas de la mala calidad educativa. Los especialistas y las evidencias empíricas indican que existen a los menos los siguientes factores incidentes en el desempeño de nuestro sistema educativo.

En primer lugar, la alta homogeneización en lo social y cultural de nuestra población escolar en los distintos sistemas educativos, coloca un techo a las posibilidades del aprendizaje de niñas y niños.

En segundo lugar, la inexistencia de capacidades y estructuras de gestión pedagógica y curricular, tanto en los sostenedores públicos como en las escuelas y liceos municipales, empobrece los procesos pedagógicos.

La política educativa generada por el modelo educativo de mercado actúa con distorsiones que afectan gravemente el desempeño de las escuelas en general.

Por su parte, las orientaciones de la política educativa, en consonancia con el modelo educativo, traspasaron al director una serie de funciones centradas en la administración de recursos y finanzas de las escuelas, distrayendo sus preocupaciones del aula y el quehacer pedagógico. El llamado “marco de la buena dirección” es sólo eso, un marco colgado en la pared, sin aplicabilidad en la realidad de las escuelas públicas, situación que se complejiza con la decisión de los gobiernos anteriores de minimizar las funciones y capacidades profesionales del Ministerio de Educación, definiendo que la supervisión del Mineduc se centraría sólo en las escuelas críticas o focalizadas, dejando, en la práctica, en total desamparo a las escuelas y liceos del país.

El inexistente tiempo de los profesores para preparar sus clases en el horario de trabajo, precariza la práctica docente en el aula. Los defensores del modelo educativo de mercado y que usan a la OCDE como el referente para pensar el desarrollo de nuestros países subdesarrollados, han evitado considerar esa variable presente en los modelos educativos de esos países.

Para alcanzar niveles de aprendizaje satisfactorios se requiere que los docentes destinen tiempo dentro de su horario de trabajo para la preparación de las clases y la reflexión pedagógica. Esta variable ha sido permanentemente obviada o minimizada como factor incidente en la calidad de la educación. Se produce una complicidad entre los defensores del mercado puro y los defensores de la política de financiamiento del modelo educativo para negar este tiempo en los contratos laborales. Los sostenedores municipales se niegan a financiar horas fuera del aula, por razones de financiamiento. En esa situación los profesores se ven obligados a la aplicación mecánica o rutinaria de sus modelos de enseñanza, retrasando las posibilidades y oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

La iniciativa en análisis es más bien un proyecto que apunta a la fiscalización. La propuesta sólo está centrada en medir resultados de aprendizajes y calificar a los establecimientos educacionales. Su esfuerzo principal está en los resultados -es necesario clarificar que sólo en algunos resultados educativos- y no en identificar procesos que afectan la calidad educativa.

El efecto de esta ley, al fortalecer el modelo educativo de mercado vigente, debilitará aún más a la educación pública. El proyecto, en su lógica darwiniana -se salva el más competente- afectará negativamente a quienes, en la comparación, obtengan menores resultados. En esa dinámica, la población escolar continuará en su proceso migratorio y de abandono de las escuelas públicas. Es efectivo que la iniciativa en debate viene a completar el andamiaje del modelo educativo que se consolida con la Ley General de Educación. Esta ya consagró, por ley, la discriminación por rendimiento académico.

Efectivamente, a través del artículo 12 ya se puede discriminar. Esta es una aberración jurídica imperdonable que no se condice con la educación pública, que es esencialmente igualitaria. No se puede distinguir a los niños y niñas de las escuelas municipalizadas en función de su rendimiento académico.

La ley de aseguramiento de la calidad de la educación privatiza la oferta educativa y restringe la libertad de enseñanza de los chilenos. Los defensores del modelo educativo de mercado se han identificado con la defensa de la libertad de enseñanza; sin embargo, lo que han conseguido es limitar las posibilidades de la ciudadanía de participar en la construcción del proyecto educativo.

En el futuro el país no podrá participar en el debate relacionado con el tipo de educación que deseamos construir para nuestra sociedad. Nuestra participación quedará limitada a la posibilidad, al igual que un mercado, a elegir una de las opciones entre las más diversas que nos ofrezcan los privados. Y cuando no nos parezca la forma en que educan a nuestros niños y jóvenes, el mercado nos ofrecerá la posibilidad de buscar otra modalidad u otras escuelas para matricular a nuestros niños y niñas. Se cumplirá, así, el paradigma del modelo de los neoliberales: en educación participamos eligiendo, comprando, entre las opciones que los empresarios de la educación nos ofrecen.

El modelo educativo de mercado ha sido exitoso al convertir a la educación pública chilena en un apéndice del sistema educativo, en un participante menor. El modelo le reserva a la educación pública un rol asociado a la contención social, principalmente de los más pobres, y destina a la educación privada la tarea de construir el capital humano para el desarrollo del país. ¡Qué insolencia!

Progresivamente, la mayoría de las escuelas y liceos públicos han abandonado la idea de centros educativos y se ubican más en la noción de centros sociales. Se empobrecen los currículos y aumenta el tiempo escolar para los programas de prevención de todo tipo de males sociales que se adjudican a los más pobres.

Se ha insistido porfiadamente, durante veinte años, en que el modelo educativo sustentado en la economía de mercado era posible hacerlo funcionar creando incentivos necesarios y focalizados. Esa estrategia no ha funcionado. Este proyecto de ley, en esta parte, también contiene una estrategia errada.

Por lo tanto, anuncio que votaré en contra del proyecto, porque sólo fomenta la economía de mercado.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.

El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta , por su intermedio, quiero saludar al Colegio de Profesores, cuyos representantes se encuentran en las tribunas, como también a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, con quienes ayer sostuvimos una jornada de trabajo significativa y alcanzamos importantes acuerdos.

