Labor Parlamentaria

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

Recuerdo a la Sala que está cerrada la inscripción y hay 16 diputados inscritos.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones ha solicitado autorización para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente , este proyecto es muy importante, no solo por aspectos urbanísticos o por potenciales efectos deletéreos en la salud debido a las radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, sino también porque aborda un tema muy sensible para la ciudadanía. Estoy convencido de que la mayoría de los parlamentarios ha recibido reclamos y muchas veces, incluso, han sido partícipes o testigos, de importantes movilizaciones de vecinos, de vecinas, de organizaciones sociales, que protestan porque se han sentido invadidos y porque sus derechos, como habitantes de un determinado sector, fueron vulnerados. Hemos visto una proliferación tremenda de antenas de telecomunicaciones, con estructuras de soporte que también generan una serie de inconvenientes a la comunidad e, incluso, a la aeronavegación cuando son iluminadas. Por tanto, el hecho de abordar esta materia y de introducir regulaciones legales, más allá de las medidas que adopte cada municipio -sabemos que, en algunos hay ordenanzas que establecen ciertas restricciones, limitaciones y requisitos que deben cumplirse- es muy relevante.

No ha sido fácil avanzar en este proyecto, porque hay muchos intereses en juego. Por cierto, contiene falencias, pero quiero destacar las cosas positivas.

Por ejemplo, me parece muy positivo que existan requisitos claros para la solicitud de instalación de torres de soporte de antenas de transmisión de telecomunicaciones y que cuando no se cumplan esos requisitos no se entregue la autorización.

Ahora, dentro de esos requisitos, aparte de contar con un certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil que acredite que la altura de la antena no constituye un peligro para la navegación aérea, o de la prohibición de iluminar las mismas torres, el hecho de que se exija un certificado que contenga la opinión de los vecinos y que se genere algún tipo de mecanismo de participación de la ciudadanía directamente afectada por la instalación de una torre con la antena, me parece muy importante.

Una de las principales críticas de los ciudadanos y ciudadanas, frente a la proliferación de instalaciones de torres y antenas, es que no hay ningún tipo de consulta. De la noche a la mañana se enteran de que al lado de su casa se ha instalado una torre.

Pero la duda razonable que les asiste, incluso hasta científica, puesto que hay muchas investigaciones al respecto, no es solamente desde el punto de vista estético o, incluso, de los riesgos que correrían sus hijos que juegan en sectores colindantes, sino sobre los eventuales riesgos para la salud de las personas la presencia de radiaciones electromagnéticas. En diversos países del mundo se están estableciendo fuertes restricciones para el uso de celulares por menores de catorce años debido a los eventuales daños que puede ocasionar la radiación electromagnética sobre el tejido neuronal que está en una fase de maduración. En Inglaterra, por ejemplo, está prohibido el uso de celular a menores de catorce años. Hay celulares con doble antena, con antenas curvas, o sea, se están tomando ciertas decisiones, porque se están descubriendo nuevos riesgos o eventuales complicaciones por estas radiaciones.

Por eso, además del mecanismo de participación ciudadana, destaco la exigencia de un certificado del Instituto de Salud Pública que acredite que la antena o la antena instaladas en las torres de soporte no generen radiaciones electromagnéticas dañinas para la población colindante. Ese certificado es muy importante, al igual que el de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que debe consignar de manera expresa que la solicitud no recae en una zona declarada como saturada de radiaciones.

Sin duda, el proyecto es insuficiente, pues se podría haber avanzado más en determinadas materias, pero hay un avance en el sentido de regular una situación que está complicando seriamente tanto la vida de los santiaguinos como la de la gente de regiones.

A mi juicio, la participación ciudadana y la certificación del Instituto de Salud Pública son los elementos más importantes del proyecto que, espero, pronto sea ley.

Valoro que después de tanto tiempo estemos por votar esta iniciativa legal.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.

El señor VENEGAS (don Mario).-

Señor Presidente , fui presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones que discutió este proyecto. En tal virtud, recordaré algunos aspectos.

La Cámara lleva años intentando regular la instalación de torres de soporte de antenas de telefonía. Integré la Comisión Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, donde tuvimos la oportunidad de recibir a alcaldes, concejales, grupos organizados de pobladores que venían a pedirnos, en el marco de la competencia de esa Comisión como también en el de la de Obras Públicas, Transportes que por favor hiciéramos algo al respecto.

El problema es cómo conciliar los distintos intereses que se contraponen en una materia tan delicada y compleja como esta.

Durante el desarrollo de nuestro trabajo -lo digo con mucha responsabilidad- se formularon decenas de indicaciones y de distinta naturaleza. De este proceder, aprecie dos cosas. Una actitud maximalista, donde queríamos que el proyecto resolviera todos los problemas susceptibles de abordar, incluidos algunos que son de mucha importancia, pero que aún no están resueltos y que ni siquiera cuentan con estudios de nivel internacional. Me refiero, por ejemplo, a los efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud. Ni siquiera contamos con una opinión concluyente de la Organización Mundial de la Salud, aunque debo reconocer que distinguidos especialistas y científicos de nuestras universidades, como de la Universidad de Chile y otras, señalan, con fundamentos bastante serios, que existe estrecha relación entre determinada cantidad de radiación electromagnética y las enfermedades de cáncer. De ahí la preocupación por instalar las torres sostenedoras de antenas lejos de centros de salud, escuelas, etcétera.

Otra cosa son los intereses económicos que hay detrás de esto, y las acciones de los distintos actores del mercado, cuyos intereses están debidamente resguardados en la discusión de estos proyectos, que no pasan inadvertidas para quien tengan un mínimo de sentido común.

Muchas veces, por pretender perfeccionar la ley a niveles casi extremos, no conseguimos el objetivo que la ciudadanía nos reclama, cual es regular la instalación de antenas de telefonía celular, pues en esta materia se han cometido abusos inaceptables.

De cara al país digo ¡hasta cuando! ¡Por favor, no dilatemos más esto!, porque en el intertanto, como bien lo saben, en la Subsecretaría esperan miles de solicitudes de instalación de torres sostenedoras de antenas, y de no haber regulación, aunque tenga algunas carencias, puede pasar cualquier cosa.

El proyecto, para hacer frente a los eventuales riesgos para la salud y al impacto urbanístico, propone una serie de mecanismos de control, varios muy importante para algunos de los distinguidos miembros de la Comisión. Para este efecto, el Ejecutivo consideró una serie de propuestas de los diputados y las tradujo en indicaciones sustitutivas.

Al respecto, quiero recordar brevemente algunos de los avances. El proyecto modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, agregándole un artículo 116 bis.

Voy a comparar lo actual con lo que avanza el proyecto.

¿Cuál es la realidad? La legislación vigente establece que la empresa que quiera instalar una torre para soportar una antena, que puede tener 30 ó 40 metros de altura y equis metros de base, ni siquiera necesita autorización de los municipios. ¿Saben lo que dice la ley? Tiene que informar; no necesita considerar ni pedir la opinión de la junta de vecinos y menos la autorización del propietario del terreno colindante al lugar donde se pretende instalar la antena, a pesar de los efectos negativos en la plusvalía de la vivienda y del empeoramiento de la condición de vida de ese propietario.

¿Qué hace el proyecto? Para la instalación de cualquier de esas torres se exigirá autorización del departamento de obras municipales. Además, establece otra serie de requisitos, que enunciaré de manera muy general: las torres no podrán estar iluminadas; solicitud de instalación, suscrita por el propietario del predio donde se efectuará la instalación; presentación del plano de la instalación que grafique el distanciamiento a las propiedades vecinas, firmado por un arquitecto; presentación del proyecto de cálculo estructural que señale que la capacidad de soporte de antenas de la torre permite la colocalización de equipos y sistemas de otros concesionarios, cuestión que introdujimos como un avance importante; autorización notarial de los propietarios de los terrenos colindantes donde se propone emplazar la torre de antenas; en caso que se instalen en espacios públicos, requerirán además la autorización de la respectiva municipalidad. Para estos efectos, el operador deberá presentar un proyecto de mejoramiento del espacio público en que se emplazarán las instalaciones, indicando las obras que realizará. Asimismo, se resguarda la seguridad de la navegación aérea.

Quedó una insuficiencia en un aspecto que debió ser más taxativo. Me refiero a la opinión de los vecinos, de las juntas de vecino. Aunque no es vinculante, hay opinión.

Otros requisitos: Certificado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que consigne de manera expresa que la solicitud no recae en una zona declarada como saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones; presupuesto detallado de la instalación de torres; certificado del Instituto de Salud Pública que acredite que la antena o antenas instaladas en las torres de soporte no generan radiaciones electromagnéticas dañinas para la población colindante con ellas. Aquí hay un problema, estimado colega Rossi : aún no se resuelve cómo se estiman los daños para la salud.

Como dije, se resguarda que no se instalen antenas en lugares que están decretados por la Subsecretaría como zonas saturadas, y se establece que las municipalidades podrán determinar los espacios públicos concesionables para tales instalaciones.

El proyecto también modifica la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones , y reitera la obligatoriedad de que la Subsecretaría señale explícitamente las zonas saturadas de emisiones electromagnéticas; la mantención de un sistema de información a la ciudadanía que contenga mediciones de los niveles de exposición a campos electromagnéticos en las cercanías de los sistemas y un catastro de los sistemas radiantes autorizados. Asimismo, establece que cualquier particular, a su costo, puede pedir mediciones de los sistemas radiantes de telecomunicaciones y que se podrá modificar una concesión de acuerdo con determinados informes técnicos.