Quiero saludar, también, a los estudiantes presentes en las tribunas y a los millones de niños y estudiantes del resto del país que no cuentan con la posibilidad de participar ni escuchar las trascendentes decisiones que se tomarán en el futuro.

El próximo 11 de mayo, muchos diputados y diputadas vamos a cumplir dos meses de ejercicio en el cargo, y no entiendo cómo tenemos tantas discrepancias respecto de un proyecto de ley que envió no este Gobierno, sino el anterior.

Por lo tanto, me gustaría saber dónde está la ministra de entonces, señora Mónica Jiménez , quien fue la gestora de la iniciativa. Es curioso que a quienes hemos entrado en política para tratar de mejorar las cosas y no para destruirlas nos llame profundamente la atención tal situación.

Un primer aspecto que debemos analizar es la consecuencia política respecto de los acuerdos que se suscriben. A muchos de nosotros, el proyecto de ley no nos gusta. Creemos que, teniendo un objetivo importante con el cual todos estamos de acuerdo, cual es mejorar la calidad de la educación y establecer instancias de supervisión y control, también contiene una serie de falencias y situaciones que debemos mejorar.

Al respecto, quiero exponer tres aspectos.

Primero, que nuestros niños y estudiantes son el centro de la discusión. Por lo tanto, debemos trabajar todos juntos para conseguir un sistema educacional que forme, instruya y cree buenas personas, un sistema que entregue herramientas para la vida, y que, principalmente, tenga como objetivo insertar a nuestros jóvenes en un mundo laboral cada vez más competitivo. Hoy, no competimos con los trabajadores de nuestro país, sino con los de todo el mundo.

Las necesidades de educación también son diferentes, dependiendo del lugar geográfico. No es lo mismo ser un niño o un estudiante en Antofagasta o Arica, que en Punta Arenas, Coyhaique o Puerto Montt. Los requerimientos del mundo laboral son diferentes. Quien está capacitado para desarrollar una actividad minera en la zona norte, no lo está necesariamente para efectuar actividades agrícolas. Por eso, uno de los cambios que pedimos, y que lamentablemente no se pudo concretar, fue que la agencia de calidad estuviera presente en todas las regiones del país. El ministro del ramo, presente en la Sala, tiene como gran tarea, regionalizar las mallas curriculares y llevar una educación como corresponde a cada niño y niña de nuestro país.

En segundo lugar, respecto de nuestros maestros y profesores, debo señalar que debemos respetar las distintas visiones y formas para educar a nuestros niños y niñas. Porque la educación, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no es como una fábrica o una industria estandarizada. Cada persona es distinta y requiere de una atención particular y especial. La educación debe tener como centro a la persona. Además, debe generar movilidad social, a fin de que la gente tenga oportunidades para cambiar su forma de vida y sus expectativas.

En ese ámbito, el tema central es cómo resguardamos la educación para los niños más vulnerables. Ésa es la preocupación que todos hemos compartido en relación con el proyecto de ley en debate, con el objetivo de asegurar una educación pública de calidad que permita que todos los niños tengan igualdad de oportunidades. Al respecto, debemos seguir buscando mecanismos que incentiven y fortalezcan la educación pública y, en especial, la educación rural de las zonas más alejadas de nuestra Patria.

Por ello, y como ayer lo acordamos con el Colegio de Profesores, creemos importantísimo que el Congreso Nacional establezca una comisión que permita seguir estudiando los mecanismos para defender la educación pública, en especial la de los niños más vulnerables de nuestra Patria.

Respecto del proyecto, también hay peticiones.

Creemos que los maestros y trabajadores deben participar en el establecimiento de los reglamentos y decretos que regulen la futura ley. Es fundamental escuchar a todos los sectores, principalmente a los que por años llevan enseñando a generaciones de chilenos y chilenas.

En tercer lugar, queremos resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector educacional público que va a formar parte de la nueva institucionalidad que generará la nueva ley. Estimamos altamente inconvenientes los artículos del proyecto que afectan gravemente la estabilidad laboral de los trabajadores del Ministerio de Educación. Por lo tanto, es fundamental que se mantengan las mismas normas contenidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios del Ministerio de Educación que se integren a las agencias de calidad o a la Superintendencia de Educación.

El Gobierno debe asumir un plan de retiros. Es fundamental continuar con lo que se ha señalado respecto del plan de retiro que termina en junio próximo, para que sea justo y establezca los adecuados reconocimientos a quienes, en definitiva, no quieran participar en el nuevo sistema.

Debo señalar que este Gobierno tiene una oportunidad histórica, porque han pasado veinte años y no se han solucionado los problemas de fondo. En efecto, tiene una gran oportunidad para que, de una vez por todas, dé solución a la deuda histórica de nuestro magisterio y haga justicia con los profesores y profesoras.

Nosotros, como bancada PRI e Independientes, no estamos por destruir, sino por construir; por perfeccionar y mejorar el proyecto, respetando siempre los derechos laborales de todos los trabajadores y profesores de nuestra Patria.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ .- Señora Presidenta , los problemas más graves y crónicos de la educación han sido soslayados por muchos años, y este proyecto no hace sino repetir esta conducta que es imperativo remediar.

El grito de alerta y las demandas de fondo del movimiento “pingüino”, formuladas hace cuatro años, no han sido abordados, y por ello la crisis educacional, especialmente en la educación pública, continúa profundizándose.

En efecto, estos problemas son, entre otros, el sistema de financiamiento precario en cantidad, segmentador y discriminador, pues segrega a los niños y a las escuelas de los sectores más vulnerables. Además, es necesario recordar que el gobierno militar generó un modelo de descentralización de la educación pública que fracasó.

En tercer lugar, hoy, la educación pública administrada por los municipios no cuenta con las competencias ni con los instrumentos para generar una gestión eficiente y de calidad. Sus crisis y fracasos han sido cada vez más evidentes y se han traducido en pérdidas crecientes de prestigio, matrículas y reconocimiento de la comunidad.