Con todo, un avance muy importante es el del artículo 19 bis que se incorpora, referido a la colocalización.

Un artefacto, como este tipo de torres, que tienen alrededor de treinta metros de altura, puede soportar más de una antena, de acuerdo con los cálculos estructurales. El proyecto incentiva la instalación de más de una antena en esas estructuras, de manera que no es necesario que cada empresa tenga su propia torre en un lugar determinado. Me parece una norma muy racional. Además, establece que las empresas que coloquen sus antenas en una torre que otra compañía tendrán que financiar los costos económicos de esa instalación.

El propietario de la estructura sólo podrá negar la colocalización, es decir, la instalación de más de una antena en una misma estructura, si demuestra que existen razones técnicas insalvables que la hacen imposible; de lo contrario, está obligado a permitir que otra empresa, incluso de la competencia, instale sus antenas allí.

La iniciativa también establece un mecanismo de resolución de conflictos, en el que tiene un papel preponderante la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Quiero dejar establecida la complejidad de la materia en estudio, ya que tiene elementos técnicos tan finos que no siempre son comprendidos o conocidos por los miembros de la comisión. No obstante, debo dejar constancia de que hicimos un esfuerzo muy grande, que se presentaron entre cincuenta y sesenta indicaciones, que el Ejecutivo tuvo que ir conciliando, porque muchas de las proposiciones de los diputados no eran admisibles, en virtud de las normas constitucionales, por lo que necesitaban el patrocinio del Ejecutivo.

Creo que se avanzó en esta materia. Sin duda, no es un proyecto perfecto. Es más, se puso en la Tabla de esta sesión a sabiendas de que tenía aspectos susceptibles de mejorar.

Con tantos ires y venires, retrocesos, presentaciones de indicaciones, etcétera, no quedó nada de claro el principio de retroactividad de la ley que aborda el artículo 1º transitorio, que dispone: “Las empresas propietarias de antenas y torres soportes de antenas de telecomunicaciones ya autorizadas, tendrán un plazo de tres años para adecuar sus instalaciones a la presente normativa, plazo que se computará desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.”

Señor Presidente , por su intermedio pregunto al subsecretario de Telecomunicaciones , ¿cómo hacemos exigible lo que dispone dicho artículo a las empresas que ya tienen instaladas torres y antenas?

En suma y concluyendo, quiero dar fe del enorme esfuerzo que se ha hecho. Sostengo con la mayor de las energías que no nos podemos dar el lujo de seguir dilatando la tramitación de una legislación que regule esta materia, aunque no sea a la perfección, por las complejidades del tema. Tenemos que su-perar la actual situación, que es de absoluta carencia de regulación y, por lo tanto, caldo propicio para los abusos en contra de nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país, de los cuales fueron testigos.

Debemos tener en consideración que todas las leyes son perfectibles y que podemos ir perfeccionándolas en el futuro cuando se den las condiciones, pero estoy convencido de que esta normativa es significativamente mejor que la actual.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente , el proyecto representa un avance bastante importante para regular un problema que se ha ido generalizando en este último tiempo. Hemos recibido varios reclamos de las comunidades locales por la instalación de antenas en forma indiscriminada en distintos puntos de la ciudad, dado que la normativa actual en esta materia es bastante débil, pues los municipios y las direcciones de obras municipales no tienen herramientas legales para negar la autorización. A mi juicio, con el proyecto se da un paso importante en esta materia, dado que las direcciones de obras municipales, adquieren un rol preponderante en el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de esas antenas. Consideramos como un gran avance que el proyecto establezca que el municipio podrá definir determinadas zonas para emplazar las antenas, sobre todo si se tiene presente que muchas ciudades están modificando los planes reguladores. Asimismo, esto es una garantía para las personas que van a comprar inmuebles, porque conocerán con anticipación los lugares en que se instalarán esas antenas, para evitar lo que han debido sufrir muchas personas que compraron viviendas de 2.500 a 3 mil UF en barrios residenciales de clase media de Antofagasta, a los que se les instaló con posterioridad una antena de telefonía celular, lo que ha provocado una considerable devaluación de esas propiedades.

También constituye un avance, aunque bastante tímido, que se solicite la opinión de la junta de vecinos respectiva sobre la conveniencia de instalar estas antenas en un determinado lugar, dado que ellos podrán manifestar a través de ese organismo la posición de la comunidad afectada. Hubiésemos preferido que esa opinión tuviera un efecto más vinculante, que fuese más decisiva, porque no tiene mucho sentido que sólo se trate de adjuntar un papel con la decisión de los vecinos a la carpeta que se ingresa en la dirección de obras municipales correspondiente, ya que ello generará una gran frustración en los vecinos que se oponen a la instalación de las antenas en sus barrios residenciales.

Con el proyecto estamos enfrentando un problema que tenemos desde hace diez años. Me habría gustado que se buscase alguna fórmula de salida respecto de las antenas instaladas bajo la vigencia de la actual normativa, porque existen problemas con las emplazadas, por ejemplo, cerca de jardines infantiles y en algunos barrios residenciales, cuyos vecinos ven con impotencia cómo esos artefactos han disminuido el valor de sus viviendas.

Es importante destacar que tendremos una normativa acorde con lo que está ocurriendo en el país en materia de servicios de telecomunicaciones.

También nos gustaría que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tuviese una mayor tuición respecto de lo que ocurrirá con las antenas ya instaladas, porque me parece que el principal problema se producirá ahí y no con las que se emplazarán cuando rijan las disposiciones en discusión.

En ese sentido, sería bueno estudiar la posibilidad de trasladar las antenas existentes a algunas zonas que determine el municipio como zonas concesionables a fin de solucionar el problema a los vecinos que tienen instaladas esas antenas cerca de sus hogares, conflictos que se evitarán cuando rija la nueva ley.

En síntesis, se trata de un buen proyecto, y espero que la Cámara lo despache a la brevedad, dado el tiempo que lleva en el Congreso y la necesidad urgente de contar con una normativa moderna en esta materia.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente , deseo manifestar la inmensa decepción por la reciente concreción de un proyecto que iniciamos en 1996 junto con el señor Carlos Montes y a otros diputados que hoy ocupan cargos de senadores.

Lo único que ha quedado claro con esto es que a los gobiernos de la Concertación no les interesan los problemas de los vecinos. No es lógico demorar más de trece años para resolver un problema, respecto del cual bastaba con interesar al Ejecutivo .

Recuerdo que en 2001 el proyecto que presentamos en 1996 estuvo próximo a ser resuelto. Sin embargo, el ministro de la época lisa y llanamente rechazó la idea, con lo cual ha quedado demostrado que las ideas que revelan preocupación por los verdaderos problemas ciudadanos no interesan a la Concertación, al Gobierno. La prueba es que hoy estamos tratando un proyecto que no sólo es insuficiente, que no resuelve totalmente los problemas, y que no hace más que tomar exactamente las mismas ideas de 1996. ¿Se necesitan 13 años para tratar un proyecto de esta naturaleza o más tiempo para que en todo Chile se sigan instalando antenas, pasando a llevar a todo el mundo, cualquiera sea la comuna de que se trate?

Siento que estamos frente a una conducta de desidia, de poco interés. El proyecto no hace más que calcar el que presentamos hace 13 años. Sin duda, es un avance, pero no quiero quedar sólo en el avance. Si el Ejecutivo tiene interés en el proyecto, debe colocarle urgencia y no seguir dilatándolo. No podemos dejar de pensar que casi todas las antenas ya están puestas y que no podemos resolver el problema hacia atrás, porque no hubo voluntad para hacerlo en su momento, no porque no se pudiera.

Entiendo que el proyecto no va a resolver todas las dificultades, pero constituye un avance. Mi único llamado es pedir seriedad al Gobierno respecto de su urgencia y concordar en la estricta necesidad de regular esta materia. Nunca hubo voluntad para aceptar cosas tan elementales como que deberían ser los municipios los que den una opinión sobre el particular, o adoptar criterios básicos de seguridad, porque no eran considerados necesarios.

Frente a ese vacío, los parlamentarios actuamos y no encontramos eco en el Gobierno. Pido que la señal del Ejecutivo sea una sola: poner urgencia al proyecto para que definitivamente salga adelante.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, junto con celebrar que estemos debatiendo este proyecto, quiero plantear un aspecto distinto, porque tenemos un Chile urbano y otro rural.

Aquí se ha hablado mucho del impacto de las antenas de telefonía celular en el radio urbano y que, por cierto, no son muy bien venidas por las personas. Pero la realidad del mundo rural es distinta, porque son muy requeridas por los ciudadanos. Hay amplios sectores del país absolutamente incomunicados; por ejemplo, en la comuna de Coelemu hay lugares importantes, productivos, como Guarilihue y Perales en la costa, que cuando son visitados por un parlamentario, las personas le muestran mil o dos mil firmas pidiendo dichas antenas, pero el mercado no funciona en esos lugares. Así como las empresas de agua potable y alcantarillado no llegan a sectores rurales, porque no les es rentable, y debe ser el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, el que instale sistemas de agua potable, también debemos avanzar en las comunicaciones del mundo rural, cuestión que no recoge el proyecto.