En este proyecto no se aborda nada que pueda ayudar a resolver esta profunda crisis y la necesidad de una desmunicipalización de la educación.

Otro aspecto central de la crisis de la educación chilena ha sido la incapacidad de las universidades nacionales de proporcionar un sistema de formación docente adaptado a las transformaciones y necesidades de una sociedad que ha cambiado profundamente. Sin suficiente investigación propia, con déficit en sus ofertas curriculares, las universidades no han asumido plenamente los desafíos de una sociedad en constante cambio, en parte porque las mismas universidades públicas viven su propia crisis de sentido profundo, de visión en visión, y han sido derivadas a la desregulación y al descompromiso creciente del Estado por apoyarlas y financiarlas y por las dificultades para competir bajo las normas rígidas de la administración pública.

Por otra parte, también hay que considerar la despreocupación y falta de reconocimiento de la sociedad entera por la profesión docente, sus bajas remuneraciones e inadecuadas condiciones de trabajo, sobre todo por la falta de una verdadera carrera docente. Existe un estatuto que, a pesar de defender los derechos laborales, es demasiado rígido y evalúa más la antigüedad. Además, no cuenta con mecanismos de incentivo o estímulo que motiven un buen desempeño y buenos resultados educativos.

Asimismo, hay falencias en la evaluación y los sistemas de medición del Simce y de la PSU son incapaces de evaluar los procesos valóricos y cualitativos de la formación de los alumnos. Así, podría seguir enumerando otras grandes deficiencias en nuestro sistema educacional.

Ésas son las verdaderas causas de los problemas que aquejan a la calidad de la educación y que éste proyecto no va a solucionar.

A lo anterior, debemos sumar otras variables sociales de alto impacto, como las desigualdades estructurales de la sociedad chilena, el descompromiso de los medios de comunicación y la incapacidad evidente de todos los niveles de la sociedad en dar respuesta a una crisis sin enfrentarla. Hasta ahora, sólo se han buscado soluciones parchando reiteradamente este sistema con resultados absolutamente deficientes. En definitiva, estamos ante una crisis mayor que demanda de todos los actores que aborden los verdaderos problemas de la educación chilena con instrumentos y medios idóneos para superar el actual estado de cosas, lo que el proyecto no es capaz de hacer, toda vez que gira sobre el eje de un ideario de pensamiento puramente economicista.

En todas las reformas que se han intentado llevar adelante no se ha consultado a los actores fundamentales; más bien, se ha desconocido a los profesores, a los asistentes de la educación, a los padres, a los alumnos, como el factor clave de considerar en cualquier reforma, a fin de estimular e impulsar los cambios pertinentes.

(Aplausos)

En cambio, se ha preferido buscar meras respuestas jurídico-institucionales, de infraestructura, que no son las que explican los principales problemas de la calidad de la educación.

Incluso, los resultados de la educación particular pagada, a pesar de las enormes diferencias de recursos, tampoco son satisfactorios. De acuerdo con las mediciones internacionales, tampoco ha logrado resolver los problemas de calidad de la educación chilena.

Quiero señalar por qué este proyecto no es la solución a los desafíos de la calidad de la educación, como dice ser.

Su aplicación más bien puede agudizar y prolongar la crisis de la educación pública e incrementar diferencias, segregación y segmentación de nuestro sistema educacional, sin aportar ni medidas ni recursos nuevos y frescos para renovarlo y abordar sus principales nudos críticos. Desmembrar los órganos y funciones de la institucionalidad pública en tres instancias, que hoy se encuentran radicadas principalmente en el Ministerio de Educación, no constituye una solución para los problemas de la calidad de la educación.

(Aplausos)

La creación de una agencia de calidad de la educación externalizará las funciones de supervisión, de orientación y de apoyo del Ministerio de Educación, sin brindar significativos recursos educacionales, metodológicos o de asistencia técnica a los establecimientos.

Lo decía muy bien el diputado Montes: es irrisorio pensar que con los recursos que aporta el proyecto vaya a instalarse una agencia de calidad con capacidad para ayudar de verdad a mejorar la calidad de la educación, como tampoco una superintendencia con las facultades y posibilidades de hacerlo. Estamos más en presencia de una agencia de clasificación de riesgos que de una agencia de fomento de proyectos educacionales idóneos para enfrentar los desafíos que significa mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En suma, con la agencia de calidad habrá mayor privatización y poco aporte y ayuda efectiva nueva a los establecimientos en sus tan diversas y específicas necesidades, según su ubicación territorial y estratos socio-económicos.

Por su parte, la superintendencia suena y aparece bien a primera vista, pues da mayores facultades para fiscalizar, intervenir y cerrar escuelas. Esto es necesario, en especial, en cuanto a hacerse cargo de los excesos y abusos que se han visto en establecimientos particulares subvencionados. Pero, pese a lo anterior, la clasificación en categorías de los establecimientos y la aplicación de instrumentos y estándares de medición como el SIMCE, en forma universal y sin tomar en cuenta la necesidad de medir a cada establecimiento en relación con su rol y progreso, generará automáticamente su desclasificación en cadena y la calificación en los más bajos rendimientos de aquéllos con poblaciones más vulnerables, produciéndose una crónica muerte anunciada de los establecimientos con alumnos con menor capital cultural. Dichos establecimientos terminarán privatizados o concesionados, pasto de avidez del lucro con la educación, o entregados a la suerte de una concesión con un destino y propósito privatizador, de acuerdo con el anuncio de crear una nueva categoría de establecimientos concesionados a particulares.

Mientras tanto, la superintendencia sólo fiscalizará los recursos públicos, pero no los privados, quienes se prestarán para distorsiones y desviaciones que muy bien sabrán utilizar en función de sus intereses.