A mi juicio, es un tema de extraordinaria relevancia, pues hemos sido testigos de la emigración del campo a la ciudad con todos los efectos que ello produce. Hay comunas hermosas, como Cobquecura y San Fabián de Alico en la cordillera, que en muchos sectores están completamente aisladas. Por lo tanto, el Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, debería enfrentar esta realidad de muchos sectores del mundo rural y asumir la instalación de antenas de telefonía celular.

Como miembro de la Comisión de Obras Públicas y Telecomunicaciones, quiero resaltar que el debate sobre el impacto en la salud de las radiaciones electromagnéticas fue intenso. Quiero pedir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que informen a la ciudadanía sobre los últimos avances al respecto.

Entiendo que en octubre del año pasado la Organización Mundial de la Salud organizó una gran conferencia en Brasil para informar sobre el verdadero impacto de dichas antenas en la salud humana.

Es ampliamente conocido que los televisores y los hornos microondas producen mucho más radiación que las antenas de celulares. Es bueno que la población lo sepa, para que no funcionemos sobre la base de mitos e información tergiversada.

Celebro que hayamos avanzado en la colocalización, que es una manera inteligente de impedir la densificación de tales antenas.

Espero que el proyecto vea la luz en estos días y que pronto entre en vigencia como ley, porque es necesaria para la seguridad y la calidad de vida de las personas.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.

El señor FORNI.-

Señor Presidente , creo que el punto abordado por el diputado señor Sabag es fundamental, pero debemos reconocer que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene un proyecto para esos efectos. Probablemente, hay que intensificarlo. En la comuna de Putaendo hay un proyecto en conjunto con la empresa privada para instalar antenas en zonas rurales.

Creo que el problema no está en eso, sino en lo planteado por el diputado Montes en discusiones anteriores: en el desprestigio de la actividad parlamentaria, precisamente, por la forma en que legislamos en estos temas.

Tengo la impresión de que cuando legislamos para cambiar requisitos en materias tan importantes como ésta, debemos hacerlo de manera más rápida y eficaz.

Chequeábamos con el señor subsecretario que para 2009 se han presentado cerca de 3.600 solicitudes de instalaciones de antenas de telefonía móvil. Eso significa que, probablemente, se van a regir por los requisitos de la ley antigua. Entonces, ¿cuándo va a empezar a regir la nueva ley? Por lo tanto, ¿estamos solucionando con esta normativa el actual problema de los vecinos de Los Andes donde se instaló una antena en el colegio Santa Clara; a los de la población Las Gardenias en San Felipe, de los de Limache, de Calera y de Quilpué, que en forma reiterada están solicitando a los parlamentarios que intervengan en un asunto en el cual no tienen competencia alguna? Ése es el problema.

Como parlamentarios debemos entender que aquí hay un tema ciudadano que requiere ser abordado con mayor rapidez. Entiendo que el proyecto puede ser un avance, pero hay que acelerar la tramitación de este paso que se está dando. Si buscamos el mejor proyecto, vamos a tener 3.600 antenas de telefonía móvil más instaladas durante este año. Y cuando se aplique la ley -recordemos el artículo 2º transitorio- van a ser pocas las compañías de telefonía móvil interesadas en presentar nuevas solicitudes.

Por eso, debemos tener una forma especial de legislar en estas materias, se requiere urgencia y avanzar con rapidez; de lo contrario, lo que estamos legislando se transformará en la práctica en letra muerta.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, las disposiciones de este proyecto de ley se requieren con urgencia en todas las comunas y localidades de Chile.

En todos lados están proliferando, las antenas de telefonía celular; algunas desprovistas de cualquier tipo de ornato y afean las ciudades y las comunas, y otras, semejantes a palmeras, que visualmente no se notan tanto, pero lo cierto es que hay una preocupación ciudadana bastante importante en dos aspectos: Tal vez, el más importante es el daño que puedan provocar a la salud de las personas y, por supuesto, algunos están preocupados de la plusvalía de sus casas con dichas instalaciones.

Por ello, me parece sumamente importante el proyecto que estamos discutiendo y debiéramos despacharlo lo más rápido posible de la Cámara, con el objeto de que pronto se convierta en ley, porque incluye varias cosas muy relevantes. Por ejemplo, la participación ciudadana. Por lo menos, se incorpora la opinión de los vecinos, a través de la organización vecinal, respecto de la instalación de una antena.

Sin embargo, hay dos temas que me parece que deben tener un mayor estudio por su trascendencia.

En primer lugar, el uso de los espacios públicos. No me parece adecuado, que la empresas privadas utilicen los espacios públicos para colocar antenas, por que esos espacios son para todas las personas. Por lo tanto, no se debe permitir que se utilicen para instalar antenas.

La decisión está entregada a un ente del gobierno local, en algún minuto un alcalde, que no necesariamente representa a la ciudadanía en su conjunto. Quiero recordar que los alcaldes y todas las autoridades electas representan a las mayorías y no necesariamente a todo el conjunto de la sociedad, y los espacios públicos son para toda la sociedad y no sólo para la mayoría. Por lo tanto, el tema de los espacios públicos lo considero importante y debe ser debatido. No me parece adecuado que se entreguen espacios públicos para la instalación de antenas, pues las empresas tienen suficientes recursos para comprar o arrendar un terreno por muchos años.

De hecho, Entel puso hace poco tiempo una antena en la calle Monseñor Edwards , en Santiago, en la casa del señor Buchi , padre de los gerentes de dicha empresa, a pesar del debate suscitado entre los vecinos y la opinión del alcalde de La Reina , quien estaba en contra de la colocación de antenas en esa comuna. La verdad es que se instaló igual.

Por eso, me parece importante dejar claramente establecido dónde se colocarán dichas antenas. Si se ubican espacios privados y se cumplen los requisitos que se establecen en el proyecto, me parece bien y adecuado. Las empresas pueden negociar con los privados para colocar sus antenas.

En segundo lugar, el impacto en la salud de las personas. Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud reconoce estudios efectuados por algunas comisiones en el orden de revisar y adecuar sus normas a la radiación no ionizante, lo cierto es que no todos los estudios de la OMS son coincidentes. Algunos muestran que las ondas de este tipo de radiación producen alteraciones que podrían provocar daño cerebral.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud no ha prohibido estas antenas y no ha determinado daño en la población, sí me parece razonable tener alguna mirada preventiva, sobre todo en lo que respecta a los niños, no solamente por su salud, sino por un asunto de sentido común. Cuando los padres ven una antena cerca de un colegio, lo primero que se preguntan es cómo se permitió eso. A uno le consultan en el distrito si la antena se instalara cerca de la escuela, al lado de un jardín infantil o de una sala cuna.

Señor Presidente , por su intermedio, le quiero decir al ministro que me parece lógico impedir que las antenas se instalen cerca de los colegios y de los jardines infantiles. Ahí hay aglomeración de niños, hay más juventud incorporada, y si producen un daño potencial a la salud, lo harán en el largo plazo. Por lo tanto, no se debe exponer a los niños desde muy temprana edad a esa radiación.

Comparto la opinión de que hay aparatos domésticos que hoy producen tanta o más radiación que las antenas. Por eso, se plantea por algunos autores en el área de la salud, que el microondas debe quedar muy alejado del alcance de los niños. Es un tema que no es menor, hay que prevenir, y por eso los dos puntos que he tocado, el uso de espacios públicos y la colocación de antenas cerca de los colegios o de los jardines infantiles, me parece que deben debatirse y revisarse. En último caso, creo que lo mejor y lo más prudente es evitar colocar antenas donde pueda provocar algún daño.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente , no voy a decir nada distinto respecto de lo expresado por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, porque todos coincidimos en la necesidad de legislar con urgencia para que los vecinos tengan la posibilidad de defender sus espacios, que han sido invadidos con la instalación de antenas de telefonía celular.

Ya se ha dicho y lo quiero repetir. Este es un proyecto largamente esperado por la comunidad nacional. Podríamos decir que está dentro de las urgencias de la gente, pero da la impresión de que no es prioridad para el Gobierno por la actitud que ha tenido a lo largo de todos estos años. Sí ha sido prioridad para los diputados, porque desde el año 2000 a la fecha hay a lo menos dos iniciativas parlamentarias que apuntan a resolver esta demanda justa, necesaria y urgente de los vecinos. Las dos iniciativas recogen lo que aquí se ha expresado, porque los vecinos quieren tener la posibilidad de, a lo menos, opinar.

Hoy la legislación vigente permite, entre otras cosas, que la empresa informe al municipio.

¿A dónde llegan los vecinos a reclamar cuando de la noche a la mañana son sorprendidos por la instalación de una antena? Llegan al municipio, y éste se encuentra con que no tiene herramientas para dar una respuesta de acuerdo con las legítimas demandas que se le plantean en este sentido.

Hoy estamos entregando la posibilidad de que sea el municipio el que otorgue la autorización.

En relación con la participación de los vecinos, creo que el proyecto es insuficiente. A ellos sólo les estamos dando la posibilidad de opinar, pero su opinión debería ser vinculante.

Se ha dicho que la instalación de estas antenas conlleva un riesgo para la salud, opinión que comparto y que además está establecida en el propio proyecto, pues en uno de sus artículos señala que cuando se pretenda instalar una antena en un espacio público, la empresa debe sugerir tres alternativas para escoger de entre ellas la menos dañina para la salud. Es decir, en el propio proyecto se reconoce que esas antenas pueden generar daño a la salud de las personas.