Todo lo anterior, además, es acompañado por el debilitamiento de la institución nacional Mineduc, de la estructura de los seremis y de los Departamentos Provinciales (Deprov). Como agravante, se faculta al Ministerio para traspasar a los funcionarios sin solución de continuidad. Además, con la aplicación del artículo 154, se autoriza al ministro para proceder discrecionalmente a cesar funciones. ¡No, señor ministro ! ¡No le daremos estas facultades discrecionales y votaremos en contra de ellas!

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas).

En ese contexto, porque el proyecto puede significar un golpe de gracia a la educación pública ya desmantelada, el despojo de los derechos laborales, pero, sobre todo, porque no soluciona los problemas de la educación chilena, votaré en contra de él.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado Rincón.

El señor RINCÓN.- Gracias, señora Presidenta .

Cuando uno lee los primeros artículos referidos a la agencia de calidad y a la superintendencia, no puede sino encontrar loable, a lo menos en el papel, la intención que allí explicitan, ya sea porque señalan -incisos primero y segundo del artículo 8°- que la agencia evaluará el desempeño de los establecimientos de educación y que el objeto de esta evaluación será fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los mismos, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. Algo similar, según función y naturaleza jurídica, se establece en el artículo 46 sobre la Superintendencia de Educación.

Con todo, a quienes no hemos participado en la Comisión de Educación nos preocupa el desmembramiento que, de una u otra forma, se hace del Ministerio de Educación. Incluso, en su tratamiento, es relegado al establecerse en el proyecto prioridad normativa y legislativa para la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

Todo lo que tienda a fortalecer las capacidades institucionales, a fiscalizar los recursos y los procesos de mejora de la calidad educativa debe ser apoyado. Sin embargo, muchos de los artículos del proyecto tienen sesgos que complican y complejizan la materia que abordamos. Se aprecia un afán de centralización territorial en desmedro de las regiones, lo que es penoso para cualquier diputado de región. La agencia y la superintendencia tienen su sede en Santiago, pero el proceso de instalación en regiones apenas lo esboza. Se refiere someramente a la creación de las direcciones regionales. Las adelanta jurídicamente, pero no las establece en forma taxativa; sin embargo, detalla las facultades de los directores regionales.

Éste no es un cuestionamiento alambicado al proyecto, sino que es la crítica a un proceso de centralización territorial en desmedro de las regiones. En el caso de la agencia ni siquiera se esbozan sus potestades regionales. Al menos, en el caso de la superintendencia, se hace referencia a los directores, cuando los establece, pero nada señala el proyecto respecto de la estructura que tendrá esa instancia. Esta es una crítica permanente que se da en el interior del Congreso, sobre todo cuando se establecen las estructuras orgánicas de nuevas instituciones o servicios. Tal es así, que colegas de la Alianza, cuando se discutió el proyecto que modificaba la ley orgánica del Ministerio de Defensa, señalaron la poca especificidad respecto de divisiones y departamentos. Cuando fuimos gobierno, recogimos esa inquietud de manera de establecer una estructura orgánica mucho más profunda, clara y transparente, que permitiera entender cuál iba a ser la nueva estructura del Ministerio de Defensa. Sin embargo, esa nueva estructura a que hace referencia el proyecto, esa presencia regional, esos directores regionales, en el caso de la superintendencia, amén de las divisiones y departamentos, o de las unidades, como señala el proyecto, son meros esbozos, que ni siquiera son explicitados con claridad y precisión.

Por lo tanto, además del desmembramiento de un ministerio, existe una excesiva centralización territorial, con sólo esbozos de instituciones como la agencia y la superintendencia en las regiones. Es curioso que lo que ayer fue crítica de la oposición que hoy gobierna, no se asuma para dar potencia a esta nueva institucionalidad en regiones, sobre todo respecto de las unidades educativas.

Enseguida, el Ejecutivo solicita facultades delegadas para implementar plantas, para realizar traspasos y encasillamientos. Como bien dijo el diputado Melero, este Congreso tiene historia en delegación de facultades. Entiendo que el consenso para esas delegaciones de facultades ha estado determinado por la garantía de los derechos de los funcionarios, en este caso los del Ministerio de Educación.

(Aplausos).

Recuerdo que el acuerdo político alcanzado en este Congreso, particularmente en esta Cámara, en torno de la ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, norma que se publicó este año, por lo que se trata de una de las últimas delegaciones de facultades al Presidente de la República , se logró en el marco de proteger los derechos funcionarios, cuestión que no veo en este proyecto de ley.

En esa ley de la República, aprobada por este Congreso, se señala expresamente que la delegación de facultades al Presidente de la República no significará -inciso sexto letra c) del artículo 6° transitorio de la ley N° 20.424- “pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado o encasillado.” Así lo preceptúa la ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional aprobada por este Congreso Nacional.

Agrega que cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones. Además indica que esa planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Los funcionarios traspasados o encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Reitero, esto es ley de la República.

Un adagio jurídico sentencia que “donde existe la misma razón, existe la misma disposición”. Así las cosas, no veo por qué no aplicar este aforismo a los funcionarios del Ministerio de Educación, sobre todo considerando que la ley orgánica del Ministerio de Defensa fue promulgada y publicada este año, y establece un estatuto jurídico de protección de los derechos funcionarios y de transparencia en el proceso de encasillamiento.

Todos queremos que la educación mejore. Padres, apoderados y alumnos añoran mayor calidad en la educación. Todos queremos que los procesos educativos sean supervisados y que los recursos lleguen adonde tienen que llegar. Pero estos procesos de mejora no serán posibles si nos pasamos por cualquier parte los derechos de los funcionarios. ¡No puede ser!

(Aplausos).

Así como ayer la oposición nos pidió que el gobierno saliente, en el caso de la ley orgánica del Ministerio de Defensa, no ejerciera las facultades delegadas, dejando su ejercicio al gobierno entrante, cuestión que hicimos al establecer que esas facultades solo se podían ejercer a partir del 30 de marzo de este año o a partir de la fecha de publicación de la ley si ésta fuere posterior al 30 de marzo próximo pasado. Se hicieron actos de fe recíprocos, como consta en el texto que he estado leyendo. Pues bien, aquí también debemos construir un acuerdo que contenga esos mismos actos de fe y de confianza recíprocos, lo que no parece ser el deseo del Ejecutivo y del ministro Lavín , presente en la Sala, pues no quiere retirar la suma urgencia con que fue calificado el proyecto. Esta dificultad para llegar a acuerdo, puesto que la suma urgencia nos impide formular indicaciones en la Sala, incita que votemos muchas disposiciones en contra.

Queremos educación de calidad. Los niños de Doñihue y de las comunas que represento así lo demandan. En Rinconada de Doñihue, los alumnos sólo cursan hasta sexto básico; séptimo y octavo son cursados en otros lugares, y terminan su enseñanza media en un tercer establecimiento. Es decir, tienen que cambiar sucesivas veces de escuela para completar sus estudios. Eso no es justo.

Para generar un mejor proyecto, debemos partir por salvaguardar los derechos de los funcionarios del Ministerio de Educación, de esa gente que se entrega con pasión y abnegación a la enseñanza.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.- Señora Presidenta, a veces, es positivo hacer un poco de historia.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado, en primer trámite constitucional, y hace realidad una parte importante del acuerdo suscrito por el gobierno de la Concertación y los partidos de la Alianza en 2007, con el objeto de asegurar la calidad de la enseñanza a través de la nueva ley general de educación.

No debemos olvidar que fueron los estudiantes quienes, al salir a las calles a protestar, pusieron el tema de la calidad de la educación en la agenda pública, especialmente en la agenda del Gobierno de la Presidenta Bachelet . En esa oportunidad, ellos también reclamaron la necesidad de fiscalizar mejor los recursos públicos destinados a la educación.

A raíz de esto, el Gobierno de la Concertación creó, en 2006, el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, compuesto por 81 miembros que representaban a distintos sectores de la ciudadanía: estudiantes, profesores universitarios, rectores, sostenedores públicos, Colegio de Profesores, académicos, etcétera.

A propuesta de ese Consejo, el Gobierno envió una nueva ley general de educación al Congreso, discutida durante varios meses en la Comisión de Educación. Se escuchó a más de 180 personas, entre ellas, a muchas de los sectores técnicos, a padres y apoderados, a sostenedores, al Colegio de Profesores, al Partido Comunista, a Libertad y Desarrollo. Por eso, me extraña cuando algunos diputados dicen acá que esto se hizo a espaldas de la gente. Hemos tenido tres instancias de participación. Una cosa es escuchar y, otra, hacer exactamente lo que quieren algunos, lo cual muchas veces no se puede, porque unos quieren blanco y, otros, negro. El Congreso está para decidir finalmente cómo quedan las leyes.

Como todos recordarán, el proyecto de la LEGE se selló en La Moneda con un acuerdo muy mediático, con las manos en alto. Todos los parlamentarios de la Concertación estuvieron de acuerdo. Esta iniciativa crea la nueva institucionalidad que se propone en la LEGE, la que fue aprobada por todos los sectores políticos, salvo contados diputados, cuando se votó en esta Sala.

El proyecto que hoy nos convoca, presentado por el Gobierno de la Concertación, fue trabajado muy seriamente en la Comisión de Educación -también se escuchó a mucha gente- y la mayor parte de sus artículos fueron aprobados por amplia mayoría, si no por unanimidad, incluidos los diputados de la Concertación que hoy han cambiado de opinión. Los diputados de Renovación Nacional vamos a honrar nuestra palabra, votando favorablemente el proyecto.

En lo fundamental, el proyecto crea dos nuevos organismos.

El primero es la Agencia de Calidad, que fue propuesta por la Alianza por Chile en la ley general de educación. En primer lugar, ese organismo tiene por objetivo evaluar logros de los alumnos. Obviamente, no sólo el Simce evaluará los logros, pues habrá otro sistema de medición, que deberá ser diseñado entre todos.

En segundo lugar, la Agencia de Calidad tiene por objeto proporcionar información a los padres, porque no la tienen actualmente. Muchos de ellos no saben que el colegio en donde está su hijo está trabajando muy mal o tiene muy malos resultados.

Por otro lado, se crea la Superintendencia de Educación, servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, cuyo objetivo es fiscalizar que los recursos públicos para la educación sean realmente invertidos en esa área y no se desvíen, como pasaba con muchos sostenedores particulares. El Ministerio tenía esa función hasta ahora. Hay que preguntarse qué tan bien lo hacía si no tenían las atribuciones. Muchas personas nos indicaron que se fiscalizaba mal y que habían muy pocos fiscalizadores. En verdad, el Ministerio, muchas veces no por culpa de los funcionarios, sino por falta de recursos o de atribuciones, no ha podido hacer una buena fiscalización. Esperamos que la Superintendencia sí la haga.

Sin duda, el proyecto es un avance en la calidad que todos queremos. La calidad va a dar equidad en la educación. Obviamente, debemos realizar muchos otros cambios si queremos llegar a tener una educación de calidad para todos los niños de Chile, entre ellos, reevaluar y hacer una nueva carrera docente y realizar los cambios que se necesitan en el Estatuto Docente, como por ejemplo, premiar fuertemente a los buenos profesores.

Hay que dar a los profesores jubilaciones dignas. No puede ser que haya profesores con más de 70 años haciendo clases. Lo peor es que no pueden jubilar porque en tal caso recibirían un cuarto de su sueldo.