Sin embargo, no se considera el grave deterioro en el patrimonio de los vecinos ubicados en los alrededores de la antena. Si una persona autoriza mediante un contrato la instalación de una antena de este tipo en su propiedad, los más perjudicados desde el punto de vista patrimonial son los vecinos, y de eso nada se dice en este proyecto.

Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro que este proyecto contribuye a solucionar sólo una parte del problema, pero no da una solución integral, aunque es mucho mejor que lo actual. Mi pregunta, que ojalá el ministro tenga a bien responder, es que si estamos hablando de una necesidad o prioridad de la gente ¿por qué el Gobierno no le ha puesto la urgencia necesaria para aprobar esta iniciativa?

Ya hemos esperado mucho tiempo y debemos legislar lo más pronto posible. Al respecto, quiero decir que existe la voluntad de los miembros de la Cámara de Diputados para apoyar el proyecto, pero falta la voluntad política del Gobierno para darle la urgencia necesaria, a fin de despacharlo lo antes posible y no seguir siendo sorprendidos por la instalación de antenas que aparecen de la noche a la mañana en nuestras poblaciones, sin que los vecinos se enteren.

Por eso, le pido al ministro que terminemos de una vez por todas con esta situación. El proyecto debe ser calificado con la urgencia necesaria para que no se siga vulnerando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

¿El Gobierno está esperando que se instalen todas las antenas que están autorizadas y las por autorizar? Me parece que el Gobierno se ha transformado en cómplice de las empresas que instalan sus antenas en sectores residenciales, a pesar de que, tal como se señala en el propio proyecto, genera daño a la salud de las personas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que este proyecto se transforme en ley?

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente , sin duda, este proyecto que regula la instalación de antenas emisoras y transmisiones de servicios de telecomunicaciones es una iniciativa importante y trascendente para todos los habitantes de las distintas comunas del país.

Durante doce años ejercí el cargo de alcalde de la comuna de San Joaquín y muchas veces me encontré con el problema de la instalación de antenas gigantescas en medio de una villa o de una población sin decir ¡agua va!

Se trata de una invasión del territorio en la que ni los vecinos ni el municipio tienen la más mínima injerencia respecto de su instalación. Ellas provocan no sólo un daño estético, sino que, aunque las compañías telefónicas lo nieguen, interfieren en las señales de televisión, de radio y en la de los propios celulares cuando están en las cercanías de las antenas.

Me parece muy importante despachar este proyecto que, quizás, no es lo óptimo, pero constituye un avance.

También es muy valioso que la gente tenga la posibilidad de opinar respecto de la instalación de estas antenas y no sólo la municipalidad. Es importante que exista un proceso en que la gente, a través de las juntas de vecinos, puede dar su opinión.

Otro aspecto interesante es que las distintas compañías de telecomunicaciones se instalen sobre una sola torre de soporte; de lo contrario, corremos el riesgo de que en una cuadra se instalen dos o tres antenas de distintas empresas. Sería bueno analizar esta posibilidad, porque también hay un problema estético y de interferencias en las señales de radio, televisión y celulares en las casas cercanas a las antenas.

Por otra parte, los alcaldes y alcaldesas deben tener voz y voto frente a esta invasión de antenas en nuestras comunas.

Anuncio mi voto favorable a esta iniciativa que ha sido largamente impulsada en esta Cámara.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.

La señora ISASI (doña Marta).-

Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro la necesidad de que el Ejecutivo otorgue urgencia a este proyecto.

Quiero centrar mi intervención en tres conceptos básicos. Primero, participación ciudadana, que se manifiesta a través de escuchar a los vecinos. Quiero transmitir la voz de la Región de Tarapacá, sobre todo del sector norte de Iquique, de La Puntilla, donde se han instalado antenas a diestra y siniestra, sin consultar para nada la opinión de la gente que vive allí desde hace muchos años, lo que ha provocado graves problemas de convivencia y una baja plusvalía de las viviendas.

Segundo, es necesario destacar que ciertas zonas rurales, como la Quebrada de Tarapacá y Guatacondo, no tienen señal de telefonía, razón por la cual no pueden conectarse cuando, por ejemplo, se produce alguna emergencia y se necesita una ambulancia.

Tercero, rescato lo que han señalado algunos colegas, en el sentido de que varias empresas se puedan colgar de una misma antena, para solucionar el problema.

No estamos contra la modernidad; por el contrario, pero también ofrezcamos a la gente, a nuestro pueblo, soluciones amables, que no signifiquen que las empresas invadan su privacidad, ya que tienen sus familias y, en muchos casos, han vivido por años en esos lugares.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , es importante que este debate avance en una materia que la ciudadanía nos está requiriendo desde hace mucho tiempo: la regulación de la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

Si recogemos las opiniones formuladas en este día, constataremos claramente que estamos ante un proyecto que se queda corto, porque no aborda una serie de aspectos fundamentales que sería conveniente discutir. También es importante y se ha reiterado en forma permanente- que el Ejecutivo le ponga la urgencia que requiere esta iniciativa.

Es tiempo de apurar el tranco y de tomar en serio el tema de la proliferación de las antenas, que prácticamente ha modificado el paisaje de innumerables zonas urbanas. Incluso, se ha llegado a situaciones aberrantes, como instalar antenas en copas de agua potable. De hecho, en la comuna de Paillaco se instaló una en la copa de agua. Los vecinos presentaron un recurso de protección, pero perdieron.

Además, se han instalado antenas cerca de colegios y en diferentes barrios. Repito: es realmente una situación aberrante. En las zonas rurales también hemos visto la instalación de tales aparatos en lugares sagrados de comunidades indígenas.

Sin duda, hay que avanzar más en el debate, pero también se debe dar urgencia al proyecto, por la importancia que tiene para la ciudadanía.

Es necesario seguir con la discusión de ciertos aspectos fundamentales, para despejar las dudas. Por ejemplo, me interesa destacar el principio preventivo. En un inciso del proyecto se establece que “cualquier persona podrá solicitar, a su costa, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la realización de mediciones de los sistemas radiantes de telecomunicaciones respecto de su densidad de potencia, los niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos, la frecuencia y características técnicas de los sistemas radiantes.”.

En este caso, es necesario aplicar el principio preventivo. Es precisamente a las empresas a quienes corresponde establecer y debiera quedar rotulado en cada antena- cuál es la exposición y radiación que provocará cada una de ellas. No podemos establecer que esas mediciones se hagan a costa de los vecinos ya afectados o de algún ciudadano consciente. Esto tiene que establecerse en una norma propia, de entrada, acorde con el principio preventivo. ¿Por qué, como ciudadano, debo requerir a la autoridad? Es justamente la autoridad quien, previamente, debe normar y regular estas situaciones.

Más allá de los discursos de cada diputado , estimo que el Ejecutivo debe poner urgencia al proyecto, pero también tenemos que impedir digámoslo con mucha claridad- que las empresas instalen un lobby atroz en el Congreso Nacional y en muchos otros lugares, para dilatar la tramitación de este proyecto y seguir con la instalación de antenas, que saturan algunas zonas.

No existe coordinación alguna entre las empresas -ya lo señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra- y, en muchos lugares, en una cuadra hay dos o tres antenas de diferentes compañías. ¿Quién regula esa situación? Obviamente, no pueden ser los vecinos, sino la autoridad. Es necesario dar claridad al respecto. Hay que apurar el tranco, pero, por otro lado, también se debe enviar en mensaje claro y preciso a los lobbystas. ¿Por qué los ciudadanos deben estar esclavizados por la voluntad de estas empresas que, por ahorrarse algunos pesos, instalan antenas en zonas absolutamente residenciales?

Aprovecho la oportunidad de informar al señor ministro que en muchos lugares se arriendan casas completas para instalar una antena, de manera clandestina, durante la noche. Por ejemplo, en el barrio El Bosque, de la ciudad de Valdivia, durante un fin de semana apareció una antena de treinta metros, instalada durante la noche. Los vecinos salen de la ciudad durante un fin de semana y al volver se encuentran con una antena, que afea el lugar, baja la plusvalía de sus propiedades y afecta el entorno.

Es necesario que la autoridad sea más activa y se anticipe a los hechos y no simplemente circunscribir a la Dirección de Obras la medición o establecimiento de la base en que se instalará la antena. Incluso, existe jurisprudencia al respecto, pues algunos fallos han permitido que, por esa vía, al menos se haya logrado frenar la instalación de algunas antenas o que se paguen algunos derechos.

Obviamente, hay que entregarle facultades a la Dirección de Obras, pero también hay que darle protagonismo a los ciudadanos. ¿Por qué la ley de alcoholes le da protagonismo a las juntas de vecinos -algo muy importante- en relación con esa materia, que en muchas oportunidades cambia radicalmente la convivencia en un barrio? ¿Por qué no se tiene el mismo criterio respecto de las antenas? ¿Es más fuerte el lobby de estas empresas? Debemos traspasar autonomía y capacidad de decisión a las juntas de vecinos y a las uniones comunales de juntas de vecinos, porque ahí se encuentra la única forma de prevenir y anticiparse a la instalación indiscriminada de antenas.