Se debe enfrentar, de una vez por todas, la deuda histórica. Creemos que hay mucho por avanzar en esa materia. El año pasado, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión para analizar el tema. Efectuó una propuesta al Gobierno de la Concertación, que se había comprometido a apoyarla, pero finalmente desconoció todo el trabajo hecho por la Cámara de Diputados, con el cual estaban de acuerdo los profesores de Chile. Creemos que el Gobierno del Presidente Piñera tiene que trabajar en ese tema y avanzar hacia la reparación de dicha deuda. Para ello se necesita incrementar los recursos en educación, lo que también es un compromiso de este Gobierno, que estamos seguros que se cumplirá durante los próximos cuatro años.

Por último, creemos que es importante preocuparnos de la estabilidad laboral de los trabajadores del Ministerio de Educación. Creo que es posible asegurarla aún más, a pesar de que hay algunos artículos que la garantizan en parte, como el artículo séptimo transitorio que dice: “Los traspasos de personal no podrán significar disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de los funcionarios traspasados.” Para eso le pedimos al ministro -lamentablemente ahora no está presente- que vea la posibilidad de remediar esta situación. En todo caso, como creemos que este proyecto es un avance hacia la calidad, los diputados de Renovación Nacional lo votaremos favorablemente.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, mi intervención será muy breve, porque sólo mencionaré dos aspectos complementarios a la intervención que hizo mi colega de bancada, el diputado señor Carlos Montes .

El viernes de la semana pasada la Unión Europea evacuó un informe que señala que el 80 por ciento de los niños de cada uno de los países que la integran estudian en la educación pública.

En ese informe se señaló que aún había metas que superar, porque la convicción de esas naciones desarrolladas es que la educación pública es el pilar sustantivo, relevante, para generar condiciones de desarrollo aún más aceleradas y de equidad y para garantizar el desarrollo personal y familiar a todos los habitantes.

Como lo expresó muy bien en su intervención el diputado Hugo Gutiérrez , Chile apenas tiene un tercio de sus alumnos en la educación pública, cifra que se deteriora mes a mes.

Los países de la Unión Europea son capitalistas. La producción del vestuario, de los alimentos, de los vehículos y de los bienes y servicios en general, se rigen por el mercado y se transan en él. Sin embargo, el acuerdo que ha producido el avance de la civilización de la humanidad se basa en que hay áreas del desarrollo y de las necesidades del ser humano que no pueden ser sometidas al mercado y, una de ellas, es la educación.

Aquellos países que tienen economías de mercado, asentadas sobre la base de la iniciativa privada y del lucro, señalan que la educación debe ser pública, pues es la única manera de garantizar calidad y desarrollo humano equitativo.

(Aplausos).

Fíjense que nosotros -y digámoslo frente a algunos diputados de Gobierno que ya han intervenido en este debate-, en un acuerdo impulsado en el Gobierno de la Concertación, llegamos a un consenso completamente antagónico al que ha generado la civilización en el mundo. ¡Exactamente antagónico! Creamos una Superintendencia de Educación para verificar y ratificar que la educación que será privatizada y transada en el mercado, al menos, tenga una fiscalización externa. Así como hay superintendencias de Bancos; de Valores y Seguros; de Empresas Eléctricas, etcétera, que fiscalizan a las empresas privadas, nosotros asumimos que el mercado es quien regirá la conducta de nuestro sistema educativo, por lo que se hacía necesario instalar una superintendencia.

La idea matriz de estos proyectos es equivocada en su esencia. Debemos transformar tanto los acuerdos profundamente equivocados como los proyectos distorsionados en su raíz, de modo de crear una nueva discusión en la que efectivamente participen docentes, alumnos, padres y apoderados. Si es necesario, la autoridad debe convocar a un plebiscito nacional, a fin de poner a la educación pública en el centro del debate.

(Aplausos).

Esto se quiere hacer, incluso, a costa de derechos constitucionales de los trabajadores.

En su oportunidad, los socialistas votamos en contra de la LEGE, no obstante haber sido un proyecto de nuestro gobierno, porque pensábamos que la idea básica que la sustentaba estaba equivocada, pues en cualquier caso debilitaba la educación pública en lugar de fortalecerla. Tenemos la autoridad moral, pues lo dijimos en su momento. Con mayor razón lo diremos ahora, en momentos en que el Presidente de la República y el ministro de la cartera no pertenecen a nuestro conglomerado.

Este camino está equivocado y el que debemos seguir es el del consenso universal civilizatorio. La educación pública debe regir los sistemas educativos de nuestros países, para garantizar la equidad y la igualdad de participación y de oportunidades.

En virtud de estas razones, votaremos tanto en contra de la idea de legislar como de los artículos pertinentes.

He dicho.

La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , revisé y leí el proyecto de ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y me alegro de que sólo sea eso y no una ley.

Digo esto porque a este proyecto le falta un capítulo, importantísimo, si es que es verdad que queremos asegurar la calidad de la educación.

Y es el capitulo que debiera hacer referencia precisamente a lo que nos convoca: la calidad.

¿Cómo se mejora la calidad?

¿Quién se hace responsable de mejorar la calidad?

¿Dónde se concentran entonces los capítulos que tenemos a la vista con sus títulos, párrafos y artículos?

En la afanosa tarea de medir, evaluar, orientar, clasificar, vigilar y castigar. Para esto obviamente será necesario una institucionalidad ad-hoc, una agencia y una superintendencia.

No niego la importancia de medir, de evaluar. La fiscalización y la regulación sin duda son temas importantes, sobretodo cuando impera la lógica del mercado. Pero ¿no es acaso lo mismo que ha venido haciendo el Ministerio de Educación en los últimos 20 años?

¿No es acaso el Simce un sistema de medición?

Es cierto que no es un buen sistema de medición. Frente a las muchas críticas que se le formulan lo corregimos alguna vez, pero no quedó muy bien. Además la educación no ha mejorado nada o casi nada desde el Simce, ergo hay que hacer otro sistema que mida mejor, con estándares de aprendizaje, de desempeño de los establecimientos y sostenedores, y también de los docentes y directivos. Medirlos a todos para ver si cumplen con los estándares y las normas. ¡Perdón, no todos! Los que pagan (particulares pagados) sólo se los va a medir si lo piden. Ah, y los particulares subvencionados podrán diseñar sus propios mecanismos de evaluación del desempeño, pero se medirán igual, y los clasificaremos a todos, eso sí, de la clasificación nadie quedará afuera.

Somos expertos en medir. Hacemos lo mismo con la contaminación –perdón por la comparación-, cada vez nos volvemos más sofisticados en medir la calidad del aire, instalamos más y más modernas estaciones de monitoreos en más puntos y mejores puntos, pero por mejorar la calidad del aire no hacemos nada. Sí, es verdad, hay que reconocerlo, tenemos la restricción vehicular, el Transantiago, y también las alertas que nos avisan que tenemos que estar preparados y conscientes de que estamos respirando veneno. No hicimos nada por evitarlo, no hicimos nada por mejorarlo, pero lo medimos.

Sí, insisto, no niego la importancia de la medición, pero esconde un pequeño problema. El que mide lo hace desde afuera, desde la distancia, seguramente con una mirada precisa y aguda de experto, pero siempre desde fuera. No participa, no se involucra y lo que es peor aún, no se responzabiliza. Son otros los que hacen la educación, bien o mal. Pero son los otros, yo Estado, no tengo nada que ver, yo sólo mido, evalúo, hago informes, vigilo, clasifico. Dictamino, quiénes son los buenos, los más o menos y los malos, y también castigo. Y por supuesto, estoy en mi derecho, yo Estado omnipresente, porque además les paso la plata, poca, pero plata al fin.

Pero también el Estado, la Agencia en este caso, orienta y recomienda para que los otros, esos que se dedican a la educación, mejoren. Pero siempre desde lejos, no se vaya a creer que la Agencia tiene alguna responsabilidad en los resultados, ya que lo que se espera de la evaluación es sólo un informe de las fortalezas y debilidades, orientaciones y recomendaciones (art.10, título II).

Y también se puede pedir apoyo técnico pedagógico. (artículos 23, 24, 26).

Quiero recordarle a los presentes que sin este proyecto, también el Mineduc, orientó, prestó apoyo. Más de alguna licitación se hizo para que consultores expertos llegaran a las escuelas más críticas a salvarlas de la crítica situación en que se encontraban. Sin Agencia, ya se intentó; con Simce también se intentó.

De algo debiera servir la experiencia, para algo sirve la historia.

¿Qué pasa entonces? ¿Si ya les consultamos a los expertos; si ya medimos con el Simce?

Tenemos que volver a interrogar el traspaso de los servicios, tenemos que volver al origen del problema: de los servicios traspasados o municipalización de los servicios. ¿Y qué significa traspasar? Entre los sinónimos está trasladar, ceder, entregar, vender. No creo en la inocencia ni en la neutralidad del lenguaje, el lenguaje significa, explica, hace. Y traspasar es eso, una suerte de enajenación, de desprendimiento, no sólo del servicio, sino también de la responsabilidad.

El Estado sólo da la pauta y observa. Se ubica en el borde. Traspasa y mide: Dos acciones que se complementan y se realizan desde afuera.

Bourdieu, en su libro “La miseria del mundo”, donde describe lo que ocurre en los ghettos de Estados Unidos y los suburbios en Francia, llama a este fenómeno, el abandono del Estado.

¿Cuáles son los efectos cuando el Estado se retira, cuando se vuelve ausente? ¿Qué pasa cuando el Estado abandona a aquellos que más lo necesitan?

La respuesta más clara es la exclusión o la profundización de la exclusión. La retirada del Estado y el marchitamiento de la ayuda pública son responsables en esencia de la aparición de los lugares y los espacios de relegación.

Y volviendo a nuestro caso, si el Estado ya no es el responsable, ¿quiénes son entonces los responsables?

Los sostenedores, los municipios, los dueños de los establecimientos, los que lo hacen como negocio, o los altruistas sin fines de lucro. Ellos son los que se dedican, ellos administran, a ellos se les traspasó la responsabilidad del servicio.

A los particulares, de alguna manera les preguntaron. ¿Pero quién le preguntó a los municipios si querían hacerse cargo de la responsabilidad? ¿Quién les preguntó si tenían la capacidad para hacerse cargo. ¿Quién les preguntó si tenían los recursos para hacerse cargo? No hay que olvidar que la subvención alcanza para financiar apenas el 85% de los salarios de los trabajadores de la educación.

Durante los años en que fui alcaldesa, siempre sostuve que los servicios traspasados, nada menos que la educación y salud, eran un cacho para el Gobierno. Siempre que los municipios pedían más recursos, la respuesta inevitable era “ustedes no saben administrar”. Siempre que los municipios dijeron: entonces les devolvemos los establecimientos para que el Ministerio los administre, la respuesta, también inevitable, fue “imposible, no se puede”.

Sigamos siendo expertos en medir, persistamos en nuestro empeño de evaluar lo mejor que se pueda. De todas maneras, nuestra mediocridad estriba fundamentalmente en no querer hacernos responsables de lo que nos corresponde. La calidad de la educación es responsabilidad del Estado y no de los sostenedores de la Educación, y es el Estado el que debe aparecer en esta ley como el responsable y el garante de la calidad de la Educación en nuestro país.

Tema (la calidad) que, por lo demás, y extrañamente, está ausente en este proyecto de ley.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , voy a votar favorablemente el Informe, no porque esté completamente de acuerdo con todos los artículos del proyecto, sino porque no puedo dejar de recordar que estamos ante una iniciativa que es la resultante de un amplio acuerdo político, verificado el año 2008 e impulsado por la administración anterior y, lo más importante, porque es absolutamente necesario para nuestro sistema educacional.