¡No nos digan -como pretenden argumentar algunos lobbystas- que es importante continuar con la instalación de antenas para lograr la conectividad! La telefonía móvil ha ayudado mucho a romper el aislamiento de las personas, pero no puede desarrollarse a costa de la calidad de vida de muchos ciudadanos, comunidades indígenas o vecinos que han invertido en su casa y que, de la noche a la mañana, les han instalado esas antenas.

Por lo tanto, hay que apurar el tranco con este proyecto. El Ejecutivo debe darle la urgencia que requiere, porque en todas las ciudades existe un sentimiento transversal de molestia por esta situación, pero también hay que estar atentos al lobby que se despliega, para que las empresas no se escuden detrás de sus lobbystas veo algunos en las tribunas para apurar la instalación de antenas, disfrazándolas de palmeras o adornándolas con ramas u otros ornamentos. Siguen siendo antenas y siguen provocando preocupación en los ciudadanos.

Por ello, nuestro Gobierno tiene que calificar este proyecto con la urgencia que se necesita, para despacharlo de una vez por todas y que los ciudadanos tengan, al menos, la tranquilidad de que legislamos para ellos y no en función de los lobbystas, que van a seguir trabajando en pos de sus intereses personales. Hay que legislar para el bienestar de la ciudadanía.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-El señor Secretario dará lectura a los pareos. El señor LOYOLA ( Secretario ).-Se han registrado los pareos de las diputadas señoras Karla Rubilar y Laura Soto y de los diputados señores Juan Carlos Latorre y Rosauro Martínez

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación general el proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Por haber sido objeto de numerosas indicaciones, vuelve a la Comisión para segundo informe.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, suscrito en Bruselas el 24 de julio de 2007, y el Acta de Corrección de Errores del Referido Segundo Protocolo Adicional.

Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, son los señores Marcelo Forni y Pablo Lorenzini, respectivamente.

En esta oportunidad va a rendir el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores el diputado don Gastón Von Mühlenbrock.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 6261-10, sesión 115ª, en 11 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Informes de la Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, sesión 134ª, en 10 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros para tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, suscrito en Bruselas, el 24 de julio de 2007, y el Acta de Corrección de Errores del referido Segundo Protocolo Adicional, de 30 de junio de 2008.

Mediante el instrumento indicado, Bulgaria y Rumania se adhieren al Acuerdo por el que se estableció una Asociación entre Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por la otra, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 18 de noviembre de 2002.

La celebración de este protocolo e instrumentos anexos es una consecuencia de la incorporación de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, del mismo modo como se procedió el año 2004, cuando se produjo la adhesión a la Unión Europea de las Repúblicas Checa, Letonia , Estonia , Lituania , Hungría , Malta , Polonia , Eslovenia y Eslovaca, oportunidad en la cual también fue necesario un protocolo adicional, como el que se informa en este acto, ya aprobado por el Congreso Nacional, el año 2005.

Constancias Previas.

Previamente a la exposición del estudio hecho por la Comisión, se estima conveniente señalar, para los efectos reglamentarios correspondientes:

1º. Que los instrumentos internacionales en trámite de aprobación parlamentaria no contienen disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación.

2º. Que el Segundo Protocolo adicional en informe debiera ser conocido por la Comisión de Hacienda, atendida la incidencia que su aplicación tendrá para la economía del país;

3º. Que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, según se precisará más adelante.

Según lo informado por el mensaje, la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (UE) ha permitido, desde su entrada en vigor, un aumento del 201 por ciento en el intercambio comercial bilateral, con un promedio anual de 28 por ciento. A este comercio se han incorporado, a partir del 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumania, ocupando, como socios comerciales de Chile, los lugares 9º y 22, respectivamente, entre los 27 países actualmente miembros de la Unión Europea.

En el año 2007, el comercio con Bulgaria y Rumania concentró el 0,46 por ciento del comercio de Chile en el mundo, ascendiendo a 493,1 millones de dólares y a 9 millones de dólares, respectivamente.

Ese año, la balanza comercial con Bulgaria presentó un superávit para nuestro país de 454 millones de dólares; en cambio, con Rumania se registró un déficit de 2,3 millones de dólares.

Los principales productos exportados al mercado búlgaro, que concentraron un 99,8 por ciento del total exportado, según lo indica el mensaje, fueron minerales y matas de cobre, salmones y mostos de uva, y los principales envíos chilenos a Rumania representaron un 57,7 por ciento, entre ellos, carne de porcino, jurel, impresoras, fósforos y kiwis.

Por su parte, las importaciones desde Bulgaria y Rumania ascendieron, el año 2007, a 19,5 y 5,7 millones de dólares respectivamente.

El año 2007, el crecimiento de las importaciones desde Bulgaria fue superior a 800 por ciento en comparación con el año anterior, como resultado de las importaciones de superfosfatos triples y de ácido sulfúrico; en cambio, las importaciones desde Rumania experimentaron una disminución de 57,2 por ciento, y los principales productos rumanos de importación fueron tubos y perfiles huecos, árboles de transmisión, motores de corrientes, neumáticos y rodamientos de rodillos.

En cuanto a inversiones, las estadísticas del Comité de Inversiones Extranjeras registran, entre los años 1974 y 1994, 3,4 millones de dólares de inversiones rumanas en el sector de la minería; pero en el período 1995-2007, no se ha registrado ingreso de capitales provenientes del mercado rumano, al igual que no se han registrado inversiones búlgaras en Chile en los períodos antes señalados.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, desde el 27 de agosto de 1997, entre Chile y Rumania está vigente un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que no existe con Bulgaria.

Antecedentes proporcionados por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que, al momento de su incorporación a la Unión Europea, estos dos nuevos Estados representaron un mercado comunitario adicional de 30 millones de habitantes y un aumento del producto interno bruto comunitario de 100.000 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 0,93 por ciento del PIB total de la Unión Europea 25, con un PIB per cápita anual superior a 6.400 euros.

Agregan que este Segundo Protocolo ha sido aprobado por el Consejo de la Unión Europea mediante la decisión 2007/611/CE, de 23 de julio de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de septiembre de 2007; por tanto, sus compromisos están plenamente vigentes en el territorio de la Unión Europea.

Señalan, asimismo, que a este Segundo Protocolo se anexa un Acta de Corrección de Errores en la que se enmiendan errores de trascripción identificados en la versión en español, también publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 23 de septiembre de 2008.

Añade Direcon en su informe que, dado que el propósito de este Protocolo es permitir que Bulgaria y Rumania asuman los compromisos adquiridos previamente por la Comunidad y sus Estados Miembros, en el Acuerdo de Asociación suscrito con Chile, solo se establecen en él, esencialmente, los señalados compromisos, agregándose dos elementos diferentes referidos, por una parte, al mejoramiento en el acceso al mercado comunitario que se otorga a nuestro país y, por otra, al compromiso de Chile de no solicitar en otras negociaciones multilaterales concesiones adicionales recibidas de Bulgaria y Rumania por su acceso a la Unión Europea.

El mensaje destaca que este instrumento no establece compromisos nuevos para nuestro país, respecto de las obligaciones contenidas en el Acuerdo de Asociación, suscrito el año 2002, con la Comunidad Económica Europea (Unión Europea), y sus Estados Miembros; por tanto, la única consecuencia jurídica del Segundo Protocolo Adicional en trámite es la extensión por parte de Chile de las obligaciones y derechos ya adquiridos en el Acuerdo de Asociación a los dos nuevos miembros de la Unión: Bulgaria y Rumania, con las diferencias de idiomas del caso.

El Segundo Protocolo adicional, en trámite, desde el punto de vista formal se estructura sobre la base de un Preámbulo y 12 artículos divididos en cinco secciones, referidas a normas de origen, comercio de servicios y establecimiento; contratación pública y disposiciones generales y finales; además, consta de ocho anexos que contienen, en términos generales, listas refundidas de los anexos del Acuerdo de Asociación, de 2002, entre Chile, la Comunidad Europea y sus Estados Miembros.

El informe que entregó la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión señala, en lo sustancial, que las normas del Protocolo disponen lo siguiente:

Que Bulgaria y Rumania, nuevos Estados miembros de la Unión Europea, se constituyen en Partes Contratantes del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea.

Que se incorporan al Anexo III del Acuerdo de Asociación expresiones que deben figurar en la documentación que certifica el origen de las mercaderías en el idioma del emisor del certificado.

Que se incorpora a los compromisos específicos estipulados por el Comercio de Servicios el comercio de servicios financieros, el establecimiento de las inversiones y aquellos asumidos por los nuevos Estados miembros. Se agregan a la lista de autoridades responsables de los servicios financieros de la Comunidad las de los nuevos Estados miembros.

En materia de contratación pública, se incorporan las instituciones públicas de los nuevos Estados miembros que se rigen por las disposiciones del Acuerdo de Asociación y se detallan los boletines oficiales de los nuevos Estados miembros en los que deben efectuarse las publicaciones que se estipulan en la materia.

Chile y la Unión Europea se comprometen a no invocar concesiones adicionales en materia arancelaria ni en el Acuerdo General de Comercio de Servicios, por efecto de la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea.

Que las disposiciones finales estipulan la entrada en vigor del Protocolo de Adaptación, la aplicación provisional de algunas de sus disposiciones y la incorporación del Segundo Protocolo y sus Anexos como parte integrante del Acuerdo de Asociación.

La Comisión escuchó a diversas personas, y en mérito de los antecedentes expuestos acordó, por la unanimidad de los diputados presentes, proponer a la Cámara que preste su aprobación al Protocolo en informe.

Para tales efectos, la Comisión propone a la Sala adoptar el artículo único del proyecto, con modificaciones formales que, en lo principal, se estiman necesarias para citar el Segundo Protocolo adicional, en la forma en que lo hace el documento oficial y auténtico sometido al conocimiento de la honorable Cámara.

El texto que propone la Comisión es el siguiente:

“Artículo único. Apruébanse el “Segundo Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea” y sus anexos, y el “Acta de Corrección de Errores” del referido Segundo Protocolo, ambos instrumentos suscritos en Bruselas, Bélgica , el 24 de julio de 2007, y el 30 de junio de 2008, respectivamente.”.

Discutido y despachado en sesión del 13 de enero de 2008, con la asistencia de los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Es cuando puedo informar.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini, informante de la Comisión de Hacienda .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente , qué buena idea es cambiar la rutina de los informes de comisiones, porque el entregado por el diputado Von Mühlenbrock fue muy completo.

Por eso, en nombre de la Comisión de Hacienda, sólo debo informar que la Comunidad Europea partió con 16 miembros; luego, en 2004, se sumaron otros nueve y, por último -ya fueron aprobados formalmente por la Comunidad Europea, a mediados de septiembre de 2007- dos países más: Rumania y Bulgaria.

Los países que ingresan a la Comunidad Europea, automáticamente, tienen que respetar todos sus principios y acuerdos. Hay un tratado con Chile -me referiré a él en mi próxima intervención que será más política que técnica- y, por lo tanto, entran automáticamente en convenio con nuestro país, lo que implica dejar de lado cualquiera otra relación bilateral, ingresando a esta relación multilateral.

Lo que hace el proyecto de acuerdo es ratificar el ingreso de Bulgaria y Rumania a este nuevo esquema, de manera que tendremos una relación diferente que significará desgravación. El impacto de ésta, calculado por el Ministerio de Hacienda, será del orden de los 5 millones 300 mil dólares para este año, por concepto de menores derechos. Por otro lado, se da inicio a una relación que no es sólo comercial, sino también política y cultural.

Entonces, se trata de permitir que los dos nuevos Estados Miembros asuman como propios los compromisos adquiridos por la Unión Europea con Chile. Nos ponemos de acuerdo sobre lo que ya está aprobado; no hay nada nuevo.

Desde el punto de vista operativo, queda poco por hacer, y no podría ser de otra forma. No hay nuevos compromisos y el impacto económico es el que señalé. Por lo tanto, reservaré mi opinión, para el debate político del proyecto de acuerdo.

Para terminar, sólo voy a nombrar a los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque creo que corresponde hacerlo: los diputados señores Tuma , Presidente ; Alvarado , Aedo , Álvarez , -actual Presidente de la Corporación, que nos acompañó y nos sigue acompañando-, Delmastro , Dittborn , Jaramillo , Montes , Robles , Ortiz , Súnico , Von Mühlenbrock y quien habla.

El proyecto de acuerdo fue aprobado en forma unánime, y la recomendación de la Comisión de Hacienda a la Sala es que proceda a ratificar este Protocolo de incorporación de Rumania y Bulgaria al acuerdo de Chile con la Comunidad Europea.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente , antes de dar argumentos que podrían ser importantes para aprobar este proyecto de acuerdo, debo hacer notar que fue despachado por la Comisión de Hacienda, tal como lo dice el informe, el 4 de marzo de 2009.

Durante su discusión se hizo una consulta, por lo demás, muy simple, pero significativa.

El señor Araya , uno de los representantes del Ejecutivo , respondió una consulta del diputado que habla, relacionada con el aumento de los súper fosfatos búlgaros en el campo chileno, señalando que haría llegar un informe sobre la materia. Sin embargo, éste aún no llega ni a la Comisión ni al diputado que formuló la consulta.

En los últimos años, hemos suscrito acuerdos comerciales muy disímiles con Brunei, Canadá , Centroamérica , México , Noruega , Mercosur, etcétera. Esto habla de nuestra apertura comercial, que hemos tenido que lamentar en muy pocas ocasiones, diría en escasísimas oportunidades. En el último tiempo, sólo hemos tenido que lamentar las consecuencias de la crisis económica internacional. Los costos han sido grandes, pero el país estaba preparado.

Digo esto, porque si no hubiésemos suscrito tratados de libre comercio con diversos países, estaríamos viviendo un encierro y una baja del crecimiento de nuestra apertura comercial. Chile es uno de los países que tiene más comercio con todo el mundo.

El proyecto de acuerdo se refiere a algo muy sencillo, cual es la ampliación de los derechos y obligaciones suscritos entre nuestro país y la Comunidad Europea, con ocasión del incremento de sus Estados miembros, debido a la incorporación de Bulgaria y Rumania. Obedece a la misma lógica de 2004, cuando se incorporaron a dicha comunidad las Repúblicas Checa, Eslovaca, Eslovenia, Estonia , Letonia , Lituania , Hungría , Malta y Polonia.

Los dos países que ahora nos convocan, incrementan nuestro mercado potencial con alrededor de treinta millones de habitantes. Ése es el punto interesante del proyecto: treinta millones de habitantes. Pero aún más importante, es su ingreso per cápita, cercano a los 8.500 dólares anuales, lo cual los convierte en potencias especiales, con poder de compra.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, nuestro comercio bilateral con el conglomerado se ha incrementado en 200 por ciento. Sin embargo, las cifras de 2007 muestran que el comercio con Bulgaria y Rumania era sólo de 0,46 por ciento. Nuestras mayores exportaciones consisten en minerales, salmón, vinos, carnes de cerdo, en fin.

El acuerdo incrementa las exportaciones e importaciones. Por eso consulté en su momento a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Comisión de Hacienda sobre la importación que hace Chile de súperfosfatos.

A mayor abundamiento, el proyecto no hace más que extender los compromisos asumidos con la Unión Europea hace siete años, sin considerar obligaciones adicionales, que es lo que hace tan fácil y especial el proyecto.

El impacto calculado sobre los ingresos públicos, derivado del proceso de desgravación de las importaciones provenientes de esos dos países, se ha estimado en algo más de cinco millones de dólares, suma nada despreciable porque si había 0,46 por ciento dentro del comercio que teníamos antes, es mínimo el monto de las importaciones.

Esperamos que los beneficios para la economía de nuestra población sean tremendamente superiores en un momento dado.

Hay que destacar la política consistente de nuestro país en materia de comercio internacional y poner énfasis en consultar siempre sobre las medidas necesarias para impedir un impacto negativo en las actividades nacionales, las cuales en muchas ocasiones se ven fuertemente impactadas por la llegada de productos foráneos. El sector agrícola, especialmente la agricultura tradicional, ha sufrido efectos negativos, que hoy todavía lamentamos, debido a acuerdos no apropiados para el sector del sur de nuestro país.

Recalco esto porque no debemos volver a “pisar palitos” con acuerdos que después sólo generan lamentos y no nos podemos echar atrás.

Por lo tanto, el proyecto, al ser tan simple, es de fácil apoyo de la unanimidad de la Sala.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, aprovecho la oportunidad de que estamos hablando de Europa, para reforzar, resaltar, incentivar y motivar a nuestras autoridades a mirar este camino.

Los últimos años, por razones obvias, se han enfocado notablemente hacia el Asia Pacífico y, antes, a Estados Unidos.

Quiero recordar que tenemos un acuerdo especial, único -sólo México lo acaba de firmar hace algunos meses-, diferente y ejemplo para Latinoamérica. La Presidenta de la República , Michelle Bachelet , ha estado promocionando una agencia para el desarrollo, una especie de espejo a seguir en nuestros países hermanos.

Éste es un convenio con la Comunidad Europea que no es sólo económico, aunque pareciera que eso estamos ratificando. Como dijo el diputado Jaramillo , es más que eso, es un convenio político y también cultural; por lo tanto, el Congreso Nacional es parte de ese convenio con el Parlamento Europeo.

El diputado Jaramillo lo señaló muy bien y lo discutía el diputado Roberto Delmastro en la Comisión de Hacienda, quien es uno de los hombres relacionados con Europa y dirige el grupo de amistades parlamentarias con Italia: lo que las cifras revelan para esos dos países es prácticamente nulo, no hay inversiones en nuestro país ni allá, salvo en un caso de 500 millones de dólares en algo muy específico. En el resto -el diputado Jaramillo resaltaba el tema agrícola-, recién comienza este comercio.

El diputado Tarud , miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ex embajador, conoce las relaciones nuevas con estos países y el incremento de la actividad. Estuvimos en Estrasburgo hace unos días, y él conversaba con los diputados de Bulgaria y de Rumania, quienes nos invitaban, como parlamentarios, a visitar esos países. Están ansiosos de tener una relación distinta.

Los últimos países que se incorporan dicen que Turquía podría venir más adelante. Por lo tanto, en ese sentido, el Congreso Nacional ha dado una lección y es bueno que nuestras autoridades -a raíz de que no hay respuestas a veces sobre estos temas- tomen en serio el mercado europeo.

El diputado Jaramillo señaló muy bien que sólo ahí hay treinta millones de habitantes y una inmensa posibilidad de una relación distinta, más allá de lo que en su minuto fue la raya occidente-este en Europa.