Podemos debatir respecto de aspectos como el Simce, los estándares o la definición conceptual más precisa de calidad de educación. El informe que hemos conocido es muy valioso en eso, pero junto con ello deberíamos coincidir en que el proyecto es relevante, porque de lo que se trata es de la creación de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad en todos los niveles, a través de una institucionalidad que incorpora la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación como nuevos órganos y redefine la organización del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación.

¿Puede haber algo más importante para una nación que garantizar la calidad de la educación que reciben sus niños, niñas y jóvenes?

Nuestro país ha hecho enormes esfuerzos económicos para proveer de las condiciones mínimas que requiere nuestro sistema educacional y estoy cierto que es imprescindible seguir incrementando sus recursos, de manera, por ejemplo, de llegar a duplicar la subvención escolar. Pero, ese esfuerzo, para que sea efectivo, necesita de organismos que garanticen su correcta y oportuna utilización y lo hagan de manera objetiva, oportuna y técnicamente sólida. Tenemos que acostumbrarnos a que los recursos públicos sean utilizados en forma eficaz y los responsables de su administración, rendir cuenta pública, tanto respecto de su uso como del impacto que tienen en el rendimiento académico de sus estudiantes. Cada peso que se invierte en educación debe tener su correspondencia en ello. En la actualidad, por ejemplo, tenemos la Subvención Escolar Preferencial, que entrega recursos adicionales para mejorar los aprendizajes vía acciones definidas por las propias escuelas, lo que implica un concepto de descentralización que me parece esencial, pero cuyo desafío más allá de comprobar si están siendo correctamente invertidos, es verificar si generan un mejoramiento objetivo y comprobable en lo esencial, que es el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas.

Veo y lo considero una fortaleza del proyecto, que hay una evolución desde el mero aprendizaje a un concepto de calidad, que estimo debiera ser lo más explícito posible, de forma que incluya claramente el concepto de desarrollo integral establecido en la Constitución Política, artículo 19 N° 10° y en la Ley General de Educación, que en su artículo 2°, establece que las finalidades de la educación son: el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico para conducir su vida en forma plena y para convivir en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa”.

Esto me parece esencial, porque estoy cierto que junto con buscar la excelencia en el plano pedagógico, debemos aspirar a formar personas para vivir y convivir en sociedad y para eso, la educación y la institución que educa, tienen un rol esencial, de allí que considere relevante tanto la “rendición de cuentas” como la “rendición de apoyo”, concepto que implica una obligación de ayuda a los establecimientos educacionales que así lo requieran.

Creo que el proyecto tiene muchas bondades, pero también cuestiones que merecen reflexiones de fondo. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que la estandarización provoque mayores segregaciones que las ya existentes en nuestro sistema educacional.

Comparto las naturales preocupaciones de los funcionarios del Ministerio de Educación, que estimo deben ser atendidas, pero teniendo presente que es necesaria su modernización, lo que evidentemente pasa por un proceso de ineludible reestructuración.

También debe quedar excluida toda injerencia política, de modo que efectivamente predomine aquí el componente técnico.

En definitiva, creo imperioso continuar avanzando, pero con los resguardos que someramente he señalado, porque de lo que se trata es de llegar a una estructura educacional que garantice la calidad en su acepción más global, con responsabilidades claramente establecidas y donde cada uno de los actores rindan cuenta de su cumplimiento.

He dicho.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 56 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Señor diputado , todos tienen copia del proyecto en sus pupitres, documento que contiene la firma de quien presentó la iniciativa.

Debo hacer presente a la Sala que, de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento, no se agregará ningún voto en las votaciones que realicemos.

En votación general el proyecto, con excepción de sus artículos 5°, 6°, 7°, 15, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 69, inciso primero, letra f); 80, 81, 82, 90, inciso primero; 93, 94, 97, 98, 99, 100, 104 y 112 permanentes, y cuarto y quinto transitorios, que tienen carácter orgánico constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 49 voto. Hubo 2 abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cerda García Eduardo; Latorre Carmona Juan Carlos.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación general los artículos 5°, 6°, 7°, 15, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 69, inciso primero, letra f); 80, 81, 82, 90, inciso primero; 93, 94, 97, 98, 99, 100, 104 y 112 permanentes, y cuarto y quinto transitorios, que tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren el voto de 69 señoras y señores diputados para ser aprobados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 52 voto. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazados.

-Aplausos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-En votación particular el proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Educación, con excepción de las normas que han sido objeto de indicaciones por la Comisión de Hacienda y de aquellas respecto de las cuales se ha solicitado votación separada.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz ^Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 2°, con la indicación de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-alamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 4° sustitutivo, de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; altolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 11.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 13.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 14.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 16.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Espinosa Monardes Marcos; Meza Moncada Fernando; Pérez Arriagada José.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el inciso primero del artículo 19, con la indicación de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 1 abstención.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 23.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 50 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 24.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 26 sustitutivo de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 49, con las indicaciones.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 49 bis nuevo de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 50 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 50, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 86 bis, nuevo, de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación la letra f) del artículo 89, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza ^David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo 106 sustitutivo de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ascencio Mansilla Gabriel; Chahín Valenzuela Fuad.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular el artículo primero transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías ^Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo tercero transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 1 abstención.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvo el diputado señor Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo sexto transitorio de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, que la Comisión de Hacienda propone suprimir.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo octavo transitorio, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación particular el artículo undécimo transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 1 abstención.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

-Se abstuvo el diputado señor Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo duodécimo transitorio, con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- En votación el artículo decimotercero transitorio nuevo de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 54 votos. No hubo abstenciones.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.