La diplomacia parlamentaria que estamos realizando por instrucciones de las autoridades de la Cámara, consiste en ahondar, profundizar nuestras relaciones con Europa, sobre todo con países de los cuales estamos más alejados y los hechos económicos demuestran que no hay mayor relación.

El proyecto constituye una perspectiva enorme, por lo tanto, no tenemos que quedarnos sólo en firmar un acuerdo al que ellos se incorporan, sino que debemos instruir a nuestros embajadores, a nuestras autoridades allá, al Ministerio de Relaciones y al director para Europa, en el sentido de preocuparse especialmente de abrir flancos, de incentivar visitas de nuevos inversionistas y de motivar a la gente que se dedica al comercio y a la industria en esos países, porque es evidente que nos estamos diversificando.

Está claro lo que significan Italia , España , Alemania e Inglaterra, pero si analizamos los países nuevos, los 25 más estos dos que ahora se incorporan, los que no son los grandes, nos damos cuenta cómo se ha ido incrementando la relación. El afecto y el cariño que existe por Chile uno lo aprecia cuando está allá. El diputado Jorge Burgos acaba de estar en Madrid reunido con todo el Parlamento Europeo.

A veces perdemos oportunidades y no le damos ninguna importancia a estos tratados. Nos dedicamos a discutir temas que no interesan a la ciudadanía, sino a los parlamentarios, que si uno vota por aquí, que si el otro se va por allá, y no resaltamos lo que significa futuro para Chile, que es abrir una ventana distinta de Asia y Estados Unidos, que es Europa.

Señor Presidente , por su intermedio, pido al ministro , primero, que responda las preguntas que se hicieron en la Comisión de Hacienda, como una muestra de respeto mínimo y, segundo, que se fortalezca la posibilidad de tener allí un trabajo más dirigido.

Una vez que las instituciones se encaminan, después de un par de años empiezan a adoptar los procedimientos normales, pero al comienzo cuesta.

Insisto en que los parlamentarios búlgaros y rumanos están ansiosos por venir a Chile, por estar con los chilenos, por hacer comercio y abrirse camino a través de nuestro país hacia Latinoamérica.

Espero que el diputado Marcelo Díaz , que nos representa allí, sea uno de los actores importantes, porque para eso está el Parlamento, no sólo para hacer leyes, para aprobar protocolos, sino también para hacer diplomacia parlamentaria, que puede significar mucho en términos de lo que podemos conseguir en Europa.

Me congratulo de que finalmente quedemos con 27 países europeos dentro del acuerdo, pero ojalá que eso no se convierta en letra muerta y en algún tiempo más, cuando demos cuenta de las próximas visitas, podamos decir que Rumania y Bulgaria hoy sí tienen inversiones en Chile, sí tienen comercio con Chile y hay algunos chilenos que venden, aunque sea empanadas, en las esquinas de alguna de las calles de las ciudades principales de esos países.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la Adhesión de Bulgaria y Rumania a la Unión Europea, suscrito en Bruselas el 24 de julio de 2007, y el Acta de Corrección de Errores del Referido Segundo protocolo Adicional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Despachado el proyecto.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.871, que autoriza erigir un monumento en la localidad de Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda.

Diputado informante de la Comisión de la Cultura y de las Artes es el señor Edmundo Eluchans.

Antecedentes:

-Moción, Boletín Nº 6357-24, sesión 122ª, en 13 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 20.

-Primer Informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes, sesión 6ª, en 31 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 23.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente , en nombre de la Comisión de la Cultura y de las Artes paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.871, que autoriza erigir un monumento a Pablo Neruda en la localidad de Isla Negra.

La idea matriz consiste en ampliar el plazo de cinco a ocho años para tal efecto.

La construcción del monumento estaría a cargo de una Comisión Especial, integrada por los dos senadores de la circunscripción, los dos diputados del distrito, el alcalde de la comuna de El Quisco y el vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales .

Por diversas razones, que no es del caso señalar, la Comisión Especial quedó reducida sólo al senador Nelson Ávila y al diputado que habla, porque el resto de sus miembros no se involucró en este trabajo. Luego, la tarea ha sido llevada adelante por los parlamentarios recién nombrados.

Sólo pudimos iniciar nuestras actividades en 2007. Cuando asumí en marzo de 2006, se me invitó a participar en esa comisión. Lamentablemente, no había funcionado, no obstante haber transcurrido casi tres años desde la publicación de la ley.

El hecho concreto es que estamos en abril de 2009 y la vigencia de le ley expiró en mayo de 2008. Por eso, mediante este proyecto de ley se propone modificar el artículo 7º de la ley Nº 19.871 y ampliar el plazo de cinco años a ocho años.

Ahora, quiero referirme al actual estado de avance de la obra. Como dije, recién en 2007 pudimos dar inicio a la tarea de erigir el monumento. En 2008, llamamos a un concurso internacional, se constituyó un jurado y se presentaron más de 120 propuestas. Se hizo una selección de diez obras.

Finalmente, el jurado internacional, integrado por gente muy capacitada y con conocimiento en estas materias, seleccionó la obra ganadora. Es de un artista asiático americano, de un joven coreano que vive en Nueva York y que ha tenido algunos éxitos en el campo de las artes, en particular en el de las esculturas.

Es una obra interesante. Creemos que será un testimonio y un homenaje adecuado a nuestro vate, Pablo Neruda. Estará ubicada en una propiedad llamada Cantalao , a dos kilómetros al norte de Isla Negra, que pertenece a la Fundación Pablo Neruda.

Estamos discutiendo los términos del acuerdo entre la Fundación y la Municipalidad de El Quisco, a la que, por mandato de la ley, le corresponde el cuidado de los monumentos que se levantan conforme a lo que esta ley ha autorizado.

Tenemos el aporte de algunas instituciones. La Presidenta de la República se comprometió con 200 mil dólares en nombre del Estado para llevar adelante la tarea.

Si el programa de trabajo sigue desarrollándose en los términos concebidos, es altamente probable que a principios del próximo año tengamos la obra en condiciones de ser inaugurada.

Por ello, la Comisión propone aprobar el proyecto que amplía el plazo para concluir la tarea encomendada por la ley Nº 19.871.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , sólo formularé un breve comentario y un par de consultas al diputado informante .

A pesar de ser un proyecto tan importante, genera cierta desazón que de todos los integrantes nombrados para conformar la Comisión Especial, sólo dos parlamentarios se hayan dedicado con tesón al cumplimiento de esta tarea, el senador Ávila y el diputado informante . No puedo dejar de reconocer la importancia que alguien de las filas de la Alianza por Chile se haya tomado con tanta responsabilidad el trabajo de erigir un monumento a nuestro vate Pablo Neruda en Isla Negra, localidad donde tenía su casa, vivió muchos años y creó buena parte de su obra literaria.

Normalmente, en estas materias los recursos son indispensables. Con seguridad, a esta altura ya se habrá calculado el valor de la obra. La ley Nº 19.871 señala que además de las eventuales erogaciones del Estado, la obra se puede financiar con erogaciones populares y colectas públicas.

Al respecto, no sé si estamos muy lejos de alcanzar los montos que implicará el emplazamiento de esta obra, si se requerirá la realización de estas colectas populares, si está previsto hacerlas en la Quinta Región, en el resto del país o en la capital; si el diputado informante tiene la certeza de que la ampliación del plazo de cinco a ocho años será suficiente para concretar e inaugurar la obra.

Esa consulta la formulo no para condicionar mi voto, que será favorable, sino para tener mayor certeza a propósito de esta iniciativa tan importante, como es homenajear a nuestro vate en la localidad en que vivió.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.

El señor HALES.-

Señor Presidente, felicito al diputado señor Edmundo Eluchans por presentar un proyecto de ley que renueva la posibilidad de construir un monumento en memoria de Pablo Neruda.

El proyecto de ley original sobre la materia fue aprobado en el 2003. Parece increíble que luego del plazo de cinco años que estableció la ley para erigir el monumento a uno de nuestros dos premios nobeles de literatura, Pablo Neruda -personaje famoso en el mundo, parlamentario, diplomático y que, además, forma parte de nuestra identidad nacional-, no se haya concretado.

Ahora, el honorable diputado Edmundo Eluchans , renueva el propósito de esa ley con la presentación del proyecto de ley en discusión, que estoy convencido será aprobado por unanimidad.

Sugiero al diputado señor Edmundo Eluchans y a quienes van a intervenir en esta materia, consideren dos aspectos.

En primer lugar, establecer, no sé si ya está contemplada, la obligación de realizar un concurso público entre los artistas para definir el monumento. Y si ya se hizo el concurso público, asegurar el cumplimiento de todas sus reglas.

En segundo lugar, en un concurso público el objeto mismo del monumento es una escultura, y la gran diferencia entre la escultura y la arquitectura es que esta última produce obras recorribles por los seres humanos, como si fueran un albergue. Por ello, la torre de Eiffel es considerada una obra de arquitectura y no una escultura. En cambio, la escultura es un objeto que se mira desde afuera y no es recorrible.

Cada vez que se define un monumento no queda bien resuelto el aspecto arquitectónico de su rededor. Eso pasa a ser un elemento central, porque determina las perspectivas o las buenas vistas o la armonía con el entorno.

En el caso del monumento que comentamos, vale la pena considerar su muy interesante entorno natural: el mar y sus olas. En este lugar, Cantalao, Neruda instaló una cabaña. No su casa, sino una cabaña.

Felicito, también, a Álvaro Saieh y a su grupo empresarial por la contribución al financiamiento. Así como señalamos, con mucha dureza, las expresiones de crueldad del mercado, la frialdad del mundo de las finanzas y la indeferencia con el sufrimiento de los seres más débiles, el desinterés por la cultura y el cuidado del patrimonio y el peso de los intereses financieros e inmobiliarios, que muchas veces atropella nuestra cultura, valoramos su contribución para iniciar la ejecución de la obra en la propiedad de Cantalao.

Espero que el objetivo se logre, y no tengamos que explicarle a nadie en el mundo por qué no se concretó un monumento en memoria de Pablo Neruda, aprobado por ley -que concitó el apoyo unánime de los parlamentarios-, y que contaba con financiamiento privado y con un compromiso de 200 mil dólares del Gobierno.

Enhorabuena, por la presentación de esta iniciativa.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que esta iniciativa ha inquietado a la Comisión de la Cultura y de las Artes, ya que durante el último tiempo le ha correspondido tratar una cantidad considerable de mociones cuyo objetivo es levantar monumentos.

En todo caso, dejo en claro que hubo unanimidad para aprobar el proyecto de ley presentado por el diputado señor Edmundo Eluchans.

Como ya señalé, en la Comisión se ha tratado una gran cantidad de iniciativas sobre la construcción de monumentos, pero existen dudas sobre la viabilidad de concretarlas.

Dada mi experiencia, voy a hacer una referencia personal. Cuando por ley se aprobó levantar un monumento al Presidente Salvador Allende, se llamó a concurso público y todo se hizo conforme con la reglamentación, pero no fue fácil reunir los fondos. Una cosa es que la ley apruebe erigir el monumento y, otra, reunir los fondos. Al respecto, se requiere bastante seriedad y rigor.

Me asaltan dudas a veces sobre si mis colegas dimensionan lo que significa levantar un monumento, que requiere de muchos millones de pesos para su concreción. Se supone que debe hacerse una obra con seriedad y cumplir determinados requisitos.

Nuestra Comisión ha sostenido conversaciones con representantes del Consejo Nacional de Monumentos y del Ministerio de la Cultura y las Artes, para estudiar la forma más práctica de elaborar un reglamento sobre el particular.

Llama la atención que haya habido dificultades para erigir un monumento en memoria de Pablo Neruda, una figura universal tan respetada, y se tenga que ampliar el plazo de cinco a ocho años para su construcción. Al respecto, esperamos que no vuelva a ocurrir que terminado el plazo, no hayamos sido capaces de ejecutar la obra. Llama más la atención todavía cuando con tal propósito concurre el mundo privado con donaciones. Enhorabuena el Gobierno hace un aporte de 200 mil dólares.

Me complacería enormemente que la obra se lleve a cabo, no sólo por lo merecedor que es Pablo Neruda, sino porque Cantalao fue un sueño del poeta, quería que allí se recordara a los poetas y se homenajeara a la poesía. Cantalao es un terreno que pertenece a la Fundación Pablo Neruda, ubicado a dos kilómetros de Isla Negra, donde Neruda tenía su casa.

Por lo tanto, la bancada del Partido Socialista va a dar su aprobación al proyecto de ley, lo cual me complace enormemente. Espero que la colaboración público-privada signifique la rápida ejecución de la obra.

Como señalé, con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de la Cultura y las Artes se está tratando de elaborar un reglamento más preciso sobre esta materia, porque nuestros colegas presentan mociones -hemos visto más de quince en el último tiempo-, pero es bastante difícil levantar esa cantidad de monumentos.

En un futuro cercano, será un orgullo contar con un precioso monumento erigido en Cantalao en memoria de Pablo Neruda.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente , brevemente complementaré el informe que rendí hace algunos minutos y atenderé las inquietudes expresadas por la diputada señora Isabel Allende y por los diputados señores Aguiló y Hales .

A mediados de 2006 me integré a la Comisión de la Cultura y de las Artes. Habían transcurrido más de tres años desde la dictación de la ley Nº 19.871, que autorizaba erigir un monumento en Isla Negra en memoria de Pablo Neruda. Entonces, sufrí la misma decepción de muchos al constatar cuán difícil era rendir justo homenaje al poeta.

No es necesario señalar los méritos del vate. Probablemente es el chileno que más ha prestigiado al país en el extranjero. Así las cosas, resulta incuestionable erigir un monumento en su memoria.

En cuanto a los recursos, tema planteado por el diputado señor Aguiló, puedo señalar que el costo contemplado para levantar el monumento es de 500 a 600 millones de pesos. Ya se encuentran financiados entre 400 y 450 millones de pesos.

Lo he dicho y es bueno repetirlo: es valioso que grupos como Saieh y el Banco Santander efectuaran aportes. Asimismo, es muy valioso que la Presidenta de la República se haya comprometido con recursos. También -no es necesario silenciarlo-, un empresario, conocido por efectuar erogaciones, se ha comprometido en aportar dineros: me refiero a Leonardo Farkas , quien entregará 200 millones de pesos. Como he señalado, la obra se encuentra en proceso.

Quiero señalar al diputado señor Hales que el concurso ya se llevó a cabo. Hubo un jurado internacional constituido por personas de gran jerarquía, conocimiento y experiencia en estas materias. Se presentaron más de 120 propuestas; se hizo una lista corta, se seleccionaron 10 obras y de ellas se escogió la obra ganadora, muy conmovedora, que representa una verdadera invitación para concurrir al lugar donde se emplazará el monumento. Se trata de una inmensa roca de cinco metros de alto por tres o cuatro metros de ancho. Es una ventana al Océano Pacífico con una profundidad de cinco metros. Se emplazará en Cantalao que, como hacía referencia la diputada señora Isabel Allende , es una propiedad que adquirió Neruda . Cuento como anécdota que Cantalao es un nombre imaginario que el poeta usó en la única obra en prosa que escribió.

Estamos satisfechos de lo que hemos hecho, pero todavía nos queda camino por delante. Han trascurrido seis años desde la dictación de la ley. El artículo único del proyecto aumenta de cinco a ocho años el plazo para erigir el monumento. Sin embargo, ya ha trascurrido uno, porque el plazo original venció en mayo de 2008.

Espero haber complementado y atendido las inquietudes de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

He dicho.

El señor HALES .-

Por su intermedio, señor Presidente , pregunté al diputado señor Eluchans por el entorno arquitectónico, no sólo por el objeto escultura.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eluchans.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente , señalo al diputado señor Hales que en el concurso se invitó a participar a arquitectos. Muchas de las propuestas fueron presentadas por equipos integrados por esos profesionales y por escultores. Con todo, la obra ganadora no se la adjudicó ninguno de ellos.

Relataré un detalle del concurso: de las diez obras seleccionadas en la lista final, nueve correspondían a escultores chilenos y una a un escultor extranjero, que finalmente se adjudicó el concurso. Como ustedes saben, se trata de procesos ciegos y el jurado eligió la obra que parecía más adecuada.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.871 que autoriza erigir un monumento en la localidad de Isla Negra en memoria de Pablo Neruda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.

Despachado el proyecto.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Informo a la Sala que ha llegado el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, referido al Tribunal de la Libre Competencia .

Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para despacharlo sin discusión, sobre Tabla.

Acordado.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 4234-03. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente , la Comisión Mixta encargada de resolver la divergencia suscitada entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto que modifica el DFL Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , aprobó la proposición por unanimidad.

En el tercer trámite la Cámara de Diputados desechó la modificación del Senado al inciso quinto del artículo 39 bis, que se proponía, relacionada con la delación compensada. El Senado estableció que ésta no procedía cuando se trataba del organizador de la figura colusiva. El diputado señor Tuma sostuvo la tesis -aprobada por mayoría, por lo que el proyecto pasó a Comisión Mixta-, de que ello era restringir sobremanera la posibilidad de que esa institución funcione si se inhibe que el organizador delate la conducta colusiva, sobre todo en un ámbito en que la figura del organizador, es decir, del principal, es bastante discutible, pues no es como ocurre en carteles o en asociaciones ilícitas, porque existe una relación entre pares.

Como la figura del organizador era de difícil prueba, se buscó la unanimidad a través de la siguiente idea: no podrá ampararse o solicitar la delación compensada si durante el proceso que la pretende, el organizador de la conducta ilícita, actuó coaccionando a los demás a participar en ella. En ese caso la persona ya no sólo organizó, sino que, además, presionó, o, por la vía de la coacción, logró que el resto de los participantes ingresara al cartel. Se trata de una conducta excesiva. En otras palabras, no podrá ampararse en la figura de la delación compensada quien creó el cartel, se coludió para atentar contra el libre mercado y, además, tomó la decisión de denunciar y solicitar la reducción o exención de multas.

Si se comprueba esa conducta, la persona en cuestión no se hace acreedora de los beneficios de la delación compensada. Así, la figura queda mucho más restringida.

De este modo, se impuso la opinión de los diputados que se mostraron contrarios a la modificación del Senado. Dejar la materia tal como pretendía el Senado significaba limitar la procedencia de esta figura jurídica novedosa.

Hay muchas esperanzas de que esta disposición ayudará a que los mercados funcionen de manera correcta e impedirá la formación de carteles de colusión como los vistos en el último tiempo.

Los miembros de la Comisión Mixta recomendamos aprobar la proposición emanada de su seno.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación el informe de Comisión mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Despachado el proyecto.